Asesorías Parlamentarias
Detalle investigadoras e investigadores
Documentos publicados desde el 01 de enero de 2014
Investigadora / investigador: Santana Silva, Daniela Francisca
Proyectos que podrían vincularse al Proyecto de Ley del Boletín N° 12.213-07
Documento sobre iniciativas legales en tramitación que pudiesen abordar la misma materia contenida en el proyecto de ley, boletín N° 12.213-07, que “Modifica diversos textos legales en materia de ejecución de sanciones penales”
El secreto bancario en América Latina: Regulación nacional y legislación extranjera.
El presente informe examina la regulación del secreto bancario en Chile y los demás países de América Latina. En el ámbito internacional, los instrumentos examinados reconocen que el secreto bancario no constituye una protección absoluta frente a las autoridades competentes. En Chile, la legislación distingue entre secreto y reserva bancaria, contemplando mecanismos de acceso sujetos a diferentes requisitos y procedimientos. Si bien determinados organismos administrativos cuentan con facultades para requerir información protegida, su ejercicio exige autorización judicial previa. El examen comparado permite identificar un hallazgo central: las legislaciones latinoamericanas reconocen la confidencialidad bancaria, pero difieren en las autoridades habilitadas para acceder a la información y en la exigencia de intervención judicial.
Denuncias falsas en conflictos familiares: Chile y legislación comparada.
El presente informe examina la regulación aplicable a las denuncias, acusaciones o querellas falsas en Chile y en legislación comparada, con especial atención a aquellas formuladas en contextos de familia y a sus posibles efectos sobre la relación entre progenitores e hijos. En Chile, las denuncias falsas no cuentan actualmente con una regulación autónoma en el derecho de familia. Su tratamiento se encuentra principalmente en el derecho penal común y, de manera complementaria, en normas civiles y procesales. A ello se agregan las reglas de familia relativas al cuidado personal, la relación directa y regular, las medidas cautelares y la protección frente a la violencia intrafamiliar y de género. La experiencia comparada muestra que la respuesta predominante frente a las denuncias deliberadamente falsas se encuentra en normas penales y, de manera complementaria, civiles o procesales. Así ocurre en Argentina, España y Francia. Algunas jurisdicciones contemplan además mecanismos específicos en el ámbito de familia. En California y Texas se prevén consecuencias frente a denuncias formuladas con conocimiento de su falsedad o intención de engañar, mientras que Brasil vincula determinadas denuncias falsas con la afectación del vínculo entre el niño, niña o adolescente y uno de sus progenitores o familiares. Algunas de estas regulaciones contemplan también medidas para preservar o restablecer las relaciones familiares, cuando ello resulta compatible con la seguridad y el interés superior del niño. Asimismo, algunas legislaciones protegen expresamente las denuncias formuladas de buena fe. Australia constituye un antecedente distinto: entre 2006 y 2012 contempló una regla específica frente a alegaciones formuladas a sabiendas como falsas en procedimientos de familia, posteriormente derogada por preocupación sobre su posible efecto disuasorio. La evaluación posterior no identificó una asociación clara entre la derogación y un aumento de alegaciones falsas, y actualmente no existe una regla equivalente. En el plano internacional, la Convención sobre los Derechos del Niño reconoce el derecho del niño que está separado de uno o de ambos padres a mantener relaciones personales y contacto directo con ellos de modo regular, salvo si ello es contrario a su interés superior (artículo 9.3). Por su parte, MESECVI ha advertido sobre el posible efecto disuasivo de determinadas respuestas sancionatorias y ha señalado la falta de datos suficientes que sustenten una alta prevalencia de denuncias falsas. ONU Mujeres, en tanto, recomienda que las leyes específicas sobre violencia contra las mujeres no incorporen delitos especiales de “acusaciones falsas”, cuando estas conductas pueden abordarse mediante las figuras penales generales.
Medidas de protección frente a la violencia digital. Regulación y mecanismos en la legislación comparada
El informe analiza comparativamente las medidas jurídicas para detener o reducir la circulación de contenidos digitales nocivos, especialmente la difusión no consentida de imágenes íntimas, el ciberacoso y el ciberabuso contra las mujeres. Examina la Ley Modelo Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Digital contra las Mujeres basada en Género (MESECVI, 2025) y las legislaciones de Australia, México y Reino Unido. Todos los sistemas contemplan mecanismos para retirar o eliminar contenidos, aunque varían las autoridades responsables. En México intervienen el Ministerio Público o el juez; en Australia, el eSafety Commissioner; y en Reino Unido, las propias plataformas bajo supervisión de Ofcom. La Ley Modelo combina mecanismos administrativos y judiciales. Los plazos también difieren: Australia establece 24 horas y Reino Unido un máximo de 48 horas desde la denuncia, mientras México y la Ley Modelo exigen actuación inmediata sin determinar un plazo específico. El modelo británico incorpora además exclusión de resultados de búsqueda y tecnologías de hash matching para prevenir la recirculación. Finalmente, respecto de la preservación de evidencia digital, solo México y la Ley Modelo establecen expresamente la obligación de conservar el contenido retirado con fines probatorios; Australia y Reino Unido contemplan facultades generales de investigación y registro.
