Asesorías Parlamentarias
Detalle investigadoras e investigadores
Documentos publicados desde el 01 de enero de 2014
Investigadora / investigador: Dazarola Leichtle, Gabriela Maria
Comisión(es) que participa
- Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización - Cámara
- Gobierno, Descentralización y Regionalización - Senado
30/04/2026
Régimen de transparencia aplicable a los recursos provenientes del royalty minero a los municipios.
El régimen de transparencia aplicable a los recursos provenientes del royalty minero a los municipios permite concluir que, si bien existen múltiples exigencias de información y publicidad, no se configura un sistema legal permanente. El modelo vigente se caracteriza por una dependencia de instrumentos transitorios y un énfasis predominante en la rendición administrativa más que en la publicidad de la información. Las obligaciones de transparencia no se encuentran establecidas de manera sistemática en una ley permanente, sino que derivan principalmente de glosas de la Ley de Presupuestos, dictadas año a año, lo que introduce variabilidad en su contenido, alcance y exigencias. A esto se suman normas reglamentarias, resoluciones administrativas e instrucciones del Consejo para la Transparencia, que avanzan en estándares, pero no constituyen un marco legal permanente. La implementación de estas obligaciones se articula fundamentalmente a través de actos administrativos de la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE), que exigen la rendición de información hacia órganos del Estado. En particular, la misma secretaría concentra la recepción de reportes sobre el uso de los recursos mediante plataformas administrativas, lo que se refuerza con la obligación de remitir antecedentes al Congreso Nacional, configurando un esquema de control institucional. Si bien, existen obligaciones de informar sobre el uso de los recursos, no se traducen en un sistema de transparencia activa y periódica hacia la ciudadanía. A lo que se suma la ausencia de mecanismos efectivos para asegurar el cumplimiento oportuno de estas rendiciones. En este contexto, actualmente existen iniciativas legislativas en tramitación que buscan avanzar hacia un sistema más estructurado de transparencia en el uso de los recursos del royalty minero. En particular, el proyecto de ley que modifica la Ley de Rentas Municipales, con el objeto de fomentar la transparencia en el uso de los recursos provenientes del denominado royalty minero (Boletín N° 17.954-06), para establecer obligaciones permanentes de transparencia activa, incluyendo la publicación periódica y estandarizada del uso de estos fondos por parte de los municipios.
20/04/2026
Minuta sobre actividad legislativa de la Comisión de Gobierno, Senado: Periodo legislativo 2022–2026.
El documento analiza la actividad legislativa de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización del Senado de Chile durante el periodo 2022–2026. El informe evidencia una alta diversidad temática en los proyectos tramitados, destacando áreas como gestión municipal, descentralización, probidad y transparencia, sistema electoral, migración y seguridad pública. En dicho periodo, 22 iniciativas fueron aprobadas como ley, con predominio de proyectos originados en el Ejecutivo. Entre las normas más relevantes se encuentran aquellas orientadas a la transformación digital del Estado, fortalecimiento de la institucionalidad municipal, regulación migratoria y mejora de los procesos electorales. Asimismo, se identifican 16 proyectos en tramitación en distintas etapas legislativas, que abordan materias como control de la probidad municipal, modernización administrativa, regulación del sistema político y medidas de seguridad pública. El documento concluye que la dinámica legislativa de la Comisión está influida tanto por factores procedimentales como políticos, reflejando prioridades institucionales y contingencias del periodo
15/04/2026
Antecedentes del Proyecto de Ley sobre Transparencia de Empresas Públicas: Proyecto de ley que modifica la Ley 20.285 (Boletín 16746-06).
El presente documento analiza el Proyecto de Ley que modifica la Ley 20.285, con el objeto de elevar los estándares de transparencia aplicables a las empresas públicas, particularmente en materia de divulgación de remuneraciones. La iniciativa se inserta en una evolución normativa que ha consolidado el principio de publicidad como eje del funcionamiento del Estado, pero que, en el caso de las empresas estatales, mantiene diferencias respecto de los órganos de la Administración del Estado, especialmente en la forma en que se informa la estructura salarial de su personal. El proyecto busca equiparar dichas exigencias, incorporando la obligación de publicar las remuneraciones de todo el personal de las empresas públicas de manera individualizada. Del análisis comparado y los estándares internacionales — particularmente los de la OCDE—, se desprende que las exigencias de transparencia suelen concentrarse en los niveles de gobierno corporativo, esto es, en directorios y alta administración, privilegiando la rendición de cuentas en los espacios de toma de decisiones estratégicas. En este sentido, la propuesta chilena aparece como más intensiva en transparencia, acercándose a modelos menos comunes, que extienden estas obligaciones a un universo más amplio de sujetos. El proyecto fija nuevos parámetros en términos de apertura de información y control ciudadano, pero también plantea desafíos en materia de equilibrio entre transparencia, protección de datos personales y funcionamiento competitivo de las empresas públicas. Asimismo, se observa que esta iniciativa se articula con otras reformas en curso —como el proyecto de “Transparencia 2.0”—, que buscan modernizar el sistema, ampliar su cobertura institucional y fortalecer los mecanismos de acceso a la información, consolidando así una tendencia hacia mayores estándares de probidad y rendición de cuentas en el país.
