Asesorías Parlamentarias
Detalle investigadoras e investigadores
Documentos publicados desde el 01 de enero de 2014
Investigadora / investigador: García Bernal, Nicolás Alonso
Comisión(es) que participa
28/09/2026
Ministerio de Minería: Evolución presupuestaria 2016-2026 y ejecución del presupuesto al mes de julio de 2026, por línea programática.
Se analiza la ejecución del presupuesto vigente del Ministerio de Minería a julio de 2026, último mes para el cual se dispone de información publicada por la Dirección de Presupuestos. La Partida 17 comprende presupuestariamente a la Secretaría y Administración General del Ministerio de Minería, la Comisión Chilena del Cobre, el programa de Fomento de la Pequeña y Mediana Minería y los programas ejecutados por el Servicio Nacional de Geología y Minería. El informe analiza además la evolución de los recursos ejecutados por esta cartera durante el periodo 2016-2026. Para los años 2016-2025 se considera la ejecución presupuestaria acumulada a diciembre de cada año, mientras que para 2026 se presenta la ejecución acumulada a julio.
28/09/2026
Plantas desaladoras en la Región de Antofagasta: Infraestructura en operación y principales proyectos por ejecutar a septiembre 2026.
La Región de Antofagasta concentra 13 plantas desaladoras industriales, con una capacidad nominal conjunta de 7.055 l/s según el catastro de 2025 de la asociación gremial de desaladoras (ACADES), equivalente al 66,6% de la capacidad nacional registrada en dicha fuente. Cerca del 93% de la capacidad regional se concentra en Escondida, la Planta Desaladora de Agua de Mar de Antofagasta y Caitán/Spence. A septiembre de 2026 se identifican dos proyectos que incorporan nueva capacidad propia de desalación —Aguas Marítimas y Continuidad Operacional Minera El Abra—, con una capacidad proyectada conjunta de 10.075 l/s. De materializarse conforme a sus capacidades de diseño, ambas iniciativas representarían una expansión significativa respecto de la infraestructura actualmente instalada. La información pública disponible presenta distintos niveles de desagregación. La capacidad nominal, el titular, la tecnología y la situación ambiental pueden caracterizarse de manera relativamente homogénea, mientras que variables como el CAPEX específico de la desaladora —esto es, la inversión de capital requerida para su construcción, instalación y puesta en operación— y el consumo energético efectivo (kWh/m³) presentan una disponibilidad y comparabilidad más limitadas.
28/09/2026
Ministerio de Energía: Evolución presupuestaria 2016-2026 y ejecución del presupuesto al mes de julio de 2026, por línea programática.
Informe sobre la ejecución acumulada del presupuesto vigente del Ministerio de Energía a julio de 2026, último mes con información disponible publicada por la Dirección de Presupuestos. La Partida 24, correspondiente al Ministerio de Energía, comprende presupuestariamente a la Subsecretaría de Energía y los programas Apoyo al Desarrollo de Energías Renovables No Convencionales, Plan de Acción de Eficiencia Energética y Transición Energética Justa, además de la Comisión Nacional de Energía, la Comisión Chilena de Energía Nuclear y la Superintendencia de Electricidad y Combustibles. El informe analiza la evolución de los recursos ejecutados por esta cartera durante el periodo 2016-2026. Para los años 2016-2025 se considera la ejecución presupuestaria acumulada a diciembre de cada año respecto del respectivo presupuesto vigente. Para el periodo 2016-2025, la ejecución acumulada a diciembre respecto del presupuesto vigente se mantuvo en niveles elevados, fluctuando entre 96,8% y 99,7%, con un promedio cercano al 98,3%. Para 2026, en tanto, se presenta la ejecución acumulada a julio. Durante los primeros siete meses de 2026, la ejecución presupuestaria acumulada del Ministerio de Energía alcanza $71.343.018 miles, equivalente al 44,8% del presupuesto vigente a julio, de $159.295.679 miles.
