Asesorías Parlamentarias
Detalle investigadoras e investigadores
Documentos publicados desde el 01 de enero de 2014
Investigadora / investigador: Argüello Verbanaz, Samuel Matías
Estructura del mercado y competencia en el transporte aéreo en la zona austral de Chile
La política comercial del transporte aéreo en Chile se fundamenta en el libre acceso a los mercados, la libertad tarifaria, la mínima intervención estatal y la liberalización de la propiedad y el control. Sin embargo, desde 1997 LATAM está sujeta a un Plan de Autorregulación Tarifaria (PAT), aplicable a mercados no competitivos, definidos como aquellos donde ninguna otra aerolínea opera con frecuencia diaria. En estas rutas, LATAM no puede establecer tarifas superiores a las cobradas en trayectos comparables con competencia. En Magallanes, el mercado se considera competitivo debido a la presencia de otra aerolínea con vuelos diarios. Un análisis de la Fiscalía Nacional Económica para 2021-2022 no identificó cobros excesivos, aunque la posterior salida de JetSMART modificó las condiciones de competencia. En Aysén, la situación presenta diferencias según las rutas. Entre Santiago y Balmaceda, LATAM mantuvo operaciones diarias, mientras Sky Airline alcanzó esa frecuencia durante 2026. Sin embargo, en el trayecto Balmaceda-Santiago, Sky no registró vuelos diarios, lo que plantea dudas sobre su clasificación como mercado competitivo. Finalmente, las rutas entre Balmaceda y Puerto Montt presentan operaciones diarias de ambas aerolíneas, permitiendo a LATAM fijar libremente sus tarifas conforme al PAT vigente.
Regulación y subvenciones tarifarias al transporte aéreo de pasajeros en zonas insulares de España.
El presente informe analiza los mecanismos de regulación de tarifas aéreas y subvenciones aplicados en España para favorecer la conectividad de determinados territorios insulares y extrapeninsulares. Se identifican dos instrumentos principales: la regulación tarifaria en rutas declaradas de obligación de servicio público y las bonificaciones estatales sobre el precio de los pasajes aéreos. En las Islas Baleares, las rutas reguladas contemplan tarifas de referencia a partir de las cuales se establecen tarifas flexibles, reducidas y sociales. Las tarifas flexibles pueden superar hasta en un 30% el valor de referencia, siempre que las aerolíneas compensen dichos ingresos mediante tarifas reducidas. Asimismo, deben ofrecer tarifas sociales, al menos un 10% inferiores a la referencia, para residentes menores de 24 años y mayores de 65 años. Por otra parte, el Estado subvenciona el 75% del precio de los pasajes aéreos en vuelos directos entre Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla y el resto del territorio español, beneficiando a sus residentes. El descuento se aplica directamente al momento de adquirir el pasaje, previa acreditación de residencia. Posteriormente, la Administración Pública reembolsa a las compañías aéreas los montos correspondientes, asumiendo el Estado el costo de estas subvenciones destinadas a facilitar la conectividad territorial.
Efectos de la inteligencia artificial sobre el empleo: Exposición y complementariedad de los empleos frente a la inteligencia artificial.
La inteligencia artificial (IA) tiene una incidencia ambivalente en el empleo: puede suprimir el empleo de trabajadores (efecto desplazamiento), puede aumentar la demanda laboral mediante ganancias de productividad (efecto productividad) y facilitar la creación de nuevos empleos para trabajadores con competencias complementarias (efecto reintegración). Uno de los conceptos que se usan para analizar los efectos de la IA sobre el empleo es el de exposición, la cual se refiere a la superposición entre las habilidades requeridas en una ocupación y las habilidades técnicas de la IA. Según Lane (2024), en base a un análisis de 22 países de la OCDE, los cinco tipos de empleo más expuestos a la IA son profesionales en ingeniería y ciencia, directores ejecutivos, gerentes, especialistas en organización de la administración pública y de empresas, profesionales en tecnologías de la información. Por otro lado, también hay diferencias según el nivel de desarrollo de los países. Para evaluar estas diferencias se usa el grado de complementariedad, que es la de probabilidad de una ocupación a estar protegido de ser desplazado por la IA.
Niños, niñas y adolescentes en programas de protección del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia.
En este informe se muestran indicadores sobre el número de niñas, niños y adolescentes en programas de protección del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia (Mejor Niñez), El tipo de programa en el que están y la distribución regional y por edades. Toda la información ha sido extraída de los documentos oficiales de la institución.
