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Para la OCDE(2020), el COVID-19 puso al descubierto la estrecha interacción entre nuestro medio ambiente y economía, evidenciando la urgente necesidad de fortalecer la calidad y resistencia de los activos naturales. Por ello, propone que la búsqueda del crecimiento no signifique un retorno a “lo de siempre”, siendo necesario invertir en una amplia gama de activos complementarios, incluidos no solo el capital físico y humano, sino también el conocimiento y el capital intangible, además del capital natural y social. Para esto, los paquetes de estímulo deben incluir políticas que aborden el cambio climático, el daño ambiental y las desigualdades sociales. Según se plantea por algunos organismos internacionales –FMI, OCDE, IEA, WEF –el escenario actual, en donde los esfuerzos de los países están en reactivar la economía es la oportunidad perfecta para convertir las tan necesarias mejoras ambientales en parte integral de la recuperación económica, en lugar de percibir tales medidas como una carga adicional en un momento de crisis. A partir de la revisión de varias propuestas de recomendaciones para una recuperación sostenible(FMI, OCDE, IEA, WEF), frente a la crisis causada por COVID-19 se evidencian grandes coincidencias, por ejemplo en la necesidad de evaluar el impacto climático de las medidas de apoyo, sugiriendo que sean seleccionadas por su impacto climático, predominando la no flexibilización de las normas ambientales.
La pandemia por COVID-19 ha tenido fuertes impactos en los países más pobres yen desarrollo. Sin embargo, estos han debido enfrentarla con los recursos y herramientas de intervención social que disponen. Para poder observar la respuesta frente a la pandemia de este tipo de países, también clasificados dentro del Global South o Sur Global, se estudian cuatro casos que son: la República del Congo, el Reino de Marruecos, el Estado de Kerala en la India y la República Oriental del Uruguay. Si bien estos cuatro países dan cuenta de la variabilidad dentro del mundo no desarrollado y en vías de desarrollo, contando unos con sistemas de seguridad social desarrollados previamente, mientras otros no, se encuentran ciertas regularidades en la respuesta frente a la pandemia.
La pandemia por Covid-19 ha afectado la economía de todo el mundo, y particularmente, a pequeñas y medianas empresas que desde el inicio de la crisis han experimentado tiempos de incertidumbre y la reducción dramática de sus ingresos. En el presente informe, realizado a solicitud parlamentaria, se elabora un resumen las principales medidas, instrumentos y programas que -principalmente en el ámbito fiscal, monetario y tributario- han venido implementando una muestra de países para ir en apoyo delas pequeñas y medianas empresas afectadas por la pandemia Covid 19.
La presente minuta consigna las principales leyes promulgadas así como proyectos de ley en trámite en el Congreso Nacional a propósito de la pandemia de Covid 19, desde enero 2021 a la fecha. Las materias que se abordan son de orden social, económico, familiar, entre otras.
El COVID-19 ha alterado millones de vidas y ha amenazado la economía global. Los principales organismos internacionales estiman una recesión mundial peor que la de 2009, marcada por la desigualdad y una fuerte pérdida de empleo a nivel global. La Organización Internacional del Trabajo(OIT) calcula que cerca de la mitad de todos los trabajadores del mundo se encuentra en riesgo de perder sus medios de subsistencia, sin embargo, su impacto tanto en los países como en sus habitantes, ha sido dispar. Es por ello que los expertos apuntan a que la recuperación económica debe aprovecharse como una oportunidad para generar un crecimiento sostenible, social y con igualdad de género, con el propósito de aumentar la productividad y la participación laboral femenina, en miras a materializar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, donde el ODS Nº8(trabajo decente y crecimiento económico), está fuertemente relacionado.
También pertenece a: EconomíaDurante la pandemia, provocada por el virus SARS-CoV-2, se han generado o adaptado sistemas de monitoreo y detección del virus, para el apoyo en tareas de salud pública, con el objeto de apoyar la detección y contención de infecciones. En este sentido, una de las técnicas de monitoreo que se ha utilizado durante este periodo en ciudades de más de 50 países, es el análisis de aguas residuales para detección del SARS-CoV-2. Tomando muestras periódicas y en sectores determinados de las aguas servidas, es posible detectar la presencia e intensidad del virus en grandes poblaciones, lo cual ha permitido (en las ciudades y países donde se aplica) tener información útil para dirigir esfuerzos de vigilancia activa en sectores geográficos específicos. Organismos de salud pública de países como Holanda, por ejemplo, utilizan estos datos dentro de los servicios de información nacionales sobre COVID-19, mientras que otros, como Estados Unidos de Norteamérica, está actualmente desarrollando una red nacional de monitoreo que estandarice y coordine las acciones que ya se llevan a cabo en distintas ciudades y regiones de ese país.
