Labor Parlamentaria

El señor CAMUS.-

Señor Presidente, la Cámara, durante el período legislativo anterior, acordó constituir una Comisión Especial encargada de investigar las actividades de la Empresa Nacional de Petróleo.

Hasta la fecha ha desarrollado una actividad que puede calificarse de lánguida y desordenada, sin llegar a ningún resultado práctico, a ninguna conclusión definitiva.

Al Diputado que habla, le correspondió presidir, en forma accidental, la sesión celebrada por la Comisión el 30 de noviembre de 1965. En esa oportunidad hizo una relación de las actividades cumplidas desde la época de su constitución formulando, además, algunas indicaciones para dirigir el trabajo de ella, a determinados objetivos, que pudieran conducir a conclusiones y acuerdos de esta Corporación. Como resultado de este análisis y con la intervención del Honorable señor Rosselot, se adoptó un plan de trabajo que comprende, en líneas fundamentales, los siguientes aspectos:

1.- Política de precios que debe seguirse en materia de productos y subproductos del petróleo producidos por la ENAP;

2.- Distribución del petróleo y sus derivados; y

3.- Prospección, perforaciones, producción y refinación del petróleo.

Con el objeto de iniciar las investigaciones de la Comisión acerca de la política de precios, se solicitaron antecedentes a la Dirección General de Servicios Eléctricos y de Gas sobre las peticiones de alza de tarifas y acerca de la composición del precio que el consumidor debe pagar por el gas licuado.

El Ingeniero Jefe del Departamento de Laboratorios y Gas de la Dirección General de Servicios Eléctricos y de Gas, don Gustavo Letelier, ha entregado a la Comisión un memorándum sobre la incidencia de los distintos rubros en las tarifas de cinco empresas distribuidoras de gas licuado en Santiago y Valparaíso, aprobados por decreto del Ministerio del Interior, y en relación con el año 1964.

Antes de analizar algunos aspectos de este memorándum, es necesario tener presente que, de acuerdo con la información proporcionada por el Gerente General de la ENAP, señor Fernando Salas, la empresa señalada vende a los distribuidores el gas licuado a ciento veinticinco pesos el kilo, y los distribuidores entregan este producto al consumidor al precio de seiscientos pesos el kilo. Es decir, el valor del gas licuado se cuadriplica desde la entrega por la ENAP a los distribuidores, hasta llegar al consumidor.

El aumento del precio en una proporción tan considerable no tiene una explicación lógica y fácil; y en el análisis de los distintos rubros que componen el precio de venta al público del gas licuado, se puede llegar a la conclusión de que el valor actual que paga el consumidor por este elemento vital e indispensable de energía doméstica e industrial se determina en forma caprichosa, injustificada y especulativa.

Considero que la Dirección de Servicios Eléctricos y de Gas, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción deben afrontar un estudio serio y a fondo de este aspecto, que tanta incidencia e importancia tiene para la economía familiar de los chilenos y para el desarrollo normal y progresivo de una industria, como es la del petróleo, forjada con el sacrificio, el esfuerzo, la voluntad y el aporte de todos los chilenos.

Ocurre, actualmente, que los productos de la Empresa Nacional del Petróleo, la bencina y el gas licuado, que representan una expresión concreta de la visión industrializadora y progresista de gobiernos radicales, son hoy artículos de especulación, a través de los cuales empresas monopolistas y grandes consorcios de carácter internacional obtienen fabulosos ingresos, que amasan e incrementan todos los habitantes del país y, especialmente, el Estado, produciendo estos dos vitales elementos, para que con ellos especulen desenfrenadamente unos cuantos capitalistas.

Con respecto al informe entregado por la Dirección General de Servicios Eléctricos y de Gas, sabe señalar, en primer término, que el costo del gas licuado para cada una de las empresas distribuidoras comprendidas en él, que son GASVALPO, Montalbetti y Compañía, ABASTIBLE, Sociedad AnónimaGASCO Y CODIGAS, tiene un valor distinto, en circunstancias que la ENAP entrega el producto, de acuerdo con la información proporcionadas a la Comisión, a un precio uniforme.

En efecto, GASVALPO aparece con un cargo de 126,77 pesos por kilo, que representa el 30,76%, en porcentaje, del precio total del gas.

En Montalbetti y Cía, el gas licuado figura con un costo de 126,70 pesos, valor que representa un porcentaje del 26, 90% en el precio del gas licuado.

En ABASTIBLE S. A., figura con 142 pesos, y con un porcentaje del 29,60%.

Es así como, en cada una de las tablas o cuadros proporcionados a la Comisión, el gas licuado que la ENAP entrega a un precio uniforme, figura con distintos precios, superiores al precio establecido por la Empresa, desde abril de 1964.

En el capítulo de sueldos y leyes sociales, encontramos una verdadera anarquía en cuanto al porcentaje que se considera para cada una de las empresas, y que la Dirección General de Servicios Eléctricos y de Gas ha aceptado para calcular el precio de venta del producto. En GASVALPO, este porcentaje es del 14,90% En Montalbetti y Compañía, del 12,51%; en ABASTIBLE, del 16,74%; en CODIGAS, del 22,87% ; y en GASCO, Compañía de Consumidores de Gas de Santiago, del 27,46%, o sea, más del doble del porcentaje de Montalbetti y Cía. Debe tenerse presente que estas dos empresas distribuyeron en 1964 un volumen muy similar de gas licuado, de manera que su personal debe ser numéricamente semejante.

En los gastos de distribución y gastos generales, también es notoria la anarquía en el porcentaje y el monto del rubro en cada una de las Empresas, fluctuando desde un 21,43% en el caso de CODIGAS, hasta un 39,19%, en el caso de ABASTIBLE; y debe tenerse presente que ambas compañías operan en Santiago y en similares condiciones, razón por la cual es inexplicable que sea casi el doble el costo de distribución y los gastos generales para esta última empresa. Por este capítulo, ABASTIBLE ingresó la respetable suma de un mil setecientos cincuenta y ocho millones de pesos, en el año 1964, teniendo en cuenta el volumen de la distribución y el valor de $ 164,11 por kilo de gas licuado, que significa este rubro en el cuadro tantas veces señalado.

En cuanto al porcentaje de utilidad, también encontramos la curiosa diferencia de porcentajes y cifras para cada una de las compañías distribuidoras.

El rubro "impuestos", que en los distintos cuadros aparece adicionado con la expresión "etcétera" u "otros gastos legales", contrariamente a lo que pudiera esperarse, en cada Empresa aparece con un valor distinto. En ABASTIBLE, representa el 0,89%; en GASCO, el 0,92% ; en MONTALBETTI, el 1,20%; en CO. DIGAS, el 1,88%, y en GASVALPO, el 2,81%. ¿Por qué esta diferencia tan apreciable en un rubro de orden legal que racionalmente no podría tener variantes para estas cinco Compañías distribuidoras de gas licuado?

Evidentemente, ante la situación descrita, tendría que llegarse a la conclusión de que cada una de estas cinco firmas han determinado libremente el costo del gas licuado en sus casos particulares o han establecido arbitrariamente el valor de este producto, y que la Dirección de Servicios Eléctricos y de Gas y el Ministerio del Interior, se han limitado a autorizar el cobro del valor por ellas fijado.

En todo caso, esta situación, abiertamente irregular y perjudicial para los consumidores, es inaceptable. Por esta razón, solicito que se dirija oficio, con el texto de mis observaciones, a la Contraloría General de la República, a fin de que se inicie una investigación sobre la materia.

El señor SIVORI (Vicepresidente).-

Si le parece a la Honorable Cámara, se enviará en nombre de la Corporación el oficio solicitado por el Honorable señor Camus.

Acordado.

El señor CAMUS.-

Señor Presidente, ahora quiero hacer especial hincapié en un aspecto muy importante, que me atrevo a calificar de alarmante, en relación con la materia analizada. Figura en los cuadros de costos un rubro denominado "depreciación", reparación de cilindros y conservación de equipos, que también aparece con diferentes valores en cada caso. En efecto, GASVALPO, considera para estos fines un porcentaje del 23,76% del precio de venta del gas; MONTALBETTI, un 19,69%; CODIGAS un 15,43%; GASCO un 13,70%, y ABASTIBLE un 10,29%. De acuerdo con los antecedentes proporcionados por la Dirección de Servicios Eléctricos y de Gas, para el año 1964, estas cinco empresas han acumulado, por este capítulo, la voluminosa cantidad de tres mil ochocientos cuarenta y un millones de pesos. Si consideramos que éstos representan el valor de un año, y de cinco empresas solamente, debemos llegar .a la conclusión de que desde el año 1956 hasta la fecha el país entero ha estado acumulando y entregando a estas firmas distribuidoras una suma fabulosa de dinero, que no puede haber sido empleada en los fines presupuestados, sino en una pequeñísima proporción, sin control, sin estadísticas y sin ninguna explicación.

No estoy en situación de hacer un análisis más completo y de manejar en todos sus alcances estas cifras; pero tengo que referirme a un aspecto de capital importancia y de indiscutible repercusión humana. Cada balón de gas licuado, con su carga correspondiente, equivale a una poderosa bomba explosiva. Un escape del balón, producido por falla en la válvula o por grietas en la estructura, puede dar origen y de hecho así ha ocurrido en muchas ocasiones, a una explosión de gran violencia y de fatales consecuencias. Todos hemos podido apreciar el trato que reciben estos elementos, especialmente cuando están vacíos, lo cual debe afectar necesariamente su durabilidad.

Teniendo en cuenta esta situación y con el objeto de precaver el peligro y los accidentes que pudieran producirse por el mal estado de los balones o de sus elementos, el Instituto Nacional de Investigaciones Tecnológicas y Normalización, "Inditecnor", estudió y señaló una serie de normas relacionadas con los envases portátiles para gas licuado de petróleo, que sirvió de base a la Dirección de Servicios Eléctricos y de Gas para dictar la resolución que fijaba la vida útil de los balones en diez años y señalaba que a los cinco debía procederse a una re inspección similar a la practicada inicialmente, recién fabricados. Las normas de Inditecnor fueron estudiadas y preparadas con la asistencia de representantes de la Dirección de Servicios Eléctricos y de Gas, de la Empresa Nacional de Petróleo, de la Compañía de Acero del Pacífico, MADENSA y compañías distribuidoras de gas licuado. Las normas corresponden a las prescripciones reconocidas y aplicadas sobre la materia.

