Asesorías Parlamentarias
Detalle investigadoras e investigadores
Documentos publicados desde el 01 de enero de 2014
Investigadora / investigador: Fernández Lores, Guillermo Javier
Comisión(es) que participa
21/08/2025
Penas aplicables a delitos en contra de Carabineros de Chile.
Para efectos de este estudio es importante señalar que las penas aplicables contra carabineros en razón de su cargo o con motivo u ocasión del ejercicio de sus funciones ya se encuentran agravadas respecto a las sanciones aplicables en caso que la víctima sea un civil. Por ejemplo, el autor del delito de homicidio contra un civil arriesga una pena de 10 años y 1 día a 20 años; y si la víctima es un carabinero, la sanción va desde 15 años y 1 día hasta presidio perpetuo calificado. Si analizamos el aumento de la pena en un grado, contemplado en el proyecto de ley que busca agregar una nueva hipótesis de agravante genérica para los delitos cometidos en contra del personal de Carabineros, las penas quedarían del siguiente modo: Homicidio: presidio perpetuo calificado. Castración: 17 años 6 meses y un día a 20 años. Mutilación de un miembro importante1 : 12 años, 6 meses y un día a 15 años. Mutilación de un miembro menos importante2 : 4 años 1 día a 5 años. Lesiones graves que dejan a la víctima demente, inútil para el trabajo, impotente, impedido o algún miembro importante, o notablemente deforme: 15 años y 1 día a 20 años. Lesiones graves que causaren a la víctima enfermedad o incapacidad para el trabajo por más de 30 días: 7 años, 6 meses y un día a 10 años. Lesiones menos graves: 3 años y 1 día a 5 años. Lesiones leves: 301 a 540 días.
14/07/2025
Instalación de pórticos detectores de metales en establecimientos educacionales: Ventajas y desventajas. Evaluación empírica en Estados Unidos de Norteamérica.
El ingreso de armas a las escuelas ha llevado a la necesidad de analizar distintas iniciativas para frenar la violencia escolar, tales como la instalación de detectores de metales. Estos elementos se remontan a la década de 1980 en los Estados Unidos, época en la cual las ciudades más grandes como Los Ángeles o Chicago habían implementado su uso, con el fin de combatir las armas y el tráfico de drogas al interior de los colegios. Actualmente, aparte de evaluar el uso de los tradicionales detectores de metales, se evalúa la implementación de Inteligencia Artificial para prevenir hechos de violencia en el espacio educacional. Respecto al funcionamiento de los detectores de metales, básicamente existen 2 tipos: los portátiles o de uso manual; y los de arco o “de paso”. Si bien el costo de los pórticos es mayor a la inversión que debe hacerse para la adquisición de los equipos manuales, en ambos casos existe un costo asociado que corresponde a los operadores del sistema. Algunos autores sostienen que la implementación de detectores de metales tiene un fuerte efecto disuasorio; otros, en cambio creen que con dicha medida se envía un mensaje equivocado en materia de seguridad. Quienes ven aspectos positivos relevan que constituye, por una parte, una medida eficaz de control y, por otra, una medida disuasiva: La mera presencia de las máquinas podría ser suficiente para prevenir la violencia, siendo una medida meramente intrusiva. Por su parte, los detractores de esta medida señalan que es intrusiva, que provoca estigmatización (no se disponen en todos los sectores de la población) y acarrean una falsa sensación de seguridad ya que las armas pueden introducirse por cualquier parte del establecimiento, que no cuente con detectores; por lo tanto su eficacia sería solo simbólica.
23/06/2025
Detectores de metales vía pórticos de ingreso en establecimientos educacionales: Experiencia comparada.
En Chile, la Ley General de Educación, DFL 2, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N º20.370 con las normas no derogadas del decreto con fuerza de Ley Nº 1, de 2005, establece los principios de protección integral de los estudiantes y la creación de ambientes escolares seguros. No obstante, no especifica la instalación de detectores de metales. El presente informe sistematiza experiencias comparadas respecto a la implementación de detectores de metales en escuelas, con foco en prevenir el ingreso de armas y proteger la integridad de las comunidades educativas.
