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Según datos del Banco Central, el IMACEC disminuyó, comparado con igual mes del año anterior, un -3,36% en octubre y un -3,98% en noviembre de 2019, producto del “estallido social” , y en un -3,08% en marzo, un -14,10% en abril, y un -15,31% en mayo de 2020, comparado con igual mes del 2019, producto de la crisis sanitaria. Lo anterior tuvo efectos sobre las microempresas y pymes en términos de su capacidad de generar empleo, y en el uso de créditos con garantía estatal (Fogape). Por una parte los datos de ocupación de la Encuesta Nacional de Empleo del INE, permiten visualizar que el estallido social afectó, en un primer momento, a la ocupación en las grandes empresas, en comparación con la ocupación en las micro y pymes. En este periodo se observan tasas de variación negativas de la ocupación en doce meses en grandes empresas, y positivas en micro y pymes. Lo anterior podría estar indicando que ante la ausencia de empleos, las personas se emplearon en pymes o incluso se auto emplearon como trabajadores por cuenta propia. No obstante cabe decir que este fenómeno estaría asociado a mayores niveles de informalidad, es decir que la absorción de empleados en micro y pymes post estallido social ocurrió en el sector informal, y por lo tanto se constituye en una precarización de las condiciones ocupaciones y también de la productividad del sector micro y pyme como un todo. A partir de febrero-abril del presente año se observa un fenómeno masivo de destrucción de empleo en micro y pymes. Las tasas de variación de la ocupación son negativas en los tres tipos de empresas (micro, pymes y grandes), siendo la disminución en el nivel de ocupación en microempresas y en pymes más pronunciada que en las grandes empresas.
También pertenece a: Trabajo • SaludLa fuerte caída del producto mundial y la consiguiente caída de los ingresos fiscales de los países, al mismo tiempo que los gobiernos desembolsan enormes sumas de dinero con la esperanza de contrarrestar los efectos económicos negativos de la pandemia e incentivar una recuperación más expedita han provocado un aumento de los déficits fiscales y la deuda pública alrededor de todo el mundo. Los países avanzados y América Latina son los grupos de países con las mayores proyecciones de deuda, aunque el nivel en el que esta deuda se considerará insostenible será determinado por las características particulares de cada país. En Chile, la situación se ve más auspiciosa que para muchos países de la región debido a la disciplina fiscal exhibida en las últimas décadas. Se espera que la deuda pública chilena se contenga en 45% del PIB al año 2030, a través de un fuerte esfuerzo fiscal para la segunda mitad de la década que permita alcanzar balances de valores promedio superavitarios entre los años 2025-2030, de aproximadamente 1% del PIB. Esta minuta fue elaborada para apoyar la labor parlamentaria en la Conferencia Interparlamentaria Virtual sobre Covid-19 en América Latina y el Caribe organizada por Parlatino, a realizarse el día 6 de agosto de 2020.
Se presenta un análisis cuantitativo de los resultados generales asociados al programa de garantía FOGAPE Covid-19 con datos acumulados al 21 de agosto de 2020, incluyendo un resumen histórico de los créditos cursados. El programa ha otorgado derechos de garantía por UF228 millones equivalente a (US$ 8.399millones) de los cuales, las garantías efectivamente usadas alcanzaron los UF215 millones (US$7.918millones), esto corresponde a una tasa de utilización del 94,29%. Por su parte, las instituciones financieras han cursado 225.449 solicitudes de créditos que se distribuyen 88,84% a las micro y pequeñas empresas; 7,86% a medianas empresas; y 3,30% a grandes empresas con ventas anuales que no superan 1 millón de UF.
