Labor Parlamentaria

El señor FIGUEROA (Secretario).-

Corresponde tratar el informe de las Comisiones de Gobierno y de Hacienda, unidas, suscrito por los Honorables señores Curtí (presidente), Altamirano, Bossay, Contreras Labarca, Gumucio, Jaramillo Lyon, Luengo, Miranda y Palma, recaído en el proyecto de ley de la Cámara de Diputados que reajusta las remuneraciones del personal de los sectores públicos y privado.

-El proyecto y el informe figuran en los Anexos de la sesión 72, en 8 de mayo de 1966, documentos Nºs. 1 y 6, páginas 4042 y 4115.

El señor IBAÑEZ.-

Muchas gracias.

Corresponde ocuparnos en un proyecto relacionado básicamente con el reajuste de remuneraciones de los señores público y privado. Si la iniciativa respondiera sólo a ese objetivo, debería haber sido concebida en breves términos. Sin embargo, nos encontramos abocados al estudio de un texto que comprende más o menos 40 páginas impresas y 179 artículos. Esta forma de legislar me parece del todo inconveniente y representa, a mi juicio, un abuso por parte de quienes la patrocinan. Con frecuencia y no sin razón se ha querido limitar al Congreso la facultad de incluir en los proyectos de ley materias ajenas a ellos. Considero, por lo mismo, que en este aspecto corresponde al Gobierno dar el ejemplo, y no enviarnos un articulado como el que hoy discutimos, pues los parlamentarios tienen pleno derecho para presentar numerosas indicaciones conexas con la variada gama de materias que trata la iniciativa legal en debate.

Reitero, pues, que ha habido un abuso de legislación.

Por otra parte, existe la pueril creencia, en mi opinión, de que el país y sus costumbres pueden ser cambiados por medio de leyes.

Se ha sometido a nuestra consideración no sólo un proyecto abigarrado, sino hasta pintoresco: en él figuran, junto a los reajustes, indicaciones relacionadas con los avales para el desarrollo de la minería del cobre; la fusión del parque San Cristóbal con el Zoológico; la creación, en el escalafón de comedores de la Cámara de Diputados, de 10 plazas de guardianes, 2 coperos y 2 auxiliares ayudantes -en esta disposición me parece reconocer la huella digital de la Democracia Cristiana-; se establecen descuentos por planillas al personal de diversas empresas, como la de obreros de Copihue de Pupunahue; se fijan disposiciones para los corredores de propiedades, profesores primarios interinos y hasta para aquellas personas que desempeñan los cargos de Ministros de Estado, etcétera.

A juicio de los Senadores de estas bancas, es inadmisible legislar en esa forma, pues ello constituye, en cierto sentido, demostración de irresponsabilidad de quienes así proceden. Se están cambiando las reglas del juego de la vida nacional en cada ley propuesta al Congreso. Con ello sólo se consigue crear un clima de la más absoluta inestabilidad y desconfianza.

El señor IBAÑEZ.-

Por nuestra parte, no podemos asumir la responsabilidad de este torrente de disposiciones legales, pues resulta materialmente imposible -lo debo confesar con absoluta franqueza- que los Senadores podamos estudiarlas en todos sus detalles y proyecciones.

Las disposiciones del proyecto original contienen cuatro órdenes de materias principales: algunas dicen relación a los reajustes; otras, al control de precios, la limitación del derecho de huelga y los avales del cobre, aparte, como acabo de expresar, infinidad de preceptos que sería engorroso enumerar. No obstante la disparidad de todas estas materias, encontramos una circunstancia que es común a todas ellas: la inconsecuencia existente entre lo que el Gobierno se propone realizar con este proyecto y lo que hace en su gestión política; la inconsecuencia entre las metas que el Ejecutivo quiere alcanzar y las medidas que toma, pues esteriliza con aquéllas sus propios esfuerzos; inconsecuencia entre las expectativas que el Gobierno crea con su frondosa propaganda y la subsiguiente decepción de la ciudadanía.

En materia de salarios, ya se ha debatido aquí toda clase de políticas. Los señores Senadores conocen perfectamente la que siempre he sostenido y que tiene por finalidad alcanzar la estabilidad de la moneda y lograr, de esta manera, que los aumentos de salarios que se otorguen sean reales y no ficticios.

El señor IBAÑEZ.-

Si se quiere establecer una política de austeridad en materia de remuneraciones, lo estimo factible, pero siempre que se tenga el coraje de patrocinarla derechamente y dar al mismo tiempo un ejemplo de esa austeridad desde las propias esferas de Gobierno.

El partido que está en el mando ha sostenido que su política tiende a que los reajustes permitan recuperar todo el poder adquisitivo perdido a consecuencia del deterioro que experimentó la moneda en el curso de] año pasado. Mediante su propaganda crea la expectativa de que ello será realidad. Sin embargo, a renglón seguido, ni siquiera aceptó 25% de reajuste para aquellas personas que ganan más de 3 sueldos vitales.

Los asalariados, con fundadas razones, estiman que el proyecto dista mucho de corresponder al anuncio del Ejecutivo en cuanto a otorgarles una recuperación completa del deterioro sufrido por la moneda, vale decir, a compensar en su totalidad el aumento del costo de la vida en el año 1965. Sin lugar a dudas, hay un ambiente de frustración respecto de esta promesa. Y no me refiero sólo a quienes profesan ideas políticas diferentes de las del Gobierno, por cuanto los parlamentarios de la Democracia Cristiana saben perfectamente que en sus propias filas existen fuertes protestas, porque la proposición gubernativa no corresponde, según ellos y los sectores asalariados, a lo que el Gobierno anunció.

Con relación al régimen de reajuste discriminatorio para las personas que perciben más de 3 sueldos vitales, deseo repetir lo sostenido por mí en numerosas ocasiones, esto es, que dicho sistema destruye la jerarquía, la ecuanimidad y la justicia de las escalas de remuneraciones. En el caso de la Administración Pública, estimula además las jubilaciones prematuras y favorece el éxodo de funcionarios capaces, que suelen ser reemplazados, con mucha frecuencia, por personal improvisado o de preparación insuficiente.

En las actividades privadas, el régimen que menciono es también causa de profundas perturbaciones e inconvenientes.

El Gobierno ha señalado que esta modalidad de reajuste forma parte de su plan para detener la inflación. No cabe duda de que tal propósito es muy laudable, y lo compartimos plenamente. Pero, en mi opinión, no es posible alcanzar la meta de estabilizar el valor de nuestra moneda adoptando las medidas que acabo de señalar respecto de los sueldos, y aquellas otras que analizaré más adelante, sobre fijación de precios, represión de excesos sindicales y arbitrios de carácter monetario.

En este plan para detener la inflación, no ha sido abordado un factor extraordinariamente decisivo. Me refiero a los exorbitantes gastos fiscales, que en algunos casos llegan a constituir un derroche indiscutible. Ellos continúan aumentando en escala no prevista. Se estatizan, por ejemplo -y se intenta seguir haciéndolo-, actividades económicas privadas, en circunstancias de que las entidades o empresas del fisco arrojan pérdidas que, en muchos casos, podemos calificar fundadamente de fabulosas. Así, por ejemplo, IANSA perderá, en el curso de este año, la suma de 40 mil millones de pesos. Observemos, también, como se perturba el desarrollo de la locomoción colectiva particular, que en determinadas épocas, en Administraciones que se preocuparon de estimularla, llegó a ser muy eficiente y no representó gasto para el fisco. Sin embargo, en la actualidad se trata de suplir las fallas de la locomoción particular mediante el desarrollo de la Empresa de Transportes Colectivos, que pierde en cada pasaje una suma similar a la que cobra por él. Es evidente que los desembolsos fiscales provenientes de los fuertes déficit que arrojan las empresas del Estado gravitan sobre los precios de los artículos de consumo, e impulsan las alzas, que ahora se pretende detener mediante la fijación de precios y el establecimiento de drásticas sanciones.

Después de leer las disposiciones del proyecto, relativas a los precios, me asiste la certeza de que, de ser ellas aprobadas y aplicadas, se paralizaría la actividad económica del país. Será interesante observar la suerte que correrá esta iniciativa, así como el resultado de la aplicación de las medidas propuestas. Pero ellas no son nuevas: son tan viejas como el mundo. En otros países, en épocas relativa-mente recientes, se han aplicado con resultados desastrosos y ha sido necesario abandonarlas, no sin sufrir a causa de ellas verdaderos estragos económicos.

El señor IBAÑEZ.-

Entiendo que así ha sido, señor Senador, y por eso dije que será necesario esperar, primero, el resultado de la votación en el Senado.

Respecto de los precios, el proyecto establece las mayores amenazas sobre los productores. Si tales amenazas son ya reales y tangibles en lo relativo a las actividades agrícolas, respecto de las industriales se advierte también un ambiente de inseguridad creciente.

Pues bien, las alzas de costos que provienen de las circunstancias que he descrito, se contraponen a la rígida fijación de precios que se intenta; la ausencia de estímulos y pérdida de confianza son factores que conspiran contra los impulsos que generan el aumento de la producción. Y dicho incremento -permítaseme recordar algo obvio- es la única forma de restablecer el equilibrio perdido por la inflación y de otorgar aumentos reales a los asalariados, en lugar de entregarles aumentos puramente nominales, como sucede las más de las veces con las leyes de reajustes que aquí se despachan.

He recibido comunicaciones de numerosos personeros de la producción y del comercio, en que me hacen presente su alarma ante las disposiciones de la iniciativa en debate. Debo declarar con toda honestidad que tal alarma no es unánime: algunos empresarios estiman que todo está muy bien y -por lo menos, públicamente- otorgan de manera muy entusiasta su importante respaldo al Gobierno. Todo ello me induce a pensar que los empresarios reberán [deberán] clarificar su posición, pues existe una notoria contradicción entre la actitud de quienes entregan amplio y público respaldo al Ejecutivo y la de quienes expresan en privado su angustia y su condenación a la política oficialista. Personalmente, me agradaría mucho ser el portavoz de los hombres de empresa, de los que crean la riqueza y generan las fuentes de trabajo en nuestra patria; pero debo decir que me siento inhibido para asumir esa representación mientras siga observándose dicha actitud satisfecha, para mí desconcertante, en personas muy representativas del sector económico privado.

Con relación a los avales del cobre, reitero que somos partidarios de todo cuanto signifique aumentar la producción del principal rubro de nuestra economía y nuestro comercio exterior. Sin embargo, ya hemos expresado las serias y fundadas reservas que tenemos respecto del proyecto del Gobierno y de algunas disposiciones de carácter discriminatorio contenidas en él, que, por desgracia, no se intenta hacer extensivas al laudable esfuerzo que hacen los empresarios chilenos por desarrollar la economía del país. De renovarse la indicación relativa a los avales para desarrollar la minería del cobre, habremos de fundar oportunamente la posición de nuestro partido ante tal iniciativa.