23/06/2025
Detectores de metales vía pórticos de ingreso en establecimientos educacionales: Experiencia comparada.
En Chile, la Ley General de Educación, DFL 2, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N º20.370 con las normas no derogadas del decreto con fuerza de Ley Nº 1, de 2005, establece los principios de protección integral de los estudiantes y la creación de ambientes escolares seguros. No obstante, no especifica la instalación de detectores de metales. El presente informe sistematiza experiencias comparadas respecto a la implementación de detectores de metales en escuelas, con foco en prevenir el ingreso de armas y proteger la integridad de las comunidades educativas.
19/05/2025
Pena de muerte. Una discusión atingente.
La pena de muerte ha constituido a lo largo de los años un punto de controversia entre sus detractores y adherentes, quienes han esgrimido una serie de argumentos para avalar una u otra postura. Asimismo, su debate es posible abordarlo desde distintas dimensiones, ya seas filosóficas, morales, jurídicas y económicas, entre otras. Mientras sus opositores argumentan que ella constituye una negación de los derechos humanos y que sería, en definitiva, un asesinato a sangre fría por parte del aparato estatal, quienes adhieren a la pena capital le atribuyen un importante poder disuasivo frente a la comisión de delitos y crímenes de sangre. Si bien esta sanción no está prohibida de manera absoluta y universal en el Derecho Internacional, su aplicación se encuentra estrictamente restringida con prohibiciones y aplicaciones específicas tanto en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos como en el Derecho Internacional Humanitario.
07/05/2025
Crimen organizado Estado del arte.
En materia de crimen organizado, se constata que las redes criminales de carácter internacional constituyen una de las principales problemáticas que afectan a las sociedades contemporáneas. A nivel regional, América Latina enfrenta desafíos únicos, debido a factores socioeconómicos, políticos e históricos, que han contribuido al crecimiento y la consolidación de organizaciones criminales, posicionándola como la región más peligrosa del mundo, al concentrar la mayor tasa de homicidios a nivel mundial. El crimen organizado no constituye un delito en sí mismo, sino una forma de cometer ilícitos, siendo definido por Naciones Unidas como aquellos grupos delictivos organizados, existentes durante un período de tiempo, que tienen por fin la comisión de delitos mediante la acción concertada, utilizando la intimidación, la violencia y la corrupción, entre otros medios. En el caso nacional, la figura que engloba este concepto es la de asociación ilícita, entendida como la concertación entre dos o más sujetos que, de forma organizada y estable en el tiempo, perpetran actos ilícitos que pueden poner en jaque al orden social, las buenas costumbres, la propiedad o a las personas.
15/04/2025
Justicia penal juvenil y medidas de reinserción social: Derecho internacional, Chile, Noruega y España.