10/03/2026
Inhabilidades e incompatibilidades para cargos de elección popular: Legislación Nacional.
La doctrina nacional utiliza los conceptos de prohibiciones, impedimentos, inhabilidades e incompatibilidades para referirse a limitaciones de derecho público que impiden acceder o ejercer cargos de elección popular. La infracción a estas normas puede acarrear sanciones como la nulidad de la elección o la cesación en el cargo, según corresponda. Su finalidad es resguardar el adecuado funcionamiento de las instituciones y prevenir influencias que puedan afectar los procesos electorales o el ejercicio de potestades públicas. En Chile, las inhabilidades o impedimentos para ejercer determinados cargos tienen distinto rango normativo, según la autoridad de que se trate. En el caso del Presidente de la República, diputados y senadores, estas materias se regulan principalmente a nivel constitucional, mientras respecto de gobernadores regionales, consejeros regionales, alcaldes y concejales, se establecen tanto en la Constitución como en leyes orgánicas constitucionales. Existen inhabilidades e incompatibilidades comunes para la mayoría de estos cargos, tales como el desempeño de determinados cargos públicos, la existencia de contratos, cauciones o litigios con el Estado, así como la incompatibilidad con otros empleos o funciones públicas remuneradas con fondos fiscales. En relación con los plazos de renuncia para postular a otros cargos de elección popular, la Ley 21.073, publicada en febrero de 2018, y que reguló la elección de gobernadores regionales, introdujo modificaciones destinadas a uniformar dichos plazos en distintos cuerpos legales, estableciendo en la mayoría de los casos la exigencia de renunciar al cargo con un año de anticipación a la elección correspondiente. Asimismo, existen inhabilidades específicas vinculadas a grados de parentesco, como las establecidas para los cargos de concejal y consejero regional, respecto del alcalde y del gobernador regional, respectivamente. Así como algunos avances relacionados con exigencias en probidad, transparencia y gasto electoral.
06/02/2026
Organismos Fiscalizadores: Experiencia extranjera sobre supervisión basada en riesgos.
El presente informe surge con el objeto de analizar, desde una perspectiva comparada, la existencia de criterios normativos explícitos, que permitan determinar el número idóneo de personal de los entes fiscalizadores estatales, ya sea en función del número de fiscalizados u otros factores objetivos, que orienten la dotación necesaria para el cumplimiento eficiente y eficaz de sus funciones. El análisis se centra especialmente en organismos que ejercen funciones de supervisión en mercados regulados, como las superintendencias, atendida su relevancia institucional y la complejidad de las tareas que desarrollan. Sin embargo, de los ordenamientos analizados se desprenden marcos normativos que reconocen la diversidad de funciones, riesgos y contextos en que operan las autoridades fiscalizadoras, sin establecer este tipo de ratios o métricas para determinar su dotación. En términos generales, se observan estándares normativos que exigen que los entes fiscalizadores cuenten con medios personales adecuados al volumen, complejidad y riesgos de las funciones que les corresponden. En este marco, el criterio de supervisión basada en riesgos es el modelo predominante para orientar la asignación de recursos humanos, hacia juicios de razonabilidad, eficiencia y eficacia, en línea con estándares internacionales promovidos por la OCDE y la Unión Europea (UE). Por otra parte, de la revisión de la normativa nacional aplicable a los organismos fiscalizadores no se advierten mandatos legales explícitos que establezcan la supervisión basada en riesgos como un deber estructural del propio fiscalizador. No obstante, se identifican diversos casos en los que dicho enfoque ha sido incorporado principalmente como obligación impuesta a los sujetos fiscalizados, y, en forma complementaria, como criterio operativo en la gestión de algunos organismos reguladores, los que en la práctica aplican este tipo de gestión para priorizar y focalizar sus acciones fiscalizadoras.
02/02/2026
Iniciativas Legislativas relacionadas con Sistema Político y Congreso Nacional.
