Asesorías Parlamentarias
Detalle investigadoras e investigadores
Documentos publicados desde el 01 de enero de 2014
Investigadora / investigador: Martínez Aránguiz, Nicolás Humberto
05/06/2025
Pobreza monetaria, multidimensional y desigualdad de ingresos en La Araucanía.
La Región de La Araucanía ha sido históricamente la más pobre de Chile, tanto en términos de pobreza monetaria como multidimensional, según los datos de la Encuesta CASEN desde 1990. Aunque en los últimos años ha habido una leve mejora, la región sigue mostrando tasas significativamente superiores al promedio nacional. En 2022, la pobreza monetaria fue de 11,6% (vs. 6,5% nacional), y la pobreza multidimensional alcanzó un 19,8% (vs. 16,9% nacional). Las principales carencias se encuentran en vivienda y entorno, trabajo y seguridad social, y educación. Además, la pobreza afecta desproporcionadamente a las zonas rurales y a la población indígena —mayoritariamente mapuche— que representa más de un tercio de la población regional. Esta situación está fuertemente relacionada con la desigualdad en la distribución del ingreso, la cual también es mayor en La Araucanía que en otras regiones, según indicadores como el coeficiente de Gini y las razones de ingreso entre deciles extremos.
16/05/2025
Transformación Digital del Estado: Implementación de la Ley No. 21.180 a nivel municipal.
La Ley No. 21.180, o de Transformación Digital del Estado, se ha implementado de modo gradual desde el año 2022, esperándose su plena aplicación para el año 2027. La gradualidad ha seguido una secuencia, conforme la consideración de cinco grupos o clústeres de instituciones públicas. Los grupos 3, 4 y 5 incluyen a las municipalidades, ordenadas conforme variables como tipología comunal, capacidades institucionales, recursos y nivel de desarrollo socioeconómico y tecnológico. Como tendencia general, las comunas presentan un rezago marcado (aunque variable según sea la comuna, en función de la heterogeneidad de las comunas en nuestro país) en comparación con las otras instituciones públicas, particularmente frente al gobierno central (Cancino y Coronado, 2023).
07/04/2025
Ley N°21.180 de Transformación Digital del Estado. Estatus de implementación general.
Se revisan los antecedentes de la Ley N°21.180, de Transformación Digital del Estado, partiendo por el propio concepto de transformación digital, hasta su aplicación en el ámbito estatal, así como su materialización en la referida ley y en el respectivo DFL 1. Asimismo, son abordados los ajustes normativos al proceso de implementación establecidos en la Ley N°21.464, que modifica diversos cuerpos legales, en materia de Transformación Digital del Estado; y son expuestos elementos de avance y de impacto inicial del mismo proceso, en base al informe de Resultados del Índice de Madurez de Transformación Digital (IMTD 2024) y opinión experta, en cuatro dimensiones: estratégica; ámbito de las personas; de procesos y tecnológica. Finalmente, se entregan observaciones, a partir de las mismas fuentes, en relación a desafíos que debiera enfrentar la transformación digital del Estado en Chile.
11/02/2025
Políticas de inclusión social para jóvenes en Alemania, Francia y Suecia: Casos de estudio europeos en perspectiva comparada.
El tránsito de la juventud a la adultez y, por lo tanto, a una efectiva inclusión de jóvenes en la sociedad se torna complejo por diversas razones. Por estos motivos, la Unión Europea estableció una ‘Estrategia para la Juventud 2019-2027’ con el objetivo de promover la inclusión de jóvenes en la sociedad. Es por ello que esta estrategia supranacional busca que los estados miembros desarrollen políticas públicas nacionales, para enfrentar la exclusión de aquellos jóvenes con menos oportunidades. Así, la manera en que se ha enfrentado este problema, por parte de los países, ha adquirido tres formas administrativas (Comisión Europea 2021): - Una política pública o estrategia pública nacional amplia de inclusión social, la cual, en una de sus partes, aborda el problema de la inclusión social de jóvenes. Alrededor de la mitad de los países de la Unión Europea tienen esta forma de política pública. - Una política pública o estrategia pública nacional específica para abordar la inclusión social de jóvenes. Sólo unos pocos países adquieren esta forma de política pública. - Una combinación de las dos anteriores, es decir, se observan países que poseen tanto una política pública nacional amplia que, entre otras cosas, enfrenta el problema de la inclusión social de jóvenes, junto con una política específica para abordar dicha problemática. Alrededor de la mitad de los países de la Unión Europea han adoptado esta forma política pública.
26/09/2024
Países Bajos: elementos de política de cuidados de largo plazo Grupos beneficiarios, beneficios sociales asociados y financiamiento.
