Asesorías Parlamentarias
Detalle investigadoras e investigadores
Documentos publicados desde el 01 de enero de 2014
Investigadora / investigador: Jorquera Vásquez, Carolina Liliana
14/09/2026
Prevención del Acoso Laboral y/o Político hacia las Mujeres, Protección y Atención a las Víctimas.
La violencia contra las mujeres es un problema social mundialmente extendido, de características complejas y gravísimas consecuencias que impactan de forma negativa en el bienestar general de las mujeres e impiden que participen plenamente en la sociedad, pero además, afectan a sus familias y a las comunidades en las que viven. En el campo laboral la violencia contra las mujeres también en un problema global. Está presente en todos los empleos, ocupaciones y sectores de la economía en todos los países del mundo. Según una encuesta de la OIT del 20215, casi el 23% de las personas empleadas en todo el mundo ha experimentado violencia y acoso en el trabajo, ya sea física, psicológica o sexual. En particular, América Latina y el Caribe muestran la mayor prevalencia regional, con un promedio del 34,3%, y mayor propensión de las mujeres a sufrir violencia y acoso laboral respecto de los hombres (39% frente a 31%). En materia laboral, en América Latina, 9 países han ratificado el Convenio 190 de la OIT. El primero en hacerlo fue Uruguay en 2020 y posteriormente Argentina, Ecuador, México, Perú, Panamá, El Salvador, Chile y Costa Rica. En el informe, se detallan sus marcos normativos referidos a esta temática.
01/09/2026
Preservar los derechos de los jóvenes en tiempos de conflicto.
El año 2025 la Alta Comisionada Adjunta hizo hincapié en el impacto devastador que ejercían los conflictos y la represión en los jóvenes, refiriéndose a los hechos ocurridos en el Territorio Palestino Ocupado, en Sudán y Ucrania, como ejemplos de conflictos en desarrollo, en los que se truncan vidas jóvenes y se destruyen oportunidades. Indicó también que en 2024, los ataques contra centros educativos habían aumentado en un 44 %, dejando a millones de jóvenes fuera de las aulas. En 2015, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó la Resolución de Seguridad 2250 de la Agenda Juventud, Paz y Seguridad. La resolución señala la importancia de entender cómo los y las jóvenes son impactados por la violencia, la injusticia y la exclusión en contextos de conflictos y fuera de éstos, así como también, el cómo estos interrumpen la transición a la edad adulta. En América Latina y el Caribe, la violencia sigue siendo una grave amenaza para la vida, la salud y el bienestar de millones de niños, niñas, adolescentes y jóvenes. En el reporte Violencia contra niñas, niños y adolescentes en América Latina y el Caribe, elaborado conjuntamente por UNICEF y la OPS, se informa que la consecuencia más grave de la violencia es la muerte de miles de niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Entre 2015 y 2022, 53.318 niños, niñas y adolescentes fueron víctimas de homicidio en la región.
01/09/2026
Garantizar derechos políticos y poner fin a la violencia contra mujeres y jóvenes.
El nivel de representación juvenil en los parlamentos sigue siendo bajo. Según los datos de la UIP para 2025, a pesar de que la mitad de la población mundial es menor de 30 años, solo el 2,8% de los parlamentarios a nivel mundial tiene 30 años o menos, sin que se haya registrado ningún avance desde 2023. Actualmente, en Sudamérica, el 4.48% de los escaños parlamentarios es ocupado por personas de 30 años o menos y el 24.09% por personas de 40 años o menos. Dentro de los hallazgos más significativos del último reporte sobre la participación de los jóvenes en los parlamentos nacionales, en el 70 % de las cámaras parlamentarias, una persona puede ser demasiado joven para ocupar un cargo público, aunque tenga edad suficiente para votar. La última conferencia global se llevó a cabo en Lima, Perú, en septiembre de 2025 y el tema central fue Uniendo generaciones por la igualdad de género. Dentro de los temas tratados, se destacó la necesidad de que los parlamentos sean instituciones sensibles a las cuestiones de género y edad, garantizando condiciones laborales accesibles, políticas de tolerancia cero contra el sexismo, el acoso y la violencia, y la cooperación y las alianzas intergeneracionales para un cambio sostenido.
01/09/2026
Desigualdad y movilidad social en la región.