Varios países han basado su respuesta ante la actual pandemia COVID-19 implementando las más diversas Intervenciones No Farmacológicas (NPI) ante la ausencia de una vacuna que regule la situación en el corto plazo. Si bien el COVID-19 fue detectado en Wuhan, China, en diciembre del año recién pasado, apenas el día 30 de enero de este año la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el evento como una Emergencia de Salud Pública internacional. Luego de 110.000 casos y 4.000 muertes en países de todos los continentes, excepto la Antártica, la OMS confirió el estatus de pandemia al COVID-19. Unos días después, con fecha 3 de febrero, Brasil hizo lo propio y la declaró una emergencia de Salud Pública a nivel nacional. En ausencia de una vacuna contra el SARS-CoV-2 (agente causante de COVID-19), se ha sugerido que los países centren parte importante de sus esfuerzos en la implementación de Intervenciones No Farmacológicas (NPIs, por sus siglas en inglés: Non- Pharmaceutical Interventions), teniendo como finalidad la inhibición de la transmisión de virus entre humanos, ralentizando la velocidad de esparcimiento de la enfermedad y finalmente logrando una reducción en el número de contagios, o al menos el retraso de éstos. Las estrategias en que se basan las NPIs permiten reducir instantáneamente la demanda por cuidados en centros asistenciales y minimizan también la mortalidad.
También pertenece a: SaludA pedido del usuario, se describen las medidas normativas adoptadas en beneficio de los usuarios de suministro eléctrico a consecuencia del Covid-19 en Perú, Argentina, Colombia, España y Francia. En Perú, se permite a las empresas el fraccionamiento, hasta en 24 meses, de los pagos por consumos de electricidad por cobros que se hayan emitido durante el mes de marzo de 2020 y los consumos realizados durante la vigencia del Estado de Emergencia Nacional y sus renovaciones posteriores. Por su parte, en Argentina, las empresas prestadoras de servicios de electricidad podrán disponer la suspensión o el corte de los respectivos servicios a determinados usuarios, en caso de mora o falta de pago luego de 6 facturas consecutivas o alternas, con vencimientos desde el 1° de marzo de 2020, incluyendo usuarios con aviso de corte en curso. En el caso colombiano, las empresas de energía eléctrica puedan diferir el pago de los servicios por un período de 36 meses respecto del denominado “consumo básico o de subsistencia” de personas vulnerables. Dicho beneficio se establece para dos ciclos de facturación desde abril de 2020. Las empresas que otorguen este beneficio podrán tomar una línea de liquidez financiada por el Estado y además estarán obligadas a ofrecer un descuento de mínimo el 10% sobre el valor (no subsidiado) de la correspondiente factura.
Para la OCDE(2020), el COVID-19 puso al descubierto la estrecha interacción entre nuestro medio ambiente y economía, evidenciando la urgente necesidad de fortalecer la calidad y resistencia de los activos naturales. Por ello, propone que la búsqueda del crecimiento no signifique un retorno a “lo de siempre”, siendo necesario invertir en una amplia gama de activos complementarios, incluidos no solo el capital físico y humano, sino también el conocimiento y el capital intangible, además del capital natural y social. Para esto, los paquetes de estímulo deben incluir políticas que aborden el cambio climático, el daño ambiental y las desigualdades sociales. Según se plantea por algunos organismos internacionales –FMI, OCDE, IEA, WEF –el escenario actual, en donde los esfuerzos de los países están en reactivar la economía es la oportunidad perfecta para convertir las tan necesarias mejoras ambientales en parte integral de la recuperación económica, en lugar de percibir tales medidas como una carga adicional en un momento de crisis. A partir de la revisión de varias propuestas de recomendaciones para una recuperación sostenible(FMI, OCDE, IEA, WEF), frente a la crisis causada por COVID-19 se evidencian grandes coincidencias, por ejemplo en la necesidad de evaluar el impacto climático de las medidas de apoyo, sugiriendo que sean seleccionadas por su impacto climático, predominando la no flexibilización de las normas ambientales.
