Asesoría Parlamentaria

Sanciones en caso de receptación de vehículos robados y regulación de desguazaderos de vehículos. Alemania, Argentina, España y Estados Unidos.

Abujatum Sepúlveda, Jana Rosa

Junto con el crecimiento del parque automotor, se ha incrementado el robo de automóviles. Habitualmente el delito de robo de vehículos se vincula con el de receptación y las desarmadurías ilegales. De hecho, la sustracción de vehículos motorizados está estrechamente vinculada a la comercialización ilegal de autopartes usadas y orientado a surtir los mercados informales que fluctúan entre la legalidad y la ilegalidad. Para frenar esta cadena delictual, se debe reg... ularizar a las empresas dedicadas al desguace, de manera que estas funcionen en un marco legal y que la venta de autopartes se produzca de manea lícita. En la revisión realizada a las normativas sobre desarmadurías de vehículos en Alemania, Argentina, España y Estados Unidos, se puede ver que se entregan directrices para su funcionamiento, tales como estar registradas y mantener documentación al día sobre la compra y venta de automóviles y sus partes, además de sanciones a quienes no cumplan con las normativas.   Ver más

Junto con el crecimiento del parque automotor, se ha incrementado el robo de automóviles. Habitualmente el delito de robo de vehículos se vincula con el de receptación y las desarmadurías ilegales. De hecho, la sustracción de vehículos motorizados está estrechamente vinculada a la comercialización ilegal de autopartes usadas y orientado a surtir los mercados informales que fluctúan entre la legalidad y la ilegalidad. Para frenar esta cadena delictual, se debe regularizar a las empresas dedicadas al desguace, de manera que estas funcionen en un marco legal y que la venta de autopartes se produzca de manea lícita. En la revisión realizada a las normativas sobre desarmadurías de vehículos en Alemania, Argentina, España y Estados Unidos, se puede ver que se entregan directrices para su funcionamiento, tales como estar registradas y mantener documentación al día sobre la compra y venta de automóviles y sus partes, además de sanciones a quienes no cumplan con las normativas.

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Registro de Prófugos de la Justicia. Argentina, Estados Unidos de América (EE.UU.), España, Canadá y Alemania.

Fernández Lores, Guillermo Javier
Santana Silva, Daniela Francisca
Abujatum Sepúlveda, Jana Rosa

Para dar con las normas que hacen público el hecho de que una persona se encuentra prófuga de la justicia, se puede ver si existe un catálogo público, o bien dar cuenta de las excepciones a las leyes de privacidad en el tratamiento de datos personales. El presente documento, por una parte, informa sobre el Registro Nacional de Prófugos de Argentina y, por otra, acerca de las normas de tratamiento de datos personales para los casos de Estados Unidos, España, Canad... á y Alemania, centrándose en la excepcionalidad de dicha privacidad, en los casos de una persona que ha entrado en conflicto con la ley.   Ver más

Para dar con las normas que hacen público el hecho de que una persona se encuentra prófuga de la justicia, se puede ver si existe un catálogo público, o bien dar cuenta de las excepciones a las leyes de privacidad en el tratamiento de datos personales. El presente documento, por una parte, informa sobre el Registro Nacional de Prófugos de Argentina y, por otra, acerca de las normas de tratamiento de datos personales para los casos de Estados Unidos, España, Canadá y Alemania, centrándose en la excepcionalidad de dicha privacidad, en los casos de una persona que ha entrado en conflicto con la ley.

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Experiencia extranjera sobre regulación de vehículos blindados de uso particular. Casos de Brasil, Colombia, España, Estados Unidos de Norteamérica (EE.UU.), Estados Unidos Mexicanos y Unión Europea (UE)

Cuevas Saavedra, Claudia Patricia

En general, las normas para automóviles blindados, en lo relativo a armaduras, tienen dos referentes: las normas de la Unión Europea y la norma estadounidense. Este documento se enfoca en la experiencia comparada sobre regulación de los vehículos blindados, específicamente, aquellos destinados al uso particular de personas naturales. La Unión Europea y los países abordados (Brasil, Colombia, España, Estados Unidos de Norteamérica y México). Asimismo, el documento...  contempla un anexo que entrega información sobre los proyectos de ley que dicen relación con automóviles blindados que, al 6 de mayo del presente, se encuentran actualmente, en trámite en el Congreso Nacional de Chile.   Ver más

En general, las normas para automóviles blindados, en lo relativo a armaduras, tienen dos referentes: las normas de la Unión Europea y la norma estadounidense. Este documento se enfoca en la experiencia comparada sobre regulación de los vehículos blindados, específicamente, aquellos destinados al uso particular de personas naturales. La Unión Europea y los países abordados (Brasil, Colombia, España, Estados Unidos de Norteamérica y México). Asimismo, el documento contempla un anexo que entrega información sobre los proyectos de ley que dicen relación con automóviles blindados que, al 6 de mayo del presente, se encuentran actualmente, en trámite en el Congreso Nacional de Chile.

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Facultades de las instituciones de ciberseguridad en la experiencia internacional.

Abujatum Sepúlveda, Jana Rosa
Jarufe Bader, Juan Pablo

A petición del requirente, el presente informe da cuenta de algunas de las tareas y facultades de las agencias de ciberseguridad en Alemania, Argentina, Bélgica, España, Italia, así como las directrices adoptadas por la Unión Europea (UE) en el ámbito de la ciberseguridad. En el caso argentino, la Dirección Nacional de Ciberseguridad es el organismo encargado de analizar los elementos propios de la ciberseguridad y el resguardo de las infraestructuras críticas de...  la información, así como de preocuparse de prevenir y generar respuestas frente a ciberincidentes que pudiesen afectar al sector público. El 27 de diciembre de 2022 fue publicada y el 16 de enero del presente año entró en vigor la Directiva NIS2 de la UE (European Parliament, 2023: 12), cuyo artículo 1 fija un conjunto de obligaciones para los Estados Miembros del bloque, en cuanto a adoptar estrategias de ciberseguridad y designar autoridades especializadas en la materia, para hacer frente a distintas crisis en este ámbito; emitir reportes de ciberseguridad; compartir información; y supervisar y hacer cumplir las obligaciones asumidas como partes integrantes de la alianza europea.   Ver más

A petición del requirente, el presente informe da cuenta de algunas de las tareas y facultades de las agencias de ciberseguridad en Alemania, Argentina, Bélgica, España, Italia, así como las directrices adoptadas por la Unión Europea (UE) en el ámbito de la ciberseguridad. En el caso argentino, la Dirección Nacional de Ciberseguridad es el organismo encargado de analizar los elementos propios de la ciberseguridad y el resguardo de las infraestructuras críticas de la información, así como de preocuparse de prevenir y generar respuestas frente a ciberincidentes que pudiesen afectar al sector público. El 27 de diciembre de 2022 fue publicada y el 16 de enero del presente año entró en vigor la Directiva NIS2 de la UE (European Parliament, 2023: 12), cuyo artículo 1 fija un conjunto de obligaciones para los Estados Miembros del bloque, en cuanto a adoptar estrategias de ciberseguridad y designar autoridades especializadas en la materia, para hacer frente a distintas crisis en este ámbito; emitir reportes de ciberseguridad; compartir información; y supervisar y hacer cumplir las obligaciones asumidas como partes integrantes de la alianza europea.

