Labor Parlamentaria

Pido la palabra.

Tiene la palabra Su Señoría.

Señor Presidente, en realidad, el proyecto despachado por el Congreso Nacional ha sido absolutamente rechazado -diría.- por intermedio de este veto del Ejecutivo.

Nosotros, los Diputados que firmamos esta moción, pretendimos, por ella, reafirmar lo que fue la voluntad expresa de la Corporación en orden a darle a esta caja de previsión de comerciantes y demás gremios incorporados a ella, facultades para una administración independiente y eficiente de los recursos que reunieran y de la previsión social que debían cubrir.

El veto del Ejecutivo, en su mayor parte, viene a reiterar lo que han sido las normas o las actuaciones de los funcionarios administrativos de Gobierno, en orden a impedirle a esa Caja que desarrolle las funciones en la forma que se pensó al crearla y al despachar el proyecto en el Congreso, después de una bastante extensa tramitación. De manera que el Ejecutivo, en esta oportunidad, quiere impedir que la claridad que el proyecto despachado por el Congreso daba a las funciones de la Caja pueda hacerse realidad, e insistir en una serie de disposiciones tendientes, repito en su mayoría, a entrabar esa administración eficiente que el Congreso Nacional quiso que tuviese este organismo y que fue el espíritu con que se propuso, ya en el Gobierno anterior, su dictación como ley, y el espíritu con que se fue despachando en cada uno de sus trámites por las dos ramas del Congreso Nacional.

Por nuestra parte, vamos a rechazar la mayoría de los vetos y, a menos que se haga indispensable aclarar los motivos en cada uno de los artículos que serán rechazados por nosotros, pretendemos de este modo evitar una mayor dilación de tiempo, al señalar nuestra disposición contraria al artículo primero, por ser innecesario, ya que en la redacción y con las rectificaciones de algunas disposiciones legales del artículo segundo, el objetivo fundamental que persigue se encuentra debidamente explicado y se hace innecesaria la reiteración del primero.

Igualmente, si la Mesa me permite, para ahorrar tiempo, quisiera referirme al conjunto de proposiciones hechas por el Ejecutivo en sustitución del artículo único aprobado por el Congreso; creo que estaría dentro de lo reglamentario.

Señor Diputado, la Mesa ha puesto en discusión la sustitución del citado proyecto, de manera que Su Señoría puede referirse a cualquiera de los artículos.

El señor ARNELLO.-

Muchas gracias, señor Presidente. De manera que nos encontramos ante una finalidad contraria al espíritu de la ley en este veto del Ejecutivo.

El artículo tercero, asimismo, pretende entrabar normas muy claras de la administración que proponía la Cámara. Podrían darse antecedentes suficientes para que los señores Diputados vieran cuál es la dificultad que ahí se plantea. Pero -repito.- estimo que en este momento y en esta parte la discusión sería innecesaria.

Igualmente rechazaremos los artículos propuestos, signados como 4º, 5º, 6º, 7º y 9º.

Hemos pedido a la Mesa división de la votación respecto del artículo 8°, para votarlo por incisos.

De manera, señor Presidente, que concurriremos con nuestros votos en la aprobación de los artículos 2º y 10 y el inciso primero del artículo 8º. Los demás contarán con nuestro rechazo.

Nada más, señor Presidente.

Pido la palabra.

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor MONARES.-

Señor Presidente, el Congreso Nacional había dado su aprobación a un proyecto de ley redactado en un artículo único, mediante el cual se pretendía aclarar la disposición contenida en el artículo 29 de la ley Nº 17.066 que creó el Consejo de la Caja de Previsión Social de los Comerciantes, Pequeños Industriales, Transportistas e Independientes, con el propósito de señalar, definitivamente, que el sentido de esa disposición legal es que esta caja sea un organismo autónomo, de derecho público, con patrimonio propio y que no tiene, en caso alguno, el carácter que el Ejecutivo ha querido darle, esto es, de una institución semifiscal.

Hacíamos hincapié los autores de este proyecto de ley en que tanto en el espíritu de aquellos que presentaron la iniciativa, que después se convirtió efectivamente en la disposición que creó esta caja de previsión, como en su larga tramitación aquí en el Congreso Nacional, quedaba claramente establecido que se trataba de una institución autónoma e independiente y, por consiguiente, era necesario frente a una interpretación, a nuestro juicio errada o equivocada de las autoridades del Ministerio del Trabajo, presentar un proyecto de ley para que esto criterio quedara definido también de acuerdo con otra disposición legal.

Este proyecto ha sido devuelto al Congreso con algunas observaciones de parte del Ejecutivo. Yo, personalmente, estimo que el Ejecutivo ha excedido los marcos en los cuales tenía que hacer estas observaciones, puesto que ellas no se refieren a la materia contenida en el proyecto despachado por el Congreso sino que, muy por el contrario, ha devuelto un conjunto de artículos que desvirtúan totalmente esta idea despachada por el Congreso. De manera que yo pienso que, incluso con una aplicación estricta y restringida de lo que es la idea matriz de esté proyecto, el Congreso debe declarar que estas observaciones no son atingentes al proyecto y deben ser declaradas inadmisibles. Esto en el aspecto formal exclusivamente.

Lo de fondo es que nuevamente nos encontramos frente a una situación en que el Ejecutivo insiste en plantear una idea que nunca se tuvo en vista en la discusión del proyecto que creó el Registro de Comerciantes y el que creó la caja de previsión para los comerciantes, cual es que esta caja de previsión iba a estar sujeta a control y a fiscalización como si se tratara de una institución semifiscal.

Incluso más, el artículo 1°, que en este momento está en discusión, no tiene ninguna relación con el artículo único aprobado por el Congreso, porque se refiere a la adquisición de bienes muebles y dispone que las instituciones de previsión social, todas ellas, cualquiera de ellas, estarán al margen de la Dirección de Adquisiciones del Estado para la compra de todos sus bienes muebles. Entonces, si ustedes observan, señores Diputados, esta idea de que la adquisición de bienes muebles por parte de las instituciones de previsión dependerá, exclusivamente, de las instrucciones que emanen del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, por intermedio de la Superintendencia de Seguridad Social, nada tiene que ver con la idea contenida en el artículo único, que es aclaratorio respecto del carácter de esta caja de previsión. De manera que esta disposición no tiene relación con la idea contenida en el proyecto despachado por el Congreso y debiera ser, simplemente, declarada improcedente.

De todos modos, nos parece grave que a través del veto se pretenda excluir a un organismo del Estado, que tiene justamente esta función: adquirir los bienes muebles, excluirlo de esta función en relación con las instituciones de previsión.

Por estas razones, nosotros vamos a votar en contra de este artículo. Porque no tiene ninguna relación con la idea matriz, porque elimina una facultad de que dispone actualmente el Estado, y porque estimamos que es bueno que estas adquisiciones se sigan haciendo por medio de los canales y de las instituciones que existen en la actualidad.

Nada más.

Pido la palabra.

El señor PARETO (Presidente).-

Tiene la palabra el señor Fuentealba.

Señor Presidente, la verdad es que el veto que preocupa a la Cámara, en esta ocasión, se refiere a dos leyes: la primera es la que creó el Registro Nacional de Comerciantes, que después fue ampliada por la ley Nº 17.592, que creó la Caja de Previsión de los Comerciantes, Pequeños Industriales, Transportistas e Independientes.

El artículo 29 de la ley Nº 17.592 establece, con claridad, la forma en que esta Caja se debe regir, al expresar que se relacionará con el Ejecutivo a través del Ministerio del Trabajo y Previsión Social y estará sometida a la fiscalización y control de la Superintendencia de Seguridad Social, con arreglo a lo dispuesto en una ley especial. Además, esta Caja está sometida también a la fiscalización de la Contraloría General de la República. Por otra parte, su Directorio, o Consejo, tiene una independencia muy clara y, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 30 de la ley a que me acabo de referir, está formado por las siguientes personas: el Vicepresidente Ejecutivo; un representante designado directamente por el Registro Nacional de Comerciantes, Pequeños Industriales y Artesanos de Chile; un representante de la Confederación del Comercio Detallista Establecido y de la Pequeña Industria; un representante de la Cámara Central de Comercio de Chile; dos representantes del Registro Nacional de Transportistas; dos representantes de los imponentes inscritos en el Rol Nacional de Comerciantes; un representante de la Confederación Nacional Única de la Pequeña Industria y Artesanado; nueve representantes de los afiliados, que sean imponentes, designados en elección directa; y el Superintendente de Seguridad Social, en los términos que determina la ley Nº 16.395 y sus modificaciones.

