Labor Parlamentaria

El señor FIGUEROA (Secretario).-

Corresponde continuar la discusión particular del proyecto sobre reajuste de remuneraciones para los sectores público y privado, informado por las Comisiones unidas de Gobierno y Hacienda.

Los antecedentes sobre este proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley:

En segundo trámite, sesión 73ª, en 26 de marzo de 1968.

Informes Comisiones de:

Gobierno y de Hacienda, unidas, sesión 75ª, en 2 de abril de 1968. Gobierno y de Hacienda, unidas (Segundo), sesión 84ª, en 27 de abril de 1968.

Discusiones:

Sesiones 75ª, en 2 de abril; 76ª y 77ª.

(Se aprueba en general) en 3 de abril; 85ª, en 29 de abril.

El señor LUENGO.-

Quiero fundar mi voto para manifestar que estoy por la supresión del artículo.

En él se establece un procedimiento administrativo para el pago de la indemnización que el arrendador debe dar el arrendatario cuando aquél no ocupa el inmueble después de seis meses contados desde la fecha de restitución. Tal procedimiento es, en mi concepto, mucho más engorroso que el existente en la actualidad en virtud de la ley 11.622. Según ese cuerpo legal, sólo en un incidente del juicio se establece el monto de la indemnización, la que se cobra incidentalmente en el mismo juicio.

La Dirección de Industria y Comercio no tiene imperio para exigir el pago de la indemnización que señala el artículo en votación. En consecuencia, el arrendatario deberá solicitar copia autorizada de la resolución de la DIRINCO. Sólo entonces podrá iniciar en el juzgado correspondiente un juicio ejecutivo para cobrar el beneficio. Según la ley vigente, cumplida la restitución, incidentalmente se cobra la indemnización. Y si dentro de seis meses el arrendador o su familia no ha ocupado el inmueble, también en forma incidental se hace efectiva la indemnización, con lo cual ésta se recibe de inmediato o en un muy breve plazo.

El precepto que se propone hace más engorrosa la tramitación. Inclusive, podría sostenerse mañana en un juicio que la ley 11.622 fue derogada totalmente por la disposición que nos ocupa.

Como el procedimiento administrativo que se desea establecer para cobrar la indemnización perjudica al arrendatario, votaré por la supresión del artículo.

El señor CONTRERAS (don Víctor).-

La disposición leída por el señor Secretario me parece conveniente. Si a una persona se le asigna una habitación por medio de la CORVI o por algún organismo previsional y durante seis meses no se traslada a ella o no la ocupa desde la fecha en que el interesado firmó el acta de recepción de la vivienda, quiere decir que no la necesita. Por eso, estimo justo que esa vivienda se asigne a otra persona más interesada o necesitada en ocuparla.

Voto por la reposición del artículo.

El señor AGUIRRE DOOLAN.-

Deseo decir dos palabras.

En la Comisión sostuve que el legislador no puede ocuparse en reglamentar hasta la minucia una disposición reglamentaria de la Corporación de la Vivienda, e igual criterio mantengo ahora en la Sala.

Por otra parte, el precepto perjudica, por ejemplo, a quien se encuentra enfermo por largo tiempo en un hospital, o a quien se va a vivir a provincias y está tramitando su jubilación.

Por eso, apoyaremos la supresión del artículo.

El señor RODRÍGUEZ.-

Deseo rectificar mi voto.

Acabo de recibir información del señor Secretario de las Comisiones unidas en el sentido de que la reglamentación de la CORVI es mucho más amplia que el precepto en debate, el cual es restrictivo; es decir, perjudicará a los interesados.

Voto por la supresión.

El señor CHADWICK.-

En el año 1965, Astilleros y Maestranzas de la Armada Nacional se vio en la necesidad de arrendar dos inmuebles en Talcahuano, que no eran de gran valor, según se desprende de la lectura del propio artículo, porque la suma de las rentas anuales correspondientes alcanzaba sólo a 5.240 escudos.

Esos inmuebles se destinaron al servicio mencionado. Sin embargo, la Contraloría General de la República reparó el gasto por falta de autorización correspondiente. En la Cámara se aprobó este precepto después de oír al Subsecretario de Marina y una vez reunidos todos los antecedentes del caso.

Por eso, voto por la mantención del artículo.

El señor CONTRERAS (don Víctor).-

Los Senadores comunistas votaremos por la reposición del artículo, en conformidad a lo pedido por los interesados, quienes nos han dado a conocer que, efectivamente, en el puerto de San Antonio existe esa institución de carácter mutualista y que ellos se encuentran en estos momentos abocados a alhajar su sede social. De manera que como se trata de contribuir al desarrollo de esa institución, que está preocupada de velar por los intereses de los obreros portuarios, votaremos, repito, por la reposición del artículo.

El señor PALMA.-

Solicito dividir la votación, porque el primer inciso plantea lo que acaba de informar el Honorable señor Contreras; pero los restantes se refieren a otras materias: el segundo hace obligatorio un descuento para todos los empleados de la Administración del puerto de San Antonio, y el último autoriza al director de la Empresa Portuaria de Chile para enajenar fierro viejo.

El señor RODRIGUEZ.-

Al margen de la votación sobre el inciso tercero, debo expresar que estuve en el puerto de San Antonio recorriendo las dependencias de la Empresa Portuaria. Desconcierta, en realidad, el derroche con que la administración nacional de dicha entidad mantiene ese recinto.

Visité sus maestranzas, sus talleres eléctricos y de soldaduras, y pude comprobar que hay grandes cantidades de fierro viejo y de elementos inútiles, por lo cual parece indispensable que por esta vía o por otra se autorice su enajenación.

En seguida, es necesario que la dirección de la Empresa se preocupe de mantener por lo menos el mínimo de repuestos indispensables, que son de escaso valor, para el funcionamiento de sus maquinarias: tornos, fresas, soldadoras, máquinas eléctricas, etcétera. La falta de tales elementos obliga a los obreros portuarios de San Antonio a trabajar en pésimas condiciones de seguridad lo que reduce su rendimiento técnico.

Quiero aprovechar la votación de este artículo referente a la Empresa Portuaria para solicitar, en nombre del Comité Socialista, el envío de un oficio al Director de esa institución, pidiéndole su opinión acerca de la enajenación de esos desechos de fierro y, asimismo, los motivos por los cuales no ha habilitado al recinto portuario de San Antonio de los elementos, repuestos y maquinarias necesarios para el buen funcionamiento y modernización del local, en conformidad a lo pedido por los obreros.

El señor CHADWICK.-

En uso del mismo derecho, quiero sumar la voz del Comité Unión Socialista Popular a lo expresado por el Honorable señor Rodríguez, porque he comprobado personalmente los hechos denunciados por Su Señoría.

Creo no equivocarme al decir que incluso allí se ha mantenido durante muchos años una grúa desarmada, que por la acción del tiempo se está inutilizando completamente. Asimismo hay diversas maquinarias expuestas a ser destruidas por la labor misma desarrollada en el puerto.

Por eso, en nombre de mi Comité, adhiero a la petición del Honorable colega.

Se anuncia el envío del oficio solicitado en nombre de los Comités Socialista, Unión Socialista Popular, Comunista, Social Demócrata e Independiente.

Se rechaza el inciso tercero con el voto contrario del Honorable señor Rodríguez.

El señor CONTRERAS (don Víctor).-

Los Senadores comunistas votaremos favorablemente, por considerar que el Poder Judicial y otras instituciones públicas podrán consignar en sus respectivos presupuestos, a comienzos del próximo año, los valores indispensables para comprar los pases que otorga la Empresa de Transportes Colectivos del Estado.

Es inadmisible que una institución semifiscal esté regalando pases a la mayoría de los servicios públicos, en circunstancias de que éstos no sólo deben contabilizarlos, sino reembolsar los valores correspondientes, a fin de no concurrir a desfinanciar más aún a dicha empresa.

Voto que sí.

El señor BULNES SANFUENTES.-

Tal vez este artículo se hubiera podido aprobar si se tratara de las instituciones con personalidad jurídica distinta del fisco. Pero resulta muy absurdo que a servicios carentes de personalidad jurídica, que son parte del fisco, se les haga esa exigencia. No veo cómo el Poder Judicial, que no tiene presupuesto propio, podría proveer los fondos necesarios para adquirir esos pases libres.

Por otra parte, las cosas deben tener cierta consecuencia. Si se establece esta norma respecto de la Empresa de Transportes Colectivos del Estado, debería hacerse lo propio con la de Ferrocarriles, y tendríamos que comenzar por declarar que el Congreso Nacional, que posee presupuesto independiente, proveerá los fondos necesarios para pagar los pases libres en Ferrocarriles y en la Línea Aérea Nacional.

En realidad, no veo por qué se da tratamiento distinto al Congreso Nacional y al Poder Judicial.

Voto en contra de la disposición.

El señor CHADWICK.-

Señor Presidente, votaremos favorablemente la reposición del artículo 218, pues en la provincia de Coquimbo hay gran cantidad de personas ex servidores de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado y ciudadanos de muy modestos recursos que están ocupando terrenos declarados en desuso por ese organismo.

Para resolver el problema social voto por la mantención del artículo.

El señor RODRIGUEZ.-

Lo resuelto por las Comisiones parece revestir justicia, pues tiende a prorrogar un plazo de siete años 1960 a 1967 otorgado a las municipalidades por el artículo 26 de la ley 16.250, a fin de que éstas encuadraran sus gastos administrativos en materia de personal.

A mi juicio, el artículo es sabio, porque está destinado a evitar excesos de gastos administrativos en los municipios que recargan su presupuesto impidiéndoles destinar recursos para realizar obras de adelanto comunal, con perjuicio para el cumplimiento de las obligaciones con la comunidad.

Pero si bien este precepto mantiene la prohibición de crear nuevos cargos, a renglón seguido establece la excepción. En efecto, dice así: "... salvo que los mayores gastos que tales medidas impliquen, sean compensados con economías de valor equivalente o superiores". En otras palabras, permite el aumento de la burocracia municipal a costa de economías en el presupuesto de inversiones.

A mi modo de ver, la disposición no es conveniente, y no es recomendable ampliar el plazo de que podrían disponer las municipalidades para acogerse al referido precepto, porque la situación deficitaria de aquéllas es un hecho bastante conocido.

Yo me he caracterizado por defender la autonomía municipal y por dar a los municipios la mayor ayuda posible en la legislación que permanentemente estamos despachando en el Congreso; pero no me parece aconsejable abrir ahora una llave de escape para que aumenten sus gastos administrativos incrementando la burocracia municipal en forma excesiva, con grave daño para el cumplimiento de sus obligaciones para con respecto de la comunidad.

Por las razones antedichas, voto por la supresión del artículo.

El señor CONTRERAS (don Víctor).-

Hemos pedido votación por estimar que las disposiciones mencionadas son dignas de mayor estudio.

A nuestro juicio, debe mantenerse el artículo que votamos. Concordamos con lo dicho por el Honorable señor Rodríguez en cuanto a la falta de armonía entre el comienzo del inciso segundo, que prohíbe crear nuevos cargos de empleados y obreros, aumentar los grados, mejorar las rentas u otorgar otros beneficios, y su parte final, que permite a las municipalidades hacer economías para financiar dichos reajustes o aumentos.

Sabemos que no es buena la situación económica de la mayoría de los funcionarios municipales a lo largo del país, y que los reajustes que se les han otorgado han sido objeto de reparos por la Contraloría, ante los cuales procede el reintegro de dichos valores por los regidores y el alcalde lo que no se va a conseguir o, en su defecto, que los devuelvan los propios interesados.

Propongo, entonces, votar el inciso segundo y que se suprima la parte final que dice: "salvo que los mayores gastos que tales medidas impliquen, sean compensados con economías de valor equivalente o superiores".

El señor CHADWICK.-

Daré algunos antecedentes.

A nuestro juicio, es indispensable mantener el primer inciso del artículo 219 aprobado por la Cámara.

Las municipalidades se han encontrado ante una situación de emergencia debido a que la ley 15.021 ordenó una retasación para los efectos de determinar el impuesto territorial, pero dispuso que no se considerarían bienes raíces ni agrícolas las minas y las maquinarias destinadas al giro del comercio, la industria o la minería. Ello significó privar de importantes recursos a esas corporaciones, de modo que muchas de ellas no han podido encuadrar sus presupuestos en las normas legales. Esa es una verdad que, por desgracia, debemos reconocer. En consecuencia, se justifica otorgar la ampliación de plazo que concede el artículo de la Cámara.

Por lo expuesto, los Senadores de estas bancas votaremos por el mantenimiento del inciso primero.

El señor LUENGO.-

Señor Presidente, votaré por el mantenimiento del artículo.

En realidad, varias leyes sobre reajustes de sueldos y salarios o aumento de remuneraciones no han dado a los municipios el financiamiento necesario para hacer frente a esos mayores egresos. Por ese motivo, algunas municipalidades no todas excedieron el porcentaje de sus presupuestos que la ley autoriza para destinar al pago de remuneraciones. La ley orgánica de Municipalidades dispone que éstas no podrán gastar sino el 20% de sus ingresos ordinarios en pagar a su personal de empleados y 30% de los mismos en jornales para sus obreros.

Repito: a consecuencia de los reajustes generales ordenados por diversas leyes dictadas en los últimos años, algunos municipios excedieron el porcentaje antes mencionado, por no habérseles concedido en sus disposiciones los recursos necesarios para cancelar los reajustes, pero se les autorizó para exceder los límites señalados por la ley orgánica citada.

Como leyes posteriores han concedido nuevos reajustes de remuneraciones, sin señalar las fuentes de recursos para atender a los nuevos gastos, se propone prorrogar hasta diciembre de 1969 la facultad que se concedió a las municipalidades para acogerse a la ley 16.250.

Voto por el mantenimiento del artículo por estimarlo necesario.

El señor RODRIGUEZ.-

Con relación a lo expresado por el Honorable señor Luengo, a quien concedo la razón en gran parte de lo que ha manifestado, deseo proponer que el artículo que votamos y todos los referentes a las municipalidades queden pendientes para tratarlos en presencia del señor Ministro de Hacienda, con el objeto de analizar debidamente su financiamiento. Lo digo, porque existe un compromiso del señor Ministro para obtener la iniciativa del Gobierno con el fin de conceder aportes por la cantidad de 160 millones de escudos a los municipios. Mientras dicha iniciativa no se concrete oficialmente, los artículos en referencia quedarán en el aire.

El señor VON MÜHLENBROCK.-

Parece justo el artículo.

El señor ALLENDE (Presidente).-

Advierto a los señores Senadores que estamos en votación.

Hasta el momento, parece haber acuerdo para mantener el artículo.

El señor RODRÍGUEZ.-

Con mi abstención.

El señor GONZALEZ MADARIAGA.-

Ese inciso es incompatible con el primero, que ya aprobamos, pues se prorroga hasta el 31 de diciembre de 1969 el plazo otorgado a las municipalidades para encuadrar los excesos de aumento de remuneraciones concedido a su personal, es decir, para permitirles ajustar su presupuesto.

Con la supresión acordada y con el inciso tercero, estamos declarando ajustados a derecho todos los gastos hechos en exceso; o sea, destruimos lo que aprobamos denantes.

Creo que el artículo debe contener sólo los dos primeros incisos, con la supresión ya acordada.

El señor CONTRERAS (don Víctor).-

Considero necesario mantener el inciso tercero, porque tiene por objeto corregir los reparos formulados por la Contraloría con motivo de los acuerdos sobre reajustes de sueldos y salarios adoptados por diversas municipalidades. Pienso que no ganaríamos gran cosa con mantener la disposición anterior si suprimimos el inciso tercero.

Votamos, pues, por la mantención del inciso tercero.

El señor CURTI.-

¡Suprimamos la Contraloría para que no haya reparos...!

El señor PALMA.-

La misma disposición está contenida en el inciso cuarto.

El señor CONTRERAS (don Víctor).-

Si la misma disposición se incluye en el inciso cuarto, no tiene objeto mantener el precepto que en este instante votamos.

El señor MIRANDA.-

Debo advertir al Senado que el artículo 220 condona "las sumas que los mismos empleados estén y puedan estar obligados a restituir por los reparos que haya formulado o formulare la Contraloría General de la República por aplicación del acuerdo mencionado". No sé, y de allí mis dudas,, si esta condonación está implícita también en la disposición del inciso primero del artículo ya aprobado.

Tal vez el Honorable señor Luengo, quien se ha caracterizado por su profundo conocimiento de las normas de derecho que rigen a las municipalidades, pudiera sacarnos de la duda.

El señor AHUMADA.-

¿Me permite, señor Presidente?

La aprobación de este artículo fue solicitado por acuerdo unánime de la Municipalidad de Rengo. Su objeto es que se la autorice para efectuar o suscribir acciones de sociedades industriales o efectuar aportes a ellas. Una de esas empresas se instalará en dicha ciudad, lo cual permitirá aumentar la producción metalúrgica, de gran importancia para el país. Esta disposición ya se ha aplicado en muchas municipalidades con relación al transporte, como en las de Maipú, Las Condes y La Reina.

Todos los municipios, por la unanimidad de los partidos políticos, en especial debido a la gestión del Alcalde de Rengo, se han acercado a los Senadores por las provincias de O'Higgins y Colchagua para solicitarnos que se apruebe esta facultad para efectuar aportes a sociedades industriales o de transporte o suscribir acciones de ellas para lo cual se exige acuerdo de los dos tercios de los regidores en ejercicio, sobre la base de los ingresos ordinarios o extraordinarios que leyes especiales les otorguen.

La ciudad de Rengo se encuentra en situación especialísima. No obstante ser agrícola e industrial, últimamente han cerrado muchas de sus industrias, y considerando que este precepto producirá un fomento de la producción extraordinariamente importante para la zona, así como evitará la cesantía que se está presentando en todos los niveles en el departamento de Caupolicán, ruego a los señores Senadores aprobar el artículo 224 del proyecto de la Cámara.

El señor RODRIGUEZ.-

Deseo saber qué tipo de empresas se van a instalar.

El señor AHUMADA.-

INDAC, una industria metalúrgica que se instalará en la ciudad de Rengo.

Sobre el particular, existe acuerdo de todas las municipalidades con los votos de todos los sectores. Inclusive, han venido en varias oportunidades al Senado, y todos los parlamentarios de la zona hemos celebrado reuniones con ellos.

Repito que Rengo se encuentra en situación especialísima como consecuencia del cierre de sus industrias. Era una ciudad sumamente industrial, pero se han cerrado la industria de candados ODIS, la de cuchillos Masihy, uno de los molinos, etcétera, lo cual ha ocasionado una cesantía inmensa. Por estas consideraciones, pido a los señores Senadores que presten su apoyo a este artículo.

El señor RODRIGUEZ.-

Estimo muy loables las inquietudes expresadas por el Honorable señor Ahumada, quien representa en forma muy genuina a su zona, junto con los demás Honorables colegas, pero en principio me opongo a que surjan sociedades mixtas a nivel municipal. Las hemos condenado a nivel estatal en el caso del cobre. A mi juicio, los recursos municipales deben utilizarse en la creación de auténticas empresas municipales y no destinarse a incrementar el capital privado, que por lo general es muy voraz.

Por lo expuesto, me abstengo, sólo para no contrariar a los señores Senadores de la zona, pero insisto en que no me gusta la idea.

El señor PALMA.-

Me abstendré de votar, considerando la petición que hacen los Senadores de la agrupación respectiva, a pesar de que en las Comisiones unidas me opuse con el mismo criterio con que lo hice respecto de la autorización que se quería dar en otra disposición a la Junta de Adelanto de Arica para asociarse con una cantidad de empresas de este tipo. Por lo tanto, más lógico sería mantener el mismo criterio, más, por la razón señalada, me abstengo de votar.

El señor JARAMILLO LYON.-

Los Senadores nacionales estamos conscientes, como ha hecho presente el Honorable señor Rodríguez, de que el principio de establecer sociedades mixtas a nivel municipal es bastante discutible. No obstante, la mayoría de nosotros votaremos favorablemente esta disposición, por las mismas razones que ha hecho valer el Honorable señor Ahumada y que también señaló el Honorable señor Bulnes Sanfuentes en las Comisiones unidas: el tremendo retroceso que está sufriendo Rengo con motivo de la paralización de sus industrias.

Deseo dejar de manifiesto que al votar favorablemente esta iniciativa, acogemos las aspiraciones muy reiteradamente expresadas, no sólo de la Municipalidad de Rengo, donde está representada la gran mayoría de los sectores políticos, sino también de las fuerzas vivas, como centros para el progreso, cámaras de comercio, etcétera, que tienen gran interés en la instalación de nuevas industrias.

Por lo expuesto, voto favorablemente el artículo.

El señor RODRIGUEZ.-

Voto por la mantención del artículo propuesto por la Cámara porque se desea dar a ciertos profesionales funcionarios de los municipios derechos ya adquiridos por profesionales que en la Administración Pública ocupan una situación similar.

Parecería, pues, injusto lesionar a este personal, que, por lo demás, es muy escaso. Fundamentalmente los hay en el de Santiago.

El señor PRADO.-

En verdad, pensábamos pedir que se modificara este artículo en varios sentidos en las Comisiones, pero no alcanzamos a presentar las indicaciones del caso.

En él se establecen disposiciones fundamentales para que la Municipalidad de Putaendo juntamente con pequeños propietarios agrícolas socios de una cooperativa, pueda obtener del Instituto de Desarrollo Agropecuario y de otros organismos de crédito, por el mecanismo que le da una ley de empréstito municipal, los fondos necesarios para obras de regadío que se iniciaron con nueve kilómetros de canal que ya se ha construido.

En la conciencia de que por medio del veto quizás deba mejorarse un poco el texto, para que se cumpla el objeto que he señalado, yo pediría a los señores Senadores que lo aprobáramos.

El señor NOEMI.-

Algunos contadores me han manifestado su disconformidad con este artículo.

En el Instituto Superior de Comercio hay diversas especialidades: de contador, secretario o agente. Para recibir el título de contador, en los últimos años los alumnos intensifican el estudio de la contabilidad y de las matemáticas. En las otras especialidades, se acentúa el estudio de otros ramos.

Esos profesionales consideran injusto que puedan inscribirse en el Colegio de Contadores quienes no han recibido una enseñanza intensa en contabilidad.

Atendiendo a dicha petición voto por el rechazo de este artículo.

El señor GOMEZ.-

Esta disposición es rigurosamente justa.

En los últimos años se ha desencadenado en el país la idea de que es necesario poseer un título. Winston Churchill no habría podido ser Primer Ministro de Gran Bretaña si hubieran exigido títulos. Tampoco el Mariscal. Tito, Khruschev y Andrés Bello habrían podido alcanzar las posiciones a que llegaron.

