Labor Parlamentaria

El señor FIGUEROA (Secretario). -

Corresponde ocuparse en la acusación deducida por la Cámara de Diputados en contra del señor Intendente de Santiago, don Alfredo Joignant Muñoz.

El señor PALMA (Presidente).-

En conformidad al Reglamento, corresponde al señor Secretario hacer una relación de los hechos que motivan la acusación.

El señor FIGUEROA (Secretario).-

La Cámara de Diputados ha entablado acusación constitucional ante el Senado en contra del señor Intendente de Santiago, don Alfredo Joignant Muñoz, por la causal de infracción de la Constitución. Dicha acusación está basada en la facultad que otorga la Constitución Política del Estado a esa Corporación en el artículo 39, atribución 1ª, letra e), de la Carta Fundamental.

El libelo acusatorio presentado ante dicha Cámara expresa que diez señores Diputados proponen acusar constitucionalmente al Intendente de Santiago, señor Joignant Muñoz, por haber infringido lo dispuesto en los artículos 89 y 10, Nº 4, de la Constitución Política del Estado.

En efecto, señalan los acusadores, el artículo 89 de la Carta Fundamental dispone que el Gobierno superior de cada provincia reside en un Intendente, quien lo ejercerá con arreglo a las leyes y a las órdenes e instrucciones del Presidente de la República, de quien es agente natural e inmediato.

Agregan que las atribuciones y deberes de los Intendentes se encuentran establecidos en el D. F. L. Nº 22, de 1959, ley de Régimen Interior.

Citan, a continuación, el artículo 11 de ese cuerpo legal, que precisa que el Intendente ejercerá el Gobierno superior de la provincia con arreglo a la Constitución y a las leyes; el artículo 45, que señala que es deber del Intendente mantener la paz y el orden público; el artículo 46, que expresa que para el cumplimiento de estos deberes el Intendente dispondrá de las Fuerzas de Carabineros e Investigaciones, y el artículo 48, que agrega que los Intendentes deberán adoptar todas las medidas necesarias para que se dé estricto cumplimiento a los preceptos vigentes relacionados con el ejercicio del derecho de reunión.

Por otra parte, el artículo 10, Nº 4, de la Constitución Política del Estado consagra el derecho de todos los habitantes de la República a reunirse sin permiso previo y sin armas. Dicha disposición agrega que en las plazas, calles y demás lugares de uso público las reuniones se regirán por las disposiciones generales que la ley establezca.

Señalan los acusadores que estos preceptos han sido infringidos repetidamente por el Intendente acusado. A título informativo, expresan que la opinión pública conoce las actuaciones del inculpado, pues el 24 de marzo último ya fue denunciada la prohibición de la marcha programada por el Comité Femenino de la Papelera; la detención arbitraria de los trabajadores de Nieto Hnos., ocurrida el 20 de junio del presente año; sus declaraciones amenazando invadir ciertos barrios de Santiago con hordas de asaltantes, y las detenciones arbitrarias de numerosas personas, llevadas a cabo con violación de domicilio, lesiones y apremios ilegales.

Se acusa también al Intendente de haber extremado su conducta arbitraria e ilícita, aplicándola en contra de niños y niñas de 14, 15 ó 16 años; su actuación, además de las víctimas indefensas que ha ocasionado -a juicio de los acusadores-, debe considerarse como una expresión de cobardía moral en el ejercicio de la autoridad.

El libelo sostiene tres capítulos de acusación, cuyos pormenores son los siguientes:

1) Relatan los acusadores que el día 22 de septiembre del año en curso, los Diputados señores Zaldívar y Pareto y el Honorable Senador señor Reyes solicitaron a la Prefectura General de Carabineros de Santiago vigilancia para el Liceo de Niñas Nº 12 de Ñuñoa, que estaba ocupado por alumnas de ese plantel y estudiantes secundarios afiliados a FESES, a raíz de problemas gremiales relacionados con el nombramiento de la Directora de dicho establecimiento, por existir temores de que ese Liceo fuera asaltado por militantes de la Unidad Popular. La vigilancia se mantuvo durante todo el día y hasta las 24 horas con un grupo de alrededor de 30 carabineros. Después de esa hora sólo quedaron dos funcionarios policiales en ese lugar.

A las 2.30 de la mañana, una banda armada de doscientas personas, organizada por escuadrones que obedecían órdenes dadas por altavoces, asaltó el Liceo, donde se encontraban aproximadamente 50 estudiantes. Al iniciarse el asalto, los dos carabineros abandonaron el lugar. Los asaltantes golpearon brutalmente a los estudiantes, les robaron algunas especies y destruyeron instalaciones del Liceo.