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Regulación de desguazaderos de automóviles y sanciones en caso de receptación de vehículos robados: Argentina, España y Estados Unidos.

Abujatum Sepúlveda, Jana Rosa

Junto con el crecimiento del parque automotor, se ha incrementado el robo de automóviles. Habitualmente el delito de robo de vehículos se vincula con el de receptación y las desarmadurías ilegales. La sustracción de vehículos motorizados está estrechamente vinculada a la comercialización ilegal de autopartes usadas y orientado a surtir los mercados informales que fluctúan entre la legalidad y la ilegalidad. Para frenar esta cadena delictual, se debe regularizar a...  las empresas dedicadas al desguace, de manera que estas funcionen en un marco legal y que la venta de autopartes se produzca de manea lícita.   Ver más

Junto con el crecimiento del parque automotor, se ha incrementado el robo de automóviles. Habitualmente el delito de robo de vehículos se vincula con el de receptación y las desarmadurías ilegales. La sustracción de vehículos motorizados está estrechamente vinculada a la comercialización ilegal de autopartes usadas y orientado a surtir los mercados informales que fluctúan entre la legalidad y la ilegalidad. Para frenar esta cadena delictual, se debe regularizar a las empresas dedicadas al desguace, de manera que estas funcionen en un marco legal y que la venta de autopartes se produzca de manea lícita.

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Experiencia comparada sobre ruidos molestos provocados por vehículos en horarios no permitidos. Normativa de Chile, Unión Europea, Alemania, España y Suiza

Cuevas Saavedra, Claudia Patricia

Las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en relación a los niveles de ruido del tráfico vehicular son 65 decibeles (dB) durante el día y 55 dB durante la noche. En Chile, los límites permitidos, sin distinción horaria, para vehículos livianos y medianos fluctúan, de acuerdo al tipo de vehículo y sus características, entre los 74 y 80 dB; mientras que los niveles para motocicletas van entre los 75 y 77 dB. En la Unión Europea (UE) el límite...  es de 72 dB(A), sin embargo, el Reglamento Nº 540/2014 estableció un máximo de 68 dB para 2026. En tanto, la Directiva sobre Ruido Ambiental (END) estableció la obligación, para los países miembros, de elaborar mapas de ruido y planes de acción para modificar y reducir el ruido vial, que se espera –en 2030- descienda un 30% en comparación con los niveles de 2017. En Alemania, la Directiva END se introdujo con valores distintos donde, para carreteras nuevas o con cambios significativos va desde 59 a 64 dB de día y 49 hasta 54 dB de noche; mientras que, para carreteras existentes, 67 hasta 69 dB y 57 a 59 dB, respectivamente. Por su parte, España adoptó los niveles de la Directiva END dejando la responsabilidad a los gobiernos municipales la medición de ruidos y a las Comunidades Autónomas el fijar límites más estrictos. Así, Barcelona los establece entre 94 y 96 dB y 98 y 100 dB según el año del vehículo y el combustible que utilicen. En tanto, Madrid define un máximo de 87 dB. Por último, en Suiza existen “horas de tranquilidad” definidas según niveles de intensidad acústica, que van desde los 50 dB en el día y 40 en la noche con un máximo definido (alarma) de 75 y 70 dB, respectivamente.   Ver más

Las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en relación a los niveles de ruido del tráfico vehicular son 65 decibeles (dB) durante el día y 55 dB durante la noche. En Chile, los límites permitidos, sin distinción horaria, para vehículos livianos y medianos fluctúan, de acuerdo al tipo de vehículo y sus características, entre los 74 y 80 dB; mientras que los niveles para motocicletas van entre los 75 y 77 dB. En la Unión Europea (UE) el límite es de 72 dB(A), sin embargo, el Reglamento Nº 540/2014 estableció un máximo de 68 dB para 2026. En tanto, la Directiva sobre Ruido Ambiental (END) estableció la obligación, para los países miembros, de elaborar mapas de ruido y planes de acción para modificar y reducir el ruido vial, que se espera –en 2030- descienda un 30% en comparación con los niveles de 2017. En Alemania, la Directiva END se introdujo con valores distintos donde, para carreteras nuevas o con cambios significativos va desde 59 a 64 dB de día y 49 hasta 54 dB de noche; mientras que, para carreteras existentes, 67 hasta 69 dB y 57 a 59 dB, respectivamente. Por su parte, España adoptó los niveles de la Directiva END dejando la responsabilidad a los gobiernos municipales la medición de ruidos y a las Comunidades Autónomas el fijar límites más estrictos. Así, Barcelona los establece entre 94 y 96 dB y 98 y 100 dB según el año del vehículo y el combustible que utilicen. En tanto, Madrid define un máximo de 87 dB. Por último, en Suiza existen “horas de tranquilidad” definidas según niveles de intensidad acústica, que van desde los 50 dB en el día y 40 en la noche con un máximo definido (alarma) de 75 y 70 dB, respectivamente.

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Delito de usurpación de inmuebles en Alemania y España.

Abujatum Sepúlveda, Jana Rosa
Cavada Herrera, Juan Pablo

En Alemania existe el delito de usurpación de inmueble y/o de violación de domicilio, de acción penal privada, en el sentido de que sólo se persigue a instancias del querellante o denunciante. El objeto del delito puede ser un inmueble habitacional, entre otros. La sanción es pena privativa de libertad de hasta un año o multa, o hasta de dos años con multa si es cometido por una multitud. Si la ocupación ilegal es denunciada de inmediato, la Policía debe desaloja... r la propiedad en un plazo de 24 horas. Si la denuncia no se hace inmediatamente, el desalojo debe ser dispuesto por un juez. Eventualmente, los ocupantes ilegales deben pagar los costos de la desocupación.   Ver más

En Alemania existe el delito de usurpación de inmueble y/o de violación de domicilio, de acción penal privada, en el sentido de que sólo se persigue a instancias del querellante o denunciante. El objeto del delito puede ser un inmueble habitacional, entre otros. La sanción es pena privativa de libertad de hasta un año o multa, o hasta de dos años con multa si es cometido por una multitud. Si la ocupación ilegal es denunciada de inmediato, la Policía debe desalojar la propiedad en un plazo de 24 horas. Si la denuncia no se hace inmediatamente, el desalojo debe ser dispuesto por un juez. Eventualmente, los ocupantes ilegales deben pagar los costos de la desocupación.

