Asesorías Parlamentarias
Detalle investigadoras e investigadores
Documentos publicados desde el 01 de enero de 2014
Investigadora / investigador: Dazarola Leichtle, Gabriela Maria
Comisión(es) que participa
- Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización - Cámara
- Gobierno, Descentralización y Regionalización - Senado
18/06/2026
Proyecto de Ley sobre facultades municipales para el control del comercio ambulante (Boletín 17615-06): Descripción y estado de tramitación.
El proyecto de ley que modifica la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades para incorporar mecanismos de control del comercio ambulante (Boletín 17615-06) busca fortalecer las facultades municipales para enfrentar el comercio ilegal, recuperar espacios públicos y mejorar la coordinación en materia de seguridad. Tras ser aprobado en primer trámite constitucional por la Cámara de Diputadas y Diputados, el proyecto fue remitido al Senado. Durante su tramitación, la iniciativa amplió su alcance incorporando modificaciones a otras normas relacionadas con la fiscalización del comercio ambulante y la gestión municipal. No solo modifica la Ley No. 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, sino también la Ley sobre Comercio Ilegal, la Ley de Rentas Municipales y la Ley de Tránsito. Entre sus principales medidas destacan el fortalecimiento de las facultades de fiscalización y decomiso, el reforzamiento de las atribuciones de los alcaldes en materia de permisos, la incorporación de mayores obligaciones de transparencia y la inclusión de esta problemática en los instrumentos de planificación de seguridad comunal.
18/06/2026
Expulsión de personas extranjeras condenadas como medida sustitutiva de la pena. Experiencia Extranjera
Documento que tiene por objeto identificar y describir algunas experiencias comparadas en materia de expulsión de personas extranjeras condenadas por delitos, en el marco de la discusión legislativa del proyecto de ley que modifica la Ley N°21.325 para perfeccionar el procedimiento de expulsión administrativa (boletín 16836-06). El informe se concentra exclusivamente en la experiencia comparada de España, Italia, Estados Unidos de América y Perú.
28/05/2026
Reforma al Sistema Político: Análisis de proyectos de ley en tramitación.
El conjunto de iniciativas analizadas da cuenta de un esfuerzo legislativo sostenido, especialmente en el período reciente, por abordar los principales problemas del sistema político chileno, particularmente aquellos asociados a la fragmentación partidaria, la gobernabilidad y la representatividad. Estas propuestas se estructuran en torno a diversos ejes: reducción del número de parlamentarios; rediseño de distritos; modificación de reglas electorales; establecimiento de umbrales y fortalecimiento de la disciplina partidaria, que si bien responden a un diagnóstico compartido, presentan diversas soluciones. En primer lugar, en materia de composición del Congreso Nacional, el proyecto que reduce el número de parlamentarios y reconfigura los distritos electorales (Boletín 13.909-06) constituye la propuesta de mayor envergadura. En segundo término, las iniciativas relativas a la distribución de escaños al interior de las listas evidencian la coexistencia de distintos modelos de representación. Por su parte, las propuestas que incorporan umbrales electorales por partido político, principalmente en torno al 5%, buscan reducir la fragmentación del sistema y favorecer la conformación de mayorías más estables. Finalmente, se destacan iniciativas que establecen mayores requisitos cuantitativos para la conformación de partidos políticos que, junto a otras propuestas, buscan aumentar el número de afiliados requeridos para su constitución.
14/05/2026
Control consumo de drogas parlamentarios: Antecedentes generales y experiencia extranjera.
El proyecto de ley que obliga a parlamentarios a someterse a test de drogas (Boletín 17980-06) busca regular este tipo de controles respecto de parlamentarios en ejercicio, remitiendo la regulación de sus procedimientos a los reglamentos internos de cada corporación y estableciendo el carácter reservado de los resultados, en concordancia con la legislación sobre protección de datos personales. El cumplimiento del requisito exigido a determinadas autoridades se acredita principalmente mediante declaraciones juradas, controles administrativos y mecanismos de reserva de la información, como ocurre en la Ley No. 18.575 y su normativa reglamentaria. Asimismo, en el ámbito legislativo se encuentra en segundo trámite constitucional un proyecto de ley que amplía significativamente el alcance de este tipo de controles, al incorporar también a los candidatos a cargos de elección popular. La experiencia comparada en materia de test de drogas aplicados a autoridades políticas, particularmente parlamentarios, es limitada. En términos generales, no se observan modelos plenamente consolidados.
30/04/2026
Régimen de transparencia aplicable a los recursos provenientes del royalty minero a los municipios.
