Labor Parlamentaria

1.-MENSAJE DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

"Conciudadanos del Senado y de la Cámara de Diputados:

La Empresa Nacional de Minería cuyo actual Estatuto Orgánico es el Decreto con Fuerza de Ley Nº 153 de 1960, es una Empresa del Estado formada por la fusión de la antigua Caja de Crédito y Fomento Minero a la Empresa Nacional de Fundiciones.

La ex Caja de Crédito y Fomento Minero creada por la Ley Nº 4.112 del año 1927, tuvo primitivamente por objeto establecer un poder de compra del Estado para adquirir de los pequeños productores, los minerales que éstos explotaban.

Antes de la creación del organismo mencionado, estos productores veíanse obligados a vender sus productos a casas particulares las que muchas veces fijaban precios arbitrarios, o sólo adquirían minerales de alta ley, no existiendo garantía alguna para los pequeños productores en cuanto a pagarles un precio justo en relación a las cotizaciones de los minerales en los mercados internacionales. Asimismo, estaban enteramente entregados al arbitrio de las casas compradoras en cuanto al establecimiento de las leyes de fino y peso de los productos mineros que les vendían. En esta forma, este importante sector de la producción se encontraba en el más completo desamparo.

Por otra parte, las condiciones señaladas sólo permitían abarcar los negocios mineros a organizaciones con capitales importantes, las más de las veces extranjeras, provocando con ello una crisis en las provincias productoras de minerales de cobre, en especial Atacama.

Al poco tiempo se evidenciaron los beneficios de esta iniciativa estatal, que permitía a numerosos productores industrializarse y explotar sus yacimientos, teniendo asegurado un mercado con precios equitativos y reales. No obstante, esta política de fomento hubo de ser complementada con el establecimiento de plantas de beneficio, laboratorios, etc. Esta última etapa debió, a su vez contar con una fundición nacional para completar el proceso metalúrgico de la explotación de los minerales de cobre, de modo que se estuviese en condiciones de exportar un producto cada vez más afinado.

Pronto se hizo necesaria la construcción de otra fundición, que pudiera suplir la necesidad de otra importante zona minera como lo es el Departamento de Illapel, la Provincia de Aconcagua y algunos sectores de las Provincias de Santiago y Valparaíso.

Paralelamente, la política de fomento hubo de ampliarse no sólo a la compra de minerales sino también al aspecto técnico y crediticio, con el propósito de aumentar la producción de la etapa extrativa, que permitiera proporcionar un abstecimiento suficiente a las instalaciones metalúrgicas del Estado.

Importante actividad en materia de fomento a la minería nacional ha sido la de otorgar bonificaciones o subsidios a los precios o tarifas que la Empresa fija a los diversos minerales, especialmente en los períodos en que el precio internacional de los metales ha estado en declinación.

Pese al esfuerzo del Estado, a través de la bonificación de tarifas que ha otorgado, se ha acentuado en los últimos tiempos la distancia entre la etapa extractiva de minerales y su posterior proceso metalúrgico efectuado por la Empresa Nacional de Minería.

En otras palabras, la industria de la pequeña y mediana minería nacionales se realiza principalmente en dos grandes etapas. La primera es la etapa extractiva realizada por la actividad particular que se divide en Pequeña y Mediana Minería, según sean los capitales en giro de las empresas y la explotación en circuito simple o complejo por el beneficio de los minerales en plantas de concentración o lixiviación. La segunda etapa la realiza el Estado, por intermedio de la Empresa Nacional de Minería y consiste en el tratamiento de los minerales en bruto para convertirlos en concentrados, fundirlos y, posteriormente, venderlos o exportarlos en cobre blister o refinado.

La industria de la Pequeña Minería del Cobre, como se ha visto, es un caso típico de integración y correlación entre la actividad particular y estatal.

Ocurre, sin embargo, que el Estado a través de la Empresa Nacional de Minería, ha procurado que el procedimiento metalúrgico de los minerales en bruto se haga de acuerdo a los métodos más modernos y empleando maquinaria y mecanización de faenas, en la que se han efectuado cuantiosas inversiones representadas actualmente por el valor de las plantas, funciones y refinería de Ventanas, actualmente en ampliación.

El Supremo Gobierno, con el propósito de aumentar la producción de este importante sector de la minería nacional, que es la Pequeña y Mediana Minerías, ha considerado imprescindible el dotar a la. Empresa Nacional de Minería de un Estatuto Jurídico que le permita abordar el desafío de aumentar substancialmente la producción de cobre fino, asegurando así una importante fuente de entrada de divisas, como asimismo, sostener en forma económicamente sana la industria de la Pequeña y Mediana Minerías para que éstas se desenvuelvan en plenitud, sin necesidad de bonificación de tarifas u otras formas artificiosas que gravan los intereses generales del país.

Con el mismo propósito de fomento de la producción minera, el Supremo Gobierno a través del Ministerio de Minería, Empresa Nacional, ha elaborado un Plan de expansión de la Pequeña y Mediana Minerías del Cobre que consulta una inversión aproximada de US$ 90.000.000., cifra que se financiará, en un 50%, con recursos provenientes del exterior. Para este efecto, la Empresa Nacional de Minería suscribirá próximamente los contratos de crédito y de inversión convenidos con instituciones europeas de crédito y otras, que se obligarán a prestar determinados servicios de carácter técnico y comercial, en orden a obtener un máximo aprovechamiento de tales recursos para la expansión minera del país.

En el Proyecto que os someto a consideración, se propone modificar sustancialmente el actual Estatuto Orgánico de la Empresa Nacional de Minería, procurando que se desenvuelva, en los aspectos funcionarios, administrativos y técnicos, de la manera más expedita y eficaz posible dentro de las naturales limitaciones que tiene toda entidad estatal en el campo de la producción de bienes.

Por todo lo expuesto, someto a vuestra consideración el presente Proyecto, a fin de que pueda ser tratado un carácter de urgente en el actual Período Ordinario de Sesiones.

Proyecto modificatorio del D.F.L. Nº 153 de 1960 que creó la Empresa Nacional de Minería

Artículo primero. Introdúcense al Decreto con Fuerza de Ley Nº 153 de 1960, las modificaciones que se indican en los artículos siguientes.

Artículo segundo. Introdúcense las modificaciones que se indican al Título 1.:

Nº 1. Sustitúyese el artículo 2º por el siguiente: "La Empresa tendrá por objeto fomentar la investigación y exploración de yacimientos mineros, la explotación y beneficio de toda clase de minerales existentes en el país, producirlos, concentrarlos, fundirlos, refinarlos e industrializarlos, comerciar con ellos o con artículos o mercaderías destinados a la industria minera, como igualmente realizar y desarrollar actividades de toda especie o forma relacionadas con la minería sea en Chile o en el extranjero y prestar servicios en favor de dicha industria".

Nº 2. Agrégase al Nº 4 del artículo 3º el siguiente inciso: "Se entiende que constituye un medio para realizar la función de fomento a que se refiere el inciso anterior y sin que ello implique una limitación, la importación que la Empresa haga para su propio uso, o para transferencia a terceros, sean estos últimos personas naturales o jurídicas, de toda clase de equipos, maquinarias, camiones, buses para transportar personal, puentes mecánicos y en general toda clase de elementos de transporte, materias primas, repuestos, materiales, implementos, accesorios, partes y útiles de recambio y envases, explosivos, combustibles a excepción del carbón, lubricantes y demás elementos destinados a la investigación, explotación, producción, concentración, fundición, refinación, industrialización y transporte de productos mineros".

Nº 3. Agréganse en los Nºs. 10 y 11 del artículo 39, antes del último punto y coma, la siguiente frase: Tanto en Chile como en el extranjero".

Nº 4. Suprímese en el Nº 13 del artículo 3º la conjunción "y" después del punto y coma. Agrégase como Nº 14 del mismo artículo, el siguiente texto: "Planificar el desarrollo de la Pequeña y Mediana Minerías Nacionales y".

Nº 5.El actual Nº 14 del artículo 3º será en lo sucesivo Nº 15.

Artículo tercero. Introdúcense las siguientes modificaciones al Título II:

Nº 1.En el artículo 4º letra c) reemplázase el punto y coma por la conjunción "y" y agrégase la siguiente frase: "que otorgan a la Empresa".

Nº 2. Agrégase, entre los incisos lº y 2º de la letra a) del artículo 5º el siguiente: "Los recursos a que se refiere el inciso anterior, deberán ser puestos íntegramente a disposición de la Empresa, en conformidad a las modalidades previstas en el artículo 48 de la Ley Nº 16.624".

Nº 3.En el inciso 2º de la letra a) del artículo 5º reemplázase el punto y coma por la conjunción "y" y agrégase la siguiente frase: "sin perjuicio, asimismo de la facultad que, de modo general, tiene para contratar empréstitos mediante la emisión de bonos o debentures como uno de los actos que puede ejecutar tendientes a cumplir con el objeto de la Empresa".

Nº 4.Suprímese en la letra d) del artículo 5º la conjunción "y".

Nº 5.Reemplázase en la letra e) del artículo 5º el punto por un punto y coma.

Nº 6.Agrégase como letra f) del artículo 5º, seguido de la conjunción "y" el siguiente texto: "Con una tercera parte de los recursos a que se refiere el párrafo quinto del artículo 27 de la Ley Nº 16.624 recursos que le serán transferidos a la Empresa por la CORFO, tan pronto como sean recaudados por ésta".

"Estos fondos serán invertidos por la Empresa en fines exclusivos de fomento de la minería, en la misma proporción y en el mismo Departamento y Provincias a que hace mención el referido párrafo";.

Nº 7.Agrégase como letra g) del artículo 5º el siguiente texto: "Con el rendimiento proveniente del impuesto a las exportaciones de cobre no refinado, establecido en los artículos 134 y 136 de la Ley Nº 15.575".

Artículo cuatro. Introdúcense las siguientes modificaciones al Título III:

Nº 1. Sustitúyese el artículo 11 por el siguiente: "La Empresa será administrada por un Directorio compuesto de doce miembros, integrado en la siguiente forma:

Por el Ministro de Minería, que lo presidirá;

Por el Subsecretario del mismo Ministerio;

Por el Vicepresidente Ejecutivo de la Empresa;

Por cuatro Directores de libre elección del Presidente de la República;

c) Por un Director designado por la Corporación de Fomento de la Producción;

Por un representante del Instituto de Ingeniería de Minas;

Por el Vicepresidente Ejecutivo de la Corporación del Cobre, o la persona que éste designe en su reemplazo;

h) Por un representante de la Sociedad Nacional de Minería; e

i) Por un representante de las Cooperativas Mineras del país cuya designación se ajustará a las normas contenidas en un Reglamento que deberá dictar el Presidente de la República dentro de un plazo de noventa días a partir de la vigencia de la presente ley.

"Los Directores indicados en las letras d), e), f), h) e i),, durarán tres años en sus funciones y podrán ser reelegidos. Los Directores indicados en las letras f y h) serán designados por el Presidente de la República de una terna que le presente la respectiva entidad".

"En caso de fallecimiento, renuncia, o inasistencia no justificada de un Director por más de cuatro sesiones consecutivas. o de seis en total dentro de un semestre calendario, se le elegirá reemplazante por quien lo haya designado y por el resto del período que faltare al reemplazado, salvo que se trate de alguno de los Directores a que se refieren las letras a), b), c) y g)".

"Cómo única remuneración por su desempeño, los Directores gozarán de la que establece el artículo 11 de la Ley 13.211".

Nº 2.En el artículo 12, elimínase la referencia a la letra e).

Nº 3.En el artículo 13 inciso 2º, a continuación de la locución "los Directores que fueren accionistas", se agrega la palabra "socios" seguida de una coma.

Nº 4.En el artículo 16 suprímense las palabras "del Norte".

Nº 5.En el inciso primero párrafo primero del artículo 17, Sustitúyese el punto por una coma y agrégase a continuación de ella la siguiente frase seguida de un punto: "sin perjuicio de las atribuciones que por esta misma ley se conceden al Vicepresidente Ejecutivo".

Nº 6.Sustitúyese el texto de la letra a) del artículo 17 por el siguiente:

"a) Comprar y adquirir a cualquier título toda clase de bienes raíces, enajenarlos, gravarlos, darlos en arrendamiento, concesión u otra forma de goce, fijar las tarifas de compra de minerales y productos. mineros que adquiera la Empresa; comprar, adquirir y enajenar a cualquier título maquinaria, vehículos, equipos e implementos ; formar o adquirir interés en toda clase de sociedades, modificarlas, disolverlas y liquidarlas, contratar en cuentas corrientes bancarias, comerciales, de crédito o de depósito préstamos, sobregiros, pagarés, avances contra aceptación, préstamos con letra o en cualquier otra forma, con toda clase de garantías o sin ellas; operar en warrants ; descontar créditos, aceptar, reaceptar, endosar letras de cambio, cheques u otros documentes mercantiles o de cualquier naturaleza y, en general, celebrar todos los actos y contratos que se requieran para los negocios de la Empresa".

Nº 7.En el artículo 17 Sustitúyese el texto de la letra g) por el siguiente:

"g) A propuesta del Vicepresidente Ejecutivo, fijar y modificar libremente las plantas del personal, acordar gratificaciones y establecer las remuneraciones y distintas formas de pago, sin sujeción a normas legales prohibitivas ni limitativas. En todo caso, no podrán tratarse ni adoptarse acuerdos sobre esta materias sin asistencia a la sesión correspondiente y con el voto favorable del Ministro de Minería."

Nº 8.Sustitúyese el texto de la letra h) del artículo 17 por las siguientes nuevas letras h) e i) : "h) A proposición del Vicepresidente Ejecutivo, contratar a los empleados en los cargos de la planta, sin sujeción a lo dispuesto en el artículo 74 de la Ley Nº 15.575. En la misma forma, a propuesta del Vicepresidente Ejecutivo, contratar servicios para labores transitorias, fijando en cada caso los honorarios, remuneraciones, rentas o emolumentos y demás condiciones de la prestación de servicios".

"i) A proposición del Vicepresidente Ejecutivo, acordar la terminación de los contratos de trabajo del personal de empleados cuando invoque alguna de las causales contempladas en los números 99, 10, 12 y 13 del artículo 2º de la Ley Nº 18.455 o en los casos a que se refiere el artículo 3º de la misma ley y sin perjuicio de las disposiciones de ésta".

Nº 9.La letra i) del artículo 17 en adelante será letra j).

Nº 10.La letra j) del artículo 17 se reemplaza por el siguiente precepto antecedido por la letra k) :

"k) Delegar parte de sus facultades para objetos determinados en una o más Comisiones, en el Vicepresidente Ejecutivo o en otros funcionarios".

"A indicación del Ministro de Minería, el Directorio podrá delegar la totalidad de sus facultades para determinadas materias en Comités de cinco miembros que estarán integrados de la siguiente manera: por el Vicepresidente Ejecutivo, que lo presidirá, por dos Directores y por dos funcionarios de la Institución designados por el Directorio".

Nº 11.Reemplázase el texto de la letra k), por el siguiente: "Conferir mandatos especiales al Vicepresidente Ejecutivo, funcionarios o a personas extrañas a la Empresa".

Nº 12.Sustitúyese el texto de la letra 1) del artículo 17 por el siguiente que pasa a ser 11) : "Pronunciarse sobre toda solicitud de préstamo que se presente a la Empresa".

"Los préstamos acordados se entienden perfeccionados por el solo hecho de que la Empresa acredite en cuenta a nombre del mutuario el monto del respectivo préstamo, sin que obste a ello el hecho de que éste no haya girado los valores acreditados o que los haya girado parcialmente en moneda nacional o que haya operado compensación de ellos con créditos exigibles que tenga la Empresa en contra del mutuario".

"La Empresa abonará sobre los valores acreditados en cuenta a nombre del deudor sobre los saldos no girados, los mismos intereses establecidos en los documentos respectivos, menos una comisión que será del 1/2% anual".

Nº 13.Las disposiciones de las letras 11), m), n) y ñ) del artículo 17, pasarán respectivamente a ser m), n, ñ) yo);

Nº 14.Suprímese la actual o) del artículo 17.

Nº 15.Sustitúyese el texto de la actual letra r) del artículo 17, por el siguiente: "En general, acordar la realización de todo acto, contrato, pacto o convención que tienda a cumplir con las necesidades de funcionamiento y con los objetivos y finalidades de la Empresa, sin perjuicio de las facultades que la presente ley otorga al Vicepresidente Ejecutivo".

Nº 16.En el artículo 18, a continuación de la letra b), agrégase el siguiente texto como letra c) :

"Declarar terminados los contratos de trabajo de los empleados por cualesquiera de las causales señaladas en los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 11 del artículo 2º de la Ley Nº 16.455 y sin perjuicio de las demás disposiciones de ésta".

Nº 17.En el artículo 18 agrégase el siguiente texto como letra d) :

"Contratar al personal de obreros y declarar terminados los contratos de trabajo de los mismos por cualquiera de las causales que establece la ley y en conformidad a las disposiciones legales.

Nº 18.La letra c) del artículo 18 pasa a ser la letra e).

Nº 19.Sustitúyese el texto de la letra d) del artículo 18, por el siguiente que pasa a ser f):

"Proponer al Directorio la adopción de acuerdos sobre las materias a que se refieren las letras g), h) e i) del artículo anterior".

Nº 20.Se reemplaza el texto de la letra e) del artículo 18, por el siguiente que pasa a ser g) :

"Someter a conocimiento del Directorio, de las Comisiones o de los Comités en su caso, los asuntos que deban ser resueltos por éstos".

Nº 21.Las disposiciones de las actuales letras f), g), h), i) y j) del artículo 18 pasan a ser, respectivamente, h), i), j), k) y 1).

Nº 22.En la letra k) del artículo 18, que pasa a ser 11), Sustitúyese la palabra "siete" por "cinco".

Nº 23.La letra 1) del artículo 18 pasa a ser letra m).

Nº 24.Sustitúyese la letra 11) del artículo 1.8 por el siguiente texto, que pasa a ser n) :

"Adquirir y enajenar a cualquier título o contratar la transformación de toda clase de productos mineros; adquirir y enajenar o contratar a cualquier título, bienes muebles, máquinas de» oficina, repuestos, accesorios, o materias primas; tomar en arrendamiento los bienes muebles e inmuebles necesarios para el funcionamiento de las oficinas, plantas o agencias; abrir cuentas corrientes bancarias y comerciales de crédito o de depósito y cerrarlas, girar en ellas, endosar en comisión de cobranza, girar, prorrogar y protestar letras de cambio, cheques, pagarés u otros documentos mercantiles o de cualquier naturaleza, en moneda nacional o extranjera; cobrar y percibir lo que se adeude a la Empresa y pagar lo que ésta adeude; otorgar cancelaciones y finiquitos respecto de los préstamos concedidos y de las obligaciones de que haya sido acreedora la Empresa; alzar hipotecas, prendas y prohibiciones constituidas en favor de ésta y, en general, suscribir todos los documentos públicos y privados que debe otorgar la Empresa, salvo cuando por ley o acuerdo del Directorio se designare a otra persona para hacerlo".

Nº 25.Elimínase la actual letra m) del artículo 18.

Nº 26.En el inciso lº del artículo 20,

a continuación de la palabra "determinen" agrégase la expresión "la presente ley" seguida de una coma.

Nº 27.En el inciso final del artículo 20, se sustituye el punto por una coma y se agrega la siguiente frase: "o en su defecto, por el que señale el Vicepresidente Ejecutivo".

Nº 28.Reemplázase la denominación del Párrafo 49 "De los Departamentos" por "De la estructura orgánica".

Nº 29.Sustitúyese el artículo 21 por el siguiente: "El Directorio, a proposición del Vicepresidente Ejecutivo, determinará la estructura orgánica de la Empresa para el cumplimiento de sus funciones y objetivos. Con tal objeto dictará un Reglamento Interno en el que se fijarán las funciones, atribuciones y responsabilidades de cada una de las reparticiones que se creen y sus respectivas organizaciones internas".

Nº 30.Suprímense los artículos 22 y 23.

Nº 31.Sustitúyese el artículo 24 por el siguiente, que pasa a ser artículo 22: "La Contabilidad de la Empresa deberá reflejar fiel y separadamente los resultados financieros de las actividades de producción y comercialización de productos mineros por una parte y de aquellas de fomento minero por otra".

"El Vicepresidente Ejecutivo y el Directorio serán responsables del estricto cumplimiento de la obligación indicada en el inciso anterior, sin perjuicio de la responsabilidad que, asimismo, incumbe a los funcionarios a quienes se asignen funciones relativas a esta materia".

Artículo quinto.Agrégase el siguiente Título: "Disposiciones tributarias y cambiarías", que pasa a ser Título IV.

Nº 1.Artículo...."Serán aplicables a la Empresa Nacional de Minería las mismas exenciones de derechos, contribuciones e impuestos establecidos para el Banco del Estado de Chile en el artículo 69 del Decreto con Fuerza de Ley Nº 251 del año 1960".

Nº 2.Artículo...."Las importaciones de los bienes a que se refiere el artículo 3º Nº 4º inciso segundo de la presente ley que realice la Empresa, gozarán de las franquicias y liberaciones que se establecen para las empresas de la Pequeña y Mediana Minería en el artículo 10 de la Ley Nº 16.624. Asimismo gozarán de las mismas franquicias y liberaciones, las importaciones de maquinarias, máquinas, repuestos, materias primas y demás elementos que realice la Empresa para ser transferidos a los productores de la pequeña y mediana minerías nacionales cualquiera sea su naturaleza, con el objeto de que éstos los destinen en forma permanente a los fines previstos en el citado artículo 10 de la Ley Nº 16.624".

"Las importaciones a que se refiere el presente artículo se regirán por las disposiciones contenidas en el Decreto Supremo Nº 95 del Ministerio de Minería, publicado en el Diario Oficial de 30 de octubre de 1965. No obstante, no estarán sometidas a las disposiciones del referido Decreto Supremo, las importaciones que realice la Empresa para sí, con disponibilidades propias de divisas que no correspondan a retornos del valor de exportaciones y destinadas a la ampliación, desarrollo y funcionamiento de plantas de beneficio de minerales, fundiciones, refinerías y establecimientos secundarios, respecto de las cuales la Empresa sólo se limitará a informar a la Corporación del Cobre para fines estadísticos".

Nº 3.Artículo. . .."La Empresa podrá comercializar por sí misma o por intermedio de representantes, las importaciones que efectúe para transferir a terceros. Los actos y contratos que ejecute o celebre la Empresa cuyo objeto sea transferir el dominio a dichos terceros de los bienes objeto de estas importaciones y las cauciones que éstos constituyan para garantizar el pago de los saldos de precio que adeudaren, estarán exentos de todo impuesto o gravamen."

Nº 4.Artículo. . .."Los terceros ad

quirentes a que se refiere el artículo anterior, que den a los bienes un destino diferente del señalado en el artículo 10 de la ley 16.624 o que los transfieran sin autorización de la Junta General de Aduanas, o de la Corporación del Cobre, cometerán el delito de fraude aduanero y serán castigados con las penas establecidas en el artículo 194 de la Ordenanza de Aduanas. Igual sanción se aplicará a cualquier sucesivo adquirente que actuare en la forma antes indicada".

Nº 5.Artículo. . ."No se aplicarán a la Empresa Nacional de Minería el artículo 2º de la Ley Nº 14.999 ni las disposiciones que reglamentan su aplicación contenidas en el Decreto Supremo Nº 240 de 2 de abril de 1964".

Artículo sexto.Agrégase el siguiente Título: "Del procedimiento de expropiación y cobro de créditos".

Nº 1.Artículo. . .."Decláranse de utilidad pública y autorízase la expropiación para la Empresa Nacional de Minería de todos los bienes que, por decreto supremo dictado por intermedio del Ministerio de Minería, determine el Presidente de la República como necesarios para los fines expresados en la presente ley y, en especial, para instalación y explotación de establecimientos de beneficio de minerales, fundiciones, refinerías, yacimientos mineros, canchas de minerales y construcciones anexas, transporte de minerales, conducción de líneas de alta tensión o comunicaciones, construcción de acueductos y cañerías para abastecimiento de aguas y extracción de las mismas, construcción de poblaciones para el personal y obras necesarias para el abastecimiento de combustibles de esas faenas."

"El decreto de expropiación, una vez publicado en el Diario Oficial, se reducirá a escritura pública que será firmada por el Ministro de Minería y se inscribirá en el Registro de Interdicciones y Prohibiciones de enajenar del Conservador de Bienes Raíces respectivo".

Nº 2.Artículo. . .."Si la expropiación afectare a predios rústicos se aplicarán las normas de los incisos 4º y siguientes del artículo 25 de la Ley 16.742 y de los artículos 24, 26, 29 y 35 de la Ley Nº 5.604".

"Para los efectos de esta ley, entiéndese por predio rústico todo predio que se encuentre ubicado fuera de zonas urbanas de poblaciones o que, encontrándose dentro de dichas zonas, el aprovechamiento económico predominante que pudiera obtenerse de él esté más ligado a la tierra que a lo construido en ella".

Nº 3.Artículo. . .."Si la expropiación afectare a bienes distintos de los indicados en el artículo anterior, se aplicarán las reglas siguientes:

"Dictado el Decreto de expropiación, el precio podrá ajustarse directamente entre la Empresa y el propietario."

"Si el precio no se ajustare entre la Empresa y el interesado, el Presidente de la República nombrará una comisión de tres peritos, a fin de que tase el valor del bien y las indemnizaciones que corresponda pagar al propietario. Dicha tasación será publicada por una sola vez en el Diario Oficial en una minuta que deberá contener el monto total a que asciende la tasación y los datos necesarios para la individualización y ubicación precisa del bien expropiado y, si fuere posible, el nombre de quien se presume sea el propietario".

"Una vez publicada la tasación, la Empresa quedará autorizada para tomar posesión material de los bienes previo depósito del monto de dicha tasación en la cuenta del Tribunal llamado a conocer del reclamo que pudiera interponerse en contra de ella. Para este efecto, podrá aplicarse el auxilio de la Fuerza Pública al mismo Tribunal, quien la concederá sin más trámite y con el solo mérito de la exhibición del ejemplar del Diario Oficial en el cual se haya publicado la tasación".

"Tanto la Empresa como el propietario podrán reclamar de la tasación ante la Justicia Ordinaria dentro de los veinte días corridos y fatales siguientes a la fecha de su publicación en el Diario Oficial".

"Interpuesta la reclamación, el Juez citará al propietario y a la Empresa a un comparendo con el fin de nombrar peritos que hagan el justiprecio del bien expropiado, el que tendrá lugar con sólo la parte que asista, entendiéndose que el rebelde renuncia al derecho de designar perito".

"En todo lo demás y en cuanto fueren compatibles con las disposiciones contenidas en el presente artículo, se aplicará lo dispuesto en el Título XV, del Libro IV del Código de Procedimiento Civil con las modificaciones a que se refieren los artículos 10 y 11 de la Ley 9.618, entendiéndose que el Tribunal podrá prescindir del informe del perito tercero designado por las partes o por el Juez en subsidio, cuando éste no lo evacué dentro de plazo, previo apercibimiento en tal sentido".

"Una vez vencido el plazo para entablar reclamación o dictada la sentencia de primera instancia si aquella hubiere sido interpuesta, el Tribunal ordenará dentro del segundo día, el otorgamiento de la escritura de expropiación, sin más trámites que la certificación del Secretario del hecho de haberse efectuado la consignación del valor que corresponda. La escritura será firmada por el Juez en representación del expropiado y en la inscripción en el Conservador de Bienes Raíces, si ésta procediere, no será necesario mencionar la inscripción precedente ni cumplir con los trámites que se exigen para inscribir títulos relativos a propiedades no inscritas".

Nº 3.Artículo...."Las disposiciones vigentes sobre cobro de créditos establecidos en los artículos 99 a 105, ambos inclusives, del Decerto con Fuerza de Ley Nº 252 de 1960, se aplicarán al cobro de créditos en favor de la Empresa cualquiera que sea la garantía constituida en favor de ésta. En cuanto sean compatibles con las disposiciones a que se ha hecho referencia anteriormente, se aplicarán, subsidiariamente, las disposiciones de los Títulos I y II del Libro III del Código de Procedimiento Civil".

"Las normas sobre procedimiento a que se hace referencia en el inciso anterior se aplicarán sin perjuicio de la facultad de la Empresa de emplear los procedimientos que se contemplan en el Código de Procedimiento Civil o en otras leyes especiales".

"En las gestiones judiciales de cobranza que tengan por objeto bienes muebles constituidos en garantía, la Empresa podrá asignar un valor de tasación a cada uno de ellos cuyo monto total sea igual o superior al valor de lo adeudado determinado en conformidad a la liquidación a que se refiere el inciso siguiente. Los bienes muebles podrán también ser subastados en un solo lote".

"Para los efectos del remate se fijará como mínimo en la primera subasta, el valor de lo adeudado a la Empresa de acuerdo con la liquidación que ésta practique".

"Si no se presentaren postores a la primera subasta, se sacarán los bienes a remate con el mínimo rebajado a los dos tercios del valor de la deuda; si tampoco hubiere postores por dicho mínimo, los bienes se sacarán por tercera vez a remate, sin mínimo".

"En esta gestión el deudor sólo podrá oponer las excepciones de pago de la deuda y prescripción. Para que pueda ser admitida a tramitación la excepción de pago se fundará en antecedentes escritos, debiendo ser rechazada de plano por el Tribunal en caso contrario".

"La oposición o cualesquiera otra gestión que realice el deudor se tramitará como incidente y en cuaderno separado, sin paralizar los trámites del remate".

Artículo séptimo.Introdúcense las siguientes modificaciones al Título IV.

Nº 1.Elimínanse los siguientes artículos: 29, 30 letras c) y d), 31 y 37.

Nº 2.Agréganse los siguientes artículos:

Artículo. . .."Los intereses correspontes a cualquier forma de créditos concedidos o que se concedan a la Empresa Nacional de Minería, estarán exentos de los impuestos de Categoría, Global Complementario o Adicional que procedan de acuerdo con las leyes vigentes y con las que en el futuro se dicten.

"De las mismas exenciones gozarán las sumas que la Empresa Nacional de Minería pague por concepto de reajuste de los créditos referidos, exenciones que son extensivas, asimismo, a los intereses y reajustes que perciban los cesionarios de dichos créditos".

Artículo. . .."Las personas naturales o jurídicas, chilenas o extranjeras que, celebren con la Empresa Nacional de Minería contratos que den origen a obligaciones con pago diferido, quedarán exentas de impuesto adicional por las rentas y remuneraciones derivadas de servicios prestados en Chile o en el extranjero y, en general, por el total de los valores que se paguen o abonen en cuenta a dichas personas".

Artículo...."El impuesto a las compraventas, establecido en la Ley Nº12.120 y sus modificaciones, deberá ser excluido del precio por los proveedores de la Empresa, bastando sólo la presentación a Impuestos Internos de la orden de compra, factura cancelada o cualquier otro documento emanado de la Empresa que acredite la transferencia de dominio para justificar la exclusión".

Artículo. . .."Las remuneraciones derivadas de los servicios, negocios y prestaciones que se efectúen en favor de la Empresa Nacional de Minería, no devengarán impuesto alguno".

Artículo...."Las relaciones jurídicas entre la Empresa y sus obreros y empleados se regirán íntegramente por el Código de Trabajo y sus leyes complementarias".

Artículo. . .."No serán aplicables a los empleados y obreros de la Empresa Nacional de Minería las disposiciones del D.F.L. Nº 21 de 1º de octubre de 1959 y las del D.F.L. Nº 30 de octubre de 1959.

Artículo. . .."Los créditos que otorgue la Empresa en cumplimiento de sus finalidades, sea que provengan de contratos de mutuo o de cualquiera otro, serán reajustables de acuerdo a las normas que a continuación se señalan: a) Los mutuos que otorgue la Empresa, se concederán en cuotas de crédito minero y se entregarán al prestatario en escudos según el valor que ellas tengan a la fecha de cada giro. Asimismo, los créditos que se originen y los saldos deudores en favor de la Empresa provenientes de cualquier otro contrato que ésta celebre en cumplimiento de sus finalidades, se entenderán adeudados en cuotas de crédito minero por el valor que ellas tengan a la fecha en que nazca la obligación reajustable".

"b) La restitución de esos créditos y saldos deudores se hará con el mismo número de cuotas de crédito minero según el valor que éstas tengan a la fecha del pago".

"Se entiende que los intereses pactados se aplicarán sobre el monto de los saldos deudores reajustados de acuerdo a las normas de este artículo".

"c) Para los efectos señalados en las letras anteriores, establécese una unidad de crédito que se denominará "Cuota de Crédito Minero" cuyo valor, a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, será de Eº 1."

"d) El valor de la Cuota de Crédito Minero será variable, mes a mes, en la misma proporción en que varíe el promedio conjunto del índice de precios al consumidor y la cotización del dólar que la Empresa Nacional de Minería use para determinación de sus tarifas de compra".

"e) La Cuota de Crédito Minero quedará fijada el último día hábil de cada mes calendario y para su determinación se calculará el promedio de cotizaciones del dólar que corresponda, contado vendedor, durante el mes calendario anterior y el índice de precios al consumidor correspondiente, asimismo, al mes calendario anterior".

"f) Para los efectos señalados en las letras anteriores, el índice de precios al consumidor será el que señale el Servicio Nacional de Estadística y Censos o el organismo que lo reemplace y los valores de cotización del dólar serán los que proporcione el Banco Central de Chile".

"g) Mensualmente, el Vicepresidente Ejecutivo dictará una resolución en la que se indique el valor de la cuota de crédito minero de acuerdo con los antecedentes que le proporcionará el Departamento de Finanzas de la Empresa ajustándose a las normas que se han señalado anteriormente. Dicha resolución será publicada en el Diario Oficial".

Artículo. . ..El Fisco transferirá gratuitamente a la Empresa Nacional de Minería las pertenencias mineras, acciones de sociedades mineras y derechos sobre acciones de sociedades mineras que haya adquirido por sucesión por causa de muerte en virtud del artículo 995 del Código Civil".

"El Jefe del Departamento de Bienes Nacionales, en representación del Fisco, deberá comunicar a la Empresa Nacional de Minería la adquisición por sucesión por causa de muerte de los bienes a que se refiere el inciso anterior dentro del plazo de tres meses contado desde la fecha en que haya tomado posesión de los bienes en conformidad al artículo 19 del Decreto Ley Nº 153 del año 1932 y dentro del plazo de seis meses contado desde la misma fecha y sin más trámite deberá suscribir la correspondiente escritura pública de transferencia en favor de la Empresa Nacional de Minería. Las inscripciones correspondientes se practicarán a requerimiento de la Empresa Nacional de Minería".

Artículo. . .."La Empresa Nacional de Minería estará excluida de las limitaciones y exigencias establecidas por normas legales y reglamentarias para las entidades u organismos del sector público, con excepción de las que se establecen en su ley orgánica."

Artículo octavo."Interprétase el artículo 2º y el Nº 5 del artículo 3º del D.F.L. Nº 153 de 1960 y se declara que queda comprendido dentro del objeto o funciones de la Empresa Nacional de Minería la aplicación que esta Empresa haga del todo o parte de los recursos provenientes de explotaciones mineras al financiamiento de obras de infraestructura de cualquier índole que el Gobierno decida llevar a cabo en las zonas o departamentos mineros. Para hacer efectivo este financiamiento, la Empresa Nacional de Minería podrá traspasar los recursos necesarios al Estado o entidades públicas.

Disposición transitoria

Artículo transitorio. El Presidente de la República fijará el texto definitivo del Decreto con Fuerza de Ley Nº 153 de 1960, incorporando las modificaciones que le introduce la presente ley y rectificando y alterando la numeración de los Títulos, Párrafos y Artículos en la forma que sea necesaria.

(Fdo.) : Eduardo Frei Montalva.Alejandro Hales Jámarne."

2.-MENSAJE DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

"Conciudadanos del Senado y de la Cámara de Diputados:

El Supremo Gobierno, desde los inicios de su mandato, ha emprendido la importante tarea de revisar sistemáticamente los principales cuerpos legales que nos rigen.

Entre sus numerosas iniciativas pendientes en el Honorable Congreso podemos destacar el proyecto de ley que modifica nuestro Código de Procedimiento Penal; el que modifica la Ley de Juzgados de Policía Local y el Estatuto del Consejo de Defensa del Estado, y el que modifica el Código Penal y el de Justicia Militar en lo relativo a la pensa de muerte. Además de estos proyectos, podemos mencionar importantes leyes despachadas por iniciativa del Ejecutivo, tales como la que modifica el Código Penal en lo relativo a los delitos contra la salud pública, la que reajusta las cuantías en nuestros Códigos de Procedimiento, la que modificó la Ley de

Abusos de Publicidad, la que creó el Consejo Nacional de Menores, la que redujo los plazos de prescripción, la que estableció un procedimiento especial para reconstitución de las inscripciones destruidas, y las Leyes Nº 16.437 y 16.899 que crearon numerosos tribunales e introdujeron importantes modificaciones al Código Orgánico de Tribunales.

Continuando esta impostergable actividad reformadora, el Poder Ejecutivo presenta a la consideración del Honorable Congreso Nacional un proyecto de ley modificatorio de nuestro antiguo Código de Procedimiento Civil vigente desde 1902.

Para la preparación de este proyecto se ha seguido un criterio similar al que se aplicó en la del que modifica el Código de Procedimiento Penal.

Por Decreto Nº 2.589 de 2 de noviembre de 1966, el Ministerio de Justicia comisionó al Profesor de Derecho Procesal y Director del Seminario de Derecho Procesal de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile, don Hugo Pereira Anabalón, para que estudiara y preparara un anteproyecto de las reformas que requería nuestro Código de Procedimiento Civil.

El anteproyecto preparado fue puesto en conocimiento de nuestras Facultades de Derecho, de la Excma. Corte Suprema, del Colegio de Abogados, de la Asociación Nacional de Jueces y de otros prestigiados centros jurídicos del país.

Se recibieron autorizadas opiniones de la Universidad de Concepción, de la Universidad Católica, de la Excma. Corte Suprema, del Colegio de Abogados, y de la Asociación Nacional de Magistrados, entre otras.

Que estos antecedentes y sugerencias el Profesor Pereira revisó nuevamente el anteproyecto y elaboró un proyecto definitivo.

El Proyecto que presentamos a vuestra consideración sólo contiene algunas modificaciones a este último, introducidas por el Ministerio de Justicia, siguiendo sugerencias de la Excma. Corte Suprema y de la Asociación Nacional de Magistrados.

La presente reforma no pretende alterar, por ahora, el sistema procesal vigente, sino tan sólo introducirle las modificaciones de urgencia indispensables para hacerlo más dinámico, breve y económico.

Sin embargo, el Supremo Gobierno está consciente de que debe efectuarse una reforma de fondo de nuestro sistema procesal. Mientras el Ministerio de Justicia y las Universidades del país terminan los preparativos para completar los estudios para esa compleja tarea, el presente proyecto es una primera etapa que permitirá alivianar la carga de un sistema procesal largo y engorroso.

Las reglas del Código de Procedimiento Civil que hoy nos rigen, están informadas por los criterios procesales prevalecientes en la pasada centuria según los cuales el proceso es impulsado desde la demanda hasta la sentencia final por la actividad de los litigantes, correspondiendo al Juez un rol generalmente pasivo. Esos criterios se fundan en una concepción privadística del proceso que, en el presente siglo, por influjo de variados factores, ha ido cediendo paso a una concepción publicística de la relación procesal, más acorde con la índole de la función jurisdiccional del Estado y de las necesidades sociales que ella está llamada a satisfacer.

El enfoque actual de este problema pone al Juez en el lugar que debe corresponderle entre los sujetos que obran en el juicio civil. El órgano judicial debe ser activo, orientador y regulador de la acción de los litigantes, no requiriendo siempre del estímulo particular para ejercitar poderes reglados por el Derecho Público y establecidos en interés no sólo de las partes sino de la colectividad toda.

En otro sentido, cabe observar que el proceso civil se hace cada vez más largo y fatigoso, por lo que es menester una atenta revisión de la ritualidad procesal que evite esos inconvenientes sin desmedro de la justicia. Ello se ha creído lograr en esta reforma eliminando trámites superfluos e inútiles y propendiendo a la concentración de la actividad procesal tanto en las fases de discusión, como de prueba o de impugnación.