07/09/2026
Electromovilidad en Chile: Avances, brechas y desafíos y propuestas regulatorias.
A nivel internacional, la electromovilidad ha registrado una expansión sostenida, impulsada por el aumento de las ventas de vehículos eléctricos, la reducción de los costos de las baterías, las mejoras tecnológicas y una mayor competencia entre fabricantes. No obstante, su desarrollo plantea desafíos asociados a la disponibilidad de infraestructura de recarga, la concentración de la demanda eléctrica, la capacidad de las redes de distribución y las brechas de acceso a la carga domiciliaria. En Chile, durante los primeros cinco meses de 2026 se comercializaron 7.802 vehículos enchufables livianos y medianos, mientras que la electrificación del transporte público continuó avanzando tanto en Santiago como en regiones. Asimismo, el país ha incrementado su infraestructura de recarga y cuenta con instrumentos estratégicos, legales y técnicos destinados a promover la electromovilidad. Sin embargo, persisten dificultades relacionadas con la cobertura territorial, los plazos de conexión, la disponibilidad de instaladores capacitados y la coordinación entre usuarios, empresas distribuidoras y organismos públicos. En materia regulatoria, se ha planteado permitir que nuevos empalmes destinados exclusivamente a electromovilidad, declarados mediante el procedimiento TE6 y provistos de medición independiente, puedan acceder al régimen de precios libres sin cumplir el umbral general de potencia conectada. Bajo los supuestos presentados, esta medida podría reducir el costo de la energía destinada a recarga entre aproximadamente un 30% y un 50%, aunque sus efectos dependerían de las condiciones contractuales, los perfiles de consumo, los cargos de red y el diseño final de la regulación. Adicionalmente, en el debate sectorial se han planteado propuestas relacionadas con los mecanismos de cumplimiento de los estándares de eficiencia energética y con el grado de neutralidad tecnológica de la transición. Entre ellas se encuentran la posibilidad de introducir mayor flexibilidad en los sistemas de créditos y compensaciones y de reconocer distintas tecnologías capaces de contribuir a la reducción de emisiones del transporte.
28/08/2026
Impacto de los sistemas de garantías financieras y de obligaciones de post cierre en la inversión, el financiamiento y el costo de capital en la minería: análisis de experiencia comparada.
Los sistemas de garantías financieras de cierre buscan asegurar la disponibilidad de recursos para ejecutar las medidas de cierre y rehabilitación cuando el titular incumple, abandona la faena o se torna insolvente, evitando que estos costos sean transferidos al Estado. Las obligaciones de post cierre, por su parte, comprenden actividades de monitoreo, mantenimiento y gestión de riesgos que pueden prolongarse una vez finalizada la explotación. La evidencia revisada muestra que la incidencia económica de las garantías depende no solo del monto asegurado, sino también del instrumento utilizado, del plazo en que debe constituirse y de la capacidad financiera del titular. Estos efectos pueden ser proporcionalmente mayores para empresas de menor escala o con acceso más restringido al financiamiento. La experiencia internacional muestra que el diseño regulatorio puede modificar estas cargas. En Western Australia, la sustitución general de garantías individuales por un fondo colectivo permitió liberar capital previamente comprometido y redujo los costos estimados para determinados operadores, identificándose además menores barreras de entrada para empresas pequeñas y medianas. En Queensland, las propias autoridades han reconocido que el diseño de su sistema de provisión financiera puede incidir sobre la disponibilidad de financiamiento y el capital comprometido. Perú, por su parte, muestra la relevancia del perfil temporal de constitución de la garantía y contempla mecanismos diferenciados para la pequeña minería y minería artesanal. Respecto del post cierre, la literatura y los casos revisados muestran que estas obligaciones pueden aumentar el costo total del ciclo de vida de la faena, comprometer anticipadamente recursos y afectar la valoración financiera de proyectos cuando el monitoreo, mantenimiento o tratamiento de aguas debe mantenerse durante períodos prolongados.
