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Esta minuta ha sido elaborada como material de apoyo para la participación de la delegación parlamentaria chilena que asistirá a la Reunión de la Red Parlamentaria Global de la OCDE que se realiza en conjunto con la Asamblea Parlamentaria de la OTAN y las Mujeres Líderes Políticas (WPL). El evento se llevará a cabo los días 4 y 5 de abril de 2023 en París, Francia.
El 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud declaró al Covid-19 como pandemia. Numerosos estados a lo largo del mundo han establecido medidas para evitar la propagación del contagio y dar tratamiento a los portadores del virus. El presente documento aborda los casos de Argentina, Bélgica, Colombia, España, Francia, Italia, Reino Unido y Uruguay. En lo referente a las medidas a seguir por la población, las más recurrentes son la limitación de la libertad de circulación; cierre de los comercios, con excepción de aquellos que distribuyan bienes esenciales como alimentos o productos farmacéuticos; clausura de eventos públicos, e instar a los empleadores que, dentro de lo posible, permitan a sus empleados la realización de trabajo a distancia. Respecto a la organización del trabajo parlamentario, las medidas usuales han sido suspender al acceso a las dependencias del Poder Legislativo tanto a visitantes, como lobistas o personal que no sea estrictamente necesario paras las funciones parlamentarias mínimas. En varios casos tampoco se permite el acceso a la prensa. Por otro lado, se han dispuesto instalar en las dependencias de los respectivos poderes legislativos, unidades para medir la temperatura corporal a través de termoscanner, desinfectar el hemiciclo después de cada sesión, instalar dispensadores de alcohol gel, entre otras. Además, en algunos casos se ha dispuesto el voto telemático, restringiendo la agenda legislativa únicamente a las medidas necesarias en función de la contingencia. En otros casos también se han dispuesto cuotas para restringir el número de parlamentarios en la sala, de forma que por cada partido solo se presentan un número acotado de parlamentarios, como para poder cumplir lo quórums mínimos.
También pertenece a: Congreso Nacional • SaludLa aparición en diciembre de 2019 del nuevo coronavirus SARS-CoV-2, causante de la enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19) y su alta transmisibilidad, en una época de extrema globalización que ha determinado su rápida propagación por el mundo, supone uno de los mayores retos no sólo para la salud internacional sino también para los modelos económicos, sociales y culturales actualmente predominantes entrados a la segunda década del siglo XXI. Comprender el impacto de esta pandemia, particularmente en la salud y en los sistemas sanitarios, a través del análisis responsable de las múltiples fuentes de información disponibles ‒determinada por la hiperconectividad en que nos encontramos‒, supone también un importante desafío. El presente Informe, haciendo uso de fuentes oficiales o bien, de información generada “por” o transmitida “a través de” entidades de reconocida solvencia científica, busca dar un panorama general acerca de los negativos efectos que la primera pandemia de la presente centuria es capaz de producir en la salud y los sistemas sanitarios y los aprendizajes que será necesario rescatar de ella.
Frente a la pandemia del COVID-19, que a la fecha ha cobrado 119.588 vidas, con un creciente número de contagios, que supera a la fecha los 1.9 millones de confirmados, los Estados han debido recurrir a sus Fuerzas Armadas para hacer frente a la crisis sanitaria. Chile -a la fecha con 7.525 casos confirmados, de los cuales 2.367 se han recuperado y 82 han fallecido- no ha sido la excepción. La participación de los efectivos de la Defensa Nacional en las labores para hacer frente al COVID-19, permite identificar dos fases. La primera, que transcurre entre la declaración de “Alerta Sanitaria”, mediante Decreto Supremo N° 4, del día 5 de febrero, y el Decreto de Estado de Excepción de Catástrofe, de 18 de marzo de 2020, basada fundamentalmente en lo establecido en el artículo N° 20 de la Ley N° 16.282, sobre disposiciones permanentes para casos de sismos o catástrofes; en el Plan Nacional de Acción Civil; y en el artículo N° 9, del mentado Decreto Supremo N° 4, que establece el deber de todos los órganos de la Administración del Estado de prestar su colaboración a las autoridades sanitarias. En este contexto, se evidencia la utilización de sus redes sociales oficiales para la socialización de medidas preventivas contra el Coronavirus, a la vez que se da cuenta de las primeras coordinaciones con las autoridades sanitarias en materia de planificación; facilitación de instalaciones y personal sanitario; y traslado de insumos médicos y alimentos, entre otras. Una segunda etapa se constata a partir del día 18 de marzo, con la dictación del Estado de Excepción de Catástrofe, vigente a la fecha, que se tradujo en una intensificación de la labor de los efectivos militares, ampliándose su campo de misión y atribuciones, y activándose la figura de los Jefes de la Defensa Nacional como entidad de mando de las Fuerzas Armadas, y Fuerzas de Orden y Seguridad Pública bajo su jurisdicción, según lo dispuesto por la Constitución Política y la Ley Orgánica de los Estados de Excepción Constitucional (N° 18.415). En el referido contexto, las FF.AA. adoptan funciones de control de orden público y resguardo de infraestructura crítica, que se suman a las labores de asistencia sanitaria y logística, anteriormente mencionadas, regulando su actuación por las Reglas de Uso de la Fuerza, previamente definidas.
La pandemia internacional decretada por la OMS el pasado 11 de marzo, ha llevado a los Estados a extremar esfuerzos. En este contexto, las Fuerzas Armadas han adoptado diversos roles y funciones, según los recursos disponibles, y las necesidades y urgencias de cada país.
