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Ante el dispar y desigual proceso de vacunación en el mundo, los principales organismos en la materia se han mostrado contrarios a los denominados “pasaportes COVID” como requisito para la movilidad internacional, no obstante, han surgido algunas iniciativas con el propósito de reactivar la economía de manera segura y facilitar los requisitos transfronterizos. Ante ello, surgen importantes desafíos a la hora de su implementación a nivel internacional, tanto por el reconocimiento recíproco de vacunas, como por el resguardo de los datos personales, razón por la que algunas soluciones, se han centrado no solo en la inoculación de una vacuna contra el COVID-19 (SARS-CoV-2), sino también en la inmunidad contra el virus (exámenes PCR y/o recuperados).
Luego de 14 díasde negociación, el oficialismo logró un acuerdo con los tres principales partidos de la Oposición para enfrentar los efectos económicos y sociales de la pandemia del Covid-19 en Chile. A grandes rasgos, el acuerdo incluye medidas para proteger los ingresos de las familias como la ampliación de cobertura y monto del Ingreso Familiar de Emergencia, la creación de fondos para apoyar a los municipios, a las organizaciones sociales y a la red de salud, más una serie de medidas para fomentar el empleo, la inversión privada y pública y proveer de liquidez a las empresa, todo dentro de un marco de gasto fiscal expansivo y extraordinario, que se espera sea estabilizado en el mediano plazo (2022).
La presente minuta resume el diagnóstico de actores relevantes de la Educación Técnico Profesional en el contexto de la iniciativa Educación en Pandemia del Senado de la República.
Chile y China gozan de buena salud en el despliegue de sus históricas relaciones diplomáticas, esto ha permitido que la cooperación durante la pandemia del SARS-CoV-2 sea fructífera y que el intercambio entre el Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia (IMII) de la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC) y la empresa biofarmacéutica china Sinovac Biotech Limitada, haya hecho posible la inoculación de más de 15 millones de dosis en nuestro país. Si bien los acuerdos de cooperación fueron puestos a prueba durante este período, instituciones como el Ministerio de Salud o el Ministerio de Ciencias han realizado nuevos acercamientos con sus pares chinos para fortalecer las áreas de colaboración.
El proyecto de ley que dispone la suspensión de las medidas judiciales de embargo de bienes y de lanzamiento, en razón de la emergencia sanitaria que vive el país (Boletín Nº 13.408-07), propone suspender la realización de embargos y lanzamientos de bienes muebles e inmuebles, así como de todo tipo de vehículos y embarcaciones, por el periodo que va desde abril de 2020 a diciembre de 2021. Durante su discusión en Primer Trámite, el Ejecutivo se manifestó en contra de la iniciativa, argumentando que las suspensiones deben ser abordadas caso a caso, ya que la posibilidad de suspensión en forma genérica podría afectar derechos involucrados para ambas partes. Agregó que hoy la facultad de suspender está concentrada principalmente en los Tribunales de Justicia, que tienen el poder de revisar caso a caso conforme lo autoriza la Ley Nº 21.226 que establece un régimen jurídico de excepción para los procesos judiciales, en las audiencias y actuaciones judiciales, y para los plazos y ejercicio de las acciones que indica, por el impacto de la enfermedad COVID-19 en Chile.
El presente documento ha sido preparado como apoyo a la participación de diputadas y diputados del Congreso Nacional de Chile en la Audiencia Parlamentaria Anual en Naciones Unidas, sobre el tema “Generar los apoyos políticos y elaborar medidas inclusivas para una recuperación sostenible”, convocado en conjunto con la Unión Interparlamentaria para promover un diálogo global sobre el desarrollo sostenible frente a la pandemia en curso. El evento se llevará a cabo los días 17 y 18 de febrero en Nueva York, Estados Unidos. Los contenidos específicos apuntan a la temática N° 4, denominada La igualdad de género en la toma de decisiones como clave para la recuperación sostenible: la prueba de fuego de la política inclusiva.
El presente documento ha sido elaborado con motivo del Foro Interparlamentario sobre producción, compra y acceso universal a vacunas contra la covid-19 en América Latina y El Caribe convocado por el Parlamento Latinoamericano y Caribeño, que se llevará a cabo el día 11 de junio de 2021. El texto entrega un panorama general respecto del proceso de vacunación en el continente y la brecha de desigualdad respecto al acceso. Presenta las iniciativas globales que impulsan el acceso universal y hace referencia a las experiencias latinoamericanas en materia de producción de vacunas. Finalmente, hace una referencia breve a la situación chilena y entrega antecedentes respecto del debate en torno a la propuesta de suspensión de patentes relacionadas con el COVID 19 presentada a la Organización Mundial del Comercio.
También pertenece a: SaludEl presente documento tiene por objeto apoyar a diversos parlamentarios en la recolección de antecedentes respeto de la pandemia de COVID-19, en particular en lo referente a las Non-Pharmaceutical Interventions (NPIs) que corresponden a medidas, planes y políticas que promueven el aislamiento social y buscan evitar que el número de contagiados aumente de manera tal que los sistemas de salud a nivel mundial alcancen su capacidad críticA.
En los años 2021, 2022 y 2023 se diseñó una política educativa orientada a morigerar los efectos de la Pandemia sobre el sistema educativo. La política del año 2021 quedó plasmada en el Plan Nacional “Chile Recupera y Aprende”. La política del año 2022 quedó plasmada en los “lineamientos generales para la planificación del sistema escolar años 2022” de noviembre del 2021, y mientras que en marzo de 2023 se presentó “el plan Reactivación Educativa”.
El denominado 2% constitucional constituye un mecanismo extraordinario de financiamiento contemplado la Constitución Política del República que permite la dictación de decretos de emergencia económica, a través de los cuales, con cargo hasta el dos por ciento de los gastos autorizados por la ley de presupuestos del año que se trate, se pueden ordenar pagos para atender necesidades impostergables, siempre que ellas sean a consecuencia de calamidades públicas, agresión exterior, conmoción interna, Estado de Sitio, grave daño o peligro para la seguridad nacional o agotamiento de los recursos destinados a mantener servicios que no pueden paralizarse sin serio perjuicio para el país. Se trata de una excepción relativa al denominado “principio de legalidad del gasto” que supone que la Administración debe ajustar sus actos a las normas constitucionales y legales que la regulan y, consecuentemente, que no puede acometerse ningún gasto público sin que exista una habilitación legal previa para ello. Por su parte, se dice que es una excepción relativa porque la propia norma constitucional establece ciertos requisitos para hacer uso de ella: primero, no puede exceder del 2% del total de gastos autorizados por la ley de presupuestos; segundo, no se puede utilizar en cualquier caso sino que solo para atender aquellas necesidades, con carácter de impostergables, que se deriven de algunas de las situaciones señaladas en la constitución; y, tercero, formalmente es necesario que el decreto sea firmado por todos los Ministros de Estado para poder cursar el pago. Desde 1970 a la fecha se ha utilizado este mecanismo de financiamiento en 27 oportunidades. La causal más invocada ha sido "locomoción colectiva", seguida de "cesantía" en 4 oportunidades, y "obras públicas" y "fenómenos de la naturaleza" en tres oportunidades.