Asesorías Parlamentarias

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Documentos publicados desde el 01 de enero de 2014

Investigadora / investigador: Fernández Lores, Guillermo Javier

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06/07/2026

Registros delictuales y pérdida de beneficios sociales. Legislación comparada

Informe que busca indagar en la relación entre registros delictuales y la sanción de pérdida de beneficios sociales por parte de quienes cometen delitos o infracciones en España, Estados Unidos y el Reino Unido.

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18/06/2026

Pena de Prestación de Servicio en Beneficio de la Comunidad en Chile: Criterios judiciales para otorgarla y mecanismos de implementación.

Se informa sobre la pena alternativa de prestación de servicios en beneficio de la comunidad, pena sustitutiva de penas privativas o restrictivas de libertad contempladas en la Ley No. 18.216, siendo definida como “la realización de actividades no remuneradas a favor de la colectividad o en beneficio de personas en situación de precariedad”. Características del trabajo: Los servicios comunitarios deben generar un beneficio para la comunidad o para personas vulnerables. Cómputo: La duración se calcula en razón de 40 horas de trabajo por cada 30 días de privación de libertad, con un máximo de 8 horas diarias. Criterios jurisdiccionales para otorgarla: Para conceder esta pena, el condenado debe aceptarla expresamente, no debe haber cumplido antes esta misma pena y que la sanción original no superare los 300 días de prisión. Especialistas cuestionan estos requisitos ya que la norma parte de la base que esta pena posee un valor restaurativo y rehabilitador. Entidades beneficiarias: Las entidades beneficiarias son organismos públicos o privados sin fines de lucro que mantienen convenios con Gendarmería para recibir condenados. Centros de cumplimiento: Los centros de cumplimiento son los lugares donde se ejecutan los servicios comunitarios y cuentan con responsables encargados de supervisar al penado. Revocación: esta pena es esencialmente revocable y será dejada sin efecto cuando existen incumplimientos graves o reiterado del penado.

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02/06/2026

Técnicas especiales de investigación en delitos de sustracción de maderas y abigeato.

Informe con la descripción de los tipos penales de robo de madera y abigeato y si es que habilitan el uso de técnicas especiales de investigación para su persecución. Al respecto, se explica en primer lugar el proyecto de ley en discusión, luego se explican qué son las técnicas especiales de investigación y, a continuación el régimen jurídico de ambos delitos vinculado a la habilitación para utilizar técnicas especiales de investigación durante el proceso de persecución penal.

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27/05/2026

Análisis del Banco Unificado de Datos Criminales.

El Banco Unificado de Datos Criminales (BUD) corresponde a una plataforma interoperativa, que busca centralizar información criminal y judicial de distintas instituciones públicas que manejan datos criminales para, de este modo, apoyar investigaciones penales y la persecución del delito, así como realizar análisis de seguridad pública; pudiendo ser consultada por los organismos que son parte de esta red. Por mandato legal, su administración corresponderá al Ministerio Público. De acuerdo con la literatura revisada, aunque las limitaciones tecnológicas continúan representando un obstáculo significativo para la adecuada gestión y circulación de la información, existe un factor adicional de igual o incluso mayor relevancia: la persistencia de una cultura institucional marcada por la resistencia al intercambio y la socialización de información entre las distintas unidades, actores y niveles organizacionales. En este contexto, la literatura especializada sostiene que la superación de estas dificultades no depende exclusivamente de la incorporación de nuevas tecnologías, sino también de la promoción de cambios culturales orientados a fortalecer la confianza institucional, la cooperación entre equipos y el establecimiento de políticas que incentiven el intercambio oportuno y eficiente de información.

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06/05/2026

La figura del Agente Encubierto Informático: El caso de España.

