Asesorías Parlamentarias
Detalle investigadoras e investigadores
Documentos publicados desde el 01 de enero de 2014
Investigadora / investigador: Vargas Cárdenas, Patricia Andrea
Comisión(es) que participa
- Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana - Cámara
- Relaciones Exteriores - Senado
02/09/2026
Cifras de comercio exterior de Bolivia y envíos madereros.
Según el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), las exportaciones bolivianas alcanzaron $6.395 millones en el primer semestre de 2026, un aumento de 35% en el periodo, frente a los $4.126 millones registrados en 2025. Por su parte, el Instituto Nacional de Estadística de Bolivia (INE) reportó un superávit comercial de $176 millones en julio de 2026: las exportaciones sumaron $1.427,8 millones (52% más que el mes anterior, impulsadas por la manufactura y la minería de plata y zinc), mientras que las importaciones llegaron a $1.251,9 millones, con mayores compras de materias primas, productos intermedios y bienes de capital.
02/09/2026
Marco de Derecho Internacional aplicable al régimen de libre tránsito de mercancías, en el transporte terrestre entre Chile y Bolivia.
Informe sobre el marco normativo internacional que rige al transporte terrestre de mercancías entre Chile y Bolivia.
31/08/2026
Aspectos de la regulación del comercio digital de servicios en acuerdos internacionales suscritos por Chile.
El comercio electrónico, también conocido como comercio digital, ha adquirido una importancia creciente en la economía que lo ha llevado a ser integrado como tema de negociación en los acuerdos comerciales internacionales. Esta inclusión tendría como fin facilitar los flujos de datos y resguardar la autonomía regulatoria de los Estados. Los países han avanzado en establecer capítulos específicos para tratar el comercio digital que están contenidos en acuerdos comerciales más amplios. Estos, por lo general, se leen e interpretan en conjunto con otras obligaciones del acuerdo, principalmente aquellas definidas en materia de inversión, comercio transfronterizo de servicios, servicios financieros y mecanismos de solución de controversias. No obstante, aunque los servicios de comercio digital se consideran cubiertos por el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios de la Organización Mundial del Comercio, se plantea la necesidad de ajustar este marco de gobernanza a los desafíos actuales. La existencia de estos diferentes regímenes podría dificultar el ejercicio de la autonomía regulatoria de los Estados, por tal motivo algunos acuerdos comerciales contemplan de manera expresa la salvaguarda del derecho a regular por objetivos legítimos de política pública. Este es el caso del Acuerdo Marco Avanzado (AMA) entre Chile y la Unión Europea. En el caso del Acuerdo de Asociación de Economía Digital (DEPA), si bien se conserva este resguardo, no se encuentra establecido en la parte sustantiva del acuerdo. Y en lo que respecta al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP), se permite establecer requisitos regulatorios de manera condicionada en materias específicas y de forma compatible con el tratado. No obstante, tanto el texto del DEPA y del CPTPP disponen que no reflejan la opinión de las Partes sobre si el comercio de productos digitales debe clasificarse como comercio de servicios o comercio de mercancías.
13/08/2026
Cuota de género y financiamiento electoral en elecciones parlamentarias en Chile: Seguimiento a la implementación de cuotas y aportes de campaña de la ley N° 20.840 (2021-2025).
La Ley 20.840 que Sustituye el Sistema Electoral Binominal por uno de Carácter Proporcional Inclusivo y Fortalece la Representatividad del Congreso Nacional, transformó el sistema electoral y, con el fin de aumentar la participación y representación de la mujer en política, estableció dos mecanismos de acción afirmativa: una cuota de género en las listas de candidaturas parlamentarias que habilita hasta 60% de participación de cualquier género, y un incentivo económico especial, exclusivamente para las elecciones parlamentarias a realizar entre los años 2017 y 2029. En el primer año de aplicación de la cuota en 2017 el número de candidatas a senadoras se multiplicó por 4,5 y el de candidatas a diputadas por 4,4. En materia de financiamiento electoral, se revisaron los aportes públicos y privados entre los años 2021 y 2025. En general, las mujeres candidatas reciben menos aportes que los hombres. En la elección de diputadas y diputados, se puede apreciar que, si bien el valor promedio de los aportes privados aumentó, la brecha de género no se redujo. Respecto de los aportes de campaña en el Senado, se observó que en promedio los hombres reciben más aportes privados que las mujeres, pero la brecha disminuyó en la elección de 2025.