A partir del diagnóstico formulado en el marco del último proceso constitucional iniciado con la Ley No. 21.533, se identificaron diversas debilidades del sistema político chileno, especialmente en materia de fragmentación partidaria, representatividad y gobernabilidad institucional. Estos antecedentes han servido de base para la presentación de iniciativas legislativas orientadas a ajustar tanto la Constitución Política como normas legales que regulan el sistema político y electoral. En este contexto, se han presentados una serie de proyectos de ley actualmente en tramitación que inciden directamente en el funcionamiento del Congreso Nacional y en el ejercicio de la función parlamentaria, abordando materias como la disciplina partidaria, la organización de los comités parlamentarios y el perfeccionamiento de los mecanismos de fiscalización al Ejecutivo, con el objeto de fortalecer la coordinación, eficiencia y responsabilidad institucional del trabajo legislativo. A continuación, se presenta una breve descripción de estos proyectos de ley organizados en dos ámbitos: por una parte, las reformas orientadas al sistema político y electoral, destinadas a fortalecer la representatividad y la gobernabilidad; y, por otra, aquellas que inciden directamente en el funcionamiento del Congreso Nacional y en el ejercicio de la función parlamentaria.
28/01/2026
Estimación número de afiliados exigidos por región para constituir un partido político.
En el marco de la discusión del Mensaje que modifica diversos cuerpos legales para promover la gobernabilidad y la representatividad del sistema político (Boletín 17.640-06), se presenta en las siguientes tablas una estimación del número de afiliados exigidos por cada región para constituir un partido político, contrastando en primer lugar la propuesta legislativa con la normativa vigente, para posteriormente presentar algunos cálculos en base a las indicaciones presentadas. En primer lugar, se calcula la variación porcentual del mínimo de afiliados requeridos para la conformación de un nuevo partido político, simulando el incremento del porcentaje exigido, desde un 0.25% del total de votantes que sufragó en la última elección de diputados, según lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley Orgánica Constitucional de Partidos Políticos, a un 0.5% del padrón electoral, conforme a lo establecido en la iniciativa de ley.
19/12/2025
Congreso Nacional: Regulación y principales aspectos del rol parlamentario.
El presente informe describe y sistematiza los principales aspectos normativos e institucionales que estructuran el funcionamiento del Congreso Nacional de Chile, con especial énfasis en la Cámara de Diputados. Su objetivo es ofrecer una visión ordenada y comprensible del rol de los parlamentarios, las reglas que rigen su actuación, la organización interna de las cámaras y el proceso de formación de la ley. El documento aborda, en primer término, las fuentes del Derecho Parlamentario; para luego enfocarse en la función parlamentaria y sus principales manifestaciones, incluyendo las incompatibilidades, inhabilidades y normas de ética aplicables a diputados y senadores. Asimismo, examina la orgánica interna del Congreso, destacando el rol de sus autoridades, comités y comisiones, así como los mecanismos de fiscalización política. Finalmente, expone de manera sintética el procedimiento de formación de la ley, con especial referencia a las etapas del trámite legislativo, la iniciativa exclusiva del Presidente de la República y los quorum de aprobación. Dada la amplitud de la materia, el informe presenta una aproximación general y sistematizada de los aspectos esenciales del funcionamiento parlamentario, utilizando como fuentes la normativa vigente, la doctrina especializada y documentos institucionales.
21/11/2025
Regulación de Food Truck o camiones de comida. Antecedentes nacionales y experiencia extranjera
Informe sobre legislación nacional y comparada, destinada a regular el comercio a través de los llamados food trucks, o también conocidos como camiones de alimentos, camiones gourmet, establecimientos de alimentos móviles o carros de comida. El análisis muestra que Chile no cuenta con una regulación específica para food trucks, por lo que la actividad opera bajo normas generales sanitarias (Código Sanitario y Reglamento Sanitario de los Alimentos) y bajo las facultades municipales para administrar el uso de bienes nacionales de uso público. En este marco, algunas municipalidades han dictado ordenanzas que definen conceptos, determinan requisitos y regulan el funcionamiento en el espacio público, si bien no es una práctica generalizada. Asimismo, existen regulaciones sectoriales, como las instrucciones de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, sobre instalaciones eléctricas en carros de alimentos.
30/10/2025
Requisito de residencia para candidatura parlamentaria: Antecedentes nacionales y experiencia extranjera.
La Constitución Política, en su artículo 48, dispone que para ser elegido diputado se debe tener residencia en la región a la que pertenezca el distrito durante al menos dos años previos a la elección. Con la reforma constitucional de 2005 (Ley 20.050), se eliminó la exigencia de residencia para los senadores. En el nivel subnacional, el artículo 124 de la Constitución exige dos años de residencia regional para gobernadores, consejeros regionales, alcaldes y concejales, reforzando la presencia de este vínculo territorial en autoridades locales. En la experiencia extranjera, para ser diputado o senador, Argentina exige a nivel constitucional que los candidatos sean naturales de la provincia que los elija o que tengan dos años de residencia inmediata en ella. Además, la Ley de Partidos Políticos dispone que los candidatos deben estar inscritos en el padrón electoral del distrito correspondiente, acreditando residencia por cualquier medio de prueba. En la práctica, la residencia suele acreditarse mediante el domicilio declarado en el documento nacional de identidad, lo que genera un cumplimiento formal más que sustantivo.