Asesorías Parlamentarias
Detalle investigadoras e investigadores
Documentos publicados desde el 01 de enero de 2014
Investigadora / investigador: Jorquera Vásquez, Carolina Liliana
Relación bilateral de Chile con Hungría
Hungría es un país de Europa Central, ubicado en la Cuenca de los Cárpatos, con una superficie de 93.028 km² y una población de 9,7 millones de habitantes. Su capital es Budapest, el idioma oficial es el húngaro y su moneda es el florín. El territorio se caracteriza por extensas llanuras, numerosos lagos y ríos, destacando el Danubio, el Tisza y el lago Balaton. Hungría es una república con democracia parlamentaria. En las elecciones nacionales de abril de 2026, el partido conservador proeuropeo Respeto y Libertad (TISZA), liderado por Péter Magyar, obtuvo una amplia victoria sobre FIDESZ, poniendo fin a 16 años de gobierno de Viktor Orbán. TISZA alcanzó el 53,18% de los votos y 141 de los 199 escaños parlamentarios. Una reforma constitucional posterior puso término anticipado al mandato del presidente Tamás Sulyok, quedando actualmente vacante la jefatura del Estado. En materia económica, se proyecta que el PIB crecerá 1,8% en 2026 y 2,1% en 2027, favorecido por el consumo, las exportaciones y la recuperación de la inversión. Sin embargo, persisten desafíos relacionados con el elevado déficit fiscal, el aumento de la deuda pública, la competitividad y la debilidad de las inversiones.
Antecedentes para el análisis de la propuesta de actualización del Marco Normativo para la Generación de Mecanismos de Empoderamiento de la Mujer en condiciones de Equidad.
Estos marcos jurídicos presentan propuestas de política pública y procedimientos de gestión en temáticas relevantes para toda la población de la región andina y son desarrollados a través de un proceso metodológico que incluye el análisis de derecho comparado y de políticas públicas, la participación de expertos en las sesiones plenarias y de las comisiones temáticas, además de revisión anti plagio, para garantizar la propiedad intelectual y los derechos de autor. A la fecha existe una serie de 74 propuestas en las más diversas materias de interés regional. La primera en el área de igualdad de género y derechos de las mujeres es la No. 6 del año 2016, llamada Marco Normativo Andino para la Erradicación de Todas las Formas de Violencia contra la Mujer. En agosto del año 2020, el Parlamento Andino aprobó el Marco Normativo para la Generación de Mecanismos de Empoderamiento de las Mujeres en condiciones de Equidad, en donde establece un conjunto de normas, principios y buenas prácticas que deberán ser consideradas para su aplicación preferente por parte de los Estados miembros. El texto se enmarca en las prioridades que establece la Agenda 2030, respecto al establecimiento de nuevos cuerpos legales que logren garantizar el empoderamiento de la mujer y contribuir al cumplimiento del ODS 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas.
Democracia, Tecnología y Nuevas Narrativas para la Paridad en Tiempos de Transformación Global
El documento revisa la evolución histórica de la democracia paritaria, destacando hitos internacionales y regionales como la Plataforma de Acción de Beijing (1995), los consensos de Quito, Brasilia y Santo Domingo, y el reciente Compromiso de Tlatelolco (2025). Estos instrumentos han impulsado medidas para garantizar la participación equilibrada de mujeres y hombres en los espacios de toma de decisiones. Asimismo, se aborda el concepto de democracia paritaria como un modelo que trasciende las cuotas electorales y busca transformar las estructuras políticas y sociales para asegurar la igualdad sustantiva. Aunque América Latina presenta avances significativos en representación femenina, persisten barreras que dificultan la participación plena de las mujeres. Finalmente, la minuta examina los desafíos de la transformación digital desde una perspectiva de género. Destaca la persistencia de la brecha digital, el aumento de la violencia política de género en entornos digitales y los riesgos asociados al uso de la inteligencia artificial. Concluye que es necesario fortalecer la regulación democrática de las tecnologías, promover la inclusión de mujeres en espacios de decisión tecnológica y proteger su participación política frente a nuevas formas de violencia digital.
Femicidio: Clasificación, sanciones y retos para su aplicación.
La minuta analiza la evolución normativa, la clasificación del femicidio y los principales desafíos para su prevención y sanción en América Latina. Destaca que, pese a los avances legales, los femicidios continúan siendo una grave problemática regional. Actualmente, veinte países latinoamericanos han tipificado el femicidio, ya sea como delito autónomo o como agravante del homicidio, estableciendo distintas circunstancias, agravantes y sanciones. Se identifica tres desafíos prioritarios: mejorar la calidad y comparabilidad de los sistemas de información; fortalecer la coordinación, especialización y capacidad de respuesta de las instituciones encargadas de investigar y sancionar estos delitos; y abordar los factores socioculturales, incluyendo la violencia digital, mediante políticas preventivas, educación y cambios culturales sostenidos.
Cooperación entre UE y América Latina y el Caribe para fortalecer los derechos humanos, la paz y la democracia.