¡Cómo puede decir, entonces el Diputado señor Arnello, que esta caja de previsión no va a ser autónoma, cuando casi todo el Consejo está constituido por los representantes de los imponentes y de los particulares y el Ejecutivo sólo tiene alguna ingerencia a través del Superintendente de Seguridad Social!

Además, la Caja de Previsión de los Comerciantes no es un ente aislado del sistema de seguridad social que debe existir en el país. Muy por el contrario. Siempre se ha dicho, y en esta Cámara se ha repetido en muchas oportunidades, que lo que se quiere es relacionar y coordinar todos los regímenes de previsión que hay en Chile, a través de un sistema de seguridad social que pueda estar conectado y regido por ciertas normas iguales para todos.

Nosotros estimamos que para querer que esta institución no sea semifiscal y sea una entidad aparte, como quien dice una empresa privada, no es posible que se tengan en cuenta las consecuencias que se han hecho valer otras veces en esta Cámara.

La verdad es que el veto del Ejecutivo efectivamente tiende a arreglar algunas cosas que aquí se habían dicho. El señor Monares dice que el artículo 1º no tiene nada que ver con el artículo 1º del proyecto despachado por el Congreso. En realidad, como se estaba pidiendo cierta independencia en el desarrollo de las actividades de la Caja, el Ejecutivo aquí ha tratado de eliminar una de las cosas que quizás estaba gravándola, y se le dan facilidades para que puedan comprar y vender sin la intervención de la Dirección de Aprovisionamiento del Estado.

Valdría la pena estudiar cada uno de los vetos que aquí se han formulado.

Pero lo que nosotros queremos decir es que el proyecto era muy simple. Sólo constaba de dos disposiciones. Una pretendía que esta Caja no fuera semifiscal, sino que autónoma y particular. La otra hablaba de que la cotización del 3%, que se hace hoy día y que sirve para el Servicio Médico Nacional de Empleados, iba a pasar a poder de la Caja cuando ésta creara un servicio médico especial. Efectivamente, en otro veto que el Senado está viendo en estos instantes, precisamente se dispone que una vez que la Caja de Previsión de los Comerciantes establezca un servicio médico exclusivo, entonces desaparecerá esta obligación de imponer el 3% y quedará solamente el 1%. Esta materia ya se encuentra en el Senado, y eso va a ser corregido, precisamente por el veto de otro proyecto de ley que también modifica la Caja de Previsión de los Comerciantes y Transportistas.

Señor Presidente, nosotros vamos a votar favorablemente, no sólo el artículo lº, sino todos los artículos que propone el veto. Y yo quisiera llamar la atención del Diputado señor Arnello, que ha expresado que va a votar el artículo 10 en contra.

El señor ARNELLO.-

No, a favor.

¿A favor? De acuerdo. Perdón.

La verdad es que ese artículo 10 es muy claro y lógico. En el proyecto se imponía un sueldo patronal previsional de 60 escudos para los que tengan un vehículo de 500 kilos y un sueldo patronal previsional de 48 escudos para los camiones de 40 toneladas. Eso es improcedente Por eso, el Ejecutivo ha modificado esto, con el objeto de que se pague de acuerdo con la tonelada útil de carga de cada vehículo.

Nosotros vamos a votar a favor todos los artículos concernientes a este veto. De tal manera que llamamos la atención porque es necesario que así sea, a fin de darle la elasticidad, la independencia y autonomía que debe tener la Caja en ciertas acciones que debe ejecutar.

Pido la palabra.

El señor PARETO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Quintana.

Señor Presidente, en verdad, nosotros vamos a votar también favorablemente las observaciones del Presidente de la República a este proyecto de ley, porque nos parece que la naturaleza jurídica de la Caja de Previsión Social de los Comerciantes, Pequeños Industriales, Transportistas e Independientes es, justamente, la que corresponde a una institución semifiscal.

Yo quisiera expresar al señor Arnello que esta calificación no ha sido otorgada por los organismos de Gobierno exclusivamente, sino que, inclusive, por la Contraloría General de la República en dos dictámenes, que se citan justamente por el Presidente de la República al formular observaciones al proyecto de ley que, entre otros, firma el señor Arnello.

La historia del establecimiento de la ley que creó la Caja de Previsión Social de los Comerciantes, pequeños Industriales, Transportistas e Independientes, también contribuye a afianzar lo que nosotros venimos sosteniendo. Porque, en una primera instancia, esta Caja de Previsión, que correspondía exclusivamente a los comerciantes, se concibió como un departamento dependiente del Registro Nacional de Comerciantes. Luego, durante la discusión de la ley, se le dio la calificación de persona jurídica de derecho privado, para terminar en definitiva Con la calificación que se le otorga por el artículo 29 de la ley Nº 17.066, esto es, la de una persona jurídica de derecho público.

Si se considera, además, la finalidad perseguida por la Caja de Previsión Social de los Comerciantes, Pequeños Industriales, Transportistas e Independientes, los inmensos recursos con que deberá contar y el número de personas a las cuales debe atender, y la ingerencia que necesariamente sobre ella deben tener la Contraloría General de la República y la Superintendencia de Seguro Social; no nos cabe la menor duda de que no nos encontramos frente a un organismo de carácter privado, sino, precisamente, ante una institución de carácter semifiscal.

Anteriormente, los autores del proyecto pretendidamente fundamentaban su iniciativa en la circunstancia que esta Caja carecería de la agilidad necesaria como para enfrentar los problemas propios de su funcionamiento. Las observaciones del Presidente de la República tienden, precisamente, a evitar dificultades en su funcionamiento, concediéndole nuevas atribuciones para facilitar la adquisición de bienes muebles que le son necesarios para funcionar debidamente. Todos los artículos propuestos por el Ejecutivo al proyecto de ley en estudio tienden a darle esta mayor agilidad y operatividad a esta institución. Esto es, justamente lo que perseguían los autores de la iniciativa. A esto también tiende el Ejecutivo. De manera entonces que no nos explicamos por qué en esta sesión se anuncia el voto contrario a las observaciones del Presidente de la República por los representantes del Partido Nacional y del Partido Demócrata Cristiano.

De otra parte, votarían en contra algunas ampliaciones de plazos que vienen en las observaciones del Poder Ejecutivo al proyecto en discusión. La verdad es que con esta posición prácticamente se perjudica a los interesados, es decir, a los imponentes de la caja de previsión. No nos explicamos cuál es el fundamento para negarse, en esta oportunidad, a ampliar plazos que benefician, repito, a los propios imponentes.

En suma, señor Presidente, nosotros pensamos que la Caja de Previsión Social de los Comerciantes, Pequeños Industriales, Transportistas e Independientes se inserta en el cuadro general de los regímenes previsionales vigentes en nuestra patria, y, por lo mismo, ella debe tener el carácter de institución semifiscal. Más aún, pensamos también que la iniciativa en discusión excede, incluso, las atribuciones del Parlamento, de la Cámara de Diputados y del Senado, en materia previsional, que corresponden exclusivamente al Presidente de la República. No se trata propiamente de una ley interpretativa, sino de sentar un criterio diferente al consignado en el artículo 29 de la ley Nº 17.066.

Por eso, nosotros prestaremos nuestra aprobación, tanto en general como en particular, a las observaciones del Presidente de la República al proyecto en discusión.

Tiene la palabra el Diputado señor Arnello.

El señor ARNELLO.-

Señor Presidente, antes de referirme a algunas de las observaciones formuladas por algunos Diputados de la Unidad Popular a lo que señalábamos hace un instante, quiero referirme a un aspecto que pudiere suscitar alguna duda, y también a lo planteado por la Mesa al entregarle una indicación de división de la votación.

La verdad es que esta confusión podría ser porque, a mi juicio, el veto viene mal planteado. No se trataría aquí de vetos sustitutivos, en realidad, sino de un veto supresivo y de una serie de vetos aditivos. Porque la verdad es ¿qué hace el Gobierno con su veto? Suprime el artículo único despachado por la Cámara, en todas su partes; y, en seguida, nos agrega 10 artículos diversos, que se refieren, incluso, a aspectos distintos del planteado en el artículo despachado por la Cámara.

Es perfectamente posible que el Ejecutivo lo haga así. Creo yo que ha sido un error de forma el presentarlo como veto sustitutivo, lo que nos puede producir dificultades al votar. Sería preferible que se pudiera aclarar por la Mesa esta materia, y que, entonces, las votaciones fueran, primero, del veto -no sé si será posible, o no.- por el veto que suprime la disposición de la Cámara, del artículo único despachado por el Congreso; y, posteriormente, de los artículos, que son 10, enviados en el veto del Ejecutivo.

En todo caso, para evitar confusiones, si esto no fuera posible, por nuestra parte hemos pedido división de la discusión de los artículos que estamos dispuestos a votar a favor, para evitar, digo, el quedar encajonados al tener que votarlos en un solo todo.