Antes de que se cumplieran tres meses, desde que se promulgara la alerta sanitaria por covid-19 en el país, se instauraron en el Senado sesiones especiales, con el objeto de ir conociendo el desarrollo de la pandemia. Estas fueron celebradas conjuntamente por las Comisiones de Salud y Desafíos del Futuro, abocándose también a monitorear sus impactos en el país y la eficacia de la respuesta gubernamental. Con un funcionamiento semanal, participaron regularmente de estas sesiones un conjunto de expertos de diferentes disciplinas, los cuales, a poco andar, se constituyeron en un equipo asesor estable sobre dichas materias para la comisión conjunta. Así, dentro del año legislativo 2020, se celebraron 33 sesiones especiales, a las cuales también asistieron diversos científicos y autoridades representativas de distintos ámbitos y zonas geográficas del país, junto con representantes de la sociedad civil. De esta forma, esta comisión conjunta se convirtió en un espacio de diálogo social para facilitar el establecimiento de puentes entre actores, así como abrir ventanas de oportunidad para el diseño de políticas y medidas más ajustadas a las características y capacidades diferentes que poseen las unidades subnacionales del país. Además de la sinergia promovida en esta instancia, la comisión conjunta no fue ajena a las discusiones sobre un abanico de mociones parlamentarias relacionadas con esta emergencia sanitaria. En efecto, muchas de ellas se presentaron en coautoría por diferentes parlamentarios integrantes de esta comisión especial. De los proyectos tramitados, y en los que intervino la Comisión de Salud del Senado, tres de ellos ya fueron publicados como Ley de la República en transcurso del año 2020; mientras otros se encuentran aún en fase de tramitación.
También pertenece a: SaludDe acuerdo a las pesquisas internacionales en la materia, en promedio un45% de los adultos dicen que su salud mental y emocional ha empeorado durante la pandemia, sin embargo, no todas las metodologías incorporan a los niños y jóvenes como objeto de las mediciones, siendo que de acuerdo a organismos internacionales, tienen un mayor riesgo a sufrir un deterioro psicológico(UNICEF, 2020). En particular, durante la pandemia, niños y adolecentes en todo el mundo han visto afectadas sus rutinas pedagógicas y de esparcimiento, en un contexto donde se han invisibilizado como grupo de riesgo y han aumentado su exposición a violencia. Mientras en nuestro país, los especialista advierten de la vulnerabilidad y el impacto infanto-juvenil de la pandemia, no obstante, se han llevado a cabo limitadas acciones, siendo la plataforma “Saludable-Mente” y el breve retorno a las clases (marzo2021)uno de los mayores avances.
De acuerdo a lo solicitado, se presenta la información de ejecución presupuestaria a marzo de 2021 para la compra de vacunas del Gobierno de Chile con el objeto de prevenir los contagios de COVID-19. El Fondo para vacunas Covid-19 tiene un presupuesto asignado vigente de $153.140 millones (cerca de US$ 200 millones) en la Subsecretaría de Salud Pública y su ejecución al primer trimestre de 2021, alcanza el 77,3% de los recursos asignados, esto es, $118.400.899 miles.
La pandemia del Coronavirus SARS-CoV-2 ha provocado que más de la mitad de la población mundial esté sometida a algún tipo de confinamiento, distanciamiento social y reducción de los desplazamientos, lo que ha afectado el comercio, el turismo y también la actividad física y la práctica deportiva. Con el inicio del proceso de vacunación, y considerando las distintas condiciones sanitarias en que se encuentran los países, algunos de ellos han implementado medidas graduales para permitir el retorno a la actividad deportiva, con diferencias según si ésta se desarrolla en instalaciones cerradas o al aire libre. Así, el documento revisa qué prácticas deportivas se han autorizado y en qué condiciones durante la denominada “segunda ola” de la pandemia en Inglaterra, las Comunidades Autónomas de Madrid, Aragón y Valencia en España, además de Suecia y Argentina.