Labor Parlamentaria

El señor BALLESTEROS (Presidente).-

Continúa la discusión de las enmiendas introducidas al artículo 37 de la Constitución Política del Estado.

Estaba con el uso de la palabra el señor Diputado informante, que en este momento no se encuentra presente en la Sala.

A continuación está inscrito el Honorable señor Ibáñez.

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor IBAÑEZ.-

Señor Presidente, el inciso primero del artículo 37 que se propone en reemplazo del precepto vigente determina el número de Diputados que compondrán la Cámara, que será de 150, y divide la provincia de Santiago en cuatro circunscripciones.

El inciso segundo establece que "el número de Diputados que corresponderá elegir a cada provincia o circunscripción, en su caso, lo fijará la ley, aplicando un procedimiento que dé por resultado en la práctica una efectiva proporcionalidad en la representación de su población". El mismo inciso altera la norma de la proporcionalidad indicando que ninguna de las provincias o circunscripciones podrá elegir ún número inferior a dos Diputados ni uno superior a quince.

El inciso tercero se refiere a la aprobación de los censos generales y señala que ellos producirán sus efectos en la distribución de los miembros de la Cámara, en la primera elección general ordinaria que tenga lugar.

Los Diputados del Partido Radical, miembros de la. Comisión de Legislación y Justicia, formularon objeciones a la redacción de este artículo. En su reemplazo propusieron una redacción diferente, más justa y racional, pero fue rechazada.

En todo caso, debemos reiterar las observaciones del Partido Radical y señalar otras que demuestran, concluyentemente, los errados alcances de este artículo.

El inciso segundo condiciona la distribución de la representación parlamentaria al factor población, a diferencia de la fundamentación dada para la creación de la 10ª agrupación senatorial, que incidió en su extensión territorial y en factores económicos. Pero este inciso repite la idea básica del artículo 25 de la Constitución vigente, que no se ha modificado, sobre proporcionalidad en la representación de las opiniones y de los partidos políticos, en las elecciones de Diputados y Senadores, ya que sólo traslada su sentido constitucional al establecimiento de un sistema proporcional para la determinación de la representación parlamentaria por provincias y circunscripciones, lo que producirá no ya una pugna entre candidatos o partidos políticos, sino entre provincias y circunscripciones.

Como el procedimiento para determinar la proporcionalidad será el mismo que se aplica en el cumplimiento' del mandato del artículo 25, habrá que emplear el sistema D'Hondt u otro muy semejante adoptado por la ley chilena en las elecciones de parlamentarios, con lo cual se producirá el mismo fenómeno de favorecer a las provincias o circunscripciones de mayor concentración demográfica, en detrimento de las de reducida población. En esta forma' se beneficia injustamente a los partidos más poderosos, a pesar de la fijación de un número mínimo y máximo de Diputados por provincias y circunscripciones.

Además de los defectos de este artículo en la representación de cada partido, cuyas fuerzas son eminentemente variables, lo positivamente cierto es que se producirá la acentuación de un centralismo cada día más odioso y, que este Gobierno se comprometió a combatir.

El inciso tercero de este artículo incorpora una modalidad que producirá, sin duda, serios inconvenientes en el futuro, porque "al establecer la variabilidad de la representación de Diputados, que será determinada por la aprobación de los censos generales, las provincias tendrán siempre una representación inestable en su número en beneficios de los grandes centros demográficos.

En efecto, si nos atenemos al crecimiento constante y gigantesco de Santiago, se podría producir, con el tiempo el absurdo de que la capital absorbiera un porcentaje tal de población, que hiciera imposible completar el total de los ciento cincuenta Diputados, ya que, no obstante tener una representación limitada a sesenta Diputados, su crecimiento demográfico impediría que se completara en el resto de las provincias el número de Diputados determina- nado por este artículo. Y esto, porque una justa proporcionalidad no podrá determinarse nunca, racionalmente, por la limitación del número máximo y mínimo de Diputados por elegir en cada provincia o circunscripción.

La inconveniencia del sistema propuesto, que restringirá la representación parlamentaria de las provincias como primer resultado concreto de su aplicación, no sólo se observa con el planteamiento de situaciones exageradas, pero posibles, sino que mediante el examen del sistema proporcional empleado para las elecciones en nuestro país, que ha producido permanentemente situaciones injustas.

Simplemente por ser un ejemplo, el más cercano, me permito citar el efecto del sistema de las recientes elecciones parlamentarias, en que el Partido Demócrata Cristiano obtuvo en todo el país el 42,30% de los votos y, en cambio, eligió el 55,78% de los Diputados, Es decir, se dio una desproporción de un 13,48% en su favor. En otras palabras, el Partido Demócrata Cristiano eligió veinte Diputados más de los que proporcionalmente le correspondían, de acuerdo con el espíritu del artículo 25 de la Constitución vigente.

Nos asisten serias dudas sobre la solución legal que se dé al mandato constitucional de este artículo 37. Si bien no se podrá elegir por provincias o circunscripciones más de quince ni menos de dos Diputados, estas limitaciones atentan violentamente contra toda pretendida proporcionalidad. El legislador quedará irremediablemente prisionero entre complejas y contradictorias disposiciones, que le ordenan repartir ciento cincuenta cargos, proporcionalmente, entre veintiocho circunscripciones, podando o recortando a las que excedan de quince, y, por otra parte, reajustando aquéllas de escasa población.

La generación de la Cámara de Diputados debe quedar claramente establecida en la Carta Fundamental. No es satisfactorio postergar este proceso de primera importancia, entregando su solución a una ley, cuyo panorama confuso hemos develado.

Debemos dejar constancia de que los Diputados radicales formulamos indicación para reemplazar este artículo, pero fue rechazada De acuerdo con ella, la representación de las provincias se determinaba por la significación histórica, geográfica y de vivencia de las distintas regiones del país, considerando el aumento de la población. Constituía, además, una garantía de que no se producirían inconsecuencias como las que hemos señalado al referirnos a la modificación del artículo en debate, puesto que conservaba la actual representación parlamentaria y posibilitaba un aumento racional de los cargos de Diputados.

Los Diputados radicales votaremos en contra de la enmienda que se introduce en el artículo 37, por que no asegura la adecuada representación parlamentaria de la mayor parte de las provincias y porque creará como seguramente podrá apreciarse en la discusión del proyecto que deba proponerse para hacer operable esta norma, las inconveniencias que hemos señalado.

Le concedo una interrupción al Honorable Diputado señor Sotomayor.

El señor SOTOMAYOR.-

Señor Presidente, hablaré a título exclusivamente personal. Estimo que, tal como está redactado el artículo 37, las provincias quedan menoscabadas en sus derechos. Los representantes de las provincias vemos que ellas carecen de todo: no hay industrias, fábricas ni trabajo. Todo está en Santiago, cuyos cuatro distritos están representados por 33 Diputados, o sea, por el 28% de la Cámara. ¡Y todavía quiere más Diputados! Tal como se dijo, de aprobarse esta disposición quedaría con 55 Diputados; es decir, con más de un tercio de los miembros de esta Corporación.

Por eso, hablando siempre a título personal, debo recalcar esto; pido a los miembros de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia que estudien una nueva redacción de este artículo y la propongan a la Sala, al final de la sesión, junto con los otros dos preceptos que han quedado pendientes. Habría que redistribuir los 33. Diputados de la provincia de Santia go y los tres cargos de Diputados que se van a crear; de los cuales uno se le asignaría a Magallanes y dos a Aisén, que no tiene representación, ya que está anexado a la provincia de Llanquihue. No es posible que Santiago, que ya lo tiene todo - aquí están los Ministerios, Subsecretarías, las Direcciones de todos los servicios- aspire a quedarse con más de la tercera parte de la representación de esta Honorable Cámara.

Por eso, hago esta insinuación para que la Comisión considere nuevamente este artículo 37 y proponga una nueva redacción de él, a fin de que las provincias no se sientan menoscabadas.

Nada más.

El señor HURTADO (don Patricio).-

Señor Presidente, en verdad, todos debemos lamentar el debate que se ha suscitado, porque para la apreciación de este problema no se puede contraponer el interés de las provincias al estudio sereno de la disposición que tiende a resolverlo.

La enmienda establece la elección de un número fijo de Diputados que representen en forma proporcional la población del país. El espíritu de la reforma es que la representación de la Cámara se base en la población y la del Senado en el territorio número fijo de Diputados es de 150. En la Comisión, no ha existido el espíritu mezquino de quitarles Diputados a las provincias. La que yo represento, con los Honorables colegas Naudon y Vega, según el mecanismo, propuesto, perdería un Diputado, en circunstancias que es una de las más abandonadas del país y, tal vez, la que necesita mayor asistencia.

El señor OCHAGAVIA.-

¿Me permite?

El señor HURTADO (don Patricio).-

No se trata de repartir Diputados por provincias, como quien distribuye galletas, o de pedir a la Comisión que establezca otra distribución parlamentaria. Me permitiré volver a explicar, escuetamente, la disposición y pido que se agregue a mi intervención un cuadro de cifras que fue explicado en el seno de la Comisión y que aclara el sistema contemplado en la enmienda. No me niego a leerlo, ni tampoco a considerar la posibilidad de revisar el artículo, si la explicación que daré en seguida no es totalmente satisfactoria para los señores Diputados.

Señor Presidente, en esta disposición se sustituye el sistema de elegir Diputados por departamentos o agrupaciones de departamentos colindantes, por otro a base de provincias. Se exceptúa de esta norma a la provincia de Santiago, que se dividirá en cuatro agrupaciones electorales, formadas por departamentos y comunas colindantes que fijará la ley. Si se analizan las agrupaciones departamentales que sirven de base actualmente para la elección de Diputados, se podrá observar que, con excepción de los cuatro distritos de Santiago; de la provincia de Ñuble que forma dos agrupaciones, la de San Carlos e Itata, y la de, Chillán, Bulnes y Yungay; y la agrupación de Llanquihue y Aisén, en el fondo, existe una representación de tipo provincial y no una representación por departamentos o agrupaciones de departamentos, lo que demuestra que esta norma que propone el Ejecutivo, significa sólo ajustarse a la realidad.

El inciso segundo del artículo determina que "el número de Diputados que corresponderá elegir a cada provincia o circunscripción, en su caso, lo fijará la ley, aplicando un procedimiento" -ésta es la médula del problema- "que dé por resultado en la práctica una efectiva proporcionalidad en la representación de su población".

¿Sobre qué base se operará? Sobre la base de un número fijo de ciento cincuenta Diputados. Naturalmente, si hacemos variar las cifras básicas de representación, y dejamos fijo el número de Diputados que actualmente elige cada provincia, este sistema no podrá significar, en ningún caso, una disminución del número de sus representantes. Simplemente habría que hacer un cálculo matemático de cuántos Diputados más significa la aplicación de esta norma y aumentar, seguramente, el tope de 150 Diputados, para respetar ese derecho adquirido de las provincias.

Pero, con el propósito de salvar el inconveniente a que nos hemos referido anteriormente, en orden a que la elección de la mayor parte de los Diputados pueda corresponder a las provincias o zonas más densamente pobladas, se establece que ninguna de ellas podrá elegir más de 15 Diputados. Igualmente, para obviar el inconveniente inverso, es decir, que algunas de ellas pudieran quedar sin representación parlamentaria, el precepto establece que ninguna provincia elegirá menos de dos.

Pido al señor Presidente que recabe el asentimiento de la Sala, a fin de que se inserte el cuadro a que me he referido, en la versión oficial de la prensa y en el boletín de Sesiones.

El señor HURTADO (don Patricio).-

Señor Presidente, conozco desde hace mucho tiempo a mi Honorable colega señor Naudon. Por eso, no quiero interpretar sus palabras como una alusión de tipo personal. No creo que mi actuación en favor de la provincia que represento desmerezca por el hecho de estar exponiendo el acuerdo de la Comisión como Diputado informante. Naturalmente, mi deseo es que Máule mantenga sus tres Diputados.

Estoy señalando el mecanismo que podría permitir que las provincias que actualmente eligen pocos parlamentarios y tienen poca población, mantengan su representación. Pero estoy haciendo presente a la Cámara el problema que se plan- tea por el hecho de haberse fijado en 150 el número de Diputados. No habría inconveniente en aumentar el número de Diputados por provincia, siempre que esta cifra no varíe. La ley que se dictará más adelante fijará la representación proporcional que corresponderá a cada provincia.

En cuanto a la representación de la 10ª Agrupación Senatorial...

El señor HURTADO (don Patricio).-

La provincia de Magallanes elegirá dos Diputados, al igual que la de Aisén, que actualmente no elige ninguno.

Por lo tanto, pido que se incorporé en mi intervención este cuadro con los siguientes datos: el número de habitantes por provincias y la representación que correspondería elegir a cada una sobre la base de un Diputado por cada determinado número de habitantes.

El señor HURTADO (don Patricio).-

Sé que los Honorables colegas desean saber si este cuadro indica el número de Diputados que correspondería elegir a cada provincia. Lógicamente no, porque si en él se aplicara el sistema propuesto y el cuadro señalara el número de Diputados que cada provincia debe elegir, ya lo habría leído.

-Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor HURTADO (don Patricio).-

Este cuadro da el sistema, las normas conforme a las cuales se deberá dictar la ley que fije el número de Diputados que a cada provincia o circunscripción corresponda.

En consecuencia, pido que la Mesa recabe el asentimiento de la Sala para que se incorpore a mi exposición este cuadro y se hagan sacar las copias necesarias para que cada Diputado lo estudie por su cuenta.

Nada más, señor Presidente.

El señor OCHAGAVIA.-

Señor Presidente, después de haber escuchado las palabras del señor Diputado informante en defensa del principio contenido en la modificación al artículo 37, quiero manifestar que no comparto el planteamiento de la representación proporcional a la. población. A mi juicio, ésta es la inquietud fundamental que debe preocupar a la Honorable Cámara en este momento.

¿Qué ocurre en un país que tiene la geografía de Chile? Es agradable vivir en Santiago o en las provincias centrales, por sus buenas condiciones climáticas y administrativas, ya que en ellas se encuentran las autoridades de las cuales dependen los servicios públicos. No ocurre lo mismo en las provincias extremas del país, en especial las australes, donde el clima es adverso y las comunicaciones difíciles, razones que han ido provocando el despueble de aquellas regiones. La aspiración máxima de sus habitantes es abandonar dichas zonas. Esta es la trágica realidad.

La población de la provincia que represento, en censos efectuados desde hace diez años a esta fecha, no ha aumentado siquiera en un habitante; y ello, no obstante la tradición de que las familias de Chi- loé tienen muchos hijos. ¿Por qué sucede esto? Para los hijos de Chiloé resulta muy ingrato seguir viviendo en un clima frío; y no sólo, como decía el Honorable colega señor Guajardo, cruzan la frontera chilena para trabajar en Argentina, sino que también vienen a Santiago aquéllos que logran mejorar su situación económica. Algunos nos han dicho: "Señor Diputado, a la edad que tengo no puedo seguir viviendo en esta zona. Quiero irme a Santiago. ¿Me puede ayudar para conseguir un pequeño sitio donde construir una casa?".

Por eso cuando legislamos para modificar nuestra Carta Fundamental, debemos tomar en consideración estos factores climáticos al decidir si es justo aplicar a estas zonas una representación proporcional al número de habitantes.

En todo caso, quiero decir que en este momento no tiene tanta importancia conocer cómo se aplicará el cuadro mencionado ya que las disminuciones que según él se producirán en la representación de las provincias no serán las definitivas porque es evidente que esta disposición constitucional tiende a crear un proceso de centralización contrario al espíritu de la reforma anunciada por el Gobierno.

Por esta razón, creo que no podemos aceptar el reemplazo del artículo 37 en la forma propuesta, porque si hoy día la provincia de Valdivia o cualquiera otra ...

El señor HURTADO (don Patricio).-

Señor Presidente, celebro sobremanera la intervención del Honorable señor Ochagavía, que viene a plantear el debate en sus justos términos. Evidentemente, de eso se trata: de ser partidario u opositor del sistema proporcional a la población y de que la Cámara de Diputados tenga una representación territorial de acuerdo con las provincias, como se plantea. Es cuestión de criterio.

El artículo aprobado por la Comisión establece un sistema proporcional al número de habitantes en la forma que he tratado de explicar. No tengo criterio matemático; no entiendo nada de números como para entregar a la Honorable Cámara una apreciación exacta de cuántos Diputados elegiría cada provincia de acuerdo con este procedimiento. Naturalmente, si esta modificación se aprueba y se establece un número fijo de Diputados, algunas provincias aumentarán su representación y otras la disminuirán. Pero sobre ella tendrá que pronunciarse esta Honorable Corporación; y la ley fijará, en definitiva, el número de representantes que tendrá cada una.

El señor CAMUS.-

Señor Presidente, explicaré en forma breve la situación que se producirá en los departamentos de San Carlos e Itata, mencionados por el Diputado informante, con motivo de esta reforma constitucional.

San Carlos e Itata constituyen una agrupación departamental. Si se aprueba la disposición, desaparecerá esa agrupación de departamentos de la provincia de Ñuble, la cual, en lugar de los 8 Diputados que tiene actualmente, elegirá sólo 6. En consecuencia, San Carlos e Itata dejarían de tener peso electoral, porque su población con derecho a voto es muy inferior a la de los otros tres departamentos de la provincia, de Ñuble, que son Chillán, Bulnes y Yungay.

En el departamento de Itata, por ejemplo, gran parte del territorio permanece, durante cinco o seis meses, prácticamente aislado del resto de la población. Por lo tanto, si no damos a este departamento tan pobre, con una tradición agrícola de la cual no queda sino el recuerdo, la posibilidad de elegir un representante que plantee sus problemas ante las autoridades de la Administración Pública y en el seno del Parlamento, en la práctica estaremos abandonando a su suerte a todos sus habitantes. Lo mismo pasaría con San Carlos. Por eso soy enemigo y contrario, a esta reforma a la Constitución.

El señor OCHAGAVIA.-

Como argumento para la necesidad de que la provincia de Santiago aumente su número de representantes en proporción a la población, se ha citado el tremendo incremento que ésta ha tenido en los distintos distritos. Yo reconozco esta realidad, porque no hacerlo significaría estar ausente de lo que sucede en el país. Pero que, justamente, al establecer en la Carta Fundamental este principio, estamos como decía "remachando" la formación de una centralización.

Aquí se ha expresado que en Santiago las necesidades de servicios son mayores. Pero ¿no es un hecho que el Ejecutivo, las autoridades de Gobierno, están centralizadas en la capital? ¿No es una realidad que todos los servicios indispensables dependen de Santiago? ¿No es conveniente, por lo tanto, mantener un pequeño equilibrio con estas cuotas que corresponden a un censo anterior y que reflejan que fue Chile en otra época?

Por estas razones nosotros vamos a votar en contra de esta proposición.

He concedido una interrupción al Honorable señor Zepeda.

El señor ZEPEDA COLL.-

De acuerdo con el mecanismo que establece el nuevo artículo 37, en los distritos 2º, 3° y 4º de Santiago y en las provincias de Valparaíso, Concepción, Aisén y Magallanes - restando los 3 Diputados en que disminuye el Primer Distrito- se produciría un aumento de 24 Diputados. Pero como el número de Diputados para todo el país es sólo de 150, según el inciso primero que ahora discutimos, esos 24 cargos habrá que restarlos a las demás provincias.

El señor SOTOMAYOR.-

Son veintisiete cargos.

El señor ZEPEDA COLL.-

No se sabe todavía si la representación por la Isla de Pascua será aprobada.

O sea, veintisiete cargos tendrán que ser restados a las otras provincias del país. Habrá unas más perjudicadas, otras menos; pero en el hecho se perderá, como expresaba el Honorable señor Ochagavía, el equilibrio en cuanto a las influencias necesarias para contribuir al progreso de las diversas provincias. En Santiago existe mayor atención por parte de las diversas autoridades de los servicios públicos, las cuales se preocupan de dar la adecuada y conveniente asistencia a los sectores más poblados. En cambio, para que las provincias lejanas reciban los beneficios del progreso, muchas veces es necesario que algún parlamentario exponga ante las autoridades administrativas de Santiago los problemas de su zona.

Estas son razones de orden práctico, y concuerdan con las apreciaciones del Honorable señor Ochagavía. En consecuencia, rechazaremos esta modificación.

El señor OCHAGAVIA.-

Con relación a la cifra de 27 Diputados señalada por el Honorable señor Zepeda, llamo la atención de los parlamentarios de provincia hacia el hecho de que la aplicación de la enmienda constitucional propuesta, podría significar, en diez años más, no ya restar 27 cargos a las provincias, sino el doble de esa cantidad, porque la única limitación sería el máximo de 15 Diputados, fijado en el inciso segundo, por provincia o circunscripción. En tales circunstancias, todos los distritos de Santiago podrían tener 15 cargos y lo mismo sucedería en uno o dos provincias, posiblemente. Ese es el significado de esta modificación. . .

He concedido una interrupción al Honorable señor Garay.

El señor GARAY.-

Sólo ocuparé un minuto.

He procurado sacar algunas cuentas, y puedo decir que los resultados de esta representación proporcional serían los siguientes: el Primer Distrito de Santiago bajaría su representación de 18 a 15 Diputados; el Segundo Distrito, de 5 subiría a 12; el Tercer Distrito, de 5 aumentaría a 15; y el Cuarto Distrito, de 5 llegaría a 8. Total Santiago tendría, en los cuatro distritos, 50 Diputados.

El señor AYLWIN (don Andrés).-

No es así. Honorable colega; está en un error.

El señor GARAY.-

En seguida, Valparaíso, con cerca de 800 mil habitantes, pasaría a completar la cuota de 15 Diputados, en lugar de sus 12 actuales; y Concepción, con cerca de 750 mil habitantes, llegaría también a obtener la cuota de 15, en vez de sus 10 actuales. O sea, entre Valparaíso y Concepción coparían 30 cargos más.

El señor HURTADO (don Patricio).-

Señor Presidente, creo que es bastante difícil encontrar una solución justa y adecuada a este problema. Pero me parece que una manera de resolverlo sería fijar a cada uno de los cuatro distritos de Santiago un número máximo de Diputados, que podría ser, por ejemplo; diez. De acuerdo con esto, habría una cantidad de cargos para repartir por provincias, de tal manera que no bajara la representación actual de ninguna de ellas. Si la Cámara aprobara una modificación de esta naturaleza, podríamos llegar a una solución ecuánime del problema e incluso podrían coincidir las cifras.

En esta materia es necesario tener un criterio determinado. Si el propósito nuestro es dar una representación proporcional a la población, podemos llegar a un número inmenso de Diputados, que prácticamente no cabrían en este hemiciclo. Ahora podrían ser 170; pero en el futuro esta cifra tendría que variar de acuerdo con el número de habitantes del país.

En cambio, estimo que la solución del problema sería establecer la cantidad de- 150 Diputados, señalar que la provincia de Santiago no podrá elegir más de 40, fijar un número máximo a dos o tres más, como Valparaíso y Concepción, y entregar a la ley la distribución del resto de los cargos entre todas las demás provincias, de manera que no variara la representación actual de ninguna de ellas.

Si la Cámara aprobara este criterio, la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia no tendría inconveniente en buscar el procedimiento para dar a esta disposición la redacción adecuada.

Nada más.

El señor MILLAS.-

Señor Presidente, desde hace mucho tiempo, los parlamentarios comunistas hemos venido planteando la necesidad de que se cumpla el artículo de la Constitución vigente que establece la proporcionalidad en la composición de la Cámara.

Para nosotros, es éste un asunto de representación lugareña. El parlamentario comunista no se siente Diputado de Bío- Bío, Chiloé o Tarapacá, del primero o del tercer distrito de Santiago, sino Diputado nacional, de una colectividad, en relación con los intereses generales del país. Sin desmedro de nadie, debo decir con franqueza y con sinceridad que un Diputado comunista consideraría vergonzoso anteponer, a la composición del Parlamento, la posibilidad de su reelección, en relación con el número de parlamentarios que pudiese o no elegir una zona.

Muchos señores Diputados del período anterior recordarán que, cuando era Comité el colega Jorge Montes, representante de provincia, interpretó el pensamiento unánime de los Diputados comunistas de los cuatro distritos de Santiago, así como de todos los de provincias, al plantear que no se debían establecer nuevas industrias en Santiago. Cuando esto se señaló aquí como una querella entre las provincias y Santiago, los Diputados comunistas de Santiago, junto con los de provincias votamos por lo que era conveniente para el interés nacional, esto es, por la descentralización de la industria.

Se plantea que Santiago seguiría teniendo cada vez más población y mayor cantidad de parlamentarios. A esto nosotros respondemos que en el texto propuesto se establece la limitación del máximo de quince Diputados, lo que ya rompe la estricta proporcionalidad en la composición de la Cámara. Pero, además, se trata de que el problema de la absorción de gran parte de la población de Chile por Santiago no se resolverá con que a Santiago se le den menos Diputados, ni con establecer una separación artificial entre la forma en que el electorado vota para Presidente de la República y aquélla en que lo hace para integrar el Congreso, al dar a éste una composición no estrictamente proporcional a la población. La solución es muy simple, a través de una política nacional, que no sea excluyente de ninguna provincia; a través de una política nueva y verdaderamente revolucionaria, de transformaciones y de cambios, que tienda a desarrollar actividades nuevas en las provincias, para que ellas se vayan poblando y tengan, no sólo una mayor representación, no artificial, en el Parlamento, sino una mayor participación efectiva en la economía, en la cultura y en la vida toda de Chile.