El régimen de transparencia aplicable a los recursos provenientes del royalty minero a los municipios permite concluir que, si bien existen múltiples exigencias de información y publicidad, no se configura un sistema legal permanente. El modelo vigente se caracteriza por una dependencia de instrumentos transitorios y un énfasis predominante en la rendición administrativa más que en la publicidad de la información. Las obligaciones de transparencia no se encuentran establecidas de manera sistemática en una ley permanente, sino que derivan principalmente de glosas de la Ley de Presupuestos, dictadas año a año, lo que introduce variabilidad en su contenido, alcance y exigencias. A esto se suman normas reglamentarias, resoluciones administrativas e instrucciones del Consejo para la Transparencia, que avanzan en estándares, pero no constituyen un marco legal permanente. La implementación de estas obligaciones se articula fundamentalmente a través de actos administrativos de la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE), que exigen la rendición de información hacia órganos del Estado. En particular, la misma secretaría concentra la recepción de reportes sobre el uso de los recursos mediante plataformas administrativas, lo que se refuerza con la obligación de remitir antecedentes al Congreso Nacional, configurando un esquema de control institucional. Si bien, existen obligaciones de informar sobre el uso de los recursos, no se traducen en un sistema de transparencia activa y periódica hacia la ciudadanía. A lo que se suma la ausencia de mecanismos efectivos para asegurar el cumplimiento oportuno de estas rendiciones. En este contexto, actualmente existen iniciativas legislativas en tramitación que buscan avanzar hacia un sistema más estructurado de transparencia en el uso de los recursos del royalty minero. En particular, el proyecto de ley que modifica la Ley de Rentas Municipales, con el objeto de fomentar la transparencia en el uso de los recursos provenientes del denominado royalty minero (Boletín N° 17.954-06), para establecer obligaciones permanentes de transparencia activa, incluyendo la publicación periódica y estandarizada del uso de estos fondos por parte de los municipios.
20/04/2026
Minuta sobre actividad legislativa de la Comisión de Gobierno, Senado: Periodo legislativo 2022–2026.
El documento analiza la actividad legislativa de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización del Senado de Chile durante el periodo 2022–2026. El informe evidencia una alta diversidad temática en los proyectos tramitados, destacando áreas como gestión municipal, descentralización, probidad y transparencia, sistema electoral, migración y seguridad pública. En dicho periodo, 22 iniciativas fueron aprobadas como ley, con predominio de proyectos originados en el Ejecutivo. Entre las normas más relevantes se encuentran aquellas orientadas a la transformación digital del Estado, fortalecimiento de la institucionalidad municipal, regulación migratoria y mejora de los procesos electorales. Asimismo, se identifican 16 proyectos en tramitación en distintas etapas legislativas, que abordan materias como control de la probidad municipal, modernización administrativa, regulación del sistema político y medidas de seguridad pública. El documento concluye que la dinámica legislativa de la Comisión está influida tanto por factores procedimentales como políticos, reflejando prioridades institucionales y contingencias del periodo
15/04/2026
Antecedentes del Proyecto de Ley sobre Transparencia de Empresas Públicas: Proyecto de ley que modifica la Ley 20.285 (Boletín 16746-06).
El presente documento analiza el Proyecto de Ley que modifica la Ley 20.285, con el objeto de elevar los estándares de transparencia aplicables a las empresas públicas, particularmente en materia de divulgación de remuneraciones. La iniciativa se inserta en una evolución normativa que ha consolidado el principio de publicidad como eje del funcionamiento del Estado, pero que, en el caso de las empresas estatales, mantiene diferencias respecto de los órganos de la Administración del Estado, especialmente en la forma en que se informa la estructura salarial de su personal. El proyecto busca equiparar dichas exigencias, incorporando la obligación de publicar las remuneraciones de todo el personal de las empresas públicas de manera individualizada. Del análisis comparado y los estándares internacionales — particularmente los de la OCDE—, se desprende que las exigencias de transparencia suelen concentrarse en los niveles de gobierno corporativo, esto es, en directorios y alta administración, privilegiando la rendición de cuentas en los espacios de toma de decisiones estratégicas. En este sentido, la propuesta chilena aparece como más intensiva en transparencia, acercándose a modelos menos comunes, que extienden estas obligaciones a un universo más amplio de sujetos. El proyecto fija nuevos parámetros en términos de apertura de información y control ciudadano, pero también plantea desafíos en materia de equilibrio entre transparencia, protección de datos personales y funcionamiento competitivo de las empresas públicas. Asimismo, se observa que esta iniciativa se articula con otras reformas en curso —como el proyecto de “Transparencia 2.0”—, que buscan modernizar el sistema, ampliar su cobertura institucional y fortalecer los mecanismos de acceso a la información, consolidando así una tendencia hacia mayores estándares de probidad y rendición de cuentas en el país.
10/03/2026
Inhabilidades e incompatibilidades para cargos de elección popular: Legislación Nacional.