20/07/2026
Cooperación internacional entre Chile y Uruguay: Marco jurídico aplicable y programas de cooperación laboral implementados entre 2010 y 2026.
La cooperación bilateral establecida entre Chile y Uruguay se ha desarrollado en el marco de los objetivos y la complementariedad definida en tres instrumentos jurídicos suscritos entre las Partes. Estos son: el Convenio Básico de Cooperación Técnica y Científica de 1993, el Acuerdo de Asociación Estratégica de 2008 y el Acuerdo de Libre Comercio de 2016. Para la coordinación y facilitación de la ejecución de los programas de cooperación que han sido propuestos se estableció el funcionamiento de una Comisión Mixta de Cooperación, órgano de carácter bilateral que también evalúa el desarrollo de las acciones emprendidas. A la fecha, entre los 55 proyectos de cooperación que han permitido la transferencia técnica entre ambos países entre los años 2010 y 2025, destacan los asuntos sobre medio ambiente, salud y asuntos laborales. Actualmente, en materia laboral se están ejecutando los programas “Fortalecimiento de las capacidades de los sectores público y privado para potenciar los aportes de las personas trabajadoras migrantes internacionales y facilitar su inclusión social y laboral en Chile y Uruguay” y “Construcción de un Marco Nacional de Cualificaciones en el sector de los cuidados en Uruguay”.
23/06/2026
Prohibición del trabajo forzoso en el Derecho Internacional: Normativa aplicable en Chile y Estados Unidos.
Alrededor de 28 millones de personas se encuentran en situación de trabajo forzoso, riesgo del que ninguna región del mundo se encuentra libre y que afecta prácticamente a todos los sectores de la economía privada. El término «trabajo forzoso» obedece a la calificación que realiza la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que lo define como “todo trabajo o servicio exigido a un individuo bajo la amenaza de una pena cualquiera y para el cual dicho individuo no se ofrece voluntariamente”. En Chile, la Constitución Política de la República garantiza que en el país no existen esclavos y que toda persona tiene derecho a elegir y contratar el trabajo libremente, y a recibir una compensación justa. El delito de trabajo forzado no se encuentra tipificado de manera autónoma en la normativa interna, pero sí lo están los delitos de tráfico ilícito de migrantes y de trata de personas en el Código Penal. En Estados Unidos, la norma establecida en la Sección 307 de la Tariff Act de 1930, prohíbe utilizar cualquier forma de trabajo forzoso u obligatorio, incluido el trabajo infantil. La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), investigó el grado de cumplimiento de la eliminación del trabajo forzoso en 60 economías del mundo, incluido Chile. El USTR concluyó que todas las economías investigadas fracasaron en imponer y en aplicar efectivamente una prohibición a la importación de mano de obra forzoso. Por tal motivo, el USTR propuso como medida de respuesta a dicha situación, determinar un arancel adicional de 10 a 12,5% a los productos de estas economías.
05/06/2026
Vínculos entre normas internacionales ambientales y acuerdos comerciales.
