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El 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud declaró al Covid-19 como pandemia. Numerosos estados a lo largo del mundo han establecido medidas para evitar la propagación del contagio y dar tratamiento a los portadores del virus. El presente documento aborda los casos de Argentina, Bélgica, Colombia, España, Francia, Italia, Reino Unido y Uruguay. En lo referente a las medidas a seguir por la población, las más recurrentes son la limitación de la libertad de circulación; cierre de los comercios, con excepción de aquellos que distribuyan bienes esenciales como alimentos o productos farmacéuticos; clausura de eventos públicos, e instar a los empleadores que, dentro de lo posible, permitan a sus empleados la realización de trabajo a distancia. Respecto a la organización del trabajo parlamentario, las medidas usuales han sido suspender al acceso a las dependencias del Poder Legislativo tanto a visitantes, como lobistas o personal que no sea estrictamente necesario paras las funciones parlamentarias mínimas. En varios casos tampoco se permite el acceso a la prensa. Por otro lado, se han dispuesto instalar en las dependencias de los respectivos poderes legislativos, unidades para medir la temperatura corporal a través de termoscanner, desinfectar el hemiciclo después de cada sesión, instalar dispensadores de alcohol gel, entre otras. Además, en algunos casos se ha dispuesto el voto telemático, restringiendo la agenda legislativa únicamente a las medidas necesarias en función de la contingencia. En otros casos también se han dispuesto cuotas para restringir el número de parlamentarios en la sala, de forma que por cada partido solo se presentan un número acotado de parlamentarios, como para poder cumplir lo quórums mínimos.
También pertenece a: Congreso Nacional • SaludSegún estimaciones publicadas por ONU Mujeres, el PIB mundial anual sería 26% más alto en 2025 si las mujeres participaran en la economía en la misma proporción que los hombres. Pero la pérdida total de empleos producto de la crisis ha seguido ampliando esta brecha. Una de las razones de su baja en la participación del mercado laboral es que el virus está aumentando significativamente la carga de la atención no remunerada, que es llevada desproporcionadamente por ellas. La presente minuta muestra que en Chile en el último año más de medio millón de mujeres salieron de la fuerza laboral, tanto por la imposibilidad de conciliar trabajo con los cuidados de la familia como porque la pandemia ha afectado en especial a los rubros con mayor presencia femenina. Asimismo, se argumenta respecto a la urgencia de que las políticas públicas pospandemia consideren la recuperación del empleo con perspectiva de género como un imperativo para “reconstruir mejor”.
También pertenece a: EconomíaCon fecha 02 de abril de 2020 fue promulgado le Proyecto de Ley que faculta el acceso a prestaciones del seguro de desempleo de la ley N°19.728 en circunstancias excepcionales. El texto aprobado por el Congreso Nacional dispone una serie de beneficios de acceso a prestaciones de seguridad social que buscan proteger el empleo frente a diferentes circunstancias derivadas de la emergencia sanitaria producida por la enfermedad denominada COVID-19. De estas medidas destacan: a) la suspensión de pleno derecho y por el solo ministerio de la ley de las relaciones laborales cuando exista un acto o declaración de la autoridad que establezca medidas para el control de dicha enfermedad, que impidan o prohíban totalmente la prestación de servicios contratados, accediendo en tal caso los trabajadores a las prestaciones del seguro de cesantía; b) la posibilidad de que empleadores y trabajadores pacten una suspensión en los mismos términos descritos y con los mismos beneficios, cuando se trate de actividades que si bien no se encuentran afectas a las medidas de control dispuestas en el acto o declaración de autoridad, ven afectadas total o parcial la actividad de sus establecimientos, c) la posibilidad de que empleadores y trabajadores que se encuentren en algunos de los supuestos dispuestos en la norma (disminución del promedio de sus ventas o empleadores que no se encuentren afectos a las medidas dispuestas por el acto o declaración de la autoridad, entre otras), pacten una reducción de la jornada de trabajo de hasta un 50%, teniendo el trabajador derecho a una remuneración de cargo del empleador equivalente a la jornada reducida, y a un complemento con cargo al seguro de cesantía; d) la prohibición de los empleadores, por el plazo de 6 meses o bien, existiendo el Estado de Catástrofe, de poner término a los contratos de trabajo por causal de fuerza mayor, invocando como motivo los efectos de la pandemia de COVID-19.