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Ciberseguridad e infraestructura crítica: los casos de Bélgica, Estonia, Italia y la UE.

Jarufe Bader, Juan Pablo

La ciberseguridad es “la práctica de proteger sistemas, redes y programas de ataques digitales, que buscan acceder, modificar o destruir información confidencial, extorsionar a las personas o interrumpir un servicio”. En el paradigma belga, existe desde el 20 de mayo de 2021 una Estrategia de Ciberseguridad Nacional, aprobada por el Consejo de Seguridad Nacional, que constituye el marco para la aproximación de este país en este ámbito. Esta directriz es implement... ada por el Centro para la Ciberseguridad, autoridad nacional que supervisa, coordina y monitorea su aplicación. Respecto a Estonia, el Cyber Security Council, creado en 2009 y presidido por el Secretario General del Ministerio de Asuntos Económicos y Comunicaciones, es el encargado de aportar a una cooperación más fluida entre diversos organismos públicos, al tiempo de velar por el cumplimiento de las metas de la Estrategia de Ciberseguridad 2019-2022. Además, este país ha desarrollado la noción de Critical Information Infrastructure Protection, que considera la recolección y administración de datos, el intercambio de información sobre proveedores de servicios y la entrega de análisis de riesgos a los proveedores de servicios.   Ver más

La ciberseguridad es “la práctica de proteger sistemas, redes y programas de ataques digitales, que buscan acceder, modificar o destruir información confidencial, extorsionar a las personas o interrumpir un servicio”. En el paradigma belga, existe desde el 20 de mayo de 2021 una Estrategia de Ciberseguridad Nacional, aprobada por el Consejo de Seguridad Nacional, que constituye el marco para la aproximación de este país en este ámbito. Esta directriz es implementada por el Centro para la Ciberseguridad, autoridad nacional que supervisa, coordina y monitorea su aplicación. Respecto a Estonia, el Cyber Security Council, creado en 2009 y presidido por el Secretario General del Ministerio de Asuntos Económicos y Comunicaciones, es el encargado de aportar a una cooperación más fluida entre diversos organismos públicos, al tiempo de velar por el cumplimiento de las metas de la Estrategia de Ciberseguridad 2019-2022. Además, este país ha desarrollado la noción de Critical Information Infrastructure Protection, que considera la recolección y administración de datos, el intercambio de información sobre proveedores de servicios y la entrega de análisis de riesgos a los proveedores de servicios.

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Ingreso ilegal de inmigrantes: Experiencia internacional.

Jarufe Bader, Juan Pablo

De acuerdo a la Sección 95 de la Act on the Residence, Economic Activity and Integration of Foreigners in the Federal Territory Residence Act, de 2020, el ingreso ilegal a Alemania de toda persona que carezca de pasaporte o que presente una visa obtenida por medio de amenazas o colusión, es sancionado con reclusión superior a 1 año. En el modelo canadiense, en tanto, el artículo 117 numeral 1 de la Immigration and Refugee Protection Act, de 2001, sanciona a quien... es ayuden, estimulen u organicen el ingreso clandestino de una o más personas a territorio nacional. Quien incurra en esta transgresión, es castigado en el numeral 3 del mismo artículo, con multa de hasta 1 millón de dólares canadienses (US$ 372.875), con el agravante de que la persona puede ser sentenciada hasta a cadena perpetua. Según la Sección 1325 de la Immigration and Nationality Act, de 2023, la entrada ilícita de extranjeros a territorio estadounidense, considera el paso por lugares no habilitados, burlando los controles oficiales, conducta que es sancionada con multa de entre US$50 y US$250 mil, así como con prisión de hasta 6 meses, o ambos castigos.   Ver más

De acuerdo a la Sección 95 de la Act on the Residence, Economic Activity and Integration of Foreigners in the Federal Territory Residence Act, de 2020, el ingreso ilegal a Alemania de toda persona que carezca de pasaporte o que presente una visa obtenida por medio de amenazas o colusión, es sancionado con reclusión superior a 1 año. En el modelo canadiense, en tanto, el artículo 117 numeral 1 de la Immigration and Refugee Protection Act, de 2001, sanciona a quienes ayuden, estimulen u organicen el ingreso clandestino de una o más personas a territorio nacional. Quien incurra en esta transgresión, es castigado en el numeral 3 del mismo artículo, con multa de hasta 1 millón de dólares canadienses (US$ 372.875), con el agravante de que la persona puede ser sentenciada hasta a cadena perpetua. Según la Sección 1325 de la Immigration and Nationality Act, de 2023, la entrada ilícita de extranjeros a territorio estadounidense, considera el paso por lugares no habilitados, burlando los controles oficiales, conducta que es sancionada con multa de entre US$50 y US$250 mil, así como con prisión de hasta 6 meses, o ambos castigos.

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Criterios para sancionar el microtráfico de drogas en la experiencia internacional.

Abujatum Sepúlveda, Jana Rosa

Las legislaciones sobre drogas y especialmente las relativas al narcomenudeo en Alemania, Colombia, España y México presentan distintas formas de gramaje en lo relativo a dosis de drogas consideradas de uso personal. En el caso alemán, su conformación administrativa de país federal, muestra variaciones en cuanto a los gramajes considerados como no punibles en su tenencia.

Las legislaciones sobre drogas y especialmente las relativas al narcomenudeo en Alemania, Colombia, España y México presentan distintas formas de gramaje en lo relativo a dosis de drogas consideradas de uso personal. En el caso alemán, su conformación administrativa de país federal, muestra variaciones en cuanto a los gramajes considerados como no punibles en su tenencia.

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Legítima defensa privilegiada de policías: Regulación en Chile y en la legislación extranjera.

Cavada Herrera, Juan Pablo
Loiseau, Virginie Solange Marie

Analiza la legislación de la UE y la ONU, así como la de España, Francia y Uruguay, sobre la legítima defensa para las fuerzas de orden en general, como eximente de responsabilidad penal por hechos cometidos en el desempeño de sus funciones.

Analiza la legislación de la UE y la ONU, así como la de España, Francia y Uruguay, sobre la legítima defensa para las fuerzas de orden en general, como eximente de responsabilidad penal por hechos cometidos en el desempeño de sus funciones.

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Control de armas en la legislación comparada: Alemania, Argentina, Australia, Canadá, España, Estados Unidos, México, Reino Unido, Unión Europea.

