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En el contexto de la pandemia COVID-19, los NNA son considerados como uno de los grupos especialmente vulnerables de la población. Tanto el sistema internacional como el interamericano de derechos humanos, han destacado en sus Recomendaciones y Directrices el deber de los Estados de mantener el pleno respeto de los derechos humanos en las diversas medidas que se adopten, prestando especial atención al mayor impacto que la pandemia tendrá en los grupos en mayor riesgo, entre los que se cuenta a los NNA. En abril pasado, el Comité de Derechos del Niño advirtió sobre el grave efecto físico, emocional y psicológico de la pandemia COVID-19 en los niños e hizo un llamado a los Estados para proteger sus derechos. Las recomendaciones internacionales destacan que el interés superior del niño debe ser una consideración primordial en las medidas y estrategias que adopten los Estados para responder a la pandemia. Los Estados deben considerar que la especial vulnerabilidad en la que se encuentran algunos NNA, se aumenta por las condiciones excepcionales que provoca la pandemia.
En las consideraciones relativas a la rehabilitación durante el brote de covid19, la OMS ha llamado a integrar estas funciones lo antes posible en los planes nacionales para enfrentar la emergencia que ha provocado la referida pandemia. Un grupo prioritario de estas intervenciones son los casos de pacientes de covid19 grave, los cuales necesitarán rehabilitación a raíz delas consecuencias del uso de respiradores y de períodos prolongados de inmovilización y reposo en cama; entre las cuales se cuentan: el deterioro de la función pulmonar, el desacondicionamiento físico, las deficiencias cognitivas, la disfagia y los trastornos de salud mental. La finalidad de la rehabilitación aquí es optimizar la recuperación del paciente y reducir la discapacidad que este pueda experimentar. Un beneficio adicional para el sistema de salud,es que facilita el alta temprana y reduce el riesgo de reingreso, lo cual es especialmente importante en un contexto de escasez de camas de hospital.
La pandemia de coronavirus que azota al mundo ha llevado a los gobiernos a adoptar medidas extraordinarias, más o menos restrictivas, para contener o para paliar los efectos de la misma. En España, el Real Decreto, de 14 de marzo, por el que se estableció el estado de alarma, estableció importantes medidas restrictivas a la movilidad y la actividad económica. La norma, estableció, entre otros, la suspensión de la apertura al público de los museos, bibliotecas, las actividades deportivas y de ocio. No obstante, en abril de 2020, el Gobierno aprobó un Plan para la Transición hacia una Nueva Normalidad, también denominado Proceso de Desescalada. El programa de 4 fases, contiene directrices en distintos ámbitos, incluidos el deporte profesional y federado y el deporte no profesional. Frente a la reanudación de la actividad deportiva, el Consejo Superior de Deportes(CSD), elaboró el Protocolo básico de actuación para la vuelta a los entrenamientos y el reinicio de las competiciones deportivas federadas y profesionales. En Inglaterra, por su parte, el 11 de Mayo, el Primer Ministro presentó al parlamento el documento “Our plan to rebuild: The UK Government’s COVID-19 recovery strategy”,en el que se establecieron tres fases distintas en las que se esbozó la forma en que el Gobierno esperaba que el país volviese gradualmente a cierta normalidad. Además, el Department for Digital, Culture, Media and Sportha publicado guías con información para el público, entrenadores personales, para el regreso a la estructura del deporte en equipo, para proveedores de instalaciones sobre el retorno gradual del deporte y la recreación al aire libre.Junto a esto, se han emitido orientaciones para el regreso al entrenamiento del deporte de elite: etapa 1, 2 y 3.
La presente minuta resume el diagnóstico de actores relevantes de la Educación Técnico Profesional en el contexto de la iniciativa Educación en Pandemia del Senado de la República.
Evaluar la asociación entre un conjunto de variables socio-demográficas y las respectivas tasas de incidencia, mortalidad y letalidad por COVID-19 comunales, para posteriormente observar e interpretar la evolución temporal de las tasas reflejada en la cartografía.
Miembro de la Comisión de Ciencias y Tecnología de la Cámara de Diputados, se refirió puntualmente a los casos de China y Corea del Sur, donde el COVID-19 se encuentra en una exitosa fase de control. En su opinión, es importante que las aplicaciones no resulten invasivas para las libertades básicas.