Una de las consecuencias negativas del COVID-19 ha sido el impacto de éste para el mundo del trabajo y los ingresos de los trabajadores. La Organización Internacional del Trabajo ha invitado a los países a adoptar medidas urgentes, integradas y a gran escala, en cuatro pilares: apoyar a las empresas, el trabajo y los ingresos; estimular la economía y los empleos; proteger a los trabajadores en el lugar de trabajo, y utilizar el diálogo social entre gobiernos, trabajadores y empleadores para encontrar soluciones. Las medidas adoptadas por los países son de índole muy diversa. Se han ido tomando medidas de emergencia para poder disminuir los efectos negativos y generar políticas e instrumentos de ayuda a los trabajadores y a las empresas para superar esta crisis. A modo de ejemplo: planes de protección contra el desempleo, prestaciones por desempleo a trabajadores despedidos que en otras circunstancias no tendrían derecho a seguro de desempleo, subsidios o bonos directos a los trabajadores, entre otros. A continuación se entregan las principales conclusiones del Informe BCN “Revisión comparada de medidas de protección al empleo frente al COVID-19 (2020)”, en el cual se eligieron seis países por representar distintos modelos: Argentina, Colombia Brasil, España, Reino Unido y Estados Unidos, analizándose las medidas adoptadas en materia laboral, específicamente protección del empleo como consecuencia del COVID- 19. Atendida el rápido desarrollo de la contingencia, las materias tratadas en el presente informe son esencialmente dinámicas. En consecuencia, su contenido corresponde a información disponible y vigente al momento de la elaboración del Informe que se resume (13.04.2020).
La Organización Internacional del Trabajo señala que los efectos de la pandemia son devastadores para el empleo y los ingresos de los trabajadores. Asimismo, invita a los países a adoptar medidas integradas y a gran escala, en cuatro pilares: apoyar a las empresas, el trabajo y los ingresos; estimular la economía y los empleos; proteger a los trabajadores en el lugar de trabajo; y utilizar el diálogo social entre gobiernos, trabajadores y empleadores a fin de encontrar soluciones. Los países han estado tomando medidas de emergencia para poder disminuir los efectos negativos y generar políticas e instrumentos de ayuda a los trabajadores y a las empresas para superar esta crisis. De la revisión de las principales medidas de protección al empleo y/o trabajadores derivadas de la emergencia sanitaria en Argentina, Brasil, Colombia, España, Estados Unidos de América y Reino Unido, se puede concluir que: - Todos los países analizados han adoptados medidas de protección a los ingresos de los trabajadores, por medio de subsidios directos, flexibilización de requisitos para acceder a las prestaciones de cesantía o la implementación de la modalidad de teletrabajo, suspensión de contrato o reducción de horas, entre otras medidas. - España, Argentina, Brasil, Estados Unidos y Reino Unido han implementado medidas para ir en ayuda de las empresas con asignaciones de complemento de sueldos, reducción de impuestos o de eximición de pago de cotizaciones previsionales por los periodos de crisis. - También algunos países han adoptado medidas específicas para los trabajadores autónomos y/o informales, ese es el caso de Argentina; Reino Unido y España. Atendida el rápido desarrollo de la contingencia, las materias tratadas en el presente informe son esencialmente dinámicas. En consecuencia, su contenido corresponde a información disponible y vigente al momento de su elaboración (08.04.2020).