Pero, en fin, aceptamos que se exija título; no contrariamos el temperamento del país. Hay que tener un "cartón" para ejercer un cargo.

Este requisito arranca desde una fecha determinada. Pero ¿y la gente que estaba ejerciendo esta profesión con anterioridad a esa fecha? ¿Por qué se la arrincona? ¿Por qué se le modifican las reglas del juego?

Estamos pidiendo que gente experimentada, gente que conoce la contabilidad y se desempeña con eficiencia, pueda inscribirse. Estamos solicitando que los egresados hasta 1955 se pone una fecha, un límite, un hito tengan esa posibilidad. Desde 1955 para adelante, exíjase "cartón" de la universidad, título, todo lo que se quiera. Pero, hacia atrás, es una injusticia tremenda que no se permita a esas personas inscribirse en el Colegio de Contadores.

Defendemos este artículo y hacemos un llamado al Senado a fin de que permita a estos egresados, meritorios, idóneos, inscribirse en ese colegio y seguir trabajando. Con el rechazo de esta norma se niega el derecho al trabajo a eficientes contadores.

Podría aprobarse el artículo con el voto en contra del Honorable señor Noemi.

La señora CARRERA.-

En las Comisiones unidas voté en contra de este artículo, pero después tuve oportunidad de conversar con los ejecutivos de ese Instituto y llegué a la conclusión de que es beneficioso para el país, en especial porque se preocupa del transporte marítimo comercial, materia en la cual fuera de los cursos de oficiales que realiza la marina mercante, no hay otros establecimientos especializados, pese a tratarse de un rubro fundamental para la economía chilena.

Una nación que tiene 4.500 kilómetros de costa no necesita un Instituto del Mar, sino muchos.

Si éste es un embrión, una entidad dedicada al estudio de dicho problema, me parece que debemos darle un estímulo.

Por eso, los Senadores socialistas votamos afirmativamente.

El señor ENRIQUEZ.-

Estoy muy de acuerdo con el objetivo que persigue esta disposición, pero debo recordar al Senado que en la ley del Cobre, cuyo texto no tengo a la mano, un Título completo trata de la creación, a cargo de la Corporación de Fomento, de la Universidad de Chile y demás reconocidas por el Estado y de la Armada, toda una organización para investigar, fomentar y aprovechar los recursos del mar, con los ingresos provenientes de la explotación del cobre. Con ello se quiso unificar los diversos aspectos de toda esta labor, dando primacía a la investigación, como primera etapa, pero sin descuidar las otras.

Los recursos correspondientes a 1967 no se invirtieron. Por indicación que presenté pues soy el autor de ese conjunto de disposiciones, esos fondos no ingresa son a rentas generales de la nación.

Estimo que las Comisiones hicieron bien al rechazar este artículo. En realidad, debe persuadirse al Gobierno de que eche a andar esa organización, con el concurso y participación directa de las universidades, de la CORFO y de la Armada de Chile, pues están sobrando los dineros.

Esta norma significa duplicar los esfuerzos y perder los recursos.

Por considerarlo innecesario, voto por la supresión del artículo.

El señor PALMA.-

Según lo acaba de expresar la Honorable señora Carrera, el Instituto del Mar capacita personal para la marina mercante.

En la actualidad, atiende un Liceo del Mar y educa gratuitamente a más de 400 niños, provenientes de los más diversos sectores socioeconómicos, para formar un personal que hoy día no existe, porque no se trata del mismo que se instruye en la Escuela Naval.

Esta materia incide en un problema vital para el país, porque el crecimiento de la marina mercante es una necesidad imperiosa, ya que el transporte marítimo es una de las vías por las cuales se escapa mayor cantidad de divisas. En consecuencia, todo lo que se haga en este sentido es útil.

Además, el Instituto del Mar encuadra dentro de los conceptos vertidos por el Honorable señor Enríquez, pues depende de la Universidad Católica de Valparaíso en todo lo que se relaciona con el aspecto pedagógico y educacional.

Asimismo, los fondos que aquí se destinan podrían emanar precisamente de la fuente a qué Su Señoría ha hecho mención. El Gobierno podría actuar con toda facilidad si dispusiera de esta norma que lo autoriza.

En consecuencia, todo concurre para mantener en definitiva este artículo.

El señor CHADWICK.-

Quiero insistir en lo expresado por la Honorable señora Carrera, porque, en realidad, en esta disposición se están destinando recursos para una actividad muy diferente a la mencionada por el Honorable señor Enríquez.

Digo esto porque en el proyecto aprobado por iniciativa del señor Senador se destinaron fondos y se dispuso una organización para resolver problemas de la biología marina, es decir, de la vida en el mar y de su estudio. En cambio, aquí se trata de considerar el mar como medio de transporte. Es eso lo que debe investigarse; es en ese campo donde hay que formar profesionales, complementando la acción, incompleta, de los actuales institutos de formación de oficiales, que están llamados a conducir los barcos, pero no a resolver los problemas económicos.

Por eso, soy de opinión de mantener este artículo.

El señor BOSSAY.-

Sólo deseo expresar que, como parlamentario por Valparaíso debo estar mejor informado de los problemas de esa zona que Senadores representantes de otros puntos del país. Por ello, es lógico suponer que sepa algo más que mis Honorables colegas respecto del Instituto del Mar. Puedo ignorar o no conocer detalladamente los problemas de Concepción; pero estoy al tanto de los que afectan a mi provincia.

El Instituto del Mar nada tiene que ver con la Universidad de Chile, o la de Concepción ni con ningún centro de estudios de biología marina o investigación científica. Sólo guarda relación, como lo han señalado la Honorable señora Carrera y los Honorables señores Chadwick y Palma, con la Marina Mercante Nacional. En ese instituto se pretende dar mejor preparación técnica a quienes ocupan el mar como vía de transporte. En cierto sentido, hay asesoría académica o pedagógica por parte de la Universidad Católica de Valparaíso; pero el Instituto del Mar tiene plena independencia en el manejo de los fondos fiscales que lo financian, aunque, en este sentido, está muy bien fiscalizado por la Contraloría General de la República. Hago fe en que ese organismo seguirá cautelando en buena forma los dineros del Estado.

Voto por mantener el artículo 239, y espero que mis Honorables colegas tendrán la benevolencia de apoyarlo.

El señor BULNES SANFUENTES.-

Las universidades particulares reciben, y en muy buena hora, considerables subvenciones de parte del Estado; pero estos planteles educacionales emplean los dineros fiscales de acuerdo con un orden de prioridad establecido por cada plantel. Estimo muy peligroso el camino de entrar a conceder subvenciones directas pana determinadas dependencias universitarias, pues en ese caso ya no sería la Casa Central de la respectiva universidad quien solicitaría las subvenciones sino que lo harían grupos de profesores a cargo de las diversas escuelas.

Estimo que ninguno de mis Honorables colegas está en situación de decir si es más útil entregar un millón doscientos mil escudos al Instituto del Mar, que hacerlo para en beneficio de otra escuela dependiente de la Universidad Católica de Valparaíso. Es un hecho bastante conocido que ese plantel de enseñanza superior está en falencia, y que muchas de sus Facultades más importantes, como por ejemplo la de Economía, han estado a punto de cerrar.

No considero buen principio conceder fondos al Instituto del Mar sin establecer su importancia en comparación con otras dependencias universitarias, máxime si en adelante repito estaríamos expuestos a la presión de los Decanos y profesores de cada escuela, de cada Universidad a fin de que les otorgásemos subvenciones especiales.

De conformidad con mis principios, y por las consideraciones anteriores, voto en contra de esta disposición.

La señora CAMPUSANO.-

Los Senadores comunistas, en el seno de las Comisiones, votamos en contra del artículo 239. Ahora nos abstendremos, pero dejamos en claro que, a nuestro juicio, se está abusando del sistema de las subvenciones para las universidades no estatales, en las cuales suele haber consorcios particulares, como el del señor Edwards, que obtienen grandes utilidades por el hecho de dirigirlos.

El señor BULNES SANFUENTES.-

Eso no es efectivo, señora Senadora.

La señora CAMPUSANO.-

Deseamos poner término a esta farsa en que las universidades particulares aparecen como benefactoras. De ellas egresan centenares de alumnos como reconocidos deudores de esos planteles, en circunstancias de que el único benefactor y a quien deben agradecer es, en buenas cuentas, al Estado, que aporta la mayor cuota del financiamiento.

Nos abstendremos, para no crear dificultades. Nos encontramos ante la situación de hecho de que si se rechaza el artículo podrían quedar fuera del Instituto varios centenares de alumnos.

Insistimos, una vez más, en la necesidad de abrir paso a la Universidad estatal, vale decir, a la de Chile, a la cual deben entregarse todos los recursos que sean necesarios.

En el Senado siempre hay amplia acogida para las iniciativas tendientes a financiar organismos particulares, en circunstancias dé que se cierran las oportunidades para los del Estado. Así ocurre con la Escuela de Servicio Social de la Universidad de Chile, que hace más de 30 días está en huelga por carecer de local donde funcionar. Ni la opinión pública ni esta Corporación han parecido darse cuenta de este grave problema.

El señor GONZALEZ MADARIAGA.-

Algo entiendo en materia de leyes, pues he sido autor de algunas de ellas y he leído bastante sobre esta materia.

Debo señalar que técnicos europeos, contratados por la Corporación de Fomento, han declarado que Valparaíso no es puerto pesquero. El pescado consumido por Santiago viene de Talcahuano, Coquimbo y, sólo en pequeña proporción, de San Antonio.

El señor RODRIGUEZ.-

Y de Puerto Montt.

El señor GONZALEZ MADARIAGA.-

Este país está desarticulado. Todo esto es más bien deporte que trabajo efectivo en favor de la economía. Necesitamos un Gobierno que estudie estos problemas en profundidad. Y oriente los recursos en forma raciona!, pues ellos no deberían perderse en un país económicamente tan maltratado como el nuestro.

Voto que no.

El señor PRADO.-

Hay un error en las expresiones del Honorable señor González Madariaga; de manera que también solicito dos minutos para replicar a Su Señoría.

El señor ALLENDE (Presidente).-

Si le parece a la Sala se accederá a lo solicitado.

Acordado.

El señor PRADO.-

El Instituto del Mar no tiene nada que ver como erróneamente se creyó en las Comisiones ni con el Instituto de Biología Marina ni con la Escuela de Técnicos Pesqueros. Lo digo, pues acabo de oír al Honorable señor González Madariaga referirse al Instituto del Mar afirmando que sería poco menos que una escuela de pescadores, en circunstancias de que tiene un papel importantísimo en el desarrollo de la Marina Mercante Nacional. Obedece al primer intento de fundar un establecimiento para la preparación de tripulantes mercantes y hombres de puerto.

Chile depende, en gran medida, de la Marina Mercante Nacional. Se está aumentando su tonelaje. Así ocurre en estos momentos con la Empresa Marítima del Estado.

El Instituto del Mar es dependiente de la Universidad Católica; pero, de hecho, se separará de este plantel. Al respecto, se realizan estudios en el Ministerio de Educación.

El señor CHADWICK.-

Es autónomo.

El señor PRADO.-

Por eso, a mi juicio, no se le pueden negar los medios para capacitar nuevo personal.

No deseo repetir cifras de ninguna especie. Sólo quiero señalar que el Instituto necesita este presupuesto. Si lo rechazáramos, cerraríamos las puertas a varios cientos de muchachos procedentes de hogares modestos, que en estos momentos adquieren allí la capacitación técnica requerida por todo el país, no sólo por Valparaíso.

Por estas consideraciones; soy partidario de la supresión.

El señor JULIET.-

Señor Presidente, las letras a) y b) de este precepto, fueron tratadas en la ley de ||AMPERSAND||quot;Loteos Brujos". En esa oportunidad, el Senado se pronunció en contra de la modificación del artículo 70 de la ley 16.742, por considerarla inconstitucional en razón de que se establecía una prescripción con daño del que ya tiene un derecho adquirido que reclamar ante la Corporación de la Vivienda y demás organismos: el derecho a cobrar lo que tenía incorporado al momento mismo de la recepción de la obra.

En cuanto a la letra b), su texto se encuentra en la ley 16.742. O sea, se trata de una repetición, pues el artículo 69 de esa disposición expresa, en los dos primeros incisos, lo mismo que se propone ahora.

El señor CHADWICK.-

No; señor Senador.

El señor JULIET.-

Es exactamente igual. El inciso tercero, que se pretende agregar, se refiere a que la ejecución de la sentencia queda entregada al Presidente de la República, mediante decreto supremo. Para ello el Tribunal remitirá al Ministerio de la Vivienda y Urbanismo copias autorizadas de los recursos de primera y segunda instancia para su cumplimiento.

En aquella oportunidad, estimamos en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia que era inadmisible entregar la ejecución de la sentencia al Presidente de la República sin que el Primer Mandatario tuviese los recursos consiguientes que le permitieran satisfacer la resolución judicial, ya que en ningún ítem del presupuesto nacional ni en el de la Corporación de la Vivienda se consignan fondos para esta materia. Por estas consideraciones, el Senado se pronunció en contra de las dos disposiciones: rechazó la primera por estimarla inconstitucional y la segunda, por ineficaz y gravosa para la los acreedores de Corporación de la Vivienda.

Recuerdo esta Situación al Honorable Senado para que tenga presente el criterio adoptado anteriormente, que a mi juicio debería mantener en esta oportunidad.

El señor BULNES SANFUENTES.-

Siento no haber tenido oportunidad de conversar antes con el Honorable señor Juliet sobre el artículo. Su Señoría me había planteado el problema, pero no tuve tiempo de revisarlo.

En realidad, la letra b) fue aprobada por otorgar plazo de prescripción razonable a los contratistas. En la actualidad, los créditos de los contratistas contra esta institución prescriben en plazo breve, a contar "de la fecha en que se devengaren, De acuerdo con este precepto, el plazo de prescripción de seis meses se contará desde la recepción de la obra, porque, evidentemente, el contratista no puede demandar a la institución mientras aquélla se está ejecutando. Por ello, el plazo de prescripción actualmente existente, que se cuenta a partir del momento en que se devengó la obligación, hace más o menos ilusorio el derecho.

Con el artículo que se propone, el plazo pasa a contarse desde la recepción de la obra; o sea, cuando el contratista ya está en condiciones de demandar a la institución.

El señor RODRIGUEZ.-

De la recepción provisional.

El señor BULNES.-

Por lo que se refiere a la letra b), establecimos en las Comisiones unidas que en la actualidad la ley no dispone ningún procedimiento para la ejecución de la sentencia en contra de la CORVI, Corporación de Servicios Habitacionales, Corporación de Mejoramiento Urbano y Empresa de Agua Potable de Santiago. Si alguien gana un juicio contra alguna de estas instituciones, por ser todos los bienes de ellas inembargables, el cumplimiento de la sentencia queda totalmente entregado a la voluntad del vicepresidente ejecutivo correspondiente. Si éste quiere, la cumple.

La letra b) asigna a la ejecución de estas sentencias el mismo procedimiento señalado por el Código de Procedimiento Civil para la ejecución de las sentencias de los juicios de hacienda, o sea, juicios contra el fisco.

El señor JULIET.-

Pero en ese caso hay recursos para su cumplimiento.

El señor BULNES SANFUENTES.-

Como sea, el Presidente de la República queda obligado a cumplir la sentencia en la misma forma como cuando se dicta sentencia contra el fisco en un juicio de hacienda.

Actualmente, no siendo embargables los bienes y no señalándose ningún procedimiento para ejecutar la sentencia, ésta se cumple o ño se cumple según la voluntad del vicepresidente ejecutivo correspondiente. De eotra manera no hay recurso legal de especie alguna. Esa es la explicación que quería dar.

Voto por la mantención del artículo.

El señor AYLWIN.-

Deseo referirme específicamente a la situación que plantea la letra b), materia que, cuando se aprobó la ley llamada de "loteos brupos" y analizamos el artículo 69, se consideró de manera especial. Debo decir que los dos primeros incisos del artículo 69 son idénticos al aquí propuesto.

El inciso tercero establece como modalidad para cumplir el pago, cuando la CORVI es condenada, que la Corporación cancelará con cargo a un ítem establecido especialmente en el presupuesto anual para el año siguiente. Es decir posterga los pagos por un año. En consecuencia, si un contratista gana un pleito a la CORVI en enero, como ya en el presupuesto de ése año no figura el ítem correspondiente, sólo al siguiente tiene derecho a obtener el pago.

Pues bien, cuando se discutió la disposición en referencia, expresamos personalmente lo hice presente, que el propósito del Gobierno, antes las observaciones que algunos de nosotros habíamos hecho respecto del precepto, era aceptar la sugerencia de someter el cumplimiento de la sentencia contra la CORVI y de la Corporación de Servicios Habitacionales al mismo procedimiento de ejecución de las sentencias en los juicios de hacienda, establecido en el Código de Procedimiento Civil. Es decir, el Presidente de la República ordena efectuar el pago, lo cual es imperativo y constituye una obligación.

En cuanto a la duda que asiste al Honorable señor Juliet, creo que ella se resuelve en el inciso final, que dice:

"En el decreto respectivo que ordene a la Institución cumplir la sentencia, se creará o señalará el ítem contra el cual habrá de girarse, el que en todo caso se considerará excedible hasta la suma que se ordene pagar".

O sea, se dispone un ítem semejante al que tiene por objeto permitir el cumplimiento de las sentencias judiciales, cuya característica es ser excedible.

Por las razones expuestas, consideramos manifiestamente conveniente mantener el artículo, que traduce el cumplimiento de un compromiso contraído por el Gobierno cuando se aprobó la ley en referencia.

Estoy pareado con el Honorable señor Chadwick. Si Su Señoría me autoriza, voto que sí.

Se aprueba el informe de la Comisión.

El señor CHADWICK.-

Sólo quiero decir que para evitar cualquier objeción, en la Comisión se agregó la oración que aparece al final del artículo: "El Presidente de la República, dentro del plazo de 180 días de publicada esta ley, reglamentará la aplicación de este artículo." Aunque esta frase es innecesaria, se introdujo con el objeto de establecer que el Primer Mandatario pudiera prever las modificaciones. Si el contratista tiene ya pagadas las imposiciones de previsión, no queda sometido a lo dispuesto por este artículo. Bastará acreditar ese hecho para que le giren la totalidad de los fondos. Si esto no ocurre, no se permitirá que el contratista retire los fondos, por ser deudor del instituto previsional. Por eso, votaré favorablemente el artículo.

El señor IBAÑEZ.-

Estimamos profundamente inconveniente esta norma. Desde luego, porque significará la contratación de por lo menos dos mil empleados públicos, que deberán encargarse de revisar las planillas de todos los contratistas y obras públicas del país. Y, en seguida, por una razón que debemos expresar con toda franqueza: si el Gobierno retiene los valores aquí establecidos, no hay absolutamente ninguna seguridad de que los deposite en las cajas de previsión respectiva. Yo pregunto, ¿cuánto adeuda el Estado a este tipo de organismos...

El señor VON MÜHLENBROCK.-

Y a los contratistas.

El señor IBAÑEZ.-

... a los contratistas?

A mi juicio, el artículo configura una manera para que el Gobierno se quede con el dinero, y los obreros de las empresas constructoras, sin las imposiciones correspondientes.

¿Y de qué manera se reclamará contra el fisco, si éste el día de mañana no las paga?

Por eso, el artículo en votación, por donde se lo mire, es profundamente dañino e inconveniente. Sólo constituye una forma de crear burocracia y una nueva oportunidad de aumentar los cargos públicos.

Por todo lo anterior, votaremos en contra del precepto.

El señor LUENGO.-

A mi juicio, la idea contenida en el artículo 193 es buena. En el fondo, se trata de asegurar que las imposiciones de los obreros y empleados lleguen oportunamente a las cajas de previsión. Por esa razón, votaré favorablemente este artículo.

Sin embargo, deseo hacer algunas observaciones. En la forma como está redactado el precepto, no surtirá los efectos esperados. Las instituciones que deban pagar a los contratistas particulares, retendrán las cantidades correspondientes a imposiciones. No obstante, estimo que será difícil que los institutos previsionales reciban esas sumas.

Tampoco olvido que el fisco adeuda a esos organismos muchos millones de escudos por concepto de imposiciones no pagadas. Lo mismo ocurrirá respecto de los Servicios mencionados, particularmente, con la Corporación de la Vivienda. Muchas veces la CORVI tendrá déficit de caja y no podrá pagar a los contratistas. Es decir, hará el descuento correspondiente a las imposiciones, pero no enviará oportunamente a las cajas de previsión las sumas respectivas.

Quiero hacer notar todavía algo mucho más grave: en el artículo 192, que acabamos de aprobar, se estableció la inembargabilidad de los bienes de las instituciones afectadas.

El señor CHADWICK.-

Que ya existía.

El señor LUENGO.-

Formulé indicación no recuerdo si ella se aprobó o desechó en el sentido de establecer que la inembargabilidad en referencia no rige para los casos de juicios entablados en juzgados del trabajo. Así, el funcionario, obrero o empleado que estuviera cobrando su sueldo o salario, podría embargar a esas instituciones, no obstante gozar de inembargabilidad. En mi concepto, en el artículo 193 falta una frase en el sentido de que se entenderán pagadas las imposiciones del personal de empleados y obreros, aun cuando la caja de la institución respectiva no hubiera enterado las sumas respectivas en la caja de previsión que corresponda.

El señor CHADWICK.-

Se aprobó una norma general en ese sentido.

El señor ALLENDE (Presidente).-

Existe un precepto de carácter general.

El señor LUENGO.-

La circunstancia anotada por los señores Senadores, remedia en buena parte la situación que hacía presente.

No obstante los reparos que me merece el artículo, lo votaré favorablemente.

El señor CONTRERAS (don Víctor).-

Votaremos positivamente la disposición, por estimarla necesaria, aun cuando existe un precepto que dispone que los estados de pago presentados por los contratistas, antes de su cancelación, deben ser visados por las inspecciones del trabajo respectivas. Por desgracia, no todos los funcionarios del trabajo cumplen esta obligación. Hace algún tiempo, un contratista de la ciudad de Copiapó se retiró olímpicamente, después de terminados los trabajos, sin pagar una deuda por concepto de imposiciones correspondientes a seis meses.

Se ha dicho que el fisco no paga las imposiciones. Si bien ello es cierto, no es menos tramposo el sector privado, que al 30 de junio del año pasado debía 136 millones de escudos por imposiciones, sólo al Servicio de Seguro Social.

Por las razones expuestas, votamos favorablemente.

El señor GONZALEZ MADARIAGA.-

Mucho deploro la aprobación del precepto. Creo que tiende a complicar la tramitación del pago. A la larga, se trata de favorecer a ciertas personas en el pago de las imposiciones para los efectos provisionales, los que, en definitiva, aumentará los gastos.