El Proyecto de Ley para la Reconstrucción Nacional y el Desarrollo Económico y Social, presentado al Congreso Nacional por el Gobierno del presidente de la República, José Antonio Kast (Boletín Legislativo Núm. 18.216-05), aborda, entre otros aspectos, la racionalización del proceso de evaluación ambiental, incorporando el derecho a restitución de las inversiones ambientales anuladas judicialmente, conocido también como “seguro para proyectos aprobados”. Se trataría de un mecanismo especial y excepcional de reparación patrimonial que consideraría restituir al titular de una inversión ambiental los gastos directos y efectivos ejecutados en un proyecto que obtuvo una Resolución de Calificación Ambiental favorable y que a consecuencia de sentencia judicial posterior haya sido anulada o dejada sin efecto. Entre los objetivos de la política económica y comercial internacional de Chile se ha perseguido la apertura comercial, la promoción de las exportaciones y atraer inversión extranjera.
20/04/2026
Síntesis del trabajo del periodo legislativo 2022- 2026: Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la República.
En el periodo legislativo transcurrido entre marzo de 2022 y marzo de 2026, correspondiente a las legislaturas 370 a 373, la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la República, estudió y recomendó la aprobación de un total de 68 proyectos de acuerdos aprobatorios de tratados internacionales, los que en definitiva fueron ratificados y promulgados mediante 66 Decretos Supremos del Ministerio de Relaciones Exteriores, convirtiéndose en acuerdos internacionales vigentes. Por otra parte, entre los principales temas discutidos por la Comisión, de acuerdo con el análisis de las diferentes audiencias realizadas durante el periodo de ejercicio parlamentario, se puede señalar que destacan, entre otros: la relación bilateral con Estados Unidos, la situación migratoria del país respecto de sus fronteras terrestres; la relación con la organización European Southern Observatory (ESO) y el estado de la observación astronómica en el país y conocer del fallo de la Corte Internacional de Justicia respecto del Caso Silala, con Bolivia.
15/04/2026
Caracterizaciones del territorio nacional en la normativa chilena actual: Definiciones regulatorias para regímenes especiales en zonas y territorios del país con características singulares.
El documento examina las diversas categorías jurídicas y regulatorias del territorio nacional chileno, destacando que la normativa vigente establece múltiples clasificaciones orientadas a otorgar tratamientos diferenciados según condiciones geográficas, socioeconómicas o estratégicas. Estas categorías —como territorios especiales, zonas extremas, zonas fronterizas, territorios insulares, zonas rezagadas, localidades aisladas y rurales— responden a la necesidad de abordar la heterogeneidad territorial y las desigualdades interregionales. En este contexto, se releva el carácter históricamente centralista del modelo chileno, el cual ha contribuido a brechas territoriales significativas, según la OCDE. Como respuesta, se han impulsado instrumentos como la Política Nacional de Ordenamiento Territorial (PNOT), que busca articular y armonizar las distintas políticas sectoriales y territoriales. No obstante, el análisis evidencia la fragmentación normativa y la ausencia de un cuerpo legal único que sistematice estas clasificaciones y sus beneficios asociados, lo que dificulta una gestión territorial coherente e integrada.
15/04/2026
Estado actual de la guerra de Ucrania.
Actualmente han transcurrido más de 1.500 días desde el inicio de hostilidades entre la Federación de Rusia y Ucrania. El conflicto iniciado el 24 de febrero de 2022 se produjo por la invasión rusa a gran escala del territorio de Ucrania, ofensiva que Rusia denominó “operación militar especial”, y que hoy se conoce como Guerra de Ucrania. De continuar las condiciones actuales, la duración del conflicto podría superar al de la Primera Guerra Mundial. El conflicto estuvo precedido a partir del año 2021 por la concentración de fuerzas militares rusas en la frontera de Ucrania, y bajo un diseño militar que presuponía que la invasión generaría un escenario bélico de corta duración, lo que supuestamente acabaría con el gobierno del presidente Volodimir Zelensky, elegido democráticamente en el año 2019 (CEEA). Tras la invasión, Ucrania obtuvo el estatus de país candidato a la Unión Europea, y desde esa fecha ha recibido ayuda constante de Estados Unidos y los países de OTAN.