De manera, señor Presidente, que quisiera solicitar a la Mesa un pronunciamiento a este respecto, para poder tener claridad en cuanto a la forma como vamos a votar, si el señor Presidente lo desea en este instante, o en un instante más, antes de hacer alguna referencia a los alcances hechos por algunos señores Diputados.

-Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor PARETO (Presidente).-

Señores Diputados, la Mesa ha puesto en discusión todos los artículos que el Ejecutivo propone para sustituir el artículo único. Por lo tanto, la Mesa va a poner en votación todos los artículos, con excepción de aquellos respecto de los cuales los señores Diputados o sus respectivos Comités pidan división de la votación. Se vota todo el articulado donde no se ha pedido división de la votación y, posteriormente, se votan los artículos donde se ha pedido división reglamentariamente de la votación.

El señor ARNELLO.-

¡Perdón, señor Presidente!

Pero, ¿en qué momento se va a votar el artículo único aprobado por la Cámara? Porque la duda mía es la siguiente: De esta manera, ¿con qué nos podemos encontrar? Con que si nosotros estamos dispuestos -como lo he dicho.- a votar, por ejemplo, a favor el artículo 2º y del artículo 10, no podríamos hacerlo, en el propósito de insistir en el artículo único despachado por la Cámara; a menos que la Corporación estuviera de acuerdo en que, primero, votáramos la supresión, o no, del artículo único despachado por la Cámara y, eventualmente, su insistencia. Y una vez desechado ese aspecto, si procediera, si no hubiera quórum para insistir, entrar a votar cada uno de los vetos enviados por el Ejecutivo. Creo que ésta sería la única manera como tendríamos oportunidad de insistir en el artículo único y de aprobar los vetos sobre otras materias distintas, que vienen verdaderamente como vetos aditivos para agregar aspectos que, a nuestro juicio, también son útiles que queden incorporados en la legislación pertinente.

Pido la palabra.

El señor PARETO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Fuentes.

El señor FUENTES (don César Raúl).-

Señor Presidente, la verdad es que éste es un problema de suyo complejo y que sería bastante adecuado que pudiéramos tener siempre mucha claridad en la votación. Por eso, estoy de acuerdo en el sentido de que aquí pudiera hacerse la máxima precisión posible. En todo caso, yo quisiera destacar que no es la primera vez que nos llega un veto del Ejecutivo donde, por la forma en que está redactado, produce e induce a error.

¿De qué se trata? El Ejecutivo, realmente, en la parte positiva del envío de los vetos, ha dicho lo siguiente: "Por las consideraciones anteriores, vengo en vetar el texto de este proyecto de ley, proponiendo su reemplazo por el siguiente: ". De manera tal que es muy claro que el propósito del Ejecutivo es proponer el reemplazo del artículo único del proyecto despachado por la Cámara, por otro artículo que nos envía el Ejecutivo. Ahora bien, ¿dónde está el problema? A mi juicio, en la fórmula que emplea el Ejecutivo. Es dueño y, sin lugar a dudas, está en su legítimo derecho de hacerlo. La fórmula: "reemplazo este artículo único por los ocho" que nos propone. Sería mucho más adecuado reemplazarlo si realmente dijera relación el artículo único despachado por la Cámara con los ocho artículos nuevos que nos propone el Ejecutivo. La verdad es que no hay relación ni incompatibilidad entre los dos textos. Entonces, ¿dónde nace el problema? Si, -y en esto estoy destacando quizás un criterio técnico, personal.- fueran aprobados realmente los 8 artículos que nos propone el veto del Ejecutivo, a mi juicio, se entendería rechazado el artículo único despachado por el Congreso Nacional, porque hay una manifiesta voluntad de reemplazo, en virtud de lo que ha propuesto el Ejecutivo y aceptado la Cámara.

¿Dónde nace el problema? En que se haga uso del derecho de división de la votación, el que está amparado en el Reglamento y, a mi juicio, también en las * normas constitucionales. Entonces, ¿qué pasa? Se aprueban, por ejemplo, siete de los ocho artículos del Ejecutivo, y queda uno rechazado. ¿Qué pasa con el proyecto del Congreso? ¿En qué parte insiste? Y es aquí donde se presenta el problema por la fórmula que el Ejecutivo empleó. Según mi opinión, en ese caso, deberá insistirse en el proyecto despachado por el Congreso en todo aquello en que no haya incompatibilidad.

Ahora bien, estamos aquí en el último día del plazo constitucional; porque ni siquiera es plazo reglamentario, circunstancia que yo hubiera aprovechado para solicitar una aclaración sobre esto, incluso un oficio de parte del Ejecutivo, en el cual nos hubiera explicado mucho más su voluntad; pero, lamentablemente, no estamos en condición procesal de hacerlo. Si nosotros no despacháramos este proyecto en esta oportunidad, infringiríamos la Constitución. Por eso, creo entender que lo que nos ha propuesto la Mesa es el procedimiento correcto para votar: luego de la discusión, la votación de todo el articulado, es decir, de los ocho artículos que nos ha enviado el Ejecutivo, en reemplazo del artículo único del proyecto del Congreso Nacional.

Los señores Diputados, en ejercicio de su derecho, han pedido división de la votación. Si, a propósito de las votaciones que se hagan, algunos de estos artículos del Ejecutivo son rechazados, correspondería a mi juicio, que la Mesa pusiera en votación la insistencia del proyecto despachado por el Congreso, en todo lo que no fuera incompatible. Como en el caso particular no hay nada que sea incompatible, creo que, realmente, la Mesa tendría que poner en votación la insistencia sobre todo el artículo.

Ahora bien, me alegraría de que, sobre esta materia, incluso pudiera haber una consulta al Tribunal Constitucional, a fin de uniformar criterios. Me reservo el derecho de pensar que, en verdad, ha habido una mala fórmula de reemplazo, por el Ejecutivo, al hacerlo a través de un veto aditivo y de uno supresivo. Pero, como está empleada la forma verbal "Reemplázase", no podemos, a mi juicio, desentendernos del propósito del Ejecutivo de sustituir un texto por otro. Por eso, entiendo que la fórmula propuesta por la Mesa es la adecuada y que el veto es sustitutivo. He dicho.

Pido la palabra.

El señor PARETO (Presidente).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor OTERO.-

Señor Presidente, al margen de la discusión constitucional sobre la procedencia del veto del Ejecutivo, o de la capacidad nuestra para insistir en el artículo único aprobado por el Congreso Nacional, quiero aclarar algunas expresiones que se han vertido, en el sentido de que el veto del Ejecutivo estaría reafirmando, la autonomía y carácter particular de la Caja de Previsión de los Comerciantes y Pequeños Industriales. Lamentablemente, el veto del Ejecutivo, en particular lo señalado en el artículo 3°, termina no sólo con la autonomía y con el carácter particular de esta caja de previsión, sino que con la autonomía de treinta y dos de las cuarenta y tres instituciones de previsión social del país. Y lo hace al introducir el reemplazo del inciso primero del artículo 7º de la ley Nº 15.474, que no tiene ninguna relación directa con la ley Nº 17.592, que está aclarando el proyecto aprobado por el Congreso Nacional. En efecto, cuando el Ejecutivo dice: "Los Vicepresidente o Jefes Superiores de las instituciones o Entidades de Previsión, en reunión convocada por el Ministro del Trabajo etcétera", sustituye el artículo 7º anterior que establecía: "las Instituciones a que se refiere el artículo 1º, de la ley Nº 15.474, y que eran concretamente once cajas de previsión o entidades de previsión.

De manera que, a través de este veto, el Ejecutivo termina con la autonomía total, repito, de las treinta y dos instituciones de previsión. Y, lo que es más grave, produce un fondo común económico de los aportes hechos por todos los imponentes de las entidades de previsión particulares y autónomas cuando, en el mismo artículo 3º, inciso quinto, el Ejecutivo dice: "Agrégase como inciso 3º "y final el siguiente: "Los recursos que las Instituciones o Entidades de Previsión destinen al cumplimiento de las finalidades contempladas en este artículo constituirán un

Fondo, que será administrado por el Comité señalado en el inciso 1º, de acuerdo al Reglamento especial que dicte el Presidente de la República." En otras palabras, todos los fondos previsionales de estas treinta y dos instituciones de previsión autónomas y particulares pasan a constituir un solo fondo, administrado por un Comité establecido en el inciso primero del artículo 3º, que el Ejecutivo propone como parte del reemplazo del único artículo aprobado por la Cámara, Esta es la razón por la cual votaremos en contra de esta observación; en cambio, aprobaremos otras que, sí, permiten agilizar y mejorar el mecanismo previsional de las entidades de previsión, tanto fiscales como autónomas.

