Asesorías Parlamentarias
Detalle investigadoras e investigadores
Documentos publicados desde el 01 de enero de 2014
Investigadora / investigador: De La Paz Mellado, Verónica Cristina
Comisión(es) que participa
Viviendas prefabricadas en Chile: regulación y régimen de responsabilidades.
El presente informe examina el marco normativo aplicable a las viviendas prefabricadas y a los componentes destinados a su construcción en Chile, con especial atención a las responsabilidades de quienes participan en su fabricación, comercialización y montaje. El análisis se basa en una revisión documental de la legislación urbanística y de construcción, las normas civiles y de protección de los consumidores, y la normativa técnica pertinente. Se complementa con estudios nacionales sobre la oferta y los procesos de producción y montaje, así como con antecedentes publicados por el Servicio Nacional del Consumidor. Estos antecedentes permiten examinar problemas específicos, pero no constituyen un diagnóstico representativo del conjunto del mercado nacional. Asimismo, se revisan experiencias de España, Ontario —Canadá—, Nueva Zelanda y Estados Unidos, seleccionadas por sus disposiciones sobre proveedores de componentes, certificación de la fabricación, control del montaje y resolución de controversias. La comparación identifica mecanismos relativos a estas materias, considerando las diferencias entre sus ámbitos de aplicación y categorías de vivienda.
Gestión de la postulación a programas habitacionales. Modalidad de postulación, organización de la demanda y asistencia profesional para desarrollo de un proyecto habitacional.
El documento examina la regulación de las principales modalidades de postulación a programas habitacionales del MINVU, en el contexto de la discusión del Boletín N° 18.583-14. Su propósito es precisar cuándo corresponde una postulación individual, grupal o colectiva, en qué situaciones se requiere una organización con personalidad jurídica y qué responsabilidades asumen las entidades de asistencia técnica. El análisis establece que la postulación colectiva comprende diversos modelos y no exige personalidad jurídica en todos los casos. La constitución de organizaciones conforme a la Ley N° 19.418 constituye una alternativa, aunque existen otros mecanismos de organización formal. Asimismo, distingue entre la organización de las familias y la asistencia técnica necesaria para desarrollar los proyectos. Las Entidades Patrocinantes, las Entidades de Gestión Rural y otros prestadores realizan labores de formulación, gestión y acompañamiento técnico, jurídico y social, bajo supervisión de SERVIU y SEREMI. La fiscalización de las organizaciones y de los prestadores se distribuye entre distintos actores, incluyendo las propias organizaciones, SERVIU, SEREMI y, con competencias acotadas, los municipios. Finalmente, se concluye que ampliar la postulación individual requiere definir quién asumirá las funciones técnicas indispensables para formular, gestionar y ejecutar los proyectos habitacionales, pues estas responsabilidades subsisten cualquiera sea la modalidad de postulación.
Gestión de la postulación a programas habitacionales: Modalidad de postulación, organización de la demanda y asistencia profesional para desarrollo de un proyecto habitacional.
Se analiza la regulación vigente de las principales modalidades de postulación a programas habitacionales del MINVU, en el marco de la discusión del Boletín No. 18.583-14. Su objetivo es precisar cuándo la postulación puede ser individual, grupal o colectiva; en qué casos se exige una organización con personalidad jurídica; y qué funciones cumplen las entidades encargadas de asistir técnicamente a los postulantes y desarrollar los proyectos habitacionales. Se distingue también entre la organización de las familias y la asistencia técnica del proyecto. Entidades Patrocinantes, Entidades de Gestión Rural y otros prestadores cumplen funciones de formulación, gestión y acompañamiento técnico, jurídico y social, bajo supervisión de SERVIU y SEREMI. Las principales observaciones del documento dan cuenta que la postulación colectiva no presenta un único modelo y no exige, en todos los casos, una personalidad jurídica.
Presupuesto del Ministerio de Vivienda y Urbanismo Claves y principales aspectos.
