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Una de las consecuencias negativas del COVID-19 ha sido el impacto de éste para el mundo del trabajo y los ingresos de los trabajadores. La Organización Internacional del Trabajo ha invitado a los países a adoptar medidas urgentes, integradas y a gran escala, en cuatro pilares: apoyar a las empresas, el trabajo y los ingresos; estimular la economía y los empleos; proteger a los trabajadores en el lugar de trabajo, y utilizar el diálogo social entre gobiernos, trabajadores y empleadores para encontrar soluciones. Las medidas adoptadas por los países son de índole muy diversa. Se han ido tomando medidas de emergencia para poder disminuir los efectos negativos y generar políticas e instrumentos de ayuda a los trabajadores y a las empresas para superar esta crisis. A modo de ejemplo: planes de protección contra el desempleo, prestaciones por desempleo a trabajadores despedidos que en otras circunstancias no tendrían derecho a seguro de desempleo, subsidios o bonos directos a los trabajadores, entre otros. A continuación se entregan las principales conclusiones del Informe BCN “Revisión comparada de medidas de protección al empleo frente al COVID-19 (2020)”, en el cual se eligieron seis países por representar distintos modelos: Argentina, Colombia Brasil, España, Reino Unido y Estados Unidos, analizándose las medidas adoptadas en materia laboral, específicamente protección del empleo como consecuencia del COVID- 19. Atendida el rápido desarrollo de la contingencia, las materias tratadas en el presente informe son esencialmente dinámicas. En consecuencia, su contenido corresponde a información disponible y vigente al momento de la elaboración del Informe que se resume (13.04.2020).
Las estimaciones del impacto del COVID-19 en la economía mundial dan cuenta de un creciente pesimismo, proyectando para el 2020 un crecimiento mundial del PIB negativo (-2,0% por la CEPAL). Igual situación se replicaría en América Latina y el Caribe, para la cual se estimó una contracción del -5,3%, mientras que para Chile las estimaciones van desde -1,5 a -4,5%. Este escenario de contracción mundial y regional implicaría importantes efectos a nivel de sectores de la economía. La CEPAL identifica al ”Comercio al por mayor y al por menor”, ”Reparación de bienes”, “Hoteles y restaurantes”, ”Transporte y almacenamiento y comunicaciones” y “Servicios”en general”, como las ramas de la actividad económica más afectados por la crisis generada por el COVID-19. La OIT indica que cerca del 68% de la fuerza de trabajo mundial, incluidos el 81% de los empleadores y 66% de los trabajadores por cuenta propia, viven y trabajan en países afectados por el cierre ordenado o recomendado de loslugares de trabajo. Y que en términos concretos, 436 millones de empresas de los sectores más afectados en todo el mundo enfrentan un alto riesgo de experimentar graves perturbaciones.
También pertenece a: EconomíaLa crisis sanitaria provocada por el COVID-19 ha tenido efectos importantes en el mercado del trabajo. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísticas la tasa de desempleo aumentó a un 8,2% en marzo de 2020 siendo mayor este incremento en las mujeres. En encuestas realizadas por la Cámara Nacional de Comercio se señala que la modalidad de teletrabajo ha sido baja en todas las empresas independiente de su tamaño. Adicionalmente, los datos muestran que el porcentaje de las empresas que estaban funcionando al 100% en la primera medición (14,5%) bajan en la segunda encuesta al 7,1% producto principalmente del inicio de la cuarentena. Las micro y pequeñas empresas son las más afectadas respecto de la capacidad de seguir operando. Ante la consulta sobre como espera que sean sus ventas este trimestre respecto de igual trimestre del año anterior, el 51,8% espera que caigan en un 50% o más. El 40% de las empresas declara poder sobrevivir sin ventas un mes más, siendo las más afectadas las microempresas. También se destaca que el 17% de los trabajadores podrían ser desvinculado en los próximos meses. Al 30 de abril de 2020 la Dirección del Trabajo (DT) reportó que 7.318 trabajadores y trabajadoras se encuentran acogidos a la reducción de jornada, 170.637 se encontraban con suspensión de contrato por acto de autoridad y 210.604 se encontraban con pactos de suspensión de contrato.