Los parlamentarios comunistas no podemos considerar esto desde un punto de vista parcial. Por eso, interpretando cabalmente él pensamiento de nuestro partido, el Honorable colega señor Tejeda había anunciado que nos sentíamos disconformes con la nueva redacción propuesta por la Comisión, por cuanto ella excluye la representación de la Isla de Pascua. Ninguna de las argumentaciones dadas en esta materia ha podido refutar los planteamientos del Honorable señor Tejeda. La verdad es que en razón de ser el nuestro un país abierto a los mares, abierto al Pacífico, y con tradición marinera, es de incuestionable interés el hecho de que aquella porción de territorio, incorporada a Chile hace tanto tiempo, tenga aquí un representante y se vincule de este modo al continente. Se ha argumentado en el sentido de que en esto habría un problema de carácter racista o algo por el estilo. No es así. De lo que se trata es de lograr una integración de conjunto del país.

Se ha planteado el caso de las provincias más pequeñas y atrasadas. Pero el texto constitucional propuesto fija un mínimo de dos Diputados para aquellas provincias que, por motivos especiales, tengan una población demasiado exigua. Esto ya significa un avance, por cuanto ni Aisén, que hoy día carece de representación, ni Magallanes, que tiene un solo Diputado, continuarán en las condiciones actuales.

Como la representación de la Isla de Pascua no está en este texto, nosotros pensábamos votar por el primer informe. Pero, después de debatir el problema de acuerdo con el criterio general con que observamos esta reforma constitucional, debemos decir que tenemos el temor de que pueda darse un espectáculo que, en verdad, no sería conveniente para la Cámara, si se rechaza este artículo, que establece una representación parlamentaria acorde con el espíritu de toda la Constitución, en cuanto da a la Cámara fiscalizadora, a la Cámara política una composición proporcional, en lo fundamental, a la efectiva población del país, y atiende a aquellas situaciones excepcionales, como la de las provincias más pequeñas, a las cuales les fija un mínimo de dos Diputados. Otra situación especial es, sin duda, la de la Isla de Pascua, a la cual nosotros habíamos propuesto darle también representación.

Pues bien, los Diputados comunistas no votamos en consideración a si un distrito, o una provincia, se beneficia o se perjudica. Los del primer distrito de Santiago aceptan que se rebaje su representación de 18 a 15, a pesar de que, por su población, le correspondería una mayor. El criterio nuestro me ha tocado explicarlo a mí, que represento a un distrito al cual se le asigna un número más justo, pero en todo caso inferior al que le correspondería, según su población. Los de aquellas provincias en que habrá disminución del número de Diputados aceptan la nueva fórmula, porque con ella se da a la Cámara una integración nacional más representativa, en su conjunto.

El criterio de todos los Diputados comunistas es que no se debe continuar con aquel tipo de politiquería que ha dado lugar a tanta burla en el país. Muchas veces no se han aprobado los censos, porque ha faltado en la Cámara el voto de tal o cual Diputado, de esta o la otra provincia, que ha sacado sus cálculos y ha visto que ello lo perjudicaba.

Por eso, con criterio nacional, ante el peligro de que se rechace esta disposición, que corresponde al propósito general de la reforma constitucional, que pone al día, en lo que a la integración de la Cámara se refiere, aquello que ha estado siempre contenido en el espíritu de la Constitución chilena, y porque creemos que se debe llevar a la práctica, a la realidad, una representación verdaderamente proporcional, votaremos favorablemente la disposición del segundo informe presentado por la Comisión.

He dicho.

El señor FUENTES (don César Raúl). -

Señor Presidente, hasta el momento, había guardado deliberado silencio en esta materia, porque soy de provincia, y no me avergüenzo de decirlo, frente a las muy brillantes y muy fundadas palabras del colega Millas.

Sin embargo, tengo una posición muy clara. Se ha hablado de que existe centralismo en el país. A mi juicio, es así. Pero existe también el centralismo provinciano. Por eso, estoy en desacuerdo con nuestra ley electoral, que ha establecido un sistema diferente del que indica el inciso primero del artículo 37 de la Constitución Política en vigencia. Si los Diputados se eligieran por departamentos o agrupaciones de departamentos, el sistema de la proporcionalidad, en relación con la población, funcionaría perfectamente.

Planteé esto ante el Consejo Nacional de mi partido, pero no triunfó mi proposición. Como debo ser leal con el procedimiento que yo mismo elegí, no puedo seguir argumentando, porque mi partido me señaló un criterio bastante claro, en el sentido de que, en este aspecto, podía abstenerme.

Al oír mencionar a la provincia de Ñuble y a sus dos circunscripciones electorales, he tenido que romper el deliberado silencio que había mantenido hasta el momento, para dejar en claro mi criterio y el procedimiento que he seguido con el propósito de hacer triunfar mi línea.

Muchas gracias.

El señor RAMIREZ.-

Señor Presidente, votaré favorablemente la enmienda del artículo 37 de la Constitución, haciendo fe en que se resguardará debidamente el derecho de las provincias que representamos en el Parlamento y que han sido permanentemente postergadas por el centralismo que siempre ha existido en este país, causa fundamental y profunda de la crisis que ellas sufren hoy día y que Su Excelencia el Presidente de la República conoce y planteó reiteradamente a través de su campaña electoral.

Voy a dar un solo ejemplo de la forma en que el centralismo absorbe la vida provinciana. ¿Qué ocurre en el Servicio Nacional de Salud? Que un solo hospital de Santiago, el José Joaquín Aguirre o el San, Juan de Dios, tiene un presupuesto equivalente al doble del que, en materia de salud pública corresponde a todas las provincias del centro del país, a Talca, Curicó. Linares y Maule juntas.

Sin embargo, votaré favorablemente esta reforma del artículo 37 de la Constitución, porque tengo fe en que el Presidente de la República y los hombres que hoy nos gobiernan resguardarán los intereses de todo el país.

El señor ACUÑA.-

Señor Presidente, sólo deseo levantar mi voz para expresar en forma muy breve, que, de aprobarse la enmienda al artículo 37, tal como la ha explicado el señor Diputado informante se sancionaría lamentablemente, una especie de "harakiri" para las provincias. Estas no tienen la culpa de que, por razones de todos conocidas. Santiago y algunas otras ciudades, como Valparaíso y Concepción, hayan experimentado un desarrollo extraordinario, en desmedro fundamentalmente, de la economía de otras zonas del país.

Aquí no se trata, simplemente, como decía el Honorable señor Millas, de ser Diputado nacional o regional. Creo que no hay antinomia entre los dos conceptos. Todos tenemos obligaciones frente al proceso legislativo que afecta a la patria; pero es indudable que, dentro de un régimen centralizado y de gobierno unitario, como el nuestro, no puede regir en forma exacta un sistema proporcional en relación a la población, porque este método se ha ideado más específicamente para países que tienen un gobierno federal, descentralizado.

Los Diputados de provincia, aparte de su responsabilidad legislativa general, tienen que actuar en un sinnúmero de problemas, cuya solución deben buscarse en Santiago, a través del Parlamento, o en los Ministerios, los servicios públicos y organismos institucionalmente centraliza- dos.

Esta es una realidad. Por ello estimo que la fórmula constitucional que debe quedar consagrada ahora debe adaptarse no solamente a sistemas teóricos y de fórmulas rígidas, sino también, a la realidad económica y social del país.

En consecuencia, quiero expresar que no estamos de acuerdo con esta enmienda al artículo 37, de la Constitución y que, en defensa fundamentalmente de la vida regional de nuestras provincias y de todo el país, debe buscarse otro sistema de representación, que considere en forma integral todos los intereses de la patria.

Nada más'.

El señor FUENTEALBA.-

Señor Presidente, ya se ha hablado mucho y se ha abundado en razones para expresar que las provincias quedan postergadas con este sistema.

Quiero señalar que para el cálculo de la proporcionalidad en el número de parlamentarios, no se ha tomado en cuenta la explosión demográfica. En efecto, se han considerado las cifras del censo de 1960, en circunstancias que algunas provincias han aumentado su población. En consecuencia, esos cálculos no representan la realidad actual.

La provincia de Coquimbo figuró, en el curso de 1960, con 318.000 habitantes; y, de acuerdo con los índices de aumento de la población, hoy día debe tener más de 360.000. Según la ley actual, tiene derecho a elegir 7 Diputados; pero, en conformidad con el censo de 1960, sólo podrá tener 6, a pesar de que realmente le correspondería elegir 7.

Creo, que estos antecedentes, deben ser tomados en cuenta para resolver el asunto que estamos debatiendo.

El señor ARAVENA (don Jorge).-

Señor Presidente, me parece que la mayor dificultad para encontrar la ecuación que resuelva este problema parte del precepto contenido en una de las primeras disposiciones de este artículo, pues establece que solamente debe aumentarse a 150 el número de Diputados.

Es inconcebible que en un país en pleno crecimiento, donde están aumentando los problemas en todo el territorio, seamos mezquinos para determinar el número de representantes que debe venir a la Honorable Cámara justamente a estudiar y discutir los problemas que se van creando día a día. Creo que, si se aumentara proporcionalmente el número de Diputados, en vez de limitarlos a 150, este problema se reduciría, naturalmente, a crear cargos en las regiones donde ahora no hay parlamentarios, sin que en caso alguno ello significara disminuir el actual número de representantes que tiene cada agrupación.

Yo no sé, en realidad, qué pasaría con aquellas provincias que por su extensión y por sus dificultades de todo orden, como muy bien se ha señalado esta tarde, están en inferioridad, de posibilidades con respecto a las grandes ciudades, que cuentan con toda clase de medios y elementos administrativos. ¿Qué puede decir aquel ciudadano que se encuentra desprovisto hasta de los más mínimos elementos? ¿Cómo, si no hay representantes de esa gente, vamos a poder afrontar sus problemas? Aún más, sabemos que el actual Gobierno quiere ir a una descentralización, no sólo en el aspecto administrativo, sino también en el industrial y en los de todas las actividades, lo cual hace más vital la representación popular.

Creo que es necesario dar solución a este problema, aun cuando para ello debamos agrandar este hemiciclo. En realidad, resulta inconcebible que nos encontremos limitados por un hecho material, cual es la falta de asientos, para establecer en la Constitución Política del Estado la verdadera representación parlamentaria que corresponde a nuestro país. Creo que si somos un pueblo en crecimiento, en vías de progreso, no tenemos por qué ser mezquinos en este sentido. Debemos abordar el problema en su real magnitud sin perjudicar la representación actual de las provincias.

Señor Presidente, he concedido una interrupción al Honorable señor Lorenzini.

El señor LORENZINI.-

Señor Presidente, frente al problema que se está discutiendo, indudablemente hay algo más en la mente de los Diputados de provincia.

Nosotros tenemos una misión fiscalizadora y legisladora. Pero, tal como está constituido política y administrativamente y como va a estarlo en un futuro próximo, el parlamentario es para los habitantes de provincia el medio para obtener lo que necesitan. Nosotros desarrollamos una labor complementaria que no tienen los parlamentarios de Santiago, cual es la dé hacer oír la voz, las inquietudes y las necesidades de los hombres de provincias, que no pueden hacerlo por sí mismos, dada la lejanía y el dispendio que les significaría venir a la capital.

La democracia tiene sus reglas internas de juego, las que deben ser respetadas; y vale la pena hacerlo.

El Diputado que habla y muchos otros parlamentarios de la Democracia Cristiana consideramos que la enmienda en debate está en desacuerdo con nuestra apreciación del problema. No tratándose de algo doctrinario y de conciencia, creemos que, para que juegue la democracia, la minoría -nosotros, en esta oportunidad- debe someter su criterio a la mayoría.

En consecuencia, acatamos lo que democráticamente nuestro partido ha acordado apoyar el proyecto de ley de reforma constitucional en la forma en que ha sido aprobado por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, sin perjuicio de hacer uso, en el camino que aún debe recorrer esta iniciativa en el Senado, de aquellos recursos que nos permite nuestra dinámica interna, para tratar de modificar y adecuar sus disposiciones a la realidad.

Creemos que no sólo debe pesar el factor población en el estudio de este asunto, sino también el elemento territorial, en este país tan largo.

En consecuencia, votaremos favorablemente el proyecto en la forma establecida.

El señor CANCINO.-

Señor Presidente, no podría quedarme callado cuando se debate un problema que considero trascendental para las provincias.

En muchas oportunidades, hemos expresado en esta Corporación nuestra opinión sobre esta materia, la cual hemos visto hoy día confirmada en las diferentes expresiones de los Honorables colegas que con tanto calor y razón están defendiendo a las provincias. Es un hecho' innegable, a pesar de que mi Honorable colega señor Millas dice que sólo los Diputados comunistas son parlamentarios nacionales, que nosotros, los democratacristianos y todos los que constituimos esta Honorable Cámara, también somos Diputados nacionales. Pero no podemos negar que tenemos un compromiso particular con las provincias que representamos, por cuanto conocemos mejor sus problemas y podemos, luchar por obtener las soluciones adecuadas, ya que para eso nos han elegido en sus representantes.

Existe centralismo. Mi Honorable colega señor Ramírez se ha referido a uno de sus aspectos, y tiene toda la razón. Más del 50% del presupuesto del Servicio Nacional de - Salud corresponde a la provincia de Santiago. Hace algunos años, en la Comisión Mixta de Presupuestos, presenté indicación para que los recursos destinados a ese servicio se distribuyeran en proporción a los problemas de salubridad y a la población carente de atención médico-social en el país. En esa ocasión, tuve el agrado de contar con el apoyo de los parlamentarios del FRAP, pero no se logró la mayoría necesaria para imponer ese criterio, que considero justo.

Por eso, considero atinada la proposición hecha por el Diputado informante. Honorable señor Patricio Hurtado, en el sentido de establecer un número máximo' de Diputados para las provincias de Santiago, Valparaíso y Concepción, y que en el resto del país se distribuyan en proporción a la población. El Honorable colega ha pedido que, antes de votar la enmienda que estamos debatiendo se estudie a conciencia nuevamente en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia para pronunciarnos sobre ella el final de la sesión.

Considero lógica esa petición y, por esa razón, solicito de la Mesa que recabe el asentimiento de la Sala para proceder en esta forma.

Nada más, señor Presidente.

El señor SANTIBAÑEZ.-

Señor Presidente, seré muy breve para referirme a este problema. Estimo que para que la ciudadanía esté adecuadamente representada en el Parlamento, debe establecerse un sistema basado en la población, y que permita la elección de representantes de las distintas ideologías políticas e intereses de las provincias.

La forma en que está concebido este artículo que se propone en reemplazo del 37 de la Constitución Política, me parece conveniente, porque da representación real a las ideas, partidos políticos e inquietudes ciudadanas de todo Chile que los parlamentarios personificamos.

Pues bien, en virtud de la reforma que se propone, la provincia de Magallanes, que apenas tiene un Diputado, tendrá una representación mucho mayor en relación al número de sus habitantes, esto es, dos Diputados.

Aisén, que nunca he tenido representación directa, ahora la va a tener.

En ningún caso una provincia tendrá menos de dos Diputados.

El problema podría obviarse si nosotros agregamos a la indicación formulada por la Comisión de Constitución Legislación y Justicia un pequeño acápite, que diga que los 4 distritos de Santiago no podrán aumentar, en el futuro, la representación que les corresponde de acuerdo con esta enmienda. En esa forma, los 4 distritos contarán siempre con no más de 50 Diputados, y todo el resto del país tendrá derecho a los otros 100 Diputados.

El señor SANTIBAÑEZ.-

Por último, como modo de obviar este problema, dejo hecha esta proposición para que la Cámara se sirva considerarla.

En todo caso, quiero referirme a la representación de la Isla de Pascua. No soy partidario de darle una diputación a la reducida población de esta Isla, porque 500 personas no tienen por qué tener representación aparte en el Parlamento de Chile. Si se le da a la Isla de Pascua esta representación, no habría ninguna razón para negársela a la de Juan Fernández.

Señor Presidente, le ruego que solicite el asentimiento de la Sala para establecer que la representación de Santiago no podrá aumentar en el futuro, a fin de obviar estos problemas.

El señor HURTADO (don Patricio).-

Señor Presidente, ¿por qué no solicita el acuerdo de inmediato?

Bien. El artículo 39 de la Constitución, que determina las atribuciones exclusivas de la Cámara de Diputados, fue objeto de fundamentales enmiendas, que se refieren a las esferas de acción de ellas, al juicio político y a la fiscalización

En primer término, se modifica el párrafo final de la letra b) que establece la exigencia del permiso para que los Ministros de Estado puedan ausentarse del país. La reforma hace un claro distingo entre el caso del Ministro que ha sido objeto de una acusación constitucional, y el del que no lo ha sido. Sólo en el primer caso, un Ministro no podrá ausentarse del territorio nacional sin permiso de la Cámara o, en receso de ésta; de su Presidente.

Pero, si la ausencia de un Ministro fuere por más de 10 días se requerirá igual autorización. Esta última disposición tiene por objeto evitar que, en el futuro, los Ministros de Estado tengan que obtener la autorización de la Cámara para poder ausentarse del país en forma temporal, ya que, en el ejercicio de su cargo, muchas veces se ven obligados a hacerlo en cumplimiento de deberes protocolares.

También se había agregado una letra f) nueva. En el texto del primer informe de la Comisión, para hacer aplicable el juicio político a los Ejecutivos de los servicios funcionalmente descentralizados por infracción a la Constitución, atropellamiento o inejecución de las leyes orgánicas del servicio respectivo, malversación de fondos públicos y concusión. La Comisión resolvió eliminar, en este segundo trámite, este precepto, en consideración al hecho de que se introducía un factor político en los servicios de la administración -del Estado, que todo aconseja evitar.

La sustitución que se propone en el inciso final de esta atribución primera del artículo 39 tiene por único objeto perfeccionar la redacción de la disposición, manteniendo su espíritu.

La segunda de las enmiendas introducidas en este artículo 39 de la Constitución, y quizás la principal, se encamina al perfeccionamiento de la facultad fiscalizadora de la Cámara de Diputados, establecida en la atribución segunda de este artículo.

En primer término, cabe mencionar que se ha extendido la facultad de fiscalizar aun los actos de la Administración, concepto que comprende tanto a la administración centralizada como a la descentralizada. Es conveniente hacer notar, la importancia que, en la actual organización del Estado, tiene la administración descentralizada, que alcanza aproximadamente al 35% del total de la inversión pública.

En seguida, se ha introducido una norma que viene a llenar un vacío manifiesto del sistema vigente. En efecto, se obliga a los Ministros de Estado a dar respuesta a las observaciones o acuerdos que les trasmita la Corporación. Para ello, la ley establecerá el plazo dentro del cual deberá contestarse por el Ministro la interpelación correspondiente y, asimismo, la sanción para el caso de que no lo haga.

Por último, en virtud de la letra d) de esta atribución 2ª, se otorga reconocimiento constitucional a las Comisiones Investigadoras, que cumplen una misión importantísima como manifestación de la facultad fiscalizadora que compete a la Cámara de Diputados; pero cuyos resultados prácticos, hasta la fecha, han sido muy limitados, aunque yo diría que la Comisión Investigadora de las armadurías de televisores y de la industria de automotrices, ha sido una honrosa excepción en esta materia. El nuevo precepto constitucional dice que estas Comisiones podrán ser designadas "para que reúnan todos los antecedentes que juzguen necesarios sobre un determinado aspecto del estado administrativo o político de la nación, e informen sobre el particular a la Cámara". Se completa la disposición estableciendo que dichas Comisiones tendrán las atribuciones y el imperio que les fije la ley, lo que significa que será preciso, en cumplimiento de tal mandato constitucional, dictar la norma legal correspondiente, que les permita desarrollar su acción eficazmente.

Es cuanto puedo informar al respecto, señor Presidente.

El señor LORCA (don Gustavo).-

Señor Presidente, los Diputados de estos bancos consideramos fundamental la reforma introducida en el artículo 39 de la Constitución Política del Estado. Nosotros somos partidarios, en doctrina, del robustecimiento del poder del Presidente de la República, porque estimamos que, dentro del sistema presidencial que impera en Chile, es él quien debe regir, en su plena acepción, los destinos del Estado; pero, al mismo tiempo y dentro del contrapeso y equilibrio de poderes que debe existir en toda Carta constitucional, consideramos que el Congreso Nacional, sobre todo la "Cámara política", debe estar también investido de aquellas facultades que le permitan controlar el amplio poder que ejerce el Primer Mandatario dentro de este régimen presidencial.

Por lo tanto, las dos innovaciones que se hacen en el inciso segundo del artículo 39 de la Constitución, que se refieren a la obligación de los Ministros de Estado de contestar, dentro de un plazo determinado y so pena de una sanción que fijará la ley, los acuerdos y observaciones que se les trasmitan por la Cámara, y a la designación de Comisiones investigadoras, con el imperio y las facultades que les señalará la ley, pueden significar un franco adelanto en la actividad fiscalizadora de la Cámara política y, al mismo tiempo, el contrapeso para el equilibrio de poderes que debe existir en nuestra organización institucional.

Echamos de menos una disposición que debió haberse consultado, cual es la relativa al control de las inversiones públicas del sector de las entidades semifiscales y descentralizadas. Este importante rubro de ingresos fiscales, que llega al 35%, como acaba de confirmarlo el señor Diputado informante, debió quedar bajo la fiscalización de la Cámara de Diputados. Desgraciadamente, la indicación correspondiente fue rechazada en la Comisión.

Por las razones que acabo de anotar, los Diputados de estos bancos daremos nuestra aprobación a la modificación que hemos analizado.

Nada más, señor Presidente.

El señor HURTADO (don Patricio).-

Señor Presidente, el artículo 40 del texto constitucional vigente determina que el Senado se compone de miembros elegidos en votación directa por las nueve agrupaciones provinciales que fija la ley, en atención a las características socio-económicas de las diversas regiones del país, y la 5ª disposición transitoria señala la composición de las nueve agrupaciones provinciales.

La modificación aprobada eleva a diez las agrupaciones provinciales. El artículo 4° transitorio del proyecto de reforma constitucional en debate determina que la novena agrupación provincial estará formada por las provincias de Valdivia, Osorno y Llanquihue; y la décima agrupación, por las de Chiloé, Aisén y Magallanes.

La superficie de la novena agrupación será de 45.913,9 kilómetros cuadrados; y el número de sus habitantes, de 571.470.

La superficie de la décima agrupación será de 262.630,9 kilómetros cuadrados; y el número de habitantes, de 210.339.

La necesidad de dividir la actual novena agrupación, cuya superficie es de 308.000 kilómetros cuadrados se demuestra plenamente si se tiene presente la enorme  extensión territorial que comprende, que es dieciocho veces más grande que la provincia de Santiago, y veinte veces más extensa que la agrupación de Aconcagua y Valparaíso. Por otra parte, la abundancia de sus riquezas mineras y de la ganadera y agrícola, hacen conveniente separar esta zona socio-económica, de manera que sus intereses se hagan valer mejor ante los Poderes públicos.

Tengo en mi poder dos interesantes estudios realizados sobre la importancia económica y los imperativos geopolíticos que determinan la conveniencia de velar por el desarrollo de la zona de Chiloé, Aisén y Magallanes. No obstante, no deseo cansar a la Honorable Cámara con mayores antecedentes sobre esta materia, respecto de la cual ya hablé en el primer informe. Quedo a disposición de los señores Diputados para evacuar cualquier consulta sobre el particular.

El señor MILLAS.-

Señor Presidente, los Diputados comunistas formulamos indicación a fin de que se procediera a la elección nacional del Senado de la República.

En la discusión previa habida en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, señalamos nuestra preocupación por el hecho de que pueda producirse una distorsión cada vez mayor en la representación nacional al elegirse, sobre distintas bases, al Presidente de la República, la Cámara de Diputados y el Senado, pudiendo dar lugar a que aparezcan representaciones distintas que, en algunas circunstancias, se manifiesten en formaciones políticas visibles.

Por estas razones, nosotros hemos sido partidarios -si no se procede a la elección nacional del Senado- de una fórmula flexible, como la aprobada por el Parlamento anterior en una reforma constitucional y que permite que haya un número diferente de representantes de las diversas zonas del país, a fin de que todas ellas estén presentes en el Senado de la República. En todo caso, preferimos se vaya directamente a la (integración de un Senado nacional.

Hemos estado llanos a considerar una u otra variante. Desgraciadamente, el mero agregado de una nueva agrupación provincial exactamente en las mismas condiciones que las anteriores, o sea, sin ninguna flexibilidad, no resuelve el problema que existe actualmente, sino que lo agrava. Por otra parte, mientras se mantenga el criterio de que el Senado esté integrado sobre la base de las diversas zonas geográficas, es indudable la razón que asiste para considerar que se desea que también esté integrado por esta décima agrupación.

Lo lamentable es que no se ha dado una solución de conjunto al problema del Senado de la República.

Por último, a fin de no manifestar en esta materia una disconformidad ajena a nuestro ánimo, partiendo del principio de que reconocemos que, en realidad; la región comprendida por las provincias de Chiloé, Aisén y Magallanes es una zona geográfica; pero, no sintiéndonos satisfechos de la forma en que quedará integrado, en su conjunto, el Senado de la República, debemos anunciar que nos abstendremos de votar la modificación al artículo 40.

He dicho.

