Asesorías Parlamentarias
Detalle investigadoras e investigadores
Documentos publicados desde el 01 de enero de 2014
Investigadora / investigador: Guerra Araya, Pedro Sebastián
Comisión(es) que participa
01/12/2025
Proyectos que podrían vincularse al Proyecto de Ley del Boletín N° 16.773-07.
El presente documento, elaborado para la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara de Diputadas y Diputados, señala cuales son las otras iniciativas legales que pudiesen abordar la misma materia contenida en el proyecto de ley, boletín N° 16.773-07, que “Modifica el Código Penal para establecer una excepción al aplicar la atenuante de irreprochable conducta anterior cuando no se cuente con antecedentes penales del país de origen de personas extranjeras imputadas en Chile”.
24/11/2025
Patrimonios de afectación fiscal: Regulación nacional y proyecto de ley.
Se examina el régimen jurídico aplicable a los Patrimonios de Afectación Fiscal (PAF), una figura que integra bienes fiscales destinados a fines específicos y sometidos a un marco normativo especial. Particularmente, el informe sitúa a los PAF dentro del sistema general de bienes públicos y bienes fiscales regulados por el Código Civil y el Decreto Ley No. 1939 de 1977, donde se destaca su carácter de patrimonios separados, con reglas de administración y disposición propias. Posteriormente, profundiza el PAF regulado por la Ley No. 18.712, aplicable a los Servicios de Bienestar Social de las Fuerzas Armadas, analizando su composición, administración, límites en la enajenación y el alcance de las obligaciones asociadas a este patrimonio.
12/11/2025
Marco normativo de la fiscalización de buques en Chile: Facultades de entidades fiscalizadoras de buques y naves y su normativa aplicable.
El presente documento ofrece un análisis integral del sistema de fiscalización de buques en Chile, identificando a los principales órganos públicos competentes y sus respectivas facultades legales, específicamente aquellas que dicen relación con la labor fiscalizadora. A partir de un enfoque normativo y funcional, se evidencia que la fiscalización marítima constituye una labor intersectorial, en la que participan entidades como la Armada de Chile (a través de DIRECTEMAR), el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura , el Servicio Nacional de Aduanas, la Dirección del Trabajo y las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud y la Policía de Investigaciones, entre otros. Se identifica una creciente tendencia por la coordinación interinstitucional, materializada en convenios de colaboración, programas operativos conjuntos y otros sistemas de control, que permiten enfrentar de forma más eficiente desafíos como la fiscalización del cabotaje, la pesca ilegal, las condiciones de seguridad laboral y el control sanitario en puertos.
07/11/2025
Alcance del derecho de información sobre efectos de los fármacos: Casos de Alemania, Francia y España.
El documento analiza el derecho de información del paciente en Chile y lo compara con las legislaciones de Alemania, España y Francia. En Chile, la Ley N.º 20.584 garantiza el acceso a información sobre diagnóstico, tratamientos y riesgos, pero sin detallar el nivel de especificidad requerido ni establecer un deber claro respecto de los efectos farmacológicos. Salvo en el caso de la persona que una vez finalizada una hospitalización tiene derecho a entrega de una información clara y comprensible sobre el diagnóstico de ingreso y de alta, resultados más relevantes de los exámenes y procedimientos realizados, y las indicaciones médicas a seguir. Asimismo, debe incluirse una lista de los medicamentos y dosis administrados durante el tratamiento, junto con aquellos prescritos en la receta médica. Por su parte, en Alemania, la Ley de Derechos del Paciente (2013) y el Código Civil definen de forma precisa las obligaciones informativas, exigiendo claridad sobre naturaleza, riesgos, alternativas y pronóstico del tratamiento. España, mediante la Ley 41/2002 y la Ley General de Sanidad, estructura un derecho asistencial más formalizado, que incluye la autorización escrita en procedimientos de investigación. Finalmente, Francia, a través de la Ley Kouchner y el Código de la Salud Pública, desarrolla el sistema más garantista: el médico debe informar de manera completa sobre riesgos, efectos secundarios, alternativas y consecuencias del rechazo, además de probar que cumplió este deber. En conjunto, las normas europeas presentan mayor densidad y precisión jurídica que la chilena, que otorgan al paciente el derecho decidir de manera libre e informada.
29/10/2025
La era digital a rango constitucional: Estudio de las Propuestas constitucionales de Chile y Constituciones Extranjeras.
El informe analiza la incorporación de la transformación digital en normas constitucionales, tanto en Chile como en otras constituciones del mundo. Revisada estos contenidos en las Propuestas constitucionales de 2022 y 2023 de Chile y constituciones extranjeras se concluye lo siguiente: En Chile, la Propuesta de 2022 incluyó derechos como acceso universal a la conectividad digital, la protección de datos personales, la seguridad informática, la educación digital y la participación ciudadana mediante medios digitales. También se establecieron principios como neutralidad en la red y modernización del Estado. Por su parte, en la Propuesta de 2023 redujo la presencia del tema, limitándose a derechos sobre datos personales, peticiones digitales a la administración y desconexión digital en el trabajo. A nivel constitucional comparado, se identifican referencias del concepto “digital” en la Constitución de Ecuador y Egipto (ambas, con el propósito de erradicación del analfabetismo digital); Constitución de México (inclusión digital universal); Constitución de Nepal (regulación de medios de comunicación); y República Dominicana (inviolabilidad de la correspondencia, entre ellas, digital) evidenciando que la tendencia global aún es incipiente.
23/10/2025
Los bienes familiares y las parejas de hecho: Legislación chilena y extranjera.
