Asesorías Parlamentarias

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Documentos publicados desde el 01 de enero de 2014

Investigadora / investigador: Guerra Araya, Pedro Sebastián

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04/11/2026

Financiamiento de las políticas culturales en Chile: Asignaciones públicas y donaciones privadas.

El presente documento examina los mecanismos de financiamiento de las políticas culturales en Chile, distinguiendo entre los recursos públicos destinados al fomento de la producción de bienes y servicios culturales, y los aportes privados incentivados mediante beneficios tributarios. Se describen los principales instrumentos normativos que regulan ambos mecanismos y sus modalidades de asignación. En materia de financiamiento público, se analiza el sistema de fondos concursables, administrado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, sus objetivos y regulación, así como las asignaciones directas contempladas en la Ley de Presupuestos. Respecto del financiamiento privado, se examina el régimen de donaciones culturales establecido por la Ley N°18.985, sus beneficios tributarios y la evolución de las donaciones. Entre los principales hallazgos, se constata que el financiamiento público se estructura principalmente mediante fondos concursables, cuyo presupuesto para 2026 alcanza $95.767.152.000, equivalente al 18,2% del presupuesto ministerial. Asimismo, aunque las donaciones culturales cuentan con incentivos tributarios, su participación en el conjunto de donaciones sujetas a beneficios tributarios es comparativamente reducida y ha disminuido durante el período analizado.

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19/10/2026

El secreto bancario en América Latina: Regulación nacional y legislación extranjera.

El presente informe examina la regulación del secreto bancario en Chile y los demás países de América Latina. En el ámbito internacional, los instrumentos examinados reconocen que el secreto bancario no constituye una protección absoluta frente a las autoridades competentes. En Chile, la legislación distingue entre secreto y reserva bancaria, contemplando mecanismos de acceso sujetos a diferentes requisitos y procedimientos. Si bien determinados organismos administrativos cuentan con facultades para requerir información protegida, su ejercicio exige autorización judicial previa. El examen comparado permite identificar un hallazgo central: las legislaciones latinoamericanas reconocen la confidencialidad bancaria, pero difieren en las autoridades habilitadas para acceder a la información y en la exigencia de intervención judicial.

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19/10/2026

Proyectos de ley que podrían vincularse al Proyecto de ley del Boletín N°18.432-07.

El presente documento señala cuáles son las otras iniciativas legales que pudiesen abordar materias vinculadas con el contenido del proyecto de ley, boletín N°18.432-07, que “Modifica el Código Penal para delimitar la aplicación del tipo penal de apremios ilegítimos u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, a conductas cometidas por empleados públicos respecto de personas bajo su custodia”.

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08/10/2026

Dotación y funcionamiento de la Corte de Apelaciones de Talca: Marco normativo y comparación de indicadores con Cortes de igual número de ministros y salas.

El documento examina la organización y funcionamiento de la Corte de Apelaciones de Talca, considerando su estructura legal y comparándola, con las Cortes de Arica, Antofagasta, La Serena, Rancagua, Temuco y Valdivia, todas integradas por siete ministros y divididas ordinariamente en dos salas. Los antecedentes muestran que la Corte de Apelaciones de Talca presenta indicadores que las sitúan con una importante presión relativa dentro del grupo comparado. En 2025 registró 5.708 causas en tramitación (pendientes), el mayor número entre estas Cortes, con un aumento de 34,9% respecto de 2024, y la menor relación entre fallos e ingresos, de 79,2%. Asimismo, durante 2020–2025 presentó la mayor duración promedio en tiempo de tramitación del grupo. A ello se agrega que su jurisdicción comprende 35 tribunales de primera instancia, la cifra más alta entre las Cortes comparadas. Los datos parciales de 2026 mantienen esta posición relativa: Talca registra el mayor número de causas en tramitación y la mayor duración promedio. Estos antecedentes describen una situación comparada de mayor acumulación y duración, sin permitir por sí solos determinar sus causas ni establecer una necesidad específica de aumento de dotación.

