183 Documentos
Diferentes organismos internacionales vinculados a la protección de la salud y los derechos humanos han llamado a los gobiernos a realizar esfuerzos adicionales específicos para proteger los derechos de las personas con discapacidad (PcD) en su respuesta a la pandemia COVID-19. Esto es, considerando también que la pandemia tiene un impacto mayor en las PcD. En este marco se encuentran directrices para los gobiernos, a quienes se les llama a garantizar derechos y tomar medidas de protección específicas para diferentes situaciones que las afectan. Para ahondar en el conocimiento de estos requerimientos, en abril del presente año, el gobierno de Chile levantó la encuesta “Identificación de necesidades de las PcD en periodo Covid-19". Luego, parte importante de la respuesta gubernamental ha sido desarrollada por la Mesa Intersectorial Discapacidad y COVID-19, liderada por SENADIS. Es así como en el sitio web de este servicio se han publicado una serie de recomendaciones para personas con discapacidad ante el Coronavirus, las que están dirigida a diferentes públicos objetivos, considerando tanto a personas con discapacidades específicas ( visual, auditiva e intelectual) como a sus familias y cuidadores.
La obligación de confinamiento es una medida preventiva frente a la propagación del coronavirus, cuya eficacia descansa en una sanción esencial, a saber: las multas aplicables frente a un desplazamiento fuera del domicilio, por causa no debidamente justificada. Se trata de una retribución común, aplicable en el Derecho francés, español y chileno, cuyas formas varían sensiblemente desde tres puntos de vista diversos. Primero, el alcance de la obligación. Segundo, la tipificación de la infracción. Y tercero, el importe de la sanción pecuniaria aplicable en cada caso.
La pandemia de influenza de 1957 impactó notablemente a la sociedad chilena. Sus consecuencias globales fueron significativas, ya que sólo en Chile provocó 1.400.000 infectados y 20.000 muertos. La pandemia coincidió con una crisis y una profunda fractura del sistema político, social y económico. De acuerdo al análisis histórico aquí presentado, la pandemia debilitó políticamente el gobierno de Carlos Ibáñez del Campo (1952-1958), por lo cual se hace necesario reconstruir los elementos del período, destacando el papel jugado por el Poder Legislativo y las medidas llevadas a cabo desde el ámbito sanitario.
Comprender y combatir al cambio climático exige, indudablemente, observar las diversas dimensiones que éste alcanza, todas interrelacionadas e inexorablemente ligadas a la manera en que la humanidad ha cosificado y explotado los recursos naturales, de una manera más indiscriminada a medida que la tecnología se lo permitía. La relación entre epidemiología y el vínculo humano- animal da cuenta que la actual pandemia no es sino una consecuencia de la manera en que nos estamos relacionando con otras especies. Los marcos jurídicos y la regulación actual de las diversas industrias no han sido capaces de lograr un desarrollo armónico, sostenible y que no ponga en peligro la disponibilidad de recursos para las futuras generaciones. La desaparición de innumerables especies y una creciente contaminación de toda índole –lumínica, de material particulado, de olores, ruidos, microplástica y oceánica- nos hacen cuestionarnos la manera en la cual nos relacionamos con el entorno, y si esa aproximación es la adecuada o no.
La situación epidemiológica de Uruguay ha sido resaltada como ejemplar, debido a que, después de haberse confirmado el primer caso de contagio a mediados de marzo, ya en la primera semana de junio las cifras daban cuenta de una cierta contención de la epidemia. Luego de ello, la transmisión se ha producido por brotes, sin haber llegado nunca a una fase de aumento exponencial. Este resultado es especialmente notorio, toda vez que, a la fecha, Uruguay no ha dictaminado cuarentenas obligatorias, optando por una estrategia que privilegia la libertad con responsabilidad. Otro aspecto destacado de la gestión gubernamental uruguaya es la coordinación lograda entre los tomadores de decisiones y el mundo científico. En efecto, prueba de ello es el Grupo Asesor Científico Honorario (GACH), compuesto por más de 55 expertos que asesoran científicamente a la Presidencia. Inspiradas en el modelo surcoreano, las acciones efectuadas para controlarla epidemia en Uruguay persiguieron especialmente mejorar la capacidad de testeo, considerado que es un factor crítico de la vigilancia posterior (trazabilidad y aislamiento de casos). Se evitó llegar así a una fase de transmisión donde las medidas de vigilancia pierden su eficacia, lo que supone mantener la epidemia en una escala manejable. Luego, se reconoce como un elemento clave para este propósito la rapidez de la respuesta del gobierno, quien declaró la emergencia sanitaria el mismo día en que se confirmó el primer caso de contagio en el país.
