El Golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, y la muerte del Presidente Salvador Allende en el palacio de La Moneda, planteó una ruptura histórica y la inauguración de una nueva etapa. El país estaba en un momento de profunda división, ya que mientras una gran parte de la sociedad aprobaba la acción de las Fuerzas Armadas, otra sufrió sus más graves consecuencias.

El régimen autoritario que siguió al quiebre de la democracia se sostuvo en una Junta Militar que asumió el Poder Ejecutivo y Legislativo, además del Constituyente, estando constituida por los comandantes en jefe del Ejército, Augusto Pinochet Ugarte; de la Fuerza Aérea de Chile, Gustavo Leigh Guzmán; de la Armada de Chile, José Toribio Merino Castro, y por el director general de Carabineros, César Mendoza Durán. En el transcurso de pocos años, Augusto Pinochet fue concentrando su autoridad y poder sobre los otros miembros de la Junta, que lo llevaron a encabezar el régimen, casi sin contrapesos hasta marzo de 1990. Cabe señalar que, además de Jefe de Estado y de Gobierno, Pinochet ocupó el cargo de comandante en jefe del Ejército durante todo su mandato, concentrando así el poder de las Fuerzas Armadas y el Poder Ejecutivo.

Inmediatamente asumido el poder, la Junta Militar suspendió las libertades públicas, cerró el Congreso Nacional, estableció la proscripción de los partidos políticos de izquierda marxista –declaró en receso los restantes– e inició una práctica sistemática de represión contra sus opositores, lo que conllevó el grave atropello a los Derechos Humanos. Dicha política de Estado fue conducida por la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) –liderada por el coronel de Ejército Manuel Contreras y cuya dependencia directa estaba bajo el mando de Pinochet–, que funcionó entre 1974 y 1977.

En el orden económico y social, el nuevo gobierno implementó un cambio radical del modelo de desarrollo existente en Chile desde la década de 1930. Bajo el respaldo de un grupo de economistas y tecnócratas, se llevó a cabo una transformación estructural de la economía, adoptando un modelo de libre mercado –o «neoliberal»– con una vasta apertura externa y predominio del sector privado. El esquema se manifestó en una liberalización de los mercados, que incluyó la reducción de los aranceles a las importaciones y la privatización de empresas públicas, todo lo que generó crecimiento y una modernización de la economía. Se creó también un nuevo modelo previsional de capitalización individual (AFP’s), instituciones privadas de salud (ISAPRES), se municipalizó la educación básica y media y se abrió el mercado de las universidades privadas, entre otras medidas.

De modo tal que el proyecto de Pinochet se inscribió bajo una propuesta «refundacional» en todos los niveles de la vida nacional, poniendo en práctica un régimen de excepción inédito en la historia contemporánea chilena. Esto tuvo su punto máximo con la dictación de una nueva Constitución en 1980, en un plebiscito que no ofreció las garantías y libertades de un régimen democrático. El texto se inspiraba en la noción de “democracia protegida”, otorgaba una alta influencia a las Fuerzas Armadas en política, pero también proponía un camino para una eventual transición a la democracia.

Hacia los años ochenta, la crisis económica y las jornadas de protesta nacional fueron debilitando al régimen, aunque este contaba con una institucionalidad que le permitió convocar a un plebiscito el 5 de octubre de 1988, proceso que una parte importante de la oposición respaldó. En esta etapa, destaca la reaparición de la violencia política de la izquierda, principalmente en manos del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), brazo armado del Partido Comunista, organización que en 1980 optó por “todas las formas de lucha” contra el régimen. Entre las acciones de estos grupos, se cuentan el asesinato del intendente de Santiago, General Carol Urzúa, en 1983, el intento de asesinato contra el general Pinochet, tres años más tarde, y el crimen del Senador Jaime Guzmán Errázuriz, ya en democracia, el 1 de abril de 1991. Esta violencia convivió con la represión política de los servicios de seguridad del régimen, que ejecutaron el degollamiento de tres militantes del Partido Comunista en 1985, y que asesinaron a doce miembros del FPMR, en 1987, en lo que se denominó como la “Operación Albania”, entre otras acciones similares.

Con todo esto, el país realizó un proceso de transición democrática desde la propia institucionalidad vigente, sin quiebres sociales y políticos, incluso con índices macroeconómicos como la inflación y el crecimiento económico, en estado positivo. El valor de la transición del régimen militar a un gobierno civil electo se registró sin mayores contratiempos, aunque en el momento generó un cierto temor en la población por el contexto de incertidumbre. Si bien desde el plebiscito de 1988 en Chile se desarrolló un cambio pacífico, también quedaron pendientes algunas herencias del viejo orden dejado por los militares, como por ejemplo la permanencia de Augusto Pinochet como comandante en jefe del Ejército y los enclaves autoritarios de la Constitución de 1980, muchos de los cuales se reformaron algunas décadas después.

La nueva democracia se inauguró finalmente el 11 de marzo de 1990, con la asunción del mando del Presidente Patricio Aylwin Azócar, representante de la Concertación de Partidos por la Democracia. Se daba inicio así una nueva etapa en la historia política del país.

Mirado en el largo plazo, el Golpe de Estado de 1973 y sus consecuencias, plantearon una serie de efectos para la memoria histórica y política del país, valores que son compartidos por un amplio arco de sectores. Entre estos se podrían establecer:

1. El valor de la democracia como régimen de gobierno.Tanto el fracaso del gobierno de la Unidad Popular, como el régimen militar que le siguió, demuestra el valor intrínseco del régimen democrático de gobierno. La idea del sufragio como forma de participación ciudadana; de un gobierno que se sustente en mayorías políticas parlamentarias, con pleno respeto de las minorías; y el privilegio de los consensos amplios sobre los proyectos excluyentes sobreideologizados, son algunos de los principios que han seguido varios gobiernos post-1990 en Chile. Sumado a ello, se ha instalado el concepto de subordinación de las Fuerzas Armadas al control del poder civil y democrático.

2. El respeto irrestricto de los Derechos Humanos.El impacto de las violaciones a los Derechos Humanos durante el régimen de Pinochet fue enorme en Chile. Tanto las personas muertas y detenidas desaparecidas, como quienes fueron objeto de torturas durante el período 1973-1990, fueron documentadas rigurosamente por los Informes Rettig (1991) y Valech (2004). Por lo tanto, se ha generado un consenso civilizatorio acerca del valor intrínseco de los Derechos Humanos no solamente en torno al valor del derecho a la vida, sino que respecto a la libertad de expresión, de reunión y de prensa, entre otras. Desde 1990, retomando una larga tradición, Chile ha ratificado tratados internacionales relativos a resguardar los Derechos Humanos de las mujeres, los niños e indígenas, profundizando su mayor involucramiento en este sentido.

3. El rechazo de la violencia como método de acción política.Uno de los principios centrales que se han instalado en la sociedad chilena, luego de 50 años del Golpe de Estado, dice relación con el rechazo transversal de la violencia como arma para conseguir objetivos políticos. El régimen democrático, aún con sus críticas y cuestionamientos, ofrece las herramientas institucionales y culturales para resolver los conflictos de forma pacífica, estableciendo el principio del gobierno de las mayorías, pero también respetando el derecho a las minorías.