En el entendido de que la vida útil de los balones era de diez años y que a los cinco debía practicarse la re inspección, en las tarifas de venta del gas licuado se ha aceptado el rubro correspondiente a este capítulo, y las sumas pagadas por los consumidores, que se han ido acumulando, constituyen cuantiosas reservas en poder de las compañías distribuidoras, que incrementan así sus capitales y ganancias.

Sin embargo, el 24 de septiembre de 1965 la Dirección General de Servicios Eléctricos y de Gas dictó la Resolución D25, que estima ahora en catorce años la vida útil de los cilindros y fija en ocho el lapso para la prueba de re inspección. ¿Cuáles son los antecedentes que justifican esta medida? ¿Existe alguna justificación que no sea el beneficio económico de las compañías distribuidoras y de las empresas para cambiar el plano las normas internacionales y las de "Inditecnor"?

Actualmente existen en uso alrededor de un millón doscientos cincuenta mil cilindros en todo el país. De esta cantidad no se ha reinspeccionado ningún balón, aun cuando más de la mitad de éstos deben haber cumplido con exceso el plazo señalado para esa operación, y otros tantos se encontrarían próximos a cumplir el período de vida útil.

Si esta irregularidad no significara un evidente peligro para la vida y la seguridad de toda la población del país, no sería tan grave su incumplimiento ni tendríamos razón para reclamar en contra de una medida de la Dirección General de Servicios Eléctricos y de Gas, que respalda el incumplimiento de las normas de seguridad aplicadas internacionalmente y que en Chile habían sido adoptadas con conocimiento de causa y previos los estudios del caso. No sea que tengamos que lamentar, de ahora en adelante, uno o muchos accidentes fatales y de insospechadas consecuencias por causa de esta situación. No se diga después que la Cámara ha permanecido impasible ante esta realidad. Desde esta tribuna llamo la atención de las autoridades responsables e invito a la Comisión Especial del Petróleo a concentrar todo su esfuerzo y estudios en este aspecto tan importante y urgente de sus trabajos.

A mi juicio, la política de precios del gas licuado y la seguridad de la población que usa cotidianamente esta fuente de energía, son aspectos de tanta importancia como la política de distribución de los productos de la Empresa Nacional de Petróleo. . .

El señor VALENTE.-

Señor Presidente, los Diputados comunistas participamos en esta sesión especial convocada para tratar las actividades de la Empresa Nacional de Petróleo, porque nos interesa abrir un amplio debate sobre esta trascendental materia nacional y, especialmente, porque deseamos que la ciudadanía tenga informaciones acerca de la comercialización de los subproductos derivados del petróleo, la mayoría de los cuales son de gran consumo popular.

Estimamos útil proporcionar algunos datos y cifras de los costos del gas licuado sobre la base de los antecedentes recogidos por la Comisión Especial del Petróleo, los que fueron dados a conocer por altos personeros de la Empresa Nacional de Petróleo y por funcionarios de la Dirección General de Servicios Eléctricos y de Gas.

Debido al escaso tiempo de que dispongo, tendré que resumir mis informaciones. Para nuestro análisis, tomaremos las cifras de ocho de las más importantes empresas distribuidoras de estos productos.

En una sesión de la Comisión Especial del Petróleo, celebrada el martes 11 de enero de 1966, el señor Salas, Gerente General de la Empresa Nacional del Petróleo, declaró que la ENAP vende el gas licuado, puesto en la refinería de Concón, sin impuestos, a 125 pesos el kilo, valor que se mantiene desde abril de 1964.

Este precio ocasiona pérdidas a la ENAP. Es decir, se da el caso de un organismo estatal que, a costa de sus utilidades y, por ende, de su capitalización, está bonificando a las empresas particulares distribuidoras de gas licuado, las que, reiteradamente, han sido autorizadas para elevar el precio de venta de sus productos.

A principios del presente año, ABASTIBLE, que pertenece a COPEC, solicitó de la Dirección General de Servicios Eléctricos y de Gas un alza de un 40,5% en su producto. Nuestra protesta en la Comisión Especial del Petróleo impidió la dictación del decreto de alza; pero el propio Director General de Servicios Eléctricos y de Gas ha manifestado en la Comisión que, en razón de los costos de distribución del gas licuado, se autorizaría a estas empresas un alza provisional del 28%.

El Director, señor Letelier, dio a conocer las siguientes cifras que conforman el costo del gas licuado y que fueron aceptadas sin objeciones por ese organismo: precio de compra a la ENAP, 125 pesos el kilo puesto en Concón; por fletes a Santiago, sueldos y jornales y leyes sociales, depreciaciones, etcétera, el costo se eleva a 328 pesos; por gastos de distribución, gastos generales, conservación de cilindros, etcétera, más impuestos, el precio llega a 600 pesos, que es, más o menos, el precio de venta que este producto tiene en el mercado. Es decir, desde Concón a Santiago el costo del producto se recarga en casi cinco veces, de 125 a 600 pesos el kilo. El costo entregado por la Dirección de Servicios Eléctricos y de Gas para el gas licuado no es un estudio científico elaborado, y cada una de las partidas que lo engrosan no han sido investigadas y comprobadas en sus términos reales.

Analicemos las cifras y saquemos conclusiones. El costo del gas licuado de la ENAP, puesto en Concón, es de 125 pesos el kilo, más un 15% por concepto de flete desde Concón a Santiago, porcentaje que estimamos inusitado si se compara con los que se aplican a los fletes y seguros con que se recarga la mercadería importada de Estados Unidos o de Europa, porque la incidencia de este rubro en el costo fluctúa entre un 8% y un 11 %. Es decir, de acuerdo con las cifras dadas por la Dirección General de Servicios Eléctricos y de Gas, resulta más caro traer petróleo o cualquiera de los subproductos desde Magallanes a Valparaíso o desde Concón a Santiago, que de Estados Unidos o Europa.

Por concepto de sueldos, salarios y leyes sociales, el recargo alcanza a un 104 %, porcentaje que no es posible aceptar, porque no guarda ninguna relación con las remuneraciones que las empresas distribuidoras pagan a su personal.

Por gastos de distribución y gastos generales, se recarga un 80,4%, porcentaje también exagerado.

Por impuestos, el costo aumenta en un 100%; y por depreciaciones y conservación de cilindros el recargo es de un 52,6%.

Este último porcentaje conviene analizarlo con alguna detención. Las empresas distribuidoras de gas licuado amortizan el valor de los envases en 10 años. Sin embargo, se ha estimado que la duración real y efectiva es muy superior; a veces llega al doble. Sólo por este concepto, las empresas hacen subir en forma irreal los costos.

Pero hay más. Las firmas comerciales que distribuyen este producto cobran a sus clientes una garantía por los cilindros y sus válvulas, con lo que obtienen, además de una cuantiosa utilidad, un apreciable capital que movilizan en su provecho, sin pagar a sus clientes, verdaderos accionistas de estas empresas, ni intereses ni dividendos.

Veamos algunas cifras referentes a esta materia.

Costos de fabricación de envases con válvulas:

Envase de 11 kilos Eº 16.50

Envase de 15 kilos Eº 19.60

Envase de 33 kilos Eº 23.98

Envase de 45 kilos Eº 40.10

Garantías que cobran las empresas: envase de 11 kilos, Eº 59, es decir, un recargo de un 350% sobre el costo; envase de 15 kilos, Eº 63, o sea, un 320% de recargo; envase de 33 kilos, Eº 93, esto es, un 400% de recargo, y envase de 45 kilos, Eº 110, es decir, un 280% de recargo.

Si consideramos el número de usuarios que tiene LIPIGAS S. A., la Compañía de Gas de Valparaíso, ABASTIBLE S. A., la Compañía de Gas de Santiago, CODIGAS S. A. I. C, etcétera, veremos que por concepto de depreciación y de otros bienes, el costo del gas licuado se recarga en cifras considerables, en una forma absolutamente irreal, ficticia y abusiva.

Sólo por amortización de 144 vehículos de las empresas mencionadas, con un valor de Eº 2.289.490, y por concepto de comisión a los agentes distribuidores, incluido el impuesto a la compraventa, que en este aspecto no tiene mayor incidencia, las empresas recargan Eº 2.034.200, es decir, más de dos mil 300 millones de pesos. Todo este análisis hace concluir que unas cuantas empresas particulares han obtenido fabulosas ganancias a costa de los miles de usuarios de estos servicios.

Conozcamos algunos datos más.

Lipigás, que pertenece a Montalbetti y Compañía, Valparaíso, entre 1960 y 1964 obtuvo una ganancia de 395 millones de pesos; la correspondiente a 1960 fue de 19.924 escudos; y 1964 ésta aumentó a 256.065 escudos. Es decir, en cinco años las utilidades de la empresa han aumentado en 2.280%.

El señor TUMA.-

¡Eso es lo que confiesan!

El señor VALENTE.-

Las ganancias de la Compañía de Gas de Valparaíso alcanzaron entre 1960 y 1964, a 54.000 escudos, rebajando las pérdidas que obtuvo durante 1961, 1962 y 1963; en todo caso, comparando las utilidades de 1960, Eº 13.320, y las de 1965 de Eº 115.065, el alza alcanza a un 865%;.

Las ganancias de ABASTIBLE entre 1960 y 1964 alcanzaron a Eº 612.584; en 1960, la utilidad fue de Eº 19.764 y en 1964 aumentó a Eº 383.042. Es decir sus utilidades se incrementaron en este lustro en 1.920%.

La Compañía de Gas de Santiago percibió una ganancia de Eº 906.813 en el quinquenio 19601964. En 1960, ganó Eº 66.880 en 1964, Eº 375.910. O sea, su utilidad creció en 580%.

CODIGAS, Sociedad Anónima Comercial, en el quinquenio 19601964 obtuvo Eº 385.260; en 1960, Eº 13.700 y en 1964, Eº 195.000 de utilidad. El aumento de los beneficios alcanza al 1.400 %.