Expresan los acusadores que los asaltantes han sido reconocidos como integrantes del Partido Comunista, hecho admitido por el miembro del Comité Central de esa colectividad señor Carlos Cerda y por el Diputado señor Guastavino. Señalan que aquéllos así se identificaron, lo que queda comprobado -según el libelo-, por cuanto estaban acompañados por la Diputada comunistadoña Gladys Marín.

Producido el asalto, los padres y apoderados reclamaron la intervención de Carabineros para evitar hechos más graves y adoptar las medidas que la ley impone. La policía llegó una hora después, cuando ya se habían consumado los hechos denunciados. Se limitó a resguardar el frontis del Liceo, por calle Encalada, y obedeciendo órdenes del Intendente constituyeron una barrera, lo cual permitió -a juicio de los acusadores- que quedaran impunes los delincuentes, que se evadieron por la parte posterior del Liceo.

Ninguno de los atacantes fue detenido ni sufrió lesiones, quedando -según los acusadores- protegidos en su delito por la fuerza pública, que obedecía instrucciones del Intendente acusado.

De esta manera queda configurada una evidente infracción constitucional -sostienen los acusadores en su libelo-, porque el Intendente, en vez de asegurar la paz y el orden público, ha amparado la violencia, el desorden y aun delitos diversos, infringiendo en esta forma el artículo 89 de la Constitución Política del Estado y el artículo 46 de la ley de Régimen Interior.

2) A continuación -señalan los acusadores-, como actuación discriminatoria del Intendente debe entenderse la conducta seguida por la fuerza pública, la cual, obedeciendo instrucciones, debió disolver la concentración convocada por FESES para el día martes 3 de octubre del presente año.

Manifiestan los firmantes de la acusación que los estudiantes avisaron el lunes 2 de octubre, a las 21 horas, que realizarían su concentración al día siguiente, reunión que fue prohibida por el Intendente en virtud del Decreto Reglamentario pertinente, por haberse dado el aviso de ella con menos de 24 horas de anticipación.

Reunidos los estudiantes frente a la Biblioteca Nacional, fueron dispersados violentamente por la fuerza pública, con infracción de las disposiciones del mismo Decreto Reglamentario.

Continúan relatando los acusadores que un grupo importante de estudiantes concurrió al Congreso Nacional, donde, en atención a la violencia policial que sufrían, fueron acogidos por orden del Presidente de la Cámara en los jardines de esa Corporación en un número aproximado a mil jóvenes. Cerca de las 12.45 debieron ingresar al edificio mismo del Congreso Nacional, ya que, desde la calle, la fuerza policial estaba lanzando bombas lacrimógenas hacia los jardines, las que hirieron y provocaron asfixia a algunos estudiantes.

En concepto de los acusadores, esta represión en el interior del edificio del Congreso Nacional constituye una infracción de la Constitución Política, por cuanto la fuerza pública no puede disolver una manifestación en un recinto privado, y mucho menos en un lugar como es la sede del Congreso, porque éste es un Poder del Estado, cuyos miembros gozan de fuero y los actos o hechos que se efectúen en el recinto de su sede, están al margen del control policial, a no ser que lo ordenen las propias autoridades parlamentarias.

Aseguran los acusadores que Carabineros, al actuar en esta forma, lo hizo obedeciendo órdenes del Intendente de Santiago.

3) Por último, el libelo destaca como hechos atentatorios contra la libertad personal y la inviolabilidad de la morada, las actuaciones policiales acaecidas en los primeros días del mes de octubre del año en curso, las que fueron ordenadas también por el señor Intendente acusado.

Dicen los acusadores que la individualización de los casos específicos no puede hacerse en esta oportunidad por la gran cantidad de personas arbitrariamente detenidas, la forma violenta e ilegítima con que se procedió en su contra y la magnitud de las lesiones o de los apremios ilícitos que se causaron en estas ocasiones. Señalan que tales antecedentes debe recibirlos la Comisión que la Honorable Cámara de Diputados forme para conocer de esta acusación.

Exponen el caso de Raimundo Garcés Piza, de 15 años de edad, quien fue sacado desde dentro de su casa, con violación de morada, y otros hechos de la misma naturaleza.

Los acusadores puntualizan que tales hechos constituyen atentados contra las garantías constitucionales y confirman plenamente la responsabilidad del Intendente, agregando que la presencia del acusado en su actual cargo configura una grave amenaza para todos los habitantes de la provincia de Santiago.