Antes de que se cumplieran tres meses, desde que se promulgara la alerta sanitaria por covid-19 en el país, se instauraron en el Senado sesiones especiales, con el objeto de ir conociendo el desarrollo de la pandemia. Estas fueron celebradas conjuntamente por las Comisiones de Salud y Desafíos del Futuro, abocándose también a monitorear sus impactos en el país y la eficacia de la respuesta gubernamental. Con un funcionamiento semanal, participaron regularmente de estas sesiones un conjunto de expertos de diferentes disciplinas, los cuales, a poco andar, se constituyeron en un equipo asesor estable sobre dichas materias para la comisión conjunta. Así, dentro del año legislativo 2020, se celebraron 33 sesiones especiales, a las cuales también asistieron diversos científicos y autoridades representativas de distintos ámbitos y zonas geográficas del país, junto con representantes de la sociedad civil. De esta forma, esta comisión conjunta se convirtió en un espacio de diálogo social para facilitar el establecimiento de puentes entre actores, así como abrir ventanas de oportunidad para el diseño de políticas y medidas más ajustadas a las características y capacidades diferentes que poseen las unidades subnacionales del país. Además de la sinergia promovida en esta instancia, la comisión conjunta no fue ajena a las discusiones sobre un abanico de mociones parlamentarias relacionadas con esta emergencia sanitaria. En efecto, muchas de ellas se presentaron en coautoría por diferentes parlamentarios integrantes de esta comisión especial. De los proyectos tramitados, y en los que intervino la Comisión de Salud del Senado, tres de ellos ya fueron publicados como Ley de la República en transcurso del año 2020; mientras otros se encuentran aún en fase de tramitación.
También pertenece a: SaludLa fuerte caída del producto mundial y la consiguiente caída de los ingresos fiscales de los países, al mismo tiempo que los gobiernos desembolsan enormes sumas de dinero con la esperanza de contrarrestar los efectos económicos negativos de la pandemia e incentivar una recuperación más expedita han provocado un aumento de los déficits fiscales y la deuda pública alrededor de todo el mundo. Los países avanzados y América Latina son los grupos de países con las mayores proyecciones de deuda, aunque el nivel en el que esta deuda se considerará insostenible será determinado por las características particulares de cada país. En Chile, la situación se ve más auspiciosa que para muchos países de la región debido a la disciplina fiscal exhibida en las últimas décadas. Se espera que la deuda pública chilena se contenga en 45% del PIB al año 2030, a través de un fuerte esfuerzo fiscal para la segunda mitad de la década que permita alcanzar balances de valores promedio superavitarios entre los años 2025-2030, de aproximadamente 1% del PIB. Esta minuta fue elaborada para apoyar la labor parlamentaria en la Conferencia Interparlamentaria Virtual sobre Covid-19 en América Latina y el Caribe organizada por Parlatino, a realizarse el día 6 de agosto de 2020.
En el presente informe se exponen primero los principales antecedentes vinculados al Plan de estímulo fiscal para hacer frente a los impactos económicos del COVID-19, que fue recientemente aprobado por el Senado y actualmente está en discusión en la Cámara de Representantes de EEUU. En la segunda parte se presentan los puntos claves del plan, considerado el mayor estímulo fiscal en la historia moderna. Se espera que estos recursos, que incluyen rescates para empresas tanto grandes como pequeñas, la expansión de los beneficios de seguro de desempleo y una transferencia directa de efectivo a un grupo importante de contribuyentes estadounidenses, cuesten cerca de US$ 2 billones de dólares, (aproximadamente un 10% del PIB estadounidense). A modo de comparación, en el caso de Chile, el plan de emergencia económica presentado por el gobierno implica movilizar recursos fiscales por casi US$ 12.000 millones (4.7% del PIB). En términos generales, se estima que el COvid-19 va hacer que el déficit público de Estados Unidos pase del 20% del PIB este año. Ése es el resultado de sumar el déficit previsto por el Gobierno de Donald Trump en los Presupuestos (un billón), la caída de la recaudación provocada por el coronavirus (otro billón) y el paquete de estímulo fiscal que está ultimando el Congreso y que se detalla en este informe (dos billones más). Si se suma eso a las políticas de la Reserva Federal para inyectar liquidez al mercado, el resultado global se aproxima a los 6 billones de dólares, lo cual implica el 30% del PIB. Se trataría, así, del mayor paquete de estímulo económico desde el New Deal de los años treinta, con el que el Gobierno estadounidense combatió la Gran Depresión.
Entre los efectos sociales más fuertes de la pandemia por COVID-19, se encuentran los obstáculos que ha tenido el proceso educativo. Previamente, se proporcionaron informes de Asesoría Parlamentaria acerca de las medidas que diversos países del orbe han implementado para darle continuidad al proceso educativo. Destacamos una tendencia general a mantener las escuelas cerradas desde el inicio de la pandemia; aunque, en algunos casos, con medidas de apertura que han alcanzado solo a ciertos grupos de estudiantes. Asimismo, salta a la vista el uso más intensivo de plataformas de educación a distancia, ya sea basadas en Internet, o bien en programas de televisión mientras estudiantes se encuentran en sus hogares. Así, este documento actualiza algunas de estas tendencias, centrando el análisis en una muestra muy diversa de países, donde se identifican las medidas implementadas para que sus sistemas educativos escolares funcionen en el nuevo contexto.