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En el presente informe se exponen primero los principales antecedentes vinculados al Plan de estímulo fiscal para hacer frente a los impactos económicos del COVID-19, que fue recientemente aprobado por el Senado y actualmente está en discusión en la Cámara de Representantes de EEUU. En la segunda parte se presentan los puntos claves del plan, considerado el mayor estímulo fiscal en la historia moderna. Se espera que estos recursos, que incluyen rescates para empresas tanto grandes como pequeñas, la expansión de los beneficios de seguro de desempleo y una transferencia directa de efectivo a un grupo importante de contribuyentes estadounidenses, cuesten cerca de US$ 2 billones de dólares, (aproximadamente un 10% del PIB estadounidense). A modo de comparación, en el caso de Chile, el plan de emergencia económica presentado por el gobierno implica movilizar recursos fiscales por casi US$ 12.000 millones (4.7% del PIB). En términos generales, se estima que el COvid-19 va hacer que el déficit público de Estados Unidos pase del 20% del PIB este año. Ése es el resultado de sumar el déficit previsto por el Gobierno de Donald Trump en los Presupuestos (un billón), la caída de la recaudación provocada por el coronavirus (otro billón) y el paquete de estímulo fiscal que está ultimando el Congreso y que se detalla en este informe (dos billones más). Si se suma eso a las políticas de la Reserva Federal para inyectar liquidez al mercado, el resultado global se aproxima a los 6 billones de dólares, lo cual implica el 30% del PIB. Se trataría, así, del mayor paquete de estímulo económico desde el New Deal de los años treinta, con el que el Gobierno estadounidense combatió la Gran Depresión.
El siguiente documento tiene como finalidad dar cuenta de los efectos de la crisis sanitaria sobre la actividad económica por sectores, identificando aquellos que por sus características están más expuestos al efecto de las restricciones impuestas. La imposibilidad de que las personas salgan de sus hogares genera un shock laboral(Chanona.M, 2020) que es particularmente intenso en ciertos sectores económicos, producto de las características de las ocupaciones que mayormente utilizan en la producción de sus bienes y servicios. Sectores económicos caracterizados por ocupaciones de baja sustitución de tecnología por trabajo, de alta proximidad física, y de baja posibilidad de trabajo vía remota, están más expuestos a las restricciones impuestas producto de la crisis sanitaria. De una revisión de la literatura reciente se puede constatar que sectores como hotelería y restaurantes, actividades artísticas, de entretención y recreación, comercio, construcción y servicios sociales y personales son particularmente afectados. No así actividades como servicios de intermediación financiera, servicios legales y administrativos y actividades extractivas que se verían menos perjudicadas.
El COVID-19 ha alterado millones de vidas y ha amenazado la economía global. Los principales organismos internacionales estiman una recesión mundial peor que la de 2009, marcada por la desigualdad y una fuerte pérdida de empleo a nivel global. La Organización Internacional del Trabajo(OIT) calcula que cerca de la mitad de todos los trabajadores del mundo se encuentra en riesgo de perder sus medios de subsistencia, sin embargo, su impacto tanto en los países como en sus habitantes, ha sido dispar. Es por ello que los expertos apuntan a que la recuperación económica debe aprovecharse como una oportunidad para generar un crecimiento sostenible, social y con igualdad de género, con el propósito de aumentar la productividad y la participación laboral femenina, en miras a materializar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, donde el ODS Nº8(trabajo decente y crecimiento económico), está fuertemente relacionado.
También pertenece a: TrabajoSegún datos del Banco Central, el IMACEC disminuyó, comparado con igual mes del año anterior, un -3,36% en octubre y un -3,98% en noviembre de 2019, producto del “estallido social” , y en un -3,08% en marzo, un -14,10% en abril, y un -15,31% en mayo de 2020, comparado con igual mes del 2019, producto de la crisis sanitaria. Lo anterior tuvo efectos sobre las microempresas y pymes en términos de su capacidad de generar empleo, y en el uso de créditos con garantía estatal (Fogape). Por una parte los datos de ocupación de la Encuesta Nacional de Empleo del INE, permiten visualizar que el estallido social afectó, en un primer momento, a la ocupación en las grandes empresas, en comparación con la ocupación en las micro y pymes. En este periodo se observan tasas de variación negativas de la ocupación en doce meses en grandes empresas, y positivas en micro y pymes. Lo anterior podría estar indicando que ante la ausencia de empleos, las personas se emplearon en pymes o incluso se auto emplearon como trabajadores por cuenta propia. No obstante cabe decir que este fenómeno estaría asociado a mayores niveles de informalidad, es decir que la absorción de empleados en micro y pymes post estallido social ocurrió en el sector informal, y por lo tanto se constituye en una precarización de las condiciones ocupaciones y también de la productividad del sector micro y pyme como un todo. A partir de febrero-abril del presente año se observa un fenómeno masivo de destrucción de empleo en micro y pymes. Las tasas de variación de la ocupación son negativas en los tres tipos de empresas (micro, pymes y grandes), siendo la disminución en el nivel de ocupación en microempresas y en pymes más pronunciada que en las grandes empresas.
