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La fuerte caída del producto mundial y la consiguiente caída de los ingresos fiscales de los países, al mismo tiempo que los gobiernos desembolsan enormes sumas de dinero con la esperanza de contrarrestar los efectos económicos negativos de la pandemia e incentivar una recuperación más expedita han provocado un aumento de los déficits fiscales y la deuda pública alrededor de todo el mundo. Los países avanzados y América Latina son los grupos de países con las mayores proyecciones de deuda, aunque el nivel en el que esta deuda se considerará insostenible será determinado por las características particulares de cada país. En Chile, la situación se ve más auspiciosa que para muchos países de la región debido a la disciplina fiscal exhibida en las últimas décadas. Se espera que la deuda pública chilena se contenga en 45% del PIB al año 2030, a través de un fuerte esfuerzo fiscal para la segunda mitad de la década que permita alcanzar balances de valores promedio superavitarios entre los años 2025-2030, de aproximadamente 1% del PIB. Esta minuta fue elaborada para apoyar la labor parlamentaria en la Conferencia Interparlamentaria Virtual sobre Covid-19 en América Latina y el Caribe organizada por Parlatino, a realizarse el día 6 de agosto de 2020.
Las primeras reacciones en el país para detener los contagios y la propagación del virus que recorría el mundo entero, fueron el distanciamiento físico y otro conjunto de medidas de protección y contención. Le siguieron varios anuncios buscando mitigar los efectos económicos negativos que se anticiparon desde el comienzo. A semanas de la adopción de estas decisiones en el plano económico, está muy presente la discusión respecto a lo adecuado de su magnitud y del impacto que tendrán para las finanzas públicas. Ya se han anunciado medidas para enfrentar las consecuencias del Covid-19 por un valor cercano al 7% del PIB– probablemente tendrán que venir más-, con las que se impactará directamente el gasto público, los ingresos fiscales, el endeudamiento público y los activos y fondos del Tesoro Público. En el documento se intenta dimensionar el impacto que está teniendo este Plan de Emergencia en las cuentas fiscales, el espacio fiscal que existe y las complejidades que se anticipan para el momento en que el Fisco intente reducir el deterioro que experimentará.
Según se consigna en la publicación Foreign Direct Investment Reviews 2020: A global perspective, a nivel global el control de las inversiones extranjeras directas (IED) -hasta hace algún tiempo circunscrito a los sectores tradicionalmente asociados a la seguridad nacional- se ha ido expandiendo a las transacciones en los ámbitos sanitario, tecnológico, de bienes raíces y una lista creciente de otros rubros. A su vez, la pandemia provocada por la propagación del COVID-19, habría focalizado aún más las restricciones sobre la IED, a la vez que acelerado el movimiento regulatorio en distintos lugares del globo. En este contexto, países como España, Estados Unidos y la misma Unión Europea, que tradicionalmente han promovido entornos de apertura comercial, se han reservado ciertas atribuciones para el ejercicio del escrutinio y control sobre algunos sectores considerados estratégicos o sensibles.
Según datos del Banco Central, el IMACEC disminuyó, comparado con igual mes del año anterior, un -3,36% en octubre y un -3,98% en noviembre de 2019, producto del “estallido social” , y en un -3,08% en marzo, un -14,10% en abril, y un -15,31% en mayo de 2020, comparado con igual mes del 2019, producto de la crisis sanitaria. Lo anterior tuvo efectos sobre las microempresas y pymes en términos de su capacidad de generar empleo, y en el uso de créditos con garantía estatal (Fogape). Por una parte los datos de ocupación de la Encuesta Nacional de Empleo del INE, permiten visualizar que el estallido social afectó, en un primer momento, a la ocupación en las grandes empresas, en comparación con la ocupación en las micro y pymes. En este periodo se observan tasas de variación negativas de la ocupación en doce meses en grandes empresas, y positivas en micro y pymes. Lo anterior podría estar indicando que ante la ausencia de empleos, las personas se emplearon en pymes o incluso se auto emplearon como trabajadores por cuenta propia. No obstante cabe decir que este fenómeno estaría asociado a mayores niveles de informalidad, es decir que la absorción de empleados en micro y pymes post estallido social ocurrió en el sector informal, y por lo tanto se constituye en una precarización de las condiciones ocupaciones y también de la productividad del sector micro y pyme como un todo. A partir de febrero-abril del presente año se observa un fenómeno masivo de destrucción de empleo en micro y pymes. Las tasas de variación de la ocupación son negativas en los tres tipos de empresas (micro, pymes y grandes), siendo la disminución en el nivel de ocupación en microempresas y en pymes más pronunciada que en las grandes empresas.
También pertenece a: Trabajo • SaludPara la OCDE(2020), el COVID-19 puso al descubierto la estrecha interacción entre nuestro medio ambiente y economía, evidenciando la urgente necesidad de fortalecer la calidad y resistencia de los activos naturales. Por ello, propone que la búsqueda del crecimiento no signifique un retorno a “lo de siempre”, siendo necesario invertir en una amplia gama de activos complementarios, incluidos no solo el capital físico y humano, sino también el conocimiento y el capital intangible, además del capital natural y social. Para esto, los paquetes de estímulo deben incluir políticas que aborden el cambio climático, el daño ambiental y las desigualdades sociales. Según se plantea por algunos organismos internacionales –FMI, OCDE, IEA, WEF –el escenario actual, en donde los esfuerzos de los países están en reactivar la economía es la oportunidad perfecta para convertir las tan necesarias mejoras ambientales en parte integral de la recuperación económica, en lugar de percibir tales medidas como una carga adicional en un momento de crisis. A partir de la revisión de varias propuestas de recomendaciones para una recuperación sostenible(FMI, OCDE, IEA, WEF), frente a la crisis causada por COVID-19 se evidencian grandes coincidencias, por ejemplo en la necesidad de evaluar el impacto climático de las medidas de apoyo, sugiriendo que sean seleccionadas por su impacto climático, predominando la no flexibilización de las normas ambientales.