La Unión Europea (UE) y América Latina y el Caribe (ALC) mantienen una alianza estratégica de larga data, basada en valores compartidos e intereses comunes. El desarrollo de la relación entre ambas regiones ha experimentado distintas etapas a través de su historia. Hasta la década de 1970, el énfasis de la relación era principalmente comercial. Sin embargo, a partir de 1980, Europa comenzó a adquirir mayor interés en los aspectos sociales y políticos de ALC. Las transformaciones internacionales de la década de 1990 facilitaron la profundización de un cambio cualitativo en la relación entre las dos regiones. Los procesos de transición hacia sociedades democráticas también contribuyeron al interés de la UE para entregarle mayor institucionalización a su participación política en la región, una que estuviera más acorde con el potencial comercial, financiero y estratégico de América Latina. Desde el año 1995 en adelante la vinculación entre ambos se materializa en los llamados acuerdo de cuarta generación, que se caracterizan por considerar aspectos en materias de asociación económica, coordinación y cooperación política, acuerdos de reciprocidad e interés mutuo, institucionalización del diálogo político, liberalización del comercio de bienes y servicios de manera bilateral y preferencial así como progresiva y recíproca, en un marco de respeto por principios democráticos y de derechos humanos. Un ejemplo que grafica esta trayectoria es la firma del acuerdo UE – MERCOSUR a comienzos de 2026, tras 25 años de negociaciones. Este hito, no solo establece un espacio inédito en materia económica, ya que juntos, ambos bloques conforman la mayor zona de libre comercio del mundo, con un mercado de más de 700 millones de personas, que facilitará el acceso a mercados, reducirá aranceles, fomentará la inversión y abrirá nuevas oportunidades para las empresas, en particular para las pequeñas y medianas. Al mismo tiempo, incorpora resguardos para proteger a los sectores más sensibles, especialmente en el ámbito agrícola, y refuerza estándares en materia de desarrollo sostenible, protección del medio ambiente y derechos laborales.
Perspectiva de género en proyecto de resolución sobre el papel de los Parlamentos en la gestión posconflicto y la restauración de una paz justa y duradera.
El documento entrega antecedentes para participar en la deliberación sobre el proyecto de resolución “El papel de los parlamentos en el establecimiento de mecanismos sólidos de gestión posconflicto y el restablecimiento de una paz justa y duradera”, incorporando la perspectiva de género en el ámbito de la paz y la seguridad.
Intensificación de los conflictos y retroceso de los derechos de las mujeres y las niñas.
Los derechos de las mujeres y niñas enfrentan un retroceso global significativo, en un escenario mundial marcado por conflictos, presiones económicas y rechazo organizado a la igualdad de género, según señalan informes recientes de ONU Mujeres y la Organización de las Naciones Unidas (ONU). El texto, presentado en la Comisión Jurídica y Social de la Mujer, en marzo de 2026, ofrece una visión panorámica de los factores clave que influyen en el acceso de las mujeres y las niñas a la justicia. Además, expone los avances logrados y los problemas pendientes en la materia, se examinan los mecanismos necesarios para impulsar la aplicación plena y efectiva de la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing, así como la implementación que responda a las cuestiones de género de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
Traducir los compromisos mundiales en realidades locales: El Pacto para el futuro y el rol de los parlamentos.
El Pacto por el Futuro es un acuerdo adoptado por los Estados Miembros de las Naciones Unidas en la Cumbre del Futuro, que se llevó a cabo en el mes de septiembre del año 2024. El evento cumbre surge de la reflexión y el llamado del Secretario General de Naciones Unidas, António Guterres, que se materializa en el informe Nuestra Agenda Común (2021), en el que incluye recomendaciones en seis aspectos: Volver a apostar por la solidaridad mundial en pos del bien común, reconocer la necesidad de un nuevo contrato social cuyo eje sean los derechos humanos, asumir la responsabilidad de configurar el futuro para las generaciones venideras, enfrentar la urgencia de un nuevo pacto global para proteger los bienes públicos comunes y enfrentar colectivamente los riesgos, adaptar a Naciones Unidas para una nueva era, y avanzar hacia un futuro más verde, más seguro y mejor para todos.
El fortalecimiento de la supervisión parlamentaria del gasto de defensa.
Apoyar la labor parlamentaria de la delegación chilena que participará en la reunión de la Comisión Permanente de Paz y Seguridad Internacional en el marco de la 151o. Asamblea de la Unión Interparlamentaria UIP, que se llevará a cabo en Ginebra, Suiza, entre los días 19 y 23 de octubre de 2025. El gasto público en defensa es un componente estratégico del ejercicio presupuestario de todos los países del mundo. En un escenario global complejo, con capacidades internacionales disminuidas respecto a la prevención y resolución pacífica de conflictos y un modelo de multilateralismo debilitado, aumenta la incertidumbre en temas de seguridad a nivel mundial. De acuerdo al Informe de Riesgos Globales 2025, los conflictos armados estatales se identifican como el riesgo global inmediato más apremiante. El Anuario de Desarme 2024, de Naciones Unidas, destaca que la arquitectura de seguridad internacional, construida durante décadas, experimenta en la actualidad una presión extraordinaria. La proliferación de conflictos activos, la erosión de los marcos establecidos en materia de control de armamentos y un gasto militar sin precedentes reflejan un evidente retroceso en el compromiso colectivo con la paz y la seguridad.