Asesorías Parlamentarias
Detalle investigadoras e investigadores
Documentos publicados desde el 01 de enero de 2014
Investigadora / investigador: García Bernal, Nicolás Alonso
Comisión(es) que participa
20/08/2026
Amparo Minero en perspectiva comparada: Experiencias en Perú, Bolivia, Ecuador, Australia y Canadá.
Se examina la experiencia internacional en materia de conservación o amparo de derechos mineros en Bolivia, Perú, Ecuador, Northern Territory (Australia) y Ontario (Canadá), considerando las obligaciones económicas y de actividad asociadas a la mantención del derecho, así como las consecuencias de su incumplimiento. En Bolivia, la conservación exige conjuntamente el pago de la patente y el inicio y continuidad de la actividad minera. En Perú, se combina el Derecho de Vigencia anual con una obligación de producción mínima. En Ecuador, la conservación combina una patente anual progresiva según la etapa de la concesión con obligaciones de actividad e inversión durante la exploración y de información durante la explotación. En el Northern Territory (Australia), la mantención de los títulos depende del cumplimiento de sus condiciones, del desarrollo efectivo de las actividades autorizadas y del pago de rentas y otros cargos; en exploración se agregan compromisos de gasto cuyo incumplimiento puede provocar la reducción o cancelación del área. En Ontario (Canadá), el mecanismo se basa principalmente en trabajos anuales de evaluación, sustituibles bajo determinadas condiciones por pagos a la provincia.
18/08/2026
Régimen de garantías financieras y obligaciones de post cierre de faenas mineras: Experiencia comparada en Perú, Australia y Canadá.
El presente informe examina el marco regulatorio e institucional de los mecanismos de aseguramiento financiero asociados al cierre de faenas mineras en Perú, Queensland y Western Australia —Australia— y Columbia Británica —Canadá—, utilizando como referencia el régimen chileno establecido por la Ley N.º 20.551. El análisis considera las normas principales, autoridades competentes, ámbito general de aplicación y arquitectura del aseguramiento financiero, distinguiendo entre garantías individuales, fondos colectivos y mecanismos mixtos. La revisión muestra que no existe un modelo único de aseguramiento financiero del cierre minero. Perú y Columbia Británica se sustentan principalmente en garantías individualizadas vinculadas a las obligaciones de cada faena. Western Australia utiliza predominantemente un fondo colectivo destinado a enfrentar riesgos asociados al abandono de sitios mineros, sin extinguir la responsabilidad del titular. Queensland, en tanto, combina garantías individuales y contribuciones a un fondo dentro de un esquema que incorpora el riesgo como criterio para determinar la modalidad de provisión financiera. Los mecanismos colectivos identificados no cumplen funciones equivalentes. Mientras el fondo de Western Australia mutualiza principalmente riesgos asociados al abandono, Queensland combina provisión individual y colectiva y contempla adicionalmente un mecanismo para riesgos residuales. Chile presenta una configuración distinta, al separar financieramente las obligaciones de cierre y post cierre mediante una garantía individual y un fondo específico para esta última etapa. En términos comparados, las principales diferencias entre los sistemas radican menos en los instrumentos financieros admitidos que en la forma en que distribuyen el riesgo y las responsabilidades entre el titular, los mecanismos colectivos y el Estado.
05/08/2026
Fundición Hernán Videla Lira: estado actual de operación y avance del proyecto de modernización.
La Fundición Hernán Videla Lira, también conocida como Fundición Paipote, constituye un activo histórico de la Empresa Nacional de Minería (ENAMI) y de la política de fomento a la pequeña y mediana minería en Chile. Fue inaugurada el 26 de enero de 1952 como la primera fundición estatal del país, y desde 1983 lleva el nombre de Hernán Videla Lira. La fundición permanece paralizada desde febrero de 2024. En 2025 no registró producción ni ventas de ácido sulfúrico. Al primer semestre de 2026, ENAMI mantuvo resultados positivos, con utilidades por US$13,8 millones, aunque 18,3% inferiores a las de igual período de 2025. El proyecto “Nueva Paipote” fue aprobado por la Comisión de Evaluación Ambiental el 29 de octubre de 2025 y obtuvo RCA el 11 de noviembre. Considera procesar 850.000 toneladas anuales de concentrado y producir cerca de 240.000 toneladas de cátodos. En abril de 2026, ENAMI consultó ajustes por US$65 millones y propuso iniciar la operación en marzo de 2031.