Eso es todo, señor Presidente.

Pido la palabra.

Tiene la palabra Su Señoría.

Señor Presidente, la verdad es que resulta un poco extraño lo planteado por el señor Otero, con respecto al término de la autonomía de las cajas de previsión chilenas. En verdad, la autonomía existe fundamentalmente en cuanto al poder de decisión, no así en cuanto a que ellas tengan que estar sujetas a la fiscalización de la Contraloría General de la República o de la Superintendencia de Seguridad Social, en los aspectos jurídicos, financieros, contable, administrativos, etcétera, en su gestión; de modo que esto no es, en definitiva, una alteración. Muy por el contrario, recogiendo el clamos que ha existido en todos los partidos políticos, a través de varias generaciones, en el sentido de mejorar el sistema de seguridad social chileno que, por la proliferación de las cajas, entrega beneficios totalmente diferentes a personas que convierte en privilegiadas y, a otras, en verdaderos parias del sistema previsional, el Gobierno está buscando un común denominador, un medio para nivelar a los imponentes de las diferentes cajas de previsión.

Hay conciencia de que es excesivo el número de las cajas de previsión que existen en el país; y siempre, en esta Cámara, desde todos los sectores, se ha planteado que la previsión social chilena debe unificarse; que, en lo posible, forme un solo ente que entregue los mismos beneficios a todos los ciudadanos, sean éstos obreros, empleados, campesinos o pertenezcan a cualquier capa de la población. Ello es necesario para terminar con los privilegios de algunos y para que no existan cajas privilegiadas, ni que tengan una autonomía excesiva que mejore la situación de determinados grupos de imponentes, en desmedro de las grandes masas de imponentes de la seguridad social chilena. Indiscutiblemente, se buscan mecanismos para entregar los mismos derechos y obligaciones; en suma, igualdad de beneficios, a todos los imponentes chilenos.

La Caja de Previsión Social de los Comerciantes, Pequeños Industriales, Transportistas e Independientes ha sido definida en la ley Nº 17.066, modificada por la ley Nº 17.592, como una institución con características propias de los servicios semifiscales; en consecuencia, la ha asimilado al estatuto de las cajas de previsión. No existe justificación alguna para modificar este predicamento, pues la Caja aludida no ofrece ninguna característica especial en lo que a su gestión se refiere. Por el contrario, ella se sujeta a la normativa que es común a las demás Cajas. Menos justificable es, aún, que se pretenda liberarla de controles que son indispensables para asegurar que su gestión sea adecuada y cumpla con su finalidad de dar protección a los trabajadores independientes, finalidad que, por ser de orden público, trasciende los marcos de la propia administración de la Caja y es y debe seguir siendo preocupación del Estado.

De ahí, entonces, que la voluntad del Ejecutivo se manifiesta claramente a través de un veto sustitutivo, que, técnicamente, puede ser discutido; pero, en verdad, contrariamente a lo que planteaba el señor Arnello, el hecho de apelar a una cuestión reglamentaria que le permite al legislador votar separadamente algunos artículos en esta sustitución, no indica que vaya a cambiar el carácter de la observación. El veto es uno solo y sustitutivo; de modo que por el hecho de pedir la división de la votación no podrían convertirse los artículos divididos en vetos de otro tipo, como ser supresivos o de un tercer carácter.

En suma, el veto, en sí, es sustitutivo y punto. En ese entendimiento -porque así lo expresa el Ejecutivo en su oficio dirigido a esta Cámara de Diputados.- nosotros lo vamos a votar favorablemente. Con esto, buscamos un principio común que nivele el sistema previsional chileno y signifique dar un paso adelante, a fin de crear una igualdad de derechos y beneficios en todo el sistema previsional chileno.

Nada más.

Pido la palabra.

Tiene la palabra el señor Fuentealba, en su segundo discurso.

El señor FUENTEALBA.-

Señor Presidente, deseo referirme precisamente a lo que ha manifestado el Diputado señor Otero.

A mí me parece que el colega no ha estudiado bien esta disposición, pues solamente se trata de darles, a las diferentes Cajas de Previsión, cierta coordinación para que puedan actuar de consuno.

Por ejemplo, si en una ciudad de poca importancia no pueden tener oficinas todas las Cajas, la que posea una agencia podrá hacerse cargo de las cuestiones relacionadas con las otras Cajas, para atender tanto las imposiciones, como los beneficios y las demás prestaciones propias de las Cajas.

Y en cuanto a los Vicepresidentes de las Cajas, a los que se refiere el número 1, se trata de que ellos deberán formar un comité con el exclusivo objeto de facilitar el trabajo indicado en esta modificación; tal como "Encomendar la realización de uno o más actos de sus funciones propias a otras Instituciones o Entidades o a funcionarios de ellas, en aquellas localidades en que no contaren con los medios adecuados para el desarrollo de sus actividades". Está claro que se trata sólo de eso.

En cuanto a lo que decía el señor Otero, en el inciso 3? y final, asimismo, se expresa bien claramente: "Los recursos que las Instituciones o Entidades de Previsión destinen al cumplimiento de las finalidades contempladas en este artículo constituirán un Fondo, que será administrado" por el Comité ya mencionado y que estará compuesto por los representantes de todas las Cajas. Por consiguiente, es una cosa que, sin duda, favorece la mecánica de las diferentes actividades que realizan las Cajas de Previsión.

Esta es la verdadera finalidad del inciso 3° y final, que es el número 5 del artículo 5.

Pido la palabra.

El señor PARETO (Presidente).-

-Tiene la palabra Su Señoría.

El señor MONARES.-

Señor Presidente, en primer lugar, quiero volver a reiterar -creo que por décima vez en esta Cámara.- que el parecer de los Diputados de estos bancos es que la Caja de Previsión Social de los Comerciantes, Pequeños Industriales, Transportistas e Independientes fue concebida por el Congreso Nacional en términos que significaban darle la más amplia autonomía. Así está en la historia de la ley y es cuestión de verificarlo en las actas respectivas, tanto de la Cámara de Diputados, como del Senado. En efecto, ahí se podrá ver que todos los sectores políticos que, de una u otra manera, intervinieron en la discusión de este proyecto, así lo hicieron presente. De manera que la interpretación de que ahora podría ser considerada como una institución semifiscal, nació del deseo del actual Ejecutivo de controlar, de manejar a su entero y regalado gusto todas las instituciones previsionales. Sin embargo, cabe recordar que cuando esta materia fue discutida aquí, en el Parlamento, en los sectores que ayer fueron oposición y que hoy son Gobierno, prevaleció la idea de que las Cajas de Previsión debieran ser manejadas por sus propios imponentes. Con esa idea, con esa teoría, con ese principio, fue concebida la institución que nos ocupa. Pero no es cierto que esta Caja no sea manejada por sus imponentes. Por ello, es menester aclararles a algunos señores Diputados que en esta Caja no hay intervención patronal, que no se hacen imposiciones por parte del Estado, el cual aquí no interviene. Se trata de aportes que enteran los comerciantes para crear su propia previsión. Para estos efectos, la ley crea un organismo especial, en el cual no existe participación del Estado, ni existe el concepto de patrón. Por consiguiente, es una caja diferente de las que existían hasta este momento; es absolutamente distinta. Por esta razón, entonces, por la naturaleza de la caja, por el clima que la rodeó en su creación, por las expresiones vertidas en la discusión en este Congreso, es que quedó claramente señalado que ésta era una caja independiente y autónoma.

Pero no se crea que se trata de un organismo absolutamente separado de todo control y que no tenga ningún tipo de fiscalización, porque no es así. Lo hemos señalado anteriormente. Desde luego, se trata de un organismo con personalidad jurídica, creado por la ley; de manera que la propia ley establece las facultades de este organismo: no puede hacer lo que quiera ni lo que el Consejo de esta caja quiera; puede hacer solamente lo que la ley señala claramente como atribución de este Consejo.

En segundo lugar, aquí existe control de la Superintendencia de Seguridad Social.

-Hablan varios señores Diputados a la vez.

Solicito el asentimiento unánime de la Sala para que pueda hacer uso de la palabra, en una tercera oportunidad, el señor Fuentealba. ¿Habría acuerdo?

Acordado.

Puede hacer uso de la palabra Su Señoría.

Señor Presidente, yo quiero expresarle al Diputado Monares que efectivamente se trata de darle cierta independencia y autonomía a la caja. No creo que ella esté supeditada a las direcciones del Ejecutivo cuando tiene un consejo directivo que está formado por 19 personas, de las cuales una sola, el Superintendente de Seguridad Social representa al Ejecutivo; las otras 18 son representantes de los interesados y de los organismos que tienen intereses en esta caja.