En el contexto de pandemia mundial que afecta a nuestro país, surge la necesidad del órgano legislativo de tomar medidas de resguardo que permitan afrontar de mejor manera esta situación. En este sentido, el Congreso Nacional asume un rol protagónico en la presentación y discusión de proyectos de ley que regulan aspectos necesarios para abordar y enfrentar dicha problemática. En este sentido el legislador, adecuando sus prioridades legislativas al contexto actual, ha tramitado diversas leyes vinculadas a esta contingencia, como la Ley N° 21.2221, que: “Prorroga por un año la vigencia de las licencias de conducir que expiren durante el año 2020”; la Ley N° 21.2252, que: “Establece medidas para apoyar a las familias y a las micro, pequeñas y medianas empresas por el impacto de la enfermedad Covid-19 en Chile”; la Ley N° 21.2183, que: “Crea un subsidio para alcanzar un ingreso mínimo garantizado”; la Ley N° 21.2274, que: “Faculta el acceso a prestaciones del seguro de desempleo de la Ley N°19.7285, en circunstancias excepcionales”; y la Ley N° 21.2296que: “Aumenta elcapital del Fondo de Garantía para Pequeños y Medianos Empresarios y flexibiliza temporalmente sus requisitos”, entre otras leyes relacionadas.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha señalado que los efectos de la pandemia son devastadores para el empleo y los ingresos de los trabajadores. Por eso hace un llamado a sus mandantes – gobiernos, trabajadores y empleadores- a aunar esfuerzos para un diálogo social con la finalidad de proteger la salud de los trabajadores, la sostenibilidad de las empresas y de los puestos de trabajo. En este sentido, ha señalado que el marco político que deberían adoptar los países tiene tres pilares fundamentales: apoyo a las empresas, el trabajo y los ingresos; estimular la economía y los empleos; y proteger a los trabajadores en el lugar de trabajo. Para analizar el impacto de la crisis sanitaria la OIT ha establecido un observatorio, denominado “El COVID-19 y el mundo del trabajo”. En abril del presente año publicaron su tercera edición con estimaciones y datos actualizados sobre la afectación de la pandemia en los trabajadores y empresas.
La urgencia sanitaria, declarada por la Ley francesa 2020-290 del 23 de marzo de 2020, ha permitido adoptar diferentes medidas frente a la propagación del virus SARS CoV-2. Algunas de dichas medidas han sido relacionadas con elrégimen laboral de los trabajadores. Las medidas para la protección del mercado laboral en el Derecho francés frente a la propagación de la epidemia Covid-19 debe distinguir los regímenes aplicables a trabajadores dependientes e independientes. Sólo en el primero de los casos, las medidas ya aplicables con anterioridad a la declaración de urgencia sanitaria han permitido limitar en mayor grado sus impactos.
También pertenece a: SaludEste documento busca identificar las leyes discutidas y aprobadas en el Congreso Nacional, durante el periodo de excepción constitucional de catástrofe, por calamidad pública, para enfrentar la emergencia sanitaria producida por la pandemia COVID-19, y su impacto en la vida social y pública del país; así como en el empleo y en la actividad económica y productiva en general. La revisión de la base de datos legal www.leychile.cl, en el periodo comprendido entre el 18 de marzo de 2020 y el 25 de junio del 2020, muestra que se han publicado 18 leyes referidas a la emergencia sanitaria del Covid-19. Las leyes analizadas son las número 21.219; 21.220; 21.221; 21.222; 21.223; 21.224; 21.225; 21.226; 21.227; 21.228; 21.229; 21.230; 21.232; 21.235; 21.237; 21.240; 21.242; y 21.243. Las leyes se presentan ordenadas según la temática que abordan. De esta forma, se identificaron ocho leyes sociales, seis leyes laborales, una ley sanitaria, dos leyes relacionadas con la vida pública y una ley que va en ayuda de las empresas. En cada ley reseñada, un cuadro presenta la información formal relevante, seguida de una síntesis de los principales aspectos de cada una de ellas. Se agregan algunos comentarios (en negrita) que intentan orientar respecto de la vigencia y modificaciones sufridas por algunas de estas leyes durante el periodo considerado.
