Asesorías Parlamentarias
Detalle investigadoras e investigadores
Documentos publicados desde el 01 de enero de 2014
Investigadora / investigador: Guerra Araya, Pedro Sebastián
Comisión(es) que participa
Exclusión sucesoria del cónyuge sobreviviente. Estudio comparado de Chile, España y Argentina
El análisis comparado de la exclusión sucesoria del cónyuge sobreviviente en Chile, España y Argentina evidencia diferencias relevantes respecto de los efectos de la separación de hecho. En Chile, el cese de la convivencia no implica por sí mismo la pérdida de los derechos hereditarios. Para que opere la exclusión, debe existir una separación decretada judicialmente y una declaración de que el cónyuge sobreviviente dio lugar a ella por su culpa. En España y Argentina, en cambio, la separación de hecho existente al momento del fallecimiento constituye una causal de exclusión sucesoria, sin necesidad de acreditar culpabilidad. En Argentina, además, la doctrina exige que dicha separación tenga carácter definitivo. Ninguno de los tres ordenamientos establece un período mínimo de separación o abandono previo al fallecimiento. La comparación permite distinguir entre la ruptura efectiva de la convivencia y determinadas conductas sancionadas por el derecho sucesorio. En Chile, el abandono del cónyuge no constituye específicamente una causal de indignidad o desheredamiento, aunque ciertas situaciones de falta de auxilio podrían tener relevancia jurídica. En conclusión, los sistemas analizados otorgan efectos sucesorios diferentes al término de la convivencia y a la existencia de culpa conyugal.
Obligatoriedad de atención por FONASA Antecedentes constitucionales y legales para una eventual obligación de los prestadores médicos.
El informe examina la factibilidad jurídica de establecer una obligación para que los profesionales y prestadores de salud atiendan a beneficiarios de FONASA mediante la modalidad de libre elección, tomando como antecedente directo el proyecto de ley, Boletín Nº17.450- 11, actualmente archivado. Dicho proyecto proponía imponer la suscripción de convenios con FONASA y la inscripción en el registro respectivo como requisito para ejercer profesionalmente realizando atenciones de salud o funcionar como establecimiento de salud La revisión normativa muestra que el régimen vigente no impone a médicos ni a otros profesionales de la salud la obligación de prestar servicios a través de FONASA o ISAPRE. En particular, la modalidad de libre elección se estructura sobre la decisión voluntaria del prestador de suscribir un convenio con FONASA, quedando sujeto, desde entonces, al arancel y fiscalización correspondientes. Como antecedente constitucional y posiblemente análogo al problema, se analiza la jurisprudencia sobre abogados de turno. El Tribunal Constitucional, en sentencia Rol 1254 - 2009, consideró que imponer gratuitamente una prestación profesional vulneraba la igualdad ante la ley, la igualdad ante las cargas públicas y la libertad de trabajo. Esto sugiere que una eventual obligación aplicable a prestadores médicos debería justificarse mediante criterios de necesidad, proporcionalidad y adecuada distribución de las cargas que imponga.
Fomento de la participación laboral femenina: Los casos de Finlandia, Noruega y Suecia.
El documento examina los casos de Finlandia, Noruega y Suecia, seleccionados a partir de datos del Banco Mundial sobre participación femenina en la fuerza laboral. Se escogieron países pertenecientes Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) que, durante las últimas dos décadas han mantenido una participación laboral femenina elevada y relativamente estable, junto con un marco de políticas y legislación orientado a favorecer una política de incorporación y permanencia de las mujeres en el mercado de trabajo. Metodológicamente, el análisis compara de manera sintética cuatro ámbitos de intervención: licencias parentales, servicios de cuidado, obligaciones empresariales de igualdad y organización flexible del tiempo de trabajo. El principal hallazgo es que los tres países combinan los instrumentos, aunque mediante diseños diferentes. En términos generales, convergen en licencias parentales extensas, provisión significativa de cuidados infantiles, deberes empresariales activos de igualdad y mecanismos de flexibilidad laboral compatibles con responsabilidades familiares. Las diferencias aparecen en la duración y distribución de permisos, las modalidades de provisión de cuidados, los umbrales y exigencias empresariales y alcance de los derechos asociados al tiempo de trabajo. En conjunto, los casos sugieren que una participación femenina elevada se asocia más con una estructura articulada de políticas que con una medida aislada: cuidado, corresponsabilidad, igualdad laboral y flexibilidad operan complementariamente.