Conviene enunciar las líneas generales que presiden las reformas que se someten a vuestra aprobación.

La prevención del proceso mediante la conciliación, incorporada al juicio civil común per la Ley Nº 7.760, de 1914, no ha dado los resultados prácticos que de ella se esperaban. La causa fundamental de esa frustración radica en el carácter facultativo que tiene en el texto vigente el llamamiento del juez a ese acto de pacificación. El proyecto que se glosa propone una conciliación de doble carácter: necesaria, en un preciso momento del proceso contestada que sea la demanda o la reconvención, en su caso y voluntaria, a lo largo de toda la primera y la segunda instancia, porque es viable que en el progreso del procedimiento las condiciones para conciliar mejoren, si no se dieron en su iniciación. Queda en todo caso excluida la posibilidad que el llamamiento se haga fuera de la instancia, ya en el juicio de casación, ya en el grado de la queja.

Se acentúa también el control del juez en el típico acto de iniciación que es la demanda, para admitirla a tramitación. Así, a más de los motivos que hoy se contemplan para declarar la inadmisibilidad, se previene la falta de personería o representación del actor, la ausencia de peticiones concretas y las peticiones concretas contradictorias entre sí. No es ya posible dado el carácter público del proceso y el interés del Estado que compromete, dejar a la sola iniciativa del demandado la corrección de un líbelo defectuoso hasta el punto de producir la ineficacia de lo obrado o la imposibilidad del juez para sentenciar, máxime cuando puede convenirle la subsistencia del defecto.

La tendencia generalmente observada en el derecho comparado de suprimir los escritos de réplica y de duplica en el juicio ordinario es recogida por este proyecto, de modo que la fase de discusión queda limitada a la demanda y su contestación y la reconvención y su contestación. Ello obligará a los litigantes a desplegar toda su defensa en un solo acto, sin perjuicio de las excepciones que pueden oponer en cualquier estado del juicio con ciertas limitaciones y las excepciones mixtas o anómalas, puntos en los que no se innova.

La agilización del procedimiento no se logra con la sola abreviación de los plazos, como lo demuestra nuestra propia evolución legislativa en lo procesal. Ella se obtiene, con más propiedad, mediante una adecuada administración del principio de concentración, el cual puede incluso exigir el alargamiento de los plazos. Es por eso que el proyecto, junto con disponer en el juicio ordinario la concentración de la actividad probatoria en el término correspondiente, extiende el plazo común u ordinario para pedir, decretar y practicar las pruebas, a treinta días hábiles, esto es, vuelve a la medida que tenía antes de la promulgación de la referida Ley Nº 7.760. Pero a diferencia de lo que establece el texto vigente, toda prueba y no solamente la testimonial debe aportarse en ese lapso.

Contribuye también a la concentración del proceso la modificación sugerida de limitar el derecho del demandado para reconvenir. Es hoy motivo de desorden y de dilación permitir la introducción de reconvenciones desvinculadas, desde el punto de vista de la relación substancial, con la demanda. El proyecto exige a más de los requisitos formales que son conocidos, que la reconvención tenga por objeto enervar la acción de la demanda o esté íntimamente ligada con ella, tal como la contempla el juicio de mínima cuantía que, precisamente, es un proceso con alto grado de concentración.

Las medidas adoptadas para el recurso de apelación contribuyen también, en esta segunda estación jurisdiccional, a la concentración procesal. En efecto, ella será, en su interposición, fundada y deberá contener las peticiones concretas que formule el apelante respecto de la resolución apelada. Afianza así su imperio el principio dispositivo evitando que el juez superior deba investigar, en actitud inquisitiva, impropia del juicio civil, aquella parte de la resolución impugnada que agravie al recurrente. Es lo que hoy sucede en toda apelación que no sea la que se interpone contra la sentencia definitiva en el juicio ordinario.

La función que se asigna a la segunda instancia provee también a la concentración de la prueba en la primera instancia. El proyecto afirma y perfecciona el criterio, de noble tradición española, de hacer de ella un instrumento de revisión, lato sensu, de la sentencia del juez inferior, pero no la instauración de un nueva juicio. Es decir, empleando la precisa fórmula de la doctrina, el proyecto fortifica la apelación como control y la disminuye como creación. De ahí que en la alzada solamente puedan admitirse por el tribunal pruebas que no pudieron aportarse en la primera instancia.

En otro sentido, la apelación se reserva para las sentencias definitivas e interlocutorias de primera instancia. Los autos y decretos son inapelables incluso si implican alteración de la regular substanciación del juicio u ordenan trámites no establecidos en la ley; pero se crea, en cambio, un mecanismo que permite que sean objeto de doble examen ante el mismo tribunal que los pronunció.

El proyecto adopta, además, otro expediente para hacer más expedito el trabajo en las Cortes de Apelaciones, pues contempla el conocimiento "en cuenta" de la apelación de los incidentes promovidos en la primera instancia, salvo los casos en que el tribunal estime conveniente conocerlos previa vista y otros que, por su importancia, se señalan taxativamente. De esta manera se producirán dos consecuencias dignas de mención: sólo se incorporarán a la tabla las apelaciones de las sentencias definitivas y de algunas pocas interlocutorias y los incidentes promovidos ante el juez inferior se sujetarán al mismo estatuto que los que se susciten en la alzada. Sin embargo, para que esta modificación sea eficaz, es necesario que en las Cortes de Apelaciones con cierto volumen de trabajo una de sus salas se ocupe exclusivamente de la cuenta, y las demás únicamente de las causas de la tabla, sin perjuicio de las que agreguen extraordinariamente a ella. Habrá, pues, que introducir al Código Orgánico de Tribunales las modificaciones pertinentes.

La nulidad procesal por vía incidental provoca de ordinario problemas de la más variada índole, ya a los litigantes, ya al propio tribunal. Acorde con los criterios que se observan en los códigos procesales más modernos y con los adoptados por la doctrina y por la jurisprudencia de nuestros tribunales superiores, el proyecto consigna normas de carácter general que sirvan al intérprete de pauta orientadora en la solución de aquella problemática. Así, se recoge el principio de que la nulidad procesal no solamente procede en razón de texto expresa de Ley que la consagre, sino en virtud de la transgresión de normas imperativas de requisitos; que únicamente puede declararla el tribunal en virtud de petición de parte, salvo que la ley lo autorice para proceder de oficio; que está legitimada para solicitarla la parte en cuyo beneficio se encuentre establecida y siempre que el defecto le perjudique; que la inobservancia de la ley imperativa de requisitos no apareja la nulidad del acto si fue conseguida la finalidad a que está destinado, etc. Se regula también el efecto extensivo de la declaración de nulidad y se establece el principio de preclusión del derecho de formular nulidad procesal incidental una vez terminado el proceso por sentencia firme, salvos los casos taxativos en que ello es posible y necesario punto este último que permite clarificar criterios jurisprudenciales inciertos o contradictorios que a veces lesionan la estabilidad de derechos jurisdiccionalmente declarados.

En éste como en otros casos en que el proyecto cuida de definir criterios, se logra un beneficio positivo, cual es el de evitar incidencias que, formuladas de buena o mala fe, en todo caso objetivamente producen dilaciones, perturbaciones y encarecimiento de la ritualidad procesal.

Contiene también el proyecto disposiciones tendientes a modernizar el régimen del juicio de exequátur. Hoy en día la sentencia extranjera es objeto en grado creciente de examen por nuestra Corte Suprema, ya para su ulterior ejecución ante los tribunales chilenos, ya en razón de la invocación de su autoridad de cosa juzgada, ya para su uso como simple instrumento. El proyecto requiere del exequátur de ese alto tribunal en los dos primeros casos, bastando en el tercero su legalización en la forma ordinaria.

En lo tocante a los requisitos de fondo que la sentencia debe cumplir para que la homologación sea otorgada, el proyecto es menos riguroso que la norma vigente y sigue la orientación moderna que propugna un examen de la sentencia tal como ha sido dictada, aunque cautelando debidamente el orden público interno y la jurisdicción nacional. En cuanto a las condiciones de forma de la misma, se exige que esté ejecutoriada y las partes emplazadas según la ley local.

El proyecto introduce además, importantes y numerosas modificaciones a las reglas sobre notificaciones, jurisdicción no contenciosa, juicio ejecutivo, juicio de cuentas, juicio de hacienda, recurso de casación y de revisión, medidas para mejor resolver y otras.

En muchos casos se resuelven dudas y vacíos de la ley actual que ha dado origen a una nutrida jurisprudencia, incorporando al Código las soluciones que ésta ha formulado.

La reforma también introduce instituciones nuevas ya aceptadas por nuestros

Tribunales, tales como la tercería de posesión, el llamado falso recurso de hecho, la reconstitución de expedientes extraviados y mayores sanciones para el articulista contumaz.

Por último, el proyecto armoniza algunas de las disposiciones del Código de Procedimiento Civil con las normas que establece el proyecto modificatorio del Código de Procedimiento Penal ya aprobado por la Cámara de Diputados, tales como las que se refieren al reemplazo del juramento como formalidad obligatoria por la promesa solemne, a la formalización de los recursos de casación en la forma y fondo dentro de un plazo común contado desde el anuncio de ellos y a la introducción de los conceptos de hecho notorio y de máximas de experiencia en la valoración de la prueba.

El Supremo Gobierno confía en que el Honorable Congreso Nacional preste su aprobación a esta importante iniciativa con la misma o mayor expedición con que se abocó a la tramitación de la Ley 7.760 que introdujo trascendentales reformas al Código de Procedimiento Civil de 1902. La seriedad de su preparación, su carácter eminentemente técnico, y la velocidad de los cambios en nuestra sociedad moderna, abonan este llamado a la cooperación legislativa.

Sin perjuicio del perfeccionamiento del proyecto en las comisiones del Congreso, que el Ejecutivo acepta gustoso, se hace necesario y conveniente no introducir, en estos proyectos de compleja preparación, innovaciones que se aparten de las líneas matrices que los informan, ya que, con ello, pueden tergiversarse las finalidades propuestas y obstaculizar su tramitación.

Por las razones expuestas, vengo en someter a vuestra consideración y estudio, y a fin de que sea tratado en el actual período legislativo, el siguiente,

Proyecto de ley:

Artículo primero. Introdúcense las siguientes modificaciones a las disposiciones del Código de Procedimiento Civil que se señalan:

Artículo 7:

Agrégase como inciso tercero el siguiente:

"El poder conferido en las medidas prejudiciales y en las gestiones de preparación de la vía ejecutiva habilitará al procurador para actuar en el juicio subsiguiente.".

Reemplázase el epígrafe del Título V del Libro I por el siguiente:

"De la formación del proceso, su custodia, su comunicación a las partes, su archivo y desarchivo y su reconstitución".

Agréganse al final del Título V los siguientes artículos nuevos:

"Artículo 37 A.Los expedientes paralizados en su tramitación por más de seis meses o que estén afinados, se archivarán previa orden del tribunal expedida de oficio o a petición de parte".

"Artículo 37 B.Sólo se puede desarchivar un expediente por resolución del tribunal, dictada de plano, ya sea de oficio o a solicitud de parte y sin ulterior recurso".

"Artículos 37 C.Si desaparece todo o parte de un expediente, el tribunal de oficio o a solicitud de parte, dispondrá que el secretario certifique dentro de segundo día acerca de su desaparecimiento y de las diligencias que haya hecho para ubicarlo.

Expedida dicha certificación, el tribunal procederá a instituir sumario u oficiará con ese objeto al juez del crimen que corresponde, si no es de su competencia hacerlo, y ordenará la reconstitución del expediente en conformidad a las reglas que siguen.

Artículo 37 D.Dictada la resolución que ordene reconstituir un expediente, las partes deben poner a disposición del tribunal, dentro del término de diez días, las copias de las piezas que tengan en su poder, solicitar la agregación de aquellas que se encuentren en archivos u oficinas públicas, determinándolas con claridad y precisión, e indicar las actuaciones o piezas extraviadas de que no sea posible agregar copia.

Artículo 37 E.Si en el expediente extraviado había recaído resolución firme o ejecutoriada que se conserve original o en copia auténtica, se le dará cumplimiento, sin perjuicio de las indagaciones y de la instrucción de un sumario a que se refiere el artículo 668 del Código de Procedimiento Penal.

Artículo 37 F.Servirán como copias auténticas de las piezas desaparecidas, las timbradas y certificadas en conformidad a las reglas de este Título y las demás a que las leyes den el carácter de auténticas.

Artículo 37 G.Estos escritos se agregarán con citación de las partes. Vencido el plazo de la citación, sea que las partes hayan formulado observaciones o no, el tribunal determinará las piezas que deban tenerse como auténticas y el estado en que, según ellas, queda el proceso, el cual seguirá su curso legal.

Sin embargo, si ese estado es posterior al trámite de la prueba y ésta no aparece en todo o en parte reconstituida, se decretarán las diligencias conducentes a la nueva recepción de la prueba extraviada.".

Artículo 44

Sustitúyese el inciso primero por el siguiente:

"Si buscada en dos días distintos en su habitación o en el lugar donde habitualmente ejerce su industria, profesión o empleo, no es habida la persona a quien debe notificarse, se acreditará por medio de una certificación que extenderá el respectivo ministro de fe, que ella se encuentra en el lugar del juicio y cual es su morada. Para tal efecto, dicho funcionario hará las indagaciones o investigaciones que sean conducentes".

Artículo 46

Elimínase en el inciso segundo las expresiones "y 50".

Artículo 48

En el inciso primero intercálase la siguiente frase a continuación de la coma que sigue a la palabra "definitivas": "las interlocutorias que pongan término al juicio o hagan imposible su continuación,".

Artículo 50

Sustitúyese el inciso cuarto por los siguientes y deróganse los incisos quinto y sexto:

"De las notificaciones hechas en conformidad a este artículo, se pondrá certificado en los autos, bajo pena de nulidad. Con todo, los errores u omisiones en dicho certificado no invalidarán la notificación y sólo podrán ser sancionados disciplinariamente, a petición de parte o de oficio, por el tribunal de la causa, conforme a lo prevenido en el párrafo 1? del Título XVI del Código Orgánico de Tribunales.

El tribunal dispondrá de oficio la notificación por el estado diario cuando ésta sea procedente y no se haya realizado en el día de la expedición de la resolución.".

Artículo 53

Sustitúyese el inciso por el siguiente: "Esta notificación regirá para todo litigante, sea o no rebelde. Se hará sin necesidad de petición de parte y sin previa orden del tribunal.".

Artículo 57

Sustitúyese por el siguiente:

"Las diligencias de notificación que se estampen en los expedientes, no contendrán declaración alguna del notificado, salvo que la ley lo permita, la resolución

lo ordene o que, por su naturaleza, requiera esa declaración.".

Artículo 59

Reemplázase en el inciso segundo las expresiones "ocho" y "veinte" por "siete" y "veintiuna".

Artículo 62

Sustitúyese por el siguiente: "En los casos en que se exija juramento a los testigo, peritos u otras personas que intervengan en el proceso, se permitirá que sólo formulen una promesa solemne, si no tuvieren fe religiosa determinada o si así lo solicitaren; pero la violación de esta promesa producirá los mismos efectos que las leyes señalen a la violación del juramento.".

Artículo 66

Sustitúyese el inciso primero por el siguiente:

"Los plazos de días que establecen el presente Código y las demás leyes concernientes a la substanciación y ritualidad de los juicios civiles, como asimismo los que fijen los tribunales en virtud de autorización conferida por dichas leyes, se suspenderán durante los feriados, salvo que el tribunal, por motivos justificados, haya dispuesto expresamente lo contrario.".

Artículo 88

Reemplázase el inciso final por los siguientes:

"La parte que haya perdido dos o más incidentes, no podrá promover ningún otro sin que el escrito sea firmado por abogado habilitado para el ejercicio de la profesión.

El Juez, al rechazar la tercera articulación de la parte, o con posterioridad en cualquier estado del juicio, analizará si las actuaciones del incidentista han sido de mala fe, y en caso afirmativo, ordenará que se remitan copias autorizadas de los antecedentes que estime pertinentes al Colegio de Abogados respectivo para la aplicación de las medidas disciplinarias del caso. El Colegio de Abogados informará al Juez de su resolución.".

Artículo 91

Sustitúyese el punto final por una coma y agrégase la frase siguiente: "a menos que haga uso de las facultades que le concede el artículo 159.".

Reemplázase el epígrafe del Título XVI del Libro I "Del abandono de la instancia" por "Del abandono del proceso".

Artículo 152

Reemplázase por el siguiente: "El procedimiento se entiende abandonado cuando todas las partes que intervienen en el juicio han dejado de efectuar dentro del proceso gestiones útiles tendientes a proseguirlo durante 6 meses contados desde la fecha de la presentación del último escrito destinado a este efecto, salvo que el Tribunal haya dictado alguna resolución de oficio con el fin de avanzar en el procedimiento y en este último caso el plazo anterior es contará desde su fecha.".

Artículo 156

Agrégase en el inciso primero, reemplazando el punto por una coma, la frase: "tanto en lo relativo a la demanda originaria como a la reconvención que se hubiere deducido.".

Agrégase, a continuación del Título XVI del Libro I, el siguiente Título:

"Título XVII.De la nulidad procesal incidental.

Artículo 157 A.En cualquier estado del juicio, las partes podrán promover incidente de nulidad procesal, con arreglo a las prescripciones del presente Título.

Artículo 157 B.A más de los casos que la ley contempla expresamente, habrá lugar a la declaración de nulidad de actos procesales cuando se omitieren requisitos que ella ordena, salvo que se hubiere logrado la finalidad a que están destinados.

Artículo 157 C.Los tribunales no declararán la nulidad sin petición de parte, salvo los casos en que la ley permita expresamente la declaración de oficio.

Artículo 157 D.Sólo podrá instar en el incidente de nulidad de un acto procesal por omisión de requisitos del mismo, la parte a quien afecte y siempre que el defecto le perjudique.

Artículo 157 E.No podrá reclamar la nulidad la parte que con su actuación hubiere causado el defecto en que la solicitud se funda.

Artículo 157 F.La declaración de nulidad de un acto procesal se extiende a los actos posteriores que sean consecuencia del acto anulado.

La nulidad de una parte del acto no afecta a las otras, independientes de aquella.

Artículo 157 G.Declarada la nulidad de una notificación judicial, las partes se entenderán notificadas de la resolución a que se refiere aquella actuación, desde la notificación de la resolución que acoge la nulidad.

Artículo 157 H.El acto procesal declarado nulo no producirá los efectos que le son propios; pero podrá producir otros efectos para que sea apto. Así, declarada la nulidad por incompetencia del tribunal que conoció de la causa, la notificación legal de la demanda interrumpe la prescripción.

Artículo 157 I. Declarada la nulidad de actos del proceso, el tribunal señalará determinadamente de la extención de la nulidad y adoptará de oficio las medidas necesarias para su corrección o rectificación.

Artículo 157 J. No podrá formularse incidente alguno de nulidad procesal, si el proceso estuviere "terminado por sentencia firme o ejecutoriada.

Con todo, podrá formularse incidente de nulidad de un proceso afinado dentro del plazo de un año contado desde que el fallo quedó firme, sólo en los casos siguientes:

lº Si la causa se ha substanciado siendo el actor o el demandado incapaces, sin intervención o autorización de los respectivos representantes legales;

2º Si la causa se ha substanciado obrando el actor o el demandado en calidad de mandatario de otro sin serlo, y

3º El litigante rebelde en los casos de los artículos 79 y 80.

Para la interposición de la incidencia, el litigante acompañará boleta de consignación en arcas fiscales por una suma igual a la requerida para interponer recurso de revisión.

La suma consignada será devuelta a la parte si la incidencia es acogida. En caso contrario, se aplicará a beneficio fiscal y será precisamente condenada en costas.

Si a juicio del tribunal el articulista ha obrado con notoria mala fe, podrá disponer, al rechazarla, que la consignación sea elevada al triple. Del integro serán solidariamente responsables la parte, su abogado patrocinante y su apoderado.

Artículo 157 K. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior, el incidente a que se refiere este Título se tramitará, en cuaderno separado, con arreglo a las reglas generales."

Los Títulos XVII, XVIII, XIX y XX del Libro I, pasarán a ser, respectivamente, los Títulos XVIII, XIX, XX y XXI del mismo Libro.

Artículo 159

Sustitúyese el Nº 1 por el siguiente: "1ºLa agregación o exhibición de cualquier documento que estimen necesario para esclarecer el derecho de los litigantes. La exhibición se realizará conforme lo dispone el artículo 349;". Agrégase el siguiente inciso: "Las medidas decretadas deberán practicarse dentro de un plazo prudencial que no podrá exceder, salvo casos calificados, de veinte días, y el juez deberá instar de oficio a su práctica, bajo apercibimiento de dictarse sentencia con los antecedentes ya acompañados'".

Artículo 160

Agréganse los siguientes incisos: "No necesitarán probarse los hechos que sean evidentes o notorios para la generalidad de las personas o para el Juez en razón de su oficio. Podrá, no obstante, rendirse prueba a fin de desvirtuar la notoriedad o evidencia que pueda atribuirse a un hecho útil para fallar la causa.

Las máximas de experiencia evidentes pueden aplicarse sin previa demostración. Su existencia o validez lógica, científica o técnica debe probarse, en caso de discusión, por medio de uno o más peritos.".

Artículo 165

Intercálanse en el Nº 3º después de la palabra "procurador" las siguientes precedidas de una coma: "del abogado patrocinante".

Derógase el N° 4º.

Agrégase la siguiente frase final al inciso cuarto del Nº 6º: "Este escrito pagará un impuesto adicional de diez escudos."

Artículo 168

Agréganse los siguientes incisos:.

"En los tribunales unipersonales, los autos y decretos se dictarán por el Secretario o por quien deba legalmente subrogarlo, sin que la resolución requiera autorización de funcionario alguno y será precedida de las palabras "por el juez".

La reposición o reconsideración de dichas resoluciones será fallada, en resolución fundada, por el juez o por el secretario que dictó la resolución recurrida, subrogando legalmente".

Artículo 174

Reemplázase por el siguiente: "Estará firme o ejecutoriada una resolución desde que se haya notificado a las partes, si no procede recurso alguno en contra de ella y, en caso contrario, desde que se notifique el decreto que la mande cumplir, una vez que terminen los recursos deducidos, o desde que transcurran todos los plazos que la ley concede para la interposición de dichos recursos, sin que se hayan hecho valer por las partes. En este último caso, tratándose de sentencias definitivas, certificará el hecho el Secretario a continuación del fallo. La certificación podrá extenderse en cualquier tiempo; pero su fecha no alterará los efectos que la calidad de firme de la sentencia haya producido".

Artículo 176

Sustitúyese la referencia al "Título XIX" por "Título XX".

Artículo 188

Sustitúyese por el siguiente:

"Los autos y decretos son inapelables".

Artículo 189

Sustitúyese por el siguiente: "La apelación deberá interponerse en solicitud escrita en el plazo fatal de diez días, contados desde la notificación de la parte que entabla el recurso. Será someramente fundada y contendrá las peticiones concretas que formule el apelante respecto de la resolución apelada.

Si la apelación no es fundada o no contiene peticiones concretas, será declarada inadmisible de oficio o a petición de parte. Esta solicitud se tramitará como incidente.".

Artículo 191

Reemplázase por el siguiente: "Cuando la apelación comprenda los efectos suspensivo y devolutivo a la vez, se suspenderá la competencia del tribunal inferior para ejecutar o cumplir la resolución apelada. Pero atendida la naturaleza de la decisión podrá el juez, en casos calificados, en resolución fundada, disponer además la suspensión de la marcha del juicio.

Podrá, sin embargo, en cualquier caso, entender en todos los asuntos en que por disposición expresa de ley conserve competencia, especialmente en las gestiones a que dé origen la interposición del recurso hasta que se eleven los autos al superior, y en las que se hagan para declarar inadmisible o prescrita la apelación antes de la remisión del expediente.".

Artículo 194

Reemplázanse los Nºs 1° y 2º por los siguientes:

"lº De las resoluciones dictadas en contra del demandado en los juicios ejecutivos o especiales de tramitación sumaria;

2º De las resoluciones dictadas en las gestiones preparatorias de la vía ejecutiva;".

Artículo 196

Agrégase el siguiente inciso final: "El plazo para recurrir ante el Tribunal superior en los casos precedentes será el que se señala en el artículo 200, contado desde la notificación de la resolución que se pronunció sobre el recurso de apelación. El Tribunal resolverá este recurso en cuenta.".

Artículo 197

Reemplázase el inciso primero por el siguiente :

"Cuando se conceda el recurso de apelación, el tribunal inferior hará dejar, a costa del apelante, copia del fallo apelado y de las demás piezas que estime necesarias para la marcha del juicio, si no hubiere ordenado su suspensión, remitiendo los autos originales. Podrá, sin embargo, conservar éstos y remitir copia de las piezas necesarias par la resolución de la apelación si, observándose el procedimiento contrario, sea mucho mayor el gasto ocasionado al apelante".

Artículo 198

Agréganse los siguientes incisos: "Junto con el expediente deberán enviarse todos los antecedentes acompañados al proceso, aun cuando no se hallaren incorporados a él.

Si el apelante no franquea la remisión del expediente, se estará a lo dispuesto en el artículo 779".

Artículo 201

Reemplázanse los incisos primero y segundo por los siguientes:

"Si no comparece el apelante, de oficio o a petición del apelado, la apelación se declarará desierta.

El tribunal resolverá con el solo mérito del certificado del Secretario. La resolución producirá sus efectos respecto de las partes desde que se dicte y sin necesidad de notificación.".

Elimínase el inciso final.

Artículo 202

Reemplázase el inciso segundo por el siguiente:

"El rebelde podrá comparecer en cualquier estado del recurso por medio del abogado habilitado, o por procurador del número".

Artículo 204

En el inciso primero intercálase la expresión "en cuenta" después de la palabra "resolverá".

Artículo 207

Reemplázase por el siguiente:

"Sin perjuicio de las excepciones expresamente contempladas en la ley y de las facultades concedidas por el artículo 159, pueden los tribunales de alzada admitir a las partes las pruebas que no hayan podido producir en primera instancia; pero la testifical, además, sólo acerca de hechos que no figuren en la prueba rendida y que sean estrictamente necesarios en concepto del tribunal para la acertada resolución del juicio.

La prueba se rendirá en conformidad a lo que dispone el artículo 90.

La solicitud de apertura del término probatorio en alzada, se presentará dentro del término señalado en el artículo 200 que será, para este efecto, fatal. Se dará traslado de ella por tres días, pronunciándose el tribunal con o sin la respuesta del contrario.

Si las partes solicitaren la agregación o presentación de otros autos, deberá indicar circunstancialmente los escritos, documentos o actuaciones que invoquen como elementos probatorios y los hechos controvertidos que con ellos pretenden acreditar. Sin estos requisitos, la solicitud será desechada de plano".

Artículo 211

Reemplázase en el inciso primero la expresión "seis" por "tres" y elimínase la frase final.

Artículo 214

Elimínase en el inciso segundo la oración que sigue a la expresión "en relación", reemplazando la coma por un punto y suprímese el inciso final.

Artículo 215

Derógase.

Artículo 218

Reemplázase por el siguiente: "En segunda instancia, la adhesión sólo podrá efectuarse desde el ingreso de los autos a la Secretaría del Tribunal y en los tres días siguientes a la notificación del decreto que manda traer los autos en relación, en solicitud escrita y sin que se suspendan los efectos de dicho decreto".

Artículo 219

Reemplázase por el siguiente: "El escrito en que el apelado adhiera a la apelación, será someramente fundado y contendrá las peticiones concretas que formule respecto de la resolución apelada.

Será aplicable a este escrito lo ordenado en el inciso segundo del artículo 189".

Artículo 220

Agrégase como inciso segundo el siguiente :

"Lo mismo se aplicará en la apelación de las cuestiones accesorias promovidas en primera instancia; pero deberán ser resueltas previa vista aquellas que se refieran a la competencia o inhabilidad del tribunal, vicios que anulen el proceso, medidas prejudiciales o medidas precautorias.".

Artículo 221

Elimínase en el inciso primero las palabras "de la primera, que debe ser personal, y".

Artículo 232

Reemplázase por el siguiente: "Siempre que la ejecución de una sentencia haga necesaria la iniciación de un nuevo juicio, o el cumplimiento de una conciliación, avenimiento o transacción que puso fin al juicio lo exija, podrá éste deducirse ante el tribunal que menciona el inciso primero del artículo 231, o ante el que sea competente en conformidad a los principios generales establecidos por la ley, a elección de la parte que haya obtenido en el pleito.

Artículo 233

Reemplázase el inciso primero por el siguiente:

"Cuando se solicite la ejecución de una sentencia ante el tribunal que la dictó, o el cumplimiento de un avenimiento, conciliación o transacción que puso fin al juicio que el mismo tribunal conocía, dentro de los treinta días contados desde que la ejecución se hizo exigiblc, si la ley no ha dispuesto otra forma especial de cumplirla, se ordenará su cumplimiento con citación de la persona en contra de quien se pide."

Artículo 236

Suprímese en el inciso primero las palabras "Caja de Ahorros".

Artículo 242

Reemplázase por el siguiente: "Sin perjuicio de lo dispuesto en los respectivos tratados, las resoluciones pronunciadas por tribunales de países extranjeros tendrán en Chile la misma fuerza que si se hubieren dictado por tribunales chilenos, con tal que reúnan las condiciones siguientes:

a) Que no se opongan a la jurisdicción nacional;

Que no sean contrarias al orden público nacional;

Que las partes del juicio hayan sido debidamente emplazadas conforme a las leyes del país en que dichas resoluciones se dictaron, y

Que estén ejecutoriadas en conformidad a las leyes del país en que se pronunciaron".

Artículo 243

Reemplázase por el siguiente: "Las reglas del artículo anterior son aplicables a las resoluciones expedidas por jueces arbitros. En este caso se hará constar su autenticidad y eficacia por el vistobueno u otro signo de aprobación emanado de un tribunal superior ordinario del país donde se haya dictado el fallo".

Artículo 244

Reemplázase por el siguiente: "En los casos a que se refieren los artículos anteriores, la resolución que se trate de ejecutar se presentará traducida por el intérprete oficial si ello fuere menester, y en copia debidamente legalizada".

Artículo 245

Reemplázase por el siguiente: "Será competente para conocer de la solicitud de exequatur, la Corte Suprema para cuyo efecto funcionará en Sala".

Artículo 246

Reemplázase por el siguiente: "En los casos de jurisdicción contenciosa, se dará traslado de la solicitud a la parte contra quien se pide la ejecución, la cual tendrá para contestar un plazo igual al de emplazamiento para contestar demandas en el juicio ordinario.

Con la contestación de la parte o en su rebeldía, y con previa audiencia del Ministerio Público, el tribunal declarará si debe o no darse cumplimiento a la resolución".

Artículo 247

Reemplázase por el siguiente: "En los asuntos de jurisdicción no contenciosa, el tribunal resolverá con sólo la audiencia del Ministerio Público".

Artículo 248

oficio del demandante y de las personas que lo representen, y la naturaleza de la representación;

3º El nombre, domicilio y profesión u oficio del demandado y de las personas que lo representen, y la naturaleza de la representación;

4º La exposición clara y precisa de los hechos;

5º Los fundamentos de derecho en que se apoya, y

6º La enunciación clara y precisa, consignada en la conclusión, de las peticiones que se someten al fallo del tribunal".

Reemplázase por el siguiente: "Si el tribunal lo estimare necesario, podrá abrir un término probatorio antes de resolver, en la forma y por el tiempo que este Código establece para los incidentes".

Artículo 249

Reemplázase por el siguiente: "Los requisitos y formalidades previstos en los artículos anteriores, se observarán cada vez que se invoque la autoridad de cosa juzgada de una resolución dictada por tribunal extranjero".

Artículo 250

Reemplázase por el siguiente: "Si solamente se invocare el valor probatorio del instrumento en que consta la sentencia extranjera, bastará su traducción y legalización en los términos previstos en el artículo 244".

Artículo 254

Reemplázase por el siguiente: "La demanda debe contener: 1ºLa designación del tribunal ante quien se entabla;

2º El nombre, domicilio y profesión u

Artículo 255

Reemplázanse los dos primeros incisos por los siguientes:

"El actor deberá presentar con su demanda los instrumentos probatorios de los hechos substanciales pertinentes a las peticiones en ella formuladas.

Si no se da cumplimiento a esta disposición, los instrumentos que se presenten después sólo se tomarán en consideración sí el demandado los hace valer también en su apoyo, o si se justifica o aparece de manifiesto que no pudieron ser presentados antes.".

Sustitúyese en el inciso tercero las palabras "del demandado" por "de parte".

Artículo 256

Reemplázase por el siguiente: "El juez, de oficio, no dará curso a la demanda que no contenga las indicaciones ordenadas en los números lº, 2º, 3º y 6º del artículo 254, expresando el defecto de que adolece.

Lo mismo se aplicará si el actor no acompaña el título que acredite su representación en los casos mencionados en el inciso primero del artículo 6º y si las peticiones consignadas en la conclusión son contradictorias entre sí".

Artículo 258

Reemplázanse en el inciso segundo las palabras "se encuentra" por "es notificado".

Artículo 259

Reemplázanse en el inciso primero las palabras "se encuentra" por "es notificado".

Artículo 262

Reemplázanse las palabras "podrá en cualquier estado de la causa" por la expresión "deberá".

Agrégase como inciso segundo el siguiente:

"Este llamamiento se hará junto con proveer la contestación de la demanda, de la oposición o de la reconvención, en su caso.".

Artículo 263

Reemplázase por el siguiente:

"El llamamiento a conciliación contendrá la designación de una audiencia para un día no posterior al quinto, suspendiéndose la tramitación del juicio hasta el término de la actuación.

En los procedimientos en que la demanda deba ser contestada en una audiencia, ésta será, también, audiencia de conciliación, sin necesidad de llamamiento o designación especiales.

En la audiencia, el juez obrará como amigable componedor, tratando de obtener avenimiento total o parcial. Las opiniones que emita no lo inhabilitan para seguir conociendo de la causa".

Artículo 264

Reemplázase por el siguiente: "A los comparendos de conciliación deberán concurrir las partes por sí o por apoderado debidamente facultado. No obstante, el juez podrá exigir la comparecencia personal de las partes, sin perjuicio de la asistencia de sus abogados o apoderados.

Si los interesados lo piden, la audiencia se suspenderá por el plazo prudencial que fije el tribunal, con el objeto que puedan deliberar. A la audiencia de continuación las partes concurrirán personalmente sin nueva notificación, pudiendo el juez llamar a sus abogados o apoderados si lo estimare necesario".

Artículo 265

Derógase.

Artículo 266

Reemplázase por el siguiente: "Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 262, podrá el tribunal de oficio o a petición de parte, llamar a las partes a comparendo de conciliación por una vez más en cualquier estado del juicio.

Podrá, asimismo, ordenar de oficio la agregación de aquellos antecedentes o medios probatorios que estime pertinentes".

Artículo 267

Reemplázase por el siguiente: "De la conciliación total o parcial se levantará acta que consignará sólo las conclusiones del arreglo; la cual suscribirá el juez, las partes que lo deseen y el ministro de fe, y se estimará como sentencia ejecutoriada para todos los efectos legales.

Igual autoridad y fuerza tendrá el avenimiento total o parcial que se contenga en escritos firmados por las partes, autorizados por el Secretario, y aprobados por el tribunal".

Artículo 268

Reemplázase por el siguiente:

"Si en los comparendos de conciliación no se logra avenimiento, el Secretario certificará este hecho, y la causa seguirá su curso legal. Si el avenimiento es sólo parcial, es decir, si sólo comprende algunos hechos controvertidos o algunas de las partes litigantes, el juicio continuará respecto de aquellos hechos no solucionados con aquellas de las partes que no participaron en el acuerdo".

Reemplázase el epígrafe del Título III del Libro II por el siguiente:

"De la acción de pura o mera declaración".

Artículo 269

Reemplázase por el siguiente: "Puede ejercitarse acción para obtener la declaración de existencia o inexistencia, efectos y modalidades, de una relación jurídica incierta, conforme a las disposiciones del presente Título".

Artículo 270

Reemplázase por el siguiente: "Si el actor no probare durante el juicio que la incertidumbre a que se refiere el artículo anterior le causa perjuicio actual, moral o pecuniario, la acción será rechazada, con costas".

Artículo 271

Reemplázase por el siguiente:

"La acción de pura o mera declaración se substanciará con arreglo a las normas del juicio sumario".

Artículo 272

Derógase.

Artículo 280

Intercálase en el inciso primero, precedida de una coma, la siguiente frase:

"contado desde la fecha en que la medida se hizo efectiva".

Artículo 295

En el inciso primero reemplázanse las palabras "y también" por "Podrá también hacerse", sustituyendo la coma que sigue a aquéllas por un punto seguido".

Artículo 296

En el inciso primero reemplázanse las palabras "y también" por "Podrá también decretarse", sustituyendo la coma que sigue a aquéllas por un punto.".

Artículo 302

Reemplázase por el siguiente: "La solicitud de medidas precautorias se resolverá de plano. La oposición que dedujere el demandado, se tramitará como incidente".

Artículo 308

Reemplázase por el siguiente: "Desechadas las excepciones dilatorias o subsanados por el demandante los defectos de que adolezca el procedimiento, tendrá diez días el demandado para contestar la demanda, cualquiera que sea el lugar en que haya sido notificado".

Artículo 309

Agrégase en el Nº 2 la frase siguiente después de la palabra "demandado" "y de las personas que lo representen, y la naturaleza de la representación".

Artículo 311

Derógase.

Artículo 312 Derógase.

Artículo 313

Reemplázase el inciso primero por el siguiente:

"Si el demandado acepta llanamente las peticiones del demandante, o si en la contestación no contradice en materia substancial y pertinente los hechos sobre que versa el juicio, el tribunal mandará citar a las partes para oír sentencia definitiva".

Artículo 315

Reemplázase por el siguiente: "Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 124 del Código Orgánico de Tribunales, no podrá deducirse reconvención si no tiene por objeto enervar la acción deducida o no está íntimamente ligada con ella".

Artículo 316

Elimínanse en el inciso segundo las palabras iniciales "De la réplica".

Artículo 318

Reemplázase en el inciso segundo la palabra "punto" por "objeto".

Artículo 319

Sustitúyese el inciso final por el siguiente :

"Las resoluciones que se dicten serán inapelables.".

Artículo 320

Agrégase al inciso primero la siguiente frase final:

"La determinación de los puntos será siempre general, y no podrá contener indicaciones o detalles que deban aportar por sí mismos los testigos, ni preguntas o datos que contengan la respuesta o la sugieran.".

Agrégase el siguiente inciso final: "La falta de presentación de la minuta de puntos de prueba, no obsta al interrogatorio de los testigos de la parte que la omitió al tenor de los hechos controvertidos fijados por el tribunal".

Artículo 321

En el inciso primero reemplázase la expresión "anterior" por "318" y Sustitúyese el inciso segundo por los siguientes:

"Será también admisible la ampliación a hechos verificados y no alegados antes de recibirse a prueba la causa, con tal que aparezca o se acredite que sólo entonces han llegado a conocimiento de quien los aduce.

La solicitud se tramitará conforme a las reglas generales de los incidentes. Si es acogida, el tribunal abrirá un término probatorio especial, breve e improrrogable, para la aportación de las probanzas conducentes.".

Artículo 323

En el inciso primero Sustitúyese la palabra "puntos" por "hechos", y reemplázase el inciso segundo por el siguiente:

"La referida resolución se notificará por el estado diario y será inapelable. Su reposición se pedirá dentro de segundo día.".

Artículo 327

Agrégase como inciso segundo el siguiente:

"El término ordinario de prueba empezará a correr, por consiguiente, desde la última notificación de la resolución referida en el artículo 318 o desde la notificación por el estado de la resolución que señala el inciso primero del artículo 320.".

Artículo 328

Reemplázase en el inciso primero la expresión "veinte días" por los términos "treinta días".

Artículo 340

Reemplázase el inciso primero por el siguiente:

"Salvas las excepciones legales, toda prueba deberá pedirse, decretarse y practicarse dentro del término probatorio.".

Artículo 348

Reemplázase por el siguiente: "Los instrumentos deberán acompañarse dentro del término probatorio, sin perjuicio de lo ordenado en los artículos 159, 207, 255 y 309.

