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El acuerdo entre el oficialismo y la oposición, dado a conocer públicamente el 14 de junio de 2020, en el marco de la pandemia de coronavirus, contendría diversas medidas para proteger los ingresos de las familias y de los trabajadores e impulsar la reactivación económica. Algunas de tales medidas anunciadas por el Gobierno y por medios de comunicación social serían de carácter tributario, y consistirían en: a) Rebaja del 50% de Impuesto a la Renta, desde 25% a 12,5%, a empresas acogidas al régimen tributario Pro-Pyme,para los años comerciales 2020, 2021 y 2022 (años tributarios 2021, 2022 y 2023, respectivamente). b) Extender en 3 meses la suspensión del pago de los PPM, hasta septiembre de 2020. El anuncio no señala si esta medida es solo para Pymes o para todas las empresas. c) Devolver excepcionalmente, por una vez, los remanentes de crédito fiscal IVA a Pymes. Esta medida es absolutamente excepcional, pues ello solo procede en caso de término de giro y de adquisición de activo fijo. d) Ampliar hasta 31/12/2022 la depreciación instantánea al 100%. Esta medida propuesta permitiría depreciar instantáneamente el 100% de los activos adquiridos para proyectos de inversión en el país a contar del 1° de octubre de 2019 y hasta el 31 de diciembre de 2021. e) Liberación de la contribución regional de 1% a los proyectos de inversión durante el año 2021. La falta de recaudación que origine esta propuesta ya tiene una solución prevista anticipadamente en la propia Ley N° 21.210, consistente en realizar transferencias desde el Tesoro Público. f) Incentivo a la contratación de trabajadores: Una vez que se agote un subsidio mensual para trabajadores desempleados o suspendidos, de un porcentaje del sueldo mínimo, hasta 20 UTM de remuneración bruta mensual, se establecería un crédito tributario a la contratación, del 23% del valor de la remuneración de cada nuevo trabajador dependiente. De todas estas medidas anunciadas solo la de postergación de PPM puede implementarse administrativamente por el SII, siendo las otras, de naturaleza legislativa.
La bicicleta ha sido propuesta como una alternativa de movilidad urbana, que permitiría avanzar hacia ciudades más sostenibles. Lo anterior, estaría asociado al cambio de priorización de los modos de transporte,hoy ya no centrados en el automovilista, sino en el peatón y el ciclista. En este contexto, se han propuesto distintas estrategias cuyos objetivos son el promover el uso de este medio de transporte, por ejemplo, en la Unión Europea se ha dispuesto de estímulos financieros para invertir en redes de ciclovías y ciclovías temporales. A su vez, las empresas ferroviarias de Europa tienen ahora la obligación de disponer de un número limitado de espacios al interior de sus carros para bicicletas. En tanto, España, Reino Unido y Australia han puesto en marcha planes que incentivan la movilidad al trabajo en bicicleta. En este sentido, Holanda y Reino Unido ofrecen incentivos económicos que fomentan el transporte en bicicleta.
Alemania y España han dictado Guías de Protocolos de prevención y control del riesgo de contraer Covid-19 para los trabajadores y trabajadores en el retorno laboral. En Alemania la Guía fue producto de un trabajo entre los organismos estatales y organizaciones de empleadores y trabajadores. Por su parte en España, las Guías fueron dictadas por el Ministerio de Trabajo y de Economía Social y Salud respectivamente.
También pertenece a: SaludEn el ámbito de la seguridad y salud de los trabajadores los países que comenzaron a suavizar y/o terminar las medidas de confinamiento producto del Covid-19 han elaborado guías, protocolos, para el regreso de los trabajadores a sus lugares de trabajo en forma segura y con coexistencia del Covid-19. Asimismo, organismos internacionales y organizaciones de trabajadores y empleadores han dictado guías sobre la materia (Unión Europea y la Organización Internacional del Trabajo). De la revisión de la experiencia comparada de Francia y Uruguay respecto a las medidas adoptadas para la seguridad y salud del trabajador en el retorno gradual frente a Covid-19. Se puede concluir: 1. En ambos países los Ministerios de Trabajo han dictado Protocolos de prevención y control del riesgo de contraer Covid-19. 2. El Ministerio del Trabajo francés dictó un Protocolo en mayo y ha tenido varias actualizaciones (la última el 31 de agosto). Este es vinculante y es parte de la obligación en materia de salud y seguridad del empleador. Contempla seis temas relativas a: implementación de medidas; protección de trabajador (higiene, distanciamiento, uso de mascarillas, contaminación manual); sistema de protección de trabajadores; test de detección de Covid-19; protocolo para cuidado de persona con síntomas y sus cercanos y control de temperatura. Se contempla en la legislación un subsidio para trabajadores que no pueden teletrabajar y presentan patologías particularmente graves, enumeradas en Decreto No. 2020-1098, y para padres trabajadores que no tienen guardería, escuela o colegio para cuidado de sus hijos y deben dejar de trabajar y no es posible el teletrabajo. 3. Por su parte, el Ministerio de Trabajo uruguayo dictó la Resolución N°54/2020 que estableció que corresponde a las empresas por rama presentar los Protocolos de Prevención de actuación ante el riesgo de contraer COVID 19.