Junto a las medidas sanitarias que ha ido adoptando el país frente a la crisis sanitaria causada por el Covid-19, tres preocupaciones han centrado los esfuerzos: apoyo a las familias más vulnerables, protección al empleo y los trabajadores formales y entregar liquidez a las empresas. El apoyo a las familias más vulnerables, es decir aquellas con una red de protección social muy débil o ausente, se ha manifestado a través de un conjunto de medidas impulsadas desde el gobierno central, el Parlamento y desde los espacios territoriales. La minuta entrega una breve síntesis del contenido y tramitación de dos leyes en las que nuestro Congreso jugó un rol importante en estos días (N°21.225y N°21.230), orientadas específicamente a apoyar al significativo grupo de familias del país más desprotegidas. Se complementa lo anterior con la enumeración de algunas mociones parlamentarias cuyo objetivo apunta en el mismo sentido.
Los fuertes efectos económicos que ha tenido la pandemia del Covid-19 en nuestro país y en el mundo han demandado una respuesta de política rápida y eficaz desde los gobiernos y parlamentos. En materia netamente económica, el congreso chileno ya ha tramitado en tiempo record dos leyes, la ley 21.225 y la ley 21.229. La primera, entre otras cosas, aumenta el capital del Banco Estado y reduce de manera transitoria el Impuesto de Timbres y Estampillas. La segunda, flexibiliza transitoriamente los requisitos para las empresas para acceder al FOGAPE y aumenta la capitalización del fondo. Dentro de los proyectos de ley todavía en tramitación, se pueden distinguir principalmente 3 temáticas: proyectos que sancionan el sobreprecio, acaparamiento y lucro excesivo de bienes y medicamentos en emergencia, proyectos que suspenden el pago de deudas y proyectos de reforma constitucional para modificar las atribuciones del Banco Central. Esta minuta fue elaborada para apoyar la labor parlamentaria en el “Conversatorio Virtual: retos y desafíos de los países de América Latina en el marco de la pandemia del COVID-19, el rol de los parlamentos” a realizarse el día jueves 28 de mayo del 2020 a las 09:00 horas de la Ciudad de México.
Las primeras reacciones en el país para detener los contagios y la propagación del virus que recorría el mundo entero, fueron el distanciamiento físico y otro conjunto de medidas de protección y contención. Le siguieron varios anuncios buscando mitigar los efectos económicos negativos que se anticiparon desde el comienzo. A semanas de la adopción de estas decisiones en el plano económico, está muy presente la discusión respecto a lo adecuado de su magnitud y del impacto que tendrán para las finanzas públicas. Ya se han anunciado medidas para enfrentar las consecuencias del Covid-19 por un valor cercano al 7% del PIB– probablemente tendrán que venir más-, con las que se impactará directamente el gasto público, los ingresos fiscales, el endeudamiento público y los activos y fondos del Tesoro Público. En el documento se intenta dimensionar el impacto que está teniendo este Plan de Emergencia en las cuentas fiscales, el espacio fiscal que existe y las complejidades que se anticipan para el momento en que el Fisco intente reducir el deterioro que experimentará.
Las estimaciones del impacto del COVID-19 en la economía mundial dan cuenta de un creciente pesimismo, proyectando para el 2020 un crecimiento mundial del PIB negativo (-2,0% por la CEPAL). Igual situación se replicaría en América Latina y el Caribe, para la cual se estimó una contracción del -5,3%, mientras que para Chile las estimaciones van desde -1,5 a -4,5%. Este escenario de contracción mundial y regional implicaría importantes efectos a nivel de sectores de la economía. La CEPAL identifica al ”Comercio al por mayor y al por menor”, ”Reparación de bienes”, “Hoteles y restaurantes”, ”Transporte y almacenamiento y comunicaciones” y “Servicios”en general”, como las ramas de la actividad económica más afectados por la crisis generada por el COVID-19. La OIT indica que cerca del 68% de la fuerza de trabajo mundial, incluidos el 81% de los empleadores y 66% de los trabajadores por cuenta propia, viven y trabajan en países afectados por el cierre ordenado o recomendado de loslugares de trabajo. Y que en términos concretos, 436 millones de empresas de los sectores más afectados en todo el mundo enfrentan un alto riesgo de experimentar graves perturbaciones.
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