Por todo lo expuesto -señalan los acusadores-, en virtud de las disposiciones constitucionales y legales ya citadas, los hechos enunciados y los testimonios que habrán de producirse en la Comisión, vienen en deducir la presente acusación constitucional en contra del Intendente de Santiago, don Alfredo Joignant Muñoz, por infracción de la Constitución, con el fin de que la Honorable Cámara de Diputados la declare admisible, se prosiga ante el Senado, se le destituya de su cargo y, posteriormente, se procese al acusado por los delitos que resulten acreditados en su contra.

Defensa del señor Intendente.

El señor Intendente de Santiago, con fecha 20 de octubre, formuló oralmente sus descargos ante la Comisión de Acusación de la Honorable Cámara.

Comenzó haciendo presente que había pensado no concurrir a asumir su defensa, porque consideraba esta acusación inconsulta y grotesca, la que ha contribuido a debilitar la imagen del Parlamento entre la faz del pueblo, por la cantidad de acusaciones deducidas en el último tiempo en contra de funcionarios de Gobierno.

Agrega que en relación con el cargo de haber prohibido la marcha programada por el Comité Femenino de la Papelera el día 24 de marzo, debe decir que él sólo ese día asumió sus funciones de Intendente de Santiago, lo que prueba al entregar a la Comisión copia de la resolución de la Intendencia que prohíbe dicha marcha, firmada por su antecesor, don Jaime Concha Lois.

En relación con el primer capítulo de la acusación, rechaza la imputación de que él habría dado orden de retirar la vigilancia policial instalada frente al Liceo Nº 12 la noche del 22 de septiembre, agregando que si no dio tal orden, menos podría haber dispuesto su retiro.

Refuta el hecho de que se pretenda hacerlo aparecer con activa participación en los incidentes del Liceo mencionado. Agrega que para darle cierta verosimilitud a esta acusación, se dice que habrían visto su automóvil y tomado la patente, lo que es posible, puesto que efectivamente llegó al lugar de los hechos en el automóvil que actualmente usa, que lo estacionó entre un radio patrullas y un microbús de Carabineros. Señala que todas sus actuaciones sobre el particular han sido registradas en los partes policiales.

Manifiesta que fue despertado cerca de las 4 de la madrugada por el Oficial de Ronda de la Prefectura de Santiago, Mayor Jara, quien le comunicó que se habían producido incidentes en el Liceo 12 de Niñas. Agrega que, al solicitarle adoptar todas las medidas tendientes a evitar un enfrentamiento, el Mayor Jara le replicó que todas esas medidas ya habían sido tomadas a esa hora.

Aproximadamente a las 4.5 decidió trasladarse al citado Liceo, hecho que fue registrado por el furgón policial que estaba estacionado frente a su domicilio.

Relata que se dirigió al Liceo por calle San Eugenio, en medio de una espesa neblina, sin ver Carabineros a su paso, y que, por ello, entró por una calle lateral del colegio y así llegó hasta el frontis del mismo. A todo esto, eran las 4.30 de la madrugada. Así lo corrobora un parte reservado de Carabineros.

Reitera que la fuerza policial no recibió instrucciones suyas, sino que, en una acción de elemental lógica, esta última estableció un cordón, con el objeto de evitar mayores enfrentamientos. Agrega que, como es evidente, en el aspecto logístico, los Intendentes no dan órdenes a Carabineros.

Agrega que, posteriormente, el Liceo fue evacuado por medios pacíficos y entregado a Carabineros, con indicación expresa de que sólo tendrían acceso a él la señora Directora y las personas que ella indicara para reordenarlo y levantar inventario de los daños, especies perdidas y otras novedades. Dice que él, juntamente con otras personas, entró al colegio e hizo un inventario.

Respecto del segundo capítulo de la acusación, señala que los estudiantes de FESES solicitaron permiso para efectuar una concentración frente a la Biblioteca Nacional, el día martes 3 de octubre del presente año, a las 10.30 horas, mediante una nota que le fuera entregada la víspera, esto es el día 2 de octubre, a las 21 horas.

Recuerda que, en conformidad a lo dispuesto en el decreto Nº 2.868, de 1936, que reglamenta el derecho de reunión, los organizadores de toda reunión o manifestación pública deben dar aviso a la autoridad competente con 24 horas de anticipación, a lo menos, y que los intendentes pueden impedir o disolver aquellas manifestaciones que no hayan sido avisadas dentro del plazo fijado y que no cumplan con los requisitos de ser solicitadas por escrito, con la firma de sus organizadores e indicación de su nacionalidad, domicilio, profesión y número de cédula de identidad, debiendo señalarse, además, quiénes organizan dicha reunión, qué objeto tiene, dónde se iniciará, cuál será su recorrido, dónde se hará uso de la palabra, qué oradores lo harán y dónde se disolverá la manifestación.