Instrumentalización de niños, niñas y adolescentes como delito autónomo. Análisis de legislación comparada iberoamericana
El documento examina el tratamiento penal de la utilización de niños, niñas y adolescentes (NNA) para cometer delitos, en el marco del Boletín Nº 18282-07. El proyecto busca reforzar el artículo 72 del Código Penal, ampliando las conductas que agravan la responsabilidad de los adultos, entre ellas inducir, facilitar, utilizar, constreñir, promover o instrumentalizar a menores. Además, contempla un aumento de las penas cuando participan NNA especialmente vulnerables o cuando estos sufren lesiones graves o fallecen. La propuesta mantiene una agravante general, en lugar de establecer un delito autónomo. El análisis comparado revisa las legislaciones de Colombia, El Salvador y Perú, que emplean diferentes mecanismos para sancionar estas conductas. Colombia contempla un delito autónomo por el uso de menores en actividades delictivas, incluso con su consentimiento. El Salvador combina delitos autónomos y agravantes, especialmente en materias como mendicidad y extorsión. Perú, por su parte, sanciona la inducción de menores al pandillaje y establece agravantes en delitos como secuestro, extorsión y tráfico de drogas. En conclusión, no existe un modelo legislativo único: la protección puede articularse mediante agravantes generales, delitos autónomos o una combinación de ambos mecanismos, según las características de cada ordenamiento y las formas de instrumentalización que busca sancionar.
Exigencia de experiencia profesional en la legislación chilena: Análisis de normas del sector público y privado.
El documento examina la forma en que la legislación chilena regula la experiencia profesional como condición para acceder a determinados empleos, distinguiendo entre el empleo público y las relaciones laborales regidas por el Código del Trabajo. En el sector público, el análisis muestra que no existe un tratamiento uniforme: El Estatuto Administrativo no la configura necesariamente como un requisito autónomo y excluyente de admisibilidad. En estatutos especiales y leyes orgánicas, en cambio, la experiencia puede constituir una exigencia específica para acceder a determinados cargos. Así ocurre en el Estatuto Docente, en la regulación del Ministerio de Seguridad Pública y en la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público. Respecto del sector privado, el Código del Trabajo no establece una exigencia general de experiencia previa para acceder al empleo. Sin embargo, su exigencia podría resultar legítima cuando responda objetivamente a las calificaciones requeridas para el puesto.
Inhabilidad para postular a subsidios habitacionales asociada a condenas penales: Descripción de la situación Nacional.
El documento examina el régimen jurídico de los subsidios habitacionales en Chile, con especial atención a la posibilidad de establecer una inhabilidad o pérdida del beneficio como consecuencia de condenas penales. Los subsidios habitacionales constituyen ayudas estatales no reembolsables, reguladas por normas legales y reglamentarias, cuyo propósito es contribuir a reducir el déficit habitacional y promover la integración social y urbana. El análisis revisa los principales programas vigentes, sus objetivos y las modalidades de postulación, tanto individual como colectiva. Asimismo, se observa que las restricciones actualmente existentes se orientan principalmente a garantizar el adecuado acceso y utilización de los beneficios habitacionales, el informe identifica diversos aspectos jurídicos relevantes que deberían ser considerados, entre ellos la igualdad ante la ley, la diferenciación entre inhabilidad y pérdida del beneficio, la proporcionalidad y duración de la medida, su carácter personal, sus efectos sobre el grupo familiar y la definición precisa de los subsidios habitacionales que quedarían comprendidos.
Inhabilidad para postular a subsidios habitacionales asociada a condenas penales: Descripción de la situación Nacional.