En cuanto a la represión de los desbordes sindicales, a mi juicio ya se está produciendo consenso en el sentido de condenar la utilización de los sindicatos con objetivos políticos. Es evidente que las paralizaciones de las actividades económicas como consecuencia de la acción de sindicatos politizados perturban la vida nacional y dañan a todos los sectores, empezando por los más humildes. Todo ello está generando una actitud contraria a la organización sindical del país, que, en definitiva, puede perjudicaría seriamente.

No obstante, no creo que el Gobierno posea gran autoridad para detener estos desbordes. Me atrevo a decir que, en cierto sentido, carece de ella para promover una legislación destinada a atajar esos excesos, porque mientras tal pretende en el proyecto que nos ha enviado, realiza simultáneamente una labor desquiciadora de las actividades laborales en la agricultura. A mi juicio, ello constituye una nueva contradicción del Ejecutivo, que le resta autoridad en la posición que está asumiendo en el caso de los sindicatos mineros.

Como acabo de decir, un sector mayoritario de la ciudadanía quiere ver terminados esos conflictos; pero considero también que al Gobierno le resultará difícil convencer a esos obreros y a sus dirigentes sindicales de los propósitos que lo animan si, por otra parte, observan a funcionarios públicos empeñados en una labor de agitación y perturbación semejante a la que el oficialismo condena en las actividades mineras del país.

A mi juicio, todas estas inconsecuencias se reflejaron en la elección efectuada recientemente en Valparaíso. Para confirmar mi apreciación, quiero comparar, en forma muy breve, las cifras de esa elección con las de aquella otra -también complementaria- realizada hace un año para elegir a un señor Senador, el Honorable señor Prado. En marzo de 1965, nuestro colega obtuvo 157.000 votos, y el candidato triunfante el domingo pasado contó apenas con 120.000 sufragios. Ello significa que en el curso de un año el Gobierno perdió 37.000 electores en la provincia de Valparaíso, a la que aquí represento. Es interesante señalar a quiénes favoreció tal desplazamiento de la votación: el FPAP obtuvo ocho mil de esos 37.000 votos. Lo que podríamos llamar la oposición democrática, identificada en la persona del señor Marín, no obstante la abstención del Partido Conservador y la libertad de acción del Partido Liberal, que efectivamente se reflejó en una mayor abstención, ganó dieciséis mil de los 37.000 votos que perdió la Democracia Cristiana. Y los trece mil votos restantes incrementaron la abstención.

El señor IBAÑEZ.-

A mi juicio, la errada política a que me he referido en forma muy sucinta al analizar el proyecto en debate, ha sido la causante de la fuerte disminución observada en la votación democratacristiana. Como lo expresaba ayer en la tarde a colegas de la Democracia Cristiana, un hombre rico puede darse el lujo de dilapidar parte de sus bienes, sin correr por ello el riesgo de caer en falencia; pero en el caso del partido de Gobierno, no cabe duda de que, si continúa en el tren de perder 37.000 votos por año, su posición política habrá de verse seriamente afectada.

El señor GUMUCIO.-

En todo caso, peor es no presentar candidato.

El señor IBAÑEZ.-

Para mí, el resultado de esta elección mostró un anhelo: el de que el país sea gobernado con mucha más eficiencia de la que ahora se observa y, sobre todo, con menos propaganda. Señaló, a la vez, claramente, algo que se presentía desde hace tiempo: el deseo de que se cree una alternativa democrática frente al creciente deterioro del partido de Gobierno.

Nada sería más cómodo, para nosotros, frente a la forma como están sucediendo los hechos, que apoyar con nuestro silencio y sin objeciones la política, a nuestro juicio muy equivocada, que sigue el Gobierno. Sin embargo, no está en nuestro carácter realizar actos florentinos de maldad política, como ocultar al adversario sus errores que lo llevan al abismo.

Se pueden adoptar distintas actitudes frente a la política del Gobierno. El Partido Comunista apoya gran parte de sus iniciativas; pero aquél, en cambio, no aprecia-ni siquiera parece comprender- la ayuda que le prestamos al formularle observaciones y críticas muy sinceras, y, pollo contrario, en reiteradas oportunidades nos ha recriminado en forma dura, sosteniendo que nuestra actitud responde sólo a propósitos de obstrucción política.

Hoy día creo que estamos llegando a un punto tal que será preciso dejar que el país realice a fondo la experiencia democratacristiana. Estoy cierto de que cuando la haya vivido plenamente, las condiciones políticas habrán de cambiar en forma sustancial.

Sin perjuicio de analizar en detalle cada uno de los puntos más importantes del proyecto en debate cuando se proceda a discutirlo en particular, anuncio que, atendida la urgencia del despacho de los reajustes, los Senadores liberales votaremos afirmativamente la iniciativa en debate.

Agradezco al Honorable señor Contreras Labarca la amabilidad de haberme concedido esta interrupción.

El señor CONTRERAS LABARCA.-

Señor Presidente, el análisis del proyecto que comienza a discutir el Senado exige, a nuestro juicio, un enfoque general de la situación imperante en el país, que estimamos de verdadera gravedad, por estar amenazados los intereses vitales, no sólo de la clase obrera, sino de toda la nación, y, también, las libertades democráticas.

La prisión y procesamiento del Secretario General de la Central Unica [Única]de Trabajadores, compañero Oscar Núñez, y de los dirigentes de los sindicatos del cobre, las medidas de militarización de los campamentos mineros, la implantación abusiva e ilegal de zonas de emergencia en el norte, el desahucio de varios dirigentes gremiales, evidentemente forman parte de una política que va mucho más lejos de lo que la gente cree comúnmente. Por nuestra parte, protestamos de la manera más enérgica contra esas medidas provocadoras y absolutamente injustificadas y reclamamos el término inmediato de tales disposiciones, que configuran lo que se ha llamado la "política de la mano dura" contra los trabajadores y que encuentra en los círculos reaccionarios y, ante todo, en el vocero norteamericano "El Mercurio", el más entusiasta apoyo y aplauso.

Quien haya conocido las causas del conflicto del cobre, llegará a la conclusión de que los obreros y empleados tienen razón al sostener sus demandas, y que cualquier Gobierno que se inspirara en el interés nacional apoyaría a los trabajadores. La prolongación de la huelga no obedece ciertamente a la incapacidad económica de la Kennecott para satisfacer las peticiones de los obreros, ya que sus utilidades confesadas son realmente fabulosas. La ingerencia [injerencia] de esa compañía, alentada por la complicidad del Gobierno democratacristiano, obedece a su propósito de destruir la Confederación de Trabajadores del Cobre. La discusión de los convenios del cobre dejó, en efecto, muy en claro que a las empresas norteamericanas les interesaba no sólo obtener nuevos privilegios por veinte años para sus inversiones. En esa ocasión, nos referimos a una información de la revista "Mining Journal", de la cual resulta evidente que, si se quiere traer a Chile inversiones extranjeras a las industrias del cobre, no bastan los privilegios y garantías que se les han ofrecido. Lo más importante para ello es que -estoy leyendo textualmente- "no se postergue por más tiempo la confrontación franca entre el Gobierno chileno y la Confederación de Trabajadores del Cobre". Los hechos indican que estas pretenciones están siendo materializadas peligrosamente por el Gobierno del señor Frei, al cual la reacción pretende empujar hacia la dictadura abierta contra la clase obrera. Pero la política de mano dura que se lleva a cabo no es una actitud aislada. Forma parte del plan del imperialismo norteamericano destinado a reprimir y aplastar el movimiento popular en América Latina, mediante diversas medidas que llegan hasta la intervención armada.

Ante el crecimiento de la conciencia de los pueblos latinoamericanos y la estructuración de movimientos populares dispuestos a liberar al continente del dominio extranjero, Estados Unidos aumenta su presión sobre los Gobiernos y exige reprimir todo brote liberador que pudiese afectar a sus intereses. Además, propugna abiertamente la intervención militar directa en los países en que el Gobierno no quiera controlar una situación que se estime subversiva. Tal intervención, ya practicada en forma brutal en Santo Domingo, se ocultaría bajo el disfraz del Ejército Interamericano de Paz. Sus trajines intervencionistas, que continúan tratando de efectuar en la Organización de Estados Americanos, han sido apoyados por la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, la cual ha proclamado el presunto derecho que asistiría a ese país para intervenir militarmente en cualquiera nación latinoamericana que consideren en peligro de caer en manos del comunismo. Nuestro país no está, desafortunadamente, ajeno a esos afanes intervencionistas.

Es sintomático que determinados sectores reaccionarios estén defendiendo la infamia de calificar los movimientos reivindicativos como formas de "guerrillas" orientadas a socavar el sistema democrático y atribuyéndoles relaciones con un supuesto plan insurreccional en el continente. No otra cosa es la acusación reiteradamente formulada por el diario "El Mercurio", que ha pasado a ser el principal consejero del Gobierno y administrador de la revolución en libertad, como ocurre en su editorial del 4 de marzo, en el que dice de manera textual: "El carácter revolucionario inconfundible de los movimientos huelguísticos que con rara y sintomática sincronización tratan de anarquizar el país, es la forma que ha tomado en nuestro territorio la guerrilla internacional". Esto constituye una desvergonzada incitación a la intervención extranjera, ya que se pretende presentar al país en estado de subversión, carente de un Gobierno con verdadera autoridad real, sumido en el caos. En pocas palabras, se lo trata de presentar en la situación a la cual los yanquis ha referido sus propósitos intervencionistas.

Esta posición de los sectores más retrógrados, expuesta en el diario de los Edwards, muestra una vez más su falta absoluta de patriotismo y sus desvelos por perpetuar la miseria y la explotación de nuestro pueblo.

La política de mano dura de que hace gala el Gobierno se manifiesta no tan sólo en la represión contra los trabajadores, sino también en un conjunto de medidas que se están aplicando o se pretende poner en práctica. Una prueba de lo que decimos la encontramos en el artículo 59 del proyecto aprobado por la Cámara de Diputados, que limita el derecho de huelga e impone el arbitraje obligatorio, con lo cual atenta contra una de las conquistas fundamentales de la clase obrera.

Todos los sindicatos, incluso con votos de obreros y empleados democratacristianos, han repudiado esta disposición regresiva y están 'dispuestos a luchar para mantener incólume el derecho de huelga, instrumento esencial de que dispone la clase obrera, dentro del régimen capitalista, para defender sus intereses y conquistas sociales.

Esta disposición, inspirada en la ley norteamericana Taft-Hartley, tiene por objeto defender a los capitalistas del embate de la lucha de la clase obrera, que logró derribar en muchas ocasiones la barrera de la estabilización y arrancar a los patrones reajustes superiores a los señalados por la ley. Representa, además, una violación flagrante de las convenciones que sobre esta materia ha adoptado la Organización Internacional del Trabajo, suscritas por nuestro país, al tratar de imponer una legislación represiva que sólo tiene parangón con algunos preceptos de la ley de Defensa Permanente de la Democracia. Los falangistas de ayer, que se opusieron a esa ley liberticida, incurren ahora en el mismo vicio y se deslizan por la pendiente de la persecución al movimiento sindical y popular.