El señor OCHAGAVIA.-

Señor Presidente, deseo expresar, en forma muy breve, que los Diputados conservadores votaremos favorablemente la modificación propuesta por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia al artículo 40. Nos parece que esta medida constituye un paso importante en beneficio de la zona formada por las provincias de Valdivia, Osorno, Llanquihue, Chiloé, Aisén y Magallanes que hoy es representada sólo por cinco señores Senadores. Es evidente que el actual número de Senadores no está en condiciones de atender eficientemente esta enorme zona que, además de extensa, es la que tiene peores medios de comunicación de todo el país.

Por esta razón, los Diputados conservadores apoyaremos esta reforma, que, tal como ha sido aprobada por la Comisión, significa dejar a las provincias de Valdivia, Osorno y Llanquihue, que corresponden a una zona geográfica definida, justamente en una unidad y, a la décima agrupación que se crea, con las provincias de Chiloé, Aisén y Magallanes, en otra unidad. Consideramos que esta disposición, junto con lo que significa la aprobación de las enmiendas al artículo 37, en los aspectos que no fueron impugnados por nosotros, es decir, en lo que se refiere a entregarle a la provincia de Aisén una representación parlamentaria que no tiene y aumentar la de la provincia de Magallanes a dos Diputados, constituyen un aporte importante al espíritu que señalaba el Diputado que habla, en relación al problema de proporcionar a las provincias australes una mejor representación y atención.

Es todo lo que quería decir, señor Presidente.

El señor HURTADO (don Patricio).-

Señor Presidente, creo que las razones dadas para justificar la creación de la décima agrupación provincial son suficientes, por lo que sería muy difícil agregar algo más.

No obstante, deseo manifestar que para quienes hayan recorrido esa zona, para quienes hayan compartido los problemas que a diario hacen presentes los habitantes de regiones tan abandonadas como Porvenir, Puerto Natales, Coihaique, Balmaceda, tienen que pesar poderosamente en su ánimo estas circunstancias para considerar de toda conveniencia proporcionarles una mayor asistencia y representación.

Si nosotros pensamos que en otros lugares de la tierra, en una extensión geográfica menor que la que representan las provincias de Valdivia, Osorno, Llanquihue, Chiloé, Aisén y Magallanes, las que, como dije, abarcan una superficie superior a los 308.000 kilómetros cuadrados, saben países como Noruega, Dinamarca, Suecia, Suiza e incluso Alemania, que han logrado un alto grado desarrollo y que han influido poderosamente en la vida económica del mundo, podemos llegar a la conclusión de que de Puerto Montt al sur existe un nuevo territorio nacional que está por descubrirse.

Por esta razón, yo me atrevo a recabar el asentimiento de los señores Diputados para que demos una mayor representación a esta zona. Estoy seguro de que sucederá lo mismo que ocurrió en Magallanes, cuando de territorio se transformó en provincia, con su primer Diputado el señor Manuel Chaparro, en 1937. Como consecuencia de la aplicación de esta medida, se ha logrado un desarrollo extraordinario y se han cumplido las grandes metas que se fijaron los regionalistas de Magallanes. Estoy cierto de que con esta medida de justicia que va a adoptar la Cámara, al permitir a esta extensa y rica zona chilena una mayor representación en el Senado, contribuiremos poderosamente al desarrollo económico regional que tanto derecho tienen a exigir sus habitantes.

Nada más, señor Presidente.

El señor SILVA ULLOA.-

Señor Presidente, los parlamentarios socialistas votaremos favorablemente la modificación al artículo 40 de la Constitución, aprobada por el segundo informe de este proyecto, en virtud de lo cual se crea una nueva agrupación provincial, porque comprendemos las razones que se han dado, en cuanto a la extensión del territorio de la 9ª agrupación senatorial. Sin embargo, deseo hacer presente que esta no es nuestra posición definitiva en esta materia, porque mi partido estudia un problema que viene ocupando su atención, desde hace mucho tiempo. En efecto, nosotros somos partidarios de que el Senado tenga una representación nacional, de acuerdo con las altas funciones que desempeñan sus miembros.

-Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor ISLA (Vicepresidente).-

Ruego a los señores Diputados se sirvan guardar silencio y tornar asiento.

El señor SILVA ULLOA.-

El artículo 41 de la Constitución, que no ha sido modificado, establece las atribuciones exclusivas del Senado. Entre ellas podemos mencionar las siguientes: conocer de las acusaciones que la Cámara de Diputados entable con arreglo al artículo 39; decidir si ha o no lugar a la admisión de las acusaciones que cualquier individuo particular presente contra los Ministros, con motivo de los perjuicios que pueda haber sufrido injustamente por algún acto de éstos; otorgar las rehabilitaciones a que se refiere el artículo 9º de la Constitución Política; prestar su asentimiento para la designación de los oficiales Superiores del Ejército y la Marina; y, aprobar el nombramiento de los Embajadores y Ministros Diplomáticos.

Señor Presidente, dada la gran importancia de las funciones del Senado de la República, nosotros creemos que debe tener una representación nacional. Por este motivo, esta materia está siendo objeto de serios estudios en nuestro partido. Pero, mientras se realizan dichos estudios, votaremos favorablemente la modificación propuesta por la Comisión.

El señor MILLAS.-

Señor Presidente, como señalé en nombre de nuestro partido, en la discusión de este artículo, los Diputados comunistas no hemos querido votar en contra de él. Estimamos absolutamente justo que se considere como una zona del territorio nacional y que, de acuerdo con la actual estructura del Se-, nado de la República, les corresponda una representación directa en su seno, a las provincias de Chiloé, Aisén y Magallanes.

Pero, por otra parte, observamos que la composición del Honorable Senado de la República debiera ser modificada con ocasión de la actual reforma constitucional que estamos considerando.

Hemos hecho notar, con el mismo criterio que hemos mantenido con respecto a la representación en la Cámara de Diputados, en el curso de la discusión de esta reforma constitucional en el primero y segundo informe en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, que preferimos la elección del Senado en forma nacional. Proponemos un Senado Nacional.

Si, desechando esta idea, se mantiene el criterio de representación zonal, no puede decirse que con ello se mantenga una supuesta consecuencia con la tradición de nuestra historia constitucional. Al contrario, durante largo tiempo hubo un Senado cuyos componentes representaban -cada uno de ellos- los departamentos que elegían 3 Diputados a la Cámara. Insistir en el criterio de un Senado elegido por zonas, después de todas las instancias de esta reforma constitucional, implica el peligro de distorsionar cada vez más, en su composición -por su origen- la representación electoral, al diferenciarla de la forma en que incluye cada voto en la formación del Poder- Ejecutivo y de la Cámara de Diputados. Por eso, si se continúa con un Senado- elegido por zonas, como lo ha querido el informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, en esta situación preferimos que se busque un mecanismo- más flexible, como el que aprobó el Parlamento pasado, a fin de que cada zona tenga, a lo menos, una representación mínima y algunas de ellas, según corresponda, una suplementación del número de sus representantes cuando sea mayor su población. Desgraciadamente, nos encontramos ante una solución de parche, puramente parcial, porque la extensísima región sur, que actualmente forma' una sola agrupación, se la divide sin considerar la situación de otras regiones del país y ni la representación nacional adecuada, de conjunto, en el Senado de la República.

Los parlamentarios comunistas nos vamos abstener de votar en esta ocasión, porque, respecto de la composición del Senado de la República, deseamos una reforma constitucional, que contemple una fórmula más satisfactoria, y porque la votación en contra, al no interpretarnos, hubiera podido ser considerada como un rechazo de la tesis, verdaderamente valedera, de que Chiloé, Aisén y Magallanes forman una zona del territorio nacional, con personalidad propia, que integra el conjunto de nuestra Patria.

Por eso, reitero que los parlamentarios comunistas hemos optado por abstenernos en la presente votación.

He dicho.

El señor TUMA.-

Señor Presidente, por la mismas razones que acaba de dar el Honorable señor Sotomayor, voy a votar favorablemente esta enmienda a la Constitución, porque también creo que debe darse una mayor representación a las provincias. Lamento, eso sí, que, cuando se trató la enmienda sobre el número de Diputados que deben elegirse por provincia no se haya tenido igual temperamento. Todo está centralizado aquí en Santiago: los Ministerios, las Cajas de Previsión, los servicios públicos, las centrales de los Bancos, las escuelas, las universidades, los liceos. En definitiva, los electores no necesitan buscar a los Diputados para resolver sus problemas. Por eso, las elecciones de Diputados deberán realizarse a través de un coeficiente de un habitante de provincia por cada cuatro de Santiago, a fin de permitir una representación proporcional de la población, en la cual se contemplara también la extensión del territorio, porque para un Diputado de provincia es muy difícil recorrer su zona. Por ejemplo, Cautín, que tengo la honra de representar en esta Cámara, con una extensión aproximada, de norte a sur, de 300 kilómetros; y de mar a cordillera, de Queule a Caren, de 320 kilómetros, es difícil recorrerla en una semana, y esto sin contar con que los senderos son intransitables en el invierno.

En cambio, un Diputado de Santiago recorre su distrito en uno o dos días, con buena locomoción y a través de caminos pavimentados.

Por este motivo, considero una injusticia haber establecido una mayor representación para Santiago.

Voto que sí.

El señor HURTADO (don Patricio).-

Señor Presidente, una de las reformas importantes propuestas por el Ejecutivo es la que habilita al Estado chileno para concurrir a la constitución de organismos supranacionales, que contribuyan a una efectiva integración de nuestro continente latinoamericano.

Para quienes tuvimos la oportunidad de participar en los debates del reciente Parlamento Latinoamericano celebrado en Lima, hace muy poco tiempo, constituye un agrado que Chile sea el primer país que incorpora en su Carta Fundamental la idea de la integración latinoamericana, a nivel constitucional.

El inciso tercero exige, para tal efecto, el voto conforme de la mayoría de los Diputados o Senadores en actual ejercicio, quórum que demuestra la importancia que se atribuye a tal acuerdo. Estos tratados deben asignar, en condiciones de reciprocidad, a instituciones supranacionales determinados atributos o competencias que tengan por objeto la consolidación de la integración de las naciones de América Latina.

La modificación que se hace al inciso final del artículo complementa el texto nuevo al exigir que estas materias deban votarse en ambas Cámaras.

La trascendencia' que atribuye el Ejecutivo a las materias relacionadas con tratados internacionales que propendan al desarrollo de nuestro país ha determinado el establecimiento de la norma que dice que, si el Congreso rechaza un tratado, el Presidente de la República podrá consultar a los ciudadanos mediante un plebiscito, y si es aprobado por la mayoría de los sufragios válidamente emitidos, podrá ratificarlo.

El propósito que se ha tenido en vista al establecer la última disposición analizada es darle la más amplia participación a todos los ciudadanos del país en el pronunciamiento sobre una materia tan decisiva en los destinos de nuestro continente, que aspira a salir de su estado de subdesarrollo.

Creo que Latinoamérica comprende la necesidad de su integración. La carta enviada por el Presidente de la República, Excelentísimo señor Frei, a los cuatro economistas señores Prebisch, Mayobre, Herrera y Santa María, y la respuesta de éstos al Jefe del Estado, coloca a Chile a la cabeza de los países latinoamericanos en su propósito de obtener la integración económica y política de este continente.

Nada más.

El señor JEREZ.-

Señor Presidente, deseo manifestar la satisfacción que experimentamos, como democratacristianos, por el hecho de que el Ejecutivo haya hecho realidad, en el texto constitucional esta antigua aspiración no sólo de nuestro partido, sino, según creo, de todos los pueblos latinoamericanos.

No es necesario abundar en este momento sobre la conveniencia de la integración de nuestros países. Basta señalar la urgencia de que ella se eleve al plano político.

En apoyo de esta afirmación, sería suficiente recordar que nada significa hoy día en el plano internacional una nación tan poderosa como Brasil. En efecto, cuando el General De Gaulle, que se puede considerar un gobernante interesado en ubicarse junto al tercer mundo, y, particularmente, al lado de América Latina, propuso una fórmula para solucionar la crisis que afectaba a las Naciones Unidas, ni siquiera consideró al Brasil, a pesar de ser un país de gran importancia, con más de 70 millones de habitantes.

Cuando, en octubre, de 1962, estuvo en peligro la independencia de Cuba, Rusia y Estados Unidos se entendieron entre sí, sin considerar en absoluto los intereses de esa República.

Esto significa, y es un hecho más que conviene señalar, que, en el concierto internacional, actualmente no tienen ninguna importancia los postulados económicos y políticos de los países pequeños y de los pueblos que no se integran.

Por eso creemos que el paso dado por Chile tiene que ser defendido con mucha tenacidad.

Hace poco, tuve ocasión de leer una publicación especializada en asuntos internacionales, "Le Monde", en la cual un periodista, también especialista en estas materias, señaló cómo, de una manera muy sutil, el Departamento de Estado norteamericano estaba tratando de entorpecer y desalentar los esfuerzos de integración económica de los pueblos latinoamericanos, porque, evidentemente -yo diría en una etapa ulterior- ella significa una amenaza para los intereses imperialistas norteamericanos.

Por eso, nosotros insistimos en que, esta integración, comenzada con un tímido ensayo de carácter económico, como es la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC), que en el fondo ha consistido en aunar los intereses de empresarios particulares debe realizarse más profunda y ampliamente en sentido político.

Tenemos que mirar hacia adelante. Aunque sintamos el orgullo de ser chilenos, ante todo somos seres humanos, y el mundo va caminando hacia formas de convivencia que tienen que hacer prevalecer estos valores sobre otros secundarios.

Por eso, nosotros celebramos el espíritu con que el Presidente de la República ha propuesto esta enmienda. Creemos que esta medida no se podrá apreciar todavía en su verdadero valor, pero permitirá abrir un camino. Esto debe lograrse, más que a través de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, ya que, repito, no se puede hacer la integración latinoamericana a base de los intereses de empresarios particulares, mediante la acción de instituciones liberadoras como el Parlamento latinoamericano u otras. Ellas pueden llegar a expresar la aspiración de los pueblos. Incluso, se puede escribir una historia común de los países latinoamericanos, ya que las guerras son cosa del pasado. El futuro tiende a unir a nuestros pueblos, a liberarlos y a establecer un mundo de mayor fraternidad.

Creo que estas ideas constituyen, quizás, lo más importante que se contiene en esta reforma constitucional, y serán' recordadas con gratitud no sólo por los chilenos, sino por todo el continente americano.

Nada más.

El señor TEJEDA.-

Señor Presidente, vamos a votar contra el artículo propuesto. Desde luego, en esta disposición aparece ya planteado el problema del plebiscito, asunto que la Constitución Política reglamenta más adelante, y que no sabemos si será aprobado o no por la Cámara.

Cuando este problema se discutió en el seno de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, como asimismo durante la discusión en general del proyecto, expresamos que nosotros no aceptamos el plebiscito en la forma en que se haya establecido en esta reforma constitucional.

Según este artículo, si el Congreso Nacional rechaza un tratado que se estima lesivo para el interés nacional, el Presidente de la República podrá imponerlo por medio del plebiscito. Y digo "imponerlo", porque dada la forma en que está organizado, el plebiscito puede manejarlo el Presidente de la República, ya que controla prácticamente todos los medios publicitarios y tiene a su disposición todos los recursos que da el poder. En la práctica, será siempre la opinión del Presidente de la República la que prevalecerá sobre la del Congreso Nacional.

En la discusión del artículo 72, nosotros vamos a insistir en todas las razones que tenemos para oponernos a los plebiscitos en la forma estatuida por la enmienda. Entretanto, debo anunciar que votaremos en contra del artículo en debate.

El señor ZORRILLA.-

Señor Presidente, el inciso 2º del artículo 43 quiere convertir en realidad los intentos de integración de nuestra comunidad de pueblos latinoamericanos, al otorgar, en términos de reciprocidad, determinados atributos o competencias a instituciones supranacionales destinadas a promover y consolidar la integración de las naciones de Latinoamérica.

Al otorgar este tipo de competencia a organismos supranacionales y dar validez nacional a su ley, nuestra Constitución consagra la necesidad de crear un sistema institucional multinacional latinoamericano, para la integración paulatina, cultural, social, económica y política 'de nuestros pueblos, que se hace necesaria para su evolución.

Más que un renuncio de soberanía nacional, hay aquí una integración a una soberanía mayor, multinacional, sobre materias que se relacionen con el interés individual de cada uno de nuestros pueblos y sus esperanzas colectivas.

Los pueblos latinoamericanos han tomado conciencia de su estado de miseria e ignorancia y han comprendido que deben unirse y abordar juntos el progreso y el porvenir por encima de sus fronteras, sus discrepancias ideológicas y sus conflictos económicos.

Ello han comprendido que, aislados, les será muy difícil, sino imposible, salir de su estado de subdesarrollo y de su condición de marginalidad interna y externa frente al mundo.

Más que razones histórico - culturales, que son muchas y fundamentales y que habrán de constituir el alma y sustrato de nuestra comunidad, son motivos de otro orden los que apresuran este cambio y presionan esta necesidad de integración: en el orden interno, es el estado subhumano de marginalidad, el desempleo producido por el éxodo de los campos y la presión periférica urbana, el orden arcaico de estructuras socio - económicas; y en el externo, el debate ideológico mundial, la aparición del tercer mundo y la tendencia a organizarse en unidades continentales para planificar el porvenir e intercomunicar recursos, creando mercados comunes e instituciones supranacionales con el fin de alcanzar los nuevos niveles de vida que exigen los pueblos.

La emancipación nos dio la independencia y la libertad, pero no significó la liberación de nuestros pueblos, cuyo progreso se estanca, por haber llegado a la saturación de su proceso evolutivo interior, en moldes que ya no resisten el embate de los tiempos y que resultan estrechos para el dinamismo de la época y el -avance tecnológico, que requiere espacios económicos de envergadura y la presencia de un mercado de masas.

El artículo 43, en su inciso 2º, capta la realidad social en que se debaten nuestros pueblos y contiene los instrumentos que permitan satisfacer sus necesidades vitales de desarrollo, esto es, la creación de un sistema constitucional supranacional, llámese Parlamento Latinoamericano, Corte de Justicia o Mercado Común.

Para nosotros resuenan lapidarias las palabras pronunciadas por los representantes de la Confederación de Estados Africanos al precaver a esas repúblicas nacientes de lo que ellos llamaron la triste situación de anarquía en que habían caído los pueblos latinoamericanos, como consecuencia de su falta de unidad.

A ello obedece esta innovación que, por lo demás, es consustancial con nuestra filosofía y ha sido ratificada personalmente por nuestro Mandatario.

Sin pretender renunciar a nuestra soberanía individual, pero aceptando en términos de reciprocidad determinados atributos o competencias a instituciones supranacionales, destinadas a promover y consolidar la integración de las naciones latinoamericanas, el artículo 43 encara como nueva realidad social la unidad de sus pueblos sobre la base del respeto de sus diferenciaciones, esto es, de las diferencias y matices que dan carácter a su personalidad.

He dicho.

El señor VALENZUELA VALDERRAMA (don Héctor).-

Señor Presidente, agradezco al Honorable señor Aravena la interrupción que me ha concedido.

Este artículo 43, aprobado por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, contiene una novedad que nosotros consideramos de extraordinaria importancia. Se refiere ella a que, cuando el Congreso rechazare un tratado, el Presidente de la República podrá consultar a los ciudadanos mediante un plebiscito.

Nosotros, los Diputados democratacristianos, apoyaremos este artículo, sobre todo porque en el inciso a que hago referencia está demostrada nuestra fe en el pueblo y nuestra voluntad de que siempre sea su soberana y ronca voz la que domine en las decisiones de nuestra democracia.

Ayer escuchábamos con mucho interés y aplaudíamos la intervención de mi muy estimado colega y amigo Mario Palestro, quien nos anunciaba que él sería partidario de apoyar el plebiscito. Nos daba como uno de sus argumentos en favor de esta idea de hecho de que en Cuba era la apelación al pueblo la que daba fuerzas a las decisiones del Gobierno. Creemos que quienes hacen fe en la intervención que solicita a su pueblo el Primer Ministro cubano, deben ser consecuentes con esa confianza y con esa adhesión cuando se trata de apelar al pueblo de nuestra patria, de Chile. Consideramos que las razones por las cuales aplauden el plebiscito, el sistema de apelación popular utilizado en Cuba, juegan con mucho mayor intensidad en el caso nuestro, donde la voz democrática, consciente y responsable de nuestro pueblo es atributo que se ha manifestado por muchos años.

Por eso, nos permitimos pedir a los Honorables colegas de otros sectores que han celebrado con toda clase de manifestaciones la apelación a la soberana voz del pueblo en el plebiscito, que sean consecuentes con lo que han aplaudido en relación con otros pueblos, como el cubano, y nos acompañen también en esta demostración de fe y de confianza en el buen sentido de nuestro pueblo, el chileno.

El señor VALENZUELA (don Ricardo).-

Señor Presidente, deseo subrayar en forma breve lo que ha expresado en términos muy elocuentes el Honorable Diputado informante. Patricio Hurtado. En efecto, el inciso segundo del artículo 43 viene a llenar una gran aspiración de todos los países latinoamericanos, cual es la de lograr una verdadera integración, que debe comenzar en el aspecto cultural, raíz profunda del desenvolvimiento y progreso de los pueblos, para continuar con una complementación económica y social e incluso con una de orden jurídico.

Como la Honorable Cámara tuvo la gentileza de designarme, hace algunos meses, junto con los Honorables colegas Escorza, Patricio Hurtado, Irureta, Phillips y Carlos Morales, para representarla en la primera sesión constitutiva del Parlamento Latinoamericano, creo que, en esta oportunidad, precisamente, estamos dando cumplimiento a esos grandes ideales que estuvimos viviendo y que dieron nacimiento al Parlamento Latinoamericano, a la constitución de sus autoridades y a la aprobación de su Carta Fundamental. Por tanto, yo quiero expresar los sentimientos de agrado de los Diputados democratacristianos por el hecho de que sea un Presidente de la República perteneciente a nuestro partido quien solicite dejar establecida en la Constitución Política del Estado esta idea de la integración de Latinoamérica.

Además, ya hemos aprobado otros aspectos similares, que se relacionan con la nacionalidad de los habitantes latinoamericanos. También hemos presentado un proyecto de acuerdo, que entiendo se votará próximamente, para comunicar al Parlamento Latinoamericano y a todos los Congresos del continente la expresión de nuestra solidaridad y del profundo sentimiento americanista que significa la reforma de nuestra Carta Fundamental.

Nada más, señor Presidente.

El señor MILLAS.-

Señor Presidente, el Honorable señor Tejeda ha anunciado nuestros votos contrarios al inciso que se refiere al plebiscito, que entendemos será votado conjuntamente con el resto del artículo. En caso de realizarse votación separada del inciso segundo, los parlamentarios comunistas lo apoyaremos.

En la tesis de la convocatoria del XIII Congreso Nacional de nuestra colectividad política, se precisó el pensamiento del Partido Comunista de Chile en relación con la integración latinoamericana.

Dice ese documento: "La OEA está en franca crisis. Debe ser desahuciada. En su reemplazo surgen múltiples formas de vinculación de los pueblos y de diversos sectores latinoamericanos para considerar sus intereses y sus anhelos comunes. La clase obrera marcha en primera fila, desarrollando su acción conjunta y el entendimiento con las más amplias fuerzas patrióticas de América Latina. La plena liberación de nuestros países conducirá también a una efectiva unidad latinoamericana. Fórmulas como la del Mercado Común Latinoamericano, aunque promuevan un parcial desarrollo, acentúan la deformación de nuestras economías y no resuelven los grandes problemas de estos países. Ese mercado común y desde ya los acuerdos de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC), de cuyos mecanismos está excluida la representación obrera, tienden a aislarnos del mundo socialista, de las naciones subdesarrolladas de Asia y África, y de toda Europa, manteniéndonos asfixiados en la esfera de las inversiones yanquis. Lo que se necesita es una política de complementación económica latinoamericana indiscriminada, que acelere el progreso a través de acuerdos multilaterales dentro y fuera del continente, lo que debe alcanzarse, en primer término, sobre la base de la lucha por la independencia."

Respecto de este inciso nuevo propuesto, que será el tercero del artículo 43, nosotros tenemos reservas sobre su posible aplicación real. En el momento actual hay gobiernos reaccionarios en la mayoría de los países latinoamericanos e incluso una profusión de dictaduras militares; y, además, pesa agobiadoramente la influencia norteamericana sobre gran número de estos gobiernos.

Sin embargo, tenemos confianza de que, en la perspectiva histórica, los pueblos de América Latina serán capaces de liberarse. Sobre esta base apoyamos la idea, comprendiendo sí que ésta será materia que deberá considerarse al ver la forma concreta como la legislación encare tal integración. Si no se contempla este espíritu, formularemos reparos en el momento oportuno. Estimamos aceptables los términos en que está redactada la disposición, como algo diferente del panamericanismo clásico, que representa el sometimiento de América Latina al imperialismo norteamericano.

Por lo tanto, creemos nosotros que es aceptable, en esta parte, la reforma constitucional, en los términos en que se plantea la redacción de la disposición. Pero, eso sí, dejamos constancia de las reservas que he expuesto y, en especial, de nuestra preocupación respecto de la situación actual y de nuestro interés porque este problema se aborde en una forma constructiva, que conduzca efectivamente a la liberación de los pueblos latinoamericanos, a través de la legislación concreta que se nos proponga en el futuro, en este sentido, de acuerdo con la autorización que contendrá la Carta Fundamental.

He dicho, señor Presidente.

El señor TEJEDA.-

Señor Presidente, los Diputados de estos bancos hemos votado en contra de este inciso, no como un rechazo conceptual a la idea de los plebiscitos o a la institución plebiscitaria, sino porque estimamos que, en la forma como aparece reglamentado en la reforma constitucional, es antidemocrático y personalista.