También pertenece a: SaludA pedido del usuario, se describen las medidas normativas adoptadas en beneficio de los usuarios de suministro eléctrico a consecuencia del Covid-19 en Perú, Argentina, Colombia, España y Francia. En Perú, se permite a las empresas el fraccionamiento, hasta en 24 meses, de los pagos por consumos de electricidad por cobros que se hayan emitido durante el mes de marzo de 2020 y los consumos realizados durante la vigencia del Estado de Emergencia Nacional y sus renovaciones posteriores. Por su parte, en Argentina, las empresas prestadoras de servicios de electricidad podrán disponer la suspensión o el corte de los respectivos servicios a determinados usuarios, en caso de mora o falta de pago luego de 6 facturas consecutivas o alternas, con vencimientos desde el 1° de marzo de 2020, incluyendo usuarios con aviso de corte en curso. En el caso colombiano, las empresas de energía eléctrica puedan diferir el pago de los servicios por un período de 36 meses respecto del denominado “consumo básico o de subsistencia” de personas vulnerables. Dicho beneficio se establece para dos ciclos de facturación desde abril de 2020. Las empresas que otorguen este beneficio podrán tomar una línea de liquidez financiada por el Estado y además estarán obligadas a ofrecer un descuento de mínimo el 10% sobre el valor (no subsidiado) de la correspondiente factura.
El presente documento tiene por finalidad aportar al debate legislativo del Proyecto de Ley que dispone de la difusión obligatoria y gratuita de programas educativos a través de canales de televisión de libre recepción y radioemisoras regionales o locales(Boletín Nº 13.440 –24), actualmente en discusión en la Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones de la Cámara de Diputados. En ese sentido, el documento expone las medidas que ya se han adoptado por el Ministerio de Educación (MINEDUC) en Chile, a partir de la suspensión de clases presenciales debido a la pandemia de COVID 19. Asimismo, se indaga en la experiencia que otros países han desarrollado en el mismo sentido. Se explora, específicamente, los casos de España, Argentina y Nueva Zelanda.
A solicitud de la Comisión de Hacienda del Senado, en el contexto del debate del Proyecto de Ley que establece un seguro social de protección de ingresos para los trabajadores que indica (boletín N.° 13.479-05) y del Proyecto de Ley que establece un beneficio para los trabajadores independientes que indica, para proteger sus ingresos ante las dificultades generadas por la propagación de la enfermedad Covid-19 en Chile (boletín N.o 13.542-05), se revisa la experiencia comparada sobre las medidas que se han adoptado en otros países para apoyar a los trabajadores independientes afectados por la emergencia sanitaria del COVID-19. Se analiza Argentina, Francia, Reino Unido, Brasil, Colombia, España e Italia. Para dichos efectos se revisaron las legislaciones y regulaciones correspondientes, así como las páginas de internet oficiales de diversos ministerios de los países revisados y artículos de prensa, entre otras fuentes. Adicionalmente, se tomaron como base tres documentos de la Biblioteca del Congreso Nacional: “Revisión Comparada de medidas de protección al empleo frente a Covid-19“(2020), “Resumen y revisión de medidas comparadas de protección al empleo por COVID-19 (2020) y “Las medidas de protección laboral de urgencia sanitaria en el derecho francés“(2020) .Dado que en el momento de la solicitud de la Comisión de Hacienda del 22 de mayo de 2020 el proyecto de ley no tenía la forma de un préstamo, y para cumplir con el plazo de entrega que por la tramitación de la iniciativa legal ha sido más corto de lo inicialmente previsto, no se han podido analizar las medidas que tenían el carácter de préstamo en estos países.
La pandemia por Covid-19 ha afectado la economía de todo el mundo, y particularmente, a pequeñas y medianas empresas que desde el inicio de la crisis han experimentado tiempos de incertidumbre y la reducción dramática de sus ingresos. En el presente informe, realizado a solicitud parlamentaria, se elabora un resumen las principales medidas, instrumentos y programas que -principalmente en el ámbito fiscal, monetario y tributario- han venido implementando una muestra de países para ir en apoyo delas pequeñas y medianas empresas afectadas por la pandemia Covid 19.
El presente documento ha sido elaborado con motivo de la reunión de la Comisión de Salud del Parlamento Latinoamericano y Caribeño (PARLATINO), que se llevará a cabo el día jueves 25 de marzo de 2021. El documento introduce algunos antecedentes panorámicos respeto de la situación actual de América Latina y el Caribe y presenta las principales medidas y propuestas que se han debatido para enfrentar la crisis en sus diversas dimensiones. A corto plazo se plantea la necesidad de aunar esfuerzos en torno a una estrategia de vacunación equitativa y a mediano y largo plazo, se propone visibilizar la centralidad del cuidado en nuestras sociedades para lograr una recuperación efectiva y sostenible.
El Banco Central inglés (Banco de Inglaterra) es independiente desde 1998. El objetivo principal del Banco de Inglaterra, declarado en el Bank of England Act, es la estabilidad financiera y, subordinado a este objetivo principal, tiene como objetivo secundario apoyar la política de crecimiento económico y empleo del Gobierno inglés. Tiene como objetivo operativo, mantener la inflación en 2%. Las decisiones del Banco Central de Inglaterra descansan en dos comités: por una parte el Monetary Policy Commite es el órgano encargado del diseño de la Política Monetaria; y el Financial Policy Comitte (FPC), es el órgano encargado del diseño de las políticas regulatorias para la estabilidad financiera. A raíz de la crisis COVID-19 el Banco de Inglaterra ha tomado una serie de medidas. En el ámbito de la política monetaria ha: • Reducido la tasa de interés interbancaria (Bank Rate) a un 0,1%. • Dispuesto de líneas de préstamo directos a los bancos comerciales condicionados a la evolución de los préstamos que los bancos otorguen a pequeñas y medianas empresas. • Incrementado la compra de bonos del tesoro inglés por un monto de £200 billones de libras esterlinas (US$ 250 billones de dólares), bajo el programa Asset Purchase Facility. • Comprado directamente y en mercados secundarios bonos de corporativos de corto plazo por un monto acumulado de £57,6 billones de libras esterlinas (US$ 72 billones de dólares). • Abierto la línea de financiamiento directo para el gobierno inglés, llamada de Ways and Means facility.