Estos hechos tienen tal fuerza que el propio Ministro del Trabajo, quien no se caracteriza precisamente por sus simpatías hacia los trabajadores, se ha visto obligado a reconocer que los obreros y empleados del cobre tendrían derecho a obtener reajustes superiores a 25 por ciento por trabajador, por tratarse de compañías que disponen de gran poder económico. Y las empresas del cobre no son las únicas.

Está claro, entonces, que no se puede hablar de trabajadores privilegiados, sino de empresas privilegiadas que, en justicia, deben retribuir a sus obreros de acuerdo con las utilidades que ellas realmente producen.

Además, aparece evidente que el hecho de que esos trabajadores puedan obtener mejoramientos superiores, no perjudica a sus hermanos de clase, postergados en forma injusta. Es perfectamente posible mejorar el nivel de sueldos y salarios de los sectores de menor productividad mediante una política de efectiva redistribución de la renta nacional a costa de la parte que toca el sector del capital, la cual, como se sabe, es inferior a 10 % de la población activa y disfruta de más de 50% de dicha renta.

La argumentación del Ministro del Trabajo de que el arbitraje obligatorio no entrañaría mayor peligro para los trabajadores e incluso, representa un importante avance respecto de la legislación vigente, que viene a dar una salida a los conflictos que en la actualidad se prolongan indefinidamente y a permitir el conocimiento por los obreros y empleados de los costos y utilidades verdaderas de las empresas, no tiene consistencia. Tanto el Código del Trabajo como la ley de Seguridad Interior del Estado, al disponer la reanudación de faenas coactivamente, no establecen un mecanismo que resguarde de manera adecuada los intereses de los trabajadores. No hay duda de que la actual legislación en estas materias es deficiente y reaccionaria; pero no por ello es posible aceptar, so pretexto de corregir vicios evidentes, la implantación de un sistema represivo, y que tampoco puede presentarse como una solución, desde el punto de vista de la prolongación de los conflictos que los obreros no han deseado jamás.

El tribunal arbitral que se establece en el artículo 59 no ofrece ninguna garantía. ¿Acaso los trabajadores podrían tener confianza en el representante del Gobierno, podrían creer que hará causa común con los obreros, en circunstancias de que han podido apreciar, a través de la conducta de las autoridades del Trabajo y, en especial, del MinistroThayer, una abierta oposición a sus planteamientos y una complacencia clara para con los empleadores?

El que en ese tribunal arbitral vaya a ser posible imponerse de los antecedentes económicos y contables necesarios para determinar la verdadera situación de la industria, no pasa de ser una afirmación confusionista. No se consigna ningún procedimiento que pueda constreñir a los empresarios a informar efectivamente del estado de su negocio y se mantiene "intangible" el secreto comercial, que cierra toda posibilidad de investigación efectiva sobre los costos y utilidades de la empresa.

Aun en el supuesto de que los trabajadores, mediante su lucha, lograran en esta oportunidad un reajuste igual o superior al alza real del costo de la vida, la aprobación de los preceptos contenidos en el artículo 59 constituiría la implantación de un estado de arbitrariedad y despotismo de parte de los patrones y la degradación de su condición de asalariados.

Teniendo en cuenta estos hechos, las Comisiones unidas rechazaron, por indicación de los Senadores del FRAP, el artículo 59. Esperamos que la Sala ratifique tal criterio, de acuerdo con los intereses fundamentales de los trabajadores. Sin embargo, es conveniente dejar estampado aquí que aun cuando el Congreso Nacional aprobara finalmente una disposición semejante al artículo 59, los trabajadores no abandonarán jamás la lucha en defensa de su derecho sagrado de huelga. Queremos declarar, al mismo tiempo, que nuestro partido apoyará sin desfallecimiento la lucha de los trabajadores en amparo de sus reivindicaciones fundamentales.

Un reajuste que no es tal.

El proyecto que examinamos, que propone un reajuste de 25%, y no de 25,9%, es una burla para los trabajadores. El Gobierno lo presenta como equivalente a 100% del alza del costo de la vida, pero en el hecho es inferior, pues, para los trabajadores del Estado que ganan más de tres sueldos vitales, baja a 15%. Para los del sector privado, también desciende a 15% respecto de aquellos que perciben más de Eº 628,76. Para los obreros agrícolas empieza a aplicarse tan sólo desde el 1º de mayo de 1966. Para los médicos del Servicio Nacional de Salud empieza el primero de abril. Por último, la primera diferencia deberá ingresar a las cajas de previsión, descontada en ocho cuotas mensuales iguales. En consecuencia, el reajuste propuesto no es de 25,9% ni alcanza siquiera a 25%, sino que asciende a una cifra seguramente inferior a 21%. Esto último ha sido reconocido por el señor Ministro de Hacienda en las Comisiones unidas.

Hay que considerar, además, que el teórico 25% resulta rebajado por los impuestos que se aumentan en este mismo proyecto, como ocurre con el impuesto de 1% sobre sueldos y salarios, cuya vigencia se restablece hasta 1970; como sucede con los tributos indirectos consignados en la iniciativa en debate y en el proyecto de reajuste de las Fuerzas Armadas, y como puede apreciarse en la elevación del impuesto sobre la renta, que se reajusta, de 50% a 80% del índice de precios al consumidor, con un rendimiento ascendente a 35 millones de escudos.

En las Comisiones unidas, hemos votado en contra del financiamiento propuesto por el Gobierno y aprobado por la Cámara de Diputados, por considerarlo contrario a los intereses de los trabajadores. En su reemplazo, hemos propuesto elevar en 10% el impuesto de primera categoría de la ley de la Kenta. Esta última indicación, por desgracia, fue rechazada.

El índice que sirve de base al reajuste a que se refiere el proyecto en debate está muy lejos de la realidad y ha sido objeto de reiteradas impugnaciones, tanto por los partidos populares como por el actual partido gobernante. Con razón el señor Frei expresó durante su campaña electoral que, en lo atinente a esta materia, se atendría, no a las frías cifras de la estadística, sino al bolsón de las dueñas de casa.

Es menester señalar, además, que este índice se refiere sólo a un limitado número de artículos de primera necesidad y, en consecuencia, no refleja fielmente el aumento real del costo de la vida de las masas trabajadoras. En efecto, el costo de la vida no está determinado en forma exclusiva por lo que gasta una persona en la adquisición de los artículos que señala el índice, pues deben ser tomados en cuenta otros factores de gran importancia. Hay que examinar cómo vive y trabaja el conjunto de los asalariados y atender no sólo a sus gastos inmediatos, sino también a aquellos otros que emanan del sistema tributario, de la creciente desocupación, del aumento de la productividad, de la previsión social, etcétera.

El 25% de reajuste se otorga tan sólo a una parte de la clase obrera: a los que están en trabajo, y, naturalmente, no a los desocupados. Desde el punto de vista de los intereses generales del proletariado como clase, ello es de la mayor trascendencia. Una parte de los empleados y obreros ocupados percibe subsidios de cesantía si cumple los requisitos exigidos por la ley y sólo durante un período determinado. El resto se halla completamente desamparado y, para sobrevivir, debe acudir a la solidaridad de sus hermanos de clase o buscar otros recursos, que no siempre se encuentran. La desocupación constituye un gravamen permanente dentro del régimen capitalista, que llevan sobre sus espaldas los obreros en trabajo, aparte que la cesantía presiona sobre el mercado de la mano de obra y es aprovechada por los capitalistas para rebajar el nivel de los sueldos y salarios .

Hemos solicitado al Ministro del Trabajo informaciones fidedignas sobre la desocupación, incluida la cesantía disfrazada que se oculta bajo trabajos de temporada, aumento de la población ocupada en servicios, en el comercio, etcétera, y se ha comprobado que el Ministerio no dispone de esos antecedentes.

La desocupación, que estuvo transitoriamente paralizada por la vigencia de la ley de Inamovilidad, ahora no tiene ningún freno, por la caducidad de dicha legislación, y los patrones han comenzado a despedir a sus trabajadores, ya que el nuevo texto legal no ofrece a éstos garantías serias y eficaces. Esta última no ha sido aún promulgada, porque, según informaciones de prensa, será vetada.

Ha aumentado la producción y han disminuido las ocupaciones.

Hay que tener en cuenta también la superexplotación del trabajador, que se refleja en el incremento de la productividad observada durante los últimos tiempos en ciertos sectores de la economía chilena. La Central Unica de Trabajadores, en su estudio sobre política de remuneraciones, expresa al respecto:

"Tomemos como punto de partida el año 1953, poco antes de iniciarse la política de congelación de remuneraciones. Desde ese año hasta 1965, el producto total ha crecido en un 42,6%, como puede verse en el cuadro Nº 1. Este crecimiento es pequeño comparado con el de otros países, pero por lo menos significa que lo que el país produce aumenta de año en año.

"El producto por persona, lo que podríamos llamar la productividad media del país, ha aumentado en 6,6% en esos años. Pero tal crecimiento de la producción es diferente en los distintos sectores. Se sabe, por ejemplo, que la agricultura chilena crece muy poco. La producción industríal, en cambio, ha crecido en un 60 % entre 1953 y 1965 y la producción minera ha aumentado en un 51% entre 1957 y 1965.

"No ha pasado lo mismo con la ocupación. En la minería mayor, la ocupación de obreros ha disminuido de 100 a 88,2 entre 1957 y 1965. En la industria, la ocupación de obreros ha aumentado apenas en un 6,2%, entre 1953 y 1965.

"Así, pues, mientras la producción en sectores tan importantes como la minería y la industria crece en forma notoria, la ocupación disminuye en la primera y crece en una cantidad muy pequeña en la segunda.

"Esto significa que cada trabajador produce una mayor cantidad que antes, o en otras palabras, que la productividad por obrero ocupado ha aumentado.

"Efectivamente, tal como puede verse en el cuadro Nº 3, la productividad por obrero en la minería aumentó en un 71,1% entre 1957 y 1965, y la productividad por obrero en la industria aumentó en un 50,5% entre 1953 y 1965.

"En algunas grandes industrias es posible observar en forma más directa este aumento de productividad. Por ejemplo, en la planta de Huachipato de la CAP, se produjeron 313.073 toneladas de lingotes de acero en 1953, con 6.203 obreros y. empleados, de manera que en ese año la productividad era de 50,5 toneladas por persona ocupada. En el período de 1963-64 la producción de lingotes de acero había aumentado a 502.406 toneladas, mientras que el personal de empleados y obreros había disminuido a 5.537 personas, lo que quiere decir que la productividad había aumentado a 91 toneladas por persona ocupada.

"En diez años la productividad aumentó en un 80%.

"Esto fue acompañado de nuevas inversiones y de mejoramientos técnicos, que significaron una mayor responsabilidad para cada trabajador y, corno ya indicamos, una producción, por persona ocupada, más elevada".

Pero debemos agregar que el aumento de la productividad no siempre se ha obtenido mediante la introducción de maquinaria moderna o de mejoramientos técnicos, sino que ha sido resultado de la prolongación o intensificación de la jornada de trabajo, con el consiguiente mayor gasto de energía física, nerviosa y cerebral de los obreros. Los ritmos acelerados del proceso productivo determinan enfermedades del corazón, nerviosas, etcétera; aumentan los accidentes del trabajo, y conducen a una vejez prematura de los trabajadores.

