Labor Parlamentaria

Diario de sesiones

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Índice
  • DOCUMENTO
    • PORTADA
    • I. ASISTENCIA.
    • II.- APERTURA DE LA SESION.
    • III.- LECTURA DE LA CUENTA.
      • LECTURA DE LA CUENTA
    • IV.- ORDEN DEL DIA.
      • SITUACION DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE Y ESTADO ECONOMICO DEL PAIS.
        • INTEGRACIÓN : Jorge Antonio Montes Moraga
          • INTERVENCIÓN
            • Rafael Agustin Gumucio Vives
        • INTERVENCIÓN : Francisco Bulnes Sanfuentes
        • INTERVENCIÓN : Jorge Antonio Montes Moraga
        • INTERVENCIÓN : Luis Valente Rossi
        • INTERVENCIÓN : Juan De Dios Carmona Peralta
        • INTERVENCIÓN : Pedro Ibanez Ojeda
        • INTERVENCIÓN : Jose Placido Musalem Saffie
        • INTERVENCIÓN : Francisco Bulnes Sanfuentes
    • CIERRE DE LA SESIÓN
  • DOCUMENTO
    • PORTADA
    • I. ASISTENCIA.
    • II.- APERTURA DE LA SESION.
    • III.- LECTURA DE LA CUENTA.
    • IV.- ORDEN DEL DIA.
    • CIERRE DE LA SESIÓN
Notas aclaratorias
  1. Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
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REPUBLICA DE CHILE

DIARIO DE SESIONES DEL SENADO

PUBLICACION OFICIAL.

LEGISLATURA 314ª, EXTRAORDINARIA.

Sesión 12ª, en jueves 28 de octubre de 1971.

Especial.

(De 11.27 a 18.44).

PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES PATRICIO AYLWIN AZOCAR, PRESIDENTE, Y

RICARDO FERRANDO KEUN, VICEPRESIDENTE.

SECRETARIOS, EL SEÑOR PELAGIO FIGUEROA TORO, Y

EL PROSECRETARIO, SEÑOR DANIEL EGAS MATAMATA.

INDICE.

Versión taquigráfica.

I.- ASISTENCIA 472

II.- APERTURA DE LA SESION 472

III.- LECTURA DE LA CUENTA 472

IV.- ORDEN DEL DIA:

Situación de la Universidad de Chile y estado económico del país. . . 472

VERSION TAQUIGRAFICA.

I.ASISTENCIA.

Asistieron los señores:

Aylwin Azocar, Patricio;

Bulnes Sanfuentes, Francisco;

Carmona Peralta, Juan de Dios;

Carrera Villavicencio, María Elena;

Contreras Tapia, Víctor;

Ferrando Keun, Ricardo;

Foncea Aedo, José;

Fuentealba Moena, Renán;

Gumucio Vives, Rafael Agustín;

Hamilton Depassier, Juan;

Ibáñez Ojeda, Pedro;

Juliet Gómez, Raúl;

Lorca Valencia, Alfredo;

Luengo Escalona, Luis Fernando;

Miranda Ramírez, Hugo;

Montes Moraga, Jorge;

Musalem Saffie, José;

Noemi Huerta, Alejandro;

Pablo Elorza, Tomás;

Palma Vicuña, Ignacio;

Reyes Vicuña, Tomás;

Rodríguez Arenas, Aniceto;

Silva Ulloa, Ramón;

Tarud Siwady, Rafael;

Teitelboim Volosky, Volodia;

Valente Rossi, Luis, y

Valenzuela Sáez, Ricardo.

Actuó de Secretario el señor Pelagio Figueroa Toro, y de Prosecretario, el señor Daniel Egas Matamata.

II.-APERTURA DE LA SESION.

-Se abrió la sesión a las 11.27, en presencia de 12 señores Senadores.

El señor AYLWIN (Presidente).-

En el nombre de Dios, se abre la sesión.

III.-LECTURA DE LA CUENTA.

El señor AYLWIN (Presidente).- Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.

El señor PROSECRETARIO.- Las siguientes son las comunicaciones recibidas:

Oficios.

Uno del señor Ministro del Trabajo y Previsión Social, con el que da respuesta a una petición formulada por el Honorable Senador señor Valente, relativa a diversas materias de la competencia de los Servicios del Trabajo.

-Queda a disposición de los señores Senadores.

El señor RODRIGUEZ.- Señor Presidente, ¿podría empalmarse esta sesión con las otras dos a que hemos sido citados para hoy?

El señor AYLWIN (Presidente).- Si le parece a la Sala, se empalmaría esta sesión con las siguientes a que ha sido citada la Corporación.

Acordado.

IV.-ORDEN DEL DIA.

SITUACION DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE Y ESTADO ECONOMICO DEL PAIS.

El señor AYLWIN (Presidente).-

En el Orden del Día, tiene la palabra el Honorable señor Montes.

El señor MONTES.-

Señor Presidente, por mi parte iba a solicitar también el empalme de las sesiones de hoy, toda vez que nosotros las hemos pedido con el fin de dar nuestra opinión respecto de lo que ocurre en la Universidad de Chile y a propósito del discurso que el señor Senador de la Democracia Cristiana don Juan de Dios Carmona pronunció el viernes de la semana pasada. En aquella ocasión, expresamos que en ese instante no estábamos en condiciones de dar respuesta adecuada sobre el problema concreto a que se refirió el señor Senador. Por esto, hemos tratado de reunir algunos antecedentes para expresar el pensamiento de la Izquierda de la Universidad, así como el punto de vista que nosotros tenemos acerca de los fenómenos que allí están ocurriendo, y para contestar, repito, las observaciones formuladas en aquella sesión por el señor Carmona y también las que expresó el señor Bulnes Sanfuentes en la misma oportunidad.

Creemos que ambos señores Senadores, como representantes de sus respectivas tendencias políticas, tienden, mediante tales intervenciones, a cuestionar todo el proceso de la reforma universitaria, a pretexto de la modificación de la estructura de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile por parte de su máximo organismo representativo, el Consejo Normativo Superior. Por consiguiente, nos parece que la opinión de los señores Carmona y Bulnes Sanfuentes corresponde efectivamente a las posiciones que ellos representan en el Senado, que se expresan también en el plano de la Universidad.

Se ha acusado a la máxima autoridad universitaria, el Consejo Normativo Superior, de proceder ilegalmente o, cuando menos, ilegítimamente, en el ejercicio de sus atribuciones. Se han hecho afirmaciones curiosas de índole legal, se han leído parcialmente artículos del Estatuto Orgánico de la Universidad, y con ello se ha pretendido una vez más -queremos decirlo muy francamente- engañar a la opinión pública respecto de lo que está sucediendo en el país. En este caso concreto, le ha tocado a la Universidad de Chile.

¿Qué sucede en esta universidad? ¿Se trata de un conflicto relacionado con la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales o, más concretamente, con la Escuela de Derecho? Afirmamos rotundamente que no: se trata, a nuestro juicio, de cuestionar toda la reforma universitaria por los sectores que han apoyado al Rector señor Boeninger, incluidos los sectores más "ultras" de la Universidad. Se trata de cuestionar los organismos colegiados, caro principio de la reforma, y del ensalzamiento de la autoridad universitaria que la propia reforma hizo añicos.

Ese, a juicio nuestro, es el problema que enfrenta la Universidad de Chile; el retroceso en la implantación de los ideales reformistas, que tratan de imponer los sectores que niegan a los planteles superiores de enseñanza la posibilidad de ponerse al servicio de los cambios, al servicio del país en el proceso histórico que vive nuestra sociedad.

Ayer fue la constitución del Comité Directivo Superior de la Universidad de Chile lo que sirvió a los sectores reaccionarios en sus propósitos, ya que esa constitución fue seguida de una toma de la Casa Central Universitaria por parte de la Derecha democratacristiana. Hoy es la fijación de la estructura interna de las Sedes de Santiago lo que se pretende usar como pretexto a fin de paralizar la actividad de la institución. Mañana será otro el pretexto, cualquier otro. La paralización de la Universidad sólo favorece a la reacción y a los intereses foráneos. Su retardo o el impedimento de ponerla efectivamente al servicio de los cambios es fundamental para quienes, en Chile o en el extranjero, quieren mantener un sistema social que la realidad va superando. Y en la actual crisis, que tratan de profundizar, de desarrollar, se tornaron, por ejemplo, la Escuela de Derecho. Allí participó quien con bastante propiedad llamamos nosotros "el fascista Pablo Rodríguez." Lo extraño es que a su lado participaran en esa toma también demócratas, como Máximo Pacheco.

Cuando se trata de analizar estos problemas, entonces se da la curiosa paradoja de que, mientras esos mismos sectores condenan, a veces con virulencia inusitada, las tomas que realizan campesinos, pobladores u otros sectores de nuestra población, las que ellos provocan, aquellas en que participan, son justificadas y no se dice acerca de ellas una sola palabra de condenación. No se sigue una misma línea; no se dan los mismos argumentos. Entonces, quiere decir que hay tomas y tomas, algunas que sirven a los propósitos que están detrás de cada posición política. No se tiene consecuencia, a nuestro juicio, en lo que se invoca cuando se trata de analizar este tipo de problemas.

Hoy día, los mismos sectores que negaron la participación de gran número de académicos y de la totalidad de los estudiantes y de no académicos en el gobierno de la Universidad -es sabido que el señor Boeninger estuvo en contra de la participación de estudiantes y no académicos en la elección de autoridades, y del mismo modo procedió el señor Eugenio Velasco-, pretenden, sin embargo, llamar a un plebiscito de la comunidad universitaria para resolver el problema de las estructuras. Y hay quienes, en el seno mismo del Consejo Normativo Superior, han llamado a la disolución de este organismo, del organismo que ellos mismos - envueltos y quizás disfrazados en la marejada reformista- concordaron en establecer. Hoy tales sectores cuestionan al Consejo Normativo Superior, porque son minoría: 47 miembros, en tanto que las fuerzas de Izquierda son' mayoría: 57 miembros. Esta, a nuestro juicio, y no otra, es la razón por la cual este organismo, emanado de la reforma por la unanimidad de la comunidad universitaria, se transforma, para los reaccionarios de la Universidad, sorpresivamente y antes que llegue a cumplir su importante función, en un organismo "no representativo, ilegítimo y cuyas actuaciones son ilegales". Esta es la democracia que se pretende hacer imperar en la Universidad.

Los Senadores Carmona y Bulnes han jugado con la interpretación de los artículos 7º -que determina, en líneas generales, el sistema de gobierno de la Universidad-, y 38, letra c), que se refiere a la atribución que cabe al Consejo Normativo Superior respecto de la fijación de estructuras académicas.

Leamos qué disponen esos preceptos, pero analicémoslos también en conjunto con los otros relativos a estas materias; no los silenciemos.

Expresa el artículo 7:

"La facultad de decidir sobre la marcha académica de la Universidad de Chile, sobre el modo de gobernarla y administrarla y sobre la manera de realizar las funciones respectivas, reside esencialmente en los miembros de la comunidad universitaria, dentro de los límites y en la proporción y forma determinados en este Estatuto”.

"La presente ley señala los casos en que corresponde a la propia comunidad universitaria ejercer directamente esta facultad, y aquellos en que la delega en autoridades mandatarias que la representan. Estas serán colegiadas o unipersonales, con funciones y atribuciones regladas, elegidas por un tiempo determinado y, en todo caso, responsables de su gestión ante la misma comunidad."

Hasta aquí, el artículo 7º.

La intención de este precepto es clara. Si se analiza, se llega a la conclusión de que se trata casi de la repetición de lo que dispone nuestra Constitución Política en cuanto a que la soberanía reside esencialmente en la nación. El señor Bulnes ha afirmado que el Consejo Normativo Superior tiene el mandato de la Universidad, de la comunidad universitaria, y que debe ejercer ese mandato en la misma forma en que esa comunidad se pronuncie, prácticamente, respecto de cada materia. Si ello fuera cierto, la ley no habría sido tan explícita en el sentido de que ella misma determina en qué casos cabe un pronunciamiento de esa comunidad y no habría sido tan imperativa respecto de que todo lo demás es delegado por ley en las autoridades que esa misma comunidad elige.

En otras palabras, si bien es cierto que el gobierno de la Universidad reside en la comunidad universitaria, no lo es menos que ésta lo ejercita por intermedio de las autoridades que ella misma elige, salvo en los casos expresamente señalados en la ley. Y este sistema es similar al que se aplica en el propio Parlamento de la nación. No digo que sea exactamente igual; pero esos fueron los principios que informaron el proyecto que dio origen al Estatuto de la Universidad, que rige, regula y norma la actividad de la Universidad de Chile.

Por eso, pensamos que la idea de los reaccionarios es que lo único democrático en torno de la fijación de estructuras de las sedes sería el plebiscito, y esto, a nuestro juicio es absolutamente falso, de acuerdo con las disposiciones de la legalidad reformista, ya que estaría negando la atribución legal del Consejo Normativo Superior, organismo democrático constituido legalmente, para hacer uso, como mandatario de la comunidad universitaria, de la potestad de reestructurar la Universidad.

Por otra parte, las atribuciones de los Claustros Parciales y del Claustro Pleno, que constituyen la comunidad universitaria, están claramente establecidas en los artículos 15 y 36 del Estatuto.

En el primero de esos preceptos sólo se repite la norma ya consignada en el artículo 7º, y en el 36 se limitan las atribuciones del Claustro Pleno a las siguientes:

"a) Elegir al Rector y al Secretario General de la Universidad;

"b) Pronunciarse por la vía del plebiscito sobre:

"1.- Las materias de política universitaria que le somete el Consejo Normativo Superior;

"2.- Las reformas del Estatuto Universitario que le someta el mismo Consejo para proponerlas a los Poderes Públicos; y

"3.- La remoción de las autoridades unipersonales que sean de su elección."

Para el ejercicio de estas atribuciones, el propio Estatuto tomó los resguardos del caso, previendo, a no dudarlo, que una autoridad unipersonal podría, autocrática-mente, llevar al caos a la Universidad, etapa superada desde ya hace mucho, históricamente. Por ello, en el artículo 16 se estableció que los Claustros serían convocados por una alta mayoría de los Consejos del nivel correspondiente: los dos tercios de los miembros del Consejo, o por un tercio del Claustro respectivo. Y aún más, previendo los posibles inconvenientes que no se podían determinar a priori en el momento en que se redactaba una ley, se dejó esta potestad de autoconvocatoria de los Claustros a una reglamentación general de su funcionamiento.

Dicha reglamentación no se ha dictado, y por disposición del artículo 8º transitorio del mismo Estatuto, en tanto no se dicten esas normas, la autoconvocatoria no procede.

Esta es la situación legal del funcionamiento de los Claustros en la Universidad, con el agregado de que esas disposiciones de convocatoria de los Claustros sólo se aplican a los nuevos Consejos de las nuevas estructuras y no a Consejos de las estructuras antiguas, que no se rigen por las normas del nuevo Estatuto.

Los Claustros, por tanto, no pueden ser convocados legalmente en esta oportunidad, ni tampoco legítimamente -dentro de la legalidad reformista-, por haberlo dispuesto así la propia comunidad universitaria al aprobar su Estatuto.

5.- ¿Qué se pretende, entonces, al hacer este demagógico llamado a la comunidad universitaria a pronunciarse sobre las estructuras de la Universidad y sobre la representatividad de su Consejo Normativo Superior? ¿Qué se pretende al insistir en que cada comunidad debe ser consultada respecto de la estructura que debe tener en definitiva en el futuro? ¿Qué se pretende al explayarse sobre la teoría del mandato que habría sido desconocido por el Consejo? La respuesta es una sola: confundir a la comunidad universitaria sembrando el caos y, por ende, impedir que la Universidad de Chile pueda ponerse al servicio del país, cumplir con el compromiso que la reforma tomó con la sociedad chilena.

Se trata de un juego bajo, no limpio, politiquero, que en nada prestigia a aquellos que, actuando en el nivel universitario, tienen el deber - a lo menos- de actuar a la debida altura.

¿Cuál es el problema de las estructuras académicas en Santiago? ¿Cuál es la verdad?

El señor GUMUCIO.-

¿Me permite una interrupción, señor Senador, antes que pase a tratar un nuevo punto?

El señor MONTES.-

Con mucho gusto.

El señor GUMUCIO.-

Escuchando a Su Señoría, se ve claramente que las facultades del Consejo Normativo Superior tienen igual valor legal y jurídico que las del Rector. Por lo tanto, si hoy se discuten las facultades de aquel organismo y se pide un plebiscito por algo que ha acordado por mayoría ese Consejo, también podrían en el futuro negarse las facultades que legalmente tiene el Rector, y pedir plebiscito para que estas facultades puedan ejercerse.

Hago presente la inconsecuencia. Si se pide legalidad y juricidad, hay que pedirla en todos los niveles. O sea, si el Rector fue legítimamente elegido, y de acuerdo con el Estatuto de la Universidad, posee facultades, éstas deben respetarse, al igual como debe suceder con las del Consejo Normativo Superior. Y si en un caso se sostiene que, por no estar de acuerdo la mayoría, no tienen valor las resoluciones del Consejo, también podría decirse que las que el Rector adopta y que tienen base legal pueden ser discutidas mediante un plebiscito.

El señor MONTES.-

A mi juicio, es correcta la observación del Honorable señor Gumucio.

En efecto, el Consejo Normativo Superior de la Universidad de Chile, investido legítimamente, por ley, de atribuciones que le corresponden como organismo superior de esa casa de estudios, puede tomar decisiones de acuerdo con las facultades que le fija el Estatuto, y es evidente que cada resolución que adopte respecto de la solución de tal o cual problema concreto, puede ser cuestionada por la minoría. Entonces, esa minoría podría decir: "No, señor; no estamos de acuerdo con esta decisión: plebiscito".

De las palabras que hemos escuchado al Honorable señor Gumucio -con las cuales concordamos-, se desprende que, de seguir por este camino que, a nuestro juicio, es falso, los sectores opositores al Rector Boeninger, por decirlo así, podrían seguir igual predicamento respecto de cualquier solución que dé a determinado problema o de una disposición que dicte, y cuestionarla expresando: "No, señor; no estarnos de acuerdo con la decisión de la primera autoridad de la Universidad de Chile. Plebiscito sobre lo que ha planteado." En verdad, este proceder cae fuera de toda norma que legítimamente el propio Estatuto de la Universidad señala para el manejo de esta casa de estudios.

El señor BULNES SANFUENTES.-

¿Me permite una interrupción para aclarar el punto?

El señor FERRANDO (Vicepresidente).-

Con la venia de la Mesa, tiene la palabra el señor Senador.

El señor BULNES SANFUENTES.-

Nadie ha pretendido jamás que todas las resoluciones o actuaciones del Rector o del Consejo Normativo Superior tengan que ser sometidas a plebiscito, a la consulta de la comunidad universitaria. Pero hay ciertas resoluciones del Consejo Normativo Superior que, por disposición expresa del Estatuto de la Universidad de Chile, deben ser sometidos a la consideración de la comunidad universitaria.

El artículo 38, letra c) que invoqué en la sesión habida en días pasados, dice textualmente:

"Corresponde en especial al Consejo Normativo Superior:

"c) Acordar por propia iniciativa o a proposición de las Sedes, la creación, supresión, fusión o reorganización de las Sedes, Facultades y Departamentos, previa consulta a la comunidad universitaria afectada y garantizando la estabilidad funcionaría de los miembros de dicha comunidad."

De manera que, por disposición expresa del Estatuto, la consulta plebiscitaria a la comunidad es absolutamente obligatoria para el Consejo.

Ahora bien, esta consulta se efectuó. Se llamó a plebiscito a la comunidad universitaria de la Facultad de Derecho. El plebiscito fue saboteado. Sin embargo, la unanimidad de los participantes en dicho acto, que representaban casi al 60% de los distintos estamentos, contestaron la consulta en sentido negativo, de rechazo al llamado formulado. No obstante ello, el Consejo pasó por sobre la consulta y quiso llevar adelante su resolución, y eso fue lo que motivó el alzamiento y la toma de la Escuela de Derecho.

Ahora bien, ¿podía el Consejo prescindir del resultado de la consulta? Estimo que no, y para ello me fundo en el artículo 7º del Estatuto, que dice:

"La facultad de decidir sobre la marcha académica de la Universidad de Chile, sobre el modo de gobernarla y administrarla y sobre la manera de realizar las funciones respectivas, reside esencialmente en los miembros de la comunidad universitaria, dentro de los límites y en la proporción y forma determinados en este Estatuto.

"La presente ley señala los casos en que corresponde a la propia comunidad universitaria ejercer directamente esta facultad, y aquellos en que la delega en autoridades mandatarias que la representan. Estas serán colegiadas o unipersonales, con funciones y atribuciones regladas, elegidas por un tiempo determinado y, en todo caso, responsables de su gestión ante la misma comunidad."

De acuerdo con este artículo -disculpe, Honorable señor Montes, lo extenso de la interrupción-, las autoridades, incluido el Consejo Normativo Superior, son meros mandatarios o delegados de la comunidad universitaria.

Si un mandatario está obligado a consultar al mandante, es absolutamente necesario -cae por su propio peso-, que la respuesta del mandante lo obligue. Lo demás sería ir contra todo principio jurídico, contra el sentido común: el que el mandatario consultara al mandante, que éste emita una opinión y que el mandatario proceda en su contra. Por lo tanto, se trata de una consulta obligatoria, como es, por ejemplo, la que los tribunales del crimen y también los tribunales civiles tienen que hacer en ciertos casos al respectivo tribunal superior.

El señor FERRANDO (Vicepresidente).-

Han terminado los cinco minutos que corresponden a su interrupción, señor Senador.

El señor BULNES SANFUENTES.-

En seguida termino, señor Presidente.

Si vemos en el Diccionario la expresión "consulta", observaremos que también tiene este sentido: consultar es pedir opinión o pedir el dictamen de otro. En el caso en discusión, cuando el mandatario, que es el Consejo Normativo Superior, consulta al mandante, la comunidad universitaria, y le pide un dictamen, éste es obligatorio para aquél.

El señor MONTES.-

Antes de conceder una interrupción al Honorable señor Carmona, quiero hacerme cargo brevemente de tas observaciones formuladas por el Senador señor Bulnes.

Un poco más adelante daré o trataré de dar una respuesta que me parece exhaustiva, precisamente acerca de lo planteado por el señor Senador.

Por de pronto, en este mismo instante deseo señalar lo siguiente: Es evidente que el Senador señor Bulnes comete un gran error. Efectivamente el Consejo Normativo Superior, por disposición expresa de la ley, está obligado a consultar a la comunidad universitaria. Así es. Lo que no dice el Honorable señor Senador es que "consulta" no es sinónimo de "plebiscito". Ahí está el quid del asunto. El Consejo Normativo Superior está obligado a consultar a la comunidad universitaria. . .

El señor BULNES SANFUENTES,- ¿Cómo?

El señor MONTES.-

¿Cómo? Explicaré a Su Señoría cómo el Consejo Normativo Superior ha consultado a la comunidad universitaria.

Quiero hacer notar en este instante que la consulta plebiscitaria, que es otra cosa, no está señalada en el texto de la disposición legal que acaba de leer el Honorable señor Bulnes como obligación perentoria del Consejo Normativo Superior de la Universidad de Chile.

El señor Senador parte de la base de que la disposición que él ha leído obliga al Consejo Normativo Superior de la Universidad a realizar una consulta plebiscitaria. Esto no es así. Eso no lo dice la disposición, y ése es precisamente el error. Yo creo que, al fin de cuentas, no se trata de un error, sino de la interpretación que pretenden darle a ese artículo que es muy claro, los sectores que representa el Honorable señor Bulnes en la Universidad, con el objeto de enturbiar las aguas y crear confusión, porque el plebiscito no constituye una obligación categórica, como lo afirma el Honorable señor Bulnes.

Repito: un poco más adelante daré a conocer, de la manera más clara y concreta posible, la interpretación que nos merece, de acuerdo con la disposición legal respectiva -el señor Bulnes se refirió a ella-, lo acaecido en la Universidad de Chile.

Por lo tanto, respecto de esta materia, desearía continuar mis observaciones, pues creo que dicha consulta se responderá en forma muy clara, mucho más clara todavía que la explicación que di hace un instante, a fin de poder contar -creo que esto tiene alguna importancia-. . .

El señor BULNES SANFUENTES.-

Ya probé que no hay otra forma de consulta plebiscitaria. Por lo demás, ya lo demostró Perogrullo.

El señor MONTES.-

Puede que lo haya demostrado Perogrullo. Pero en este instante Su Señoría, al revés de Perogrullo, no lo ha probado.

Me agradaría que se pudiera disponer del contexto de nuestra interpretación sobre cuanto ocurre en la Universidad de Chile, para en seguida entrar al intercambio de ideas que pueda conducirnos a clarificar la situación.

No sé si, dicho lo anterior, el Honorable señor Carmona desea hacer uso de la interrupción que le concedí. Porque si Su Señoría se referirá a la misma materia. . .

El señor CARMONA.-

Exactamente, señor Senador.

El señor MONTES.-

Entonces continuaré mis observaciones.

¿Cuál es el problema de las estructuras académicas de Santiago? ¿Cuál es la verdad?

Quienes hayan leído la prensa de hace algunos meses -¡fíjense en esto, señores Senadores!- recordarán que la Izquierda en la Universidad de Chile postuló que Santiago fuera una sola sede, porque estimaba que así se promoverían las sedes que la Universidad mantiene en provincias y que era la forma de impedir el fraccionamiento de la Universidad en Santiago, la multiplicidad de gastos y la duplicación de ellos.

La posición de la Izquierda en esa oportunidad fue derrotada en un plebiscito. Y, por supuesto, aquélla respetó la opinión de la mayoría. Como consecuencia de esa decisión, Santiago debió dividirse en sedes; y, por acuerdo del mismo Consejo, que hoy se discute, quedó dividido en cuatro sedes.

En la segunda etapa, más adelante, correspondía fijar las estructuras internas de esas sedes; esto es, las facultades y departamentos que las constituirían.

Allí, en esa etapa del proceso, se produjo también, lógicamente, el enfrenta-miento ideológico entre las diversas tendencias existentes en la Universidad. A nuestro juicio, aquí se sacaron la careta quienes no habían sido jamás reformistas. Su propia posición, su propia alternativa presentada en los organismos de la reforma, lo señala: quisieron dejar todo igual, salvo algunas modificaciones tendientes a instaurar ciertos núcleos de poder destinados a "preservar a la Universidad del avance del marxismo".

Ya dijimos en una sesión anterior - cuando aquí se habló del pluralismo en la Universidad, o de una supuesta actitud de la Izquierda o de la Unidad Popular en la Universidad de Chile, tendiente a liquidar el pluralismo- que hasta no hace muchos años la Universidad era una especie de institución que, a puertas cerradas, resistía el embate de las nuevas corrientes del pensamiento humano, y agregamos que, en diversos sectores de la Universidad de Chile, quienes controlaban determinados feudos de esa casa de estudios superiores se oponían de manera muy terminante y categórica --librando una lucha a muerte, diría yo- a que se pudiera infiltrar -para usar la terminología que agrada a algunos señores Senadores

- la ideología marxista, el pensamiento de la época contemporánea.

Y hay algunos ejemplos. Desde ya, puedo señalar que la persecución al marxismo, y más propiamente al comunismo, en la Universidad hasta 1968 tiene algunas demostraciones.

Primero, en la Facultad de Ciencias Jurídicas un brillante alumno, Alvaro Bunster, fue impedido de optar a la carrera académica por sospecharse que profesaba esa ideología, y sólo logró incorporarse como profesor extraordinario luego de doctorarse en Italia en Derecho Penal con las más altas calificaciones.

Segundo, en 1968 fue expulsado por el decano Eugenio Velasco el profesor Alfredo Nazar -hecho que fue .público-, bajo la acusación de realizar proselitismo político entre los alumnos y de tener pensamiento marxista.

Tercero, el profesor de la Facultad de Ciencias Jurídicas don Jorge Iván Hübner, ex Diputado conservador, se mantiene, en cambio, en funciones, aun cuando en sus clases y en sus apuntes se desvirtúa la ideología marxista para atacarla. Porque es dable suponer que la interpretación del marxismo del señor Hübner no es la interpretación marxista. Nosotros advertimos que esto correspondía a una clara línea de acción antimarxista y anticomunista, no "explicitada", no voceada, pero practicada sistemáticamente. Y. a mi juicio, los hechos demuestran que precisamente en la Universidad de Chile se realizó esa acción que negaba de manera casi virulenta lo que hoy se denomina "pluralismo político", con el objeto de provocar, sobre la base del marxismo - ese gran fantasma que agitan como bandera los sectores reaccionarios, y no sólo los de este país, sino también los de más allá de sus fronteras-, espanto entre la gente inadvertida.

Siguiendo con la argumentación que estaba realizando respecto de las estructuras académicas de las sedes de Santiago, debo señalar que la Izquierda propuso una reestructuración total: agrupar los departamentos en facultades temáticas que abordaran grandes problemas de nuestro país y que la Universidad debe contribuir a solucionar. Tal es el caso de la Facultad de Silvoagropecuaria, que se crea en la Sede Sur, en los terrenos de Antumapu, fundo de la Universidad, y que coordinará la labor de todos los departamentos que cultiven los conocimientos relativos al agro, a la veterinaria, a lo pecuario, a la forestación. Tal es el caso de la Facultad de Ciencias de la Tierra y de la Tecnología e Ingeniería Química, que se crea en la Sede Poniente y que permitirá liberar a nuestro país de la dependencia técnica en la explotación de nuestras riquezas extractivas. Tal es el caso de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Económicas y Sociales -respecto de esta Facultad, la única variación ha consistido en introducir un término a su nombre: "Económicas"; y ahora se denomina "Facultad de Ciencias Jurídicas, Económicas y Sociales"-, que se estructura sobre la base de parte de la antigua Facultad de Ciencias Económicas y de la de Ciencias Jurídicas y Sociales, lo que permitirá -por lo menos, a juicio de la Unidad Popular, de la Izquierda Universitaria- ampliar el vuelo de nuestros abogados en estrecho contacto con las disciplinas afines.