Financiamiento del BID para proyectos de educacion
Chile, como miembro del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), puede acceder a diversos instrumentos de financiamiento destinados a apoyar proyectos de desarrollo, incluidos aquellos del sector educación. Pueden ser receptores de préstamos y garantías los Estados miembros, gobiernos subnacionales, agencias públicas independientes, empresas semipúblicas y privadas, además de organizaciones regionales conformadas por países miembros. Los instrumentos del BID se agrupan principalmente en operaciones de crédito y cooperación técnica. Esta última busca transferir conocimientos, capacidades y experiencia especializada para fortalecer las competencias técnicas e institucionales de los países a nivel nacional y regional. Las operaciones de crédito incluyen préstamos de inversión específicos, destinados a financiar bienes, obras y servicios; financiamiento de obras múltiples, orientado a conjuntos de proyectos similares; préstamos basados en resultados, cuyos desembolsos dependen del cumplimiento de metas previamente establecidas; y financiamiento para reformas de política, destinado a respaldar cambios en políticas públicas de corto y mediano plazo. En el ámbito educativo, entre 2015 y agosto de 2026, el 51% de los proyectos registró financiamientos de hasta US$30.000, mientras que el 83% de las operaciones correspondió a la modalidad de cooperación técnica, evidenciando la relevancia de este instrumento en el sector.
Consideraciones sobre los efectos en el empleo del Plan Nacional Continuo de Construcción Naval.
El decreto N. 1 del 10 de enero de 2025 del Ministerio de Defensa Nacional que establece la Política Nacional de Construcción Naval desarrolla el Plan Nacional Continuo de Construcción Naval tiene dos elementos relacionados con el empleo: 1) aumentar la producción de los tipos de naves que ya se producen en la actualidad y 2) incrementar la complejidad del tipo de naves. El objetivo es lograr que toda la demanda interna pueda ser cubierta por la industria nacional. Al 31 de diciembre de 2025 la flota de marina mercante nacional era de 256 naves, de las cuales 50 estaban inoperativas. La flota pesquera controlada en altamar al 31 de diciembre de 2025 era de 167 naves, de las cuales 61 se habían construido en el extranjero y 94 en Chile, y para las 12 restantes no había información. La flota wellboat controlada en Chile al 31 de diciembre de 2025, que son los tipos de barcos especializados para la acuicultura que permiten el transporte y tratamiento de peces vivos, era de 76 naves. Finalmente, de las naves de la Armada de Chile, categorías donde hay una mayor proporción de unidades construidas en el extranjero son las unidades de combate y las unidades auxiliares, mientras que la mayoría de las unidades marítimas están construidas en Chile. El vicepresidente del Comité de Construcción Naval CORFO menciona que la renovación de la fuerza de superficie de la Armada de Chile podría generar cerca de 950 empleos anuales. Para el conjunto de la industria naval chilena se proyecta incorporar alrededor de 1.900 empleos directos adicionales al sector en 2036 con el Plan Nacional Continuo de Construcción Naval.
Amparo Minero en perspectiva comparada: Experiencias en Perú, Bolivia, Ecuador Australia y Canadá.
El presente informe examina la experiencia internacional en materia de conservación o amparo de derechos mineros en Bolivia, Perú, Ecuador, Northern Territory (Australia) y Ontario (Canadá), considerando las obligaciones económicas y de actividad asociadas a la mantención del derecho, así como las consecuencias de su incumplimiento. En Bolivia, la conservación exige conjuntamente el pago de la patente y el inicio y continuidad de la actividad minera. En Perú, se combina el Derecho de Vigencia anual con una obligación de producción mínima; su incumplimiento da lugar a penalidades progresivas y, si se prolonga, puede culminar en la caducidad de la concesión. En Ecuador, la conservación combina una patente anual progresiva según la etapa de la concesión con obligaciones de actividad e inversión durante la exploración y de información durante la explotación. Además, contempla una patente diferenciada para la pequeña minería y exime de su pago a la minería artesanal. En el Northern Territory (Australia), la mantención de los títulos depende del cumplimiento de sus condiciones, del desarrollo efectivo de las actividades autorizadas y del pago de rentas y otros cargos; en exploración se agregan compromisos de gasto cuyo incumplimiento puede provocar la reducción o cancelación del área. En Ontario (Canadá), el mecanismo se basa principalmente en trabajos anuales de evaluación, sustituibles bajo determinadas condiciones por pagos a la provincia. En términos comparados, los casos revisados muestran que la conservación de los derechos mineros puede vincularse no sólo al pago periódico, sino también a exigencias de actividad efectiva, producción, inversión o trabajos acreditables, acompañadas de mecanismos que pueden conducir a penalidades, reducción de áreas o pérdida del derecho. Algunas jurisdicciones incorporan, además, condiciones diferenciadas para la minería de menor escala.