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06/10/2026

Proyectos de ley que podrían vincularse al Boletín N° 18521-07

El informe identifica 24 proyectos de ley que presentan distintos grados de vinculación con las materias abordadas por el Boletín N° 18.521-07, refundido con los boletines N° 18.562-07 y 18.566-07. Estas iniciativas buscan modificar la Constitución Política para establecer una causal de cesación e incompatibilidad asociada a la detección de sustancias estupefacientes o sicotrópicas ilícitas. Para determinar las iniciativas relacionadas, se aplicó un criterio amplio de vinculación material, revisando los títulos de los proyectos y, cuando fue necesario, sus mensajes, mociones y antecedentes de tramitación legislativa. La búsqueda incorporó proyectos referidos a exámenes y controles de drogas, causales de inhabilidad, incompatibilidad o cesación, requisitos para acceder o postular a determinados cargos públicos y otras disposiciones vinculadas al consumo de sustancias ilícitas por autoridades o funcionarios. De este modo, el informe ofrece un panorama de los antecedentes legislativos que podrían complementar o relacionarse con la regulación actualmente propuesta.

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24/09/2026

Exclusión sucesoria del cónyuge sobreviviente. Estudio comparado de Chile, España y Argentina

El análisis comparado de la exclusión sucesoria del cónyuge sobreviviente en Chile, España y Argentina evidencia diferencias relevantes respecto de los efectos de la separación de hecho. En Chile, el cese de la convivencia no implica por sí mismo la pérdida de los derechos hereditarios. Para que opere la exclusión, debe existir una separación decretada judicialmente y una declaración de que el cónyuge sobreviviente dio lugar a ella por su culpa. En España y Argentina, en cambio, la separación de hecho existente al momento del fallecimiento constituye una causal de exclusión sucesoria, sin necesidad de acreditar culpabilidad. En Argentina, además, la doctrina exige que dicha separación tenga carácter definitivo. Ninguno de los tres ordenamientos establece un período mínimo de separación o abandono previo al fallecimiento. La comparación permite distinguir entre la ruptura efectiva de la convivencia y determinadas conductas sancionadas por el derecho sucesorio. En Chile, el abandono del cónyuge no constituye específicamente una causal de indignidad o desheredamiento, aunque ciertas situaciones de falta de auxilio podrían tener relevancia jurídica. En conclusión, los sistemas analizados otorgan efectos sucesorios diferentes al término de la convivencia y a la existencia de culpa conyugal.

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27/08/2026

Obligatoriedad de atención por FONASA Antecedentes constitucionales y legales para una eventual obligación de los prestadores médicos.

El informe examina la factibilidad jurídica de establecer una obligación para que los profesionales y prestadores de salud atiendan a beneficiarios de FONASA mediante la modalidad de libre elección, tomando como antecedente directo el proyecto de ley, Boletín Nº17.450- 11, actualmente archivado. Dicho proyecto proponía imponer la suscripción de convenios con FONASA y la inscripción en el registro respectivo como requisito para ejercer profesionalmente realizando atenciones de salud o funcionar como establecimiento de salud La revisión normativa muestra que el régimen vigente no impone a médicos ni a otros profesionales de la salud la obligación de prestar servicios a través de FONASA o ISAPRE. En particular, la modalidad de libre elección se estructura sobre la decisión voluntaria del prestador de suscribir un convenio con FONASA, quedando sujeto, desde entonces, al arancel y fiscalización correspondientes. Como antecedente constitucional y posiblemente análogo al problema, se analiza la jurisprudencia sobre abogados de turno. El Tribunal Constitucional, en sentencia Rol 1254 - 2009, consideró que imponer gratuitamente una prestación profesional vulneraba la igualdad ante la ley, la igualdad ante las cargas públicas y la libertad de trabajo. Esto sugiere que una eventual obligación aplicable a prestadores médicos debería justificarse mediante criterios de necesidad, proporcionalidad y adecuada distribución de las cargas que imponga.