En España los agentes encubiertos deben ser funcionarios de la Policía Judicial, unidad especializada de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Respecto al marco legal y el ámbito de funcionamiento general del agente encubierto, este se encuentra estipulado en el artículo 282 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim, 1882) y su uso como técnica de investigación policial se considera válido, siempre que respete los derechos fundamentales, en particular el derecho a la intimidad y al secreto de las comunicaciones. En el ámbito digital, la legislación española ha evolucionado para permitir la actuación del llamado “Agente Encubierto Informático”. Esta figura puede operar bajo identidad falsa en entornos digitales cerrados con autorización judicial, con el fin de investigar delitos graves. Entre sus facultades se incluye la posibilidad de interactuar con sospechosos, intercambiar archivos ilícitos en el contexto de la investigación y analizar herramientas tecnológicas utilizadas para detectar este tipo de contenidos. Entre una serie de delitos -y para efectos del presente informe- la medida está destinada a investigar explotación sexual y tráfico de blancas, entre otros delitos sexuales. Sin embargo, su aplicación no es automática ni discrecional. La jurisprudencia española ha enfatizado que toda medida de investigación debe contar con autorización judicial.

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22/04/2026

Desregulación en el control de armas: Los casos de Argentina y Brasil.

En los últimos años, los gobiernos de Bolsonaro en Brasil y de Milei en Argentina han impulsado procesos de desregulación en los controles de uso y tenencia de armas por parte de la población civil. En Argentina, se observa un cambio institucional relevante con la disolución en 2025 de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) y el retorno al Registro Nacional de Armas de Fuego (RENAR), organismo previo a 2015. Las principales medidas de la resiente flexibilización incluyen: Reducción de la edad mínima para poseer armas de fuego (de 21 a 18años), autorización y flexibilización en el acceso a fusiles semiautomáticos, implementación de la “tenencia exprés”, la cual simplifica y digitaliza el proceso de obtención de armas de fuego. De acuerdo a organizaciones sociales críticas de este proceso, las transformaciones, por una parte, implican un retroceso en las políticas de desarme, ya que ANMaC había desarrollado un importante trabajo de concientización sobre los peligros de tener una sociedad armada; y, por otra, priorizar los derechos de los usuarios de armas por sobre la seguridad pública, debilitando de este modo políticas de prevención y control. Por su parte, en Brasil, durante el gobierno de Jair Bolsonaro (2019–2022), se impulsó una amplia flexibilización del control de armas mediante más de 40 decretos que modificaron el “Estatuto del Desarme” (principal ley de armas) de 2003. Entre las medidas destacan: Aumento en la cantidad de armas permitidas por persona, mayor acceso a municiones y extensión de permisos, facilidades para transporte, adquisición e importación de armas, ampliación de derechos para tiradores, cazadores y coleccionistas. Posteriormente, varias de estas medidas comenzaron a revertirse desde 2023 bajo el gobierno de Lula da Silva. En síntesis, ambos casos reflejan un giro hacia la liberalización del acceso a armas de fuego, con énfasis en la flexibilización normativa y reducción de controles, generando debate sobre sus efectos en la seguridad pública y la violencia armada.

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28/01/2026

Minuta sobre actividad legislativa de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputadas y Diputados. Periodo legislativo 2022–2026.

El presente informe da cuenta de aquellos proyectos de mayor impacto en políticas públicas de seguridad pública, y que han sido debatidos en el último tiempo. Con el mismo criterio se han analizado las 18 leyes promulgadas en el período 2022 – 2026 que fueron vistas por la comisión. Tal como en el caso de los proyectos de ley, se da cuenta de las leyes más relevantes considerando su impacto en políticas públicas en materia de seguridad ciudadana. Destacan nuevas instituciones como el Ministerio de Seguridad Pública; normas que crean nuevos tipos penales o aumentan las penalidades a diferentes delitos; y normas regulatorias como la ley de Seguridad Privada.

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17/12/2025

Estadísticas penitenciarias en Chile: Período 2019 - 2024.