También pertenece a: Trabajo • SaludLas medidas tomadas por los gobiernos en Chile y el mundo para contener la crisis sanitaria producto de la aparición del virus Sars Covid-19, han tenido un profundo impacto sobre la economía, con fuertes reducciones en la oferta y demanda por bienes y servicios en todos los sectores económicos. No obstante, algunos sectores que requieren presencialidad para la producción del bien o la prestación del servicio han sido mayormente afectados por las cuarentenas, las restricciones de movilidad internas y las restricciones de movilidad entre países. Uno de los sectores más afectados ha sido el turismo. Utilizando como indicador de la actividad del turismo al índice de ventas de alojamiento de estancias cortas, publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas, se observa que a partir de febrero de 2020 una fuerte caída en las ventas del rubro. En dos meses, entre febrero de 2020 y abril de 2020 el índice de ventas cae de 136,05 a 7,73, por las medidas para contener la propagación del COVID-19.
Desde una perspectiva económica, la actual pandemia mundial se presenta como una crisis mucho más amplia que crisis mundiales anteriores. Se trata de una crisis global y multidimensional que requiere de respuestas globales, pero que se presenta en un momento en el que no existen liderazgos globales que las faciliten. A medida que el virus se propaga por todo el mundo crece el acuerdo en que una mayor acción coordinada será clave para disminuir la incertidumbre, aumentar la confianza y proporcionar estabilidad a la economía global. Sin embargo,los principales mecanismos de gobernanza global, están jugando un rol secundario en la gestión de este problema sanitario con efectos y consecuencias económicas y sociales aún difíciles de dimensionar. La minuta indaga respecto a las condiciones existentes en la actual gobernanza mundial para articular respuestas globales a estos problemas globales.
Las estimaciones del impacto del COVID-19 en la economía mundial dan cuenta de un creciente pesimismo, proyectando para el 2020 un crecimiento mundial del PIB negativo (-2,0% por la CEPAL). Igual situación se replicaría en América Latina y el Caribe, para la cual se estimó una contracción del -5,3%, mientras que para Chile las estimaciones van desde -1,5 a -4,5%. Este escenario de contracción mundial y regional implicaría importantes efectos a nivel de sectores de la economía. La CEPAL identifica al ”Comercio al por mayor y al por menor”, ”Reparación de bienes”, “Hoteles y restaurantes”, ”Transporte y almacenamiento y comunicaciones” y “Servicios”en general”, como las ramas de la actividad económica más afectados por la crisis generada por el COVID-19. La OIT indica que cerca del 68% de la fuerza de trabajo mundial, incluidos el 81% de los empleadores y 66% de los trabajadores por cuenta propia, viven y trabajan en países afectados por el cierre ordenado o recomendado de loslugares de trabajo. Y que en términos concretos, 436 millones de empresas de los sectores más afectados en todo el mundo enfrentan un alto riesgo de experimentar graves perturbaciones.
También pertenece a: TrabajoLa crisis que desencadenó el coronavirus COVID-19, irrumpió en la economía mundial provocando un fuerte impacto negativo en la actividad, en el empleo y en los ingresos. En este contexto, esta crisis se presenta como la peor recesión que se registra en la historia desde la Segunda Guerra Mundial. Dada la contingencia,para este año2020se proyecta una caída del 5,2% del PIB mundial(frente al crecimiento del 2,5% estimado en diciembre 2019). Para América Latina y el Caribe, se proyecta que la economía se contraerá en 9,1%, lo que implica un retroceso de diez años a un nivel similar registrado en 2010. A esto se suma, un aumento en la tasa de pobreza de 37,3%, y un incremento en la tasa de desocupación de 13,5%.
Junto a las medidas sanitarias que ha ido adoptando el país frente a la crisis sanitaria causada por el Covid-19, tres preocupaciones han centrado los esfuerzos: apoyo a las familias más vulnerables, protección al empleo y los trabajadores formales y entregar liquidez a las empresas. El apoyo a las familias más vulnerables, es decir aquellas con una red de protección social muy débil o ausente, se ha manifestado a través de un conjunto de medidas impulsadas desde el gobierno central, el Parlamento y desde los espacios territoriales. La minuta entrega una breve síntesis del contenido y tramitación de dos leyes en las que nuestro Congreso jugó un rol importante en estos días (N°21.225y N°21.230), orientadas específicamente a apoyar al significativo grupo de familias del país más desprotegidas. Se complementa lo anterior con la enumeración de algunas mociones parlamentarias cuyo objetivo apunta en el mismo sentido.
Varios países han basado su respuesta ante la actual pandemia COVID-19 implementando las más diversas Intervenciones No Farmacológicas (NPI) ante la ausencia de una vacuna que regule la situación en el corto plazo. Si bien el COVID-19 fue detectado en Wuhan, China, en diciembre del año recién pasado, apenas el día 30 de enero de este año la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el evento como una Emergencia de Salud Pública internacional. Luego de 110.000 casos y 4.000 muertes en países de todos los continentes, excepto la Antártica, la OMS confirió el estatus de pandemia al COVID-19. Unos días después, con fecha 3 de febrero, Brasil hizo lo propio y la declaró una emergencia de Salud Pública a nivel nacional. En ausencia de una vacuna contra el SARS-CoV-2 (agente causante de COVID-19), se ha sugerido que los países centren parte importante de sus esfuerzos en la implementación de Intervenciones No Farmacológicas (NPIs, por sus siglas en inglés: Non- Pharmaceutical Interventions), teniendo como finalidad la inhibición de la transmisión de virus entre humanos, ralentizando la velocidad de esparcimiento de la enfermedad y finalmente logrando una reducción en el número de contagios, o al menos el retraso de éstos. Las estrategias en que se basan las NPIs permiten reducir instantáneamente la demanda por cuidados en centros asistenciales y minimizan también la mortalidad.
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