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18/08/2026

Fomento de la participación laboral femenina: Los casos de Finlandia, Noruega y Suecia.

El documento examina los casos de Finlandia, Noruega y Suecia, seleccionados a partir de datos del Banco Mundial sobre participación femenina en la fuerza laboral. Se escogieron países pertenecientes Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) que, durante las últimas dos décadas han mantenido una participación laboral femenina elevada y relativamente estable, junto con un marco de políticas y legislación orientado a favorecer una política de incorporación y permanencia de las mujeres en el mercado de trabajo. Metodológicamente, el análisis compara de manera sintética cuatro ámbitos de intervención: licencias parentales, servicios de cuidado, obligaciones empresariales de igualdad y organización flexible del tiempo de trabajo. El principal hallazgo es que los tres países combinan los instrumentos, aunque mediante diseños diferentes. En términos generales, convergen en licencias parentales extensas, provisión significativa de cuidados infantiles, deberes empresariales activos de igualdad y mecanismos de flexibilidad laboral compatibles con responsabilidades familiares. Las diferencias aparecen en la duración y distribución de permisos, las modalidades de provisión de cuidados, los umbrales y exigencias empresariales y alcance de los derechos asociados al tiempo de trabajo. En conjunto, los casos sugieren que una participación femenina elevada se asocia más con una estructura articulada de políticas que con una medida aislada: cuidado, corresponsabilidad, igualdad laboral y flexibilidad operan complementariamente.

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18/08/2026

Instrumentalización de niños, niñas y adolescentes como delito autónomo. Análisis de legislación comparada iberoamericana

El documento examina el tratamiento penal de la utilización de niños, niñas y adolescentes (NNA) para cometer delitos, en el marco del Boletín Nº 18282-07. El proyecto busca reforzar el artículo 72 del Código Penal, ampliando las conductas que agravan la responsabilidad de los adultos, entre ellas inducir, facilitar, utilizar, constreñir, promover o instrumentalizar a menores. Además, contempla un aumento de las penas cuando participan NNA especialmente vulnerables o cuando estos sufren lesiones graves o fallecen. La propuesta mantiene una agravante general, en lugar de establecer un delito autónomo. El análisis comparado revisa las legislaciones de Colombia, El Salvador y Perú, que emplean diferentes mecanismos para sancionar estas conductas. Colombia contempla un delito autónomo por el uso de menores en actividades delictivas, incluso con su consentimiento. El Salvador combina delitos autónomos y agravantes, especialmente en materias como mendicidad y extorsión. Perú, por su parte, sanciona la inducción de menores al pandillaje y establece agravantes en delitos como secuestro, extorsión y tráfico de drogas. En conclusión, no existe un modelo legislativo único: la protección puede articularse mediante agravantes generales, delitos autónomos o una combinación de ambos mecanismos, según las características de cada ordenamiento y las formas de instrumentalización que busca sancionar.

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13/08/2026

Exigencia de experiencia profesional en la legislación chilena: Análisis de normas del sector público y privado.

El documento examina la forma en que la legislación chilena regula la experiencia profesional como condición para acceder a determinados empleos, distinguiendo entre el empleo público y las relaciones laborales regidas por el Código del Trabajo. En el sector público, el análisis muestra que no existe un tratamiento uniforme: El Estatuto Administrativo no la configura necesariamente como un requisito autónomo y excluyente de admisibilidad. En estatutos especiales y leyes orgánicas, en cambio, la experiencia puede constituir una exigencia específica para acceder a determinados cargos. Así ocurre en el Estatuto Docente, en la regulación del Ministerio de Seguridad Pública y en la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público. Respecto del sector privado, el Código del Trabajo no establece una exigencia general de experiencia previa para acceder al empleo. Sin embargo, su exigencia podría resultar legítima cuando responda objetivamente a las calificaciones requeridas para el puesto.

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