Comprendo la intención, pero creo que, en la práctica, habrá muchas dificultades.

Voto que no.

El señor PALMA.-

Con la venia de la Mesa, deseo plantear, muy brevemente, una cuestión de procedimiento.

Quedan por despachar setenta artículos del proyecto y debemos pronunciarnos, además, sobre ciento dos indicaciones renovadas. Si a cada una de ellas destinamos cinco minutos, deberíamos sesionar otras catorce horas. Ruego, por lo tanto, a la Mesa que convoque a reunión a los Comités en el momento que estime oportuno, a fin de tomar acuerdo al menos respecto del tratamiento que daremos a las indicaciones renovadas, pues no podremos despachar el proyecto y las indicaciones dentro del plazo señalado por el acuerdo vigente de la Comisión, que vence hoy a las doce de la noche.

El señor RODRIGUEZ.-

Querría que, ojalá antes de suspender la sesión para celebrar reunión de Comités, el señor Presidente tuviera a bien informarnos, ante el mayor número de Senadores que fuera posible, y en forma oficial, sobre los resultados de la gestión realizada por los Comités parlamentarios ante el Presidente de la República.

Hasta el momento, sólo disponemos de algunas versiones muy vagas de los resultados obtenidos en dicha gestión, y no sabemos qué se piensa respecto de la huelga de hambre que mantienen algunos funcionarios.

El señor RODRIGUEZ.-

No me pronuncio fundamentalmente sobre la aprobación o la desaprobación de este artículo. Lo que me interesa es que algún señor Senador nos informe sobre el alcance de la proposición, pues, al ser suprimida la Secretaría Técnica y de Coordinación del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, se produciría una situación de absoluta inestabilidad a los funcionarios que allí prestan servicios.

En minuta que se me ha hecho llegar, se expresa que les interesa saber si, de aprobarse esta disposición, los actuales funcionarios de esa Secretaría treinta en total, incluyendo al Secretario Técnico pierden su cargo por supresión del Servicio.

La indicación aprobada por la Comisión, que pasó a constituir el inciso tercero del artículo, parece dar a entender que las personas que en estos momentos trabajan en la Secretaría Técnica, perderían su empleo por aplicación de la ley. No es otro el sentido si se considera que se les otorga el derecho a jubilar si cumple los requisitos que allí se estipulan.

Desearía que, para los efectos de la historia de la ley, quedara en claro cuál será la situación futura de ese personal, pues, a juzgar por la redacción un tanto ambigua del inciso tercero, dichos empleados quedarían en situación inestable y correrían el peligro de perder en forma absoluta sus derechos. Así, por lo menos, han expresado sus temores los funcionarios de la Secretaría Técnica y de Coordinación del referido Ministerio.

El señor GUMUCIO.-

Tengo las mismas dudas expresadas por los señores Senadores, porque la indicación aprobada por las Comisiones unidas ignoro quién la suscribió da a entender que, por el hecho de suprimirse la Secretaría Técnica y de Coordinación del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, los funcionarios dependientes de esa sección y el propio Secretario General Técnico perderían sus cargos. Tal es el temor que han manifestado dichos funcionarios, sobre todo porque el artículo dispone un tratamiento especial de jubilación.

A mi entender, el artículo, sin el inciso tercero propuesto por las Comisiones unidas, significa que los actuales empleados de la Secretaría Técnica podrían pasar a prestar sus servicios en otras oficinas del Ministerio, porque su inciso segundo dispone que las funciona y atribuciones de la Secretaría Técnica y del Secretario General Técnico se distribuirán entre la Dirección de Planificación y la subsecretaría del Ministerio. En consecuencia, se subentiende que, sin el inciso tercero, el artículo establece que el personal antes referido quedará siempre en funciones, o sea, que esos empleados no perderán sus cargos.

El señor VON MÜHLENBROCK.-

El inconveniente, entonces, reside en el inciso tercero.

El señor GUMUCIO.-

Exacto, señor Senador.

El señor AGUIRRE DOOLAN.-

Entonces, ¿su Señoría vota contra el inciso?

El señor RODRIGUEZ

Habría que rechazarlo, porque, al establecer condiciones especiales para la jubilación del personal mencionado, se da a entender que, en parte al menos, será desahuciado en virtud de suprimirse el organismo al cual se encuentran adscritos.

El señor AGUIRRE DOOLAN.-

Podría dar una información sobre la materia.

La indicación en referencia fue aprobada por mayoría de votos en las Comisiones unidas. La inclusión del inciso tercero se debe a que la supresión de una oficina completa del Ministerio de la Vivienda podría ocasionar despido de funcionarios. Por lo tanto, se estimó conveniente dar resguardos suficientes a los empleados que pudieran cesar en sus cargos por ese motivo.

El señor RODRIGUEZ.-

Pienso que las dudas podrían ser aclaradas si se suprimieran en el inciso tercero las palabras "y que tengan derecho a jubilar por servicios prestados en otras instituciones". El inciso diría:

"Las personas que con motivo de la aplicación de esta ley pierdan su empleo u ocupación tendrán derecho a jubilar en la última institución en que presten servicios cualquiera que sea el periodo de imposiciones que tengan en ésta" Así quedaría en claro la intención del legislador.

El señor CHADWICK.-

La disposición está llamada a regir en el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, que tiene un régimen especial.

Cuando se despachó la ley orgánica de ese Ministerio, se dispuso que el Presidente de la República tendría, por el plazo de dos años, la atribución de fijar su planta. Más tarde, cuando se aprobó la ley que dicta normas sobre ciertos loteos, se creó la llamada Corporación de Obras Urbanas la cual tomó a su cargo varios Servicios confiados a la Subsecretaría del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo. Ahora resulta que, pese a todas esas provisiones legales, han quedado algunos cargos sueltos que no están exactamente incorporados a la Corporación ni al rodaje normal de lo que resta de la Subsecretaría. Por eso, el inciso segundo, en el fondo, da una facultad al Presidente de la República para determinar el lugar en que esas funciones se van a prestar y si se harán los traslados correspondientes. Así fue despachado por la Cámara.

En las Comisiones unidas se agregó el inciso tercero, que viene a reglar la situación de las personas que, teniendo derecho a jubilar por los servicios prestados en otras instituciones ya que ese Ministerio es la consecuencia de la reagrupación de secciones de otros Ministerios, en especial el de Obras Públicas puedan hacerlo con un régimen especial que regulará el monto de sus jubilaciones.

Con la precipitación que se está legislando, el Senado deberá decidir si da una nueva facultad al Presidente de la República para que termine de estructurar el Ministerio de la Vivienda, o no la da. Personalmente, creo que es necesario otorgarla, porque de otra manera esos cargos quedarán sin cabal utilización.

Creo que el inciso tercero está llamado a dar una franquicia o prerrogativa especial a los funcionarios que estén en condiciones de jubilar, con el objeto de que se les compute en la mejor forma posible la renta de sus futuras pensiones.

El señor GONZALEZ MADARIAGA.-

Me parece que el inciso tercero viene a obviar el problema presentado a las personas que queden sin ser incorporadas a ninguna de las secciones que se establecerán. Sin embargo, yo sugeriría suprimir la última frase del inciso que dice: "cualquiera que sea el período de imposiciones que tengan en ésta", para que las personas que jubilen lo hagan con arreglo a las leyes de la República, porque decir "cualquiera" podría significar que una persona jubile con tres o cuatro años de servicios, lo que sería informal. O sea, se mantendría la idea de la jubilación tomando en cuenta los servicios prestados en otras instituciones, y se suprimiría la frase final, que es grave, porque altera el régimen interno de la jubilación.

El señor PALMA.-

De conformidad con lo que recuerdo del debate habido en las Comisiones unidas, lo propuesto en este artículo está bien, incluso con la frase final del inciso tercero, porque, como se ha dicho, el Ministerio de la Vivienda se creó por la fusión de diversas secciones de otras Secretarías de Estado.

El señor AGUIRRE DOOLAN.-

Despachémoslo.

El señor PALMA.-

Por ese motivo se facultó al Primer Mandatario para ubicar a funcionarios en otros cargos. Esa facultad actualmente existe. En consecuencia, el personal del Ministerio de la Vivienda está compuesto por funcionarios que tienen derechos provisionales en otras instituciones y que son aquellos que no están afiliados a la Caja de (Empleados Públicos.

Por eso, cualquiera que sea el período de imposiciones que tengan, ...

El señor CONTRERAS (don Víctor).-

Me parece que esta disposición paliará en parte la situación del personal; pero tanto el inciso primero como el segundo del artículo 248 de la Cámara de Diputados, significan una autorización para despedir funcionarios. Lo digo porque en ninguna parte del artículo se señala cuáles serán las funciones que pasarán a ocupar esos empleados al irse a otras reparticiones fiscales. Simplemente, habla de que las funciones y atribuciones de la Secretaría Técnica y de Coordinación y del Secretario General Técnico se distribuirán entre la Dirección General de Planificación y Presupuestos y la Subsecretaría del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo. Es decir, el personal quedará única y exclusivamente protegido por las disposiciones del inciso tercero.

El señor AGUIRRE DOOLAN.-

Así es, señor Senador.

El señor CONTRERAS (don Víctor).-

Estimo tan pernicioso el artículo que viene de la Cámara como el inciso tercero propuesto por las Comisiones unidas, con el cual se pretende resolver el problema.

Mediante el artículo sólo se favorecerá a las personas de edad que hayan hecho imposiciones en las diferentes cajas de previsión; ¿pero qué haremos con la gente joven? No podemos darle una jubilación prematura. Por ello, soy contrario a las dos disposiciones, tanto a la de la Cámara de Diputados como a la enmienda de las Comisiones unidas, porque mediante ellas se permite al Gobierno lanzar a la cesantía a ese personal.

El señor GOMEZ.-

Se relaciona con la Universidad de Antofagasta.

Estaríamos dispuestos a votar favorablemente el artículo 270, suprimida la frase "sustituyese el guarismo "2%" por "5", en conjunto con la indicación renovada.

Voy a explicarme.

La disposición contenida en el artículo 270 otorga fondos a la Universidad del Norte, pero no a la Universidad de Chile de la zona norte, y deja pendiente un problema para la Universidad Técnica. Los problemas de esta última se corrigen mediante la indicación renovada, y se da a la Universidad de Chile la misma cantidad de recursos.

El señor CHADWICK.-

¿De dónde?

El señor GOMEZ.-

En estas condiciones, podríamos votar esta indicación junto con el artículo.

Estamos de acuerdo con el Honorable señor Palma para proceder de esta manera.

El señor VON MÜHLENBROCK.-

¿Pero a quién se restringen fondos?

El señor GOMEZ.-

Los fondos son del mismo origen: del Instituto CORFO Norte. No se restringen fondos al país ni a la Universidad Austral, que preocupa a Su. Señoría. Queda exactamente igual, con el mismo porcentaje de ahora.

El señor RODRIGUEZ.-

De acuerdo con lo dispuesto en el actual inciso tercero del artículo 27 de la ley 16.624, "un 5% de estas sumas se destinará a la Universidad Técnica del Estado, la que podrá efectuar los giros que correspondan para su inversión conforme a lo dispuesto en el artículo 36 de la ley Nº 11.575 y un 2% para la Universidad Austral".

En el fondo, tanto la disposición de la Cámara de Diputados como la indicación están alterando los porcentajes destinados a la Universidad Técnica y a la Universidad Austral, porque no se introduce financiamiento nuevo paja la Universidad del Norte ni para la Universidad de Chile.

Parece que se reduce el 5% destinado a la Universidad Técnica.

El señor GOMEZ.-

Los fondos de la Universidad Técnica no se alteran. Ella sigue recibiendo el mismo 5%, y la Universidad Austral queda exactamente con el 2%.

En nuestra indicación renovada, proponemos reemplazar el texto de la ley por esta otra disposición que discutimos, y en ella se deja a la Universidad Técnica con 5%, a la Universidad Austral, con 2%, y se incorpora a la Universidad de Chile de la zona norte. Con la disposición del artículo 270, se estaría incorporando, además, a la Universidad del Norte. De esta manera, tendríamos una disposición orgánica para las cuatro universidades.

El señor GONZALEZ MADARIAGA.-

Veo que el aporte a la Universidad Austral se eleva en el artículo 270, del 2%, a 5%. La enmienda del Honorable señor Gómez deja a la Universidad tal como está actualmente; es decir, hace ilusoria la recomendación de la Cámara de Diputados.

El señor GOMEZ.-

Deja en las mismas condiciones a la Universidad Técnica y a la Universidad Austral. La Cámara de Diputados es la que propone aumentar a 5% el aporte a la Universidad Austral. Esto se podría votar. Pero si vamos a aumentar sus fondos con recursos del norte, también sería lógico aumentar los ingresos de las universidades del norte con fondos del norte. No veo por qué deban llevarse fondos de esta zona al sur. Estamos desplazando fondos de esta manera.

El señor RODRIGUEZ.-

En verdad, lamento que el Honorable señor Gómez no sea claro.

El artículo 27 de la ley Nº 16.624 establece que "el 10% del ingreso que produzcan... se destinará a las finalidades y en la forma que a continuación se indica:

"Un 75% de la cantidad señalada se depositará en moneda nacional, en una cuenta especial en el Banco Central de Chile, dentro del plazo de 30 días contado desde la percepción provisoria o definitiva del impuesto. Las monedas extranjeras serán liquidadas al tipo de cambio libre bancario".

O sea, de ese diez por ciento se destina 75 por ciento para los fines del Banco Central de Chile.

"Un 5% de esta suma se destinará a la Universidad Técnica del Estado, y un 2% para la Universidad Austral.".

¿De dónde se obtienen los recursos para asignar 5% a la Universidad del Norte y a la Universidad Católica?

El señor GOMEZ.-

De la masa de fondos.

El señor RODRÍGUEZ.-

Al sacar recursos de la misma masa de fondos, se está disminuyendo el aporte a la Universidad Técnica del Estado y a la Universidad Austral.

El señor GOMEZ.-

La ley del Cobre, en su artículo 27, dispuso que 10 por ciento de la participación fiscal en la industria del cobre se destinará a un plan de fomento en las provincias de la zona productora y la de Tarapacá, y luego dice que 25% de ese 10% se destina a la Empresa Nacional de Minería. Y también agrega: del 75% restante, se destinará 5% a la Universidad Técnica y 2% a la Universidad Austral. Pero se refiere al mismo 75%, y ahora se va a destinar 5% a la Universidad de Chile y otro 5% a la Universidad del Norte, pero calculado sobre la misma base del 75% del 10% primitivo.

Por lo tanto, no se sustraen fondos a ninguna universidad; sólo al Instituto CORFO del Norte. Esta es la realidad. En esto no hay discusión de ninguna especie. El organismo afectado es el Instituto CORFO Norte, pero no las universidades.

El señor RODRIGUEZ.-

Habría sido mucho mejor decir que se obtiene el 5% del 75%. Eso es mucho más claro.

El señor GOMEZ.-

Yo le daría una solución mucho más completa. Si el Senado quisiera acoger toda la indicación, haríamos un gran servicio a la educación chilena y a la región del norte.

Nosotros proponemos que los fondos destinados a ENAMI sean reducidos de 25% a 15%, para dar el 10% restante a las universidades mencionadas, porque ENAMI es un armatoste burocrático que no ha hecho nada en la región del norte. Antes funcionaba en tres locales y ahora ocupa nueve. Esa institución es pura burocracia, y camionetas que transitan por las calles de Santiago, y no por las minas. Es un atentado para la economía del país. Por lo tanto, sería mucho mejor destinar esos fondos a la educación chilena, a las universidades. Eso sería mucho más útil. En consecuencia, si el Senado quisiera acoger la idea completa, se obtendría la gran solución. Pero si no lo desea, el camino es bien claro: de la misma masa de fondos, hay que entregar recursos a todas las universidades, pero no sólo a una, como propone la Cámara de Diputados. Ella pretende entregar los fondos sólo a la Universidad Católica del Norte, y no estamos dispuestos a aceptarlo, porque también tenemos Universidad de Chile y Universidad Técnica. Por lo tanto, o se da fondos a todas las universidades o no se da a ninguna. Ese es el predicamento que debemos seguir.

He conversado con el Honorable señor Palma, y llegamos a un acuerdo, que está condensado en lo que expliqué anteriormente: dar un porcentaje a todas las universidades, y nosotros votaremos a favor de las tres.

El señor NOEMI.-

La ley es bien clara: el 10% del ingreso que produzcan los artículos 2º y 3º se destina a las finalidades que en la ley se indican; 75% de ese 10% se destina al Banco Central de Chile, 5% a la Universidad Técnica del Estado y 2% a la Universidad Austral. Hay un saldo que se destina al Instituto CORFO del Norte para obras de desarrollo. ¿Qué pasará ahora. Con la indicación del Honorable señor Gómez, se agregará 5% para la Universidad de Chile, y 5% para la Universidad del Norte. Al complementarla con el artículo 270, se disminuirá el saldo destinado al Instituto CORFO Norte, en beneficio de las últimas universidades mencionadas.

El señor PALMA.-

Yo voto porque no se suprima el artículo, en el entendimiento de que también, a continuación, se votará la indicación, y se aprobará, o por lo menos contará con nuestros votos.

El señor JULIET.-

Evidente.

El señor PALMA.-

En realidad, mediante este procedimiento se persigue algo muy sencillo, que ha sido confundido durante el debate: destinar a las diversas universidades que se mencionan parte de los fondos que hoy se asignan al Instituto CORFO Norte, sin tocar para nada a ENAMI, por una parte, y a la Universidad Técnica del Estado por otra, que ya tiene su cuota...

El señor VON MÜHLENBROCK.-

Y aumentando la de la Universidad Austral a 5 %, que es lo que nos interesa.

El señor PALMA.-

Así es; de modo que lo único que se modifica es la distribución de fondos que hoy día se emplean en CORFO Norte y que se seguirán empleando en este objetivo y en varias universidades.

El señor FIGUEROA (Secretario).-

¿Cómo vota Su Señoría?

El señor PALMA.-

Voto que no.

El señor FIGUEROA (Secretario).-

La indicación del Honorable señor Gómez ha sido complementada de modo que, en lugar de decirse "un 2% para la Universidad Austral", se diga: "un 5% para la Universidad Austral", y de que también comprenda 5% para la Universidad del Norte.

Así ha quedado la indicación y así la pone en votación el señor Presidente.

El señor CONTRERAS (don Víctor).-

Señor Presidente, esta disposición favorece al Sindicato de Estibadores Marítimos de Tocopilla, cuyo local social fue destruido totalmente como consecuencia del sismo de diciembre próximo pasado. La mecanización de las obras portuarias ha determinado una considerable disminución de las entradas de los estibadores marítimos, que en la actualidad no cuentan con los recursos necesarios para reconstruir su sede social.

En consecuencia, nosotros, los Senadores comunistas, votamos por mantener el artículo 271 de la Cámara, de Diputados.

El señor FIGUEROA (Secretario).-

¿Vota negativamente Su Señoría?

El señor CONTRERAS (don Víctor).-

Por mantener el artículo.

El señor RODRIGUEZ.-

Pido la palabra.

El señor SEPULVEDA (Presidente accidental).-

Para fundar su voto, señor Senador. Estamos en votación.

El señor RODRIGUEZ.-

Señor Presidente, creo que cometemos un error los que somos partidarios de mantener esta disposición de la Cámara, porque ese 10%, según el artículo 15 de la ley Nº 16.392 que se acaba de leer, se destina a reparar viviendas de los imponentes del Servicio de Seguro Social. Si de esa cantidad se succiona una parte para construir locales del mismo Servicio, es indudable que vamos a malograr el rubro viviendas; y es éste, en cuanto a prioridades, el que más nos interesa.

El señor AGUIRRE DOOLAN.-

Así lo consideraron las Comisiones.

El señor RODRIGUEZ.-

Por eso, cambio mi voto. Me pronuncio por suprimir el artículo.

El señor CHADWICK.-

Voto por la eliminación de la letra c) del artículo 209, por ser innecesaria, ya que la derogación se produce tácitamente, por virtud de la disposición ya aprobada que da destino al excedente de que aquí se trata.

Además, no conviene poner bulto en la ley.

El señor SEPULVEDA (Presidente accidental).-

Es más claro derogar expresamente ese precepto, como lo dispone la letra c).

El señor CHADWICK.-

Se estima que está tácitamente derogado, porque se da destinación a esos fondos, según lo resolvió el Senado, en una forma que no es exactamente igual al artículo 101 mencionado, pero que los comprende todos.

El señor ENRIQUEZ.-

Pido votar separadamente el inciso final, que dice: "Las exenciones de bienes raíces que se otorguen por ésta u otras leyes deben entenderse sólo respecto de la parte fiscal y sin perjuicio de la parte destinada a beneficio municipal y a Cuerpos de Bomberos".

Este texto se presta a equívocos, porque puede referirse a las exenciones de la contribución territorial otorgadas por leyes anteriores. En realidad, debería decir "que se otorguen por esta ley o por otras que se dicten en el futuro".

La expresión "que se otorguen por ésta u otras leyes" puede ser interpretada con el criterio fiscalista. que conocemos y afectar, en consecuencia, a liberaciones ya concedidas respecto de todo gravamen territorial.

Me preocupa la situación de aquellas instituciones que no persiguen fines de lucro, principalmente las universidades. Si se da esa interpretación legalista al inciso final, las universidades deberían pagar impuesto territorial por todos sus inmuebles, en la parte destinada a beneficio municipal ya los cuerpos de bomberos. Sus presupuestos no prevén fondos para efectuar estos pagos, y todos conocemos la precariedad de los recursos universitarios y la gran angustia que hay para poder extender sus servicios, como lo reclama la población.

Si no hay ambiente para corregir la redacción en el sentido de que esta norma se refiere únicamente a las exenciones de bienes raíces que otorgue esta ley u otras leyes en el futuro, debe rechazarse el inciso final.

El señor PALMA.-

¿Qué enmienda sugiere?

El señor ENRIQUEZ.-

Podría redactarse el inciso en la siguiente forma: "Las exenciones de bienes raíces que se otorgan por esta ley", etcétera, porque no ganamos nada con decir "o que se otorguen por otras leyes en el futuro", desde que esas disposiciones legales expresarán si comprenden o no comprenden la parte municipal y la destinada a los cuerpos de bomberos.

El señor GONZALEZ MADARIAGA.-

Hay también un caso de mala redacción en el número 5, que dice: "Las que resulten de reparos hechos o que pudiera hacer la Contraloría General de la República a los pagos efectuados por la Municipalidad de Arica a sus empleados y obreros, en calidad de aguinaldos y asignación preescolar, durante el año 1967".

Está bien que se absuelva por los reparos ya hechos, pero no por los que se pudieran hacer, porque eso significaría condonar todo de antemano.

El señor ALLENDE (Presidente).-

Se votaría todo el artículo, menos el inciso final.

