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En Chile, la primera medida del Gobierno fue adoptada el 5 de enero del 2020, cuando promulgó el Decreto N° 4 (publicado el 8 de febrero de 2020), decretando Alerta Sanitaria por un año El 22 de enero de 2020 se declaró la fase 1 de la epidemia ante brote de 2019 del Covid 19 en China. Esto es considerando que aún no se presentan casos en el territorio nacional. El 15 de marzo de 2019, el Ministerio de Salud declara simultáneamente las fase 3 y 4 considerando de que ya existe transmisión sostenida del virus en la población, a consecuencia de lo cual se amplían las medidas de aislamiento, cuarentena y aduanas sanitarias. Con fecha 18 de marzo de 2020, el Presidente de la República declaró Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe, por calamidad pública, en el territorio nacional. Y a partir del jueves 26 de marzo, 7 comunas de la Región Metropolitana fueron declaradas oficialmente en cuarentena. Entre las diversas medidas adoptadas por las autoridades centrales y sanitarias, se cuentan acciones extraordinarias destinadas a fortalecer la capacidad hospitalaria, ampliar los medios de diagnóstico y establecer protocolos para la entrega de licencias médicas. Paralelamente, la autoridad elabora y publica diversos protocolos para la gestión de riesgos en este contexto, como son los relativos a la limpieza y desinfección de ambientes, y al manejo de contactos de casos Covid-19 (excluidos los establecimientos de atención de salud).
Según datos de la ONU, la pandemia de coronavirus puede tener un impacto catastrófico en la vida de millones de mujeres, debido a que el número de mujeres que no pueden acceder a planificación familiar y que se enfrentan a embarazos no planeados aumenta gravemente con los meses de cuarentena, así como también la violencia de género. Por esta razón, la UNFPA pide a los países redoblar los esfuerzos para facilitar el acceso a los servicios y la continuidad de uso de la anticoncepción y anticoncepción de emergencia (especialmente en los casos de violencia sexual), así como también dar acceso a la prevención y al tratamiento de infecciones de transmisión sexual (ITS) y el VIH. Nuestro país no ha estado ajeno a estos efectos secundarios del confinamiento. Según datos de la Corporación Miles, en la encuesta realizada sobre salud sexual y reproductiva, el 74% de las mujeres ha tenido problemas para acceder a métodos anticonceptivos durante la pandemia, ya sea por falta de stock, aumento de precio o porque el servicio de salud no estaba entregando el medicamento. Mientras el COLMED, da cuenta de demoras en la atención y falta de stock de anticonceptivos en la atención primaria. En Chile la anticoncepción está regulada principalmente por las Normas Nacionales sobre Regulación de la Fertilidad del Ministerio de Salud de Chile (primera versión del 2006, actualizada el 2018) y por la ley N° 20.418 que Fija Normas Sobre Información, Orientación y Prestaciones en Materia de Regulación de la Fertilidad (2010). Se suman al marco normativo, el marco programático dependiente de la Subsecretaría de salud pública, donde se encuentra el Programa de Salud de la Mujer, sumado a la Política Nacional de Salud Sexual y Salud Reproductiva (2018), el Programa Salud de la Mujer (1997) y la Norma General Técnica para la atención de víctimas de violencia sexual. Además, debe considerarse el Programa Salud Integral de Adolescentes y Jóvenes, bajo el cual se ha desarrollado la Consejería en Salud Sexual y Reproductiva para Adolescentes. Si bien los datos encontrados por la corporación Miles durante la pandemia son preocupantes, ya para el año 2016 el Barómetro Latinoamericano Sobre el Acceso de las Mujeres a los Anticonceptivos Modernos, daba cuenta de que si bien Chile disponía de un dispositivo legal y una política pública de avanzada en relación al acceso a métodos anticonceptivos, en la práctica hay deficiencias en la atención, que constituyen barreras de acceso a estos, vulnerando así los derechos de parte importante de las mujeres. Todo apunta a que las falencias en atención en salud sexual y reproductiva durante la pandemia se han agravado por la falta de un protocolo de atención en salud sexual y reproductiva que establezca directrices comunes, con participación de los actores y la asignación de un presupuesto independiente.
(Por Jorge Vásquez)* En marzo de 2020 la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó por casi unanimidad una resolución solicitando el otorgamiento de licencias obligatorias para facilitar el acceso y disponibilidad a medicamentos para la prevención y tratamiento del coronavirus. La regulación y experiencia de los países del Asia Pacifico provee una valiosa referencia para abordar el eventual uso de esta figura en Chile.
Las primeras reacciones en el país para detener los contagios y la propagación del virus que recorría el mundo entero, fueron el distanciamiento físico y otro conjunto de medidas de protección y contención. Le siguieron varios anuncios buscando mitigar los efectos económicos negativos que se anticiparon desde el comienzo. A semanas de la adopción de estas decisiones en el plano económico, está muy presente la discusión respecto a lo adecuado de su magnitud y del impacto que tendrán para las finanzas públicas. Ya se han anunciado medidas para enfrentar las consecuencias del Covid-19 por un valor cercano al 7% del PIB– probablemente tendrán que venir más-, con las que se impactará directamente el gasto público, los ingresos fiscales, el endeudamiento público y los activos y fondos del Tesoro Público. En el documento se intenta dimensionar el impacto que está teniendo este Plan de Emergencia en las cuentas fiscales, el espacio fiscal que existe y las complejidades que se anticipan para el momento en que el Fisco intente reducir el deterioro que experimentará.