Por las razones señaladas, voto que no.

El señor ZEPEDA COLL.-

Señor Presidente, todos tenemos confianza en el pueblo. Pero, para que él pueda ser consultado, evidentemente tiene que existir igualdad de condiciones frente a los diversos planteamientos que se sometan a su decisión. A nuestro juicio, la forma como se establece en este caso la institución del plebiscito atenta contra esta igualdad.

Por las razones que he dado, tal como lo hice en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, votaré negativamente el inciso segundo que se propone intercalar en la atribución 5ª, del artículo 43º de la Constitución Política.

Al proceder en esta forma, soy consecuente con la actitud adoptada en la Sala durante la discusión general del proyecto de reforma constitucional, e igualmente en la Comisión.

Creemos que el principio del plebiscito atenta contra el régimen democrático presidencial de gobierno. Las Constituciones Políticas que lo consagran corresponden, en su mayoría, a Estados que tienen régimen parlamentario de Gobierno. Excepcionalmente, la Constitución de la República francesa establece el plebiscito dentro del régimen presidencialista de ese país. Pero no vale mucho señalar este caso como argumento, porque todos sabemos que el texto de esa Constitución fue elaborada única y exclusivamente en beneficio del actual Presidente de Francia, General Charles De Gaulle. Nosotros no consideramos justo establecer, en nuestro país, un sistema o una institución en beneficio de un determinado Gobierno o de cierto partido político. Por las razones indicadas, voto que no.

El señor GODOY URRUTIA.-

Señor Presidente, hace un momento nuestro Comité expuso las razones por las cuales estamos votando a favor de este inciso tercero que se propone agregar a la atribución 5ª, del artículo 43, que contiene la idea de la integración de las naciones de América Latina.

Nosotros, que tenemos una concepción eminentemente ecuménica, universal, de los problemas, sabemos muy bien que un país difícilmente puede autoabastecerse. La idea de la integración en los diferentes planos nos parece digna de considerarse, pero también advertimos que, en este momento, en la América Latina, hacia donde se dirige fundamentalmente el movimiento de la integración, las condiciones políticas son adversas y contradictorias, como lo prueba un vergonzoso documento que hemos leído en la prensa de hoy.

El Canciller de Brasil, Vasco Leitao Da Cuhna, se ha referido a la política internacional del Gobierno chileno, manifestando su desacuerdo con ella. Además, le deseó al Presidente de Chile un mejor destino que el que tuvo el Gobierno del ex PresidenteGouiart. Sin embargo, a este respecto debemos hacer notar que el Excelentísimo señor Freí no tiene ningún parentezco, ni podía tenerlo, por razón alguna, con el "gorilaje" que predomina, en la actualidad, en los países de América.

Pensamos que, en primer término, es necesario crear en América Latina un estado de cosas que permita la aplicación de las disposiciones de la Carta de los Derechos Humanos en los diferentes países, antes de promover una política de integración entre ellos. Los pueblos de América Latina son nuestros hermanos; tienen problemas semejantes e ideales comunes. Pero los que contradicen y malogran los más nobles ideales de entendimiento, colaboración, amistad, y superación de las dificultades nacionales e individuales son, por desgracia, la mayoría de los gobiernos hipotecados al imperialismo extranjero, que miran las cosas con la cabeza y las expresan con el lenguaje propio de los imperialistas. Esos gobiernos no tienen la independencia y altivez con que, en el pasado, actuó Simón Bolívar y en la actualidad, los hombres progresistas de la época en que vivimos. Por eso, votaremos que sí, pero con la reserva que hemos venido expresando; o sea, esperamos que el Canciller chileno eleve una protesta digna frente a esta inaudita intervención de un país extranjero en la política soberana de nuestro país.

El señor MORALES (don Carlos).-

Señor Presidente, considero que de las muchas modificaciones de importancia que estamos introduciendo en nuestra Carta Fundamental, ésta es una de aquéllas que merece atención preferente.

Aplaudo sin reservas, y lo hago también en nombre de los Diputados de mi partido, el Radical, esta iniciativa, en la cual se establece; "Con el voto conforme de la mayoría de los Diputados y Senadores en actual ejercicio, podrán aprobarse tratados que asignen, en condiciones de reciprocidad, determinados atributos o competencias a instituciones supranacionales destinadas a promover y consolidar la integración de las naciones de América Latina".

Saben los señores Diputados -y por eso quiero molestar su atención- que al Parlamento Latinoamericano, de reciente creación, en la bella ciudad de Lima, concurrió una importante delegación de parlamentarios chilenos, de Senadores y Diputados, que integraron una comisión representativa de todas las expresiones políticas de nuestro Congreso Nacional. Pues bien, allí trabajamos con mucho ahínco por estas ideas y nos comprometimos a ello en ese Parlamento, donde también estuvo la palabra de Brasil, pero representada por sus congresales, quienes con toda seguridad repudiarán, del mismo modo como lo ha hecho, hace un instante, el Honorable señor Godoy Urrutia, y como lo hacemos nosotros, como chilenos y parlamentarios, las desgraciadas y reiteradas declaraciones de personeros del Gobierno fascista de Brasil. El lenguaje que emplearon los señores Diputados y Senadores en ese Parlamento -y por eso hemos tomado la idea con mucho cariño y pasión- fue diferente del "engolado" que a veces usan personeros de los gobiernos, representantes en el exterior de países latinoamericanos. Era la voz del pueblo que anhelaba esta integración.

Por eso, esta misma Cámara ya le ha prestado su aprobación a dos normas sustanciales que inciden en la integración: que no haya discriminación racial, y que se le conceda la nacionalidad chilena a los latinoamericanos con más de diez años de residencia, sin que tengan que renunciar a la suya. Estas son expresiones políticas de nuestra Cámara que están concordes con los ideales integracionistas del Parlamento Latinoamericano.

Creo que vamos a enviarle una buena noticia al Secretariado del Parlamento Latinoamericano, con sede en Lima, y, como lo propone mi Honorable colega señor Ricardo Valenzuela, trataremos que todos los Parlamentos de Latinoamérica conozcan lo que estamos haciendo en estos instantes: dar vigencia y expresión a lo que, hasta hace poco tiempo, eran simples anhelos de los hombres y mujeres, y que no habían podido concretarse en ideas positivas, como éstas que estamos considerando.

Por eso votaremos afirmativamente esta enmienda, y por una razón más. En este Parlamento Latinoamericano se distinguió a dos personeros del Congreso Nacional chileno -excúsenme Sus Señorías esta referencia- al Honorable Senador señor Tomás Pablo, que fue designado como uno de sus Vicepresidentes, y al modesto Diputado que habla, que fue designado como uno de los Secretarios.

Como Diputado chileno del Partido Radical y complacido por el alto honor que se me dispensó, consecuencia de la misma solidaridad demostrada por esta Honorable Cámara, expreso mi congratulación por el hecho de aprobar, esta enmienda de extraordinaria trascendencia, a nuestra Carta Fundamental. Creo que el de Chile es uno de los primeros Congresos que está dando fuerza especial a este ideal, que, hasta hace poco tiempo, no constituía sino un recuerdo de los sueños de Bolívar. Sin embargo, hoy día se está concretando en materializaciones positivas, como es el artículo en discusión.

Por estas razones, aprobaremos, con el mayor agrado, estas modificaciones al artículo 43 de nuestra Constitución Política .

Nada más.

El señor SOTOMAYOR.-

Señor Presidente, Su Excelencia el Presidente de la República, en su viaje a Europa, dio muestras del alto espíritu americanista que lo anima. Con estas reformas que se proponen al artículo 43 de la Constitución, el Gobierno de la Democracia Cristiana de Chile está demostrando al mundo, con hechos, que no eran sólo palabras los propósitos del Excelentísimo señor Freí.

Por eso, voto que sí.

El señor URRA.-

Señor Presidente, al votar favorablemente esta enmienda, debo recordar que la Democracia Cristiana desea abrir, efectivamente, una nueva corriente en la historia de América Latina. Al hablar de integración, nos estamos refiriendo a eso y, concretamente, a la solidaridad de los trabajadores, campesinos, pobladores y juventudes de este continente.

Queremos terminar con el analfabetismo en Latinoamérica, y con los "cinturones de miseria", -llámense poblaciones "callampas", "cantegrilles", "villa miseria", o "favelas" en las que se acumula más del 30% de la población urbana, no queremos que cada año queden más de siete millones de niños al margen de la instrucción proporcionada por las escuelas primarias; no queremos que apenas un 57% de los maestros rurales tengan título para desempeñarse como tales; y, por último, no queremos que un escaso 5% reúna en sus manos casi toda la renta nacional en cada uno de los países del continente .

Señor Presidente, deseamos enfrentar la solución de estos problemas a través de un movimiento nuevo. Creemos que estas modificaciones a nuestra Constitución Política contribuirán a hacer realidad estos propósitos de bien común.

El señor HURTADO (don Patricio).-

Señor Presidente, la primera enmienda que se refiere a la supresión del 6° del artículo 44, se explica por sí sola, porque las remuneraciones a los Diputados y Senadores se establecen en la nueva disposición del artículo 35.

La otra enmienda se refiere a la delegación de facultades legislativas en la persona del Presidente de la República, materia que actualmente no se considera en la Constitución. Algunos señores Diputados, apoyados en el artículo 4º de nuestra Carta Fundamental, han sostenido la improcedencia de esta delegación de facultades.

Sin embargo, la necesidad de abordar situaciones de emergencia, y la práctica constitucional, han determinado que, desde 1929 hasta 1964, aproximadamente en 25 ocasiones, el Congreso Nacional ha estimado conveniente delegar algunas facultades legislativas en el Poder Ejecutivo. En mi poder tengo una lista de las numerosas leyes que las han otorgado, pero creo ocioso leerla en esta oportunidad.

El precepto que se propone introducir en el número final de este artículo pone término a estas controversias, al permitir que el Congreso, por virtud de una ley especial, delegue algunas de sus atribuciones legislativas en el Presidente de la República. Además, permite la dictación de las denominadas leyes normativas, que son aquéllas que versan sobre materias respecto de las cuales la Constitución no exige que sean objeto de una ley, pero que el legislador puede dictar en uso de sus atribuciones soberanas; pero en este caso deberá especificar las materias sobre las cuales dichas normas podrán recaer, y los principios y criterios que las informarán.

Sin embargo, la autorización para dictar leyes delegatorias de facultades legislativas no podrá comprender las siguientes materias: a) contribuciones, comprendidas en el Nº1; b) Ley de Presupuesto, contenida en el Nº 4º; c) introducción de tropas extranjeras en el territorio de la República, que se comprenden en el 10; d) salida de tropas nacionales fuera del territorio chileno, que comprende el Nº 11; e) aprobación o reprobación de la declaración de guerra, que trata el 12; f) las materias de que trata el Nª 13, que se relacionan con la restricción de las libertades personal, de imprenta y de reunión; g) las que concedan indultos generales y amnistías, que se tratan en el 14º'; h) las que tienen relación con la fijación de la ciudad en que debe residir el Presidente de la República, celebrar sus sesiones el Congreso Nacional y funcionar la Corte Suprema y que se contienen en el Nº 15; i) nacionalidad; j) ciudadanía; k) elecciones; 1) plebiscitos; y m) división política del país.

Para todas las leyes delegatorias se establece una limitación general: que la autorización sólo podrá otorgarse por un tiempo no superior a un año.

Con respecto a este artículo, la Comisión aprobó tres enmiendas: la que suprime el Nº 6'; la que propone complementar la norma contenida en el Nº 9, que establece que sólo en virtud de una ley se puede fijarlas fuerzas de mar y tierra que han de mantenerse en pie en tiempos de paz o de guerra, agregándose el concepto de fuerza aérea, y la norma que establece la atribución de delegar facultades legislativas en el Presidente de la República, en la cual se agrega una frase en virtud de la cual se dispone que nunca podrá el Presidente de la República obtener esta delegación por medio del plebiscito. En esta forma se ha querido que este régimen excepcional de delegación de facultades quede entregado exclusivamente a la resolución del Congreso Nacional.

Nada más, señor Presidente.

La señora MALUENDA.-

Señor Presidente, en el año 1913, durante la presidencia del señor Barros Luco, se promulgó la ley Nº 2.771, que creó la Escuela de Aeronáutica Militar; y, posteriormente, se creó la Fuerza Aérea de Chile.

Sin embargo, existía una omisión en nuestra Carta Fundamental respecto de esta importante rama de nuestras Fuerzas Armadas. Por eso, a los parlamentarios comunistas nos complace que la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia haya aprobado nuestras indicaciones, que inciden en la norma Nº 9 del artículo 44 y en las disposiciones 7ª, 13ª y 14ª del artículo 72, que colocan en igual nivel a las fuerzas de aire, mar y tierra, al contemplarlas expresamente en el nuevo texto constitucional. Esperamos que la Honorable Cámara apruebe por unanimidad la inclusión del concepto "fuerza aérea".

A nadie escapa la importancia que cada día adquiere el desarrollo de la aviación en esta época en que el hombre ha traspasado ya el dominio del aire, como medio de comunicación y ha comenzado la era de los viajes por el cosmo, iniciados con el histórico vuelo de Yuri Gagarin.

Los parlamentarios comunistas aprovechamos esta oportunidad para hacer un llamado al respeto de nuestra soberanía en el espacio aéreo, amagada por la llegada a nuestra patria de aviones de fuerzas aéreas extranjeras.

Nuestra Constitución señala expresamente, en la disposición 10ª, del artículo 44, que es atribución exclusiva del Congreso permitir la introducción de tropas extranjeras en el territorio de la República, con fijación del tiempo de su permanencia en él. Sin embargo, aun cuando no existe ninguna ley que autorice a aviones de la Fuerza Aérea Norteamericana para aterrizar en el territorio nacional o sobrevolarlo diariamente, esto es lo que está ocurriendo en la actualidad.

Por otra parte, nos parece éste un momento extraordinariamente oportuno para aprobar las indicaciones presentadas, ya que precisamente ahora la aviación chilena está de fiesta por la hazaña que acaba de realizar el Comandante Parragué, con su exitoso vuelo a la Isla de Pascua y a Papeete (Tahití), en el "Manutara II", lo que ha servido para estrechar lazos de amistad y reafirmar nuestra soberanía en ese territorio.

He dicho.

El señor SILVA ULLOA.-

Señor Presidente, para la enmienda final al artículo 44 de la Constitución, voy a pedir votación separada.

La supresión del Nº 6º del artículo 44 la estimamos lógica, por haberse aprobado un nuevo sistema para fijar el monto de la dieta de los parlamentarios.

También estamos de acuerdo con la modificación introducida en el número 9º del artículo 44, en el cual se ha incorporado a la Fuerza Aérea. A esta materia ya se ha referido la Honorable señora Maluenda. No concordamos con el número final que se agrega a este artículo, que permite a] Congreso Nacional delegar en el Presidente de la República determinadas facultades sobre materias que le son propias. Se excluyen sólo aquellas contempladas en los números 1º, 4º, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 de este precepto.

Sin embargo, si seguimos examinando las disposiciones constitucionales en vigencia y las enmiendas contenidas en este mismo informe y que inciden en el artículo 45, podemos comprobar que también corresponderá al Presidente de la República la iniciativa para legislar sobre materias contenidas en varios de estos números.

En seguida, queremos reiterar que lo que singulariza a este proyecto de reforma constitucional, es que trata de concentrar en el Ejecutivo el máximo de atribuciones, y pretende privar al Congreso Nacional de toda ingerencia en la dirección del Estado, rompiendo en forma violenta el equilibrio que debe existir entre los Poderes Públicos. A ello contribuyen, además, otras disposiciones contenidas en el proyecto y en la actual Constitución. Por ejemplo, el artículo 48, que permite acelerar el despacho de los proyectos de leyes; el artículo 53, que no ha sido modificado, y que se refiere a las observaciones que puede formular el Presidente de la República. En virtud de esta norma, el Poder Ejecutivo, a través del veto, puede imponer su criterio con un tercio de los miembros del Congreso Nacional.

Y si analizamos, cómo tendremos que hacerlo más adelante, los artículos nuevos agregados a continuación del artículo 72, que establecen el plebiscito, tendremos la imagen de lo que será la Carta Fundamental de nuestra República.

Por estas consideraciones, por el hecho de que las disposiciones constitucionales vigentes otorgan al Presidente de la República un poder inmenso, que lo convierte en un verdadero monarca durante seis años, y en atención a que las nuevas normas consultadas restarán toda iniciativa al Gobierno Nacional, estamos en contra del número final que se propone al artículo 44 de la Constitución Política. Por eso, hemos pedido votación separada de las diversas ideas contenidas en esta enmienda, a fin de poder fijar, en cada caso, nuestra posición.

El señor NAUDON.-

Señor Presidente, en virtud del número final que se propone agregar al artículo 44 de la Constitución, Política, se dispone que el Congreso Nacional podrá "autorizar al Presidente de la República para que dicte normas sobre materias de ley no comprendidas en los números 1º, 4º, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 de este artículo o que no se refieran a la nacionalidad y a la ciudadanía, elecciones y plebiscitos y a la división política del país". Se agrega que "la autorización sólo podrá otorgarse por un tiempo no superior a un año, señalará las materias sobre las cuales dichas normas podrán recaer y los principios o criterios que las informarán."

Evidentemente, esta disposición consagra la delegación de facultades del Poder Legislativo en el Ejecutivo. Tanto en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia como en la discusión general del proyecto aquí en la Sala, hemos sostenido que no estamos de acuerdo con esta autorización al Presidente de la República para dictar normas sobre materias propias de ley, porque ello envuelve un peligro para la convivencia democrática, ya que se altera el equilibrio de Poderes. A través de esta delegación de facultades se le conceden al Ejecutivo atribuciones que radican en el Poder Legislativo y que le son propias por su esencia, por la costumbre y la técnica constitucional.

En otras Constituciones, el Congreso puede autorizar al Presidente de la República para dictar las llamadas leyes normativas. Pero ése no es el caso de esta disposición, porque la ley normativa, como lo expresara muy bien el señor Contralor General de la República y el asesor de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, señor Guzmán Dinator, se refiere a una materia muy determinada.

Al respecto, voy a citar lo manifestado en la Comisión por el señor Guzmán Dinator, quien fue muy claro al decir textualmente lo siguiente:

"Pero existe un campo en que no hay precisión, en el cual podría actuar el legislador o podría actuar el Presidente de la República, en el caso de leyes normativas.

Las leyes normativas dan al Presidente de la República la facultad de determinar él este campo; pero sobre la base de ciertos conceptos que el legislador le da".

En seguida, dio un ejemplo que aclaró mucho este problema que es, de por sí, un poco difuso en la doctrina. Dijo: "En hipótesis: créase un servicio de tal naturaleza y que tendrá tales funciones generales. El Presidente de la República determinará, mediante normas que él dicta -y que tendrán valor o fuerza de ley o de decreto con fuerza de ley, según nuestra nomenclatura- todas las formas en que deben ejercitarse este tipo de disposiciones".

Como podemos apreciar, no se trata de consagrar en el texto constitucional la atribución para dictar leyes normativas, sino para delegar facultades en materias propias de ley, con la sola limitación de que se concederán por un tiempo no superior a un año y se señalarán las materias sobre las cuales podrán recaer dichas normas y los principios y criterios que las informarán.

Por las razones expuestas y porque consideramos que no es necesario delegar estas atribuciones, menos en el caso presente, en que el Ejecutivo tiene una clara mayoría en esta Cámara, vamos a votar en contra de esta disposición. Queremos hacer presente que la habríamos apoyado, si se hubiera establecido, en forma precisa, una facultad para dictar leyes normativas. Lo que no aceptamos es la delegación de facultades, que es lo que pretende "constitucionalizar" este número final que se agrega al artículo 44.

Nada más.

El señor TEJEDA.-

Señor Presidente, el Partido Comunista coincide con las observaciones que acaba de formular el Honorable señor Naudon, en cuanto a que el número que se propone agregar al artículo 44 no establece la facultad de dictar leyes normativas.

Lo que se pretende es que el Parlamento delegue su facultad soberana de dictar leyes en el Presidente de la República, y en materias tan importantes como las siguientes: autorizar la contratación de empréstitos o de cualquiera otra clase de operaciones, que puedan comprometer el crédito y la responsabilidad financiera del Estado; autorizar la enajenación de bienes del Estado o de las municipalidades; crear o suprimir empleos públicos; determinar o modificar sus atribuciones; aumentar o disminuir sus dotaciones; dar pensiones; establecer o modificar la división política o administrativa del país; fijar las fuerzas de mar y tierra que han de mantenerse en pie en tiempo de paz o guerra.

Nosotros, durante la discusión en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, preguntamos categóricamente al señor Subsecretario sobre el alcance de esta enmienda. Cuando le consultamos si, en buenas cuentas, se pide autorización para que el Ejecutivo dicte leyes omitiendo su tramitación en el Congreso, el señor Evans dijo, según aparece en el boletín que tengo a la mano; "Exactamente". De tal manera que lo que el Ejecutivo pide en esta disposición no es la atribución para dictar leyes, que le está reservada por, su esencia.

Nosotros dijimos, en la discusión general del proyecto, que no aceptábamos ninguna de estas nuevas modificaciones que tienden a aumentar el poder personal del Presidente de la República, y aquí se llega al extremo de establecer que se podrán conceder facultades de carácter netamente legislativo.

Por estas razones, votaremos en contra.

El señor LORCA (don Gustavo).-

Señor Presidente, la delegación de facultades legislativas en el Presidente de la República es un principio constitucional que hoy está aceptado en la doctrina y en la mayoría de las cartas constitucionales modernas. Nosotros creemos, por lo tanto, que también debería quedar consagrado en nuestra Carta Fundamental. Con ello sólo vamos a "constitucionalizar' una práctica que se ha venido perpetuando en nuestro régimen parlamentario.

Siguiendo la doctrina enunciada en la exposición que hice durante la discusión general de este proyecto de reforma constitucional, estimamos que debe robustecerse el poder del Presidente de la República, respecto, de ciertas materias. Creemos sí, -y dejamos establecida nuestra reserva sobre el particular- que se ha incluido un número excesivo de ellas en la delegación de facultades.

A ello me referí en extenso en dicha exposición. También creemos que no han sido suficientes para robustecer el Poder

Ejecutivo, aquellas que actualmente son de iniciativa exclusiva del Presidente de la República.

En la Comisión, formulé indicación, que ha sido renovada en la Sala, para eliminar algunos aspectos de esta delegación de facultades. Por desgracia, ella no prosperó.

De las ideas que sugerí durante la discusión general, la única que se recogió fue la de excluir el plebiscito como medio para obtener delegación de facultades. Me complazco en señalarlo, porque en esta forma, se ha evitado una grave anormalidad en nuestro régimen institucional.

Termino anunciando los votos favorables de los Diputados liberales y conservadores a esta enmienda constitucional.

El señor HURTADO (don Patricio).-

Señor Presidente, me han solicitado que explique las razones por las cuales la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia rechazó la indicación renovada, que dice que no se podrá otorgar la autorización a que se refiere el número segundo del artículo 44, cuando se trate de operaciones que caucionen o puedan llegar a caucionar obligaciones contraídas por personas naturales o jurídicas de derecho privado que persigan fines de lucro.

Tal como se ha expresado en diversas oportunidades, el propósito de esta reforma constitucional es entregar al Ejecutivo la dirección de la política financiera y de promoción del desarrollo económico del país. Por esta razón, la Comisión se propuso no colocar obstáculos que pudieran entrabar, en un momento determinado, la acción de las instituciones superiores que tienen a su cargo la dirección del proceso económico nacional, como la Corporación de Fomento de la Producción, la cual podría estimar necesario, por ejemplo, para el mejor desenvolvimiento de una determinada política de desarrollo económico, otorgar su aval a personas naturales o jurídicas de derecho privado que persigan fines de lucro.

Voy a citar un caso, para terminar. Es evidente que en nuestro país la industria pesquera ha obtenido auge y desarrollo notables, y esto se ha logrado gracias al aval otorgado por la Corporación de Fomento de la Producción. Estimo que tendrá 'un progreso mayor todavía. En seguida, creo que el Ejecutivo podrá decidir si conviene otorgar este aval para la instalación de plantas de celulosa, por ejemplo, o para la ejecución de los diversos proyectos considerados dentro del Plan General de Desarrollo Regional y Nacional en estudio. Por esa razón, la Comisión rechazó esta indicación que ha sido renovada.

El señor NAUDON.-

Señor Presidente, estimo que esta disposición será aprobada y, por lo mismo, me preocupa un posible error, que no advertimos durante el estudio del texto constitucional en la Comisión.

Rogaría al señor Diputado informante que me prestara un poco de atención, y aclarara este pequeño error, que puede ser mío y no del texto de esta modificación.

Por esta disposición, se delegan facultades para legislar sobre una materia señalada en el Nº 7º del actual artículo 44, cual es: "Establecer o modificar la división política o administrativa del país". El texto en discusión expresa: "Autorizar al Presidente de la República para que dicte normas sobre materias de ley no comprendidas en los Nºs. 1º, 4º, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 de este artículo, o que no se refieran a la nacionalidad y a la ciudadanía, elecciones' y plebiscitos y a la división política del país".

Como no se menciona el Nº 7º del artículo 44 de la Constitución en vigencia, podemos delegar la facultad de modificar la división política del país, no obstante que de acuerdo con la enmienda en debate, se prohíbe delegar atribuciones sobre esta materia.