Animales de compañía como seres sensibles: reconocimiento jurídico y vínculo con las personas: Unión Europea, Alemania y Francia.
Se analiza el tratamiento jurídico de los animales de compañía en la Unión Europea, Francia y Alemania, con especial atención a su reconocimiento como seres sensibles y a las consecuencias jurídicas derivadas de la relación entre estos animales y sus propietarios. El análisis aborda particularmente su protección y bienestar, responsabilidad, seguros y otras consecuencias asociadas a su tenencia. En el ámbito de la Unión Europea, el artículo 13 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea establece que la Unión y los Estados miembros deben tener plenamente en cuenta las exigencias en materia de bienestar de los animales “como seres sensibles” al formular y aplicar determinadas políticas. Francia y Alemania presentan una tendencia común hacia un reconocimiento jurídico que supera la consideración exclusivamente patrimonial de los animales. Mientras el Código Civil francés los reconoce como seres vivos dotados de sensibilidad, aunque sujetos al régimen jurídico de los bienes (artículo 515-14), el Código Civil alemán establece que los animales no son cosas (§ 90a). Ambos ordenamientos establecen obligaciones de protección y bienestar y contemplan responsabilidades asociadas a la tenencia de animales. Asimismo, reconocen de distintas formas la relación entre las personas y sus animales: Francia considera expresamente las relaciones afectivas entre propietario y animal, mientras que en Renania del Norte-Westfalia puede considerarse la existencia de una relación prolongada y consolidada entre el perro y su propietario en determinadas decisiones administrativas. En materia de seguros, no se identifica un sistema general y obligatorio de seguro de salud para animales de compañía, sino principalmente obligaciones de seguro de responsabilidad civil aplicables a determinadas categorías de perros. Alemania incorpora, además, una dimensión tributaria mediante el Hundesteuer, impuesto municipal que grava la tenencia de perros. En conjunto, los casos analizados muestran un reconocimiento progresivo de la sensibilidad, bienestar y vínculo humano-animal, sin que ello implique reconocer a los animales de compañía como miembros de la familia o atribuirles personalidad jurídica.
Violencia digital: respuestas normativas. Legislación comparada y desafíos de la respuesta penal.
Le presentación aborda temáticas asociadas a la violencia digital. Se tratan aspectos asociados a regulaciones, legislación comparada, la situación en Chile y proyectos de ley asociados.
Trabajo a tiempo parcial remunerado por horas: Estándares internacionales y normativa comparada.
El trabajo a tiempo parcial comprende aquellas relaciones laborales cuya duración ordinaria es inferior a la de un trabajador a tiempo completo comparable. En la práctica, esta modalidad puede adoptar diversas formas de organización, incluyendo contratos con jornadas fijas reducidas, sistemas de trabajo a llamada o por convocatoria y esquemas con horarios variables. El presente informe examina los principales estándares internacionales desarrollados por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Unión Europea, así como la regulación vigente en Alemania, Australia, España, México, Nueva Zelanda y los Países Bajos, respecto de la organización de la jornada, la comunicación de turnos, las horas adicionales y los mecanismos de protección de las horas contratadas. Del análisis comparado se observa que, con excepción de México, todos los ordenamientos examinados contemplan mecanismos específicos destinados a otorgar mayor previsibilidad al trabajo por horas o a los sistemas de trabajo a llamada. Entre ellos destacan la obligación de comunicar los turnos con una anticipación mínima, la exigencia de incorporar en el contrato las horas garantizadas o la jornada mínima, la regulación de los llamados al trabajo y el reconocimiento del derecho del trabajador a rechazar convocatorias que no respeten las condiciones previamente acordadas. Asimismo se advierten diferencias entre los ordenamientos revisados. Alemania, Nueva Zelanda y los Países Bajos establecen reglas específicas para los contratos a llamada, incluyendo límites a la disponibilidad del trabajador, garantías mínimas de horas o remuneración y consecuencias cuando el empleador cancela turnos o no define adecuadamente la jornada. España complementa la regulación mediante límites a las horas complementarias y presunciones legales que favorecen al trabajador cuando el contrato o el registro de jornada presentan deficiencias. Australia, en cambio, combina estándares generales establecidos en la ley con una regulación más detallada contenida en los Modern Awards, mientras que México mantiene un régimen más flexible, entregando principalmente a la autonomía de las partes la organización de la jornada y sin establecer reglas específicas sobre preaviso de turnos o presunciones respecto de las horas contratadas.