El señor MIRANDA.-

El Honorable señor González Madariaga ha pedido votar por separado el número 5.

El señor GONZALEZ MADARIAGA.-

En ese número habría que votar separadamente las palabras "o que pudiera hacer".

El señor CONTRERAS (don Víctor).-

A mi juicio, este número es suficientemente claro, pues condona las deudas que resulten de reparos hechos o que pudiera hacer la Contraloría a los pagos efectuados por la Municipalidad de Arica a sus empleados y obreros, en calidad de aguinaldos y asignación preescolar, durante 1967.

Se trata de reparos que ya se formularon, a raíz de aguinaldos extraordinarios concedidos por ese municipio.

El señor CHADWICK.-

La disposición es perfecta.

El señor CONTRERAS (don Víctor).-

La norma en votación se refiere exclusivamente a los reparos hechos a la Municipalidad de Arica por actos ejecutados en 1967.

Por lo tanto, votamos afirmativamente.

El señor CHADWICK.-

Voto por mantener el inciso final, porque en ninguna parte del precepto se menciona a las Universidades. El problema planteado por el Honorable señor Enríquez no existe, pues la situación está resuelta, por el artículo 8º de la ley 15.021. En consecuencia, eliminar el inciso significa sencillamente privar a las municipalidades y cuerpos de bomberos de la parte que les corresponde en el impuesto territorial. Por eso, voto por mantener el inciso final, como lo recomiendan las Comisiones.

El señor AYLWIN.-

Este artículo responde, al propósito muy loable de que las cooperativas de seguros queden sujetas al control de la Superintendencia de Compañías de Seguros, Sociedades Anónimas y Bolsas de Comercio. Pero resulta que tales organismos han surgido como expresión del movimiento cooperativista y son distintas de las mutuales y compañías de seguros, porque no son sociedades anónimas ni mutuales, sino entidades en las que cada accionista tiene un voto, cualquiera que sea su aporte, y en las que el asegurado, a la vez, proporciona el capital para asegurarse. Es decir, no hay en ellas el negocio del capitalista organizado. No hay lucro.

En el hecho, las cooperativas no están sometidas al control técnico, que considero necesario. Sin embargo, creemos que la disposición tal como está conceptuada, no revela un estudio suficiente de la materia ni responde a la naturaleza de la organización cooperativa.

Desde luego, en virtud de una parte de este artículo, se las somete, no sólo al control señalado, sino también al régimen del D.F.L. 251, relativo a las compañías de seguro, "en todo lo que no contravenga su naturaleza jurídica". Ello implica incluirlas en el régimen tributario y en las características de las empresas aseguradoras, organismos que persiguen fines de lucro y, por lo tanto, deben ser mirados entre ojos por el legislador y la autoridad. En cambio, las cooperativas no tienen este propósito. . Por estas consideraciones, estimamos que la materia requiere mayor estudio. Convengo en que es necesario el control técnico; pero éste debe corresponder a la naturaleza de esas entidades, sin someterlas al control propio de las compañías de seguros, pues, de lo contrario, las forzaríamos a cobrar las mismas primas que éstas, con lo cual les cerraríamos toda posibilidad de desarrollo, desaparecerían las ventajas del cooperativismo, y reservaríamos esta actividad exclusivamente a compañías comerciales.

Estimamos, por lo menos, que debería eliminarse del inciso primero la frase: "y se regirán, en todo aquello que no contravenga su naturaleza jurídica, por las disposiciones del D.F.L. Nº 251, de 20 de mayo...".

En principio, creemos que debería rechazarse la disposición, sin perjuicio de estudiar, más adelante, un control adecuado para las cooperativas de seguros.

El señor CHADWICK.-

Soy partidario del rechazo del artículo por las razones señaladas por el Honorable señor Aylwin y, además, por tener cabal conciencia de que favorece un verdadero fraude legal por parte de las compañías interesadas en burlar ciertos preceptos recientemente despachados por el Senado, actualmente promulgados como ley, respecto de accidentes del trabajo.

Es absolutamente precipitado resolver este problema, de por sí difícil, en una improvisación del momento, contenida en un artículo cuyas contradicciones se advierten con la sola lectura de la disposición.

Por estas razones, voto negativamente.

El señor ENRIQUEZ.-

El precepto señala que el "obrero agrícola que preste servicios permanentes en el predio deberá tener durante el desarrollo de la vendimia una remuneración equivalente a la de los vendimiadores". Pero resulta que del artículo se desprende que los vendimiadores perciben su remuneración por trabajo a contrata, puesto que se habla del número de kilogramos cosechados.

En seguida, deseo preguntar: ¿tiene el ovejero, a quien se le paga y trabaja al día, que presta servicios en forma permanente en el predio, el mismo tratamiento? O sea, ¿debe pagársele la misma remuneración que al vendimiador?

Por otra parte, la disposición prohíbe toda forma de intermediación. ¿Significa esto que es el patrón quien debe salir a enganchar a los trabajadores? Si manda a su administrador o su mayordomo a buscar obreros para hacer este tipo de trabajo, ¿caerán en la pena de presidio menor en su grado mínimo?

La señora CARRERA.-

Este artículo, originado en indicación de que soy autora, fue aprobada por unanimidad. En general, tiende a normalizar las tareas de la vendimia, pues en ellas existen numerosos desórdenes que hace posible el abuso tanto por parte de los patrones como de los enganchadores, estos últimos, intermediarios. Como dije, se trata de apoyar una política de normalización de las labores agrícolas.

El precepto propone que la cosecha de vid se mida por kilos, única, unidad que permite determinar realmente el trabajo del obrero. Las gamelas o vasijas, recipientes en que se traslada la uva, tienen distinto peso, según sea el materia de que están hechas. Existe otro sistema de cosecha, el de hileras, que abre campo a muchos abusos, ya que éstas pueden estar más o menos cargadas de uva, o ser más o menos largas.

Por lo tanto, como una manera, de regularizar las tareas de la vendimia, se pensó en los kilos de uva, pesando también las vasijas, con lo cual se piensa calcular realmente el trabajo muscular del obrero.

El inciso segundo dice: "El obrero agrícola que preste servicios permanentes en el predio deberá tener durante el desarrollo de la vendimia una remuneración equivalente a la de los vendimiadores." Lo anterior tiende a suprimir una injusticia. Hay fundos en que muchos obreros agrícolas tienen la mala suerte de cumplir otras tareas y reciben sólo el salario diario. En cambio, los trabajadores que laboran en la vendimia pueden obtener dos o hasta tres veces ese mismo salario. Es de interés hacer notar que la vendimia dura poco: 15, 20 días o algo más. Por lo tanto, es de plena justicia aceptar esta disposición. Algunos viñateros que participaron en las Comisiones reconocieron la justicia de esta iniciativa: los obreros en las condiciones ya señaladas tienen derecho a ganar en la época de la vendimia salarios semejantes a los de quienes laboran en la faena misma.

El tercer inciso se refiere a los intermediarios. El sistema de intermediación es un vicio general en el campo. Hay ciertas personas que buscan obreros en lugares donde existe cesantía y a los cuales, por lo tanto, pueden remunerar con salarios bajos. Estos enganchadores, intermediarios o subcontratistas hacen el papel de pequeños explotadores de los trabajadores que traen de lugares apartados.

Cuando yo explicaba a los campesinos el objeto de este inciso y no se trataba de obreros vendimiadores, me pidieron que la proscripción de dichos enganchadores o subcontratistas se extendiera a otro tipo de cosechas, como frutales, de manzanas, duraznos, etcétera.

Esa es la explicación que puedo dar respecto a los tres primeros incisos. En cuanto al último, en realidad, no lo conozco bien. Por lo tanto, sería conveniente que otro Honorable colega lo explicara.

El señor FONCEA.-

En todo caso, puedo manifestar que este inciso se aprobó por unanimidad.

Es de importancia hacer notar que los Senadores que formulamos indicación referente en forma específica al departamento de Constitución, la retiramos para permitir la aprobación unánime de la iniciativa general en debate.

¿Qué ocurre? Los obreros agrícolas ganan en la actualidad lo mismo que los industriales. Pues bien, se acaba de dictar una ley que establece el pago de los días de lluvia para los obreros agrícolas. Quienes trabajan en aserraderos, que realizan la explotación en el terreno, en el bosque forestal mismo, no reciben salario los días en que llueve; o sea, el precepto a que me refiero los perjudica.

Debo decir que la norma que se intenta modificar ha merecido reparos. He estudiado la historia de esta iniciativa legal, y lo único que se sabe es que fue aprobada por la Cámara de Diputados. Un Senador de esa época, el señor Wachholtz, la reparó, diciendo que constituía una injusticia. Sin embargo, el Senado aceptó el artículo 89, y entregó a la Dirección de Impuestos Internos la facultad de calificar la calidad del aserradero. Posteriormente, la Cámara, sin explicación alguna, rechazó la indicación del señor Wachholtz. En consecuencia, hoy día existen aserraderos no industriales, que únicamente cortan la madera en bruto, la traen a las barracas, donde están los aserraderos propiamente industriales, y transforman esa materia prima. La disposición patrocinada por los parlamentarios de la sexta agrupación tiende a resolver el problema de los obreros que no reciben salarios los días de lluvia. Por eso, pido que la Sala adopte igual criterio que las Comisiones: aprobar el último inciso.

El señor JARAMILLO LYON.-

La Honorable señora Carrera expresó que en las Comisiones unidas varios viñateros participaron en la discusión de este artículo. Entre tales viñateros me encontraba yo, y en ese carácter manifiesto que concuerdo totalmente con las ideas contenidas en el precepto patrocinado por nuestra Honorable colega.

La experiencia me señala que año a año en las vendimias se produce una verdadera anarquía por no existir una medida común para recibir el fruto de la cosecha. Se hace preciso, entonces, buscar una vasija que contenga el mismo número de kilos y por la cual se pague una cantidad determinada. Esto me parece justo. Se evitará así una serie de conflictos, tanto para los obreros como para los empresarios agrícolas.

Comparto, asimismo, la idea de que es imprescindible que el obrero no vendimiador, que en esa misma época trabaja en un predio agrícola, obtenga similar remuneración. Lo contrario constituiría una discriminación injusta.

El Honorable colega Humberto Enríquez formuló, hace un instante, una pregunta: ¿qué sucede en un fundo donde hay ovejas y viñas? Hasta donde llegan mis conocimientos, en la zona central, por lo menos, eso no ocurre jamás. Son dos explotaciones totalmente distintas. Los fundos ovejeros son de cultivo extensivo, y los vinícolas, de cultivo intensivo y pequeños. No caben en ellos las ovejas. Por eso, la paridad anotada en ningún caso se producirá repito, por lo menos en la zona central.

En cuanto al tercer inciso, sobre enganchadores y subcontratistas, también con vengo en la idea de que se trata de un personal nocivo, que muchas veces participa de los criterios patronales o hace demagogia en el sector obrero, y nunca sirve para llegar a una ecuación justa entre ambos.

Por las razones expuestas, los Senadores Nacionales votaremos favorablemente el artículo.

El señor RODRIGUEZ.-

Contrariamente a lo afirmado por el Honorable señor Foncea, que se ha referido a días de lluvia, el inciso en votación nada tiene que ver con ello. Tiende nada menos que a barrenar toda una conquista social de los obreros de los aserraderos. El precepto

vigente, que se trata de derogar, concretamente dice lo que sigue: "Declárase que, para los efectos legales, los obreros que trabajan en aserraderos y plantas de explotación de maderas cualquiera que sea el lugar en que ellos se encuentren, tienen la calidad de obreros industriales y no les son aplicables las normas relativas a los obreros agrícolas". En otras palabras, lo anterior nada tiene que ver con que un día llueva o no llueva.

El señor FONCEA.-

Tiene mucho que ver.

El señor RODRIGUEZ.-

Como digo, el inciso en votación tiende a destruir una conquista de gran importancia para un sector de trabajadores que, sin duda, se encuentra en situación intermedia respecto del trabajador agrícola industrial. En todo caso, es importante advertir que, en general, ellos trabajan en aserraderos ubicados muchas veces en sectores rurales; pero, no obstante ello, no pierden la calidad de obreros industriales.

Repito: aceptar este inciso, que nada tiene que ver con el tiempo, sino con una conquista social, significa liquidar un apreciado beneficio obtenido por todos los obreros de los aserraderos de Chile. Voto por la supresión del inciso.

El señor FONCEA.-

En primer lugar, quiero dejar constancia de que hoy día no existe diferencia alguna entre obrero industrial o agrícola, en cuanto a remuneraciones.

En segundo lugar, la indicación formulada por los Senadores de la sexta agrupación se refiere a cierta clase de aserraderos: los que funcionan en el bosque mismo de explotación. Los obreros que trabajan en esta faena ya lo manifesté anteriormente permanecen en el predio.

Pues bien, se dictó una ley que establece exclusivamente pago de salario en los días de lluvia para los obreros agrícolas. Por lo tanto, desde el momento mismo en que se trata de modificar el artículo 89 de la ley 16.250, esos trabajadores adquieren la calidad de obreros industriales para todos los efectos legales y, por ello, tienen derecho a salario los días de lluvia. Yo no sé qué antecedentes tuvo el Honorable señor Rodríguez para llegar a la conclusión que nos ha manifestado.

El señor RODRIGUEZ.-

He dado una explicación en ese sentido.

El señor FONCEA.-

En todo caso, esta idea fue incluida a petición de los propios obreros agrícolas de Constitución. Por eso, primitivamente habríamos formulado una indicación tendiente a excluir ., a ese departamento de esta norma. La Comisión, estimó que no se podía hacer una discriminación de tal naturaleza. En vista de eso, se aprobó el inciso sobre el cual nos pronunciamos ahora, que es más amplio.

El señor LUENGO.-

Voto favorablemente el inciso.

A mi juicio, la explicación dada por el Honorable señor Foncea es la correcta. La finalidad del precepto consiste en otorgar la calidad de obreros agrícolas a los obreros industriales que trabajan en los aserraderos, para los efectos del cumplimiento de una disposición especial que dice relación con los días de lluvia.

El señor LUENGO.-

El artículo tiene el siguiente objeto: mediante un inciso del artículo 5º de la ley 16.478, se eximió de responsabilidad a los tesoreros comunales por determinados pagos que habían efectuado con relación a los sueldos de los funcionarios. Al respecto, la Sala trató anteriormente una norma sobre la misma materia que fue aprobada.

Pero en esa oportunidad el legislador habló sólo de tesoreros comunales, olvidando que en los municipios de Santiago y Valparaíso no son esas autoridades quienes atienden tales funciones, pues aquellas corporaciones edilicias cuentan con su propio tesorero municipal.

Por eso, en virtud del artículo que se vota, se agregan los tesoreros municipales, que habían quedado marginados del precepto que cité.

Se aprueba.

Se aprueba el artículo 216, que dice como sigue:

"La designación de los Prácticos Autorizados de Puertos y Canales, que fija el Reglamento de Practicaje y Pilotaje para la República, aprobado por Decreto Supremo Nº 1.836, del 20 de julio de 1955, será dispuesta por decreto supremo."

Se aprueba el siguiente artículo 217, con los votos contrarios de los Senadores democratacristianos y la abstención de los Senadores comunistas:

"Facúltase al Presidente de la República para aumentar en un 50% todas las tarifas de practicaje y pilotaje que en pesos oro fija el Reglamento señalado en el artículo anterior."

El señor JARAMILLO LYON.-

Señor Presidente, el extraordinario crecimiento de Rancagua con motivo de la mayor producción de cobre y el propósito de llevar a esa ciudad el personal del mineral El Teniente, están creando en la práctica un problema, por así decirlo, de espacio vital.

Las organizaciones más responsables de la ciudad la Cámara de Comercio Minorista, el Centro para el Progreso, la Municipalidad, por medio de sus regidores, etcétera han recurrido a los parlamentarios de la zona, en particular a los Senadores, para que planteemos, dentro de la iniciativa legal en debate, una medida rápida y eficaz que permita detener ese gran desborde humano y enfrentar las necesidades de la población de Rancagua.

Sé, porque lo hizo presente en las Comisiones el Honorable señor Chadwick, que este problema pudo ser mejor estudiado mediante un proyecto de ley elaborado por el Ministerio de la Vivienda. Pero también tenemos conciencia de que lo mejor es enemigo de lo bueno, y ocurre que hasta este instante, nada ha hecho esa Secretaría de Estado, y la necesidad de Rancagua es urgente.

Procuraré sintetizar el alcance, no sólo del artículo 218, sino también del 219, pues ambos contienen ideas similares.

En el inciso primero del artículo 218, se autoriza remodelar a la ciudad de Rancagua, y con tal propósito se faculta a la Municipalidad para elegir el área objeto de remodelación. En el inciso segundo del mismo precepto se faculta para que los edificios que se construyan en Rancagua tengan, por lo menos, en su primer piso, 70% de su espacio destinado a locales comerciales.

Al efecto, el inciso mencionado dice que no estarán afectos a las limitaciones establecidas en el inciso tercero del artículo 3º del D.F.L. Nº 2, de 1959.

¿Cuáles son esas limitaciones? Muy simple: esa disposición preceptúa que los grupos habitacionales de viviendas económicas no podrán tener más de 20% de su edificación destinada a establecimientos comerciales.

Por otra parte, en el inciso tercero del artículo 218 se consignan estímulos de tipo crediticio del Banco del Estado y bancos comerciales, para dar posibilidades a quienes deseen emprender las obras en referencia.

Por su parte, el artículo 219 fija las limitaciones a que deberán ceñirse los nuevos propietarios que edifiquen en el área de remodelación. Al efecto, establece que "no se podrá cobrar, en caso de arrendamiento, una garantía superior al equivalente a un mes de renta de dicho arrendamiento", etcétera.

Por último, para evitar abusos, en los incisos finales se consigna una estabilización de las rentas de arrendamiento para estas personas que han sido ayudadas por los bancos, a fin de que, no obstante haber desplegado también un esfuerzo no abusen de las franquicias que se les han otorgado.

El señor AHUMADA.-

Los Senadores radicales votaremos favorablemente esta disposición.

Quiero manifestar sobre el particular que existe un estudio sobre remodelación de la ciudad de Rancagua, en el cual han intervenido respetables instituciones de la zona, como lo son la Cámara de Comercio Minorista, Centro para el Progreso, etcétera.

Estos organismos hicieron presente a los Senadores de la zona que hemos intervenido respecto de este artículo, la necesidad de legislar respecto de la zona donde se aplicarán las disposiciones que se preceptúan en esta iniciativa. Por ejemplo, en el primer piso de los edificios que se construyan, deberá destinarse a lo menos 70% de su frente a locales comerciales.

Además, se otorgan facilidades crediticias a quienes deseen realizar las obras en la zona de remodelación.

Todo lo anterior tiene mucha importancia para Rancagua, pues se trata de una de las ciudades que en los últimos diez años han tenido mayor incremento de su población, al extremo de que en la actualidad ésta llega a 100 mil habitantes. Debe ser, seguramente, la sexta ciudad de Chile en cuanto a población.

Por lo demás, con motivo de la aplicación de los convenios del cobre, más de 30 mil ciudadanos se trasladarán a Rancagua, lo que obligará a la habilitación de nuevas poblaciones. Tal aumento puede originar un proceso especulativo, en el curso de los próximos cinco años.

De ahí que, para evitar esa especulación respecto de los locales comerciales, se ha consignado el artículo 219, según el cual nadie puede cobrar derecho de llave por la transferencia del título de posesión de los locales ni una garantía superior a un mes de renta del arrendamiento de dicho local.

Dado el ritmo de crecimiento y el proceso de industrialización, estimamos que alrededor de 1975 Rancagua tendrá cerca de 160 mil habitantes.

Desde hace poco tiempo, por ejemplo, está en funciones la empresa automotriz CORFIAT. Por otra parte, en San Francisco de Mostazal, localidad ubicada más o menos a veinte kilómetros de Rancagua, se ha instalado una industria papelera.

Todo el proceso de superindustrialización que vive la ciudad de Rancagua ocasionará la serie de perturbaciones que la Cámara de Comercio Minorista y el Centro para el Progreso quieren evitar.

Por eso, con el Honorable señor Jaramillo y otros parlamentarios, nos hemos inquietado por el problema, y fruto de nuestra preocupación han sido los artículos 218 y 219, que en estos momentos preocupan al Senado.

El señor CONTRERAS (don Víctor).-

Nosotros aceptamos el inciso primero; en cuanto al segundo, sólo hasta la parte que dice "70% de su frente".

En seguida, se consigna un agregado que dice: "No regirán para las construcciones que se efectúen en el área que se determine en conformidad con el inciso primero las limitaciones establecidas en el inciso tercero del artículo 3º del D.F.L. 2, de 1959".

Los Senadores comunistas nos hemos referido muchas veces a la aplicación de ese decreto, que impone la reajustabilidad de cuotas de la vivienda, inclusive para las construcciones obreras, pero nunca hemos tenido la suerte de ser escuchados.

A mi juicio, el anhelo de los Honorables colegas es justo. Pero no tratándose de edificaciones para trabajadores, no veo la utilidad de conceder ese privilegio.

Como no deseamos obstruir el despacho del artículo, sino tan sólo hacer presente esa situación, aprobaremos el inciso primero en su totalidad; el segundo, sin la frase final que dice: "No regirán para las construcciones... ", etcétera, respecto de la cual nos abstendremos, del mismo modo que en el inciso tercero.

El señor NOEMI.-

¿Me permite, señor Presidente?

He oído atentamente y con profunda satisfacción las palabras vertidas por los Senadores de la zona en cuanto al auge experimentado por la ciudad de Rancagua. Se ha destacado el desarrollo de numerosas industrias, las obras realizadas con motivo de la aplicación de los convenios del cobre, la instalación de una industria papelera en San Francisco de Mostazal, la fábrica de radiadores, etcétera.

Todo lo anterior significa que el desenvolvimiento de la región se está impulsando en forma considerable, y ello satisface, porque muy pocas veces se escuchan palabras de reconocimiento hacia las obras efectuadas por este Gobierno.

La señora CAMPUSANO.-

¡No es para tanto, señor Senador...!

El señor NOEMI.-

Es bastante, y así lo han manifestado los representantes de la ciudad.

El señor ALLENDE (Presidente).-

Ruego a Su Señoría no conceder interrupciones.

El señor NOEMI.-

Concretamente, el artículo permite acogerse a diversas franquicias del D.F.L. 2 y limita las obligaciones establecidas en el texto respecto de la edificación de locales comerciales. No sería justo conceder semejantes facilidades, porque quienes desean construir acogidos a ese decreto para gozar de las franquicias que éste les otorga, también deben aceptar las limitaciones que impone.

No consideramos conveniente extender a la edificación de locales comerciales las franquicias establecidas por el D.F.L. 2 respecto de las viviendas.