Por lo tanto, lo que sucede en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales no es un fenómeno aislado. No se trata simplemente del cuestionamiento de la legalidad burguesa, que el Senador Bulnes confunde con el Estado de Derecho. Se trata de una línea completa de concepción de la Universidad que la Izquierda Universitaria ha dado a la publicidad y que se halla contenida en el documento que he pedido insertar en sesiones anteriores y para lo cual no ha existido acuerdo. En todo caso, ahora, como ese documento contiene el pensamiento de la Izquierda de la Universidad sobre el problema universitario, pido incluirlo en el texto de mi discurso de esta mañana. Entiendo que, si no hay quórum para votar, mi indicación, reglamentariamente, quedará pendiente hasta el Tiempo de Votaciones de la próxima sesión ordinaria.

El señor FERRANDO (Vicepresidente).-

Así es, señor Senador.

De todas maneras, si se reúne el quórum necesario, se votará la indicación de Su Señoría.

-El documento, cuya inserción se acuerda más adelante, es del siguiente tenor:

"La verdad de los acuerdos del Consejo Superior de la Universidad de Chile.

Objetivos generales de la Reforma Universitaria.

El proyecto de estructura de la Universidad de Chile presentado por los sectores de izquierda al Consejo Normativo Superior y aprobado por éste en su sesión del 20 de octubre es el producto de un largo proceso de estudio, análisis y luchas iniciado con la Reforma y aun antes cuando ésta se incubaba en los sectores más progresistas de la Universidad.

La concepción medular y directriz de la Reforma fue el crear una universidad que contribuyera desde su propia esfera de acción a cambiar profunda y radicalmente nuestra sociedad y fuera capaz de ejercer esta responsabilidad con sentido crítico y veracidad.

Una universidad participante en la lucha por la independencia económica, cultural y política de la nación.

Una universidad que, además de la capacitación profesional, formará estudiantes inmunes a mitos, conscientes de sus privilegios y en un sistema social que la universidad enjuicia y condena.

Criterios para-una reforma de la estructura.

Sobre la base de estas ideas matrices de la Reforma, elaboramos un conjunto de criterios que se expresarán luego en un proyecto concreto de estructura académica. Ellos son:

a) La identificación de áreas específicas de acción en el ámbito nacional que origina agrupaciones académicas, como contrapartida a la agrupación basada exclusivamente en programas de enseñanza profesional. De este modo se crea una conexión natural y orgánica entre las demandas del país en salud, problemas socioeconómicos, tecnológicas, etc., y los organismos universitarios responsables de dar una respuesta eficaz a ellas. El desarrollo de la universidad estará así fuertemente condicionado por nuestra propia problemática nacional, sin que ello signifique perder el estímulo intrínseco propio de la institución. Basados en estas ideas, propusimos la creación de facultades de la Salud, Silvo-Agropecuarias, etc.

b) El reconocimiento a la importancia de la investigación científica y tecnológica en todas sus formas como promotoras de cultura, desmitificación e independencia y la convicción de que la separación de las ciencias ha sido un subproducto de los programas de estudio de la universidad profesionalizante, nos han movido a proponer la creación de facultades de Ciencias o sus núcleos de origen en todas las sedes de Santiago.

c) La responsabilidad de dar una formación cabal al estudiante y el propósito de estimular las vinculaciones interdisciplinarias, nos hicieron promover la presencia, desde ahora, de la mayor diversidad posible de áreas del conocimiento en cada una de las sedes. Cuando ello no fue posible por insuficiencia de recursos humanos se dejó claramente señalado el propósito de desarrollo futuro, creando organismos en formación.

d) Como criterio general debemos agregar también el de cautelar la integración eficaz de estructuras hasta ahora separadas por razones profesionales.

Con este objeto propusimos procedimientos que conducen a una fusión a la cual se llega luego de una etapa de integración gradual, dirigida y propuesta por las propias comunidades comprometidas. Este es el caso de las facultades de Ciencias en la Sede Oriente y las de Odontología y Medicina en la Sede Norte.

Estos fueron y son los fundamentos de nuestra proposición de estructura para la Universidad de Chile, que el Consejo Normativo Superior aprobó por una clara mayoría de 56 contra 42 votos y que ha quedado consagrada en el decreto número 14.606, de fecha 22 de octubre de 1971, de la Rectoría universitaria.

Frente a este triunfo de toda una concepción reformista de la Universidad, se han levantado unidos ahora públicamente 'os leales antirreformistas de la derecha más tradicional junto a los ex reformistas verbalistas que se atrevieron a aceptar la democratización, pero que hoy reniegan de sus resultados.

Plenamente identificados en sus acciones sediciosas y en sus cauces publicitarios (El Mercurio, PEC, Tribuna, La Prensa, SEPA, etc.) pretenden regresar al pasado renegando no sólo de las nuevas estructuras aprobadas, sino denunciando como inadecuado el sistema democrático y por ende la legalidad reformista que los originó.

El proyecto presentado por esos sectores no reconocía como fuente inspiradora la Reforma Universitaria, ya que prendió perpetuar las estructuras tradicionales de la universidad que estaban vigentes desde hace varios decenios.

Es natural y explicable, entonces, que un proyecto tan conservador fuera casi perfecto en sus detalles técnicos, tan perfecto como puede serlo una copia del pasado, cualidad que ha merecido la admiración de algunos académicos que detenidos en lo formal no advierten la carencia absoluta de contenido reformista y, por ende, el carácter retrógrado del proyecto por cuya defensa desesperada, aunque ya tardía, se unen los sectores más retardatarios de la política nacional.

En cambio, el proyecto de la izquierda no sólo reemplaza a viejas estructuras, sino introduce además una conexión dinámica que se expresa en organismos, en formación, integración paulatina de facultades, etc. Estas características del proyecto reformista exigían enfrentar situaciones complejas, nacidas de las nuevas asociaciones que se proyectaba crear, lo cual imponía una modalidad de consulta basada en discusiones entre grupos diferentes, encontrase a la encuesta separada a grupos locales.

La Reforma de las viejas estructuras exigía una visión de conjunto de la Universidad y de sus relaciones con el acelerado proceso de transformación social que vive el país.

Es por todo ello que propusimos y acordamos en el Consejo Normativo Superior promover discusiones abiertas y amplias con encuentros entre diferentes sectores de la comunidad. Se nos criticó por esta modalidad de consulta que para la derecha en su inmovilismo tradicional aparecía como una simple postergación de algo ya resuelto.

La nueva estructura de la Universidad de Chile es pues la resultante de un largo proceso de reforma y como tal lo concebimos permanente. No dudamos de que la experiencia que se vivirá en los próximos meses nos señalará las modificaciones que habrá que introducir, especialmente si se verifican traslados de académicos.

La estructura acordada es la siguiente:

Crea Sedes, Facultades y Departamentos de la Universidad de Chile.

Santiago, 22 de octubre de 1971.

Decreto Nº 14.606.

Con esta fecha la Rectoría de la Universidad ha expedido el siguiente decreto:

Vistos:

Lo dispuesto en los artículos 38, letra c), y 40, letra b), permanentes, y en el inciso segundo del artículo 1º y en el artículo 4?, ambos transitorios del Estatuto Orgánico de la Universidad, aprobado por decreto con fuerza de ley Nº 1, de 1971, y lo acordado por el Consejo Normativo Superior en sesión de 3 de septiembre de 1971,

Decreto:

1.- Créanse las siguientes Sedes de la Universidad de Chile:

Sede de Arica.

Sede de Iquique.

Sede de Antofagasta.

Sede de La Serena.

Sede de Valparaíso.

Sede Santiago Norte.

Sede Santiago Sur.

Sede Santiago Oriente.

Sede Santiago Poniente.

Sede de Talca.

Sede de Ñuble.

Sede de Temuco.

Sede de Osorno.

2.- Las Sedes de Santiago Norte, Santiago Sur y Santiago Poniente y la Sede de Valparaíso se crean con estructuras de Facultades, de Departamentos adscritos a Facultades y de departamentos adscritos a las Sedes.

La Sede de Santiago Oriente se crea con estructuras de Facultades y de Departamentos adscritos sólo a ellas y no a la Sede.

Las Sedes de Arica, Iquique, Antofagasta, La Serena, Talca, Ñuble, Temuco y Osorno se crean con sólo estructuras de Departamentos adscritos a las Sedes.

3.- Las estructuras que se crean de las Sedes que se señalan en los números precedentes, son las siguientes:

Sede de Arica.

Departamento de Educación.

Departamento de Ciencias Naturales.

Departamento de Matemáticas.

Departamento de Artes.

Departamento de Lenguas y Literatura.

Departamento de Ciencias Sociales.

Sede de Iquique.

Departamento de Artes y Letras.

Departamento de Ciencias Naturales.

Departamento de Matemáticas.

Departamento de Ciencias Sociales.

Sede de Antofagasta.

Departamento de Artes.

Departamento de Biología.

Departamento de Ciencias de la Salud.

Departamento de Matemáticas.

Departamento de Educación.

Departamento de Química, Física y Oceanología.

Departamento de Idiomas (en desarrollo).

Departamento de Ciencias Sociales.

Sede de La Serena.

Departamento de Ciencias Biológicas.

Departamento de Matemáticas y Física.

Departamento de Química.

Departamento de Artes y Letras.

Departamento de Ciencias Sociales.

Departamento de Música y Artes Escénicas.

Sede de Valparaíso.

Facultad de Arte y Tecnología.

Facultad de Ciencias Sociales.

Facultad de Ciencias de la Salud.

Facultad de Humanidades.

Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas.

Departamento de Sede.

Departamento de Oceanología.

Sede Santiago Norte Facultad de Ciencias Jurídicas, Económicas y Sociales.

Departamento de Política y Acción Social.

Departamento de Ciencia y Derecho Político.

Departamento de Ciencias de la Administración y Derecho Administrativo.

Departamento de Gestión y Organización Estatal.

Departamento de Estudios Estadísticos y Matemáticos.

Departamento de Economía y Planificación.

Departamento de Estudio Socio-Económicos.

Departamento de Teoría General del Derecho.

Departamento de Derecho Privado y Derecho Económico, e Instituto de Estudios Internacionales, que se crea en las condiciones del artículo 12 del Estatuto Orgánico de la Universidad.

Facultad de Medicina.

Departamento de Morfología.

Departamento de Fisiología y Biofísica.

Departamento de Biología y Genética.

Departamento de Microbiología y Parasitología.

Departamento de Bioquímica.

Departamento de Medicina Experimental (Fisiopatología, Farmacología y Patología).

Departamento de Psiquiatría y Salud Mental.

Departamento de Pediatría.

Departamento de Medicina.

Departamento de Cirugía.

Departamento de Obstetricia y Ginecología.

Departamento de Especialidades.

Departamento de Enfermería.

Departamento de Salud Pública y Medicina Social.

Departamento de, Medicina Legal.

Departamento de Anestesiología y Reanimación.

Departamento de Nutrición y Dietética.

Facultad de Odontología.

Departamento de Odontología Restauradora.

Departamento de Odonto Pediatría y Ortodoncia.

Departamento de Patología Oral.

Departamento de Cirugía y Traumatología Maxilo Facial.

Departamento de Odontología Experimental.

Las facultades 'de Medicina y de Odontología de la Sede de Santiago Norte se mantienen transitoriamente independientes, pero tendrán un plazo de seis meses para elaborar planes de integración programática y/o administrativas en las áreas que les competen con respecto a una eventual Facultad de Ciencias de la Salud. Estos planes deberán ser presentados al Consejo Normativo Superior, el cual finalmente resolverá en función de tales planes.

Con el propósito recién señalado deberá constituirse una comisión paritaria de ambas Facultades.

Facultad de Ciencias y Artes Musicales y Escénicas.

Departamento de Música. Departamento de Danza. Departamento de Teatro. Departamento de Cine.

Facultad de Arquitectura y Urbanismo.

Departamento de Diseño Arquitectónico y Ambiental.

Departamento de Tecnología Arquitectónica y Ambiental.

Departamento de Matemáticas y Estructuras Arquitectónicas.

Departamento de Estudios y Planificación Urbana y Regional.

Facultad de Ciencias y Tecnología Química.

Departamento de Biología.

Departamento de Química Biológica.

Departamento de Química Orgánica.

Departamento de Química Inorgánica y Analítica.

Departamento de Química Farmacológica.

Departamento de Química y Tecnología de Alimentos.

Departamento de Ciencia y Tecnología Farmacéutica.

Departamento de Físico-Química, Física y Matemáticas.

Servicio de Investigaciones y Ensayos Farmatológicos, que se crea en las condiciones del artículo 12 del Estatuto Orgánico de la Universidad.

Facultad de Bellas Artes.

Departamento de Artes Ambientales y del Objeto.

Departamento de Plástica.

Departamento de Gráfica y Comunicación Visual.

Departamento de Sede.

Departamento de Filosofía.

Sede Santiago-Sur.

Facultad Silvo-Agropecuaria.

Departamento de Producción Pecuaria.

Departamento de Producción Agrícola.

Departamento de Producción Forestal.

Departamento de Sanidad Animal.

Facultad de Medicina Centro-Sur.

Departamento de Medicina Experimental.

Departamento de Enfermería.

Departamento de Clínicas.

Departamento MaternoInfantil.

Departamento Médico-Quirúrgico.

Departamento de Ciencias Bío-Médicas.

Departamento de Psiquiatría y Salud Mental.

Departamento de Salud Pública y Medicina Social.

Departamentos de Sede.

Departamento de Ciencias Económicas y Sociales.

Departamento de Ciencias Naturales y Exactas.

Departamento de Ciencias Químicas y Fisiológicas.

Departamento de Nutrición y Tecnología de Alimentos.

Sede Santiago-Oriente.

Facultad de Bellas Artes.

Departamento de Plástica Básica.

Departamento de Teoría y Enseñanza ¡del Arte.

Departamento de Tecnología del Arte.

Departamento de Arte Público y Ornamental.

Facultad de Medicina Oriente.

Departamento de Medicina Experimental.

Departamento de Medicina Interna.

Departamento de Cirugía.

Departamento de Pediatría.

Departamento de Obtetricia y Ginecología.

Departamento de Neurocirugía e Investigaciones Cerebrales.

Departamento de Psiquiatría y Salud Mental.

Departamento de Kinesiología. Facultad de Educación.

Departamento de Educación.

Departamento de Educación Pre-Escolar.

Departamento de Educación Física, Deportes y Recreación.

Departamento de Educación de Impedidos y Liceo Manuel de Salas, que se crea en las condiciones del artículo 12 del Estatuto Orgánico de la Universidad.

Facultad de Filosofía y Letras.

Departamento de Filosofía.

Departamento de Bibliotecología y Documentación.

Departamento de Español.

Departamento de Filología y Lingüística.

Departamento de Idiomas Modernos.

Departamento de Literatura de Idiomas Extranjeros.

Facultad de Ciencias Sociales y Psicológicas.

Departamento de Sociología.

Departamento de Psicología.

Departamento de Historia.

Departamento de Ciencias y Técnicas de la Comunicación.

Departamento de Antropología y Arqueología.

Departamento de Geografía.

Departamento de Economía (en desarrollo).

Facultad de Ciencias.

Departamento de Matemáticas. Departamento de Física. Departamento de Química. Departamento de Biología.

Facilitad de Ciencias Naturales y Matemáticas.

(Departamentos científicos de Ex Facultad de Filosofía y Educación).

Departamentos de Matemáticas.

Departamento de Física.

Departamento de Química.

Departamento de Biología.

La existencia de dos Facultades de Ciencias sólo tendrá el carácter de provisoria. Apenas se hayan instalado los dos Consejos Normativos, se procederá a constituir una Comisión Paritaria que, en un plazo no mayor de tres meses, deberá presentar los planes para su integración. Sin perjuicio de lo anterior, desde ya, se formarán comisiones paritarias de los Departamentos homónimos para planificar su integración.

Sede Santiago-Poniente.

Facultad de Medicina.

Departamento de Medicina y Preclínicas.

Departamento de Cirugía.

Departamento de Pediatría.

Departamento de Obstetricia y Ginecología.

Departamento de Especialidades Médicas.

Facilitad de Ciencias Administrativas y Económicas.

Departamento de Administración.

Departamento de Contabilidad y Auditoría.

Departamento de Economía.

Departamento de Relaciones del Trabajo y Desarrollo Organizacional.

Facultad de Ciencias.

Departamento de Matemáticas. Departamento de Física.

Departamento de Química (excluyendo Ingeniería Química).

Departamento de Astronomía.

Facultad de Ingeniería.

Departamento de Electricidad.

Departamento de Mecánica.

Departamento de Obras Civiles.

Departamento de Ciencias de los Materiales.

Departamento de Diseño Industrial.

Centro de Geodesia, que se crea en las condiciones del artículo 12 del Estatuto Orgánico de la Universidad, y

Departamento de Industrias.

Facultad de Ciencias de la Tierra, Ingeniería Química y de Minas.

Departamento de Geología. Departamento de Geofísica.

Departamento de Minas.

Departamento de Ingeniería Química.

Departamento de Sede.

Departamento de Estudios Humanísticos.

Sede de Talca.

Departamento de Educación e Idiomas.

Departamento de Ciencias Sociales y Administrativas.

Departamento de Ciencias Naturales y Matemáticas.

Departamento de Ciencias de la Salud.

Departamento de Ciencias Agropecuarias.

Departamento de Arte y Tecnología.

Sede de Ñuble.

Departamento de Ciencias Sociales.

Departamento de Artes y Letras.

Departamento de Educación.

Departamento de Tecnología.

Departamento de Ciencias Biológicas y de Salud.

Departamento de Ciencias Exactas (en desarrollo).

Sede de Temuco.

Departamento de Arte.

Departamento de Ciencias de la Salud.

Departamento de Ciencias Naturales, Matemáticas y Agropecuarias.

Departamento de Ciencias Sociales, Jurídicas y Administrativas.

Departamento de Educación y Psicología.

Departamento de Idiomas.

Departamento de Matemáticas y Ciencias Naturales.

Departamento de Ciencias Sociales.

Departamento de Humanidades y Artes.

4.-De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 38, número del Estatuto Orgánico, los acuerdos anteriores fueron adoptados con el voto conforme de más de la mitad de los miembros del Consejo.

Tómese razón y comuníquese.- (Fdo.): Edgardo Boeninger K., Rector.-Raúl Bitrán N., Secretario General.

Lo que comunico a usted para su conocimiento.

Saluda a usted,

(Fdo.) : Eduardo Bahamonde, Sub-Jefe.

Comentarios sobre acuerdo: Facultades que se integran.

Resulta evidente de la lectura del Decreto que las Facultades de Ciencias de la zona oriente deberán integrar paulatinamente sus actividades para llegar en el plazo de un año a fundirse en uno solo.

Un procedimiento parecido aunque con plazo y obligaciones diferentes, como se aplica a las Facultades de Medicina y Odontología. Comisiones paritarias de ambos organismos deben proponer en un plazo de seis meses un programa de integración.

La ejecución y resultado concreto de este programa serán los antecedentes que permitirán al Consejo resolver, en un plazo no estipulado en el acuerdo, la eventual creación de una Facultad de la Salud.

Muy diferente es la situación de la Facultad de Medicina Veterinaria y Agronomía, que desde los orígenes de la Reforma realizaron serios intentos de fusión y cuyas esferas de acción social exigen una pronta y estrecha vinculación en la formación de profesionales y en las tareas de investigación.

Finalmente, y teniendo como meta la integración de disciplinas que enfrentan un campo definido de la problemática social en estrecha coordinación, hemos votado por ampliar la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, con cuatro Departamentos provenientes de la antigua Facultad de Economía.

Hemos completado así una base sólida para afincar el derecho en una realidad socio-económica, que vive transformaciones profundas en reemplazo de la concepción de una juridicidad conectada a esquemas sociales superados, extraños o simplemente metafísicos.

Facultades que se crean por división.

En la Sede Oriente se divide la Facultad de Filosofía y de Educación, dando origen a cuatro facultades cuyas finalidades van en coherencia a los grupos que la integran en reemplazo de una estructura demasiado grande y con objetivos diversos.

Con criterio similar se acordó dividir la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas en tres nuevos organismos, Uno de ellos se constituye como Departamento que aborda la investigación de la tierra y las tecnologías necesarias para su explotación. En esta forma se integran disciplinas que habían permanecido separadas bajo la primacía de intereses profesionalizantes, pero que se unifican ante problemas de naturaleza científico-tecnológicos que plantea el país y que son comunes.

La división de la Facultad de Ciencias Económicas genera un grupo de administración que en la Sede Poniente constituye una Facultad con ese nombre y otro grupo de Economía que se incorpora a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales que agrega la palabra Económicas a su nombre antiguo.

Facultades de Ciencias.

Emana también de nuestro proyecto ya aprobado, el propósito de crear Facultades de Ciencias. Naturales y exactas en cada una de las Sedes.

Para nosotros la Facultad de Ciencias y Tecnologías Químicas representa el punto de partida de una Facultad de ese tipo, más amplia en cuanto a la disciplina que ahora abarca y por ello se crearon Departamentos de Biología y uno de Físico-Química, Matemáticas y Física que constituyen los núcleos' de los cuales deben surgir en número mayor especialistas en esos campos, otorgando así la necesaria interrelación de disciplinas científicas como la Química y la Física, cuyas fronteras, son difíciles de precisar.

Por esta razón que no estimamos conveniente crear allí Departamentos de Sede, ya que a nuestro juicio, en la Sede Norte existen los recursos humanos requeridos para formar una Facultad de Ciencias.

Nos referimos a algunos de los académicos que trabajan en los Departamentos Básicos de Medicina y Odontología que sienten la necesidad de relacionar sus actividades con la Química, Física y Matemáticas, más estrechamente que con las Ciencias de la Salud. Estos académicos podrán lograr este objetivo integrándose en el futuro al Departamento de Biología de la recién creada Facultad de Ciencias y Tecnologías Químicas, avanzando así en la consolidación de una Facultad de Ciencias completa.

Por otra parte, hay académicos de los Departamentos Básicos que desean seguir vinculados a las disciplinas médicas, para lo cual consideramos necesario mantener los departamentos básicos propios de una Facultad de Medicina o de la Salud según sea la decisión futura del Consejo Normativo Superior sobre esta materia.

En el intertanto parece también necesario que los odontólogos que trabajan en los Departamentos Básicos de Medicina continúen haciéndolo en los mismos sitios, aunque pudiera ser aconsejable crear al menos un Departamento de Biología en la actual Facultad de Odontología en el cual ejerzan sus derechos políticos y coordinen sus actividades.

El programa de integración académica, que según la decisión del Consejo Normativo Superior, debe ser elaborado y entregado en un plazo de seis meses deberá contener una solución formal a este problema que en sus aspectos de fondo está resuelto, pues los odontólogos y médicos han alcanzado un buen nivel de integración justamente en las disciplinas básicas.

Se crea igualmente una Facultad de Ciencias en el área poniente en base a algunos Departamentos de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas.

Sin perjuicio de su complementación futura esta Facultad posee un énfasis inicial en lo físico y matemático, así como la Facultad de Ciencias y Tecnologías Químicas no posee inicialmente y como la señala su apellido en la clínica.

Por último, se crean Departamentos de Sede en el área sur, que en un plazo aún no determinado deben dar origen a una Facultad de Ciencias.

Comentarios finales.

Una desatada y falaz campaña publicitaria ha pretendido confundir a la opinión pública y a la comunidad universitaria sobre los verdaderos alcances del acuerdo del Consejo Normativo Superior.

Los sectores conservadores de la Universidad y sus portavoces en el campo político han demostrado con su actitud que no aceptan una Universidad participante en la lucha por la transformación social.

Resulta más conveniente para sus intereses de clases importar cultura, tecnología y ciencias, para mantener un estado de colonización económica, política y cultural, que desarrollar una Universidad que aborde decididamente una tarea creativa, de sentido nacional.

Rechazan la integración de las disciplinas que estudian las normas a aplicar en el país con aquellas que exploran su realidad. Para ellos el delito tiene un origen metafísico o radica en la perversidad congénita de algunos hombres. Las normas son inamovibles, aunque el tiempo transcurre y la sociedad se transforme.

Defienden una juridicidad no contaminada con la miseria ni la explotación y en esta noble tarea esencialmente apolítica se destacan don Máximo Pacheco y don Pablo Rodríguez en mutua comprensión académica y plena identificación espiritual.

Es aquí en las Ciencias del Derecho donde se concentran los más desesperados reclamos de la derecha nueva y tradicional.

Se descubre, sin embargo, la falacia de quienes claman por la defensa del Estado de Derecho en el país mientras desconocen resoluciones adoptadas conforme a derecho en la Universidad.

Los celosos defensores de la ley se transforman así en sus impugnadores cuando sus intereses políticos y de clases son vulnerados.

Hoy se ve cómo la Reforma de 1968 llega a una etapa en que los simuladores no pueden mantener por más tiempo sus posturas seudoprogresistas.

Estamos muy tranquilos y conscientes-de que no en vano han transcurrido estos tres años de cambios universitarios y sociales.

Izquierda Universitaria."

El señor MONTES.-

Al iniciar su intervención, el Senador Carmona expresó que se ha suprimido la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile y que se ha creado en su reemplazo una de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales. Y agrega más adelante que el Estatuto Universitario, aprobado por la comunidad universitaria y los Poderes Públicos -Legislativo y Ejecutivo-, con carácter de ley, estableció que "las decisiones tuvieran el consenso de esa comunidad" -la comunidad universitaria- "para que pudieran estar revestidas de la legitimidad suficiente".

Haciendo referencia al Tribunal Constitucional, en otra parte de su intervención, Su Señoría señala que es un verdadero sarcasmo indicar como requisito para integrarlo a uno de sus miembros haber sido diez años titular de una cátedra universitaria de Derecho Constitucional o Administrativo en algunas de las escuelas de Derecho del país.

Corno lo demostraré, entra en una verdadera confusión entre lo que es una cátedra, lo que es una escuela y lo que es una facultad, confusión que aumenta en la larga descripción que realiza del proceso de reforma llevado a cabo en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales hoy, según el señor Senador, suprimida.

¿Cuál es la realidad de los hechos? Es bueno que no sólo la comunidad universitaria lo sepa, sino también toda la comunidad nacional, y que se enteren las mismas personas que hoy, en el seno del Parlamento, se hacen eco de la campaña de falsedades que la Derecha desata en la Universidad.

Solicito insertar en el texto de mi discurso la carta dada a la publicidad por don Enrique Silva Cimma relacionada con algunas acusaciones que se habrían formulado acerca de su actuación en el Consejo Normativo Superior.

Ruego al señor Presidente recabar el asentimiento de la Sala cuando haya quorum.

El señor FERRANDO (Vicepresidente).-

Así se procederá.

Le agradeceré al señor Senador hacer llegar a la Mesa el documento.

-El documento, cuya inserción se acuerda más adelante, es del siguiente tenor:

"Un imperativo de hombre que ha dedicado su vida al estudio del Derecho, pero que en su calidad de hombre de izquierda piensa que el Derecho debe necesariamente estar acorde con las concepciones sociales y económicas que determinan el cambio de los pueblos, me impone el deber de hacer esta declaración pública.

Ella no se explicaría si no fuera porque los cargos que he desempeñado en la vida pública y los que tengo el honor de desempeñar me inducen a dar a conocer mi pensamiento frente a lo que se ha dado en llamar el término de los estudios del Derecho en la Universidad de Chile y la eliminación de la juricidad en el país, como consecuencia del reciente acuerdo adoptado por el Consejo Normativo Superior de la Corporación, que determinó la composición de las sedes universitarias.

Nada es más irracional que esta afirmación y, por cierto, no me prestaría jamás a una circunstancia de tal naturaleza. Toda una vida abona esta declaración.

Quiero, pues, precisar las cosas.

1.- Sostengo que en torno al problema del establecimiento de sedes en la Universidad de Chile y en particular en lo concerniente al área jurídica, se está haciendo un indigno aprovechamiento político, al cual cierta prensa se está prestando con fines inconfesables.

2.- Sostengo que el conflicto que ha culminado aparentemente con la toma de la Escuela de Derecho fue premeditado y resulta inconcebible, si se piensa que participan en ella no sólo alumnos, como ha sido habitual en los últimos tiempos, sino que profesores que justamente por autoprocla-marse defensores de la legalidad están cayendo en la más grande de las incongruencias al recurrir a este medio ilícito de protesta.

3.- Cuál ha sido mi intervención en este problema:

a) No participé ni fui consultado sobre la llamada "moción B" presentada por un grupo de señores consejeros que proponían dar una nueva ordenación a los estudios de Derecho enriqueciendo su contenido con el aporte de otras disciplinas.

Tampoco participé por cierto en la denominada fórmula o "moción "A" que tiene por meta transformar a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, en una mera Facultad de Ciencias Jurídicas, quitándole a la actual Facultad gran parte de su contenido, criterio que desde luego no comparto.

b) Tan pronto tuve conocimiento de esas iniciativas me apresuré a expresar mi pensamiento a quienes propugnaban la fórmula o "moción "B", porque con ese grupo de Consejeros hemos mantenido coincidencia general de línea y acción dentro de la Universidad. Fruto de mis observaciones fue que la fórmula primitiva se modificara, desde luego, configurando el nombre de Facultad de Ciencias Jurídicas, Económicas y Sociales, y agregando o estableciendo dentro del contenido de ella el Departamento de Ciencias Penales y Criminología que aparecía injustificadamente suprimido.