El Proyecto de Ley de Presupuestos 2027 asigna al Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) $6.689.820 millones, lo que representa un aumento de 1,8% respecto de la base comparativa 2026 utilizada por DIPRES (Ley 2026 + Dif. Reajuste + Leyes Especiales + ajuste). La inversión habitacional concentra el 86,5% del total y aumenta 1,0%, mientras la inversión urbana crece 11,3%. Sin embargo, este aumento debe analizarse atendiendo a su composición: una parte importante de los recursos corresponde a compromisos de años anteriores y a fondos extraordinarios asociados a reconstrucción y emergencias. En la línea programática vivienda, el presupuesto mantiene una asignación de recursos similar al año 2026, pero modifica su distribución. Disminuyen levemente los recursos destinados a sectores vulnerables, aumentan los orientados a sectores medios y emergentes y al mejoramiento de viviendas, y se reducen algunos componentes complementarios. Los compromisos de arrastre identificables alcanzan $3.498.832 millones, equivalentes al 60,4% de la inversión habitacional prevista para 2027. Esta proporción constituye un mínimo identificable, dado que parte de los préstamos habitacionales también financia proyectos de arrastre. En la línea programática desarrollo urbano, el crecimiento se explica en parte importante por recursos vinculados al Fondo Especial Transitorio FET Incendios y al Sistema Frontal Zona Norte; excluidos éstos, las restantes líneas disminuyen en conjunto. La ejecución se concentra principalmente en los Servicios de Vivienda y Urbanismo (SERVIU), que administran cerca de 89% de la Partida. Finalmente, las glosas complementan la información presupuestaria mediante reglas de ejecución y obligaciones de seguimiento, que serán relevantes para precisar durante 2027 la distribución entre arrastre y nuevas soluciones, la ejecución territorial y la implementación de los distintos componentes del Plan Integral de Vivienda y Urbanismo (PIVU).
Comisión de Vivienda y Urbanismo del Senado en terreno: Segunda sesión celebrada el jueves 6 de agosto en Chillan, región de Ñuble.
El presente informe sistematiza la sesión en terreno celebrada por la Comisión de Vivienda y Urbanismo del Senado en Chillán, el 6 de agosto de 2026, destinada a conocer las dificultades habitacionales y urbanas de la Región de Ñuble. La jornada se estructuró en dos etapas: una con alcaldes y representantes municipales y otra con dirigentes sociales, comités y organizaciones de vivienda. En ambas instancias se expusieron problemas y casos específicos, acompañados de respuestas y compromisos del Ministro de Vivienda y Urbanismo. Los planteamientos municipales se concentraron en disponibilidad y adquisición de suelo, factibilidad sanitaria, vivienda rural, mejoramiento habitacional, tramitación de proyectos, habilitación normativa de terrenos y calidad constructiva. Las intervenciones ciudadanas confirmaron estos problemas y añadieron dificultades vinculadas con el acceso a subsidios, proyectos detenidos por falta de agua potable o alcantarillado, transferencias de terrenos, demoras del SERVIU, campamentos y proyectos habitacionales de larga data. Frente a ello, el Ministro comprometió revisar casos, agilizar procedimientos, fortalecer la adquisición anticipada de suelo, utilizar mecanismos de factibilidad condicionada y el programa Ecobarrio, reforzar la capacidad de revisión del SERVIU regional y coordinar soluciones con otros organismos. ESSBIO anunció la entrega al SERVIU de información sobre terrenos con disponibilidad sanitaria y la revisión de soluciones técnicas, mientras la Cámara Chilena de la Construcción destacó la colaboración público-privada y las mesas intersectoriales. En términos generales, la sesión permitió identificar obstáculos transversales. Entre los más relevantes aparecen la factibilidad sanitaria, el acceso y precio del suelo, los retrasos administrativos y la coordinación interinstitucional, en comunas rurales. Se constató que la problemática regional comprende tanto el déficit de nuevas viviendas como el deterioro del parque habitacional existente.
Revisión de la Ley N° 19.281 que regula el arrendamiento con promesa de compraventa: Régimen especial de acceso a la vivienda
La Ley N° 19.281 regula un régimen especial de acceso a la vivienda mediante arrendamiento con promesa de compraventa, articulando ahorro, financiamiento, sociedades inmobiliarias, seguros, garantías y subsidio habitacional. Su desarrollo normativo se complementa principalmente con el Decreto Supremo N° 1.334, de 1995, del Ministerio de Hacienda, y con el Decreto Supremo N° 120, de 1995, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Desde su dictación, la ley ha experimentado diversas modificaciones. Entre las más relevantes se encuentran la Ley N° 20.712, que reestructuró el régimen financiero y de fondos, y la Ley N° 21.748, de 2025, que modificó el régimen de cuentas de ahorro y amplió expresamente el contrato a viviendas terminadas, nuevas, usadas o en construcción. El examen conjunto de la ley y sus reglamentos evidencia principalmente problemas de coordinación y actualización normativa. Persisten disposiciones reglamentarias correspondientes a versiones anteriores de la ley, referencias a instituciones y cuerpos legales sustituidos y reglas susceptibles de una mejor sistematización. En consecuencia, los perfeccionamientos que pueden identificarse desde un examen estrictamente normativo se vinculan prioritariamente con la actualización, coordinación y ordenación del régimen vigente, sin que del solo análisis jurídico pueda concluirse la necesidad de modificar sustantivamente el instrumento habitacional.
Principales aspectos de la Resolución N°1029 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo: Llamado especial del Programa de Habitabilidad Rural (DS Nº 10 de 2015).