Mi intervención tiene por objeto corregir este posible defecto en la redacción, que no advertimos en el momento de estudiar la disposición.

Nada más.

El señor SILVA ULLOA.-

Precisamente, por eso existe un error, ya que las modificaciones deben referirse a lo que ha aprobado anteriormente la Comisión para que exista concordancia, y no la hay al suprimirse el Nº 6º. En realidad, desaparece el 15.; queda el 14 como último.

Entonces, de aprobarse el número final propuesto en la modificación, pasaría a tener el 15º lugar. Esa es, por lo menos, la norma permanente para la formación de una ley.

No tengo el propósito de que este error quede como prueba de incompetencia de la Comisión a la que pertenezco ni de la Honorable Cámara. Me parece que podríamos facultar también a la Mesa para que lo corrija en el momento oportuno, si se llega a aprobar la disposición. Yo soy contrario a ella.

El señor HURTADO (don Patricio).-

Señor Presidente, seré lo más breve posible.

En éste artículo, ampliamente debatido en la discusión general, que determina las materias de ley que pasan a ser de iniciativa exclusiva del Presidente de la República, se han introducido dos enmiendas que complementan la regla principal y tienen por objeto precisar la competencia que tendrá el Congreso respecto de las proposiciones del Ejecutivo para alterar la división política o administrativa del país y para condonar total o parcialmente impuestos o contribuciones en mora y sus intereses y sanciones. En el primer caso, se determina que el Parlamento sólo podrá aprobar o rechazar la modificación propuesta, y, en el segundo, sólo podrá aceptar, disminuir o rechazar las condonaciones.

Se me ha hecho presente que, donde se dice "impuestos o contribuciones", debiera decirse "impuestos o derechos". Para corregir esta redacción, sería necesario que el señor Presidente recabara el asentimiento unánime de la Sala. Es. una redundancia hablar de "impuestos o contribuciones", pues son lo mismo. No ocurre así en el caso de "impuestos o derechos", ya que técnicamente son cosas distintas, como los Honorables colegas saben perfectamente bien.

El señor TEJEDA.-

Señor Presidente, en la discusión general del proyecto, hicimos presente que, con las enmiendas de este artículo, le quitan al Parlamento nuevas facultades, que se agregan a las 35 de que ya ha sido privado.

No quiero repetir la larga lista que di a conocer en la discusión general, pero creo del caso llamar la atención sobre algunas. Se le quita al Parlamento la iniciativa para fijar sueldos y salarios mínimos de los trabajadores del sector privado. O sea, no podrán presentarse los proyectos con que "se abanica" mi distinguido amigo egresado de los jesuítas, señor Valenzuela Valderrama.

El señor VALENZUELA VALDERRAMA (don Héctor).-

A mucha honra, tendría haber sido alumno de los jesuítas. Desgraciadamente, no lo he sido. En cambio, el señor Cademártori sí se educó en los Salesianos.

El señor TEJEDA.-

Como digo, se les quita a los parlamentarios la facultad de presentar proyectos favorables al sector privado, como aquéllos que ha patrocinado el señor Valenzuela Valderrama. No podremos presentarlos, si no traen la "bendición" o el patrocinio previo del Ejecutivo.

Por otra parte, considero muy grave mantener aquella disposición que exige que emane del Presidente de la República la iniciativa para fijar los deslindes de las comunas y todas las divisiones territoriales, o para modificar las indicaciones propuestas por el Ejecutivo en esta materia. Nosotros únicamente podremos decir "sí" o "no". A esto le atribuyo mucha gravedad, porque, de acuerdo con las modificaciones que se introducen en el régimen interior, se hará prácticamente una reestructuración completa del país, en nuevas regiones, zonas, comunas, provincias y aun en nuevas circunscripciones electorales. En todo ello, no tendremos otra facultad que decir "sí" o "no".

El colega César Godoy me dice que ni a De Gaulle se le dio esa facultad. Me parece que es así, porque uno de los objetivos para los cuales se estableció el plebiscito en Francia fue, precisamente, el de pronunciarse sobre las modificaciones territoriales.

De ninguna manera nosotros podemos aceptar estas nuevas limitaciones de las facultades del Parlamento. Ya nos van quedando muy pocas. El otro día, se nos quitó hasta la de poner nombres a las calles...

El señor BUZETA.-

¡ Muy bien hecho!

El señor FERNANDEZ.-

De cambiarles nombres.

El señor TEJEDA.-

...para traspasarla a las Municipalidades. Esa era una de las pocas atribuciones que nos habían dejado.

Por eso, vamos a votar en contra de todas estas modificaciones que nos quitan iniciativas.

Aunque no sabemos si ello procede reglamentariamente, solicitamos que se vote facultad por facultad de aquéllas en que el Presidente de la República pueda tener la iniciativa. Pedimos que se voten por separado, porque es posible que para rechazar algunas, como la referente al sector privado, haya mayoría en la Cámara.

El señor MORALES (don Carlos).-

Señor Presidente, cuando intervinimos en la discusión general, analizamos en profundidad los nuevos conceptos que se pretenden incorporar en la Constitución Política del Estado con estas" enmiendas de su artículo 45. Dijimos que no creímos justo, razonable ni sensato que el Parlamento Nacional abdicara de facultades legítimas que le corresponden en forma exclusiva.

Como se habla tanto de que, en la reciente elección de marzo, el pueblo habría votado por programas, por cosas que se iban a hacer, por iniciativas que se iban a propugnar, nosotros agregamos que los electores también votaron por conceptos afines a nuestro texto constitucional tradicional.

Varios señores DIPUTADOS.-

¡No!

El señor MORALES (don Carlos).-

Entre otras, ellos no quisieron, indudablemente, privarnos de aquellas facultades que teníamos, que aún tenemos y que dificulto tendremos en el futuro, porque advierto ya la mayoría que se va a producir, para legislar sobre aumentos de remuneraciones y para establecer normas sobre regímenes previsionales.

A través de esta modificación, se pretende quitar al Parlamento estas atribuciones, en circunstancias que la mayoría de Gobierno de esta Honorable Cámara ha entregado recientemente, al Ejecutivo varias de las atribuciones exclusivas del Congreso Nacional, contenidas en el artículo 44 de la actual Constitución Política del Estado.

En virtud de esta última enmienda, la clásica fórmula "sólo en virtud de una ley se puede:..." queda restringida a muy pocas materias en las que puede intervenir el Parlamento. 

En efecto, dentro de las poquísimas atribuciones que nos dejan, los parlamentarios sólo podremos imponer contribuciones; aprobar anualmente el cálculo de entradas de la Nación; permitir la salida de tropas nacionales fuera del territorio de la República, señalando el tiempo de su regreso...

El señor TUMA.-

¡Tremenda atribución!

El señor MORALES (don Carlos).-

¡Nos queda esta inmensa y tremenda facultad de señalar el tiempo durante el cual las tropas nacionales pueden salir del territorio de la República!

Podremos también conceder indultos generales y amnistías, y señalar la ciudad en que debe residir el Presidente de la República. O sea, las facultades legislativas, características de todos los Parlamentos del mundo, se han entregado al Ejecutivo, a través de la enmienda de la Constitución aprobada recientemente por la Honorable Cámara.

La modificación que ahora se pretende introducir amplía en forma excepcionalísima las facultades constitucionales del

Presidente de la República, pues le otorga iniciativa exclusiva respecto de asuntos que siempre fueron resueltos en las esferas del Congreso Nacional, tales como las leyes de reajustes de remuneraciones que, en muchas ocasiones, hemos patrocinado para mejorar la situación económica del sector privado.

Si se aprueba la enmienda en debate, los proyectos que en el futuro se envíen al Parlamento para beneficiar a esos trabajadores llegarán quizás en forma muy retrasada y -por qué no decirlo- seguramente el objetivo central o el incentivo que guiará al Gobierno a promover esas iniciativas, de acuerdo a lo que tantas veces hemos criticado en esta Honorable Cámara, será fijar los aumentos de remuneraciones en conformidad con los índices sobre alza del costo de la vida entregados por la Dirección de Estadística y Censo, que son falsos y no corresponden a la realidad.

El señor MORALES (don Carlos).-

Toda la Honorable Cámara sabe cómo las críticas que estoy formulando, y que tanta ira provocan a los Diputados de Gobierno fueron también utilizadas por ellos para reprobar algunas prácticas de Administraciones anteriores, cuando estaban en la oposición. Y porque ahora las decimos nosotros, provocan la ira de los parlamentarios de la Democracia Cristiana.

Decía que, cuando lleguen al Parlamento los Mensajes del Ejecutivo sobre mejoramientos económicos del sector privado, seguramente el Gobierno los fundamentará en el porcentaje de aumento señalado por el índice del alza del costo de la vida. Pues bien, ese índice está siendo criticado por todos los sectores; no sólo los parlamentarios lo atacan, sino también los gremios. En efecto, los señores Diputados que concurren a reuniones gremiales han podido oír las reclamaciones fundadas de los sindicatos, de las asociaciones, de los gremios, por ese índice falso, ajeno a la realidad.

-Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor MORALES (don Carlos).-

Por esa razón, nosotros tal como lo expresamos en la discusión en general, estamos en desacuerdo con esta disposición, y hemos querido dejar constancia de nuestras palabras en el debate de hoy. Por otra parte, hemos pedido la división de la votación, porque pensamos que no tenemos derecho para entregar atribuciones que están contempladas en el actual texto constitucional como propias del Parlamento. Para cumplir esas funciones fuimos elegidos el 7 de marzo....

-Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor MORALES (don Carlos).-

…para el pueblo. Ahora la Democracia Cristiana tiene una inmensa mayoría en esta Cámara. Entonces, que cumpla.

Si Sus Señorías fueron elegidos, apliquen las atribuciones que les corresponden; realicen la función legislativa. Pero no deleguen en el Jefe del Estado estas tareas, ni le traspasen a otro poder colegislador estas funciones para las cuales fueron elegidos por la ciudadanía.

Por estas consideraciones, vamos a votar en contra del artículo en debate. Al mismo tiempo, expresamos que hemos solicitado división de la votación en la disposición relacionada con el sector privado.

El señor SILVA ULLOA.-

Señor Presidente, con ocasión de la discusión en general de este proyecto de reforma constitucional, yo formulé algunas observaciones sobre esta disposición, que entrega sólo al Presidente de la República la iniciativa en materias tan importantes como la concesión de aumentos de sueldos, fijación de sueldos y salarios mínimos de los trabajadores del sector privado y otras.

-Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor SILVA, ULLOA.-

Pido a los Honorables colegas expresarse en términos adecuados, dada la importancia del debate que ahora estamos sosteniendo, pues nos encontramos, aprobando modificaciones a la Carta Fundamental.

Señor Presidente, como tendremos oportunidad de decirlo más tarde, cuando se traten las modificaciones al artículo 94, y siguientes de la Constitución Política del Estado, el Gobierno retiró, durante el primer informe (de este proyecto, todos los artículos que había propuesto en relación de organismos de carácter regional, disposiciones que afectaban a las Municipalidades, porque, según expresó el representante del Ejecutivo en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, hasta ese instante no tenían una idea clara al respecto. Esas mismas disposiciones fueron presentadas como indicaciones por los Honorables colegas de la Democracia Cristiana y del Partido Radical, y han sido aprobadas en el segundo informe. El criterio para modificar lo relativo a la administración regional es dejar entregado a la ley el establecimiento de las unidades de orden geográfico o económico; pero ocurre que en esta materia, que quedará incorporada en la Constitución a través del artículo 45, en debate, el Parlamento no tendrá iniciativa alguna.

En efecto, la iniciativa en materia de división política o administrativa quedará entregada exclusivamente al Presidente de la República, y el Congreso sólo podrá aprobar o rechazar los proyectos de leyes sobre el particular.

En esta oportunidad, quiero analizar lo sucedido esta tarde, cuando nos abocamos a estudiar y aprobar el artículo que aumentó a 150 el número de miembros de la Cámara de Diputados. Se argumentó aquí, y no sin razón, que en esta forma las provincias no quedaban proporcionalmente representadas, a pesar de que los partidos, naturalmente, en forma nacional, iban a tener representación. Pero la, argumentación fue sólida; la dieron Diputados de todos los partidos, y yo la respeto. Sin embargo, en esto que es fundamental, o sea, la división política o administrativa del país, para aplicar los preceptos relativos a la administración regional no quedamos sometidos a una mayoría parlamentaria de provincias, sino, exclusivamente, a lo que quiera hacer el Poder Ejecutivo. Esto nos parece extraordinariamente grave.

No quiero abundar en otros conceptos que ya hemos señalado en ocasiones anteriores; pero, sostenemos que, aprobada esta reforma constitucional, entregadas al Presidente de la República las facultades que se han analizado, dándole solamente a él la iniciativa para cosas tan importantes, el Congreso Nacional, prácticamente, es bien poco lo que podrá hacer. Nos limitaremos a cumplir aquí con nuestros deberes fiscalizadores, pero, en el hecho, las promesas que hacemos los parlamentarios de todos los partidos en orden a resolver los problemas tanto nacionales como regionales, no las vamos a poder cumplir, pues no tendremos facultades para ello.

Por estas razones, nosotros, junto con adherir a la petición de división de la votación' por ideas, en este inciso que se agrega y que reemplaza al tercero del artículo 45, anunciamos que votamos en contra de cada una de ellos.

He concedido una interrupción al Honorable señor Cademártori.

El señor CADEMARTORI.-

Señor Presidente, a las razones que han dado los Honorables colegas Silva Ulloa y Tejeda, para fundamentar nuestros votos contrarios a esta disposición que entrega al Ejecutivo la exclusividad para legislar en materia de remuneraciones, de previsión social y otros aspectos de orden económico-social, deseo también agregar algunas más.

Desde luego, llama la atención el hecho de que está reforma de la Constitución no haya sido propuesta en forma original por el actual Gobierno y que tampoco sea producto del programa planteado por la Democracia Cristiana en sus campañas electorales. Esta enmienda constitucional, que limita el poder del Parlamento y su iniciativa para legislar sobre remuneraciones y previsión social, tiene su origen en aquélla que presentara en el Gobierno anterior el PresidenteJorge Alessandri, y que defendiera en el Congreso el ex Ministro de Justicia señor Enrique Ortúzar.

El señor VALENZUELA VALDERRAMA (don Héctor).-

Es muy distinta.

El señor CADEMARTORI.-

Esta reforma, que es exactamente igual a la propuesta por el Gobierno anterior, ha sido apoyada en forma calurosa por el diario "El Mercurio", en extensos editoriales, tanto con motivo de la presentación del anterior proyecto como del actual. Para el diario "El Mercurio", esta reforma constitucional no se justifica por las modificaciones al derecho de propiedad, y tampoco por haber concedido derecho a voto a los ciudadanos mayores de 18 años y a los analfabetos; para el vocero de los intereses más reaccionarios del país y del extranjero este proyecto sólo se hace meritorio por el artículo que vamos a votar en este instante. ¿Cuál es la teoría de los sectores reaccionarios? Que el Parlamento Nacional ha cometido el grave delito de haberse hecho eco, en numerosas oportunidades, de las aspiraciones más sentidas de los diversos sectores de trabajadores. Aquí, nosotros, con el patrocinio de parlamentarios de la Democracia Cristiana del período pasado, hemos tenido que "desenterrar" una ley para poder darles un sistema de previsión social, por ejemplo, a los artistas nacionales, absolutamente huérfanos de ella. Y aquí también hemos tenido que legislar, a iniciativa de los diversos sectores políticos, sin distinción, para reparar tremendas injusticias que se habían cometido con ciertos grupos de trabajadores, a los cuales tuvimos que otorgarles indemnizaciones especiales; como ocurrió en el caso de la industria salitrera del norte a raíz del cierre de algunas oficinas, ocasión en la cual el Parlamento debió aprobar un proyecto de ley para solucionar el problema de los trabajadores que habían quedado cesantes, dándoseles, a iniciativa nuestra, una indemnización especial.

Si se aprueba la reforma en esta parte, ya no podremos hacer esto'. En adelante, no sólo estaremos impedidos para legislar en materia de sueldos y de salarios mínimos, del sector privado, sino también quedaremos privados de toda iniciativa para propiciar y proponer la más mínima reivindicación y el más pequeño beneficio, aunque sea para mejorar, por ejemplo, el Código del Trabajo, en forma insuficiente o, como ocurre muchas veces en términos discriminatorios, dando a los empleados un beneficio mayor y a los obreros otro mucho menor. ¿Vamos a tener que esperar la iniciativa del Ejecutivo para reparar todas estas injusticias?

No se puede sostener que el Ejecutivo carezca de intervención en estas materias. Como todos sabemos, el Gobierno es colegislador. Durante más de la mitad del año, se legisla solamente sobre aquellas materias que el Presidente de la República incluye en la convocatoria de las legislaturas extraordinarias. Luego, puede intervenir en la elaboración de una ley en cada uno de sus trámites en la Cámara de Diputados y en el Senado. Y, finalmente, le queda el recurso del veto para objetar cualquier beneficio que la mayoría parlamentaria crea justo dar, si lo considera inconveniente. Todos sabemos que el Gobierno actual tiene la mayoría suficiente para imponer su veto a cualesquiera disposiciones aprobadas por la Cámara de Diputados o por el Senado, si estimara que se está dando un beneficio excesivo, más allá de lo conveniente.

Entonces, ¿se puede justificar este verdadero suicidio que cometen los parlamentarios al aceptar este cercenamiento de sus atribuciones? ¿Es que se puede citar algún caso -pregunto yo al señor Ministro de Justicia- en éste o en el anterior Congreso, de un proyecto despachado por nosotros sobre sueldos, salarios u otras remuneraciones que haya sido excesivo o signifique una demasía, un beneficio injustificado? El señor Ministro no podrá citar un sólo caso de una ley, de iniciativa parlamentaria, que haya implicado un abuso o un mejoramiento injustificado. Por eso, he querido intervenir...

El señor CADEMARTORI.-

Señor Presidente, como ha comprobado la Honorable Cámara con las palabras del señor Ministro de Justicia, no hay, en verdad, un solo precedente que pueda invocarse de una ley que haya significado una demasía...

Varios señores DIPUTADOS.-

¡Hay muchas!.

Un señor DIPUTADO.-

¡No dijo eso el señor Ministro!

El señor CADEMARTORI.-

No las hay. Invito a cualquier Diputado de Gobierno a que me cite, en reemplazo del Señor Ministro, un solo caso en que se haya despachado alguna ley que conceda beneficios excesivos o signifique un abuso.

Tengo en mi mano el texto de la reforma constitucional propuesta por el ex Presidente señor Alessandrl.

El señor VALENZUELA VALDERRAMA (don Héctor).-

¡Es distinta!

El señor CADEMARTORI.-

El Honorable colega dice que la reforma propuesta por el señor Alessandri es distinta de ésta. Pues bien, voy a leer una parte de ella. Dice: "Le corresponderá, también (al Presidente de la República), la iniciativa exclusiva. de las leyes sobre previsión social o que incidan en ella, tanto del sector público como privado, y de aquéllas que conceden o aumenten los sueldos, salarios, gratificaciones, emolumentos, remuneraciones o préstamos de cualquier género del personal en servicio o jubilado del sector privado".

Ahora, veamos cómo viene redactado este nuevo inciso tercero del artículo 45 de la Constitución. Se expresa: "Corresponderá, asimismo, al Presidente de la República la iniciativa exclusiva para... fijar sueldos y salarios mínimos de trabajadores del sector privado, aumentar obligatoriamente sus sueldos, gratificaciones y demás remuneraciones ó beneficios y alterar las bases que sirvan para determinarlos".

Como se ve, prácticamente se ha copiado la idea completa del proyecto propiciado por el señor Ortúzar, entonces Ministro del Gobierno del señor Alessandri.

El concepto de "beneficio" es tan amplio, que cualquiera modificación de la Legislación del Trabajo o de las relaciones contractuales establecidas entre un grupo de trabajadores y sus patrones podría ser estimada violatoria de esta nueva norma de la Constitución Política. Por ejemplo, si mañana nosotros quisiéramos modificar la jornada de trabajo de obreros que realizan faenas subterráneas o que significan grave riesgo para su salud, o por muchas otras circunstancias más, que hacen necesaria una legislación especial para ciertos sectores de trabajadores de acuerdo con este nuevo inciso tercero del artículo 45, ningún parlamentario podría presentar proyecto alguno, ni hacer indicación alguna a un proyecto del Gobierno sobre la materia.

El señor VALENZUELA VALDERRAMA (don Héctor).-

¡No, señor Diputado!

El señor CADEMARTORI.-

¡Sí, señor Diputado! Evidentemente, eso significa la reforma.

Varios señores DIPUTADÓS.-

¡ Pero no es así!

El señor CADEMARTORI.-

Extraño que digan eso algunos Honorables colegas. Quiere decir que no han entendido lo que se está discutiendo.

Efectivamente, las indicaciones que se hicieran serían rechazadas por la Mesa, porque el señor Presidente de la Cámara se vería obligado a declararlas inconstitucionales. Esto es grave. Los colegas democratacristianos han presentado muchos proyectos de esta naturaleza. El Honorable señor Musalem, en el período pasado, no podría haber presentado su proyecto de ley sobre "sábado inglés", que le sirvió tanto para su campaña electoral; ni tampoco podríamos haber aprobado, como se hizo recientemente, el proyecto que regula la jornada de trabajo de los empleados de farmacias, que es una ley justa debida a la iniciativa parlamentaria y que el Presidente de la República no ha vetado sino en aspectos secundarios.

Por lo tanto, no hay justificación alguna para esta modificación constitucional. Estimamos que votarla favorablemente, representa sostener una posición absolutamente reaccionaria, en momentos en que es necesario corregir muchas injusticias, aparte de que es justo reconocer que cada uno de los señores Diputados tiene la capacidad y el discernimiento suficientes para proponer ideas constructivas en esta materia.

Nada más, señor Presidente.

El señor HURTADO (don Patricio).-

Señor Presidente, cuando la Sala haya aprobado esta reforma constitucional, se dirá que ha sido toda la Corporación la que lo hizo; y cuando el Congreso Nacional la despache, se dirá que todo éste le dio su aprobación.

Lo que se pretende es complementar las restricciones de la iniciativa parlamentaria, consagrados en la reforma constitucional del año 1943.

Debo decir, contestando la consulta del Honorable señor Cademártori, acerca de si se pretende o no limitar la iniciativa parlamentaria, que, en esta materia, efectivamente se trata de limitar la iniciativa parlamentaria. Y voy a darle una explicación.

Es indudable que la enorme complicación de la economía moderna y la necesidad de planificar las inversiones y de señalar metas y prioridades, exigen planes no sólo a corto plazo, sino también de desarrollo a largo plazo, que requieren unidad de criterio, tanto en las inversiones como en los gastos. Para la eficacia de estos planes, es necesario asegurar que tales finalidades preestablecidas no sean desvirtuadas por iniciativas contradictorias. En consecuencia, aprobada la orientación de la política económica-social, corresponde al Gobierno la responsabilidad de su ejecución, lo que exige reservarle a éste la iniciativa exclusiva de toda legislación que implique gastos u otras materias que puedan interferir con el cumplimiento de sus planes o programas, todo lo cual hace indispensable atribuir al Poder Ejecutivo la iniciativa exclusiva de todas las leyes de esta naturaleza. Por eso, nosotros aprobaremos esta enmienda, que precisamente tiene ese objeto.

El señor CADEMARTORI.-

¿Me permite una interrupción, Honorable Diputado?

El señor SILVA ULLOA.-

¿Me permite?

El señor HURTADO (don Patricio).-

En seguida. Honorable colega.

Señor Presidente ¿cuándo el país aprobó la orientación de una determinada política económica-social? Cuando eligió al Jefe de Estado, que le exhibió un plan completo de Gobierno. Al elegirlo, el país se definió por una determinada política económico-social. ¿Y cuándo el país ratificó esta orientación? Cuando el 7 de marzo eligió este Parlamento, que daría al Gobierno las herramientas necesarias para cumplir esa orientación.

El señor SILVA ULLOA.-

Señor Presidente, siguiendo con el debate y la exposición del Honorable señor Patricio Hurtado, quisiera que me explicara cómo entendería el ciudadano común esta reafirmación de confianza en el actual Gobierno, que en septiembre del año pasado, en la elección presidencial, obtuvo 1 millón 400 mil votos, y en la elección de parlamentarios del 7 de marzo, 900 mil votos, hablando en cifras redondas.

El señor MUGA.-

¡Un millón de votos!

Varios señores DIPUTADOS.-

¡Un millón de votos!

El señor SILVA ULLOA.-

Yo les doy el millón de votos que reclaman algunos Honorables colegas. No tengo las cifras exactas en estos instantes, pero, en todo caso, reitero que entre septiembre de 1964 y marzo de 1965 la votación del Gobierno disminuyó en 400 mil sufragios. Esto, sin duda alguna, significa pérdida de confianza en la actual administración por parte del electorado.

El señor SILVA ULLOA.-

Señor Presidente, sostengo que el problema no se puede plantear en esos términos. Ya se ha expresado en reiteradas oportunidades, en la Honorable Cámara, que el hecho de que la Democracia Cristiana sea mayoría en ella, se debe, única y exclusivamente, a que la Ley de Elecciones vigente no cumple con el precepto constitucional que establece una representación proporcional...

El señor IRURETA.-

¡No le eche la culpa al empedrado!

El señor SILVA ULLOA.-

…ya que teniendo sólo el 42% del electorado, alcanzó un 60% de los Diputados. Esto viola el citado precepto de nuestra Constitución.

