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Las proyecciones de crecimiento de largo plazo de las economías desarrolladas se empezaron a reducir desde principios de los años 90, mientras que las proyecciones de crecimiento de largo plazo de las economías emergentes crecieron durante los 90 y los 2000. Sin embargo, después de la crisis internacional que empezó en 2008 las proyecciones de crecimiento se deterioraron tanto para países desarrollados como para países emergentes. Según las proyecciones de la OCDE, el crecimiento del PIB para el conjunto de la economía mundial se desaceleraría continuamente durante las próximas cuatro décadas, desde un 3,4 % en 2019 a un 2 % en 2060, debido principalmente a la reducción de las tasas de crecimiento en grandes economías emergentes (Brasil, Rusia, India, Indonesia, China y Sudáfrica).
El proyecto de ley que dispone la suspensión de las medidas judiciales de embargo de bienes y de lanzamiento, en razón de la emergencia sanitaria que vive el país (Boletín Nº 13.408-07), propone suspender la realización de embargos y lanzamientos de bienes muebles e inmuebles, así como de todo tipo de vehículos y embarcaciones, por el periodo que va desde abril de 2020 a diciembre de 2021. Durante su discusión en Primer Trámite, el Ejecutivo se manifestó en contra de la iniciativa, argumentando que las suspensiones deben ser abordadas caso a caso, ya que la posibilidad de suspensión en forma genérica podría afectar derechos involucrados para ambas partes. Agregó que hoy la facultad de suspender está concentrada principalmente en los Tribunales de Justicia, que tienen el poder de revisar caso a caso conforme lo autoriza la Ley Nº 21.226 que establece un régimen jurídico de excepción para los procesos judiciales, en las audiencias y actuaciones judiciales, y para los plazos y ejercicio de las acciones que indica, por el impacto de la enfermedad COVID-19 en Chile.
Las medidas adoptadas por la crisis sanitaria del Covid-19 han desencadenado también una crisis en la educación, producto del cierre temporal de los establecimientos escolares. Según UNESCO, 186 países en el mundo debieron cerrar, por lo que 1.292 millones de estudiantes han estado sin aprendizaje presencial; y algunos de ellos simplemente sin aprendizaje. Los expertos señalan que las medidas de aislamiento han supuesto un retroceso educativo y agudizado la desigualdad social, por lo que advierten de la necesidad de revertir la situación cuanto antes. Sin embargo, esta decisión de planificar la reapertura escolar requiere condiciones de seguridad para el bienestar de la comunidad escolar y procesos de planificación flexibles sujetos a cómo evolucionará la pandemia, además del asesoramiento permanente de los expertos en salud. El informe da cuenta de la experiencia de cuatro países del hemisferio norte, que ya han abierto o decretado una fecha próxima de retorno escolar: Alemania, Dinamarca, Noruega y los Países Bajos. Todos ellos han implementado un retorno gradual y controlado. Respecto de la gradualidad, difieren en qué nivel educativo se incorpora primero. Algunos optan para que sean los más pequeños, argumentando la necesidad que tiene este grupo de un aprendizaje presencial, ya que los más grandes son más autónomos en el aprendizaje a distancia como es el caso de Dinamarca, Noruega y los Países Bajos. Otros señalan que es mejor que ingresen los cursos mayores, ya que ellos pueden respetar mejor las normas de distanciamiento, y además tienen más urgencia en seguir con sus procesos formativos como es el caso de Alemania (Bavaria y Berlín). En cuanto al control, todos implementan medidas de higiene, limpieza y distanciamiento. Respecto al distanciamiento, establecen que en la sala de clases debe trabajarse con grupos reducidos, y se deben organizar grupos o cohortes que se mantengan juntos para trabajar en clases, compartir los recreos e incluso los almuerzos. En los Países Bajos se destaca además que la jornada escolar de la semana será 50% en el colegio y 50% modalidad a distancia.
Para la OCDE(2020), el COVID-19 puso al descubierto la estrecha interacción entre nuestro medio ambiente y economía, evidenciando la urgente necesidad de fortalecer la calidad y resistencia de los activos naturales. Por ello, propone que la búsqueda del crecimiento no signifique un retorno a “lo de siempre”, siendo necesario invertir en una amplia gama de activos complementarios, incluidos no solo el capital físico y humano, sino también el conocimiento y el capital intangible, además del capital natural y social. Para esto, los paquetes de estímulo deben incluir políticas que aborden el cambio climático, el daño ambiental y las desigualdades sociales. Según se plantea por algunos organismos internacionales –FMI, OCDE, IEA, WEF –el escenario actual, en donde los esfuerzos de los países están en reactivar la economía es la oportunidad perfecta para convertir las tan necesarias mejoras ambientales en parte integral de la recuperación económica, en lugar de percibir tales medidas como una carga adicional en un momento de crisis. A partir de la revisión de varias propuestas de recomendaciones para una recuperación sostenible(FMI, OCDE, IEA, WEF), frente a la crisis causada por COVID-19 se evidencian grandes coincidencias, por ejemplo en la necesidad de evaluar el impacto climático de las medidas de apoyo, sugiriendo que sean seleccionadas por su impacto climático, predominando la no flexibilización de las normas ambientales.