Revisando la normativa de Países Bajos sobre la materia de discapacidad (leyes que se refieren luego), no se encuentra una definición explícita de persona con discapacidad. Más bien se asume una cierta condición de salud y, en función de ella, se plantea una categorización en términos del lapso e intensidad de los cuidados necesarios en particular: cuidado intensivo las 24 horas del día; cuidado una parte del día; y apoyo en actividades diarias y para integración social2. No obstante, como Países Bajos ratificó en 2016 la Convención de las Naciones Unidas sobre Personas con Discapacidad, se puede asumir que considera la definición allí provista3. Las principales normativas de Países Bajos atingentes a la materia de personas con discapacidad, políticas de cuidados y otros beneficios, tanto para personas sujetas de cuidados como para personas cuidadoras son: Ley de Cuidados de Largo Plazo (WLZ)4, Ley de Apoyo Social (WMO)5, Ley de Seguro Médico (ZVW)6, Ley de Trabajo e Ingreso según Capacidad Laboral (WIA)7 y Ley de Juventud (Jeudgewet)8 9. Cabe señalar que las tres primeras —WLZ, WMO y ZVW— regulan las principales prestaciones y beneficios, correspondientes a seguridad social de origen público, en materia de cuidados de largo plazo.
25/09/2024
Tres casos de políticas de cuidados: Normativa, grupos beneficiarios y beneficios asociados en Canadá, Países Bajos y Uruguay.
- Poblete Vásquez, Mario Eduardo
- Martínez Aránguiz, Nicolás Humberto
- Holz Guerrero, Mauricio
- Jorquera Vásquez, Carolina Liliana
El 'cuidado de largo plazo' se define como “(…) un conjunto de servicios de salud, cuidado personal y servicios sociales que, generalmente, se proveen por un periodo sostenido de tiempo a personas con condiciones crónicas y con limitaciones funcionales” (Wunderlich & Kohler, 2001: 27, traducción propia). Bajo esta definición, se estudian políticas públicas de cuidados en tres dimensiones: (a) normativa; (b) grupos sociales beneficiaros; y (c) beneficios otorgados a los grupos sociales objeto de la política de cuidados. Los países seleccionados para recolectar evidencias cuentan efectivamente con una serie de programas y beneficios sociales para personas que requieren cuidados, así como para personas cuidadoras. Sin embargo, con el objetivo de identificar una mayor variedad de posibilidades de beneficios sociales en este ámbito, se han seleccionado naciones diferentes unas de otras, a saber: Canadá, Países Bajos, y Uruguay. En efecto, los tres países tienen lenguas diferentes y se ubican en regiones diferentes. Además, poseen organizaciones estatales, sistemas políticos y familias jurídicas también disímiles.
10/06/2024
Crecimiento y redistribución como factores de la reducción de la pobreza: Discusión en el caso chileno, 1990-2022.
El 6,5% de pobreza por ingresos, arrojado por encuesta CASEN 2022, marca un mínimo histórico. Dado el contexto adverso —bajo crecimiento económico, alta inflación—, y la incidencia de la política social durante la pandemia, se retomó la consideración de los factores históricamente asociados a la reducción de la pobreza: el crecimiento y la redistribución. Y, en particular para el caso de 2022, el Gobierno lo atribuyó fundamentalmente a la política social —efecto redistribución— implementada durante la pandemia. Situados en el período que va desde 1990 hasta el año 2017, la literatura revisada visualiza diferentes pesos relativos de ambos efectos, en distintos momentos del tiempo, que coinciden con las sucesivas aplicaciones de CASEN. Así, se distinguen, al menos, dos apreciaciones de consenso, y una tendencia global con base empírica: El predominio del crecimiento económico como factor explicativo de la reducción de la pobreza, durante la década de los años 90 El alza significativa del efecto redistribución, desde el año 2000 hasta el 2006. La descomposición promedio del periodo 1990-2017 arroja un 91,9% para el efecto crecimiento, y un 8.1% para el efecto redistribución (MDSF-PNUD, 2020). Ahora bien, la discusión sobre cuál efecto sería el dominante: crecimiento o redistribución, en torno a la caída de la pobreza de ingresos —que se evidencia en CASEN 2022 y cuya descomposición empírica en los dos efectos aún no está disponible— se centra, de acuerdo a la literatura consultada, en al menos tres dilemas que se abordan en este documento: El carácter transitorio o no de la reducción de la pobreza. La eficacia de la política social. La validez de los resultados.
04/09/2023
Pobreza y desigualdad en el Chile de la pospandemia: Discusión conceptual y evolución de indicadores.