La pandemia por Covid-19 ha afectado la economía de todo el mundo, y particularmente, a pequeñas y medianas empresas que desde el inicio de la crisis han experimentado tiempos de incertidumbre y la reducción dramática de sus ingresos. En el presente informe, realizado a solicitud parlamentaria, se elabora un resumen las principales medidas, instrumentos y programas que -principalmente en el ámbito fiscal, monetario y tributario- han venido implementando una muestra de países para ir en apoyo delas pequeñas y medianas empresas afectadas por la pandemia Covid 19.
El COVID-19 ha alterado millones de vidas y ha amenazado la economía global. Los principales organismos internacionales estiman una recesión mundial peor que la de 2009, marcada por la desigualdad y una fuerte pérdida de empleo a nivel global. La Organización Internacional del Trabajo(OIT) calcula que cerca de la mitad de todos los trabajadores del mundo se encuentra en riesgo de perder sus medios de subsistencia, sin embargo, su impacto tanto en los países como en sus habitantes, ha sido dispar. Es por ello que los expertos apuntan a que la recuperación económica debe aprovecharse como una oportunidad para generar un crecimiento sostenible, social y con igualdad de género, con el propósito de aumentar la productividad y la participación laboral femenina, en miras a materializar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, donde el ODS Nº8(trabajo decente y crecimiento económico), está fuertemente relacionado.
También pertenece a: TrabajoEn 2020 y hasta el 24 de febrero de 2021 se han publicado treinta leyes que tienen disposiciones de apoyo económico a las familias o a las empresas o que incluyen medidas para atenuar la crisis económica o reactivar la economía en el contexto de la crisis generada por la COVID-19. Las leyes publicadas tratan los siguientes temas: -En materia de apoyo a las personas se publicaron leyes de acceso al seguro de desempleo, retiro de fondos previsionales de las cuentas de capitalización individual, pago de subvenciones educacionales, beneficios para padres, madres y cuidadores de niños y niñas, beneficios para trabajadores independientes, medidas sobre el suministro y el pago de los servicios de electricidad, agua y gas, prórrogas en permisos de circulación, la postergación de las cuotas de créditos hipotecarios, ingresos de emergencia para los hogares. -En apoyo a las empresas las leyes publicadas tratan sobre apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas, modificaciones para facilitar el acceso a los créditos FOGAPE, beneficios tributarios para las empresas.
El presente documento ha sido elaborado con motivo del Foro Interparlamentario sobre producción, compra y acceso universal a vacunas contra la covid-19 en América Latina y El Caribe convocado por el Parlamento Latinoamericano y Caribeño, que se llevará a cabo el día 11 de junio de 2021. El texto entrega un panorama general respecto del proceso de vacunación en el continente y la brecha de desigualdad respecto al acceso. Presenta las iniciativas globales que impulsan el acceso universal y hace referencia a las experiencias latinoamericanas en materia de producción de vacunas. Finalmente, hace una referencia breve a la situación chilena y entrega antecedentes respecto del debate en torno a la propuesta de suspensión de patentes relacionadas con el COVID 19 presentada a la Organización Mundial del Comercio.
También pertenece a: SaludEl denominado 2% constitucional constituye un mecanismo extraordinario de financiamiento contemplado la Constitución Política del República que permite la dictación de decretos de emergencia económica, a través de los cuales, con cargo hasta el dos por ciento de los gastos autorizados por la ley de presupuestos del año que se trate, se pueden ordenar pagos para atender necesidades impostergables, siempre que ellas sean a consecuencia de calamidades públicas, agresión exterior, conmoción interna, Estado de Sitio, grave daño o peligro para la seguridad nacional o agotamiento de los recursos destinados a mantener servicios que no pueden paralizarse sin serio perjuicio para el país. Se trata de una excepción relativa al denominado “principio de legalidad del gasto” que supone que la Administración debe ajustar sus actos a las normas constitucionales y legales que la regulan y, consecuentemente, que no puede acometerse ningún gasto público sin que exista una habilitación legal previa para ello. Por su parte, se dice que es una excepción relativa porque la propia norma constitucional establece ciertos requisitos para hacer uso de ella: primero, no puede exceder del 2% del total de gastos autorizados por la ley de presupuestos; segundo, no se puede utilizar en cualquier caso sino que solo para atender aquellas necesidades, con carácter de impostergables, que se deriven de algunas de las situaciones señaladas en la constitución; y, tercero, formalmente es necesario que el decreto sea firmado por todos los Ministros de Estado para poder cursar el pago. Desde 1970 a la fecha se ha utilizado este mecanismo de financiamiento en 27 oportunidades. La causal más invocada ha sido "locomoción colectiva", seguida de "cesantía" en 4 oportunidades, y "obras públicas" y "fenómenos de la naturaleza" en tres oportunidades.