La Compañía de Petróleos de Chile confiesa en su balance una utilidad líquida, durante los años 1960, 1961, 1962, 1963 y 1964, de Eº 19.013.728, es decir, más o menos un 70% del capital pagado que esta empresa tiene y que alcanza a 28.800.000 escudos.

La Shell Chile Sociedad Anónima, en cuatro años, desde 1961 a 1964, obtuvo una utilidad de Eº 8.167.658, que vale la pena comparar con su capital pagado que alcanza a Eº 7.042.000. Resulta que solamente en cuatro años, esta empresa ha obtenido el 1167 de utilidad en relación con su capital.

Y la Esso Standard Oil Sociedad Anónima Comercial, en los años 1963 y 1964, obtuvo una utilidad líquida de Eº 8.930.761 en circunstancias que su capital pagado alcanza a Eº 6.900.000. O sea, sus utilidades representan un 1307 de su capital, solamente en dos años.

En resumen, en cinco años estas ocho empresas distribuidoras de gas licuado y subproductos del petróleo han obtenido una utilidad de 38.467.000 escudos, faltando el balance de tres años de la Esso Standard Oil Sociedad Anónima Comercial y de un año de la Shell Chile Sociedad Anónima.

Si comparamos esta utilidad con el capital inmovilizado que tienen estas empresas y que alcanza a Eº 45.445.200, podemos concluir que en cinco años han recuperado totalmente su capital invertido.

Los Diputados comunistas queremos terminar con estos abusos, señor Presidente. Estimamos que debe modificarse la" política que se ha seguido en materia de industrialización y comercialización de los subproductos del petróleo; y estamos convencidos de que los costos de estas empresas están inflados, mañosamente calculados y son irreales. Si sometiéramos a un análisis exhaustivo los cálculos del costo de este producto, descubriríamos que se ocultan en esas cifras muchos millones de escudos que corresponden a utilidades que no han sido declaradas y por las cuales, en consecuencia, no se tributa.

Hemos redactado un proyecto de ley que entrega a la Empresa Nacional de Petróleo, exclusivamente, la comercialización del petróleo y sus derivados, y propone la expropiación de las empresas particulares que se dedican a este lucrativo negocio a expensas del país y de los consumidores de este producto. Esta moción será presentada la próxima semana para su discusión en la Cámara.

Señor Presidente, ruego a Su Señoría que recabe el asentimiento de la Honorable Corporación para incorporar en la versión oficial y en el boletín de la presente sesión el informe Nº 202, elaborado por la Dirección General de Servicios Eléctricos y de Gas, entregado al Ministerio del Interior, y que contiene una serie de informaciones que conviene que sean conocidas por los consumidores y por la opinión pública.

El señor SIVORI (Vicepresidente).-

Solicito el asentimiento unánime de la Honorable Cámara para insertar en la versión oficial y en el boletín de la presente sesión el documento que acaba de mencionar el Honorable señor Valente.

Acordado.

El documento que se acordó insertar es el siguiente:

"Señor Ministro:

Me es grato informar la providencia Nº 12.202 de fecha 16 de noviembre, con la que el Ministerio de su digno cargo envió el oficio Nº 2.851 de la H. Cámara de Diputados que contiene las observaciones formuladas por el Presidente de dicha Corporación sobre distribución y venta de gas licuado y accesorios, de las siguientes Empresas: Lipigás S. A. (Montalbetti), Cía de Gas de Valparaíso, Abastible S. A., Compañía de Gas de Santiago y Codigás S. A.

En beneficio del orden, se anotará cada pregunta tal como fue formulada, con su respuesta correspondiente.

1ºLa fecha de iniciación de actividades de las firmas ya señaladas y sus capitales, originales.

a) Lipigás S. A. (Montalbetti).

Iniciación de actividades en las provincias de Valparaíso y Aconcagua: Decreto Supremo de concesión del Ministerio del Interior Nº 4498 del 13. XI. 1956.

Provincias de Antofagasta, Atacama y Coquimbo: Decreto Nº 4116 del 26. VI. 1958.

Provincia de Tarapacá: Decreto Nº 3887 del 8. VIII. 1957.

El Capital Inmovilizado original, reconocido mediante Decreto de Interior Nº 245 del 19 de enero de 1960, fue de E9 934.779,55 al 31. X. 1959, y comprendió el total de la zona de concesión, desde Valparaíso hasta Tarapacá.

b) Cía de Gas de Valparaíso.

Iniciación de actividades: Decreto Nº 1298 del 29. III. 1956.

Capital Inmovilizado original: E9 198.664,38 al 30.IX. 1959, reconocido mediante Decreto Nº 374 del 26. I. 1960.

c) Abastible S. A.

Iniciación de actividades: Decreto Nº 1608 de 24 de marzo de 1959, haciéndose cargo de la concesión otorgada a "Soclima" por Decreto Nº 1525 del 17 de abril de 1956.

Capital Inmovilizado original: Eº 548.056,38 al 30. IX. 1959 aprobado por Decreto Nº 2302 del 13. V. 1960.

d) Compañía de Gas de Santiago.

Iniciación de actividades: Decreto Nº 1297 del 29. II. 11956.

Capital Inmovilizado original: Eº 853.759,02 al 30. IX. 1959 reconocido mediante Decreto Nº 386 del 31. I. 1961.

e) Codigás S. A. C. e I.

Iniciación de actividades: Decreto Nº 6560 del 17. XII. 1959, autorizado el traspaso de la concesión otorgada a Jaime Claramut por Decreto Nº 516 de 28. I. 1958.

Capital Inmovilizado original: Eº 209.759,60, al 31. X. 1959. reconocido por Decreto Nº 765 del 12. II. 1960.

2ºMonto de los capitales actuales de las mismas Empresas y resultados de los balances anuales desde la fecha de instalación hasta ahora.

a) Lipigás S. A. (Montalbetti)

Capital actual: Eº 4.173.504,79 al 31. XII. 1963, reconocido por Decreto Nº 362 del 20. II. 1964.

(Se ha propuesto por la Dirección aceptar un capital de Eº 7.589.258,07 al 30. IX. 1965, en oficio Nº 6153 del 18 de noviembre de 1965).

Resultados anuales en la venta de gas.

RESULTADOS ANUALES EN LA VENTA  DEL GAS.PRECIOS DE CILINDROS, REGULADORES.

RESULTADOS ANUALES EN LA VENTA  DEL GAS.PRECIOS DE CILINDROS, REGULADORES.

10.- Valor efectivo o costo de los diversos artefactos, tales como cocinas, calefones, estufas y precio al que se venden.

La Dirección no tiene control sobre el comercio de los artefactos nombrados, preocupándose sólo de la parte técnica de los mismos y de la seguridad que deben ofrecer a los usuarios, de acuerdo con las normas.

En cuanto a precios, el organismo encargado del control es el Ministerio de Economía y Comercio, al que deben solicitarse dichos datos.

Es todo cuanto puedo informar a V. S. sobre la intervención del H. señor Presidente de la Cámara de Diputados, don Luis Papic Ramos".

El señor GUAJARDO (don Ernesto).-

Señor Presidente, es importante en esta sesión especial, en que vamos a referirnos a un problema de trascendental importancia para el futuro de la patria, hacer una breve y apretada relación cíe la historia del petróleo en la provincia de Magallanes. Tenemos que ser breves, porque el tiempo de que disponemos es limitado.

En las postrimerías del siglo pasado, cuando el austro magallánico era una aldea, los geólogos franceses, señores Rosson y Willems, recorrieron la Patagonia en misión de estudio de Historia y Ciencias Naturales. Llegaron finalmente a la conclusión de que las condiciones geológicas de la Patagonia eran favorables para la acumulación de hidrocarburos. Pero, no habiendo sido ésta la tarea que les encomendara la Sociedad Geográfica de Francia, volvieron a su patria con la esperanza de regresar algún día, deseo que no lograron cumplir.

Pero un hombre nacido en Francia, que se avecindó hasta el fin de sus días en la provincia de Magallanes y que llegó el 2 de noviembre de 1892, el mismo año que lo hicieron los geólogos franceses, mantuvo latente el recuerdo de los descubrimientos hechos por los técnicos franceses. El problema del petróleo volvió a cobrar actualidad con la inquietud de Arturo Niño, un obrero de la pampa salitrera que, acorralado por la crisis de su tiempo, llegó a Punta Arenas y encontró en Agua Fresca emanaciones de gas de petróleo. El, junto a sus compañeros Valerio Allende, Francisco Cartes y Francisco Icarte, el 80 de septiembre de 1899 denunció la primera pertenencia petrolífera en conformidad con el Código de Minería de 1888. Junto a Marcou forman una sociedad que lleva el nombre de "Buena Suerte". La sociedad "Marcou, Cartes y Cía." se constituyó en aquel entonces con un capital de $ 10.000, totalmente aportados por Marcou. Encargaron a Francia una bomba para comprimir gases con sus respectivos tubos para recoger muestras que eran analizadas. Estos análisis vinieron a confirmar que provenían de gases de petróleo. Lamentablemente, el capital se agotó y, sin ayuda económica de nadie, la sociedad desapareció.

La intransigencia con que Marcou luchó toda su vida para encontrar petróleo no le permite descansar un momento. Con fe, y convencido de que en las entrañas de la gélida tierra magallánica existía petróleo, en 1905 viene a Santiago, trae las muestras obtenidas en Agua Fresca y logra aquí, en la capital, formar el "Sindicato del Petróleo de Agua Fresca" con otros socios, juntando un capital de 100 mil pesos. Don Alejo Marcou es nombrado gerente de la naciente sociedad. Contratan al especialista Mac Millen, quien durante dieciocho meses recorrió todo el territorio, señalando como el punto más indicado de la existencia de petróleo la orilla norte del Río Canelos, cerca de la playa.

El 27 de abril de 1907, en el vapor "Charcas", llega a Punta Arenas la sonda de percusión Keystone, procedente de Estados Unidos. El miércoles 5 de agosto de 1907 empieza a horadarse el suelo magallánico en busca del preciado oro negro. A 300 metros se encuentran gases con emanaciones petrolíferas, no comerciales. Se llega hasta los 320 metros y, nuevamente, por el escaso capital disponible, sucumbe un nuevo esfuerzo de los pioneros del petróleo.