La institución de los bienes familiares en Chile, regulada desde 1994 por la Ley N°19.335, que modificó el Código Civil, busca proteger la vivienda principal de la familia, limitando su enajenación sin autorización del cónyuge no propietario. Originalmente concebida para las uniones matrimoniales, la protección se extendió en 2015 a las uniones civiles mediante la Ley N°20.830. Por tanto, respecto de las uniones de hecho, estas carecen de protección patrimonial a través de esta figura. La legislación extranjera revisada de México, Bolivia y Perú son ejemplo de una regulación más inclusiva en el sentido que permiten constituir patrimonios familiares por concubinos, madres o padres solteros, garantizando vivienda y bienes esenciales para el sustento familiar. Argentina, por su parte, reconoce la afectación de inmuebles para beneficio del cónyuge, conviviente de hecho y ascendientes, protegiendo la vivienda frente a ejecuciones posteriores a su inscripción.
29/09/2025
Libertad personal, retención y detención: Regulación nacional y legislación comparada
El informe examina las facultades de detención y retención de policías y personal autorizado, en el contexto de delitos cometidos en el metro, a propósito del Proyecto de Ley contenido en el Boletín N°17.675-25, que busca fortalecer la seguridad en el Metro de Santiago. con el propósito de dilucidar las facultades de detención y/o retención que detentan policías u otras personas especialmente facultadas para ello, en base a la perpetración de delitos o faltas cometidas en el metro. Para lo anterior, el informe se estructura de la siguiente forma. Una primera parte, expone el tópico del derecho fundamental de la libertad y sus restricciones, tomando en consideración los conceptos de detención y retención, a fin de realizar un análisis de acuerdo con la doctrina constitucional, conforme a las aproximaciones constitucionales de cada una de estas restricciones. La segunda parte, se centra en la actual legislación de Chile, estudiando el marco regulatorio del Código Procesal Penal, la Ley de Seguridad Privada – próximamente vigente – y Ley de Metro. La tercera parte, realiza un estudio de derecho comparado respecto de España, Francia y Perú, realizando primero un breve contexto de la situación del metro de cada uno de estos países, para luego revisar la normativa relacionada con las restricciones a la libertad personal y los funcionarios habilitados, y competencias para desempeñar sus funciones.
15/09/2025
Renuncia, responsabilidad administrativa e inhabilidades en la función pública. Caso chileno y derecho comparado.
- Mortera De Iruarrizaga, María Soledad
- Guerra Araya, Pedro Sebastián
- Santana Silva, Daniela Francisca
El presente informe analiza la responsabilidad administrativa de funcionarios públicos, y su consecuente inhabilidad en la función pública, en caso de renuncia del funcionario, en la legislación chilena y en el derecho comparado. Para ello el presente informe posee dos apartados; El primero aborda el caso chileno en torno a la regulación de la responsabilidad administrativa, así como las medidas disciplinarias y sus efectos. En particular, se presenta jurisprudencia administrativa relativa a la renuncia mientras existe un procedimiento disciplinario en curso. En la segunda aparte, se analiza la legislación extranjera en torno a dos temas: la existencia de un procedimiento administrativo y la sanción de inhabilidad para ejercer la función pública como resultado de un procedimiento administrativo. Para ello se analizaron los marcos jurídicos de Argentina, Colombia, España, Francia y Perú.
12/09/2025
Declaratoria de patrimonio inmaterial en el derecho chileno.
El marco normativo chileno sobre patrimonio cultural se ha configurado históricamente en torno a la protección de bienes materiales, principalmente a través de la Ley Nº 17.288 de Monumentos Nacionales, cuyo énfasis ha sido resguardar lugares, construcciones y objetos con valor histórico o artístico. La creación del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio mediante la Ley Nº 21.045 significó un cambio relevante al incorporar competencias específicas en esta materia. El Ministerio, junto con el Consejo Nacional de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, puede declarar el reconocimiento oficial de expresiones culturales, comunidades y personas como Tesoros Humanos Vivos, y además impulsar la postulación de manifestaciones chilenas a la Lista Representativa del Patrimonio Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO. Este marco institucional ha permitido articular políticas descentralizadas y reconocer el carácter plural del patrimonio en el país. En cuanto a las declaratorias recientes, destacan resoluciones que inscriben en el Registro de Patrimonio Cultural Inmaterial prácticas como el Baile Religioso Chino en Isla de Maipo, la tradición campesina del ahumado de ají en Palmilla, la cestería con mimbre en Cohiueco y la vitivinicultura tradicional del Valle de Codpa. Estos reconocimientos evidencian la consolidación de un sistema en desarrollo, que busca equilibrar la protección de bienes materiales e inmateriales, en coherencia con los compromisos internacionales asumidos por Chile.
29/08/2025
El régimen legal de los estudiantes en práctica profesional en Chile: Análisis normativo del sector público y privado.
En Chile, las prácticas profesionales se regulan principalmente desde el ámbito laboral, ya sea en el sector privado o público, sin un marco normativo general en el ámbito educativo que las reconozca como parte del proceso formativo. El artículo 8o. del Código del Trabajo, establece que las prácticas no constituyen contrato de trabajo, aunque impone al empleador la obligación de otorgar colación y movilización. La jurisprudencia y la doctrina administrativa han reconocido la aplicabilidad de normas esenciales de protección, seguridad, salud laboral y prevención del acoso sexual, destacando que los practicantes no pueden quedar excluidos de estas garantías básicas. En el sector público, el Decreto Ley No. 2.080 autoriza la contratación ad honorem para prácticas, sin reconocer un vínculo funcionarial. Complementariamente, la Contraloría General de la República y el Servicio Civil, han establecido estándares de transparencia, igualdad de oportunidades y protección frente actos de acoso laboral.