En momentos en que a nivel mundial los casos confirmados de COVID-19 superan los 1,3 millones de contagios y el número de muertes se eleva a cerca de 75.000, la mayoría de los Estados ha debido recurrir a sus Fuerzas Armadas para la ejecución de diversas tareas. En los casos revisados a continuación, a saber, Australia (5.797), Ecuador (3.747), India (4.778), México (2.143) y Sudáfrica (1.655), que superan los mil casos de contagios, se advierten ciertas similitudes en las labores desarrolladas por sus efectivos, con los matices propios de cada cultura. En todos los casos, y desde los inicios del brote en la provincia china de Wuhan, las respectivas Fuerzas Aéreas han realizado labores de repatriación y asistencia médica en las cuarentenas. De igual forma, los medios aéreos han sido utilizados para el transporte de víveres, equipos y personal médico. Por su parte, y a medida que las cifras de contagio se elevan, las FF.AA., salvo en México, han sido convocadas para apoyar las labores de los organismos policiales en términos de control, patrullaje y verificación de cumplimiento por parte de la ciudadanía de las medidas de restricción de circulación y/o toque de queda, implementadas en cada uno de los países.
La pandemia internacional decretada por la OMS el pasado 11 de marzo, ha llevado a los Estados a extremar esfuerzos. En este contexto las Fuerzas Armadas han adoptado diversos roles y funciones, según los recursos disponibles y las necesidades y urgencias de cada Estado, variando estas desde la cooperación en operaciones de repatriación y asistencia en cuarentenas de pasajeros, como en los casos de Canadá y el Reino Unido, a funciones más complejas a nivel sanitario en España e Italia. Desde el punto de vista sanitario, las Fuerzas Armadas españolas, en el marco de la operación Balmis, y principalmente a través de su Unidad Militar de Emergencia (UME), han realizado una importante labor de desinfección en puntos críticos como estaciones de ferrocarriles, aeropuertos, accesos a hospitales, entre otros. En Italia, el sector Defensa junto con poner a disposición su infraestructura hospitalaria y personal médico, ha desplegado cerca de 400 efectivos en terreno para apoyar en labores sanitarias, habilitando hospitales de campaña y camas, a las vez que, ambulancias, helicópteros y aviones para el transporte de pacientes y equipos médicos. Asimismo, la industria de defensa (AID) estaría colaborando en la producción de respiradores pulmonares. A ello se ha sumado la ingrata labor de trasladar decenas de cadáveres de víctimas del COVID-19, para su incineración.
Según estimaciones publicadas por ONU Mujeres, el PIB mundial anual sería 26% más alto en 2025 si las mujeres participaran en la economía en la misma proporción que los hombres. Pero la pérdida total de empleos producto de la crisis ha seguido ampliando esta brecha. Una de las razones de su baja en la participación del mercado laboral es que el virus está aumentando significativamente la carga de la atención no remunerada, que es llevada desproporcionadamente por ellas. La presente minuta muestra que en Chile en el último año más de medio millón de mujeres salieron de la fuerza laboral, tanto por la imposibilidad de conciliar trabajo con los cuidados de la familia como porque la pandemia ha afectado en especial a los rubros con mayor presencia femenina. Asimismo, se argumenta respecto a la urgencia de que las políticas públicas pospandemia consideren la recuperación del empleo con perspectiva de género como un imperativo para “reconstruir mejor”.
También pertenece a: EconomíaLa pandemia del Coronavirus SARS-CoV-2 ha provocado que más de la mitad de la población mundial esté sometida a algún tipo de confinamiento, distanciamiento social y reducción de los desplazamientos, lo que ha afectado el comercio, el turismo y también la actividad física y la práctica deportiva. Con el inicio del proceso de vacunación, y considerando las distintas condiciones sanitarias en que se encuentran los países, algunos de ellos han implementado medidas graduales para permitir el retorno a la actividad deportiva, con diferencias según si ésta se desarrolla en instalaciones cerradas o al aire libre. Así, el documento revisa qué prácticas deportivas se han autorizado y en qué condiciones durante la denominada “segunda ola” de la pandemia en Inglaterra, las Comunidades Autónomas de Madrid, Aragón y Valencia en España, además de Suecia y Argentina.
El sector del transporte se ha visto fuertemente afectado por una baja significativa en el transporte de pasajeros, lo que ha provocado – según señala la Coordinadora de Conductores del Transporte Público de Chile – una disminución de hasta un 80% de sus ingresos en el marco de la pandemia COVID-19. Las demandas del sector apuntaron a implementar medidas de apoyo económico para los transportistas (dueños de vehículos y trabajadores), lo que condujo a una respuesta favorable por parte del gobierno. La iniciativa del gobierno permitirá entregar recursos a los diferentes transportistas; taxis básicos, taxis colectivos, transporte escolar y transporte público urbano y rural de regiones a través de un bono de apoyo de$350.000 y la posibilidad de acceder a un préstamo de emergencia de $320.500, que se podrá solicitar por hasta tres veces. Las medidas son complementarias entre sí y serán financiadas con activos del Tesoro Público. Adicionalmente, el gobierno ha otorgado otros beneficios para el sector del transporte, que tienen relación con: a) Aplazar la cancelación del registro nacional de servicios de transporte remunerado de escolares y del registro nacional de servicios de transporte de pasajeros; b) Nueva prórroga a la renovación del certificado de revisión técnica y verificación de emisiones contaminantes de vehículos de transporte escolar y de transporte público remunerado de pasajero; c) Prórroga para la renovación de permiso de circulación de vehículos de transporte de pasajeros y; d) Ampliación de opciones laborales a los transportistas escolares al poder realizar otros servicios.