El señor HURTADO (don Patricio).-

Se me ha formulado una consulta de tipo político y creo que es mi deber contestarla en el mismo nivel. El Honorable señor Silva Ulloa, que tiene mucho mayor experiencia política, me pregunta si yo estimo que la orientación política, económica y social aprobada el 4 de septiembre -y con esto me refiero a la materia en debate- fue desvirtuada por el hecho de que el Partido Demócrata Cristiano, en las elecciones parlamentarias, obtuvo una cantidad de votos inferior a los que favorecieron al señor Eduardo Freí. Sabe el Honorable Diputado que en las elecciones parlamentarias la lucha se da en términos muy diferentes de los de la elección presidencial. Por esta razón, ninguna de las fuerzas políticas que apoyaron a los candidatos presidenciales logran mayor cantidad de votos en la elección parlamentaria, incluso el FRAP. Esto es mucho más claro, si se considera que no sólo el Partido Demócrata Cristiano apoyó al candidato que ahora es Presidente de la República. ..

El señor HURTADO (don Patricio).-

Señor Presidente, de acuerdo con el texto aprobado, por la Comisión, corresponderá al Presidente de la República la iniciativa para proponer leyes, aparte de aquéllas consagradas en la reforma de 1943, sobre las siguientes materias; condonación total o parcial de impuestos o contribuciones en mora y sus intereses y sanciones. En este aspecto, la iniciativa parlamentaria ¿no ha sido un vicio que distorsiona todo el sistema impositivo chileno al despachar leyes sobre condonación de impuestos y multas? ¿Y a quiénes han favorecido? A los morosos, en perjuicio de aquéllos que oportunamente cumplieron sus obligaciones para con el Estado y la sociedad.

El Presidente de la República tendrá iniciativa exclusiva también para conceder remuneraciones o beneficios al personal de los servicios públicos. ¿No es una cosa notoria el desequilibrio que se observa en los distintos niveles de remuneraciones de que gozan determinados servicios públicos, que han tenido más fuerza de presión para lograr esta clase de beneficios?

El Presidente de la República tendrá también la iniciativa de los proyectos de ley que tengan por objeto "conceder o aumentar pensiones de jubilación, de retiro, de montepío y de gracia y otorgar abonos de tiempo servido". ¿No es un vicio que los parlamentarios tengan iniciativa en materia de pensiones de gracia, lo que ha dado origen a toda clase de arbitrariedades e injusticias?

Igualmente, corresponderá al Presidente de la República, la iniciativa "para fijar sueldos y salarios mínimos de trabajadores del sector privado, aumentar obligatoriamente sus sueldos, gratificaciones y demás remuneraciones o beneficios y alterar las bases que sirven para determinarlos; y para establecer o modificar los regímenes previsionales y de seguridad social". Yo les pregunto a mis Honorables colegas, ¿no es injusto el sistema de previsión en nuestro país, por las distintas y absurdas diferencias y discriminaciones que se hacen? ¿Es o no un sistema injusto?

-Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor HURTADO (don Patricio).-

Si me permiten terminar la idea, yo les pregunto a mis Honorables colegas: si se hubiera establecido en el país un sistema de orientación socialista, que es más rígido en el orden de la planificación económica, ¿se habría permitido la iniciativa parlamentaria en este aspecto? Evidentemente que no.

Creo que es indispensable nivelar los regímenes de previsión y de seguridad social en el país, para terminar la anarquía que hoy existe. Por eso, se da exclusiva iniciativa al Ejecutivo en esta materia.

Además, es evidente que hay sectores privilegiados en este aspecto, en el país. Nuestro país es pobre y de recursos limitados; luego, todo lo que beneficie, mejore o desnivele a un sector, redundará en perjuicio de los otros.

-Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor HURTADO (don Patricio).-

Además, en esta disposición se establece al mismo tiempo que el Presidente tiene la iniciativa exclusiva "para declarar el sentido de las leyes que otorguen o regulen los beneficios mencionados en el inciso anterior y para patrocinar leyes sobre condonaciones de sumas que hayan sido percibidas indebidamente por concepto de remuneraciones, o de pensiones de gracia, jubilación, retiro o montepío."

Nada más, señor Presidente.

El señor LORCA (don Gustavo).-

Señor Presidente, sólo deseo decir dos palabras, sobre la materia en debate, porque ya hemos manifestado nuestra opinión durante la discusión general de la reforma constitucional.

Esta reforma tiende, indiscutiblemente, a perfeccionar el régimen ya establecido en la ley Nº 7.727, de noviembre de 1943; y en el orden doctrinario es evidente que ella profundiza la línea de acción del gobierno presidencial. ..

El señor GALLEGUILLOS.-

¡De las empresas!

El señor LORCA (don Gustavo).-

Ruego a Su Señoría me permita expresar mi pensamiento, en la misma forma como yo he respetado y he dejado manifestar sus opiniones a todos los colegas.

Su Señoría no me ha visto en ninguna actitud contraria a esta posición...

El señor BALLESTEROS (Presidente).-

Ruego a Su Señoría dirigirse a la Mesa.

El señor LORCA (don Gustavo).-

En segundo término, deseo expresar que, dentro del régimen presidencial, el Ejecutivo debe tener la función, -como muy bien lo señalaba el señor Ministro de Justicia- de poder seguir los destinos económicos y financieros del país y, además, orientarlos.

Como se expresara aquí, hace un momento, en realidad esta reforma nos despoja de algunas iniciativas en materias de ley; pero ello tiene una justificación lógica, cual es la de que el Parlamento, evidentemente, sufre presiones de todo orden de parte de los gremios y sectores. De ahí que los grupos de presión que se han determinado en la doctrina y en la práctica constitucional, hacen que los parlamentarios actúen bajo las fuerzas más o menos potentes de ciertos gremios o sectores y deban legislar en determinado sentido.

Por ello, en el Ejecutivo deben estar concentradas todas las facultades para regir y orientar la política general, de acuerdo con la doctrina del régimen presidencial. Es decir, estamos perfeccionando el que tenemos actualmente. Si la Cámara quiere cambiarlo, eso es diferente; pero, si mantenemos el régimen presidencial, debemos respetar sus principios doctrinarios.

Por último, quiero hacer una advertencia con relación al argumento de que el actual Gobierno, por contar con mayoría en la Cámara de Diputados, podría imponer su criterio en materia de ley. Evidentemente es así, ya que no necesitaría de la iniciativa exclusiva, en ciertos aspecto. Pero debo recordar que no estamos legislando sólo para un Gobierno determinado, esto es, para el Gobierno del Excelentísimo señor Freí, sino reformando la Constitución Política para que tenga vigencia durante muchos años.

-Hablan varios señores Diputados a la vez.

Un señor DIPUTADO.-

¿Su Señoría piensa que van a volver?

El señor LORCA (don Gustavo).-

Por último, deseo expresar que ésta reforma también es una garantía para el Poder Ejecutivo, pues le permitrá cumplir su misión como corresponde, ya que no sólopodrá controlar las demasías de la Oposición, dentro de un régimen presidencial, sino también las de los propios Diputados de Gobierno.

El señor SILVA ULLOA.-

Decía, señor Presidente, que he escuchado con la mayor atención el informe proporcionado a esta Cámara por el señor Diputado informante. Pues bien, ¿qué deducimos de las modificaciones que se pretende introducir en el artículo 45 de la Constitución?

El Honorable señor Hurtado ha sido muy explícito y veraz respecto de esta materia ha tipificado claramente las modificaciones propuestas, de las cuales se puede deducir, que, en Chile, vamos a tener un Poder Ejecutivo paternalista, del cual, en el hecho, va a depender todo. Creemos, naturalmente, que este sistema es inconveniente para el libre ejercicio de nuestra democracia.

Para evitar confusiones, debo reiterar, esta noche, que los socialistas somos partidarios de la planificación. Entendemos que, en un Estado moderno -y en esto se basa nuestra ideología política- es indispensable planificar todas las actividades nacionales. Pero esta planificación no significa colocar al Poder Ejecutivo por encima de los demás Poderes del Estado. Nosotros no aceptamos esta situación, y hemos protestado cuando se ha pretendido implantarla. No queremos que esto ocurra en Chile.

Hemos experimentado vergüenza al ver cómo se rebaja la dignidad de los modestos habitantes de las poblaciones marginales cuando se les entregan los paquetes de "CARITAS". Nosotros queremos que ese poblador modesto, dentro del ejercicio de la Constitución Política, disfrute plenamente de las garantías en ella consagradas. Deseamos que, con su mujer y sus hijos, tenga derecho a una vida digna, dentro del marco de la actual civilización.

Esa es nuestra posición, que dejamos claramente establecida. Por ello, no aceptamos que se quieran confundir los términos, en el sentido de que nosotros queremos el juego politiquero. Estamos de acuerdo con la planificación, pero deseamos que la hagan realidad los Poderes del Estado, según su capacidad y tomando en consideración nuestra idiosincrasia, a fin de hacer la felicidad de todos los chilenos.

He concedido una interrupción al Honorable señor Cademártori.

El señor CADEMARTORI.-

Señor Presidente, el Honorable señor Hurtado, don Patricio, no ha querido concederme una interrupción, lo que habría permitido contestar las palabras que pronunció en defensa de este artículo modificatorio de la Constitución Política del Estado.

El señor MUGA.-

No podía concederle la interrupción, porque Su Señoría no disponía de tiempo.

El señor HURTADO (don Patricio).-

Solicito una interrupción, señor Presidente.

El señor CADEMARTORI.-

Pero, el Honorable Diputado tenía razón en no concedérmela, porque, en verdad no ha proporcionado ningún argumento convincente sobre la materia, sino que se ha limitado a leer -lo que cualquier señor Diputado puede hacer- un párrafo del Mensaje respectivo. El Ejecutivo dice en él que la economía moderna es muy complicada, que se necesitan planes a largo y corto plazo y que es indispensable coordinar todos estos planes, a fin de obtener el mayor provecho de ellos.

Pero cuando un Gobierno, como el actual, tiene en la Cámara una mayoría que ]e permite impedir, mediante el veto, la aprobación de cualquier disposición que signifique conceder beneficios al sector privado más allá de los planes que ha elaborado; cuando estamos en una situación como ésta, la reforma propuesta por el Ejecutivo puede significar una verdadera acusación contra esta mayoría parlamentaria ; esto es, el cargo de que sus iniciativas, es decir, las de los Diputados de Gobierno en caso de que las ejerzan como lo establece la actual Constitución, significan un "boycot" a esos planes de carácter económico. Este no es un cargo a los parlamentarios de Oposición. Evidentemente, no podría haber coordinación si, por una parte, un Poder del Estado está en manos de un partido o grupo de partidos que tienen una determinada concepción; y el Ejecutivo, en cambio, tiene otra.

-Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor CADEMARTORI.-

Como ya he manifestado, y los Honorables colegas de la Democracia Cristiana tendrán que convenir conmigo en esto, el veto de que puede hacer uso el Presidente de la República, significa que, con un tercio de los Diputados de esta Cámara, puede impedir la aprobación de cualquier disposición que pretenda modificar los planes que ha elaborado.

El señor CADEMARTORI.-

En consecuencia, lo que hay detrás de esto es un cargo gratuito del Gobierno a los Diputados democratacristianos. En efecto, se teme, y éste es el fondo del problema -digámoslo con franqueza- que los Diputados de la Democracia Cristiana se "disparen" y hagan causa común con parlamentarios de Oposición para legislar en beneficio de aquéllos que nos han elegido, esto es, de los trabajadores...

-Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor CADEMARTORI.-

... a los cuales el Honorable Diputado liberal señor Lorca Rojas ha llamado aquí "grupos de presión"; la verdad es que hay legítimos grupos de presión; los trabajadores ejercen legítimas pretensiones, y los Diputados estamos obligados a tomar debida nota de ellas.

¿Qué hay de malo en esto? Grave era la situación que había antes, cuando existía mayoría de los Partidos Conservador y Liberal, porque ellos llegaban a la Cámara a representar las presiones de los grandes monopolios y latifundistas.

-Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor CADEMARTORI.-

Eso sí que era grave. Pero yo no quiero hacer un cargo semejante a los Diputados de la Democracia Cristiana. Basta leer los proyectos que han presentados muchos de los parlamentarios que han llegado por primera vez a esta Cámara. Y no podría hacerse el cargo injusto de que todas esas iniciativas son atentatorias contra los intereses nacionales, demagógicas, o están fuera de las posibilidades económicas del país.

-Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor CADEMARTORI.-

Este aspecto no nos afecta a nosotros, ni el señor Diputado informante podría contestar este cargo. Este es, evidentemente, el fondo del problema. El Honorable colega debe saber muy bien que, a pesar de existir en la Cámara esta mayoría parlamentaria, no se podría aprobar ningún proyecto de ley con esta reforma, si los Diputados democratacristianos apoyaran iniciativas de Diputados de Oposición. En tal caso, ¿estarían obrando mal? ¿Podría acusárseles de que quieren sabotear al Gobierno del señor Freí y de que están perjudicando sus planes? Creo que no, que no es justa la prohibición que aquí se establece, porque va en desmedro del prestigio de la Cámara, de cada uno de los Diputados y de las posibilidades de los trabajadores para que puedan conquistar, a través de legítimas presiones sobre sus representantes, los beneficios económicos a que tienen derecho.

Nada más.

El señor HURTADO (don Patricio).-

Muchas gracias, señor Presidente. Queda entonces perfectamente aclarado el problema.

El Honorable señor Cademártori ha sostenido que yo no habría contestado la objeción de fondo que se me planteó. No sé si todos hablamos el mismo idioma, o si no me ha sido posible darme a entender en una materia tan clara como ésta.

En el día de ayer el Honorable señor Millas, que pertenece al mismo partido del Honorable señor Cademártori, se felicitaba del diálogo democrático en que estábamos participando todos los sectores políticos de esta Cámara, en la discusión de esta reforma constitucional,...

El señor MILLAS.-

¡Pero no en este artículo !

El señor HURTADO (don Patricio).-

El diálogo se refiere a todos los artículos. Deseo que, en la misma forma, sigamos debatiendo este proyecto.

Creemos en la planificación económica y, por ese hecho, estimamos que corresponde al Ejecutivo la ejecución y elaboración de los planes pertinentes. Gomo el Honorable señor Cademártori, de acuerdo con los principios que sustenta, también cree en ella, tendrá que estar de acuerdo conmigo en que en todos los sistemas en que se ha establecido la planificación, ha correspondido al Ejecutivo la administración, responsabilidad, y ejecución de toda la política económica y financiera, y social, desde el momento que éste tiene el control de toda la maquinaria económica. En un régimen planificado, es lógico que esa iniciativa corresponda, en forma exclusiva, al Ejecutivo.

Por ejemplo, ¿sería posible sostener que un sistema de planificación trienal o quincenal, de obras públicas, se vería distorsionado por la iniciativa parlamentaria? 

El señor CADEMARTORI.-

Eso no está en discusión.

El señor HURTADO (don Patricio).-

Lo he citado a manera de ejemplo.

Y un sistema de prioridades para promover el desarrollo económico de las zonas del país -porque es evidente que todos llevamos un gran regionalismo por dentro y cada uno quiere que en su abandonada provincia se levante primero una planta de celulosa o se ejecute un determinado plan de obras públicas ¿ se vería distorsionado por la iniciativa parlamentaria?

Lógicamente las prioridades y metas no las señalará el Parlamento, sino el Ejecutivo que tiene a su cargo la marcha administrativa del Estado, de la cual debe responder ante la nación. Por eso, estamos en una posición consecuente, que no es la planteada por los Honorables señores Cademártori y Silva Ulloa, al sostener que se atenta contra el equilibrio de los Poderes.

Yo acepto que en una argumentación sofista se pretenda conciliar el pensamiento de Marx con el de Montesquieu, pero en esta materia, evidentemente, los Honorables colegas han sostenido un planteamiento equivocado, porque...

-Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor CADEMARTORI.-

Esa es la posición alessandrista.

El señor HURTADO (don Patricio).-

... sólo se ha pretendido argumentar para distorsionar los principios que inspiran esta reforma constitucional.

-Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor HURTADO (don Patricio).-

A nuestro juicio, ningún parlamentario debe distorsionar los principios que sustentan y conforman su actuación política, para argumentar en la forma en que lo han hecho los Honorables señores Silva Ulloa y Cademártori. Por eso, en estas materias actuamos de manera consecuente y correcta, como el pueblo espera que lo hagamos.

El señor SILVA.-

Señor Presidente, el Honorable señor Patricio Hurtado no ha sido feliz al responder mi afirmación. He sostenido que esta reforma constitucional tipifica el Poder Ejecutivo paternalista. Y esto lo puedo reafirmar, por gentileza del Honorable señor Acuña, con el "Diario Oficial" de hoy, 2 de septiembre, en el que se publica el decreto Nº 349 del Ministerio de Relaciones Exteriores, que autoriza y facilita en Chile las actividades de las Agencias Voluntarias de Ayuda y Rehabilitación, a las organizaciones siguientes: Instituto de Promoción Agraria (INPROA); Instituto de Viviendas Populares "Cáritas" Chile (INVICA) ; Instituto Católico Chileno de Migración (INCAMI); "Caritas" Chile; Sociedad Alemana de Beneficencia; Fundación Alemana para el Desarrollo; Instituto de Educación Rural (IER); Instituto de Educación Popular; Instituto de Desarrollo (IDE); Instituto de Promoción Techo.

Es un antecedente grave...

-Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor SILVA ULLOA.-

... porque no sé cómo podría encajar en una programación de desarrollo económico la caridad de instituciones foráneas.

El señor TUMA.-

Señor Presidente, en forma breve me voy a referir a las observaciones del Honorable señor Patricio Hurtado, en las cuales puso mucho énfasis para decir que el pueblo había elegido a los Diputados democratacristianos en razón de su programa. Respetuoso de todas las ideas de mis Honorables colegas, no quiero que caigan en un error, que voy a señalar.

El ciudadano común que votó por la Democracia Cristiana....

Un señor DIPUTADO.-

Va a seguir votando.

El señor TUMA.-

... el de las poblaciones marginales, el del campo, el de los reductos indígenas de las provincias del sur, en los que obtuvo una buena votación, lo hizo en la creencia de que se trataba de una revolución en libertad.

El señor HURTADO (don Patricio).-

Señor Presidente, las intervenciones que acaban de hacer los Honorables colegas no responden a mis observaciones. Pero como el Honorable señor Silva Ulloa dejó flotando en el ambiente la idea de que esta reforma estaría inspirada en un sentido paternalista del Ejecutivo, voy a reafirmarla con palabras, no son mías, sino del Jefe de la Revolución cubana, comandante Fidel Castro. El dijo: "El Jefe de un Gobierno revolucionario debe ser un padre para con su pueblo, que debe conocer y resolver no sólo los problemas que tiene hoy...

El señor BALLESTEROS (Presidente).-

Ruego a Su Señoría referirse a la materia en debate.

El señor HURTADO (don Patricio).-

...sino también prever los problemas que tenga mañana".

Nada más.

El señor LORCA (don Gustavo).-

Señor Presidente, deseo decir dos palabras para contestar al Honorable señor Cademártori. Una, para sacar a Su Señoría del error como entiende los grupos de presión, a los cuales me referí tal cual se les enseña hoy en doctrina constitucional. Prueba de ello son las interesantísimas conferencias que se han dictado en nuestra Universidad de Chile por el distinguido profesor Guzmán Dinator, que en este momento contempla desde la tribuna, seguramente con pena este debate.

El señor MORALES (don Carlos).-

¿Por qué con pena?

El señor LORCA (don Gustavo).-

La otra, para responder a la insolencia de que estaríamos defendiendo intereses inconfesables de anteriores Gobiernos.

El pueblo, que tiene mucha sensibilidad y olfato, sabe cuáles son las personas que lo defienden y construyen su grandeza. Por eso, el señor Alessandri recibió la más grande demostración de confianza de la Historia de Chile, al abandonar, como ningún otro Mandatario, La Moneda en brazos del pueblo. Y al salir del recinto del Congreso Pleno, el día que asumiera el poder el señor Eduardo Freí, el señor Alessandri fue aplaudido y respetado por todos.

El señor TEJEDA.-

Señor Presidente, los Diputados comunistas hemos presentado esta indicación, porque, en realidad, nos ha preocupado la forma apresurada, casi diría atropellada, como hemos estado legislando. Hemos pasado días y noches votando artículos e incisos, despachando indicaciones en forma tal, que no ha habido un estudio serio de ellas.

El señor AYLWIN (don Andrés).-

Para eso nos pagan la dieta.

El señor PONTIGO.-

Escuche bien y después opine.

El señor TEJEDA.-

En esta legislatura ordinaria hemos tramitado con urgencia la siguiente lista de proyectos:

1°) El que establece normas para las zonas devastadas por los sismos y temporales.

2º) El que concede facultades especiales al Presidente de la República.

3º) El que crea el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo.

4º) Convenios del Cobre.

5º) El que aprueba el convenio entre Chile y la Alta Autoridad de la Comunidad Europea sobre carbón y acero.

6º) El que aprueba el convenio internacional de comunicaciones.

7º) El que establece normas sobre accidentados en el vapor "María Elizabeth".

8º) El que aprueba el convenio sobre cooperación científica y técnica con Bélgica.

9º) El que establece normas para la adquisición de acciones de Chilectra.

10) El que aprueba el convenio intercultural con Venezuela.

11) El que aprueba el convenio con el Banco Interamericano de Desarrollo para, regular condiciones de la Oficina Regional en Chile.

12) El que autoriza inversión de fondos en la construcción de una nueva sede diplomática en Argentina.

13) El que modifica el Código Orgánico de Tribunales y el de Procedimiento Civil en lo relativo a la competencia de los Juzgados de Letras de Menor Cuantía.

14) El que exime del pago de contribuciones a las propiedades ocupadas por personal de las Fuerzas Armadas y Carabineros.

15) El que establece reajustabilidad de fondos depositados en cuentas de Ahorro del Banco del Estado.

16) El que establece normas de ayuda y fomento a las industrias pesqueras.

17) El que autoriza a los Ministros de Estado y Subsecretarios para firmar determinados decretos y resoluciones.

18) El que aprueba el convenio sobre productos agrícolas, con U.S.A.

19) El que establece normas sobre urbanización de poblaciones (Promoción Popular).

20) El que modifica la ley de reconstrucción, para dar facultades a DIRINCO para sancionar determinados delitos.

21) El que exime del pago de impuestos a las propiedades que tengan un valor inferior a Eº 5.000.

22) El que aprueba el Convenio sobre Soluciones Pacíficas (Pacto de Bogotá).

23) El que aprueba el convenio sobre transporte aéreo, con Argentina.

24) El que establece normas sobre colocación de acciones y otros valores en el público.

25) El que aprueba, el convenio sobre cooperación científica y técnica con Dinamarca.

El señor TEJEDA.-

Actualmente está pendiente el despacho de los siguientes proyectos, con trámite de urgencia:

1.- El que establece medidas de ayuda y fomento a las industrias pesqueras.

2.- El que aprueba el Tratado Americano de Soluciones Pacíficas (Pacto de Bogotá).

3.- El que aprueba, el convenio entre Chile y Argentina sobre Transporte Aéreo.

4.- El que establece normas sobre colocación de acciones y valores en el público.

5.- El que autoriza a Ministros de Estado y Subsecretarios para firmar determinados decretos y resoluciones.

6.- El que aprueba en convenio de Cooperación Científica Técnica suscrito entre Chile y Dinamarca.

Ayer se presentaron dos proyectos más: uno que autoriza a barcos de guerra extranjeros para navegar en aguas territoriales nacionales, y otro que fija normas sobre muerte presunta de los desaparecidos en el naufragio de la escampavía "Janequeo".

En esta forma es imposible legislar con la tranquilidad necesaria. No se me ocurre que pueda haber personas con una capacidad tan extraordinaria como para estudiar "paquetes" de treinta o cuarenta proyectos en distintas Comisiones. Tengo la seguridad, sin ofender a nadie, de que la mayoría de los proyectos no han sido leídos en su totalidad.

Por lo demás, debemos considerar que muchas de estas iniciativas de ley son objeto de 80, 100 o 150 indicaciones, y constan de 20, 30, 40 o 100 artículos y hasta de 300 incisos. ¡No es posible que legislemos en esta forma! A eso se debe la indicación.

Si Sus Señorías quieren legislar así, háganlo; pero nosotros cumplimos con el deber de decir que es preciso legislar honradamente, con estudio y acuciosidad...

El señor SILVA ULLOA.-

Quiero recordar un hecho. Cuando se presentó el proyecto que aprueba el convenio suscrito con Estados Unidos sobre excedentes agrícolas, teníamos interés en discutirlo, aunque sabíamos que sería aprobado, por haber mayoría para ello. Otros sectores de la Cámara tuvieron el mismo interés. Pero, debido a que se había hecho presente la urgencia y había terminado el plazo, fue imposible debatirlo, y no hubo acuerdo, siquiera para dar cinco o diez minutos a cada Comités para que planteara su posición. Esto no es razonable.

Por eso comparto las expresiones del Honorable señor Tejeda, a quien concedo otra interrupción.

El señor MORALES (don Raúl).-

Señor Presidente, he escuchado con mucha atención las observaciones formuladas, a propósito de la enmienda en discusión, por el Honorable señor Tejeda, como también las respuestas de los bancos de la Democracia Cristiana. Creo que el debate incide, precisamente, en lo que es el nudo de la tramitación parlamentaria. Estimo que la calificación de urgencias es la herramienta exacta de que dispone el Ejecutivo para ser, en definitiva, como se ha comprobado, el dueño de las legislaturas ordinarias y extraordinarias.