Además, se modificaba no sólo el nombre, sino también el contenido de los primitivos Departamentos de Política y Acción Social y de Ciencias y Derecho Político a fin de que pudieran abarcar precisamente el estudio de disciplinas jurídicas que eventualmente aparecían como omitidas.

c) Posteriormente, el martes 19 al anochecer, al darme cuenta cabal de que estaba por generarse un conflicto inminente en la Facultad que todo aconsejaba evitar, me reuní con los personeros universitarios más destacados que patrocinaban dicha moción de cambios y les hice presente todas mis argumentaciones tendientes a demostrarles que ninguna razón, por muy valerosa que fuera, aconsejaba permitir que se diera pie a sostener que se estaba procurando terminar con la enseñanza del Derecho en Chile y que, claramente la iniciativa que comento estaba prestándose para sostener tal infundada campaña de informaciones.

Tuve la satisfacción de ser oído y comprendido y se aprobó entonces por unanimidad la sugerencia que formulara en el sentido de proponer la creación de una Facultad de Ciencias Jurídicas, Económicas y Sociales que contendría a todos, absolutamente a todos los Departamentos que existen en la actual Facultad, y agregando además en ella a cuatro Departamentos vinculados con las Ciencias Económicas.

La consistencia de esta proposición no podía ser discutida, salvo para quienes pretendan analizarla con propósitos menguados.

Ella fue aceptada, repito, unánimemente por todos los representantes académicos que asistían a dicha reunión y que habían prohijado la primitiva "moción "B".

Aún más, consultados personalmente por" mí esa misma noche los más destacados personeros de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, entre ellos su Decano don Eugenio Velasco y su secretario de Estudios don Máximo Pacheco, que como hombre de bien no pueden desmentirme, también prestaron su asentimiento.

Razones para mí no claramente precisadas, pero que incidirían en que un representante de la tesis contraria, vale decir, de la llamada "moción "A", habría expresado que no estaban dispuestos a lograr una solución armónica en la materia, habrían motivado que tal moción de reemplazo no llegara a presentarse a la Mesa que presidía la sesión del Consejo Normativo.

Pero no culminó aquí mi intervención. Cuando me di cuenta, por las informaciones que la Mesa proporcionaba a la Sala,

de que iba a ponerse en votación la primitiva "moción "B" y no esa última de la cual yo era autor, y que, como queda dicho, permitiría solucionar el conflicto que yo veía como inminente, y habiendo sido informado por un dirigente estudiantil de la Escuela de Derecho de que en ese instante, aproximadamente a las 10 de la noche, grupos estudiantiles proclives a quienes sustentaban la posición "A" se habían tomado el establecimiento -como puede verse, antes de la resolución del Consejo- pedí la palabra y autorizado por los autores de la primitiva proposición "B", procedí a pedir su reemplazo por la ya indicada.

No quiero calificar la conducta de la autoridad que, presidiendo esa sesión, procedió a rechazar que mi indicación fuera admitida a votación.

Ante mi insistencia, sostuvo que para hacerlo se requería el asentimiento unánime de la Sala, el que lamentablemente no se produjo.

Aún más, un señor Consejero de izquierda, don Víctor Barberis, insistió en la necesidad de que se sometiera a votación la indicación presentada por mí, lo que tampoco fue aceptado.

Hablé entonces con el Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, señor Velasco, presente en la reunión, y le pedí que hiciera valer sus buenos oficios ante quien presidía la reunión para que no perseverara en su actitud. Dicho señor Decano fracasó también en su intento.

d) Quiero hacer presente todavía que hasta ese instante se habían aceptado diversas modificaciones a las proposiciones primitivas, entre otras, una formulada verbalmente a la moción "A" tendiente a cambiar el nombre a la Facultad de Ciencias Jurídicas con que primitivamente aparecía formulada, por el de Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas.

Esta explicación basta para demostrar lo incomprensible de aquella negativa que, obviamente, no se estaba fundamentando por la comisión política universitaria ni mucho menos en el deseo de concurrir a la solución de un conflicto que, si es que no se conocía en ese instante, podía verse como inminente por parte de quien insistía en tal negativa.

e) Ante estos hechos hice uso de la palabra para fundamentar mi voto expresando, por cierto en forma muy sucinta, las circunstancias que he reseñado. Claramente no podía dejar de votar porque no era el caso de eludir responsabilidades optando por el cómodo camino de abstenerse.

Tampoco podía hacerlo por la proposición "A" porque como lo sostuve, ella indicaba un retroceso de muchos años en la concepción ya enraizada en la mente de los juristas que sostenemos que el Derecho debe ser un instrumento eficaz de cambios y que no puede convertirse jamás en mudo soportante de viejas estructuras.

Voté entonces por la proposición "B", dejando constancia que abrigaba la esperanza de que en un futuro muy cercano ella fuera perfeccionada en la forma que he dejado expuesta.

Juzgue la opinión pública .quiénes son los responsables del conflicto que se ha producido y cuáles son los móviles que los han inducido a provocarlo.

Mientras tanto, tengo la tranquilidad de conciencia suficiente para sostener no sólo la integridad de mi actuación, sino que también la convicción de que jamás nadie ha pretendido poner término por esta vía al régimen de juricidad. Pero bien entendida que sea más justo para la inmensidad, juricidad a tono con un sistema de mayoría de la colectividad chilena.

Dejo en claro que no volveré sobre el particular."

El señor MONTES.-

Señor Presidente, la reforma universitaria, plasmada en el Estatuto Universitario aprobado por la comunidad de la Universidad de Chile, estableció sólo las siguientes estructura:', académicas: los Departamentos, que, según lo define el artículo 9º del Estatuto, "son las unidades académicas básicas de la estructura universitaria encargada de proyectar, orientar, organizar, realizar y evaluar integradamente la investigación científica y tecnológica, la expresión o creación artística, la docencia y la extensión universitaria en el campo de la cultura que el Consejo Normativo Superior haya situado en el ámbito de su responsabilidad" ; las Facultades, que, de acuerdo con el artículo 10 del mismo Estatuto, "son organismos de gobierno encargados de desarrollar una tarea permanente en un campo cultural mayor que el propio de los Departamentos", y que "están constituidas por Departamentos cuya actividad está orientada a objetivos comunes, análogos o complementarios y que, por disposición del Consejo Superior, se agrupan para coordinar sus actividades académicas y administrativas" ; y, finalmente, las Sedes, que, en conformidad al artículo 11, son "las unidades mayores de la Universidad", y que están compuestas por departamentos asociados o no en facultades y se vinculan directamente con el gobierno central de la Universidad.

Como puede observarse, la estructura de las escuelas no existe en el nuevo Estatuto, y ello por una razón de bastante peso; la reforma universitaria decidió terminar con estas estructuras, porque constituían, al igual que las antiguas facultades, compartimientos estancos que impedían la relación de una carrera con otra y el común aprovechamiento de los elementos humanos y materiales de la Universidad para la formación de estudiantes de más de una carrera o para el desarrollo conjunto de las tareas de docencia, investigación y extensión que, hasta 1968, se desarrollaban en forma separada, con toda la irracionalidad que ello implica.

El concepto de "Escuela", señores Senadores, se batió en retirada de la Universidad hace ya tres años, y la Escuela de Derecho, por decisión de la propia Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales y del Consejo Superior Provisional, desapareció hace ya diez meses, legalmente, conservándose de ella sólo el cascarón administrativo desde junio del año pasado hasta diciembre de 1971, porque esa Facultad, respecto de la cual hoy se dice que ha desaparecido, a mediados de 1970, como lo reconoce el propio SenadorCarmona, se departamentalizó, dando con ello el primer paso hacia una futura y más perfecta reforma.

Porque fue suprimida la Escuela de Derecho, ¿desapareció la carrera de Derecho, el curriculum para la formación de los abogados? No. El ha seguido impartiéndose integrado a los departamentos de la Facultad, al igual que las carreras de Servicio Social y de Ciencias Políticas y Administrativas, que correspondían a las otras dos escuelas de la misma facultad, pero que los señores Senadores que han participado en este debate ignoran, pues, con seguridad, para ellos no tiene importancia que esas carreras, que consideran, probablemente, subalternas, "se tiñan de marxismo".

Cabe preguntarse por qué no se elevaron esas voces en el momento en que efectivamente se suprimió la Escuela de Derecho, durante el Gobierno del señor Frei, y en cambio lo hacen ahora cuando ella sólo ha sido modificada. No se ha suprimido la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. La carrera de Derecho no se ha eliminado. La Escuela de ¡Derecho se suprimió hace más de un año, pero la Facultad no lo ha sido, sino que se modificó de acuerdo con una línea de mayor racionalidad. Todo lo que se diga en contrario es mistificación, intención manifiesta de provocar desorientación mediante la conocida argucia de falsear los hechos. En otras palabras, se miente.

Pero los Honorables señores Bulnes y Carmona insistieron en que la consulta debe hacerse a la comunidad afectada -y en esta oportunidad ampliaré mi respuesta a las observaciones del primero de los nombrados-, según los términos de la letra c) del artículo 38, que dice: "Correspondo al Consejo Normativo Superior: c) Acordar por propia iniciativa, o a proposición de las Sedes, la creación, supresión, fusión o reorganización de las Sedes, Facultades y Departamentos, previa consulta a la comunidad universitaria afectada, y garantizando estabilidad funcionaría de los miembros de dicha comunidad."

Tales consultas se hicieron, aunque hoy se pretenden negar.

El señor BULNES SANFUENTES.-

Se hicieron, pero no se acataron.

El señor MONTES.-

Se hicieron respecto de todos los acuerdos que adoptó el Consejo, e inclusive hubo unanimidad al respecto.

Una comisión especial se entrevistó con todos los organismos representativos. Con todos ellos. Sin embargo, hoy sólo se cuestiona que respecto de determinadas Facultades no se haya hecho un plebiscito.

El Estatuto no habla de la forma en que esa consulta debe hacerse, y la unanimidad del Consejo estuvo de acuerdo en que no se trataba de plebiscitos y que el Consejo Normativo Superior no tenía atribuciones para llamar a plebiscitos parciales. Pero hoy se cuestiona el hecho de que la consulta a que se refiere la letra c) del artículo 38 no haya revestido esa forma. Y, por sobre todo, se destaca el hecho de que no se haya respetado el resultado de ciertos plebiscitos a que llamaron las autoridades antirreformistas de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, más propiamente, de la carrera de Derecho, y de la Facultad de Ciencias Pecuarias y Medicina Veterinaria.

Lo cierto es que las comunidades de esas Facultades reaccionaron totalmente en contra de los plebiscitos, y lo demuestran las cifras de abstención que en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales -que tanto preocupa a los defensores del Estado de Derecho, sinónimo para ellos de la legalidad burguesa-, fueron las siguientes: en académicos, 67% de abstención; en estudiantes, 81,6%, y en no académicos, 62% de abstención.

El señor Carmona desvirtúa los resultados. Sólo se refiere -y con inexactitud- a los producidos en la carrera de Derecho, e ignora -porque le conviene- que la comunidad afectada incluye también a los académicos, no académicos y estudiantes de las carreras de Servicio Social y de Ciencias Políticas y Administrativas, las cuales, como ya se ha dicho, no les importan al parecer.

Los propios alumnos de la carrera de Derecho que militan en el presente y en el futuro, han rechazado esta fórmula. Y es a ellos a quienes hay que escuchar. Los tres centros de alumnos de esa Facultad se han pronunciado a favor de las tesis de la Izquierda y contra la toma del edificio que mantienen la Derecha democratacristiana, el Partido Nacional y Patria y Libertad, con Pablo Rodríguez al frente.

¿Cuál ha sido la respuesta de los ocupantes? ¡Entre otras linduras, han quemado los muebles, archivos y documentos de la sala del Centro de Alumnos de Estudiantes de Derecho! Como puede verse, se trata de una conducta por demás "democrática" y "civilizada".

El señor BULNES SANFUENTES.-

¿Me permite una interrupción, señor Senador?

El señor MONTES.-

Ya voy a terminar, señor Senador.

Los señores Carmona y Bulnes han pretendido relacionar la consulta plebiscitaria de Derecho con los resultados, ya puestos en práctica, de la reforma operada en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de 1970, y que fueron aprobados por la Facultad y por el Consejo Superior Provisional. Ellos han pretendido hacer aparecer una contradicción entre la circunstancia de que destacados personeros de Izquierda hayan participado en ese proceso, con determinados resultados, y de que hoy otros representantes de Izquierda procedan a su modificación. Y se ha citado, incluso, el papel jugado por Clodomiro Almeyda.

Ello debe ser también esclarecido.

A partir de 1969, dictada la ley 17.200, que legalizó el período transitorio de la Universidad -el tránsito entre el antigua y el nuevo Estatuto-, las Facultades, a instancias del Consejo Superior Provisional, procedieron a departamentalizarse, en conformidad con las nuevas normas aprobadas por la reforma, a darse una nueva estructura interna que facilitara la posterior reordenación y reestructuración que debía hacer el Consejo Normativo Superior. Así aconteció con la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, la cual se preparó para el cambio. Pero es conveniente que sepan los señores Senadores, y que lo sepan también la comunidad universitaria y la opinión pública, que todos esos acuerdes fueron adoptados por el Consejo Superior Provisional, con la observación expresa de que no inhibían al Consejo Normativo Superior para ejercer su autoridad. Al reestructurar a la Universidad en su conjunto. Y no podía ser de otro modo, porque es en este Consejo donde radica la visión general de la Universidad, que no puede tener quien se aferra a un interés pequeño asido a una determinada estructura Prueba de esto último es que, al consultar el Consejo Universitario Transitorio a las diferentes Facultades acerca de sus ideas sobre estructuras futuras, todas ellas, corno constan en documentos oficiales, se manifestaron partidarias de modificar a las demás, pero por conservarse a sí mismas iguales.

¿Es posible hacer de ese modo una verdadera reforma universitaria? ¿Es posible modificar las estructuras para la adecuación de la Universidad a los cambios?

En estos momentos es cuando corresponde realzar la opinión del Honorable señor Carmona de que, para fijar una determinada estructura, el Consejo Normativo Superior requiere el acuerdo previo, por consenso, de la comunidad afectada. Consenso implica unanimidad. ¿Puede alguien pensar que alguna vez podría conseguirse la unanimidad ante problemas como los derivados de la aplicación de la reforma universitaria?

Contestar afirmativamente no sólo constituiría una falsía, sino, lisa y llanamente, una tontería.

La legitimidad de los acuerdos de la reforma no la da el consenso, sino la voluntad de la mayoría, expresada en los organismos que la propia comunidad estableció. En este caso, la mayoría del Consejo Normativo Superior, que tiene, por expresa disposición de la ley, la potestad de fijar la estructura universitaria.

Tal aserto no lo discute nadie en la Universidad. Sólo voces aisladas se levantan para hacer interpretaciones intencionadas del Estatuto. Lo que los reaccionarios argumentan -temerosos de ser sorprendidos en una falta flagrante- es que el Consejo Normativo Superior no es representativo de la comunidad, y que por ello debe ser objeto de cuestionamiento mediante un plebiscito. Pretenden olvidar una vez más que el sistema para perseguir la responsabilidad de las autoridades universitarias es diferente, según se trate de autoridades unipersonales o colegiadas. Respecto de las primeras, cabe la remoción por los dos tercios del Claustro que las elige. En cuanto a las segundas, no cabe la remoción. No está consignada esta posibilidad en la ley, y tal responsabilidad sólo puede ser hecha efectiva en las nuevas elecciones que, también por disposición del Estatuto, se realizan en todo nivel -salvo en los Departamentos-, en la mitad del período de la autoridad unipersonal correspondiente. Es -y probablemente vale el ejemplo- como si una decisión del Parlamento chileno fuera cuestionada por algún sector, y, por no estar de acuerdo con ella, se pretendiera realizar un plebiscito para elegir de nuevo el Congreso Nacional. Existen normas, por supuesto, y ellas, mal que pese a determinados sectores, son normas legítimas establecidas por la mayoría de la comunidad universitaria.

Resumiendo: no es la desaparición de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales lo que debe preocuparnos, porque ella no ha desaparecido, sino que se ha reformado; no son los estudios de Derecho los que deben preocuparnos, porque esa carrera se mantiene, enriquecida con el contacto de las ciencias económicas y sociales.

¿Cuál es, entonces, el problema? El verdadero problema es el de la conservación de la institucionalidad de la Universidad. El problema es el desconocimiento que ciertos sectores pretenden, en esa Corporación, de los organismos de la reforma, del principio de que el poder radica en los cuerpos colegiados. El problema reside en los intentos de volver a la autoridad unipersonal omnipotente, al Rector-Rey, y del desconocimiento del máximo organismo colegiado, en el que radica la potestad de fijar la política universitaria.

En suma, el problema radica en el pretendido desconocimiento del único cuerpo donde, en la Universidad, de acuerdo con el nuevo Estatuto, y en el actual estado del proceso, tienen la oportunidad de manifestarse todas las ideologías y corrientes del pensamiento, y en el cual la Izquierda tiene la más amplia representatividad, por haber obtenido la más amplia mayoría en todos los estamentos, como lo demuestra el siguiente cuadro:

En académicos, la Izquierda obtuvo 3.869 votos; la Derecha, sólo 3.523.

En estudiantes, la Izquierda obtuvo -sin considerar la Izquierda Cristiana- 21.428 votos; la Derecha, 19.495 votos.

En no académicos, la Izquierda obtuvo 3.773 votos; la Derecha, sólo 2.703.

Por otra parte, hay que recordar que el propio Estatuto permitió lo que para algunos puede parecer una paradoja, pero que no es sino la expresión del pronunciamiento de la comunidad universitaria en las elecciones: que exista una autoridad unipersonal de tendencia diferente de la de la mayoría del Consejo. Así lo decidió la mayoría de la comunidad universitaria. Hay quienes votaron por Boeninger para rector, pero por académicos, estudiantes y no académicos de Izquierda para el Consejo. Esto deja en claro que la comunidad universitaria tiene plena conciencia de que en la Universidad el gobierno está constituido por dos tipos de autoridades: unipersonales y colegiadas, y para su elección decide respecto de quienes estima que, dentro de sus respectivas funciones, debe representarla.

Hay otra explicación además para esa diferencia. Es el hecho de que las Sedes de provincia, por pequeñas que sean, tienen representación en el Consejo, representación directa que la minoría que apoya al Rector, a la autoridad unipersonal, desprecia, pero que tiene un profundo sentido de justicia.

Este es el organismo que se pretende, ilegal e ilegítimamente, cuestionar. Este es el organismo al cual se pretende negar su representatividad e imponer la decisión adoptada por plebiscitos espurios, que sólo han tenido por objeto la preservación de intereses pequeños y mezquinos, la conservación de parcelas de poder, de las mismas parcelas que, en el pasado, fueron las determinantes del estancamiento de la Universidad y de su proceso de reformas.

En cuanto al documento del CESO, al que ha hecho referencia el Honorable señor Carmona, puedo decir que él tiene el valor de lo que la posición de quienes lo sustentan tienen: una posición universitaria más, expuesta dentro de los marcos del pluralismo ideológico. La Izquierda universitaria comparte algunos de sus planteamientos, y rechaza otros, como queda demostrado por los antecedentes que anteriormente hemos dado y de la confrontación que en esos documentos se expresa.

¿Pretenden los señores Carmona y Bulnes Sanfuentes impedir a un grupo de académicos, que integran determinados organismos de la Universidad, emitir su opinión respecto del problema de la vinculación de la Universidad con el medio y del proceso de reformas? Esto sí que sería negar el pluralismo de la Universidad. Esto sí que sería negarle su carácter crítico y creador.

El señor Carmona dijo que la Universidad marcha a su propia destrucción. En ese caso, hay que preguntarse: ¿quién tiene interés en ello? ¿Puede ser la Izquierda, que hoy está en el Gobierno, y que quiere poner a esa Corporación al servicio de los cambios, o es la Derecha, que sólo pretende impedir ese objetivo?

El Comité Ejecutivo de la FECH -es el último documento que aquí menciono y al que daré lectura porque es breve- ha puesto las cosas en su lugar. Tal declaración, emitida ayer, dice:

"El Comité Ejecutivo de la Federación de Estudiantes de Chile denuncia ante la opinión pública que un grupo partidista minoritario, representante en la "U" de los sectores más retardatarios del país, está empeñado en desatar el caos y la anarquía en la "U", impedir por la fuerza el normal desarrollo de la actividad académica y detener la reforma universitaria.

"Han procedido a espaldas de la Comunidad Universitaria a apoderarse de los locales de las Escuelas de Derecho, Dental y Veterinaria, para oponerse y resistir las resoluciones que sobre la nueva organización académica, de la Universidad de Chile ha tomado el Consejo Normativo Superior en uso de las atribuciones que le otorga el nuevo Estatuto Orgánico, elaborado por toda la comunidad universitaria.

"Estos grupos minoritarios, no sólo están actuando fuera de la ley que la Reforma Universitaria creó, sino que además, cuentan con el repudio de la Federación de Estudiantes de Chile, de los 3 Centros de Alumnos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales (Derecho, Ciencias Políticas y Servicio Social) y de la Asociación de Profesores y Empleados de la Universidad de Chile (APEUCH). Es necesario además señalar que la toma de la Escuela Dental fue públicamente repudiada por el Presidente del Centro de Estudiantes de Odontología, representativo de sectores que no comparten las opiniones mayoritarias del Consejo Normativo Superior.

"En estas acciones se visualizan con claridad los métodos del grupo fascista Patria y Libertad, que levantando hipócritamente una espuria defensa del derecho, han entrado de lleno en el campo criminal, electrificando las rejas de la Escuela de Derecho, instalando alambres de púas, incendiando las pertenencias del Centro de Alumnos, manteniendo un grupo armado, al estilo de las "guardias blancas", que provocan constantemente a los estudiantes que se reúnen frente a la Escuela.

"Estos grupos comandados directamente por Pablo Rodríguez y el "dinamitero" Robertson han llegado al extremo de preparar un autoatentado en la Escuela tomada para crear un conflicto artificial y proyectar una salida que le permita evitar el repudio de las comunidades universitarias.

"Estas maniobras pretenden encerrar a los estudiantes en una pugna intestina en momentos en que todo el pueblo se moviliza en defensa de la soberanía de Chile, amenazada hoy por el imperialismo, luego de la patriótica decisión de la nacionalización del cobre.

"La FECH constata que en esta maniobra diversionista en el seno de la U, participan sectores que a nivel nacional en más de una ocasión se han pronunciado a favor del proceso de cambios, por tanto, inconscientemente están ayudando a quienes pretenden utilizar la Universidad para su política orientada a provocar el caos a nivel nacional, y socavar las bases de sustentación de la Revolución Chilena.

"El movimiento estudiantil ha repudiado estas maniobras, manifestando su resuelto respaldo al Consejo Normativo Superior y su decisión de respetar el Estatuto Orgánico de la Universidad, que fuera promulgado tan sólo hace 4 meses, con el respaldo de toda la Universidad.

"Los Centros de Almunos han constituido comisiones de vigilancia en el resto de las Escuelas de la Universidad, para garantizar la marcha normal de la actividad académica y se ha iniciado una campaña de recolección de firmas entre los universitarios afectados por las tomas para exigir la vuelta a la normalidad académica.

"La FECH llama a todos los estudiantes a ampliar aún más este movimiento de repudio a las minorías antidemocráticas que pretenden por la fuerza imponer su voluntad a la Comunidad Universitaria, y a mantenerse alerta a las órdenes de sus Organizaciones, vale decir, la FECH y Centros de Alumnos."

He querido terminar mis palabras de 'análisis de la situación universitaria y de otros problemas actuales derivados de ella, leyendo esta declaración de la Federación da Estudiantes de Chile que, a nuestro juicio, constituye una especie de resumen de la realidad allí existente.

No juzgamos los hechos y sucesos de la universidad de manera aislada, relativos solo a lo que ocurre en la comunidad universitaria. Ellos tienen una relación más vasta con la política nacional, el proceso de cambios y la revolución chilena. Son hechos que se engranan con otros acontecimientos nacionales y que están ubicados en el marco de la situación política del país. Hoy día más que nunca la universidad ha dejado de ser un compartimiento estanco, encerrada e impermeable, como decíamos ayer, al oleaje popular, a los nuevos tiempos y doctrinas, al pensamiento más progresista del mundo contemporáneo.

Por lo tanto, lo que sucede hoy en la Universidad de Chile es sólo una parte, ¡un reflejo y una forma que adopta la lucha de clases, la lucha política en nuestro país entre la corriente que pretende mantener el "status" correspondiente al pasado y aquellos que estamos por avanzar y desarrollar las estructuras y también el andamiaje superestructural de la sociedad chilena, en el cual se encuentra, por cierto, la propia Universidad de Chile.

Hemos querido dejar constancia de nuestra opinión, que es la de la Izquierda Universitaria, con cuya ayuda, naturalmente, hemos podido fijar los criterios que he expuesto ante el Senado de la República, porque nos interesa dejar plenamente establecido que quienes actúan hoy de esa manera no son precisamente quienes en forma legítima están tratando de que en la universidad, en el país o en el mundo se produzca los cambios que todos buscamos y que tanto anhelamos.

Aun cuando en algún tramo de mi exposición se hayan podido deslizar adjetivos hirientes para alguien, para algunos o para determinados sectores, hemos querido presentar las cosas en la forma como quisiéramos y como queremos que se discutan este tipo de problemas: a la altura que le corresponde a la Universidad de Chile.

Eso es todo.

El señor VALENTE.-

Señor Presidente, la sesión de hoy día fue citada para tratar la situación de la Universidad de Chile y el estado económico del país. Yo debo hacerme cargo del segundo aspecto y analizar algunas informaciones, publicaciones y aseveraciones formuladas en la prensa y por algunos sectores políticos en los últimos días.

El sábado 23 de octubre se celebró en Cartagena el Consejo Plenario del Partido Demócrata Cristiano. Su Presidente, al rendir el informe, señaló que la conducta de su colectividad es de una "oposición progresista, democrática, popular" y que "está a favor de los cambios, a favor de la socialización".

Estas positivas palabras iniciales fueron seguidas, sin embargo, por expresiones de crítica delirante a los doces meses de Gobierno de la Unidad Popular, utilizando, como es costumbre en el freísmo reaccionario, un lenguaje sibilino, cargado de la infaltable dosis anticomunista.

La Unidad Popular acepta la crítica, y la necesita, si ella está orientada a aporcar soluciones a los diversos problemas que puedan afectar al país y a los trabajadores. Somos permeables a toda sugerencia constructiva y sabemos apreciarla y agradecerla. Pero si esa crítica es sofisticada, falaz y engañosa, y persigue, con sutilezas o sin ellas, obstruir el cumplimiento del programa popular revolucionario, tenemos no sólo la obligación, sino el deber de responder y puntualizar cada uno de las injustas afirmaciones contenidas en esa cuenta del Gran Capitán.

Del dicho al hecho. ..

El Presidente del Partido Demócrata Cristiano afirmó en su discurso que su organización política "trabaja a favor del proceso de cambios; que lucha por las grandes transformaciones que son necesarias en nuestro país; que está al servicio de las tareas que impone la construcción de una nueva sociedad".

Esta declaración, que aproximaría un entendimiento entre la Unidad Popular y democratacristianos, para impulsar verdaderamente la política de cambios revolucionarios, está contradicha, sin embargo, por las reiteradas salidas de madre de altos personeros de ese partido que buscan entorpecer esos entendimientos y afinar, por el contrario, un acercamiento y acciones comunes con la Derecha política y financiera, pertinaz enemiga de los cambios, de las transformaciones y de la construcción de la nueva sociedad.

El país tiene clara conciencia de que dentro del Partido Demócrata Cristiano la corriente freísta se moviliza para materializar una gran coalición, reaccionaria a fin de contener el proceso de cambios y utilizar al Congreso como punta de lanza contra el Gobierno de la Unidad Popular. Las insólitas declaraciones de Frei calificando virulentamente a nuestro Gobierno de intentar implantar "una dictadura funesta", no son ajenas a esta búsqueda del acercamiento reaccionario.

Resentidos más que razonables.

A juicio del Presidente de la Democracia Cristiana, desde el anterior consejo plenario de esa colectividad hasta el celebrada a fines de la semana última, los "errores" del Gobierno popular se han acentuado. ¿Cuáles son esos errores? Al señalarlos, ¿persigue el Partido Demócrata Cristiano formular una crítica razonable, o es movido por un resentimiento político?

Analicemos la parte de la cuenta del jefe de la Democracia Cristiana en que dice que los principales errores del Gobierno de la Unidad Popular son los siguientes:

"Falta de capacidad, o de voluntad, en el Gobierno y sus partidos, para definir con claridad una vía democrática y pluralista para el proceso de cambios. Es en este marco" -continúa el informe- "en donde el sectarismo, los grupos armados, las campañas incitando al odio y a la violencia, los procedimientos ilegales y el golpismo hacen su agosto."

Respondemos: Nunca hubo en el país un Gobierno que haya actuado con más consecuencia respecto de lo que prometió en su programa y lo que ha realizado en menos de un año. En cortos meses, la Unidad Popular ha demostrado ser una coalición política responsable, consecuente y capaz; que, al revés de otros Gobiernos, el programa prometido se está cumpliendo y no ha sido ni será transado por la presión y el poder de los intereses creados; que las transformaciones estructurales marchan; y que el proceso revolucionario -verdadero proceso revolucionario- va en ascenso y no habrá pausa para cumplir los objetivos trazados por el Gobierno de la Unidad Popular comprendidos y apoyados por las grandes mayorías nacionales.