Además, hago presente que la Corporación de Mejoramiento Urbano tiene en vista planes de construcción y remodelación en esa ciudad.

Por las razones expuestas, voto que no.

El señor CHADWICK.-

Soy contrario al artículo propuesto por las Comisiones unidas por estimar que concede ciertas prerrogativas e introduce el mayor desorden en materia de urbanismo. Una de las prerrogativas consiste en la que ya enunció el Honorable señor Noemi, o sea, otorgar, respecto de algunos locales comerciales, ¡os privilegios de que gozan las construcciones destinadas a viviendas; y la segunda, que el Banco del Estado y los bancos comerciales, podrán otorgar créditos preferentes para ejecutar esta clase de obras, en términos que son contrarios a toda norma de equidad.

Por último, hago, notar que, a pesar de que en Chile existe todo un aparato administrativo destinado a velar por que las municipalidades no cometan barbaridades en los planes urbanísticos, ahora se pretende dar amplia libertad a la de Rancagua para resolver sobre el particular, con motivo de lo cual esa corporación estará sujeta a toda clase de influencias de personas interesadas.

El señor ALLENDE (Presidente).-

El Honorable señor Contreras ha pedido suprimir la parte final del inciso segundo y el inciso tercero.

La Mesa pone en votación la indicación de Su Señoría, consistente en suprimir del inciso segundo la frase "No regirán para las construcciones que se efectúen en el área que se determine en conformidad con el inciso primero las limitaciones establecidas en el inciso tercero del artículo 3º del D.F.L. Nº 2, de 1959".

También somete a votación la supresión del inciso tercero.

El señor CONTRERAS (don Víctor).-

Si se aplica la reajustabilidad a las viviendas de la masa de trabajadores, justo es que la ley rija para todos, sin excepción.

Si más adelante, se quiere modificar la legislación sobre construcción de viviendas y considerar favorablemente en sus disposiciones a las clases desposeídas de nuestro país, no tendremos inconveniente en dar nuestros votos favorables; pero en este momento, por tratarse de legislar sober locales comerciales, a los que se desea acoger al D.F.L. 2, votaré contra la exención establecida por el inciso segundo, y por el rechazo del inciso tercero.

La señora CARRERA.-

Señor Presidente, los recursos que se ordena a la CORFO destinar a diversas obras, son fondos empozados provenientes del artículo 2º de la ley 15.689, más conocida como ley del Cobre. Si dichos recursos no son utilizados, pasarán a fondos generales de la nación.

Además de las obras mencionadas en los tres números del artículo que las Comisiones unidas recomiendan aprobar, hay otra, que se señala en una indicación renovada, consistente en un pequeño tranque. Los estudios de esa obra, cuyo costo no sobrepasa los 50 mil escudos, fueron elaborados por los técnicos provinciales de Obras Públicas y aprobados por el intendente de la provincia.

Solicito la aprobación del artículo y de la indicación renovada, porque repito si los recursos empozados que aquí se distribuyen no son utilizados, pasarán a fondos generales de la nación.

El señor Ministro de Hacienda hizo la consulta respectiva a la CORFO y nos manifestó que si dicho organismo está de acuerdo con el proyecto sobre construcción del tranque a que me referí, él se comprometía a que el Ejecutivo no lo vetara.

El señor VON MÜHLENBROCK.-

Pido la palabra para fundar el voto.

Ante todo, y atendiendo al ruego del señor Presidente, solicito que se divida la votación respecto a la letra b).

Me alegro de que haya llegado el señor Ministro de Hacienda y Economía, por cuanto la letra b) de este artículo deroga el Decreto de Hacienda Nº 16, sobre rebaja de impuestos de aduana.

Las provincias de Chiloé, Aisén y Magallanes no pagan impuestos adicionales de aduana, y el Decreto de Hacienda Nº 16, de 2 de enero de 1967, que regló la aplicación del arancel aduanero, deja claramente establecido, partida por partida, los distintos artículos, productos y mercaderías que no pagarán esos impuestos adicionales. Ello significó, lisa y llanamente, la vigencia del régimen llamado de puerto libre de Chiloé, Aisén y Magallanes.

En esas provincias se ha procurado implantar una política de fronteras que la nación entera ha sustentado, laboriosamente y a lo largo de muchos años, para defenderlas contra las pretensiones de Argentina, que busca avanzar hacia el Pacífico y despojarnos de esos territorios.

No quiero insistir sobre la gravedad inminente del riesgo en que se encuentra Chile de afrontar un conflicto con la República Argentina.

Por lo expuesto, considero de mucha gravedad la supresión del decreto a que me refiero.

Deseo pedir al señor Ministro que nos explique si la derogación del Decreto de Hacienda Nº 16 significaría la destrucción del régimen de puertos libres vigentes para la zona austral de Chile, con lo cual se afectaría, al mismo tiempo, el régimen establecido para el departamento de Arica. Pienso que si así fuera, se derrumbarían toda la legislación y los esfuerzos realizados para mantener los territorios australes bajo nuestra soberanía.

El señor GONZÁLEZ MADARIAGA.-

Concuerdo con la dicho por el Honorable señor Von Mühlenbrock en lo que se refiere a las provincias de Chiloé, Aisén y Magallanes.

Se nos ha dicho que la derogación del decreto pone en peligro la internación de mercaderías por esas zonas, a las cuales hemos tratado en lo posible de dar franquicias, como acabamos de hacerlo en la ley sobre la Corporación de Magallanes.

Es desagradable dictar leyes que deroguen decretos del Gobierno, porque éstos ponen en vigencia las facultades delegadas en disposiciones legislativas. La dictación de decretos es una de las formas que tiene el Presidente de la República para administrar el Estado. Por lo tanto, el legislador no debe inmiscuirse en su derogación.

Como existe una duda en cuanto a que el precepto afectaría a la entrada de mercaderías, a las cuales se aplica un impuesto incompatible con las necesidades de las zonas austral y norte, a las cuales con tanto interés hemos estado defendiendo los Senadores de las respectivas agrupaciones, queremos insinuar al señor Ministro que acepte, en representación de su partido, eliminar la disposición contenida en la letra b), mientras revisa todo el proceso y lo mejora por la vía del veto. Mientras tanto, es conveniente mantener el sistema en vigencia en la zona sur y en Arica. Este criterio ha sido compartido tanto por el Gobierno como por el legislador.

Si el señor Ministro está de acuerdo, podríamos suprimir la letra b) del artículo 221, con el objeto de que por la vía del veto pueda hacer las enmiendas que sean convenientes.

El señor CONTRERAS LABARCA.-

Con el objeto de ratificar las observaciones que acabamos de escuchar a los Honorables señores Von Mühlenbrock y González Madariaga, daré lectura a un telegrama que he recibido de parte de la Cámara de Comercio de Punta Arenas. Me parece que esa comunicación contribuirá a ilustrar el debate acerca de este asunto. Dice el telegrama.

"Tenemos conocimiento próximo derógase decreto Hacienda número dieciséis que se refiere a rebaja impuestos ad valorem en porcentaje iguales a impuesto adicional Pto. Derogación gravaría con impuesto adicional a mercaderías afectas a derechos haciendo prohibitiva su importación y perjudicando consumidor agradeceremos preocuparse zona Magallanes siga sin pagar ese impuesto aduanero al cual nunca zona ha estado afecto Pto. Agradecidos.- Cámara Comercio".

Basado en lo anterior, votaré por la supresión de la letra b).

El señor FIGUEROA (Secretario).-

En conformidad a un acuerdo reciente de los Comités, se tratará en seguida una indicación renovada, que lleva el número 1.304 y que tiene por objeto establecer un artículo nuevo que diga:

"Artículo... Agrégase el siguiente inciso al artículo transitorio de la ley Nº 15.448:

"Los fondos del trienio 1968, 1969 y 1970 serán repartidos por iguales partes para terminar los edificios del Hospital Militar de Santiago y del Naval de Talcahuano".

"Para la construcción del nuevo hospital para Fuerzas Armadas que se iniciará en 1971, en lo posible en Antofagasta, se destinarán los fondos de los años 1971 a 1974, ambos inclusive."

Firman esta indicación los Honorables señores Enríquez, Aguirre Doolan, Ahumada, González Madariaga, Bossay, Baltra, Miranda, Jaramillo Lyon, Curti, Ibáñez, Gómez, Juliet, Von Mühlenbrock, Sepúlveda, Corvalán y Allende.

Se aprueba, con el voto contrario de los señores Senadores democratacristianos.

El señor ALLENDE (Presidente).-

Tiene la palabra el Honorable señor Von Mühlenbrock, por diez minutos.

El señor VON MÜHLENBROCK.-

Señor Presidente, sé que voy a tocar un tema muy ingrato. No ignoro que la mayoría de los Comités ha desistido del acuerdo que habían adoptado de aprobar esta indicación. Respeto profundamente la opinión de cada partido y de cada Comité.

Debo comenzar por recordar en esta Sala que, según el Diario de Sesiones del jueves 7 de septiembre de 1967, que tengo a mi alcance, en cumplimiento de mis deberes de Senador de la República por la Novena Agrupación analicé el gravísimo problema que se cernía sobre el Banco Osorno y La Unión.

Esa entidad centenaria, corazón de la economía del sur de Chile, fundada por el ilustre patriarca radical don Alfonso Julio Buschmann...

El señor RODRIGUEZ.-

Pero ahora no es del Partido Radical.

El señor VON MÜHLENBROCK.-

... tenía 14 millones de escudos de reserva. Su anterior directiva, por razones que no quiero analizar, incurrió en gravísimas faltas a todas las reglamentaciones del encaje. Y cayó sobre ese organismo el peso de una legislación anacrónica, absurda aprovecho para decirlo en presencia del señor Ministro de Hacienda, que no coincide con la realidad, que no se ajusta al proceso inflacionario chileno. En este momento, el Banco Osorno y La Unión, que tiene acumulados 21 millones de escudos entre capital y reservas, debe pagar a la Superintendencia de Bancos y Sociedades Anónimas diez millones de escudos por concepto de multas. Se ha puesto en marcha todo el mecanismo especial de dicha entidad estatal, pero ésta, con excelente criterio, no ha cerrado ese banco, aun cuando ya debió haberlo clausurado.

El resultado es el siguiente: la institución tiene 5.500 accionistas, en su enorme mayoría pequeños propietarios, viudas, huérfanos. Un sector importante posee acciones por sólo 1 millón 500 mil escudos. El resto son personas de situación económica débil. El banco ha pagado hasta la fecha 1 millón 200 mil escudos de multa, y tiene 700 empleados. Hasta el momento, según datos que tengo en mi poder, no ha podido, en virtud de la aplicación del mecanismo bancario, colocar créditos en el sur de Chile: Valdivia, Osorno y Llanquihue, provincias que están en absoluta recesión económica, con miles de cesantes, con ollas del pobre, con paralización de su industria maderera, destruidos todavía muchos de su pueblos, soportando las secuelas del terremoto. No ha podido efectuar colocaciones por 23 millones de escudos.

Como Senador de la República, creo tener solvencia moral suficiente para plantear este problema en el Senado; para exigir una solución; para demandar al Ejecutivo, por medio del señor Ministro de Hacienda, la creación o modificación de una ley o la presentación de una iniciativa especial que resuelva el problema.

No estoy asumiendo la defensa de intereses creados; estoy defendiendo una zona, la columna vertebral de la economía de varias provincias; estoy defendiendo a seres inocentes. Que el gerente que delinquió pague su delito. Sí, señor. Que también lo pague el presidente que incurrió en violación de la ley, y que todo el peso y la severidad de la ley recaigan sobre ellos. Pero el inocente, el accionista, el que creyó invertir valores en una institución respetable, .no puede ser castigado con la ruina ni la miseria. Eso es lo que ha de ocurrir con el Banco Osorno y La Unión.

Es la segunda vez que levanto mi voz en demanda de que este problema sea resuelto. Si no es posible el acuerdo de los Comités para aprobar el artículo, a pesar de que veo, complacido llegar una indicación, que se dé otra solución.

Sé que la crisis es grave; que, por desgracia, al conflicto del Banco Osorno y La Unión se agregan los de otras entidades similares, que no son de mi zona, pero sobre ello no quiero pronunciarme. Por eso, con entereza moral y solvencia, sin tejado de vidrio, planteo en el Senado de la República, ante el señor Ministro de Hacienda, la urgencia de adoptar medidas para salvar la economía de las provincias de Valdivia, Osorno y Llanquihue, de acudir en beneficio de miles de pequeños accionistas que mueven la economía de la zona, y de evitar la cesantía de setecientos empleados.

De ahí que termine mis palabras esperando con todo respeto la actitud de los señores Comités y rogando al señor Ministro de Hacienda, en representación de las provincias del sur, la presentación o el estudio de un proyecto de ley que dé una salida decente y respetable, digna de ser abordada por este Senado, a un problema que precipitará a la ruina a una institución que va a cumplir un siglo de vida y que merece el respeto y gratitud de todo el sur de Chile.

El señor CONTRERAS LABARCA.-

Señor Presidente se ha difundido a través del país una idea absolutamente falsa, que es necesario rebatir desde estas bancas, a fin de informar debidamente a la opinión pública acerca de la verdad sobre el financiamiento del reajuste de remuneraciones del sector público.

Esa difusión ha sido realizada por la prensa adicta al Gobierno, lo cual no tiene nada de extraño. Pero también ha sido efectuada por el propio señor Ministro de Hacienda, quien, hace tres o cuatro días, en entrevista en un diario de la tarde que no ha sido desmentida, ha sustentado la opinión de que las Comisiones unidas aprobaron un proyecto de reajustes desfinanciado.

En primer término, me referiré a ese punto.

De acuerdo con las informaciones proporcionadas a esas Comisiones por el propio señor Ministro, el costo del reajuste de sueldos y salarios de los funcionarios públicos asciende a 1.003,8 millones de escudos. Las Comisiones unidas aumentaron esa suma en 105 millones. Por consiguiente, el costo total del reajuste es de 1.108,8 millones.

De aquí debemos partir para examinar el problema.

¿Con qué recursos se cuenta para solventar esa cantidad?

En primer lugar, con los de que dispone en la actualidad el Ejecutivo para financiar el reajuste. Ellos corresponden a disposiciones que están vigentes o han sido aplicadas por el Ejecutivo o aprobadas por el Parlamento, tales como economías en los gastos públicos materia propia del Gobierno; reducción de los gastos de inversión, particularmente en la CORVI y en la CORFO; ingresos no comprometidos hasta ahora, derivados de una revisión del cálculo de entradas en dólares; la provisión que, como todos sabemos, se encuentra en la ley de Presupuestos vigente para 1968, y finalmente, el rendimiento de la ley sobre impuesto a la renta mínima presunta. Todo esto suma 1.153.7 millones de escudos.

Estoy dando cifras que contiene el informe rendido por las Comisiones unidas ante el Senado.

En seguida, ¿qué han aportado las Comisiones?

Ellas aprobaron recursos tributarios y, además, acogieron la idea del empréstito forzoso; implantaron el impuesto sobre la compraventa del cobre; establecieron para las compañías de la gran minería del cobre la obligación de efectuar ciertos depósitos para sus importaciones; redujeron los gastos de representación que corresponden a los Intendentes y obtuvieron determinada suma, derivada de la liquidación del dólar. Estos capítulos suman, de acuerdo con el informe, 643,3 millones de dólares.

Si agregamos a los recursos con que en la actualidad cuenta el Ejecutivo los otorgados por las Comisiones, llegamos a la conclusión de que los fondos para costear el reajuste de sueldos y salarios ascienden a 1.797 millones de escudos. Sin embargo, como hemos señalado, el costo del proyecto es de tan sólo 1.108,8 millones.

Por consiguiente, las Comisiones no pueden ser acusadas de haber aprobado un proyecto de ley desfinanciado. Por el contrario, la preocupación primordial de ellas, deseosas de que el reajuste sea efectivo para los trabajadores del Estado, ha sido reunir recursos más que suficientes para asegurar el financiamiento integral del proyecto.

Sobran 688,2 millones de escudos, después de financiar el reajuste. ¿A qué se ha destinado esta suma?

Es de conocimiento general que el Ejecutivo solicitó en esta oportunidad que se salvara una omisión de su exclusiva incumbencia y responsabilidad, en la cual los Senadores no tenemos absolutamente ninguna culpabilidad. Consiste en que en el Presupuesto de 1968 se omitió una serie de partidas que deben ser financiadas para cumplir objetivos muy importantes.

La proposición del Gobierno fue aprobada en general por las Comisiones unidas, pero ella significaba un gasto de 713 millones de escudos. Nos pareció que esta suma era excesiva e injustificada y, por lo tanto, las Comisiones la rebajaron en 91,2 millones. En consecuencia, los gastos que representan los aportes a las instituciones públicas y los suplementos al Presupuesto de 1968 ascienden a 621,8 millones.

Como el saldo, después de asegurar el financiamiento integral de las remuneraciones de los trabajadores del Estado, era de 688,2 millones de escudos, quiere decir que hay un superávit de 66,4 millones.

He dado lectura en forma muy superficial a un cuadro que elaboré sobre la base de los antecedentes acumulados por las Comisiones, motivo por el cual solicito que se incorpore en mi discurso ese documento.

El señor ALLENDE (Presidente).-

Si le parece a la Sala, se autorizará la inserción que ha solicitado el Honorable señor Contreras Labarca.

Acordado.

El cuadro que se acordó insertar es el siguiente:

FINANCIAMIENTO AL REAJUSTE DEL SECTOR PÚBLICO

El señor CONTRERAS LABARCA.-

Sé que el señor Ministro objeta algunas de estas partidas. Entre otras por la escasez del tiempo, me referiré únicamente a ella, impugna la implantación del impuesto al cobre, por estimar que no constituye realmente un financiamiento.

Por desgracia, este asunto ha trascendido de las discusiones dentro de las Comisiones unidas y del Congreso y ha salido al ámbito de las publicaciones insidiosas que hace cierta prensa: la que respalda al Gobierno.

Se formulan diversas objeciones al impuesto de 7% sobre las compraventas del cobre. Se dice que no sería legal, ya que vulneraría compromisos vigentes derivados de los convenios del cobre, y que la Corte Suprema a la que se consultaría el problema declararía inaplicable el tributo.

El señor ALLENDE (Presidente).-

Ha terminado el tiempo de Su Señoría.

El señor CONTRERAS LABARCA.-

Lo deploro mucho, pues deseaba agregar que somos contrarios a los impuestos sobre las compraventas. Siento no poder expresar la opinión completa de nuestro partido al respecto.

El señor ALLENDE (Presidente).-

Tiene la palabra Su Señoría, en el tiempo que corresponde al Comité Demócrata Cristiano.

El señor MUSALEM.-

El Honorable señor Contreras Labarca, quien acaba de hacer uso de las palabras expresó que es falsa la idea difundida en cuanto a que el proyecto tendría un cuantioso desfinanciamiento. En mi opinión, después de las explicaciones que escucharemos al señor Ministro, aparecerá muy claro tal desfinanciamiento y el hecho de que el Senado no está dando cumplimiento a las disposiciones constitucionales que nos impiden despachar gastos sin otorgar los recursos correspondientes.

Deseo dar respuesta a la aseveración sobre la que se ha insistido en distintas oportunidades de que el Gobierno no tendría derecho a proponer financiamientos adicionales al Presupuesto en el proyecto de reajustes. Se manifestó que se han omitido partidas en el Presupuesto de 1968, que no deberían incluirse en esta iniciativa. Debo recordar una vez más que el ex Ministro de Haciendadon Sergio Molina, en noviembre del año pasado, cuando hizo la exposición de la hacienda pública en la Comisión Mixta de Presupuestos, anunció las normas que contendría el proyecto de reajustes enviado, al mes siguiente, en el cual se proponía un financiamiento de los aportes adicionales que contiene esta iniciativa, por medio del Fondo Nacional de Ahorro. Se esperaba un mayor ingreso de 400 millones de escudos, gastos y financiamiento que, por no haber sido aprobada dicha iniciativa, debieron incorporarse en el posterior proyecto de reajuste presentado al Congreso.

Ahora bien, la iniciativa en debate, al ser despachada por la Cámara, tenía un costo de 1.856,80 millones de escudos, que el Senado elevó a 1.961 millones. De esta suma, hay financiados 1.234,8 millones de escudos, sea por recursos propiamente tales o por reducciones de gastos.

El dicho financiamiento se compone de tres capítulos; reducción de gastos hecho por el Gobierno para 1968, 451,1 millones de escudos; rendimiento del impuesto patrimonial y de otras medidas administrativas, 197,7 millones de escudos, y disponibilidades en el ítem correspondiente de la ley de Presupuestos, 586 millones de escudos.

La diferencia entre los 1.961,8 millones de escudos a que asciende el costo del proyecto del Senado, y los 1.234,8 millones producidos por los tres rubros señalados, es de 727 millones de escudos, que es la cifra requerida por el Gobierno para completar el financiamiento de la iniciativa en estudio.

Interesa señalar que el saldo del gasto de 727 millones contenido en el proyecto aprobado por las Comisiones unidas se compone de la siguiente manera: 622 millones de escudos, gasto propuesto por el Ejecutivo en la iniciativa legal; 85 millones para pagar en dinero efectivo 7,5% de reajuste, primitivamente considerado en cuotas CORVI, y 20 millones de escudos provenientes del aumento, de 30%, a 37% del reajuste de las pensiones del Servicio de Seguro Social, ambas enmiendas de las Comisiones.

Como señalé, el saldo de gastos por financiar asciende a 727 millones de escudos.

¿Qué financiamiento proponen las Comisiones? Un total de 492 millones de escudos, que corresponden al siguiente detalle: recursos tributarios del proyecto aprobado en la primera etapa de tramitación de estas materias 378 millones de escudos, que a su vez se descomponen en los rubros señalados por el Honorable señor Contreras Labarca y que no es del caso repetir. En seguida, ingresos repuestos o creados durante el debate de las Comisiones, 114 millones de escudos, derivados, a su vez, del impuesto a los combustibles, a los cheques, diferencia por el alza de tipo de cambio, eliminación de las exenciones del impuesto a las compraventas de las cooperativas, y pagarés fiscales con cargo al departamento de importación de las compañías del cobre. Como se ve, el financiamiento aprobado alcanza a 492 millones de escudos; de manera que aún faltan 235 millones de escudos para cubrir el costo del proyecto.

Sin embargo, hay discrepancias respecto del monto del desfinanciamiento. La mayoría de las Comisiones, excepto el Honorable señor Bulnes Sanfuentes, que tiene opinión diferente de la de la mayoría de los Senadores democratacristianos, cree que el proyecto está financiado^

Respecto de la discrepancia de nuestras cifras y las de las Comisiones, la diferencia se debe a que éstas calcularon la conversión del dólar en el Presupuesto a 6,80 escudos, y no de acuerdo con la señalada por el Banco Central, esto esa 6,50 escudos. De ahí que las Comisiones calculen un ingreso por este concepto que alcanza a 42 millones de escudos, en circunstancias de que realmente sólo sería de 24 millones. Habría un menor rendimiento de 18 millones.