Abujatum Sepúlveda, Jana Rosa
Jarufe Bader, Juan Pablo

A nivel internacional, tienden a predominar las normativas de corte restrictivo en materia de tenencia y porte de armas de fuego. Al respecto, la Unión Europea adoptó en 2015 la “Agenda de Seguridad Europea”, de manera de reforzar la seguridad ante el terrorismo radicalizado y el tráfico de armas del crimen organizado. En esta línea, las legislaciones vigentes en países como Alemania, España y Reino Unido tienden a ser restrictivas, en contraste con la realidad d... e Estados Unidos, donde constitucional y legalmente, los ciudadanos tienen el derecho a portar armas. En Argentina, a su vez, la Ley 20.429 regula la compra, tenencia, porte, transferencia e importación de armas de fuego y de lanzamiento a mano para uso civil, tal como lo dispone su artículo 1°.   Ver más

A nivel internacional, tienden a predominar las normativas de corte restrictivo en materia de tenencia y porte de armas de fuego. Al respecto, la Unión Europea adoptó en 2015 la “Agenda de Seguridad Europea”, de manera de reforzar la seguridad ante el terrorismo radicalizado y el tráfico de armas del crimen organizado. En esta línea, las legislaciones vigentes en países como Alemania, España y Reino Unido tienden a ser restrictivas, en contraste con la realidad de Estados Unidos, donde constitucional y legalmente, los ciudadanos tienen el derecho a portar armas. En Argentina, a su vez, la Ley 20.429 regula la compra, tenencia, porte, transferencia e importación de armas de fuego y de lanzamiento a mano para uso civil, tal como lo dispone su artículo 1°.

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Sanciones penales por agresiones a funcionarios policiales

Fernández Lores, Guillermo Javier
Abujatum Sepúlveda, Jana Rosa

Los funcionarios policiales suelen tener un estatuto especial y por tanto existen ciertos delitos que solo pueden ser cometidos contra ellos o bien contra otras autoridades del estado. Son los denominados delitos en contra la autoridad De acuerdo a la normativa revisada -que incluye España, Portugal, Alemania e Italia- las conductas penalizadas como delitos en contra de la autoridad pueden ser resumidas en cuatro categorías: · maltrato de obra (empleo de violenci... a) · amenazas con el uso de violencia · resistencia u obstrucción ante un arresto · proferir ofensas Se entiende que estas conductas son penadas precisamente por la calidad especial de la víctima, y se encuentran reguladas en los cuatro países analizados En el caso del homicidio, salvo en Alemania, los demás países contemplan expresamente una sanción más alta en el evento en que la víctima sea un agente policial. No ocurre lo mismo en los distintos tipos de lesiones tipificados por dichos ordenamientos jurídicos, pues solo Italia contempla un delito especial de lesiones contra la autoridad, el cual tiene una sanción agravada.   Ver más

Los funcionarios policiales suelen tener un estatuto especial y por tanto existen ciertos delitos que solo pueden ser cometidos contra ellos o bien contra otras autoridades del estado. Son los denominados delitos en contra la autoridad De acuerdo a la normativa revisada -que incluye España, Portugal, Alemania e Italia- las conductas penalizadas como delitos en contra de la autoridad pueden ser resumidas en cuatro categorías: · maltrato de obra (empleo de violencia) · amenazas con el uso de violencia · resistencia u obstrucción ante un arresto · proferir ofensas Se entiende que estas conductas son penadas precisamente por la calidad especial de la víctima, y se encuentran reguladas en los cuatro países analizados En el caso del homicidio, salvo en Alemania, los demás países contemplan expresamente una sanción más alta en el evento en que la víctima sea un agente policial. No ocurre lo mismo en los distintos tipos de lesiones tipificados por dichos ordenamientos jurídicos, pues solo Italia contempla un delito especial de lesiones contra la autoridad, el cual tiene una sanción agravada.

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Acceso a la Información Pública: documentos reservados y secretos.

Williams Obreque, Guido Andrés

Se solicita informar sobre el sentido y alcance jurídico de los conceptos “reservado” y “secreto” en el marco del régimen jurídico nacional de acceso a la información pública; los sujetos responsables de infracciones y las sanciones eventuales por infracción a dicha reserva o secreto. El régimen jurídico general sobre acceso a la información pública, está constituido por el inciso segundo del artículo 8° de la Constitución Política, la Ley N°...  20.285 y su Reglamento. La regla general constitucional es la publicidad de los actos y resoluciones de los órganos del Estado, de sus fundamentos y procedimientos. Excepcionalmente, se establecen causales de reserva y secreto, primeramente, en la Constitución Política, y luego desarrolladas por la Ley N° 20.285 y su Reglamento. Estas causales son: cuando una ley de quórum calificado establece la reserva o secreto de actos, resoluciones, sus fundamentos y procedimientos; cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de los órganos del Estado, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional.   Ver más

Se solicita informar sobre el sentido y alcance jurídico de los conceptos “reservado” y “secreto” en el marco del régimen jurídico nacional de acceso a la información pública; los sujetos responsables de infracciones y las sanciones eventuales por infracción a dicha reserva o secreto. El régimen jurídico general sobre acceso a la información pública, está constituido por el inciso segundo del artículo 8° de la Constitución Política, la Ley N° 20.285 y su Reglamento. La regla general constitucional es la publicidad de los actos y resoluciones de los órganos del Estado, de sus fundamentos y procedimientos. Excepcionalmente, se establecen causales de reserva y secreto, primeramente, en la Constitución Política, y luego desarrolladas por la Ley N° 20.285 y su Reglamento. Estas causales son: cuando una ley de quórum calificado establece la reserva o secreto de actos, resoluciones, sus fundamentos y procedimientos; cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de los órganos del Estado, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional.