Síntesis de las principales propuestas efectuadas por los expertos y actores del mundo educativo que han sido invitados a las sesiones especiales fijadas por la Comisión, para tratar el tema de un eventual retorno a clases presenciales de los estudiantes del sector escolar en nuestro país. Para ello, se revisaron las sesiones correspondientes y las presentaciones de cada uno/ade los/as invitados/as. Las recomendaciones entregadas por los/as expositores/as fueron agrupadas en los siguientes temas: a.Participación de la comunidad escolar en las pautas sobre retorno a clases. b.Bienestar socioemocional y salud mental de la comunidad escolar. c.Condiciones de seguridad sanitaria y de higiene. d.Priorización curricular. e.Desactivación o readecuación de los mecanismos de rendición de cuentas y de evaluación. f.Educación a distancia. g.Establecimientos escolares rurales.
La actual emergencia sanitaria a nivel mundial, producto del COVID-19 ha generado que las autoridades tomen diversas medidas para proteger a la población y evitar su propagación. Una de las principales medidas ha sido la declaración de confinamiento o aislamiento domiciliario, medida que ha provocado un gran impacto en la vida habitual de los hombres y las mujeres. Sin embargo, hay ciertos grupos de personas vulnerables a las cuales estas medidas impactan de una manera que requiere protección especial, como es el caso de las mujeres que sufren violencia doméstica. Estas mujeres en situación de confinamiento domiciliario, están siendo obligadas a convivir con su agresor, lo que las expone a más violencia y las imposibilita a tener acceso a las redes habituales de protección, poniendo en riesgo su vida o la de sus hijos.
El presente documento reproduce información procedente de diversas fuentes internacionales –UIP, Naciones Unidas, EU-LAC- en torno al desafío de una recuperación económica post pandemia, considerando la incertidumbre debido a las consecuencias del cambio climático, enfocándose en temas económicos, laborales, de género, energía, entre otros. Los efectos de la pandemia de Covid-19 han generado una enorme crisis en la economía global –agudizada por la invasión de Rusia en Ucrania con repercusiones en la disponibilidad de alimentos y de la energía con la consecuente alza en sus costos-, manifestada en una recesión aguda en gran parte del planeta, caracterizada por una gran caída del crecimiento, una disminución ostensible del comercio mundial, pero acompañado de una importante inflación – técnicamente una estagnación- lo que ha impactado a las tasas de interés, al alza en todos los países, estancando inversiones, mercados inmobiliarios, logística comercial, entre otras numerosas consecuencias.
El impacto desproporcionado de la crisis generada por el COVID-19 sobre las mujeres ―que se expresa en una significativa pérdida de empleos, en una enorme sobrecarga de trabajo no remunerado, en inseguridad de los ingresos y aumento de la precariedad laboral―, ha profundizado las desigualdades de género, tanto al interior de los hogares como fuera de ellos. Una recuperación sensible al género requiere de la participación igualitaria de las mujeres en las decisiones y de la incorporación del enfoque de género como elementos centrales de las políticas de mitigación y recuperación de la crisis. Una recuperación inclusiva necesariamente debe abordar las desigualdades sistémicas ya existentes desde hace tiempo y que la COVID-19 ha puesto en evidencia.
Según se consigna en la publicación Foreign Direct Investment Reviews 2020: A global perspective, a nivel global el control de las inversiones extranjeras directas (IED) -hasta hace algún tiempo circunscrito a los sectores tradicionalmente asociados a la seguridad nacional- se ha ido expandiendo a las transacciones en los ámbitos sanitario, tecnológico, de bienes raíces y una lista creciente de otros rubros. A su vez, la pandemia provocada por la propagación del COVID-19, habría focalizado aún más las restricciones sobre la IED, a la vez que acelerado el movimiento regulatorio en distintos lugares del globo. En este contexto, países como España, Estados Unidos y la misma Unión Europea, que tradicionalmente han promovido entornos de apertura comercial, se han reservado ciertas atribuciones para el ejercicio del escrutinio y control sobre algunos sectores considerados estratégicos o sensibles.
A nivel nacional, un nuevo caso positivo de "COVID-19" fue detectado en la base "Eduardo Frei Montalva", del Territorio Antártico Chileno, sumándose así a los otros 36 contagiados de la base "Bernardo O'Higgins", todos los cuales se encuentran en Punta Arenas, cumpliendo su período de aislamiento. En el plano vecinal, el Ministro de Defensa de Argentina, Agustín Rossi, encabezó la inauguración del helipuerto militar "Dársena Norte", localizado en el apostadero naval "Buenos Aires", que permitirá una mayor área de operación libre de obstáculos, así como la proyección de capacidades de alas rotativas y una mayor flexibilidad en la gestión de misiones aéreas.