Agrega el Intendente acusado que dicha concentración, en caso de celebrarse en el lugar indicado, habría significado la interrupción del tránsito, por lo menos por la acera norte de la Alameda. Además, en reiteradas oportunidades, después de concentraciones autorizadas por la Intendencia a la Federación de Estudiantes Secundarios, irreversiblemente se produjeron asonadas en el centro de Santiago, que provocaron enormes daños, detenidos, irrupción de elementos lumpen en las calles céntricas y ataques a Carabineros y a las personas.

Señala el acusado que, aunque había autorizado concentraciones anteriores, ésta no la permitió, primero por la hora, lo cual imposibilitaba montar un dispositivo de Carabineros para atender a su tranquilo desarrollo, y segundo, porque no sabía para qué era esa concentración.

Refiriéndose a la reunión, que de hecho se realizó, y en relación con el cargo de que los estudiantes fueron disueltos violentamente por la fuerza pública, infringiendo las disposiciones del mismo decreto reglamentario Nº 2.868, el acusado se remite a lo expresado en el parte de Carabineros, según el cual, a las 10 horas del martes 3 de octubre alrededor de 2.000 estudiantes afiliados a FESES comenzaron a concentrarse frente a la Biblioteca Nacional. Se les notificó reiteradamente de que la Intendencia había denegado la autorización correspondiente. Más o menos a las 11 horas, después de un principio de dispersión, comenzaron a reagruparse, para lo cual fue necesario emplear el lanza aguas y disuasivos químicos, en el momento en que empezaron a lanzar piedras a Carabineros, motivo por el cual se detuvo a 66 estudiantes. Las acciones se extendieron hasta Plaza Baquedano, en donde entraron a participar jóvenes de la Federación de Estudiantes Particulares, los cuales causaron serias obstrucciones en el tránsito, tratando de desinflar neumáticos de automóviles y desconectando los tomacorrientes de los trolebuses. Además, se promovieron incidentes frente al Edificio de la Cultura, ex UNCTAD.

El Intendente, antes de continuar leyendo el parte en lo relativo a lo que ocurrió en el Congreso, señala que los acusadores han ignorado los hechos precedentes.

Posteriormente -dice-, un grupo de 1.200 estudiantes ingresó al Congreso Nacional, donde permaneció hasta las 15 horas, retirándose sin incidentes. Mientras éstos permanecían allí, desde la calle fueron atacados a pedradas por el contrario manifestantes que se identificaron como pertenecientes al Frente de Estudiantes Revolucionarios (FER), los que, a su vez, fueron disueltos mediante el uso de elementos químicos.

Puntualiza el Intendente que los acusadores atribuyen la actuación represiva de Carabineros a órdenes que él habría dado, lo cual es falso por cuanto el Intendente no tiene contacto alguno con los Carabineros que están en las calles, sino exclusivamente con el Prefecto de Santiago. En el caso de FESES, afirma que él no dio órdenes de disolver a esos estudiantes, sino que la fuerza policial actuó porque esos jóvenes cometieron desórdenes.

Agrega el acusado que tendría que ser muy idiota para haber dado la orden de reprimir a los estudiantes en el interior del Congreso, porque tal orden no habría sido cumplida o habría sido representada por el Jefe de Carabineros de la provincia, puesto que, políticamente, habría sido una aberración.

En relación con las bombas lacrimógenas que cayeron en los jardines del Congreso, considera que ello es explicable porque, a raíz de las contramanifestaciones que se produjeron por parte de estudiantes del FER en contra de los jóvenes de FESES que estaban en el interior del Parlamento, Carabineros tuvo que hacer uso de bombas lacrimógenas, cuyo disparador tiene un alcance de 800 metros, por lo cual no se le puede dar la orden de que se detenga en el aire antes de traspasar las rejas del Parlamento.

Al referirse al tercer capítulo de la acusación, relativo a detenciones arbitrarias en Providencia, expresa el acusado que dicho barrio se ha convertido en los últimos meses en el centro de operaciones de grupos fascistas. Los incidentes han sido de gran violencia, se han levantado barricadas de fuego; ha habido atentados contra Ministros; ha sido necesario sacar a las calles las tanquetas de Carabineros, porque otros vehículos no pueden traspasar las barreras de fuego y se ha detenido a 884 personas en una de estas asonadas. Agrega que en las redadas policiales tiene que caer gente inocente, lo cual es inevitable, puesto que Carabineros no puede discriminar.