El señor LORCA (don Alfredo).-

¡Sobre todo cuando tiene mayoría!

El señor BALLESTEROS (Presidente).-

Honorable señor Lorca, le ruego no interrumpir.

El señor MORALES (don Raúl).-

Basta señalar el hecho de que, en la actual legislatura ordinaria de la Cámara de Diputados, que inició sus funciones el 21 de mayo, se han presentado, hasta la fecha 166 mociones, es decir, iniciativas de los señores Diputados, y sólo 26 han pasado al Senado. Repito, de 166 mociones se han despachado hasta ahora sólo 26.

Por otra parte, el Ejecutivo ha enviado 23 mensajes, de los cuales se han despachado 3. Resulta obvio, entonces pensar que las urgencias significan paralizar la tramitación de las mociones.

Por el clima mayoritario que se advierte en la Cámara, la indicación será rechazada. Sin embargo, hay una compensación muy importante de este rechazo en la enmienda del artículo 56 de la Constitución que prolonga la legislatura ordinaria hasta el 21 de noviembre. A mi juicio, ésa es la única manera que las mociones de los señores Diputados sean consideradas con la misma preferencia que los Mensajes del Ejecutivo tramitados con urgencia.

He creído necesario hacer presente la importancia fundamental de esta materia, que atañe a la esencia del trabajo parlamentario. Aunque advierto que la indicación será rechazada, me alegro de que la Comisión haya propuesto la ampliación de la legislatura ordinaria en la enmienda del artículo 56, que veremos más adelante.

Muchas gracias.

El señor OCHAGAVIA.-

Señor Presidente en forma muy breve, deseo recordar que ayer el Honorable señor Millas me llamó la atención por haber declarado que el diálogo democrático y parlamentario ha sido amagado, a mi juicio, por la forma en que el partido mayoritario aprueba los proyectos del Ejecutivo, a pesar de que algunos artículos muchas veces les merecen observaciones a los mismos Diputados de 'Gobierno, como lo hemos visto incluso hoy día.

Pues bien, el Honorable señor Tejeda, Cámara de partido del Honorable señor Millas, ha formulado hoy la misma observación que el Diputado que habla, y ha hecho la relación completa de los proyectos de ley sometidos a nuestra consideración.

Nada más.

El señor PENNA.-

Señor Presidente, creo que los Diputados de Oposición incurren en una inconsecuencia tremenda. Ayer no más, escuchamos al señor Carlos Morales y al señor Silva Ulloa pedir al Ejecutivo que envíe más proyectos al Congreso. Todos los días piden a gritos el proyecto, de reforma agraria. Pero ahora acusan al Gobierno de presentar demasiados proyectos y dicen que no los pueden estudiar. ¿Cómo se explica esto?

Nada más.

El señor HURTADO (don Patricio).-

Señor Presidente, sólo dos palabras, para, decir que la enmienda del artículo 48 fue redactada totalmente de nuevo por la Comisión, en orden a obtener un procedimiento que permita agilizar los trámites del proceso de formación de la ley, materia que fue objeto de un detenido estudio en la Comisión y, además, latamente explicada en la Sala durante la discusión general.

Nada más.

El señor MILLAS.-

Señor Presidente, los parlamentarios comunistas votaremos en contra de la modificación contenida en el segundo informe. En el primero, la Comisión había aprobado por unanimidad que la legislatura ordinaria expirase el 31 de diciembre.

El artículo 44 de la Constitución, que no ha sido modificado en este aspecto, establece, en su Nº 4, determinadas modalidades para el despacho del Presupuesto, que es una de las leyes fundamentales. Expresa que "el proyecto de Ley de Presupuestos debe ser presentado al Congreso con cuatro meses de anterioridad a la fecha en que debe empezar a regir; y si a la expiración de este plazo no se hubiere aprobado, regirá el proyecto presentado por el Presidente de la República". Normalmente, el proyecto de Ley de Presupuestos se debate nada menos que durante los últimos cuatro meses del año.

Diversos tratadistas han señalado que hay una contradicción en las disposiciones de la Constitución que, basadas en un mecanismo correspondiente a otra época, cuando no se legislaba con las modalidades de ahora, fijan el término de la legislatura ordinaria para antes de que se haya despachado el Presupuesto. Esto significa que el término de la legislatura ordinaria es una ficción, la cual de hecho limita la iniciativa parlamentaria, y que la legislatura extraordinaria se encuentra restringida dentro de los marcos de la ordinaria.

Indudablemente, el hecho de que con tanta rapidez se haya modificado la disposición primitiva y se haya colocado una fecha arbitraria, como es el de 21 de noviembre, indica que esta enmienda no se ha redactado con el suficiente cuidado, ni atendido a la coherencia entre las diversas disposiciones constitucionales.

Si se mantiene, como efectivamente ocurre, la norma referente a la Ley de Presupuestos, nosotros estamos por que la legislatura ordinaria rija hasta que el país tenga Presupuesto, hasta que se haya completado el trabajo parlamentario del año.

No nos parece aceptable la razón dada en la Comisión, en el sentido de que sería conveniente cierto descanso parlamentario antes del día de Año Nuevo, al final de año, en la segunda quincena de diciembre. Si el Presupuesto y una serie de proyectos fundamentales se discuten en esos días -debiera despacharse en esa época la ley sobre los reajustes que regirán para el año siguiente-, creemos que el Parlamento debe funcionar normalmente hasta fin de año. Lo demás es una ficción, una falta de relación, de coordinación incluso de coherencia entre unas y otras disposiciones constitucionales.

Por eso, nosotros estaremos por el rechazo de la modificación propuesta en el segundo informe y por el mantenimiento de la disposición del primer informe, que extendía la legislatura ordinaria hasta el 31 de diciembre de cada año.

Muchas gracias, Honorable señor Silva Ulloa.

El señor HURTADO (don Patricio).-

Señor Presidente, la substitución de la atribución 5ª del artículo 72 sólo tiene por objeto incluir a los Viceministros y a los Subsecretarios en el precepto constitucional que determina qué funcionarios son de la exclusiva confianza del Presidente de la República y, en consecuencia, nombrados a su voluntad.

Luego, el reemplazo de la atribución 8ª se relaciona con la facultad que se le otorga al Jefe del Estado para remover, en el ejercicio de su potestad disciplinaria, a los funcionarios de su designación, previo sumario instruido en conformidad con la ley, con la sola excepción de aquéllos de su libre designación, que continúan con su régimen jurídico actual y a quienes, por lo tanto, puede remover a su voluntad.

Este precepto guarda concordancia con el quinto artículo nuevo agregado al final del párrafo titulado "Administración Pública", que dice:

"Ningún funcionario civil podrá ser sancionado con medida disciplinaria sin que previamente se determine su responsabilidad en una investigación o sumario, con audiencia del inculpado."

Esta norma, evidentemente, constituye una eficaz garantía para todo el personal de la administración civil del Estado. La disposición comentada tiende a eliminar de los preceptos vigentes de la Constitución aquél que exige el acuerdo del Senado para remover a los jefes de oficina o empleados superiores. Se ha estimado que este requisito es perjudicial, pues introduce factores de tipo político en la administración del Estado, cuyo funcionamiento es de responsabilidad del Presidente de la República. Además, el sumario administrativo y la intervención de la Contraloría General de la República constituyen una garantía suficiente para los funcionarios.

Nada más, señor Presidente.

El señor TEJEDA.-

Señor Presidente, nos interesa especialmente dejar establecido que votaremos en contra de las facultades que se dan al Presidente de la República en el artículo nuevo para convocar a plebiscito. Sobre esto, queremos la institución del plebiscito pero no en los términos propuestos en este proyecto de reforma constitucional.

Se dijo aquí durante este debate, y se repitió muchas veces, que quienes no aceptan un plebiscito como éste que se nos propone, no tendrían confianza en el pueblo. El señor Diputado informante mencionó varias Constituciones en las cuales existe esta institución del plebiscito. Pero la verdad de las cosas, es que ninguna de ellas la establece en la forma como se pretende hacerlo en Chile. Desde luego, en este proyecto la convocatoria a plebiscito se reserva exclusivamente al Presidente de la República. El Honorable señor Jerez, preguntó en la discusión general que cómo es posible que los Diputados del FRAP se opongan a que el pueblo legisle directamente. En realidad, en nuestra opinión no hay legislación directa del pueblo en la reforma propuesta.

Se invocó también en este debate, la Constitución de la República Democrática Alemana, pero ésta instituye un plebiscito que en nada se parece al propuesto. En su artículo 81 dice; "Las leyes son votadas por la Cámara Popular o directamente por el pueblo por vía de referéndum". Explicando su alcance, agrega en el artículo 87: "Una ley cuya publicación ha sido aceptada según moción de un tercio, por lo menos, de los Diputados de la Cámara Popular, será sometida a referéndum si una veintena de electores presenta la demanda. Además se procederá a un referéndum si una décima parte de los electores, o si los partidos políticos o las organizaciones de masa que están en situación de probar que representan a una quinta parte de los electores, presentan la demanda de referéndum.

La demanda de referéndum no puede favorecer más que a un proyecto de ley. Será sometido a la Cámara Popular por el Gobierno, que da a conocer su opinión.

"No se recurrirá al referéndum más que si la ley reclamada no ha sido adoptada por la Cámara Popular de una manera que dé satisfacción a sus iniciadores o a sus representantes."

El señor TEJEDA.-

La Constitución francesa, que también se mencionó, restringe bastante el plebiscito. Su artículo 11 dice; "El Presidente de la República, a propuesta del Gobierno mientras duren las sesiones o a propuesta conjunta de las dos Asambleas, publicadas en el "Journal Oficiel", puede someter a referéndum todo proyecto de ley referente a la organización de los poderes públicos que impliquen aprobación de un acuerdo de la Comunidad o que tienda a autorizar la ratificación de un tratado que, sin ser contrario a la Constitución, incidiese sobre el funcionamiento de las instituciones."

En seguida, la Constitución italiana, también invocada por el señor Diputado informante, dice en su artículo 75: "Se llamará a referéndum popular para acordar la derogación, total o parcial, de una ley o de un texto que tenga valor de ley cuando 'lo requieran quinientos mil electores o cinco Consejos regionales.

"No es admitido el referúndum para las leyes tributarias y de presupuestos, de amnistía o de indulto y las que autorizan para ratificar tratados internacionales.

"Tienen derecho a participar en el referéndum todos los ciudadanos llamados a elegir la Cámara de Diputados."

La enmienda en discusión, en cambio, autoriza únicamente al Presidente de la República para convocar a plebiscito. No pueden hacerlo ni la Cámara de Diputados ni el Senado, ni las dos Cámaras conjuntamente, ni el Presidente del Senado, ni el de la Cámara de Diputados, y mucho menos el pueblo, que no obstante mencionarse tanto, no es llamado a legislar mediante el plebiscito que establece este proyecto de reforma constitucional

Por eso, no es correcto afirmar que somos contrarios al Gobierno del pueblo, cuando nos oponemos no a la institución, sino a este tipo de plebiscito que sólo tiene de tal el nombre.

Agradezco al Honorable señor Silva Ulloa la interrupción que, me concedió.

El señor LORCA (don Gustavo).-

Señor Presidente, por la atribución 5ª que se propone en reemplazo de la vigente se faculta al Presidente de la República para nombrar a los Ministros de Estado, Viceministros, etcétera. Me referiré brevemente, en primer lugar, a la' creación del cargo de Viceministro y, en seguida, al prebiscito.

El señor Subsecretario de Justicia dio en la Comisión como razones fundamentales para proponer la creación del cargo de Viceministros las dos siguientes: Una, la necesidad de que exista un funcionario que subrogue en forma permanente al Ministro, en caso de que éste se ausente del país o deba dejar temporalmente el cargo; y la otra, el gran número de problemas que deben ser tratados a nivel ministerial y que un Ministro de Estado no puede abordar en su totalidad.

Creemos que estas dos razones no justifican la creación de los nuevos cargos, por cuanto, indiscutiblemente, significarán una distorsión dentro del proceso administrativo. En cuanto a la primera razón, en la actualidad existe la subrogación ministerial que ha estado funcionando hasta el momento con plena eficacia; en relación con la segunda, hay funcionarios de alto rango, directores de Servicio, Vicepresidentes de instituciones semifiscales y de organismos de administración descentralizada, que puede cooperar con mucha eficiencia en la solución de los problemas de tipo administrativo y aun de tipo político.

Por estas razones y sobre todo porque significan aumentar la frondosidad burocrática que no está de acuerdo con las escasas posibilidades del país, nos opondremos a la creación de los cargos de Viceministros.

Respecto al plebiscito, quiero manifestar que se ha abandonado en esta materia. ..

El señor HURTADO (don Patricio).-

Señor Presidente, deseo expresar muy "brevemente que todos los artículos nuevos que se proponen, a continuación del 72, se refieren a la nueva institución que se incorpora en nuestra Constitución Política, cual es el plebiscito, que tiene por objeto consagrar el proceso de maduración jurídica que existe en nuestro país, dándole al pueblo, a la mayoría nacional, la oportunidad de intervenir en el proceso de la formación de la ley, y de pronunciarse, como se establece en numerosas Constituciones modernas, respecto de algunos problemas que se puedan plantear entre el Presidente de la República y el Congreso Nacional.

El plebiscito realiza este propósito y, por ende, robustece el sistema democrático, ya que contribuye a una mayor unidad de la Nación, a la vez que el pueblo, el electorado, los gobernados, adquieren mayor conciencia de su responsabilidad cívica.

Cualesquiera sean los argumentos que se contrapongan en esta materia, debe reconocerse, necesariamente, que, en el proceso de perfeccionamiento democrático que inspira a esta reforma constitucional, la incorporación del plebiscito es un avance notable para vigorizar el sistema de la formación de las leyes y, al mismo tiempo, para hacer que éstas sean la expresión más amplia de la voluntad nacional.

En el segundo trámite reglamentario de este proyecto de reforma, en este capítulo relativo al plebiscito, la Comisión introdujo modificaciones a dos de los artículos del primer informe. La norma aprobada con el objeto de procurar una información imparcial acerca de la materia que será objeto de la consulta plebiscitaria, ha sido perfeccionada, con el propósito de garantizar la igualdad de derechos para realizar esta propaganda entre quienes propugnan o rechazan el proyecto o los puntos en desacuerdo que el Presidente de la República somete a la decisión de la ciudadanía.

Otra de las modificaciones introducidas por esta Comisión en el proyecto contenido en el primer informe establecía que el Presidente de la República no podría convocar a plebiscito más de dos veces durante el período legislativo de cuatro años. En el segundo trámite, la Comisión ha perfeccionado esta regla, determinando que el Presidente de la República no podrá convocar a plebiscito más de tres veces durante su mandato de seis años; y ha eliminado, además, de las materias que pueden ser objeto de la consulta popular, los proyectos de leyes delegatorias de facultades legislativas o de reforma del capítulo III de la Constitución Política, que consagra los derechos y garantías constitucionales.

Por último, en materia de plebiscito, se estableció una disposición nueva, a la cual debemos referirnos más adelante.

Nada más, señor Presidente.

El señor ARAVENA (don Jorge).-

Señor Presidente, el Partido Democrático Nacional considera no sólo que este artículo que se agrega a nuestra Carta Fundamental es procedente, sino también que su necesidad se hacía sentir, por cuanto estimamos que el plebiscito es la ratificación del principio de que la soberanía reside en el pueblo.

Las diversas reformas propuestas para mejorar nuestra Constitución Política, entre otras, el plebiscito, tienden, indiscutiblemente, a perfeccionar el sistema democrático, haciéndolo más ágil y más objetivo.

En las Constituciones modernas, el plebiscito no constituye novedad. Desde luego, él figura, específicamente, entre otras, en la Carta Fundamental de la República de Suiza y en la de otros pueblos que se han mencionado en esta Honorable Cámara.

Claro está que, en concordancia con nuestra realidad nacional, debe recurrirse a él sólo para asegurar el justo equilibrio entre el Ejecutivo y el Congreso; pues apelar a esta poderosa herramienta legal, sin que concurra la circunstancia enunciada, podría acarrear resultados lamentables.

Así, por ejemplo, mirando hacia la historia, vemos que la implantación de la consulta plebiscitaria en la antigua Roma tuvo por exclusiva finalidad robustecer el sistema democrático. En efecto, los problemas o causas sociales, que incuban las rebeldías, debido a la inercia de los Poderes Públicos para interpretar, en un momento determinado, los derechos, la voluntad o las necesidades populares, permiten, mediante el plebiscito, que el pueblo disponga de una tribuna nacional, desde donde pueda participar y exponer sus inquietudes, frente a la materia específica y transcendente que le sea consultada. Y ese instante de emoción ciudadana hará que el individuo experimente toda la magnitud de su importancia como pieza de la estructura democrática en que se desenvuelve, vive y actúa.

Estamos ciertos de que el plebiscito será aplicado concienzudamente, ya que se incorporará en nuestro cuerpo constitucional bajo el imperativo de que sólo podrá recurrirse a él en tres" oportunidades, durante un período presidencial.

Por estas razones, consideramos el plebiscito un avance importante en el perfeccionamiento del sistema democrático, pues ofrece a la ciudadanía entera intervención más directa en los grandes designios de la República, y permite, además, una clara manifestación de la voluntad y de la opinión popular.

Nada más, señor Presidente.

El señor HURTADO (don Patricio).-

Señor Presidente, deseo expresar, por último, que con el propósito de perfeccionar las garantías que se han establecido respecto del plebiscito, la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia aprobó un artículo nuevo, que dispone expresamente que las opiniones que emitan los Diputados o Senadores desde la convocatoria hasta la realización de la consulta popular acerca de ella, estarán amparadas por la inviolabilidad que establece el artículo 32 de la Constitución Política, que ha sido ampliamente revisado por la Honorable Cámara en la sesión de hoy.

Nada más, señor Presidente.

El señor MORALES (don Carlos).-

Señor Presidente, los Diputados radicales nos vamos a oponer, como ya lo anunciamos en la discusión general, a la instauración del plebiscito como institución de nuestro sistema constitucional.

En el curso del debate sobre el proyecto de reforma constitucional, ha quedado en evidencia que el Ejecutivo cuenta con un conjunto de facultades y medios para hacer prevalecer su criterio y su iniciativa en materia legislativa. En efecto, el Ejecutivo tiene la iniciativa legislativa exclusiva en las materias que consigna el artículo 45 de la Constitución; en seguida, dispone de las atribuciones privativas que le otorga el artículo 72 de la misma Constitución; luego, cuenta con el mecanismo de las urgencias que establece el artículo 46; además, el temario de las convocatorias de las legislaturas extraordinarias está sujeto a su absoluto arbitrio, de acuerdo con el artículo 57; asimismo, dispone de las facultades delegadas que recientemente le entregó la mayoría parlamentaria; y, por último, tiene todas aquellas atribuciones que se consignan en leyes especiales. Pues bien, aparte de todo esto, ahora el Gobierno desea también que se establezca el plebiscito, transformando nuestro sistema legal. ¿Y qué es el plebiscito? Como lo ha dicho el tratadista Pourtant, "el plebiscito es el signo típico del cesarismo".

Durante la discusión general de este proyecto, observamos ya que con él se quería transformar el régimen presidencial en un régimen "cesarista", porque no quedará nada como atribución propia del Congreso.

En ninguno de los textos constitucionales que hemos tenido a la vista, en estos dos meses de estudio de las reformas propuestas a nuestra Constitución, hemos encontrado una formulación del plebiscito como la que se pretende establecer en esta reforma. En efecto, el proyecto dice que el Gobierno podrá también convocar a plebiscito cuando cualquiera de las Cámaras, en el primero o segundo trámite, deseche un proyecto de ley".

Según el tratadista francés a que me he referido, el mecanismo del plebiscito se emplea en emergencias, cuando se trata de reformas constitucionales o problemas de tratados; pero no para trámites normales de una ley que se esté discutiendo en el Congreso Nacional.

Nosotros tenemos temor al plebiscito...

-Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor MORALES (don Carlos).-

No somos partidarios de esta institución, que corresponde mejor al tipo de democracia directa. Somos partidarios del régimen representativo.

Como digo, tenemos temor al plebiscito, porque la experiencia histórica demuestra que este mecanismo ha sido utilizado por mandatarios que deseaban transformar el sistema político en un régimen "cesarista".

En estos últimos días, hemos observado la intensa propaganda de prensa, radio, cine y televisión desplegada por el Gobierno en favor de los convenios sobre la industria del cobre. Y mientras a nuestro partido le costó gran esfuerzo y largos trajines conseguir una cadena radial para que su Presidente diera a conocer nuestro pensamiento sobre la materia, el Presidente de la Democracia Cristiana logró, de inmediato, una cadena, en el día de ayer, para responderle.

El señor MORALES (don Carlos).-

El domingo pasado...

-Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor BALLESTEROS (Presidente).-

¡Honorable señor Rioseco!

El señor MORALES (don Carlos).-

... se realizó un foro sobre el problema del cobre, que fue dado a conocer por todas las radioemisoras; en él no se discutió este asunto, sino que sólo se expresó el pensamiento de los personeros de Gobierno sobre la materia.

Por eso tenemos temor por la implantación del plebiscito, porque dará ocasión para que, en la misma forma que se hace en este caso que cito, se presione y acondicione la mentalidad del hombre común, que no tiene mayor cultura ni conocimiento del debate legislativo, para que responda a la consulta plebiscitaria en la forma como el Gobierno lo desea…

-Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor MORALES (don Carlos).-

... de acuerdo con los sistemas que éste tiene para hacerse propaganda. Más aún, en la Comisión no se aceptó el acceso igualitario a los medios de propaganda, tanto de aquéllos que son partidarios del plebiscito como de aquéllos que son contrarios a él.

En fin, tenemos el temor de que se vaya transformando, a través de la necesidad de realizar consultas plebiscitarias, nuestro sistema jurídico, republicano y democrático, en una expresión de una dictadura legal.

El señor MORALES (don Carlos).-

Los señores Diputados de la mayoría no tienen por qué negarse a oír nuestras razones, porque ellas estén en contra de sus pensamiento, porque esto es así y no puede discutirse, al tenor de los antecedentes que estamos dando.

Lamentablemente, porque es poco el tiempo que resta para que termine el debate, no podemos dar otros argumentos más para fundamentar nuestra negativa respecto del establecimiento del plebiscito. Sin embargo, quiero confirmar lo que estoy explicando, con la cita de dos párrafos de una declaración que viene muy al caso.

El primero dice lo siguiente: "El peligro del sistema reside en su tendencia casi orgánica a la dictadura legal del Presidente y permite con facilidad que éste sea tentado a abusar de sus facultades. Supremo dispensador de beneficios y honores, puede influir de manera desmesurada en la vida del país y, por lo mismo, quebrantar la oposición o buscar medios indirectos, pero eficaces, de silenciarla."

Y el otro agrega, a continuación: "Un Parlamento sin prensa o sin radio es apenas una reunión confidencial sin proyecciones. Puede permitírsele que se reúna, que debata los problemas; pero en la asfixia de su propio recinto. Y puede haber una dictadura real aun cuando el Congreso funcione."

Yo estoy de acuerdo con este planteamiento. Y la línea de nuestro partido coincide con ese pensamiento, cuyo autor fue don Eduardo Freí Montalva, en la obra "Historia de los Partidos Políticos Chilenos".

-Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor MORALES (don Carlos).-

He aquí la mejor confirmación de que lo que nosotros estamos impugnando en esta parte de la reforma constitucional; no es porque seamos Oposición, sino porque siempre nos hemos opuesto a que nuestro sistema político, que ha funcionado bien, se transforme con la incorporación de instituciones que, hoy por hoy, no se encuentran en otras Constituciones modernas, en la forma como aquí se pretende establecerlo.

Dije, en el debate general sobre este proyecto de reforma, que quien ha recorrido el mundo, como muchos de los Honorables Diputados lo han hecho, ha escuchado siempre con inmenso agrado y satisfacción, sea en los países latinoamericanos o en los países europeos o asiáticos, las expresiones con que personajes de la política mundial han elogiado el régimen democrático chileno. Siempre se habla de que el remanso que hay en Latinoamérica es, precisamente, el sistema democrático de Chile. Y nos sentimos profundamente orgullosos de pertenecer a este rincón del mundo, cuando oímos esos elogios de parte de figuras de la política mundial. ¿Por qué, señor Presidente? Porque durante 150 o más años, el sistema ha funcionado bien. Y si ha funcionado bien, ¿por qué cambiarlo? ¿Y por qué, todavía, hacerlo mediante la incorporación de una institución, que podría perfectamente trastornar nuestro sistema de vida y nuestra manera de pensar? En realidad, me agradaría polemizar sobre esta materia con los señores Diputados que van a apoyar esta enmienda.

Señor Presidente, termino...

-Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor MORALES ABARZUA (don Garlos).-

...diciendo que por estas razones y por muchas otras que, debido al poco tiempo de que disponemos, no podemos mencionar, los Diputados radicales nos opondremos a la institución del plebiscito.

El señor FERNANDEZ.-

Señor Presidente, la Cámara se enfrenta, en esta ocasión, con la materia más importante, con el rubro trascendental, diría yo, de esta reforma constitucional. Y aquí, a diferencia de lo que ha sucedido en otras disposiciones, sólo los democratacristianos apoyaremos esta iniciativa.

Tengo muy poco tiempo, pero quiero decir dos o tres palabras a aquéllos que de la Izquierda y de la Derecha se oponen a la institución del plebiscito. .