La agregación de los que, en el caso previsto en la segunda de las citadas disposiciones, se acompañen en alzada, no suspenderá en ningún caso la vista de la causa; pero el tribunal no podrá fallarla, sino después de vencido el término de la citación, cuando haya lugar a ella".

Artículo 357

Elimínase en el N° 1º las palabras "sin previo juramento".

Artículo 358

Elimínase en el Nº 4º las expresiones "criados domésticos o".

Artículo 363

Reemplázase por el siguiente: "Antes de examinar a cada testigo, se le hará prestar promesa o juramento de decir verdad de lo que se le va a preguntar. Luego de haber prometido o jurado, será advertido por el juez que la falsa declaración que pueda prestar en el juicio, constituye delito castigado por la ley penal.

El testigo que se niegue a prestar promesa o juramento, será apremiado como lo expresa el artículo 238".

Artículo 365

Reemplázase el inciso segundo por el siguiente :

"Las preguntas versarán sobre los datos necesarios para establecer la existencia de causas que inhabiliten al testigo para declarar y sobre los puntos fijados en la minuta a que se refiere el inciso primero del artículo 320. Podrá también el tribunal interrogar al testigo sobre otros puntos atingentes a los hechos fijados como controvertidos en la resolución respectiva, como asimismo exigirle que rectifique, esclarezca o precise las aseveraciones hechas.".

Artículo 369

Agrégase al final del inciso primero, eliminando el punto, la siguiente frase: "y cuidará, dentro de lo posible, que se celebren dentro de los primeros días del término probatorio.".

Elimínase en el inciso segundo las palabras "en cuanto sea posible" y las comas que las siguen y las preceden.

Artículo 372

Sustitúyese en el inciso segundo la expresión "final" por "segundo".

Artículo 379

Reemplázase el inciso segundo por los siguientes:

"Las tachas serán resueltas en la sentencia definitiva y la decisión tendrá este carácter para todos los efectos legales.

"El juez podrá apreciar la fuerza probatoria de los testigos cuya tacha resulte comprobada, como una presunción judicial, siempre que la declaración concuerde con otros antecedentes del proceso.".

Artículo 384

Reemplázase por el siguiente: "Los tribunales apreciarán la fuerza probatoria de las declaraciones de los testigos conforme a las reglas de la sana crítica.".

Artículo 385

Reemplázase por el siguiente:

"Fuera de los casos expresamente previstos por la ley, todo litigante está obligado a declarar bajo promesa o juramento sobre hechos pertenecientes al mismo juicio, cuando lo exija el contendor o lo decrete el tribunal en conformidad al artículo 159.

Esta diligencia podrá practicarse fuera del término probatorio, desde la contestación de la demanda hasta antes de la citación para oír sentencia.

Las partes sólo podrán exigir la confesión hasta dos veces; pero si se alegan hechos nuevos en primera o segunda instancia, podrá exigirse una vez más.".

Artículo 390

Reemplázase por el siguiente: "Antes de interrogar al litigante, se le tomará promesa o juramento de decir verdad.".

Artículo 412

Reemplázase por el siguiente: "El reconocimiento de peritos podrá decretarse de oficio en cualquier estado de causa, y a petición de parte dentro del término probatorio.".

Artículo 429

Sustitúyese en el inciso primero la frase "que reúnan las condiciones expresadas en la regla segunda del artículo 384" por "contestes en el hecho y en sus circunstancias esenciales, sin tacha, legalmente examinados y que den razón de sus dichos,".

Artículo 431

Reemplázase por el siguiente:

"No será motivo para suspender el curso del juicio ni la dictación del fallo, la falta de agregación material a los autos de los antecedentes relativos a la prueba rendida fuera del tribunal, agregación que será admisible hasta antes de la citación para oír sentencia.

Si dichos antecedentes se recibieran después de la citación para oír sentencia, deberán ser considerados por el tribunal de alzada, si la apelación fuere procedente.

Todo lo cual se entiende sin perjuicio que la prueba a que dichos antecedentes se refieran, haya debido rendirse en tiempo y forma.".

Artículo 434

Agrégase al inciso primero del Nº 4º la siguiente frase final: "En este último caso, el juez designará de oficio un perito de su confianza para el cotejo de letras y en lo demás se estará a lo dispuesto en el artículo 436.".

Artículo 436

Reemplázase por el siguiente: "Reconocida la firma, quedará preparada la ejecución aunque se niegue la deuda.

Tachada de falsedad la firma, el juez designará de oficio en la misma audiencia un perito de su confianza para el cotejo de letras, considerándose indubitada la firma que estampe el presunto deudor en el acta que se levante, u otra de igual autenticidad.

El informe del perito se tendrá como parte integrante del título, sin perjuicio de la excepción del Nº 6º del artículo 464.

Los gastos que demande la diligencia serán de cargo del solicitante.".

Artículo 441

Agrégase el siguiente inciso: "La resolución que despache el mandamiento de ejecución es inapelable.".

Artículo 445

Reemplázase el Nº lº por el siguiente:

"lºLas remuneraciones y las pensiones de gracia, jubilación, retiro y montepío que pagan el Estado, las Municipalidades y las instituciones de previsión social, aunque no dependan del Estado.

Con todo, tratándose de obligaciones que provengan de pensiones alimenticias decretadas judicialmente o convenidas por las partes con aprobación de la justicia, podrá embargarse hasta el cincuenta por ciento de las prestaciones que reciba el alimentante en conformidad al inciso anterior.".

Reemplázase en el Nº 5º las palabras "de la Caja Nacional de Ahorros" por "del Banco del Estado".

Artículo 451

Suprímense en el inciso cuarto las palabras "o Caja Nacional de Ahorros".

Artículo 461

Reemplázase por el siguiente: "Si se verifica el requerimiento fuera del territorio de la República, el término para deducir oposición será de ocho días más el aumento que corresponda según la tabla a que se refiere el artículo 259.".

Artículo 464

Reemplázase el Nº 6º por el siguiente: "6ºLa falsedad del título o de la firma puesta en instrumento privado;".

Artículo 465

Agrégase en el inciso primero en punto seguido a continuación de la palabra "valerse" la siguiente frase, suprimiendo las expresiones "para acreditarlas": "Si se quisiera rendir prueba testimonial, el escrito de oposición deberá contener la respectiva lista de testigos.". .

Artículo 466

Agrégase en el inciso primero la siguiente frase final: "El escrito en que el ejecutante responda a la oposición indicará, en la forma señalada en el inciso primero del artículo anterior, los medios de prueba de que intente valerse.".

Artículo 470

Agrégase el siguiente inciso: "Se entiende concluso el pleito por la sola circunstancia de haber vencido el píazo de seis días referido en el precedente artículo.".

Artículo 476 Derógase.

Artículo 477

Agrégase el siguiente inciso:

"Para los efectos del precedente inciso, la ejecución es inoportuna no sólo cuando ha sido desestimada por existir plazo pendiente o condición suspensiva, sino también por litispendencia o beneficio de excusión y, en general, en razón de cualquier defecto formal subsanable que afecte al título".

Artículo 482

En el inciso segundo intercálase la palabra "rigurosamente" entre los términos "siguiendo" y "el orden", y agréganse los siguientes incisos finales:

"El remate lo anunciará el martiliero por medio de avisos, en número no inferior a dos, que se publicarán en días hábiles o inhábiles, en un periódico del departamento o de la cabecera de la provincia si en aquél no lo hay, que serán de cargo del martiliero. El primero de los avisos será publicado con ocho días de antelación, como mínimo, sin descontar los inhábiles, a la fecha del remate.

Deberá el martiliero consignar a la orden del tribunal el producto del remate dentro del plazo de dos días a contar desde la fecha de la subasta. Si así no lo hiciere, los fondos retenidos devengarán intereses corrientes en favor del deudor y será apremiado por el tribunal como lo indica el artículo 238, sin perjuicio de las otras sanciones a que haya lugar.".

Artículo 484

Reemplázase por el siguiente: "Los efectos de comercio realizables en el acto, se venderán sin previa tasación por un corredor de la Bolsa de Comercio que el tribunal nombrará de oficio.".

Artículo 486

Reemplázase por el siguiente:

"La tasación será la que esté vigente para los efectos de la contribución territorial, a menos que cualquiera de las partes la objete dentro de tercero día.

En este caso, el juez nombrará de oficio un perito para que efectúe la tasación, la que se pondrá en conocimiento de las partes para que dentro de tercero día formulen las observaciones que estimen conducentes. Vencido este plazo, con o sin las objeciones de las partes, el juez resolverá fijando la tasación."

Artículo 487

Derógase.

Artículo 521

Reemplázase por el siguiente: "Las tercerías se tramitarán como incidente en ramo separado; pero la de dominio se substanciará con el ejecutante y el ejecutado por los trámites del juicio ordinario.

La primera notificación a las partes se practicará en la forma prescrita en el artículo 48.".

Artículo 523

Reemplázase el inciso primero por el siguiente:

"No se dará curso a la tercería de dominio si no contiene las enunciaciones que indica el artículo 254; ni se suspenderá por su interposición el procedimiento de apremio, salvo que se apoye en instrumento público si el embargo se ha trabado sobre bienes raíces, o en instrumentos que constituyan a lo menos presunción grave del derecho que se reclama, en los demás casos, otorgados con anterioridad a la fecha de la presentación de la demanda ejecutiva o de la solicitud que inicie la gestión preparatoria de la vía ejecutiva, en su caso.".

Artículo 537Artículo 680

Reemplázase el inciso final por el siguiente:

"Si se deducen objeciones, se hará el presupuesto por un perito, procediéndose en la forma que establece el artículo 486 para la estimación de los bienes en caso de remate".

Artículo 550

Suprímese el punto y coma y la frase que sigue después de la expresión: "interdicto".

Artículo 577

Reemplázanse las expresiones "936 y 937" del Código Civil" por "241 y 242 del Código de Aguas".

Reemplázase el N° 9º por el siguiente: "A los juicios en que se ejercite la acción que concede el artículo 65 del Código de Aguas.

Artículo 683

Reemplázase en el inciso primero las expresiones "todo o parte del" por la palabra "el".

Artículo 686

Reemplázase por el siguiente: "Si hay lugar a la prueba, se rendirá en el plazo y en la forma establecidos para los incidentes; pero la resolución que reciba a prueba la causa se notificará con arreglo a lo prevenido en el artículo 48".

Articulo 579Artículo 687

Reemplázanse en el inciso primero la expresión "939" y la coma que le sigue por "244 del Código de Aguas y".

Artículo 580

Reemplázase por el siguiente: "Si se pide la suspensión de las obras de que tratan los artículos 874, 875 y 878 del Código Civil, el tribunal procederá como en el caso de la denuncia de obra nueva.".

Artículo 606

Elimínase la frase final y la coma que la precede que sigue a continuación de la palabra "devolutivo".

Artículo 614

Elimínase la frase final y la coma que la precede que sigue a continuación de la palabra "devolutivo".

Reemplázase por el siguiente: "Vencido el término probatorio, el debate queda concluso, debiendo fallar el tribunal sin más trámite".

Artículo 688

Reemplázase por el siguiente: "Toda resolución en el procedimiento sumario deberá dictarse tan pronto como el proceso se encuentre en estado, o, a más tardar, dentro de segundo día, con excepción de la sentencia definitiva que se pronunciará dentro de ocho días".

Artículo 691

Reemplázase por el siguiente: "En estos juicios, las apelaciones se concederán en el sólo efecto devolutivo. Con todo, la sentencia definitiva será apelable en ambos efectos, salvo que, concedida la apelación en esta forma, hayan de eludirse sus resultados".

Artículo 694

Remplazase por el siguiente:

"Presentada la cuenta, se pondrá en conocimiento de la otra parte, concediéndole el tribunal ordinario un plazo prudente para su examen. Si, vencido el plazo, no se han formulado observaciones, se dará por aprobada la cuenta.

En caso de haber observaciones, el tribunal citará a las partes a comparendo para la designación del juez arbitro, el cual seguirá conociendo del juicio con arreglo al procedimiento que corresponda a la naturaleza de la acción deducida, considerándose la cuenta como demanda y como contestación a las observaciones".

Artículo 698

Reemplázase por el siguiente:

"Los juicios de más de ciento ochenta escudos y que no pasen de tres mil seiscientos cincuenta, y que no tengan señalado en la ley un procedimiento especia!, se someterán al procedimiento ordinario de que trata el Libro II, con las siguientes modificaciones:

1ª El término para contestar la demanda será de ocho días, que se aumentará de conformidad a la tabla de emplazamiento. Este aumento no podrá exceder de veinte días y no regirá para estos juicios la disposición del inciso segundo del artículo 258.

En el caso del artículo 308, el plazo para contestar la demanda será de seis días;

2ª.El término de prueba será de quince días y podrá aumentarse extraordinariamente, de conformidad a lo dispuesto en el número anterior;

3ª.El término a que se refiere el artículo 430 será de seis días;

4ª.La sentencia se dictará dentro de los quince días siguientes al de la última notificación del decreto que ordena citar a las partes para oiría; y

5ª.Deducida apelación contra interlocutorias que no se refieran a la competencia o inhabilidad del tribunal, ni recaigan en incidentes sobre algún vicio que nule el proceso, el juez tendrá por interpuesto el recurso para después de la sentencia definitiva. El apelante deberá ratificar el recurso dentro de los diez días subsiguientes al de la notificación de la sentencia y en virtud de esta reiteración lo concederá el tribunal.

En los casos de excepción a que se refiere el inciso anterior de este número, como también en los incidentes sobre medidas prejudiciales y precautorias, el recurso se concederá al tiempo de su interposición".

Artículo 699

Elimínase en el inciso primero las expresiones "se tramitará como en los incidentes y ", y agrégase en el inciso segundo como frase inicial "En la vista de la causa" seguida de coma".

Artículo 700

Suprímese el inciso primero.

Artículo 717

Reemplázase el inciso primero por el siguiente:

"Los testigos prestarán sus declaraciones previos el juramento o la promesa y la advertencia prevenidos en el inciso 1° del artículo 363, en presencia de las partes que asistan, quienes podrán dirigir preguntas al deponente por conducto del juez.".

Artículo 727

Remplazase el inciso primero por el siguiente :

"La apelación se interpondrá verbalmente o en escrito que no necesitará ser fundado.".

Artículo 728

Reemplázase el inciso final por el siguiente :

"La tramitación de la apelación ante un tribunal de alzada colegiado se sujetará a las reglas generales.".

Artículo 737

Reemplázase la expresión "Título XIX" por "Título XX".

Artículo 749

Reemplázase por el siguiente: "Toda sentencia definitiva pronunciada en primera instancia en juicios de hacienda y de que no se apele, se elevará en consulta a la Corte de Apelaciones respectiva, previa notificación de las partes, siempre que sea desfavorable al interés fiscal. Se entenderá que lo es, tanto la que no acoja totalmente la demanda del Fisco o su reconvención, como la que no deseche en todas sus partes la demanda deducida contra el Fisco o la reconvención promovida por el demandado.".

Artículo 750

Reemplázase por el siguiente:

"Ingresados los autos al tribunal de la consulta, se dará audiencia al Ministerio Público quien deberá informar dentro de sexto día sobre si la sentencia perjudica o no los derechos del Fisco.

Se dará traslado de la vista fiscal a las partes que hayan comparecido a la consulta por el plazo fatal y común de seis días. Vencido este plazo, con o sin la respuesta de los comparecientes, el tribunal mandará traer los autos en relación.

En la vista de la causa, podrán alegar los abogados de las partes que hayan comparecido en el orden de la comparecencia.

Si a juicio del tribunal la sentencia no perjudica los intereses fiscales, la aprobará. En caso contrario, la revocará.

La Corte considerará en su resolución las observaciones y conclusiones formuladas por el Fiscal.".

Artículo 751

Reemplázase por el siguiente:

"Ejecutoriada que sea la sentencia, el tribunal remitirá en copia autorizada al Ministerio que corresponda las sentencias de primera y de segunda instancia.

Se dejará certificado en el expediente de la remisión de tales copias y se agregará al mismo el oficio en que el Ministerio acuse recibo de ellas.

La ejecución de toda sentencia que con dene al Fisco a cualquiera prestación, se llevará a efecto expidiendo el Presidente de la República el respectivo decreto.".

Artículo 753

Reemplázase por el siguiente: "Las contiendas sobre nulidad de matrimonio y sobre divorcio perpetuo se substanciarán conforme a las reglas del juicio ordinario. Cuando la sentencia que dé lugar a la nulidad o al divorcio no sea apelada, deberá elevarse en consulta al tribunal superior. Si este tribunal estima que la sentencia se ajusta a derecho, la aprobará ; en caso contrario, retendrá el conocimiento del negocio y dará audiencia al Ministerio Público, quien deberá informar dentro de sexto día sobre la legalidad del fallo.

En lo demás, regirá lo dispuesto en los incisos segundo, tercero y final del artículo 750.".

Artículo 755

Reemplázase el inciso final por el siguiente :

"En estos juicios podrá el juez, a petición de la mujer, tomar todas las providencias que estime conducentes a la seguridad de los intereses de ésta. Podrá incluso, por tanto, relevarla de la constitución de fianzas o garantías para los efectos previstos en los artículos 279, 298, y 299 de este Código".

Artículo 767

Agrégase al final del inciso sexto reemplazando el punto por una coma, la frase "debiendo el Juez declararlo así expresa mente.".

Artículo 774

Reemplázase el inciso segundo por el siguiente:

"La parte vencida podrá exigir que no se lleve a efecto la sentencia mientras la parte vencedora no rinda fianza de resultas a satisfacción del tribunal que haya dictado la sentencia recurrida, salvo que el recurso se interponga por el demandado en el juicio ejecutivo, en el juicio sumario, en los juicios posesorios, en los juicios especiales del contrato de arrendamiento y en los de alimentos.".

Artículo 780

Reemplázase el inciso segundo por los siguientes:

"Con todo, el tribunal "a quo" declarará inadmisible el recurso al proveer el escrito de anuncio si de éste aparece de manifiesto que no concurren los requisitos indicados en los números 1°, 2º y 6º del artículo 777.

No obstante, este tribunal no declarará inadmisible el recurso en el caso del Nº 6° del artículo 777 si, antes de resolver el recurrente completare una consignación que fue insuficiente.".

Artículo 781

Agrégase el siguiente inciso final:

"Todo lo cual se entiende sin perjuicio que el tribunal "ad quem" pueda declararla inadmisibilidad en resolución que dicte luego de la vista del recurso, con tal que se funde en la omisión de las circunstancias 3ª, 4ª, o 5ª del artículo 777||AMPERSAND||quot;.

Artículo 782

Agrégase a continuación de la expresión "202", reemplazando la conjunción "y" que la precede por una coma, las expresiones "y 211".

Artículo 791

Reemplázase la expresión "cinco" por "diez".

Artículo 795

Reemplázase por el siguiente:

"En general, son trámites o diligencias esenciales en la primera o en la única instancia en los juicios de mayor o de menor cuantía y en los juicios especiales:

lº El emplazamiento de las partes;

2º.El llamamiento a conciliación, en el caso de artículo 262;

3º.La recepción de la causa a prueba cuando proceda con arreglo a la ley;

4º.La práctica de diligencias probatorias cuya omisión podría producir indefensión;

5º.La agregación de los instrumentos presentados por las partes y la citación de aquella contra quien se presenten;

6º.La citación para alguna diligencia de prueba;

7º.La citación para oir sentencia definitiva, salvo que la ley no establezca este trámite, y

8º.La fijación de la cuantía del juicio conforme disponen los incisos 4º, 5º, 6º y 7º del artículo 757||AMPERSAND||quot;.

Artículo 796

Sustitúyese la expresión "4º" por "5º".

Artículo 799

Reemplázase la expresión "treinta" por "quince".

Artículo 803

Reemplázase el inciso primero por el siguiente :

"Las partes no podrán comparecer a seguir los recursos de casación sino por medio de abogado habilitado o de procurador del número y deberán indicar, dentro de diez días, contados desde el ingreso de la causa a la secretaría del tribunal, el nombre del abogado que acepte el patrocinio del recurso, debiendo éste firmar en prueba de ello el escrito en que se haga esta declaración, bajo apercibimiento de darse al recurrente por desistido del recurso.".

Artículo 810

Reemplázase al Nº 3º por el siguiente: "3º.Si la sentencia firme se ha ganado injustamente en virtud de cohecho, violencia o cualquiera maquinación fraudulenta, cuya existencia haya sido declarada por sentencia ejecutoriada".

Artículo 811

Reemplázase el inciso primero por el siguiente:

"El recurso de revisión sólo podrá interponerse dentro de un año, contado desde la fecha en que quedó ejecutoriada la sentencia impugnada con el recurso".

Artículo 823

Reemplázase por el siguiente:

"Si a la solicitud presentada se hace oposición por legítimo contradictor, se suspenderá la tramitación mientras se resuelve la incidencia.

Aceptada la oposición por resolución ejecutoriada queda afinado el procedimiento no contencioso, pero subsistirá el derecho de las partes para promover ante tribunal competente el juicio que corresponda.

Lo cual no obsta para que, en el caso del inciso primero, se rechace de plano la oposición si fuere manifiestamente improcedente".

Artículo 914

Sustitúyese en el inciso primero la frase "con la prueba que expresa el número 2º del artículo 384" por "mediante la declaración de dos o más testigos contestes en el hecho y en sus circunstancias esenciales, sin tacha, legalmente examinados y que den razón de sus dichos".

Artículo segundo. Derógase el artículo 60 del decreto con fuerza de ley Nº 1, de 14 de febrero de 1963, publicado en el Diario Oficial de 4 de julio de 1963.

Artículo tercero. Reemplázase el artículo 398 del Código Orgánico de Tribunales por el siguiente:

"Ante la Corte Suprema sólo se podrá comparecer por abogado habilitado o por procurador del número y ante las Cortes de Apelaciones ninguna parte podrá comparecer sino personalmente o representada por abogado habilitado o por procurador del número.

El litigante rebelde sólo podrá comparecer ante estos últimos tribunales representado por abogado habilitado o por procurador del número.".

Artículo cuarto. Remplázanse los "'incisos 3º y 4º del artículo 41 de la ley Nº 4.409, de 9 de octubre de 1941, por ios siguientes:

"Ante la Corte Suprema sólo se podrá comparecer por abogado habilitado o por procurador del número y ante las Cortes de Apelaciones, del Trabajo, Marcial y Marcial para la Marina de Guerra, ninguna parte podrá comparecer sino personalmente o representada por abogado habilitado o por procurador del número.

El litigante rebelde sólo podrá comparecer ante estos últimos tribunales representado por abogado habilitado o por procurador del número.".

Artículo quinto. Facúltase al Presidente de la República, previo informe de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales

de la Universidad de Chile, para fijar el texto refundido del Código de Procedimiento Civil con sus modificaciones posteriores y las que se le introducen en la presente ley, pudiendo, al fijar dicho texto, coordinar y sistematizar la titulación y el articulado y dar la ubicación que considere más conveniente a sus disposiciones.

(Fdo.): Eduardo Frei Montalva. Gustavo Lagos Matus."

3.-MENSAJE DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

"Conciudadanos del Senado y de la Cámara de Diputados:

Nuestro ¡Gobierno suscribió en Ginebra el 28 de junio de 1967, durante la 51ª Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, dos Acuerdos relativos a las materias tratadas: el "Convenio Nª 127" sobre peso máximo de la carga que puede ser transportada por un trabajador; y el "Acuerdo Nª 128", sobre prestaciones de invalidez, vejez y sobrevivientes.

Según los antecedentes tenidos a la vista, los Convenios en cuestión son concordantes con la legislación chilena; de esta manera el Gobierno al solicitar la aprobación de ellos, lo hace con el objeto de contribuir a la armonización de las normas mínúmas en ellos contenidas y de dar a dichas normas la fuerza y valor de ley en el plazo interno y de obligaciones Convencionales en el ámbito internacional.

El Gobierno al presentar a Vuestras Señorías ambos Convenios, tiene también el propósito de dar cumplimiento al artículo 19 de la Constitución de la OIT, que establece la obligación de someter estos acuerdos a "las autoridades competentes".

Respecto del Convenio 127 en particular, cúmpleme dejar constancia que el "peso máximo" de que él trata afecta a todas las formas de envase mientras que nuestra legislación se refiere solo al peso máximo de los sacos; sin embargo, la doctrina uniforme ha sido dar una interpretación amplia a los textos legales pertinentes, conforme el espíritu manifiesto del legislador.

Este Convenio Nº 127, denominado oficialmente como del "peso máximo", y el Convenio Nº 128 llamado de "prestaciones de invalidez, vejez y sobrevivientes", han contado ambos con las opiniones favorables de los organismos técnicos del Ministerio del Trabajo, en especial el Nº 128 que ha merecido un completo y técnico informe de la Superintendencia de Seguridad Social de fecha 7 de julio en curso. Sus conclusiones son que la legislación chilena cumple holgadamente con los porcentajes topes que en él se fijan; y que el Convenio 102 sobre "norma mínima" conserva su vigencia, dado su carácter programático y también quedan en vigor los Convenios 35, 36, 37 y 38 de 1933, por su condición de leyes especiales frente al Convenio 128.

Con estos antecedentes y de conformidad con las disposiciones pertinentes de la Constitución Política del Estado, vengo en someter a la aprobación de Vuestras Señorías, el siguiente:

Proyecto de acuerdo:

''Artículo único. Apruébanse los Convenios Nº 127 relativo al peso máximo de la carga que puede ser transportada por un trabajador, y el Convenio Nº 128 sobre prestaciones de invalidez, vejez y sobrevivientes, ambos suscritos en Ginebra, el 28 de junio de 1967, en la 51ª Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo".

(Fdo.) : Eduardo Frei Montalva. Gabriel Valdés Sabercaseaux."

4.-MENSAJE DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

"Conciudadanos del Senado y de la Cámara de Diputados: Vuestras Señorías tienen una información amplia de las Naciones Unidas, en lo relativo a la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, organización que recibió la aprobación del Honorable Congreso Nacional, el 29 de julio de 1952. S. E. el Presidente de la República efectuó la promulgación de este Instrumento Internacional en Decreto de 20 de agosto de 1953.

Fundándose en dicho Convenio y también en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, la Conferencia de la UNESCO, en su 11ª Sesión, celebrada en París entre el 14 de noviembre y 15 de diciembre de 1960, resolvió solicitar a sus miembros la aprobación de la Recomendación relativa a la lucha contra las "Discriminaciones en la Enseñanza".

Esta "Recomendación", suguiere que los Estados Miembros adopten las medidas necesarias para dar efecto legal en sus respectivos territorios, a los principios formulados en ella.

Después de definir lo que se entiende por "discriminación" y señalar infracciones a este principio, la "Recomendación" en su artículo II, enumera una serie de situaciones excepcionales, que no caben en dicho concepto. En seguida se indica el conjunto de medidas que se orientarían a eliminar o prevenir discriminaciones en este campo, incluso derogar todas las disposiciones legislativas y administrativas que fueren contrarias o pudieran dar lugar a infracciones.

En general, los Estados Miembros deben realizar todos los esfuerzos necesarios en el sentido de dar cumplimiento a esta "Recomendación", debiendo resumir en sus informes periódicos a la Organización, en las fechas que ésta determine, cuáles han sido las disposiciones legislativas y reglamentarias y demás medidas que hubieren adoptado para la aplicación de sus estipulaciones.

Por estas consideraciones es que tengo el honor de presentar a Vuestras Señorías la "Recomendación" a que me refiero, a fin de que, de conformidad con las disposiciones pertinentes de la Constitución Política del Estado, se sirvan prestar su aprobación al siguiente:

Proyecto de acuerdo:

"Artículo única. Apruébase la Recomendación relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la Enseñanza, aprobada por la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, en su 11ª reunión, celebrada en París entre el 14 de noviembre y el 15 de diciembre de 1960".

(Fdo.): Eduardo Frei Montalva. Gabriel Valdés Subercaseaux."

5.-MENSAJE DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

"Conciudadanos del Senado y de la Cámara de Diputados:

Como es del conocimiento de Vuestras Señorías, el 18 de febrero de 1960, fue suscrito el Tratado de Montevideo, que persigue, en forma inmediata, el perfeccionamiento de una Zona de Libre Comercio, y, en forma mediata, el establecimiento de una comunidad económica entre los países latinoamericanos.

Como también el Honorable Congreso Nacional está en antecedentes, la idea de la Comunidad Económica Latinoamericana ha ido robusteciéndose en la ALALC, a través de Resoluciones, emanadas por sus Organos, en especial por las Resoluciones 99 (IV) sobre acuerdos de complementación 100 (IV) sobre coordinación de políticas y legislaciones de los países de la ALALC, y las Nºs. 202, 203 y 222 referentes a los convenios subregionales. Desde el punto de vista político, el mismo fin se ha perseguido a través de la Declaración Presidencial de Bogotá, y posteriormente, por los Presidentes Americanos el 14 de abril de 1967 en las Declaraciones de Punta del Este.

El desenvolvimiento de la zona de Libre Comercio hace necesaria la existencia de un sistema de solución de controversias que se susciten entre los Estados pactantes del Tratado de Montevideo.

La experiencia recogida desde la vigencia del Tratado y sus Resoluciones complementarias, ha puesto en evidencia la necesidad de contar con un mecanismo legal de tal naturaleza. Es del caso recordar que en el Tratado y sus Resoluciones existen importantes materias que han constituido y siguen constituyendo el origen de algunas diferencias entre las Partes Contratantes. Entre ellas puede destacarse las que se relacionan con la aplicación del margen de preferencia zonal; con los problemas sobre el origen de las mercaderías objeto del intercambio; con las Cláusulas de Salvaguardia; con el Artículo 18 que consagra el tratamiento de la Cláusula de la Nación más Favorecida; con la Cláusula de Salvaguardia Agrícola; con la aplicación del principio básico de reciprocidad; con la situación de los países de menor desarrollo económico relativo; con los Acuerdos de Complementación por sectores industriales; y con otras materias de contenido jurídico económico y financiero.

La instauración en el ámbito de la Asociación, de un Tribunal que dirima los conflictos que se susciten entre los Estados comprometidos en el proceso de integración económica regional, constituye un factor fundamental de mantención del ordenamiento jurídico y económico básico pactado.

El sistema de Solución de Controversias que se establece en el Protocolo, fija un período previo de negociaciones directas entre las Partes afectadas un segundo período de conciliación, con intervención del Comité Ejecutivo Permanente; y, finalmente, una instancia judicial a cargo de un Tribunal adhoc, que se constituye sobre la base de una nómina de juristas especializados, de entre los cuales se nombran los integrantes de dicho Tribunal.

La competencia del Tribunal se determina por medio de una lista de materias de jurisdicción obligatoria, la que puede ser ampliada anualmente por la Conferencia; pero respecto a las materias que no figuran en la lista las Partes en conflicto pueden celebrar un compromiso arbitral especial que incluye el reconocimiento de la jurisdicción del Tribunal.

El Protocolo contempla el caso de incumplimiento de la sentencia arbitral y puede autorizarse la limitación o suspensión de concesiones y, además, la aplicación de otras medidas adecuadas.

El sistema de Solución de Controversias establecido en el Protocolo, constituye un instrumento con capacidad suficiente para alcanzar los fines que se han tenido en vista con su creación, y lo que el Gobierno estima de mayor importancia porque representa un avance hacia el establecimiento de un sistema más completo en el control de la legalidad de los actos comunitarios.

En consecuencia, con lo precedentemente expuesto, y de conformidad con lo prescrito en la Constitución Política del Estado, vengo en solicitar de Vuestras Señorías tengan a bien prestar su aprobación al siguiente

Proyecto de acuerdo:

"Artículo tínico. Apruébase el Protocolo para la Solución de Controversias de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC), aprobado por Resolución Nº 172 de la Conferencia (IIIE) de las Partes Contratantes del Tratado de Montevideo; igualmente se solicita la aprobación de las Resoluciones complementarias Nºs. 197 y 198 de la Conferencia (VIE), según ello consta en las Actas Finales de 12 de diciembre de 1966, suscrita en Montevideo, y de 2 de septiembre de 1967, suscrita en Asunción, respectivamente".

(Fdo.): Eduardo Frei Montalva. Gabriel Valdés Subercaseaux."

6.-OFICIO DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

"Nº 369.Santiago, 22 de agosto de 1969.

Pongo en conocimiento de V. E. que, en uso de la facultad que me confiere el artículo 46 de la Constitución Política del Estado, he resuelto hacer presente la urgencia para el despacho del proyecto de ley que modifica la ley Nº 14.140, en lo relativo a los derechos del cónyuge e hijos en la sucesión del imponente seleccionado. (Boletín Nº 97(69)l de la Honorable Cámara de Diputados).

Dios guarde a V. E.

(Fdo.): Eduardo Frei Montalva. Patricio Rojas Saavedra."

7.-OFICIO DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

"Nº 372.Santiago, 26 de agosto de 1969.

Pongo en conocimiento de V. E. que, en uso de la facultad que me confiere el artículo 46 de la Constitución Política del Estado, he resuelto hacer presente la urgencia para el despacho del proyecto de acuerdo que aprueba los Estatutos del Consejo Intergubernamental de Países Exportadores de Cobre. (Boletín Nº 902 de la H. Cámara de Diputados).

Dios guarde a V. E.

(Fdo.) : Eduardo Frei Montalva. Patricio Rojas Saavedra."

8.-OFICIO DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

"Nº 373.Santiago, 9 de agosto de 1969.

Pongo en conocimiento de V. E. que, en uso de la facultad que me confiere el artículo 46 de la Constitución Política del Estado, he resuelto hacer presente la urgencia para el despacho del proyecto de ley que modifica la legislación vigente sobre sociedades anónimas.

Dios guarde a V. E.

(Fdo.): Eduardo Frei Montalva. Patricio Rojas Saavedra."

9.-OFICIO DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

"Nº 399.Santiago, 21 de agosto de 1969.

Por oficio Nº 67, de 29 de julio último, esa Corporación ha tenido a bien remitir un proyecto de ley, por el que se conceden franquicias aduaneras en la importación de determinados vehículos, adquiridos por el Valparaíso Sporting Club y por la I. Municipalidad de la Mariquina.

En uso de la facultad que me confiere el artículo Nº 53, de la Constitución Política del Estado, vengo en vetar supresivamente el artículo lº del referido proyecto, por cuanto se trata de una importación realizada por una Empresa privada, que persigue fines de lucro, que si bien la destinará a fines sociales, no justifica ello que se dejen de pagar los derechos correspondientes.

Dios guarde a V. E.

(Fdo.) : Eduardo Frei Montalva. Andrés Zaldívar Larraín."

10.-OFICIO DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

"Nº 932.Santiago, 21 de agosto de 1969.

En relación con las observaciones formuladas mediante oficio Nº 896 de 14 de agosto, al proyecto de ley que deroga el artículo 15 de la Ley Nº 17.154, cúmpleme complementar la observación hecha al artículo cuarto, en el sentido de agregar después de la palabra "Tesorería" las palabras "o con la respectiva Institución de Previsión", y agregar después de la palabra "impuestos" las palabras precedidas de una coma (,) "imposiciones o aportes.".

(Dios guarde a V. E. (Fdo.): Eduardo Frei Montalva. Andrés Zaldívar Larraín."

11.-OFICIO DEL SENADO

"Nº 6.391.Santiago, 20 de agosto de 1969.

El Senado ha tenido a bien aprobar el proyecto de ley de esa H. Cámara que autoriza a la Corporación de Mejoramiento Urbano para expropiar un inmueble ubicado en la ciudad de Arica, con las siguientes modificaciones:

Artículo 1º

En su inciso primero, ha suprimido la frase final que dice: "Este inmueble se compone de 14 departamentos y pasillos de acceso.".

Ha sustituido su inciso segundo por el siguiente:

"La Corporación de Mejoramiento Urbano expropiará este inmueble por cuenta y cargo de la Junta de Adelanto de Arica. La expropiación se sujetará al procedimiento establecido por la ley Nº 5.604, en su texto refundido, fijado por decreto supremo Nº 103, del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, publicado en el Diario Oficial de 15 de marzo de 1968.".

Artículo 2º

Ha sido remplazado por el siguiente: "Artículo 2º.La Junta de Adelanto de Arica transferirá a sus actuales ocupantes las viviendas de que se compone el inmueble individualizado en el artículo precedente, sujetándose a lo dispuesto en el Capítulo V del decreto supremo Nº 880, del Ministerio de Obras Públicas, publicado en el Diario Oficial de 16 de mayo de 1963. Los adquirentes de dichas viviendas pagarán el valor de transferencia en sesenta cuotas mensuales, reajustándose cada una de ellas de acuerdo a la variación que experimente la cuota de ahorro provisional para la vivienda a que se refiere el artículo 29 del D. F. L. Nº 2, de 1959, con sus modificaciones posteriores, no pudiendo venderlas sino después de transcurridos cinco años desde la fecha de su transferencia.

No tendrán derecho a adquirir estas viviendas aquellas personas que sean dueñas de otro bien raíz ubicado dentro del territorio nacional, ni quienes tengan prohibición legal para ser titulares del derecho de dominio sobre inmuebles situados en el departamento de Arica.".

Artículo 3º

Ha sido sustituido por el siguiente:

"Artículo 3º.El Presidente de la República transferirá, a título gratuito, a la Caja de Previsión de la Defensa Nacional, los terrenos fiscales en que esa Institución construyó la Población Juan José San Martín, de la ciudad de Arica, situados en la comuna y departamento del mismo nombre, de la provincia de Tarapacá.

Los terrenos están inscritos, en mayor cabida, a nombre del Fisco a fojas 146 vuelta, Nº 178, del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Arica, correspondiente al año 1955.

Los deslindes especiales del predio son, aproximadamente, los siguientes: Norte, Carretera Panamericana calle 18 de Septiembre, en 200 metros; Sur, terrenos fiscales, en 200 metros; Este, terrenos fiscales, en 300 metros, y Oeste, calle Tucapel, en 300 metros.

La Caja de Previsión de la Defensa Nacional, por su parte, otorgará los títulos de dominio de los predios y viviendas a las personas a quienes les fueron asignadas o a sus sucesores en el montepío, transfiriéndose gratuitamente la parte correspondiente al terreno.".

Artículo 4º Ha sido rechazado.

Artículo 5º Ha sido rechazado.

Artículo 6º

Ha pasado a ser artículo 4º, reemplazado por el siguiente:

"Artículo 4º.Se declara de utilidad pública la propiedad denominada "Cité El Minero", ubicada en calle Latorre Nº 723, de la comuna de Iquique.

La Corporación de Mejoramiento Urbano deberá expropiar el citado inmueble en conformidad al procedimiento establecido por la ley Nº 5.604, en su texto refundido, fijado por decreto supremo Nº 103, del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, publicado en el Diario Oficial de 15 de marzo de 1968.

Se autoriza al Ministerio de la Vivienda y Urbanismo para suplementar el presupuesto de la Corporación de Mejoramiento Urbano en las cantidades requeridas para financiar esta expropiación.

La Corporación de Mejoramiento Urbano transferirá dicho predio a la Corporación de Servicios Habitacionales, previa confección de un proyecto de remodelación del conjunto habitacional y sujetándose a lo dispuesto por el artículo 46 de la ley Nº 16.742. A su vez, esta última Corporación lo transferirá, en conformidad a dicho plano, a una cooperativa de vivienda que deberán constituir sus actuales ocupantes.".

Artículo 7°

Ha pasado a ser artículo 5º, sin otra modificación.

A continuación, ha consultado los siguientes artículos, nuevos, signados con los números 6º, 7º, 8º, 9º, 10, 11, 12 y 13.

"Artículo 6º La Junta de Adelanto de Arica deberá transferir gratuitamente a sus actuales ocupantes el dominio de los terrenos de la población San José de esa ciudad, sin otra exigencia que la urbanización perimetral de la misma.

A ningún ocupante o asignatario le podrá ser transferido más de un sitio.

Se prohibe a los beneficiarios de esta asignación transferir el sitio de su dominio dentro de los cinco años siguientes a la fecha de inscripción del título respectivo en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces. La contravención de esta norma producirá nulidad absoluta.