Haciendo un análisis jurídico de los cargos formulados, manifiesta que no está de acuerdo con la forma como se pretende en el libelo acusatorio aplicar las disposiciones sobre orden público, porque para los acusadores paz y orden público significan indiferencia de la autoridad frente a la ejecución de actos de violencia y atropellos que tienden a destruir el orden social o su forma democrática de convivencia.

Expresa que la actual ley de Régimen Interior pone a disposición de la autoridad ejecutiva las fuerzas de Carabineros e Investigaciones, con el objeto de prevenir desórdenes o retener la agresividad de elementos disociadores, aunque éstos no sean delincuentes habituales. Agrega que el Gobierno ha venido señalando la organización en el país de elementos fascistas y provocadores que, unidos a ciertos grupos organizados, pretenden crear el caos mediante actos de violencia para quebrantar el régimen democrático y provocar el derrocamiento del Gobierno legalmente constituido. Luego enumera hechos ya conocidos tales como la denominada Marcha de las Cacerolas.

Observa que en todos estos casos se han ejercitado las acciones legales correspondientes. Con relación a estos conceptos, se refiere a un editorial del diario El Mercurio, en el que se hace una enérgica defensa del Gobierno de esa época por el empleo de la fuerza pública con motivo de los sucesos de Puerto Montt de 1969, y en el cual se expresa que sería absurdo lamentar o condenar el uso de la fuerza, pues las armas no son un elemento decorativo en poder de la policía, sino un factor que ella debe emplear cuando no funcionan otras formas de contención.

Señala el Intendente acusado que no comparte este criterio y que si da alguna instrucción a Carabineros es la de usar elementos disuasivos, fundamentalmente lanza aguas y gases lacrimógenos, y, en ningún caso, armas de fuego.

Termina el acusado puntualizando que entiende que ésta es una acusación de tipo político, que está dentro del contexto de la escalada política que estamos viviendo y que no le preocupa el resultado de ella, pues si deja de ser Intendente, se irá, con la conciencia muy tranquila, a cumplir otro papel en el campo de la revolución chilena.

La Comisión de Acusación Constitucional de la Honorable Cámara hizo un examen de los hechos y de las consideraciones de derecho que tienen relación con este caso, luego de escuchar declaraciones de numerosos testigos y de recibir diversos testimonios documentales.

Dice la Comisión de la Honorable Cámara que la acusación se formula por el delito de infracción de la Constitución, contemplado en la letra e) de la atribución primera del artículo 39. Y agrega:

Para configurar la causal de acusación, los libelistas recurren a lo dispuesto en el artículo 89 de la Constitución en relación con los preceptos pertinentes de la ley de Régimen Interior, D. F. L. Nº 22, del año 1959. Los hechos que originaron la infracción constitucional aparecen descritos en los tres capítulos de que consta el libelo y pueden resumirse en las siguientes denominaciones:

1.-Desalojo o retoma del Liceo de Niñas Nº 12;

2.-Hechos ocurridos en el recinto del Congreso Nacional, el día 3 de octubre, y

3.-Diversas detenciones arbitrarias.

En las tres situaciones contempladas en la acusación se señala que el Intendente acusado tuvo responsabilidad de mando o participación.

Para determinar el grado de responsabilidad de mando o participación que le cupo al señor Intendente de Santiago en cada uno de los capítulos de la acusación, la Comisión acumuló testimonios orales y documentales.

En los hechos ocurridos en el Liceo Nº 12 quedó demostrado por las declaraciones de estudiantes, de dirigentes de la FESES, de Oficiales de Carabineros, de padres y apoderados, que el señor Intendente acusado llegó al lugar alrededor de una hora después de consumado el desalojo de las personas que ocupaban dicho Liceo. Los testimonios a este respecto, además de ser múltiples y bastante precisos, son concordantes y fueron formulados por deponentes cuya veracidad y seriedad no admiten dudas, por lo que destruyen el valor de otras declaraciones que aseguran que el Intendente acusado habría intervenido en las acciones que permitieron la salida de los ocupantes primitivos del Colegio. En tal 'sentido pueden verificarse las declaraciones del General de Carabineros señor César Mendoza, del

Coronel del mismo Cuerpo don Fabián Parada, del Teniente Coronel señor Jorge Hernán Martínez Castro, del Capitán René Miranda, Jefe de Ronda del Sector Sur.