En cuanto a los depósitos de importación de las compañías del cobre, en nuestro concepto por las razones contenidas en el informe de las Comisiones, se obtendrán sólo 30 millones de escudos en lugar de cien millones. En este sólo rubro hay una diferencia de 70 millones de escudos entre ambos criterios. Además, el Senado propone un impuesto sobre las compraventas del cobre, que produciría 57,8 millones de escudos'. A nuestro juicio, éste es un tributo ilusorio y no puede contarse con él para el financiamiento del proyecto. En consecuencia, hay una discrepancia de 145,8 millones de escudos respecto del rendimiento de los impuestos señalados, entre el criterio de la mayoría parcial de las Comisiones unidas y los cálculos realizados por los organismos técnicos especializados que en la historia del país siempre han sido los encargados de hacer tales estimaciones. Por último, se proponen determinadas reducciones de los aportes adicionales de 20% para diversas entidades, que produciría 93,8 millones de escudos.

A nuestro juicio, el Senado no debería aprobar estas reducciones con tanta liviandad sin considerar las graves consecuencias que producirán. Se reduce el presupuesto de la CORVI; en consecuencia, se afecta la construcción de viviendas populares. Se disminuye el aporte a la Corporación de Fomento; se afecta, por lo tanto, el plan de desarrollo industrial. Igualmente, se perjudica el plan de ampliación de la Empresa de Ferrocarriles del Estado, como asimismo el mejoramiento de sus servicios. Se disminuye la amortización de la deuda externa que están obligados a pagar organismos como la CORFO, ENAMI y otros que, de no cumplir oportunamente, pueden perder los créditos que requieren para las obras en ejecución.

El Senado debe pensar si es dable llamar, financiamiento a las medidas propuestas por las Comisiones unidas; debe analizar las consecuencias gravísimas que ello acarrearía para el desarrollo del país y para su prestigio en el exterior.

A instancias de algunos Honorables colegas, el Ejecutivo presentó una proposición para racionalizar las franquicias tributarias, la cual, por una extraña situación, fue rechazada...

El señor LUENGO (Vicepresidente).-

Ha terminado el tiempo de Su Señoría.

El señor MUSALEM.-

...por los mismos señores Senadores que la habían requerido, apoyados por otros Honorables colegas.

Estimamos que algunos recursos, aunque exiguos, aportaba esta idea para el financiamiento del proyecto.

El Senado debe meditar en la determinación adoptada por sus Comisiones en esta materia, pues podría producirse grave perjuicio para la economía nacional.

Para mayor claridad en cuanto a este problema, solicito insertar dos cuadros explicativos del asunto a que he hecho referencia.

El señor LUENGO (Vicepresidente).-

Solicito el asentimiento de la Sala para acceder a lo solicitado por el señor Senador.

Acordado.

Los documentos que se acuerda insertar, son del tenor siguiente:

LEY DE REAJUSTE

FINANCIAMIENTO PROYECTO DE REAJUSTE SEGÚN LA COMISIÓN DEL SENADO

El señor RODRIGUEZ.-

Para traer mayor claridad en el problema del financiamiento, que me parece decisivo, y con el objeto de proporcionar mejor información a la opinión pública para su enfoque solicito insertar en mi intervención las primeras siete u ocho páginas del informe evacuado por las Comisiones unidas, que inciden en este asunto.

El señor LUENGO (Vicepresidente).-

Si le parece a la Sala, se acordará insertar la parte del informe mencionada por el señor Senador.

Acordado.

El documento que se acuerda insertar es del tenor siguiente:

"El proyecto de ley en informe contempla dos órdenes de materias enteramente diversas.

"Otorga un reajuste de remuneraciones a los trabajadores de los Sectores Público y Privado y, además, complementa mediante aportes y suplementes la ley de Presupuestos de la Nación, aprobada para 1968 por ley Nº 16.735.

"El proyecto de la Honorable Cámara de Diputados representa, por ambos conceptos, un gasto total bruto ascendente a Eº 1.716.800.000.

"Este gasto se desglosa en: costo del reajuste propiamente tal, Eº 1.003.800.000, y aportes o suplementos presupuestarios, Eº 713.000.000.

"El proyecto aprobado por vuestras Comisiones unidas reduce los aportes presupuestarios a Eº 621.800.000, esto es, en Eº 91.200.000, y, en cambio, aumenta el gasto de reajuste propiamente tal a Eº 1.108.800.000, esto es, en la suma de Eº 105.000.000. De este modo, el costo total del proyecto asciende a 1.730.600.000 escudos.

"El mayor aumento de reajustes aprobado por vuestras Comisiones deriva de

las indicaciones presentadas por el Ejecutivo en conformidad a los acuerdos a que llegó con los Senadores del Partido Nacional, en virtud del cual se obtuvo la mayoría suficiente para aprobar en general esta iniciativa de ley, después de haberse rechazado, como consta de nuestro primer informe. Esas indicaciones permiten el rescate de los bonos CORVI en un plazo de 12 meses, a partir de abril último, y elevan el reajuste de las pensiones otorgadas por el Servicio de Seguro Social del 30 % al 37 %. La primera de estas indicaciones, que fue aprobada con modificaciones sustanciales, como veremos más adelante, representa 85.000.000 de escudos de mayor gasto y la segunda W 20.000.000.

"El sistema de reajuste empleado por el proyecto de ley en informe, a su vez, es inferior en Eº 140.100.000 con respecto al anterior sometido a la consideración del Honorable Senado, que contemplaba para los sectores que se ha dado en llamar "no postergados" un reajuste de un 15% en lugar del 12,5% que ahora se propone.

"Para financiar tan elevada cifra de gastos y ante la imposibilidad de recurrir nuevamente en forma amplia, a las fuentes tributarias usuales que, según consenso unánime, se encuentran agotadas, no pudiendo ser usadas, en consecuencia, sin causar grave daño al desarrollo económico, a la producción y al bienestar nacionales, el Gobierno hubo de introducir economías en los gastos públicos por 180 millones de escudos.

"De este modo, el Ejecutivo concuerda con la petición de diversos sectores políticos que consideran que los gastos corrientes han alcanzado cifras de enorme significación y pesan gravemente en nuestra economía nacional.

"A continuación insertamos un cuadro en el que se demuestra el crecimiento del gasto corriente y el estancamiento de las inversiones públicas:

GASTOS PRESUPUESTARIOS ANUALES

"Con el mismo propósito de financiar el proyecto, el Gobierno ha debido reducir los aportes de inversión consultados en la ley de Presupuestos vigente, con lo cual podrá disponer de Eº 131.000.000 adicionales.

"Un nuevo estudio de las entradas presupuestarias para el presente año permite suponer un mayor ingreso de 71 millones 700 mil escudos, que no se encuentran comprometidos.

"A los rubros anteriores debe sumarse la provisión de gasto para financiar el reajuste de remuneraciones de este proyecto, contemplada en la ley de Presupuesto, la que asciende a Eº 586.000.000, según la estimación hecha por el señor Ministro de Hacienda para estos efectos.

"Sin embargo, al redactar este informe hemos advertido que en el ítem, 08/01/01.006 del Presupuesto del Ministerio de Hacienda correspondiente al presente año, se consulta una provisión de fondos para el pago de un reajuste de remuneraciones y asignación familiar para el personal de la Administración Pública de Eº 645.000.000 en vez de los Eº 586.000.000 a que alude el señor Ministro, esto es, Eº 59.000.000 más que los consultados en el cálculo que estamos haciendo.

"Por último, al aprobarse el impuesto a la renta mínima presunta, que regirá durante el presente año, por ley Nº 16.773, de marzo de 1968, se proporcionaron recursos tributarios al Ejecutivo por 126 millones de escudos.

"De este modo el Ejecutivo ha financiado un total de Eº 1.094.800.000 antes del envío de este proyecto de ley al Senado. En consecuencia, para saldar la totalidad del gasto del proyecto aprobado por las Comisiones Unidas, ha sido preciso aprobar recursos por Eº 635.800.000.

"Esta labor no fue fácil. El proyecto de la Honorable Cámara de Diputados contemplaba en este aspecto, básicamente, elevar la tasa de impuesto a las compraventas del 7% al 8%, y en igual proporción las demás tasas especiales de este tributo.

"El señor Ministro de Hacienda, en conformidad con el acuerdo logrado con el Partido Nacional, propuso rebajar este aumento del 8% al 7,5%.

"Puesta en votación esta indicación, fue rechazada con los votos de los Senadores Radicales, Comunista, Social Demócrata, Socialista y Socialista Popular (6 votos). Votaron a favor los Senadores nacionales y democratacristianos (4 votos).

"Los Senadores de la mayoría no aceptan la imposición de nuevos tributos que graven directamente a la masa consumidora por razones elementales de preservación de la subsistencia de ésta, amagada por las bajas remuneraciones y el alza constante del costo de la vida.

"El Senador Bulnes expresó ser contrario también a la implantación de nuevos tributos, especialmente el de compraventa, pero en la imperiosa necesidad de buscar financiamiento al reajuste de remuneraciones y en conformidad al acuerdo a que llegó su partido con el Gobierno, que ha permitido aquél, y reducir el aumento propuesto de este impuesto, votó favorablemente la indicación referida.

"En definitiva, se aprobaron los siguiente recursos tributarios contenidos en el proyecto de la Honorable Cámara de Diputados:

RECURSOS TRIBUTARIOS

"Las Comisiones Unidas, además, adoptaron acuerdos tendientes a proporcionar al Ejecutivo las siguientes fuentes de recursos:

"a) Gravar con impuesto de compraventa de 7% la transferencia de cobre.

Considerando sólo las ventas efectuadas por la Gran Minería en el año último, ascendentes a US$ 564.000.000, tendríamos un ingreso por este concepto de US$ 39.200.000. Sin embargo, como esta medida producirá una menor entrada fiscal por concepto de la disminución de utilidades de esas compañías y considerando un precio de venta promedio de US$ 0,48 la libra de cobre y un cambio, también promedio, de Eº 6,50 por dólar, se ha consultado un ingreso por este acápite de sólo Eº 57.800.000.

"b) Se resolvió establecer que las empresas de la Gran Minería del Cobre estarán afectas, al igual que el resto de los importadores nacionales, a efectuar depósitos en el Banco Central. Las importaciones de operación de estas Compañías, sin considerar las de inversión, ascienden a US$ 25.000.000. Dado que el porcentaje promedio de depósito es alto, puesto que llega al 200% en algunos casos, se estima que permanecerán en depósito en el Banco Central alrededor de US$ 20.000.000, o Eº 130.000.000, que se retirarán del circulante, pudiéndose, en consecuencia, autorizar al Banco Central para efectuar con cargo a dicho fondo un préstamo al Fisco de Eº 100.000.000.

"c) Al eliminarse los gastos de representación que se consultan en el Presupuesto de la Nación para Intendentes, Gobernadores, etcétera, se obtendrá una economía de Eº 5.500.000.

"d) En atención a la desvalorización monetaria, las Comisiones unidas consideran que se producirá un mayor ingreso presupuestario como consecuencia de liquidarse el dólar a Eº 6,8 promedio, en lugar de a Eº 6,1 consultado en el Presupuesto de la Nación. Esto permitirá al Fisco contar con mayores ingresos ascendentes a Eº 42.000.000.

"Si al total de ingresos presupuestarios anotados anteriormente, que suman 438 millones de escudos, agregamos los recursos indicados en las letras precedentes, tenemos que el financiamiento otorgado por las Comisiones asciende a 643.300.000 escudos.

"Si a esta última cifra, sumamos la diferencia de E° 59.000.000 a que asciende la mayor provisión para reajuste consultada en la ley de Presupuestos de acuerdo al ítem 08/01/01.006 a que antes aludimos, los recursos consultados para financiar el reajuste ascienden a 702.300.000 escudos, esto es E"? 66.500.000 más de los necesarios para cubrir el gasto. Por último, como observó el Honorable Senador señor Chadwick, el costo real del proyecto debe disminuirse en Eº 17.300.000 como consecuencia de haberse excluido del presente reajuste de remuneraciones al personal de Correos y Telégrafos, con lo cual esta cifra incrementa el superávit, llegando así a Eº 83.800.000.

"El financiamiento anterior no es compartido, en algunos de sus puntos, por el señor Ministro de Hacienda, quien no acepta como fuentes de recursos el impuesto a la compraventa de cobre, la supresión de los gastos de representación de Intendentes y Gobernadores, y estima que, al dejar afectas a la obligación de depósito de internación a las empresas del cobre, se obtendrían sólo Eº 30.000.000, y las mayores entradas por concepto de diferencia de cambio producirían ingresos por no más de Eº 24.000.000, con lo cual se produce, a su juicio, un desfinanciamiento de Eº 143.800.000 que es preciso sumar a la rebaja de suplementos presupuestarios, acordada por las Comisiones unidas, por Eº 91.200.000, que el señor Ministro tampoco acepta, con lo cual, de incorporarse este mayor gasto, el desfinanciamiento subiría a Eº 235.000.000.

"La mayoría de vuestras Comisiones unidas, compuesta por los Honorables Senadores señores Rodríguez, señora Carrera, Aguirre, Bossay, Chadwick, Contreras Labarca y Luengo, fijaron claramente su posición en orden a que el proyecto quedaba debidamente financiado, puesto que el Parlamento tiene libertad para aprobar las fuentes de recursos que estime convenientes, aun cuando ellas no concuerden con la política del Ejecutivo.

"El Honorable Senador señor Bulnes, por su parte, estimó, considerando la cifra primitiva de provisión de fondos para pagar este reajuste dada por el señor Ministro de Hacienda, que el proyecto estaría desfinanciado en Eº 47.500.000, cifra susceptible de aumentar si los recursos de que se podría disponer como consecuencia de los depósitos de internación a que quedarán afectas las empresas del cobre no rinden lo proyectado. Sin embargo, el Senador Bulnes considera que este desfinanciamiento es teórico, puesto que el Partido Demócrata Cristiano está en condiciones de obtener la aprobación del 7,5% o del 8% de impuesto a las compraventas, con lo cual se producen ingresos que saldan ese déficit.

"Los Honorables Senadores señores Palma y Musalem reiteradamente expresaron, al tratarse las fuentes de financiamiento enunciadas en las letras últimamente indicadas, que no concordaban con ellas o con las cifras que se les asignaban y que, a juicio de ambos, los gastos del proyecto excedían a las entradas en los Eº 235.000.000 señalados por el señor Ministro".

El señor RODRIGUEZ.-

A mi juicio, habría sido extraordinariamente útil recibir información del Ejecutivo respecto de cómo enfoca el problema del financiamiento, antes de que hubiésemos intervenido los Senadores. No cabe duda, como lo reconoce el Honorable señor Musalem, de que hay criterios distintos en esta materia entre el señor Ministro y los miembros de las Comisiones unidas, que consideramos perfectamente financiado el proyecto, en caso, por supuesto, de que el Ejecutivo acepte nuestras fórmulas.

Entre las proposiciones formuladas por las Comisiones para el financiamiento, está el impuesto a las compraventas del cobre, que, como manifesté en intervenciones anteriores, ha sido y es un tabú, algo intocable, impermeable, para el Gobierno.

En consecuencia si el Ejecutivo se allana a respetar la voluntad democrática del Senado de la República, donde se expresan las más importantes corrientes nacionales, que piden y claman que las compañías del cobre contribuyan al financiamiento de los gastos públicos en este caso, para hacer frente a una parte importante de los gastos del proyecto de reajustes, no cabe duda de que el problema se resolvería. Por eso, las Comisiones unidas, en su inquietud por financiar adecuadamente la iniciativa, proponen un gravamen de 7% a las transferencias del cobre. Considerando sólo las ventas de la gran minería en el año último, se aprecia que éstas ascienden a 564 millones de dólares. No se desea ver la proyección de estas cifras, no obstante que las Comisiones unidas, en la parte final de su informe, la explica debidamente.

Lo que quiero sostener, en resumen, es que, sin lugar a dudas, las Comisiones unidas aprobaron financiado el proyecto de reajustes. Como dijimos en un comienzo, la iniciativa legal en debate sólo en parte es de reajuste. Tal vez ahora, después del trabajo eficiente y tesonero de las Comisiones y del Senado, posea en alguna medida caracteres propios de un proyecto de esa naturaleza. El despachado por la Cámara trataba de resolver los problemas de suplementos y aportes presupuestarios, cantidades que constituían lo fundamental del financiamiento.

Nos reservamos el derecho de analizar posteriormente cada una de las disposiciones. Por ahora diré que rechazaremos el artículo sobre compraventa.

Repito: concordamos con el criterio central de las Comisiones en el sentido de que el proyecto despachado por ellas consigna los recursos suficientes para, el financiamiento. Lo anterior desvirtúa los comentarios, a mi juicio absolutamente interesados, de la prensa oficial, tendientes a empequeñecer y deformar el trabajo responsable realizado en las Comisiones unidas.

El señor BULNES SANFUENTES.-

Señor Presidente, los Senadores nacionales, en forma independiente y honrada, hemos tratado de formarnos criterio respecto del financiamiento del proyecto, y llegamos a una conclusión que no coincide con la manifestada por el Gobierno y el Partido Demócrata Cristiano ni con la de los restantes sectores de Oposición.

Ni remotamente creemos que la iniciativa tenga el desfinanciamiento que señala el Ejecutivo, pero tampoco estimamos que esté totalmente desfinanciada.

Sobre el particular, hacemos las siguientes observaciones: el costo original del proyecto, tal como fue sometido a la consideración del Senado, era de 622 millones de escudos. A ello se agrega la rescatabilidad de los bonos CORVI, condición impuesta por nuestra colectividad política para aprobar la idea de legislar sobre la materia, que cuesta 80 millones de escudos, y no 85 millones, como se ha calculado. Llegué a esa suma después de haber hecho un cálculo muy prolijo.

En seguida, el aumento de las jubilaciones del Servicio de Seguro Social representa 20 millones de escudos.

Por lo tanto, el proyecto en este momento tiene un costo de 722 millones de escudos.

¿Cómo se financia esa suma? De los recursos consignados en la iniciativa original, las Comisiones aprobaron impuestos por 418 millones 200 mil escudos. A eso deben agregarse las siguientes partidas: establecimiento del impuesto a las compraventas respecto de las cooperativas de consumo, que produce 20 millones de escudos; mayor valor que tendrá la conversión del dólar durante este año, calculado en exceso en el Presupuesto, que nosotros, mediante un cálculo bastante prolijo y pesimista, estimamos en 42 millones, y no en 24, como señala el Gobierno; supresión de la partida de 10 millones de escudos asignada para gastos varios de intendencias y gobernaciones, que alcanza a 5 millones 500 mil escudos, porque los 4 millones restantes ya están gastados; reducción de los aportes propuestos por las Comisiones, que rebaja el gasto en 93 millones 800 mil escudos.

De esa. manera se obtienen 579 millones 500 mil escudos, suma a la cual deben agregarse 100 millones de escudos que produciría uso el verbo en condicional, porque aquí está la duda el establecimiento de depósitos de internación respecto de las importaciones de la gran minería del cobre.

Así, llegamos a un total de 679 millones 500 mil escudos. Como el costo era de 722 millones, queda una diferencia de 42 millones 500 mil escudos.

Hago presente que no traemos a colación lo relativo al impuesto de las compraventas del cobre, porque, aun cuando nuestro deseo sería que las empresas de la gran minería hicieran un aporte extraordinario al financiamiento del proyecto las utilidades que están percibiendo no eran previsibles al celebrarse los contratos, creemos que ese gravamen sería contrario a los convenios celebrados. En consecuencia, la Corte Suprema, de acuerdo con su jurisprudencia invariable en materia de contratos-ley, debería declarar inconstitucional una disposición de esa índole.

Por ese motivo no consideramos la partida correspondiente, y ello generó la discrepancia que tenemos con el resto de los sectores de Oposición.

Los 42 millones 500 mil escudos de desfinanciamiento pueden aumentar si los depósitos de internación no rinden los 100 millones de escudos que las Comisiones calcularon. El señor Ministro de Hacienda, de acuerdo con antecedentes proporcionados por el Banco Central, estima que sólo rendirán 30 millones de escudos. A nuestro juicio, el rendimiento está más o menos en un punto medio, que será considerablemente superior a 30 millones, pero inferior a 100 millones.

En consecuencia, debido al menor rendimiento de los depósitos de internación, el desfinanciamiento de 42 millones 500 mil escudos se aumentará en 30 millones ó 40 millones.

Ese desfinanciamiento se puede cubrir casi exactamente aumentando en 1/2% el impuesto a las compraventas, rubro que nuestro partido votó en las Comisiones. Como todos sabemos, el proyecto consignaba un aumento de 1% de ese tributo. Mi colectividad política, cuando conversó con el Gobierno, antes de aprobarse la idea de legislar en materia de reajustes, hizo presente que no estaba dispuesta" a permitir la aprobación en general del proyecto si se establecía ese aumento, evidentemente inflacionario, que recae en forma directa sobre los consumidores, y agregó que, a nuestro juicio, no se justificaba aplicar aquel porcentaje.

Como resultado de las conversaciones con el Ejecutivo, llegamos al acuerdo de que él propondría la mitad del aumento aprobado en la Cámara; o sea, la tasa general del impuesto a las compraventas, en vez de subir a 8%, aumentaría, de 7%, a 7,5%.

A nuestro entender, si se aprobara el aumento de 0,5% respecto de ese tributo, el proyecto quedaría financiado.

Por ese motivo, si las circunstancias son favorables dentro de la mecánica parlamentaría es difícil, estamos dispuestos a concurrir a un aumento en ese porcentaje del impuesto a las compraventas. Pero desde ya señalamos que nos mantendremos irreductibles en el sentido de no acceder a proporcionar otros recursos, pues los consideramos innecesarios. A nuestro juicio, el país está sobrecargado de tributos. Y en el evento de que fueran menester mayores recursos para financiar el proyecto, estimamos que el Gobierno no debería seguir otro camino que el de hacer economías.

La sobresaturación tributaria del país ha llegado a límites peligrosísimos. Es una de las causas de que los índices de aumento de la producción hayan bajado violentamente, porque es indudable la estrecha relación existente entre esa sobresaturación y la baja de los índices mencionados.

Por otra parte, nadie desconoce que en este país se está acelerando cada día más la fuga de capitales, lo que también es consecuencia de la sobresaturación tributaria.