Artículo 7º Sustitúyese el artículo lº de la ley Nº 16.323, por el siguiente:

"Artículo lºLa Corporación de Mejoramiento Urbano deberá expropiar los terrenos que forman la Población "Alto El Colorado", de Iquique, cuyos deslindes son: Norte, calle Balmaceda; Sur, calle Blanco Encalada; Este, calle Valparaíso; y Oeste, calle Amunátegui, que se encuentran inscritos con los Roles de Avalúos Nºs. 201; 203; 211; 222; 224; y 232. El valor de expropiación será el del avalúo fiscal, más el diez por ciento.".

Artículo 8ºSe declara de utilidad pública y se autoriza a la Corporación de Mejoramiento Urbano para expropiar la población perteneciente a la Compañía de Cervecerías Unidas, ubicada en la Isla de Tejas, de la comuna de Valdivia, de acuerdo al procedimiento de la ley Nº 5.604, cuyo texto refundido fue fijado por decreto supremo Nº 103, del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, publicado en el Diario Oficial de 15 de marzo de 1968.

Las viviendas de que se compone la población a que se refeire el inciso anterior serán transferidas a sus actuales ocupantes por la Corporación de Servicios Habitacionales, actuando dicha Institución, para estos efectos, como mandataria de la Corporación de Mejoramiento Urbano.

El valor de las viviendas a que se refieren los incisos anteriores será determinado por la Junta Directiva de la Corporación de Mejoramiento Urbano, en base al valor de indemnización que se pague por la expropiación, más los gastos que demanden la tramitación de las operaciones de expropiación y la transferencia de las viviendas a los ocupantes.

Este valor, determinado de acuerdo con el inciso anterior, será pagado por los ocupantes de las viviendas en el plazo de quince años.

Artículo 9º Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley Nº 16.775, de 10 de abril de 1968:

a) Reemplázase el inciso primero del artículo 2º por el siguiente:

"La Municipalidad de Iquique expropiará los terrenos a que se refiere el artículo anterior para transferirlos a sus actuales ocupantes.".

b) Agrégase el siguiente inciso cuarto al artículo 2º:

"La Municipalidad de Iquique podrá también pagar esta indemnización en sesenta mensualidades."; y

c) Suprímese la frase final del artículo 3º, que dice: "La Municipalidad aprobará, a su vez, los planos de loteos respectivos previo informe favorable de la Dirección de Planificación del Desarrollo Urbano del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, la que determinará los requisitos mínimos de urbanización de las Poblaciones a que quedarán obligados los adquirentes.".

Artículo 10.Declárase de utilidad pública y autorízase a la Corporación de Mejoramiento Urbano para expropiar una faja de terreno en la ciudad de Santiago, cuyas características particulares son las que se individualizan en el Plano de la Dirección de Obras Municipales de Santiago, Departamento de Planificación y Estudio, Sección Tasaciones y Catastro, Nº 4.130 S5 M15, de octubre de 1966, que contiene la copia catastral de la manzana comprendida entre las calles Bandera Santo Domingo Morandé Catedral.

Destínase, a contar del lº de enero de 1970 y por el plazo de cinco años, un uno por mil de la tasa señalada en la letra a) del artículo 2º del Decreto de Hacienda Nº 2.047, de 29 de julio de 1965, para la comuna de Santiago, a los siguientes fines :

a) Pago de la expropiación a que se refiere el inciso primero de este artículo, y

b) Construcción de edificios y dependencias del Congreso Nacional dentro del área expropiada.

Una vez pagada la expropiación, los recursos provenientes de la aplicación de este artículo serán puestos a disposición de los Tesoreros del Senado y de la Cámara de Diputados, por partes iguales, los cuales no podrán darles otra inversión que no sea la señalada en la letra b) de este artículo, de lo cual serán personalmente responsables.

Artículo 11.Destínase, a contar del 1º de enero de 1970 y por el plazo de cinco años, a la Municipalidad de Santiago, un uno por mil de la tasa señalada en la letra a) del artículo 2° del Decreto de Hacienda Nº 2.047, de 29 de julio de 1965, para la comuna de Santiago, a fin de que dicho Municipio invierta tales recursos en obras de remodelación, mejoramiento y ornato de la zona en que se encuentra ubicado el Congreso Nacional, para lo cual podrá suscribir los convenios que correspondan con la Corporación de Mejoramiento Urbano.

Artículo 12.Dentro del plazo de seis meses, el Tesorero General de la República pondrá a disposición de los Tesoreros del Senado y de la Cámara de Diputados, por partes iguales, el total del remanente acumulado en la Cuenta F19, Editorial Jurídica de Chile, al 30 de julio de 1969.

Estos recursos se destinarán a los siguientes fines:

lº 1.500.000 escudos a la adquisición de un bien raíz para la Biblioteca del Congreso Nacional, consultándose también su habilitación y alhajamiento;

2º500.000 escudos para cumplir un plan extraordinario de adquisiciones de obras y libros destinados a la Biblioteca del Congreso Nacional;

3ºEl saldo de los recursos se aplicará a la construcción de los edificios y dependencias del Congreso Nacional a que se refiere la presente ley.

Artículo 13.El 50% de los recursos a que se refiere el artículo 4º de la ley N° 8.737, de 6 de febrero de 1947, y sus modificaciones posteriores, se destinará al financiamiento de las obras a que se refiere la letra b) del artículo 10.

Para este efecto, facúltase a los Tesoreros del Senado y de la Cámara de Diputados para girar contra la Cuenta Especial F19 los fondos que correspondan, por partes iguales.

Estos recursos no podrán destinarse a otros fines que los señalados en la letra b) del artículo 10 de la presente ley."

Acuerdo Municipal Nº 661, ya citado, no les significará gozar de una mayor renta y sus remuneraciones se seguirán rigiendo por las citadas normas legales.

Este aumento de grado sólo les será aplicable para los efectos de la confección del escalafón y formación de ternas, conforme a las normas contenidas en los Títulos II y III de la ley Nº 11.469.".

Artículo 3º

Ha agregado el siguiente inciso segundo, nuevo:

"Este encasillamiento en ningún caso podrá significar disminución de renta o de la jerarquía de que actualmente gozan dichos funcionarios.".

Lo que tengo a honra decir a V. E., en respuesta a vuestro oficio Nº 2.867, de fecha 11 de septiembre de 1968.

Acompaño los antecedentes respectivos.

Dios guarde a V. E. (Fdo.) : Tomás Pablo Elorza.Pelagio Figueroa Toro".

12.-OFICIO DEL SENADO

"Nº 6413.Santiago, 21 de agosto de 1969.

El Senado ha tenido a bien aprobar el proyecto de esa H. Cámara que declara válidos ciertos acuerdos adoptados por la Municipalidad de Santiago, con las siguientes modificaciones:

Artículo 2º

Ha sido sustituido por el siguiente: "Artículo 2ºA los funcionarios profesionales universitarios a que se refieren los artículos 73 de la ley Nº 15.840, 71 de la ley Nº 16.464 y 9º de la ley Nº 16.587, el aumento de grado establecido en el

A continuación del artículo 6º de este proyecto de ley, ha agregado el siguiente artículo, nuevo:

"Artículo 7ºAutorízase a la Municipalidad de Rengo para traspasar a su presupuesto ordinario, por una sola vez y en el curso del presente año, hasta la suma de Eº 250.000 de los ingresos provenientes de la ley Nº 16.591.".

En seguida, ha consultado el siguiente artículo transitorio, nuevo:

"Artículo transitorio, El reajuste a que se refiere el D.F.L. Nº 1, de 7 de enero de 1969, se aplicará sobre la escala de sueldos establecida en el Acuerdo que por el artículo lº se valida.".

Lo que tengo a honra decir a V. E., en respuesta a vuestro oficio Nº 45, de fecha 15 de julio de 1969.

Acompaño los antecedentes.

Dios guarde a V. E. (Fdo.) : Tomás Pablo Elorza.Pelagio Figueroa Toro."

13.-OFICIO DEL SENADO

"Nº 6412.Santiago, 21 de agosto de 1969.

El Senado ha tenido a bien aprobar el proyecto de ley de esa H. Cámara que modifica la ley Nº 12.851, con el objeto de permitir la inscripción en el Registro del Colegio de Técnicos a los egresados de las Escuelas Salesianas del Trabajo, con las siguientes modificaciones:

Artículo lº

Ha sido sustituido por el siguiente:

"Artículo lº Introdúcense al artículo 5º de la ley Nº 12.851, de 6 de febrero de 1958, modificado por la ley Nº 15.224, de 3 de agosto de 1963, las siguientes modificaciones :

1. Suprímese la conjunción "y" Que figura al final de la letra a), sustituyendo la coma (,) que la precede por un punto y coma (;) y reemplázase por punto y coma (;) el punto final (.) de la letra b);

2. Agrégase al final de la letra c) la conjunción "y", reemplazando por una coma (,) el punto final (.), y

3. Agrégase como letra d), la siguiente :

"d) Los egresados de las Escuelas Salesianas del Trabajo con título de técnicos o Tercer Grado Superior, que hayan cursado tres años de estudios superiores según programas declarados suficientes por el Consejo de la Universidad Técnica del Estado.

Artículo 2º

Ha sido reemplazado por el que a continuación se indica:

"Artículo 2º Otórgase un nuevo plazo de 180 días, contado desde la publicación de esta ley, para que puedan inscribirse en el Registro del Colegio de Técnicos las personas que se encuentren en los siguientes casos:

Aquellas que, teniendo título de ingeniero o técnico conferido por una Universidad extranjera, acrediten haber ejercido satisfactoriamente en Chile la correspondiente profesión durante cinco años, a lo menos;

Aquellas que, habiendo cursado todos los años de estudios en algunas de las Universidades o establecimientos a que se refieren los artículos 4º y 5° de la ley Nº 12.851, de 6 de febrero de 1958, no hayan obtenido su título profesional y acrediten haber ejercido satisfactoriamente en Chile la profesión respectiva, durante cinco años a lo menos, y

Aquellas que comprueben haber ejercido satisfactoriamente en Chile la profesión de técnico, durante diez años a lo menos, en alguna especialidad reconocida por el Colegio respectivo.".

A continuación, ha consultado el siguiente artículo transitorio, nuevo:

"Artículo transitorio. No será exigible a los actuales alumnos, o a los ya egresados del Tercer Grado Superior o Técnico de las Escuelas Salesianas del Trabajo, para los efectos de su inscripción en el Registro del Colegio de Técnicos, el requisito de haber cursado estudios según programas declarados suficientes por el Consejo de la Universidad Técnica del Estado; pero deberán acreditar haber estado en posesión del grado de Bachiller Industrial, o de otro equivalente, o de la Licencia Secundaria, al iniciar esos estudios.".

Lo que tengo a honra decir a V. E., en respuesta a vuestro oficio Nº 651, de fecha 20 de abril de 1966.

Acompaño los antecedentes respectivos.

Dios guarde a V. E. (Fdo.) : Tomás

Pablo Elorza.Pelagio Figueroa Toro."

14.-OFICIO DEL SENADO

"Nº 6446.Santiago, 25 de agosto de 1969.

El Senado ha tenido a bien aprobar el proyecto de ley de esa H. Cámara que crea el Senado Académico transitorio e instituye el Consejo Superior Provisional de la Universidad de Chile, con las siguientes modificaciones:

Artículo 1º

Ha reemplazado los términos "Senado Académico" por las palabras "Congreso Universitario".

Ha reemplazado los términos "Senado Académico" por las palabras "Congreso Universitario".

Artículo 29

Ha sido sustituido por el siguiente: "Artículo 2ºLas atribuciones del Congreso Universitario serán las siguientes:

Redactar un proyecto de Estatuto Orgánico de la Universidad de Chile, el cual será elevado a la consideración de los Poderes Públicos, conforme a la ley;

Estudiar los proyectos de Reglamentos que habrán de dictarse por la autoridad competente conforme al nuevo Estatuto Orgánico, y

Efectuar los demás estudios necesarios para la aplicación del Estatuto y sus Reglamentos."

Artículo 3º

Ha reemplazado la letra g) del Nº 1º, por la siguiente:

"g) De los Directores de Educación Secundaria y Primaria, o sus representantes, y".

Ha sustituido el inciso final del Nº 1º, por el siguiente:

"Con Consejo Supervisor provisional no necesitará de la propuesta o informe previo de las Facultades para adoptar los acuerdos que los requieran, sino los de los organismos colegiados, formados por los representantes de los académicos, estudiantes y no académicos, que se constituyan en las Facultades de acuerdo con las normas que apruebe el Consejo Superior provisional. La representación de académicos, estudiantes y no académicos se elegirá por el respectivo estamento, en la proporción y conforme a las reglas prescritas en el Nº 3º de este artículo, y a estos organismos corresponderá, durante la vigencia de la presente ley, ejercer las atribuciones señaladas para las Facultades por el D.F.L. Nº 280, de 1931, y los respectivos Reglamentos. No será necesaria una nueva elección en aquellas Facultades en que estos organismos se hubieren constituido con representación de académicos, estudiantes y no académicos, elegidos por sus respectivos estamentos.".

Ha reemplazado los términos "Senado Académico" por las palabras "Congreso Universitario".

Ha reemplazado los términos "Senado Académico" por las palabras "Congreso Universitario".

Ha sustituido el inciso segundo del Nº 4º por el siguiente:

"Tendrán derecho a voto y podrán ser elegidos miembros del Congreso Universitario y del Consejo Superior provisional los estudiantes que estén en posesión de licencia de enseñanza media o su equivalente.".

Ha agregado al mismo Nº 4º, el siguiente inciso tercero, nuevo:

"Las reclamaciones electorales que puedan deducirse en las elecciones destinadas a elegir el Congreso Universitario y los personeros designados en las letras a), b) y d) del Nº lº del artículo 3º, serán resueltas por el Consejo Universitario o por la Comisión que éste designe al efecto.".

En el inciso primero del Nº 5º, ha reemplazado los términos "Senado Académico" por las palabras "Congreso Universitario".

En el inciso segundo del mismo Nº 5°, ha sustituido los vocablos "este artículo" por "esta ley" y la frase "desde la promulgación de la presente ley" por esta otra: "desde la fecha en que empiece a regir la presente ley".

Artículo 4º

Ha agregado, a continuación de la expresión "de 1931", sustituyendo el punto final (.) por una coma (,), la siguiente frase: "sin perjuicio de las responsabilidades legales que correspondan."

Lo que tengo a honra decir a V. E. en respuesta de vuestro oficio Nº 32, de fecha 3 de julio de 1969.

Acompaño los antecedentes respectivos.

Dios guarde a V. E. (Fdo.) : Tomás Pablo Elorza.Pelagio Figueroa Toro."

15.-OFICIO DEL SENADO

"Nº 6414.Santiago, 21 de agosto de 1969.

El Senado ha tenido a bien aprobar, en los mismos términos en que lo ha hecho esa H. Cámara, el proyecto de ley que establece normas aplicables a los funcionarios de la ex Caja de Accidentes del Trabajo que fueron incorporados al Servicio Nacional de Salud.

Lo que tengo a honra decir a V. E., en respuesta a vuestro oficio N° 54, de fecha 22 de julio de 1969.

Devuelvo los antecedentes respectivos.

Dios guarde a V. E. (Fdo.) : Tomás Pablo Elorza.Pelagio Figueroa Toro."

16.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR

"Nº 1491.Santiago, 20 de agosto de 1969.

Tengo el agrado de acusar recibo de la nota Nº 42 de 4 de junio último, por la cual V. E. ha tenido a bien comunicar al infrascrito la petición formulada por el H. Diputadodon Carlos GARCES Fernández en el sentido de obtener la instalación de una Oficina del Servicio de Correos y Telégrafos en el sector que se encuentran ubicadas las Poblaciones Sol de Septiembre y Rauquén, de la ciudad de Curicó.

Al respecto, cúmpleme manifestarle que por oficio Nº 9558, de 31 de julio recién pasado, la Dirección Nacional de Correos y Telégrafos ha informado que, de los antecedentes reunidos sobre la materia, se justifica la instalación de la agencia postal señalada, pero no es posible llevarla a la realidad durante el presente año, ya que la Ley de Presupuesto para el año 1969 consultó un número determinado de servidores para Correos y Telégrafos y en consecuencia no se pueden designar nuevos agentes postales subvencionados, ni se pueden crear nuevas dependencias.

Saluda atentamente a V. E. (Fdo.) : Patricio Rojas Saavedra".

17.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR

"Nº 1492.Santiago, 20 de agosto de 1969.

Por oficio Nº 769, fechado el 29 de julio del año en curso, V. E. se ha servido solicitar, a petición del H. Diputado, señor Rufo RuizEsquide Espinoza, la solución del problema que se consigna en la minuta que en copia acompaña; que se relaciona con el Sindicato de Comerciantes Minoristas en Vino de la ciudad de Talcahuano y que emana de la aplicación del D. F. Nº 8, artículo 143 que actualmente aparece en el texto refundido de la Ley de Alcoholes Nº 17.105, artículo 153.

Sobre el particular, tengo el honor de comunicar a V. E. que en el oficio Nº 1380, de lº de agosto en curso, enviado a la H. Cámara de Diputados por el cual el Gobierno formula observaciones al proyecto de ley aprobado por ese H. Congreso Nacional, sobre autorización de empréstitos a la Municipalidad de Mostazal, se incluyó un veto aditivo que soluciona el problema que se indica en la referida minuta y se hace presente al mismo tiempo, la necesidad de introducir la disposición legal propuesta, ya que con ella se podría evitar serios perjuicios económicos a los comerciantes de que se trata.

Saluda atentamente a V. E. (Fdo.) : Patricio Rojas Saavedra".

18.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR

"Nº 755.Santiago, 25 de agosto de 1969.

Me refiero al oficio de US. Nº 827, de 28 de julio último, por el que a nombre de esa H. Cámara transmite la petición formulada por el H. Diputado señor Héctor Valenzuela V., en orden de que sea expulsado del país el ciudadano soviético don Boris Krivoss.

Al respecto, cumplo con informar a US. que el señor Boris Krivoss Yakshingsky es chileno, según consta en el decreto del Ministerio del Interior Nº 4266, del 1º de septiembre del año 1952 que le otorgó carta de nacionalización.

Saluda atentamente a US. (Fdo.) : Patricio Rojas Saavedra".

19.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR

"Nº 1519.Santiago, 23 de agosto de 1969. Tengo el agrado de acusar recibo del

oficio Nº 137, de 12 de junio último, por el cual V. E. ha tenido a bien comunicar al infrascrito la petición formulada por el H. DiputadoMario Palestro Rojas, solicitando la instalación de alumbrado público para la Población Bélgica, de la Comuna de La Granja.

Al respecto, cúmpleme manifestarle que por oficio Nº 2938, de 1º del mes en curso, la Superintendencia de Servicios Eléctricos, Gas y Telecomunicaciones ha informado que se dirigió a la I. Municipalidad de La Granja, haciéndole presente que para financiar parte de las referidas obras de alumbrado público en esa comuna, podría recurrir a los fondos contemplados en la Ley Nº 14.914, que en su artículo 11, contiene disposiciones que permiten a las Municipalidades del país, ampliar y mejorar las redes eléctricas en sus respectivas comunas, previo cumplimiento de las normas señaladas en el Decreto Nº 2.139, de 1962, copia del cual se anexó a dicho oficio.

Saluda atentamente a V. E. (Fdo.) : Patricio Rojas Saavedra".

20.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE HACIENDA

"Nº 914.Santiago, 20 de agosto de 1969.

Me refiero a su oficio Nº 562, de 23 de abril del presente año, por el cual US., a nombre de la Comisión de Hacienda de esa H. Corporación, solicita de este Ministerio una información acerca de las franquicias tributarias otorgadas a la industria "Lanera Austral" de la Provincia de Magallanes.

Sobre el particular, debo expresar a US. de acuerdo con lo informado por el Servicio de Impuestos Internos en oficio Nº 6389, de 6 de agosto en curso, que dicha industria, por el momento, no goza de las franquicias tributarias sobre el impuesto a la renta ni a las compraventas, por cuanto no ha sido resuelta aún su petición para acogerse a las franquicias establecidas en el D.F.L. Nº 375/53, por falta de antecedentes.

Por otra parte, tengo el agrado de acompañar a US. copia del Decreto Nº 43 de 2 de enero de 1963, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que autoriza la instalación de esa industria en la comuna de Magallanes; y del decreto de ese mismo Ministerio Nº 568 de 20 de julio de 1965, por el cual se deroga el Decreto Nº 193 de 18 de agosto de 1964 y declara vigente a contar del 2 de enero de 1963, el Decreto Nº 43.

Es cuanto puedo informar a US., sobre la materia.

Dios guarde a US. (Fdo.) : Andrés Zaldívar Larraín".

21.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE JUSTICIA

"Nº 1341.Santiago, 19 de agosto de 1969.

Por oficio Nº 602, de fecha 11 de julio ppdo., S. E. puso en conocimiento de esta Secretaría de Estado, la petición formulada por el Honorable Diputadodon Antonio Tavolari Vásquez, quien entre otras materias, solicita el pago de horas extraordinarias por el presente año para los funcionarios del Servicio de Prisiones que desarrollan sus labores en la ciudad de Valparíso.

Sobre el particular, me es grato informar a S. E. que en el D.J. Nº 27, de 2 de enero del año en curso, están consultados los fondos correspondientes para el pago de horas extraordinarias para el personal del Servicio de Prisiones. Para la cancelación de este beneficio, la Dirección General de Prisiones remitió, a nombre del señor Alcaide del Presidio de Valparaíso, el giro 636, de 17 de junio último, por la cantidad de Eº 156.449,30.

Con respecto a las horas extraordinarias correspondientes al año 1968 y que se adeudaban a ese mismo personal, éstas les fueron canceladas mediante el giro Nº 269, de 5 de marzo de 1969.

Por último, en cuanto se refiere al au. mentó de la dotación de personal de vigilancia para la ciudad de Valparaíso, el Servicio de Prisiones ha dispuesto que una vez que egrese el actual curso de Vigilantes Alumnos que funciona en la Escuela Técnica de esa Institución, se tratará de solucionar en parte esta situación.

Dios guarde a S. E.(Fdo.) : Gustavo Lagos Matus."

22.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

"Nº 816.Santiago, 20 de agosto de 1969.

Me refiero al oficio de VS. Nº 455, de 1º de julio de 1969, por medio del cual tiene a bien solicitar, de esta Secretaría de Estado, en nombre de la Honorable Cámara de Diputados, la instalación del servicio de alcantarillado en Chillán Viejo.

Sobre el particular, cúmpleme informar a VS. que, salvo algunas cuadras como excepción, Chillán Viejo no cuenta con red de alcantarillado. Esta obra no está consultada en los planes de la Dirección del ramo, no obstante, se cuenta con un proyecto de un Emisario que sería la primera etapa de las obras necesarias.

Dios guarde a VS. (Fdo.) : Sergio Ossa Pretot."

23.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

"Nº 818. Santiago, 20 de agosto de 1969.

Me refiero a los oficios de V. S. Nºs. 574 y 761, de 14 y 23 de julio de 1969, enviados a Su Excelencia el Presidente de la República, en nombre de esa Corporación y de diversos señores Diputados, como asimismo, al oficio Nº 648, de 16 del mismo mes, remitido a esta Secretaría de Estado, por medio de los cuales tiene a bien solicitar se adopten las medidas tendientes a obtener que se busque una solución al grave problema que afecta a la población de la provincia de Antofagasta con motivo de la contaminación del agua que allí se sumistra.

Sobre el particular, cúmpleme informar a V. S. de las medidas de emergencia y definitivas que se han adoptado al respecto:

En cuanto se vio en agosto de 1968, la necesidad sanitaria de materializar el abatimiento del arsénico del agua potable de esa ciudad, el Gobierno, en forma inmediata, resolvió la compra e instalación de una Planta de Filtro para agotar definitivamente este tóxico.

Dicha Planta se contrató con la firma Alemana Berkefeld Filter Embh, por el sistema conocido como "llave en mano" que significa suministro, construcción de las obras civiles y montaje hasta su total terminación, prueba y puesta en marcha, con todas las garantías para un correcto funcionamiento que permitirá no sólo eliminar el arsénico sino que purifica el agua de cualquier otro tipo de substancias perjudiciales para la salud.

La construcción está en plena marcha y el primer embarque arribó a Antofagasta en barca de bandera alemana "Tübingen".

De acuerdo con el programa de la obra la Planta quedará terminada a fines de diciembre del presente año, lo que permitirá ponerla en servicio a fines de enero o comienzos de febrero de 1970.

No obstante lo anterior, y también en forma inmediata al conocimiento de los informes médicos, se procedió a adoptar las siguientes medidas:

1.Se dispuso, prontamente, el reparto de agua proveniente de la fuente de Siloli mediante estanques repartidos en distintos puntos de la ciudad. Fueron diez al comienzo y en junio se disponía de 25, actualmente hay .27, serán en 80 breve plazo. Esto permitirá disponer de suficiente agua para la bebida y confección de alimentos.

2. Se adoptaron los recientemente construidos estanques decantadores de Toconce para que con el agregado de sulfato de aluminio, disminuyeran los porcentajes presentes. Con esto se logró una rebaja media de un 50% de los valores iniciales. Simultáneamente, se ha procedido a disponer el lavado prolijo de estanques, aducciones y redes, paralizándose momentáneamente el tratamiento de emergencia de los decantadores y permitiendo además, la limpieza total de los coladores de medidores.

3.Con el objeto de cuidar el comportamiento del agregado del sulfato de aluminio en los decantadores de Toconce, se estableció un control sistemático en tres puntos claves mediante análisis de laboratorio que se realizan con muestras sacadas en Toconce mismo, en la llegada de la aducción a los estanques y en la red de la ciudad.

Al mismo tiempo se ha vigilado cuidadosamente la distribución del agua de Siloli para prevenir su contaminación bacteriana.

Este Ministerio ha estado permanentemente pendiente de este grave problema, dando soluciones que, naturalmente se han realizado con la mayor celeridad compatible con la complejidad del problema y la falta de experiencia no sólo nacional sino mundial.

Dios guarde a V. S. (Fdo.) : Sergio Ossa Pretot."

24.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

"Nº 81o. Santiago, 20 de agosto de 1969.

Me refiero al oficio de V. S. Nº 752, de 24 de julio de 1969, enviado a Su Excelencia el Presidente de la Rerpública, por medio del cual tiene a bien solicitar de esta Secretaría de Estado, en nombre del Honorable Diputado señor Evaldo Klein Doerner, la construcción de caminos en la provincia de Llanquihue, a fin de regularizar el abastecimiento de remolacha.

Sobre el particular, cúmpleme manifestar a V. S. que el oficio en referencia ha sido enviado a la Dirección de Vialidad, dependiente de la Dirección General de Obras Públicas, a fin de que sean consideradas las peticiones del Honorable Diputado.

Dios guarde a V. S. (Fdo.) : Sergio Ossa Pretot."

25.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

"Nº 819. _ Santiago, 20 de agosto de 1969.

Me refiero al oficio de V. S. N° 657, de 14 de julio del presente año, por medio del cual tiene a bien solicitar de esta Secretaría de Estado, en nombre del Honorable Diputadodon Anatolio Salinas Navarro, la construcción del embalse de Convento Viejo en la común de Chimbarongo, provincia de Colchagua.

Sobre el particular, cúmpleme informar, a V. S. que los antecedentes relacionados con el proyecto de la referida obra han sido enviados al BID, a fin de obtener de dicha entidad un crédito destinado a su finaciamiento.

Los estudios de la misma continúan tanto en los aspectos de Ingeniería y en lo relacionado con los suelos por regar.

Dios guarde a V. S. (Fdo.): Sergio Ossa Pretot."

26.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

"N° 820. Santiago, 20 de agosto de 1969.

En atención al oficio de V. S. N° 848, de 28 de julio de 1969, por medio del cual tiene a bien solicitar de esta Secretaría de Estado en nombre del Honorable señor Jorge Sabat Gozalo, la construcción de diversas obras públicas en las comunas de

Lago Ranco, Río Bueno, Máfil, Los Lagos, San José de la Mariquina y Valdivia, pongo en conocimiento de V. S. que dicho oficio ha sido enviado a la Dirección de Delegaciones Zonales y Asesoría, dependiente de la Dirección General de Obras Públicas, para su consideración.

Dios guarde a V. S. (Fdo.) : Sergio Ossa Pretot."

27.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

"N° 821. Santiago, 20 de agosto de 1969.

Me refiero al oficio de V. S. N° 884, de 30 de julio de 1969, por medio del cual tiene a bien solicitar de esta Secretaría de Estado, en nombre del Honorable Diputado señor Hardy Momberg Roa, se termine el edificio para el Cuartel de Bomberos de Pucón, provincia de Cautín.

Sobre el particular, cúmpleme manifestar a V. S. que el mencionado oficio ha sido enviado a la Dirección de Arquitectura, dependiente de la Dirección General de Obras Públicas, para su consideración.

Dios guarde a V. S. (Fdo.) : Sergio Ossa Pretot."

28.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

"N° 822. Santiago, 20 de agosto de 1969.

Me refiero al oficio de V. S. N° 890, de 4 de agosto de 1969, por medio del cual tiene a bien solicitar de esta Secretaría de Estado, en nombre de los Honorables Diputados señores Luis Fuentealba Medina y Duberildo Jaque Araneda, se realicen los trabajos de una nueva captación de agua potable para la comuna de Santa Juana, provincia de Concepción.

Sobre el particular, cúmpleme manifestar a V. S. que el oficio en referencia ha sido enviado a la Dirección de Obras Sanitarias, dependiente de la Dirección Ge

neral de Obras Públicas, para su consideración.

Dios guarde a V. S. (Fdo.) : Sergio Ossa Pretot."

29.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

"Nº 823. Santiago, 20 de agosto de 1969.

Me refiero al oficio de V. S. Nº 895, de 4 de agosto de 1969, por medio del cual tiene a bien solicitar de esta Secretaría de Estado, en nombre del Honorable señor Héctor Ríos Ríos, se terminen las obras de construcción del camino que unirá la localidad de Rosario Lo Solís, departamento de Santa Cruz, provincia de Colchagua, con la vía de acceso a la Central Hidroeléctrica de Rapel.

Sobre el particular, cúmpleme manifestar a V. S. que el mencionado oficio ha sido enviado a la Dirección de Vialidad, dependiente de la Dirección General de Obras Públicas, para su consideración.

Dios guarde a V. S. (Fdo.) : Sergio Ossa Pretot."

30.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

"Nº 825. Santiago, 20 de agosto de 1969.

Me refiero al oficio de V. S. Nº 920, de 5 de agosto de 1969, por medio del cual tiene a bien solicitar de esta Secretaría de Estado, en nombre del Honorable Diputado señor Patricio Phillips Peñafiel, la construcción de un camino que una a la ciudad de Traiguén con la localidad de Tirúa, provincia de Malleco.

Sobre el particular, cúmpleme informar a V. S. que dicho oficio se ha enviado a la Dirección de Vialidad, dependiente de la Dirección General de Obras Públicas, para su consideración.

Dios guarde a V. S. (Fdo.) : Sergio Ossa Pretot"

31.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

"Nº 826. Santiago, 20 de agosto de 1969.

Me refiero al oficio de V. S. Nº 925, de 6 de agosto de 1969, por medio del cual tiene a bien solicitar de esta Secretaría de Estado, en nombre del Honorable Diputado señor Jorge Insunza, la construcción de un puente carretero para unir la localidad de Lo Cartagena con la de Pueblo Plundido, en la comuna de Rengo, provincia de O'Higgins.

Sobre el particular, cúmpleme informar a V. S. que dicho oficio se ha enviado a la Dirección de Vialidad, dependiente de la Dirección General de Obras Públicas, para su consideración.

Dios guarde a V. S. (Fdo.) : Sergio Ossa Pretot."

32.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

"Nº 827. Santiago, 20 de agosto de 1969.

Me refiero al oficio de V. S. Nº 942, de 6 de agosto en curso, por medio del cual tiene a bien solicitar de esta Secretaría de Estado, en nombre del Honorable Diputadodon Duberildo Jaque Araneda, la pronta habilitación provisoria del puente sobre el río Itata, provincia de Ñuble.

Sobre el particular, cúmpleme informar a V. S. que dicho oficio ha sido enviado a la Dirección de Vialidad, dependiente de la Dirección General de Obras Públicas, para su consideración.

Dios guarde a V. S. (Fdo.): Sergio Ossa Pretot."

33.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

"Nº 828. Santiago, 20 de agosto de 1969.

Me refiero al oficio de V. S. Nº 945, de 6 de agosto de 1969, por medio del cual tiene a bien solicitar de esta Secretaría de Estado, en nombre del Honorable Diputado señor René Tapia Salgado, se terminen las obras de construcción del camino que unirá las localidades de Lliuco con el puerto de Quemchi, en la provincia de Chiloé.

Sobre el particular, cúmpleme manifestar a V. S. que el oficio en referencia ha sido enviado a la Dirección de Vialidad, dependiente de la Dirección General de Obras Públicas, para su consideración.

Dios guarde a V. S. (Fdo.) : Sergio Ossa Pretot."

34.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

"Nº 829. Santiago, 20 de agosto de 1969,

Me refiero al oficio de V. S. Nº 998, de 22 de julio ppdo., por medio del cual tiene a bien solicitar de esta Secretaría de Estado, en nombre del Honorable Diputadodon Pedro Jáuregui Castro, la construcción de un camino desde Río Negro, provincia de Osorno, hasta la costa, partiendo desde el camino longitudinal Sur.

Sobre el particular, cúmpleme informar a V. S. que dicho oficio ha sido enviado a la Dirección de Vialidad, dependiente de la Dirección General de Obras Públicas, a fin de que sean consideradas las observaciones formuladas por el Honorable Diputado.

Dios guarde a V. S. (Fdo.) : Sergio Ossa Pretot."

35.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

"Nº 830. Santiago, 20 de agosto de 1969.

Me refiero al oficio de V. S. Nº 1.006, de 22 de julio ppdo., por medio del cual tiene a bien solicitar de esta Secretaría de Estado, en nombre del Honorable Diputadodon Jorge Insunza Becker, se destine una montoniveladora y un bulldozer para realizar la construcción del camino de acceso a la calle central de la Operación Sitio de El Manzano, comuna de Las Cabras.

Sobre el particular, cúmpleme informar a V. S. que dicho oficio ha sido enviado a la Dirección de Vialidad, dependiente de ¡a Dirección General de Obras Públicas, para su consideración.

Dios guarde a V. S. (Fdo.) : Sergio Ossa Pretot."

36.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

"Nº 931. Santiago, 20 de agosto de 1969.

Me refiero al oficio de V. S. Nº 1.028, de 22 de julio ppdo., por medio del cual tiene a bien solicitar de esta Secretaría de Estado, en nombre del Honorable Diputadodon Alejandro Toro Herrera, se acojan las peticiones contenidas en el documento que se acompaña, relacionadas con la necesidad de construir obras de regadío en la localidad de Rincón de los Mellados, provincia de Talca.

Sobre el particular, cúmpleme informar a V. S. que dicho oficio ha sido enviado a la Dirección de Riego, dependiente de la Dirección General de Obras Públicas, para su consideración.

Dios guarde a V. S. (Fdo.) : Sergio Ossa Pretot."

37.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

"Nº 839. Santiago, 22 de agosto de 1969.

Me refiero a los oficios de V. S. Nºs. 1.025 y 908 de fechas 23 de julio y 5 de agosto de 1969, respectivamente, por medio de los cuales tiene a bien solicitar de esta Secretaría de Estado, en nombre de los Honorables Diputados señores Hernán Olave Verdugo y Jorge Sabat Gozalo, la construcción de diversas obras públicas en la provincia de Valdivia.

Sobre el particular, cúmpleme informar a V. S. que dichos oficios se han enviado a la Dirección de Delegaciones Zonales y Asesoría, dependiente de la Dirección General de Obras Públicas, para su consideración.

Dios guarde a V. S. (Fdo.) : Sergio Ossa Pretot."

38.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

"Nº 840. Santiago, 22 de agosto de 1969.

En atención al oficio de V. S. Nº 953, de 31 de julio del presente año, por medio del cual tiene a bien solicitar de esta Secretaría de Estado, en nombre del Honorable Diputado señor Manuel Ferreira Guzmán, la pavimentación de la pista del Aeródromo Pupelde de la ciudad de Ancud, provincia de Chiloé, pongo en conocimiento de V. S. que dicho oficio ha sido enviado a la Dirección de Aeropuertos, dependiente de la Dirección General de Obras Públicas, a fin de qu sea considerado lo solicitado por el Honorable Diputado.

Dios guarde a V. S. (Fdo.) : Sergio Ossa Pretot."

39.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE SALUD PÚBLICA

"Nº 2231. Santiago, 22 de agosto de 1969.

Me refiero al oficio de V. E., Nº 327, de 21 de julio último, relacionado con la materia de nuestra referencia.

Acerca del particular debo manifestarle que aunque tenemos plena conciencia de estas necesidades no ha sido posible un atenderlas como sería nuestro propósito, debido a la limitación de recursos económicos del Servicio Nacional de Salud.

Actualmente, se presta asistencia a

Cobquecura mediante dos rondas médicas semanales que visitan las localidades desde Quirihue y por el personal residente, que en número adecuado se ocupa de su atención.

Saluda atentamente a V. E. (Fdo.): Ramón Valdivieso Delaunay."

40.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE SALUD PÚBLICA

"Nº 2233.Santiago, 22 de agosto de 1969.

En atención al oficio de V. E. Nº 756, de 25 de julio ppdo., en que solicita se destine una nueva ambulancia para el Hospital de Huépil, provincia de Ñuble, debo manifestarle que actualmente el Servicio Nacional de Salud, no dispone de estos vehículos; pero se tendrá presente esta solicitud cuando ingrese al país la partida que se está adquiriendo en el extranjero.

Saluda atentamente a V. E. (Fdo.) : Ramón Valdivieso Delaunay."

41.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE MINERIA

"Nº 698. Santiago, 25 de agosto de 1969.

Tengo el agrado de referirme a su oficio Nº 800 de 29 de julio ppdo., en que V. E., por acuerdo adoptado por esa Honorable Corporación, se sirve solicitar se le informe acerca de los planes de desarrollo minero que se han proyectado para la provincia de Coquimbo, con indicación de las obras programadas para el año en curso y para el año próximo.

Al respecto, me es grato indicarle a continuación los principales planes que en este sentido tiene proyectados la Empresa Nacional de Minería, que es el organismo dependiente de este Ministerio que tiene a su cargo el fomento de la pequeña y mediana minería:

1. Proyecto Planta Tambillos: Construcción de una planta de flotación en la localidad de Tambillos de 400 ton/día. Proyecto en ejecución, se espera su puesta en marcha para fines de 1970. Esta obra se aborda por la Sociedad Minera Tambillos, filial de ENAMI.

Para el abastecimiento de la planta se cuenta con la producción de las minas Santa Cecilia, La Verde y Las Cuñas, Sociedades Mixtas de ENAMI, las cuales están en etapa de reconocimiento y preparación. Se abrirá, además, un poder comprador de minerales en Tambillos para los otros productores de la zona.

2. Estudio Regional Ovalle: Se encomendó a la firma Sinka Ingenieros un estudio regional de Ovalle con miras a determinar la posibilidad de construcción de una planta regional en la zona, tanto para óxidos y súlfuros. Las conclusiones de dicho estudio deberán quedar terminadas en el presente año.

3. Combarbalá: Construcción por ENAMI de una Planta Regional de 300 ton/día, súlfuros, óxidos y mixtos. Se estima su puesta en marcha en 1971. Se abrirá poder comprador óxidos y súlfuros en septiembre próximo.

Para el abastecimiento de este plantel se ha iniciado un completo plan de desarrollo minero en la zona: créditos, asesoría técnica, prestación de servicios, construcción de caminos, etcétera.

Desde mediados del presente año se encuentra funcionando una Planta Portátil que ha permitido a los pequeños mineros de Combarbalá, beneficiar los minerales obtenidos de la preparación de sus minas.

4. Planta Illapel: En atención al aumento de producción de la zona, se está estudiando la ampliación de esta Planta, que actualmente cuenta con una capacidad de 5.500 ton/mes de minerales de flotación.

5. Proyecto Minero NUENAMI: Mediante este proyecto que se financia con aportes de ENAMI y el Fondo para el Desarrollo de Naciones Unidas, se están efectuando reconocimientos en los principales yacimientos de la provincia. Aún no hay conclusiones al respecto, pero a fines de 1970 se pueden tener algunos yacimientos con posibilidades interesantes de explotar a un cierto volumen.