La Resolución Exenta No. 1.029 de 2026 establece un llamado especial para Proyectos de Asociación Territorial, aplicable a las modalidades de construcción de viviendas nuevas, mejoramiento y ampliación de viviendas existentes y mejoramiento del entorno y equipamiento comunitario. La resolución no modifica permanentemente el DS No. 10, sino que, conforme a la habilitación de su artículo 38o., adapta, condiciona o exceptúa determinados requisitos del régimen general para este proceso de selección. Las modificaciones más relevantes buscan adaptar el programa a las características territoriales y socioeconómicas de la población rural. Para ello, se incrementan y territorializan los subsidios, particularmente según zona térmica, tipo de vivienda y territorios aislados; se reducen o eliminan exigencias de ahorro para diversos grupos; se flexibilizan requisitos vinculados al Registro Social de Hogares, núcleo familiar y acreditación de terrenos; y se introducen tratamientos especiales para comunidades indígenas, personas con discapacidad y hogares afectados por emergencias. Asimismo, se reconfiguran los subsidios complementarios para mejoramiento de terrenos, energía fotovoltaica, regularización, equipamiento y otras intervenciones. el llamado especial eleva las exigencias técnicas, documentales y de control de los proyectos. Se incorporan estudios de suelo, autorizaciones sectoriales, antecedentes georreferenciados, estándares térmicos y energéticos, proyectos sanitarios y mecanismos específicos de seguimiento de obras.
Regularización de Callejones.
El presente documento se circunscribe al análisis de aquellas situaciones en que el denominado “callejón” corresponde a una vía de uso público, tiene reconocimiento jurídico como tal o puede ser objeto de un procedimiento destinado a su incorporación o regularización como vialidad pública. Entenderemos la regularización, acorde a la normativa nacional, como el proceso mediante el cual se ajusta una realidad existente al cumplimiento de los estándares normativos vigentes. La primera distinción que se debe reconocer es si el “callejón” que se intenta regularizar se ubica en el área urbana o en el área rural de una comuna. Esta distinción es relevante porque las exigencias y los regímenes regulares aplicables en cada caso son diferentes. Un segundo aspecto es la calidad jurídica del suelo en que se emplaza la vía, esto es si es un suelo público o privado susceptible de ser incorporado al dominio público.
Obligaciones de las empresas sanitarias en zonas de extensión urbana: Chile, Inglaterra y Gales, Francia y Colombia.
Se analizan las obligaciones asociadas a la expansión, financiamiento y mantención de las redes de agua potable y alcantarillado en Chile, incorporando una comparación con Inglaterra y Gales, Francia y Colombia. En Chile, la obligación de prestar el servicio se vincula principalmente al territorio operacional de la concesionaria, mientras que el urbanizador debe financiar las instalaciones exclusivamente vinculadas a su proyecto; las expansiones que pueden beneficiar a terceros pueden financiarse mediante aportes reembolsables. Los países comparados presentan diferentes formas de distribuir estas responsabilidades. Inglaterra y Gales mantienen prestadores territoriales regulados, pero permiten que nuevos desarrollos sean atendidos por empresas distintas mediante el mecanismo NAV, introduciendo competencia en áreas específicas. Francia entrega a las comunas o entidades intercomunales un papel central en la planificación y organización del servicio, distinguiendo las obras propias del proyecto de la infraestructura pública de alcance general. Colombia, en tanto, diferencia expresamente entre redes matrices, cuya construcción y mantención corresponden al prestador; y redes locales, inicialmente construidas por el urbanizador, pero posteriormente recibidas y mantenidas por la empresa. La comparación evidencia distintas fórmulas para distribuir costos, responsabilidades e incentivos entre autoridades, prestadores y urbanizadores.
Antecedentes para la discusión de proyecto de ley que prohíbe acceder a beneficios habitacionales a quienes usurpen inmuebles de propiedad ajena: Boletín N° 15.908-14.
Se revisa el proyecto de ley, contenido en el Boletín 15.908-14, que propone incorporar a la Ley No. 16.391, de 1965, una inhabilidad temporal para acceder a beneficios habitacionales otorgados por el Estado u otros organismos respecto de quienes sean condenados por delitos de usurpación. La iniciativa plantea materias a precisar relativas al alcance de la expresión “beneficios habitacionales”, a la proporcionalidad o no de la medida en relación con los distintos tipos de beneficios, a sus efectos sobre el grupo familiar y a la diversidad de programas que podrían verse comprendidos. Se precisa que el proyecto de ley, contenido en el Boletín No. 18.341-25, referido a la creación de un registro de actos vandálicos e incivilidades, en su número 13 incluye la usurpación como uno de los delitos cuya comisión trae aparejada, entre otras inhabilidades, una relacionada con el acceso a la postulación de subsidios habitacionales otorgados por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. La propuesta establece una prohibición que se extendería por diez años y podría ampliarse por cinco años adicionales en caso de reincidencia.