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Declaración video grabada de adultos víctimas de delitos sexuales. Estándares internacionales y experiencia extranjera

Cavada Herrera, Juan Pablo
Weidenslaufer Von Kretschmann, Christine Berenice
Cavada Herrera, Juan Pablo

En 2018, con el fin de evitar la victimización secundaria de niños, niñas y adolescentes producto de su interacción con el sistema judicial, se promulgó la Ley N° 21.057, que “Regula Entrevistas Grabadas en Video y otras medidas de resguardo a menores de edad víctimas de delitos sexuales”. Una medida similar no es obligatoria para los adultos que son víctimas de los mismos delitos. Sin embargo, los estándares internacionales contenidos en div... ersos instrumentos reconocen la necesidad de evitar la re victimización en la búsqueda de justicia, y en particular, en las diligencias en las investigaciones penales, como ocurre con la toma de declaraciones. Por ejemplo, la Directiva de la Unión Europea señala que la toma de declaración de las víctimas debe llevarse a cabo sin dilaciones injustificadas y su número debe ser el menor posible. Los instrumentos normativos internacionales mencionados son de distinta naturaleza y obligatoriedad y proceden de Naciones Unidas, de la Unión Europea y de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos.   Ver más

En 2018, con el fin de evitar la victimización secundaria de niños, niñas y adolescentes producto de su interacción con el sistema judicial, se promulgó la Ley N° 21.057, que “Regula Entrevistas Grabadas en Video y otras medidas de resguardo a menores de edad víctimas de delitos sexuales”. Una medida similar no es obligatoria para los adultos que son víctimas de los mismos delitos. Sin embargo, los estándares internacionales contenidos en diversos instrumentos reconocen la necesidad de evitar la re victimización en la búsqueda de justicia, y en particular, en las diligencias en las investigaciones penales, como ocurre con la toma de declaraciones. Por ejemplo, la Directiva de la Unión Europea señala que la toma de declaración de las víctimas debe llevarse a cabo sin dilaciones injustificadas y su número debe ser el menor posible. Los instrumentos normativos internacionales mencionados son de distinta naturaleza y obligatoriedad y proceden de Naciones Unidas, de la Unión Europea y de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos.

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Regulación internacional del control policial de manifestaciones públicas. Tratados, estándares y recomendaciones internacionales en materia de Derechos Humanos para limitar el uso excesivo de la fuerza aplicada por agentes del Estado.

Vargas Cárdenas, Patricia Andrea

La prohibición de la tortura es absoluta y universal y esta proscripción se extiende también a la categoría de los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, cuya imprecisa definición no es obstáculo para hacer cumplir la obligación del Estado de impedir y prevenir de manera efectiva e imperativa que estos ocurran. Por otro lado, el legítimo uso de la fuerza para hacer cumplir la ley de parte de los agentes del Estado puede incurrir en excesos y volverse ab... usivo, constituyendo un tratamiento prohibido por el Derecho Internacional. Sin embargo, no existe un instrumento internacional de naturaleza vinculante que regule la aplicación del uso de la fuerza en el territorio de un Estado, y hasta ahora solo se han desarrollado principios orientadores y estándares mínimos que guían la regulación de la aplicación de la fuerza de carácter principalmente policial. En particular, en el contexto de manifestaciones sociales expresadas en actos públicos de carácter pacífico y no pacífico, sean lícitos o no, se ha consensuado que el empleo de la fuerza debe regirse por los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, y rendir cuenta de ello. Las recomendaciones internacionales para impedir la aplicación de malos tratos en la práctica policial específicamente en el contexto de manifestaciones públicas sugieren, entre otras: no limitar el derecho a reunión, evitar recurrir a la fuerza a menos que la amenaza sea inminente, abstenerse de utilizar armas de fuego y disponer de equipamiento menos letal, realizar gestión de conflicto para alivianar la tensión social, no dispersar reuniones pacíficas lícitas o ilícitas, penalizar el uso ilegítimo de la fuerza y aplicar el principio de subsidiariedad para evaluar si es necesario llevar a cabo una acción de tal manera. A nuestro país se le ha recomendado apegarse estrictamente a las normas internacionales e impulsar reformas estructurales en Carabineros.   Ver más

La prohibición de la tortura es absoluta y universal y esta proscripción se extiende también a la categoría de los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, cuya imprecisa definición no es obstáculo para hacer cumplir la obligación del Estado de impedir y prevenir de manera efectiva e imperativa que estos ocurran. Por otro lado, el legítimo uso de la fuerza para hacer cumplir la ley de parte de los agentes del Estado puede incurrir en excesos y volverse abusivo, constituyendo un tratamiento prohibido por el Derecho Internacional. Sin embargo, no existe un instrumento internacional de naturaleza vinculante que regule la aplicación del uso de la fuerza en el territorio de un Estado, y hasta ahora solo se han desarrollado principios orientadores y estándares mínimos que guían la regulación de la aplicación de la fuerza de carácter principalmente policial. En particular, en el contexto de manifestaciones sociales expresadas en actos públicos de carácter pacífico y no pacífico, sean lícitos o no, se ha consensuado que el empleo de la fuerza debe regirse por los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, y rendir cuenta de ello. Las recomendaciones internacionales para impedir la aplicación de malos tratos en la práctica policial específicamente en el contexto de manifestaciones públicas sugieren, entre otras: no limitar el derecho a reunión, evitar recurrir a la fuerza a menos que la amenaza sea inminente, abstenerse de utilizar armas de fuego y disponer de equipamiento menos letal, realizar gestión de conflicto para alivianar la tensión social, no dispersar reuniones pacíficas lícitas o ilícitas, penalizar el uso ilegítimo de la fuerza y aplicar el principio de subsidiariedad para evaluar si es necesario llevar a cabo una acción de tal manera. A nuestro país se le ha recomendado apegarse estrictamente a las normas internacionales e impulsar reformas estructurales en Carabineros.

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Conceptos de alteración del orden público y de calamidad pública: Doctrina y jurisprudencia.

Cavada Herrera, Juan Pablo

El concepto de orden público no es definido por la Constitución ni la ley, y la doctrina coincide en que es un concepto difuso, amplio e impreciso. Cierta tendencia doctrinal mayoritaria sostiene que el concepto de orden público está vinculado a una función de protección, permitiendo limitar la autonomía de la voluntad en interés de la comunidad. En contrapartida a la concepción clásica, diversos autores advierten las dificultades para definir orden público, pues...  debe ser definido en un tiempo y en un lugar específico. Otros, como Alejandro Silva Bascuñán, definen el concepto de orden público tomando como base el art. 24 CPR, esto es “la tranquilidad que resulta del respeto de la ordenación colectiva, manifestado en el correcto ejercicio de la autoridad pública moviéndose dentro de su respectiva órbita y en el fiel cumplimiento por los gobernados de las órdenes por ella impartida”. La jurisprudencia encontrada coincide con la doctrina mayoritaria. La historia de las normas legales que contienen las expresiones “seguridad pública” y “orden público” indican que se ha usado “seguridad pública” como sinónimo de “calamidad pública”, y que ambas tienen por objeto enfatizar que se trata de situaciones que tienen lugar en el ámbito de interacción comunes todos los ciudadanos, y no en ámbitos específicos como los que son propios de ciertos trabajos u ocupaciones.   Ver más

El concepto de orden público no es definido por la Constitución ni la ley, y la doctrina coincide en que es un concepto difuso, amplio e impreciso. Cierta tendencia doctrinal mayoritaria sostiene que el concepto de orden público está vinculado a una función de protección, permitiendo limitar la autonomía de la voluntad en interés de la comunidad. En contrapartida a la concepción clásica, diversos autores advierten las dificultades para definir orden público, pues debe ser definido en un tiempo y en un lugar específico. Otros, como Alejandro Silva Bascuñán, definen el concepto de orden público tomando como base el art. 24 CPR, esto es “la tranquilidad que resulta del respeto de la ordenación colectiva, manifestado en el correcto ejercicio de la autoridad pública moviéndose dentro de su respectiva órbita y en el fiel cumplimiento por los gobernados de las órdenes por ella impartida”. La jurisprudencia encontrada coincide con la doctrina mayoritaria. La historia de las normas legales que contienen las expresiones “seguridad pública” y “orden público” indican que se ha usado “seguridad pública” como sinónimo de “calamidad pública”, y que ambas tienen por objeto enfatizar que se trata de situaciones que tienen lugar en el ámbito de interacción comunes todos los ciudadanos, y no en ámbitos específicos como los que son propios de ciertos trabajos u ocupaciones.

