Asesorías Parlamentarias

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Documentos publicados desde el 01 de enero de 2014

Investigadora / investigador: Vargas Cárdenas, Patricia Andrea

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05/11/2026

Vigencia y discusión sobre la aplicación de la pena de muerte: Revisión del Derecho Internacional y sistema legal de Estados Unidos y Chile.

La pena de muerte, también llamada pena capital, es una de las sanciones más controvertidas del derecho penal. Desde la teoría, su justificación se vincula principalmente con los fines retributivos, que conciben la sanción como una respuesta proporcional a la gravedad del delito, y los fines preventivos, que le atribuyen un eventual efecto disuasorio. Sin embargo, la evidencia empírica disponible no permite establecer conclusiones definitivas sobre su impacto en la criminalidad. El Consejo Nacional de Investigación de Estados Unidos (2012) concluyó que los estudios existentes no permiten determinar si la pena capital disminuye, aumenta o no produce efectos sobre las tasas de homicidio. En el continente americano, Estados Unidos y Trinidad y Tobago son los únicos países que aplican esta sanción para delitos comunes. En el caso de Chile, la pena de muerte fue suprimida para delitos comunes mediante Ley No. 19.734, de 2001, pero la pena no se encuentra completamente abolida del sistema jurídico, ya que subsiste en la Constitución Política y en el Código de Justicia Militar.

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16/10/2026

Los tratados internacionales y la doctrina sobre su jerarquía en el Derecho Interno

Los tratados internacionales son instrumentos jurídicos que generan obligaciones para los Estados que consienten en suscribirlos, requieren su incorporación al ordenamiento nacional y deben cumplirse de buena fe. En materia de derechos humanos, buscan proteger la dignidad humana mediante garantías para las personas y deberes estatales. En América Latina, su aplicación efectiva plantea desafíos relacionados con su jerarquía normativa. En Chile, la Constitución regula su incorporación al derecho interno y existe consenso sobre su carácter supralegal, aunque persiste el debate acerca de su eventual rango constitucional o supraconstitucional. El constitucionalismo latinoamericano tiende a reconocerles un estatus especial, cercano al constitucional. En este contexto surge el bloque de constitucionalidad, entendido como un conjunto de normas y principios nacionales e internacionales que orientan la interpretación y aplicación del derecho, estableciendo estándares mínimos de protección de los derechos fundamentales favorables a las personas. Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos desarrolla el control de convencionalidad, que exige examinar e interpretar las normas conforme a la Convención Americana y la jurisprudencia interamericana. Esta doctrina genera controversias: algunos autores advierten una supremacía internacional sobre el derecho interno, mientras otros destacan sus efectos sobre las competencias judiciales, las relaciones institucionales y la jerarquía del Poder Judicial.

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02/09/2026

Cifras de comercio exterior de Bolivia y envíos madereros.

Según el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), las exportaciones bolivianas alcanzaron $6.395 millones en el primer semestre de 2026, un aumento de 35% en el periodo, frente a los $4.126 millones registrados en 2025. Por su parte, el Instituto Nacional de Estadística de Bolivia (INE) reportó un superávit comercial de $176 millones en julio de 2026: las exportaciones sumaron $1.427,8 millones (52% más que el mes anterior, impulsadas por la manufactura y la minería de plata y zinc), mientras que las importaciones llegaron a $1.251,9 millones, con mayores compras de materias primas, productos intermedios y bienes de capital.

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31/08/2026

Aspectos de la regulación del comercio digital de servicios en acuerdos internacionales suscritos por Chile.

El comercio electrónico, también conocido como comercio digital, ha adquirido una importancia creciente en la economía que lo ha llevado a ser integrado como tema de negociación en los acuerdos comerciales internacionales. Esta inclusión tendría como fin facilitar los flujos de datos y resguardar la autonomía regulatoria de los Estados. Los países han avanzado en establecer capítulos específicos para tratar el comercio digital que están contenidos en acuerdos comerciales más amplios. Estos, por lo general, se leen e interpretan en conjunto con otras obligaciones del acuerdo, principalmente aquellas definidas en materia de inversión, comercio transfronterizo de servicios, servicios financieros y mecanismos de solución de controversias. No obstante, aunque los servicios de comercio digital se consideran cubiertos por el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios de la Organización Mundial del Comercio, se plantea la necesidad de ajustar este marco de gobernanza a los desafíos actuales. La existencia de estos diferentes regímenes podría dificultar el ejercicio de la autonomía regulatoria de los Estados, por tal motivo algunos acuerdos comerciales contemplan de manera expresa la salvaguarda del derecho a regular por objetivos legítimos de política pública. Este es el caso del Acuerdo Marco Avanzado (AMA) entre Chile y la Unión Europea. En el caso del Acuerdo de Asociación de Economía Digital (DEPA), si bien se conserva este resguardo, no se encuentra establecido en la parte sustantiva del acuerdo. Y en lo que respecta al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP), se permite establecer requisitos regulatorios de manera condicionada en materias específicas y de forma compatible con el tratado. No obstante, tanto el texto del DEPA y del CPTPP disponen que no reflejan la opinión de las Partes sobre si el comercio de productos digitales debe clasificarse como comercio de servicios o comercio de mercancías.

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13/08/2026

Cuota de género y financiamiento electoral en elecciones parlamentarias en Chile: Seguimiento a la implementación de cuotas y aportes de campaña de la ley N° 20.840 (2021-2025).