04/08/2026
Valorización energética en base a residuos urbanos sólidos.
La valorización energética comprende procesos biológicos y termoquímicos que permiten aprovechar el contenido energético de los residuos para producir electricidad, calor, biogás o combustibles. En 2023 se declararon en Chile 8,65 millones de toneladas de residuos municipales no peligrosos. Los rellenos sanitarios concentraron el 83,1% del volumen informado como disposición final. Por su parte, la recuperación de energía representó el 3,9% de la valorización declarada de residuos no peligrosos. Un estudio de factibilidad realizado en 2018 para la Región Metropolitana estimó que una planta Valorización Energética de 330.000 toneladas anuales requeriría una inversión cercana a US$195 millones y una tarifa de disposición superior a la de los rellenos sanitarios. Chile no cuenta con una regulación única e integral para plantas WtE municipales. Su desarrollo se encuentra sujeto a normas dispersas sobre residuos, emisiones atmosféricas, evaluación ambiental, rellenos sanitarios y permisos sectoriales.
22/07/2026
Electromovilidad en Chile: Avances, brechas y desafíos regulatorios.
El presente documento tiene por objeto describir los principales avances y desafíos de la electromovilidad, con especial atención a la situación chilena y a las materias regulatorias que podrían incidir en su expansión. A nivel internacional, la electromovilidad ha registrado una expansión sostenida, impulsada por el aumento de las ventas de vehículos eléctricos, la reducción de los costos de las baterías, las mejoras tecnológicas y una mayor competencia entre fabricantes. En Chile, durante los primeros cinco meses de 2026 se comercializaron 7.802 vehículos enchufables livianos y medianos, mientras que la electrificación del transporte público continuó avanzando tanto en Santiago como en regiones. Asimismo, el país ha incrementado su infraestructura de recarga y cuenta con instrumentos estratégicos, legales y técnicos destinados a promover la electromovilidad. Sin embargo, persisten dificultades relacionadas con la cobertura territorial, los plazos de conexión.
15/07/2026
Ruta energética 2026 – 2030: Medidas con alcance legislativo.
La Ruta Energética 2026-2030, elaborada por el Ministerio de Energía, define las prioridades sectoriales para el período, con énfasis en seguridad y resiliencia del suministro, competitividad, modernización regulatoria, desarrollo de infraestructura habilitante, nuevas industrias energéticas y fortalecimiento institucional. En un contexto global marcado por una transición energética cada vez más sistémica, el documento identifica acciones, productos y plazos orientados a acelerar la transformación del sector, resguardando al mismo tiempo la asequibilidad, la sostenibilidad y la seguridad energética. Según el Energy Transition Index 2026 (ETI) del World Economic Forum, a nivel global la transición energética ya cuenta con escala material — mayor inversión, expansión renovable y mejoras en eficiencia—, pero enfrenta desafíos crecientes en redes, financiamiento, resiliencia, permisos, minerales críticos, innovación y capacidades institucionales. En el caso de Chile, el ETI 2026 lo ubica entre los países de mejor desempeño relativo, aunque con brechas asociadas a innovación, capital humano, almacenamiento, transmisión, flexibilidad y resiliencia del sistema energético. Desde una perspectiva legislativa, la Ruta Energética 2026-2030 resulta relevante porque anticipa parte de la agenda normativa del sector para los próximos años. En particular, se identifican medidas explícitas o de alcance legislativo vinculadas a normalización tarifaria, resiliencia y calidad del suministro eléctrico, crédito tributario para autoconsumo renovable en MIPYMEs, electromovilidad, reforma al mercado mayorista de energía, tarificación de la transmisión, calefacción distrital y actualización del marco normativo de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles. Estas iniciativas combinan respuestas a problemas de corto plazo con reformas estructurales necesarias para sostener una matriz energética más renovable, descentralizada, flexible y resiliente.
15/07/2026
Electromovilidad: Leyes aprobadas y proyectos en tramitación legislativa en Chile.