A pesar de los avances de las últimas décadas, América Latina y el Caribe continúa presentando elevados niveles de desigualdad, que limitan el desarrollo, dificultan la reducción de la pobreza y afectan la inclusión, el ejercicio de derechos y la gobernabilidad. La desigualdad es un fenómeno estructural y multidimensional que se manifiesta en diferencias de ingresos y riqueza, acceso a oportunidades y capacidades, participación social y reconocimiento de derechos. La CEPAL identifica seis factores principales que la explican: el escaso crecimiento económico, la informalidad y segmentación de los mercados laborales; los sistemas tributarios regresivos; la debilidad de las políticas sociales y de protección social; las deficiencias y desigualdades de los sistemas educativos frente a las nuevas demandas laborales y tecnológicas; las brechas de género y segregación territorial, especialmente en las zonas urbanas. Enfrentar estas brechas requiere políticas integrales que fortalezcan la educación como mecanismo de movilidad social, promuevan el desarrollo productivo y la inclusión laboral, consoliden los sistemas de protección y cuidado, impulsen la igualdad de género y aseguren un gasto social eficiente y sostenible.
01/09/2026
Preservar los derechos de los jóvenes en tiempos de conflicto
Los derechos económicos, sociales y culturales forman parte del sistema internacional de derechos humanos e incluyen derechos como el trabajo, la seguridad social, la educación y condiciones de vida adecuadas. La Declaración Universal de Derechos Humanos reconoce el derecho al trabajo, su libre elección, condiciones laborales equitativas y protección frente al desempleo. En el ámbito interamericano, el Protocolo de San Salvador amplía estas garantías, incorporando remuneración digna, igualdad salarial, estabilidad laboral, seguridad e higiene, jornadas razonables y descanso. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) integra estas dimensiones mediante el concepto de trabajo decente, entendido como el acceso a empleos productivos, ingresos adecuados, derechos laborales, protección y diálogo sociales. Para las personas jóvenes, estas condiciones son especialmente relevantes durante la transición entre educación y empleo. En las comparaciones internacionales, la OIT y Naciones Unidas consideran generalmente como jóvenes a las personas de 15 a 24 años, aunque algunos análisis amplían el rango hasta los 29 años, particularmente en materias de educación, ocupación e inteligencia artificial. En América Latina y el Caribe, los principales desafíos vinculados al ODS 8 incluyen la informalidad laboral, las desigualdades, la baja productividad y la generación de oportunidades de empleo digno para jóvenes.
28/08/2026
Garantizar derechos políticos y poner fin a la violencia contra mujeres y jóvenes.
El Foro de Jóvenes Parlamentarios de la Unión Interparlamentaria (UIP) surgió a partir del compromiso adoptado en 2010 para fortalecer la participación juvenil en los procesos democráticos y promover parlamentos más representativos de todas las generaciones. Entre sus principales actividades se encuentran el seguimiento de la presencia de jóvenes en los parlamentos, la formación de parlamentarios jóvenes y la realización anual de una Conferencia Global. Desde abril de 2025, el Foro es presidido por la parlamentaria jordana Nour Abu Ghosh. Pese a estas iniciativas, la representación juvenil continúa siendo baja. En 2025, solo el 2,8 % de los parlamentarios del mundo tenía 30 años o menos, mientras que en Sudamérica este grupo representaba el 4,48 % de los escaños. Además, persisten barreras de edad para acceder a cargos parlamentarios y una marcada subrepresentación de mujeres jóvenes, cuya participación incluso ha disminuido respecto de 2023. La Conferencia Global de Jóvenes Parlamentarios realizada en Lima en septiembre de 2025 abordó especialmente la igualdad de género y la cooperación intergeneracional. Entre sus principales planteamientos estuvieron la necesidad de generar parlamentos sensibles a las diferencias de género y edad, mejorar las condiciones laborales, combatir el sexismo, el acoso y la violencia, y promover alianzas entre generaciones y una mayor participación de los hombres en la defensa de la igualdad de género.