La doctrina nacional utiliza los conceptos de prohibiciones, impedimentos, inhabilidades e incompatibilidades para referirse a limitaciones de derecho público que impiden acceder o ejercer cargos de elección popular. La infracción a estas normas puede acarrear sanciones como la nulidad de la elección o la cesación en el cargo, según corresponda. Su finalidad es resguardar el adecuado funcionamiento de las instituciones y prevenir influencias que puedan afectar los procesos electorales o el ejercicio de potestades públicas. En Chile, las inhabilidades o impedimentos para ejercer determinados cargos tienen distinto rango normativo, según la autoridad de que se trate. En el caso del Presidente de la República, diputados y senadores, estas materias se regulan principalmente a nivel constitucional, mientras respecto de gobernadores regionales, consejeros regionales, alcaldes y concejales, se establecen tanto en la Constitución como en leyes orgánicas constitucionales. Existen inhabilidades e incompatibilidades comunes para la mayoría de estos cargos, tales como el desempeño de determinados cargos públicos, la existencia de contratos, cauciones o litigios con el Estado, así como la incompatibilidad con otros empleos o funciones públicas remuneradas con fondos fiscales. En relación con los plazos de renuncia para postular a otros cargos de elección popular, la Ley 21.073, publicada en febrero de 2018, y que reguló la elección de gobernadores regionales, introdujo modificaciones destinadas a uniformar dichos plazos en distintos cuerpos legales, estableciendo en la mayoría de los casos la exigencia de renunciar al cargo con un año de anticipación a la elección correspondiente. Asimismo, existen inhabilidades específicas vinculadas a grados de parentesco, como las establecidas para los cargos de concejal y consejero regional, respecto del alcalde y del gobernador regional, respectivamente. Así como algunos avances relacionados con exigencias en probidad, transparencia y gasto electoral.
06/02/2026
Organismos Fiscalizadores: Experiencia extranjera sobre supervisión basada en riesgos.
El presente informe surge con el objeto de analizar, desde una perspectiva comparada, la existencia de criterios normativos explícitos, que permitan determinar el número idóneo de personal de los entes fiscalizadores estatales, ya sea en función del número de fiscalizados u otros factores objetivos, que orienten la dotación necesaria para el cumplimiento eficiente y eficaz de sus funciones. El análisis se centra especialmente en organismos que ejercen funciones de supervisión en mercados regulados, como las superintendencias, atendida su relevancia institucional y la complejidad de las tareas que desarrollan. Sin embargo, de los ordenamientos analizados se desprenden marcos normativos que reconocen la diversidad de funciones, riesgos y contextos en que operan las autoridades fiscalizadoras, sin establecer este tipo de ratios o métricas para determinar su dotación. En términos generales, se observan estándares normativos que exigen que los entes fiscalizadores cuenten con medios personales adecuados al volumen, complejidad y riesgos de las funciones que les corresponden. En este marco, el criterio de supervisión basada en riesgos es el modelo predominante para orientar la asignación de recursos humanos, hacia juicios de razonabilidad, eficiencia y eficacia, en línea con estándares internacionales promovidos por la OCDE y la Unión Europea (UE). Por otra parte, de la revisión de la normativa nacional aplicable a los organismos fiscalizadores no se advierten mandatos legales explícitos que establezcan la supervisión basada en riesgos como un deber estructural del propio fiscalizador. No obstante, se identifican diversos casos en los que dicho enfoque ha sido incorporado principalmente como obligación impuesta a los sujetos fiscalizados, y, en forma complementaria, como criterio operativo en la gestión de algunos organismos reguladores, los que en la práctica aplican este tipo de gestión para priorizar y focalizar sus acciones fiscalizadoras.
02/02/2026
Iniciativas Legislativas relacionadas con Sistema Político y Congreso Nacional.
A partir del diagnóstico formulado en el marco del último proceso constitucional iniciado con la Ley No. 21.533, se identificaron diversas debilidades del sistema político chileno, especialmente en materia de fragmentación partidaria, representatividad y gobernabilidad institucional. Estos antecedentes han servido de base para la presentación de iniciativas legislativas orientadas a ajustar tanto la Constitución Política como normas legales que regulan el sistema político y electoral. En este contexto, se han presentados una serie de proyectos de ley actualmente en tramitación que inciden directamente en el funcionamiento del Congreso Nacional y en el ejercicio de la función parlamentaria, abordando materias como la disciplina partidaria, la organización de los comités parlamentarios y el perfeccionamiento de los mecanismos de fiscalización al Ejecutivo, con el objeto de fortalecer la coordinación, eficiencia y responsabilidad institucional del trabajo legislativo. A continuación, se presenta una breve descripción de estos proyectos de ley organizados en dos ámbitos: por una parte, las reformas orientadas al sistema político y electoral, destinadas a fortalecer la representatividad y la gobernabilidad; y, por otra, aquellas que inciden directamente en el funcionamiento del Congreso Nacional y en el ejercicio de la función parlamentaria.