Cuando el PresidenteMontt visita a Punta Arenas en su incansable afán de agotar todos los medios para interesar a alguien en buscar petróleo, Marcou logra con él una entrevista a bordo de "La Chacabuco". Sostiene una conversación de cerca de dos horas para convencer al Presidente de la República. Logra que el Gobierno contrate al geólogo alemán Jhan Felsch, que en 1911 recorre la zona. Más tarde, escribió un libro en el cual afirma la existencia de petróleo en esa región.

Pero Marcou no desmaya en sus inquietudes, y en 1910, de nuevo, forma otra sociedad, la que denomina "Compañía de

Sondajes Petrolíferos de Magallanes". Asesorados por Mac Millen, perforan un pozo hasta 134 metros, cerca del Regimiento, y extraen de él los primeros tres barriles de petróleo del suelo magallánico. Posteriormente, dos ingenieros que llegan a Punta Arenas, arriendan a la Compañía sus maquinarias, y, al realizar nuevas perforaciones, encuentran emanaciones de gas de petróleo no comercial. En 1917, se había perforado doce pozos en Río de las Minas, tres en Rio Amarillo, tres en Canelos, uno en Pampa Colorada, uno en Mina Magdalena y uno en Leña Dura. El más profundo fue el de Río de las Minas, que llegó a 853 metros. El 10 de noviembre de 1917, la Compañía Patagonia Consolidada da la falsa noticia de haber descubierto petróleo comercial en el lugar denominado "El Buzón", en Leña Dura. Pero la noticia había sido propalada sólo con fines de especulación bursátil. El petróleo había sido transportado desde Valparaíso. Este hecho provocó un escándalo que llevó a la cárcel a sus autores. Posteriormente vinieron numerosas tentativas que, por la premura del tiempo, no las voy a recordar.

El 29 de diciembre de 1926 se dicta la ley Nº 4.109, que reservó para el Estado todos los yacimientos petrolíferos en terrenos de cualquier dominio. Pero el 31 de diciembre de 1927 se dicta la ley Nº 4.217, que faculta al Presidente de la República nuevamente para otorgar concesiones a particulares y extranjeros. Afortunadamente para Chile y para esta enorme riqueza, que ha contribuido poderosamente a nuestro progreso, cuando las compañías imperialistas extranjeras se aprestaban a clavar sus garras en estas grandes e inexploradas riquezas nacionales, y cuando ya habían solicitado la concesión de 500.000 hectáreas en Magallanes a fines de 1927, el Gobierno, en patriótica actitud, digna de reconocimiento, al comprender el inmenso peligro que la intervención de ellas significaba para el futuro, no sólo de nuestra riqueza sino también de Chile, anuló la ley Nº 4.217. El 15 de febrero de 1928 se dictó la ley Nº 4.281, que derogó la anterior. También en aquella fecha el Gobierno destinó los primeros 10 millones de pesos para comenzar exploraciones por cuenta del Estado. Finalmente, en la madrugada del 29 de diciembre de 1945, un potente y vigoroso grito, que estremeció la obscuridad de ese amanecer, anunció el advenimiento del petróleo en el pozo de Springhill.

Allí está el esfuerzo creador de los ingenieros, técnicos, empleados y obreros que han hecho posible esta gigantesca obra, orgullo de Chile. Reciban en esta noche mi homenaje, por el esfuerzo, la constancia y el entusiasmo con que siguen laborando en ella.

He considerado importante hacer esta breve introducción, porque ella servirá para que la ciudadanía se imponga, en parte, de la historia del petróleo en la provincia de Magallanes.

Nosotros, los socialistas, con patriótico espíritu, deseamos seguir impulsando el engrandecimiento de esta gigantesca empresa, iniciada con los aportes de la Corporación de Fomento de la Producción, creada durante el Gobierno de don Pedro Aguirre Cerda. Es importante recordar, en esta oportunidad, cómo los enemigos del progreso y de la independencia económica de Chile se opusieron tenazmente a la creación de la Corporación de Fomento de la Producción, una de las grandes realizaciones socialistas y una de las palancas propulsoras del progreso del país en los últimos años. Si mal no recuerdo, su creación fue aprobada por un solo voto de mayoría en esta Honorable Cámara. Dejando a un lado este triste episodio, que hoy recordarán con amargura quienes se opusieron y fueron derrotados en aquella ocasión, analicemos algunas cifras que nos proporciona la memoria de la "ENAP" sobre la producción de petróleo, expresada en metros cúbicos. Son las siguientes:

Año    Metros cúbicos

1961   1.473.000

1962   1.858.000

1963   2.100.000

1964   2.176.000

1965   2.020.000

De estas cifras se desprende que la producción petrolera en la provincia de Magallanes ha venido descendiendo peligrosamente, lo que ha causado justa preocupación en quienes estamos interesados en esta vital riqueza nacional.

Cuando fui Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Punta Arenas, con esa preocupación que siempre hemos mantenido los socialistas por todos los problemas generales del país, manifesté, en diversas oportunidades, que personas entendidas me habían expresado que sólo existía petróleo para unos diez años. Mi alarma de entonces la volví a manifestar, en esta Honorable Cámara, a fines del año pasado. Porque el descubrimiento del petróleo y su actual explotación han contribuido no sólo al progreso nacional, sino también, y muy en especial, al de la provincia de Magallanes. Miles de obreros y empleados y sus familias viven del trabajo que proporciona la "ENAP".

De acuerdo con las cifras anteriores, desde 1963 en adelante, la producción de petróleo no sólo no ha tenido ningún progreso, sino que, lo que es más grave, ha descendido, en 1965, en 156.000 metros cúbicos, o sea, en un 7,2%. Seguramente, uno de los factores que más poderosamente ha influido en este peligroso descenso ha sido la no incorporación de nuevos campos a la exploración. Es fundamental, especialmente en Magallanes, extender o aumentar los sectores de exploración, a fin de superar esta etapa de estancamiento de la producción petrolera. Ojalá que la inquietud que hoy expresamos por la suerte de esta gran riqueza que el sur de Chile entrega a la patria, sea recogida con sentimiento creador por quienes tienen la alta responsabilidad de la dirección de la Empresa Nacional del Petróleo.

Deseaba también hablar del problema del gas; pero el tiempo que me resta es poco. Por eso, sólo voy a solicitar que se envíe un oficio al señor Ministro de Minería, o a quien corresponda, para que se adopten todas las medidas del caso, a fin de que la distribución y la venta del gas al consumidor sean hechas directamente por la Empresa Nacional del Petróleo, o por algún organismo especial, dependiente directamente de ella, como un medio de terminar con la especulación que las compañías distribuidoras han estado haciendo permanentemente a través de todo el país.

El señor SIVORI (Vicepresidente).-

Se enviará el oficio al señor Ministro de Minería, en nombre de Su Señoría.

El señor GUAJARDO (don Ernesto).-

Otro problema que hay que abordar con sentido patriótico es el de la conducción del petróleo y el gas. Este último se transporta no sólo dentro del país, sino también el extranjero. Hoy, el transporte lo hacen compañías navieras particulares, que obtienen suculentas ganancias, mientras la Empresa Marítima del Estado atraviesa por una difícil situación económica. No se ha tenido ningún interés en ir adquiriendo barcos, en forma paulatina, a fin de que algún día esta empresa, a la que tenemos la obligación de proteger y amparar, pueda hacerse cargo del transporte de todos los productos y subproductos del petróleo.

Interpretando el sentimiento de los trabajadores y fieles a una tradicional línea de conducta, mantenida a través de toda nuestra existencia política, los parlamentarios socialistas solicitamos que se envíen oficios a los señores Ministros de Minería y de Economía, Fomento y Reconstrucción, para que se inicien inmediatamente los estudios correspondientes, a fin ele ir adquiriendo los barcos necesarios para entregar todo este transporte a la Empresa Marítima del Estado.

El señor SIVORI (Vicepresidente).-

Se enviarán los oficios a los señores Ministros de Minería y de Economía, Fomento y Reconstrucción, en nombre de Su Señoría.

El señor GUAJARDO (don Ernesto).-

Señor Presidente, tengo a mano un interesante trabajo de la Unión de Obreros Petrolíferos y Anexos de Magallanes. En él, los trabajadores hablan extensamente sobre la necesidad de instalar las plantas para la industria petroquímica. Junto con expresar que las inversiones requeridas son cuantiosas, hacen presente que su funcionamiento nos evitaría la compra de las materias primas que podrían producirse en el país, lo que, naturalmente, nos provocaría una gran economía de divisas. Creen que algunos productos no tendrían mercado en Chile, pero señalan la posibilidad de exportarlos, ya que son de gran utilidad. A continuación, detallan las materias que se pueden obtener del gas natural y del gas que se produce en las refinerías de petróleo, que son los que sirven de materia prima para la industria petroquímica.

Manifiestan que la instalación de esta industria hará frente al gran aumento de la demanda de materiales plásticos, fibras sintéticas, detergentes, cauchos y solventes, y terminan dando a conocer su deseo de que ella sea instalada en la provincia de Magallanes, porque serviría para absorber la cesantía y. además, porque esa zona es gran productora de la materia prima necesaria para su funcionamiento…

El señor PAPIC.-

Señor Presidente, en intervenciones que he tenido en esta Honorable Cámara, antes y después que asumiera el Gobierno actual, me he referido a la situación de la Empresa Nacional del Petróleo y he demostrado que ella no ha cumplido para con Chile, ni siquiera con sus propios programas, acerca de los cuales nos ilustró en forma oportuna, aunque somera. Sin embargo, la extrema gravedad de la situación puesta en evidencia me obliga a llamar nuevamente la atención de la Honorable Cámara y a intentar el resumen de sus aspectos más trascendentales.

Estanco del petróleo. Antecedentes legales. Por medio de las leyes Nºs. 4.109, del 23 de diciembre de 1926, y 4.217, del 31 de diciembre de 1927, el Estado estableció el estanco del petróleo, reservando para sí todos los yacimientos petrolíferos del país.

El estanco fue confirmado por el Código de Minería, del año 1932. El artículo 4º, Título I, reza: "...el Estado se reserva los depósitos de guano, y de petróleo en estado líquido o gaseoso, ubicados ambos en terrenos de cualquier dominio..."

