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Esta minuta fue elaborada para apoyar la labor parlamentaria. Presenta una visión de las MiPyMes en pandemia, las medidas para apoyar al sector y los puntos de vista de los actores involucrados.
La pandemia del Coronavirus provocó la suspensión y cancelación de múltiples eventos deportivos alrededor del mundo, entre los que se incluyen los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, la Eurocopa y la Copa América, los principales torneos de fútbol de Europa y Sudamérica. También las eliminatorias sudamericanas. En palabras del Presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, la actual crisis de salud conducirá a una larga y profunda crisis económica, cuyo efecto en el deporte puede variar de un país a otro. Ello dependerá en gran medida de la importancia que los gobiernos den al enorme capital social que representa el deporte a la hora de asignar la ayuda financiera provista por estos para la recuperación de la economía. En este contexto,el presente documento entrega un panorama respecto del impacto del Covid-19 en el sector deportivo, incluyendo sus consecuencias laborales, financieras y organizacionales; a la vez que plantea una serie de desafíos, por ejemplo, en la relación con los fans y la reconstrucción de las relaciones con los socios; así como recomendaciones para las empresas e instituciones del rubro, tales como, reflexionar sobre un plan de regreso, gestionando el riesgo para los empleados,y adoptando precauciones de seguridad adicionales para invitar a los aficionados a volver.
Durante las últimas décadas, Nueva Zelanda se ha convertido en un país modelo para el mundo occidental por sus políticas económicas y sociales, las cuales tienen la característica de comprender los fenómenos que aquejan al país de una forma más integral, considerando la participación de los diversos actores de la sociedad. En este contexto, si bien la pandemia por COVID-19 golpeó de manera fuerte al país oceánico, ha podido enfrentarla de manera exitosa en sus diversas consecuencias dada la alta cohesión social y confianza en las instituciones existentes. Particularmente en el plano educativo, se evidenciaron diversos problemas tales como: la pérdida de aprendizaje, la desmotivación y la baja participación de estudiantes y docentes. Para enfrentar estos problemas, el país ha adoptado diversos mecanismos de apoyo, los cuales tienen por objetivo promover la noción de bienestar de la comunidad educativa.
En el marco de las medidas impulsadas por el gobierno para fomentar la reactivación económica de las empresas, se presenta un resumen de los créditos asociados al programa de garantía Fogape (Reactiva + Covid) con datos acumulados al 29 de noviembre de 2021. Actualmente, el crédito Fogape Reactiva cumple un rol importante en la otorgación de créditos a las empresas, particularmente a las de menor tamaño. En efecto, al 29 de noviembre de 2021, el programa Reactiva ha respaldado alrededor de 207.372 operaciones por montos que alcanzan los UF$ 224.745 millones, de las cuales un 96,95% benefician a las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) con un financiamiento que representa un 57,85% del total de créditos asignados. Por otra parte, desde el inicio del programa al 29 de noviembre 2021 ambos Fogape (Reactiva + Covid) han permitido otorgar en total 491.103 operaciones de crédito a las empresas, con un financiamiento de UF$ 549,3 millones y con garantías asignadas a 11 instituciones financieras por UF 423,7 millones, alcanzando una utilización promedio del 97,66% en garantías cursadas.
A solicitud del usuario, se describen casos de legislación comparada relativa a suspensiones de embargos, ejecuciones hipotecarias o lanzamientos judiciales por no pago de obligaciones debido a dificultades económicas asociadas a la pandemia COVID-19. En España, en marzo de 2020 se extendió por cuatro años adicionales, el plazo original de siete años de la Ley 1/2013 que suspendió los lanzamientos “sobre viviendas habituales de colectivos especialmente vulnerables”. Por su parte, en Argentina dos decretos de necesidad y urgencia suspenden ejecuciones hipotecarias para alguno inmuebles u originados en créditos prendarios suscritos en unidades reajustables. Asimismo, se decretó la suspensión de desalojos de determinados inmuebles por incumplimiento de obligaciones de pago de renta en contratos de arrendamiento.