En consecuencia repito, el Partido Nacional está dispuesto a concurrir con su voto a un alza de 0,5% en la tasa del impuesto a las compraventas, y. así lo manifestó desde el primer momento, cuando esta iniciativa se discutió en general.

Por ningún motivo insisto, cualquiera que sea el criterio del Gobierno en cuanto al financiamiento, contribuiremos a proporcionar otro recurso que no sea el que acabo de señalar.

El señor CHADWICK.-

Una vez más, la Unión Socialista Popular debe insistir en que todo el problema, financiero del proyecto de reajustes, en lo fundamental y decisivo, es político: falta de voluntad para encarar la prepotencia imperialista, que se niega a contribuir al gasto del Estado, parapetándose en una especie de fortaleza inexpugnable, cual es el privilegio que ha logrado adquirir a causa de la debilidad y complicidad de los sectores que hacen mayoría en el Congreso.

Las palabras del señor Ministro de Hacienda, por desgracia, no hacen sino confirmar nuestra tesis: Su Señoría se resiste a considerar los escuálidos recursos señalados por las Comisiones unidas, que tienen rendimiento efectivo y que no pueden ser discutidos seriamente.

Es necesario reducir, de 100 millones de escudos, a 30 millones el rendimiento que tendría, la imposición a las compañías del cobre de hacer depósitos por sus operaciones regulares.

Se dice que los cálculos oficiales del Banco Central sólo señalan a ese recurso financiero la cantidad de 5 millones de escudos.

¿Cómo han procedido las Comisiones unidas? Han partido del hecho cierto que se desprende de las informaciones de la propia Corporación del Cobre, en el sentido de que las empresas hacen exportaciones con cargo al rubro "operaciones", de alrededor de 25 millones de dólares. Si se las obliga a realizar los depósitos correspondientes, se genera un recurso que permite llevar a cabo otras operaciones de importación, que normalmente, según se han calculado en otra ocasión, ascienden a 200%. Reduciendo el rendimiento financiero a sólo seis meses, tendríamos la mitad de estos recursos, vale decir, representaría un ciento por ciento; y admitiendo los necesarios resguardos, se hizo una apreciable rebaja, con todo lo cual se llegó a la suma de cien millones de escudos.

El señor Ministro se limitó a negar el rendimiento señalado e invocó la autoridad del Banco Central de Chile, sin referirse en nada a lo que dice el informe escrito de nuestras Comisiones, en el cual está consignado el cálculo con todo detenimiento.

En ese predicamento de minimizar, de hacer casi ridículo el intento nacional por recuperar algo de la riqueza que se está extrayendo impúdicamente a este pueblo pobre que está en la miseria, mientras las compañías autoras de este despojo están haciendo las más fabulosas utilidades del mundo entero, se dice que no podemos tocar a esas empresas y que ni siquiera es dable imaginar que pueda imponerse un impuesto a la compraventa al metal que se exporta.

Todos pagamos impuesto a la compraventa: el rico, el mediano y el pobre; incluso, es un recurso financiero del que ha echado mano el Gobierno al aumentar el gravamen a los consumidores; sin embargo, cuando se trata de los todopoderosos, de quienes están percibiendo utilidades multiplicadas por cuatro o por cinco respecto de sus mejores esperanzas, se dice que la Corte Suprema declararía inconstitucional el gravamen. Naturalmente, así será si el Gobierno empieza por darle las armas a las compañías extranjeras al admitir aquí con un sentido antinacional, que podría llenar de vergüenza a cualquier chileno que el establecimiento de dicho impuesto respecto de las ventas de cobre es contrario a lo pactado.

El señor CHADWICK.-

Quiere decir que me han traicionado los recuerdos, porque creí que tal afirmación la había hecho el señor Ministro. Si lo dijo el Honorable señor Bulnes Sanfuentes, lo deploro por él. En efecto, la verdad estricta es que cualquier patriota estaba obligado a adoptar todas las medidas para que esa pretensión de las empresas foráneas no prevaleciera. Y la medida elemental lo insinué en las Comisiones, sin lograr ser oído, es extender el impuesto a las compraventas a todas las exportaciones.

Se podrá argumentar que ese gravamen reduce nuestras posibilidades de llegar al mercado externo, y que todos los países hacen sacrificios para incrementar sus producciones. Ese razonamiento constituye uno de los más vituperables sofismas, porque nuestros productos básicos son contados con los dedos de la mano. Las exportaciones chilenas están constituidas principalmente por el cobre; y también, aunque en mucho menor escala, por los minerales de hierro, los que llegan al mercado internacional en condiciones realmente bochornosas. Las firmas exportadoras prácticamente no pagan tributos, pero se hace todo lo posible para ocultarles las ganancias obtenidas en las sociedades fantasmas del Caribe.

Si mis palabras molestan al Honorable señor Gómez, lo siento por él.

El señor GOMEZ.-

Nada ha dicho que pueda representar molestia.

El señor ALLENDE (Presidente).-

Ruego a los señores Senadores no interrumpir.

El señor CHADWICK.-

Con un mínimo sentido patriótico, deberíamos haber estudiado la forma de que este gravamen no pueda merecer ninguna objeción. Tal es nuestra responsabilidad: actuar como chilenos que luchan por emanciparse de un yugo extranjero que nos está matando.

Sostengo que el régimen de bonificaciones de que son beneficiarios los exportadores nacionales no tiene paralelo en el mundo entero. Aquí se ha despachado una ley que permite otorgarles hasta 30% del valor CIF, o sea, incluyendo los gastos incorporados a la mercadería hasta ponerla en puerto extranjero. ¡Hasta el 30%! ¡Estamos bonificando a la gran minería!

¿Puede, acaso, constituir obstáculo el pequeño sector de las demás exportaciones, reducidas en su monto, y atarnos las manos de modo que no podamos imponer el pago de ese tributo a las compraventas del cobre de exportación realizadas por poderosas entidades cuyas ganancias sobrepasan los centenares y centenares de millones de dólares?

¡Es que falta sinceridad en lo que es fundamental!

El señor ALLENDE (Presidente).-

Terminó el tiempo de Su Señoría.

El señor CHADWICK.-

Pido que se me descuente el tiempo de algunas interrupciones que no concedí.

¡Cómo no ha de dolerme que ese problema se haya planteado ante esta rama del Congreso en la forma como se ha hecho aquí! ¡Cómo no ha de ser triste el hecho de que, durante los últimos tres meses, la Corporación del Cobre haya permitido que los impuestos adeudados por la gran minería sean liquidados sobre la base de precios artificialmente bajos! ¡En algunas ocasiones, ello ha determinado diferencias de ciento ochenta dólares por tonelada!

El señor CONTRERAS LABARCA.-

El Senado empieza a discutir las modificaciones que se introducen a la ley 12.120, sobre impuesto a las compraventas. Como es sabido, ese tributo grava, ante todo, a las grandes masas consumidoras y es factor de importancia del constante descenso experimentado en sus niveles de vida por amplios sectores de los asalariados.

El gravamen referido es, por otra parte, muy impopular y odioso. Ha crecido vertiginosamente a lo largo de los años, y diversos Gobiernos lo han hecho objeto de modificaciones que tornan aún más irritante su aplicación. Como se ha dicho en esta Sala, ese impuesto afecta a los consumidores; lo pagan todos los chilenos, los que, por consiguiente, sufren el impacto de un tributo indirecto, que limita sus posibilidades de vivir y que, en gran parte, es causante del bajo nivel de vida de nuestra población.

No obstante que todos los chilenos pagan el impuesto a las compraventas, hay sectores exentos de tal obligación. La indicación aprobada por las Comisiones unidas tiene por objeto remediar esa situación e implantar una verdadera justicia tributaria.

A nuestro juicio, no hay razón valedera que justifique eximir de ese tributo a las empresas de la gran minería del cobre. Las argumentaciones hechas valer para oponerse a que esta disposición se agregue al artículo 1º de la ley 12.120, no tienen justificación de ninguna especie.

No disponemos de tiempo suficiente para discutir los fundamentos aparentemente jurídicos que se dan para adoptar esa posición ni para volver a la discusión habida, en el Senado en épocas pasadas respecto del problema jurídico de la existencia de contratos-ley, a los que se menciona, como pretexto para impugnar la implantación del impuesto a la gran minería del cobre. Me debo limitar, por ende, a recordar a mis Honorables colegas que en el informe de la Comisión Mixta especial de Senadores y Diputados, emitido el 9 de noviembre de 1955, después de un profundo examen de este problema legal, se llegó, entre otras, a la conclusión unánime de que la legislación positiva china no considera la institución del contrato-ley o de la ley-contrato.

Los fundamentos de esta conclusión fundamental son absolutamente irrebatibles; de modo que no se puede amenazar al Senado con la posibilidad de que este impuesto, en el caso de llevarse el problema a la Corta Suprema, puede ser objeto de la declaración de inaplicabilidad o inconstitucionalidad. No nos asiste ese temor, porque el país entero sabe que ya no es posible mantener los privilegios discriminatorios que se han creado a favor de las grandes compañías productoras de cobre.

El señor ALLENDE (Presidente).-

Ha terminado el tiempo de Su Señoría.

El señor CONTRERAS LABARCA.-

Los Senadores comunistas votamos afirmativamente la enmienda propuesta por las Comisiones unidas.

El señor CHADWICK.-

Comprendo que los Honorables colegas estén agotados y que los argumentos no ayuden a nada; pero sólo quiero decir que la aplicación del impuesto a la compraventa a una mercadería que se encuentra en Chile y se despacha en virtud de un contrato, aunque éste sea celebrado en el extranjero, naturalmente debe imponerse, porque toda la legislación tributaria debe adoptar como sistema de resguardo de su validez el que las convenciones celebradas en el extranjero, para producir los efectos sobre bienes que están en «1 país, deben pagar impuesto igual como si esos convenios se celebraren en Chile.

Además es incuestionable que el contrato necesita un requisito que lo perfeccione en Chile. La Corporación del Cobre debe autorizar la negociación antes que se tenga por perfecta; y sólo en virtud de esa autorización se cursa el permiso correspondiente para hacer el embarque.

De manera que este impuesto no altera nada que sea común al régimen y sólo pone término a una excepción que nada justifica.

Por estos motivos, voto favorablemente la proposición de las Comisiones respecto al número 1.

El señor PALMA.-

En este artículo, se establecen diversas modificaciones al impuesto a la compraventa, el cual, en la actualidad, es un gravamen de carácter

universal que realmente tiene los defectos aquí señalados, pero que en la práctica constituye en todos los países, en especial en los de economía socialista., el principal de los tributos; ello en razón de que obedece a normas de carácter económico de fácil aplicabilidad y recuperabilidad, que lo convierten en uno de los impuestos más fáciles de poner en práctica.

En tal sentido, las enmiendas introducidas tienen carácter general, obedecen a las circunstancias y son bastante discriminatorias, pues gravan más aquellos productos consumidos por los sectores de altas rentas, lo cual obedece a una orientación seguida aquí desde hace muchos años.

En cuanto al impuesto al cobre, debo declarar que no insistiré sobre esta materia. Mucho se ha hablado al respecto; sin embargo, quiero destacar algo que en este momento es necesario reiterar.

Contrariamente a lo sostenido aquí, el Gobierno está realizando una política cuprera que podrá ser compleja y discutida, pero que, sin duda, está transformando al país en uno de los grandes productores de cobre, situación que perdió en el pasado. Por esta vía, precisamente, consistente en explotar una de sus más importantes riquezas, logrará la autonomía económica. Sin duda, ello se obtendrá en el futuro si sabemos ordenar toda la política cuprera dentro del plan general de desarrollo. Para llevarla adelante ha sido necesario establecer ciertos tipos de contratos y convenios: hay que pagar un precio por estas inversiones y aceptar ciertos requisitos que el mercado internacional está poniendo, en forma constante, como exigencia para invertir" en determinados países. En el último tiempo, sin ir más lejos, los intereses del mercado de capitales, debido a la extraordinaria demanda de muy diversos sectores del orbe en especial, del Tercer Mundo, e incluso de Europa, han subido de manera notable, como lo acaba de dar a conocer el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo. De manera que repetir en forma majadera que por esta vía el país está enajenando su independencia económica, significa faltar a la verdad, porque por este camino estamos tratando de construir una economía sólida. En efecto, si duplicamos la producción de cobre, dentro de muy poco tiempo podremos financiar los crecientes gastos del Estado. De este modo estamos procurando dar al país su verdadera independencia económica.

Si el cuadro socioeconómico puede exigir en lo futuro algunos cambios, las personas que tengan responsabilidades en el Gobierno tendrán que afrontar, a mi juicio, las circunstancias e imponer las reformas que las nuevas condiciones exijan. Pero lo más importante y útil para los intereses de Chile es mantener y sostener en el momento actual una política que la mayoría de las veces resulta incomprendida.

El señor DURAN.-

Solicito votación de este número, porque, a mi juicio, la idea de acabar en la práctica con el régimen cooperativo es extraordinariamente grave.

La tendencia general en todas las colectividades políticas propende a amparar al régimen que da facilidades fundamentalmente a los grupos más postergados en el orden económico. Así, se han establecido numerosas cooperativas, especialmente de consumo. Ahora, al dejar sin efecto las disposiciones contenidas en el artículo 116 del decreto Nº 20, de 23 de febrero de 1963, se elimina la rebaja del 50% del impuesto a las compraventas establecido por la ley N 12.120, de modo que las cooperativas quedan nuevamente sometidas al régimen común.

Como, a mi juicio, esta disposición atenta al sistema cooperativo, me he permitido solicitar la palabra a fin de pedir votación y anticipar mi opinión contraria al número 29.

El señor AYLWIN.-

Los Senadores democratacristianos participamos también de la opinión de que este financiamiento es absolutamente inadecuado.

Cierto es que la forma como el Senado ha votado las disposiciones anteriores deja al proyecto más desfinanciado de lo que estaba. Pero no lo es menos que resulta absolutamente contraproducente que para financiar esta iniciativa se dicten normas que perjudican al movimiento cooperativo. Sin duda, quien piense en una solución racional y con sentido popular y social del problema de la comercialización, que es profundamente serio y afecta a toda la población del país, no puede desconocer la importancia del movimiento cooperativo. En estos momentos las cooperativas de consumo reúnen más de trescientos mil socios, con un volumen anual de operaciones superior a los 230 millones de escudos. Ocha y uno por ciento de estas cooperativas están vendiendo abarrotes con descuentos de hasta 18 por ciento respecto de los precios oficiales. Es decir, este sistema representa una solución al problema real del abastecimiento de la población y una solución de carácter comunitario, con participación de los propios trabajadores o interesados.

Por consiguiente, en nuestra opinión no debe eliminarse esta rabaja de impuesto de que gozan las cooperativas, y por tal motivo votaremos en contra de esta disposición.

El señor RODRIGUEZ.-

Comparto todas las afirmaciones que han hecho los Honorables señores Durán y Aylwin sobre la obligación del legislador de amparar el régimen cooperativo en Chile.

Inclusive, se me han acercado con motivo de esta disposición, dirigentes de la Confederación de Empleados Particulares, quienes me han expresado que su régimen cooperativo resultaría seriamente lesionado con la disposición del número 29, que deroga el artículo 13 de la ley de Impuestos a las Compraventas, que establece lo siguiente: "Las Cooperativas de consumo pagarán en las operaciones de venta o distribución que realicen el 50% de los impuestos señalados en el artículo 1º, incisos primero, segundo, tercero...", etcétera, todos relativos al impuesto a la compraventa. Y agrega: "Igual norma se aplicará a los economatos y departamentos del Bienestar formados con aportes de sus asociados y cuyas finalidades sean adquirir mercaderías en el comercio para distribuirlas entre éstos".

Creo que el régimen de cooperativas y de economatos existe en toda la Administración Pública. Inclusive el Parlamento tiene un economato...

El señor GOMEZ.-

En donde hasta se compra "whisky" sin impuesto. ¡Hasta ese extremo se ha llegado! El señor RODRIGUEZ.- No tengo idea, porque yo no lo compro.

¿Por qué será tan gritón este colega? ¡Siempre interrumpe sin razón alguna. ..!

Pero ocurre que en este precepto viene un contrabando, y ruego al Honorable señor Aylwin escuchar. En efecto, por amparar el sistema de cooperativas favorecemos a la famosa organización UNICOOP, que es del imperio Rockefeller. Es decir, se está en el filo de la navaja, entre el deber de defender el régimen cooperativo chileno, modesto y precario, y la necesidad de amparar al mismo tiempo a un gran consorcio extranjero. La verdad es que no hallo qué hacer, y me voy a abstener en esta disposición, deplorando que se atente al régimen cooperativo chileno y subrepticiamente quiera ampararse a la organización UNICOOP.

Me abstengo repito, y lamento que en las Comisiones unidas no se haya hecho oportunamente la excepción sobre ese gran imperio que destruye al comercio mediano y pequeño de nuestro país y también al régimen de cooperativas.

La señora CAMPUSANO.-

No sé si pudiera hacer alguna modificación en que estuviéramos todos de acuerdo. No cabe duda de que las cooperativas de consumo de gente modesta es una cosa y el monopolio de la distribución en pocas manos es otra. Todos sabemos que este último está llevando al hambre a miles de pequeños comerciantes de nuestro país.

Ante tal eventualidad, nos abstenemos.

El señor LUENGO.-

Soy contrario a este precepto, que hace desaparecer la exención de que gozan las cooperativas.

Se ha dicho que algunas cooperativas grandes, que constituyen verdaderos monopolios, han de resultar favorecidas. Creo que así ocurrirá, pero no puedo olvidar que de ellas forman parte, como socios, muchas personas que obtienen algunas ventajas.

Concuerdo en que podría haberse hecho una discriminación, como se ha dicho, pero en este momento es imposible establecerla. En tal evento, pesa más en mi ánimo que no se grave a las cooperativas chicas, muchas de las cuales se han constituido con grandes esfuerzos de modestos empleados y obreros.

Por eso, estoy en contra de la disposición.

El señor MIRANDA.-

Señor Presidente, deseo aprovechar esta oportunidad, al anunciar nuestros votos contrarios a esta disposición, para solicitar el envío al señor Ministro de Hacienda de un oficio en que se le pida dar una información completa acerca del sistema y de los gastos que implica toda la propaganda que por medio de diarios, radioemisoras y televisión, se hace actualmente del sorteo de las boletas de compraventa, que, como saben los señores Senadores, es del todo excesiva y sirve para algunos propósitos que, naturalmente, no es del caso revelar en este momento; pero es necesario que el Senado conozca lo que está ocurriendo en este particular.

El señor ALLENDE (Presidente).-

Para fundar el voto, tiene la palabra el Honorable señor Bossay.

El señor BOSSAY.-

Estamos de acuerdo en ampliar a 30 meses el plazo de dieciocho para que la Universidad Católica de Valparaíso pueda retirar los elementos audiovisuales que le faltan para completar su estación.

A la vez, aprovecho la presencia del señor Ministro de Hacienda y de un destacado grupo de Senadores democratacristianos para protestar enérgicamente por la actitud del Gobierno en su trato con la estación repetidora de la Universidad de Chile de Valparaíso.

El Gobierno ha cometido la barbaridad, desde el punto de vista de la expansión de la cultura, de cortar el suministro de energía eléctrica a la planta o estación repetidora de la Universidad de Chile, y de hacerlo con una orden a la Compañía de Teléfonos en Olmué.

Está claro en la ley, según los estudios de profesores de la Universidad de Chile, que sólo se da autorización para la salida de un canal al aire. Pero jamás se ha impedido que ese canal pueda llegar más lejos. Si la Universidad Católica instala estaciones repetidoras, puede llegar, si lo desea, a Puerto Montt o Magallanes, y siempre será el Canal 13.

El Canal 9 llega a la parte alta de los cerros en Valparaíso, pero la recepción es mala. Por eso, la Universidad de Chile ha instalado una estación repetidora.

Sin el ánimo de injuriar, considero un absurdo fanatismo que la Comisión de Televisión, compuesta por el señor Krauss, por el señor Patricio Rojas, de triste memoria para los profesores de Chile, y por el señor Hamilton, haya rechazado a la Universidad de Chile la retransmisión de las audiciones del Canal 9 en Valparaíso.

Según habrán podido apreciar los señores Senadores en la prensa de cualquier color político, hay indignación general en todos los sectores de esa provincia por esta situación.

Ruego al señor Ministro hacer presente a su colega del Interior que esta medida constituye una barbaridad contra la cultura, porque no se trata de una nueva estación, sino de la instalación de una simple planta repetidora de lo que transmite el Canal 9.

Para demostrar que no tenemos fanatismo ni sectarismo, en la misma forma como queremos que exista un canal repetidor, concurrimos con nuestros votos a la norma que amplía a treinta meses el plazo de la Universidad Católica para retirar sus elementos.

El señor BARROS.-

Que se oficie en nombre de la Sala.

El señor ALLENDE (Presidente).-

Pido autorización de la Sala para hablar desde aquí sobre esta materia.

Hago mías las palabras del Honorable señor Bossay.

Como Senador por Valparaíso, al ser informado del problema, hablé telefónicamente con el señor Ministro del Interior y le hice ver la gravedad del hecho. El, por su parte, rae dio a conocer lo resuelto por el organismo que tiene a su cargo el estudio de la instalación de plantas televisoras. Le argumenté que, a juicio del director de la Escuela de Valparaíso, no había ninguna transgresión legal. El señor Ministro replicó que debía hacerse una presentación para justificar que no había infracción legal, en circunstancias de que no me señaló qué disposición se vulneraba. En esas condiciones, la Universidad, por conducto del director de la Escuela de Valparaíso, ha tenido que hacer una presentación de este tipo.

Dejo constancia, no de mi extrañeza, sino de mi protesta por el hecho de haberse cortado, como muy bien lo expuso el Honorable señor Bossay, el suministro de energía eléctrica a una estación repetidora que estaba empezando a funcionar en Valparaíso, lo que ha concitado una protesta general en la provincia.

Por lo tanto, propongo oficiar en nombre de los Comités...

El señor CHADWICK.-

El Comité Unión Socialista Popular adhiere a ese oficio.

El señor ALLENDE (Presidente).-

... para que el Gobierno dé una explicación y ordene la reposición de la corriente eléctrica.

El señor RODRIGUEZ.-

Por la unanimidad de los Comités.

El señor JULIET.-

En nombre del Comité Radical, al Ministro del Interior y al Presidente de la República.

El señor ALLENDE (Presidente).-

Se enviará el oficio al Presidente de la República y al Ministro del Interior, en nombre de todos los Comités que han adherido a él.

El señor RODRIGUEZ.-

El Honorable señor Prado también adhiere al oficio.

El señor BARROS.-

Que se agregue mi nombre.

El señor CONTRERAS LABARCA.-

El artículo 298, ahora 245, otorga un nuevo privilegio a los empresarios al autorizarlos para revalorizar sus capitales.