Además, el señor Monares también decía que se trata de dejar a la Caja con cierta autonomía, y esto es lo que pretende precisamente el Ejecutivo en el artículo 2°. Que si la Caja tiene que hacer adquisiciones ello no sea sometido a la Dirección de Aprovisionamiento del Estado, sino que ella misma las haga y efectúe las operaciones comerciales que estime convenientes. Y eso, ¿no es autonomía? Es, precisamente, darle cierta liberalidad e independencia. Por eso, creo que el Diputado Monares está en un error.

Pido la palabra.

El señor PARETO (Presidente).-

Tiene la palabra Su Señoría.

Señor Presidente, cuando tratamos el proyecto de ley que le dio jubilación a los comerciantes y a los trabajadores independientes, precisamente lo concebimos para que ellos mismos dirigieran su caja de previsión, porque, si no, hubiese sido más dable incorporar a todos los que tenían una labor administrativa directamente a la Caja de Empleados Particulares y a los que tenían función de obreros, directamente al Servicio de Seguro Social. Como los comerciantes, los industriales, los transportistas no tienen patrón, esta gente no tenía previsión, no había forma de crear una caja como las existentes, y los diferentes organismos previsionales les negaban su ingreso a ellos. Cuando estudiamos ese proyecto de ley que favorecía a los comerciantes, a los industriales, a los farmacéuticos y todos los independientes, incluimos, y el Diputado que habla hizo hincapié en ello, también con los mismos derechos a los obreros independientes como son los pescadores artesanales, los mariscadores y los buzos.

Un ejemplo específico es e) siguiente: si un buzo pertenece a la Armada, trabaja para la Armada; si es un buzo independiente puede obtener su jubilación según el mecanismo de esta ley que nosotros despachamos y que ahora estamos aclarando en algunos de sus preceptos.

En esa ocasión se dijo que esta era una previsión modelo y que ojalá todas las cajas de previsión tuvieran el mismo sistema, en el sentido de que los mismos imponentes las pudieran dirigir, financiar y obtener de ellas todos los beneficios que determina su estatuto orgánico.

De ahí que insista en que debemos despachar este proyecto en la misma forma como se despachó primitivamente, es decir con esta aclaración que reafirma un derecho adquirido por la misma gente que luchó y obtuvo este sistema previsional que fue un ejemplo, como se repitió muchas veces aquí en la Cámara. Y porque, de otra manera, no habríamos podido despachar esa ley. Insisto en que fue un sistema diferente, porque, o si no, habríamos incorporado a esos trabajadores a las cajas existentes, de acuerdo a la naturaleza de sus respectivas labores. Incluso, no se pensó en incorporar a los mariscadores y los pescadores artesanales a la Caja de la Marina Mercante, porque eran independientes; no pertenecían a una organización como la de los estibadores marítimos.

De ahí que me inclino por el proyecto que despachó la Cámara, que aclara el alcance del artículo 29 de la ley Nº 17.066.

Pido la palabra.

Tiene la palabra Su Señoría.

Señor Presidente, sólo para aclarar -y lamento tener que hacerlo por segunda vez.- los conceptos del señor Fuentealba.

Quiero insistir en que el veto del Ejecutivo termina con la autonomía de carácter particular de 32 institutos de previsión.

¿Quién dijo que eran particulares?

Son de carácter particular, y con mucho gusto se lo voy a demostrar. Por ejemplo, la Caja Bancaria de Pensiones, que no es semifiscal, la caja de previsión de los empleados del salitre, la de la Compañía de Gas, la Caja de Amortización, la de los empleados de Gildemeister, la caja de los empleados de Mauricio Hochschilid, la de los transportistas, la de los obreros municipales de la República, la Caja de Retiro y Previsión Social del Valparaíso Sporting Club, la de los industriales metalúrgicos, la de la Cámara Chilena de la Construcción, la de las industrias del cuero y del calzado, etcétera, hasta completar el número de 32.

Como entiendo que el propósito unánime de los señores parlamentarios es consolidar y aumentar los beneficios previsionales, y no limitarlos, es que deseo insistir en aclarar -y quisiera haber estudiado mal el proyecto, pero lamentablemente lo he estudiado bien.- que yo tengo la razón y no el señor Fuentealba. Y lo dice claramente el Ejecutivo en su veto cuando crea una comisión o un comité formado por los Vicepresidente o Jefe Superiores de todas las entidades de previsión, no sólo semifiscales, como ocurre ahora -y esta disposición tiene carácter imperativo.- para otorgar beneficios provisionales y ordena que los Vicepresidentes Ejecutivos concurran a estos acuerdos premunidos de todas las facultades" que sean necesarias para este efecto de otorgar tales beneficios. ¿Y los otorga con qué dinero? Con el que establece el inciso tercero del artículo 3º del veto, que habla de "los recursos que las Instituciones o Entidades de Previsión -todas.- destinen al cumplimiento de esa finalidad (la de otorgar la previsión) constituirán un Fondo, que será administrado por el Comité.." Habla de un fondo, y yo hace muchos años que entiendo que "un" significa uno, único, y no múltiple y autónomo.

De manera que yo insisto en que el veto del Ejecutivo le quita autonomía a 32 entidades de previsión del país.

Eso es todo.

Pido la palabra.

El señor PARETO (Presidente).-

Tiene la palabra el señor Maira.

El señor MAIRA.-

Señor Presidente, el debate de este proyecto está resultando extraordinariamente desordenado, lo que puede explicarse probablemente por la pérdida completa del hábito de legislar en que va cayendo este Congreso, que sólo de tarde en tarde puede ocuparse del despacho de proyectos, ocupado como está, casi por completo, en desbordar sus atribuciones en materia de acusaciones constitucionales. Por eso, la discusión ha combinado aspectos de textos jurídicos y constitucionales con comentarios respecto del alcance concreto de la observación del Ejecutivo.

Yo quiero referirme, más bien, al primer tema, que me parece, en el orden lógico, tendrá que ser resuelto también en forma prioritaria por la Mesa de la Corporación; y especialmente manifestar mi completo rechazo a las apreciaciones efectuadas hace un momento por el Diputado señor Monares, en orden a decir que se podría entender que aquí simplemente ha habido un ejercicio extralimitado e inconstitucional de las prerrogativas de observación del Presidente de la República y que la Cámara debería declarar la inconstitucionalidad de las observaciones y dar por sancionado el proyecto tal como fue despachado, originalmente, por el Congreso. Proceder de esa manera, me parece enteramente abusivo y creo que vulnera incluso el alcance del informe especial sobre observaciones que esta misma Cámara de Diputados aprobara en el mes de noviembre de 1971, donde se precisó con claridad cuáles eran los criterios substantivos por los cuales debía regirse el tratamiento de las observaciones presidenciales y, en consecuencia, cómo debía someterlas a la consideración y votación de la Sala el Presidente, o quien desempeñara su función.

En efecto, la observación del Ejecutivo, en la medida en que es una observación sustitutiva, responde a la esencia de este tipo de observaciones presidenciales, que implican siempre la combinación simultánea de las otras dos formas, en la medida en que siempre una sustitución es, a la vez, una supresión y una' adición que se combinan. En forma tal que si se entendiera el alcance de la observación presidencial, extremando las cosas, como una observación que no se ajusta a los preceptos que las disposiciones constitucionales señalan para el ejercicio de esta facultad, en relación con el concepto de idea matriz del proyecto, en todo caso debería entenderse siempre que en la observación está claramente manifestada la voluntad del Presidente de la República en esta instancia en que actúa como colegislador, para manifestar su oposición a los términos en que el proyecto es despachado por el Congreso al término de su tramitación regular. Esta es una disposición de la cual no podríamos prescindir. En términos prácticos, esa concepción jurídica y reglamentaria nos lleva a dejar las cosas exactamente en el terreno en que deben estar situadas; es decir, que para que la voluntad del Parlamento predomine, es indispensable reunir la voluntad de los dos tercios de los Diputados y Senadores. Esta es, en último término, una conclusión práctica, más allá de cualquier otra consideración. Por lo mismo, me parece conveniente hacer una precisión de carácter jurídico-constitucional en relación al informe sobre observaciones que la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia emitió en noviembre de 1971 y al cual la Sala, por mayoría de votos, prestó su aprobación en esa oportunidad. Es todo.

Puede hacer uso de la palabra Su Señoría.

Gracias.

Señor Presidente, precisamente porque estamos de acuerdo con la conclusión práctica que ha sacado el Diputado señor Maira, no se ha hecho problema de constitucionalidad respecto del veto. Estamos plenamente de acuerdo con la conclusión práctica, no así con algunas de sus apreciaciones de carácter preliminar, en el sentido, por ejemplo, de que la Cámara no tendría facultad para declarar la inconstitucionalidad de un veto. Creemos que la Cámara de Diputados conserva esta facultad y que es posible hacer uso de ella.