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Sanciones al uso indebido de los servicios telefónicos de emergencias: Legislación comparada a nivel nacional y estadual en América Latina

Fernández Lores, Guillermo Javier

La legislación chilena no sanciona el mal uso de los números telefónicos de los servicios de emergencia, los cuales, según información de Carabineros, mensualmente reciben miles de llamadas inoficiosas, incluyendo bromas, insultos y falsas alarmas, lo cual trae aparejado que dicho servicio no siempre esté disponible para aquellos casos que realmente es necesario. El presente documento entrega información de las sanciones aplicable a este tipo de acciones en tres ... países latinoamericanos, Perú, Argentina y México.   Ver más

La legislación chilena no sanciona el mal uso de los números telefónicos de los servicios de emergencia, los cuales, según información de Carabineros, mensualmente reciben miles de llamadas inoficiosas, incluyendo bromas, insultos y falsas alarmas, lo cual trae aparejado que dicho servicio no siempre esté disponible para aquellos casos que realmente es necesario. El presente documento entrega información de las sanciones aplicable a este tipo de acciones en tres países latinoamericanos, Perú, Argentina y México.

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Servicio Integrado de Seguridad ECU 911.

Abujatum Sepúlveda, Jana Rosa

En cumplimiento de su rol constitucional de velar por el bienestar de la ciudadanía, es que el Gobierno de Ecuador implementó en 2011 el Servicio Integrado de Seguridad ECU 911. El objetivo del servicio es el unificar en una sola línea telefónica gratuita los llamados de emergencia, sean de salud, desastres naturales, accidentes, delitos, entre otros. Además de descongestionar las líneas telefónicas de cada servicio, permitió visibilizar de mejor manera el proble... ma de las llamadas falsas o bromas, lo que llevó a que estos hechos fueran sancionados con castigos de entre 15 y 30 días de prisión a quien hiciera mal uso de la línea de emergencias. Antes de implementar esta iniciativa, cada servicio de emergencia contaba con su propio número telefónico, lo cual hacía que algunas líneas se saturaran y no se pudiera entregar una solución rápida, articulada e integral a los problemas de la ciudadanía. En materia de costos, el año 2018 ECU911 tuvo un presupuesto de inversión de 12,405,106 (US Dólares).   Ver más

En cumplimiento de su rol constitucional de velar por el bienestar de la ciudadanía, es que el Gobierno de Ecuador implementó en 2011 el Servicio Integrado de Seguridad ECU 911. El objetivo del servicio es el unificar en una sola línea telefónica gratuita los llamados de emergencia, sean de salud, desastres naturales, accidentes, delitos, entre otros. Además de descongestionar las líneas telefónicas de cada servicio, permitió visibilizar de mejor manera el problema de las llamadas falsas o bromas, lo que llevó a que estos hechos fueran sancionados con castigos de entre 15 y 30 días de prisión a quien hiciera mal uso de la línea de emergencias. Antes de implementar esta iniciativa, cada servicio de emergencia contaba con su propio número telefónico, lo cual hacía que algunas líneas se saturaran y no se pudiera entregar una solución rápida, articulada e integral a los problemas de la ciudadanía. En materia de costos, el año 2018 ECU911 tuvo un presupuesto de inversión de 12,405,106 (US Dólares).

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Normas relativas a la facultad policial de realizar controles preventivos de identidad Análisis de legislación extranjera.

Fernández Lores, Guillermo Javier
Abujatum Sepúlveda, Jana Rosa
Weidenslaufer Von Kretschmann, Christine Berenice
Palli Cea, Angelo Andrés
Loiseau, Virginie Solange Marie

En los seis países estudiados las policías tienen la facultad de controlar a los individuos y solicitarles que comprueben su identidad. Sin embargo, los supuestos bajo los cuales dicha facultad se encuentra permitida en algunos aspectos. España, Italia y Alemania contemplan como exigencia concreta que exista una creencia razonable respecto a que la solicitud de identificación puede permitir que se evite la comisión de un delito, siendo el propio agente policial q... uien debe apreciar dicha circunstancia y luego dar cuenta de las razones que lo llevaron a dicha conclusión, las cuales permitieron el control. Francia y Colombia no exigen directamente la apreciación de un peligro inminente para que un oficial policial pueda proceder a solicitar la identidad de una persona, pero se hace relevante señalar que dicha facultad se encuentra contenida en normas cuyo propósito principal es el mantenimiento del orden público. Finalmente, la normativa aplicable a Inglaterra y Gales presenta características especiales, distinguiéndose entre las instituciones de “stop and search” que permite la solicitud de identificación y registro; y la realización de algunas consultas al sujeto sobre el cual se realiza el control. Este segundo caso refiere solo a una práctica policial, sin amparo legal, por lo cual es voluntaria por parte del individuo controlado. Por su parte, para utilizar la figura del registro –la cual si se encuentra amparada por ley- es necesario que el agente, previo a detectar una situación de peligro, considere que es posible que el individuo objeto de control porte armas o algún otro objeto peligroso Finalmente, en todos los casos estudiados, la negativa a identificarse autoriza a la policía a conducir al individuo a dependencias policiales para poder ser identificado a través de diversos medios.   Ver más

En los seis países estudiados las policías tienen la facultad de controlar a los individuos y solicitarles que comprueben su identidad. Sin embargo, los supuestos bajo los cuales dicha facultad se encuentra permitida en algunos aspectos. España, Italia y Alemania contemplan como exigencia concreta que exista una creencia razonable respecto a que la solicitud de identificación puede permitir que se evite la comisión de un delito, siendo el propio agente policial quien debe apreciar dicha circunstancia y luego dar cuenta de las razones que lo llevaron a dicha conclusión, las cuales permitieron el control. Francia y Colombia no exigen directamente la apreciación de un peligro inminente para que un oficial policial pueda proceder a solicitar la identidad de una persona, pero se hace relevante señalar que dicha facultad se encuentra contenida en normas cuyo propósito principal es el mantenimiento del orden público. Finalmente, la normativa aplicable a Inglaterra y Gales presenta características especiales, distinguiéndose entre las instituciones de “stop and search” que permite la solicitud de identificación y registro; y la realización de algunas consultas al sujeto sobre el cual se realiza el control. Este segundo caso refiere solo a una práctica policial, sin amparo legal, por lo cual es voluntaria por parte del individuo controlado. Por su parte, para utilizar la figura del registro –la cual si se encuentra amparada por ley- es necesario que el agente, previo a detectar una situación de peligro, considere que es posible que el individuo objeto de control porte armas o algún otro objeto peligroso Finalmente, en todos los casos estudiados, la negativa a identificarse autoriza a la policía a conducir al individuo a dependencias policiales para poder ser identificado a través de diversos medios.