En lo concerniente a la jornada de trabajo, los patrones también han impuesto un sistema de super explotación de los obreros y empleados. Por regla general, las exiguas remuneraciones por hora o por jornada en fábricas, talleres u oficinas obligan a aquéllos a cumplir horas extraordinarias, como es el caso muy conocido de lo que se llama el "redoble" en las faenas mineras. Este trabajo negro, mal pagado y extenuador [extenuante], ha conducido a la supresión de la jornada de ocho horas, una de las conquistas más importantes de los trabajadores en el siglo XX.

Cuando se habla, pues, del nivel de vida, de cómo viven nuestros obreros y empleados, no es posible cerrar los ojos ante la pavorosa realidad que significa el hecho de estar agotando y quemando generaciones de trabajadores en jornadas inhumanas y mal remuneradas, privados del descanso necesario para asegurar la vida regalada de un puñado de privilegiados.

Se sigue perjudicando a los pensionados y montepiados.

El reajuste de 25% se refiere tan sólo a los trabajadores en actividad. La situación del sector pasivo, en ésta como en anteriores oportunidades, queda afecta a una discriminación odiosa, ya que sus pensiones y montepíos, miserables en su mayor parte, quedan sometidos al régimen de la revalorización de pensiones, cuyo fondo no alcanza a cubrir un reajuste ni siquiera cercano al otorgado el año pasado, ya entonces muy inferior al alza del costo de la vida.

Esta nueva injusticia de que se hace víctima a un sector tradicionalmente postergado por los gobiernos, ha despertado una ola de justificada indignación, por haber sido una vez más engañados por quienes prometieron realizar en Chile la justicia social. La insensibilidad del Gobierno de la Democracia Cristiana para con los hombres y mujeres que han entregado su vida al trabajo y progreso del país no puede merecer sino el más franco repudio.

Al respecto, los Senadores del FRAP formulamos indicación para elevar en 30 millones de escudos el fondo de revalorización y hemos propuesto diversas otras medidas que beneficiarían a estos vastos sectores, las cuales han sido enviadas en consulta al Ejecutivo.

Hacemos un llamado al Gobierno y a todos los sectores para abordar estos problemas de una vez por todas y proporcionar a los pensionados, jubilados y montepiadas la mínima seguridad económica a que se han hecho acreedores, después de una vida de esfuerzo y sacrificios y, al mismo tiempo, aprobar cuanto antes el proyecto de ley despachado por el Senado, que concede la jubilación a los 60 años a los obreros de nuestro país.

El sistema previsional no se ha mejorado.

La previsión social es otro aspecto que debe ser considerado respecto del nivel de vida de los asalariados. A ella se refieren numerosos artículos del proyecto en debate.

No hay duda de que nuestro sistema previsional se ha ido deteriorando hasta llegar a un estado que no responde en forma adecuada a los requerimientos que está llamado a satisfacer. La inseguridad de los trabajadores, que tan vivamente se manifiesta ante la perspectiva de perder sus ocupaciones, también los agobia ante la posibilidad de sufrir los riesgos de enfermedad, invalidez y muerte a que se hayan expuestos. Existe plena conciencia de la, indefensión en que se encuentra la gran masa de chilenos ante estas eventualidades, y no se advierte por parte de los gobernantes la preocupación real por lograr una justa solución. Hace casi ya dos años que hemos estado escuchando promesas de una reforma integral de la previsión, promesas sorprendentes en quienes afirmaron antes de llegar al poder, contar con planes acabados en éstas y otras materias y que -esto es lo más importante- deben ser mirados a beneficio de inventario, desde el momento en que algunos achacan a los trabajadores la responsabilidad del desfinanciamiento de la seguridad social.

La acusación de que los obreros y empleados son culpables de la anarquía en la previsión y de la falencia virtual de algunas cajas, no sólo es falsa, sino que responde a conceptos antisociales de los sectores reaccionarios. Por nuestra parte, sostenemos que el sistema de previsión social debe ser mejorado y perfeccionado, en el sentido de que el Estado y los patrones deben costear los desembolsos necesarios para proteger de los riesgos a los trabajadores y dar a sus familias condiciones de seguridad .

Al mismo tiempo, sostenemos que es indispensable democratizar las instituciones de previsión para los sectores público y privado, civil y militar, y dotarlas de los instrumentos necesarios para cumplir la misión que les corresponde.

Los Senadores del FRAP estamos por aumentar el reajuste.

La insuficiencia del reajuste propuesto por el Gobierno y la convicción de que imperiosamente deben aumentarse los sueldos y salarios en porcentaje que permita hacer frente a la ola de alzas desencadenada en el país, ha llevado a los Senadores del Frente de Acción Popular a presentar una indicación por la cual se aumentan en 40% los sueldos y salarios.

Asimismo, hemos propuesto que la primera diferencia del reajuste no se destine

a las cajas y que éste empiece a regir, para los obreros agrícolas, desde el 1º de enero del año en curso, indicaciones que fueron aprobadas por la mayoría de las Comisiones unidas.

Respecto del sector público, la indicación fue remitida al Ejecutivo, por carecer el Congreso de facultades constitucionales. En cuanto al sector privado, fue aprobada por la mayoría de las Comisiones unidas. Es de estricta justicia y no puede ser desestimada por el Congreso.

Al respecto, deseo recordar que las Comisiones unidas, movidas por el deseo de que los trabajadores de los sectores público y privado perciban cuanto antes siquiera una parte del reajuste de que trata esta iniciativa, aprobaron, por unanimidad, la proposición de que el Ejecutivo envíe un proyecto de ley para otorgar un anticipo, el cual podría ser aprobado por el Congreso Nacional en brevísimo espacio de tiempo. Financiamiento hay de sobra para conceder tal anticipo, pues en el Presupuesto para 1966 se dispone de la suma de 353,5 millones de escudos. Por lo tanto, el problema planteado por las Comisiones unidad es totalmente solucionable. Sin embargo, hasta el momento no hemos recibido respuesta del Poder Ejecutivo.

Pedir justicia no es hacer sabotaje.

Se ha pretendido presentar nuestra indicación sobre el 40% como el producto de una verdadera conjuración en contra de los planes económicos del Gobierno y un verdadero sabotaje a la autotitulada "revolución en libertad". Pero no se trata de eso, pues esta proposición traduce el profundo anhelo de las masas de promover el progreso social y obtener un poco de justicia, ya que sus aspiraciones tienden tan sólo a obtener un modesto mejoramiento económico.

La experiencia de 1965 demostró palmariamente que el sacrificio impuesto entonces a los obreros y empleados no favoreció al país, sino a los monopolios nacionales y extranjeros, los cuales vieron incrementadas sus exorbitantes utilidades.

La resistencia que suscita el reajuste para 1966, es, pues, plenamente justificada, y la obstinación del Gobierno para imponerlo a toda costa, demuestra, por una parte, su increíble ceguera ante las necesidades apremiantes e impostergables de los trabajadores y, por otra, su voluntad de favorecer al sector patronal.

La justicia de nuestro planteamiento se evidencia, en primer lugar, por el hecho de haber sido el propio Gobierno quien ha propuesto un reajuste de 38% para las Fuerzas Armadas, sector que también ha sufrido las consecuencias de la carestía y la crisis económica.

Asimismo, otros sectores, a los cuales difícilmente podría calificarse de subversivos, han hecho oír su voz en procura de aumentos de remuneraciones efectivamente equitativos: el señor Presidente de la Corte Suprema ha reclamado mejor tratamiento para el Poder Judicial; el Colegio Médico, en la convención que acaba de finalizar, se pronunció también en contra del reajuste propuesto por el Gobierno para esos profesionales.

La voz de los trabajadores debe tenerse presente.

Hemos demostrado que el 25% no corresponde al alza real del costo de la vida de los asalariados y que, en todo caso, vendría a ser solamente -en el supuesto de que el índice hubiera sido manejado en forma objetiva- un reflejo del aumento de los precios al consumidor, factor importante, pero en modo alguno coincidente con el verdadero nivel de vida de la población.

Todavía más, es una "mixtificación" llamar reajuste a un proyecto que representa apenas un intento de reponer en forma parcial el poder adquisitivo perdido por los trabajadores en 1965.

Al respecto, debo citar de nuevo a la Central Unica [Única] de Trabajadores. En la página 23 de un estudio elaborado por la CUT, que todos los señores Senadores han recibido y que examinamos en las Comisiones unidas, aparece un cuadro que señala las sumas que en cada mes del año 1965, perdió un trabajador que ganaba cien escudos mensuales. No daré lectura a dicho cuadro, pero sí solicito del señor Presidente que recabe el asentimiento de la Sala para insertarlo en esta parte de mi discurso.

-Se accede a lo solicitado.

-El documento que se acuerda insertar es del tenor siguiente:

"PERDIDA DE DINERO POR PARTE DE LOS TRABAJADORES"

El señor CONTRERAS LABARCA.-

La Central Unica de Trabajadores, explicando este estudio, dice lo siguiente:

"En cada mes de este año el trabajador del ejemplo recibió 100 escudos, pero como los precios fueron subiendo, con esa plata cada vez compró menos cosas. Para que se hubiera mantenido el poder adquisitivo de su remuneración, debiera haber recibido Eº 101,3 en enero, Eº 103,4 en febrero, Eº 107,1 en marzo, etc. Para que se mantuviera el poder adquisitivo del 1º equivale a 1,7 meses del salario. (E) Estimado. de enero, habría tenido que recibir Eº 123,3 en octubre.

"Esto quiere decir que en cada mes del año, el trabajador perdió cierta cantidad: Eº 1,3 en enero, Eº 3,3 en febrero y así sucesivamente. Sumando lo que se perdió en los 12 meses, se perderán Eº 159,2. Estos escudos con poder de compra equivalente al 1º de enero de 1965, son 199 escudos de poder de compra 31 de diciembre de 1965. Si el trabajador gana Eº 200, perderá Eº 398 en 1965 y si gana Eº 500, perderá Eº 597, lo que en cada caso equivale a cerca de dos meses de remuneraciones perdidos en el año".

Además, la Central Unica [Única] de Trabajadores y la CEPCH (Confederación de Empleados Particulares de Chile) han efectuado diversas encuestas sobre lo que realmente necesita una familia de cuatro personas para vivir en forma modesta. Este estudio, del cual recibimos una información amplia en el seno de las Comisiones unidas, demuestra que esa familia necesita un ingreso mensual de 717 escudos.

Ahora, comparando las cifras indicadas en los estudios mencionados con el salario y el sueldo real de los obreros y empleados, he aquí dos conclusiones claras y categóricas: 1º) El nivel de remuneraciones, como consecuencia de la pérdida del poder adquisitivo, indica que los trabajadores de Chile están sometidos a un régimen de superexplotación, en términos que comprometen gravemente el porvenir de nuestra patria. Es un hecho comprobado por organismos de las Naciones Unidas y, además, reconocido por "La Nación", el diario oficial, en su publicación de 7 de febrero, que nuestro pueblo sufre una subnutrición crónica, hambre crónica. 2º) El sistema de fijación de remuneraciones actualmente vigente, que ha sido sometido a una profunda crítica de la CUT, la cual ha sostenido la necesidad de cambiarlo, no corresponde a las exigencias de los trabajadores y de la nación, en cuanto a asegurar a sus asalariados condiciones humanas de vida.