¿Que no se ha definido con claridad Una línea democrática y pluralista? Profundo error del Senador Irureta. "El Gobierno del compañero Allende ha extremado su disposición al diálogo" y, no obstante las escaramuzas parlamentarias de la Oposición, en las que marchan juntos democratacristianos y nacionales para obstaculizar el programa de Gobierno, la Unidad Popular ha buscado acuerdos para resolver los grandes problemas anteponiendo a las diferencias ideológicas el interés supremo del país. Hemos sido incansables para reiterar este entendimiento -que no significa concesiones políticas ni ideológicas--, para hacer que se cumplan los anhelos más sentidos de las masas, pues "siempre deberá primar en las organizaciones de la clase obrera, de los campesinos y de los pobladores la unidad de clase, el respeto de los derechos de cada sector", la acción coincidente y positiva.

Nunca antes, como ahora, ha sido más abierto y diáfano el diálogo con los trabajadores; pocas veces el país había estado más informado -conociendo la verdad estricta- de lo que se está haciendo y de lo que se continuará realizando. La reciente Conferencia Nacional del Partido Comunista fue categórica al reafirmar, en el informe del compañero Orlando Millas, que "nuestro objetivo es destruir la dominación sobre Chile, del imperialismo y de la oligarquía y hacer efectiva la plena liberación social de la clase obrera y del pueblo". . . "Estamos viviendo un proceso revolucionario y el pueblo no aceptará volver atrás. Los comunistas somos conscientes de que el Gobierno popular afrontará en los próximos meses una serie de dificultades y lo decimos francamente, con todas sus letras. Ante tales dificultades, cabe recurrir a las mases, decirles toda la verdad, movilizar las inmensas reservas de abnegación y heroísmo que hay en la clase obrera y en el pueblo, emplearse a fondo, actuar dinámicamente, con una moral y espíritu revolucionarios", para derrotar a quienes quieran extremar, abusando de una mayoría parlamentaria espuria que no corresponde a la actual correlación de fuerzas, un enfrentamiento para volver al pasado, maniatar el presente y convertir el futuro en una nueva frustración popular.

¿"Socialización antidemocrática y antiobrera"?

El resentimiento político del freísmo vuelve a aparecer en el siguiente párrafo del informe al Plenario de la Democracia Cristiana. Señala, entre los supuestos errores del Gobierno popular, el "estatismo, llevado adelante sin plan ni programa coherentes. A pretexto de terminar con la explotación económica de los trabajadores" -agrega el informe- "terminan implantando un nuevo método de explotación.: el hombre productor sometido, como simple factor de evolución, a la máquina económica, autoritaria del Estado.

Respondemos: Chile está viviendo un profundo proceso revolucionario y el Gobierno popular está transformando la estructura económica y social de Chile con miras a la construcción del socialismo. En este proceso la clase obrera, que es la más explotada de la sociedad capitalista, se convierte en el adversario más consecuente y firme del sistema capitalista. En este proceso es fundamental una transformación en profundidad de la economía, pues no se trata de reemplazar una forma de explotación por otra, sino de poner fin a toda clase de explotación del hombre por el hombre. "De ahí que el modo socialista de producción, al revés de todos los anteriores, no puede surgir por sí mismo, espontáneamente, del seno de la sociedad vieja." Es obra de las acciones conscientes y del esfuerzo de la clase obrera y de sus aliados.

En nuestro país está planteada en estos momentos la pugna entre los trabajadores y la oligarquía financiera, y esta pugna debe ser resuelta a favor del pueblo. La decisión del Gobierno Popular de enviar al Congreso el proyecto de ley que define las distintas áreas de la economía en el nuevo proceso económico, resuelve también la acción del Gobierno a favor de los pequeños empresarios. Se trata de romper el anacrónico modo de producción capitalista basado en la explotación del trabajador y en el carácter anárquico de la producción social. El Gobierno Popular planteó en el programa básico la tesis de que "las transformaciones revolucionarias que el país necesita sólo podrán realizarse si el pueblo chileno toma en sus manos el poder y lo ejerce real y efectivamente."

Se trata, pues, de instituir una dirección revolucionaria "del área social de la economía, con responsabilidades individuales, mandos eficaces, intervención democrática de los trabajadores en las decisiones generales, disciplina social y una nueva estructura del proceso mismo de trabajo, acorde con las nuevas relaciones de producción y propiedad", como señala el informe a la reciente Conferencia del Partido Comunista.

Lejos de alentar un "nuevo método de explotación del trabajador por el Estado", como lo señala torpemente la cuenta al Plenario del Partido Demócrata Cristiano, se está intensificando la participación de la clase obrera y del pueblo en este proceso trascendental. En la etapa de transición del capitalismo al socialismo, es el proletariado quien imprime esta característica. La incorporación de los trabajadores a la dirección de las empresas y servicios del área social es una realidad indesmentible hasta para los más recalcitrantes reaccionarios; los éxitos y .las victorias logrados en la batalla de la producción son ejemplos magníficos de la conciencia adquirida por los asalariados en esta etapa del proceso revolucionario. Para derrotar a la reacción se requiere, al mismo tiempo de un esfuerzo heroico y constante de la clase trabajadora en esta batalla, el remplazo de los métodos de producción capitalista por las nuevas y superiores formas de la gran producción socialista. El Gobierno Popular ha entregado esta alta responsabilidad a los trabajadores, a la clase obrera chilena, pilar y base vigorosa de las transformaciones en marcha.

La doctrina del Padre Gatica. ..

El informe al plenario democratacristiano continúa con la siguiente nueva crítica al Gobierno Popular en los análisis de lo que, a juicio de esta colectividad política, constituyen los errores de esta Administración:

"Populismo, que destruye la posibilidad de transformar nuestro país sobre la base de un esfuerzo solidario, basado en el sacrificio y en la disciplina colectivas.

"Ideologismo dogmático y delirante, que desconecta a importantes grupos de gobierno de la realidad que viven a diario los chilenos y de lo que el pueblo quiere.

"Ineficacia a todos los niveles."

Respondemos: En primer lugar, el Gobierno de la Unidad Popular practica el pluripartidismo, y su base de sustentación está constituida por partidos y movimientos de distinta raíz ideológica unidos en la tarea común de impulsar la revolución chilena como etapa de transición para la construcción de un Estado socialista. Fundamentalmente, es la antítesis del populismo y del dogmatismo ideológico, de manera que las especulaciones filosóficas del informe democratacristiano están fuera del tiesto. Las prédicas del freísmo sobre el pluripartidismo y la necesidad de dialogar y de terminar con posiciones sectarias son contrapuestas a la conducta seguida por ese partido en los seis años que estuvo en el Gobierno y cuya gestión como partido único lo hizo incurrir en posiciones dogmáticas y sectarias, impermeables a todo diálogo con el adversario político. El Partido Demócrata Cristiano, que ahora reclama más pluripartidismo -no obstante la abierta disposición del Gobierno para practicarlo y ampliarlo sobre la base de empujar el carro del proceso revolucionario chileno-, fue el campeón del monopartidismo, de la soberbia y de la vanidad política.

En cuanto a la "ineficacia a todos los niveles" que tendría el Gobierno Popular, resulta grotesco que un partido que fue estrepitosamente derrotado después de un solo período presidencial, precisamente por su "ineficacia a todos los niveles", pretenda medir a esta Administración con la vara que ellos olvidaron aplicar.

Afirmaciones temerarias.

Pero donde la cuenta del Presidente del Partido Demócrata Cristiano linda en la impudicia es cuando afirma que "en el Gobierno de la UP. Se producen menos alimentos, menos cobre, menos productos industriales, menos carne, menos leche, menos trigo. Disminuyen la producción y la productividad. Suben los costos y baja la calidad de los productos."

Dice: "En el curso de este año se ha generalizado la escasez de toda clase de productos alimenticios, de repuestos y de componentes importados para, la elaboración de productos farmacéuticos y otros artículos industriales.

"La importación de alimentos, que ni siquiera en los años de la sequía sobrepasó los 150 millones de dólares, sobrepasará en 1972 la suma de 400 millones de dólares.

"En 1971 tendremos una balanza de pagos desfavorable y nuestras reservas en dólares son inferiores a 150 millones.

"La inflación" -agrega este increíble informe- "si no estuviera artificialmente camuflada con la manipulación del índice de Precios y el sistema de bonificaciones fiscales, sobrepasaría a esta fecha el nivel del 30 por ciento.

"El propio Gobierno declaró calamidad nacional el problema de la cesantía. Los índices tradicionales de cesantía han sido incrementados en el curso de este año con una cifra superior a 150 mil cesantes", continúa afirmando en forma indecorosa este informe al plenario democratacristiano.

"Los programas de inversión del sector privado se encuentran paralizados y la inversión del sector público está dificultada por la ineficacia para iniciar nuevas obras."

Tantas afirmaciones falsas merecen una respuesta detallada para cada temeraria presunción.

En el Gobierno de la UP se produce más.

En el quinquenio 1961-1966 el crecimiento global de la economía alcanzó una tasa promedio de 5,4%, estimada cómo mediocre. Entre 1967 y 1970, esta tasa de crecimiento cayó violentamente a un promedio de 2,7%, una de las más bajas del mundo. En 1970 alcanzó sólo a 2,5%, que comparado con el 2,3% de crecimiento de la población, indica que en ese año no hubo crecimiento económico.

El producto geográfico bruto de la industria se calculó en 1970 sólo en 0,8%, es decir, experimentó una alarmante disminución per cápita, al extremo de que fue la variación más baja registrada en los países latinoamericanos.

La capacidad instalada industrial era cada vez menos aprovechada. En 1967 alcanzó sólo a 80,65%; en 1969 declinó al 75,6%; y en 1970 bajó a 75,34%.

El crecimiento per cápita de la economía chilena fue de cero por ciento en 1967; de 0,6%, en 1968; de 0,7% en 1969 y de 1% en 1970. El promedio del producto por persona fue, en el último decenio, inferior a 1,8% y, desde 1967, prácticamente no se registró crecimiento alguno.

El desabastecimiento de algunos productos.

La producción industrial, en comparación con la de 1970, experimentó un importante crecimiento en el primer año de Gobierno de la Unidad Popular. En 35 de 52 actividades industriales consideradas en una muestra para medir el crecimiento industrial, observamos que la producción del primer semestre de 1971 superó con creces a la de igual período del año 1970 y, también, los índices promedios de los años 1969 y 1970. En siete de esas actividades la tasa de crecimiento fue inferior, y en diez se mantuvo invariable.

Las empresas intervenidas o estatificadas también experimentaron, en manos de los trabajadores, un notable incremento, de la producción.

Por ejemplo, PURINA, productora de alimentos para aves, aumentó en 50% la producción del mejor mes del año 1970. Bellavista Tomé aumentó su producción en 33%. Las compañías del carbón están batiendo "records" de producción diaria y superan los índices de años anteriores. Las empresas del salitre. . .

El señor MUSALEM.-

¿Por qué han mantenido como confidenciales los datos?

El señor VALENTE.-

Escúchelos, señor Senador. Aquí los estoy proporcionando.

Las empresas del salitre ya superan en más de 70%, la producción del año pasado. En los primeros cuatro meses del año en curso la producción de acero en la Compañía de Acero del Pacífico alcanzó a 201.400 toneladas, contra 150.600 producidas entre enero y abril de 1970. Es decir, en este rubro tenemos un incremento de 34%. Igualmente, la producción textil experimentó un notable crecimiento.

Damos a conocer en seguida, comparativamente, los datos concernientes a esta mayor producción en diversos rubros industriales, con mención de las unidades producidas y porcentajes de crecimiento, especialmente en lo relativo al área textil.

PURINA, como ya manifesté, produjo 25.051 toneladas en 1970, en tanto que en ocho meses del año en curso subió a 38.563, o sea, en 52%; COCAVI (matadero y productos alimenticios) subió de 1.240 toneladas que produjo en 1970, a 2.150 en los ocho primeros meses de este año, con un promedio mensual de crecimiento de 70%;; Oveja, de 110.000 metros sube a 140.000, con un aumento de 23% mensual, como promedio; Fiap sube de 70.000 metros a 128.900, con un aumento de 85% ; Bellavista, que fabricaba 90.000 metros, ahora elaboró 196.800, es decir, experimenta un aumento de 115% de promedio mensual; Fabrilana producía 4.936 kilos de lana cardada en mayo del año en curso, y sube a 33.184 en julio, es decir, tiene un aumento de 560% ; su producción de lana peinada subió de 33.184 a 81.019 kilos, con un aumento de 145%, comparando siempre los índices de los meses de mayo y julio de este año; Sumar Seda, en los mismos meses, sube su producción de 29.926 metros de hilados a 44.390, con un incremento de 50%, y la de estampados, de 227.564 a 435.420, o sea, aumenta la producción en 95%; Sumar Algodón sube de 58.736 a 271.560 kilos, con un incremento de 370%.

El señor MUSLEM.-

¿Me permite una interrupción, señor Senador?

El señor VALENTE.-

Su Señoría tendrá tiempo después. Deseo terminar mis observaciones.

El señor MUSALEM.-

Quisiera que la opinión pública supiera. . .

El señor VALENTE.-

La opinión pública ha conocido informaciones del señor Senador, que son absolutamente falsas.

Las cifras que estoy dando las he obtenido de fuentes oficiales: del Ministerio de Economía, del Instituto Nacional de Estadísticas.

Siempre en lo relativo a Sumar Algodón, tenemos que en tejidos subió la producción de 1.518.053 metros a 1,823.596, lo que significa un 20% de incremento; Textil Progreso sube su producción de tejidos de 109.000 metros a 140.000, con 28% de aumento.

Por otra parte, según lo indica la facturación, las fábricas Hirmas, Rayón Said, Sumar, etcétera, también han aumentado con creces los índices anteriores.

Con relación a la Compañía de Cervecerías Unidas, podemos afirmar que su producción aumentó durante el primer semestre del año en curso en 45% respecto de la de igual período del año pasado. Sin embargo, la requisición se justificaba por los antecedentes que entregaron los sindicatos de la industria, que dispusieron su toma con el propósito de asegurar la producción futura.

Las empresas nacionalizadas del cobre, a pesar del sabotaje de los empresarios norteamericanos, y no obstante la explotación irracional de los yacimientos que se hizo con el fin de dañar irreparablemente la economía del país, continúan aumentando la producción y superando notoriamente la de años anteriores.

Las siguientes cifras comparativas son «la prueba de nuestras afirmaciones: en abril de 1970 se produjeron 38.986 toneladas métricas; en abril de 1971 la producción alcanzó a 53.012 toneladas métricas ; en mayo de 1970, fue de 42.090 toneladas métricas, y en el mismo mes de 1971 subió a 44.439; en junio de 1970, de 47.146 toneladas métricas, bajo a 43.629, en el mismo mes de 1971; en cambio, en julio de 1970, de 45.507 toneladas métricas aumentó a 49.178 en el mismo mes del año 1971.

El esfuerzo de los trabajadores por superar el boicoteo yanqui es una demostración fehaciente de la responsabilidad con que han asumido sus nuevas obligaciones con su Gobierno y con Chile.

El freísmo, que hizo del negocio del cobre el más espectacular regalo a los inversionistas norteamericanos, no tiene derecho a criticar por criticar, por boca del señor Irureta, la gestión del Gobierno de la Unidad Popular en esta materia. Más bien debería considerar la siguiente opinión expresada por la revista norteamericana "Hanson's American Letter", sintetizando los convenios de chilenización:

"Ningún gobierno de extrema derecha había tratado a las empresas norteamericanas con la generosidad con que lo hizo el señor Frei en los convenios que firmó. Su tratamiento excesivamente favorecedor fue tan falto de equilibrio y de juicio, y fue tan perjudicial para los intereses de Chile, que casi provocó hilaridad en Washigton."

¡Esta es la opinión de los norteamericanos respecto de la política seguida por el Gobierno del señor Frei en materia del cobre!

La producción, en casi todos los niveles industriales, ha crecido. Sin embargo, hay que reconocer que en algunos productos alimenticios se ha producido un desabastecimiento que ha creado algunas dificultades a la población consumidora, notándose esta escasez especialmente en los siguientes rubros:

El señor MUSALEM.-

Las mujeres se van a reír de lo que dice Su Señoría.

El señor VALENTE.-

¡Las mujeres no se ríen de las verdades; se ríen de las estupideces que Sus Señorías dan a la publicidad!

Carne de vacuno.

No es un problema surgido en el Gobierno de la Unidad Popular la escasez de carne de vacuno, pues se viene arrastrando desde hace años. Sus causas hay que buscarlas en el hecho de que durante más de 30 años la masa ganadera del país no ha aumentado, quedando estacionaria, en circunstancias de que la población creció bastante en ese período. La imprevisión de los Gobiernos anteriores está repercutiendo ahora, teniendo, por supuesto, la mayor responsabilidad en estos hechos la oligarquía latifundista. Las vedas periódicas del consumo de carne no son invento de esta Administración, ya que se implantaron en las anteriores, habiendo sido particularmente más drásticas en el Gobierno de Frei.

A lo anterior, hay que agregar la acción antipatriótica de los latifundistas: tan pronto conocieron los resultados electorales del 4 de septiembre de 1970, cometieron tres delitos imperdonables: se llevaron a Argentina más de 200 mil cabezas de ganado; realizaron una, matanza indiscriminada de hembras, incluso en estado de parición, y mandaron al matadero a novillos con un año de anticipación, hechos que ahora han afectado el abastecimiento normal de este producto. La solución de este problema, en todo caso, no se alcanzará muy pronto.

Pollos.

En el año 1970 la producción de pollos alcanzó a 36 millones de unidades. Se distribuyeron en el mercado 40 millones de pollos, alcanzándose a vender 30 millones. Se produjo una relativa sobreproducción, la que no fue adquirida no por falta de demanda, sino de poder adquisitivo, pues un gran sector de la población no tenía los medios económicos para comprarlos. Hubo que botar o destruir más de mil toneladas de pollos.

También después del 4 de septiembre fueron liquidados 530.685 pollitos de un día, y se mandaron al mercado, para el consumo, más de un millón y medio de huevos fértiles, en una actitud delictual sin precedentes.

Acaparadores e intermediarios.

También se han comprobado y descubierto acaparamientos de productos de consumo diario, siendo significativo el caso del Nescafé, cuya escasez en el mercado obligó a la autoridad a requisar 700 mil tarros que estaban retenidos en las bodegas de la firma distribuidora Graham.

Se creó la Empresa Nacional de Distribución (DINAC) para sustituir a los grandes monopolios de la distribución y asegurar un proceso de abastecimiento más equitativo.

En otros rubros, especialmente en la carne, se ha comprobado que entre el productor o el internador de ganado y el carnicero que expende al público hay, a lo menos, 4 ó 5 intermediarios que encarecen el producto y especulan con los precios.

A todo lo anterior, hay que agregar otro factor importante: el mejoramiento económico de las grandes masas populares y el aumento de su poder de compra y de consumo ha hecho subir la demanda de todos los productos. No obstante que se han puesto a trabajar a plena capacidad, numerosas industrias, lo producido no alcanza a cubrir las necesidades de consumo y la creciente demanda.

De ahí que la batalla por el aumento de la producción esté en el primer lugar del orden día y de nuestros deberes revolucionarios, tareas que han hecho suyas los trabajadores, cuyos esfuerzos están dando resultados extraordinarios en cuanto a la mayor productividad y al resguardo de la calidad del producto.

Reservas de dólares y balanza de pagos.

Con ligereza, el informe al Plenario del Partido Demócrata Cristiano señala que en 1971 habrá una balanza de pagos desfavorable, y que las reservas de dólares son inferiores a los 150 millones de dólares.

El Gobierno del Presidente Salvador Allende asumió la dirección de un país en profunda crisis de estructura, casi en quiebra, con su economía estancada y con un grave atraso tecnológico en los principales rubros de la industria.

La deuda en moneda nacional alcanzaba a 7 mil millones de escudos, y la deuda externa en dólares superaba los 2.700 millones, con compromisos en el exterior a plazo fijo que superaban, con creces, la tan alardeada reserva de divisas.

Sobre este asunto, es necesario dar a conocer el testimonio del propio Banco Central de Chile, que en declaraciones públicas informó en síntesis lo siguiente:

"Algunos parlamentarios democratacristianos han asegurado que al 30 de septiembre de 1970 el Banco Central mantenía una reserva de 385.2 millones de dólares y que ellas disminuyeron en abril de 1971 a 174 millones de dólares. La disminución en ese lapso habría alcanzado a 211 millones de dólares.

"En el mes de octubre de 1970, antes que asumiera el Gobierno de la UP., las reservas del Banco se redujeron en 45 millones de dólares debido principalmente a la fuga de capitales y a la desusada cantidad de viajeros -verdaderos y supuestos- que sacaron divisas del país ante la inacción, tolerancia y complicidad de las autoridades de la época.

"Entre el 30 de octubre de 1970 y el 30 de abril de 1971 se utilizaron, de las reservas, 77 millones de dólares y no 211 millones. Ese dinero se destinó a sortear algunas situaciones desfavorables derivadas, especialmente, de la baja en el precio del cobre en el mercado internacional.

"Por otra parte, las compañías norteamericanas del cobre dejaron de pagar impuestos, participación de utilidades y otros valores por una suma cercana a los 100 millones de dólares. Esto en una actitud de abierto sabotaje al nuevo Gobierno.

"A modo de comparación, entre 1952 y 1957 las reservas netas nunca sobrepasaron los 82 millones de dólares; desde 1958 a 1967 las reservas del Banco Central siempre fueron negativas, es decir, siempre los pasivos fueron mayores que los activos, llegándose en 1963 a tener 185 millones de dólares de saldo deficitario.

"Sólo desde 1968 volvieron a ser positivas debido a dos factores: al endeudamiento externo a corto plazo (el Gobierno D.C. contrajo las deudas y el Gobierno de la UP. Debe pagarlas); y al precio favorable del cobre en el mercado internacional."

Proceso inflacionario.

El informe democratacristiano al plenario de Cartagena dice que si la inflación no estuviera artificialmente camuflada con la manipulación del índice de precios y el sistema de bonificaciones fiscales, al mes de septiembre aquél sobrepasaría el 30%.

¡Cómo le duele al sector freísta de la Democracia Cristiana el éxito de la política antiinflacionaria del Gobierno de la Unidad Popular! Sin aspavientos ni actitudes sobradoras, como las exhibidas por el Gobierno democratacristiano, la Unidad Popular ha logrado disminuir notablemente la inflación con medidas simples, correctivas y valientes. Se puso término al alza quincenal del dólar como una manera de defender el valor de nuestra moneda y parar el gran negocio de los inversionistas norteamericanos y extranjeros, que cada quincena veían aumentadas espectacularmente sus ganancias sólo por el reajuste del precio de esa moneda.

Los índices de precios anuales registrados en el Gobierno democratacristiano fueron los siguientes:

1965 25,9%

1966 17,0%

1967 21,9%

1968 27,9%

1969 29,3%

1970 34,9%

Entre enero y septiembre de 1970, el índice alcanzó a 32,9 %, mientras que en igual período de 1971 sólo alcanza a 13,9%.

¿La culpa es del empedrado?

Anonadados por esa realidad indesmentible, el señor Irureta recurre a una villanía, asegurando que el índice está manipulado maliciosamente para ocultar las variaciones de precios. Puedo asegurar al Senado y al país que todos los cálculos y la manipulación de los índices se hacen en el actual Gobierno utilizando el mismo método, igual sistema y con el mismo personal de años anteriores, de manera que toda sospecha de irregularidades recaería, en todo caso, en los propios críticos del sistema.

Bonificaciones, pero no a los monopolistas.

La Democracia Cristiana también critica la aplicación de bonificaciones para determinados servicios, sin reparar ni entender que ellas persiguen el objetivo de mejorar, por la vía indirecta, los ingresos de los trabajadores, como es el caso, por ejemplo, del mantenimiento del valor de los pasajes de la movilización colectiva en 500 pesos.

Sin embargo, el Gobierno democratacristiano distrajo y destinó importantes recursos fiscales para subvencionar a los sectores empresariales, muchos de ellos ligados al Gobierno freísta. El caso más patente la constituyen las desorbitadas subvenciones periódicas a los empresarios pesqueros, que costaron más de 300 millones de dólares a la Corporación de Fomento.

La cesantía.

Sin una pizca de vergüenza, en la cuenta al plenario Democratacristiano de Cartagena se dijo que los "índices tradicionales de cesantía han sido incrementados en el Gobierno de la UP., alcanzando en el curso de 1971 a más de 150 mil los nuevos cesantes."

¡Dios bendiga al informante de la Democracia Cristiana!

El Gobierno de la Unidad Popular declaró calamidad nacional a la cesantía, por la gravedad que la desocupación adquirió en los años anteriores, en cuyos Gobiernos se hizo crónica. En 1967 alcanzó a 6,1%, con 140 mil cesantes en promedio. En 1968 se mantuvo el porcentaje, aumentando el número de desocupados a 149 mil. En 1969 subió a 6,2%, con 182 mil cesantes; y en 1970 aumentó a 7,2%, con 191 mil desocupados. Esa fue la herencia de personas sin trabajo recibida por la Unidad Popular.

Desde el mes de julio de 1971, gracias a la espectacular reactivación económica y al incremento de la producción industrial y al plan habitacional especialmente, los índices de desocupación han bajado al punto de que en el mes de septiembre recién pasado se registró apenas un 4,8%, desglosado de la siguiente forma: 3,6% de cesantes y 1,2% de personas que buscan trabajo por primera vez. Es el índice de cesantía más bajo registrado desde 1956.

El señor CARMONA.-

¿Dónde es eso?

El señor VALENTE.-

En Chile, señor Senador. Estas son cifras oficiales.

El señor MUSALEM.-

Han sacrificado irresponsablemente las inversiones del país para contratar cesantes a fin de disminuir su número.

El señor VALENTE.-

Sus Señorías no pueden hablar de irresponsabilidad, porque durante la Administración del señor Frei se practicó precisamente lo contrario de lo que afirman ahora como Oposición. Dejaron al país en crisis y prácticamente en bancarrota a la economía nacional.

La reforma agraria.

También el informe al plenario democratacristiano embiste contra los centros de reforma agraria, asegurando que este proceso se encuentra seriamente afectado por la falta de ayuda crediticia para los pequeños y medianos agricultores.

Lo cierto es que la reforma agraria discriminada y paternalista impulsada por la Democracia Cristiana está siendo reordenada, reorganizada y profundizada, no sólo incorporando nuevas tierras a la producción, sino que resolviendo muchas injusticias ocurridas en los asentamientos. En esto se formó realmente un grupo de trabajadores que gozaban de ciertos derechos en perjuicio de otros. Por ejemplo, sólo los jefes de familia tenían derecho a ser asentados, y los hijos empezaron a ser, igualmente que los afuerinos, asalariados de los antiguos campesinos.

Con la organización de los centros de reforma agraria, todos los mayores de 16 años, hombres o mujeres, participarán con derecho a voz y voto en los planes de producción, con la ayuda, por supuesto, de los técnicos respectivos. La administración financiera estará a cargo también de los propios campesinos y no de funcionarios de la CORA, como sucedía y sucede en los asentamientos. Como consecuencia de ello, los campesinos jamás conocieron un balance ni un estado financiero, ni la situación económica del asentamiento. Cabe hacer notar que la mayoría de los asentamientos quedaron endeudados con el Estado, lo que significa que cada asentado era deudor del Fisco en sumas y valores que siempre desconocieron.

En el presente año las expropiaciones superan los 1.400 latifundios -más de lo que expropió el Gobierno de Frei en seis años-; y en el curso de los primeros meses de 1972 no habrá en Chile tierra agrícola explotada por terratenientes, sino que estará incorporada al área social de la economía, produciendo en una auténtica reforma agraria, en la que el principal actor será el campesino, el obrero agrícola, el pequeño agricultor.

Todo de acuerdo a la ley.

Tampoco es justo el informe democratacristiano al plenario cuando señala que "la política de estatizarían de empresas industriales llevada adelante AL MARGEN DE UNA LEY que delimite con claridad el sector reservado al área social, el reservado al área mixta y el reservado al sector privado"', ha creado desconfianza entre los grupos empresariales. Agrega el informe que por sectarismo se ha perseguido a los trabajadores, como es el caso de 38 operarios despedidos de una industria textil, cuya reincorporación -asegura malintencionadamente el informe- el Partido Comunista impugna.

Niega el mismo documento que los trabajadores estén participando en el proceso de socialización, y aplaude la iniciativa de dos Senadores democratacristianos que presentaron un proyecto para delimitar las áreas económicas.

Respondemos a esta falacia.

En primer lugar, todo el proceso de estificación e intervención de las empresas monopólicas se ha hecho de acuerdo a las leyes dictadas por los Gobiernos anteriores, de manera que nadie que no sea malintencionado, puede suponer irregularidades en el procedimiento. La Unidad Popular señaló en su programa que el área de propiedad social, que sería dominante en el proceso económico nuevo, estará formada por las empresas que actualmente posee el Estado y por las que exploten las riquezas básicas, como cobre, hierro, salitre, yodo, carbón mineral y otras; por el sistema financiero del país, en especial la banca privada y los seguros; por el comercio exterior; por las grandes empresas y los monopolios de la distribución; por los monopolios industriales estratégicos, y, en general, por todas aquellas actividades que condicionan el desarrollo económico y social del país, como la producción y distribución de energía eléctrica, el transporte ferroviario, aéreo y marítimo, las comunicaciones, la producción, refinación y distribución del petróleo y sus derivados, la siderurgia, el cemento, la petroquímica, la química pesada, la celulosa, el papel, etcétera.

Un año de valiosa experiencia.