La ley Nº 9.618, del 19 de junio de 1950, confirmó nuevamente el estanco, "la propiedad absoluta, inalienable e imprescriptible de los yacimientos de petróleo", comprendiendo en la denominación de petróleo "todas las mezclas o combinaciones naturales de hidrocarburos en estado líquido o gaseoso en su yacimiento y los gases que las acompañen".

Es importante advertir que la propiedad del Estado no se extiende en ningún caso sobre los hidrocarburos sólidos, como los esquistos bituminosos.

Delegación de la administración del estanco. En virtud de la ley Nº 9.618, la Empresa Nacional del Petróleo ejerce "las funciones y derechos que corresponden al Estado respecto a la exploración y explotación de los yacimientos petrolíferos y respecto a la refinación y venta del petróleo obtenido de ellos, como asimismo de los subproductos".

El decreto Nº 1.208, del Ministerio de Economía y Comercio, del 27 de octubre de 1950, enumera, en su artículo 4º, los objetivos de la "ENAP" con cierto detalle. Los objetivos, señalados por el decreto, abarcan todas las fases de la industria petrolera, desde la prospección y la extracción de la materia prima y su elaboración hasta el transporte y la colocación de los productos en el mercado y su venta.

En el cuadro de la economía nacional, las responsabilidades asignadas por el Estado a la "ENAP", mediante leyes, se refieren, por lo tanto, a: 1º) El establecimiento y el desarrollo de la industria nacional de petróleo, o sea, de la refinación y la derivación de los subproductos; y 2º) El desarrollo de la riqueza natural de hidrocarburos líquidos y gaseosos del país.

Es indispensable establecer una clara diferenciación de los dos aspectos. En el primer caso, la delegación se refiere a la administración de un monopolio industrial, y, en el segundo, al desarrollo de una riqueza natural. En ambos, el Estado, el dueño de la riqueza natural y del monopolio, espera obtener el mayor rendimiento económico posible.

El desarrollo de una determinada riqueza natural llega a su fin con el agotamiento de sus reservas, o bien cuando alcanza el límite de la explotación económicamente rentable.

Las industrias de refinación y de derivación de los subproductos no tienen, en cambio, otro límite para su desarrollo que los que imponen los mercados de consumo, susceptibles de ampliarse y diversificarse permanentemente.

Ambigüedad aparente de la ley Nº 9.618. Respecto a la delegación, en la "ENAP", de las funciones y derechos del Estado frente al monopolio de refinación, establecido por la ley Nº 4.927, de 5 de enero de 1931, existe cierta ambigüedad que puede dar lugar a interpretaciones antojadizas.

En efecto, en parte alguna de la ley Nº 9.618 se dice, textualmente, que la "ENAP" ejercerá estas funciones y estos derechos. El artículo 2° habla de "refinación y venta del petróleo obtenido de ellos," refiriéndose a los yacimientos nacionales.

Sin embargo, esta ambigüedad aparente se aclara totalmente por el decreto Nº 1.208, cuyo artículo 4º, inciso f) obliga específicamente a la "ENAP" a "comprar y vender petróleo, sus derivados, subproductos, materias primas, reactivos u otras substancias que necesite para el desarrollo de sus actividades u obtenga en ellas".

El establecimiento y el desarrollo de una industria de refinación y derivación de subproductos limitada al uso de la materia prima de una determinada procedencia, es un absurdo evidente. El decreto Nº 1.208 elimina todas las dudas que pudieran existir al respecto.

De hecho, la "ENAP" ha estado ejerciendo las funciones inherentes a la administración del monopolio de refinación. La refinería de Concón procesa el crudo importado, que suple la falta del petróleo nacional, y lo mismo hará la de Concepción.

La industria de refinación y derivación de los subproductos absorbe la materia prima nacional, permitiendo el desarrollo de esta riqueza natural, pero no se limita a ella. Es obligación de la "ENAP" desarrollar la industria más allá de la disponibilidad de la materia prima nacional, comprar la que faltare, administrar el monopolio y obtener para el Estado el mayor rendimiento económico posible.

La ley no fija límite alguno para el desarrollo y la expansión de la industria de refinación y derivación de los subproductos. Entrega a la "ENAP", en representación del Estado, la responsabilidad total de uno de los más vastos y lucrativos campos de actividad industrial, sujeto al monopolio.

Las proyecciones del estanco. Yo pregunto si en algún momento se ha sopesado debidamente el alcance de esa delegación de las funciones y derechos del Estado.

Imaginémonos, por un momento, qué pasaría si, en lugar de la "ENAP", se encontrara un empresario imaginativo, dinámico, movido por el auténtico interés de hacer rendir el monopolio. He aquí al Estado, dueño de la riqueza natural y del monopolio, que lo llama y le dice: "Toda esta riqueza es tuya. Ubícala y explótala como más te convenga. Te doy el derecho exclusivo de construir refinerías y plantas para derivar los subproductos. No tendrás competidores. Fija los precios como quieras. Te libero de todos los gravámenes tributarios. No me pagues nada. Reinvierte todas las utilidades que obtengas."

Esto, exactamente esto, fue lo que el Estado le dijo a la "ENAP" hace 15 años.

¿Dónde estaría un empresario imaginativo, con tamañas facilidades para expandir la industria? No sólo habría copado el mercado nacional con los productos de refinación y los subproductos del petróleo, sino que estaría compitiendo en los mercados internacionales. Habría no una o dos refinerías, que ni siquiera alcanzan a cubrir la demanda del país, sino tantas cuanta producción pudiera colocarse en los mercados. Habría plantas de aceites lubricantes nacionales, plantas de asfaltos y una floreciente industria petroquímica, y no, como ahora, prácticamente nada.

Si hubiera estado presente en la Sala el señor Ministro de Minería, bajo cuya responsabilidad directa se encuentra la Empresa Nacional del Petróleo, le habría preguntado ¿cómo se explica esta inoperancia abismal de los directivos vitalicios de la ENAP? ¿Cómo se explica esta falta de visión, de imaginación y de iniciativa, o, diremos mejor, esta falta culpable de interés, esta irresponsabilidad imperdonable y este incumplimiento del mandato del Estado?

Trataré de anticiparme a los argumentos que en descargo de los directivos de la ENAP suelen aducirse, amén de los continuos aplausos por la "magnífica realidad" de la industria petrolera nacional, la que para un economista serio no pasa a seísmo un "volador de luces", que encandila a los observadores superficiales.

El argumento detrás del cual se amparan preferentemente la miopía y la inoperancia de los responsables por la administración del monopolio petrolero del Estado es que la ENAP es mera ejecutora de la política gubernativa y que nadie le habría dicho nunca qué debía hacer.

¿Necesitaría un empresario imaginativo a quien se le entregara determinada concesión, en las condiciones de facilidades fabulosas que he señalado, que alguien continuamente lo llevara "de la mano", diciéndole: "Haz esto, haz aquello"? La planificación de la expansión de la industria, estudio y conquista de los mercados, diversificación de la producción, ¿son o no son funciones inherentes a la administración de una empresa?

¿Es el directorio de una sociedad anónima, por ejemplo, el que realiza los estudios de factibilidad para establecer una determinada industria subsidiaria vigila las fluctuaciones del mercado y analiza las perspectivas de la expansión, o es el personal directivo de la industria quien lo hace y somete los antecedentes a la aprobación del directorio?

El directorio cuida los intereses de los accionistas y cuando se da cuenta de que la plana directiva de su industria nada hace para procurar mayor rendimiento económico, más utilidades, sino que permanece inerte frente a las posibilidades evidentes del mercado, le retira su confianza, la desahucia por último y busca a hombres más capaces, para salvaguardar los intereses de la sociedad.

La culpabilidad de los directivos de la ENAP. Yo culpo a los directorios que ha tenido la Empresa Nacional del Petróleo por no haber advertido oportunamente las condiciones calamitosas en que se administraba el monopolio del Estado.

Si nuestra industria petroquímica se ve atrasada en más de diez años y sus posibles mercados ya están copados, si nuestra industria de refinación no ha llegado siquiera a abastecer la demanda del país, los grandes culpables son los ciudadanos a quienes el Estado ha confiado la vigilancia de sus intereses desde el directorio de la ENAP.

Sin embargo, no es menor la culpa de los directivos de la Empresa Nacional del Petróleo, pues ellos y nadie más que ellos fueron y son los llamados a estudiar, planificar, proponer y realizar los trabajos de expansión de la industria.

El decreto Nº 1.208, que aprobó los estatutos de la ENAP, al enumerar los objetivos especiales de esta empresa, estableció taxativamente, en el artículo 4º, letra e): "Construir, instalar, adquirir, arrendar y operar plantas para el tratamiento, transformación, refinación y aprovechamiento del petróleo, sus derivados y subproductos."

Observemos bien esta disposición a la luz del espíritu y de la letra de la ley Nº 9.618. No se trata de una función cualquiera, para cuyo cumplimiento fuese necesario alguna orden o disposición adicional por parte del Estado. Es un objetivo fundamental de la ENAP, derivado del claro concepto de la administración del monopolio, y la única meta, el único límite que fijó la ley, el de que esta industria alcanzara su "completo desarrollo".

Aclaremos los conceptos de delegación y fiscalización, tal como juegan en una sociedad anónima, por ejemplo, por ser válidos para el caso que analizamos.

La plana directiva o la administración de la industria es la que la conduce, la expande, procura el mayor rendimiento económico posible. El directorio vigila los intereses de los accionistas, aprueba los proyectos de inversiones, fiscaliza el desempeño de los administradores. Los accionistas designan el directorio y confían en su capacidad y honradez.

Cuando los administradores fracasan en su cometido, el directorio tiene la obligación de reemplazarlos por conductores más capaces. Si por inoperancia o por alguna concomitancia turbia el directorio no lo hace, siempre les queda a los accionistas el recurso de retirar su confianza a los directores e intervenir para salvaguardar sus intereses.

El Estado es el dueño absoluto de los hidrocarburos como riqueza natural y del monopolio de la refinación. El pueblo de Chile, tocios los chilenos, son los accionistas virtuales de la industria del petróleo. Por lo tanto, son intereses del pueblo los que administra la ENAP.