En la actualidad, el sistema atomizado de pequeñas organizaciones y multiplicidad de pliegos, en los hechos debilita la lucha reivindicativa de los trabajadores frente al sector empresarial, poderoso y organizado.

En su congreso de agosto de 1965, la CUT resolvió luchar por el establecimiento de una Comisión Central de Remuneraciones, Juntas Nacionales de Salarios y Sueldos por Industrias y por Ramas Profesionales, y por una Comisión Nacional de Remuneraciones para el sector público.

La Comisión Central de Remuneraciones tendría la misión de determinar anualmente las remuneraciones mínimas o vitales, las que deberían ser calculadas considerando las incidencias del alza del costo de la vida en los rubros fundamentales y las necesidades esenciales de la población. Esta proposición reviste la más alta importancia y demuestra la voluntad de los obreros y empleados de tener una participación activa en la fijación de sus remuneraciones, con evidente ventaja para el interés nacional, aun cuando están conscientes de que mientras no se ponga término al sistema capitalista seguirán siendo víctimas de la explotación. En lo relativo a las Juntas Nacionales de Salarios, tenemos la experiencia positiva de los obreros de la construcción, acerca de la cual hemos formulado indicación, aprobada por las Comisiones unidas, en el sentido de que la Comisión de en 1964, con participación de la federación de obreros respectiva y la Cámara Chilena de la Construcción, fije un tarifado nacional y tenga carácter permanente.

También se objeta nuestra indicación de elevar a 40% el reajuste porque constituiría un obstáculo a la realización del plan de desarrollo económico de la nación, ya que dicho plan se basa en la estabilización de sueldos, salarios y precios, y, por lo tanto, impulsaría el proceso inflacionista. Los hechos demuestran que los aumentos de sueldos y salarios no son los causantes de la inflación.

Los Gobiernos de los señores Ibáñez y Alessandri, bajo la inspiración de la Misión Klein-Saks y del Fondo Monetario Internacional, respectivamente, pretendieron frenarla mediante una política llamada de "estabilización", con reajuste que restringían la capacidad de consumo de las masas laboriosas, pero fracasaron, no sólo porque esa medida no iba acompañada de otras de desarrollo, como argumentan algunos, sino porque no es la limitación del consumo de los trabajadores la manera de detener la inflación. Por el contrario, dicha limitación es fuente de nuevas presiones, que determinan necesariamente explosiones inflacionarias, pues importa un incremento de las utilidades de los capitalistas, una distribución aún más regresiva de la renta nacional, sin que la inversión realizada por el sector empresarial signifique un aumento efectivo de la producción.

El dinero en poder de los capitalistas no siempre se utiliza para satisfacer necesidades imprescindibles o necesidades postergadas, como las de los trabajadores, sino que se integra, por medio de los bancos y otros mecanismos, a la especulación y a los negocios no reproductivos, que no contribuyen en nada al desarrollo económico del país.

Entre los años 1954 y 1965, los obreros, empleados y campesinos sufrieron una pérdida de su poder adquisitivo estimada en 23.297 millones de escudos, en circunstancias de que la inversión total fue tan sólo de 21.738 millones de escudos, de acuerdo con los datos proporcionados por la Central Unica [Única] de Trabajadores. Por consiguiente, han sido los asalariados quienes han costeado con su sacrificio la mayor parte del desarrollo económico del país.

En el estudio sobre "La economía de Chile en el período 1950-1963". preparado por el Instituto de Economía, dependiente de la Universidad de Chile, de cuyo consejo formaba parte el actual Ministro de Hacienda, señor Sergio Molina, se expresa textualmente: "En las discusiones sobre el proceso de la inflación, es difícil decidir si un factor puede ser considerado como causa y/o factor de propagación o como efecto inflacionario. Tratándose de reajustes de sueldos y salarios, esto último es lo pertinente, porque en la experiencia chilena, por definición, los reajustes de sueldos y salarios son para compensar alzas de precios; es decir, tales reajustes serían consecuencia de los aumentos de precios ya producidos".

Y más adelante, al referirse a las alzas de sueldos y salarios por encima del nivel del costo de la vida, como factores con incidencia en el proceso inflacionario, reconoce que ello se ha debido a que "el sector no asalariado" -es decir, los empresarios- "no absorbió con cargo a sus ganancias la elevación de sueldos y salarios...", es decir, lo aplicó a los precios.

Jorge Ahumada, uno de los inspiradores de los planes del Gobierno, en su libro "En vez de la miseria", ha dicho: "No se puede decir con justicia que los trabajadores chilenos, en un esfuerzo por conseguir mejores condiciones de vida, han procurado y obtenido alzas de salarios incompatibles con la productividad y allí está la raíz de la inflación chilena, porque ésta se inició por allá por 1875, cuando no había sindicatos en Chile que pudieran haber actuado como campeones del trabajo organizado ni había partidos políticos izquierdizantes".

Además -agregamos nosotros-, es indiscutible que los aumentos de sueldos y salarios tienen escasa influencia en los costos de las mercancías, y pueden ser otorgados, sin elevar los precios, disminuyendo las ganancias exorbitantes de los capitalistas.

La única fuerza social capaz de luchar hasta sus últimas consecuencias contra la inflación son las masas de trabajadores, principales víctimas de ella, que son despojadas de su poder de compra y deben sufrir la carestía, la escasez y la especulación.

Los comunistas planteamos como una necesidad imperiosa del pueblo chileno la lucha real, no verbal, contra la inflación. Sabemos que ella recae exclusivamente sobre las grandes masas de la población: obreros, empleados, campesinos, jubilados, profesionales, medianos y pequeños agricultores, comerciantes e industriales. Los beneficiarios de la inflación son las compañías extranjeras, los grandes empresarios, los monopolios de la distribución y del comercio, los grandes latifundistas. A ellos les interesa mantener a Chile sumido en este drama terrible, como lo han hecho desde hace casi un siglo. Y toda medida que no importe una efectiva lucha contra este flagelo que agobia desde hace casi un siglo a nuestro pueblo, constituye una medida a favor de esos sectores privilegiados.

En este sentido, estimamos que el actual proyecto de reajuste no constituye un ataque verdadero contra la inflación, y no dudamos, por lo tanto, en calificarlo de inflacionista, ya que asegura la mantención del proceso y presagia a breve término su incremento explosivo. En estas circunstancias, desafiamos públicamente al Gobierno de la Democracia Cristiana a pasar del terreno de las palabras al de las realizaciones, a adoptar medidas antinflacionistas concretas e inmediatas.

El XIII Congreso de nuestro Partido expresó a este respecto que pueden y deben adoptarse, en la lucha contra la inflación, en lugar de la congelación de ¡as remuneraciones, medidas inmediatas y urgentes y, por supuesto, sin perder de vista la realización de los cambios estructurales indispensables. Veamos algunas de tales medidas :

"En cuanto a los precios, se necesita un control de arriba más que abajo. Esto exige meterle mano a los grandes monopolios de la producción y de la distribución. En el caso de la bencina, la parafina, el gas licuado y otros artículos, la comercialización debería hacerse por el Estado. La importación de materias primas, alimentos y medicamentos, debe estar también a su cargo. Los precios de varios artículos y, desde luego, los dividendos CORVI deben ser congelados.

"Las compañías de seguros constituyen un pingüe negocio para un grupo de privilegiados que realiza actividades fundamentalmente especulativas con cuantiosos dineros ajenos. Deberían ser nacionalizadas.

"Respecto de la banca se precisa, cuando menos, romper en definitiva con el monopolio del crédito, abrirlo a los pequeños y medianos industriales, agricultores y comerciantes, terminar con las influencias políticas, democratizar el Banco Central, etcétera.

"Referente al comercio y a los créditos externos, Chile necesita regirse por el principio del beneficio mutuo. El intercambio comercial debe ser flexible. El comercio exterior de nuestro país, debe realizarse no sólo con Estados Unidos y Europa Occidental, sino, además, con las naciones socialistas, con los países de Asia y Africa y, en mayor escala, con América Latina. El comercio con Cuba debe ser restablecido.

"En relación al cobre, se precisa, cuando menos, el estanco de las ventas en favor del Estado, el retorno total del valor de las exportaciones y el control absoluto de las remesas que las compañías deban efectuar al exterior; intervenir en la fijación de precios y en la comercialización, y explotar por cuenta del Estado algunos yacimientos cupríferos.

"Otro tanto debe hacerse con el salitre y el hierro. La industria siderúrgica de Huachipato debe volver a manos del Estado.

"Hay que ir a una reforma de todo el sistema tributario a fin de aliviar la carga que soportan los sectores más modestos, y hacer efectivas las leyes sobre utilidades excesivas y sobre monopolios.

"Planteamos estas medidas sólo como una base para la unidad de acción de las fuerzas populares y progresistas, en el propósito de ir buscando denominadores comunes concretos de todos los que queremos cambios, en el deseo de ir aunando y movilizando fuerzas en favor de los intereses de nuestro pueblo."

La única proposición que hasta este momento conocemos por parte del Gobierno que signifique cambios verdaderos en la estructura del país es la reforma agraria, a pesar de sus limitaciones y defectos. ¿ Qué ha pasado con el proyecto ? Está empantanado por culpa del Ejecutivo. La modificación del artículo 10, número 10, de la Constitución, que, según algunos, es necesaria para allanar el camino a la reforma agraria, no se ha aprobado aún, a pesar de contar con la mayoría necesaria y de que los partidos del FRAP han solicitado reiteradamente su discusión inmediata.

Mientras tanto, los terratenientes pueden continuar impunemente su campaña en defensa del latifundio y los privilegios feudales.

Para vencer la inflación y promover el desarrollo verdadero de nuestra economía, nada más nefasto que Chile continúe atado a las recetas del Fondo Monetario Internacional, que han fracasado aquí y en otros países. Para lograr esos objetivos es indispensable poner término a la causa fundamental de nuestro atraso, que consiste en la dependencia de Chile del imperialismo norteamericano y del dominio de la oligarquía, dependencia que determina la desvalorización constante de su moneda; el aumento de la deuda externa; la fuga de capitales; las relaciones de intercambio, que nos obligan a vender a precios irrisorios nuestras materias primas y a adquirir en el exterior bienes de capital y mercancías a precios fijados por los monopolios internacionales; el déficit fiscal, y las condiciones inhumanas de subconsumo de la población.

El Gobierno pone el acento en el carácter económico del desarrollo y no atiende debidamente los aspectos sociales. No hasta atender solamente la producción, la inversión y la capitalización. También es necesario prestar atención al bienestar de los trabajadores, sin lo cual no se puede hablar de economía sana.

El plan de desarrollo económico del Gobierno falla por su base, pues sacrifica la fuerza productiva por excelencia, la más importante, la que crea la riqueza de la nación: la clase obrera. Sacrifica, además, a amplios sectores de las capas medias de la población, para las cuales la vida se hace cada vez más difícil.