Se están abarcando trabajos en los siguientes yacimientos de Coquimbo: Los Loros, Litipampa, Talcuna, Los Pelambres, San Luis de Algodones, Las Cuñas, Farellón, Descubridora y Arqueros.

Dios guarde a V. E. (Fdo.) : Alejandro Hales Jámarme."

42.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE MINERIA

"Nº 697. Santiago, 25 de agosto de 1969.

Tengo el agrado de referirme a sus oficios Nºs. 926, 928 y 932, todos de fecha 7 de agosto en curso, en que V. E. se sirve transmitir tres proyectos de acuerdo de esa Honorable Corporación, referente a los siguientes puntos:

1º Que se estudie la instalación de Plantas Pelletizadoras en la provincia de Coquimbo;

2º Que se inicien los trabajos ya aprobados de la construcción de la Planta para tratamientos de minerales de cobre en Combarbalá;

3º Que se estudie la construcción de Plantas Pilotos concentradoras de cobre en toda la zona norte, y

4º Que se realice un plan de construcción de caminos mineros y la instalación de pequeñas plantas para ser entregadas a las Cooperativas Mineras y a los pequeños mineros particulares.

Al respecto, cúmpleme manifestarle que sobre todas estas materias se ha informado ampliamente a esa Honorable Corporación, por oficios Nºs. 648 y 686 de 4 y 18 de agosto, respectivamente, cuyas copias me permito acompañarle para su mejor información.

Dios guarde a V. E. (Fdo.) : Alejandro Hales Jámarne."

43.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE MINERIA

"Nº 693. Santiago, 21 de agosto de 1969.

Tengo el agrado de referirme a su oficio Nº 332 de 21 de junio último, dirigido a Su Excelencia el Presidente de la República, en que V. E. se sirvió transmitirle las observaciones formuladas por el señor Diputadodon Cipriano Pontigo, relacionadas con el conflicto colectivo existente en los centros mineros Los Mantos de Punitaqui y Quiroga de Tamaya, de propiedad de la Cía. Minera Tamaya, solicitando, en último término, que la Empresa Nacional de Minería se haga cargo de las minas y Plantas de esa Compañía.

Al respecto, debo manifestarle que este Ministerio por oficio Nº 585 de 15 de julio ppdo., informó ampliamente a V. E. sobre la materia, dejando expresa constancia que la ENAMI carecía de facultades legales para hacerlo, pero que no obstante, estaba estudiando la posibilidad de comprar las Plantas, campamentos, instalaciones y minas a la citada Compañía, lo que permitiría regularizar la situación del personal que labora en ella.

Puedo agregarle sí, que debido a la complejidad que está representando la valorización de las Plantas y minas que posee dicha Compañía, hasta la fecha no se ha podido llegar a un acuerdo que permita concretar esta negociación.

Dios guarde a V. E. (Fdo.): Alejandro Hales Jámarne."

44.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE MINERIA

"N° 700. Santiago, 25 de agosto de 1969.

Me refiero a su oficio Nº 1.068 de 23 de julio ppdo., recibido en este Ministerio con fecha 20 de agosto en curso, en que V. E. a petición del señor Diputadodon Cipriano Pontigo, se sirve solicitar se agilicen las gestiones tendientes a obtener la pronta instalación de la Planta Regional Minera de Combarbalá, que permitiría dar trabajo a obreros y campesinos desocupados con motivo de la sequía que afecta a esa zona.

Al respecto, debo manifestar nuevamente a V. E. que los proyectos de Ingeniería de dicha Planta están terminados y sólo queda por resolver el problema del abastecimiento de agua, lo que igualmente está en vías de solución.

Por otra parte, para poder abastecer la futura Planta, se ha iniciado un vasto plan de desarrollo minero en esa zona, el que comprende créditos, asesoría técnica, prestación de servicios, construcción de caminos, etcétera y el funcionamiento, desde mediados del presente año, de una Planta Portátil que está permitiendo a los pequeños mineros de Combarbalá, beneficiar los minerales obtenidos de la preparación de sus minas.

Dios guarde a V. E. (Fdo.) : Alejandro Hales Jámarrme."

45.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE LA VIVIENDA Y URBANISMO

"Nº 1669. Santiago, 22 de agosto de 1969.

Ha recibido esta Secretaría de Estado su oficio Nº 545, de 8 de julio ppdo., por el que el Honorable Diputadodon Héctor Ríos Ríos solicita la construcción de un local para Ja Subcomisaría de Chimbarongo, provincia de Colchagua y un grupo habitacional para el personal de carabineros radicado en esa com una.

Al respecto, puedo informar a V. E. que las construcciones habitacionales para las fuerzas armadas, se efectúan por mandato de sus respectivas ramas; en este caso, es preciso que la Dirección General de Carabineros solicite directamente a la Corporación de la Vivienda la construcción de este grupo habitacional.

Ahora, en lo referente a la construcción de un local para la Subcomisaría de Chimbarongo, comunico a V. E. que estas obras las realiza la Dirección General de Obras Públicas, dependiente del Ministerio de Obras Públicas y Transportes.

Dios guarde a V. E. (Fdo.) : Andrés Donoso Larraín.!'

46.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE LA VIVIENDA Y URBANISMO

"Nº 1671. Santiago, 22 de agosto de 1969.

En relación a su oficio Nº 222, sobre petición de la Honorable Diputadadoña Laura Allende Gossens, referente a la materia del epígrafe, cúmpleme informar a V. E. que la Corporación de Servicios Habitacionales ha tenido especial preocupación por el problema habitacional que afecta a dichas familias, habiéndoles asignado hasta la fecha 20 sitios en la Población "San Martín" de Colin, con sus correspondientes mediaguas a un número igual de familias que se encontraban asiladas en el Centro Comunitario de la Población "Juan Antonio Ríos".

Dios guarde a V. E. (Fdo.) : Andrés Donoso Larraín."

47.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE LA VIVIENDA Y URBANISMO

"Nº 1673. Santiago, 22 de agosto de 1969.

Ha recibido esta Secretaría de Estado su oficio Nº 1, de 28 de mayo ppdo., por el que el Honorable Diputadodon Samuel Fuentes Andrade, solicita que este Ministerio aplique el artículo 87 de la ley Nº 17.072, que favorece a damnificados por el sismo y maremoto de 1960 en Puerto Saavedra y Toltén.

Al respecto cúmpleme informar a V. E. que la disposición citada ordena a la Corporación de la Vivienda otorgar títulos gratuitos de dominio sobre los terrenos que se adquirieron para la reubicación de los pueblos afectados por el sismo de 1960, las comunas de Puerto Saavedra y Toltén, y también sobre las viviendas definitivas o de emergencia construidas con sus recursos.

La atribución legal conferida a esta Corporación supone la posibilidad de transferir bienes que están en el dominio de la Corppración de la Vivienda, pero no, puede hacerse extensiva a aquellos que salieron de su patrimonio.

Dicho precepto no consulta la facultad de extinguir por remisión las obligaciones de pagar saldos de precio de predios ya vendidos.

En consecuencia, procede otorgar título de dominio en las referidas poblaciones, respecto de los inmuebles que están en el patrimonio de la Corporación de la Vivienda.

De conformidad a lo anteriormente expuesto, y al mandato conferido por escritura de fecha 23 de noviembre de 1967, por la Corporación de la Vivienda a la Corporación de Servicios Habitacionales, que la faculta para transferir y suscribir escrituras de cesión y transferencia a título gratuito en el caso que una ley general o especial así lo ordene, esta última institución ha impartido las instrucciones necesarias para que se otorgue estos títulos de dominio, sin ser necesario la dictación de un reglamento para la aplicación de la disposición citada.

Dios guarde a V. E. (Fdo.) : Andrés Donoso Larraín."

48.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE LA VIVIENDA Y URBANISMO

"Nº 1674. Santiago, 22 de agosto de 1969.

En relación a su oficio Nº 316, de 20 de junio de 1969, recaído en una petición del Honorable Diputadodon Camilo Salvo Inostroza, referente a que se adopten las medidas necesarias a objeto de iniciar la construcción de 35 casas para los empleados particulares de la ciudad de Curacautín, provincia de Malleco, me permito informar a V. E. que se encuentra listo el proyecto para la construcción de 32 viviendas por la Caja en la citada localidad; proyecto que se llevará a efecto en el año 1970.

Sin embargo, este Ministerio se encuentra adoptando las medidas necesarias tendientes a obtener que la mencionada obra sea contratada a fines del año en curso.

Además, me permito poner en conocimiento de V. E. que en la Programación que se contempló para la ciudad de Curacautín para el período 7071, se cuentan la adquisición de un predio de unas 5 Hás., la construcción de 25 PAP 4, 95 PAP 2, una sede social y un local comercial.

Dios guarde a V. E. (Fdo.) : Andrés Donoso Larraín."

49.-OFICIO DEL SEÑOR CONTRALOR GENERAL DE LA REPUBLICA

"Nº 52185.Santiago, 21 de agosto de 1969.

En respuesta a la presentación del rubro en la que esa Honorable Cámara de Diputados consulta acerca de la forma en que la I. Municipalidad de Rengo ha dado cumplimiento a la ley 16.591, este Organismo Contralor cumple con informar que esa materia fue uno de los puntos que comprendió la visita que practicara en dicha Municipalidad el Inspector de Servicios de esta Contraloría don Carlos Vera Manríquez, la cual ha sido ya concluida y se encuentra en la etapa de elaboración del informe correspondiente en el que, precisamente, se analizará la inversión de los fondos provenientes de dicha ley por parte de la I. Municipalidad de Rengo.

Por lo tanto, tan pronto como dicho informe sea aprobado por el Contralor General infrascrito se remitirá copia de él a esa Honorable Cámara, para los efectos de poner en su conocimiento todos los antecedentes relativos a la situación que concita su interés.

Dios guarde a V. E. (Fdo.) : Héctor Humeres M."

50.-INFORME DE LA COMISION DE CONSTITUCION, LEGISLACION Y JUSTICIA.

"Honorable Cámara:

Vuestra Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, pasa a informaros un proyecto de ley de origen en una moción de los señores Basso, CADEMARTORI, señora Lazo, doña Carmen; Monckeberg, Morales y Urra, que modifica el artículo 149 de la ley Nº 10.336, Orgánica de la Contraloría General de la República.

Durante el estudio de esta iniciativa, la Comisión acordó invitar al señor Ministro de Hacienda, don Andrés Zaldívar Larraín, al señor Contralor General de la República, don Héctor Humeres M.; al señor Fiscal de la Contraloría, don Arturo Aylwin Azócar, y a la Directiva de la Asociación de Empleados de dicho organismo, representada por su Presidente, don Alfonso Castillo, los que concurrieron y expusieron sus puntos de vista sobre el particular.

El señor Ministro de Hacienda, cuestionó la procedencia constitucional de la iniciativa, la que en su concepto vulneraría el inciso tercero del artículo 45 de la Constitución Política del Estado, ya que la disposición contenida en la moción tiene por objeto suprimir en el artículo 149 de la ley 10.336, la frase final "con aprobación del Presidente de la República", lo que significa que en el futuro las remuneraciones del personal de la Contraloría serán fijadas por el Contralor General, encuadrándose dentro de las cantidades que la ley General de Presupuesto de la Nación y leyes especiales contemplan para el mantenimiento de la Contraloría.

Sostuvo el señor Ministro de Hacienda, que el objetivo fundamental del proyecto era permitir aumentos de rentas a un personal perteneciente a un Servicio de la Administración del Estado.

Además, representó el señor Ministro de Hacienda, que una iniciativa de esta naturaleza podría provocar desórdenes y alteraciones en la política de remuneraciones que un Gobierno, en su calidad de Administrador del Estado quisiere establecer y mantener en un momento determinado.

El señor Contralor General de la República, don Héctor Humeres, expresó, en su concepto, que esta iniciativa venía a satisfacer una aspiración del Servicio y de su personal, porque implica una consagración de su autonomía e independencia.

Los representantes de la Asociación de Empleados que concurrieron a la Comisión expresaron que todo el personal esperaba la aprobación de esta iniciativa, que implica una definición institucional sobre la naturaleza y función de la Contraloría; que todas las bases, incluso la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) respaldan estas aspiraciones.

Manifestaron que estaban ciertos que el Supremo Gobierno apoyaría esta iniciativa, ya que así como se reconoce la eficacia de la labor de la Contraloría y de su personal, es obvio, también, que se les reconozca el derecho a que el Contralor sea el que tenga la facultad de fijar las plantas y sueldos y no esté sujeto a la decisión o voluntad del Presidente de la República.

Es interesante destacar que en virtud de las facultades concedidas por el artículo 202 de la ley 13.305, de 6 de abril de 1969, se autorizó al Presidente de la República para reorganizar, a proposición del Contralor General los servicios de la Contraloría.

El D.F.L. Nº 42, de 16 de noviembre de 1959, declaró en reorganización la Contraloría y fijó la planta y remuneraciones del personal de esa repartición.

En el artículo 4º del referido D.F.L. Nº 42, se estableció que la Ley General de Presupuesto consultaría, en sumas globales, los fondos necesarios para subvenir los gastos que demande la mantención del servicio de la Contraloría, cantidad ésta que no podría ser inferior al 0,39% del monto del presupuesto anual de gastos que señala dicha ley incluyendo las remuneraciones del personal.

El artículo 5º prescribió que el Contralor, encuadrándose en esa suma debía fijar anualmente el presupuesto de gastos y entradas y las remuneraciones del personal de su dependencia, con aprobación del Presidente de la República.

El D.F.L. Nº 68, de 1º de febrero de 1960, fijó la renta máxima mensual que podían recibir los funcionarios de los servicios referidos, en el artículo 202 de la ley 13.305, en Eº 750 mensuales, sin perjuicio de los reajustes generales que se establezcan por ley.

La ley 14.832, de 24 de enero de 1962, introdujo en su artículo lº diversas modificaciones a la ley 10.336, Orgánica de la Contraloría, de 29 de mayo de 1952, y el artículo 3º de ella facultó al Presidente de la República, a propuesta del Contralor, para fijar un texto coordinado, sistematizado y refundido de la citada ley 10.336.

En uso de esta facultad, el Presidente de la República, por Decreto 2.241, de 10 de julio de 1964, fijó el texto actual de la ley 10.336, cuyo artículo 149, se modifica en esta oportunidad.

La Contraloría General de la República fue creada el 26 de marzo de 1927, a proposición de la Misión Kemmerer, por el Decreto 400 bis, dictado en virtud de las facultades concedidas por la ley Nº 4.113, la que le dio amplias atribuciones y revistió de la mayor independencia posible para el eficaz ejercicio de sus funciones.

En sus orígenes, el personal de la Contraloría General de la República gozaba de las más altas rentas asignadas a los funcionarios de la Administración Pública. Ellas estaban por encima de la de los Ministros de la Corte Suprema.

Posteriormente, con motivo de la aprobación de la ley 7.727, de 23 de noviembre de 1943, se dio a la Contraloría General de la República consagración constitucional y se le reconoció en el artículo 21, de la Carta Fundamental, su calidad de organismo autónomo.

Concordante con esta enmienda, se modificó el artículo 39 de la Constitución Política del Estado, con el objeto de incluir en la letra c), de la atribución primera de la Cámara de Diputados, la de poder acusar constitucionalmente al Contralor General de la República, por notable abandono de sus deberes.

La evolución institucional y el aumento de la actividad del Estado en los más diversos campos, han provocado necesariamente, un aumento de las funciones de control y de fiscalización de la Contraloría General de la República.

La naturaleza de la labor que desarrolla esta entidad, requiere que dicho organismo cuente con un personal idóneo y altalmente especializado, el que se encuentra sujeto a un régimen intensivo de trabajo, con prohibición de ejercer libremente sus respectivas profesiones y en virtud de un convenio directo con la Jefatura del Servicio, tiene una jornada de 8 horas, en circunstancias que aquéllos que se encuentran encasillados en la planta profesional, sólo estarían obligados a tener una de 6 horas diarias. La labor de este personal es sólo compatible con la Cátedra Universitaria.

La Contraloría General de la República, en virtud de lo dispuesto en el artículo 148 de su Ley Orgánica, tiene un presupuesto global, de hasta el 0,39%, del monto del Presupuesto Anual de Gastos de la Nación de cada año.

La Contraloría, en el hecho, jamás ha tenido a su disposición la totalidad de esos recursos, ni tampoco se le ha entregado el 0,39% del Presupuesto de Gastos en Moneda Extranjera y los porcentajes se han calculado sobre el presupuesto inicial, sin considerar los suplementos anuales, como se demuestra en el cuadro que se inserta a continuación.

De acuerdo con el citado artículo 148, los excedentes que se produzcan anualmente en el ejercicio presupuestario de la Contraloría General de la República pasan a Rentas Generales de la Nación.

En el gráfico que se inserta a continuación, se hace un estudio comparativo pre

supuestario y de inversión de los recursos de la Contraloría, entre los años 1960 a 1968, en el cual se señala el excedente, con el valor porcentual que anualmente la Contraloría ha devuelto a Rentas Generales de la Nación.

El Organismo Contralor, que como se ha expresado, debe estar dotado de un personal idóneo y especializado. Debido a las limitaciones de rentas a que está afecto no puede remunerar adecuadamente a sus servidores, y es así como se ve frente a un éxodo de su personal, con grave detrimento para el eficaz desempeño de sus funciones.

En los últimos dos años y medio, han abandonado el servicio más de 40 funcionarios: 19 abogados, 6 administradores públicos, 4 Vistas de Aduana y en septiembre de 1969, se irán los dos únicos que quedan en la actualidad; el Servicio cuenta sólo con un ingeniero, lo que es absolutamente insuficiente para el control de las obras públicas, de las inversiones, de los presupuestos, de los estados de pago, de la ejecución de las mismas, etc.

Los Concursos para proveer los cargos de Auditores y de Contadores, que deben realizar delicadas funciones de control técnico, de auditoría y de examen de cuentas de los servicios públicos y de empresas del Estado deben ser declarados desiertos, porque no se presentan oponentes suficientemente preparados, sino que profesionales recién egresados y carentes de experiencia.

La Contraloría está empeñada en modernizar la contabilidad pública, mediante la implantación de los sistemas de computación electrónica; para ello necesita contratar personal especializado de operadores, perfoverificadores, analistas y otros, y no cuenta con los recursos necesarios para ello.

El problema de la falta de personal puede revistir graves caracteres si no se le da una pronta solución. Es así como a partir de septiembre de 1969, la Contraloría quedará sin Vistas de Aduana, porque estos funcionarios prefieren retornar a dicho Servicio, que la Contraloría controla, en el cual perciben mayores rentas.

Como se dijo anteriormente, la Contraloría gozaba en sus orígenes de las más altas rentas de la Administración Pública,

y éstas por las limitaciones legales se han ido deteriorando en términos tales, que dentro de los servicios e instituciones descentralizados, en un análisis promedio de remuneraciones, ocupa el undécimo lugar y en el conjunto de servicios e instituciones descentralizados y de la Administración Pública, comprendidos en la Ley de Presupuesto ocupa, a esta fecha, de un total de 52 reparticiones, el vigésimo segundo lugar, conforme se demuestra en los dos cuadros que se insertan a continuación.

Servicios e instituciones descentralizados. Promedio de remuneraciones.

Se expresó en la Comisión que la aprobación de la planta y remuneración del personal, debe ser discutida y analizada en forma detallada, grado por grado, con el señor Ministro de Hacienda y, en último término con el Presidente de la República.

El proyecto en informe permitirá agilizar la labor de la Contraloría, ya que facultará al Contralor para remunerar debidamente a sus funcionarios, contratar personal especializado, a honorarios, etc.

De mantenerse la actual situación en esta materia, puede hacerse ilusoria, en la práctica, la autonomía que el Constituyente y el legislador quisieron otorgar a la Contraloría, ya que podría ocurrir en cualquier momento que el Presidente de la República impusiere el criterio de fijar al personal de dicho Organismo una renta ínfima, que provocare la renuncia del personal y que, en definitiva, resultare a la postre absolutamente inoperante como organismo fiscalizador.

Es interesante destacar que el D.F.L. Nº 211, de 6 de abril de 1960, dictado en virtud de la ley 13.305, que estableció las normas por las cuales debía regirse la Corporación de Fomento de la Producción, en su artículo 13, dispuso que los sueldos del personal serían fijados por el Presidente de la República, a propuesta del Vicepresidente Ejecutivo, previo acuerdo del Consejo.

El artículo 6? de la ley 17.025, de 8 de noviembre de 1968, derogó todas las disposiciones del D.F.L. Nº 211 de 1960, que otorgaban ingerencia al Presidente de la República, en la fijación de las remuneraciones y formación de la planta del personal de la Corporación de Fomento de la Producción.

Se expresó en el seno de la Comisión que no existe temor alguno que pueda hacerse un uso indebido de la facultad que se dará ahora al Contralor General de la República ya que se mantienen vigentes todas las normas legales y constitucionales que permiten hacer efectiva las responsabilidades políticas, civiles y criminales que pudieren proceder en tal evento.

La mayoría de la Comisión estimó que no era atendible el reparo formulado por el señor Ministro de Hacienda, acerca de la constitucionalidad de la moción; que ella agilizará la función de la Contraloría, que consagrará su autonomía e independencia constitucional, que pondrá término a la poco recomendable situación de que el administrador o fiscalizador tenga que depender, aún indirectamente, en el proceso de fijación de la planta y de los sueldos del personal, del fiscalizado o administrado, como ocurre en la especie, pese a que, en el juego político hasta la fecha no ha creado problemas, porque los Presidentes de la República, han ejercido en forma mesurada esta facultad.

Por todas estas consideraciones y las que os dará a conocer el señor Diputado informante, vuestra Comisión, os recomienda la aprobación del siguiente

Proyecto de ley

"Artículo único. Reemplázase el artículo 149 de la ley 10.336, cuyo texto refundido fue fijado por Decreto Nº 2.241, de 10 de julio de 1964, del Ministerio de Hacienda, por el siguiente:

"Artículo 149.El Contralor General, encuadrándose dentro de las cantidades que la Ley General de Presupuestos y leyes especiales contemplen para el mantenimiento de la Contraloría, fijará anualmente el presupuesto de entradas y gastos del Servicio y las remuneraciones del personal de su dependencia, sin que el ejercicio de esta facultad signifique disminución de estas últimas".".

Sala de la Comisión, 20 de agosto de 1969.

Acordado en sesiones 7ª y 8ª, de 13 y 20 de agosto respectivamente con asistencia de los señores Fuentes , don César Raúl (Presidente); Concha, señora Lazo, doña Carmen; Lorca, Maira, Maturana, Merino, Millas, Morales, Naudon, Tejeda, Undurraga y Zaldívar.

Se designó Diputado Informante al señor Orlando Millas Correa.

(Fdo.): Clodomiro Bravo Michell, Secretario de Comisiones."

51.-INFORME DE LA COMISION DE CONSTITUCION, LEGISLACION Y JUSTICIA

"Honorable Cámara:

La Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, pasa a dar cuenta de los acuerdos adoptados respecto a las modificaciones introducidas por el Honorable Senado, al proyecto de ley que modifica los Códigos Penal y de Justicia Militar en lo relativo a la pena de muerte.

La Corporación, en sesión 33ª, ordinaria, celebrada en martes 19 de agosto de 1969, acordó enviar el proyecto a esta Comisión para los efectos de lo dispuesto en el artículo 200 del Reglamento Interior y le fijó para tal efecto un plazo de 7 días.

La Comisión durante el estudio de las modificaciones contó con la asistencia del señor Subsecretario de Justicia, don Alejandro González, y del Asesor Jurídico del mismo Ministerio, don Guillermo Piedrabuena.

La Comisión después de estudiar cada una de las modificaciones se pronunció sobre ellas y les prestó su aprobación, con excepción de la enmienda introducida al artículo 108 del Código Penal, que se modifica por el artículo lº del proyecto, la que rechazó.

En conformidad con el artículo 200 del Reglamento Interior, vuestra Comisión, recomienda a la Cámara la aprobación de todas las enmiendas introducidas a los artículos 66, 68, 90, 91, 106, 107, 109, 331, 391, 433, 434 y 474 del Código Penal que, por el artículo lº del proyecto se modifican, y de los artículos 241, 244, 245, 262, 263, 272, 281, 282, 287, 303, 330, 331, 339, 341, 350 y 351 del Código de Justicia Militar, que se modifican por el artículo 29 del proyecto y los dos artículos nuevos transitorios que se agregan.

La Comisión recomienda el rechazo de la enmienda propuesta por el Senado al artículo 108 del Código Penal, que se modifica por el artículo lº del proyecto.

Nos referiremos someramente a las modificaciones introducidas por el Senado.

Para el estudio de ellas es necesario tener a la vista el Boletín Comparado Nº 10.856S, en el que se contiene el texto del proyecto aprobado por la Cámara y las enmeindas introducidas por el Senado en el Segundo Trámite Constitucional.

ARTICULO 1º

(Modificaciones al Código Penal)

Artículo 66

El actual inciso segundo de este artículo obliga al Juez aplicar el máximo de la pena, si habiendo una agravante no concurre ningún atenuante, la que en el hecho, teóricamente, podría llegar a la pena de muerte.

La Cámara suprimió esta parte del artículo con el objeto de impedir, lo que está consagrado como principio, que no debe aplicarse la pena de muerte por agravación.

La enmienda del Senado, reemplaza la supresión aprobada por la Cámara e incorpora una frase que faculta al Juez para no aplicar la pena de muerte en tal caso, vale decir cuando no existiendo atenuantes, hubiera una agravante que pudiere hacer obligatoria la dictación de una condena a muerte.

La Comisión estimó que esta enmienda es más adecuada al espíritu que informa al proyecto, en orden de ampliar las facultades del Juez para la aplicación de la pena capital y evitar que éste se vea en la necesidad inexorable de aplicarla por un mandato legal imperativo, y la aprobó.

Artículo 68

Este en su inciso cuarto dispone que no concurriendo atenuantes y habiendo dos o más agravantes el Juez puede imponer la pena superior en grado, al máximo de los designados por la ley.

Si el máximo fuera la de muerte, deberá imponer necesariamente dicha pena.

Esta norma del artículo 68, se refiere al caso de las penas que constan de dos o más grados, sea que lo formen una o dos penas indivisibles y uno o más grados de otras divisibles; o diversos grados de penas divisibles. Ejemplo del primer caso: presidio mayor en su grado medio a muerte, y del segundo: presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado medio.

En un caso de esta naturaleza, habiendo dos agravantes el Juez podría aplicar el máximo de la pena, y como está obligado a elevarla en un grado, pasa a ser la de muerte.

La enmienda del Senado reemplaza la modificación introducida por la Cámara que había suprimido la parte final del inciso cuarto del artículo 68, y exime al Juez de la obligación perentoria de imponer la pena capital.

Por la misma razón dada respecto a la enmienda al artículo 66, la Comisión aprobó por unanimidad la modificación introducida por el Senado y así lo recomienda a la Sala.

Artículo 90

La modificación introducida por el Senado al Nº 1º del artículo 90, es meramente formal.

Dicha disposición, en el texto vigente, establece la incomunicación con personas extrañas al establecimiento penal, respecto de los condenados a presidio, reclusión a prisión, que quebranten las condenas impuestas.

La Cámara redujo a 180 días dicha incomunicación y sustituyó "año" por "180 días" cuando debió haber dicho "un año".

Por esta razón, la Comisión aprobó por unanimidad la enmienda y así lo recomienda a la Cámara.

Artículo 91

La Comisión aprobó sin debate esta modificación que es concordante con el espíritu del proyecto.

Artículo 106

Este precepto sanciona al que conspirare contra la seguridad exterior del Estado, desde dentro del país.

Este delito actualmente es castigado con presidio mayor en su grado máximo a muerte. Si a consecuencia de él se han seguido hostilidades se impone al culpable la pena de muerte.

La enmienda de la Cámara redujo la pena de muerte a la de presidio mayor en su grado máximo a perpetuo y en el caso de haber seguido hostilidades, la pena podrá elevarse hasta la de muerte.

La modificación del Senado mejora la redacción del precepto aprobado por la Cámara e incorpora una nueva idea que hace aplicables estas penas a los chilenos, aun cuando la conspiración haya tenido lugar fuera del territorio de la República.

La Comisión aprobó la enmienda y así recomienda hacerlo a la Sala.

Artículo 107

Actualmente sanciona con presidio mayor en su grado máximo a muerte el delito de traición a la patria que comete el chileno que milita contra su patria bajo bandera enemiga.

La Cámara acordó rebajar la pena de muerte a la de presidio mayor en su grado medio a perpetuo.

El Senado estimó que el delito es de tal gravedad que el tope de la pena debe ser muerte, por lo que en definitiva el Tribunal podrá aplicar una pena comprendida entre presidio mayor en su grado máximo a muerte y se le da al Juez flexibilidad para imponer la condena que estime más conveniente, ya que no está necesariamente obligado a aplicar la pena capital, de acuerdo con el mecanismo y espíritu del proyecto.

La Comisión aprobó la modificación.

Artículo 108

Sanciona a todo individuo que sin actuar a nombre y con autorización de potencia extranjera hiciere armas contra Chile amenazando la independencia e integridad. Actualmente se impone la pena de presidio perpetuo a muerte.

La Cámara bajó la pena de muerte a la de presidio mayor en su grado máximo a perpetuo.

El Senado acordó rebajarla aún más, o presidio mayor en su grado medio.

La Comisión estimó que la gravedad de este delito era de tal magnitud, que no se justificaba reducir su penalidad y por unanimidad acordó el rechazo de la enmienda y así lo recomienda a la Sala.

Artículo 109

Este artículo sanciona actualmente con la pena de presidio mayor en su grado máximo a muerte, cuyo tope la Cámara redujo a presidio perpetuo, al que "impidiere que las tropas de la República, en tiempo de guerra extranjera reciban auxilio de caudales, armas, municiones de boca o de guerra, equipo o embarcaciones, o los planos, instrucciones o noticias provenientes para el mejor desarrollo de la guerra".

El Senado ha suprimido en el inciso transcrito la expresión "en tiempo de guerra" y ha ampliado en consecuencia el ámbito de la aplicación de la norma.

En el inciso final sanciona con la pena de muerte al funcionario público, agente o comisionado del Gobierno de la República que hubiere cometido los delitos que menciona el artículo 109.

La Cámara reemplazó la expresión "si el delincuente fuere funcionario público" por "si el delito se cometiere en tiempo de guerra por chileno funcionario público" y la expresión "sufrirá pena de muerte" por "con grave perjuicio para la causa nacional, la pena podrá elevarse hasta la de muerte".

El Senado reemplazó la enmienda introducida a este inciso por la sustitución de las palabras "sufrirá la pena de muerte" por "la pena podrá elevarse hasta la de muerte".

La Comisión aprobó por unanimidad la enmienda e igual cosa recomienda a la Corporación.

Artículo 331

Este precepto sanciona actualmente el abandono intencional, por causar daño a alguna de las personas que van en trenes, al maquinista, conductor a guardafrenos, con las penas de los artículos 323, 324 y 325, aumentadas en un grado.

La Cámara estableció que el aumento de la penalidad impuesto por la ley pasa a ser facultativo.

El Senado reemplazó la enmienda y le otorgó al Tribunal la facultad de poder elevar la pena hasta la de muerte.

La redacción aprobada por la Cámara implica modificar el artículo 326, del Código que sanciona con la muerte al culpable de un accidente ferroviario, si del mismo resultare la muerte de alguna persona.

La modificación del Senado le da una mayor elasticidad al Juez para la dictación de la sentencia y la imposición de la pena que estime más conveniente.

Por estas consideraciones vuestra Comisión aprobó la enmienda introducida por el Senado y recomienda a la Sala que adopte el mismo criterio.

Artículo 391

Esta disposición sanciona con la pena de presidio mayor en su grado máximo a muerte, el homicidio calificado.

La Cámara rebajó el tope máximo de la pena a presidio perpetuo.

El Senado rechazó la enmienda de la Cámara, porque estima que técnicamente ella es necesaria, y porque atendida la gravedad del delito el Juez debe tener la facultad de recorrer toda la escala desde presidio mayor en su grado máximo a muerte.

La Comisión compartió el criterio del Senado y aprobó la enmienda que consiste en rechazar la modificación aprobada por la Cámara y así lo recomienda a la Sala.

Artículo 433

Este precepto sanciona el robo con violencia o intimación en las personas.

El Nº 1 actual dispone la pena de presidio mayor en su grado medio a muerte, si con ocasión del robo con violencia se cometiere además homicidio, violación o lesiones graves de las referidas en los artículos 395, 396 y 397 Nº 1.

La Cámara acordó formular una distinción.

Estableció la pena de presidio mayor en su grado máximo a muerte si con ocasión del robo se comete además homicidio con premeditación, alevosía o ensañamiento.

Estableció en el Nº 2, que propuso la Cámara, la pena de presidio mayor en su grado medio a presidio perpetuo, cuando se cometiere homicidio (simple), violación o lesiones graves de las referidas en los artículos 395 a 397 Nº 1 del Código, que antes estaban sancionadas con una pena que iba de presidio mayor en su grado medio a muerte.

Finalmente, creó un Nº 3, en el cual sanciona con presidio mayor en cualquiera de sus grados, cuando las víctimas fueren retenidas bajo rescate o por más de un día, o se cometieren lesiones de las que trata el Nº 2 del artículo 397. Antes esta figura estaba sancionada con presidio mayor en su grado mínimo a perpetuo.

El Senado rechazó la enmienda por estimar que las modificaciones que se proponen, no dicen relación con la idea central del proyecto, de limitar la aplicación de la pena de muerte. Asimismo, consideró que en lo relativo al cambio de penalidad, ellas no se justifican, porque se trata de penas divisibles, compuestas de varios grados y aunque la superior fuere la de muerte, el Juez no está obligado a aplicarla, en virtud de las enmiendas introducidas a los artículos 66 y 68.

Por estas consideraciones la Comisión aprobó la modificación del Senado, que consiste en rechazar la enmienda introducida por la Cámara al artículo 433 del Código Penal y así lo recomienda a !a Sala.

Artículo 434

Este precepto sanciona la piratería con la pena de presidio mayor en su grado mínimo a muerte.

El Senado reemplazó el máximo de la pena por presidio perpetuo.

El Senado por las mismas razones dadas respecto del artículo 433 desechó la enmienda, ya que el objetivo del proyecto se mantiene, sin necesidad de alterar la penalidad, en virtud de la enmienda de los artículos 66 y 68, que no obligan al Juez a imponer la pena capital.

Artículo 474

Esta disposición, en su inciso primero, sanciona con la pena de presidio mayor en su grado máximo a muerte, al que incendiare un tren, buque o cualquier lugar, causando la muerte de una o más personas cuya presencia pudo prever.

La Cámara mantuvo la pena de muerte en tal caso; pero la condicionó a que el homicidio se hubiere cometido con premeditación, alevosía o ensañamiento.

Dispuso, asimismo, que si se produce muerte pudiendo el hechor prever la presencia de personas en el lugar, la pena será de presidio mayor en su grado máximo a perpetuo.

El inciso segundo, actualmente sanciona con presidio mayor en su grado máximo a perpetuo, cuando resulte mutilación o lesión grave a consecuencia del incendio intencional. La Cámara rebajó el mínimo de la pena a presidio mayor en su grado medio a perpetuo.

El Senado desechó la enmienda por estimar que no se justifica, de acuerdo al propósito del proyecto, ni tampoco la distinción formulada y, que, aun cuando se mantenga la pena de muerte, ello no obliga al Juez aplicarla, en virtud de las enmiendas anteriores aprobadas.

Asimismo, la Comisión estimó que la enmienda aprobada por la Cámara incorpora en el precepto un elemento subjetivo que será muy difícil de acreditar y que es propio de otra figura delictiva, la del homicidio calificado sancionado en el Nº 1 del artículo 391.

Por estas consideraciones la Comisión aprobó el rechazo de la modificación introducida por la Cámara al artículo 474 y así recomienda a la Sala que lo haga.

ARTICULO 2?

(Modificaciones al Código de Justicia Militar)

Artículo 241

El actual inciso segundo del Código de Justicia Militar dispone que el condenado a muerte será fusilado inmediatamente después de degradado.

La Cámara suprimió dicha norma.

El Senado rechazó la supresión y, en consecuencia, mantiene la norma vigente, de que si se condena a muerte se degrada previamente y ejecuta acto seguido.

La Comisión deliberó sobre este punto y llegó a la conclusión de que era más lógico mantener la situación actual, porque resultaba poco recomendable diferir el cumplimiento de la pena de muerte y es más oprobioso para el condenado primero degradarlo, dejar pasar un tiempo en que se le mantiene en esa situación

ignominiosa para su honor militar, y posteriormente ejecutarlo.

Cabe hacer presente además que la degradación es una pena accesoria de la pena de muerte y de las condenas a prisión o reclusión perpetuo, sean militares u ordinarias, según el artículo 233 del Código de Justicia Militar.

Por estas consideraciones la Cámara aprobó la enmienda del Senado, que consiste en definitiva en mantener vigente el inciso segundo del actual texto legal, y así recomienda hacerlo a la Cámara.

Artículo 244

Este precepto sanciona con la pena de muerte, previa degradación, al militar que cometiere alguno de los crímenes contra la seguridad exterior y soberanía del Estado, previstos en los artículos 106, 107, 108 y 109 del Código Penal. La pena será de presidio militar perpetuo a muerte cuando tales delitos se cometan en contra de aliados de la República que obra en contra del enemigo común.

La Cámara sustituyó la pena de muerte por presidio mayor en su grado máximo a muerte, cuando se trate de delitos contra la seguridad exterior y soberanía del Estado, y por presidio mayor en su grado medio a muerte, cuando se cometan en contra de aliados de la República.

El Senado, en definitiva, aprobó la misma penalidad; sólo dio una nueva redacción, que es técnicamente más adecuada, y suprimió la degradación previa establecida en el texto vigente.

La Comisión aprobó esta enmienda meramente formal y así lo recomienda a la Cámara.

Artículo 245

Esta norma sanciona al militar que incurriere en los actos de traición que se describen en el precepto, con la pena única de muerte.

La Cámara reemplazó la pena de muerte como única, por presidio militar mayor en su grado máximo a muerte.

El Senado sustituyó la enmienda y le dio una redacción que la Comisión estimó más adecuada, manteniendo la misma penalidad aprobada por la Cámara.

La Comisión aprobó la modificación del Senado y recomienda que así proceda la Sala.

Artículo 262

Este precepto sanciona con la pena de presidio mayor en su grado medio a máximo, previa degradación, al militar que efectúe actos de saqueo u otros de violencia grave contra las personas. Prescribe la pena de muerte si a consecuencia de ello se provoca el fallecimiento de una persona.

La Cámara sustituyó la pena de muerte que se impone en el inciso segundo, por la de presidio perpetuo y estableció que si el homicidio se hubiere cometido con premeditación, alevosía o ensañamiento, la pena podría elevarse hasta la de muerte respecto de los autores.

El Senado incorporó en el inciso primero una enmienda que consiste en suprimir la degradación previa, por las razones anteriormente expresadas. La enmienda introducida por la Cámara que reemplazó la pena de muerte por presidio perpetuo, la sustituye por la de presidio mayor en su grado máximo a muerte.

Suprimió la segunda parte, por el elemento subjetivo que implica en tal caso y, demás, porque constituye un delito de homicidio calificado que puede quedar incriminado en otra norma.

La Comisión compartió el criterio del Senado y aprobó la enmienda, por lo que le recomienda a la Cámara que adopte igual actitud.

Artículo 263

Este artículo sanciona al que despoja de sus vestidos o efectos a un herido o prisionero. Dispone que puede aplicarse hasta la pena de muerte si se provoca la pérdida de la vida del herido, a consecuencia de las lesiones que se le puedan causar por tal acción.

La Cámara rebajó la pena, que puede elevarse hasta la de muerte por la de presidio mayor en su grado medio o presidio perpetuo.

Agregó un nuevo inciso que dispuso que si la muerte del herido se causa con premeditación, alevosía o ensañamiento, la pena podrá elevarse hasta la de muerte.

El Senado desechó la enmienda de la Cámara, porque el propósito perseguido por la ley, es establecer la pena da muerte como tope máximo a que puede llegar el Juez, sin que esté necesariamente obligado a aplicarla, lo que se logra perfectamente con la norma actualmente vigente.