Como se sabe, la ley de impuesto a la Renta, en su artículo 35, establece un sistema de revalorización de carácter permanente. Esta es una ventaja muy grande para los empresarios, puesto que los defiende de la desvalorización de la moneda y los libera de tributos.

Pues bien, además de ese sistema ordinario y corriente, sin ninguna razón se les concede ahora un nuevo sistema de excepción.

A mi juicio, si el Ejecutivo está corto de recursos, no parece justificado que en este momento proponga al Congreso una disposición que debilita su posición financiera.

Este precepto de ninguna manera puede ser aprobado por el Senado.

El señor CHADWICK.-

A las palabras vertidas por el Honorable señor Contreras Labarca, quiero agregar que, en las actuales circunstancias, el artículo 245 tiene un rol de excepción de impuestos que no se puede pasar por alto.

Recuerdo, por ejemplo, que el hierro ha subido en 32%. Las personas que, en conocimiento de esta alza, hicieron el negocio correspondiente, deberían pagar una tasa de 20% por categoría y, en seguida, el impuesto global complementario respectivo. Sin embargo, esta disposición reduce la tasa a 10%.

En estas circunstancias, cuando el país está recargado de impuestos, cuando estamos viendo que no hay manera de sobrevivir, la excepción a favor de este grupo resulta injustificada.

Por eso, voto en contra del artículo.

El señor BULNES SANFUENTES.-

Señor Presidente, la disposición que estamos tratando es consecuencia casi ineludible del régimen de inflación acelerada en que se desenvuelve el país. Cuando ocurre este fenómeno, en los libros aparecen utilidades absolutamente ficticias, irreales. Por ejemplo, un almacenero tiene cierta cantidad de mercaderías; la moneda' se deprecia y en el momento en que vende la mercancía, aparentemente obtiene utilidades que, en verdad no son tales, porque la moneda se ha depreciado. Ocurre que al querer comprar nuevos productos, el capital apenas le alcanza para reponer la existencia anterior. Si no se aprueba esta disposición, el comerciante modesto, qué es el menos defendido de la inflación, puesto que los mayoristas cuentan con créditos para ello, tendrán que empezar a pagar impuesto de categorías y global complementario sobre utilidades inexistentes, ya que sus mercaderías cuestan más, pero en moneda desvalorizada.

A mi juicio, lo justo, en una época de inflación acelerada, sería permitir al comerciante revalorizar la mercadería sin pagar ningún impuesto, pero no es lo que se propone en la actual iniciativa, porque se le exige, para actualizar el valor de su mercadería para hacer desaparecer las utilidades ficticias, pagar 10% sobre el mayor valor que consta sólo en los libros, no en la realidad. Además, se establece la condición que en el año tributario siguiente no pague impuestos inferiores al del año anterior.

En mi opinión, el precepto es totalmente justificado y repito apoya fundamentalmente al comerciante pequeño que no tiene la posibilidad de recurrir al crédito para defenderse de la inflación.

Por tales consideraciones, votaremos favorablemente.

El señor RODRIGUEZ.-

Deseo plantear una pregunta al señor Ministro de Hacienda, aun cuando me parece que sobre esto ya tuvo una entrevista con dirigentes de la Confederación Nacional de Municipalidades, el Honorable señor Bossay y el Presidente de la Corporación. Mi duda se refiere a los recursos que deberá entregar el fisco a los municipios para cumplir con los compromisos de aumento de remuneraciones de los obreros y empleados municipales.

Los dirigentes de la Confederación plantean que el fisco tiene obligaciones, si no me equivoco, por más o menos 60 millones de escudos. Tenía entendido que el señor Ministro de Hacienda resolvería esto en el trámite a que nos encontramos abocados. En todo caso, si no fuera como lo plantean los dirigentes, quisiera tener información oficial respecto del monto a que ascienden las obligaciones fiscales y si el Gobierno propondrá la iniciativa del caso por la vía del veto. De lo contrario, el reajuste para el sector municipal sería un mito.

El señor GUMUCIO.-

Solicito que el inciso segundo se vote número por número, y que el artículo se vote por inciso.

Habría sido interesante conocer las razones en virtud de las cuales se aprobaron las cantidades indicadas en el informe para los números 10, 11 y 14, relativos a tres universidades católicas.

Yo me pregunto si ese proceder no obedece a fanatismo o sectarismo. Si se compara el reajuste de esos planteles respecto de otras también de carácter particular, como la Universidad de Concepción, a la cual se le asignan sin explicación alguna 11 millones de escudos, se verá que en cuanto a proporción de alumnos, aquéllas deberían recibir mucho más. Los que votaron contra los números a que me referí, deben repito explicar sus razones.

El señor FIGUEROA (Secretario).-

Se ha renovado la indicación número 95, con la firma de los Honorables señores Allende, Bossay, Barros, Rodríguez, Contreras Labarca, Chadwick, Miranda, Tarud; señora Campusano; Contreras Tapia, Gómez, Corvalán y Von Mülenbrock. Consiste en agregar el número 36, nuevo, que dice: "Caja de Previsión de la Defensa Nacional, para que atiende al pago de lo que se adeuda al personal en retiro de las Fuerzas Armadas afecto a la ley 16.258, correspondiente a la revalorización de sus pensiones de los años 1966 y 1967, Eº ...".

Se aprueba.

El señor BALTRA.-

Los Senadores radicales nos pronunciaremos por mantener el precepto, cuyo objeto es aumentar el Fondo de Revalorización de Pensiones, mediante un incremento de ciento por ciento de los impuestos y aportes establecidos en la ley 15.386. Es decir, el artículo tiende a satisfacer un sentido anhelo de los trescientos mil jubilados de Chile, que no han podido ver realizados los objetivos del mencionado cuerpo legal, por la insuficiencia de los recursos dispuestos en él.

El señor ALLENDE.-

Deseo precisar la observación formulada por el Honorable señor Baltra.

Es indispensable temar medidas para no seguir defraudando a quienes cifraron esperanzas en el Fondo de Revalorización de Pensiones. A propósito de una indicación renovada, quedó constancia muy clara del incumplimiento durante tres años de leyes que dicen relación a los imponentes de las Fuerzas Armadas y Carabineros. Afortunadamente, esa indicación se aprobó, de manera que no volverá a suceder como en los años 1966 y 1967, que 6.000 pensionados no revalorizarán sus pensiones como lo exige la ley.

Voto por la mantención del artículo.

El señor RODRIGUEZ.-

El artículo 11 de la ley 15.386 establece un recargo en las imposiciones patronales y obreras.

En todo caso, como anunció el Honorable señor Allende, aprobaremos el artículo 321 en la esperanza de que el Ejecutivo pueda corregir mediante el veto cualquier aspecto negativo del precepto en cuanto a su financiamiento.

En general, las letras del artículo 11 de la ley 15.386 constituyen posibilidades realistas de financiar el Fondo de Revalorización. Sólo la letra c) tiene un aspecto ingrato, por lo menos para nosotros.

El señor ALLENDE.-

Señor Presidente, somos partidarios de mantener este artículo, porque indiscutiblemente permitirá, sobre todo a los trabajadores de la empresa Cemento El Melón, acogerse a los beneficios previsionales.

En todo caso, deseo aprovechar los dos o tres minutos de que dispongo para hacer presente, en cuanto al problema previsional, que aun cuando el señor Ministro de Hacienda parece tener razón al responsabilizar directa o indirectamente al Parlamento por el desfinanciamiento con que despacha algunas leyes sobre la materia, a mi juicio, el problema es otro.

El Gobierno de la Democracia Cristiana lleva ya tres años y meses en el Poder, y no obstante ser el previsional uno de los grandes problemas del país, aún no adopta las medidas tendientes a solucionarlo.

He oído en la Sala que se han realizado estudios o, concretamente, que existe un proyecto para encarar la cuestión previsional. Si el Ejecutivo, que dispone de los medios informativos que le permiten un conocimiento cabal de la realidad de los institutos previsionales y tiene conciencia de que en Chile existe una previsión anárquica, pues determinados sectores gozan de privilegios, no ha planteado una solución concreta al problema, para nosotros, como parlamentarios, es más difícil tomar la iniciativa al respecto.

Sin embargo, nadie puede negar que ha sido iniciativa del Congreso la revisión de una serie de leyes previsionales, entre otras, la 4.054, la 4.055 y la que creó el Servicio Nacional de Salud, que también está relacionada con la previsión.

En estos momentos, impetro del señor Ministro un criterio definitivo y claro del Ejecutivo en torno de las modificaciones que es preciso plantear derechamente al país ante el problema que nos preocupa. Indiscutiblemente, se requiere decisión, coraje y capacidad técnica para trazar, de una vez por todas, un camino que permita terminar con un régimen previsional anárquico, lleno de privilegios; para no señalar metas utópicas, sino reales y positivas, a fin de que los afiliados a cualquier instituto previsional reciban los beneficios pertinentes.

No quiero significar que el Congreso carezca de responsabilidad frente al problema, pero creo que la suprema responsabilidad recae en el Gobierno, quien antes que nadie debe enfrentar el problema previsional existente en nuestro país.

Voto por la mantención del artículo.

El señor CONTRERAS (don Víctor).-

En las Comisiones unidas se discutió latamente esta disposición. Se trata de un ex tranviario a quien, en 1963, se le concedió una pensión de 45 escudos. Pero hasta la fecha, por un error, ese ciudadano no ha podido recibir un centavo.

En las Comisiones se dijo que para hacer la rectificación del caso ese señor se llama Juan Ramón Contreras Riveras, pero en el decreto respectivo aparece como Juan Ramón Contreras Riveros no se requería ley. Incluso, el señor Ministro prometió regular esa situación por la vía administrativa.

En todo caso, dejo constancia de que no pido reposición del artículo, en el entendido de que, como se prometió, ese error se corregirá administrativamente.

El señor LUENGO (Vicepresidente).-

En efecto, así ocurrió en las Comisiones unidas.

El señor BALTRA.-

Y nosotros lo apoyamos.

El señor CONTRERAS (don Víctor).-

Solicito que se incorpore en La ley,...

El señor MIRANDA.-

Dejémoslo en la ley, señor Senador.

El señor CONTRERAS (don Víctor).-

...porque, pensándolo bien, ¿cuándo se dará curso a la solicitud y en qué momento se resolverá el problema?

Debemos considerar que ese hombre lleva más de tres años esperando una solución.

El señor JARAMILLO LYON.-

Más lenta, pero más segura, señor Senador.

Se acuerda mantener el artículo.

Se aprueban los artículos 257, 258 y 159, que dicen:

"Artículo 257.Reemplázase el número 1 del inciso décimo del artículo 35 de la ley Nº 13.039, cuyo texto actual fue aprobado por el artículo 238 de la ley Nº 16.617 y sus modificaciones, por el siguiente:

"Nº 1.El vehículo motorizado no podrá tener un valor FOB superior a US$

2.000 respecto de aquellos residentes que tengan una permanencia de 2 a 5 años en la zona, y de US$ 2.500 respecto de aquellos residentes que tengan 5 o más años de permanencia en la zona.

"Para el sólo efecto de los valores referidos se admitirá una rebaja del 10% a todo vehículo por cada año de permanencia en la zona, contado desde la fecha de su importación, con un máximo de 20%,

y".

"Artículo 258. Reemplázase el inciso segundo del artículo 14 de la ley Nº 16.433, por el siguiente:

"El producto de este impuesto se depositará en cuenta especial, centralizada en la Tesorería Provincial de Coquimbo, y se entregará a la Universidad de Chile para que lo destine al funcionamiento de actividades docentes y de extensión musical a través del Conservatorio Regional, dependiente del Centro Universitario de La Serena.".

"Artículo 259.En las Comunas de Valparaíso y Viña del Mar la tasa parcial del Impuesto Territorial del trece por mil de exclusivo beneficio fiscal, se dividirá en la siguiente forma: un once por mil de exclusivo beneficio fiscal, y un dos por mil de exclusivo beneficio de la Empresa Municipal de Desagües de Valparaíso y Viña del Mar.

"Dicha Empresa sólo podrá invertir el referido dos por mil en la ejecución de obras materiales de alcantarillado y desagües en la Comuna de Valparaíso y Viña del Mar, sin deducciones de ninguna especie para el pago de sueldos, salarios, honorarios, etc., en favor de los servidores de la Empresa y él se cobrará y percibirá en favor de la misma Empresa en la forma establecida para la participación Municipal del Impuesto Territorial en el inciso cuarto del artículo 16 de la ley Nº 15.021."

Con la abstención de los Senadores democratacristianos y nacionales, se aprueba el artículo 260, que dice:

"Las alzas de precios de las mercaderías, artículos de consumo, servicios y de cualquier producto, que se decreten a contar del 1º de enero de 1968 no podrán ser superiores al 15% del valor o precio vigente al 31 de diciembre de 1967.

"Toda alza superior a este porcentaje será nula y la Contraloría General de la República no podrá cursar los decretos que vulneren lo establecido en el inciso anterior."

Con la abstención de los Senadores nacionales y los votos contrarios de los Senadores democratacristianos, se aprueba el artículo 261, que es del tenor siguiente:

"Los documentos que suscriba el Presidente de la República o sus Ministros de Estado y en los que se comprometa internacionalmente la dirección general de la política económica, monetaria o financiera del Estado, como las "cartas de intención" que se intercambien con el Fondo Monetario Internacional u otras análogas o similares, requerirán para su validez de la aprobación previa del Senado de la República."

Con la abstención de los Senadores comunistas y del Honorable señor Chadwick, se aprueba el artículo 262, que dice:

"Elimínase en el artículo 62 letra e) de la ley Nº 16.742 la frase "como, asimismo, los derechos correspondientes a las' inscripciones, subinscripciones, anotaciones y demás actuaciones que realicen en los Conservadores Bienes Raíces"."

Con los votos contrarios de los Senadores democratacristianos, se aprueba el artículo 263, que es del tenor siguiente:

"Modifícanse los ítem que se indican de la Ley de Presupuestos vigente:

"1.Rebájase la cantidad asignada al ítem 05/01/01.016 de Eº 1.590.000. a Eº 340.000. y suprímese el inciso segundo de la glosa de este ítem;

"2.Rebájase la cantidad asignada al ítem 05/02/01.016 de Eº 10.262.144. a Eº 802.144. y suprímese el inciso segundo de la glosa de este ítem, y

"3.Créase en el Presupuesto Corriente en moneda nacional del año 1968 de la Dirección General de Obras Públicas el ítem 12/02/01.028 Transferencias a personas con la suma de Eº 50.000. que se traspasa del ítem 12/02/01.026.

"Declárase que los fondos consultados en el Nº 18 del artículo 254 de la presente ley, en el ítem 10/01/01/030/002, y, en cuanto corresponda, en el ítem 10/01/01/ 030/001 de la ley Nº 16.735 de presupuestos de la Nación, se destinarán por el Consejo General al pago de las remuneraciones del personal del Colegio de Abogados en todo el país, oyendo a las Mesas Directivas de los Consejos Provinciales, con sujeción a lo dispuesto en las glosas respectivas de dichos ítem y sin que rija el artículo 20 de la ley Nº 7.295."

El señor CHADWICK.-

Antes de entrar a considerar las indicaciones renovadas, deseo hacer presente que hemos advertido un error en la forma como se tomó la votación del artículo 320 del proyecto de la Cámara. Nosotros entendimos votar por su mantención. Incluso dimos razones para ello. Por desgracia, después se ha comprobado que no se supo si se votaba por la mantención o supresión del artículo o por el informe de las Comisiones. En esas circunstancias, el resultado proclamado por el Presidente de la Corporación no está de acuerdo con la voluntad expresada por los señores Senadores. Así yo aparezco votando contra el artículo, en circunstancias de que lo estaba haciendo a favor. Lo mismo ocurrió a los Senadores radicales.

Por estas consideraciones, solicito tomar nuevamente la votación.

El señor MIRANDA.-

Cuando se votó el precepto mencionado por el Honorable señor Chadwick, me permití leer la disposición a que hace referencia el artículo 320. Y concretamente requerí de la Mesa que computara nuestros votos contrarios, o sea, rechazando el informe de las Comisiones. Fue tan clara nuestra expresión de voluntad, que he observado que la Secretaría dejó expresa constancia de nuestra votación contraria al informe, o sea por la mantención del artículo 320 de la Cámara, lo cual significa conceder los beneficios del artículo 132 del Estatuto Administrativo a los funcionarios de 7ª categoría de la Sindicatura General de Quiebras.

Naturalmente, reiteramos nuestra posición y aceptamos, por cierto, la indicación de reabrir el debate, a fin de considerar la votación del Honorable señor Chadwick y de los señores Senadores que compartan el criterio del Partido Radical en cuanto a otorgar ese beneficio.

El señor AYLWIN.-

Se trata de lo siguiente: el artículo 169 del Estatuto Administrativo admite que un funcionario, propietario de un cargo, conserve en propiedad ese cargo y sirva como interino o suplente uno distinto. Al respecto establece que recibirá el sueldo del cargo en el cual está como interino o suplente y no el de que es titular; pero no resuelve el problema previsional.

Suele ocurrir el caso de funcionarios titulares de un cargo que tienen un régimen previsional determinado, que son designados para hacer suplencias en funciones con régimen previsional distinto. Así puede suceder, por ejemplo, con un funcionario de la CORFO que impone en la Caja de Empleados Públicos: puede ser designado para suplir un cargo en la IANSA o en ENDESA, cuyos servidores imponen en la Caja de Empleados Particulares; o con un funcionario de la Subsecretaría de Transportes a quien designen suplente en la Empresa de Ferrocarriles, que tiene un régimen previsional distinto.

Se ha entendido que si recibe el sueldo del cargo en el cual desempeña la suplencia, queda sujeto durante el tiempo que lo hace a la previsión de ese cargo; pero resulta que esa previsión sólo le dura 4 meses, 6 meses o un año, lo cual le interrumpe todo su régimen previsional. Al volver a su cargo titular, se encuentra con una laguna y necesita hacer diversas tramitaciones para volver a su régimen previsional normal.

Las indicaciones renovadas tienen por objeto resolver este problema, a fin de que el funcionario pueda optar en estos casos entre la previsión del cargo del cual es titular o la correspondiente al empleo en el cual desempeña la suplencia o el interinato, y evitar que se produzcan interrupciones.

El señor FIGUEROA (Secretario).-

Los Honorables señores Tarud, Miranda, Gómez, Rodríguez, Duran, Juliet, Baltra, Ahumada, Carrera, Chadwick y Jaramillo Lyon, para los efectos reglamentarios, han renovado la indicación Nº 1.019, para agregar el siguiente artículo:

"Reemplágase el guarismo "12" por "13" en las letras a) y b) del artículo 10 de la ley Nº 11.219 y el guarismo "10" por "11" en las letras a) y b) del artículo 10 del Estatuto de la Caja de Empleados Municipales de Santiago no rigiendo para los efectos de los recursos señalados en la letra h) de este último precepto, lo establecido en el artículo 24 de la ley Nº 9.798."

"Los ingresos que obtengan las cajas por esos motivos los destinarán exclusivamente al financiamiento del fondo de pensiones."

El señor CONTRERAS (don Víctor).-

Hemos estado conversando con los funcionarios municipales respecto del financiamiento de su previsión.

En repetidas oportunidades hemos sostenido que las municipalidades se van a encontrar en una situación extremadamente grave cuando se empiece a aplicar el aumento de sueldos y salarios a sus funcionarios.

Más adelante veremos una nueva indicación que eleva en dos por ciento el aporte de los municipios para financiar la previsión de los ex regidores.

Aprobaremos esta indicación, pero queremos salvar nuestra responsabilidad en lo relativo al cumplimiento de estos compromisos de las municipalidades con las cajas de previsión, porque, a nuestro juicio, a fines de año las primeras no tendrán recursos ni siquiera para cancelar los sueldos y salarios.

En consecuencia, daremos nuestros votos favorables, pero con la advertencia de lo que ocurrirá más tarde con los recursos municipales.

El señor FIGUEROA (Secretario).-

Se ha renovado la indicación Nº 1.562, para agregar el siguiente artículo:

"Ningún empleado de las Municipalidades podrá gozar durante el año 1968, de un sueldo base inferior al promedio del percibido en su mismo grado durante el año 1967, aumentado en el porcentaje legal de reajuste que establece la presente ley".

El señor ALLENDE (Presidente).-

En votación.

(Durante la votación).

El señor CONTRERAS (don Víctor).-

Insisto en que esto es un espejismo. Los Senadores comunistas estimamos que engañamos a la gente si les damos aumentos de remuneraciones en la forma como lo prescribe la indicación renovada.

El señor CURTI.-

En eso vivimos engañando.

El señor CONTRERAS (don Víctor).-

Voto que no.

El señor RODRIGUEZ.-

Soy el autor original de la indicación.

Voto que sí.

Se aprueba la indicación (10 votos contra 5 y 4 abstenciones).

El señor FIGUEROA (Secretario).-

Se ha renovado la indicación número 1.820, para incorporar el siguiente artículo:

"Agrégase a continuación del artículo 8º de la ley Nº 14.157 la siguiente frase: "... Gozarán de un salario mínimo mensual equivalente a un cuarto del sueldo vital mensual, escala A del departamento de Santiago el que será pagado por la Municipalidad".

El señor RODRIGUEZ.-

Esta indicación es del Honorable señor Luengo, quien, por desgracia, no está presente.

El señor MUSALEM.-

Rechacémosla. Se refiere a los cargadores de la Vega Municipal.

El señor BARROS.-

Aprobémosla. Inclusive, tiene el apoyo del señor Galiano.

El señor PALMA.-

¡Los cargadores se transforman en empleados!

El señor BARROS.-

Pido votación.

El señor MUSALEM.-

Aprobémosla.

El señor ALLENDE (Presidente).-

El Honorable señor Barros pide votación.

Debo manifestar que se ha insistido mucho en esta indicación. Yo recibí a los cargadores de la Vega, cuya situación es pésima, y me manifestaron que inclusive el Regidor señor Galiano les había expresado su apoyo, como también la Diputada señora Allende. Lo hago presente aunque esto último no es un argumento muy sólido, por la relación familiar que la une a mí.

Se aprueba la indicación, con la abstención de los Senadores democratacristianos.

El señor FIGUEROA (Secretario).-

Se ha renovado la indicación Nº 1.051, consistente en agregar el siguiente artículo:

"Declárase que los funcionarios enumerados en el artículo 14 de la ley 11.469 y que por aplicación del artículo 138 de la ley 16.617 y Acuerdo de la Municipalidad respectiva, tuvieron durante el año 1967 la renta asignada para el cargo correspondiente al año 1966, no podrán gozar de una remuneración inferior a las que les habría correspondido por aplicación del artículo 71 de la ley 16.464, sin la modificación introducida en el referido artículo 138 de la ley 16.617."