Ahora, como en la práctica no produce ninguna conclusión diferente, consideramos que no se ha planteado así el problema.

En último término, ya que se han formulado cuestiones de carácter constitucional, quiero precisar sólo lo siguiente. Resulta que el artículo único despachado por el Congreso Nacional, en sus tres incisos, prácticamente, es de carácter interpretativo, es de carácter declarativo; es decir, como que no hubiera una norma nueva, sino que como que está interpretando, solamente, la ley de la Caja y, en realidad, lo que está proponiendo el Ejecutivo, dentro de un mismo alcance de autonomía, son nuevas normas que podrían o no darle mayor agilidad a este organismo. Eso es un problema distinto. Según el Ejecutivo, se le da mayor agilidad a la Caja; pero este es un aspecto distinto de lo que está haciendo el Congreso Nacional, en el sentido de despachar un artículo único de carácter interpretativo o declarativo de una norma legal existente.

Por eso, concuerdo con la apreciación del señor Monares en el sentida de que podría declararse que los artículos propuestos por el Ejecutivo como vetos, no dicen relación con la idea matriz del proyecto; pero, en todo caso, como se llega a la conclusión práctica que ha destacado con mucha claridad el señor Maira, en la que estamos de acuerdo, no hemos hecho cuestión de constitucionalidad y sólo para salvarse de algunas eventualidades el señor Monares ha dejado también un resguardo de inconstitucionalidad y de reserva de derechos en este caso.

He dicho, señor Presidente.

Rechazados los artículos propuestos por el Ejecutivo.

Rechazada la observación del Ejecutivo.

Pido la palabra.

Tiene la palabra el Diputado señor Ossa.

Señor Presidente, en cumplimiento de la obligación de informar a esta Corporación acerca del proyecto de ley, originado en un Mensaje del Ejecutivo, que modifica el inciso, segundo del artículo 24 de la ley Nº 11.170, sobre reclutamiento, aprobado por unanimidad en la Comisión de Defensa Nacional, Educación Física, Deportes y Recreación, me cabe expresar lo siguiente.

El inciso primero del artículo 24 de la ley Nº 11.170, ya citada, señala textualmente: "Permanecerán en el Servicio Activo los ciudadanos que fueron convocados a reconocer Cuartel e ingresen a las filas para cumplir su período de conscripción.".

Por su parte, el inciso segundo de este mismo artículo, que es materia precisamente de este proyecto de ley del Ejecutivo, establece: "Este período será de un año para el Ejército y Fuerza Aérea, y hasta dos años para la Armada; a menos que el Presidente de la República modificara su duración.".

De esta manera, y así lo han entendido no sólo los miembros de la Comisión de Defensa, sino también los representantes del Ministerio de Defensa, en la actualidad el período de conscripción del Ejército y la Fuerza Aérea de Chile se extiende hasta por un año, como máximo; pero el Presidente de la República podrá disminuir la duración de este período de conscripción.

Por su parte, el artículo 29 de la Ley de Reclutamiento complementa esta disposición, al establecer que "Anualmente se dictará un decreto supremo de convocatoria que deberá indicar la duración del período de conscripción.". Su inciso final agrega: "Este período podrá ser ampliado hasta tres meses, en tiempo de paz.".

Para resumir, la situación actual en materia de conscripción es la siguiente: para el Ejército y la Fuerza Aérea la conscripción no puede durar más de un año, pero el Presidente de la República puede disminuir ese período, salvo que dictado el decreto supremo de convocatoria, de acuerdo con el artículo 29, y estando en tiempo de paz, el Presidente de la República disponga la ampliación por tres meses más del Servicio Militar, que no puede exceder, repito, de un año.

El Ejecutivo estima que los plazos de conscripción actualmente vigentes para el Ejército y la Fuerza Aérea son demasiado breves, atendidas diversas consideraciones que nosotros, los miembros de la Comisión de Defensa, hemos compartido, y que trataré de resumir para ustedes en dos puntos principales.

Primero, la tecnología incorporada en los últimos años al armamento ofensivo y a los dispositivos de defensa de las diferentes ramas de las Fuerzas Armadas, en el mundo, es extraordinariamente compleja y delicada, por lo cual el adiestramiento del personal militar que va a utilizar esos sistemas ofensivos o defensivos requiere un plazo mucho mayor que el actual, que está establecido, en lo que a nuestras Fuerzas Armadas respecta, para ejércitos de carácter más bien tradicional o convencional.

Esto es especialmente válido en lo que respecta a los avances tecnológicos incorporados a las ramas de infantería de los ejércitos y a las fuerzas aéreas, en general, que hacen peligroso y muchas veces inútil el empleo de armas modernas por personal que no está calificado para emplearlas útilmente, en razón de la brevedad del periodo de adiestramiento que ha recibido.

Por otra parte, las frecuentes catástrofes de orden natural que suelen afligir a nuestro país, obligan permanentemente a las Fuerzas Armadas a destinar un grueso sector de su contingente a cubrir diversas necesidades provenientes, especialmente, de las devastaciones provocadas por terremotos. De esta manera, todo este personal militar que es desviado a otras obligaciones ajenas a su entrenamiento, sufre una rebaja muy notoria en el período de adiestramiento, en el cual deben aprender a utilizar las armas cuyos avances tecnológicos las han hecho mucho más complejas.

Por otro lado, hay que considerar que el porcentaje da conscriptos que presta sus servicios en el Servicio Militar del Trabajo -que sería, naturalmente, el indicado para satisfacer estas necesidades.- es sumamente escaso, en relación con la totalidad del personal en armas.

Cabe agregar, señores Diputados, como otro argumento para acceder a la proposición del Ejecutivo, el hecho de que la mayoría "de los países modernos, y no excluyo, naturalmente, a nuestros vecinos de Latinoamérica, la mayoría de los países modernos, repito, contempla períodos de conscripción militar superiores a un año.

Además de los argumentos que ya he mencionado, los miembros de la Comisión de Defensa, entre los cuales hay representantes da todos los partidos políticos de esta Corporación, tuvimos ocasión de plantear diversas preguntas de carácter técnico militar a los representantes del Ministerio de Defensa, que fueron: el Subsecretario de Marina, don Jorge Domínguez; el Comandante del Estado Mayor, don René Vidal, y don Hernán Concha, en representación de la Subsecretaría de Guerra.

A estos técnicos, a estos uniformados, o representantes del Ministerio de Defensa, les planteamos diversas interrogantes, las que fueron absueltas latamente por ellos. No estoy en situación reglamentaria de dar a conocer las respuestas a nuestros planteamientos, porque esa sesión fue secreta y, a menos que algún señor Diputado y la Mesa así lo consideren, desde el momento en que ésta no es una sesión secreta, no podríamos reproducir tales planteamientos, sino extendernos sobre aquellos que fueron materia del Mensaje del Ejecutivo.

Por unanimidad, los miembros de la Comisión hemos hecho nuestras las razones del Ejecutivo y aprobado el proyecto de modificación del artículo 24 de la Ley de Reclutamiento actualmente vigente, sin perjuicio de que algunos Diputados -entre los que me cuento.- tengamos algunas dudas respecto de la redacción formal, definitiva, de este artículo 24.

De esta manera, la modificación aprobada permite eventualmente al Presidente de la República elevar hasta dos años el período de conscripción para el Ejército y la Fuerza Aérea, plazo que, sin embargo, puede ser prolongado en tres meses más en tiempos de paz, con arreglo a lo prescrito por el artículo 29.

A mayor abundamiento, he presentado a la Mesa una indicación tendiente a mejorar la redacción de la disposición, indicación que dice lo siguiente: "Este período" -el período de conscripción para el Ejército y la Fuerza Aérea -"será de hasta dos años para las tres ramas de las Fuerzas Armadas, a menos que el Presidente de la República disminuyera su duración".

Nada más, señor Presidente.

Tiene la palabra el Diputado

señor Gustavo Ramírez

; luego, el señor Maira

.

Tiene la palabra el señor Maira.

En votación.

El señor MUÑOZ BARRA, don Roberto (Vicepresidente).-

Aprobado en general el proyecto.

Aprobada la indicación.

Terminada la discusión del proyecto.

En conformidad con el artículo 213 del Reglamento, cada Comité tiene un tiempo de hasta 10 minutos en la discusión de este proyecto.

Ofrezco la palabra.

Pido la palabra, señor Presidente.

Tiene la palabra el señor Herrera, en la discusión general.