A raíz del brote de SARS-CoV2, más conocido como Covid-19, las autoridades de la República Federal de Alemania debieron establecer medidas para limitar la propagación del virus y también mantener la actividad económica del país. El Gobierno federal, conjuntamente con representantes de los gobiernos de los distintos Länder de Alemania, además de expertos del Instituto Robert Koch y miembros del sector laboral, elaboraron y publicaron una guía normativa de buenas prácticas en los centros de trabajo, de manera de prevenir la propagación y contagios del Covid-19 al retornar al trabajo presencial todos aquellos funcionarios que por su labora no pueden ejercer el teletrabajo. La guía indica las medidas esenciales de higiene y distancia interpersonal para aplicar antes, durante y después de la asistencia al trabajo. La guía también recalca que sí se presentara sintomatología o se hubiera tenido contacto estrecho con personas afectadas por el virus, la recomendación es que no se acuda al trabajo hasta confirmar que no hay riesgo para uno mismo o los demás. Para ello, el empleador debe nombrar a una persona quien será la encargada de recibir este tipo de información y mantener el contacto con los trabajadores con Covid-19. En el ámbito de la actividad económica, una de las medidas fue entregar subsidios a las empresas y trabajadores independientes, con el fin de ayudarlas a sortear la falta de actividad tanto durante la cuarentena como para poder retomar la actividad y no perder fuentes de trabajo. El primer subsidio se entregó a poco andar de que se dictaminara la cuarentena. Para el mes de octubre se abren las postulaciones para la segunda entrega de subsidios. Además, se aumentó los subsidios a los trabajos de jornada parcial Las fuentes consultadas corresponden a los del Gobierno Federal de Alemania y al Senado de Berlín.
De acuerdo a lo solicitado y en el marco del proyecto de ley que Modifica la Carta Fundamental para establecer por única vez, un impuesto al patrimonio de determinadas personas naturales, destinado al financiamiento de una renta básica de emergencia, Boletín 13555-07, el documento tiene como objeto determinar, con fuentes oficiales, el monto de los recursos disponibles del seguro de cesantía al inicio de la pandemia y el monto de esos fondos que se ha utilizado producto de la pandemia del Covid-19. Además, se determinará si hubo reducción de los salarios de los trabajadores y trabajadoras a causa de la pandemia. Si bien los recursos disponibles, tanto de las Cuentas Individuales de Cesantía (CIC) como del Fondo de Cesantía Solidario (FCS) han experimentado una leve alza entre el mes de febrero y el mes de junio de 2020, la relación entre los recursos que egresan por pago de prestaciones y los que ingresan por concepto de cotizaciones han aumentado fuertemente a partir del mes de marzo de 2020. Respecto de los ingresos de los trabajadores, el análisis diferenció entre los trabajadores y trabajadoras acogidos a suspensión del contrato, ya sea por acto de autoridad o pacto de suspensión con solicitud aprobada y que al 16 de agosto de 2020 llegaban a 722.615 trabajadores y aquellos afectos a reducción de jornada que a esa fecha sumaban 43.800 trabajadores y trabajadoras.
De acuerdo a un estudio de Fundación Sol, para el trimestre móvil diciembre- febrero 2018 el 40,6% de los empleos - tanto en el sector público como privado - no se encuentran protegidos. Mientras que el 52,9% corresponde a asalariados protegidos por el Código del trabajo y el 6,5% por el Estatuto Administrativo. Sin embargo, Fundación Sol realiza una apertura de los trabajadores desprotegidos, encontrándose a aquellos subempleados o con jornada parcial que estarían dispuestos a trabajar una completa. Más interesante aún son los trabajadores y trabajadoras de inserción laboral endeble, ya que todos ellos se encuentran en una situación de precariedad. No obstante, para el análisis requerido los de mayor interés son los denominados subordinados independientes que corresponden a aquellos que entregan boleta a honorarios que suman en el trimestre móvil diciembre-febrero de 2018 a 1.127.349 trabajadoras y trabajadores. También son relevantes para el análisis los asalariados desprotegidos ya que carecen de un contrato de trabajo, cotización previsional, cotización de salud y/o seguro de cesantía, estos alcanzaban en el trimestre móvil diciembre-febrero de 2018 a 338.368 personas. Los trabajadores a honorarios y los asalariados desprotegidos en el trimestre móvil señalado suman 1.465.717 personas. Por último, se señala que el ingreso promedio mensual, de acuerdo al INE, en 2018 fue de $ 573.964. Sin embargo, el ingreso mediano llegó a $400.000 mensuales. Fundación Sol, en tanto, estima que el 80% de los trabajadores y trabajadoras asalariadas que no tienen contrato de trabajo, gana menos de $412 mil.