24/08/2026
Sistemas de cierre y aseguramiento financiero según escala o riesgo de la actividad minera. Experiencia comparada en Chile, Perú, Queensland y Western Australia.
Se examina la existencia de regímenes diferenciados de cierre y aseguramiento financiero según la escala de la actividad minera o los riesgos asociados a la operación. Se consideran Chile, como referencia, Perú, Queensland y Western Australia, estas dos últimas jurisdicciones estatales australianas. Chile utiliza principalmente la capacidad productiva: las faenas de hasta 10.000 toneladas brutas mensuales acceden a un procedimiento simplificado y quedan fuera del régimen general de garantía financiera. Perú contempla reglas específicas para pequeños productores mineros y productores mineros artesanales, pero mantiene el principio de aseguramiento de las obligaciones de cierre, adaptando principalmente procedimientos y modalidades de garantía. Los casos australianos incorporan con mayor intensidad variables asociadas a la perturbación y al riesgo. Queensland diferencia determinadas actividades de pequeña escala según características físicas y ambientales y, separadamente, utiliza una clasificación de riesgo financiero para determinar la modalidad de provisión dentro del Financial Provisioning Scheme. Western Australia combina procedimientos simplificados para pequeñas operaciones, contribuciones al Mining Rehabilitation Fund determinadas por el tipo y superficie perturbada y garantías individuales adicionales cuando aumenta el riesgo de incumplimiento.
24/08/2026
Monitoreo y obligaciones de post cierre de faenas mineras: duración y criterios para su término. Experiencia comparada en Chile, Perú, Queensland y Western Australia
El informe analiza comparativamente la regulación del monitoreo y las obligaciones posteriores al cierre de faenas mineras en Chile, Perú, Queensland y Western Australia, considerando su duración y las condiciones técnicas y administrativas necesarias para determinar su término. El análisis evidencia que, en general, estas obligaciones no concluyen únicamente por el transcurso de un plazo determinado, sino mediante una combinación de períodos establecidos, cumplimiento de criterios técnicos y reconocimiento administrativo. En Chile, no existe un plazo uniforme, ya que la duración se define en cada Programa de Post Cierre y Sernageomin certifica posteriormente el cumplimiento de las medidas. Perú establece un período mínimo de cinco años, junto con la obligación de demostrar estabilidad física, geoquímica e hidrológica para obtener el Certificado de Cierre Final. En Queensland, el término de las obligaciones depende principalmente del cumplimiento de las condiciones de rehabilitación y de la aprobación del surrender de la autorización ambiental, considerando también los riesgos residuales. En Western Australia, el monitoreo debe demostrar el cumplimiento de los resultados y criterios de cierre definidos para cada operación. En síntesis, los sistemas se diferencian principalmente en la forma de combinar plazos, desempeño técnico y certificación administrativa.
24/08/2026
Determinación, revisión, reducción y liberación de garantías financieras asociadas al cierre de faenas mineras: Experiencia comparada en Chile, Perú, Queensland y Western Australia.