La Ley 20.840 que Sustituye el Sistema Electoral Binominal por uno de Carácter Proporcional Inclusivo y Fortalece la Representatividad del Congreso Nacional, transformó el sistema electoral y, con el fin de aumentar la participación y representación de la mujer en política, estableció dos mecanismos de acción afirmativa: una cuota de género en las listas de candidaturas parlamentarias que habilita hasta 60% de participación de cualquier género, y un incentivo económico especial, exclusivamente para las elecciones parlamentarias a realizar entre los años 2017 y 2029. En el primer año de aplicación de la cuota en 2017 el número de candidatas a senadoras se multiplicó por 4,5 y el de candidatas a diputadas por 4,4. En materia de financiamiento electoral, se revisaron los aportes públicos y privados entre los años 2021 y 2025. En general, las mujeres candidatas reciben menos aportes que los hombres. En la elección de diputadas y diputados, se puede apreciar que, si bien el valor promedio de los aportes privados aumentó, la brecha de género no se redujo. Respecto de los aportes de campaña en el Senado, se observó que en promedio los hombres reciben más aportes privados que las mujeres, pero la brecha disminuyó en la elección de 2025.

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20/07/2026

Cooperación internacional entre Chile y Uruguay: Marco jurídico aplicable y programas de cooperación laboral implementados entre 2010 y 2026.

La cooperación bilateral establecida entre Chile y Uruguay se ha desarrollado en el marco de los objetivos y la complementariedad definida en tres instrumentos jurídicos suscritos entre las Partes. Estos son: el Convenio Básico de Cooperación Técnica y Científica de 1993, el Acuerdo de Asociación Estratégica de 2008 y el Acuerdo de Libre Comercio de 2016. Para la coordinación y facilitación de la ejecución de los programas de cooperación que han sido propuestos se estableció el funcionamiento de una Comisión Mixta de Cooperación, órgano de carácter bilateral que también evalúa el desarrollo de las acciones emprendidas. A la fecha, entre los 55 proyectos de cooperación que han permitido la transferencia técnica entre ambos países entre los años 2010 y 2025, destacan los asuntos sobre medio ambiente, salud y asuntos laborales. Actualmente, en materia laboral se están ejecutando los programas “Fortalecimiento de las capacidades de los sectores público y privado para potenciar los aportes de las personas trabajadoras migrantes internacionales y facilitar su inclusión social y laboral en Chile y Uruguay” y “Construcción de un Marco Nacional de Cualificaciones en el sector de los cuidados en Uruguay”.

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23/06/2026

Prohibición del trabajo forzoso en el Derecho Internacional: Normativa aplicable en Chile y Estados Unidos.

Alrededor de 28 millones de personas se encuentran en situación de trabajo forzoso, riesgo del que ninguna región del mundo se encuentra libre y que afecta prácticamente a todos los sectores de la economía privada. El término «trabajo forzoso» obedece a la calificación que realiza la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que lo define como “todo trabajo o servicio exigido a un individuo bajo la amenaza de una pena cualquiera y para el cual dicho individuo no se ofrece voluntariamente”. En Chile, la Constitución Política de la República garantiza que en el país no existen esclavos y que toda persona tiene derecho a elegir y contratar el trabajo libremente, y a recibir una compensación justa. El delito de trabajo forzado no se encuentra tipificado de manera autónoma en la normativa interna, pero sí lo están los delitos de tráfico ilícito de migrantes y de trata de personas en el Código Penal. En Estados Unidos, la norma establecida en la Sección 307 de la Tariff Act de 1930, prohíbe utilizar cualquier forma de trabajo forzoso u obligatorio, incluido el trabajo infantil. La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), investigó el grado de cumplimiento de la eliminación del trabajo forzoso en 60 economías del mundo, incluido Chile. El USTR concluyó que todas las economías investigadas fracasaron en imponer y en aplicar efectivamente una prohibición a la importación de mano de obra forzoso. Por tal motivo, el USTR propuso como medida de respuesta a dicha situación, determinar un arancel adicional de 10 a 12,5% a los productos de estas economías.

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05/06/2026

Vínculos entre normas internacionales ambientales y acuerdos comerciales.

El Proyecto de Ley para la Reconstrucción Nacional y el Desarrollo Económico y Social, presentado al Congreso Nacional por el Gobierno del presidente de la República, José Antonio Kast (Boletín Legislativo Núm. 18.216-05), aborda, entre otros aspectos, la racionalización del proceso de evaluación ambiental, incorporando el derecho a restitución de las inversiones ambientales anuladas judicialmente, conocido también como “seguro para proyectos aprobados”. Se trataría de un mecanismo especial y excepcional de reparación patrimonial que consideraría restituir al titular de una inversión ambiental los gastos directos y efectivos ejecutados en un proyecto que obtuvo una Resolución de Calificación Ambiental favorable y que a consecuencia de sentencia judicial posterior haya sido anulada o dejada sin efecto. Entre los objetivos de la política económica y comercial internacional de Chile se ha perseguido la apertura comercial, la promoción de las exportaciones y atraer inversión extranjera.

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20/04/2026

Síntesis del trabajo del periodo legislativo 2022- 2026: Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la República.

En el periodo legislativo transcurrido entre marzo de 2022 y marzo de 2026, correspondiente a las legislaturas 370 a 373, la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la República, estudió y recomendó la aprobación de un total de 68 proyectos de acuerdos aprobatorios de tratados internacionales, los que en definitiva fueron ratificados y promulgados mediante 66 Decretos Supremos del Ministerio de Relaciones Exteriores, convirtiéndose en acuerdos internacionales vigentes. Por otra parte, entre los principales temas discutidos por la Comisión, de acuerdo con el análisis de las diferentes audiencias realizadas durante el periodo de ejercicio parlamentario, se puede señalar que destacan, entre otros: la relación bilateral con Estados Unidos, la situación migratoria del país respecto de sus fronteras terrestres; la relación con la organización European Southern Observatory (ESO) y el estado de la observación astronómica en el país y conocer del fallo de la Corte Internacional de Justicia respecto del Caso Silala, con Bolivia.

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