La Comisión aprobó la modificación del Senado que desecha la de la Cámara y recomienda a la Sala adopte el mismo criterio.

Artículo 272

El precepto actual sanciona, en el inciso segundo, con la muerte al militar que incurra en infracciones a los deberes militares que merecen la calificación de sedición o motín, cuando el delito se comete frente al enemigo, en el cuartel o en las demás circunstancias que describe la ley.

La Cámara reemplazó la pena de muerte por la de presidio militar mayor en su grado máximo a muerte.

El Senado reemplazó el encabezamiento del inciso segundo por otro que contiene la misma penalidad aprobada por la Cámara; pero, que excluye la figura "o ejerciendo violencia contra los superiores" contenida en la ley vigente; porque esa figura se encuentra incriminada en otra disposición.

La Comisión aprobó la enmienda y así le recomienda proceder a la Sala.

Artículo 281

Este artículo sanciona con la pena de presidio perpetuo a muerte al que en campaña, violentare o maltratare de obra a un centinela, guarda o fuerza armada.

La Cámara suprimió la expresión "muerte", con lo que la pena quedó en presidio perpetuo.

El Senado remplazó el artículo y establece gradualidad de las penas que podrán aplicarse, según sea la gravedad del atentado, calificado por el resultado, si hay muerte, lesiones graves, menos graves, o aun cuando no se causaren éstas.

La Comisión aprobó la modificación.

Artículo 282

Sanciona al que cometiere violencia contra el centinela cuando no es en campaña.

La pena vigente es presidio mayor en su grado mínimo a muerte, si causa lesiones graves o la muerte.

La Cámara estableció que sería de presidio mayor en su grado mínimo a perpetuo.

Incorporó una disposición en virtud de la cual si la muerte de la víctima se causare con premeditación, alevosía o ensañamiento la pena podrá elevarse hasta la de muerte.

El Senado aprobó la primera enmienda; mas, no la segunda.

La razón que tuvo, es que considera que la enmienda aprobada por la Cámara restringe la figura delictiva a los casos en que se causare la muerte dolosamente y no comprendería hipotéticamente los casos en que mediare culpa de parte del agente.

Este es el fundamento expresado en la Comisión del Senado por los profesores de Derecho Penal señores Daniel Schweitzer y Alfredo Etcheberry y los Auditores Generales del Ejército.

La Comisión aceptó el criterio del Senado y así lo recomienda a la Cámara.

Artículo 287

Esta norma actualmente sanciona con la muerte, previa degradación, al militar que con ocasión de un combate huya, se amotine para obtener la rendición, etc.

La Cámara rebajó la pena de presidio militar perpetuo a muerte.

El Senado suprimió la degradación previa, por las razones dadas al analizar el artículo 241 y por lo prescrito en el artículo 233 del Código de Justicia Militar.

La Comisión aprobó la enmienda y así lo recomienda a la Sala.

Artículo 303

Este artículo sanciona en la actualidad con la muerte al Comandante o Jefe que abandone su unidad sin motivo legítimo en presencia del enemigo o comprometiendo la seguridad del Ejército.

La Cámara reemplazó la pena de muerte por "reclusión militar en su grado máximo a muerte".

El Senado reemplazó la pena de "reclusión" por "presidio".

La diferencia entre "presidio" y "reclusión" está señalada por el artículo 32 del Código Penal. La de presidio, impone la obligación de ejecutar los trabajos establecidos en los Reglamentos Carcelarios. La reclusión no contempla esta obligación.

La Comisión aprobó la modificación del Senado.

Artículo 330

Esta es una nueva disposición incorporada por el Senado.

El precepto actual sanciona al militar que con motivo de cumplir una orden superior o en el ejercicio de sus deberes militares ejerciere violencia o rigor innecesario, con la pena de reclusión militar menor en su grado máximo a medio.

El precepto propuesto por el Senado establece una gradualidad según sea la gravedad del mal causado.

La Comisión aprobó la enmienda del Senado.

Artículo 331

Actualmente sanciona con reclusión militar menor en su grado mínimo a medio o con la destitución o separación del servicio, al militar que maltratare de obra a un inferior. Si hubiere causado la muerte se le aplicaría el máximo de la pena señalada por el Código Penal.

La Cámara mantuvo la disposición y agregó una frase final al último inciso, que sanciona hasta con la pena de muerte, si se hubiere causado con premeditación, alevosía o ensañamiento.

El Senado reemplazó el artículo por otro que establece una penalidad progresiva según la gravedad del maltrato causado.

La Comisión aprobó la modificación del Senado.

Artículo 339

Esta disposición sanciona al que maltrate de obra a un superior, causándole lesiones graves o la muerte, con la pena de muerte si fuere frente al enemigo y con presidio mayor en su grado medio a muerte, si es en tiempo de guerra o en otras circunstancias descritas por la propia ley.

La Cámara rebajó la pena de muerte para el primer caso a presidio perpetuo; para el segundo, a presidio mayor en su grado medio a perpetuo.

El Senado reemplazó totalmente el artículo, que difiere del aprobado por la Cámara. En primer término, en que amplía la escala de penalidad desde presidio mayor en su grado máximo a muerte y no establece como pena única la de presidio perpetuo.

El Nº 2 del artículo, lo mantuvo en la misma forma aprobada por la Cámara.

El Nº 3, quedó en los mismos términos en que está actualmente redactado el artículo 339 vigente.

El nuevo inciso que sanciona la muerte causada con premeditación, alevosía o ensañamiento el Senado no lo contempló por las razones anteriormente dadas.

La Comisión aprobó esta enmienda.

Artículo 341

El Senado incorporó una nueva disposición, que sustituye este artículo, que sanciona al militar que en tiempo de guerra maltratare a un superior sin causarle lesiones graves o la muerte.

El objeto de esta enmienda es concordar el articulado del Código de Justicia Militar, con la modificación introducida al artículo 339, ya que de no modificarse el artículo 341, resultaría que el delito de maltrato de obra en tiempo de guerra, si causare la muerte o lesiones graves al ofendido, tendrá una pena inferior que cuando el mismo delito produzca lesiones menos graves, o leves o lisa y llanamente no cause lesiones.

Por esta razón, se sancionará el delito con la pena de presidio mayor en su grado medio a máximo y no como ahora acurre, con la pena de presidio mayor en su grado medio a muerte.

La Comisión aprobó la modificación.

Artículo 350

Este precepto impone la pena de muerte, previa degradación, si es militar, al que incendiare o destruyere por medio de explosivos algún establecimiento militar de las Instituciones Armadas.

La Cámara reemplazó la pena de muerte por una escala más amplia que va de presidio perpetuo a muerte.

El Senado, en esencia, aprobó la modificación de la Cámara, pero suprimió la degradación previa, si es militar, por las razones ya analizadas.

La Comisión aprobó la enmienda.

Artículo 351

Este artículo en su inciso segundo, en la actualidad sanciona hasta con la muerte al que causare el fallecimiento o lesiones graves de una persona al destruir, por otros medios distintos de los explosivos, un edificio militar.

La Cámara reemplazó el inciso segundo, por el que da constancia el boletín comparado, en la página 24, que establece la pena de presidio perpetuo si se causare la muerte o lesiones graves y la pena de presidio perpetuo a muerte, si la muerte de una persona se causó con premeditación, alevosía o ensañamiento.

El Senado rechazó la modificación y propone mantener el texto vigente en el inciso segundo del artículo 351.

La razón del rechazo radica en que en concepto de los profesores de Derecho Penal, como se dijo anteriormente, se restringiría la figura delictiva sólo a los casos de muerte dolosa y no para el caso en que hipotéticamente mediare culpa de parte del agente.

La Comisión aprobó el rechazo de la modificación acordada por el Senado.

ARTICULOS TRANSITORIOS

Artículo lº

El Senado aprobó un artículo lº transitorio.

La ley Nº 17.155, de 11 de junio de 1969, que modificó el Código Penal en lo relativo a los delitos contra la salud pública, en su artículo 11, reactualizó la cuantía de las penas de multas; pero, omitió hacerlo en el Código de Justicia Militar.

El artículo lº establece un reajuste de las multas del Código de Justicia Militar, las que se elevan al triple de su valor actual y se contempla el sistema de reajuste automático de la citada ley Nº 17.155.

La Comisión aprobó el artículo nuevo propuesto.

Artículo 2º

Este artículo permitirá en el futuro actualizar las ediciones del Código de Justicia Militar, con las multas que se reajustarán automáticamente de acuerdo con el sistema del artículo 12 de la ley Nº 17.155.

La Comisión aprobó este nuevo artículo y recomienda a la Sala que haga lo mismo respecto de él.

En consecuencia, resumiendo lo expresado, vuestra Comisión os recomienda la adopción de los siguientes acuerdos:

ARTICULO 1º

(Código Penal)

Respecto de las modificaciones introcidas por el Senado a los artículos 66, 68, 69, 90, 91, 106 y 107, os recomienda su aprobación.

Respecto de la enmienda al artículo 108, os recomienda su rechazo.

Respecto de las modificaciones introcidas a los artículos 109, 331, 391, 433, 434 y 474, os recomienda su aprobación.

ARTICULO 2º

(Código de Justicia Militar)

Respecto de las modificaciones del Senado a los artículos 241, 244, 245, 262, 263, 272, 281, 282, 287, 303, 330 nuevo, 331, 339, 341 nuevo, 350 y 351, os recomienda su aprobación.

Asimismo, os recomienda la aprobación de los artículos 1° y 2° transitorios nuevos introducidos por el Senado.

Sala de la Comisión, 23 de agosto de 1969.

Acordado en sesión 9ª, celebrada en jueves 21 de agosto de 1969, con asistencia de los señores César Raúl Fuentes (Presidente) , de la señora Lazo, doña Carmen; Maturana, Merino, Millas, Morales, Naudon y Zaldívar.

Se designó Diputado informante al señor César Raúl Fuentes (Presidente).

(Fdo.) : Clodomiro Bravo Michell, Secretario de Comisiones."

52.-INFORME DE LA COMISION DE CONSTITUCION, LEGISLACION Y JUSTICIA

"Honorable Cámara:

Vuestra Comisión de Constitución, Legislación y Justicia pasa a informaros la consulta formulada por el señor Presidente de la Cámara de Diputados, acerca de si la moción presentada por los señores Héctor Olivares Solís y Gerardo Espinoza y doña Carmen Lazo, que establece una nueva jornada de trabajo para el personal que labora en faenas mineras y crea Consejos de Seguridad Industrial y Minera, vulnera lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 45 de la Constitución Política del Estado.

La Comisión procedió a examinar las disposiciones del proyecto que motiva la consulta, que pudieren merecer tal reparo constitucional.

Del análisis del articulado es evidente que el precepto cuestionado es el artículo 7º, que crea Consejos de Seguridad Industrial y Minera en diversas ciudades del país.

Para la acertada inteligencia del problema se transcribe a continuación el citado artículo:

"Artículo 7ºCréanse, con sede en las ciudades de Iquique, Antofagasta, Copiapó, La Serena, Rancagua y Concepción, Consejos de Seguridad Industrial y Minera, los cuales estarán constituidos por un representante del Departamento de Higiene Industrial del Servicio Nacional de Salud, quien lo presidirá; un representante obrero y otro empleado de los sindicatos de los minerales de la provincia respectiva y un representante patronal de las empresas mineras de las mismas provincias.".

La cuestión que se suscita al tenor de lo prescrito en el inciso tercero del artículo 45 de la Carta Fundamental, es que si los Consejos que se crean por la referida disposición constituyen un nuevo servicio público.

El Derecho Administrativo, tanto en la práctica como en la doctrina dada pollos autores y también la jurisprudencia, es unánime en sostener que "servicio público" es un órgano o entidad de la Administración Pública de que se vale el Estado para satisfacer una necesidad pública.

Para estar en presencia de un servicio público es necesaria la concurrencia copulativa de ciertos elementos básicos o típicos, entre los cuales cabe señalar, preferentemente, los cuatro siguientes:

a) Que tenga por objeto satisfacer una necesidad pública;

b) Que posean elementos humanos, agentes, con estructura jerárquica para el cumplimiento de su cometido;

Que el servicio esté sujeto a un régimen jurídico especial; y

Que cuente con un patrimonio afecto al cumplimiento de tales fines. Vale decir que tenga los recursos económicos necesarios para satisfacer una necesidad pública.

Si se examina la disposición contenida en el artículo 7º del proyecto, se llega a la conclusión que no concurren respecto de ella estos cuatro requisitos, sino que estamos en presencia de sólo algunos de ellos.

Las disposiciones de los artículos 8º y 9º, señalan las atribuciones y funciones que le corresponden a estos Consejos, que en esencia, son realizar visitas inspectivas, recibir denuncias y formularlas ante las autoridades encargadas de velar por la seguridad industrial y minera, las que deberán aplicar y hacer cumplir las sanciones que se impongan por tales servicios y no se entrega tal atribución a los Consejos.

Asimismo, la Comisión al estudiar la consulta tuvo a la vista los antecedentes de la historia fidedigna del establecimiento de la ley Nº 16.581, de lº de diciembre de 1966, que estableció una jornada especial de trabajo para los obreros del carbón, conocida con el nombre de "lámpara a lámpara".

Dicho proyecto tuvo su origen en una moción de los Diputados señores Alberto Jerez, Albino Barra, Jorge Montes, Galvarino Meló, Fermín Fierro y Gilberto Pantoja, la que fue tramitada a la Comisión de Trabajo y Legislación Social.

Durante la discusión en la Comisión, en la sesión 7ª, celebrada el 29 de julio de 1965, se formularon entre otras indicaciones las mismas disposiciones que actualmente se contienen en los artículos 7º, 8º, 9º y 10 del proyecto que motiva la consulta, las cuales fueron aprobadas por asentimiento unánime.

La Cámara de Diputados lo aprobó en los mismos términos en que lo hizo la Comisión y también el Senado.

El Congreso Nacional envió al Presidente de la República dicho proyecto para su promulgación y éste lo observó y por la vía del veto sustitutivo, en definitiva se publicó un texto legal que no contiene las disposiciones que originalmente aprobó el Congreso Nacional y que se proponen nuevamente en este proyecto que motiva la consulta. Durante toda su discusión y tramitación en el Congreso Nacional, en ningún momento se cuestionó la procedencia constitucional de las disposiciones que ahora se proyectan nuevamente.

Por todas estas consideraciones y las que os dará a conocer el señor Diputado informante, vuestra Comisión de Constitución, Legislación y Justicia evacúa la consulta formulada en el sentido de que el proyecto de origen en una moción de los señores Héctor Olivares, Gerardo Espinoza y de doña Carmen Lazo, y de otros señores Diputados que establece una nueva jornada de trabajo para el personal que labora en faenas mineras y crea Consejos de Seguridad Industrial y Minera, no vulnera el inciso tercero del artículo 45 de la Constitución Política del Estado.

Sala de la Comisión, a 21 de agosto de 1969.

Acordado en sesión de esta fecha, con asistencia de los señores Fuentes, don César (Presidente), señora Lazo, doña Carmen; Maturana, Merino, Millas, Morales, Naudon y Zaldívar.

Se designó Diputado informante al señor Alberto Naudon.

(Fdo.) : Clodomiro Bravo Michell, Secretario de Comisiones".

53.-INFORME DE LA COMISION DE CONSTITUCION, LEGISLACION Y JUSTICIA

"Honorable Cámara:

Vuestra Comisión de Constitución, Legislación y Justicia pasa a informaros la consulta formulada por los señores Diputados Cabello, Campos, Monckeberg, Ríos Ríos, RuizEsquide Jara y Tapia, acerca de si a los parlamentarios de profesión médicocirujano les afectaría alguna prohibición de orden constitucional o legal para ejercer su profesión dentro del "Sistema de Libre Elección", establecido por la Ley de Medicina Curativa.

La Comisión analizó las disposiciones de la actual ley de Medicina Curativa Nº 16.781, de fecha 2 de mayo de 1968 y, particularmente, el inciso segundo del artículo 6º que establece el denominado "sistema de libre elección", que permite a los profesionales atender a los pacientes que los elijan.

El artículo 10 de la citada ley prescribe que el pago de estas prestaciones se hará por el Servicio Médico Nacional de Empleados a través del Colegio Profesional a que pertenezcan. .

El artículo 14 de la misma norma crea un Fondo de Asistencia Médica con diversos aportes y recursos, entre los que figuran porcentajes sobre las remuneraciones imponibles del empleado, sobre las remuneraciones imponibles de los afiliados a las Cajas, sobre las pensiones que pagan dichos organismos, etc.

El artículo 5° faculta a los beneficiarios para solicitar préstamos para cubrir los pagos por las diferencias que puedan adeudar con motivo de las prestaciones médicas que requieran.

De lo expuesto se desprende que el pago que se efectúa a los profesionales que atienden bajo el régimen de "libre elección" es un honorario, cuyos valores provienen de un Fondo de Asistencia Médica, que se financia con aportes de los imponentes y de las instituciones de previsión o con préstamos que el Servicio Médico Nacional de Empleados le otorga a éstos para el pago de las prestaciones médicas que requieran.

El artículo 29 de la Constitución Política del Estado consagra las incompatibilidades, que son:

Entre los cargos de Diputados y Senador;

Entre las funciones parlamentarias con las de representantes de las Asambleas Provinciales y las de Regidores, y

Con todo empleo público retribuido con fondos fiscales o municipales y con toda función o comisión de la misma naturaleza.

El artículo 3º de la ley Nº 14.631, de 21 de septiembre de 1961, precisó el concepto de funciones o comisiones de la misma naturaleza para los efectos de lo dispuesto en los artículos 29 y 30 de la Constitución Política del Estado y estableció que son "las que se desempeñen como consejeros, directores o empleados en instituciones o empresas fiscales, autónomas o de administración autónoma, personas jurídicas creadas por dicha ley en que tenga intervención el Fisco, por aportes de capital, designación de miembros de los Directorios o Consejos, o participación de utilidades y filiales de las instituciones ya mencionadas".

El artículo 30 de la Carta Fundamental, en su inciso primero, consagra las incapacidades que constituyen prohibiciones o impedimentos para que los parlamentarios, desde el momento de su elección hasta seis meses después de expirado en sus cargos, puedan ser nombrados para funciones, comisiones o empleos públicos retribuidos con fondos fiscales o municipales.

Frente al problema planteado la Comisión consideró que la atención profesional que pueda prestarse a un beneficiario de la ley Nº 16.731, de acuerdo con el "sistema de libre elección", no constituye empleo, función ni comisión remunerados con fondos públicos o municipales, ni tampoco se encuentra comprendida en alguna de las situaciones descritas en el artículo 3º de la ley Nº 14.631.

La atención que prestan estos profesionales se remunera a honorarios y no existe vínculo de dependencia alguna, desde el punto de vista del derecho laboral ni administrativo, con la entidad que actúa de intermediaria para el pago a través del Colegio Profesional respectivo o que efectúa el pago con fondos provenientes del Fondo de Asistencia Médica, que se financia con cotizaciones impositivas de diversos sectores o que paga las atenciones médicas con los préstamos que pueda otorgar el Servicio Médico Nacional de Empleados.

Por estas consideraciones y las que os dará a conocer en su oportunidad el señor Diputado informante, vuestra Comisión evacúa la consulta formulada en el sentido de que no existe incompatibilidad ni incapacidad para que los parlamentarios de profesión médico cirujano puedan ejercer su profesión de acuerdo al sistema de libre elección, establecido por la ley de Medicina Curativa Nº 16.781, de 2 de mayo de 1968.

Sala de la Comisión, 21 de agosto de 1969.

Acordado en sesión de igual fecha, con asistencia de los señores Fuentes, don César (Presidente) ; señora Lazo, doña Carmen; Maturana, Merino, Millas, Morales, Naudon y Zaldívar.

Se designó Diputado informante al señor Alberto Zaldívar Larraín.

(Fdo.) : Clodomiro Bravo Michell, Secretario de Comisiones".

54.-INFORME DE LA COMISION DE EDUCACION PÚBLICA

"Honorable Cámara:

La Comisión de Educación Pública pasa a informar el proyecto de ley, remitido por el H. Senado, por el cual se conceden nuevos recursos económicos al Instituto de Literatura Chilena, dependiente de la Universidad de Chile.

Esta entidad de promoción literaria fue creada en el mes de septiembre del año 1960, en virtud del Decreto Supremo Nº 12.953, por iniciativa del Decano de la Facultad de Filosofía y Educación de la Universidad de Chile en esa época don Eugenio González Rojas y con la elevada finalidad de dar satisfacción a los justificados anhelos y requerimientos de ensayistas, maestros, escritores y de todos cuantos están vinculados a la labor de creación literaria en el país.

La escasez de los fondos asignados y la limitación del personal de que dispone, no han impedido, sin embargo, que este Instituto haya logrado realizar una abnegada y fructífera actividad de difusión y de análisis crítico, histórico y comparativo de la producción literaria nacional. Es así como entre los aspectos destacados de sus principales iniciativas pueden mencionarse la publicación de diversos trabajos de tipo antológico y monográfico tales como el Repertorio del Teatro Chileno, la Evolución de la Crítica Literaria en Chile y la Antología del Cuento Chileno, e igualmente, la formación de un Fondo Bibliográfico que alcanza hoy a 13.000 volúmenes y que ha sido estimulado en forma valiosa por las donaciones de obras de eminentes escritores chilenos como Marta Brunet, Ricardo Latcham, Benjamín Subercaseaux, Juan Marín y otros.

Además, mediante la publicación regular de su Boletín, que ya ha alcanzado 14 números, el Instituto ha cumplido una importante labor de divulgación en Chile y en el extranjero, de los trabajos de alto interés literario que ha dirigido y realizado desde su creación.

Pero la falta de medios económicos origina a esta institución graves dificultades y apremios en el cumplimiento de sus importantes objetivos literarios, y le ha impedido proseguir su labor en las condiciones adecuadas, pues carece, por ejemplo, de un edificio que reúna las condiciones mínimas de comodidad para acoger al público, investigadores y estudiosos que acuden a informarse y a revisar las obras y colecciones que dicha entidad reúne y conserva ni dispone de los recursos que faciliten la elaboración de nuevas ediciones de obras literarias y específicamente, el enriquecimiento de la Biblioteca de Autores Chilenos, que reviste primordial importancia para el estudio de la literatura nacional.

Dicho de otro modo, los propósitos que inspiraron la fundación del Instituto de Literatura Chilena quedarían prácticamente desvirtuados a no mediar el pronto otorgamiento de mayores recursos económicos para la prosecución eficiente de sus actividades de divulgación de los valores literarios nacionales.

La Comisión de Educación Pública estimó de la mayor oportunidad y procedencia esta iniciativa legal, que consta de un artículo único en el cual se dispone la entrega al Instituto de Literatura Chilena, por intermedio de la Universidad de Chile, de un aporte anual equivalente al 10% de los ingresos que la Editorial

Jurídica de Chile perciba en virtud de la ley Nº 8.737, de 6 de febrero de 1947, fondos que deberán destinarse íntegramente a los fines propios del mencionado Instituto. En el inciso segundo del mismo artículo único se preceptúa que los recursos correspondientes serán entregados por la Editorial Jurídica de Chile dentro de los 30, días siguientes a su percepción real y en el caso de que ésta se verifique en forma parcial, la entrega de los fondos al Instituto podrá ser materializada del mismo modo.

La Comisión, luego de estudiar los efectos y proyececiones del proyecto en informe, procedió a prestarle su aprobación con la misma redacción propuesta por el H. Senado, y acordó recomendar a la Honorable Cámara de Diputados su despacho en los siguientes términos

Proyecto de ley:

"Artículo único. La Editorial Jurídica de Chile deberá entregar a la Universidad de Chile un aporte anual equivalente al 10% de las entradas que cada año perciba en virtud de lo dispuesto en la ley Nº 8.737. Este aporte será destinado íntegramente al financiamiento del Instituto de Literatura Chilena de la Universidad de Chile para el cumplimiento de sus fines.

La Editorial Jurídica deberá poner a disposición de la Universidad de Chile el aporte a que se refiere el inciso anterior dentro de los 30 días siguientes a la percepción efectiva de los recursos. La entrega podrá ser parcial, cuando la Editorial perciba también en forma parcial sus entradas.".

Sala de la Comisión a 14 de agosto de 1969.

Aprobado en sesión de igual fecha con asistencia de los señores Muñoz (Presidente) ; Amunátegui; Andrade; Carrasco ; Koenig; Palestro; Recabarren; Retamal, doña Blanca; Ríos, don Mario; Salinas, don Anatolio; Soto y Tavolari.

Diputado informante se designó al señor Muñoz (Presidente).

(Fdo.) : Ricardo Valdés Zeballos, Secretario de la Comisión".

55.-INFORME DE LA COMISION DE HACIENDA

"Honorable Cámara:

La Comisión de Hacienda pasa a informar el proyecto de ley, originado en una moción del señor Fuentealba, don Clemente, que declara exentas del impuesto a las compraventas a las frutas frescas y deshidratadas y al queso de cabra.

El artículo 18 de la ley Nº 12.120, sobre Impuesto a las Compraventas enumera diversas especies o artículos que estarán exentos del gravamen dispuesto en ese cuerpo legal. La letra a) del número 1) del precepto aludido, consulta las "frutas y verduras frescas" entre las mercancías no afectas al impuesto.

El propósito de este proyecto es agregar a la lista consultada en la letra a) del Nº 1 del citado artículo 18, una frase intercalada que permita hacer aplicable la exención de este precepto a las frutas deshidratadas, pero sólo referida a la producción de empresas que elaboren menos de 1.000 kilogramos anuales de dicha mercadería.

Mediante esta modificación de la Ley de Impuesto a las Compraventas, se desea dar un tratamiento tributario especial a todos aquellos pequeños agricultores que trabajan limitadas extensiones de terrenos y hacen producir sus predios con mucho esfuerzo y sacrificio. Ellos se encuentran en condiciones desiguales frente a los empresarios agrícolas que realizan las faenas de desecación de sus productos con procedimientos mecánicos, lo que no ocurre respecto de los primeros que generalmente practican esta labor por medios caseros.

Igual situación se presenta con el pequeño agricultor o campesino que produce queso de cabra. Por ello, también se propone en el proyecto de ley en informe, que se les exima de la contribución establecida en el Título I de la ley Nº 12.120.

Se hizo presente en la Comisión que este proyecto, de convertirse en ley, sería altamente beneficioso, en especial para los pequeños agricultores y campesinos de la región llamada Norte Chico, que han sufrido los efectos de una prolongada sequía con la consecuencial disminución de sus cosechas frutales.

La Comisión aprobó por unanimidad el proyecto, y recomienda a la H. Cámara que, si lo tiene a bien, lo despache en los siguientes términos,

Proyecto de ley:

"Artículo único. Agrégase al artículo 18 Nº 1, letra a) de la ley Nº 12.120 sobre Impuesto a las Compraventas, modificado por el artículo 33 de la ley Nº 16.466, después de la frase "evaporada o en polvo" la siguiente frase "queso de cabra".

Agrégase a la misma letra a) Nº 1 del artículo 18 de la misma ley, sobre Impuestos a las Compraventas, después de la palabra "frutas", la siguiente frase: "frescas y deshidratadas". Después del punto y coma (;) que se reemplaza por un punto (.), consultar en punto seguido la siguiente frase: "La exención de impuesto para las frutas deshidratadas sólo operará cuando se trate de empresas que produzcan menos de 1.000 kilos anuales.".

Sala de la Comisión, 22 de agosto de 1969.

Acordado en sesión; de fecha 20 del presente, con asistencia de los señores Cerda (Presidente), Acevedo, Alessandri, doña Silvia; Alessandri, don Gustavo; Cabello, CADEMARTORI, Fuentealba, don Clemente; Lazo, doña Carmen; Lavandero. Maira, Phillips y Urra.

Se designó Diputado informante al señor Fuentealba, don Clemente.

(Fdo.) : José Vicencio Frías, Secretario de la Comisión".

56.-INFORME DE LA COMISION DE HACIENDA

"Honorable Cámara:

La Comisión de Hacienda emite su informe respecto del proyecto de ley, originado en una moción de la señora Retamal, que autoriza la importación y libera de gravámenes la internación de dos vehículos destinados a la Congregación de las Pequeñas Hermanas Misioneras de la Caridad, Obra don Orione.

La Comisión no tuvo reparos en aprobar por unanimidad este proyecto de ley, habida especial consideración a la importante contribución que entrega a la comunidad la institución religiosa a quien se favorece con la liberación; reconoció, además como se expresa en la moción, el extraordinario aporte a la educación, a la orientación y al desarrollo y promoción comunitarios que hace la referida Congregación. Por estos motivos dio su asentimiento para el despacho de esta iniciativa legal.

No obstante, con el propósito de mantener el principio de que estas liberaciones no pueden significar el desfinanciamiento paulatino de instituciones estatales que intervienen o participan en el proceso de internación de especies importadas al país, y como lo ha hecho en repetidas oportunidades, la Comisión eliminó la frase de la moción que hace extensiva la liberación al pago de los derechos "de almacenaje y de los impuestos establecidos en el Decreto Nº 2.772 de 18 de agosto de 1943 y sus modificaciones".

Atendidas las razones y antecedentes expuestos, la Comisión de Hacienda recomienda la aprobación del proyecto en informe, concebido en los siguientes términos:

Proyecto de ley:

"Artículo único.- Autorízase la importación y libérase del pago de derechos de internación, y, en general, de todo derecho o impuesto que se perciba por las Aduanas, a dos vehículos Super Custom HandiBus G. M. C. de Luxe, modelo GS 1630X de 1969, carrozados 108" entre ejes, motor de seis cilindros en línea, adquiridos por la Congregación de las Pequeñas Misioneras de la Caridad Obra don Orione, y destinados a las Escuelas Particulares Nº 290 "Mater Dei" y Nº 164 "Carmen Arriarán", de Santiago".

Si dentro del plazo de cinco años contado desde la vigencia de esta ley, las especies a que se refiere este artículo fueren enajenadas a cualquier título o se les diere un destino distinto del específico, deberán enterarse en arcas fiscales, los derechos e impuestos, del pago de los cuales esta ley libera, quedando solidariamente responsables de su integro, las personas o entidades que intervengan en los actos o contratos respectivos.".

Sala de la Comisión, 22 de agosto de 1969.

Acordado en sesión de fecha 20 de agosto de 1969, con asistencia de los señores Cerda (Presidente), Acevedo, Alessandri, doña Silvia; Alessandri, don Gustavo ; Cabello, CADEMARTORI, Fuentealba, don Clemente; Lazo, doña Carmen; Lavandero, Maira, Phillips y Urra.

Se designó Diputado informante al señor Urra.

(Fdo.) : José Vicencio Frías, Secretario de la Comisión".

57.-INFORME DE LA COMISION DE DEFENSA NACIONAL, EDUCACON FISICA Y DEPORTES

"Honorable Cámara:

La Comisión de Defensa Nacional, Educación Física y Deportes, tomó conocimiento y prestó su aprobación a un proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que otorga determinados beneficios al personal de Astilleros y Maestranzas de la Armada (ASMAR).

La Comisión durante la discusión de esta iniciativa legal, contó con la colaboración del señor Subsecretario de Marina, Capitán de Navio (R), don Sergio Aguirre MacKay. Asimismo, por unanimidad, acordó citar a una reunión, para conocer sus inquietudes, a los representantes de la "Asociación de Unión Obreros y Empleados de Asmar" y al señor Director de Astilleros y Maestranzas de la Armada, Contralmirante, don Ismael Huerta Díaz,

A indicación de varios señores Diputados, la Comisión acordó considerar este proyecto de ley conjuntamente con la moción de los señores Agurto, Jerez, Jaque y Montes, que autoriza al Presidente de la República para efectuar aportes extraordinarios a los Astilleros y Maestranzas de la Armada.

El Presidente de la República el 2 de abril de 1960 y en uso de las facultades que le confiere el artículo 72, Nº 13, de la Constitución Política del Estado y el artículo 202 de la ley Nº 13.305, promulgó el Decreto con Fuerza de Ley Nº 321, publicado en el Diario Oficial el 6 del mismo mes y año, por el cual se creó una persona jurídica denominada "Astilleros y Maestranzas de la Armada", como una empresa del Estado, de administración autónoma y cuya actividad principal es la de reparar, carenar y construir unidades navales para la Armada de Chile. Asimismo, se le autoriza para realizar las mismas faenas en las naves nacionales o extranjeras cuando la industria privada no esté en condiciones de hacerlo.

Esta Empresa del Estado está formada por las plantas industriales de los Arsenales, Diques, Varaderos y Maestranzas que tenía el Fisco, antes de la dictación de este D.F.L., en Valparaíso, Talcahuano y Magallanes y las que estimó conveniente crear en virtud de las disposiciones legales que le dieron existencia jurídica.

Los Astilleros y Maestranzas de la Armada tiene dos escalafones, uno formado por el personal destinado por la Superioridad Naval, servicios que son considerados para todos los efectos legales como cumplidos en una Repartición o Unidad Naval y, el otro, formado por empleados y obreros contratados con cargo a sus propios recursos, que se rijen por las disposiciones del Código del Trabajo, los empleados y por las normas de la ley número 10.383, los obreros, respectivamente.

La creación de esta Empresa de administración autónoma significó para los empleados y obreros de las ex instituciones fusionadas la pérdida de diversos beneficios que disfrutaban antes de pasar a formar parte de los escalafones de los Astilleros y Maestranzas de la Armada. Esta situación ha producido una diferencia de remuneraciones entre los empleados y obreros civiles y los miembros de las Fuerzas Armadas que desempeñan iguales funciones o especialidades en la misma institución. Frente a esta dificultad y a las buenas rentas que perciben los trabajadores de otras industrias de la zona que tienen las mismas especialidades, los autores de las dos iniciativas han coincidido en buscar una solución que signifique un pequeño aliciente para que estos esforzados trabajadores no abandonen las filas de la Armada.

El artículo único de esta iniciativa legal en informe, aprobado por unanimidad, autoriza al Presidente de la República para poner a disposición de los Astilleros y Maestranzas de la Armada, dentro de un plazo de 30 días, la suma que se indica con el objeto de que esta Empresa pueda pagar a su personal la asignación de vivienda, la gratificación por años de servicios y el reencasillamiento de los empleados y obreros de esa industria, conforme a los estudios que realizó la Dirección de los Astilleros y Maestranzas de la Armada y los trabajadores, los que deberán ser pagados con efecto retroactivo al lº de septiembre de 1968.

Esta misma disposición establece que mientras la industria no obtenga las utilidades necesarias para efectuar estos pagos, el Presidente de la República queda facultado para efectuar los aportes de fondos con cargo al exceso del impuesto al hierro, fijado en las leyes Nº 14.688, 14.836 y 16.617.

En consecuencia, la Comisión de Defensa Nacional, Educación Física y Deportes, por unanimidad, acordó recomendaros la aprobación de la iniciativa legal en informe, en los mismos términos propuestos por el H. Senado, y que son los siguientes

Proyecto de ley:

"Artículo único. Autorízase al Presidente de la República para ordenar que, en el plazo de treinta días, se ponga a disposición de los Astilleros y Maestranzas de la Armada "ASMAR" la suma de un millón seiscientos mil escudos con el objeto de financiar el pago de asignación de vivienda, gratificación por años de servicios y el reencasillamiento de los empleados y obreros de la industria, de conformidad a los estudios realizados por la Dirección de la Empresa y los trabajadores, a contar del lº de septiembre de 1968.

Anualmente, y mientras la industria no obtenga las utilidades suficientes para solventar los beneficios a que se refiere el inciso anterior, el Presidente de la República queda autorizado para efectuar los aportes de fondos necesarios.

El gasto que demande la aplicación de este artículo se imputará al exceso de rendimiento del impuesto al hierro, establecido en las leyes Nºs. 14.688, 14.836 y el artículo 248 de la ley Nº 16.617.".

Sala de la Comisión, 13 de agosto de 1969.

Acordado en sesión de igual fecha con asistencia de los señores Espinoza, don Gerardo (Presidente accidental), Agurto, Avendaño, Alvarado, Cantero, Del Fierro, Tagle y Vargas.

Se designó Diputado informante al señor Agurto.

(Fdo.): Patricio Goycoolea Lira, Secretario de la Comisión."

58.-INFORME DE LA COMISION DE HACIENDA

"Honorable Cámara:

La Comisión de Hacienda, de acuerdo con lo dispuesto en el Nº 2 del artículo 72 del Reglamento, pasa a informar el proyecto del Senado, ya despachado por la Comisión de Defensa Nacional, Educación Física y Deportes, que otorga determinados beneficios al personal de Astilleros y Maestranzas de la Armada (ASMAR).

El proyecto tiene por objeto autorizar al Presidente de la República para ordenar que se ponga a disposición de los Astilleros y Maestranzas de la Armada la suma de Eº 1.600.000 para financiar el pago de asignación de viviendas, gratificación por años de servicios y el reencasillamiento de los empleados y obreros de esta industria, a contar del lº de septiembre de 1968.

Para el futuro y mientras ASMAR no obtenga las utilidades suficientes, queda facultado el Presidente de la República para efectuar los aportes de fondos necesarios para pagar los beneficios ya mencionados.

El gasto que cause la aplicación de esta ley, se imputará al exceso de rendimiento del impuesto al hierro, consultado en las leyes Nº 14.688, 14.836 y en el artículo 248 de la ley Nº 16.617.

Sobre la base del conocimiento de los antecedentes del proyecto, esto es, la moción de los HH. Senadores señores Humberto Aguirre, Víctor Contreras y Raúl Ampuero, el informe emitido por la Comisión de Defensa Nacional, Educación Física y Deportes de esta Corporación y los informes entregados por las Comisiones respectivas del Senado, esta Comisión estimó debidamente financiado el proyecto en informe. En efecto, mediante la agregación del inciso tercero, en el segundo trámite reglamentario en el H. Senado, que imputa el gasto al exceso de rendimiento del impuesto al hierro, esta Comisión juzgó que se solventaba convenientemente el mayor gasto.

Las consideraciones y antecedentes que ge expresan, movieron a esta Comisión a darle su aprobación unánime al artículo único del proyecto, en los mismos términos en que fue despachado por la de Defensa Nacional, Educación Física y Deportes.

Sala de la Comisión, 22 de agosto de 1969.

Aprobado en sesión de fecha 20 del presente, con asistencia de los señores Cerda (Presidente), Acevedo, Alessandri, doña Silvia; Alessandri, don Gustavo; Cabello, CADEMARTORI, Fuentealba, don Clemente; Lazo, doña Carmen; Lavandero, Maira, Phillips y Urra.

Se designó Diputado informante al señor Urra.

(Fdo.) : José Vicencio Frías, Secretario de la Comisión."

59.-INFORME DE LA COMISION DE SALUD PÚBLICA

"Honorable Cámara:

La Comisión de Salud Pública pasa a informar el proyecto de ley, originado en una moción del señor Cabello, por el cual se consultan recursos para la construcción de un Hospital de Niños en la ciudad de Talca.

Durante el estudio de esta iniciativa legal la Comisión contó con la presencia del Subsecretario de Salud Pública, señor Patricio Silva Garín.

La finalidad del proyecto en informe está íntimamente vinculada con un problema de tanta trascendencia como es la atención médicoasistencial de la población del país, y que respecto de las provincias de Curicó, Talca, Linares y Maule, que conforman la VII Zona de Salud, adquiere caracteres de franca alarma pública, especialmente, en lo tocante a la población infantil.

Fundamentan esta aseveración diversos estudios, informes y observaciones objetivas provenientes de autoridades y organismos de indubitado prestigio, tales como el Centro Latinoamericano de Demografía (CELADE), la Dirección de Estadística y Censos y el Anuario del Servicio Nacional de Salud.

Los antecedentes que atañen a esta materia permiten afirmar que de la población de 700 mil habitantes que, en total, reúnen las provincias de Curicó, Talca, Linares y Maule, una proporción aproximada del 40% está formada por menores de 14 años, y no obstante ello, esa extensa zona central del país, carece de un hospital dedicado exclusivamente a la atención de niños, y específicamente, a la especialidad de Ortopedia y Cirugía Infantil, objetivo para el cual solamente se dispone a la fecha de un reducido servicio de 20 camas en la ciudad de Talca, que, indudablemente, es desproporcionado a la densidad de población y al número de consultas y atenciones que reclama el sector infantil de tan extensa zona del territorio nacional, a lo que se agrega la circunstancia de que los establecimientos hospitalarios de la capital no están en condiciones de ofrecer asistencia médica de índole quirúrgica a los niños provenientes de provincias.