Varios países han basado su respuesta ante la actual pandemia COVID-19 implementando las más diversas Intervenciones No Farmacológicas (NPI) ante la ausencia de una vacuna que regule la situación en el corto plazo. Si bien el COVID-19 fue detectado en Wuhan, China, en diciembre del año recién pasado, apenas el día 30 de enero de este año la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el evento como una Emergencia de Salud Pública internacional. Luego de 110.000 casos y 4.000 muertes en países de todos los continentes, excepto la Antártica, la OMS confirió el estatus de pandemia al COVID-19. Unos días después, con fecha 3 de febrero, Brasil hizo lo propio y la declaró una emergencia de Salud Pública a nivel nacional. En ausencia de una vacuna contra el SARS-CoV-2 (agente causante de COVID-19), se ha sugerido que los países centren parte importante de sus esfuerzos en la implementación de Intervenciones No Farmacológicas (NPIs, por sus siglas en inglés: Non- Pharmaceutical Interventions), teniendo como finalidad la inhibición de la transmisión de virus entre humanos, ralentizando la velocidad de esparcimiento de la enfermedad y finalmente logrando una reducción en el número de contagios, o al menos el retraso de éstos. Las estrategias en que se basan las NPIs permiten reducir instantáneamente la demanda por cuidados en centros asistenciales y minimizan también la mortalidad.
También pertenece a: EconomíaLa industria de los gimnasios y el fitness, ha sido uno de los sectores más perjudicados por la crisis económica, sanitaria y social provocada por el COVID- 19. A causa de las medidas adoptadas por los gobiernos como una forma de contener la transmisión del coronavirus, las instalaciones han permanecido cerradas al público durante un largo periodo de tiempo. No obstante, a pesar de la falta de ingresos, mantienen numerosas obligaciones de pago. En Chile, los ingresos de la industria de gimnasios han caído hasta un 80% ─ según Alex Wiesner vocero de la industria─ durante los últimos meses de pandemia. De igual forma, el 90% de los 10 mil trabajadores del sector, se encuentran acogidos a la Ley de Protección del Empleo y el resto con jornada reducida. Gran parte de este mercado cuenta con financiamiento de instituciones bancarias, por lo cual han solicitado apoyo al sector financiero con créditos más flexibles y cuotas diferidas, ya que tendrán muy poca capacidad de pago para los próximos 12 meses. Según datos del INE, el Índice de Ventas del sector de actividades artísticas y recreación, que incluye a los gimnasios, se contrajo un 81,3% respecto al mismo período del año anterior y anotó una variación acumulada de - 49,6% a julio de 2020. Por otra parte, el 55,36% de los empleos vinculados a este sector se han perdido solo en un año debido al cierre de las instalaciones. Si bien aún no existe una fecha específica para su reapertura, el Plan Paso a Paso, estrategia gradual del Gobierno para enfrentar la pandemia, contempla la apertura de los gimnasios en la etapa 5 de apertura avanzada, con un 50% de su capacidad. En el contexto internacional, Estados Unidos, estima una pérdida económica del sector por más de US$10 mil millones con más de 700.000 mil puestos de trabajo en riesgo. Mientras, en España la facturación de los gimnasios disminuyó en un 96% en abril y mayo, con relación a los mismos meses de 2019. Debido a la crisis, algunos países, como Colombia, Paraguay y el Estado de Georgia, en los Estados Unidos, han adoptado protocolos para la reapertura de los gimnasios y centros de acondicionamiento físico.