El marco internacional de derechos humanos aplicable a la justicia penal adolescente, en particular la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) de Naciones Unidas, exige a los Estados parte garantizar un trato digno a los adolescentes en conflicto con la ley y promover su reintegración social. La CDN subraya la necesidad de que los Estados parte cuenten con sistemas especiales de justicia penal juvenil, establezcan una edad mínima de responsabilidad penal, aseguren garantías procesales, y dispongan la privación de libertad como medida de último recurso y por el período más breve posible. En su Observación General N.º 24 (2019), el Comité de Derechos del Niño profundiza en estas obligaciones, promoviendo la imposición de sanciones proporcionales a la edad, madurez y circunstancias del adolescente, así como el uso de mecanismos de justicia restaurativa que involucren a víctimas, ofensores y comunidad. En Chile, la Ley N° 20.084 de Responsabilidad Penal Adolescente, establece un sistema penal especial para adolescentes entre 14 y 18 años, orientado a que las sanciones y medidas que hagan efectiva su responsabilidad penal facilite una intervención socioeducativa para su integración social. La Ley N° 21.527, con vigencia diferida, creó el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, encargado de ejecutar sanciones y programas, aplicando un modelo de intervención especializado e intersectorial. Introdujo la mediación penal juvenil, como un proceso restaurativo entre víctima e imputado, así como, el acompañamiento post egreso, para apoyar a los jóvenes que lo soliciten en su reinserción social De los casos analizados se concluye que: Noruega regula el sistema de responsabilidad penal juvenil en diversas leyes con un fuerte enfoque preventivo y restaurativo, compuesto por el Código Penal, la Ley del Consejo de Mediación y la Ley de Ejecución de Sentencias. En el caso de España, la materia se regula mediante la Ley Orgánica 5/2000, que establece un régimen jurídico especial para adolescentes infractores. -Respecto a los modelos de intervención analizados se propicia un enfoque intersectorial con mecanismos orientados a la reinserción social del adolescente, aunque con distintas formas de implementación: en Noruega, mediante una articulación comunitaria altamente desarrollada y en España, a través de la descentralización a nivel regional.
25/03/2025
Efectos de la implementación de la Ley de Usurpaciones: Información estadística.
La normativa del delito de usurpación de bienes inmuebles contempla tres formas de cometer dicho acto delictual: Ejercer el acto de usurpación de inmueble por medio de la violencia; ejercer el acto sin violencia, pero con daño en las cosas; y ejercer el acto de forma no violenta sin daños en las cosas. Se analiza el impacto que ha generado la Ley de Usurpación (Ley N°. 21.633) referida a las siguientes materias: Casos ingresados a tramitación a nivel nacional y regional. Imputados ingresados a nivel nacional y regional. Delitos terminados a nivel nacional y regional. Tipo de términos aplicados a nivel nacional y regional. Resultados: En lo que respecta a casos ingresados a tramitación, y dentro de las tipologías de usurpación, las de mayor incidencia son las correspondientes a los dos tipos de usurpación no violenta, sea con o sin daño en las cosas (40,7% y 36,3%, respectivamente). En tercer lugar, con 23%, queda la usurpación violenta. El mayor número de imputados lo es por la tipología de usurpación no violenta con daños (44,7%); lo siguen la no violenta sin daños (32,4%); y la violenta (23%). En lo que respecta a casos terminados, la gran mayoría de las causas de usurpación terminadas en 2024 refieren a la usurpación no violenta sin daños, llegando a 62,5%. Le siguen los casos de usurpaciones violentas (19,6%) y las no violentas con daño (18%). Finalmente, en lo relativo a la resolución (salida) que tuvo cada una de las causas que fueron terminadas en el período de estudio, la mayoría de los casos (29%) se resolvieron a través de la medida de “Archivo Provisional, seguidos de la “Decisión de no Perseverar”, con un 23%. Entre las salidas judiciales destacan la “Suspensión Condicional del Procedimiento” (6%) y la “Sentencia Definitiva Condenatoria”.
10/12/2024
Estadísticas de infractores de ley población infanto juvenil Región de Los Lagos: Periodo 2014 -2023.
Se da cuenta del número de causas ingresadas a tramitación del Ministerio público referidas a la población infanto juvenil; esto es, infractores cuya edad va entre los 14 y 17 años. Para contextualizar, se detallan las cifras correspondientes a las demás regiones y su comparación con el nivel nacional.
25/11/2024
Dotación de Carabineros de Chile: información disponible.
Se solicita información en materia del número de Carabineros existente en el país a nivel nacional, regional y comunal, indicando cuantos funcionarios cumplen labores policiales propiamente tales y cuantos administrativas, así como un eventual déficit de funcionarios. cabe destacar que, según pronunciamientos dados como respuestas a requerimientos al Consejo para la Transparencia, en Chile no se puede acceder directamente a los datos exactos de la dotación actualizada de funcionarios de la institución ni a su repartición por comuna, por ser información de carácter reservada.