Se informa sobre la población penal interna en los distintos penales del país (régimen cerrado) y de quienes cumplen condena en el medio libre por medio de alguna de las penas sustitutivas a la prisión, a saber: remisión condicional de la pena; libertad vigilada; libertad vigilada intensiva; reclusión parcial; prestación de servicios comunitarios; y expulsión del territorio nacional. La fuente de los datos es Gendarmería de Chile, única institución que reúne las cifras oficiales sobre la materia. Asimismo, el período estudiado es desde 2019 a 2024, periodo del cual da cuenta gendarmería.

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21/08/2025

Penas aplicables a delitos en contra de Carabineros de Chile.

Para efectos de este estudio es importante señalar que las penas aplicables contra carabineros en razón de su cargo o con motivo u ocasión del ejercicio de sus funciones ya se encuentran agravadas respecto a las sanciones aplicables en caso que la víctima sea un civil. Por ejemplo, el autor del delito de homicidio contra un civil arriesga una pena de 10 años y 1 día a 20 años; y si la víctima es un carabinero, la sanción va desde 15 años y 1 día hasta presidio perpetuo calificado. Si analizamos el aumento de la pena en un grado, contemplado en el proyecto de ley que busca agregar una nueva hipótesis de agravante genérica para los delitos cometidos en contra del personal de Carabineros, las penas quedarían del siguiente modo: Homicidio: presidio perpetuo calificado. Castración: 17 años 6 meses y un día a 20 años. Mutilación de un miembro importante1 : 12 años, 6 meses y un día a 15 años. Mutilación de un miembro menos importante2 : 4 años 1 día a 5 años. Lesiones graves que dejan a la víctima demente, inútil para el trabajo, impotente, impedido o algún miembro importante, o notablemente deforme: 15 años y 1 día a 20 años. Lesiones graves que causaren a la víctima enfermedad o incapacidad para el trabajo por más de 30 días: 7 años, 6 meses y un día a 10 años. Lesiones menos graves: 3 años y 1 día a 5 años. Lesiones leves: 301 a 540 días.

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14/07/2025

Instalación de pórticos detectores de metales en establecimientos educacionales: Ventajas y desventajas. Evaluación empírica en Estados Unidos de Norteamérica.

El ingreso de armas a las escuelas ha llevado a la necesidad de analizar distintas iniciativas para frenar la violencia escolar, tales como la instalación de detectores de metales. Estos elementos se remontan a la década de 1980 en los Estados Unidos, época en la cual las ciudades más grandes como Los Ángeles o Chicago habían implementado su uso, con el fin de combatir las armas y el tráfico de drogas al interior de los colegios. Actualmente, aparte de evaluar el uso de los tradicionales detectores de metales, se evalúa la implementación de Inteligencia Artificial para prevenir hechos de violencia en el espacio educacional. Respecto al funcionamiento de los detectores de metales, básicamente existen 2 tipos: los portátiles o de uso manual; y los de arco o “de paso”. Si bien el costo de los pórticos es mayor a la inversión que debe hacerse para la adquisición de los equipos manuales, en ambos casos existe un costo asociado que corresponde a los operadores del sistema. Algunos autores sostienen que la implementación de detectores de metales tiene un fuerte efecto disuasorio; otros, en cambio creen que con dicha medida se envía un mensaje equivocado en materia de seguridad. Quienes ven aspectos positivos relevan que constituye, por una parte, una medida eficaz de control y, por otra, una medida disuasiva: La mera presencia de las máquinas podría ser suficiente para prevenir la violencia, siendo una medida meramente intrusiva. Por su parte, los detractores de esta medida señalan que es intrusiva, que provoca estigmatización (no se disponen en todos los sectores de la población) y acarrean una falsa sensación de seguridad ya que las armas pueden introducirse por cualquier parte del establecimiento, que no cuente con detectores; por lo tanto su eficacia sería solo simbólica.

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