Asesorías Parlamentarias
Detalle investigadoras e investigadores
Documentos publicados desde el 01 de enero de 2014
Investigadora / investigador: Santana Silva, Daniela Francisca
16/01/2026
Trasplante de medula ósea: Marco normativo, jurisprudencia y proyectos de ley.
Según la Sociedad Chilena de Trasplante, el trasplante de precursores hematopoyéticos, comúnmente llamado trasplante de medula ósea, es un procedimiento en que células precursoras hematopoyéticas (CPH) de diverso origen (autólogas; alogénicas de donante relacionado; de donante no emparentado; de cordón umbilical; o haploidénticas) se administran a un receptor con el propósito de repoblar y reemplazar, total o parcialmente, su sistema hematopoyético. Se constata la existencia de un marco regulatorio sustentado principalmente en el Código Sanitario, la Ley No. 19.451 sobre trasplantes y su reglamento, la Ley No. 20.584 sobre derechos y deberes del paciente y la Ley No. 20.120 relativa a la investigación científica en seres humanos, complementado por la regulación administrativa del Ministerio de Salud, en particular el Decreto Exento No. 10, de 2018, y la Resolución Exenta No. 320, que crea un Comité Técnico con funciones de revisión y recomendación. Desde el punto de vista jurisprudencial, el análisis de sentencias disponibles de la Corte Suprema y de diversas Cortes de Apelaciones disponibles muestra que la negativa de la Comisión Técnica Asesora a autorizar un trasplante haploidéntico (TPH) de médula ósea fundada en: Falta de evidencia que demuestre su utilidad por el avance de la enfermedad, y tratarse de un paciente sin donante familiar idéntico 100% compatible (TPH alogénico), tal como lo autoriza el Programa de Trasplante de Médula Ósea de Adultos, priva al paciente de la oportunidad de consolidar la remisión de la enfermedad, constituyendo una vulneración de los derechos a la vida e integridad física. Finalmente, se identifican tres proyectos de ley en tramitación vinculados a la donación y trasplante de células madre hematopoyéticas.
26/12/2025
Tipificación y sanción de la violencia digital contra las mujeres: Estándares internacionales y casos de Australia, Argentina y México.
Existe un reconocimiento creciente de la violencia digital contra las mujeres como una manifestación específica y agravada de la violencia de género, cuya comisión, facilitación o amplificación mediante tecnologías digitales exige respuestas normativas diferenciadas, fenómeno que es abordado en el presente informe. En el plano internacional, las Naciones Unidas han consolidado este enfoque a través del “Pacto para el Futuro” y su Anexo sobre el “Pacto Digital Global”, los que reconocen explícitamente que la violencia sexual y de género puede producirse o intensificarse en entornos digitales, comprometiendo a los Estados a adoptar medidas normativas, institucionales y preventivas compatibles con el derecho internacional de los derechos humanos. A nivel regional, la Ley Modelo Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Digital contra las Mujeres constituye un instrumento de referencia que sistematiza definiciones, principios y obligaciones estatales en la materia, reconociendo la violencia digital como una forma de violencia basada en género que afecta múltiples derechos fundamentales. En la legislación comparada se analizan los casos de Australia, Argentina y México con distintos modelos de abordaje. Australia combina un sistema administrativo de seguridad en línea con una tipificación penal específica de la transmisión de material sexual sin consentimiento, incluyendo contenidos alterados o generados mediante inteligencia artificial. Argentina adopta un enfoque predominantemente preventivo, incorporando la violencia digital dentro de una ley marco de violencia integral sin crear tipos penales específicos, pero habilitando medidas judiciales y de preservación de evidencia digital. México, en cambio, articula un modelo mixto que reconoce la violencia digital y mediática en su legislación especial, establece medidas de protección urgentes y complementa dicho marco con la tipificación penal expresa de la violación a la intimidad sexual, incluyendo supuestos de atribución falsa del contenido.
15/12/2025
Economía digital y comisiones legislativas. Estudio de los países OCDE
El presente informe examina la forma en que los parlamentos de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) abordan institucionalmente las materias vinculadas a la economía digital, la digitalización y las tecnologías emergentes, a través de sus comisiones legislativas permanentes, especiales o subcomisiones. El análisis considera el universo completo de países OCDE -treinta y ocho Estados, excluyendo Chile- y se centra en identificar la existencia de comisiones legislativas dedicadas de manera exclusiva a la economía digital, así como las instancias parlamentarias que, en la práctica, conocen y tramitan este tipo de materias.
11/12/2025
Implementación de apoyos y salvaguardas para el ejercicio de la capacidad jurídica: Experiencias y recomendaciones para Costa Rica, Perú y Chile.