Para precisar más aún el área de propiedad social y las otras área económicas, el Gobierno de la Unidad Popular ha remitido al Congreso un proyecto de ley que ya se encuentra en estudio en la Cámara de Diputados. Esa iniciativa no sólo responde a un reforzamiento programático en esta materia, sino a la experiencia práctica adquirida en un año de Gobierno, la que aconseja para el desarrollo superior de la economía una legislación coherente y eficaz que permita otorgar garantías efectivas a los medianos y pequeños empresarios, y transferir fluidamente las empresas monopólicas a la propiedad de todo el pueblo, como se expresa en el mensaje.

Es cierto que dos Senadores democratacristianos presentaron, con claras razones políticas, un proyecto de ley que delimita las tres áreas de la economía. Nos remitiremos tan sólo a las declaraciones formuladas por uno de ellos en "El Mercurio":

"La Democracia Cristiana no acepta que se estatifique la Papelera sin que previamente el Gobierno garantice eficientemente y por ley la entrega oportuna, suficiente y adecuada del papel a los diarios y revistas, para todas las empresas editoras". . .

¡Buena "chiva" para asumir la defensa de los monopolios!

En cuanto a que los trabajadores están ausentes en el proceso de socialización emprendido por el Gobierno de la Unidad Popular, esa aseveración refleja una testarudez incomprensible en dirigentes políticos que tienen la obligación de actuar con responsabilidad.

Respecto de que el Partido Comunista habría objetado la reincorporación a una industria textil de 38 trabajadores despedidos, cabe hacer notar que el compañero Presidente de la República se comprometió a reincorporarlos siempre que en la investigación de los hechos esos elementos no aparecieran comprometidos en acciones delictuales. Han sido los propios trabajadores de esa industria y los sindicatos de ella quienes se han opuesto a su ¡reincorporación, por habérseles comprobado su participación en sabotajes contra la producción y en la destrucción de maquinarias.

Desconsolados y agresivos.

Termina el informe al plenario democratacristiano con acerbas críticas al proceso de democratización de la enseñanza en que está empeñado el Gobierno de la Unidad Popular; y las tribulaciones hacen que el informante se queje desconsoladamente de persecuciones en la Administración Pública, de campañas publicitarias difamatorias y de destrucción de la honra y dignidad de las personas. Finaliza la diatriba con acusaciones al Partido Comunista, al que responsabiliza del "fracaso", según ellos, del proceso económico.

La paja en el ojo ajeno. . .

Un partido que durante los seis años de Gobierno hizo del sectarismo, de la persecución política odiosa, del atropello a la carrera funcionaría, su mejor arma de lucha contra su adversario político, no puede tener la autoridad moral -la tiene vedada- para asumir el papel de censor. Pocas veces un partido llegó con más avidez, como lo hizo el Demócrata Cristiano al asumir el Gobierno en 1964, a copar con sus militantes los cargos de la Administración Pública. El mérito exigido no era otro que la previa firma de la ficha de ingreso al partido. Convirtieron al Ministerio de Educación en una verdadera parcela electoral, y para tomar posiciones inventaron la habilitación de profesores con cursos rápidos de tres meses, a los que el pueblo bautizó como "marmi-coc". Para ubicar a sus militantes en puestos claves, provocaron en la Empresa Portuaria de Valparaíso un conflicto artificial que culminó con el despido de más de 500 trabajadores, reemplazándolos por recomendados de la Democracia Cristiana. En cuanto a la afirmación de que los medios de publicidad son controlados mayoritariamente por el Gobierno de la Unidad Popular, ella revela de nuevo no sólo una limitada imaginación, sino un afán enfermizo de desfigurar la verdad y los hechos. Pero, ¿qué se puede pedir a un dirigente democratacristiano como el señor Irureta, que considera a "El Mercurio" entre los diarios independientes y no comprometidos?

La revolución camina.

Para finalizar mi intervención haré un rápido recuento de lo que ha significado para nuestro país, para los trabajadores y para la inmensa mayoría nacional, la acción del Gobierno de la Unidad Popular en sus doce primeros meses.

El Presidente de la República, compañero Allende, y la Unidad Popular en su conjunto han señalado con mucha claridad que nos proponemos "hacer la revolución y conducir a ¡Chile hacia el socialismo de acuerdo a las leyes y a la Constitución, a las que rigen hoy o a las que el país se vaya dando". Además, hemos proclamado y practicado el pluralismo ideológico y político, que es expresión de nuestro pluralismo social, tanto en lo que respecta a la composición del Gobierno como al reconocimiento de los derechos legales de la Oposición. Pero, como lo sostuvo el compañero

Luis Corvalán en su saludo a las Juventudes Comunistas, "la práctica del pluralismo y el reconocimiento de los derechos legales de la Oposición no desaloja, sino que implica y exige una tenaz lucha de clases y un combate sin tregua contra los enemigos de la revolución."

Y por ese camino hemos logrado:

1.- La recuperación de nuestras riquezas naturales.

De los chilenos es ahora el salitre, el hierro, el carbón y las riquezas metálicas y no metálicas del suelo y del subsuelo patrio.

En una impecable aplicación de la ley, como lo señaló el Cardenal de la Iglesia Católica, Raúl Silva Henríquez, Chile es dueño de su cobre, y en un acto de plena soberanía ha establecido las reglas de la indemnización a las empresas yanquis. El Gobierno de la Unidad Popular ha recibido el respaldo mayoritario por haber defendido con patriotismo el interés de Chile.

2.- La estatificación de los bancos privados.

La casi totalidad de los bancos privados han sido incorporados al área social de la economía. El proceso de estatificación total debe finalizar en el presente año.

Se han arrebatado así a una minoría monopolista los inmensos recursos financieros, que ahora, en forma planificada, se han puesto al servicio del desarrollo del país, teniendo en cuenta, en especial, el interés de los trabajadores.

Se han establecido líneas de crédito especiales y a bajo interés para los pequeños comerciantes, pequeños industriales, artesanos, pequeños agricultores, y, en general, para el pequeño empresario.

3.- La redistribución efectiva del ingreso.

El proceso inflacionario, que perjudica a los trabajadores asalariados y beneficia a los grupos económicos monopolistas, ha sido eficazmente controlado. En los primeros nueve meses de 1971 la variación del índice de precios alcanzó, como ya hemos dicho, a 13,9%, contra 32,9% en igual período de 1970. De esta manera, se han defendido el valor de nuestra moneda y la capacidad adquisitiva de los trabajadores.

Los reajustes de sueldos, salarios y pensiones se han otorgado mejorando sustancialmente las rentas bajas, lo que ha permitido una notable reactivación de la economía: hay más dinero, se compra más, se consume más, se vive mejor.

Se han contenido las alzas sucesivas y casi cotidianas decretadas por los Gobiernos anteriores, y sólo se autorizan cuando un estudio serio y profundo de costos lo aconseja.

Se desterraron las presiones de grupos empresariales que hicieron de la política alcista un medio más de enriquecimiento ilícito a costa de los asalariados.

Se congeló el valor del dólar desde el mismo día en que asumió el Gobierno la Unidad Popular. Tal determinación puso término a los escandalosos negociados de las empresas y de los inversionistas extranjeros que tuvieron, durante todo el Gobierno democratacristiano y en los anteriores, utilidades excepcionales por los reajustes quincenales del dólar. Esta medida congelatoria reivindicó, además, a nuestro signo monetario, tan maltratado por anteriores gobernantes.

4.- Una reactivación económica insospechada.

Las medidas puestas en práctica por el Gobierno de la Unidad Popular han reactivado en forma espectacular la economía del país.

El crecimiento industrial ha sido notable. En julio de 1971 éste fue 6,7% superior al del mismo mes de 1970. Para el conjunto de la industria, la producción acumulada durante los primeros siete meses de 1971 es superior en 4,2% a la de igual período de 1970. Se estima que en el año en curso el producto bruto va a crecer en 8%, cifra superior al incremento de casi todos los años anteriores (recordemos que en 1970 la tasa de crecimiento apenas alcanzó a 2,5%).

5.-Festín de compra.

Ha habido un considerable aumento de las ventas y una notable demanda de productos, lo que ha elevado apreciablemente la actividad comercial e industrial. Comentando este hecho, el diario norteamericano "The New York Times", en su edición del 13 de mayo de 1971, dijo que "el alza de remuneraciones y la congelación de precios hechos por el Gobierno impulsan a los chilenos a un festín de compras". Esa opinión vertida en mayo se refuerza mucho más ahora, en octubre, ya que las ventas de toda clase de productos han batido todos los "records" conocidos.

6.-Aumento de la ocupación y disminución de la cesantía.

La tasa de desocupación, que a fines de

1970 alcanzó a 8,2%, bajó en junio de 1971 a 5,3%, y a 4,8% en septiembre último; índice de cesantía que, repito, es el más bajo de los últimos quince años.

La política de redistribución de los ingresos y la confianza de la población en el Gobierno de la Unidad Popular han significado un considerable ascenso en el ahorro, instrumento de gran importancia para aumentar la capacidad productiva mediante una mayor inversión. En el período enero-agosto de 1969, el ahorro neto alcanzó a 174 millones de escudos; en los ocho primeros meses de 1971, aumentó a 407 millones de escudos. Los valores hipotecarios reajustables han tenido también un notable acrecentamiento: en los ocho primeros meses del año en curso han sido 220 por ciento mayores que en el año anterior.

7.-Franca política económica antiimperialista.

El capital monopolista norteamericano se había aposentado en nuestro país en los últimos decenios, dominando la actividad financiera nacional. El Director de ODEPLAN, Gonzalo Martner, denunció en la reunión del Comité Interamericano Económico Social, celebrada recientemente en Panamá, que América Latina recibió de Estados Unidos, en el decenio 1961-1970, como inversiones, ayudas y aportes, un total de 9 mil 450 millones de dólares. América Latina devolvió esos valores en forma de utilidades, amortizaciones, intereses, "royalties" y reexportación de capitales, en la misma década, por una suma de 20 mil 150 millones de dólares, es decir más del doble.

Chile no era ajeno a esta política de avasallamiento económico, sino que, por lo contrario, era uno de los más esquilmados por el capital imperialista.

8.-Deudas heredadas.

El Gobierno de Frei dejó una deuda de 750 millones de dólares que deberá cubrirse entre los años 1971, 1972 y 1973. Corresponde al pago de amortizaciones e intereses por deudas del sector público, de la gran minería del cobre y del sector privado con garantía estatal. Sólo en el presente año, el servicio de la deuda del sector público demandará un gasto de 278 millones de dólares. Se calcula que los ingresos de divisas para 1971 serán de 1.100 millones de dólares, pero solamente podremos disponer de unos 500 millones para importaciones, debido a que el resto ya está comprometido por decisión de las Administraciones anteriores. El primer paso para poner atajo a esta exacción de nuestros recursos lo constituyó la nacionalización del cobre. A esta medida se están agregando otras de importancia vital, como el control del comercio exterior; incremento del intercambio con otros países en igualdad de condiciones; control integral de las actividades financieras; sustitución de importaciones por una mayor producción nacional, etcétera.

9.-Mayores comodidades para el pueblo.

El Gobierno de la Unidad Popular ha intensificado en todos los aspectos la atención médico-asistencial, no obstante los precarios medios de que dispone y la falta alarmante de profesionales médicos. La atención materno-infantil; las vacunaciones preventivas masivas; el medio litro de leche para cada niño; la lucha a fondo contra la mortalidad infantil y las enfermedades infecto-contagiosas constituyen, entre otros, factores decisivos para defender la salud de los chilenos.

Las siguientes cifras demuestran como ha sido aumentado el número de atenciones médicas. La muestra comprenda el período 1º de junio al 20 de julio de 1971, comparada con igual período de 1970, de atenciones en los hospitales Arriarán, González Cortés, Calvo Mackenna y Roberto del Río, de Santiago.

En 1970 se atendieron 27.505 consultas, y en 1971, 47.274: 19.769 consultas más. Las hospitalizaciones fueron 2.025 en 1970, y en 1971, 4.190: el incremento fue de 2.165.

Lo anterior, sólo con ocho médicos pediatras y cinco médicos cirujanos.

Este Gobierno ha procedido a la democratización de todo el sistema educacional para dar igual oportunidad a todos los niños de Chile a estudiar en las escuelas básicas, medias, profesionales y en las universidades; ha impulsado un notable incremento del desayuno y almuerzo escolares, de las becas y préstamos universitarios. El desarrollo del plan nacional de alfabetización tiende a erradicar definitivamente el analfabetismo de nuestro país. Se desarrollan, en todos los niveles, la cultura, la música, las artes con directa participación de los artistas e intelectuales en la formulación de los planes y en su puesta en marcha.

10.-Más viviendas para el pueblo.

En 1971 se terminarán más de 60 mil viviendas para los chilenos, lo que constituye un verdadero "record", pues supera lo construido anualmente por todas las Administraciones anteriores. En 1970 apenas se construyeron 20 mil casas, y el Gobierno de la Unidad Popular recibió el país con un déficit de 600 mil habitaciones, problema que afecta a más de un tercio de los chilenos.

Se ha facilitado la adquisición de viviendas por los trabajadores, eliminando el sistema de reajustabilidad, tan injusto y oneroso, y se ha fijado la cuota de amortización del valor de la casa en hasta diez por ciento del salario o sueldo del grupo familiar, como límite.

Está en plena ejecución el plan de urbanización y de saneamiento de sitios y viviendas y se están construyendo edificios en altura para reemplazar las viviendas provisionales o de malas condiciones materiales.

Plena libertad y amplia democracia.

Chile está viviendo en estos momentos, junto a la gran experiencia de construir el socialismo de acuerdo con la ley, la más amplia y plena libertad. A pesar de los excesos de la Oposición, que ha asumido actitudes que ningún Gobierno anterior hubiese tolerado, existe el más amplio respeto por la persona humana y todas las creencias e ideologías tienen cabida en nuestra sociedad, sin limitaciones ni prohibiciones. Ese estado de cosas es posible en nuestro país por la ilimitada confianza que los trabajadores y el pueblo tienen en su Gobierno.

La libertad de expresión está intacta y tienen acceso a todas las formas de publicidad todos los sectores, todas las ideologías, todas las corrientes filosóficas, políticas o religiosas. No impera en nuestro país ninguna ley coercitiva y la libertad y la democracia actúan en plenitud.

Las declaraciones del plenario democratacristiano son irracionales.

Valoramos las escasas declaraciones positivas del plenario de la Democracia Cristiana, especialmente las que se refieren a dar y reiterar su apoyo al régimen democrático y a la autoridad legítimamente constituida, y a respaldar el proceso de nacionalización del cobre y las decisiones legales y constitucionales adoptadas por el Gobierno de la Unidad Popular en resguardo de la soberanía nacional.

Sin embargo, el grueso de estas declaraciones constituyen enunciados que trasuntan, más que una posición ideológica opositora, un afán de crítica acerba cuyo objetivo es la mistificación de los hechos.

¿Y la Derecha golpista?

El señor VALENTE.-

El plenario de la Democracia Cristiana centró sus fuegos exclusivamente en el Gobierno de la Unidad Popular, en los que estamos llevando adelante el proceso revolucionario. Es decir, contra los que estamos construyendo el socialismo con la ley en la mano.

A la Derecha económica, sediciosa y gol-pista, no la agravia ni con el pétalo de una rosa.

Ni una palabra de censura para los asesinos de Hernán Mery ni del General Rene Schneider; mudez absoluta para quienes, desde la letrina fascista de Patria y Libertad, complotan contra la Patria en su afán de imponer un Gobierno de facto encabezado por aventureros y bandoleros políticos.

Bien trabaja el freísmo dentro de la Democracia Cristiana para imponer una línea de conducta como la reflejada en los acuerdos del plenario.

Si los dirigentes del Partido Demócrata Cristiano se prestan o no para "servir de balón de oxígeno a la reacción", es asunto que debe llamar a la reflexión a los propios democratacristianos.

Bien lo señaló la Conferencia Nacional del Partido Comunista, al decir:

"Debemos tener presente que los enemigos están desesperados por los éxitos del Gobierno Popular. Comprenden que el tiempo corre contra ellos. Les angustia que ahora haya menos cesantía, menos inflación, más poder adquisitivo de las masas y más producción. Saben que con el aprovechamiento por Chile de su riqueza cuprífera, la entrega de la tierra a los campesinos, la eliminación del parasitismo oligárquico y el desarrollo de una potente industria moderna, muy pronto habremos eliminado el atraso y la miseria. De ahí que traten de apresurar el montaje de la traición, queriendo aprovechar las dificultades iniciales de la primera etapa.

"Reafirmamos nuestra irrestricta adhesión a la libertad y la independencia de Chile. Ningún escollo logrará apartarnos del camino de asegurar un desarrollo democrático y la realización por los medios legales, con el apoyo y la movilización de las masas y modificando las leyes de acuerdo con la Constitución, de los cambios profundos que implican la transformación de la sociedad.

"Como respuesta a los enemigos, creemos indispensable que el movimiento popular -en que trabajamos en conjunto los marxistas con los racionalistas y los cristianos- se profundice, se ensanche, gane nuevas fuerzas, conquiste más y más aliados, una a todos los patriotas.

'De lo que ahora hagamos dependerá que sean imposibles la esclavitud y el fascismo y se abran, en cambio, un futuro luminoso para Chile y el bienestar, la libertad y la felicidad de las próximas generaciones."

Estas son nuestras palabras.

El señor FERRANDO (Vicepresidente).-

Se suspende la sesión hasta las cuatro de la tarde.

-Se suspendió a las 13.35.

-Se reanudó a las 16.4.

El señor FERRANDO (Vicepresidente).-

Continúa la sesión.

Tiene la palabra el Honorable señor Carmona.

El señor CARMONA.-

Señor Presidente, la Corporación fue citada en esta oportunidad para tratar la situación de la Universidad de Chile y lo relativo al estado económico del país.

En la mañana de hoy, el Honorable señor Montes se refirió al primero de esos temas, y a continuación el Honorable señor Valente trató de abordar el segundo. Digo esto porque a mi juicio, este último no cumplió el objetivo de la citación: ocuparse en el estado económico de nuestro país, de Chile.

En verdad, el análisis que el Honorable señor Valente hizo de la situación económica puede corresponder a cualquier nación, pero no a la nuestra. Creo que la lectura de su discurso servirá para que la opinión pública aprecie cómo pueden distorsionarse los hechos económicos y lo que realmente está sucediendo en Chile, porque los presenta ante aquélla con el pretexto de convencerla de que el actual Gobierno está encauzando al país por una etapa de desarrollo económico y justicia social que nadie aprecia en este instante.

En el curso de mi intervención, fundamentalmente, recogeré algunos aspectos de las aseveraciones que el Honorable señor Montes hizo en la mañana de hoy, dado que él contestó algunas de las observaciones que formulé en la sesión especial del viernes de la semana pasada respecto de lo que está ocurriendo en la Universidad de Chile y, principalmente, en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Tampoco quiero dejar pasar la oportunidad para referirme, en forma muy general, -haré sólo dos observaciones-, al discurso del Honorable señor Valente.

La primera de ellas tiene atinencia con las afirmaciones del señor Senador tendientes a atribuir a lo que él llama "el freísmo" las posiciones adoptadas por la unanimidad del Consejo Ampliado que el Partido Demócrata Cristiano celebró hace pocos días en Cartagena. Sin embargo, él manifiesta y reconoce que la declaración corresponde a la posición del Partido Demócrata Cristiano. Con ello, a mi juicio, se sale bastante de las posiciones y de los objetivos que los partidos y el Gobierno de la Unidad Popular pretenden respecto de la situación de nuestra colectividad política.

Hace pocos días tuvimos oportunidad de leer algunas declaraciones que el Ministro de Relaciones Exteriores, don Clodomiro Almeyda, hizo en Washington al abordar temas de política interna de Chile. Y debo declarar que ellas me parecieron desusadas, porque en nuestro país se había mantenido la tradición -en especial por los políticos cuando salen al extranjero- de no referirse a la situación interna cuando se está fuera de Chile. Y esta costumbre, esta tradición que había sido respetada y mantenida, fue quebrantada precisamente por quien está más obligado a respetarla: el Ministro de Relaciones Exteriores.

Pues bien, don Clodomiro Almeyda, hace pocos días, en sus declaraciones hace vaticinios sobre una posible y nueva división de la Democracia Cristiana.

Las palabras que hemos escuchado en la mañana de hoy al Honorable señor Valente desmienten tal criterio, porque reconoció explícitamente la unanimidad que reinó en el Consejo Ampliado de nuestra colectividad en Cartagena. Y en este sentido, creo que las palabras del señor Senador tienen valor ante la opinión pública y demuestran lo que en realidad es el Partido Demócrata Cristiano en su unidad y su criterio, unánimemente establecido en la mencionada reunión plenaria, respecto del Gobierno que rige a Chile.

El otro aspecto que deseo recoger de las aseveraciones del Honorable señor Valente es el que dice relación al proyecto de reforma constitucional presentado por los Honorables señores Hamilton y Fuentealba -me interesa poner de manifiesto el criterio del Partido Demócrata Cristiano sobre el particular-, tendiente a delimitar las áreas de propiedad que puedan existir en el país y a satisfacer la necesidad de que los procesos, especialmente de nacionalizaciones y expropiaciones, se concreten con conocimiento de la opinión pública y mediante la participación del Congreso Nacional.

Nada puede visualizar mejor ante la opinión nacional la necesidad de esta iniciativa que el propio aprovechamiento que en estos instantes está haciendo el Gobierno de la Unidad Popular del proceso de complementación de la nacionalización de la gran minería del cobre, porque está sacando partido de algo que cuenta con el reconocimiento unánime del país. Y no podría ser de otro modo, pues se trata de un proceso realizado a la luz pública, con plena participación del Congreso Nacional, mediante una reforma constitucional que nadie puede desconocer y que representa, auténticamente, una manifestación soberana de Chile. A mi juicio, este es un buen ejemplo para apreciar la necesidad de que procesos de esta naturaleza, y en especial los de recuperación de nuestras riquezas básicas, se realicen con plena participación y conocimiento de la opinión pública mediante el debate parlamentario.

Si distraigo la atención de los señores Senadores por algunos minutos analizando este aspecto del discurso del Honorable señor Valente, es porque deseo dar algunos antecedentes sobre una negociación que tiene atinencia con el proceso de complementación o de recuperación de una riqueza que es básica para el país. Me refiero a la situación ocurrida con el salitre.

Con fecha 28 de mayo del año en curso se finiquitó una operación por medio de la cual la Corporación de Fomento de la Producción rescató las acciones que quedaban en poder de la Compañía Salitrera Anglo Lautaro y los bonos o "debentures" que se reconocieron como deuda al constituirse la Sociedad Química y Minera de Chile. En la misma fecha se suscribió una escritura pública ante el NotarioPúblico don Sergio Rodríguez Garcés, que contiene los acuerdos correspondientes.

A propósito de esto, quiero recordar que con fecha 20 de febrero del año en curso el Presidente de la República visitó las oficinas salitreras de María Elena y Pedro de Valdivia para tomar contacto con los trabajadores y suscribir con ellos un convenio tendiente a posibilitar el aumento de la producción de la industria salitrera chilena. En esa oportunidad el Primer Mandatario dijo textualmente: "Sabemos perfectamente bien cómo se manejaba esta industria, llevando las ventajas materiales a los directivos de ella. Y yo puedo decir con vergüenza de chileno que, aun siendo Vicepresidente del Senado de Chile, nunca pude obtener los gastos que representaban los directorios; nunca se nos entregó el costo del salitre; nunca supimos lo que gastaban esas empresas de extranjeros; nunca tuvimos conciencia cabal de lo que significaba el salitre para unos pocos y el drama auténtico de Chile. Por eso," -decía el Jefe del Estado el 20 de febrero de 1971- "estamos ahora aquí para decir que esta empresa que está manejada por la CORFO, y ahora por la Sociedad Química Minera, será una empresa abierta a Chile y abierta al pueblo, y será dentro de poco totalmente nuestra."

Al recordar esas palabras del Presidente de la República, no puedo menos que rechazar las expresiones con que en la mañana de hoy el Honorable señor Valente se refirió a la actitud que asumió el Gobierno democratacristiano en todo lo relacionado con la política del cobre. A mi juicio, basta analizar la negociación a que me estoy refiriendo, porque ahí está la respuesta más adecuada a los conceptos que emitió el Honorable señor Valente, ya que ello permite comprobar que la conducta asumida por el Gobierno de la Unidad Popular respecto de esos intereses extranjeros no se puede considerar en un mismo plano con la posición que adoptó la Administración democratacristiana sobre el particular.

Con posterioridad, el 28 de mayo del año en curso se suscribió la referida escritura. En virtud de su cláusula octava se otorgó a la compañía Anglo Lautaro el más amplio y completo finiquito. Se estableció en cláusulas muy explícitas que no se reclamaba absolutamente nada en contra de ellas, que no había cargos que formularle, declarándose -¡observe bien el Honorable Senado!- que "actuó siempre de buena fe".

Me ha parecido conveniente dar a conocer a la opinión pública ese expreso reconocimiento hecho por el actual Gobierno, que aparece perdonando absolutamente todo su pasado a una empresa extranjera, norteamericana, imperialista, como la denominaban los elementos de la Unidad Popular.

Pues bien: ninguna denuncia sobre los hechos acaecidos en la industria salitrera será válida en lo futuro si la formulan personeros de la Unidad Popular. Ninguna mención del Referéndum Salitrero o de otras materias será posible ni tendrá valor, porque la actual Administración ha entregado el mejor certificado de conducta a la empresa salitrera que mereció los peores epítetos de parte de los personeros de aquel movimiento.

A raíz de dicha negociación, que fue realizada por miembros de la CORFO, en representación del Gobierno, pedí a la Oficina de Informaciones del Senado todos los antecedentes sobre la materia, los que llegaron después de transcurrido algún tiempo. Se trata de un informe de 63 páginas, al que se agregan las cortas y amables expresiones que intercambiaron los personeros del Gobierno de la Unidad Popular y los representantes de la Anglo Lautaro.

En esta oportunidad no puedo realizar un análisis exhaustivo sobre la negociación realizada en la industria salitrera. Pero lo efectuaré en otra ocasión, por estimar conveniente que el Honorable Senado conozca todos los antecedentes del caso.

Al término del Gobierno anterior se hicieron algunas proposiciones en cuanto al salitre. Puede pensarse que los resultados de la actual negociación, de acuerdo con las informaciones entregadas a la opinión pública, son mucho más desfavorables que los que podrían haberse logrado si tales proposiciones hubieran tenido acogida; pero no prosperaron, porque se hicieron presentes al expirar el mandato del PresidenteFrei. Ese Gobierno prefirió, considerando que se desarrollaría una elección presidencial a muy corto plazo, que hubiera primero un pronunciamiento de la opinión ciudadana y, al mismo tiempo, que fuera el nuevo Gobierno el que estableciera las bases necesarias para llevar a cabo una negociación de ese tipo y para que, en caso de estimarse necesario, el Parlamento de la República se pronunciara acerca de la materia mediante el estudio de un proyecto de ley, tal como sucedió respecto del cobre.

En esta oportunidad sólo puedo formular observaciones muy generales sobre la base de los antecedentes a que me referí y de otros que he conseguido.

Desde luego, manifiesto que lo que se

ha dado a conocer muy sucintamente a la opinión pública es el hecho de que el Gobierno de Chile, por intermedio de los personeros a que me referí, llegó a acuerdos para rescatar el resto de las acciones de la compañía salitrera Anglo Lautaro y, al mismo tiempo, los "debentures" -que totalizaban una cantidad superior a 24 millones de dólares, amortizables en un plazo de 15 años, a partir del 30 de julio de 1974-, en una suma que se dio a conocer a la opinión pública, pagadera en dos cuotas: una que se canceló el 28 de mayo, al momento de firmar la escritura correspondiente, y otra que se pagará el 31 de marzo de 1972. El total de la operación -daré una cifra redonda- alcanzó a 7 millones 900 mil dólares.

Sin embargo, en esa oportunidad no se informó a la opinión pública que, aparte esos pagos, la CORFO se hizo cargo también de una deuda de alrededor de 4 millones 800 mil dólares que la Anglo Lautaro tenía en el EXIMBANK. El monto de esa deuda, entonces, debe agregarse al costo de la operación, con lo cual ésta no asciende a 7 millones 900 mil dólares, como se sostuvo ante la opinión pública, sino a más de 13 millones ó 14 millones de dólares. Esta es la realidad.

Señor Presidente, hay un aspecto que no puedo dejar de señalar en esta sesión en que el Honorable señor Valente ha hecho cargos tan infundados al Gobierno de la Democracia Cristiana respecto de asuntos de tanta importancia como son la recuperación de las riquezas básicas y los tratos con las empresas extranjeras.

Tengo en mi poder una publicación en que el "Wall Street Journal", de Nueva York, da a conocer los antecedentes de dicha negociación y el informe que los personeros de la Anglo Lautaro entregaron al conocimiento de los accionistas en la sesión correspondiente.

Aparece algo muy extraño, que es necesario aclarar ante la opinión ciudadana.

Se dice que el total de la operación, incluida la adquisición de los "debentures" por la Sociedad Química Minera, ascendió a 7 millones 900 mil dólares. Por otra parte, se reconoce lo que ya destaqué: que la CORFO se hace cargo también de la deuda de 4 millones 800 mil dólares contraída por la Anglo Lautaro con el EXIMBANK, antecedente que no se había entregado a la opinión pública nacional.

Pero hay un hecho muy curioso. La información dice textualmente: "Después de hacer provisiones para otros gastos envueltos en la transacción, Anglo Lautaro reconoce que el monto neto de la operación alcanza a alrededor de 7 millones 100 mil dólares". O sea, como consecuencia de la referida operación, la Anglo Lautaro declara ante sus accionistas recibir sólo 7 millones 100 mil dólares, en circunstancias de que la transacción se hizo por 7 millones 900 mil. En consecuencia, se reconoce que dicha empresa deja de percibir 800 mil dólares y no se especifica ante la opinión pública qué representan los otros gastos involucrados en la "transacción", que es el término usado en dicha publicación.