De acuerdo con antecedentes estadísticos extractados del Anuario del Servicio Nacional de Salud correspondiente al año 1967, sobre la base de una población de 9.000.000 de habitantes en el país, más o menos, un número de 3.600.000, vale decir, el 40%, son niños menores de 15 años, y de esta población provienen 4.653.738 consultas de carácter médicoquirúrgico realizadas en 1967, de las cuales aproximadamente 3.986.272 fueron requeridas por niños, y no obstante ello, en el día de hoy sólo existe posibilidad de atención médicoquirúrgica infantil en los establecimientos hospitalarios de Valparaíso, Santiago, Talca, Concepción, Temuco y dos o más ciudades capitales de provincia, con un número aproximado de 800 camas, que no guardan el aislamiento adecuado respecto de los enfermos adultos, como sería recomendable, puesto que los niños ofrecen una patología y clínica de características propias en razón de que su morfología, fitopatología y reacciones emocionales y psíquicas difieren sustancialmente de la de los adultos.

Situado el problema en contornos regionales, en cuanto a las provincias anteriormente mencionadas se refiere, es factible señalar que en el año 1968 se contabilizaron en esa zona 9.579 intervenciones de cirugía mayor, distribuidas en orden decreciente en la forma que en seguida se expresa: Talca, 4.403; Curicó, 2.713; Linares, 1.338; y Maule, 1.125, de las cuales los servicios hospitalarios de Talca atendieron 229 casos de cirugía mayor infantil, y se vieron compelidos a rechazar 213 requerimientos de atención por escasez de camas, médicos especialistas, disponibilidades de quirófanos, y otros factores esenciales.

De estos hechos y antecedentes fidedignos fluye nítidamente la urgente necesidad de dotar a la ciudad de Talca, aún al precio de cualquier esfuerzo o sacrificio común, de un moderno hospital destinado a la preservación de la salud del numeroso contingente infantil que habita no solamente en ese sector sino que, también, en las provincias de Curicó, Linares y Maule.

Pero aún es posible hacer acopio de mayores fundamentos en favor de esta iniciativa de bien público. Ellos se vinculan, en primer término, con la coordinación de atención de especialidad creada en la Cátedra de Cirugía y Ortopedia Infantil que el ProfesorErnesto Prieto dirige en el Hospital de Niños "Roberto del Río", de Santiago, que permite aseverar, entre otros aspectos, que el intercambio de conocimientos y enseñanzas existente entre Cátedra Hospital Regional de Talca se malogra por la ausencia de elementos materiales adecuados para el buen aprovechamiento de los grupos médicos que realizan visitas a la zona; y luego, que los egresados de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile justamente considerados entre los más idóneos del continente, no anhelan, en el aspecto general, ejercer la profesión médica en aquellos lugares o establecimientos asistenciales que carecen de los elementos materiales, equipos técnicos e instalaciones acordes con el progreso tecnológico y científico de la época.

A lo anterior se agrega que los habitantes de las cuatro provincias mencionadas merecen, también, una atención médica socializada, humana, adecuada y oportuna, como lo reclaman, fervorosamente las organizaciones más representativas de la ciudad de Talca, tales como los Centros de Madres, las Juntas de Vecinos, etc.

Asimismo, parece útil acotar que a la escasez de posibilidades de atención médico-quirúrgica infantil en Talca, se vienen a sumar algunos entorpecimientos o desajustes originados, especialmente, por la falta de coordinación existente en el aspecto médico-administrativo en las policlínicas periféricas que proporcionan sólo atención médica, y que, en definitiva, determinan el rechazo de los niños que solicitan hospitalización, por carecer de la documentación clínica correspondiente, que debe exigirse al momento de su inscripción en aquellos centros asistenciales periféricos.

Pero, en todo caso, el reducido número de niños que logran atención médica y hospitalización en Talca, deben soportar las incomodidades y deficiencias propias de un edificio ruinoso y casi insalubre, sin calefacción y con servicios de Pensionado en pésimas condiciones materiales, no obstante que son los únicos accesibles para quienes no tienen la calidad de imponentes del Servicio de Seguro Social.

Por otra parte, en cuanto se refiere a la construcción de un nuevo Hospital de Niños con capacidad para 200 camas, como lo propone la presente iniciativa de ley, cabe destacar que existen los terrenos aptos para la ejecución de las obras, colindantes con el actual Hospital Regional y de vasta extensión que permitirá construir un cuerpo de edificios verdaderamente adecuado a las necesidades de la zona.

El financiamiento de las obras se consulta sobre la base de un impuesto de dos centesimos de escudo (Eº 0,02) al kilowatthora que vende la Empresa Nacional de Electricidad (ENDESA) a la Compañía General de Electricidad Industrial de Talca y a la Compañía Nacional de Fuerza Eléctrica, en la zona de Curicó, Talca, Linares y Maule; y además, con el 50% de los recursos obtenidos por cobro de aranceles por inspección sanitaria en los mataderos de la zona de Curicó, Talca, Linares y Maule, de acuerdo lo dispuesto en el Art. 110, letra b), del Decreto Nº 725, de 11 de diciembre de 1967, del Ministerio de Salud Pública, que prestó aprobación al Código Sanitario.

Los gravámenes anteriormente indicados producirán los recursos necesarios para la realización de las obras de construcción del Hospital proyectado, según la siguiente distribución:

Venta anual de energía eléctrica por la Empresa Nacional de Electricidad S. A. en la zona de Curicó, Talca, Linares y Maule al 31 de diciembre de 1968.

El tributo de Eº 0,02 aplicado al kilowatthora vendido en las cuatro provincias mencionadas proporciona un rendimiento del orden de Eº 1.400.000 anuales.

Los fondos provenientes del 50% del producto del cobro de aranceles por inspección sanitaria en los mataderos de las provincias señaladas alcanza a una suma aproximada de Eº 600.000 al año.

En consecuencia, el monto de los recursos derivados de la aplicación de los gravámenes que sirven de base al financiamiento del proyecto, llega a un total anual de Eº 2.000.000.

Los antecedentes expuestos determinaron que la Comisión prestara su amplia aprobación al proyecto en informe, con las enmiendas que en su oportunidad se harán presente.

El artículo 1º del proyecto establece un impuesto de Eº 0,02 (dos centésimos de escudo) reajustable anualmente en la misma proporción que el índice del alza del costo de la vida, al kilowatthora que la Empresa Nacional de Electricidad S. A. (ENDESA) venda a la Compañía General de Electricidad Industrial de Talca y a la Compañía Nacional de Fuerza Eléctrica en las provincias de Talca, Maule, Linares y Curicó, y que tendrá vigencia hasta la terminación definitiva y total de los trabajos de construcción del Hospital de Niños de Talca, el cual deberá contar con capacidad para 200 camas.

Asimismo, se preceptúa que los recursos provenientes del tributo anterior deberá girarse en cada año exclusivamente para la adquisición de acciones de la Sociedad Constructora de Establecimientos Hospitalarios, la cual otorgará, dentro de sus programas de ejecución de obras, la adecuada prioridad a la construcción del Hospital antes mencionado.

En el artículo 2º se destina a los fines del proyecto el 50% de los fondos recaudados por el Servicio Nacional de Salud por concepto del cobro de los derechos arancelarios por inspección sanitaria de mataderos, en virtud de lo dispuesto en el artículo 110, letra b), del Decreto Nº 725, de 11 de diciembre de 1967, del Ministerio de Salud Pública, por el cual se aprobó el Código Sanitario. Este gravamen del 50% sólo tendrá aplicación en los mataderos situados en las cuatro provincias ya indicadas, y su producto se invertirá, igualmente, en la adquisición de acciones de la Sociedad Constructora de Establecimientos Hospitalarios para los fines señalados en el artículo lº.

El artículo 3º faculta a la Sociedad Constructora de Establecimientos Hospitalarios para contratar préstamos con el Banco del Estado de Chile cuyo producto se invertirá en el mismo objetivo de las diaposiciones anteriores. La Comisión estimó conveniente aprobar una indicación formulada a este artículo del proyecto primitivo, con el fin de suprimir la intervención del Servicio Nacional de Salud en la obtención de estos créditos bancarios, en atención a la autonomía jurídica de que goza la mencionada Sociedad.

El artículo 4º del proyecto, en concordancia con las normas previstas en el artículo 3º, autoriza al Banco del Estado de

Chile para conceder los préstamos que le solicite la Sociedad Constructora de Establecimientos Hospitalarios, en relación con esta iniciativa legal, y excluye las restricciones legales y reglamentarias que sobre la materia pudieren tener vigencia o aplicación.

La Comisión aprobó una indicación tendiente a eliminar de esta disposición la referencia que en el texto original del proyecto se hacía a las restricciones legales y reglamentarias del Servicio Nacional de Salud, por considerar que dicha referencia no tenía objetivo alguno, pues esta entidad no intervendrá en la contratación de los préstamos que se autorizan por este proyecto de ley.

Por último, las disposiciones del artículo 5º se refieren al servicio de la deuda contraída con ocasión de la contratación de los préstamos que eventualmente se obtuvieren y previenen que tanto los intereses como las amortizaciones correspondientes se pagarán por intermedio de la Caja Autónoma de Amortización de la Deuda Pública.

Artículos que en conformidad con lo dispuesto en el artículo 153 del Reglamento deberán ser conocidos, por la Comisión de Hacienda.

Artículos lº y 2º.

En consecuencia, con el mérito de las consideraciones y antecedentes expuestos, más los que, en su oportunidad, podrá ofrecer el señor Diputado informante, la Comisión de Salud Pública recomienda a la Honorable Cámara de Diputados tenga a bien prestar su aprobación en los términos que señala, al siguiente

Proyecto de ley:

Artículo lº.Aplícase un impuesto de dos centesimos de escudo (Eº 0,02), reajustable de acuerdo al alza que experimente el índice del costo de la vida, al kilowatthora vendido por la Empresa Nacional de Electricidad a la Compañía General de Electricidad Industrial de Talca y a la Compañía Nacional de Fuerza Eléctrica en la zona de Curicó, Talca, Linares y Maule, hasta la terminación total de las obras de construcción del Hospital Regional de Niños de la ciudad de Talca, con capacidad para 200 camas.

La suma recaudada por la Empresa Nacional de Electricidad deberá girarse, año a año, a la Sociedad Constructora de Establecimientos Hospitalarios S. A., con el objeto de comprar acciones de dicha Sociedad, la que dará prioridad a la construcción de un Hospital de Niños en la ciudad de Talca.

Artículo 2°.El 50% de la suma obtenida por el Servicio Nacional de Salud, de acuerdo a la letra b) del artículo 110 del Decreto Nº 725, de 11 de diciembre de 1967, del Ministerio de Salud Pública, que aprobó el Código Sanitario, y que se refiere a cobro de aranceles por inspección sanitaria de mataderos, en la zona de Curicó, Talca, Linares y Maule se empleará en la compra de acciones con el mismo fin indicado en el artículo anterior.

Artículo 3°.Para el debido cumplimiento del objetivo de la presente ley, la Sociedad Constructora de Establecimientos Hospitalarios podrá contratar uno o más préstamos en el Banco del Estado de Chile.

Artículo 4º.Facúltase al Banco del Estado de Chile para suscribir el o los préstamos a que se refiere el artículo anterior, para cuyo efecto no regirán las disposiciones restrictivas legales o reglamentarias.

Artículo 5°.El pago de los intereses y amortizaciones ordinarios y extraordinarios de la deuda se hará por intermedio de la Caja Autónoma de Amortización de la Deuda Pública, para cuyo efecto el Gerente de la Sociedad Constructora de Establecimientos Hospitalarios S. A. pondrá

a disposición de dicha Caja los fondos necesarios para cubrir estos gastos a medida que los vaya percibiendo.

Sala de la Comisión, a 23 de julio de 1969.

Aprobado en sesión de igual fecha con asistencia de los señores Cabello (Presidente) ; Acevedo; Alessandri, doña Silvia; Frei; Monckeberg; Ortega; Ríos, don Héctor; Sabat y Tapia.

Diputado informante se designó al señor Cabello (Presidente).

(Fdo.): Ricardo Valdés Zeballos, Secretario de la Comisión."

60.-INFORME DE LA COMISION DE HACIENDA

"Honorable Cámara:

La Comisión de Hacienda, de acuerdo a lo prescrito en el N° 2 del artículo 72 del Reglamento, informa el proyecto de ley, de origen en una moción del señor Cabello, ya aprobado por la Comisión de Salud Pública, que consulta recursos para la construcción de un hospital de niños en la ciudad de Talca.

En conformidad con lo dispuesto en el artículo 153 del Reglamento, la Comisión técnica señaló en su informe que solamente los artículos lº y 2º del proyecto debían ser conocidos por la de Hacienda.

Los preceptos mencionados son los que determinan la forma de financiamiento del proyecto.

El artículo 1° establece un impuesto de dos centesimos de escudo (Eº 0,02) al kilovatiohora que vende la Empresa Nacional de Electricidad a la Compañía General de Electricidad Industrial de Talca y a la Compañía Nacional de Fuerza Eléctrica en la zona de Curicó, Talca, Linares y Maule.

Se calcula que, de acuerdo con las cifras estadísticas sobre venta anual de energía eléctrica en la zona referida, el tributo establecido en el precepto en comento, aplicado en las cuatro provincias mencionadas, debe dar un rendimiento de Eº 1.400.000. al año.

Se determina, además, en el mismo artículo lº que este impuesto será reajustable, sobre la base del guarismo 0,02 de escudo, en el porcentaje de alza que experimente el índice del costo de la vida.

Las cantidades que se recauden por aplicación de este impuesto, deberán girarse año a año por la Empresa Nacional de Electricidad a la Sociedad Constructora de Establecimientos Hospitalarios, con el objeto de comprar acciones de dicha Sociedad, obligándosele a dar prioridad a la construcción de un hospital de niños en la ciudad de Talca.

La Comisión rechazó el artículo 2º del proyecto por considerar que los fondos a que se acudía en esta disposición tenían un destino ya señalado y no era propio restar recursos consultados para un fin determinado con el objeto de financiar otro distinto.

En efecto, el Servicio Nacional de Salud paga, en la actualidad, con esos fondos a los profesionales que realizan la inspección médico veterinaria de los animales que se benefician en los mataderos y frigoríficos públicos y particulares.

En resumen, la Comisión aprobó el artículo lº en los mismos términos y rechazó el artículo 2º, acuerdos ambos que adoptó por unanimidad.

Por las consideraciones precedentemente relacionadas, la Comisión de Hacienda propone a la Honorable Cámara, la aprobación del proyecto, con la siguiente modificación:

Artículo 2:

Rechazarlo.

Sala de la Comisión, 22 de agosto de 1969.

Acordado en sesión de fecha 20 de agosto del presente año, con asistencia de los señores Cerda (Presidente), Acevedo, Alessandri, doña Silvia; Alessandri, donGustavo; Cabello, CADEMARTORI, Fuentealba, don Clemente; Lazo, doña Carmen; Lavandero, Maira, Phillips y Urra.

Se designó Diputado Informante al señor Cabello.

(Fdo.) : José Vicencio Frías, Secretario de la Comisión."

61.-INFORME DE LA COMISION DE ECONOMIA, FOMENTO Y RECONSTRUCCION

"Honorable Cámara:

La Comisión de Economía, Fomento y Reconstrucción pasa a informar el proyecto, de origen en una moción del señor Koenig, por el cual se autoriza a la Corporación de Fomento de la Producción para transferir gratuitamente un inmueble al Club de Remeros "Centenario", de la ciudad de Valdivia.

En dicha ciudad, en razón de su configuración geográfica excepcional, ya que cuenta con un río apto para la navegación y para la práctica de la boga y otros deportes náuticos, y dada su proximidad al mar Pacífico, existen numerosas instituciones cultoras de estos deportes que se han destacado en los torneos nacionales e internacionales, en los que han obtenido valiosos trofeos que enaltecen al deporte nacional. Entre éstas ha jugado un importante papel el Club de Remeros "Centenario", que se ha caracterizado por el vigoroso impulso que ha dado a este deporte entre los obreros de la zona.

Ahora bien, como consecuencia de los sismos ocurridos en 1960 y del desborde del río Riñihue, los terrenos que ocupaba el club y todas sus instalaciones fueron destruidos y quedaron prácticamente inutilizados para volver a ser ocupados permanentemente. Por ello, este club no cuenta en la actualidad con una sede social ni está en condiciones de poder comprar un terreno apropiado donde instalarla y donde habilitar todos los implementos que se utilizan en el deporte del remo.

En este evento, la Corporación de Fomentó de la Producción ha tratado de solucionar el problema al club mencionado por medio de la entrega de un terreno en comodato precario; pero, por razones de orden legal precisadas en un dictamen de la Contraloría General de la República, este contrato no pudo celebrarse. No obstante, quedó de manifiesto en estas gestiones de que este organismo está llano a desprenderse de este terreno en beneficio del mencionado club y en atención a los fines deportivos y de fomento educacional que persigue.

Estas razones y el hecho de que es más conveniente y estable jurídicamente que esta institución deportiva sea propietaria del terreno en que instalará su sede y desde donde permanentemente desarrollará sus actividades, movieron a la Comisión a prestar su aprobación unánime al proyecto en informe.

En consecuencia, la Comisión propone la aprobación del proyecto a la Corporación, redactado en los mismos términos en que viene concebido, que son los siguientes:

Proyecto de ley

"Artículo único.Autorízase a la Corporación de Fomento de la Producción para ceder gratuitamente al Club de Remeros "Centenario", de la ciudad de Valdivia, el retazo de terreno de aproximadamente 6.410 metros cuadrados de superficie, individualizado como Lote Nº 1 en el plano de la subdivisión del bien raíz de su propiedad, ubicado en el sector Las Animas, Avenida España sin número, que aprobara la Ilustre Municipalidad, de Valdivia en 1968.".

Sala de la Comisión, a 21 de agosto de 1969.

Acordado en sesión de fecha 20 del presente, con asistencia de los señores Guastavino (Presidente), Aguilera, Buzeta, Frei, Irribarra, Jarpa, Riesco y RuizEsquide.

Se designó Diputado informante al señor Guastavino.

(Fdo.) : Fernando Parga Santelices, Secretario."

62.-INFORME DE LA COMISION DE LA VIVIENDA Y URBANISMO

"Honorable Cámara:

La Comisión de la Vivienda y Urbanismo pasa a informaros el proyecto de ley, de origen en una moción de los señores Olivares, Argandoña, Dueñas, Olave, Aguilera, don Luis; Sepúlveda, don Francisco; Marambio y las señoras Lazo, doña Carmen, y Allende, doña Laura, que faculta a determinados trabajadores para invertir en la adquisición de viviendas los fondos de indemnización por años de servicios.

Es de todos conocido el déficit habitacional existente en el país y los grandes esfuerzos que han realizado los distintos Gobiernos para solucionar este grave. problema. Se han dictado disposiciones legales que crean organismos para planificar, construir y asignar viviendas; asimismo, se autorizó el funcionamiento de las Asociaciones de Ahorro y Préstamos; pero el problema subsiste y repercute con más intensidad en los trabajadores, a quienes, por los bajos salarios que perciben, les resulta imposible ahorrar y reunir las condiciones que le permitan optar a un préstamo para adquirir o construir su casa habitación.

Los trabajadores han obtenido, ya sea por disposiciones legales vigentes o por convenios firmados con los empleadores o patrones, la conquista social o previsional denominada "indemnización por años de servicios", beneficio que perciben al término o caducidad del contrato de trabajo. Generalmente este beneficio es pagado cuando es pactado en forma convencional, con cargo a los fondos generales de la empresa, quedando el empresario exento del pago de la imposición determinada en el D.F.L. Nº 243, de 1953, en favor de los imponentes del Servicio de Seguro Social.

Los obreros y empleados que gozan de este beneficio de indemnización, pactado en forma convencional, ante la acumulación de fuertes cantidades de dinero que permanecen empozadas en poder de grandes firmas, acordaron solicitar la dictación de una ley que los autorice para disponer de estos fondos para la adquisición o construcción de casas.

La iniciativa legal en informe recoge esta aspiración de los trabajadores que tienen pactado con sus patrones o empleadores regímenes directos o convencionales de indemnización por años de servicios y establece en su artículo 1º que los obreros que no posean otro bien raíz, que se encuentren en la situación descrita y tengan 5 o más años de servicios, continuos o discontinuos, podrán disponer de los fondos acumulados a la fecha de su petición para destinarlos a la adquisición de sitios, casas habitación nuevas y en primera transferencia; ampliación o reparación de las mismas, siempre que vivan o la habiten el grupo familiar correspondiente a la persona que solicitó los fondos.

Esta misma disposición establece que las cantidades que soliciten los trabajadores a las empresas serán consideradas como un anticipo de los fondos a que tendrían derecho en caso de retirarse de la empresa, ya sea por renuncia voluntaria o por caducidad de contrato y siempre que sean destinados a los fines antes mencionados por intermedio de la Corporación de la Vivienda, Asociaciones de Ahorro y Préstamos o Banco del Estado.

Asimismo, dispone que los patrones o empleadores estarán obligados a conceder las cantidades a que tienen derecho los trabajadores, cuando éstos cumplan con los requisitos de 5 años de servicios o más, ya sean continuos o discontinuos y los destinen a los fines que esta iniciativa persigue.

Finalmente, los artículos 2º y 3° estatuyen que tanto el Presidente de la República como la empresa o patrón deberán, dentro de un plazo de 60 días, contado desde la fecha de publicación de esta iniciativa como ley, dictar el reglamento que determine las condiciones en que se otorgarán los beneficios y, el interno, que rija el otorgamiento de este beneficio, el que deberá ser aprobado por los Servicios del Trabajo y por el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo.

Esta iniciativa legal, en virtud de lo dispuesto en el artículo 72 del Reglamento, estaba tramitada a la Comisión de Hacienda, porque su artículo 2º fijaba un impuesto de 1% a las transferencias de bienes raíces urbanos o rurales cuyo precio de venta sea igual o superior a 100 mil escudos.

Esta Comisión rechazó la disposición comentada y estima que ha desaparecido la razón legal para el trámite de la Comisión de Hacienda.

Por las consideraciones expuestas y las que en su oportunidad dará a conocer el señor Diputado informante, la Comisión de la Vivienda y Urbanismo, por unanimidad, acordó recomendar la aprobación del proyecto de ley en informe, concebido en los siguientes términos:

Proyecto de ley

"Artículo 1º Los trabajadores que no posean otro bien raíz y que tengan pactado con sus patrones o empleadores regímenes directos o convencionales de indemnización por años de servicios o auxilio extraordinario, y que tengan cinco años o más de servicios continuos o discontinuos en ellas, podrán disponer de los fondos acumulados por este concepto a la fecha de su petición, para destinarlos a la adquisición de sitios, casa habitación, en primera transferencia; ampliación o reparación de las mismas y que destinen a su propia vivienda.

Las sumas que los trabajadores ocupen de acuerdo a lo dispuesto en el inciso anterior se considerarán un anticipo y no interrumpirá la continuidad de sus servicios.

Los patrones o empleadores estarán obligados a aceptar y entregar a los trabajadores que reúnan los requisitos de esta ley, las sumas de dinero correspondientes.

Las operaciones de compra y las destinadas a la ampliación o reparación de las viviendas deberán hacerse exclusivamente por intermedio de la Corporación de la Vivienda, de Asociación de Ahorro y Préstamos o del Banco del Estado, pudiendo servirse de los sistemas que con tal objeto tienen establecido dichos organismos.

Artículo 2º El Presidente de la República dictará en el plazo de 60 días un reglamento que determine las demás condiciones en que se otorgará este beneficio.

Artículo 3º En cada empresa y dentro del plazo de 60 días, deberá elaborarse el reglamento interno que rija el otorgamiento de este beneficio, en forma tal que se dé preferencia a los trabajadores con mayor número de cargas familiares y mayor antigüedad. Con este objeto, el sindicato respectivo y el patrón o empleador elaborarán el proyecto que deberá ser aprobado por los Servicios del Trabajo y el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo".

Sala de la Comisión, a 19 de agosto de 1969.

Acordado en sesión de igual fecha, con asistencia de los señores Millas (Presidente), Amunátegui, Araya, Baltra, doña Mireya; Guerra, Jaque, Monares, Sanhueza, Tagle y Tudela.

Diputado informante se designó al señor Tudela, don Ricardo.

(Fdo.) : Patricio Goycoolea Lira, Secretario."

63.-OFICIO DE LA COMISION ESPECIAL INVESTIGADORA DE LA SOCIEDAD GANADERA TIERRA DEL FUEGO

"Nº 1.Santiago, 20 de agosto de 1969.

Tengo a honra comunicar a V. E. que la Comisión Especial encargada de estudiar e investigar diversos hechos relacionados con la Sociedad Ganadera Tierra del Fuego, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 70 del Reglamento de la Corporación, procedió a constituirse y eligió Presidente al que suscribe.

Dios guarde a V. E.(Fdo.) : Tolentino Pérez Soto, Presidente.Luis Pinto Leighton, Secretario de la Comisión."

64.-OFICIO DE LA COMISION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

"Nº 51.Santiago, 21 de agosto de 1969.

La Comisión de Trabajo y Seguridad Social acordó dirigir oficio a V. E., con el objeto de que, si lo tiene a bien, se sirva arbitrar las medidas necesarias para uniformar el criterio con que se tramitan los diversos proyectos de ley que se presentan en esta Corporación.

Dios guarde a V. E.(Fdo.) : Héctor Olivares Solís, Presidente.Fernando Errázuriz Guzmán, Secretario."

65.-OFICIO DE LA COMISION DE HACIENDA

"Nº 17.Santiago, 21 de agosto de 1969.

La Comisión de Hacienda, en sesión de fecha 20 del presente, acordó solicitar a V. E. que, si lo tiene a bien, se sirva recabar el asentimiento de la Sala para que se le prorrogue hasta el 2 de septiembre el plazo que le señaló la Corporación para

el despacho del proyecto de ley, en tercer trámite constitucional, que autoriza al Banco del Estado de Chile para convenir la conversión de los créditos otorgados desde la vigencia de la ley Nº 16.253, en créditos reajustables de fomento.

Lo que tengo a honra poner en conocimiento de V. E.

Dios guarde a V. E.(Fdo.) : Eduardo Cerda GARCIA, Presidente.José Vicencio Frías, Secretario de la Comisión."

66.-MOCION DE LOS SEÑORES VALENZUELA, MORALES, SEÑORA LAZO, PARETO, SANHUEZA, MAIRA, FRIAS, SEÑORITA SAAVEDRA, SEÑORA ALESSANDRI Y SEÑOR SEÑORET

"Honorable Cámara:

Con el presente proyecto se pretende modificar la ley de Pavimentación de Santiago ley Nº 11.150, a fin de lograr una mayor eficacia en el sistema de cobro de las cuentas a los vecinos que, conforme a las actuales normas, se traduce en una lenta recuperación de las inversiones, por plazos que resultan sumamente excesivos, lo que ocasiona naturalmente el desfinanciamiento de este servicio y el aumento consiguiente de las cuentas morosas.

En este orden de ideas se propicia sustituir las letras a) y b) del artículo 12, señalándose en la nueva disposición plazos de 24 y 48 cuotas mensuales, según se trate de colocación de pavimentos asfálticos y aceras u otras clases de pavimentos.

A fin de agilizar el cobro de las cuotas, se sustituye el artículo 13, por una norma que le otorga el carácter de letra de cambio a los recibos que emita la Dirección de Pavimentación, facultándose para que en tal carácter puedan ser endosados en pago, comisión de cobranza o garantía, por el señor Director de Pavimentación.

A continuación del artículo 15 se propone agregar dos incisos nuevos. En virtud del primero de ellos se autoriza la utilización de los fondos contemplados en el artículo 25, para los efectos de la colocación de pavimentos asfálticos y aceras. El segundo inciso se refiere a la diligencia notarial de acompañarse el certificado de la Dirección de Pavimentación de estar al día en el pago de los servicios, el que se hace extensivo para los pagos indicados en el artículo 12, letra a), esto es, servicios hasta 24 cuotas por colocaciones de pavimentos asfálticos y aceras.

Se han contemplado, asimismo, algunas normas transitorias que contemplan la situación de las deudas provenientes de la aplicación del artículo 12 y que se encuentren pendientes a la fecha en que entre en vigencia esta modificación.

Para este efecto se ha facultado a la Dirección de Pavimentación para confeccionar nuevos recibos; se ha determinado la publicación en el Diario Oficial de esta nómina y en uno de la localidad y se ha señalado que el plazo máximo no podrá ser superior a cinco años.

Si bien estas modificaciones no representan el aporte de nuevos recursos, tienden como se ha dicho a ordenar el actual sistema de cobros, lo que traerá aparejado un rendimiento más oportuno y eficaz para la marcha de este Servicio, de especial importancia para la capital.

Por estas consideraciones, venimos en proponer a la Honorable Cámara, el siguiente

Proyecto de ley:

"Artículo único. Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley Nº 11.150, sobre Pavimentación de Santiago:

A. Sustitúyense las letras a) y b) del artículo 12, por las siguientes:

a) El valor de las obras consistentes en la colocación de pavimentos asfálticos y aceras, se pagará hasta en 24 cuotas iguales, la primera al contado y las restantes mensualmente a contar de 30 días del vencimiento de la primera;

El valor de los pavimentos se pagará hasta en 48 cuotas iguales, la primera al contado y las restantes mensualmente, a contar de 30 días del vencimiento de la primera;

Se incluirá en las cuotas a plazo un interés del 18% anual. El no pago oportuno de dos cuotas consecutivas podrá hacer exigible el total adeudado, en cuyo caso se devengará un interés penal del 24% anual. Si el pago total de la deuda se hiciere al contado, no se cobrarán intereses.

B. Sustitúyese el artículo 13 por el siguiente:

"Los recibos que formule la Dirección de Pavimentación por concepto de cualquier cobro de obras realizadas, tendrán el mismo valor legal que una letra de cambio aceptada ante notario y podrán, por consiguiente, ser endosadas en pago, comisión de cobranza o garantía, y se entenderán protestadas si no fueren canceladas oportunamente. El endoso será suscrito por el Director de Pavimentación."

C. Agrégase a continuación al artículo 15, los siguientes incisos:

"Para efectuar las obras a que se refiere la letra a) del artículo 12, se podrán utilizar los fondos que se mencionan en el artículo 25 de esta ley, pero los pagos que hagan los vecinos en este caso se llevarán en cuenta especial y se irán reintegrando a dichos fondos.

"Las disposiciones de los dos últimos incisos del artículo 8° rigen también para los pagos a que se refiere el inciso anterior. El certificado de estar al día en el pago de los servicios solamente se otorgará a aquellos propietarios que tengan pagada la contribución o que se encuentren al día en ellos".

D. Agréganse los siguientes artículos transitorios:

"Artículo 6º Las deudas provenientes de la aplicación del artículo 12 y pendientes a la fecha de la vigencia de la presente ley serán pagadas en cuotas mensuales no inferiores a la duodécima parte del sueldo vital escala A) del departamento de Santiago, no pudiendo, en ningún caso, ser el plazo para su pago superior a cinco años. Cada cuota será recargada con un interés del 18% anual. El no pago de dos cuotas consecutivas podrá hacer exigible el total adeudado, en cuyo caso se devengará un interés penal del 24% anual.

Artículo 7º A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo anterior, la Dirección de Pavimentación procederá a confeccionar nuevos recibos por las cuentas de las deudas pendientes. A ellos se les aplicará lo dispuesto en el artículo 13, modificado por la letra B) del artículo único de la presente ley.

Artículo 8º Una vez confeccionados los nuevos recibos, se publicará una nómina en diarios de la localidad y en el Diario Oficial. El cobro de la primera cuota será exigible después de sesenta días de la última publicación antes señalada.

Artículo 9º Deróganse todas las disposiciones contrarias a las modificaciones contenidas en la presente ley".

(Fdo.) : Héctor Valenzuela V.Carlos Morales A.Carmen Lazo C. Luis Pareto G.Fernando Sanhueza H. Luis Maira A. Engelberto Frías M.Wilna Saavedra.Silvia Alessandri de C.Rafael Señoret L.".

67.-MOCION DEL SEÑOR GONZALEZ

"Honorable Cámara:

La Ilustre Municipalidad de Fresia no ha contratado empréstitos, sirviéndose del rendimiento del impuesto del uno por mil comprendido en la tasa única que grava el avalúo imponible de los bienes raíces de la comuna, señalado en la letra e) del artículo 2º del Decreto del Ministerio de Hacienda Nº 2.047, del 29 de julio de 1965, reglamentario de la ley Nº 15.021.

En Fresia existen numerosas necesidades que el Municipio no puede solventar dado lo exiguo de su presupuesto ordinario, habiendo necesidad de mejorar especialmente los servicios de agua potable, alcantarillado, pavimentación de calzadas y aceras, etc., para cuyo objeto es necesario que el Honorable Congreso Nacional dicta la legislación que se requiere, autorizando a dicha Corporación para contratar empréstitos de acuerdo a las normas usuales.

Especial interés existe entre los habitantes de la Población Bustamante en que sean atendidas sus antiguas aspiraciones de mejoramiento urbanístico, razón que me mueve a señalar una preferencia en la inversión de los fondos a contratarse, conforme al contenido que me permito formular del presente

Proyecto de ley:

Artículo 1° Autorízase a la Municipalidad de Fresia para contratar directamente con el Banco del Estado de Chile o cualquier otra institución de crédito o bancaria, uno o más empréstitos hasta por la suma de seiscientos escudos (Eº 600.000), a un interés no superior al corriente bancario y con una amortización que extinga la deuda en un plazo máximo de diez años.

Artículo 2º Facúltase al Banco del Estado de Chile y demás instituciones de crédito o bancarias para tomar él o los empréstitos a que se refiere el artículo anterior, para cuyo efecto no regirán las disposiciones restrictivas de sus respectivas leyes orgánicas o reglamentos ni lo dispuesto en el artículo 71, inciso 2º, de la ley Nº 11.860.

Artículo 3º El producto del o los empréstitos será invertido por la Municipalidad de Fresia en la ejecución de las siguientes obras:

a) Aporte a la Dirección de Obras Sanitarias para la ejecución de trabajos de ampliación de la red de agua potable y para la instalación de alcantarillado en la comuna;

Aporte a la Dirección de Pavimentación Urbana para la ejecución de trabajos de pavimentación en la comuna;

Otras obras de adelanto local que fueren acordadas por la Corporación edilicia en sesión extraordinaria especialmente citada, con el voto conforme de los dos tercios de los Regidores en ejercicio, debiéndosele dar preferencia en todas las inversiones a la Población Bustamante.

Artículo 4º Destínase, con el objeto de atender el servicio del o los empréstitos, el rendimiento de los impuestos comprendidos en la tasa única que grava el avalúo imponible de los bienes raíces de la comuna de Fresia, establecidos en la letra e) del artículo 2º del Decreto de Hacienda Nº 2.047, de 29 de julio de 1965, reglamentario de la ley Nº 15.021.

Artículo 5º En caso de no contratarse el o los empréstitos autorizados, la Municipalidad de Fresia podrá girar con cargo al tributo establecido en el artículo anterior para su inversión directa en las obras señaladas en el artículo 3º, y hasta la total ejecución de las mismas. Podrá, asimismo, destinar a la ejecución de las mencionadas obras, el excedente que se produzca entre esos recursos y el servicio de la deuda, en el evento de que el o los empréstitos se contrajeran por un monto inferior al autorizado.

Artículo 6º Si los recursos a que se refiere el artículo 4º fueren insuficientes para el servicio de la deuda o no se obtuvieren en la oportunidad debida, la Municipalidad de Fresia complementará la suma necesaria con cualquiera clase de fondos de sus rentas ordinarias, con excepción de las sumas destinadas a sueldos y remuneraciones de sus personales de empleados y obreros.

Si, por el contrario, hubiere excedente, se destinará éste, sin necesidad de nueva autorización legal, a las obras de adelanto comunal que acordare la Municipalidad

en sesión extraordinaria especialmente citada, con el voto conforme de los dos tercios de los Regidores en ejercicio.

Artículo 7º El pago de intereses y amortizaciones ordinarias y extraordinarias de la deuda se hará por intermedio de la Caja Autónoma de Amortización de la Deuda Pública, para cuyo efecto la Tesorería Comunal de Fresia, por intermedio de la Tesorería General de la República, pondrá a disposición de dicha Caja los fondos necesarios para cubrir estos pagos, sin necesidad de decreto del Alcalde si éste no se hubiere dictado en la oportunidad debida.

La Caja de Amortización atenderá el pago de estos servicios de acuerdo a las normas establecidas por ella para el pago de la deuda interna.

Artículo 8º La Municipalidad de Fresia depositará en la cuenta de depósito fiscal F26 Servicio de Empréstitos y Bonos los recursos que destina esta ley al servicio del o los empréstitos y hasta la cantidad a que ascienda dicho servicio por intereses y amortización ordinarias, Asimismo, la Municipalidad deberá consultar en su presupuesto anual, en la partida de ingresos ordinarios, los recursos que produzca la contratación del o los empréstitos y, en la partida de egresos extraordinarios, las inversiones proyectadas de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3° de la presente ley.

(Fdo.): Carlos González Jaksic."

68.-MOCION DEL SEÑOR JARAMILLO

"Honorable Cámara:

La nueva especialidad de Supervisor Educacional, en justicia, debe ser equivalente con el título de Profesor de Estado en Educación, en virtud de las siguientes razones que la justifican ampliamente:

Con motivo de la Reforma Educacional se titularon supervisores Educacionales en la Universidad de Chile de Santiago, y en la Universidad Católica, de Valparaíso.

Los Supervisores Educacionales son Técnicos Educacionales que ayudan al Profesor, en general, a desarrollar mejor sus clases, aprovechando al máximo los recursos. Ellos serán los encargados de supervisar el cumplimiento de las metas establecidas en la Reforma Educacional.

Su plan de estudios comprende materias educacionales que incluyen todas las disciplinas relacionadas con la educación. Por tal razón, están preparados para dictar Cátedra, en la rama de la educación.

Para realizar esta asignatura el Estatuto Administrativo establece como exigencia previa el título de Profesor de Estado, en Educación.

No acepta así, el Supervisor Educacional, porque, cuando fue promulgado el Estatuto, este título universitario no existía, ya que es de reciente creación.

Sin embargo, un Técnico Electricista está en igualdad de condiciones que un Profesor de Estado. Ello es posible porque cuando se dictó el D.F.L. 338 de 1960, ambos títulos universitarios coexistían.

El Supervisor Educacional es un Técnico Educacional, por lo tanto su título debe ser equivalente al de Profesor de Estado en Educación.

Por lo tanto, se propone el siguiente

Proyecto de ley:

Artículo único.Declárase que el Título de Supervisor Educacional otorgado por una Universidad reconocida por el Estado es equivalente, para todos los efectos legales, con el Título de Profesor de Estado en Educación.

(Fdo.) Alberto Jaramillo B."

69.-MOCION DEL SEÑOR SABAT

"Honorable Cámara:

En la provincia de Valdivia existen propietarios de camiones que se dedican a las duras tareas del transporte, y debido a que las consecuencias de los sismos de mayo de 1960 entorpecieron notablemente sus actividades, y al iniciarse el proceso de reconstrucción pensaban tener la oportunidad de rehabilitar su trabajo.

Lamentablemente, no ocurrió así, y desde 1960 se han venido desenvolviendo en precarias condiciones, razón esencial que les impide reponer sus antiguos vehículos, herramientas fundamentales de su trabajo.

Existe la necesidad de estimular a quienes han hecho del transporte su actividad habitual, y el hecho de que sus máquinas ya no respondan, en su gran mayoría, requiere que el Congreso y el Estado les otorguen facilidades que fundamentalmente abaraten la reposición de los camiones desvencijados que requieren constantes y caras reparaciones.

En el deseo de contribuir a solucionar este problema, voy a proponer una legislación especial para los propietarios de vehículos en la provincia de Valdivia, pero dejando constancia que ella favorecerá sólo a quienes son dueños de un camión, cuya marca date de antes de 1960.