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Control de identidad de adolescentes. Deberes internacionales de protección

Meza-Lopehandía Glaesser, Matías Alonso
Truffello García, Paola

La legislación chilena contempla dos formas principales de control de identidad, uno investigativo y otro preventivo. El primero, más intrusivo, requiere que exista una conexión entre el individuo que se pretende controlar y un hecho ilícito; el segundo, en contraste, no requiere tal conexión, pero no autoriza a trasladar a la persona a un lugar distinto a aquel en que su identificación es requerida, y excluye de su aplicación a las personas menores de 18 años d... e edad. El proyecto de ley analizado propone, entre otras cosas, ampliar estecontrol preventivo a las personas mayores de 14 años. Esta idea ya ha sido discutida en el marco de la tramitación de otros proyectos de ley, rechazándose por la eventual afectación de derechos de los adolescentes. Además, el proyecto contempla una ampliación de las facultades policiales, autorizando el registro superficial de vestimentas y registro ocular de equipaje y maletero de vehículos. Como contrapeso a estas facultades, se reduce el plazo máximo de la diligencia, la identificación verbal y el uso de medios tecnológicos para la identificación, entre otros. La Convención sobre los Derechos del Niño reconoce la necesidad de proporcionar una protección especial a la infancia y adolescencia, orientada a garantizar el ejercicio de sus derechos. La actuación policial que recae sobre adolescentes debe cumplir con los principios generales que establecidos en dicha Convención: (i) el derecho a no ser discriminado, (ii) la consideración primordial del interés superior del niño; (iii) el derecho a la vida, supervivencia y desarrollo y; (iv) el derecho expresar su opinión. La Convención y las Reglas de Naciones Unidas aplicables, establecen estándares para el trato a los adolescentes desde su primer contacto con la justicia. Entre ellos, se exige brindar un trato diferenciado de los adultos, que promueva el bienestar de los adolescentes y les evite el sufrimiento de daños. El año 2015 el Relator de Naciones Unidas criticó el establecimiento de un control de identidad preventivo en Chile, en especial respecto de adolescentes a quienes podría afectar de manera desproporcionada.   Ver más

La legislación chilena contempla dos formas principales de control de identidad, uno investigativo y otro preventivo. El primero, más intrusivo, requiere que exista una conexión entre el individuo que se pretende controlar y un hecho ilícito; el segundo, en contraste, no requiere tal conexión, pero no autoriza a trasladar a la persona a un lugar distinto a aquel en que su identificación es requerida, y excluye de su aplicación a las personas menores de 18 años de edad. El proyecto de ley analizado propone, entre otras cosas, ampliar estecontrol preventivo a las personas mayores de 14 años. Esta idea ya ha sido discutida en el marco de la tramitación de otros proyectos de ley, rechazándose por la eventual afectación de derechos de los adolescentes. Además, el proyecto contempla una ampliación de las facultades policiales, autorizando el registro superficial de vestimentas y registro ocular de equipaje y maletero de vehículos. Como contrapeso a estas facultades, se reduce el plazo máximo de la diligencia, la identificación verbal y el uso de medios tecnológicos para la identificación, entre otros. La Convención sobre los Derechos del Niño reconoce la necesidad de proporcionar una protección especial a la infancia y adolescencia, orientada a garantizar el ejercicio de sus derechos. La actuación policial que recae sobre adolescentes debe cumplir con los principios generales que establecidos en dicha Convención: (i) el derecho a no ser discriminado, (ii) la consideración primordial del interés superior del niño; (iii) el derecho a la vida, supervivencia y desarrollo y; (iv) el derecho expresar su opinión. La Convención y las Reglas de Naciones Unidas aplicables, establecen estándares para el trato a los adolescentes desde su primer contacto con la justicia. Entre ellos, se exige brindar un trato diferenciado de los adultos, que promueva el bienestar de los adolescentes y les evite el sufrimiento de daños. El año 2015 el Relator de Naciones Unidas criticó el establecimiento de un control de identidad preventivo en Chile, en especial respecto de adolescentes a quienes podría afectar de manera desproporcionada.

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Participación delictual de menores en Chile: Periodo 2006 – 2018.

Fernández Lores, Guillermo Javier

A solicitud de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados en el marco de la discusión del proyecto de Ley que” fortalece el control de identidad por parte de las policías, así como los mecanismos de control y reclamo ante un ejercicio abusivo o discriminatorio del mismo”. (Boletín N° 12.506-25), se informa sobre la evolución de menores en la participación delictual. De las diferentes bases de datos de comisión de delitos existentes en el país (... encuestas, denuncias) las que registran la participación de menores son las estadísticas de Delitos de Mayor Connotación Social (DMCS); y los Casos Ingresados a Tramitación del Ministerio Público. De este modo, las fuentes de información utilizadas para la confección de este informe, corresponden a la participación de menores de edad en DMCS, así como en los casos tramitados por la Defensoría Penal Pública; esto último porque es dicho organismo (y no el Ministerio Público) quien maneja información de los casos realmente tramitados, en los cuales se conoce la edad del imputado. Se informa desde el año 2006 en adelante debido a que dicho año comenzó a regir en la totalidad del territorio nacional el nuevo sistema procesal penal.   Ver más

A solicitud de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados en el marco de la discusión del proyecto de Ley que” fortalece el control de identidad por parte de las policías, así como los mecanismos de control y reclamo ante un ejercicio abusivo o discriminatorio del mismo”. (Boletín N° 12.506-25), se informa sobre la evolución de menores en la participación delictual. De las diferentes bases de datos de comisión de delitos existentes en el país (encuestas, denuncias) las que registran la participación de menores son las estadísticas de Delitos de Mayor Connotación Social (DMCS); y los Casos Ingresados a Tramitación del Ministerio Público. De este modo, las fuentes de información utilizadas para la confección de este informe, corresponden a la participación de menores de edad en DMCS, así como en los casos tramitados por la Defensoría Penal Pública; esto último porque es dicho organismo (y no el Ministerio Público) quien maneja información de los casos realmente tramitados, en los cuales se conoce la edad del imputado. Se informa desde el año 2006 en adelante debido a que dicho año comenzó a regir en la totalidad del territorio nacional el nuevo sistema procesal penal.