Es del todo necesario que los antecedentes recibidos por el Senado se completen con dos clases de informaciones a este respecto: en primer lugar, que se envíen a esta Corporación los antecedentes sobre la deuda o el aval tomado por la CORFO con relación a los 4 millones 800 mil dólares prestados por el EXIMBANK a la Anglo Lautaro; y, en segundo término, que se nos precisen "los otros gastos involucrados en la transacción", ascendentes a la elevada suma de 800 mil dólares, que se detalle con precisión el destino de cada partida y se aclare si hay personas favorecidas con entrega de recursos y por qué concepto.

Solicito oficiar sobre esos puntos, en mi nombre, a los señores Ministros de Economía y de Minería, para que se completen los antecedentes recibidos por la Oficina de Informaciones del Senado con relación a tan importantísima materia.

El señor AYLWIN (Presidente).-

Oportunamente se requerirá el asentimiento de la Sala, señor Senador.

El señor CARMONA.-

Lo he solicitado en mi nombre, señor Presidente.

El señor AYLWIN (Presidente).-

Sólo en la hora de Incidentes es posible acordar el envío de oficios sin pedir la aquiescencia de la Sala.

El señor SILVA ULLOA.-

¡Que se vote..!

El señor CARMONA.-

En su debida oportunidad, reiteraré mi petición.

Señor Presidente, he querido dar a conocer tales hechos por considerar de extraordinaria importancia que la opinión pública valorice la necesidad de que los procesos de esa índole se verifiquen a través del mecanismo de la ley. La experiencia que ha tenido Chile en cuanto a la recuperación del cobre como riqueza básica es valiosísima para que se tome conciencia en el sentido de que tales procesos no se efectúen a espaldas de la opinión, sino que se sometan a la consideración del Parlamento, entregándose los antecedentes del caso.

Tales son las observaciones que, a mi juicio, merecen esos dos aspectos de la intervención hecha en la mañana de hoy por el Honorable señor Valente.

Tengo entendido que el Honorable señor Musalem se hará cargo, en representación del Partido Demócrata Cristiano, de los planteamientos de orden general relativos a la situación económica nacional que fueron abordados esta mañana, y que deben ser refutados por nosotros, pues contuvieron referencias directas -casi exclusivas, diría yo- a la posición que nuestra colectividad tiene sobre esta materia.

Deseo formular, además, algunos alcances a la respuesta dada por el Honorable señor Montes a las observaciones que hice en la sesión del viernes de la semana pasada sobre la situación existente en la Universidad, y muy especialmente, a las que hice con relación al acuerdo adoptado por el Consejo Normativo Superior de la Universidad de Chile y tendiente a suprimir, más que a modificar, la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de ese plantel universitario.

Debo empezar mis palabras señalando que en la intervención del Honorable señor Montes no hubo una respuesta explícita al problema planteado en la sesión anterior.

Nos interesaba extraordinariamente dilucidar ante la opinión pública las razones por las cuales la Universidad iba a dar un paso tan sorprendente como el que denunciamos en la sesión a que he hecho referencia, consistente en suprimir una de las que es posiblemente la más antigua de sus facultades: la de Ciencias Jurídicas y Sociales, en circunstancias de que ninguna universidad del mundo ha adoptado tal determinación.

Un tema de esa magnitud merecía una respuesta profunda y acabada, a fin de que la opinión pública se impusiera de esa materia. Sin embargo, en la mañana de hoy escuchamos reflexiones de carácter simplemente político, en las cuales se afirmó que las denuncias que hicimos en la sesión anterior tenían por objeto asumir una actitud partidista y política, para defender -según las afirmaciones del Honorable señor Montes- posiciones retardatarias, reaccionarias y retrógradas dentro de la Universidad, con el propósito de retornar a la autoridad superior del Rector, superando estructuras pasadas y procurando, de esa manera, que tanto las facultades como la misma Universidad se transformen en elementos de contención del proceso de cambios sociales y no alienten, precisamente, mediante sus estudios, investigaciones y actividades universitarias que conduzcan a dicho proceso en nuestro país.

Desde luego, se hicieron afirmaciones que deseo desmentir categóricamente en esta sesión, como aquella de que la posición asumida por el Frente Universitario obedece a los principios más tercamente reaccionarios y más ultrarreaccionarios existentes en el país. Se dijo, también, que una de las medidas adoptadas por ese Frente -me refiero a la toma de la Escuela de Derecho- fue producto, en gran parte, de la intervención, de la insinuación y de la acción -diríamos, muy importante- del señor- Pablo Rodríguez y del Movimiento "Patria y Libertad".

Todos sabemos --quiero desmentir categóricamente que dicho señor haya intervenido en esa acción- que él no ha participado en modo alguno en esos hechos ni está ocupando la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile.

Por lo tanto, tal aseveración no tiene asidero alguno y con ella sólo se pretende hacer creer a la opinión pública que la posición asumida al respecto por el Frente Universitario es de carácter retardatario.

Me parece que el Honorable señor Montes hace muy poco favor a elementos que pertenecen a la Unidad Popular o que están por ingresar a ella y desean ser acogidos con entusiasmo, al hacerles creer que la posición asumida en defensa de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales obedece a motivos subalternos, de carácter político partidista.

En lo concerniente a este punto, deseo leer la adhesión enviada desde Valparaíso por el Consejo de la Escuela de Derecho de la Universidad Católica de ese puerto, y suscrita por el Director de ese planteal, Diputado Osvaldo Giannini, que pertenece a la Izquierda Cristiana, la cual -repito- desea ser acogida con los brazos abiertos por la Unidad Popular. Textualmente, esa declaración dice:

"lº-Solidarizar con la lucha que actualmente desarrollan estudiantes, docentes y administrativos en pro de la subsistencia de una unidad autónoma para el tratamiento del Derecho como objeto unitario de estudio, docencia y difusión, y

"2º-Dar expresión a la esperanza de que el Consejo Normativo Superior de la Universidad revoque el acuerdo ya adoptado y permita que el estudio y la enseñanza del Derecho se realicen de tal manera que se considere su carácter de ciencia social autónoma, como reguladora de las relaciones humanas fundadas en un criterio permanente de justicia."

No hay duda de que es categórica la opinión expresada por el Consejo de la Escuela de Derecho de la Universidad Católica de Valparaíso y, al mismo tiempo, por el DiputadoGiannini.

Conocemos, igualmente, el pensamiento del Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, don Eugenio Velasco, militante del Partido Radical, quien también comparte la posición asumida por quienes defienden la subsistencia de la Universidad y la autonomía de los estudios de derecho. En su declaración, el señor Velasco, después de explicar que el proceso de reformas se inició en la Facultad en 1965, para ser puesto en vigencia en 1966, expresa lo siguiente:

"La experiencia ha demostrado que lo concedido satisface los requerimientos que la propia Facultad planteó en el sentido de entregar un hombre de Derecho distinto: apto para actuar como sujeto activo en la actual transformación de la sociedad chilena, conocedor del ordenamiento jurídico, pero preparado especialmente para mantener una actitud crítica y constructiva encaminada a su evolución y poseedor de una formación e información básicas en las ciencias sociales, que estudian el substrato de la realidad que el Derecho está llamado a regir.

"Hasta la fecha" -dice el Decano Velasco- "nadie planteó jamás en el seno de ella la conveniencia de un cambio de estructuras."

Se trata de dos opiniones vertidas por personas a las cuales nadie puede atribuir las intenciones señaladas por el Honorable señor Montes, y que plantean lo mismo que el Frente Universitario en defensa de la subsistencia de» la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile.

También debo recordar las opiniones y acuerdos reiterados por don Enrique Silva Cimma, quien, tras reconocer que votó desaprensivamente por la fórmula B) en contra de la A) propuesta por el Frente Universitario, hace votos para que la situación se modifique, pues ella no puede subsistir.

Estamos en presencia de tres criterios muy claros y fundados que guardan relación con esta materia, y a los cuales nadie puede atribuir sentido partidario o político o intenciones subalternas en la lucha que ahora se produce en la Universidad de Chile a propósito de ese acuerdo.

Debo manifestar -oportunamente refutaré algunas afirmaciones vertidas al respecto- que al plantear estos temas no se ha tratado de cuestionar todo el proceso de reforma universitaria, como señaló en la mañana de hoy el señor Senador. Tampoco se ha pretendido desconocer el ejercicio, por medio de las autoridades que la misma comunidad universitaria elige, de las resoluciones que tomen aquéllas. No es el caso, ni lo hemos planteado de esa manera. No estamos defendiendo un esquema de Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales destinado a mantener estructuras arcaicas opuestas al cambio social o que no obedezca a la evolución que desea la opinión pública en este instante en lo referente a los estudios de esta especialidad universitaria. Por el contrario, el Frente Universitario ha planteado la necesidad del desarrollo y de que se experimenten los cambios propuestos para la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, los cuales se han puesto en práctica desde junio de 1970. Es decir, hace sólo un año que está en aplicación un cambio que reconoce, precisamente, la necesidad de que los estudiantes de derecho y los estudios pertinentes se incorporen al proceso de transformaciones sociales, ampliándolos sobre la base de servir efectivamente a dichas transformaciones.

El cambio de estructura de la mencionada facultad universitaria fue propuesto, muy significativamente, por el profesor Clodomiro Almeyda, actual Ministro de Relaciones Exteriores del Gobierno de la Unidad Popular, a quien nadie tampoco puede tildar de retardatario en sus posiciones ni hacerlo merecedor de las apreciaciones a que llegó por el Honorable señor Montes en la mañana de hoy.

No estamos, pues, cuestionando la estructura de la Universidad ni tratando de retrasar el proceso de reformas. Nos hemos limitado a denunciar el uso ilegítimo e ilegal de las atribuciones de las autoridades colegiadas, al no consultar a la comunidad o al desconocer la potestad de la comunidad universitaria en materias sobre las cuales debe ser consultada, según las disposiciones del Estatuto de la Universidad.

Las disposiciones que dimos a conocer en nuestras observaciones anteriores señalan en forma clara y explícita la necesidad de consultar previamente sobre estos aspectos a la comunidad universitaria mediante un plebiscito, que es la mejor manera de recoger su manifestación de voluntad.

No se trata de un informe, de una consulta individual a una persona o a una corporación, sino a una comunidad viva, integrada por personas pertenecientes a diversos estamentos, que debe pronunciarse sobre la materia.

Estamos denunciando aquí el hecho insólito y, a nuestro juicio, ilegal e ilegítimo, de que el Consejo Normativo Superior de la Universidad de Chile haya adoptado el acuerdo de suprimir, prácticamente, una facultad o varias, como lo sabe la opinión pública, desconociendo una manifestación de voluntad contraria de parte de los sectores afectados. Creemos que con ello no se respeta la democracia universitaria.

Quienes piden reconsiderar los acuerdos de tal Consejo, a fin de obtener un pronunciamiento que traduzca el verdadero sentir de la Universidad, merecen la mayor atención y respeto de la opinión pública.

Antes de terminar mis observaciones, quiero referirme a la afirmación del Honorable señor Montes en el sentido de que nosotros somos inconsecuentes al defender aquí la toma de una o varias escuelas en los últimos días. Su Señoría sostuvo que carecíamos de autoridad para denunciar cualquier tipo de toma ocurrida o por ocurrir en el país, por el hecho de haber asumido una actitud sobre tal materia, ya que ello revela inconsecuencia de parte nuestra.

Deseo decir dos palabras al respecto. Primero, lo que sí me parece inconsecuente es que un parlamentario del Partido Comunista, colectividad que siempre asumió sobre el particular la posición que la opinión pública conoce, cuestione ahora una toma. En segundo término, en ningún momento me referí a este problema en el curso de mis observaciones del viernes pasado, ni planteé una posición partidista sobre el particular. Los acontecimientos ocurridos en la Universidad, que han derivado a situaciones de hecho, son de responsabilidad de quienes están actuando allí. Sus actitudes y posiciones se expresan a través de organizaciones, como el Frente Universitario, que no defienden criterios simplemente partidistas, sino el interés universitario, como la "opinión pública ha tenido ocasión de conocer mediante las informaciones proporcionadas en esta Sala. En este sentido, creo que tal situación de hecho es producto, lisa y llanamente, de la obcecación de ciertos sectores que pretenden imponer en la Universidad un criterio ideológico no compartido por la mayoría de ella y que impide reconsiderar un acuerdo estimado perjudicial para los intereses universitarios. Quienes discrepan de este acuerdo desean que el problema se resuelva respetando la opinión mayoritaria de la comunidad universitaria y el contenido y espíritu de una reforma que, iniciada en 1968 en la Universidad de Chile, necesita desenvolverse sobre bases serias, democráticas y pluralistas.

La situación de hecho a que me he referido es producto del desconocimiento intransigente de la opinión mayoritaria por parte del Consejo Normativo Superior de la Universidad de Chile. Asimismo, revela desconocimiento de las garantías constitucionales aprobadas por el Congreso Nacional y votadas favorablemente por el actual Presidente de la República en esta misma Sala, hecho que permitió al señor Allende ocupar la Primera Magistratura de la Nación.

La libertad de cátedra y el respeto por la enseñanza universitaria están reconocidos categóricamente en nuestra Carta Fundamental.

Después de conocer la intervención del Honorable señor Montes, resultará más claro que nunca para la opinión pública el imperativo de respetar a la comunidad universitaria y su proceso de reforma realizado sobre bases universitarias, y la subsistencia de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, incorporando a ella estudios sobre el cambio social, a fin de que esa información contribuya a la enmienda de los conocimientos jurídicos.

Estos temas no sólo interesan a la Universidad, sino a todo el país.

Esas son las razones por las cuales se ha traído este debate al Senado, debate que ha servido para destacar plenamente la conveniencia de reconsiderar acuerdos que están produciendo daño y perjuicio a la universidad nacional por excelencia, como es la Universidad de Chile.

En este momento crítico, queremos, más que nunca, que tales acuerdos se modifiquen de manera que permitan la subsistencia de los principios que estamos defendiendo.

El señor AYLWIN (Presidente).-

Tiene la palabra el Honorable señor Ibáñez.

El señor IBAÑEZ.-

Señor Presidente, citada esta sesión especial para tratar las condiciones económicas en que se encuentra el país, deseo aprovechar la oportunidad para referirme específicamente a la realidad de la minería del cobre en Chile, que presenta aspectos de tal gravedad, que pueden significar a breve plazo no sólo la ruina de esa industria, sino la detención de nuestro comercio exterior y la quiebra de la economía del país.

Mis palabras no representan apreciaciones subjetivas deliberadamente pesimistas, sino que son la consecuencia obvia del deterioro acelerado y simultáneo de todos los-factores que hicieron del cobre la principal riqueza de Chile.

Decrece la producción de cobre.

En primer término, es preciso que la opinión pública tenga clara conciencia de que las metas de producción que cabía esperar para el año actual, no se alcanzarán ni remotamente.

La ampliación de El Teniente y Chuquicamata y la puesta en marcha de las explotaciones de Exótica y Andina, que representan un compromiso fiscal de más o menos 700 millones de dólares -correspondientes a los préstamos necesarios para realizarlas-, no permitirán alcanzar la producción de más o menos un millón de toneladas de cobre prevista en dichos proyectos para el año en curso.

Tampoco se alcanzará la cifra de 800 mil a 850 mil toneladas que anunció el señor Max Nolff, Vicepresidente de CODELCO, al discutirse este punto a comienzos del año actual en las Comisiones del Senado. En los primeros cinco meses de este año, la producción había llegado a 238.812 toneladas, lo que significa mantener aproximadamente el ritmo de producción de la gran minería que existe desde 1964, no obstante las ampliaciones referidas y la inclusión en esa cifra de las nuevas explotaciones de Exótica y Andina. Dicho en otras palabras, la producción de las minas tradicionales -Chuquicamata, El Teniente y El Salvador- acusa una baja de importancia. En el caso de El Teniente, se había programado una producción de 114 mil toneladas para los cinco primeros meses del año actual, contra 76 mil toneladas producidas en el mismo período del año anterior. Sin embargo, en los meses de enero a mayo, inclusive, de 1971, se produjeron apenas 67 mil toneladas, esto es, 12% menos que el año anterior y 41,5% menos que el programa oficial.

En meses recientes aparecen factores que perturban y frenan la producción, como el deterioro de instalaciones industriales, anarquía laboral, incompetencia tecnológica para resolver los problemas que plantea Exótica, etcétera.

El Presidente de la República anunció, incluso, la probabilidad de que tuviese que ser suspendida la explotación de ese mineral debido a dificultades técnicas que no ha sido posible solucionar.

No hay, pues, índices que demuestren un aumento de producción, sino que, de los antecedentes que es posible recoger, se observa un persistente estancamiento o reducción de ésta.

Aumentan los costos.

En seguida, es preciso ocuparse en el alza de costo de la producción de cobre. Carecemos de información circunstanciada sobre este rubro, pero hay numerosos antecedentes de dominio público que comprueban el alza considerable de dichos costos de producción. Debemos referirnos, particularmente, a la baja productividad; a la contratación de más personal (sólo en Chuquicamata, El Salvador y El Teniente se han contratado 1.080 personas más); a la incompetencia de los cuadros directivos y técnicos; a las persecuciones y controles políticos establecidos sobre los supervisores; a la congelación del tipo de cambio, etcétera.

Respecto de este último factor, es innecesario destacar la contradicción, que llega al absurdo, entre la congelación del tipo

de cambio y la grave desvalorización de la moneda nacional con motivo de la duplicación del circulante que ha realizado el Gobierno en el curso de los últimos doce meses, así como de los demás factores inflacionarios desatados por su política económica y fiscal. El solo desequilibrio de la tasa cambiaría puede llevar a corto plazo a la ruina a las empresas de cobre y a la necesidad de subvencionarlas mediante nuevas emisiones para que pueda continuar la producción del rubro básico de nuestras exportaciones.

A este respecto, el Presidente de la República, con loable franqueza, ha reconocido que en un mes reciente el costo del cobre de El Teniente alcanzó a 49 centavos, en circunstancias de que su precio de venta fue de 47 centavos. Ya estamos, pues, vendiendo a pérdida.

Baja del precio.

Finalmente, es preciso considerar que los graves tropiezos de la producción y los desorbitados aumentos de costo se han producido en los momentos en que el mercado mundial del cobre muestra una acentuada declinación de sus precios, hasta el nivel actual de 48 centavos por libra que, debemos subrayar, es un precio adecuado y conveniente para muchos países productores.

Tal declinación era, por lo demás, perfectamente previsible, pues las cotizaciones anormalmente altas de los dos últimos años, y considerablemente superiores a los costos de este metal, constituyeron un fuerte estímulo para iniciar nuevas explotaciones de cobre en todos los países del mundo, así como para que los usuarios de este metal procedieran a reemplazarlo por aluminio, plástico, etcétera, según el empleo a que cada cual lo destinaba.

Tenemos, en resumen, un cuadro de baja producción, altos costos y declinación de precios, tres factores que, atendida la magnitud de ellos, bastan y sobran, en el caso del cobre chileno, para producir a esta industria un quebranto extremadamente serio y tal vez irreparable.

Pero los factores anteriores se agravan todavía mucho más como consecuencia del ingrediente demagógico que parece ser esencial en la política impuesta al cobre por la Unidad Popular.

La agresividad absurda, los sentimientos revanchistas y el ofuscado sectarismo de que ha hecho gala el Gobierno en su manejo de la política del cobre han significado, por una parte, que renuncien a sus delicadas funciones los más calificados administrativos y técnicos con que contaba esta industria -y que incluye un alto porcentaje de profesionales chilenos que decidieron buscar en otros países la comprensión y el respaldo que aquí se les negó-, así como también la reducción o cancelación de fuentes de crédito y financiamiento que son indispensables para la marcha de empresas de tan considerable magnitud.

¿A qué obedecen estos "errores" de política?

La persistencia y agravamiento de estas medidas, que hacen más inminente la amenaza de un colapso de esta industria, no puede ser atribuida, a mi juicio, a errores, negligencia o simple incapacidad de quienes dirigen las actividades cupríferas del país.

En el Partido Comunista hay personas que tienen preparación económica más que suficiente para conocer y medir con anticipación el desastre a que se conduce a la economía chilena como consecuencia de la línea agresiva y sectaria que se ha adoptado para el cobre.

Es bien sabido, además, que las consideraciones de orden económico son para los comunistas de carácter secundario con relación a las finalidades políticas, nacionales e internacionales perseguidas por ellos.

Por lo tanto, en el caso del cobre es necesario formularse algunas hipótesis que puedan servir de explicación para la ruina que se ve venir para esta industria y para Chile en un plazo muy exiguo.

La primera de estas hipótesis es la búsqueda deliberada de una confrontación con el Gobierno norteamericano que permita encontrar una justificación, o al menos una explicación, para el establecimiento de un marco totalitario en la vida política chilena, sin el cual no es posible alcanzar ni mantener los objetivos comunistas.

La segunda hipótesis es la de producir deliberadamente el colapso económico del país para disponer, al igual que en el caso anterior, de un pretexto para asumir el control totalitario de Chile. A esa misma finalidad concurren las políticas de expropiaciones agrarias masivas y de apropiación ilegal e ilegítima de las industrias y de medios de producción que, por una parte, aceleran el caos económico y, por la otra, destruyen la independencia y la libertad política de empleados y obreros desde el momento mismo en que el Gobierno de la Unidad Popular toma el control de esas fuentes de empleo.

No sólo ninguna de ambas hipótesis puede ser descartada, sino que una y otra requieren un análisis detenido, que habré de realizar en ocasión próxima.

Pero queda todavía, por lo menos, una tercera hipótesis que es necesario enunciar y que analizaré someramente esta tarde. Me refiero a la posibilidad de una confabulación política internacional destinada a canalizar hacia la Unión Soviética los recursos humanos y financieros que debían impulsar el desarrollo de la producción chilena.

Me explico. Hay una evidente escasez de capital, que se advierte en todas las naciones y que obliga también a los Gobiernos comunistas -particularmente, al de la Unión Soviética- a recurrir cada día en forma más asidua a los mercados occidentales de capital, como lo demuestran los arreglos convenidos en el día de ayer con el Gobierno y los industriales franceses.

Respecto de este punto, como recordarán Sus Señorías, desde hace años vengo sosteniendo que existen negociaciones entre esos dos países para restablecer la posibilidad de que la nación comunista recurra al mercado de capitales franceses. Recuerdo que señalé el hecho insólito que se produjo hace algún tiempo, de haberse vuelto a cotizar en la Bolsa de París los títulos de la deuda externa de Rusia, emitidos en la época de los zares. En esa oportunidad manifesté que la compra de tales valores por el Gobierno soviético no podía significar sino el reconocimiento de compromisos contraídos por su país en años anteriores, a fin de restablecer para la Unión Soviética el crédito internacional que necesita con tanta urgencia.

Aparte la escasez de capitales, que obliga a los países comunistas a recurrir a fuentes de Occidente, existe una notoria limitación de personal técnico calificado para explotaciones mineras de la complejidad y dimensiones de las que tenemos en Chile.

La Unión Soviética sustituirá a Chile como gran productor de cobre.

Pues bien, atendidas estas dos circunstancias, la Unión Soviética ha expresado en forma reiterada y angustiosa su deseo de obtener en Estados Unidos esos capitales y esa técnica, sin los cuales sus mayores yacimientos de cobre carecen de toda significación económica, pues no pasan de ser una riqueza potencial más entre las infinitas que existen en el mundo.

Ahora bien, con motivo de esta proposición soviética he expresado ya en otra oportunidad mis temores de que el rompimiento con las empresas norteamericanas en Chile, que ha impulsado e impulsa el Partido Comunista, pueda tener como finalidad última la de que a esos capitales y a esa técnica, que permitieron crear la riqueza considerable de que ha disfrutado nuestro país, se les impida seguir trabajando aquí y, de esta manera, queden liberados, a fin de poder aplicarlos al desarrollo de la minería del cobre de la Unión Soviética.

Durante la discusión de la reforma constitucional previa a las expropiaciones, una vaga sospecha me impulsó a formular preguntas -que quedaron sin respuesta- al Partido Comunista con relación a esta materia. No obstante, la contestación que yo buscaba nos la trae ahora el cable. Me refiero a las declaraciones del Senador norteamericano Mr. Church, que ha revelado detalladamente las negociaciones realizadas con el Primer Ministro soviético, señor Alexis Kosygin, a partir del mes de julio recién pasado en el discreto retiro de Kiev, la capital de Ucrania, y que muestran los considerables avances hechos para una asociación entre capitalistas norteamericanos y el Gobierno soviético, a fin de desarrollar la minería del cobre de la gran nación comunista.

Los comunistas se asocian con los capitalistas de Wall Street para explotar sus "riquezas básicas".

Es importantísimo para estos efectos señalar que las proposiciones del señor Kosygin se hicieron al Presidente del ChaseManhattan Bank, Mr. David Rockefeller, institución que había tenido importante participación en el financiamiento de las empresas norteamericanas que desarrollaron la minería del cobre en Chile. Asimismo, debemos hacer notar también que el Gobierno soviético no considera en absoluto menoscabada su soberanía por su asociación con esos capitalistas norteamericanos. Y no sólo en el caso de las explotaciones de cobre, sino también en el de las "de gas natural y otros recursos de la plataforma continental soviética". Es obvio que entre esos otros recursos debe de estar el petróleo, actividad con la que, como es bien sabido, el señor Rockefeller tiene estrechas vinculaciones.

En el caso preciso del cobre, la Unión Soviética ofreció ya a los capitalistas norteamericanos explotar los grandes depósitos existentes en Udakhan. Para esta finalidad, los norteamericanos habrían propuesto una explotación conjunta entre sus empresas privadas y los organismos oficiales soviéticos y, según el señor Rockefeller, habrían obtenido "una respuesta optimista".

El Primer Ministro soviético expresó textualmente "que los planes conjuntos podrían ser elaborados hasta la firma de los contratos", y precisó que el pago podría ser realizado "en especies". O sea, citando de nuevo en forma textual al Primer Ministro soviético, podrían ser efectuados "con el producto del proyecto, cobre refinado, por ejemplo".

Esta proposición de pago responde, por lo demás, a las normas económicas soviéticas, que tuvimos ocasión de escuchar de labios del propio señor Kosygin con motivo de la visita oficial que realizó a su país una representación de este Senado.

En el terreno de extraordinaria franqueza en que se están llevando a cabo estas negociaciones, se aludió al hecho de que Estados Unidos hacía figurar el cobre en la nómina de los materiales estratégicos, mientras que el cobre soviético, comentó Kosygin, "no tenía semejante inhibición". Por lo tanto, expresó su disposición de realizar un contrato a largo plazo con una compañía norteamericana, la que "recibiría como lucro" una parte del producto extraído.

El Partido Comunista engaña a los chilenos.

A la luz de estas revelaciones, no podrá escapar a ningún chileno la magnitud del engaño que el Partido Comunista aparece haciendo a la opinión pública de nuestro país. Tampoco puede escapar a la comprensión de todos los chilenos la repercusión catastrófica que tendrá para nosotros el hecho de que el capital y la tecnología norteamericanos sean expulsados de Chile, por presión del Partido Comunista local, para que luego los acoja, con los brazos abiertos, el de la Unión Soviética.

Atendida la dependencia del Partido Comunista chileno de su casa matriz en Moscú, los antecedentes que estoy comentando demuestran una actitud de los comunistas criollos de evidente traición a los intereses de nuestra patria.

Agréguese a lo anterior el anuncio que en estos momentos nos hace el Gobierno de que vendrán más técnicos soviéticos y yugoslavos, para asesorarnos en la explotación de nuestro cobre. Es obvio que se trata de meros aprendices de esas técnicas, toda vez que el propio Primer Ministro soviético, consciente de las graves limitaciones profesionales de su nación, ha debido proponer a los capitalistas norteamericanos un intercambio científico y tecnológico y, más, precisamente, un arreglo sobre la "cuestión de patentes", como dijo textualmente el señor Kosygin.

Chile, la víctima de esta maquinación.

O sea, mientras la Unión Soviética negocia con los norteamericanos la adquisición de su tecnología, nosotros expulsamos esa técnica de nuestro país para reemplazarla por profesionales obsoletos y de segunda mano, que ya demostraron en Rusia su absoluta incapacidad para desarrollar esta industria.

¡Y pensar que fueron técnicos soviéticos los que tuvieron el desparpajo de aceptar un contrato del Gobierno de Chile para emitir juicios sobre la competencia norteamericana en estas materias!

El cuadro completo de nuestras actividades cupríferas no puede ser, pues, más lamentable. A los tropiezos de la producción, a las alzas de costo y a las bajas de precio, se suman la demostrada incompetencia de las personas que pretenden asesorar hoy día estas explotaciones mineras y la amenaza abrumadora de que la Unión

Soviética desarrolle sus ilimitados yacimientos cupríferos con los recursos económicos y la competencia técnica de los mismos norteamericanos que fueron impedidos de aplicar esos elementos esenciales de desarrollo a la minería del cobre chileno.

El señor Tomic falta una vez más a la verdad.

Muchos de estos posibles desastres fueron reiteradamente advertidos y previstos por los Senadores nacionales al discutirse las disposiciones constitucionales para expropiar las empresas extranjeras. Y subrayamos esos temores con nuestros votos negativos a numerosos preceptos constitucionales de los que emana el desastre a que ahora se enfrentan las actividades cupríferas chilenas.