También fue reiteradamente probado y corroborado por los Oficiales de Carabineros que se hicieron presentes en la madrugada del 23 de septiembre en el Liceo de Niñas Nº 12, que el intendente de Santiago no dio instrucciones al Cuerpo de Carabineros para actuar en uno u otro sentido; que la actuación del personal policial estuvo circunscrita a normas de técnica profesional aplicables a sucesos como los que ocurrían en el establecimiento mencionado, y que, fundamentalmente, tuvieron por objeto evitar enfrentamientos entre grupos contrarios. Quedó también en claro que la presunta, inadecuada y deficiente vigilancia o control de todo el sector donde está ubicado el Liceo, sólo se debió a que el contingente de Carabineros era relativamente pequeño para las circunstancias, ya que su número no pudo ser mayor por razones de servicio.

Tampoco fue de responsabilidad del Intendente la disminución o retiro de parte del personal que cumplía vigilancia en el Colegio citado. A este respecto, es categórica la declaración del General de Carabineros, señor César Mendoza, y del Coronel señor Fabián Parada, aparte de otros testimonios, quienes dicen que el Intendente nunca intervino ni en disponer ni en retirar personal policial, porque la protección fue solicitada por parlamentarios directamente a la Prefectura, como lo expresan los propios acusadores en el libelo.

La acusación también menciona una serie de robos de especies que habrían ocurrido con ocasión de los hechos referidos. Sobre el particular no se allegó ninguna probanza para acreditar la existencia de dichos delitos ni la preexistencia y dominio de las especies, ni se tuvo noticias de que se hubiesen interpuesto las querellas respectivas.

En lo relativo a la concentración convocada por FESES para el martes 3 de octubre, en relación con el texto de la acusación, cabe hacer las siguientes consideraciones. En primer término, fue legítima la negativa del Intendente para desautorizar dicha concentración, al tenor de lo dispuesto en las letras a), b), c), d) y e) del artículo 2? del Decreto Nº 2.868. La circunstancia de no haberse pedido la autorización o dado el aviso correspondiente con 24 horas de anticipación a lo menos, aparece probada con la solicitud presentada por la Federación de Estudiantes Secundarios ante la Intendencia y ratificada por la declaración del propio Presidente de ese organismo estudiantil, señor Guillermo Yunge.

La actuación de la fuerza pública en la labor de disolver esa reunión, que había sido prohibida, aparece también totalmente enmarcada en disposiciones legales y reglamentarias, puesto que la conducta de los estudiantes, acreditada en diversos antecedentes recogidos por la Comisión, era ilegítima y atentatoria del orden público.

Lo que ocurrió más tarde, es decir, después de disuelta la manifestación que se pretendía realizar frente a la Biblioteca Nacional, cuando numerosos estudiantes que habían provocado incidentes y desórdenes en el centro de la ciudad, se refugiaron en los jardines del Congreso, tampoco puede atribuirse a responsabilidad del Intendente. Ya quedó dicho y probado que el personal de Carabineros no obedece órdenes de tipo logístico para disolver manifestaciones, de parte del señor Intendente. El Cuerpo Policial actúa de acuerdo con las circunstancias y utilizando los métodos que profesionalmente estima más competentes al efecto. Todo lo anterior fue repetidamente probado con los dichos de todos los señores Oficiales que concurrieron a la Comisión.

Demostrada la ninguna injerencia del señor Intendente en los hechos referidos, cabe, sin embargo, ocuparse de explicar por qué algunas bombas lacrimógenas alcanzaron hasta los jardines del Congreso, sin que este hecho deba vincularse con actuaciones del Intendente.

De repetidos testimonios, que se relacionan con otros hechos también probados, la Comisión concluyó que los estudiantes que se habían refugiado en los jardines del Congreso aquella mañana, eran también objeto de contramanifestaciones realizadas por otros estudiantes pertenecientes al FER que estaban en las afueras del jardín. Esas contramanifestaciones, que ocurrían alrededor del Congreso, debieron ser disueltas por la policía. Si se considera que el aparato disparador de bombas lacrimógenas, tiene un alcance de trescientos metros, resulta totalmente explicable que alguno de estos artefactos lanzados para disolver la contramanifestación aludida, haya caído al interior del recinto Parlamentario.

El tercer cargo de la acusación, relacionado con infracciones a las garantías constitucionales de libertad personal e inviolabilidad del hogar, prácticamente no fue examinado por la Comisión, pues no se aportaron elementos probatorios para determinarlo.

Una vez cerrado el debate, la Comisión, por cuatro votos contra uno, acordó rechazar la proposición de acusación constitucional interpuesta por diez señores Diputados en contra del Intendente de Santiago, señor Alfredo Joignant Muñoz, por infracción de la Constitución Política del Estado.