Señor Presidente, me ha correspondido, por decisión de la Comisión de Salud, informar este proyecto a la Sala de Diputados.

Es un proyecto originado en un Mensaje del Ejecutivo, que consta de cuatro artículos de redacción sencilla, y creo necesario que la Cámara lo discuta y lo apruebe.

Señor Presidente, en la formulación de una política de salud, es importante considerar los recursos humanos con los que es posible contar para poner en práctica la ejecución de los diversos programas definidos para las diferentes áreas de salud. Es necesario mencionar en forma expresa la importancia que tiene, en la técnica de planificación, el aprovechamiento adecuado de los recursos humanos, lo que implica, obligatoriamente, ser cuidadosos en la preparación técnica y científica de ellos, con el fin de que su rendimiento esté en estrecha consonancia con los términos previstos en la formulación del programa.

Todo lo dicho tiene relación con el proyecto de ley que hoy día conoce la Cámara. En efecto, en la planificación de una política de salud oral proyectada en todos los servicios asistenciales con que cuenta el país, es necesario tener en cuenta lo que expresaba en un comienzo: los recursos humanos.

En el ejercicio de la odontología, es de vital importancia la preparación correcta de lo que se llama el personal paraodontológico, indicando con ello a aquél destinado a colaborar directamente con el profesional en el ejercicio de sus actividades. A este sector pertenece un tipo de profesional de nivel intermedio llamado laboratorista dental.

La Universidad de Chile, consciente de la importancia de este personal, otorgó jerarquía universitaria a esa carera, encargando de su formación a las Escuelas dependientes de la Facultad de Odontología, en sus sedes de Santiago y Valparaíso. Al proceder así, la Universidad no hizo otra cosa que evidenciar su comprensión total con el concepto moderno de "equipo de salud" técnica y científicamente preparado.

A mayor abundamiento, es interesante consignar que este grupo de profesionales que hoy día tiene jerarquía universitaria, logró la aprobación de una ley, la ley Nº 17.383, que creó el Colegio de Laboratoristas Dentales de Chile, colegio que tiene, entre otras obligaciones, la de velar por el progreso y prestigio de la profesión.

El proyecto de ley estudiado por la Comisión de Salud de la Cámara, y originado en un Mensaje del Ejecutivo, tiene por objeto encasillar a estos profesionales que prestan sus funciones en el Servicio Nacional de Salud, en el Servicio

Médico Nacional de Empleados y en la Empresa de Ferrocarriles del Estado en las respectivas escalas directivas, profesionales y técnicas.

Para tales efectos, el artículo 1º del proyecto modifica el decreto con fuerza de ley Nº 72, de 1960, y crea dentro de la Escala Directiva, Profesional y Técnica del personal del Servicio Nacional de Salud el nuevo escalafón de laboratoristas dentales, personal que deberá ser encasillado, para estos efectos, entre la 6ª categoría y el grado 5º.

El artículo 2º de este proyecto de ley dispone igual modificación en el Servicio Médico Nacional de Empleados, debiendo efectuarse el encasillamiento del referido personal entre la 6ª categoría y el grado 5º.

El artículo 3º faculta al Director de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado para que, dentro del plazo de 120 días, cree y forme una planta técnica con el personal de laboratoristas dentales que se desempeña en el servicio dental de la institución.

Cabe hacer presente, señores Diputados, que en el estudio de esta materia, en el seno de la Comisión de Salud, tuvimos oportunidad de conocer los criterios del Presidente del Colegio de Laboratoristas Dentales de Chile y del Presidente de la Federación de laboratoristas funcionarios. Al respecto, es importante señalar que una indicación presentada por estos personeros no pudo acogerse por ser inconstitucional. Ella estaba destinada a asimilar a los laboratoristas dentales pertenecientes a Ferrocarriles del Estado al régimen de remuneraciones del Servicio Nacional de Salud. Como es de conocimiento de los señores Diputados, estas materias, por implicar gastos, son de la exclusiva iniciativa del Ejecutivo.

Sin embargo, debo hacer presente aquí, esta tarde, que por unanimidad la Comisión acordó dejar constancia del criterio del señor Subsecretario de Salud, presente en la reunión, en el sentido de que el Ejecutivo formularía, en los próximos trámites reglamentarios del proyecto, una indicación que recogerá las aspiraciones del Presidente y de los colegiados del Colegio de Laboratoristas. Esta indicación tiende a concretar la aspiración que asegure la igualdad de rentas para todos profesionales, cualquiera sea el Servicio en que presten sus funciones; es decir, a igualdad de funciones, igualdad de remuneración.

El artículo 4º del proyecto establece que los laboratoristas dentales deberán ser encasillados en los nuevos escalafones o plantas a que se refieren los artículos anteriores, por el orden de sus actuales grados y antigüedades en el respectivo servicio, siempre que cumplan, con los requisitos establecidos en los incisos primero y segundo del articulo 14 del D.F.L 338, de 1960, y en la ley Nº 17.383. Las primeras disposiciones, establecidas en el Estatuto Administrativo, disponen que para optar a un empleo público se requiere cuarto año de humanidades, y que para optar a los cargos de categorías se requiere la licencia secundaria o estudios equivalentes.

Por su parte, la ley Nº 17.383 creó el Colegio de Laboratoristas y señala que habrá un Registro General de laboratoristas en el cual deberán inscribirse los profesionales que están en posesión de la autorización respectiva del Servicio Nacional de Salud.

El artículo 4º del proyecto establece también que tendrán el mismo derecho los actuales funcionarios que cumplan dichos requisitos dentro de los dos años siguientes a la fecha de vigencia de esta ley, dando así una oportunidad razonable a los que no la tuvieren y respetando su derecho, que es legítimo, a ser encasillados en las nuevas plantas o escalafones que se creen al respecto.

En el estudio de esta disposición se tomó conocimiento de una indicación sugerida también por el Colegio de Laboratoristas, que expresaba lo siguiente: "La aplicación de estas disposiciones no afectará de manera alguna los beneficios establecidos para los funcionarios en los artículos 59 y 60 del DFL Nº 338, de 1960".

Esta indicación tampoco pudo ser acogida por la Comisión por ser inconstitucional. Sin embargo, el criterio del señor Subsecretario de Salud fue acogerla, y dejamos testimonio de ello por unanimidad de los asistentes, en el sentido de que el Ejecutivo formularía la indicación correspondiente en el respectivo trámite reglamentario. El objetivo de esta indicación tiene relación con un derecho natural y lógico, y se refiere al goce de la remuneración de la categoría o grado inmediatamente superior, cuando el funcionario, teniendo los requisitos necesarios, no ha podido ascender durante un lapso de cinco años.

Por último, el inciso final del artículo 4º dispone que el gasto originado por la creación o por las modificaciones de las plantas será financiado por los respectivos servicios con cargo a sus presupuestos.

Eso es todo, señor Presidente.

No. Estoy ofreciendo la palabra en general, con cargo a los Comités.

Dentro del tiempo de] Comité Comunista, tiene la palabra el señor Zapata.

El señor ZAPATA.-

Señor Presidente, solamente es para expresar que, en consideración a la justicia que se hace en esta proyecto a los laboratoristas dentales, el Partido Comunista también lo apoya, en los términos que aquí se han expresado, en mérito a los beneficios y a la calidad técnica que desarrollan en su actividad estos trabajadores. Y reafirmamos, naturalmente, el apoyo a lo que expresara el señor Subsecretario, en el sentido de presentar una indicación que establezca que a igualdad de funciones, igualdad de rentas, aun cuando haya algunos aspectos legales que pudieran hacer perder grados a estos trabajadores. Nosotros apoyamos esta idea para que este aspecto del problema se corrija.

Pido la palabra.

El señor MUÑOZ BARRA, don Roberto (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el señor Andrade.

El señor ANDRADE.-

Señor Presidente, se traía, como puede verse tanto a través del texto del artículo único del proyecto como de las consideraciones contenidas en el informe de la Comisión, de un asunto muy simple: el horario de trabajo del personal del Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas del Ministerio de Educación será de 33 horas semanales. Esto se hace porque es un personal altamente especializado. Con esto el Ejecutivo quiere que dispongan del tiempo suficiente para que ellos, a su vez, puedan estudiar y perfeccionarse, y dedicarse casi exclusivamente a los trabajos que les encomienda el Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas del Ministerio de Educación Pública.

Ese es el fondo del problema. De lo contrario, tendrían que ceñirse al horario por el cual se rige el común de los profesores, que es de 30 horas de trabajo para los profesores de enseñanza básica, y de 33 horas de trabajo para los profesores de enseñanza media.

Esa es la razón por la cual el Ministerio de Educación ha querido hacer esta excepción, a través de este proyecto, para facilitarles a estos profesionales, repetimos, la mejor expedición de sus altas funciones en este Instituto.