El presente documento identifica leyes publicadas y proyectos de ley en tramitación o archivados que abordan materias vinculadas con la electromovilidad en Chile. Para estos efectos, se adopta un criterio amplio de revisión, considerando iniciativas referidas a vehículos eléctricos, estándares de eficiencia energética vehicular, infraestructura de carga, sistemas de almacenamiento, conversión de vehículos de combustión interna a eléctricos, seguridad de baterías de litio y transporte público cero emisiones. Del análisis se observa que las leyes aprobadas han avanzado en tres dimensiones. Primera, la incorporación de estándares de eficiencia energética para vehículos motorizados y reglas sobre interoperabilidad de la infraestructura de carga. Segunda, el reconocimiento de los vehículos eléctricos como parte del ecosistema de almacenamiento energético y la creación de incentivos económicos asociados a su uso. Tercera, la habilitación normativa para la conversión de vehículos de combustión interna a eléctricos, mediante talleres autorizados y exigencias de certificación, seguridad y fiscalización. Por su parte, los proyectos en tramitación abordan materias complementarias al despliegue de la electromovilidad, tales como la regulación del uso de estacionamientos destinados a carga eléctrica y la exigencia de equipamiento especializado para enfrentar incendios asociados a vehículos eléctricos o baterías de litio. Asimismo, se identifica un proyecto archivado que proponía exigir tecnologías cero emisiones en el transporte público de pasajeros en capitales regionales y ciudades de mayor tamaño.
13/07/2026
Análisis del Impacto Fiscal del Boletín N° 18.259-08 sobre amparo y patentes mineras Revisión de la metodología, supuestos y proyecciones del Informe Financiero N°102 de la Dirección de Presupuesto.
El presente documento analiza el efecto fiscal estimado por el Informe Financiero (IF) N°102 de la Dirección de Presupuestos, asociado al proyecto de ley que modifica el régimen de amparo y patentes mineras. El análisis busca explicar cómo se construye la estimación fiscal, cuáles son sus principales supuestos y qué elementos inciden en la diferencia de recaudación proyectada entre la ley vigente y la propuesta del proyecto. El IF estima que el proyecto generaría menores ingresos fiscales entre 2028 y 2033, y mayores ingresos a partir de 2034. La mayor caída se produciría en 2031, con menores ingresos por aproximadamente $38.895 millones (en $ 2026). En cambio, para 2035 se proyectan mayores ingresos por cerca de $22.832 millones (en $ 2026). La diferencia entre ambos escenarios se explica principalmente por el tratamiento de las hectáreas concesionadas y la patente que deben pagar. Bajo la ley vigente, las concesiones de explotación que no acreditan trabajos quedan sujetas a una patente progresiva, cuyo valor aumenta con la antigüedad. En este escenario, el modelo considera que una parte de las hectáreas avanza hacia tramos de mayor cobro, pero también que otra parte puede salir del sistema o reducir su permanencia debido al aumento del costo de la patente. En el escenario del proyecto, en cambio, se asume que la eliminación de la progresividad evitaría la salida de concesiones y permitiría mantener una base de hectáreas más estable en el tiempo. Además, el Informe Financiero considera que una parte de las hectáreas sin rebaja accedería a una patente rebajada por trabajos tempranos, pasando de pagar 0,4 UTM por hectárea a 0,1 UTM por hectárea. Esto reduce la recaudación en los primeros años, pero permite proyectar una base de concesiones más permanente hacia el final del período. El análisis muestra que el efecto fiscal no depende solo del número total de hectáreas concesionadas, sino también de su composición: cuántas pagan patente rebajada, cuántas pagan patente general y cuántas quedan sujetas a tramos progresivos. Para observar esta diferencia, el presente informe incorpora una estimación de UTM ponderada por tasa de patente, que permite aproximar la intensidad potencial de cobro asociada a cada escenario. Finalmente, se observa que la trayectoria de la UTM ponderada por tasa de patente no coincide plenamente con la recaudación proyectada por el Informe Financiero. Esto sugiere que la estimación de ingresos fiscales no se obtendría solo de multiplicar hectáreas por la tasa de patente correspondiente, sino que podría incorporar rezagos, reglas de transición u otros ajustes no explicitados en el IF. Por ello, resulta relevante contar con mayores antecedentes sobre la fórmula utilizada para transformar las hectáreas proyectadas por tramo en ingresos fiscales anuales.
13/07/2026
Concesiones mineras de explotación según monto de patente anual por hectárea: Caracterización nacional y regional.