El documento examina el régimen jurídico de los subsidios habitacionales en Chile, con especial atención a la posibilidad de establecer una inhabilidad o pérdida del beneficio como consecuencia de condenas penales. Los subsidios habitacionales constituyen ayudas estatales no reembolsables, reguladas por normas legales y reglamentarias, cuyo propósito es contribuir a reducir el déficit habitacional y promover la integración social y urbana. El análisis revisa los principales programas vigentes, sus objetivos y las modalidades de postulación, tanto individual como colectiva. Asimismo, se observa que las restricciones actualmente existentes se orientan principalmente a garantizar el adecuado acceso y utilización de los beneficios habitacionales, el informe identifica diversos aspectos jurídicos relevantes que deberían ser considerados, entre ellos la igualdad ante la ley, la diferenciación entre inhabilidad y pérdida del beneficio, la proporcionalidad y duración de la medida, su carácter personal, sus efectos sobre el grupo familiar y la definición precisa de los subsidios habitacionales que quedarían comprendidos.
Proyecto de Ley que modifica la ley No.19.799 sobre documentos electrónicos, firma electrónica y servicios de certificación de dicha firma y otros textos legales que indica Boletín N°8466-07: Ideas centrales y evolución del trámite.
Este documento presenta una revisión legislativa detallada sobre las reformas propuestas a la Ley No.19.799, centrada en la regulación de documentos y firmas electrónicas en Chile. La presentación destaca la transición hacia una equivalencia funcional, donde los soportes digitales posean la misma validez legal y eficacia probatoria que los formatos en papel. Entre las innovaciones técnicas, se definen conceptos clave como la marca y el sellado de tiempo, herramientas esenciales para garantizar la integridad cronológica de los archivos. El texto también aborda la tendencia hacia la desnotarización, proponiendo eliminar la intervención de notarios en trámites donde solo se requiera validar identidades. Asimismo, se analiza el impacto de estos cambios en instrumentos específicos como letras de cambio y pagarés, otorgándoles mérito ejecutivo bajo nuevas condiciones digitales. Finalmente, se resume el itinerario legislativo de los boletines pertinentes, subrayando el esfuerzo por modernizar la gestión jurídica y administrativa del Estado.
Directiva europea sobre denunciantes anónimos: Elementos para una comparación con el derecho chileno.
El documento analiza el tratamiento que la Directiva (UE) 2019/1937 otorga a la protección de las personas denunciantes, con especial atención a los mecanismos aplicables a denuncias anónimas, confidencialidad, canales de denuncia y medidas frente a represalias. Desde ese marco, contrasta el estándar europeo con la legislación chilena vigente, especialmente con la Ley No. 21.592. La Directiva europea establece un estatuto amplio, aplicable a trabajadores del sector público y privado, ex trabajadores, postulantes, facilitadores, terceros relacionados y entidades jurídicas vinculadas al denunciante. Por su parte, la Ley No. 21.592 constituye el estatuto nacional más próximo al modelo europeo, su ámbito se concentra en la Administración del Estado, protege principalmente al denunciante funcionario y no regula figuras como facilitadores, terceros afectados o revelación pública.
Proyectos de ley que podrían vincularse al Proyecto de ley del Boletín N° 17.817-07.
El documento señala cuáles son las otras iniciativas legales que pudiesen abordar materias vinculadas con el contenido del proyecto de ley, boletín No. 17.817-07, que “Moderniza el régimen normativo de las corporaciones y fundaciones, y fortalece su fiscalización”. Desde 1990 hasta la fecha, se identifican ocho proyectos de ley que podrían vincularse con el boletín consultado. En particular, los boletines No. 18.271-07 y No. 16.540-07 se encuentran en primer trámite constitucional en la Cámara de Diputadas y Diputados, mientras que los boletines No. 16.103-07, No. 16.049-06, No. 15.874-07, No. 14.039-06 y No. 12.679-07 figuran en el mismo trámite constitucional en el Senado. Finalmente, el Boletín No. 15.643-06, se encuentra en segundo trámite constitucional en la Cámara Alta.