A solicitud de la Comisión de Hacienda del Senado, en el contexto del debate del Proyecto de Ley que establece un seguro social de protección de ingresos para los trabajadores que indica (boletín N.° 13.479-05) y del Proyecto de Ley que establece un beneficio para los trabajadores independientes que indica, para proteger sus ingresos ante las dificultades generadas por la propagación de la enfermedad Covid-19 en Chile (boletín N.o 13.542-05), se revisa la experiencia comparada sobre las medidas que se han adoptado en otros países para apoyar a los trabajadores independientes afectados por la emergencia sanitaria del COVID-19. Se analiza Argentina, Francia, Reino Unido, Brasil, Colombia, España e Italia. Para dichos efectos se revisaron las legislaciones y regulaciones correspondientes, así como las páginas de internet oficiales de diversos ministerios de los países revisados y artículos de prensa, entre otras fuentes. Adicionalmente, se tomaron como base tres documentos de la Biblioteca del Congreso Nacional: “Revisión Comparada de medidas de protección al empleo frente a Covid-19“(2020), “Resumen y revisión de medidas comparadas de protección al empleo por COVID-19 (2020) y “Las medidas de protección laboral de urgencia sanitaria en el derecho francés“(2020) .Dado que en el momento de la solicitud de la Comisión de Hacienda del 22 de mayo de 2020 el proyecto de ley no tenía la forma de un préstamo, y para cumplir con el plazo de entrega que por la tramitación de la iniciativa legal ha sido más corto de lo inicialmente previsto, no se han podido analizar las medidas que tenían el carácter de préstamo en estos países.
China, Europa, América Latina, en realidad todos los rincones del planeta, se enfrentan con una emergencia de salud pública combinada con una crisis económica y social, en una espiral donde una agrava los efectos de la otra. Al último día de marzo el avance del coronavirus se acercaba mucho a la pérdida de 50 mil vidas en todo el mundo. Frente a esta situación, la presión por una acción rápida, que haga frente a esta pandemia global y permita mitigar sus daños es enorme Los distintos gobiernos del mundo han ido adoptando, en lo económico, importantes medidas de estímulo y liquidez para contrarrestar sus efectos. Pero detener la expansión del virus implica detener la actividad económica, lo que a su vez implica un costo económico de tal magnitud, que está repercutiendo en altos costos sociales para un sector importante de la población. La presente minuta presenta un panorama sintético de las medidas que se han ido adoptando en el mundo y de sus principales implicancias.
A raíz del COVID-19, los países han dictado medidas restrictivas de libertades personales, consistentes en distintas formas de aislamiento social o “cuarentena”, sancionando la vulneración de dichas medidas con penas privativas de libertad y multas. En Argentina se sancionan las siguientes conductas:a) Delito de violación de medidas anti-epidémicas: con prisión de 6 meses a 2 años al que viole las medidas adoptadas por las autoridades para impedir la introducción o propagación de una epidemia. con prisión de 15 días a 1 año al que resista o desobedezca a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones o a la persona que le prestare asistencia a requerimiento de aquél o en virtud de una obligación legal.b) Propagación de una enfermedad peligrosa y contagiosa: con reclusión o prisión de 3 a 15 años.c) Declaración Jurada Falsa sobre antecedentes relacionados con la enfermedad: con reclusión o prisión de 1 a 6 años. d) Omisión de Denuncia del incumplimiento del aislamiento: prisión de 6meses a 3 años. En losEstados Unidos de América se sanciona la vulneración de la cuarentena:a) Estado de California: multa hasta 1.000 USD y/o privación de libertad de hasta 6 meses.b) Estado de Nueva York: multa de hasta 1.000 USD. En Francia se sanciona la violación del aislamiento social obligatorio con multa de hasta 750 euros; si hay reincidencia dentro de 15 días se sanciona con hasta 1.500 euros; si la infracción se reitera más de 3 veces en 30 días, se aplica multa de 3.750 euros y trabajo comunitario. En España se sanciona la vulneración de la cuarentena con multas de1.500 a 600.000 euros, y prisión de 3 meses a 4 años, dependiendo de su gravedad, reiteración y norma aplicada. En Perú se sanciona la vulneración de la cuarentena con pena privativa de libertad de 6 meses a 3 años y multa. Y si se trata de resistencia o desobediencia a la autoridad, con privación de libertad de 6 meses a 2años. Todos los delitos o infracciones señalados son mediante leyes penales en blanco, que se complementan con disposiciones administrativas.