Nada más.

Pido la palabra.

Tiene la palabra la Diputada señora Fidelma Allende.

La señora ALLENDE (doña Fidelma).-

Señor Presidente, el Comité Socialista apoya totalmente esta iniciativa, porque, conociendo el trabajo que realiza el Centro de Perfeccionamiento del Magisterio, era absurdo enmarcarlo en un horario de trabajo que no corresponde a la investigación que sus funcionarios deben realizar.

Por esa razón, nosotros decidimos apoyar esta iniciativa tanto en la Comisión como en la Sala, y porque también hemos recibido peticiones en tal sentido de los dirigentes del Magisterio y, al mismo tiempo, del personal que labora en ese Centro.

El horario rígido no es compatible, precisamente, con las funciones de investigación que desarrolla el Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas del Ministerio de Educación.

Pido la palabra.

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor KOENIG.-

Señor Presidente, solamente para anunciar los votos favorables de los parlamentarios democratacristianos a este proyecto, originado en un Mensaje del Ejecutivo, que viene a satisfacer una antigua aspiración de los funcionarios de este Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas del Ministerio de Educación, creado en el gobierno del Presidente Freí.

En todo caso, concordamos con las palabras que aquí se han dicho por el colega Andrade y la colega señora Fidelma Allende, las que traducen, también, la exposición muy clara que hizo, en nombre del Centro, su representante y dirigente nacional del SUTE, señor Gregorio Quinteros Reyes, quien concurrió a la Comisión.

En consecuencia, nosotros también vamos a apoyar el artículo único de este proyecto a que se refiere esta Mensaje del Ejecutivo.

Nada más, señor Presidente.

En votación la indicación llegada a la Mesa.

Estamos en la votación particular, señor Diputado.

-Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor FUENTES (don César Raúl).-

Tiene segundo informe?

El señor MUÑOZ BARRA, don Roberto (Vicepresidente).-

No. Deba ser despachado hoy día, por vencimiento del plazo.

El señor AGURTO.-

¿Me permite, señor Presidente?

El señor MUÑOZ BARRA, don Roberto (Vicepresidente).-

Con la venia de la Sala, concederíamos un minuto al señor Agurto.

El señor AGURTO.-

Ruego a la Mesa que se dé lectura, nuevamente, a la indicación formulada por el señor Palza.

El señor MUÑOZ BARRA, don Roberto (Vicepresidente).-

Así se va a hacer.

El señor MUÑOZ BARRA, don Roberto (Vicepresidente).-

En votación la indicación.

Si le parece a la Sala.

Con nuestra abstención.

El señor MUÑOZ BARRA, don Roberto (Vicepresidente).-

En votación la indicación.

-Durante la votación;

El señor PALZA.-

¡Me extraña, colega profesor!

-Efectuada la votación en forma económica, no hubo quórum.

El señor GUERRERO, don Raúl (Secretario).-

Han votado solamente 28 señores Diputados.

El señor MUÑOZ BARRA, don Roberto (Vicepresidente).-

Se va a repetir la votación.

El señor PALZA.-

¡Voten en contra!

El señor MUÑOZ BARRA, don Roberto (Vicepresidente).-

Si le parece a la Cámara, se dará por aprobada la indicación.

Aprobada.

Si le parece a la Sala, la Mesa quedará facultada para redactar en forma definitiva la indicación.

Acordado.

Terminada la discusión del proyecto.

Si le parece a la Sala, se prorrogará hasta el vencimiento del término reglamentario el plazo de urgencia de los proyectos que figuran en la Tabla desde el Nº 9 hasta el Nº 12, inclusive.

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor CARDEMIL.-

Señor Presidente, el proyecto en debate fue despachado por unanimidad en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social. En consecuencia, nosotros vamos a votarlo favorablemente en esta oportunidad; y dejo la palabra, a fin de no retrasarlo en su despacho.

Eso es todo.

Señor Presidente, como Diputado informante de este proyecto, quiero manifestar que él tuvo su origen en un Mensaje del Ejecutivo y que es producto de la inquietud de los deportistas y de los dirigentes deportivos de Concepción, quienes han decidido realizar en esa ciudad, y teniendo como sedes los distintos departamentos de la provincia, los Primeros Juegos Deportivos Nacionales, con el objeto de que sirvan de preparación para la realización de los VII Juegos Panamericanos, los que se realizarán en Chile en 1975.

En consecuencia, este proyecto tiende a dar recursos a un Comité Ejecutivo encargado de llevar adelante esta iniciativa y hacer posible la realización de estos Juegos Deportivos Nacionales, que son de extraordinaria importancia desde el punto de vista deportivo.

La Comisión escuchó al Presidente del Consejo Provincial de Deportes de Concepción, que, al mismo tiempo, es Presidente del Comité Ejecutivo de los Primeros Juegos Deportivos Nacionales de Concepción; y también a los directivos de la Comisión Organizadora de los VII Juegos Deportivos Panamericanos, entre los cuales estaban el doctor Antonio Losada, don Nicolás Abumohor y don René Izquierdo.

El proyecto otorga personalidad jurídica a un comité ejecutivo que tiene por objeto administrar los fondos y ejecutar las obras necesarias para realizar estos juegos. Este comité está integrado por el Intendente de Concepción; el Alcalde de Concepción; el Presidente del Consejo Provincial de Deportes; el Comandante del Regimiento "Guías"; el Presidente del Club de Deportes Concepción; el Presidente del Club Deportivo Universidad de Concepción; el Vicepresidente del Consejo Provincial de Deportes; y el Tesorero del Consejo Local de Deportes de Concepción.

En suma, este comité ejecutivo está integrado por aquellas personas que se han preocupado del problema y, también, por algunas autoridades: un representante del Ejecutivo, que es el Intendente de la provincia; y el Alcalde de la ciudad de Concepción, representante de la ciudad propiamente tal.

Es necesario hacer presente que la ciudad de Concepción carece, en general, de estadios y locales para llevar a efecto estos juegos, especialmente de orden fiscal, pues los locales que existen allá son, casi todos de clubes particulares que, por lo demás, necesitan en gran medida ser implementados, arreglados y preparados para estos Primeros Juegos Deportivos Nacionales.

Por ello, se ha planteado un financiamiento que consiste en un aporte de cien millones de escudos. Además de eso, las utilidades de un sorteo extraordinario de la "Polla" y de uno extraordinario de la "Lotería de Concepción", junto con las utilidades que arrojen dos reuniones extraordinarias del Club Hípico de la ciudad de Concepción.

En la Comisión, este proyecto fue aprobado por unanimidad y esperamos -y espero, lo digo en el orden personal.- que también lo sea en la Sala, pues es un proyecto de real significación. En verdad, esta iniciativa permitirá a estos esforzados deportistas llevar adelante un evento deportivo que no sólo es de importancia regional, sino también nacional, y que, desde luego, posibilitará la preparación de los jóvenes que habrán de competir en los Juegos Panamericanos que se realizarán en Chile durante 1975.

Eso es todo.

Pido la palabra.

El señor MUÑOZ BARRA, don Roberto (Vicepresidente).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor FUENTES (don César Raúl).-

Señor Presidente, pido excusas a la Mesa y a los señores Diputados por hacer una muy pequeña digresión; pero acabamos de cometer un grave error en el proyecto cuyo objeto es adquirir buses para el transporte de estudiantes y que hemos despachado hace algunos momentos. Creo importante salvar la omisión que hemos cometido, lo que, a mi juicio, es muy fácil.

Si me perdonan la Mesa y los señores Diputados, en el artículo único del proyecto mencionado se autoriza al Club Hípico y al Hipódromo Chile, ambos de Santiago, y al Sporting Club de Viña del Mar, para realizar reuniones anuales destinadas a financiar la adquisición de buses para el transporte de estudiantes de diversos liceos de provincias. La verdad es que no se dice quién va a adquirir estos buses ni dónde van a ir estos fondos.

Este error me ha sido advertido por el Diputado Sergio Saavedra, quien está a mi lado. Propongo una cosa muy simple: como el sentido del proyecto es claro, quien adquiere estos buses es el Ministerio de Educación. Por ello, desearía que aprobáramos este criterio y facultáramos a la Mesa para redactar la norma respectiva, la que señalara que los fondos van al Ministerio de Educación, organismo que adquiere los buses para repartirlos entre los distintos sectores de estudiantes.

Si hubiere acuerdo, podría aprobarse esto por unanimidad e incorporarse en el proyecto, a fin de no enviarlo con esta omisión al Senado.

¿Habría acuerdo unánime de la Sala para proceder según la insinuación del Diputado señor César Raúl Fuentes?

Aprobado.