Los directores, guardianes formales de los intereses del Estado, han permanecido mudos frente a la inoperancia de los directivos de la ENAP.

Sin embargo, los "accionistas", el pueblo, han levantado su voz de protesta, comenzando por aquellos más informados sobre el estado de la industria petrolera: los propios trabajadores de la ENAP.

Desde estos bancos, ya me he referido a la declaración de la Convención de Trabajadores del Petróleo, realizada en Puerto Varas, en el mes de noviembre de 1964.

Por unanimidad recalco por absoluta unanimidad, los trabajadores expresaron "sin lugar a equívocos", su desconfianza total en los administradores de la ENAP.

Nos corresponde a nosotros, representantes directos del pueblo en el Poder Legislativo, hacernos eco de esta voz de alarma y proceder en defensa de los intereses del país. Hemos otorgado plazos más que suficientes para que los responsables aclaren su inexplicable inoperancia, y toda tolerancia, como toda paciencia, debe tener y tiene sus límites.

Los recursos previstos 'para el desarrollo de la industria petrolera. Muchas veces hemos oído quejas sobre la escasez de recursos, que sería la única razón por la cual la ENAP no pudo realizar más de lo que hizo.

El señor PAPIC.-

Tuvimos que legislar para subvencionar a la ENAP con fondos provenientes de la Ley del Cobre y hacer posible, en parle, la prospección en el norte grande. Para construir la refinería de Concepción, la ENAP debió recurrir, fuera del BID, a un préstamo de la ESSO.

La ley Nº 9.618, en su artículo 2º, al referirse al patrimonio de la ENAP, expresa textualmente: "Las utilidades y beneficios que obtenga dicha empresa incrementarán, también, su patrimonio, hasta que la industria petrolera alcance su completo desarrollo y posteriormente ingresarán a rentas generales de la nación".

Observemos bien que la ley no dice "hasta que se hayan desarrollado por completo los yacimientos nacionales del petróleo", sino que se refiere a la "industria petrolera" en general. De nuevo es evidente, aquí, la referencia al monopolio.

Es necesario tener presente esta orientación fundamental de la ENAP hacia una expansión sin límite fijo, hacia el máximo rendimiento económico del monopolio petrolero del Estado.

El financiamiento de la ENAP plenamente asegurado. Una expansión de este tipo requiere inversiones muy fuertes; en previsión de ello, el legislador reserva para la ENAP todas las utilidades que la industria petrolera pueda arrojar, en todas sus fases, sin excepción.

No se limitó a delegar en la ENAP las funciones y derechos del Estado en términos generales, sino que enumeró taxativamente todas las fases de su explotación, incluyendo las más remunerativas: el transporte, la distribución y la venta.

Concedió, además, a la ENAP una subvención virtual por parte del Estado, al liberarla del pago de "todos los derechos de importación y explotación y de todos los impuestos y derechos que se perciban por intermedio de las aduanas"; le otorgó el derecho a fijar los precios del petróleo, sus derivados y subproductos, y la eximió del pago del impuesto a la renta, autorizándola para reinvertir sus utilidades.

Al observar, aparentemente, las nostálgicas miradas del capitalismo criollo y sus apetitos insaciables por apoderarse de cuanto negocio lucrativo existe en el país, el legislador fue más allá de la simple delegación y prohibió taxativamente a la ENAP desprenderse de las utilidades que produjera la industria en sus fases fundamentales.

En efecto, el artículo 5º del decreto Nº 1.208 establece textualmente: "No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, la Empresa tendrá a su cargo directamente la exploración, explotación, refinación y venta del petróleo y subproductos, y no podrá, en caso alguno, para' estos fines, asociarse con terceros."

El financiamiento de la expansión de la industria quedaba asegurado plenamente por estas dos fuentes de recursos: a) las utilidades que la industria obtuviera, y b) la subvención estatal, mediante la exención de impuestos.

Veamos ahora cómo han administrado los "mágicos" conductores de la ENAP estas fuentes de financiamiento. Para ello, recurriré a un estudio que ha hecho un ex colega nuestro, don Mariano Puga Vera.

Al analizar, en su libro "El Petróleo Chileno", el problema de los subsidios directos y virtuales que la ENAP recibe, don Mariano Puga Vega dice: "En la actualidad, el rubro principal de entradas de

ENAP está constituido por el precio que obtiene de la venta de sus productos, tanto en el país como en el extranjero.

"El monopolio que ENAP ejerce, por delegación del Estado en la producción, importación y venta del petróleo y sus derivados, le permite fijar el precio de sus productos, para el mercado local, sobre bases distintas de las que tendría que observar si operara dentro de un mercado en que jugara la libre competencia.

"ENAP cobra a los distribuidores los precios que estos últimos habrían tenido que pagar por los diversos productos refinados si éstos hubieran sido comprados en el extranjero e internados al país, pagando los respectivos derechos de aduana."

Después de señalar que el modo de fijar los precios no es de dominio público, el autor prosigue: "Este régimen de fijación de precios internos ignora el hecho que ENAP no adeuda lógicamente impuestos de aduana sobre los productos extraídos o refinados en el país. Ya se ha visto que tampoco paga derecho el crudo que importa del extranjero para suplir el abastecimiento que el producto nacional no alcanza a satisfacer, ya que los derechos que paga sobre todas las importaciones le son devueltos de acuerdo con la ley 13.305.

"En vista de que la ENAP no paga derechos de aduana en ninguno de los eventos contemplados, ella obtiene del consumidor nacional un subsidio virtual al fijar sus precios de venta corno si ella hubiera cubierto estos derechos. Ese aporte es equivalente al monto de los derechos supuestos. Lo mismo cabe observar con respecto a los fletes marítimos de ultramar y los impuestos respectivos que estos productos habrían pagado desde el extranjero. Como ENAP no cubre, obviamente, fletes marítimos sobre los productos refinados, el cargo correspondiente que va involucrado en el precio de venta representa para ella una bonificación que le abonan los consumidores."

Esta bonificación de los consumidores citada, alcanzó, según el cálculo de don Mariano Puga, sólo en el rubro de gasolina, querosene, diesel y petróleo combustible, a Eº 50.797.905, durante el ejercicio de los años 19621963.

Quiero llamar especialmente la atención sobre el monto de esa bonificación que el consumidor ha dado a la ENAP en un solo año: 50 mil 797 millones de pesos. No tomemos en cuenta otros subsidies, corno los fondos de la Ley del Cobre y la exención del pago del impuesto a la renta. Comparemos solamente este subsidio que salió de los bolsillos del consumidor, del bolsillo del pueblo de Chile, con la utilidad o los excedentes que obtuvo la ENAP ese mismo año. Pues bien, este excedente, según la Memoria oficial de la empresa, ha alcanzado nada más que a 24 mil 818 millones de pesos.

Es decir, señor Presidente, y ruego a los Honorables colegas considerar la gravedad del hecho comprobado, la industria petrolera nacional ha tenido un déficit o pérdida en dicho año de 25 mil 979 millones de pesos, que pudo cubrirse únicamente gracias a la subvención que virtualmente le conceden los consumidores.

Esta situación se repite año tras año. La ENAP vive y se mantiene en virtud de la subvención de los consumidores.

¿Qué ha ocurrido con los fondos que el legislador previo para la expansión de la industria, los cuales parecían más que suficientes para que la industria se desarrollara y cumpliera el propósito de ser un monopolio nacional? Con una irresponsabilidad abismal, los administradores del patrimonio del Estado se han desprendido de las ramas más lucrativas del negocio petrolero, cediéndolas a particulares. En una franca burla de la prohibición legal, clara y taxativa, la Empresa Nacional del Petróleo no sólo se asoció con terceros, sino que simplemente entregó a los clanes capitalistas nacionales las fases de transporte, distribución y venta del petróleo. Con razón, pues, no tiene medios para hacer más de lo que ha hecho.

Mientras el pueblo, el consumidor, se ve obligado a continuar subvencionando a la industria petrolera, el capitalismo criollo y extranjero de las compañías distribuidoras de productos y subproductos obtiene ganancias fabulosas, que sobrepasan lejos los aparentes "excedentes" de la ENAP.

¡Qué bien se administra el monopolio del Estado! ¡Cuán eficiente es la realidad de nuestra industria petrolera, de nuestro estanco del petróleo, llamado a buscar su completo desarrollo y a crear riqueza para el país!

En algunos sectores, por suerte limitados, la gestión de los administradores del estanco del petróleo se considerará, sin duda, extraordinariamente eficiente. ¿No vimos, acaso, surgir prácticamente de la nada, en unos pocos años, las ahora inmensas fortunas de las firmas "Montalbetti" y "Abastible"? ¿No se salvó de una quiebra segura la Compañía de Gas de Valparaíso, cuyos dueños son los más genuinos representantes del capitalismo nacional? ¿No hemos visto aparecer la flota flamante de la SONAP, que ahora se queja y pide autorización para vender sus buques tanques? ¿No continúan prosperando las agencias de las compañías tan eminentemente "populares", como ESSO, TEXACO, SHELL y MOBILOIL? Todo eso sin contar, desde luego, las fortunas grandes o chicas, que acumularon, a la sombra de la ENAP los más variados contratistas.

El pueblo, el dueño auténtico del estanco, ve las cosas de una manera muy distinta. Observa que Chile es el único país que "piensa' y "planifica" sólo ahora su industria petroquímica, mientras sus vecinos de la América Latina gozan de los beneficios de la propia desde hace muchos años. Ve que la industria nacional de refinación va continuamente a la zaga de las necesidades de consumo del país, siendo incapaz de cubrirla. Ve, claramente, que en vez de ganar con el estanco tiene que pagar encima, subvencionando la industria nacional, mientras las utilidades que por ley le corresponden son repartidas tranquilamente por los "conocidos de siempre".

Insuficiencia e inoperancia de los controles. Yo pregunto, señor Presidente: ¿cómo ha podido ocurrir una situación similar en un país democrático como el nuestro, de cuyos Poderes Constitucionales nos enorgullecemos? ¿Cómo se ha podido perpetrar una estafa de tamaña magnitud, se, podría decir bajo las narices de los representantes del pueblo?