El presente informe examina comparadamente los mecanismos utilizados para determinar, revisar, reducir y liberar el aseguramiento financiero asociado al cierre y rehabilitación de faenas mineras. Se consideran los regímenes de Chile, como referencia, Perú, Queensland y Western Australia, estas dos últimas jurisdicciones estatales australianas. La comparación muestra que la existencia de una garantía o mecanismo financiero no determina por sí sola el grado de cobertura de las obligaciones de cierre: éste depende de cómo se valorizan las responsabilidades, cómo se transforma esa estimación en recursos efectivamente asegurados y cómo se ajusta el requerimiento durante la vida de la faena. Chile y Perú utilizan principalmente garantías individualizadas vinculadas a los costos previstos en sus respectivos planes de cierre, con mecanismos de actualización y liberación asociados al cumplimiento efectivo de las medidas comprometidas. Queensland distingue entre el Estimated Rehabilitation Cost (ERC) y la modalidad de provisión financiera, incorporando una clasificación de riesgo que determina la utilización de contribuciones al fondo, surety o combinaciones de ambas. Western Australia utiliza principalmente el Mining Rehabilitation Fund, cuyo gravamen se calcula sobre una estimación estandarizada de las perturbaciones generadas, complementable con garantías individuales en situaciones específicas. En los sistemas examinados, la rehabilitación progresiva y la reducción efectiva de las responsabilidades pendientes constituyen elementos centrales para disminuir las exigencias financieras, aunque mediante mecanismos jurídicos diferentes.
24/08/2026
Amparo Minero en perspectiva comparada: Experiencias en Perú, Bolivia, Ecuador Australia y Canadá.
El presente informe examina la experiencia internacional en materia de conservación o amparo de derechos mineros en Bolivia, Perú, Ecuador, Northern Territory (Australia) y Ontario (Canadá), considerando las obligaciones económicas y de actividad asociadas a la mantención del derecho, así como las consecuencias de su incumplimiento. En Bolivia, la conservación exige conjuntamente el pago de la patente y el inicio y continuidad de la actividad minera. En Perú, se combina el Derecho de Vigencia anual con una obligación de producción mínima; su incumplimiento da lugar a penalidades progresivas y, si se prolonga, puede culminar en la caducidad de la concesión. En Ecuador, la conservación combina una patente anual progresiva según la etapa de la concesión con obligaciones de actividad e inversión durante la exploración y de información durante la explotación. Además, contempla una patente diferenciada para la pequeña minería y exime de su pago a la minería artesanal. En el Northern Territory (Australia), la mantención de los títulos depende del cumplimiento de sus condiciones, del desarrollo efectivo de las actividades autorizadas y del pago de rentas y otros cargos; en exploración se agregan compromisos de gasto cuyo incumplimiento puede provocar la reducción o cancelación del área. En Ontario (Canadá), el mecanismo se basa principalmente en trabajos anuales de evaluación, sustituibles bajo determinadas condiciones por pagos a la provincia. En términos comparados, los casos revisados muestran que la conservación de los derechos mineros puede vincularse no sólo al pago periódico, sino también a exigencias de actividad efectiva, producción, inversión o trabajos acreditables, acompañadas de mecanismos que pueden conducir a penalidades, reducción de áreas o pérdida del derecho. Algunas jurisdicciones incorporan, además, condiciones diferenciadas para la minería de menor escala.
20/08/2026
Amparo Minero en perspectiva comparada: Experiencias en Perú, Bolivia, Ecuador, Australia y Canadá.
Se examina la experiencia internacional en materia de conservación o amparo de derechos mineros en Bolivia, Perú, Ecuador, Northern Territory (Australia) y Ontario (Canadá), considerando las obligaciones económicas y de actividad asociadas a la mantención del derecho, así como las consecuencias de su incumplimiento. En Bolivia, la conservación exige conjuntamente el pago de la patente y el inicio y continuidad de la actividad minera. En Perú, se combina el Derecho de Vigencia anual con una obligación de producción mínima. En Ecuador, la conservación combina una patente anual progresiva según la etapa de la concesión con obligaciones de actividad e inversión durante la exploración y de información durante la explotación. En el Northern Territory (Australia), la mantención de los títulos depende del cumplimiento de sus condiciones, del desarrollo efectivo de las actividades autorizadas y del pago de rentas y otros cargos; en exploración se agregan compromisos de gasto cuyo incumplimiento puede provocar la reducción o cancelación del área. En Ontario (Canadá), el mecanismo se basa principalmente en trabajos anuales de evaluación, sustituibles bajo determinadas condiciones por pagos a la provincia.