Según datos del Banco Central, el IMACEC disminuyó, comparado con igual mes del año anterior, un -3,36% en octubre y un -3,98% en noviembre de 2019, producto del “estallido social” , y en un -3,08% en marzo, un -14,10% en abril, y un -15,31% en mayo de 2020, comparado con igual mes del 2019, producto de la crisis sanitaria. Lo anterior tuvo efectos sobre las microempresas y pymes en términos de su capacidad de generar empleo, y en el uso de créditos con garantía estatal (Fogape). Por una parte los datos de ocupación de la Encuesta Nacional de Empleo del INE, permiten visualizar que el estallido social afectó, en un primer momento, a la ocupación en las grandes empresas, en comparación con la ocupación en las micro y pymes. En este periodo se observan tasas de variación negativas de la ocupación en doce meses en grandes empresas, y positivas en micro y pymes. Lo anterior podría estar indicando que ante la ausencia de empleos, las personas se emplearon en pymes o incluso se auto emplearon como trabajadores por cuenta propia. No obstante cabe decir que este fenómeno estaría asociado a mayores niveles de informalidad, es decir que la absorción de empleados en micro y pymes post estallido social ocurrió en el sector informal, y por lo tanto se constituye en una precarización de las condiciones ocupaciones y también de la productividad del sector micro y pyme como un todo. A partir de febrero-abril del presente año se observa un fenómeno masivo de destrucción de empleo en micro y pymes. Las tasas de variación de la ocupación son negativas en los tres tipos de empresas (micro, pymes y grandes), siendo la disminución en el nivel de ocupación en microempresas y en pymes más pronunciada que en las grandes empresas.
También pertenece a: Salud • EconomíaEl presente documento da cuenta de las distintas medidas económicas que han llevado a cabo una muestra de seis países iberoamericanos para paliar la crisis económica provocada por la crisis sanitaria del Covid-19. La información tiene como fuente datos oficiales originados en la Secretaria General Iberoamericana (SGI), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL). Aun cuando las medidas económicas en su mayoría incluyen un presupuesto asignado, en el documento se ha omitido esta información por no encontrarse siempre disponible o bien por encontrarse en moneda local, dificultando por tanto su comparación. En los casos que los montos se encontraban en dólares, el valor se mantuvo, no obstante, se encuentran en dólares corrientes y no corregidos por poder de compra.
También pertenece a: EconomíaDe acuerdo a lo solicitado y en el marco del proyecto de ley que Modifica la Carta Fundamental para establecer por única vez, un impuesto al patrimonio de determinadas personas naturales, destinado al financiamiento de una renta básica de emergencia, Boletín 13555-07, el documento tiene como objeto determinar, con fuentes oficiales, el monto de los recursos disponibles del seguro de cesantía al inicio de la pandemia y el monto de esos fondos que se ha utilizado producto de la pandemia del Covid-19. Además, se determinará si hubo reducción de los salarios de los trabajadores y trabajadoras a causa de la pandemia. Si bien los recursos disponibles, tanto de las Cuentas Individuales de Cesantía (CIC) como del Fondo de Cesantía Solidario (FCS) han experimentado una leve alza entre el mes de febrero y el mes de junio de 2020, la relación entre los recursos que egresan por pago de prestaciones y los que ingresan por concepto de cotizaciones han aumentado fuertemente a partir del mes de marzo de 2020. Respecto de los ingresos de los trabajadores, el análisis diferenció entre los trabajadores y trabajadoras acogidos a suspensión del contrato, ya sea por acto de autoridad o pacto de suspensión con solicitud aprobada y que al 16 de agosto de 2020 llegaban a 722.615 trabajadores y aquellos afectos a reducción de jornada que a esa fecha sumaban 43.800 trabajadores y trabajadoras.