Este documento busca identificar las leyes discutidas y aprobadas en el Congreso Nacional, durante el periodo de excepción constitucional de catástrofe, por calamidad pública, para enfrentar la emergencia sanitaria producida por la pandemia COVID-19, y su impacto en la vida social y pública del país; así como en el empleo y en la actividad económica y productiva en general. La revisión de la base de datos legal www.leychile.cl, en el periodo comprendido entre el 18 de marzo de 2020 y el 25 de junio del 2020, muestra que se han publicado 18 leyes referidas a la emergencia sanitaria del Covid-19. Las leyes analizadas son las número 21.219; 21.220; 21.221; 21.222; 21.223; 21.224; 21.225; 21.226; 21.227; 21.228; 21.229; 21.230; 21.232; 21.235; 21.237; 21.240; 21.242; y 21.243. Las leyes se presentan ordenadas según la temática que abordan. De esta forma, se identificaron ocho leyes sociales, seis leyes laborales, una ley sanitaria, dos leyes relacionadas con la vida pública y una ley que va en ayuda de las empresas. En cada ley reseñada, un cuadro presenta la información formal relevante, seguida de una síntesis de los principales aspectos de cada una de ellas. Se agregan algunos comentarios (en negrita) que intentan orientar respecto de la vigencia y modificaciones sufridas por algunas de estas leyes durante el periodo considerado.
Los fuertes efectos económicos que ha tenido la pandemia del Covid-19 en nuestro país y en el mundo han demandado una respuesta de política rápida y eficaz desde los gobiernos y parlamentos. En materia netamente económica, el congreso chileno ya ha tramitado en tiempo record dos leyes, la ley 21.225 y la ley 21.229. La primera, entre otras cosas, aumenta el capital del Banco Estado y reduce de manera transitoria el Impuesto de Timbres y Estampillas. La segunda, flexibiliza transitoriamente los requisitos para las empresas para acceder al FOGAPE y aumenta la capitalización del fondo. Dentro de los proyectos de ley todavía en tramitación, se pueden distinguir principalmente 3 temáticas: proyectos que sancionan el sobreprecio, acaparamiento y lucro excesivo de bienes y medicamentos en emergencia, proyectos que suspenden el pago de deudas y proyectos de reforma constitucional para modificar las atribuciones del Banco Central. Esta minuta fue elaborada para apoyar la labor parlamentaria en el “Conversatorio Virtual: retos y desafíos de los países de América Latina en el marco de la pandemia del COVID-19, el rol de los parlamentos” a realizarse el día jueves 28 de mayo del 2020 a las 09:00 horas de la Ciudad de México.
Las primeras señales para reanudar las actividades escolares en el país oceánico comenzaron a darse en mayo de 2020 apenas se evidenciaron los primeros logros frente al Covid-19. Entre las medidas más notorias se destaca la formación de grupos de trabajo y la diferenciación temporal y espacial de los recreos.
Antecedentes; Difusión en las Américas – casos confirmados de COVID-192; Emergencias de salud pública de carácter internacional: Influenza; Situación Global; La tasa de crecimiento en diferentes países; Fuentes de información.
Con fecha 18 de marzo de 2020, el Presidente de la República, Sebastián Piñera, decretó Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe para todo el territorio nacional, como medida para frenar la propagación del "COVID-19" en el país. La decisión, que comenzó a ser operativa a partir de las 00:00 horas del jueves 19 de marzo, por un lapso de noventa días, busca resguardar el flujo de producción y distribución de bienes, para garantizar el abastecimiento en el país; cautelar el transporte de insumos médicos, la evacuación de personas, y el traslado de pacientes y personal médico; entregar seguridad a los recintos hospitalarios; proteger las fronteras; y fijar cuarentenas o toques de queda. Conforme al artículo 43 de la Constitución Política, por la declaración del Estado de Catástrofe, el Jefe de Estado puede restringir las libertades de locomoción y de reunión; disponer requisiciones de bienes; establecer limitaciones al ejercicio del derecho de propiedad; y adoptar todas las medidas extraordinarias que sean precisas para el pronto restablecimiento de la normalidad en la zona afectada. En tanto, el artículo 6° de la Ley N° 18.415 establece que una vez declarado el Estado de Catástrofe, “las facultades conferidas al Presidente podrán ser delegadas, total o parcialmente, en los jefes de la Defensa Nacional que él designe”, quienes a su vez tendrán la facultad para ordenar el acopio, almacenamiento o formación de reservas de alimentos, artículos y mercancías de primera necesidad, controlando la entrada y salida de tales bienes; determinar la distribución o utilización gratuita u onerosa de los bienes referidos para el mantenimiento y subsistencia de la población de la zona afectada; establecer condiciones para la celebración de reuniones en lugares de uso público; impartir directamente instrucciones a todos los funcionarios del Estado, de sus empresas o de las municipalidades que se encuentren en la zona, con el exclusivo propósito de subsanar los efectos de la calamidad pública.
El presente trabajo tiene por objeto sistematizar las recomendaciones formuladas por la Comisión y la Corte IDH, para asegurar que en el contexto de la emergencia sanitaria se respeten y garanticen los Derechos Humanos, y poner a disposición de la comunidad parlamentaria y de usuarios en general, en un solo documento, los lineamientos a considerar por los órganos del Estado al diseñar, adoptar, implementar, evaluar las medidas para enfrentar los efectos de la pandemia COVID-19.