Frente a las medidas destinadas a reducir el nivel de vida de los trabajadores, sobre la base de que los sueldos y salarios son los principales elementos que determinan la marcha del proceso inflacionista, no se advierte ninguna medida encaminada a detener la infernal carrera de los precios y a frenar la especulación que agobia a los consumidores. Por lo contrario, en lo que va corrido de este año, se ha desencadenado una nueva ola de alzas que agrava la dramática situación que viven millones de chilenos.

Una vez más se repite la vieja historia de que los precios corren con mayor velocidad que los sueldos y salarios. Mientras se otorgan reajustes para compensar en forma parcial las alzas del año anterior, los precios se ponen rápidamente al día, recuperan terreno y ganan ventaja durante todo el resto del año. Con razón se ha dicho que mientras los precios suben por el ascensor, los sueldos y salarios ascienden lentamente por la escalera.

Hasta el momento, el Gobierno no ha descubierto -en realidad, no le ha interesado buscarlo- el procedimiento que le permita doblegar las maquinaciones de los capitalistas para burlar la barrera de la fijación de precios. La ineficacia de los controles estatales y del pomposamente llamado Comando Nacional Contra la Inflación aseguran la impunidad de los especuladores y mantienen en la indefensión más absoluta a los consumidores.

El señor CONTRERAS LABARCA.-

Muchas gracias.

Los especuladores, acaparadores y monopolistas siempre disponen de recursos que les permiten imponer su voluntad y seguir haciendo sus negocios en el mejor de los mundos.

La experiencia cotidiana de las dueñas de casa prueba, sin lugar a dudas, lo que decimos.

Por otro lado, quisiéramos dejar constancia de que, a nuestro parecer, no es posible hablar de desarrollo cuando el Gobierno ha constituido como su viga maestra la negociación con las compañías norteamericanas del cobre, a las cuales se les otorgan privilegios ya inusitados, que han sido objeto de críticas en otras oportunidades y que no repetiré ahora. No existe posibilidad de desarrollo económico y social de Chile si seguimos bajo la dictadura de la Anaconda y la Kennecott y si los intereses del país están subordinados a los de este grupo bancario e industrial inmensamente poderoso.

Además, el Ejecutivo ha introducido en el proyecto disposiciones tendientes a agravar la situación y que se refieren a la autorización al Estado para otorgar su aval a las empresas mineras mixtas que se constituirán con las compañías del cobre. Al mismo tiempo, se ha introducido una disposición que establece un sistema de reinversión en Chile de los capitales extranjeros, en condiciones que constituyen todavía mayores franquicias para dichas empresas.

Por estas circunstancias, en las Comisiones unidas, votamos en contra de ambas disposiciones.

Al hablar de desarrollo nacional, suele mencionarse el impuesto llamado de la renta mínima presunta o patrimonial y se lo presenta como uno de los cambios estructurales. ¡No, señor Presidente! Esa ley, que contó con nuestros votos favorables, no es, propiamente hablando, una reforma de la estructura del sistema tributario chileno. Este sigue siendo tan horriblemente regresivo como lo dejó el señor Alessandri y como viene arrastrándose desde Administraciones anteriores.

No hay cambio fundamental en este aspecto, pues lo decisivo es que el ingreso que este sistema impositivo produce al país proviene, principalmente, de los impuestos indirectos que gravan el consumo y, en gran parte, de los directos, que, como Sus Señorías saben, recaen de modo fundamental sobre quienes perciben sueldos y salarios.

La reforma tributaria está cubierta de polvo en los archivos del Ministerio de Hacienda. El Ministro del ramo dijo, en su exposición del año pasado, que durante 1966 no habrá cambios en la estructura del sistema impositivo. O sea, esta medida se posterga por un año más, lo cual, a nuestro parecer, significa dejar vigente esa enorme selva de franquicias tributarias que han sido motivo de críticas muy fundadas en la sala del Senado, y respecto de las cuales el Gobierno, hace más de un año, se comprometió a presentar un proyecto para racionalizarlas. ¡Todavía no llega al Parlamento la anunciada iniciativa!

La política de remuneraciones del Gobierno, de "mano dura" contra el movimiento sindical y de cercenamiento de las libertades democráticas, que tiene la bendición de los sectores reaccionarios y del imperialismo y que cuenta con la adhesión fervorosa del diario "El Mercurio" -expresión típica de la oligarquía chilena--, suscita el repudio y la indignación de los trabajadores y de amplios sectores de las capas medias de la ciudad y del campo, y motiva también, dentro del partido de Gobierno, situaciones que todos conocemos y que revelan que allí se están produciendo fenómenos imposibles de ocultar. El descontento que se va generalizando tuvo su expresión en la pasada elección de Valparaíso.

El Partido Demócrata Cristiano, si bien eligió su Diputado número 83 -lo que no es poco-, no logró la meta que se habían fijado sus dirigentes. Su votación indica que todavía un importante sector de la ciudadanía sigue creyendo que el Gobierno está dispuesto a efectuar los cambios revolucionarios prometidos en 1964.

Por otra parte, los 37 mil y tantos votos perdidos por el candidato oficialista, con relación a los obtenidos por el Honorable señor Prado, pese a la propaganda desenfrenada y a la abierta intervención electoral, indican que sigue desarrollándose un proceso de esclarecimiento que conmueve, como hemos dicho, al propio partido de Gobierno. En cambio, el Frente de Acción Popular aumentó su votación con la bandera de la lucha por los cambios estructurales que exige la nación y por la defensa de los intereses sagrados de los trabajadores.

A juicio del Partido Comunista, Chile cuenta con fuerzas políticas y sociales capaces de realizar los cambios revolucionarios que aseguren su independencia política y logren la independencia económica, a condición de que las fuerzas populares y democráticas desplieguen, junto a todos los sectores interesados en la realización de dichos cambios, la lucha decidida y consecuente por modificar la situación actual a favor del pueblo y del progreso nacional. Sobre esta base será posible poner término a la política de "mano dura" contra los trabajadores y ganar la victoria del pueblo y la derrota de los enemigos de nuestro país y del bienestar de los asalariados.

El señor FIGUEROA (Secretario).-

Los Honorables señores Tarud y Víctor Contreras formulan indicación para publicar "in extenso" los discursos pronunciados en la hora de Incidentes de la sesión celebrada el 26 de enero del año en curso.

El Honorable señor Von Mühlenbrock formula indicación para publicar "in extenso" el discurso pronunciado por el Honorable señor Ibáñez en la sesión del 25 del mismo mes.

El Honorable señor Juliet formula indicación para publicar "in extenso" el discurso pronunciado por el Honorable señor Gómez en la hora de Incidentes de la sesión de ayer.

El señor GUMUCIO-

La lucha por la independencia económica, el desarrollo y la antiinflación, ha sido para los pueblos, a lo largo de la historia, la más dura de las luchas. El triunfo jamás ha sido el resultado de un tranquilo proceso de conciencia colectiva. Para lograrlo, siempre se ha tenido que vencer el egoísmo de los poderosos y la incomprensión de los propios favorecidos con el bienestar y la justicia.

Los sistemas económicos y los regímenes políticos han determinado los avances y los retrocesos de las ansias colectivas de auténtica libertad. Distintos han sido los caminos hacia la liberación económica seguidos por los países capitalistas, cuyo desarrollo se logró en el pasado cargando la cuota de sacrificios en los países débiles y pobres. Distinto también ha sido el camino de las dictaduras totalitarias, como distinto lo será el que determinará la lucha del mundo subdesarrollado, liberándose de la tutoría que tratan de imponer las grandes potencias que hacen cabeza como titulares de las concepciones capitalistas o socialistas.

Pero cualesquiera que sean los sistemas, regímenes o caminos seguidos, hay esquemas científicos inalterables que se aplican por igual a todos los pueblos que sufren el flagelo de la inflación. Sería ocioso extenderse en la definición clásica del fenómeno en sí, pero es necesario analizar a fondo las soluciones que la técnica indica para terminar con el problema.

Esas soluciones forman parte de toda una política coordinada de orden económico que, por su desarrollo armónico, debe abordar, no sólo el fenómeno económico y financiero, sino, muy principalmente, el aspecto social, ya que en este último reside la legitimidad de la petición de sacrificios que requiere una política antiinflacionista.

Los términos y signos exteriores que sendas políticas antiinflacionistas han adoptado, también han desprestigiado los llamados al sacrificio colectivo, en especial cuando esos llamados son para pedir a las clases desposeídas sacrificios que en la realidad no hacen los detentadores de la riqueza. En otras palabras, no puede existir una política justa si no se modifica el tipo de sociedad vigente, regida por el lucro como única meta de bienestar.

Las medidas antiinflacionarias de Gobiernos pasados atacaron el problema sólo en apariencia. Fueron las inhibiciones provocadas por la adhesión irrestricta al sistema capitalista aplicada en un país subdesarrollado, las que en definitiva configuraron una política reaccionaria e injusta en lo social, so pretexto de sacrificios requeridos para combatir la inflación.

Si un Gobierno aplica sólo la limitación de salarios y sueldos y da reajustes que no compensen la pérdida del poder adquisitivo, única medida antiinflacionista, y no redistribuye la renta; si no modifica el sistema de créditos ni la política monetaria, etcétera; si en el campo social no realiza una acción comunitaria que permita el acceso al pueblo a un nivel de responsabilidad; si en lo educacional no da posibilidades de cultura, ese antiinflacionismo sólo significará un nuevo escarnio para quienes han sufrido tanto y envilecerá, de paso, el doloroso camino de los sacrificios necesarios.

Nosotros, los democratacristianos, que fuimos Oposición en el pasado y somos, ahora Gobierno, estamos en situación de probar nuestra absoluta consecuencia política al combatir ayer el sistema de salarios de otros Gobiernos y apoyar hoy la política del Gobierno Democratacristiano. Personalmente, me tocó en muchas ocasiones, cuando fui Diputado, fijar la posición de mi partido en otras leyes de reajuste. He revisado esas intervenciones y he podido comprobar que en lo medular no ha habido cambios de conceptos que pudieran ser calificados como inconsecuencia.

Como dije, creo que políticas antiinflacionistas que en apariencia podrían coincidir en medidas similares, pueden ser justa la una y totalmente injusta la otra. Para demostrar la eficacia y justicia de lo que ahora defendemos, necesariamente debemos referirnos al conjunto de las medidas que configuraron el programa económico realizado por el Gobierno anterior y recalcar sus diferencias notables con el que realiza el actual Gobierno.

En primer lugar, es menester analizar la solidez que tuvo la aparente estabilidad de los años 1959 y 1960, y comparar esa situación con la gradual y sólida estabilización que busca el Gobierno actual mediante una planificación. La diferencia se anota en las medidas de precio artificial del dólar que significó la política del ex MinistroRoberto Vergara, política que hizo crisis en 1961, y la política realista del actual Gobierno que no ha tenido que recurrir a subterfugios para mantener el precio del dólar dentro de una relativa realidad.