Aprovecho, por lo mismo, esta ocasión, para rectificar la afirmación absolutamente falsa y reiterada, hecha por el señor Radomiro Tomic en la edición de "El Mercurio" del día 19 del mes en curso. Dijo: "Tanto la decisión de expropiar como la autorización legal" -el señor Tomic subraya estas palabras- "al Presidente de la República para deducir retroactivamente las utilidades excesivas del monto de la indemnización fueron decisión unánime del Congreso Nacional chileno". Los Senadores nacionales, sin embargo, como consta a los Honorables colegas aquí presentes, nos manifestamos absolutamente contrarios a esta disposición, y tanto en la Comisión como en la Sala y el Congreso Pleno fundamos expresamente nuestra negativa a dar dicha facultad al Presidente de la República. Votamos negativamente, también, numerosas otras disposiciones e hicimos advertencias muy precisas sobre el desastre a que podría conducir -y a que de hecho está conduciendo- la aplicación politizada y sectaria de las disposiciones para expropiar los minerales de cobre.

Urge investigar esta amenazadora colusión comunista.

Pero el hecho que hoy denuncio es que la campaña de nacionalización en que ha estado empeñado el Partido Comunista durante muchos años, y que habría pretendido la defensa de la soberanía nacional, desnuda su mentira a la luz de los tratos del Primer Ministro soviético con los capitalistas norteamericanos.

Todo parece indicar que estos capitalistas norteamericanos llegarán a un favorable y muy atrayente acuerdo con los dirigentes comunistas para desarrollar la minería del cobre de la Unión Soviética.

Y hasta nuestro Ministro de Minería, el inefable señor Cantuarias, parece solazarse con esta perspectiva. Nos dice, en efecto, que "el consumo de cobre es cada día más amplio". Yo le rogaría al señor Ministro ponerse de acuerdo con el Mercado de Metales de Londres, que, no obstante el aumento del consumo que él nos anuncia, señala, paradójica y obstinadamente, una baja de los precios del metal.

"Por lo demás, cada país es libre y soberano para explotar sus recursos básicos", agrega el Ministro al comentar la asociación entre capitalistas norteamericanos y el Gobierno comunista de la Unión Soviética. Yo me pregunto, y le pregunto al señor Cantuarias: si esa asociación constituye una demostración de libertad y soberanía, ¿a qué tanta algazara, por qué tanta fanfarria y cacareo con motivo de la expulsión de Chile de los capitalistas que la Unión Soviética recoge con tan notorio afecto?

"Es que yo creo" -termina el Ministro, con tono seguro y tranquilizador- "que hace falta más de este metal". Verdaderamente, nuestro Ministro de Minería es un personaje abismante.

En consideración a todos los antecedentes expuestos, los Senadores de estas bancas sostenemos que, desde ya, debe hacerse un pública investigación de estos hechos que, a nuestro juicio, configuran un engaño sin precedentes para la opinión pública de nuestro país, y cuyos efectos económicos, que pueden ser trágicos, nos señalan la obligación de participar activamente en el esclarecimiento de lo que parece ser la más perversa maquinación en contra del interés patrio que haya sido posible concebir.

El señor AYLWIN (Presidente).-

Tiene la palabra el Honorable señor Musalem.

El señor MUSALEM.-

El SenadorValente Rossi hizo un planteamiento económico en respuesta a la declaración oficial emitida por el Partido Demócrata Cristiano en Cartagena. En nombre de la Democracia Cristiana, debo responder su exposición.

Al señor Senador le oímos componer sin dificultad un país idílico, donde no existe cesantía, en el cual hay una fiesta de ventas, en que la producción crece como nunca y en donde todos los factores a que se refirió revelaban prosperidad. Tan idílico fue el país que nos presentó, que se nos vino a la mente un párrafo de Cervantes, puesto en boca de Don Quijote, cuando habla del país ideal con que soñó su fecunda fantasía. Le daré lectura a la parte pertinente, a fin de que el Senado se imponga del paralelismo de ambas versiones. Dice el capítulo 11 de Don Quijote:

"Dichosa edad y siglos dichosos aquellos a quien los antiguos pusieron nombre de dorados; y no porque en ellos el oro, que en esta nuestra edad de hierro tanto se estima, se alcanzase en aquella venturosa sin fatiga alguna, sino porque entonces los que en ella vivían, ignoraban estas dos palabras de tuyo y mío. Eran en aquella santa edad todas las cosas comunes: a nadie le era necesario para alcanzar su ordinario sustento tomar otro trabajo que alzar la mano, y alcanzarle de las robustas encinas que liberalmente les estaban convidando con su dulce y sazonado fruto. Las claras fuentes y corrientes ríos en magnífica abundancia sabrosas y transparentes aguas les ofrecían. En las quiebras de las peñas y en lo hueco de los árboles formaban su república las solícitas y discretas abejas, ofreciendo a cualquiera mano sin interés alguno la fértil cosecha de su dulcísimo trabajo."

Quisiéramos, señor Presidente, que el Senador Valente estuviera en lo cierto; que su mente utópica y creadora respondiera a la realidad del manejo económico que en el país está haciendo, fundamentalmente, el Partido Comunista.

Junto a esa descripción de fantasía, la intervención del Honorable señor Valente está preñada de adjetivaciones hirientes, ofensivas y denigrantes para la Democracia Cristiana, pues, al parecer, al Partí-do Comunista no le agrada que se exponga la verdad. Quien haya leído la declaración de nuestro partido en su último ampliado de Cartagena no puede sino deducir que se trata de una relación exacta de la realidad política, económica y social de Chile, lo que aparentemente produce tanta molestia e iracundia en los personeros del Partido Comunista, como quedó demostrado en la actitud agresiva del Senador Valente, actitud que no es el producto de la improvisación, sino que viene en un discurso escrito, de modo que corresponde a una posición razonada. Por tal motivo, ella expresa, más que el pensamiento del señor Senador, el del Partido Comunista.

Tomé nota de algunas de las observaciones hechas por el SenadorValente Rossi. Me referiré a ellas en esta oportunidad, sin perjuicio de darles respuesta más circunstanciada y en detalle en el análisis de la situación económica del país que estamos preparando para la Comisión Mixta de Presupuestos, después de transcurrido un año del Gobierno de la Unidad Popular.

También como cuestión previa, queremos destacar la estrategia que usa el Partido Comunista, porque, a mi entender, es útil que la opinión pública tenga una clara idea al respecto: cuando esa colectividad política y la Unidad Popular se sienten responsables de determinados errores o de situaciones graves, para el país, toman una actitud de ofensiva. Es así como han convocado a esta sesión con el objeto de tratar el problema de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile. Tal situación fue creada por su exclusiva responsabilidad, por la actitud totalitaria y no pluralista que han mantenido; es decir, la posición de la Unidad Popular y del Partido Comunista no corresponde a la que expone el Honorable señor Valente en esta Sala. Y porque se sienten responsables de ese hecho y de la situación económica del país, tomaron la ofensiva convocando a esta sesión. De la misma manera, el Partido Comunista citó a una reunión en el Estadio Chile el martes 19 de octubre, cuyo objetivo fue, según lo declarado por esa colectividad, conversar sobre el desabastecimiento con el pueblo y ver la participación que a éste le correspondería en esa materia. O sea, quienes han manejado la economía y son culpables del grave y galopante, desabastecimiento y escasez son ellos, pero adoptan actitud de ofensiva para eludir la responsabilidad que les cabe.

El Honorable señor Valente dijo que paralelamente a sus declaraciones de favorecer los cambios y apoyar las medidas gubernativas tendientes a producirlos por la vía democrática, la Democracia Cristiana obstruía el programa de la Unidad Popular, por el hecho de que hacía ataques como los que consigna la Declaración de Cartagena. Quiero dar lectura a algunos de sus párrafos, precisamente los que han motivado la ira del Partido Comunista.

Dice el punto séptimo que el Partido Demócrata Cristiano comprueba "que en el curso de estos meses se han acentuado algunas desviaciones antidemocráticas de la combinación gobernante. Prueba de ello son el sectarismo imperante en todos los niveles de la actividad nacional, la persecución administrativa, el uso de los me-

dios de comunicación de masas para campañas publicitarias que incitan al odio y la violencia; la subsistencia de grupos armados y la debilidad de la autoridad para enfrentarlos y sancionarlos; la política educacional que pretende deformar a nuestra juventud por medio de una concientización sujeta a los propósitos proselitistas del oficialismo; la creación de las haciendas estatales en el campo, mal llamadas "Centros de Reforma Agraria" y el atropello a los derechos de miles y miles de trabajadores y pequeños comerciantes e industriales."

En el punto octavo comprueba que se ha seguido adelante con una política estatista; y más adelante denuncia el agravamiento acelerado de los problemas fundamentales del país y la paralización del desarrollo a causa de la ineficiencia con que la combinación gobernante enfrenta sus tareas. En el punto noveno se dice textualmente : "El aumento de la cesantía, la inflación, la escasez de alimentos, de repuestos y de productos industriales, el retroceso en todos los frentes de la producción y el gasto público que en 1972 llegará a los cincuenta mil millones de escudos.". . .

Los diversos números de nuestra declaración describen la realidad de lo que está viviendo el país.

En nuestra declaración decimos textualmente: "Exigir del Gobierno que dé a conocer a la brevedad al país todos los antecedentes relacionados con la situación económica general, especialmente con el desabastecimiento, el saldo negativo de nuestra balanza de pagos, el agotamiento de nuestras reservas de divisas y el estado financiero en los niveles de producción de las empresas estatizadas." Porque el país tiene conciencia de que el Gobierno está haciendo un manejo confidencial tanto de la economía como de las empresas que están en el área social. Por lo tanto, es legítimo que la Democracia Cristiana,

no en razón de sus intereses, sino en representación del país, esté señalando al Gobierno el clamor de gran parte de la ciudadanía, que quiere tener conocimiento de todo el manejo económico y del de las empresas que está tomando bajo su tuición el Estado, porque está acostumbrada a formarse juicio del desarrollo económico, político y social de Chile. Aunque tal aspiración es natural y centenaria, la Unidad Popular y su Gobierno no quieren satisfacer el anhelo democrático de proporcionar a la opinión pública la información que la ciudadanía exige a todos los gobernantes, sea cual fuere su color político.

Con tales exigencias, lejos de obstruir las transformaciones de la nación, la Democracia Cristiana está tratando que los cambios se hagan con respaldo ciudadano, a fin de que tengan una base más estable y segura. Esto es fundamentalmente lo que los democratacristianos exigimos de la Unidad Popular.

En la Declaración de Cartagena, el Partido Demócrata Cristiano ordena "a los Comités Parlamentarios del Partido una revisión estricta de las disposiciones del proyecto sobre Ley de Presupuestos para 1972, a fin de impedir el despilfarro y la repetición de los desaciertos cometidos durante el presente año presupuestario,". . .

Todas éstas son verdades.

El país sabe que la emisión de este año está doblando los saldos de emisión que Chile acumuló en toda su historia de nación organizada. Así, en el curso de este año se emitirá un total de 13 mil millones de escudos. Por lo tanto, es legítimo que un partido con respaldo mayoritario de la opinión pública, como el Demócrata Cristiano, en nombre de aquélla se preocupe por evitar que se sigan haciendo emisiones para gastos anárquicos que, en definitiva, producen fundamentalmente inflación, cuya alza es bastante mayor que la que dio a conocer el Honorable señor

Valente y que es el resultado de la manipulación del índice de precios al consumidor hecha por el Gobierno.

También preocupa al Partido Demócrata Cristiano que a los trabajadores no se les escamoteen sus remuneraciones para 1972, porque la manipulación que se está haciendo del índice de precios al consumidor, base sobre la cual se reajustan los sueldos y salarios, hace temer que los trabajadores pierdan el 50% de su reajuste, ya que dicho índice sólo revela un 50% de la inflación real de los precios en el mercado.

Son fundamentales estas preocupaciones legítimas del partido mayoritario, que está obteniendo un gran respaldo de los trabajadores, de los campesinos, de las mujeres, de los jóvenes, de los profesionales, a través de todas las elecciones que se están realizando en el país. Es la voz que representa a todos esos sectores que le están dando su apoyo. Nuestro partido actúa ateniéndose exclusivamente a la realidad, lo que irrita al Partido Comunista, que dice aceptar la crítica, como lo expresó esta mañana el Honorable señor Valente. Repito: lo irrita, lo convulsiona, lo descuadra, y, en definitiva, su mentalidad no le permite acoger las observaciones ajustadas a la realidad que están haciendo otros sectores, y que podrían servir al Partido ¡Comunista y a la Unidad Popular para rectificar los errores que tienen al país sumido en una grave crisis.

La nación tiene conocimiento claro de que al Partido Demócrata Cristiano le preocupa la gestión política, económica y social de la Unidad Popular; como, asimismo, que todos los cambios, todo el traslado de poder de unos sectores a otros se haga por la vía democrática, con respeto a los trabajadores y con su participación real, no nominal, en todas las actividades económicas de Chile. También le interesa a nuestra colectividad política -así lo expresó en su declaración del Ampliado de Cartagena- que la Unidad

Popular respete las garantías constitucionales, que dicte las leyes pertinentes y reglamente dichas garantías, porque ese solo retraso está expresando, desde otro ángulo, el fondo de la mentalidad de quienes manejan la Unidad Popular, cual es debilitar al máximo los principios y las garantías constitucionales, no darles aplicación integral, sino que buscar, de alguna manera, todos los resquicios, e inclusive forzar la Constitución y la ley, para ir imponiendo su modelo político contra la voluntad de los chilenos.

En su intervención, el Honorable señor Valente trató de acusarnos de querer entendernos con la Derecha, Sin embargo, nosotros hemos postulado a un entendimiento con la Unidad Popular, desde fuera del Gobierno, para realizar las tareas de cambios por la vía chilena, democrática, "con gusto a tinto y empanadas", como lo ha repetido tanto el grupo de Gobierno. Ese entendimiento es imposible con partidos y personeros sectarios, que exigen incondicionalidad a los grupos que se acercan a la Unidad Popular. Precisamente, porque nuestro partido tiene una tarea distinta de la de quienes se están acercando a la agrupación política gobernante y están sufriendo la intolerancia de esos grupos políticos, mantiene una actitud de dignidad que imposibilita el entendimiento con la Unidad Popular. Y que ésta sepa que, como lo expresó Bernardo Leighton, para preservar la libertad, para defender los derechos de los chilenos, de los trabajadores, estamos dispuestos a entendernos con todos los ciudadanos que quieran resguardar esos principios fundamentales en nuestra república.

El Honorable señor Valente sostuvo que el Presidente Allende es favorable al diálogo. No dijo que la Unidad Popular lo fuera. Se cuidó de expresarlo. En la realidad hemos visto que cuando el Primer Mandatario ha iniciado un diálogo con partidos de Oposición, específicamente con el Demócrata Cristiano, es la Unidad

Popular -y dentro de ella, el Partido Comunista- la que obstruye esos entendimientos respecto de determinadas cuestiones. Es así como el país ha podido comprobar que hasta ahora no se han cumplido compromisos contraídos por el Jefe del Estado mediante un entendimiento con la Democracia Cristiana.

El señor Senador también se refirió a un diálogo diáfano con los trabajadores en el proceso revolucionario que está realizando la Unidad Popular. A mi juicio, hablar de "un diálogo diáfano con los trabajadores" es torcer burdamente la realidad, pues no vemos más que relaciones de superestructura entre aquélla y éstos. En lo que es la base misma de los trabajadores, éstos están sometidos al atropello y al desconocimiento de sus derechos en la Administración Pública, en las empresas socializadas; en el campo, todos los campesinos; en las poblaciones, las mujeres; la juventud en las universidades y en las organizaciones representativas de los sectores secundarios. En ninguna parte existe el diálogo diáfano. Estamos muy lejos de él. Precisamente, lo que ha producido más irritación en el pueblo chileno respecto de la forma de actuar de la Unidad Popular es la falta de intercambio directo de ideas respetando los derechos de las personas y escuchando su pensamiento, sin tratar de imponerle ese modelo político, social y económico de hierro que intentan implantar sin participación de los trabajadores y de los demás sectores del país.

Con el objeto de defenderse de lo que el Partido Comunista considera una acusación -el que hablemos de estatismo-, el Honorable señor Valente dijo que para destruir el capitalismo se necesita una estructura nueva, y se refirió a la pugna que hay en el país con la oligarquía financiera. Pero Su Señoría y el Partido Comunista olvidan que existe otra pugna: la de la Unidad Popular con todos los sectores democráticos del país, con todos los chilenos que no están de acuerdo con la prepotencia y la intolerancia de los partidos de la Unidad Popular. O sea, en este momento no sólo se trata de un pleito con los sectores de la oligarquía nacional, de la oligarquía financiera, que está bastante abatida por no tener respaldo en la opinión pública para defender sus intereses: el Partido Comunista y la Unidad Popular deben entender que hay una pugna con los sectores democráticos del país, con los chilenos que son la mayoría, y que ella está imposibilitando el manejo fluido de la economía y que la nueva organización a nivel de empresas y a niveles superiores pueda lograrse con el consentimiento nacional. Cada vez la Unidad Popular crea más escollos: un día son los trabajadores del campo los que sufren; después, viene un período en que son los profesionales; en seguida, la juventud, y, de esta manera, el Partido Comunista y la Unidad Popular están dividiendo a Chile en dos países distintos.

Y después de todo esto, el Honorable señor Valente habla aquí en el Senado de diálogo diáfano. Creo que si los chilenos pudieran oír sus palabras, de Arica a Magallanes, en el instante en que las pronuncia, sencillamente se habría escuchado una carcajada nacional.

En seguida, el señor Senador comentó los éxitos obtenidos en la producción. En realidad, a su afirmación tan bombástica sobre la materia sólo le faltó la música marcial de fondo. Al respecto, sostuvo que el Gobierno ha dado responsabilidad a los trabajadores para incrementar la producción, y que el aumento de ella se debería a la participación directa del personal en su manejo.

Señor Presidente, que entiendan la Unidad Popular y el Partido Comunista que con esta afirmación no engañan a nadie. En ninguna parte están decidiendo los trabajadores. Además, cuando se ha confeccionado un proyecto de acuerdo con la superestructura de ellos, la organización de la CUT, para la representación paritaria en la administración de las empresas, se ha creado un comité en el cual hay efectivamente igual número de representantes del Gobierno y de los trabajadores; pero quien decide, en definitiva, es el administrador o el interventor, es decir, el representante del Gobierno. O sea, es una farsa más. Se pretende una formalidad de representación y de participación de los trabajadores, pero, en resumidas cuentas, es el Estado quien decide todo, tanto en lo relativo a la producción, como en la situación económica, social o previsional de los personales de las empresas. Por eso, los trabajadores, están votando en contra de la Unidad Popular en todas las elecciones.

El Honorable señor Valente también se lamenta de que se les acuse de populismo, de ideologismo dogmático que los desconecta de la realidad. Su respuesta fue insistir en el gastado pluralismo y en que la Unidad Popular tiene una actitud de antítesis a la de que se la acusa.

La verdad es que ese grupo de partidos políticos se ha alejado totalmente de la realidad por su actitud dogmática, por su falta de pluralismo. Sólo están dispuestos a aceptar a quienes se acoplan, como dijo Su Señoría, al carro de la Unidad Popular, o sea, al del estatismo, al de una forma de poder que, en definitiva, quita a los trabajadores los derechos a que están acostumbrados como personas y como trabajadores.

En cuanto al crecimiento de la producción industrial, el señor Senador Valente recurrió a una serie de malabarismos, como lo hizo en toda su intervención. Se refirió a una muestra de 52 empresas: 35 superaron la producción en 1970; 7 experimentaron un descenso, y en 10 se mantuvo la producción. En seguida, habló de una serie de organismos estatificados en los cuales habría aumentado la producción. Una fantasía de aumento de producción imposible, de 200% y 300%.

Nosotros hemos señalado en otras oportunidades algunos de los medios que ha utilizado el Gobierno para presentar una mayor producción a nivel nacional, tanto en el sector social como en el industrial.

Debemos recordar que a fines de 1970 y a principios de 1971 -tal vez un poco antes, porque en los años de elección presidencial siempre disminuyen las ventas y la producción-el descenso de la producción fue mayor, especialmente por los nuevos factores políticos que introdujo la elección del Presidente Allende. Ello obligó a las empresas a acumular "stocks", porque no había venta: la gente no compraba casas, géneros, ni bienes de línea blanca, muebles, etcétera. Se acumularon inventarios, y quienes pudieron, disminuyeron la producción, aunque no en proporción al descenso de las ventas. La Unidad Popular computa como un éxito de ella esos mayores "stocks" acumulados, que representan un elemento negativo derivado de la elección del nuevo Gobierno.

Otro factor que ha permitido al Ejecutivo exhibir una mayor producción es el cálculo estadístico utilizado por las empresas para medirla. El Honorable señor Valente tomó como base de cálculo para evaluar la mayor producción el mes de mayo, y lo comparó con junio, esto en todas las empresas. Pero el mes de mayo tuvo dos feriados, en que las empresas paralizan o trabajan menos. Además, la última semana de mayo fue semana de tomas, en que precisamente se ocuparon las industrias como forma de pasarlas al sector social, como justificación para estatificarlas. O sea, en ese mes hubo veinte días de trabajo útil. Para calcular la producción del mes de junio, dado que la estadística se hace por semanas completas y no por mes exacto, se tomó en cuenta el último día del mes de mayo, que era lunes, y los días jueves 1°, viernes 2 y sábado 3 de julio, como última semana de junio, y en consecuencia éste resultó ser un mes de treinta días útiles de trabajo. Entonces, se estaban comparando, para entregarlos a la opinión pública, los primeros resultados de la producción de un mes de mayo de veinte o diecinueve días útiles de trabajo, con los de un mes estadístico de treinta días útiles, como lo fue el de junio. Es decir, las cifras de junio obedecen a un factor estadístico y no exactamente a mayor producción. Respecto del mes de julio, el Gobierno también entregó información de mayor rendimiento de las industrias intervenidas en el área textil y en otras, y ese mes fue de veinticuatro días útiles, en que no pudo haber más producción que en junio.

Como no hay control en el país, ni siquiera los obreros que trabajan en las fábricas tienen conocimiento de cuál es la producción real en el sector estatificado o intervenido, sencillamente el Gobierno puede darse el lujo de dar cualquier información estadística, que no se le puede rectificar, salvo en algunos casos como los que he señalado, que llegan a conocimiento de la gente porque se ciñen a procedimientos generales de cálculos de producción.

Ahora, también se ha recurrido a la pérdida de calidad. Es muy fácil aumentar la producción, como se hizo en el caso de la leche, en que se mantuvo una sola calidad, baja, con más agua y menos grasa. En lo relativo a los géneros, es cuestión de disminuir las pasadas de hilado por centímetro: de este modo puede lanzarse más tela al mercado, en igual tiempo que antes y con las mismas máquinas. Pero en tales casos se disminuye la calidad, lo que perjudica al consumidor y es, además, una manera de elevar el precio, como asimismo una de las tantas formas de manipular el índice de precios al consumidor.

También tiene que haber habido alguna producción no facturada y que, por lo mismo, no se haya computado. De ahí que él índice de mayor facturación que está exhibiendo el Gobierno no nos parezca expresivo de mayor producción; sólo expresa mayor facturación.

Para saber si hay mayor o menor producción, tendríamos que comparar la del año 1985, que fue el primero del Gobierno del PresidenteFrei, con la del primer año del Gobierno del Presidente Allende. Son comparables los primeros años de distintas Administraciones y no el primer año de la actual con el último de la anterior, como quiso hacerlo el señor Valente Rossi. A esta altura del año 1965, el promedio acumulado de mayor producción industrial fue de más de 10% ; en cambio, la mayor producción, en el primer año del Gobierno de la Unidad Popular, en el orden industrial, ha sido sólo de 4,2%. En consecuencia, fue dos veces y medio mayor la del primer año del Gobierno de la Democracia Cristiana, tan vapuleado por el señor Senador como por el Jefe de la Oficina de Planificación en su última conferencia de prensa. Y si hacemos la comparación por rubros, vemos que en el índice de la SOFOFA y también en el del Instituto Nacional de Estadísticas se expresa que la producción de distintos grupos de artículos fue mayor en los primeros siete meses de 1970 que en los primeros siete meses de este año.

Lo que sucedió en 1970 fue que, a raíz de la elección presidencial y de los nuevos hechos políticos que ella originó, hubo una retracción económica que, en definitiva, disminuyó el crecimiento que experimentaba la producción ese año; pero ello por factores totalmente ajenos al Gobierno anterior, propios del nuevo Gobierno, que administró el país en los últimos dos meses. O sea, la producción no ha tenido el mayor aumento que quiso mostrar el Senador señor Valente Rossi.

En cuanto a la producción de cobre, voy a pedir al señor Presidente que en la próxima sesión recabe el asentimiento del Senado para insertar en mi discurso unos cuadros preparados por el Diputado Marino Penna, cuadros que tengo a la mano, con el fin de que la opinión pública constate hasta dónde son verdad todos esos "slogans" "concientizadores" que la Unidad Popular ha lanzado en esta materia, sobre entrega del Gobierno anterior, negociaciones leoninas que habría aceptado, y para ponderar los términos en que el actual Gobierno nacionalizó el saldo que quedaba en poder de las empresas, en forma distinta de los de la nacionalización que hizo nuestro Gobierno.

-Los cuadros mencionados por el señor Senador, cuya inserción se acuerda más adelante, son los siguientes:

UTILIDADES COMPAÑIAS DEL COBRE EN MILLONES DE DOLARES CHUQUICAMATA + EL SALVADOR + EL TENIENTE

El señor MUSALEM.-

Uno de esos cuadros se refiere a las utilidades de las compañías del cobre, y en él se demuestra que el Gobierno de Chile obtuvo en

1970, 333.7 millones de dólares por el cobre, y las compañías obtuvieron sólo 68.5 millones de dólares, que sería lo que ha expropiado el Gobierno del Presidente Allende. O sea, con 51% de capital, nuestro país obtuvo, por las negociaciones del Gobierno democratacristiano del PresidenteFrei, fundamentalmente por la chilenización pactada, utilidades de 85%.

Otro cuadro, relativo a costos en centavos de dólar por libra, muestra cómo el costo del metal ha ido subiendo durante la gestión de este Gobierno. Porque no es cuestión de que reparemos sólo en la nacionalización, que se hizo en su mayor parte en nuestro Gobierno, y en la otra, con nuestro respaldo, sino también en el manejo que esta Administración está haciendo del cobre, en las pérdidas que ello significa y cómo sube el costo, pues éste es un factor que determina las utilidades o las pérdidas. Vemos que ya en junio de

1971, en El Teniente el costo sube a 75 centavos de dólar la libra, y en julio, a 76 centavos, más del doble que el año pasado. Después, todos los datos sobre costos se han ocultado, de modo que no se conocen.

En un tercer cuadro, sobre la producción de cobre de la gran minería, se demuestra -para desmentir al Honorable señor Valente Rossi, que habló en nombre del Partido Comunista- que no es efectivo que tal producción haya aumentado en la gestión de este- Gobierno, sino que, al revés, ha disminuido en 33 mil toneladas métricas, a agosto de este año, en las empresas de El Teniente, El Salvador y Chuquicamata, que son las que estaban produciendo con anterioridad; que sólo una mayor producción, en La Exótica y Andina, de alrededor de 60 mil toneladas, permite este año registrar una producción de 5% más. Pero estas 60.000 toneladas hay que medirlas con una inversión de 700 millones de dólares, que este Gobierno no ha sabido aprovechar.

Otro cuadro demuestra que desde el momento en que los supervisores fueron aventados, perseguidos por el Gobierno, se produce la gran baja de la producción. De enero a mayo de 1970, en esas tres grandes minas del país la producción fue de 208 mil toneladas, y en 1971, de 208 mil toneladas de nuevo; pero de junio a septiembre de 1970 se produjeron 189 mil toneladas, y en 1971, sólo 157 mil; es decir, hay una baja de 32 mil toneladas entre junio y septiembre, fecha en que tuvo lugar la persecución y la salida de los elementos técnicos de las compañías del cobre.

Esto, para juzgar la forma como la Unidad Popular ha estado administrando el cobre en Chile y para que sus personeros no se llenen la boca con tanto ataque y tanta deformación; porque si bien, con los votos nuestros, han logrado estatificar el saldo no expropiado de las minas extranjeras, han perdido este año 293 mil toneladas, que equivalen a 300 millones de dólares que el país dejará de percibir en 1971, primer año de la gestión de este Gobierno, que ha transformado a Chile en un país idílico, de novela de Cervantes, para quienes no quieren ver la realidad.

En noviembre, CODELCO anunció que se producirían 862 mil toneladas; ODEPLAN, en el Plan 1971, las redujo a 722 mil. El señor Max Nolff, en un congreso minero, habló de 675 mil en julio de 1971, y la producción real, o sea la triste realidad, ha sido de 569 mil toneladas, lo que da una pérdida de 293 mil respecto de la primera estimación que hizo la Unidad Popular en noviembre, cuando llegó al Gobierno.

A lo anterior hay que agregar, en respuesta al Senador señor Valente Rossi, que el Gobierno del Presidente Frei terminó su mandato dejando para Chile un ingreso de más de 330 millones de dólares anuales en el cobre, y sólo G8 millones para las compañías. ¡Pero se dice que aquel Gobierno se entregó a las compañías!

Ya hemos oído aquí al Honorable señor Carmona demostrar que en la compra del salitre se encuentran 800 mil dólares "volando"; 800 mil dólares que pagó de más el país. No se sabe qué se pagó con ellos, en una negociación que la Democracia Cristiana había encaminado para lograr un menor costo para el país. Lo que negoció la Unidad Popular fue sencillamente un gravamen mayor para Chile.