Se examina la implementación del sistema de apoyos y salvaguardas para el ejercicio de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, a partir del artículo 12 de la Convención sobre las Personas con Discapacidad, que exige reconocer la capacidad jurídica en igualdad de condiciones, eliminar los regímenes de sustitución de la voluntad y establecer apoyos con salvaguardas adecuadas, centrados en la voluntad y preferencias de la persona. Para dichos efectos, se presenta las reformas implementadas en Costa Rica y Perú, países señalados por la doctrina como pioneros en la región en el reconocimiento de la capacidad jurídica plena. Para analizar la implementación de dichas reformas, se da cuenta de las observaciones recientes del Comité CDPD (2023 y 2024), que muestran brechas persistentes. Finalmente, el informe contrasta estas experiencias con la situación chilena. Aunque Chile ratificó la Convención en 2008 y ha dictado normas para la protección de derechos en diversas materias, mantiene vigente la figura de la interdicción y carece de un sistema general de apoyos y salvaguardas.
09/12/2025
Reconocimiento constitucional del derecho a la imagen: modelos comparados y consideraciones de técnica legislativa.
Informe sobre el reconocimiento constitucional del derecho a la imagen se ha extendido en diversas constituciones contemporáneas, especialmente en Europa y América Latina. Aunque no constituye un estándar universal, se observan patrones comunes de técnica legislativa, tanto en la forma de enumerar el derecho como en su inserción sistemática dentro de los derechos de la personalidad (vida privada, intimidad, honor y dignidad). A partir de una revisión comparada en atención constituciones que incluyen expresamente la palabra “imagen” o “propia imagen”, se identifican distintos modelos de redacción que permiten orientar el análisis legislativo para la propuesta de reforma en Chile. La selección se basa en constituciones vigentes que reconocen de manera expresa el derecho a la imagen o a la propia imagen en su texto, y corresponde a los casos identificados en dicha revisión. No se consideraron casos en que este derecho deriva solo de la jurisprudencia o de leyes.
02/12/2025
Régimen sancionatorio en materia de seguridad y salud en el trabajo: Legislación nacional y comparado.
El informe analiza el régimen sancionatorio por incumplimiento de las obligaciones del empleador en materia de seguridad y salud en el trabajo en Chile y en las legislaciones de Canadá, España, Perú, Uruguay y el Reino Unido. En Chile, el Código del Trabajo establece un sistema de multas graduadas según el tamaño de la empresa (micro, pequeña, mediana y gran empresa), y posibilidad de duplicación o triplicación en ciertos supuestos. Del análisis comparado se muestra que los países estudiados tienden a penalizar el incumplimiento grave de las obligaciones en seguridad y salud en el trabajo, ya sea mediante delitos específicos vinculados al riesgo laboral -como en España y el Reino Unido- o a través de figuras de peligro concreto o grave aplicables al actuar del empleador, como ocurre en Canadá, Perú y Uruguay.
04/11/2025
Responsabilidad de plataformas y servicios digitales en caso de grooming: Casos de Australia, Fiyi y Francia.
La responsabilidad penal de las plataformas y servicios digitales frente al delito de grooming implica un cambio en la forma en que los Estados abordan los riesgos asociados al entorno digital. Más allá de la persecución penal del autor directo, los marcos regulatorios contemporáneos buscan comprometer al ecosistema tecnológico en su conjunto, trasladando a las plataformas, proveedores de servicios y autoridades administrativas un rol en la prevención y detección de abusos en línea dirigidos a niños, niñas y adolescentes. El presente informe analiza los sistemas normativos de Australia, Fiyi y Francia, cuyo análisis aclara que el grooming no se combate solo con tipos penales, sino con reglas que responsabilizan al ecosistema digital donde ocurre. Los países estudiados combinan sanciones al autor del delito con obligaciones para servicios y plataformas como: retirar contenidos, colaborar con autoridades y, cuando corresponde, revelar información útil para la investigación. Australia apuesta por un modelo en que el Comisionado de Seguridad en Línea (eSafety Commissioner) actúa como ventanilla única: recibe denuncias, ordena remociones en plazos breves, dicta medidas correctivas y opera sobre estándares sectoriales. El rol del Comisionado, de carácter administrativo, se complementa con las normas penales, donde si un proveedor sabe que su servicio permite acceder a material de abuso infantil y no lo reporta, comete un delito. En Fiyi, la entidad supervisora de la actividad en línea es la Comisión de Seguridad en Línea (Online Safety Commission), que canaliza reclamos y la respuesta se materializa mediante órdenes judiciales de eliminación, desactivación, disculpas, compensación o revelación de identidad. Hay multas significativas para personas jurídicas y responsabilidad de directivos por incumplir órdenes; pero no existe un delito específico que penalice a la plataforma por el grooming en sí. Francia, por su parte, posee un enfoque regulatorio que se complementa con el Reglamento sobre Servicios Digitales de la Unión Europea. La autoridad regulatoria en Francia, ARCOM, exige verificación de edad en las plataformas, estableciendo estándares técnicos auditables. Los proveedores de servicios de alojamiento (hébergeurs) deben colaborar en la detección y denuncia de contenidos ilícitos difundidos en sus plataformas, informando de inmediato a las autoridades cuando tengan conocimiento de actividades ilegales de sus usuarios. El incumplimiento de esta obligación se tipifica como delito, sancionado con un año de prisión y una multa de hasta 250.000 euros, aplicable a personas naturales y jurídicas. En paralelo, el Código Penal fue reformado en 2024 considerando el escenario en que se instrumentalizan servicios en línea para efectuar sextorsión.