El señor ROSALES.-

El señor Freí también se opuso.

El señor FERNANDEZ.-

Desde ambos sectores se nos ha dicho, citando textos constitucionales de otros países, que no han podido encontrar en ninguno el artículo textual que hemos copiado para incorporarlo a la Constitución chilena. ¡No se trata de eso! Se trata de que hemos creado un sistema nuevo para nuestro país. Pienso que no tenemos por qué copiar leyes constitucionales de otros países. Sucede, también, que la mayoría de las Constituciones aquí citadas pertenecen a naciones de regímenes parlamentarios. En ellas no tienen razón de ser los plebiscitos para dirimir diferencias entre el Presidente de la República que, en este caso, es una figura decorativa, y el Congreso. Pero en dichos regímenes parlamentarios existe otra institución mucho más audaz, mucho más terrible, diría yo, que haría temblar a tantos señores congresales....

El señor FERNANDEZ.-

No hemos incorporado esa institución en nuestro régimen de Gobierno, porque tenemos un sistema presidencial en el cual no juega; pero es evidente que opera el plebiscito para dirimir los problemas que puedan suscitarse entre el Presidente de la República y el Parlamento.

Yo sólo quiero hacerme cargo de algunas observaciones de los Honorables colegas Carlos Morales y Tejeda. El primero ha dicho: "Pero, señor Presidente, si este sistema nuestro..." -textual- …ha funcionado tan bien, ¿para qué lo vamos a cambiar?". Si ellos creen que nuestro sistema ha funcionado tan bien, ¿por qué, entonces, el pueblo les dijo que no? Porque el pueblo cree que el sistema ha funcionado mal, que debe cambiar la política y variar la faz del país.

El Honorable señor Tejeda se defiende diciendo: "Nosotros creemos en la participación del pueblo, pero estamos en contra del plebiscito ...

El señor TEJEDA.-

¡De éste!

El señor FERNANDEZ.-

¡Qué tremenda contradicción! Ellos creen en la Participación del pueblo y en la voluntad de éste. Pues bien, la nación se ha pronunciado en dos plebiscitos por una política y un programa, y son justamente ellos quienes están impidiendo su realización. El país conoce la crisis política que ha resultado de la oposición en el Senado de la República a algunos proyectos concretos del Presidente Frei...

-Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor FERNANDEZ.-

Señor Presidente, quiero terminar diciendo sólo una cosa. Los parlamentarios de la Democracia Cristiana vamos a aprobar esta noche, junto con los Diputados del Partido Democrático Nacional, la institución del plebiscito, para que rija en el futuro.

También estamos dispuestos, y desafiamos a todos aquellos Honorables colegas que dicen representar la voluntad del pueblo, a ir a un plebiscito que decida el problema crucial de Chile. ¡El pueblo está con el Presidente de la República, con la revolución en libertad y no acepta más tramitaciones de elementos que han perdido la voluntad popular!

Nada más, señor Presidente.

El señor SILVA ULLOA.-

Estamos convencidos de que la soberanía reside esencialmente en el pueblo.

Cuando la Honorable Cámara conoció esta reforma constitucional, en el primer informe, expresé, en representación de los Diputados socialistas, que no le teníamos miedo a la consulta popular, que nosotros seríamos partidarios del plebiscito siempre que no se alteraran las reglas del juego.

¿Qué ha ocurrido con los acuerdos adoptados por esta Corporación en el día de ayer y hoy? Lo que hemos venido señalando: que prácticamente la suma del poder va a estar en el Presidente de la República. En esas condiciones, nosotros no aceptamos el plebiscito.

Contestaré al Honorable colega señor Fernández sin recurrir a textos en los que se analizan las disposiciones de Constituciones extranjeras ni tampoco a lo que expresó Su Excelencia el Presidente de la República antes de asumir la Primera Magistratura. Para traer claridad al problema, recurriré a lo que manifestó una persona que no les merece ninguna duda a los Diputados democratacristianos. Ésta persona, en conferencias dadas en los meses de julio y agosto de 1963, expresó: "Para poner término a los entredichos, repetidos en los diversos períodos presidenciales, que se han producido entre el Jefe del Estado y el Congreso, con todo, los partidarios que en principio somos de las formas de democracia semi directa, no creemos que sea conducente una reforma constitucional que permita al Presidente de la República recurrir al plebiscito, cuando está en discrepancia con el Parlamento.

"Tal recurso, lógico en situación semejante dentro de un gobierno parlamentario, nos parece nefasto en el presidencialismo, porque, contando el Jefe del Estado con todo el aparato gubernativo y administrativo, la apelación directa al pueblo, manejada con las facilidades inherentes al ejercicio del aparato oficial, sería el paso al caudillismo, al personalismo, a la exaltación de dictaduras paternalistas o de otra índole, cuya intervención incluso, cuando en ciertos aspectos se muestra acertada, en definitiva es sólo de aparente beneficio, porque, a su término, se pierde todo lo que se cree logrado en virtud de la destrucción de las instituciones, que son tales sólo cuando se perfeccionan en la sucesión de sus titulares pasajeros y accidentales. Por otra parte, de recurrirse, en el presidencialismo, a la consulta popular para dirimir las divergencias entre el Jefe del Estado y el Parlamento, en la eventualidad de un resultado desfavorable a aquél, se impone el grave desenlace de la crisis presidencial".

Señor Presidente, dentro del supuesto planteado por el Honorable señor Fernández, respondemos con este argumento, que no es nuestro, sino de don Alejandro Silva Bascuñán. Pero quiero repetir lo que he venido sosteniendo con insistencia en este debate: estamos conduciendo al país a la creación de un Poder Ejecutivo paternalista. Nosotros sostenemos que esta consulta al pueblo debe hacerse en igualdad de condiciones, o sea, que el Parlamento también, cuando el Presidente de la República observe un proyecto de ley despachado y se rechace este veto, por simple mayoría, pueda imponer su criterio el Congreso a través de la consulta a la soberanía popular, en lo que reside el poder.

En estas condiciones, nosotros garantizamos perfectamente la igualdad al acceso de los medios de publicidad, para poder divulgar la posición de quienes sostienen una diferente de la del Ejecutivo. Naturalmente, estábamos de acuerdo con el plebiscito; pero en esta ocasión, cuando se ha entregado tal cúmulo de facultades al Poder Ejecutivo, hemos tenido que modificar nuestro criterio y sostener que vamos a votar en contra. Esto no puede significar que en el Senado las cosas no cambien, porque tenemos una doctrina de carácter permanente. Si en esa Corporación, los Honorables Senadores eliminan todos aquellos preceptos que determinan que el Poder Ejecutivo pasara a ser "cesarista", Sus Señorías pueden tener la seguridad de que la posición de los parlamentarios socialistas será favorable a esta consulta popular; pero en las condiciones en que nosotros estamos despachando estas enmiendas, no podemos aceptarlo.

Nada más.

El señor NAUDON.-

Señor Presidente, he pedido la palabra para anunciar los votos favorables de los Diputados del Partido Radical a las enmiendas introducidas en el artículo 79, que se refiere al Tribunal Calificador de Elecciones, y a los artículos nuevos comprendidos en el Capítulo VIII, "Tribunal Constitucional", porque la forma en que han quedado redactadas las disposiciones relativas a ambas instituciones, sugeridas, en gran parte, por nuestros Diputados en la Comisión técnica, nos dan suficientes garantías.

Nada más, señor Presidente.

El señor MILLAS.-

Señor Presidente, los parlamentarios del Frente de Acción Popular estimamos, tal como lo dijimos en la discusión general, que la creación del Tribunal Constitucional, por las atribuciones que se le otorgan, significa establecer un organismo colocado por sobre los poderes de elección popular, el Parlamento y el Ejecutivo, que vendrá a entorpecer la realización de las reformas que Chile necesita.

Además de ser una traba para la realización de cambios, las personas que lo integrarán, por la ideología y el pensamiento que representarán de hecho, no nos dan ninguna garantía, porque se continuará con el viejo criterio liberal del siglo pasado, que entregó, por sobre el Parlamento, al Presidente de la República la designación de los Magistrados de los Tribunales superiores de Justicia. Creemos que la suprema autoridad para disponer sobre materias constitucionales es el Parlamento, elegido por voluntad popular, al que se podría investir de un quorum determinado para tal objeto. Incluso formulamos indicación en este sentido, a fin de que las posibles actuaciones inconstitucionales de los miembros de este Tribunal -lo que es fácil de prever, porque estará integrado por hombres, por personas sujetas a influencias o consideraciones acordes con la realidad social- pudieran ser resueltas, en suprema instancia, por el Congreso Nacional. La indicación decía: "Declarado inconstitucional un proyecto, volverá al Congreso, y si éste insiste por la mayoría absoluta de los miembros en ejercicio de ambas Cámaras, se entenderá salvado el reparo y podrá llegar a promulgarse previos los trámites ordinarios".

Lamentablemente, esta indicación, que permitía salvar la inconstitucionalidad de una ley, a pesar de haber sido objetada por el Tribunal Constitucional, no fue aceptada.

De hecho se establece un Tribunal de apariencia jurídica, pero con -un pensamiento determinado, que puede oponerse a la realización de cambios en el país.

Si, además, se mantiene el derecho de la Corte Suprema de declarar la inaplicabilidad de las leyes, será extraordinariamente difícil que en el Parlamento se promueva una reforma, la que en la mayoría de los casos deberá ser de iniciativa del Presidente de la República, de acuerdo con las diversas enmiendas ya aprobadas. En todo caso, de ser promovida, se presenta la traba de que la reforma sea objetada por cualquier presunto vicio de inconstitucionalidad por el nuevo Tribunal que se crea, impidiendo su aprobación por el Parlamento, aunque éste tenga pleno convencimiento de que ha actuado en términos constitucionales. Pero en última instancia, aprobada la iniciativa legal, todavía la Corte Suprema puede declarar su inaplicabilidad, aún en el caso de que se hubiera conseguido convencer al Tribunal de la constitucionalidad de ella.

Por eso, estas disposiciones sobre el Tribunal Constitucional, que no atienden al clamor popular de realización de cambios en el país, son para nosotros lo más típico de aquello que hemos llamado la contradicción viva de estas reformas. Algunas de éstas indican sensibilidad y reflejan lo que el país quiere, pero, a través de la creación de instituciones como el Tribunal Constitucional, se hace inoperante la voluntad de cambio aprobada en otras disposiciones.

Por eso, los parlamentarios del Frente de Acción Popular votaremos en contra de los artículos que se refieren al Tribunal Constitucional.

He dicho, señor Presidente.

El señor LORCA (don Gustavo).-

Señor Presidente, nosotros creemos que una de las reformas más trascendentales que contiene este proyecto, en el aspecto doctrinario, es la creación del Tribunal Constitucional, porque mediante él se establece, en definitiva, lo que se ha dado en llamar el Estado de Derecho, es decir, que todos los organismos que realizan una función pública, deben encuadrar sus actuaciones en el marco estricto de la Constitución y las leyes. En caso contrario, ellas pueden ser anuladas por organismos establecidos por la propia Constitución.

Como tengo muy poco tiempo, me limitaré, únicamente, a citar la opinión del distinguido profesor universitario, don Alejandro Silva Bascuñán, quien expresa: "Admitida la ventaja de confiar a un órgano del Estado diverso del Parlamento la función específica de velar por el mantenimiento de la supremacía constitucional, en materias de trascendental importancia, puede luego dudarse acerca de si para tal misión se ha de preferir autoridad o cuerpo de tipo político o de tipo judicial.

"Poderosas razones se aducen en favor del primer término de esa alternativa. Difícilmente se concibe tarea más hondamente vinculada con el manejo del bien general de la colectividad que precisar si cierto acto o determinada norma se ajustan al ideal jurídico descrito en el texto fundamental, ni materia ordenativa de mayor trascendencia que juzgar si una regla de derecho cabe dentro de la pauta constitucional."

Admitido, decía, el hecho de que debe entregarse tan importante materia a un Tribunal de Derecho, propusimos hacer realidad tal planteamiento. Fuera de ,1o anterior, en el proyecto del Ejecutivo se mezclaban los dos aspectos; el de la calificación y el de la constitucionalidad.

Por lo tanto, al precisarse la competencia del organismo propuesto, debieron señalarse estos dos órdenes de materias totalmente diferenciadas tanto en el aspecto jurídico como en el de fondo. De ahí nació la idea de mantener el Tribunal Calificador y de crear este otro organismo, que es un ideal democrático, aun cuando en su composición se mantiene una mayoría política.

Por las razones que acabo de expresar, los Diputados liberales y conservadores votaremos favorablemente la idea de establecer un Tribunal de esta importancia.

Nada más.

El señor MORALES (don Raúl).-

Señor Presidente, quiero formularle una pregunta al señor Ministro. De acuerdo con la enmienda, el Presidente de la República designará dos representantes en - el Tribunal Constitucional. El Poder Judicial, a través de la Corte Suprema, nombrará tres.

La Carta Fundamental no reglamenta estas designaciones. Finalmente, el Congreso elige dos, los que deben obtener los dos tercios de los Diputados o Senadores presentes.

Pero sabemos lo difícil que será, tanto en la Cámara como en el Senado, que los dos tercios de sus respectivos miembros coincidan en la designación, de sus representantes en el Tribunal Constitucional.

La enmienda establece que el Parlamento debe hacer estos nombramientos dentro de los primeros quince días de cada período legislativo.

Pues bien, yo quiero preguntarle al señor Ministro, por intermedio de la Mesa, ¿qué ocurre si las dos terceras partes de los miembros de la Cámara o del Senado no logran ponerse de acuerdo, en ese lapso, para la designación de sus representantes ante el Tribunal Constitucional? ¿Puede constituirse éste de todas maneras, sin los representantes del Parlamento?

El señor SILVA ULLOA.-

Seré muy breve.

El Honorable señor Millas fundamentó la posición de los Diputados comunistas y socialistas frente a la disposición que establece el Tribunal Constitucional.

Quiero referirme a un solo aspecto. Al final de la letra A) se expresa: "Las disposiciones que el Tribunal declare inconstitucionales no podrán convertirse en ley de la República, pero podrán renovarse transcurrido el plazo de dos años, debiendo en todo caso ser resuelto por el Tribunal Constitucional".

Esto supone dos cosas: primero, que la misma enmienda reconoce algo que es lógico, o sea, que este Tribunal puede equivocarse; y, segundo, lo que tiene mucha importancia, que las resoluciones de este Tribunal colocan en interdicción al Congreso Nacional por un plazo de dos años.

El señor LORCA.-

Señor Presidente, como dije hace un momento...

-Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor LORCA.-

...entiendo que la única garantía que tienen los administrados, en un régimen de abierta intervención estatal como el que hoy día se está generando o ya está vigente en este país, es precisamente, la de poder acudir a un Tribunal en lo contencioso administrativo para que revise los actos de la autoridad, administrativa.

Así como, según la Constitución actual, el control de la constitucionalidad de los actos del Poder legislativo reside en el recurso de la inaplicabilidad de la ley, que se debe entablar ante la Excelentísima Corte Suprema, así también el Poder Ejecutivo, principalmente en sus funciones de administración pública, debe tenerlo en los Tribunales en lo contencioso administrativo.

Por este motivo, daremos nuestros votos favorables a esta disposición, en la forma que se consulta a insinuación del Supremo Gobierno. Confiamos en que la ley que ha de establecer la organización de estos Tribunales será enviada al Congreso a la brevedad posible, para que, por fin sea realidad, el Estado de Derecho, aspiración suprema de la constitucionalidad de un país. Creo que ésta será la mejor forma de rendir un verdadero homenaje al proceso de reforma constitucional que culmina en esta sesión de la Honorable Cámara.

Nada más, señor Presidente.

El señor URRA.-

Señor Presidente, en lo que se refiere a la Administración Regional y, en cierto modo, también al artículo 93, recién aprobado, conviene destacar dos puntos de importancia trascendental. Uno es la descentralización administrativa que se desea lograr con esta reforma constitucional, y el segundo es la planificación regional.

En primer lugar, queremos recordar que el planeamiento regional no es una cosa nueva en la época contemporánea, particularmente en América Latina y en Europa. La verdad es que nuestro vetusto sistema institucional carece de esta palanca fundamental en materia de desarrollo económico y social, como lo demuestran las experiencias modernas. El planeamiento regional se encuentra incorporado en las estructuras institucionales de Holanda, Italia, Francia, Polonia, Inglaterra, Estados Unidos, Venezuela, Brasil y Argentina.

En Holanda, hace veinte años, se configuraron el planeamiento regional y la descentralización administrativa. Existen once provincias con servicios de planeamiento regional. Hay también comités de planeamiento, lo mismo que en Francia y en Italia.

Es importante destacar que las experiencias del planeamiento regional alcanzan no sólo a los países de Europa Occidental, sino también a los países socialistas.

En Polonia, por ejemplo, inmediatamente después que se cimentó, se "institucionalizó" el sistema socialista de gobierno, se hizo un esfuerzo para establecer planes regionales para toda la nación. Pero, después de 1949, se tomó la decisión de concentrarse en planes para aquellas regiones a las cuales se designaron importantes inversiones en el plan de seis años. Entre 1949 y 1956, se llevaron a cabo unos 20 estudios regionales o planes. Sólo uno de éstos, el de Alta Silesia, fue aprobado por el Gobierno nacional. Los otros planes fueron sometidos a estudios ulteriores para determinar su fundamento económico y si su implementación era factible".

Para acentuar la trascendencia, la importancia de esta materia y para dejar constancia de los antecedentes considerados en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia durante el primero y el segundo informes solicito que se inserten en la versión oficial dos estudios proporcionados por la Oficina de Planificación Nacional, que puntualizan claramente, el primero, los fines de la regionalización, y el segundo, los fundamentos de la planificación regional en lo social, en lo económico y en lo administrativo. Asimismo, pido que se inserte un cuadro sobre la materia.

El señor LORCA (don Gustavo).-

Señor Presidente, Una de las materias más importantes incorporadas en la reforma constitucional es, precisamente, la descentralización administrativa que se realizará a través de la creación de diez zonas y que significará atender los intereses económicos y sociales de cada una de ellas.

Es importante destacar que el movimiento en pro de la descentralización administrativa se ha venido gestando en Chile desde 1946. Ese año, en la Primera Convención Provincial, celebrada en Valparaíso, se realizaron los primeros estudios sobre este particular, bajo la presidencia del distinguido personero de las actividades industriales y comerciales de esa ciudad, don Gastón Ossa Sainte-Marie. En esa oportunidad, ya se tomaron acuerdos definitivos sobre esta materia, muchos de los cuales se concretaron en el proyecto de descentralización administrativa presentado por el profesor de Derecho Administrativo, don Enrique Vicente, actual Intendente de la provincia de Valparaíso.

Quiero dejar constancia de estos hechos, porque es interesante que, al legislar esta noche, la Honorable Cámara sepa, cuáles son los antecedentes fundamentales que han inspirado las disposiciones que se le proponen.

Por último, considero indispensable que los Consejos de Administración Regional que se crean, estén integrados, como se proponía en el primitivo proyecto del Ejecutivo, por elementos que representen los intereses sociales y económicos de cada una de las regiones, y no solamente por los funcionarios públicos más importantes de cada una de las reparticiones de la zona. Creo que esto deberá ser rectificado más adelante, ya que ahora no ha sido posible presentar una indicación sobre el particular.

El señor SILVA ULLOA.-

Señor Presidente, los Diputados socialistas votaremos en contra de estos artículos, no porque seamos contrarios a la descentralización administrativa, sino por la forma en que han sido aprobados en la Comisión. Ya dije denantes que estas disposiciones fueron retiradas por el Ejecutivo cuando la Comisión despachó el primer informe. Posteriormente, fueron hechas valer como indicaciones de origen parlamentario, en circunstancias que, para cumplir con su cometido, la Comisión había determinado que sólo se dispondría de 3 minutos para apoyar una indicación y de 3 minutos para impugnarla. En estas condiciones, no podíamos discutir una materia tan trascendente.

Por otra parte, tengo que rectificar al Honorable señor Urra. El dijo, que estos organismos regionales existen en varios países, que mencionó. Efectivamente, es así. Pero en esos países son integrados en forma electiva, y no por el sistema de la designación de funcionarios Porque otro de los reparos que nos merecen estas disposiciones es el que señaló el Honorable señor Gustavo Lorca, en el sentido de que sólo funcionarios públicos integrarán estos organismos regionales, los cuales, además, supeditarán la vida de las Municipalidades y de todos los organismos que tienen origen en el mandato popular.

Porque no se nos ha dado la oportunidad de estudiar estos artículos y porque creemos que representan la consagración del cesarismo en todas sus manifestaciones, vamos a votar en contra de ellos.

El señor SANTIBAÑEZ.-

Señor Presidente, me voy a referir al artículo 104 de la Constitución. Resulta que, por una omisión, no se modificó esta disposición que en su inciso segundo dice: "Habrá, para este efecto, registros particulares en cada comuna, y, para inscribirse en ellos, se exigirá haber cumplido veintiún años de edad y saber leer y escribir".

Esta redacción no concuerda con las normas aprobadas en la Honorable Cámara por inmensa mayoría, a fin de otorgar derecho a voto a los analfabetos y a las personas mayores de 18 años. Creo que no prestigia a la Cámara la mantención de esta disposición.

Por eso, solicito al señor Presidente que recabe el asentimiento unánime de la Sala para efectuar esa modificación; o sea, cambiar "haber cumplido 21 años de edad y saber leer y escribir", por expresiones que contengan los mismos requisitos exigidos en la nueva Carta Fundamental para votar en las elecciones de Diputados y Senadores.

El señor LORCA (don Gustavo).-

Señor Presidente, como tuve oportunidad de manifestarlo en la Comisión, este artículo 106, al colocar a las municipalidades bajo la vigilancia correccional y económica del respectivo intendente zonal, prácticamente, hace desaparecer la autonomía de las Corporaciones edilicias.

Debo reconocer que no obstante ser abiertamente inconstitucional la ley, si mal no recuerdo la 7.193, que establece que las Asambleas Provinciales serán reemplazadas, mientras no se creen, por el Intendente provincial respectivo, para los efectos de regular los acuerdos municipales, ese precepto ha sido usado con mucha prudencia por los Intendentes a fin de no enervar las facultades de los Municipios. Con esta disposición, en cambio, las Municipalidades quedan bajo la tuición del Gobierno central, con lo cual desaparece su independencia administrativa.

En segundo lugar, esta modificación establece que las ordenanzas rechazadas por el Intendente zonal -y aquí hay otra contradicción evidente- por inconstitucionales o ilegales, pueden ser insistidas por la respectiva Municipalidad con el acuerdo de los dos tercios de sus Regidores en ejercicio. Este precepto es inconveniente por cuanto el texto constitucional actual incluso determina que tales ordenanzas sean remitidas a la Corte Suprema para su resolución.

No es posible aceptar esta enmienda constitucional, por cuanto, lisa y llanamente, involucra someter toda la iniciativa municipal a la decisión del Poder central, fuera de que los acuerdos municipales ilegales quedarán entregados sólo a la voluntad de las mayorías.

Nada más.

El señor GIANNINI.-

Señor Presidente, deseo referirme a la enmienda propuesta por el Honorable señor Santibáñez, para salvar un error que se deslizó en el texto despachado por la Comisión, a pesar de que se ha requerido al Comité del Partido Liberal que reconsidere su oposición a ello.

Pido que se solicite nuevamente el asentimiento unánime de la Sala, para que, de esta manera, no se festine la labor del Congreso, que aparecería despachando, a sabiendas un proyecto de reforma constitucional con un error comprobado, que por "taimados", no queremos corregir.

-Hablan varios, señores Diputados a la vez.

El señor GIANNINI.-

Por eso, señor Presidente, pido nuevamente que se solicite el asentimiento unánime de la Sala para ello. Y si éste no se da, como se ha manifestado, que quede constancia de que, por culpa del Comité Liberal, se despacha esta reforma constitucional con un error semejante.

El señor ZEPEDA COLL.-

Señor Presidente, aquí no se trata de "taimados", sino de doctrinas. Si nosotros manifestamos nuestra opinión contraria al voto de los analfabetos, es porque perfectamente puede hacerse una excepción a la regla general que otorga el sufragio a todos los chilenos de cierta edad. Del mismo modo, ésta sería otro caso de excepción a dicha regla. Excepción de la misma naturaleza existen también en la Ley de Municipalidades, que exige, como condición para ser elegido Regidor, residencia por algún tiempo en la comuna, y, en el caso de los extranjeros, una residencia mínima de 5 años en el país para tener derecho a voto.

En consecuencia, nosotros no nos contradecimos; pero sí lo hacen los parlamentarios de Gobierno, que no estudiaron debidamente el proyecto y han dejado pasar un error que consideran tan grande, desde su punto de vista. Con eso, demuestran que, con el ánimo de imponer esta reforma constitucional en beneficio, única y exclusivamente, de los intereses del partido político a que pertenecen,...

-Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor ZEPEDA COLL.-

... no se han preocupado de legislar en forma debida.

El señor ZEPEDA COLL.-

Señor Presidente, a última hora, el viernes de la semana pasada, por la vía de una indicación se renovó la proposición que el Supremo Gobierno había desglosado en materia de Administración Comunal que está en discusión, para facilitar el de otras disposiciones constitucionales. Por eso, rápidamente, siempre que pudiéramos hacer un estudio acucioso de ella, se aprobó esta disposición, como lo ha demostrado el Honorable señor Silva Ulloa.

Nada más, señor Presidente.