La explicación me parece que es una sola: los controles que el Estado ha establecido sobre la administración del estanco no son operantes, ni suficientes.

Al revestir con poderes omnímodos a los directores de la ENAP, no se ha sopesado debidamente el alcance de la delegación que se hacía en ellos; no se han previsto instrumentos organizativos adecuados que permitieran evaluar el desarrollo de las actividades de la "ENAP", ni se ha comprobado si los fiscalizadores de los intereses del Estado tienen capacidad necesaria para hacerlo, ni si efectivamente actuarán en defensa de los intereses del país.

Originalmente, de acuerdo con lo dispuesto en la ley Nº 9.618, la ENAP dependía directamente de la Corporación de Fomento de la Producción, cuyo Vicepresidente ejercía la presidencia del directorio. El directorio incluía, además, a tres directores designados por la CORFO, uno por la Sociedad de Fomento Fabril y uno por la Sociedad Nacional de Minería.

Actualmente, en virtud de disposiciones legales posteriores, el Presidente del directorio de la ENAP es el Ministro de Minería, y lo componen el Vicepresidente de la CORFO, con tres directores de la misma. Y a los representantes de la "SOFOFA" y de la Sociedad Nacional de Minería se les agregó un director, en representación del Instituto de Ingenieros de Minas. Las actividades de la ENAP son eminentemente industriales: la administración de un monopolio industrial. El desarrollo de una riqueza minera, de las reservas nacionales de hidrocarburos líquidos y gaseosos, es sólo una fase de este proceso industrial: la provisión de la materia prima. ¿Era lógico pregunto el haber llevado a la ENAP a la esfera del Ministerio de Minería, sacándola de la égida directa de la CORFO, la que, al fin y al cabo, es la institución estatal que responde por el fomento del desarrollo industrial del país?

Algunos directores representan intereses contrarios al pueblo: Se supone que los integrantes del directorio deben cuidar los intereses del pueblo. Más aun, el decreto Nº 1.208 los revistió de poderes omnímodos, transformándolos, en ciertos aspectos, en administradores del monopolio, con autonomía prácticamente sin límites. Era de esperar que el Estado hubiera buscado para este cargo a hombres capaces de actuar sin compromisos de ninguna especie con determinados grupos de la población, sino en representación de los intereses auténticos del pueblo en general.

¿Se puede esperar independencia de criterio y ausencia de compromisos anteriores de los representantes de la Sociedad de Fomento Fabril o de la Sociedad Nacional de Minería?

¿Pueden los representantes de instituciones eminentemente capitalistas ser considerados representantes de los intereses del pueblo?

¿A título de qué participan directores de círculos capitalistas organizados en el cuerpo superior de administración de un monopolio del Estado?

¡No es de extrañar que las fases más lucrativas del estanco hayan caído en manos del capitalismo nacional! No es de extrañar que la ENAP se haya desprendido de sus fuentes legales de financiamiento, y se haya convertido en un instrumento virtual de fomento del capitalismo criollo; pues para esto, y nada más que para esto, están los representantes del capitalismo en el directorio. No están allí para defender los intereses del pueblo, sino para "pasar el dato" oportuno y despejar el camino, para que los "conocidos de siempre" sigan "haciendo su agosto" a costa del pueblo.

Esta situación no puede ser tolerada por más tiempo. Los únicos representantes del pueblo, técnicamente capacitados para opinar sobre la industria del petróleo, son los propios trabajadores de la ENAP. La única forma de lograr que el pueblo tenga en el directorio representantes capacitados, es integrarlo con estos trabajadores.

Creo que ha llegado el momento en que nos corresponde a nosotros, al Poder Legislativo, otorgar los medios legales necesarios para hacer efectiva esta integración.

La ley N° 9.618 entregó la fiscalización de la "contabilidad y legalidad de las operaciones de la empresa" a la Superintendencia de Sociedades Anónimas, y recalcó, en forma especial, que la intervención de ésta sea "a lo menos la misma que le corresponde a las Sociedades Anónimas".

El criterio para medir la eficiencia. Mal podemos hablar de la eficiencia de la ENAP cerno organización cuando existe una ambigüedad e indefinición, involuntaria o intencional, respecto de sus objetivos.

El propósito de la ENAP es obtener, para el país, el mayor rendimiento económico posible del monopolio petrolero.

El objetivo de la ENAP es lograr su propósito mediante la máxima expansión rentable de la industria de refinación y derivación de subproductos, desarrollando las fuentes nacionales de la materia prima respectiva, también en condiciones de máxima conveniencia económica para el país.

Sólo con estos conceptos totalmente aclarados podemos valorar la validez del plan o del programa que la ENAP pueda tener para el desarrollo de sus actividades. ¿Existe este programa? ¿Ha habido alguna planificación de la actividad del monopolio petrolero que fuera más allá de la próxima reunión del directorio?

El señor MORALES (don Carlos).-

Señor Presidente, hace ya algún tiempo, a raíz de los problemas surgidos en materia de comercialización del petróleo y del gas, nos correspondió denunciar los muchos abusos que cometían las grandes compañías distribuidoras ESSO, COPEC y SHELL.

Denunciamos, por ejemplo, en varias sesiones de la Cámara, cómo estas compañías regateaban a sus distribuidores determinadas cantidades en los porcentajes que les correspondían por la venta de la gasolina. Más aún, llegamos a revelar una verdadera extorsión que hacían a esos distribuidores, obligándolos a vender toda su línea de productos. Señalamos un caso específico: si un distribuidor no adquiría los implementos para automóviles, no le vendían gasolina. Y los presionaron en tal forma en este sentido, que provocaron una reacción de los distribuidores. Tanto es así, que de parte del señor Carlos Ausset, Presidente del organismo que agrupa a los distribuidores, oímos todas esas quejas, a las que nos referimos en esta Corporación. Fruto de estas denuncias fue la designación de la Comisión Investigadora que ha mencionado el Honorable señor Camus. Es cierto que ésta no ha podido concretar antecedentes precisos acerca de las diversas irregularidades reveladas pollas muy fundadas razones dadas por el Diputado de Gobierno Honorable señor Papic en el sentido de que hay un equipo de hombres en la dirección de la ENAP, con el cual ni éste, ni ningún otro Gobierno, ha pedido realizar una política que permita clarificar todo el mecanismo de la negociación de un elemento tan básico como el petróleo.

Pero estos hechos provocaron otra reacción. Se presentó una denuncia de carácter penal en contra de los altos ejecutivos de la "Shell Chile, Sociedad Anónima", que fueron declarados reos por la Comisión Antimonopolios. Estuvieren en esta situación jurídica durante mucho tiempo, por estos abusos que cometían.

Nosotros nos preguntábamos en la Cámara de Diputados qué harían en Inglaterra si chilenos organizaran una entidad, una sociedad distribuidora, por ejemplo, de petróleo y extorsionaran a algunos ingleses en el sentido de que si no les compraban todos los productos de la línea de esa compañía, no les daban más petróleo y gasolina, llevándolos irremediablemente a la ruina. Serían severamente sancionados y expulsados del territorio.

Estos señores ingleses de la "Shell Chile, Sociedad Anónima" lo hicieron así durante mucho tiempo en Chile. Y gracias a que en esta Cámara se denunciaron estos hechos, se presentó esa acción ante la Comisión Antimonopolios. Después, planteamos este problema ante el que era Ministro de Minería en ese entonces, don Luis Palacios Rossini, rogándole que resolviera estas serias dificultades. Por ello, no es de extrañar que en una ley que se llama de "Revalorización de Pensiones" haya un artículo que nada tiene que ver con la materia de fondo, pues dicha ley trata materias relativas a jubilados, pensionados y montepiados, que fue incorporado a ella debido a la premura de hallar una solución a ese problema. En efecto, en ella aprobamos el artículo 50, que dice lo siguiente:

"En el plazo de 120 días, contados desde la fecha de la vigencia de la presente ley, el Presidente de la República dictará un reglamento que consultará normas sobre:

"a) Distribución y venta al público de los comestibles y lubricantes, derivados del petróleo;

"b) Fijación de precios de venta al público de estos productos;

"c) Operación de refinerías de petróleo particulares autorizadas por leyes especiales y la venta de productos que elaboren;

"d) Importación al país de combustibles y lubricantes derivados del petróleo;

"e) La recaudación y entero en arcas fiscales de los impuestos que afecten a dichos combustibles y lubricantes".

Esto último se debe al hecho de que estas compañías, en ese tiempo, recargaban el valor de la gasolina que entregaban con el impuesto la compraventa y, muy "sueltas de cuerpo", se quedaban con ese impuesto durante 30 ó más días, trabajando con grandes capitales que no eran de ellas, pues pertenecían al Fisco chileno y aprovechándolos para hacer negocios, adquirir otros bienes, ampliar sus industrias, prestar estos dineros, etcétera. Eran grandes traficantes que abusaron durante mucho tiempo, antes de la dictación de esta ley.

Seguramente estas palabras se leerán por algunos y, a lo mejor, se escucharán por otros; pero ésta es la verdad.

Por eso, se aprobó el artículo 50, que es un injerto en una ley que no tiene nada que ver con la materia. Pero el Gobierno tenía que resolver este problema, y lo hizo, dictando este artículo que agregó esa ley.

Agrega este mismo artículo 50 que el reglamento establecerá las sanciones a que quedarán afectos los infractores, que no podrán exceder de 100 sueldos vitales mensuales del departamento de Santiago por cada infracción y la autoridad encargada de aplicarlas."

¿Qué ha ocurido entonces, señor Presidente? Que nos quedamos cortos con la sanción, porque estos 100 sueldos vitales los pagan las compañías cuando las sorprenden en una nueva infracción.

Tengo a la mano copia de una presentación elevada a las autoridades por el señor Presidente de ADICO" (Asociación de Distribuidores de Combustibles de Chile), don Carlos Ausset San Martín, en la que denuncia una nueva instalación de expendio de combustibles en la Avenida Costanera, en el edificio "Torres de Tajamar".