Esperamos el día en que la ciudadanía conozca todas las negociaciones que se han hecho para compra, especialmente, de empresas extranjeras: First National City Bank, Bank of America, Banco Francés e Italiano, PURINA, Bethlehem; todas estas empresas y otras cuyas compras se han hecho en el más absoluto silencio, detrás de la puerta, para que los chilenos no tengan idea de nada, por las que se han pactado condiciones y pagado precios leoninos, muy convenientes para los extranjeros y lesivos para Chile.

Ellos pretenden juzgar al Gobierno anterior en el silencio, escamotear a Chile toda información respecto de cómo están administrando los bienes de nuestra patria.

En estos días fue denunciado también, por el DiputadoPenna, el convenio con Yugoslavia para traer al país técnicos del cobre, también con cláusulas leoninas, gravosas, que ningún Gobierno se habría atrevido a firmar, a comprometer con ellas el nombre de Chile.

Ellos son los que se atreven a juzgar: los que en ocho meses han demostrado absoluta ineficacia; los que tienen al país en crisis económica y a la industria más grande de Chile, la que produce el sueldo de Chile, según el Presidente de la República, en una situación realmente caótica en términos de producción, costos y administración.

El Senador señor Valente Rossi nos ha dicho que la Unidad Popular había recibido el país en quiebra del Gobierno anterior. Esto ya es una cuestión repetitiva de la Unidad Popular. Otra vez, respondiendo a una intervención mía, el Senador señor Aniceto Rodríguez dijo lo mismo. Y una de las referencias que al respecto se hacen es la de la deuda externa. El país sabe que durante el Gobierno del Presidente Frei el sector público invirtió más de dos mil millones de dólares en nuevas industrias, aparte otra suma parecida que invirtió el sector privado. En esa época se invirtieron 700 millones de dólares sólo en ampliar la industria del cobre, además, de duplicar la inversión del acero, crear la petroquímica, plantas de celulosa, etcétera.

Un país que ha hecho una inversión básica tan grande para el desarrollo industrial y que en los últimos seis años prácticamente ha renovado todo su equipo industrial, mal puede haber estado en quiebra, porque tenía una base de producción muy sana, con empresas nuevas, con maquinarias que representan la técnica más desarrollada del último tiempo. A pesar de toda esta inversión, nuestro Gobierno entregó el país con la misma deuda externa neta con que lo recibió. No la aumentó en un solo dólar. Sin embargo, la actual Administración, que por su política ha visto cerrados los mercados internacionales de capitales, que es incapaz de conseguir créditos en el mundo socialista con oportunidad, terminará aumentando este año la deuda externa neta efectiva de Chile, por el solo hecho de haberse comido la reserva disponible de 350 millones de dólares, de moneda extranjera. Porque el país debe saber que a esta altura Chile no tiene reservas de monedas disponibles. Le quedan sólo las de oro, los certificados de giro del Fondo Monetario Internacional, de los cuales el país no puede desprenderse en cualquier emergencia comercial de tipo internacional.

Cuando el Honorable señor Valente habló de las reservas, dio una serie de disculpas y engañiflas para justificar la baja producida y deformar la realidad. Dijo que antes de asumir el Gobierno la Unidad Popular, se habían girado 45 millones de dólares para viajes y capitales. Habló de que la baja del precio del cobre había significado una pérdida de 77 millones de dólares para Chile y que las compañías del cobre habían dejado de ingresar al Banco Central 100 millones de dólares.

Quiero dar respuesta a esta afirmación tan repetida por distintos personeros de la Unidad Popular, la cual hasta ahora no ha sido recogida.

No es verdad que las empresas, como se ha dado a entender por el silencio, porque no explican bien esto, se hayan llevado 100 millones de dólares a su país de origen. Lo que sucede es que por necesidad de financiamiento, para seguir moviendo la producción del cobre chileno, quedaron esos 100 millones de dólares dentro del capital en giro de las compañías.

Ahora bien, si se reparten estos 100 millones de dólares, como nuestro país es socio, la parte más importante corresponderá al Gobierno de Chile, y la otra, que es menor y que significa un 15%, o sea, 15 millones de dólares, a las compañías extranjeras; pero los 85 millones de dólares que corresponden al Estado, pasarían al Banco Central, y éste tendría que devolverlos en préstamo a las compañías del cobre para que pudieran seguir funcionando, ya que a pesar de que quedaron estos 100 millones de dólares dentro del capital en giro, la mencionada institución bancaria ha estado haciendo préstamos a la Compañía Minera El Teniente, porque los costos han subido tanto, que necesita mayor financiamiento para poder seguir produciendo.

Respecto de la inflación, el Honorable Senador Valente refutó las afirmaciones de la declaración de Cartagena en cuanto a que a esta altura ascendería al 30 por ciento para todo el año. A mi juicio, en este momento la inflación ya es del 30%.

Según un estudio del Departamento Técnico de la Democracia Cristiana, al 30 de septiembre de este año la inflación efectiva ascendía a 26%. Y este fracaso, este descontrol en este aspecto se produce con la agravante de que el Gobierno ha congelado el dólar.' Es verdad que el dólar fluctuante o la devaluación en el pasado significaba un factor inflacionario inevitable para un país pobre como el nuestro, que tenía alzas internas de precios. La congelación del dólar ha sido un factor de menor costo para las empresas. Pese a ello, sacrificando la producción nacional que sale de contrabando a los países limítrofes, debido a la congelación del dólar, no se han podido controlar los precios internos, y se ha llegado a una inflación muy superior a la del primero y último años de la Administración del Presidente Frei.

Además, hay que agregar todos los métodos de manipulación que se han hecho sobre el índice de precios al consumidor.

El Honorable señor Valente hacía notar que este año se siguen aplicando los mismos métodos, iguales sistemas que en el pasado, y que si nosotros acusábamos al Ejecutivo de manejar este índice bueno, es porque el sistema de por sí, por su naturaleza, tiene esa falla. No. no me estoy refiriendo a las fallas que puede tener todo índice de medida de un hecho económico como la inflación, sino a las manipulaciones conscientes y directas que está haciendo el Gobierno sobre la materia, y a la falta de seriedad con que se actúa en algunos casos, como lo explicaré.

El Ejecutivo maneja la política de precios, y a los precios de los artículos que figuran en el índice les fija alzas más bajas que a los de los productos que están fuera de él. De ahí la diferencia de alza de precios entre los productos que se consideran para calcular el índice -que ya tienen precios bastante altos- con los que están fuera del índice.

También se ha manipulado el índice mediante la baja de la calidad del producto. Por ejemplo, resulta que la baja de la calidad del pan significó 92% de alza a principios de año. Sin embargo, en el índice aparece incidiendo en poco más de 4,5%. Igual acontece con la leche, que aparece con una incidencia de 1,6% de alza, en circunstancias de que subió en 56%.

De la misma manera se ha manipulado el índice con la calidad del vino, la carne, los fideos y una serie de otros productos. Y eso no se expresa en el índice como mayor gasto del consumidor.

Además, resulta que cuando los encuestadores van a comprobar los precios y preguntan por determinado producto que no se encuentra en el mercado, anotan el valor que tenía la última vez que lo hallaron. Eso ha ocurrido con los fideos, del cual durante seis meses ha habido desabastecimiento.

Cuando fue a la Comisión el director del instituto respectivo, a propósito de la discusión de un proyecto, le pregunté si en la nómina de productos que se consideran para calcular el índice de precios al consumidor habían eliminado el paquete de fideos de Eº 1,88, porque el producto no existía desde hacía cinco meses. Me respondió que todavía figuraba, y con ese valor, pese a que la gente está comprando en su reemplazo unos que cuestan Eº 3,55. Es decir, 94% más de inflación que no se anota en el índice, porque en él sencillamente siguen figurando los fideos a Eº 1,88 el paquete.

Por su parte, la cazuela todavía aparece con un precio de Eº 4,85 el kilo, pese a que las mujeres dijeron al Ministro Vuskovic la semana pasada que la estaban comprando a 30 escudos el kilo. O sea, en el índice de precios al consumidor se anota un cero por ciento de inflación por este concepto, en circunstancias de que asciende a 600% el, mayor precio.

Lo mismo se está produciendo con una cantidad enorme de productos en que se ha creado bolsa negra.

Esta es la inmoralidad que se está cometiendo y que el país siente.

No sé a quién creen engañar los perneros de la Unidad Popular que manejan el sector económico. Si la dueña de casa va a comprar y no encuentra una serie de productos, no la van a convencer de que el desabastecimiento es sólo de carne, y que todo lo demás es sicosis, como les dijo el Ministro Vuskovic.

Resulta que a todo le están dando un nombre, para ponerle una pantalla a la realidad. Pero la gente está sufriendo y sintiendo el desabastecimiento, y diga lo que diga el Gobierno, para la mujer este hecho existe. Además, cuando pagan 30 escudos por el kilo de cazuela, sencillamente para ellas hay una inflación de 600% y no de cero por ciento, como se observa en el índice.

El Gobierno no engaña a la dueña de casa con ello. Está acumulando peligrosamente un descontento y una insatisfacción que no quieren ver, y vienen aquí con mucha soltura de cuerpo a plantear la situación ideal, de utopía, que probablemente se está produciendo en el planeta Marte, pero no en Chile. Sólo se engañan ellos, pero están creando condiciones para que el descontento del pueblo un día reviente y se vuelva contra el Gobierno.

En cuanto al índice de cesantía, sabemos -y el país lo sabe también- que éste se ha disminuido artificialmente. ¿Quién no ha visto a los obreros contratados por Obras Públicas desmalezando caminos, haciendo hoyos y después llenándolos, sin que realicen labores productivas? El 12 de octubre, en el camino que va desde Concón a Viña del Mar había una cuadrilla de obreros desmalezando las bermas. ¡Pero si hay miles de trabajos más útiles que hacer!; en último término, ponerse a limpiar la ciudad con trapos, "guaipe" y agua, hacer algo que a la gente le agradaría.

Para bajar artificialmente el índice de cesantía, se contrataron 35 mil trabajadores en Obras Públicas, los cuales han hecho huelgas y se han tomado el Ministerio respectivo, al igual como lo han hecho algunos obreros del Ministerio de la Vivienda, cuando querían caducarles los contratos. Resulta que con esta contratación, el índice de cesantía, que en Santiago estaba en 8,3, en marzo de 1971 bajó en tres puntos. Como en la capital hay un millón de personas activas, con 10 mil contratados la cesantía baja en 1% y, por ende, en tres por ciento con 30 mil contratados. O sea, la cesantía se ha reducido artificialmente. También ha ayudado a este hecho la contratación política de personal en el cobre, en la Administración Pública y en las industrias intervenidas. Me han informado que en la industria Sumar Nylon han contratado 500 trabajadores más. O sea, ahora son 1.500 en lugar de los mil de antes. Este es uno de los tantos factores de despilfarro y de deformación de la situación de cesantía.

Aparentemente han disminuido la desocupación, pero han aumentado la cesantía disfrazada. Como les agrada disfrazarlo todo, se dieron el gusto de disfrazar 35 mil cesantes, y así han logrado un índice más o menos normal de 5% de cesantía.

El Honorable señor Valente dijo muy pomposamente que también había aumentado la ocupación industrial. ¡De todos los índices del país, hasta ahora no he visto uno que no demuestre que la ocupación industrial está todavía por debajo de la del año pasado, que todavía es negativa! El último índice de la Sociedad de Fomento Fabril, al mes de julio, anotaba una menor ocupación industrial de 1%.

Como me he alargado en mi intervención y más adelante tendremos oportunidad de seguir este análisis durante la discusión del Presupuesto, ahora sólo quiero decir que este Gobierno recibió el país con una base productiva sanísima; la política fiscal totalmente saneada. La Administración anterior bajó el empréstito del Presupuesto de 23% a 4%. Este Gobierno, sin embargo, ha llegado a un porcentaje de 38% en este mismo rubro, y ha emitido 13 mil millones.

Para el próximo año los gastos corrientes y de capital del Presupuesto van a hacerse con un 50% de empréstitos, y de nuevo tendrán que emitir entre 20 mil millones y 25 mil millones.

El déficit de la balanza de pagos llegará este año, no a 150 millones de dólares, como lo reconoció el Presidente del Banco Central, señor Inostroza, quien también mintió al país -los hechos es mejor señalarlos por su nombre-, sino a 350 millones de dólares. Y ésa será la causa que motivará que los 350 millones de dólares de reserva que tiene el país desaparezcan y que Chile se encuentre sin ese colchón de seguridad.

La acción de los doce primeros meses del Gobierno de la Unidad Popular en el orden económico, al igual que en otros aspectos, ha sido nefasta, según los análisis realizados por la Democracia Cristiana. En vez de aprovechar nuestras observaciones para hacer las rectificaciones necesarias, la U. P. recurre al discurso efectista, que nada tiene que ver con la realidad del país ni con lo que piensan los chilenos: se sostiene que la Democracia Cristiana, en forma masoquista, está gozando al hacer de balón de oxígeno de la Derecha. ¡”Slogan”! ¡Simple "slogan”! Sólo somos balón de oxígeno de los chilenos, de su libertad, de los derechos a que están acostumbrados. Sólo somos balón de oxígeno de la democracia chilena en su buen sentido. Y tanto estamos representando a la opinión pública en este aspecto, que el Partido Demócrata Cristiana recibe día a día el respaldo de los trabajadores, de las mujeres, de la juventud, de los campesinos y de los profesionales. Todos los

sectores del país lo están apoyando para que continúe en su actitud de oposición constructiva, de colaboración a los cambios, pero con firmeza y alerta ante cualquier atentado que se pretenda cometer contra la vía chilena para lograr las transformaciones y que está en el corazón y en la mente de todos los ciudadanos: la vía democrática.

Tal es la posición de la Democracia Cristiana, y eso es lo que les duele a los miembros de la Unidad Popular. Habrían deseado que nuestra colectividad, en la Oposición, hubiera cambiado su criterio frente a la organización económica y social de la nueva sociedad. Pero como ello no ha sucedido, abusan de un ingenio que no aplican en crear, sino en criticarnos y en tratar de deformarnos diariamente. Y el país está respondiendo expresándonos su respaldo en los procesos eleccionarios de todos los días.

El señor BULNES SANFUENTES.-

Señor Presidente, en la sesión especial que el Senado celebró el viernes 22 de octubre, algunos parlamentarios denunciamos en forma muy concreta, con antecedentes bastante precisos, las medidas atrabiliarias, desatinadas y condenables que ha tomado el Consejo Normativo Superior de la Universidad de Chile en cuanto a la formación de las sedes de esa casa de estudios superiores, y especialmente en lo relativo a la supresión de algunas facultades.

Hicimos ver que esta reorganización de la Universidad se ha hecho con criterio partidista y sectario; que no ha correspondido a ningún criterio académico o pedagógico, sino al solo propósito de alterar las mayorías que actualmente existen en los distintos núcleos de la comunidad universitaria, para establecer en todos sus ámbitos el predominio absoluto e irrestricto de la mayoría marxista que impera en el Consejo Normativo Superior.

Dijimos también que se había procedido con flagrante violación del Estatuto universitario, porque una norma expresa de él establece que no se podrá suprimir, fusionar ni reorganizar ninguna facultad sin previa consulta a la comunidad afectada. Y, en el hecho, el Consejo Normativo Superior ha actuado contra la voluntad de la comunidad afectada expresada en algunos casos, o bien a espaldas de ella, no obstante que del propio Estatuto se desprende con claridad meridiana que el resultado de la consulta tiene carácter obligatorio para el Consejo Normativo Superior y que, por lo tanto, éste no puede someter la materia a consulta y después adoptar un camino opuesto al elegido por la mayoría en el plebiscito correspondiente.

Nos referimos en especial al caso de la Facultad de Derecho, que se pretende suprimir, destacando la gravedad que encierra para el país la circunstancia de que la ciencia del derecho, que es autónoma y de enorme importancia para la convivencia social, pase a constituirse en una subestructura dependiente de la economía.

Es evidente que la supresión de la Facultad de Derecho tiene por objeto impedir que se sigan formando hombres de derecho; debilitar la conciencia jurídica de la nación; hacer más factible la abolición del Estado de derecho.

En la sesión del viernes 22 de octubre representó a las fuerzas de la Unidad Popular el Senador comunista señor Montes, quien manifestó que en ese momento no tenía los antecedentes necesarios para rebatir las observaciones formuladas; pero anunció que en una sesión próxima, después de estudiar detenidamente la materia, refutaría los argumentos de los Senadores que habíamos criticado la conducta de la autoridad universitaria.

Pues bien, en la sesión de hoy escuchamos al Honorable señor Montes una larga exposición, mediante la cual, sin embargo, no entregó ningún antecedente serio, ni un solo argumento digno de tal nombre que permita siquiera remotamente justificar lo obrado por la mayoría del Consejo Normativo Superior de la Universidad de Chile.

A falta de antecedentes, de argumentos, el señor Senador recurrió a la vieja cantinela marxista de calificar de "reaccionarios" a todos los que no piensan como el Partido Comunista. Además, en varias partes de su intervención sostuvo que el Honorable señor Carmona y el Senador que habla, mediante sus discursos de la sesión del viernes 22 de octubre, habían pretendido cuestionar todo el proceso de reforma universitaria.

Personalmente, la cantinela marxista, el escuchar en forma repetida, cada vez que emitimos una opinión, que somos reaccionarios, no me produce frío ni calor. Tengo la satisfacción de conciencia de saber que el pensamiento que sustento, y el que sostiene mi partido, es defendido y sustentado, con leves diferencias de matices, por gran parte de los hombres libres del mundo y, especialmente, por las naciones más adelantadas de la Tierra.

Estoy consciente de que si en los tiempos que vivimos existe una fuerza que se pueda calificar auténticamente de reaccionaria, es la marxista, en especial la expresión del marxismo que se produce a través del comunismo internacional. Reaccionarios son ellos, porque, olvidando que durante muchos siglos el ser humano ha derramado torrentes de sangre y de lágrimas para conquistar sus libertades, pretenden, a esta altura de la evolución de la humanidad, suprimirlas, establecer el totalitarismo, regresando a épocas ya muy superadas. Y son reaccionarios porque su pensamiento es inmutable. Que las predicciones de Carlos Marx sobre los efectos del régimen capitalista, la situación del proletariado y la evolución han fallado totalmente, es un hecho que nadie discute. Pero ellos siguen fieles en sus menores detalles al pensamiento de Carlos Marx, construido sobre la base de predicciones que fallaron. Y si hay actualmente en el mundo una nación que produce la sensación de reaccionaria, de estática, de anquilosada, donde no hay cabida para ninguna idea nueva, es precisamente la que ejerce la rectoría del comunismo internacional, que es el "alma mater" del comunismo: la Unión Soviética.

Nadie ha pretendido cuestionar el proceso de reforma universitaria. Lo que hemos procurado, lo que pretendemos, lo que en este momento constituye la aspiración fervorosa de la verdadera mayoría de la comunidad universitaria, es que dicho proceso se realice limpia y auténticamente, que no se utilice la reforma universitaria para satisfacer pequeños propósitos partidistas, que es lo que en el hecho está sucediendo.

En la sesión anterior demostré que lo obrado por la Universidad y por el Consejo Normativo Superior, al proceder sin plebiscito, en algunos casos, y en contra del resultado del plebiscito, en otros, constituía flagrante violación del Estatuto universitario.

Hoy día, haciendo uso de una interrupción que me concedió el Honorable señor Montes, volví a desarrollar la misma tesis. El señor Senador manifestó que pronto rebatiría con una argumentación. Y la manera de refutar fue sosteniendo que si bien la letra c) del artículo 38 del Estatuto Universitario exige, para la creación, supresión, fusión o reorganización de sedes, facultades y departamentos, la consulta previa a la comunidad universitaria afectada, ninguna disposición, según él, establece cómo debe efectuarse esta consulta. Avanzando por este terreno, dijo que en la práctica se habían formado comisiones para que consultaran a los profesores y a los estudiantes.

Semejante argumentación no resiste ningún examen. En el Estatuto Universitario hay varias normas, especialmente los artículos 36 y 51, de las cuales se desprende con claridad meridiana que la manera de consultar a la comunidad universitaria es mediante la realización de un plebiscito. En realidad, no se ve cómo podría consultarse a una nación, a una provincia, a una comuna, a una comunidad de cualquier especie, sin hacer un plebiscito, que no es sino la votación a favor o en contra de cierta idea. Es simplemente descabellado suponer que cuando el Estatuto Universitario exige perentoriamente la consulta, deja al criterio del Consejo Normativo Superior la facultad de realizarla mediante comisiones, por llamadas telefónicas, en los pasillos, preguntando a unos sí y a otros no.

Precisamente la debilidad del argumento del Honorable señor Montes demuestra palmariamente que el Consejo Normativo Superior violó el Estatuto, que lo violó en forma indiscutible, y que ni siquiera tiene un pretexto para haber cometido tal violación.

Por lo demás, el Estatuto Universitario, y toda la reforma que se está haciendo, nace de un acta de acuerdo celebrada en 1968 entre el Rector subrogante de la Universidad, don Ruy Barbosa, si no me equivoco, y el Presidente de las Federaciones de Estudiantes, como conclusión del conflicto que se había planteado a raíz de la toma de la Casa Central. En esa acta, que tengo a la vista, en su parte primera, número tres, se dejó establecido que una de las finalidades sería "reestudiar la ubicación de algunas escuelas y departamentos dentro de las Facultades, consultando la opinión de sus docentes y estudiantes." De modo que no es sólo el Estatuto, sino que es esta especie de Carta Magna de la reforma universitaria, la que estableció la obligación de la consulta.

En la práctica, se ha atropellado el Estatuto y se han suprimido facultades, que nada justifica, en varios sectores de la Universidad, no sólo en la Escuela de Derecho. Por eso, no sólo se encuentra ocupada dicha escuela. También lo están la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, la Facultad de Ciencias Pecuarias y Medicina Veterinaria, la Facultad de Odontología y la Escuela de Comercialización, de la Facultad de Ciencias Económicas.

En cada uno de estos casos nos encontramos con la misma situación: que la supresión de las facultades o escuelas correspondientes se ha hecho sin más propósito que el de alterar las mayorías democráticas y consolidar de esa manera el predominio absoluto del marxismo.

No tenemos interés alguno en atizar ningún conflicto. Pero tenemos la obligación de defender, la justicia y la supervivencia de la Universidad de Chile, como expresión máxima de nuestra cultura, como orientadora del país, en muchos aspectos, como formadora de profesionales universitarios y estamos ante el hecho cierto de que las comunidades universitarias atropelladas por el Consejo Normativo Superior no tienen ningún tribunal al cual recurrir para imponer el respeto al Estatuto Universitario violado. Por tales razones, no podemos menos de explicarnos y de justificar que, a falta de una acción judicial que ejercer, las comunidades universitarias afectadas y atropelladas por el Consejo Normativo Superior hayan recurrido al único medio de que disponen para expresar su protesta y doblegar la voluntad de ese Consejo: la toma de sus respectivos planteles.

Deploramos dicha actitud, pero en este caso la consideramos explicable y justificada. Deseamos que el conflicto termine, pero para que ello suceda es necesario que el Consejo Normativo Superior se ciña a la ley y acepte el plebiscito que en este momento se está solicitando.

Veremos con profunda satisfacción que el conflicto se encauce por ese camino legal y estatutario, y estamos ciertos de que la comunidad universitaria, si el Consejo le da la oportunidad de expresar libre y soberanamente su voluntad, se someterá al veredicto que resulte, y el conflicto finalizará. Pero si la mayoría marxista del Consejo Normativo Superior se empeña en consumar su atropello -y lo decimos anticipadamente- vemos con profunda aprensión los sucesos que pueden producirse en la Universidad de Chile.

Deseo abordar ahora otro tema, y para hacerlo en la forma más breve posible, leeré parte de la intervención que me correspondió formular ante el Congreso Pleno al aprobarse las reformas constitucionales que tuvieron, entre otros objetivos, disponer la nacionalización de la gran minería del cobre.

El Honorable señor Ibáñez pronunció esta tarde un discurso muy interesante, con el cual el Senador que habla concuerda plenamente, demostrando el mal manejo que está haciendo el Estado de los minerales de cobre y el peligro evidente y trágico que la desacertada conducción de esos yacimientos representa para la economía del país.

Deseo complementar las palabras del Honorable señor Ibáñez, leyendo el discurso que pronuncié, repito, ante el Congreso Pleno, cuya importancia no deriva del hecho de que haya correspondido al Senador que habla, sino de la circunstancia de que constituyó la expresión oficial del Partido Nacional y de sus Diputados y Senadores, en nombre de los cuales usé de la palabra en esa oportunidad.

En la exposición en referencia expresé primeramente las razones que nos hacían concurrir en esa oportunidad a la aprobación de la nacionalización del cobre y, en seguida, agregué textualmente:

"Pero junto con hacerlo, estamos en el deber de señalar que el Gobierno contrae, en esta hora, una enorme responsabilidad ante el país y ante la historia. Porque es falso que la nacionalización signifique, por sí sola y necesariamente, inmensas ventajas económicas para Chile. Ventajas se producirán, aunque no de la magnitud que anuncia la propaganda, si la gran minería del cobre es administrada por el Estado con alta eficiencia y si los mayores recursos provenientes de la nacionalización se aprovechan convenientemente. En cambio, si los minerales no se manejan con toda eficacia desde los puntos de vista técnico, administrativo y comercial, o si los mayores recursos no se emplean con acierto, la nacionalización rendirá frutos inadecuados al capital que en ella invertiremos e, incluso, puede ocurrir que esta enorme fuente de riqueza se transforme en un mal negocio, con incalculable daña para Chile.

"Nuestros temores son de sobra justificados, y quisiéramos que todo el país conociera sus fundamentos. Detrás de la estridente propaganda del Gobierno, que llega a identificar la nacionalización del cobre con una segunda independencia nacional, se están presentando los síntomas de la crisis del cobre chileno. Están aumentando los costos, disminuyendo los precios y bajando la producción.

"Los costos de producción, que en 1965, al discutirse en el Congreso los Convenios, se estimaban oficialmente en 19 centavos de dólar por libra, hoy alcanzan a 32 centavos en Chuquicamata, a 37 en El Salvador y a la aterradora cifra de 44,98 en El Teniente, el más estatificado de los grandes minerales.

"Los precios de venta, que llegaron a un promedio de más de 79 centavos por libra en marzo y abril del año recién pasado, sólo alcanzaban en febrero de este año -último dato que conozco- a 46,3, o sea, menos de un centavo y medio de exceso sobre el costo de El Teniente.

"Pero lo más insólito e inexplicable de todo es la baja del volumen físico de la producción, la que a su vez determina el aumento del costo unitario y menor producido total de las ventas. En los cinco primeros meses de 1971 -últimos datos que conozco-, Chuquicamata, El Salvador y El Teniente produjeron sólo el 76,7% de la producción programada, lo cual representa menos producción física que en igual período del año pasado y, lo que es asombroso, menos producción física que en los mismos meses de 1964, antes de que se iniciaran las nuevas y enormes inversiones.

"¿Qué hay detrás de todo esto? No lo digo, porque no me gustan los juicios precipitados; pero, en cambio, señalo que el Gobierno debe al país una amplia explicación sobre los hechos concretos que dejo señalados. Más útil que seguir celebrando manifestaciones de júbilo, que no consideramos muy compatibles con la tragedia que azota a Valparaíso y a una vasta zona de Chile, los que tienen la responsabilidad del manejo del cobre deberían explicarnos por qué se ha deteriorado esa industria y qué planes existen para poner remedio a lo sucedido.

"La gran minería del cobre es una actividad dificilísima desde los puntos de vista administrativo, técnico y comercial. En ¡lo administrativo, los trabajadores tienen que someterse a una rígida disciplina, porque de ello depende la suerte económica de Chile y porque para eso son bien remunerados. En lo técnico, no hay que perseguir por razones políticas o por odios de clase a los supervisores, sino que hay que asegurarse bien su indispensable concurso, imposible de reemplazar por muchos años; como hay que asegurarse, también, de que en el futuro tengamos acceso a los adelantos que se van produciendo en el extranjero, especialmente en Estados Unidos. En lo comercial, hay que procurarse a cualquier costo elementos que sepan accionar en los mercados internacionales. Parece muy difícil que podamos navegar en ese proceloso mar de los mercados del cobre bajo la dirección única de funcionarios más o menos inexpertos que comandan la nave desde sus escritorios de Santiago."

He leído esta intervención para dejar constancia de que, hace ya cuatro meses y medio, mi partido planteó la crisis que comenzaba en la industria del cobre, la cual está alcanzando caracteres de extrema gravedad. El trastorno económico, el malestar social y la hambruna que esta crisis puede significar para Chile, son conocidos de sobra por todos los señores Senadores y el país. En esta oportunidad, deseo reiterar la petición que el 11 de julio formulé ante el Congreso Nacional, en nombre de mi partido, al Gobierno de la República, para que hiciera una exposición seria y honrada de lo que está ocurriendo en el cobre. Si el cobre es el sueldo de Chile, éste tiene derecho a saber por qué ese sueldo va menguando y puede transformarse el día de mañana no en una entrada, sino en una carga para el erario.

He dicho.

El señor FIGUEROA (Secretario).-

Han llegado a la Mesa dos indicaciones. La primera, para publicar in extenso el debate habido en esta sesión, y la otra, formulada por el Honorable señor Musalem, para insertar en el texto del discurso pronunciado por él en el día de hoy, los cuadros a que hizo referencia.

El señor AYLWIN (Presidente).-

Oportunamente se someterán a la consideración de la Sala.

Se levanta la sesión.

-Se levantó a las 18.44.

Dr. Raúl Valenzuela García, Jefe de la Redacción.

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