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Identidad digital, e-Residency: experiencia de Estonia en Gobierno electrónico

Roberts Molina, Raimundo

La identidad digital, como registro legal, se entiende como la afirmación verificable y sin ambigüedades de la identidad de una persona en soportes informáticos. Un ejemplo de alto desarrollo en identidad digital, en el marco del gobierno electrónico, es Estonia. Este país creó la e-Residency, plataforma para atraer empresas extranjeras totalmente online, como parte de su política a largo plazo de gobierno digital. La e-Residency es un permiso para extranjeros ... que quieran instalar empresas en Estonia a través de Internet. Una vez obtenido, se tienen los mismos derechos y obligaciones de una empresa local (con pago de impuestos, arriendo de oficina virtual, etc.) así como acceso al mercado de la Unión Europea. Este sistema es posible por el desarrollo de gobierno digital de ese país, que incluye la creación de un sistema seguro de comunicaciones entre entidades de gobierno y ciudadanía llamado X-road, una tarjeta de identificación digital que la tiene el 98% de la población y un plan estatal de dos décadas enfocado en ser el país más avanzado en gobierno digital. Azerbaiyán, país cercano a Turquía, lanzó en octubre de 2018 su programa de e-Residency, similar al de Estonia . Ese mismo mes, Georgia anunció la creación de una e-Residency.   Ver más

La identidad digital, como registro legal, se entiende como la afirmación verificable y sin ambigüedades de la identidad de una persona en soportes informáticos. Un ejemplo de alto desarrollo en identidad digital, en el marco del gobierno electrónico, es Estonia. Este país creó la e-Residency, plataforma para atraer empresas extranjeras totalmente online, como parte de su política a largo plazo de gobierno digital. La e-Residency es un permiso para extranjeros que quieran instalar empresas en Estonia a través de Internet. Una vez obtenido, se tienen los mismos derechos y obligaciones de una empresa local (con pago de impuestos, arriendo de oficina virtual, etc.) así como acceso al mercado de la Unión Europea. Este sistema es posible por el desarrollo de gobierno digital de ese país, que incluye la creación de un sistema seguro de comunicaciones entre entidades de gobierno y ciudadanía llamado X-road, una tarjeta de identificación digital que la tiene el 98% de la población y un plan estatal de dos décadas enfocado en ser el país más avanzado en gobierno digital. Azerbaiyán, país cercano a Turquía, lanzó en octubre de 2018 su programa de e-Residency, similar al de Estonia . Ese mismo mes, Georgia anunció la creación de una e-Residency.

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Revenge porn Legislación extranjera

Cavada Herrera, Juan Pablo

En las legislaciones de Alemania, Brasil, Canadá, España, Estados Unidos de América (EE.UU.), Reino Unido y Nueva Zelanda se han encontrado normas que sancionan directamente el llamado revenge porn , o la difusión de imágenes íntimas sin autorización del afectado o contra su voluntad. Asimismo, en Perú y Puerto Rico se han encontrado normas que podrían sancionar esta conducta, dependiendo de la interpretación que se de al texto leg... al. El elemento central penalizado en esta legislaciones es la utilización de imágenes íntimas sin consentimiento de la víctima. Sin embargo, hay diferencias importantes. Por ejemplo, en California, EE.UU., no se sancionaría el revenge porn cuando se trata de una selfie o auto-foto. Por otra parte, no todas las legislaciones sancionan penalmente esta conducta. De este modo, Alemania impone multa; Brasil y Canadá establecen responsabilidades indemnizatorias; España establece penas privativas de libertad de 3 meses a 1 año y multas, y agravantes en atención a circunstancias personales del hechor y de la víctima; Perú aplica sanción privativa de libertad de entre 1 y 4 años, con agravantes para los funcionarios públicos; y Puerto Rico sanciona esta conducta con pena fija de 3 años de privación de libertad. Por último, Reino Unido, Irlanda del Norte y Nueva Zelanda también aplican sanciones penales.   Ver más

En las legislaciones de Alemania, Brasil, Canadá, España, Estados Unidos de América (EE.UU.), Reino Unido y Nueva Zelanda se han encontrado normas que sancionan directamente el llamado revenge porn , o la difusión de imágenes íntimas sin autorización del afectado o contra su voluntad. Asimismo, en Perú y Puerto Rico se han encontrado normas que podrían sancionar esta conducta, dependiendo de la interpretación que se de al texto legal. El elemento central penalizado en esta legislaciones es la utilización de imágenes íntimas sin consentimiento de la víctima. Sin embargo, hay diferencias importantes. Por ejemplo, en California, EE.UU., no se sancionaría el revenge porn cuando se trata de una selfie o auto-foto. Por otra parte, no todas las legislaciones sancionan penalmente esta conducta. De este modo, Alemania impone multa; Brasil y Canadá establecen responsabilidades indemnizatorias; España establece penas privativas de libertad de 3 meses a 1 año y multas, y agravantes en atención a circunstancias personales del hechor y de la víctima; Perú aplica sanción privativa de libertad de entre 1 y 4 años, con agravantes para los funcionarios públicos; y Puerto Rico sanciona esta conducta con pena fija de 3 años de privación de libertad. Por último, Reino Unido, Irlanda del Norte y Nueva Zelanda también aplican sanciones penales.

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Derogación de la agravante de ser dos o más malhechores en la jurisprudencia.

Cavada Herrera, Juan Pablo

Se analiza la circunstancia agravante de ser dos o más los malhechores en los delitos de robo y hurto, contendida en el artículo 456 bis N° 3 del Código Penal, y su derogación y reemplazo por la Ley N° 20.931 de 2016. Luego se señala el efecto que esta derogación y reemplazo habrían tenido en la jurisprudencia de los tribunales superiores de justicia.

Se analiza la circunstancia agravante de ser dos o más los malhechores en los delitos de robo y hurto, contendida en el artículo 456 bis N° 3 del Código Penal, y su derogación y reemplazo por la Ley N° 20.931 de 2016. Luego se señala el efecto que esta derogación y reemplazo habrían tenido en la jurisprudencia de los tribunales superiores de justicia.

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Plan Estratégico Institucional PDI 2017-2022

Jarufe Bader, Juan Pablo

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