27/10/2025
Mujeres en la marina mercante : derechos laborales y enfoque de género. Estándares internacionales y legislación extranjera
El presente informe aborda las condiciones laborales de las mujeres de la marina mercante, a partir de los estándares internacionales en la materia y de la legislación comparada revisada. El informe se estructura en dos secciones. La primera analiza los tratados internacionales, lineamientos y declaraciones que dan lugar a un enfoque diferenciado en torno al trabajo de las mujeres en la marina mercante. La segunda, analiza la legislación de Estados Unidos, Filipinas e India, con el objeto de ilustrar distintos mecanismos y medidas que van desde la protección de las mujeres frente al abuso y acoso sexual, hasta medidas afirmativas para su inclusión en la industria. La selección de países responde a la disponibilidad de información.
24/10/2025
Condiciones laborales de las mujeres buzo
En el marco del estudio comparado sobre la situación jurídica y normativa de las mujeres en el sector marítimo, se realizó una revisión exhaustiva de las principales fuentes normativas internacionales, regionales y nacionales en materia de buceo profesional y comercial, con el objetivo de identificar si existen disposiciones específicas orientadas a la protección o promoción de los derechos laborales de las mujeres que se desempeñan en esta actividad. Del análisis realizado se desprende que no existe legislación especial o diferenciada que regule de manera específica la actividad del buceo profesional con enfoque de género, ya sea en el ámbito internacional o en las legislaciones nacionales revisadas (Australia, Canadá, España, Estados Unidos, Francia Filipinas, India, Nueva Zelanda, Reino Unido)
16/10/2025
Derechos colectivos y pueblos indígenas: Análisis conceptual desde los instrumentos internacionales y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.
A nivel internacional, se destaca que los pueblos indígenas son titulares de derechos individuales y colectivos reconocidos por instrumentos específicos. El Convenio N°169 protege su identidad cultural, tierras y recursos, impone la obligación estatal de consulta y reconoce su derecho a mantener y fortalecer sus instituciones propias. Las Declaraciones de Naciones Unidas del 2007 y Americana del 2016 consagran derechos como la libre determinación, la autonomía, el consentimiento previo, libre e informado, y el derecho a pertenecer a una comunidad indígena sin discriminación. El concepto de “pueblos indígenas” se basa en criterios objetivos (continuidad histórica, conexión territorial e instituciones propias) y subjetivos (autoidentificación), rechazando definiciones universales rígidas. El régimen de derechos se estructura sobre tres ejes: el reconocimiento como pueblos con identidad propia, el derecho a la libre determinación y la articulación entre derechos colectivos e individuales. El reconocimiento constitucional es clave para garantizar la participación política, el autogobierno y la protección de sus sistemas normativos. La libre determinación implica autonomía política, económica, social y cultural, y se ejerce colectivamente. Los derechos colectivos —como la consulta, la propiedad comunal o la justicia propia— permiten preservar la cultura y superar desigualdades históricas, sin excluir la vigencia de los derechos individuales. Asimismo, el informe subraya la importancia de la multiculturalidad (respeto a la diversidad cultural) y de la interculturalidad, entendida como diálogo equitativo entre culturas, reconocida por la UNESCO y la CIDH como un derecho colectivo esencial. Finalmente, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional chileno ha delimitado el alcance de estos derechos. La sentencia Rol 309-2000 marcó un hito al precisar que “pueblos indígenas” designa grupos culturales sin potestades públicas, pero con derecho a participación y consulta. En 2013, el TC reguló los límites y efectos de la consulta indígena legislativa; en 2021, reconoció la validez de las costumbres indígenas subordinadas al marco constitucional y de derechos humanos; y en 2025, invalidó disposiciones presupuestarias que afectaban el derecho de participación indígena. En conjunto, esta línea jurisprudencial afirma el deber estatal de respetar los estándares internacionales, garantizando mecanismos efectivos de participación, reconocimiento y protección de los derechos colectivos de los pueblos indígenas.