Amparo Minero en perspectiva comparada: Experiencias en Perú, Bolivia, Ecuador, Australia y Canadá.
Se examina la experiencia internacional en materia de conservación o amparo de derechos mineros en Bolivia, Perú, Ecuador, Northern Territory (Australia) y Ontario (Canadá), considerando las obligaciones económicas y de actividad asociadas a la mantención del derecho, así como las consecuencias de su incumplimiento. En Bolivia, la conservación exige conjuntamente el pago de la patente y el inicio y continuidad de la actividad minera. En Perú, se combina el Derecho de Vigencia anual con una obligación de producción mínima. En Ecuador, la conservación combina una patente anual progresiva según la etapa de la concesión con obligaciones de actividad e inversión durante la exploración y de información durante la explotación. En el Northern Territory (Australia), la mantención de los títulos depende del cumplimiento de sus condiciones, del desarrollo efectivo de las actividades autorizadas y del pago de rentas y otros cargos; en exploración se agregan compromisos de gasto cuyo incumplimiento puede provocar la reducción o cancelación del área. En Ontario (Canadá), el mecanismo se basa principalmente en trabajos anuales de evaluación, sustituibles bajo determinadas condiciones por pagos a la provincia.
Caracteristicas y legislacion de las cooperativas en Chile, Reino Unido y Estados Unidos.
En Chile las cooperativas se rigen principalmente por la Ley General de Cooperativas y su Reglamento, que regulan su constitución, funcionamiento, gobierno, patrimonio y fiscalización. Se reconoce su carácter asociativo y democrático, basado en la ayuda mutua, la participación de los socios y la regla de un voto por persona. Según datos del Ministerio de Economía, en junio de 2026 había en Chile 2.151 cooperativas activas. El 95,26% de socios de las cooperativas activas están el área de servicios. En el Reino Unido la ley no define de manera precisa las cooperativas. Las cooperativas entran dentro del grupo de “sociedades mutuales”, lo cual implica que son organizaciones que son propiedad de los miembros y se gestionan para su beneficio o el de la sociedad. en la práctica las organizaciones que se rigen según los principios cooperativos se constituyen bajo una gran variedad de formas legales. En los Estados Unidos de América están reguladas principalmente a nivel de los Estados y a nivel federal las regulaciones que existen son principalmente sobre los aspectos tributarios de las cooperativas.
Generación eléctrica fotovoltaica Atacama: Centrales en funcionamiento, en construcción y en evaluación ambiental.
En la región de Atacama hay un total de 69 centrales generadoras de electricidad en operación con una potencia neta total de 5.425 Megavatios (MW). De estas 69 generadoras 50 son a partir de energía solar, con una potencia neta total agregada de 2.937 MW, todas ellas son fotovoltaicas (CNE 2026). Por lo tanto, el 54% de la potencia neta de generación es de centrales fotovoltaicas. Si se ponen estos datos en una perspectiva del conjunto del territorio nacional, los 2.937 MW de potencia neta instalados en la región de Atacama representan el 23,9% de los 12.292 MW de potencia neta de generación solar en operación del conjunto del país. Respecto a los proyectos en construcción, a junio de 2026 en la región de Atacama había quince proyectos de generación eléctrica con una potencia neta proyectada de 997 MW, todos ellos fotovoltaicos. Puesto en perspectiva de la producción eléctrica actual de la región de Atacama, estos 997 MW son un aumento del 18,4% sobre 5.425 MW de generación actual. Si se consideran solamente los 2.937 MW de generación eléctrica fotovoltaica que hay en la actualidad, las nuevas centrales representan un aumento del 33,9% en generación de energía a partir de energía solar. Finalmente, al 1 julio de 2026 hay doce proyectos de generación eléctrica en la región de Atacama en calificación en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), todos ellos fotovoltaicos. Estos proyectos en calificación tienen en conjunto una potencia agregada de 2.180 MW, lo cual equivale al 40% sobre 5.425 MW de generación eléctrica actual en la región de Atacama y al 74% de los 2.937 MW de generación eléctrica fotovoltaica que hay en la actualidad. Si se suma la potencia proyectada de las plantas en construcción y de las plantas en calificación en el SEIA esta es de 3.177 MW, es decir, 1,1 veces la potencia de energía fotovoltaica en funcionamiento en la actualidad.