Por lo anterior, me permito formular el siguiente

Proyecto de ley:

Artículo 1° Quedan exceptuados de todos los derechos de internación, aduana y cuantas disposiciones tributarias les afecten la importación de camiones por parte de los propietarios de vehículos similares domiciliados en la provincia de Valdivia, ;y que no sean poseedores de más de un solo camión, cuya marca sea anterior al año 1960.

La importación correrá por cuenta de la agrupación gremial de dichos propietarios de camiones, la que en su rama provincial proporcionará los antecedentes de quiénes puedan acogerse a las disposiciones de la presente ley.

(Fdo.): Jorge Sabat Gozalo."

70.-MOCION DE LA SEÑORA MARIN

"Honorable Cámara:

La Ley Nº 11.170, llamada Ley de Reclutamiento y su reglamento dictado por Decreto Supremo Nº 4.200 de 1955 y sus modificaciones posteriores, establecen la obligatoriedad del servicio militar.

Esta obligación, recae fundamentalmente sobre los jóvenes de nuestra patria, quienes año en año cumplen con lo ordenado por la ley inscribiéndose en los registros militares y, gran parte de ellos, prestando efectivamente el servicio militar.

Muchos de estos jóvenes cumplen esta obligación con grandes sacrificios, en razón de que forman parte de modestas familias a las que, ya a esa temprana edad, se han visto en la necesidad de ayudar a mantener. Al mismo tiempo, durante el período de la conscripción, la gran mayoría está imposibilitada por motivos económicos para visitar sus hogares, muchas veces distantes de la unidad donde han sido enviados. En otras ocasiones, por los mismos motivos económicos, encuentran dificultades para salir del propio Regimiento.

Se hace entonces, indispensable, que la ley tome consideración de la situación en que se encuentra un apreciable número de conscriptos y, por tanto, tienda a resolver este problema que va en perjuicio directo de los reclutados.

En atención a estas circunstancias es que venimos a proponer el siguiente

Proyecto de ley:

Artículo 1º Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley Nº 11.170:

En el artículo 5°, reemplazar el punto aparte por un punto seguido, y agregar la siguiente nueva expresión: "Aquellos ciudadanos que estuvieren trabajando en el sector privado tendrán derecho además a que el empleador o patrón les continúe pagando durante este tiempo el equivalente al 75% del sueldo o salario que percibían durante el último mes de trabajo antes de ingresar al servicio militar obligatorio".

Después del artículo 5º, agregar lo siguiente como artículo nuevo: "Artículo 5º bis."Las personas que se encuentran actualmente prestando el servicio militar obligatorio tendrán pasajes liberados en los vehículos de locomoción colectiva. Asimismo gozarán de este beneficio en las Empresas de locomoción colectiva intercomunales o interprovinciales, aquellas personas que con motivo del cumplimiento que les impone la presente ley, hayan debido trasladarse de un lugar a otro del territorio nacional".

Agregar en el inciso 2º del artículo 24, en punto seguido, lo siguiente: "Con todo el Jefe de la Unidad o Repartición respectiva podrá licenciar antes de transcurridos los períodos señalados, según el caso, una vez que el conscripto haya cumplido con la Revista de Reservas".

En el artículo 38, después del punto final, agrégase lo siguiente en punto aparte: "Podrá asimismo eximirse totalmente de la obligación de prestar el servicio militar aquellas personas que, previo informe de la Visitadora Social respectiva, sean hijos únicos de madre soltera, viuda o inválida y, en general, cuando no pueden dejar de cooperar económicamente con sus familias sin grave perjuicio para ellas".

En el artículo 39, entre las palabras "cumplimiento" y "del" en el inciso primero, intercalar las siguiente: "o la eximición".

En el artículo 84, reemplázase la palabra "podrá" por "deberá" y se agrega al final después de la "coma" (,) lo siguiente: "según informe de la Visitadora Social".

Artículo 2º Esta ley comenzará a regir desele su publicación en el Diario Oficial.

(Fdo.): Gladys Marín Millie."

71.-MOCION DE LOS SEÑORES GUASTAVINO, FIGUEROA, CANTERO, ANDRADE, TAVOLARI, CARDEMIL Y BARAHONA.

"Honorable Cámara:

Desde hace algún tiempo hemos estado observando con preocupación la aflictiva situación creada a los trabajadores que se desempeñan como tripulantes de naves pesqueras de todo el litoral.

En efecto, a propósito de esto el Decreto Supremo 214 de junio de 1965, llamado de Reglamento de Trabajo a Bordo de los Barcos Pesqueros, dispone tal cantidad de modificaciones en contra de los trabajadores que, incluso en estos instantes, se han dispuesto hasta fórmulas de remuneraciones como son el llamado "trabajo a la parte" que consiste en restarle al tripulante el derecho a una remuneración diaria y obligarlo a recibir un porcentaje del cual el dueño de la embarcación hace todos los descuentos, incluso los aportes previsionales, sean patronales o personales. Se ha dispuesto igualmente, jornadas de trabajo sin derecho a descanso diario y la fijación de las dotaciones de las embarcaciones al arbitrio del armador, lo que obliga a los trabajadores a desarrollar jornadas de 18, 20 o más horas diarias, sin derecho a sobretiempo ni a descanso, lo que provoca un agotamiento físico, que a veces termina en fatales accidentes, como el ocurrido recientemente a la Goleta "BaliHai" de Valparaíso.

Esta situación la consideramos absolutamente ilegal porque el Decreto Supremo 214 atropella claras disposiciones del Código del Trabajo y en su elaboración jamás tuvieron participación los trabajadores afectados por él. Además, nos resulta inaceptable que, por un simple decreto, la parte empresarial vaya más allá de la ley en su celo por cumplirlo.

Por las consideraciones expuestas y estimando que esta equivocación debe ser corregida a la brevedad, es que sometemos a vuestra consideración el siguiente:

Proyecto de ley:

Artículo 1° Derógase el Reglamento de Trabajo a Bordo de los Barcos Pesqueros, Nº 214, de 30 de junio de 1965, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social.

Artículo 2º Constitúyase una Comisión Tripartita formada por dos representantes de los Armadores pesqueros, dos representantes de los trabajadores pesqueros que serán nominados por la Federación de Sindicatos Profesionales de Pescadores de Chile y un representante del Ministerio del Trabajo y Previsión Social que la presidirá, para que dentro del término de noventa días, contados desde la .fecha de promulgación de la presente ley, estudien, propongan y resuelvan acerca del Reglamento definitivo del Trabajo a Bordo de los Barcos Pesqueros. Este Reglamento deberá ser publicado en el Diario Oficial, a más tardar, dentro de 15 días desde la toma de razón del decreto respectivo.

Artículo 3º La Comisión mencionada en el artículo anterior tendrá facultades solamente para fijar las condiciones de vida y de trabajo a bordo de dichas naves. Los sistemas de remuneraciones, horarios de trabajo, descansos diarios, sistemas de pagos de sobretiempos, etc., serán regulados por lo que disponga el Código del Trabajo y leyes complementarias, o por lo que se exprese en las respectivas actas de avenimiento, contratos colectivos o fallos arbitrales, suscritos por los trabajadores y los armadores. Las dotaciones de trabajo de cada nave, serán fijadas de coxnún acuedo entre la Empresa y el Sindicato que corresponda.

(Fdo.): Luis Guastavino C.Luis Figueroa M.Manuel Cantero P.Carlos Andrade V.Antonio Tavolari V. Gustavo Cardemil A. Mario Barahona C. "

72.-MOCION DE LOS SEÑORES CARVAJAL Y ATENCIO

"Honorable Cámara:

La Confederación Marítima de Chile viene en hacer suyo el problema que afecta al Sindicato de Estibadores y Jornaleros de Playa del Puerto de Coquimbo, como consecuencia de los sistemas de trabajo de embarque de minerales de hierro a granel que en este puerto viene manteniendo, cada vez en peores condiciones, la Compañía Minera Santa Fe.

Antecedentes que se deberán tener presente como cosa previa. Comienzo de los primeros embarques.Los primeros embarques de estos minerales se efectuaron en el año 1948. En aquella época, las faenas se desarrollaban con la participación de cinco gremios marítimos: Jornaleros de Playa, Lancheros, Paleros, Empleados de Bahía y Estibadores. El rendimiento por hora de trabajo en cada escotilla de la nave, no era superior a las 25 toneladas trabajándose el siguiente horario: de 8 a 12 horas, de 14 a 18 horas y de 19 a 24 horas, es decir 13 horas diarias. Esta forma de trabajo perduró hasta fines de 1951.

Habilitación del muelle de atraque. A comienzos de 1962 fue habilitado el muelle de atraque de este puerto, motivo por el cual las faenas de embarque de estos minerales continuaron realizándose con menos personal que en años anteriores. Se ocupó solamente Jornaleros de Playa, Empleados de Bahía y Estibadores, economizando de esta manera las remuneraciones de los obreros Paleros y Lancheros, como en igual forma los valores de Lanchaje. El rendimiento de este nuevo sistema, se aproximó a las 35 toneladas por hora.

Nuevo sistema de trabajo. A mediados de 1953 las Compañías Exportadoras de Hierro, pusieron en práctica un nuevo sistema de embarque de estos minerales. Este consistió en colocar sobre camiones dos artefactos denominados "Tachos", cada uno con capacidad de tres toneladas. Esta nueva forma de trabajo les proporcionó a las compañías un rendimiento aproximado a 120 toneladas por hora. Esta modalidad hizo que los gremios pactaran nuevamente tarifados especiales con las Compañías, los que beneficiaron directamente a las Empresas.

Petición al Supremo Gobierno por las Compañías exportadoras de hierro sobre retorno valor del dólar. El año 1954, encontrándose las compañías exportadoras en difícil situación económica y con perspectivas de paralizar sus embarques por el puerto de Coquimbo, acudieron ante los gremios marítimos y le plantearon sus inquietudes, para que en conjunto con ellos participaran ante las esferas de Gobierno con el fin de solicitar un mejor trato para el retorno del dólar por la venta de sus minerales. El resultado de esta misión fue satisfactorio, según lo expresaron los propios exportadores. También lo pudimos comprobar nosotros mismos cuando en el Consejo de Comercio Exterior, se nos entregó una copia de dicho acuerdo. Con estas nuevas franquicias las empresas exportadoras quedaron en buena situación económica y aumentaron sus embarques por este puerto.

Estancamiento de tarifas. Durante los últimos años, 19611962, se produjo un estancamiento en las tarifas de los gremios marítimos, en el rubro de este mineral. Este estancamiento fue solicitado por las Empresas y aceptado por los gremios con el objeto de mantener embarques por el Puerto de Coquimbo.

Bonificación de los embarques de mineral de hierro por el puerto de Coquimbo (un dólar por tonelada).En el año 1963, la Compañía Minera Santa Fe, solicitó a los gremios marítimos la cooperación en el sentido de participar en forma conjunta una vez más ante las esferas de Gobierno, con el objeto de solicitar una franquicia que podría ser rebajada de las tarifas de los FF. CC, o en su defecto una bonificación de un dólar por tonelada embarcada. Esta última fue la que ese obtuvo y se mantuvo por espacio de dos años (19631964).

Debemos dejar constancia que esta bonificación de un dólar por tonelada para el sistema laboral, las Compañías la hicieron extensiva para su sistema de embarque mecanizado en el puerto de Coquimbo.

Sistema de embarque mecanizado. A comienzos de 1964, la Compañía Minera Santa Fe empezó a efectuar sus embarques de minerales, por sistema mecaniza

do, restándoles trabajo a los obreros marítimos en un 60% en relación a los años anteriores. Como consecuencia de este modo de operación, cada año el personal laboral viene soportando una considerable disminución en sus salarios. Sobre este problema que se arrastra tantos años, la Federación de Sindicatos Profesionales de Estibadores Marítimos de Chile, ha hecho diversas gestiones: se han entrevistado y enviado antecedentes al Ministro del Trabajo de ese tiempo, señor William Thayer; y además se incluyó una indicación en la discusión de la Ley Nº 16.724 en 1967, la que solucionaría este problema, pero todos estos trámites no han tenido un resultado fructífero.

Considerando todos los antecedentes antes mencionados y que una gran cantidad de obreros cuyos núcleos familiares atraviesan por una situación desesperante, derivado de la falta de trabajo en la zona, y como una manera de solucionar en forma definitiva este problema es que venimos en presentar a la consideración de la H. Cámara lo siguiente,

Proyecto de ley:

Artículo 1º En las labores mecanizadas de carga y descarga de los puertos marítimos o fluviales, ordenadas por personas naturales o jurídicas, sean éstas empresas, compañías o sociedades anónimas, deberá mantenerse como trabajo a realizarse directamente por los obreros o empleados, un 50% de aquellos que se hayan contratado habitualmente o manteniendo el número de personas o cuadrillas que según acuerdo o convenios se ocupen en la actualidad. Las diferencias derivadas de la interpretación o aplicación de esta disposición serán resueltas por la "Comisión Nacional del Trabajo Marítimo".

Artículo 2º Las personas naturales que por sí, o en representación de personas o entidades jurídicas nacionales o extranjeras, cometan falsedad en la declaración del puerto de destino a que definitivamente está destinada la carga del contrato de fletamento, serán culpables del delito previsto en el artículo Nº 193 del Código Penal, y por vía de multa se aplicará una sanción equivalente al doble del impuesto eludido y a beneficio de la Caja de Previsión de la Marina Mercante Nacional, Secciones Oficiales y Empleados y Tripulantes y Obreros Marítimos. No se concederá la libertad provisional en estos procesos mientras no se haya consignado en la Caja de Previsión el monto del impuesto eludido "El certificado de los Cónsules chilenos o de cualquier Ministro de Fe del país del falso puerto de desembarco, hará presumir de derecho el delito cometido. En el evento de que los contratos de embarque o de fletamento sean celebrados en el extranjero, serán solidariamente responsables, civil y criminalmente los apoderados, gerentes administradores o dueños acreditados en Chile.

(Fdo.) : Arturo Carvajal Acuña.Vicente Atencio Cortez".

73.-MOCION DE LOS SEÑORES ACUÑA, SABAT, OLAVE Y SEÑORA TOLEDO

"Honorable Cámara:

El Club de Remeros "Centenario", de Valdivia, ha estado ocupando por espacio de varios años, unos terrenos cedidos en Comodato por la Corporación de Fomento de la Producción, cuyo contrato dice a la letra:

"La Corporación de Fomento de la Producción entrega al Club de Remeros "Centenario", de la ciudad de Valdivia, el Lote Nº 1 de su propiedad, ubicado en Las Animas, en comodato precario por noventa y nueve años renovables".

La Contraloría General de la República rechazó el contrato suscrito entre las partes y ha dispuesto la restitución inmediata de los terrenos por parte del Club de Remeros o, en su defecto, la adquisición al contado de ellos.

Como comprenderá, señor Presidente,

este club está formado por personas de recursos limitados, por lo que les resulta poco menos que imposible pensar en adquirir los terrenos, para así poder continuar desarrollando sus actividades en las que han representado a nuestro país en campeonatos sudamericanos y hasta en olimpíadas. Es por ello que venimos en presentar, el siguiente

Proyecto de ley:

"Artículo único. Autorízase a la Corporación de Fomento de la Producción para ceder a título gratuito, al Club de Remeros "Centenario", de la ciudad de Valdivia, los terrenos que actualmente ocupan, individualizado como Lote Nº 1 en el Plano de Subdivisión del bien raíz de su propiedad, ubicada en calle Avenida España s/n., sector Las Animas, de la ciudad de Valdivia y aprobado por la Ilustre Municipalidad en 1968."

(Fdo.) : Agustín Acuña M.Jorge Sabat G.Hernán Olave V. Pablo Toledo O.".

74.-MOCION DEL SEÑOR SABAT

"Honorable Cámara:

La ley Nº 15.700 y sus modificaciones, contenidas en la ley Nº 16.623, autorizaron a la I. Municipalidad de Calbuco para contratar empréstitos hasta por 200 mil escudos, destinados a financiar la construcción de diversas obras de adelanto comunal.

Para atender al servicio de la deuda, la citada ley estableció el cobro de derechos de peaje a los vehículos que transitan a través del pedraplén que une a Calbuco con el continente. En el lapso de un año en que se ha aplicado esta disposición, se han recaudado Eº 80.000.

Las disposiciones vigentes autorizan a la I. Municipalidad de Calbuco para recaudar sólo hasta Eº 200.000. Si se considera que la instalación del servicio de alcantarillado cuesta aproximadamente Eº 600.000 y que, además, es de urgente necesidad la apertura y urbanización de nuevas calles, la ampliación de la red de agua potable, la construcción de un mercado modelo y de un edificio consistorial, entre otras obras, se concluye fácilmente que aquella cantidad es absolutamente insuficiente para financiar dichas obras de adelanto local que la comuna, afectada por incendios colectivos y por los sismos de mayo de 1960, requiere en forma impostergable.

Es por ello que, recogiendo una sentida aspiración de la I. Municipalidad de Calbuco, tengo a honra someter al conocimiento del Honorable Senado, el siguiente

Proyecto de ley:

"Artículo lº Agrégase el siguiente artículo nuevo a la ley Nº 15.700:

"Artículo...Los excedentes que produzca el peaje establecido en el artículo 49 respecto del servicio de las deudas contraídas en virtud del artículo lº, deberán destinarse a un plan extraordinario de obras públicas que deberá confeccionar anualmente la Municipalidad de Calbuco, debiendo dar prioridad a la realización de las siguientes obras: captación de nuevas fuentes de agua potable y ampliación de la red respectiva; apertura y urbanización de nuevas calles; mejoramiento del alumbrado público; construcción de un mercado modelo, del edificio consistorial, de una hostería y de un estacionamiento para buses; pavimentación de calles; construcción de la Avenida Costanera de circunvalación; habilitación de un nuevo campo aéreo; creación de una Biblioteca Municipal; construcción de un plaza de juegos infantiles, y ejecución de otras obras de adelanto comunal.

Artículo 2° Prorrógase la vigencia del peaje establecido en el artículo 4º de la ley Nº 15.700, por los diez años siguientes al término del servicio de los empréstitos a que se refiere su artículo lº, y destínase su producto a financiar la ejecución de las obras a que se refiere esta ley.".

(Fdo.) : Jorge Sabat G."

75.-MOCION DEL SEÑOR SABAT

"Honorable Cámara:

Francamente en la provincia de Valdivia existe un hecho tan contradictorio, que me mueve a proponeros un trato especial para quienes están soportando económicamente un drama que urge solucionar mediante una ley que debe dictarse en beneficio de ellos.

En efecto, una gran parte de las viviendas económicas de la provincia de Valdivia son de material ligero, que sufren constantes deterioros por la acción climática reinante en la zona, y sus avalúos por la inflación que no se detiene ya no están encuadrados dentro del marco legal que los deja exentos de contribuciones cuando ellos son inferiores a menos de cinco mil escudos.

Los recientes temporales que azotaron duramente a la provincia de Valdivia dejaron en evidencia que muchos propietarios modestos deberán reparar en gran cuantía sus viviendas, muchas de ellas prácticamente destruidas y otras que deben repararse urgentemente para poder albergar en mínimas condiciones a sus habitantes.

A lo anterior se agrega el hecho de que la inmensa mayoría de los jefes de hogares se encuentran cesantes, citando por vía de ejemplo el caso de la Población de Emergencia Gil de Castro, donde existen 650 viviendas, y el 80% de los dueños de casas están desocupados y sin expectativas de trabajo.

Por lo anterior, formularé un proyecto de ley que solicito sea elevado reglamentariamente al Gobierno, a fin de que se sirva darle el consiguiente patrocinio constitucional.

Proyecto de ley:

"Artículo lº Los inmuebles de la provincia de Valdivia cuyo avalúo fiscal sea inferior a veinte mil escudos, quedarán exentos del pago de las contribuciones territoriales.

Esta ley empezará a regir a partir del segundo semestre del año 1969.

(Fdo.) : Jorge Sabat Gozalo."

76.-MOCION DE LOS SEÑORES SEÑORET, CAMPOS, UNDURRAGA Y MERCADO

"Honorable Cámara:

En virtud del antecedente que se acompaña, tenemos a honra presentar el siguiente

Proyecto de ley:

"Artículo lº Autorízase a la Municipalidad de Vichuquén para contratar directamente con el Banco del Estado de Chile, Corporación de Fomento de la Producción u otras instituciones de créditos, uno o más empréstitos hasta por al suma de Eº 200.000, a un interés no superior al corriente bancario que esté vigente a la fecha de la contratación del o los empréstitos.

Artículo 2° La amortización de la o las deudas se hará de manera que se extigan en un plazo no superior a quince años las" que se contraigan con el Banco del Estado de Chile u otras instituciones bancarias o de créditos, y superior a veinte años las que se contraigan con la Corporación de Fomento de la Producción.

Artículo 3º El producto del o los empréstitos contratados será destinado por la Municipalidad de Vichuquén al siguiente fin:

Construcción de la Casa Consistorial según plano, especificación y presupuesto presentado por un arquitecto debidamente registrado en el Colegio respectivo y aprobado por la Municipalidad de Vichuquén. En la construcción de la Casa Consistorial están incluidas todas las oficinas públicas, como ser: Tesorería, Correos y Telégrafos. Oficina Civil, etc.

Artículo 4º Destínase, con el objeto de atender el servicio del o los empréstitos que contrate la Municipalidad de Vichuquén, el rendimiento del impuesto del uno por mil comprendido en la tasa única que grava el avalúo imponible de los bienes raíces establecidos en la letra c) del artículo 2º del decreto de Hacienda número 2.047, de 29 de julio de 1965, reglamentario de la ley Nº 15.021.

Artículo 5° El Fisco concurrirá con un aporte fiscal que se consultará en la Ley de Presupuesto del próximo año para financiar la construcción de la Casa Consistorial, por estar consideradas en ella la totalidad de las oficinas públicas.

(Fdo.) : Rafael Señoret L. Héctor Campos P. Luis Undurraga C. Julio Mercado I."

77.-MOCION DEL SEÑOR BASSO

"Honorable Cámara:

No escapará al ilustrado y consciente criterio de los señores parlamentarios que exista en el país un sector de jubilados y montepiadas que se debaten en angustiosos problemas económicos por los bajos emolumentos que perciben. Existen entre éstos algunos que con ingentes sacrificios, cuando estaban en servicios, adquirieron un bien raíz por intermedio de una Caja de Previsión o la Corporación de la Vivienda, en el bien entendido que con el tiempo serían dueños de dicha propiedad, o que no irían a sufrir zozobras económicas para pagar los dividendos asignados al recibirse de esa habitación.

Es el caso que con la aplicación del artículo 27 del D.F.L. Nº 2, del año 1959, no sólo este sector está en la imposibilidad de servir la deuda, sino que comprueban que la deuda inicial, en vez de disminuir, ha aumentado. En la misma situación se encuentran cientos de viudas montepiadas.

A fin de llevar un tanto de tranquilidad a estos jubilados y montepiadas y evitar a las Cajas de Previsión y a la Corporación de Servicios Habitacionales los odiosos trámites judiciales que finalmente derivan en el remate de la propiedad, vengo en presentar el siguiente

Proyecto de ley:

"Artículo único. Los jubilados o montepiadas que hayan adquirido un bien raíz por intermedio de alguna Caja de Previsión o la Corporación de la Vivienda, hoy Corporación de Servicios Habitacionales, cuyo avalúo fiscal no exceda de diez sueldos vitales anuales, escala A) del departamento de Santiago, y que gocen de una pensión o montepío no superior a tres sueldos vitales mensuales, escala A del departamento de Santiago, no pagarán los dividendos sujetos a lo establecido en el artículo 27 del D.F.L. 2, de 1959.

Estarán exentos, asimismo, del reajuste anual del avalúo los propietarios señalados en el inciso anterior.

(Fdo.) : Osvaldo Basso Carvajal."

78.-MOCION DE LOS SEÑORES ESPINOZA CARRILLO, OLAVE, JAQUE, FREI, CADEMARTORI, RUIZ ESQUIDE JARA, JAUREGUI Y SEÑORA MARIN

"Honorable Cámara:

Como se recordará, los sismos que azotaron la región sur de Chile los días 21 y 22 de mayo de 1960, ocasionaron fuertes pérdidas a las Universidades de Concepción, Austral de Chile y a los establecimientos de la Universidad Técnica del Estado ubicados entre Ñuble y Chiloé. Así, por ejemplo, en la Universidad de Concepción resultó destruida aproximadamente el 40% de la edificación existente a la época.

Por ello el Congreso Nacional, a iniciativa de los parlamentarios de la zona afectada, estudió y aprobó un proyecto de ley que dio recursos a las instituciones recién indicadas para rehabilitar las construcciones y locales destruidos. Ese fue el origen de la ley Nº 13.964 publicada en el Diario Oficial del 14 de julio de 1960.

La ley Nº 13.964 en su artículo 1? gravó por el término de 10 años el premio de cada sorteo que efectúen la Lotería de Concepción y la Polla Chilena de Beneficencia en un 10%, a beneficio de las Universidades de Concepción y Austral de Valdivia; y en su artículo 2º dispuso que las mayores utilidades que se produjeran en el futuro por cambios en la proporción entre el precio de venta de los boletos de Lotería y Polla y los respectivos premios mayores se distribuirán entre la Universidad de Concepción, la Universidad Técnica del Estado, la Fundición Adolfo Matthei de Osorno y los beneficiarios de la Lotería y Polla Chilena de Beneficencia, en la proporción que la misma ley señaló cuidadosamente para que el reparto resultare equitativo.

Las instituciones favorecidas con la ley Nº 13.964, han estado rindiendo cuenta detallada y documentada de los fondos percibidos, a la Contraloría General de la República, de tal forma que el país entero puede tener la seguridad más absoluta de la corrección con que se han invertido los dineros.

Aun a riesgo de caer en el detalle, y sólo a modo de ejemplo, puede decirse que la Universidad de Concepción ha logrado, con la aplicación de la ley Nº 13.964, la construcción de aproximadamente 70.000 metros cuadrados de edificación, entre locales destinados a la investigación, docencia, divulgación, bienestar comunitario y administración de la misma Universidad. Se construyeron los edificios para el Instituto Tecnológico Mecánico, Estación de Geofísica, Escuela de Educación, Instituto de Ciencias Sociales, Escuela Granja en Llico (Arauco), Centro de Divulgación del Niño. Se compró un nuevo local para la Escuela Dental y el Teatro de Concepción. Se construyeron la Casa del Arte, el Hogar de Mujeres Los Tilos, Cabinas para estudiantes con capacidad para más de 500 alumnos. Se hizo una población para el personal auxiliar compuesta de 107 viviendas, una Escuela y un Centro Asistencial para los ocupantes de la misma población, etcétera. En la actualidad hay importantes edificios en ejecución con cargo a los dineros provenientes de esta ley, entre otros, la Biblioteca Central que es una construcción de una superficie total de 10.061 metros cuadrados y un Edificio de Aulas, de proximadamente 3.332 metros cuadrados.

Esta breve reseña, que no es completa pues hay muchas obras permanentes realizadas, es suficiente para demostrar el buen uso que se ha hecho de los dineros percibidos.

Pero, la ley Nº 13.964 tiene una vigencia limitada. Duró sólo 10 años que expiran el 14 de julio del próximo año.

En razón de lo anterior, parece de toda conveniencia mantener vigente la ley por lo menos durante 10 años más, pues solamente con estos recursos extraordinarios pueden las Universidades beneficiadas lograr su adecuado desarrollo y expansión.

Con énfasis debe advertirse que no habrá abusos de ninguna especie, ya que los dineros que se obtengan van a ser usados en construcciones y, en modo alguno, en pago de sueldos, salarios o gastos de administración. Contraloría General de la República continuará controlando el adecuado uso de los dineros.

Lo que se pretende, en otras palabras es que, así como la ley Nº 11.766 otorga recursos para construir escuelas y locales en otros niveles educacionales, esta ley dé a las Universidades de Concepción, Austral de Chile, Técnica del Estado (respecto de sus establecimientos ubicados entre Ñuble y Chiloé) y a la Fundación Adolfo Matthei, los dineros necesarios para su indispensable expansión física.

Por estas consideraciones, veninos en proponer a la Honorable Cámara el siguiente

Proyecto de ley:

"Artículo único.Sustitúyese en el artículo 1º de la ley Nº 13.964, la palabra "diez" por "veinticinco".

(Fdo.) : Gerardo Espinoza C.Hernán Olave V. Duberildo Jaque A. Arturo Frei B. José CADEMARTORI I. Mariano RuizEsquide J. Pedro Jáuregui C. Gladys Marín M."

79.-MOCION DEL SEÑOR BASSO

"Honorable Cámara:

Proyecto de ley:

Artículo único. Concédese una pensión de gracia a don José Moraga Saavedra, equivalente a un sueldo vital mensual escala a) del departamento de Santiago.

(Fdo.) : Osvaldo Basso C."

80.-MOCION DEL SEÑOR BASSO

"Honorable Cámara:

Proyecto de ley:

Articulo único.Auméntase la pensión de gracia a doña Clemencia Valdebenito Fuentes a uno y medio sueldo vital mensual, escala a) del departamento de Santiago.

(Fdo.) : Osvaldo Basso C."

81.- MOCION DEL SEÑOR BASSO

"Honorable Cámara:

Proyecto de ley:

Artículo único. Concédese una pensión de gracia a doña Audolía del Carmen Fajardo Arteaga, equivalente a dos sueldos vitales mensual, escala a) del departamento de Santiago.

(Fdo.) : Osvaldo Basso C"

82. MOCION DE LA SEÑORITA LACOSTE

"Honorable Cámara:

Proyecto de ley:

Artículo único. Reconócese para todos los efectos legales, y en especial para lo dispuesto en el artículo 1º de la ley Nº 5.489 y sus modificaciones posteriores, sin que rija la limitación establecida en el artículo 69 de la ley Nº 9.629 a doña Lucinda Urbina Guzmán los diez años once meses servidos en la Editorial Jurídica de Chile comprendidos desde el lº de abril de 1966 hasta el 28 de febrero de 1967.

(Fdo.) : Graciela Lacoste."

83.-MOCION DEL SEÑOR ALVARADO

"Honorable Cámara:

Proyecto de ley:

Artículo único. Auméntase por gracia a doña Beatriz Collao Calderón, la pensión de que disfruta a la suma de Eº 500 mensuales.

El mayor gasto que demande la aplicación de la presente ley se imputará al ítem de Pensiones del Ministerio de Hacienda.

(Fdo.) : Pedro Alvarado."

84.-MOCION DEL SEÑOR SANTIBAÑEZ

"Honorable Cámara:

Proyecto de ley:

Artículo único. Otórgase por gracia una pensión mensual de trescientos escudos (Eº 300) a doña María del Rosario Urbina Orellana.

El mayor gasto que demande esta ley se imputará al ítem de Pensiones del Ministerio de Hacienda.

(Fdo.) : Jorge Santibáñez C."

85.-MOCION DEL SEÑOR SIVORI

"Honorable Cámara:

Proyecto de ley:

Artículo único. Declárase, para los efectos de lo establecido en el artículo 109 del Decreto con Fuerza de Ley Nº 338, de 19'60, que el fallecimiento de don Luis Candía, ex Director de la Escuela Normal de Victoria, se debió a una enfermedad producida a consecuencia del desempeño de sus funciones.

(Fdo.) : Carlos Sívori A."

86.-MOCION DEL SEÑOR IGLESIAS

"Honorable Cámara:

Proyecto de ley:

Artículo único. Reconócese por gracia a don Luis Alfredo Suazo, seis meses de actividad en el Cuerpo de Carabineros, con el grado de "Cabo de Carabineros", grado 22°.

(Fdo.) : Ernesto Iglesias C."

87.- MOCION DEL SEÑOR PALZA

"Honorable Cámara:

Proyecto de ley:

Artículo único.Para los efectos previsionales, reconócese, por gracia, a doña María Teresa Concha Bernardi, el tiempo servido como secretaria del Consultorio gratuito para pobres, en el Colegio de Abogados de Iquique, desde marzo de 1949 hasta julio de 1955.

Será de cargo de la beneficiaría el pago de las imposiciones que deban integrarse a la Caja Nacional de Emplados Públicos y Periodista por el período a que se refiere el inciso anterior, debiendo liquidarse tales imposiciones sobre la base de la renta imponible de la primera renta mensual de que haya disfrutado la beneficiaría con posterioridad al mencionado período.

(Fdo.) : Humberto Palza C."

88. MOCION DEL SEÑOR DE LA FUENTE

"Honorable Cámara:

Proyecto de ley:

Artículo único. Auméntase, por gracia, a Eº 400 mensuales, la pensión de que actualmente disfruta doña Ernesta Gasparini vda. de Sánchez.

El gasto que demande el cumplimiento de la presente ley, se imputará al ítem de Pensiones del Presupuesto del Ministerio de Hacienda.

(Fdo.) : Gabriel de la Fuente."

89.-MOCION DEL SEÑOR TAVOLARI

"Honorable Cámara:

Proyecto de ley:

Artículo único. Declárase que el exacto sentido de la ley 16.732, es y ha sido otorgar al beneficiario don Felipe Romano Squadrito, el goce de todos los derechos y beneficios legales y reglamentarios, incluso quinquenios correspondientes a primera categoría.

(Fdo.) : Antonio Tavolari V. ,"

90.-MOCION DEL SEÑOR SANHUEZA Y DE LA SEÑORITA SAAVEDRA

"Honorable Cámara:

Existen en el país innumerables instituciones de acción social y de beneficencia, tanto públicas, como privadas, que desempeñan sus labores humanitarias y de indudable cooperación a la función protectora del Estado, en medio de todo tipo de insuficiencias que entraban y limitan, a veces de manera absurda, su eficacia y sus posibilidades. Así sucede, por ejemplo, con la dotación de bienes muebles de esas Instituciones, cuya carencia impide la expansión de sus actividades o cuya adquisición merma considerablemente sus presupuestos.

Por otra parte, la Dirección de Aprovisionamiento del Estado, periódicamente, debe sacar a remate los bienes muebles que han sido dados de baja en diversas reparticiones del Estado, los que son generalmente adquiridos por comerciantes que los venden a particulares, haciendo magníficas utilidades.

Creemos que esos bienes muebles, en lugar de servir para el enriquecimiento de algunas personas, deben destinarse a completar la instalación y alhajamiento de las Instituciones públicas o privadas, que desarrollan una acción social de beneficencia.

Por tanto, venimos en presentar el siguiente

Proyecto de ley:

Artículo único. Autorízase a la Dirección de Aprovisionamiento del Estado para transferir a título gratuito, a las entidades públicas o privadas, que gocen de personalidad jurídica, y que desarrollen una labor de beneficencia social, los bienes muebles que hayan sido dados de baja o declarados obsoletos por esa repartición.

(Fdo.) : Fernando Sanhueza H.Wilna Saavedra C."

91.-MOCION DE LOS SEÑORES OLIVARES, GONZALEZ, AGUILERA, SABAT, PALESTRO Y SEÑORAS LAZO Y ALLENDE

"Honorable Cámara:

A raíz de los dolorosos y sangrientos sucesos ocurridos en la modrugada del 9 de marzo de 1969 en la Pampa Irigoin de Puerto Montt, diez modestos pobladores perdieron la vida, y privaron con ello del único sostén a diez hogares proletarios. Sólo en los primeros instantes estos hogares recibieron una ayuda elemental, a la que hay que sumar el bello gesto de los Diputados comunistas que también contribuyeron a paliar la difícil situación en que quedaron niños, mujeres y ancianos padres de los caídos en circunstancias tan trágicas.

Los días y los meses han transcurrido rápidamente, y en las pampas del Alto Puerto Montt están los familiares de los diez pobladores, y están los heridos viviendo y esperando, primero una justicia que les fue esquiva, y ahora alimentados con la esperanza de que el Estado les tienda la mano para superar la tragedia que se ensañó en su condición de pobres.

Mucho se ha dicho sobre lo que en Puerto Montt ocurrió, pero en realidad nada se ha hecho para remediar en parte la situación de deudos y de heridos graves, de niños inocentes que nunca más podrán estrechar la mano cariñosa del padre, ni del hermano que le brindaban vestuario, alimentación y estudios.

En consideración a estos antecedentes, los Diputados socialistas nos permitimos formular a esta Honorable Corporación un proyecto de ley destinado a asegurar la subsistencia de las viudas e hijos, y de los restantes familiares de los mártires, y a quienes quedaron imposibilitados para poder trabajar, mediante la concesión de pensiones de gracia, que no podrán ser inferiores a dos sueldos vitales del departamento de Santiago y reajustables anualmente.

Es de esperar que los Honorables parlamentarios comprendan la justicia que el señalado proyecto encierra.

Proyecto de ley:

Artículo 1º El Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, a través de sus organismos competentes, transferirá a título gratuito la vivienda construida en la Pampa Irigoin, de Puerto Montt, a la cónyuge, padre o madre de las siguientes personas: José Rosamel Santana Chacon, José Fernando Flores Silva, Wilibaldo Vargas Vargas, Luis Carlos Alderete Oyarce, Arnoldo González Flores, Jovino Cárdenas Gómez, Federico Segundo Cabrera Reyes, José Heriberto Aros Vera, Róbinson Hernán Montiel Santana y David Montiel Baldera.

Estas viviendas no podrán gravarse ni enajenarse sin previo acuerdo de los organismos pertinentes del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, durante los diez años siguientes a la fecha de la transferencia respectiva.

Artículo 2º Concédese una pensión vitalicia de dos sueldos vitales del departamento de Santiago, al cónyuge, padre o madre de las siguientes personas: José Rosamel Santana Chacón, José Fernando Flores Silva, Wilibaldo Vargas Vargas, Luis Carlos Alderete Oyarce, Arnoldo González Flores, Jovino Cárdenas Gómez, Federico Segundo Cabrera Reyes, José Heriberto Aros Vera, Róbinson Hernán Montiel Santana y David Montiel Baldera.

Artículo 3º Las personas que hubieren resultado con invalidez total, invalidez parcial y las que hayan permanecido más de seis meses sin trabajar como consecuencia de las lesiones recibidas en los incidentes de la Pampa Irigoin el 9 de marzo de 1969 en Puerto Montt, previa calificación médica del Servicio Nacional de Salud, recibirán: los primeros una pensión vitalicia de dos sueldos vitales del departamento de Santiago; los segundos una indemnización de diez mil escudos, por una sola vez; y los últimos dos mil escudos, por una sola vez.

En caso de fallecimiento, entrará a percibir pensión la cónyuge, los hijos legítimos, naturales o adoptivos, en las mismas condiciones y requisitos que si se tratase de supervivientes afectos a la ley Nº 10.383, pero considerando siempre el monto establecido en el artículo Nº 2 y en el inciso lº del artículo Nº 3 de la presente ley.

Artículo Nº 4. Las pensiones de que tratan los artículos anteriores, se devengarán desde el día 9 de marzo de 1969, y se reajustarán, a contar del lº de enero de cada año, en el mismo porcentaje que aumente el sueldo vital, escala A) del departamento de Santiago.

Artículo Nº 5. Las personas que hubieren resultado con incapacidad temporal, o invalidez parcial, debido a los hechos a que se refiere esta ley, percibirán gratuitamente hasta su total curación las siguientes prestaciones: atención médica, quirúrgica y dental en establecimientos externos o a domicilio; hospitalización, medicamentos y productos farmacéuticos ; prótesis y aparatos ortopédicos y reeducación física y reeducación profesional.

Artículo 6º Los gastos que determinen el cumplimiento de los artículos anteriores, se imputarán al ítem de Pensiones del Presupuesto del Ministerio de Hacienda; y los del artículo 5º, serán cargados al Presupuesto del Servicio Nacional de Salud.

Artícido 7º Las pensiones o beneficios a que se refiere esta ley, se cursarán sin necesidad de requerimientos de los interesados, y las indemnizaciones contenidas en esta legislación se pagarán dentro de los treinta días siguientes a la fecha de presentación de los antecedentes.

(Fdo.) : Héctor Olivares S.Carlos González J.Luis Aguilera B.Jorge Sabat G.Mario Palestro R.Carmen Lazo C.Laura Allende G. "

92.-COMUNICACIÓN

De la Asociación Chileno Arabe de Cooperación, con la que agradece el homenaje rendido a la República Arabe Unida.

Las actas de las sesiones 33ª y 34ª, ordinarias, quedan a disposición de los señores Diputados.

Se va a dar lectura a la Cuenta.

El señor LeaPlaza (Prosecretario), da cuenta de los asuntos recibidos en la Secretaria.