El artículo 10 del reglamento que se dictó en virtud del mandato del artículo 50 de la ley Nº 15.386, dispuso que "los distribuidores autorizados deberán presentar al Ministerio de Minería, antes de finalizar el año calendario, el programa de desarrollo de sus instalaciones para el año siguiente y dar cuenta semestralmente al mismo Ministerio de su ejecución. Igualmente deberán comunicar oportunamente al Ministerio citado la ejecución de toda obra que no esté contenida en dicho programa y que se estime indispensable realizar".

Este artículo es el que se han echado al bolsillo las grandes compañías. Aquí hay una denuncia concreta de infracción. ¡Qué les importa! Pagan los cien sueldos vitales. Habría que pedir al Gobierno que modificara la sanción establecida por el artículo 50 de la ley Nº 15.386, para que ella se haga condigna con la infracción que .se está cometiendo.

Porque instalar nuevos negocios de expendio de combustibles por estas grandes compañías, ¿qué significa? Ir cercenando, poco a poco, los legítimos derechos de aquellos otros distribuidores que ya están trabajando con capitales, operarios, instalaciones, etcétera.

Este es otro abuso de la Compañía de Petróleos de Chile.

De modo, señor Presidente, que la sesión que estamos celebrando es muy importante. Lo lamentable es que los Comités no tengan tiempo suficiente para expresar con mayor profundidad los conceptos que aquí se han emitido.

Mientras tanto, los Diputados radicales hemos presentado un proyecto de acuerdo, elaborado por los Honorables Diputados Camus, Naudon y colegas del FRAP, destinado a que la Contraloría General de la República investigue los antecedentes en virtud de los cuales se ha alzado el valor del gas licuado, pues la fijación de precios de este combustible es verdadero escándalo que está estremeciendo a todo Chile. En seguida, el mismo proyecto propone que la comercialización y distribución de los productos de la ENAP se haga a través de la Corporación de Fomento de la Producción. Nosotros creemos que no habrá otra solución, pues la historia del petróleo está llena de episodios que han ensangrentado a la humanidad y no queremos que cuanto ha ocurrido en otros países acontezca también en Chile, sobre todo cuando los intereses de tipo económico de consorcios imperialistas como los integrantes del que ya denunciamos en la Honorable Cámara, y que fueron declarados reos, en virtud de una denuncia ante la Comisión Antimonopolios, y dejó expuestos a la vindicta pública a ingleses de pura cepa, de nombres y apellidos ingleses han cometido tantos errores y tantos abusos que provocaron en el anterior período parlamentario la dictación de la ley citada. Pero esto no fue una solución definitiva y ha hecho bien la Honorable Cámara en reunirse para señalar estos otros abusos relacionados con el gas licuado.

Los Diputados radicales estamos prestos a prestarles nuestra aprobación no sólo al proyecto de acuerdo elaborado por nosotros, sino también al presentado por parlamentarios de Gobierno por medio del cual se plantea la adopción de una medida que es la única justa: terminar, de una vez por todas, con estos grandes intereses particulares que obtienen ingentes utilidades, no respetan las leyes chilenas e infringen los reglamentos vigentes, como es el caso de la infracción denunciada por el

Presidente de ADICO. Sólo así podemos entregar la distribución y comercialización del gas licuado y del petróleo a quien corresponde, es decir, al Estado, porque, como muy bien ha recordado aquí el Honorable señor Guajardo, durante una Administración nuestra de un Gobierno de carácter popular, se encontró el petróleo y, en seguida, por medio de la Corporación de Fomento de la Producción, se han logrado grandes conquistas para Chile en el orden industrial.

Deseamos, como creo es el sentimiento de esta Corporación, que todo cuanto se relaciona con la comercialización y distribución de estas riquezas nacionales esté en manos del Estado, y no en el de estas compañías que, día a día, amasan grandes fortunas, menoscabando y deteriorando los legítimos intereses del Fisco y, en consecuencia, de todos nuestros connacionales.

Ruego a la Mesa se sirva dirigir oficio al señor Ministro de Minería, en mi nombre, para denunciar esta infracción a que he hecho referencia, irregularidad que señaló oportunamente el señor Carlos Ausset. Por lo tanto, hago míos todos los conceptos contenidos en su nota.

Nada más, señor Presidente.

El señor SIVORI (Vicepresidente).-

Se enviará el oficio solicitado en nombre de Su Señoría.

El señor CAMUS.-

Señor Presidente, en mi intervención anterior me referí a la política de precios del gas licuado y a las medidas de seguridad de la población en relación con el uso de este elemento de empleo familiar cotidiano.

Sin duda, ésos son aspectos de gran importancia; pero, indudablemente, en último término es la política de distribución de los productos de la ENAP la que debe llamar mayormente la atención de la Honorable Cámara, como ya lo han expresado los distintos colegas que han intervenido en el curso de esta sesión especial.

Estimo que el petróleo, los derivados de su refinación y el gas licuado que produce esta empresa del Estado deben ser distribuidos por ella misma, o por una empresa estatal distinta, que devuelva a la Nación todo el costo de sus inversiones en la industria petrolífera y que, a través de: las cuantiosas utilidades que produce la distribución de la bencina y del gas licuado, pueda impulsar el desarrollo de esta industria y de otras que permitan estructurar la explotación de las principales riquezas de nuestro suelo y de nuestro mar. Presentar a la consideración de la Honorable Cámara un proyecto de ley tendiente a socializar y "estatizar" la distribución de los productos de la ENAP, colocando en manos del Estado todo el proceso de su producción. Estoy seguro que esa iniciativa contará con el respaldo y el apoyo de los sectores progresistas de la Corporación que no tienen compromisos con empresas monopolistas ni con los consorcios internacionales.

Señor Presidente, he concedido una interrupción al Honorable señor Guajardo.

El señor GUAJARDO.-

Señor Presidente, como no alcancé a hacerlo en mi intervención anterior, pido ahora que se envíe oficio al señor Ministro de Minería para solicitarle que, con la brevedad posible, se proceda a instalar una planta petroquímica en Magallanes. Entre los beneficios que se derivarían del funcionamiento de esa planta, estaría el de absorber la cesantía existente en la zona. Esta petición la hago no sólo a título personal, sino en nombre de toda la provincia.

Estimo que a la provincia de Magallanes debió dársele la prioridad en la instalación de la primera planta petroquímica, pues en ella se produce el petróleo, y no a Concepción, beneficiada con esta determinación gubernativa.

Al mismo tiempo, solicito que se envíe oficio a Su Excelencia el Presidente de la República, o a quien corresponda, para pedir que la distribución de petróleo, actualmente entregada a las compañías imperialistas norteamericanas, sea hecha directamente por la ENAP o por el organismo estatal que se estime conveniente.

Deseo terminar esta intervención señalando, en términos generales, un antecedente de todos conocido. La "Esso Standard Oil Company" como intermediaria en la entrega de petróleo a la Línea Aérea Nacional, ganó el año pasado más de $ 6.000.000.000. No sé cuánto ganaron las otras firmas que proporcionan combustibles a la misma LAN, como son la SHELL y la COPEC, indudablemente, la cantidad de millones que han pasado por sus manos es cuantiosa. Con sobrada razón, estos "pulpos" del imperialismo norteamericano, hacen uso de todo su poder económico para impedir, a cualquier precio, el triunfo del movimiento popular, pues saben que nosotros mantenemos una firme posición política y doctrinaria y que terminaremos con estos vergonzosos negociados, cuyas consecuencias deben pagar

en estos momentos los trabajadores manuales e intelectuales de nuestro país.

Los Honorables colegas saben que, a fines del año pasado, fueron alzados en más de un 50 ó 60% los pasajes de la Línea Aérea Nacional. En este caso no hubo "mano dura", ni tampoco tembló la mano de los personeros democratacristianos del Gobierno que firmaron esa autorización. Sin embargo, sí se dobla ante estos intereses; de ahí que creo que este Gobierno no será capaz de terminar con el vergonzoso negociado mantenido actualmente por las compañías norteamericanas que entregan el petróleo a la LAN y a numerosas otras instituciones estatales y semiestatales de nuestro país.

Nada más, señor Presidente.

El señor PAPIC.-

Señor Presidente, continuando mis observaciones, debo manifestar que dudo de que esta planificación haya existido jamás. Tengo motivos para dudar, pues los resultados de las actividades de la Empresa Nacional del Petróleo así lo prueban y también por el simple hecho de que esa omnipotente y autónoma institución no cuenta siquiera con un equipo estable que estudie esa planificación.

Sin una planificación adecuada: y esto es un concepto elemental de cualquier organización racional, es imposible determinar las funciones que la empresa debe cumplir. Y, sin conocer exactamente cuáles son las funciones por cumplir, no puede existir estructura orgánica alguna que merezca tal nombre.

¿De qué nos sirve tener hombres activos, conscientes, entregados en cuerpo y alma a su trabajo en la industria petrolera, tratando de dar lo mejor de su preparación profesional y de su entusiasmo patriótico, cuando la estructura misma de la organización falla por su base, por falta de planificación adecuada, por falta de orientación clara de la industria en sus objetivos y propósitos?

Creo que ha llegado el momento en que debemos sentir la obligación de intervenir en defensa de los intereses del pueblo, dueño del monopolio petrolero, y a estructurar el Directorio de la Empresa Nacional del Petróleo de modo que cuide efectivamente los intereses de la comunidad y tenga la capacidad necesaria para fiscalizar el trabajo de sus administradores, juzgar su capacidad y poner orden en esta industria del Estado.

Para terminar, quiero anunciar a la Honorable Corporación que los Diputados democratacristianos hemos presentado un proyecto de acuerdo que expresa lo siguiente:

"La Honorable Cámara acuerda solicitar de Su Excelencia el Presidente de la República decrete la caducidad de las concesiones otorgadas a las empresas distribuidoras del gas licuado del país".

"Que, conforme al decreto con fuerza de ley Nº 323, del 30 de mayo de 1931, proceda el Gobierno a adquirir la totalidad del negocio de las empresas distribuidoras de gas licuado cuya concesión termina;

"Solicitar del Ejecutivo el envío de un proyecto de ley que legisle sobre un nuevo sistema de distribución del gas licuado, que resguarde adecuadamente los intereses del Estado y de los consumidores".

Pido a los Honorables colegas presentes la aprobación de este proyecto de acuerdo.

Nada más, señor Presidente.