Es necesario destacar los esfuerzos realizados en el Gobierno pasado y en el actual, para redistribuir la renta. Mientras antes se planteaba como filosofía el famoso ejemplo de la torta que por ser exigua, de nada servía repartida en tajadas equitativas si ésta no crecía, o la teoría del rebalse, o sea, que al ser más ricos los ricos serán menos pobres los pobres, ahora, desde el primer momento y en una forma como nunca se había hecho, se buscaron y encontraron fórmulas para redistribuir los ingresos y se procedió al mismo tiempo, a acrecentar el total de la renta por la vía del aumento de la productividad. En los seis años del Gobierno pasado, la distribución de la renta, según los datos oficiales, difiere fundamentalmente de la distribución de esa misma renta provocada en el año 1955.

La redistribución de ingresos se ha podido comprobar de manera fehaciente en los salarios campesinos y en su brusco aumento de poder adquisitivo. Durante largos años, durante los Gobiernos más diversos -algunos integrados por partidos que ahora pretenden acusar de reaccionario al Gobierno actual-, se mantuvo al campesinado en un nivel de vida muy por debajo del resto de los asalariados. En realidad, cerca de 3.000.000 de nuestros compatriotas -el 30% de la población activa- casi no consumían. Fue el Gobierno actual el que igualó el salario campesino al industrial y otorgó, además, un aumento de la asignación familiar que significó 80% de reajuste.

El señor GUMUCIO-

Prefiero no ser interrumpido y continuar mi intervención.

La redistribución se produjo en los distintos porcentajes otorgados al sector industrial y al campesinado.

Fue también por medio del impuesto patrimonial, aun cuando éste no rindió lo que se esperaba, que se produjo una redistribución de la renta. Más vale no recordar la actitud de terca oposición de quienes representaban a los partidos que dieron apoyo a otros Gobiernos, ni la demagogia de los que dicen que apoyaron ese proyecto subiendo los límites de exención de su pago, para así disminuir su poder redistribuidor.

Y hoy mismo, en esta sesión, hemos escuchado las palabras del Honorable señor Contreras Labarca, quien vuelve a manifestar que los comunistas eran partidarios del impuesto patrimonial, pero que tal impuesto no sirvió para redistribuir la renta ni los ingresos porque no rindió lo esperado. Pero yo tengo buena memoria. Y, por otra parte, me explico que los partidos de Oposición no tengan por qué quedar en mal pie, puesto que al subir los límites de exención del pago de ese impuesto se permite que esos tributos tengan un menor rendimiento y ello origine una más limitada redistribución de la renta.

Se podrá sostener -como dije- que no tiene utilidad una redistribución de rentas si no va acompañada del aumento del producto bruto de un país. Pues bien, es fácil responder tal aseveración. El aumento de la producción en 1965 fue de 5%. Pero hay algo más. La propia Sociedad de Fomento Fabril, por boca de su Vicepresidente, don Patricio Huneeus, en las Comisiones de Gobierno y Hacienda, unidas, reconoció que en el año 1965 las industrias nacieron un esfuerzo productivo muy apreciable. Según él, se debió a que la industria pudo aprovechar una capacidad instalada ya existente que antes no utilizaba, porque los salarios y sueldos perdían poder adquisitivo en proporciones alarmantes. En otras palabras, los salarios reales en 1965 permitieron absorber la totalidad de la nueva cuota de producción industrial.

También podría referirme en esta ocasión a diversas medidas que, en el fondo, tienen valor antiinflacionista, como es la extraordinaria política aplicada sobre el comercio exterior, la cual ha permitido el cuasi equilibrio de la balanza de pagos, como asimismo el ordenamiento de las importaciones o la selección de los créditos; pero como lo que discutimos es un proyecto de reajuste de sueldos y salarios, quiero continuar esta visión comparativa con el analisis [análisis] de los criterios que han regido los reajustes dados con anterioridad a esta Administración y el criterio que sustenta el actual Gobierno.

Previamente, es necesario definir conceptos. En los reajustes se puede buscar una indemnización al daño provocado por la inflación en el poder adquisitivo de los salarios en un período determinado. Se puede no indemnizar el total de ese daño, o bien otorgar una indemnización superior. El problema sigue residiendo en la cuota de inflación vigente al término del período, derivada de seguir cualquiera de esos caminos, pues ello se reflejará en un hecho: si se mantiene o no se mantiene el poder adquisitivo durante el lapso que dura un reajuste.

La Administración pasada supervalorizó el factor salarios como determinante de los costos y, al mismo tiempo, no pudo atacar otros factores de tipo inflacionista. Tal sistema la llevó a fijar un criterio restrictivo y a otorgar una indemnización inferior a la pérdida del poder adquisitivo. Basta sólo para confirmarlo, examinar los porcentajes de alza del costo de la vida en los años siguientes y los porcentajes promedios de los reajustes otorgados. Tal política fue apoyada por los Partidos Radical, Liberal y Conservador.

Interesa examinar algunos porcentajes fijados por las leyes de reajustes al sector público después del año 1961, fecha en que se derrumbó, en forma estrepitosa, la política del ex MinistroRoberto Vergara.

En 1962, el alza del costo de la vida fue de 27,7%; la ley 15.077 concedió una reajuste equivalente a 15% sobre los sueldos y salarios imponibles y las pensiones de retiro y montepío. En 1963, el alza del costo de la vida fue de 45,4%; se dictaron diversas leyes de restructuración, incluida la de los servicios postergados y la ley 15.364 otorgó un reajuste de 20%. En 1964, el alza del costo de la vida fue de 38,4%; se promulgó la ley 15.575, vigente desde el 1º de enero al 1º de julio, que aumentó en 35% las rentas asignadas a las categorías y grados de las escalas vigentes de sueldos y salarios. En 1965, el alza del costo de la vida fue de 25%; la ley 16.250, vigente desde el 1º de enero al 1º de mayo, dispuso un reajuste de 38,4% para las rentas asignadas a las categorías y grados de las escalas -agentes al 31 de diciembre de 1964 y para los salarios de los obreros. Igual reajuste se concedió al sector privado.

Es decir, en 1965 se otorgó, por primera vez, una compensación del 100% del alza del costo de la vida y, en forma transitoria, se tomó el camino de la indemnización total de la pérdida del poder adquisitivo, en contraposición a la política seguida y apoyada por algunos sectores políticos que hoy ponen el grito en el cielo porque no se lleva el reajuste a 150% del alza del costo de la vida

Por ahí se ha dicho que los democratacristianos, cuando éramos Oposición, solicitábamos porcentajes demagógicos de reajuste para los sectores público y privado. ¡Nada más falso! Siempre sostuvimos que lo justo era indemnizar en 100% la pérdida del poder adquisitivo de sueldos y salarios. Y tanta consecuencia política hemos tenido que, al inicio de este Gobierno, se planteó -lo recuerdo perfectamente- la tremenda dificultad de cumplir lo que habíamos prometido, debido al déficit catastrófico de la caja fiscal que heredó la actual Administración.

También es necesario dejar constancia de que algunos organismos gremiales, como la CUT, tenían en aquel entonces como plataforma de lucha la petición de reajustes equivalentes a ciento por ciento de dicha alza. Ahora, a los parlamentarios nos llegó un folleto muy bien editado de la Central Unica [Única] de Trabajadores, en que plantea sus aspiraciones respecto a los reajustes. En ese folleto no se niega el hecho de que este Gobierno haya tenido un criterio de mayor avance social que el anterior al patrocinar un reajuste de ciento por ciento del alza del costo de la vida; pero se pretende algo imposible: que la actual Administración recupere la pérdida del poder adquisitivo de sueldos y salarios desde 1953 a 1965. Para cualquier Gobierno, aun para uno comunista o socialista, sería ello difícil de cumplir, pues en un año no se puede resarcir la pérdida del poder adquisitivo derivada de una mala política económica seguida desde 1953, razón por la cual vino a nuestro país la misión Klein-Sacks.

El señor CONTRERAS LABARCA.-

No dice eso el folleto, señor Senador.

El señor GUMUCIO.-

Puedo mostrarlo a Su Señoría. Lo que señalo está en el contexto del folleto.

Examinemos ahora el otro aspecto que en una batalla antinflacionista tiene igual o mayor gravitación que los sueldos y salarios: el problema de los precios, la política monetaria y, por lo tanto, también la de ingresos.

Durante 1959 los precios variaron en 33,3%. En esos años, el Gobierno del señor Ibáñez logró bajar el ritmo inflacionario de 80% a 30%. Algo de esa tendencia heredó la Administración Alessandri; pero la verdad fue que el tipo de cambio artificial, que provocó a la postre una explosión inflacionista fue determinante para que el alza no llegara a un porcentaje mayor, que algunos calculan que habría sido de alrededor de veinte y tantos por ciento. Los tipos de cambio influyen en 30%, más o menos, en los costos.

Los precios en los años siguientes subieron: en 1962, en 27,7%; en 1963, en 45,4%. En 1964 se produjo la transmisión del Mando. El Gobierno saliente no quiso fijar los precios alzados de los artículos y dejó al entrante la tarea de ratificar hechos producidos. En octubre, los precios, considerando los 12 meses, fueron de 45%, los cuales, por las razones dadas, bajaron a 38,4% en diciembre de ese año.

Ruego a la Mesa insertar en esta parte de mi intervención los cuadros referentes a índices de precios al consumidor e índices de precios al por mayor.

-Se accede a lo solicitado.

-Los cuadros cuya inserción se acuerda son del tenor siguiente:

"ÍNDICE DE PRECIOS DEL CONSUMIDOR"

El señor GUMUCIO.-

El examen de estos cuadros señala tendencias bien claras: de relativa estabilidad, de crecimiento inflacionista y, por último, de sólida tendencia a la estabilidad. ¿Se deben las diversas variaciones en los precios sólo a la posibilidad del control y la fijación de precios? Personalmente, en realidad, no creo en el único recurso del control mientras subsistan los monopolios y no se avance en la contabilidad de costos, como asimismo no se rente en forma suficiente al personal que controla. Estoy convencido de que la estabilidad de precios se consigue mediante una política coordinada que aborde varios flancos a la vez.

Lo básico es atacar los elementos que constituyen las causas profundas del fenómeno inflacionista. Para esto es también esencial decidirse por un sistema: o se elige el camino socialista de estatización absoluta, o la libre empresa, o bien el comunitarismo, fórmula esta última de intervención estatal sujeta a la condición de servir el bien común. En otras palabras, la intervención sin destruir la iniciativa privada cuando ésta sirve eficazmente a la comunidad.

El señor GUMUCIO.-

Dentro de esta definición que ha girado, en mi concepto, la política de precios del actual Gobierno; y más que la política de precios, los esfuerzos para aumentar la producción, los cuales han servido de base al programa que se está realizando.

En este último aspecto, hay dos rubros sobre los cuales no puede existir debilidad para intervenir: un comercio exterior poderoso y una agricultura floreciente.

Respecto, ahora, de la política de precios, a mi juicio distinta de todos los sistemas anteriormente conocidos, se ha elegido el camino de la desaceleración paulatina del fenómeno junto a una correlación de medidas económicas.