En el contexto de pandemia mundial que afecta a nuestro país, surge la necesidad del órgano legislativo de tomar medidas de resguardo que permitan afrontar de mejor manera esta situación. En este sentido, el Congreso Nacional asume un rol protagónico en la presentación y discusión de proyectos de ley que regulan aspectos necesarios para abordar y enfrentar dicha problemática. En este sentido el legislador, adecuando sus prioridades legislativas al contexto actual, ha tramitado diversas leyes vinculadas a esta contingencia, como la Ley N° 21.2221, que: “Prorroga por un año la vigencia de las licencias de conducir que expiren durante el año 2020”; la Ley N° 21.2252, que: “Establece medidas para apoyar a las familias y a las micro, pequeñas y medianas empresas por el impacto de la enfermedad Covid-19 en Chile”; la Ley N° 21.2183, que: “Crea un subsidio para alcanzar un ingreso mínimo garantizado”; la Ley N° 21.2274, que: “Faculta el acceso a prestaciones del seguro de desempleo de la Ley N°19.7285, en circunstancias excepcionales”; y la Ley N° 21.2296que: “Aumenta elcapital del Fondo de Garantía para Pequeños y Medianos Empresarios y flexibiliza temporalmente sus requisitos”, entre otras leyes relacionadas.
La aplicación masiva de 20 mil test diarios y el despliegue de una red de laboratorios en todo el territorio gracias a una alianza público - privada, han permitido que se reduzca la cantidad de nuevos contagiados en menos de un mes.
La urgencia sanitaria, declarada por la Ley francesa 2020-290 del 23 de marzo de 2020, ha permitido adoptar diferentes medidas frente a la propagación del virus SARS CoV-2. Algunas de dichas medidas han sido relacionadas con elrégimen laboral de los trabajadores. Las medidas para la protección del mercado laboral en el Derecho francés frente a la propagación de la epidemia Covid-19 debe distinguir los regímenes aplicables a trabajadores dependientes e independientes. Sólo en el primero de los casos, las medidas ya aplicables con anterioridad a la declaración de urgencia sanitaria han permitido limitar en mayor grado sus impactos.
También pertenece a: SaludLa adopción de medidas fiscales para potenciar el mercado de los créditos o millonarios planes de estímulo para incrementar la producción y los niveles de consumo, son algunas de las medidas que destacan para levantar las economías locales.
El presente documento tiene como objetivo informar sobre medidas para inyectar capital de trabajo a micro, pequeñas y medianas empresas, a través de préstamos, en Estados Unidos, Australia, Canadá, Reino Unido y Nueva Zelanda. Se da cuenta de los principales programas y se explican sus principales características y condiciones. En primer lugar cabe destacar que se observan diferencias entre la interacción entre el Estado y las instituciones financieras privadas que proveen los préstamos. En todos los países se observan programas de financiamiento vía préstamo en donde el Estado actúa como aval del deudor, siendo la institución privada la que provee el crédito. No obstante, en Canadá se observa un esquema de cofinanciamiento, es decir una parte la presta el Estado y la otra parte el sector privado, y esquemas en donde no intervienen los privados y el prestamista es 100% el Estado. Un esquema interesante se da en el Reino Unido, en donde el Estado actúa como inversionista de empresas recién creadas, es decir inyecta recursos a través de préstamos convertibles, adquiriendo un porcentaje de la propiedad de la empresa. Otro aspecto diferenciador es la participación del Estado en la definición de las condiciones del crédito cuando son privados los que los proveen. En Estados Unidos existen por ejemplo el Pay Check Protection Programy el Economic Injury Plan, en los cuales el Estado fijala tasa de interés, incluso diferenciando entre empresas e independientes.