Intervenciones asistidas con animales: Normativa extranjera: España, Estados Unidos e Italia.
Las intervenciones asistidas con animales (IAA) corresponden a intervenciones estructuradas en las que un animal, previamente seleccionado y entrenado, forma parte de un proceso orientado a alcanzar objetivos terapéuticos, educativos o de apoyo. El análisis comparado evidencia la existencia de tres modelos. Italia presenta un modelo de regulación nacional específica, basado en directrices nacionales adoptadas mediante un acuerdo Estado-Regiones. España responde a un modelo institucional, en el cual las intervenciones se desarrollan principalmente mediante legislación sanitaria general, normativa de bienestar animal y protocolos elaborados por los establecimientos de salud. Estados Unidos, por otra parte, configura un modelo en el que coexisten normas federales sobre animales de servicio, directrices técnicas emitidas por organismos especializados y regulaciones estatales específicas sobre programas de terapia asistida con animales. Pese a estas diferencias, las tres jurisdicciones presentan elementos comunes. En todas ellas las intervenciones asistidas con animales son concebidas como intervenciones planificadas, estructuradas y orientadas a objetivos específicos, diferenciándose de las actividades recreativas o visitas informales con animales. Asimismo, exigen la participación de equipos interdisciplinarios, la selección y evaluación previa de los animales, controles veterinarios permanentes, protocolos de higiene y bioseguridad, planificación de las intervenciones y mecanismos de seguimiento de los usuarios. Las principales diferencias se observan en el grado de desarrollo normativo y en la organización institucional. Mientras Italia regula de forma expresa la composición de los equipos, los requisitos de formación de cada operador y las condiciones de funcionamiento de los establecimientos, España y Estados Unidos recurren principalmente a protocolos técnicos y guías institucionales elaboradas por hospitales, organismos especializados y asociaciones científicas. Del mismo modo, Italia establece un sistema nacional de formación con contenidos mínimos y criterios uniformes, en tanto que España y Estados Unidos presentan modelos descentralizados, en los cuales la capacitación depende principalmente de universidades, hospitales, organizaciones profesionales y entidades especializadas.
Gobierno judicial y nombramiento de jueces. Estándares internacionales: ONU y Comisión de Venecia.
El presente informe examina los principales estándares internacionales sobre gobierno judicial y nombramiento de jueces. En él, se sistematizan los principios para el nombramiento de jueces, elaborados por la Relatora Especial de Naciones Unidas (2026), los que establecen garantías mínimas aplicables a distintos modelos institucionales. Asimismo, se sintetizan las recomendaciones formuladas por la Relatora a Chile en 2025 en materias relacionadas con el gobierno judicial y el sistema de nombramientos. En segundo lugar, se analiza la opinión emitida por la Comisión de Venecia del Consejo de Europa sobre el proyecto de reforma constitucional relativo al Poder Judicial (2025), exponiendo sus principales observaciones sobre el diseño institucional del Consejo de Nombramientos Judiciales, el procedimiento de nombramiento de jueces, el sistema disciplinario, la administración del Poder Judicial y la eliminación de la figura del abogado integrante. Finalmente, el informe identifica las principales convergencias entre ambas organizaciones internacionales, constatando que tanto la Relatora Especial de Naciones Unidas como la Comisión de Venecia promueven procedimientos similares.
Gobierno judicial y nombramientos de jueces Derecho comparado: Alemania, Noruega y Reino Unido.
El gobierno judicial y el nombramiento de jueces admiten diversos modelos institucionales, según se desprende del examen de Alemania, Noruega y el Reino Unido. Mientras Alemania mantiene un sistema descentralizado, con procedimientos diferenciados entre la Federación y los Länder, Noruega cuenta con un Consejo de Nominaciones Judiciales que participa en todos los nombramientos judiciales y el Reino Unido dispone de una Comisión de Nombramientos Judiciales independiente para la mayoría de los cargos, complementada por comisiones especiales para determinados nombramientos superiores. En los tres ordenamientos el mérito constituye un criterio central de selección y existen mecanismos destinados a resguardar la independencia judicial, aunque difieren en el grado de participación de los poderes políticos, en el nivel de publicidad de los procedimientos y en el diseño institucional de los órganos que intervienen en el proceso de nombramiento.