En sesión celebrada el martes 24 de octubre del año en curso, la Honorable Cámara de Diputados tomó conocimiento del informe de la acusación constitucional.

En primer lugar, hizo uso de la palabra el señor Diputado informante, quien se refirió especialmente al aspecto doctrinario de la cuestión, agregando que Chile tiene un régimen de carácter presidencial, de cuya naturaleza se desprenden las responsabilidades de los agentes públicos superiores; que la Constitución de 1925 puso término al funcionamiento

de hecho y de derecho de un régimen parlamentario y circunscribió el marco de la acusación constitucional, y que, en el caso concreto de acusaciones deducidas en contra de intendentes y gobernadores, como acontece en la especie, es necesario circunscribirse a las cinco formas típicas consagradas en el artículo 39, atribución 1ª, letra e) de nuestra Constitución, que son las únicas causales por las cuales se puede entablar y llevar adelante la acusación constitucional contra un Intendente o un Gobernador.

En seguida, un señor Diputado que sostuvo la acusación expresó que en Chile existe el juicio político, y el juicio político tiene, precisamente, por objeto impedir los abusos, los delitos, los atropellos a la ley, las infracciones constitucionales, cometidas éstas desde el Presidente de la República hasta el Contralor General de la República, y pasando por diversos funcionarios entre los cuales se encuentran los Intendentes naturalmente.

Agregó el señor Diputado sostenedor de la acusación que aducir que cualquier acusación significa transformar el sistema político chileno en un sistema parlamentario es restar validez al derecho que tiene esta Cámara, como acusadora, para reponer, en muchos casos, los derechos y garantías individuales de que gozan los ciudadanos de la República.

Refiriéndose a los fundamentos jurídicos de la acusación, expuso que los intendentes son agentes naturales del Presidente de la República; y, conforme al artículo 89 de la Constitución Política del Estado, tienen la obligación y el deber de gobernar cada provincia, y de ejercer dicho gobierno conforme a las leyes.

Agregó que la obligación esencial del gobierno de un Intendente en una provincia está especificada en la ley de Régimen Interior del Estado. Y ella no es otra que el hacer que en la provincia que él gobierna conforme a la ley, exista paz, tranquilidad y orden público. Para ello puntualizó-, los intendentes debenmvalerse de Carabineros y del Servicio de Investigaciones agentes del orden público que están sujetos a sus instrucciones y a sus direcciones. Y así es como en la ley orgánica de Carabineros de Chile se establece que Carabineros está a las órdenes de los intendentes y que, para el cumplimiento de las atribuciones y deberes que a éstos les señala la ley de Régimen Interior, éstos estarán sujetos a ellos y se mantendrán en contacto permanente con el respectivo intendente. De manera que cualquier problema de orden público, en el cual haya participación de Carabineros o Investigaciones, el responsable político del acierto o desacierto o de las infracciones que se cometen es el intendente de la respectiva provincia. Y éste es el punto que constituye la infracción constitucional respecto del primer capítulo de la acusación.

Luego agregó el señor Diputado sostenedor de la acusación: nosotros consideramos que el señor Intendente de Santiago no ejerció sus deberes y obligaciones de mantener el orden público, sino que, muy por el contrario, colaboró con un estado de violencia y un estado de desorden público, que ha dejado 17 heridos, muchachos y muchachas, jóvenes de un establecimiento fiscal de educación, el Liceo Nº 12 de Ñuñoa. Esta es la falta, abuso o infracción constitucional de que acusamos al señor Intendente de Santiago.

En seguida, se refirió a los hechos ya conocidos del Liceo Nº 12, agregando que, según testimonio del señor Alamiro Carmona, ex Presidente del Centro de Padres del Liceo, el señor Ministro de Educación Pública había dicho que, frente a la inquietud de los padres de los alumnos, había solicitado al señor Subsecretario del Interior, y también al Intendente de Santiago, una vigilancia especial para que no se produjera ninguna retoma. Expresó que a las 12 de la noche se retiró la la vigilancia policial, quedando sólo 2 funcionarios policiales, produciéndose la retoma, a las 2.30 de la mañana, por una banda de unos 250 individuos, que hirieron a 17 muchachos que estaban dentro de ese establecimiento.

Luego añadió que hay testigos que acreditan plenamente que el señor Intendente de Santiago, en vez de estar velando por el orden público estaba en la labor de encubrir y amparar a los delincuentes. Y es así como el estudiante Carlos Leiva declara que cuando él fue sacado del establecimiento y tirado como un saco de papas por la puerta trasera del Liceo que da a la calle San Eugenio, al caer vio un automóvil azul y a un señor que en colaboración con los ocupantes de tres autos, recogían las armas y evadían a los delincuentes.