01/08/2026
Relación bilateral de Chile con Hungría
Hungría es un país de Europa Central, ubicado en la Cuenca de los Cárpatos, con una superficie de 93.028 km² y una población de 9,7 millones de habitantes. Su capital es Budapest, el idioma oficial es el húngaro y su moneda es el florín. El territorio se caracteriza por extensas llanuras, numerosos lagos y ríos, destacando el Danubio, el Tisza y el lago Balaton. Hungría es una república con democracia parlamentaria. En las elecciones nacionales de abril de 2026, el partido conservador proeuropeo Respeto y Libertad (TISZA), liderado por Péter Magyar, obtuvo una amplia victoria sobre FIDESZ, poniendo fin a 16 años de gobierno de Viktor Orbán. TISZA alcanzó el 53,18% de los votos y 141 de los 199 escaños parlamentarios. Una reforma constitucional posterior puso término anticipado al mandato del presidente Tamás Sulyok, quedando actualmente vacante la jefatura del Estado. En materia económica, se proyecta que el PIB crecerá 1,8% en 2026 y 2,1% en 2027, favorecido por el consumo, las exportaciones y la recuperación de la inversión. Sin embargo, persisten desafíos relacionados con el elevado déficit fiscal, el aumento de la deuda pública, la competitividad y la debilidad de las inversiones.
03/07/2026
Antecedentes para el análisis de la propuesta de actualización del Marco Normativo para la Generación de Mecanismos de Empoderamiento de la Mujer en condiciones de Equidad.
Estos marcos jurídicos presentan propuestas de política pública y procedimientos de gestión en temáticas relevantes para toda la población de la región andina y son desarrollados a través de un proceso metodológico que incluye el análisis de derecho comparado y de políticas públicas, la participación de expertos en las sesiones plenarias y de las comisiones temáticas, además de revisión anti plagio, para garantizar la propiedad intelectual y los derechos de autor. A la fecha existe una serie de 74 propuestas en las más diversas materias de interés regional. La primera en el área de igualdad de género y derechos de las mujeres es la No. 6 del año 2016, llamada Marco Normativo Andino para la Erradicación de Todas las Formas de Violencia contra la Mujer. En agosto del año 2020, el Parlamento Andino aprobó el Marco Normativo para la Generación de Mecanismos de Empoderamiento de las Mujeres en condiciones de Equidad, en donde establece un conjunto de normas, principios y buenas prácticas que deberán ser consideradas para su aplicación preferente por parte de los Estados miembros. El texto se enmarca en las prioridades que establece la Agenda 2030, respecto al establecimiento de nuevos cuerpos legales que logren garantizar el empoderamiento de la mujer y contribuir al cumplimiento del ODS 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas.
01/06/2026
Democracia, Tecnología y Nuevas Narrativas para la Paridad en Tiempos de Transformación Global
El documento revisa la evolución histórica de la democracia paritaria, destacando hitos internacionales y regionales como la Plataforma de Acción de Beijing (1995), los consensos de Quito, Brasilia y Santo Domingo, y el reciente Compromiso de Tlatelolco (2025). Estos instrumentos han impulsado medidas para garantizar la participación equilibrada de mujeres y hombres en los espacios de toma de decisiones. Asimismo, se aborda el concepto de democracia paritaria como un modelo que trasciende las cuotas electorales y busca transformar las estructuras políticas y sociales para asegurar la igualdad sustantiva. Aunque América Latina presenta avances significativos en representación femenina, persisten barreras que dificultan la participación plena de las mujeres. Finalmente, la minuta examina los desafíos de la transformación digital desde una perspectiva de género. Destaca la persistencia de la brecha digital, el aumento de la violencia política de género en entornos digitales y los riesgos asociados al uso de la inteligencia artificial. Concluye que es necesario fortalecer la regulación democrática de las tecnologías, promover la inclusión de mujeres en espacios de decisión tecnológica y proteger su participación política frente a nuevas formas de violencia digital.
01/06/2026
Femicidio: Clasificación, sanciones y retos para su aplicación.
La minuta analiza la evolución normativa, la clasificación del femicidio y los principales desafíos para su prevención y sanción en América Latina. Destaca que, pese a los avances legales, los femicidios continúan siendo una grave problemática regional. Actualmente, veinte países latinoamericanos han tipificado el femicidio, ya sea como delito autónomo o como agravante del homicidio, estableciendo distintas circunstancias, agravantes y sanciones. Se identifica tres desafíos prioritarios: mejorar la calidad y comparabilidad de los sistemas de información; fortalecer la coordinación, especialización y capacidad de respuesta de las instituciones encargadas de investigar y sancionar estos delitos; y abordar los factores socioculturales, incluyendo la violencia digital, mediante políticas preventivas, educación y cambios culturales sostenidos.