El presente informe analiza las concesiones mineras de explotación registradas al mes de febrero de 2026, con el objeto de caracterizar su distribución nacional y regional, así como su composición según los montos de patente minera anual aplicables por hectárea. El análisis se enmarca en la discusión del proyecto de ley que modifica el Código de Minería y las leyes N° 21.420 y N° 21.649, en materia de amparo minero y otras materias que indica, correspondiente al Boletín N° 18.259-08. A partir de datos del Servicio Nacional de Geología y Minería, se identifican 74.347 concesiones mineras de explotación registradas, equivalentes a 13.647.442 hectáreas. La mayor parte corresponde a concesiones constituidas, que representan el 88,2% de los registros y el 90,5% de la superficie. En términos territoriales, se observa una alta concentración en el norte del país: Tarapacá, Antofagasta, Atacama y Coquimbo explican en conjunto el 85,6% de las concesiones registradas y el 86,8% de la superficie total. El informe también muestra que la superficie concesionada se concentra principalmente en dos montos de patente anual por hectárea: 0,4 UTM/ha y 0,1 UTM/ha. El primer grupo reúne el 53,7% de la superficie considerada y explica el 82,3% de la carga teórica estimada, mientras que el segundo concentra el 46,2% de la superficie y el 17,7% de dicha carga. Esta diferencia se explica porque el monto de 0,4 UTM/ha cuadruplica el valor de la patente rebajada de 0,1 UTM/ha. Los resultados permiten advertir que los efectos del régimen de patentes no dependen únicamente de la superficie concesionada, sino también de su composición según monto aplicable y de su distribución territorial. Con todo, las estimaciones presentadas corresponden a ejercicios de carga teórica y no representan recaudación efectiva, pues no consideran pagos realizados, morosidad, remates, exenciones, rebajas efectivamente acreditadas ni otras variables administrativas asociadas al cumplimiento del régimen de patentes.
15/06/2026
Minerales críticos: políticas e instrumentos de fomento en la experiencia internacional.
La revisión comparada muestra que la Unión Europea, Estados Unidos, Australia y Canadá han desarrollado marcos normativos, regulatorios e institucionales para impulsar la industria asociada a los minerales críticos. Si bien existen diferencias entre los enfoques adoptados, se observa una tendencia común: estos minerales han dejado de ser abordados solo como recursos mineros, pasando a constituir un componente de política industrial, seguridad económica, transición energética, innovación tecnológica y cooperación internacional. En la Unión Europea, el Critical Raw Materials Act establece metas al año 2030 para extracción, procesamiento, reciclaje y diversificación de proveedores, junto con medidas para identificar proyectos estratégicos, agilizar permisos, facilitar acceso a financiamiento, promover exploración geológica, monitorear riesgos y fortalecer circularidad, trazabilidad y sostenibilidad. Su enfoque es principalmente normativo y coordinador, orientado a reducir dependencias externas y movilizar el mercado único. En Estados Unidos, los instrumentos se desprenden de marcos como el Energy Act de 2020, la Infrastructure Investment and Jobs Act, la Inflation Reduction Act, la Defense Production Act y FAST-41. A partir de ellos se habilitan medidas de priorización de minerales críticos, financiamiento federal, incentivos tributarios, apoyo a procesamiento, baterías, manufactura y reciclaje, uso de facultades de seguridad nacional y coordinación de permisos. Su enfoque combina política industrial, transición energética, manufactura avanzada y seguridad nacional. En Australia, la política se articula en torno a la Critical Minerals Strategy 2023– 2030 y a instrumentos como el National Reconstruction Fund, Export Finance Australia, la Northern Australia Infrastructure Facility y el Critical Minerals Production Tax Incentive. Estos mecanismos buscan transformar su ventaja geológica en mayor captura de valor local, mediante procesamiento, refinación, infraestructura, financiamiento, inversión y alianzas internacionales. En Canadá, la Canadian Critical Minerals Strategy, junto con la Income Tax Act, la Investment Canada Act y diversos programas federales, habilitan incentivos tributarios, fondos de infraestructura, financiamiento estratégico, I+D, acuerdos de compra futura, revisión de inversión extranjera, participación indígena, trazabilidad y cooperación internacional. Su enfoque destaca por una visión de cadena de valor completa, que combina desarrollo productivo, seguridad económica y colaboración con socios estratégicos. En conjunto, los casos revisados muestran que el impulso a los minerales críticos se basa en paquetes de instrumentos que combinan regulación, financiamiento, incentivos tributarios, infraestructura, información geológica, coordinación institucional, I+D y seguridad de suministro. La tendencia común es avanzar desde políticas centradas en la extracción hacia estrategias orientadas al procesamiento local, la captura de valor, la resiliencia de cadenas de suministro y el desarrollo de capacidades industriales estratégicas