Más adelante, dice el estudiante que dicho señor era el intendente, porque, al ir al frente del colegio lo reconoció como la misma persona que dirigía las labores de sacar del Liceo a los delincuentes.

Esta misma declaración está confirmada por diversos testigos que señalan, incluso, las patentes de los automóviles que colaboraron en esta función; y no menos de tres testigos identifican con plena seguridad al Intendente, al automóvil que se utilizó en estas funciones y la labor que cumplió.

Se puede leer las declaraciones de los testigos Carlos Leiva, Ana María Plaza de los Reyes, Raúl Pavez y Mario Torres.

Dijo el señor Diputado sostenedor de la acusación posteriormente que el Intendente, requerido por lo menos por tres padres de familia, se negó a disponer vigilancia policial frente al establecimiento, a fin de que los Carabineros pudieran proceder a detener a los delincuentes que se estaban evadiendo por la parte trasera. Incluso, el Capitán que estaba a cargo de los Servicios Especiales señaló que él no pudo dar cumplimiento a lo señalado, por cuanto no tenía fuerza policial suficiente -sólo veinticinco hombres a su cargo- y que su labor principal era separar a los padres de familia y vecinos de las personas que se encontraban dentro del establecimiento y que, por lo tanto, no podía proveer a la disposición de personal policial con el objeto de detener a las personas que habían cometido estos delitos.

A juicio del señor Diputado acusador, esto constituye la esencia de la infracción constitucional que estamos viendo, porque el Intendente de Santiago no ha cumplido con la obligación que impone la ley, de velar por la paz, la tranquilidad y el orden público.

En relación con el segundo capítulo de la acusación, el señor Diputado que la sostuvo continuó diciendo que los estudiantes que huían de la represión policial tuvieron que recurrir al asilo que les brindó en la Honorable Cámara de Diputados su Presidente Diputado señor Eduardo Cerda, y que, estando ya en los jardines del Congreso Nacional, se procedió a disparar bombas lacrimógenas en contra de ellos. Agregó que no menos de ocho casquetes fueron recogidos por Diputados y por personal de servicio de la Cámara, fragmentos que se dejaron en la propia Presidencia de la Corporación.

Puntualizó que, por ello, han acusado al señor Intendente de Santiago de haber infringido el artículo 10, Nº 4, de la Carta Fundamental, la que consagra el derecho de reunirse, sin permiso previo, en calles y lugares de uso público, agregando que cuando una reunión se realiza en un recinto privado y más aún cuando este sitio es la sede del Congreso Nacional, no cabe disolver tal reunión, con lo cual -a su juicio-, queda especificada esta segunda infracción constitucional.

La Honorable Cámara de Diputados, por 66 votos a favor y 44 en contra, aprobó la proposición de acusación constitucional deducida por diez señores Diputados en contra del señor Intendente de Santiago, don Alfredo Joignant Muñoz, por la causal de infracción a la Constitución, de acuerdo con las disposiciones de la letra e), atribución 1ª del artículo 39 de la Carta Fundamental.

En conformidad a la disposición contenida en el artículo 42 de la Constitución, corresponde al Senado resolver como jurado si el acusado es o no es culpable del delito o abuso de poder que se le imputa.

Los preceptos reglamentarios de esta Corporación señalan que el acusado tiene derecho a plantear la cuestión previa de si la acusación cumple o no cumple con los requisitos que la Constitución señala y que, en caso de no usar de ese derecho, corresponderá a los señores Diputados designados por la Honorable Cámara formalizar y proseguir la acusación.

En seguida, tendrá la palabra el acusado, y, si éste no estuviera presente, se leerá la defensa escrita que hubiere enviado.

A continuación, los Diputados miembros de la Comisión Especial dispondrán, en conjunto, de hasta media hora para replicar y, finalmente, el acusado podrá duplicar por igual tiempo, cumplido lo cual el Presidente del Senado deberá anunciar que la acusación se votará al iniciarse el Orden del Día de la sesión especial siguiente.

Asimismo, nuestro Reglamento establece que la Sala deberá votar por separado cada capítulo de la acusación, entendiéndose por capítulo el conjunto de hechos específicos que, a juicio de la Cámara de Diputados, constituyan uno de los delitos que, según la Constitución Política del Estado, autorizan para interponer la acusación.

Por último, cabe señalar que el Reglamento también dispone que el Senado queda citado a sesiones especiales diarias, de 16 a 19 horas, en los días hábiles, hasta el término de la acusación.