En el caso chileno, se ha observado que, entre 2017 y 2020, aumentó notoriamente la desigualdad en la distribución del ingreso, más que la propia pobreza monetaria. Situados en el período, los efectos sociales que desata la pandemia por COVID-19 han llevado a retomar la antigua discusión respecto de la relación (o no) entre ‘reducción de la pobreza’ y ‘reducción de la desigualdad’, en la distribución del ingreso. Una premisa de la época posdictatorial en América Latina, y que postularon los organismos multilaterales, sostuvo que pobreza y desigualdad, ambas de ingreso, no tenían relación directa, y se podían tratar por separado, desde una perspectiva de diseño de políticas. En el siglo XXI, dicha premisa, al menos, se torna más compleja.
08/10/2022
Registro Social de Hogares y Calificación Socioeconómica en Chile. Información Social y Focalización.
El Registro Social de Hogares (RSH) es el instrumento vigente que permite focalizar los programas sociales y determinar la población beneficiaria. Opera como un sistema de información social que contiene datos estadísticos declarados por los hogares, como son: domicilio; integrantes del hogar; antecedentes educacionales; de salud, vivienda y de ocupación e ingresos, entre otros; los que también son complementados con otras bases de datos del Estado. La información proporcionada por el RSH permite que cada hogar inscrito quede asociado a alguno de los siete tramos de ingresos o vulnerabilidad, en la denominada Calificación Socioeconómica (CSE) que corresponde a una escala de segmentación de la población. La relevancia, tanto del RSH como de la CSE, radica en el rol que cumplen en la identificación de la población beneficiaria, susceptible de recibir las diversas prestaciones y programas sociales. Durante el año 2021, 147 prestaciones y programas hicieron uso del RSH y de la CSE para seleccionar a la población beneficiaria. De estos, 57 usaron directamente la CSE, es decir, para ser destinatarios del beneficio en cuestión, los hogares debían pertenecer a algún tramo específico de la CSE que, por lo general, corresponde al 60% más vulnerable. Por otro lado, 90 programas hicieron otros usos del RSH para asignar sus beneficios, tales como requerir la simple pertenencia a dicho registro, u ocuparon variables específicas de este para determinar la asignación de recursos.
19/08/2022
Los registros sociales en los sistemas de protección social. Situación actual en países latinoamericanos
Los registros sociales de personas destinatarias de la protección social (o simplemente, registros sociales) son elementos constitutivos de dichos sistemas de protección. Estos recogen variada información socioeconómica de las personas o sus hogares, la cual es importantísima para discriminar quién accede a la política social y quién no. Asimismo, la información que los registros proporcionan puede contribuir al diseño de nuevas políticas sociales. Sin embargo, en América Latina, la cobertura de los registros sociales es muy dispar. En efecto, existen países donde la cobertura supera el 90% (Argentina y Uruguay); mientras que en otros donde apenas alcanza el 10% de la población (El Salvador y Bolivia). La mayor cobertura, pues, lo que permite es disponer de información socioeconómica más representativa de un país, de modo que el diseño e implementación de programas sociales sea más efectivo, fortaleciendo así los sistemas nacionales de protección social. Cuán integrado están los registros sociales con otras fuentes de información social, así como una comunicación fluida y coordinada entre las diversas agencias estatales responsables de estas funciones, se convierte en una característica deseable para robustecer la protección social de un país. Esto último se refiere a la interoperabilidad, la cual está disparmente desarrollada en América Latina, toda vez que existen casos con una interoperabilidad considerable entre sistemas (Argentina, Chile, Costa Rica, El Salvador y Uruguay), mientras en otros no existe dicha característica (Bolivia y Haití). Sumado a lo anterior, la verificación de los datos que se disponen es también un factor relevante. En este sentido, existen diversos mecanismos de verificación utilizados por distintos países latinoamericanos, como son las visitas domiciliarias para verificar los datos informados por la ciudadanía o el cruce entre la información auto-reportada por personas usuarias y otras bases de datos estatales. Sin embargo, existen países (Haití, Paraguay y República Dominicana) que no cuentan con mecanismos de verificación. Finalmente, en todos los casos, los registros sociales proveen de insumos para la creación de instrumentos de caracterización socioeconómica. Sin embargo, la caracterización socioeconómica utilizada por cada país es diferente. Por ejemplo, solo cinco de quince países utilizan la variable ingreso para construir su instrumento (Brasil, Chile, Costa Rica, Paraguay y Perú). Asimismo, la mayoría de los países utiliza instrumentos de caracterización que estratifican a la población de forma general, esto es esencialmente la dividen entre pobres y no pobres (Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, El Salvador, México, Panamá, Perú y Uruguay), mientras que solo un país ocupa una clasificación de estratos más compleja de siete categorías (Chile).