Las metas se han ido cumpliendo: se ofreció una variación de precios para 1965 no superior a 25%, mejorando los precios agrícolas y, al mismo tiempo, incrementando el nivel real de ingreso de los asalariados. Lo anterior se ha logrado sin afectar fundamentalmente los niveles de empleo y se ha promovido efectivamente la producción de ciertos bienes por medio de créditos adecuados y de apropiados márgenes de comercialización.

Especial hincapié quiero hacer en el sentido de que no caben las realizaciones de metas de reducción de precios si no se incrementan los ingresos reales de los asalariados, porque este último aspecto es el que distingue una política popular de la otra en la cual se usó de la consigna del "fomento de la producción", para especular con los precios. Estoy seguro de que los técnicos que hoy día asesoran al Gobierno tendrán siempre en su mente, como eje de su acción, la obligación de recomendar medidas antinflacionarias que no signifiquen abandonar una política social que justifique los sacrificios que deberá pedirse al pueblo.

Si en 1986 la tasa de variación se mantiene en el orden de 15%, para llegar en 1967 a una variación de 10%, y en 1968, a la estabilización, estimo que la política de sueldos y salarios patrocinada por el Gobierno en el proyecto que discutimos responde a una base de justicia indiscutida. Y, al mismo tiempo, quienes pretenden romper este esquema estarían realizando una labor de obstrucción que bien podría calificarse de poco patriótica.

En íntima relación con lo anterior se encuentra la situación de los ingresos y remuneraciones de los asalariados. Esa situación se puede analizar en forma muy completa si se estudia el porcentaje de ingreso geográfico que percibe cada grupo y la tasa de crecimiento de esa participación por grupo.

Ruego incluir en esta parte de mi discurso los cuadros relacionados con el sueldo vital, salario mínimo industrial y campesino y asignación familiar obrera, como asimismo con el ingreso geográfico por tipo de remuneraciones.

-Se accede a lo solicitado.

-Los cuadros cuya inserción se acuerda son del tenor siguiente:

"CUADRO Nº 3"

El señor GUMUCIO.-

Del estudio de esos cuadros es posible obtener algunas conclusiones.

En primer lugar, se puede observar la estrecha relación existente entre el ritmo de inflación y el ingreso real de los asalariados. Si el aumento de inflación se acrecienta, el ingreso real decae y, por lo tanto, disminuye también la tasa de crecimiento del ingreso por sectores. Nada tiene que ver con el hecho anterior la circunstancia de que los reajustes de remuneraciones correspondan a variaciones de los precios del año anterior, como se puede comprobar lo que ocurrió en 1963 y 1964 con el sueldo vital y el salario mínimo industrial. Ambos correspondieron a la mínima participación en el ingreso del sector asalariado en todo el quinquenio.

En contraposición con lo anterior, se demuestra que en 1965 se ha producido la más alta participación en el ingreso geográfico y el mayor incremento real en la participación del ingreso en el sector asalariado, producto de la combinación coordinada de medidas que hicieron decrecer el proceso inflacionista y de una política de ingresos que tuvo el sello de la justicia y la avanzada social.

El sueldo vital, en términos reales, tuvo un mejoramiento de 7,5%; el salario mínimo campesino se igualó al mínimo industrial, con incrementos reales del orden de 24% y 48%, respectivamente. El salario mínimo industrial tuvo igual variación que el sueldo vital, o sea, 7,5%, en términos reales; y, por último, la asignación familiar obrera se duplicó, con un incremento real de 50%

Igual que respecto de los precios, si se cumple en el período 1965-1970 el aumento programado del ingreso de los asalariados en 40% con relación al ingreso de los no asalariados, de 24%, y un aumento promedio de 32%, se habrá conseguido una participación extraordinariamente favorable en el ingreso nacional del sector más débil de nuestra población, y justificará ante la historia al paso del Partido Demócrata Cristiano por el Poder.

El señor GUMUCIO.-

Eso es lo que Su Señoría desea, y está trabajando por que así ocurra;. . .

El señor LUENGO.-

¡Por supuesto! Es lo lógico.

El señor GUMUCIO.-

... pero no lo conseguirá.

Como decía, el problema inflacionista esta íntimamente relacionado con la política monetaria. Sobre este aspecto, cabe señalar la notable acción de control de las colocaciones, los créditos y el circulante, realizada por medio del Banco Central, bajo la dirección de Carlos Massad, quien ha demostrado condiciones de carácter y capacidad técnica reconocidas por moros y cristianos.

En 1965 se produjo un aumento de oferta de dinero de 65,1%, que no guarda relación con el aumento del índice de precios. Este aumento puede deberse, y ser demostración de ello, a que ha existido incremento en la actividad económica y disminución de las expectativas de inflación.

Antes de referirme concretamente a algunas disposiciones del proyecto de reajustes de salarios y sueldos enviado por el Ejecutivo, y a las indicaciones presentadas en las Comisiones de Gobierno y de Hacienda por los diversos sectores políticos de Oposición, deseo hacer un análisis político de las actitudes de dichos sectores frente a las medidas económicas del Gobierno y ante la iniciativa en discusión.

Al hacer este análisis trataré de ser lo más objetivo posible, dentro de los márgenes de objetividad que permite la militancia en un partido de Gobierno.

En verdad, son pocos, en nuestra historia política, los casos de Gobiernos que hayan debido realizar sus programas en condiciones más difíciles que el actual. Aparte el enfrentamiento real a una situación económica caótica, heredada de años de inflación y de Gobiernos de mentalidad individualista, se ha debido hacer frente a una coalición opositora que juega su supervivencia en forma afiebrada.

No obstante las diferencias de tipo ideológico, la obstrucción, como arma política, se ve siempre favorecida con la unidad de sectores doctrinariamente antogónicos. En estos momentos, la orden parece ser la urgencia en destruir la planificación económica para 1966. A toda costa se trata de evitar que al término del año se puedan exhibir resultados positivos, de carácter antinflacionario.

Un proyecto de reajustes, pieza vital en las posibilidades de realización del plan, debe ser pulverizado para dar paso a la reconquista de sectores electorales perdidos.

En el pasado, la Oposición obtenía dividendos de la lucha por los reajustes sobre la base de que la política económica había sido errada. En el presente, esa ventaja no existe, pues el éxito del programa realizado no ha podido objetarse en forma seria y, sobre todo, porque el pueblo lo apoya en forma decidida. Sin embargo -aun cuando aparezca paradójico o contradictorio-, precisamente es la falta de motivos fundados para criticar lo que hace que la violencia y, casi podría decirlo, el odio se manifiesten no tan sólo a través de actuaciones demagógicas, sino también en intentos obstruccionistas de la mayor gravedad.

En concreto, la situación señalada se ha hecho presente por parte de la Izquierda en el campo gremial. Los escrúpulos de intervenir políticamente en el sindicalismo se dejaron de lado. La CUT se declaró públicamente herramienta de la Oposición, y los parlamentarios -especialmente los socialistas- asesoran sin tapujos a las directivas de los grandes sindicatos que controlan, con miras a mantener siempre viva la posibilidad de paros generales o en cadena que signifiquen un obstáculo grave para la política antinflacionaria del Gobierno para 1966.

El Partido Radical, en un natural afán de recuperación, disimula sus contradicciones internas sobre la base de aplicar un tipo clásico y tradicional de oposición, cuyo secreto consiste en negar la sal y el agua a quien califica como usurpador de una clientela electoral que estimaba que giraría eternamente alrededor del significado sociológico de esa colectividad.

Por último, la Derecha, que ve alejarse la posibilidad de una alternativa comunista por la actitud potencial intervencionista en Latinoamérica de parte de Estados Unidos, da rienda suelta a su airada protesta por la reforma agraria, por medio de actitudes que significan también la movilización de grandes intereses para impedir el desarrollo de una política antinflacionaria.

En esta misma sesión escuchamos las palabras del Honorable señor Ibáñez, representante genuino de la extrema Derecha de nuestro país. Cuando Su Señoría manifestaba que para él sería más cómodo apoyar a este Gobierno, yo pensaba interiormente, en secreto: ¡Qué gracia sería para nosotros que llegara el día en que nos apoyara el señor Ibáñez, representante de un sector tan profundamente reaccionario!"

El señor GUMUCIO-

Quiero referirme especialmente al problema gremial. La situación actual de crisis que, repito, ha sido exacerbada, en mi concepto, por motivos políticos, tiene también en cierta proporción una base gremialista y sindical de sana inspiración reivindicacionista. Por eso, mi partido ha entendido lo que se ha dado en llamar "la mano dura" como la utilización de los recursos legales para impedir el abuso o el golpismo so pretexto de gremialismo; pero jamás que esa "mano dura" podrá llevar al Gobierno o a la Democracia Cristiana a una política represiva, que se controla al iniciarse y pierde su finalidad cuando se termina en la simple represión.

El señor GUMUCIO.-

Hasta este momento, tengo plena fe en que lo último nunca sucederá. Por eso, apoyo los gestos de legítima autoridad hechos presentes en estos días en algunos conflictos.

En lo que se refiere concretamente al proyecto en discusión, la mayoría de las Comisiones unidas mantuvo una actitud de oposición, salvo en contadas ocasiones en que se aprobaron algunos artículos por la unanimidad de sus miembros.

El criterio político dominó en las determinaciones. En algunos casos prevaleció el sectarismo religioso. Así ocurrió en la votación que suprimió las subvenciones a las universidades particulares, destinadas a que pudieran hacer frente al reajuste que el propio proyecto les imponía, en circunstancias de que a la Universidad de Chile se le otorgaban 28 millones de escudos. Se llegó casi al grado de lo pintoresco, cuando los mismos Senadores que declaraban tener que votar, por principio, en contra de las universidades particulares, exceptuaban sin embargo a la de Concepción, tan particular como las demás.

En otros aspectos, se mantuvo también, por política, un criterio restrictivo, llevado al extremo en todo cuanto se refiriera a la mínima facultad del Presidente de la República; y en otros casos, como en la aplicación de un nuevo arancel aduanero, simplemente se rechazaba el artículo porque un señor Senador declaró no tener tiempo para estudiarlo.

Otro de los grandes argumentos determinantes de actitudes muy poco comprensibles fue la repetición, hecha por un señor Senador representante del Partido Radical, de cargos contra el Gobierno por exceso de contratación de personal. Estoy seguro de que si interviene en esta Sala, será eje de su argumentación la acusación mencionada.

Esos cargos se refutaron hasta la saciedad, y se demostró que, del total de contratados, 14.579 lo eran con grado de asimilación; es decir, en otras palabras, en su gran mayoría se trata de funcionarios a quienes se les renovaba el contrato, entre los cuales 2.283 pertenecen a la Universidad de Chile, dirigida por un rector socialista, no democratacristiano. El personal contratado sobre la base de honorarios ascendió a 3.646 personas.

Entre ellas se cuentan 1.676 profesores y algunos asesores, especialmente en lo que se refiere a labores de planificación económica. Alrededor de tales designaciones se ha tejido una leyenda destinada a desprestigiar al Gobierno, y en ese afán se ha llegado hasta tan lejos como sostener que uno de aquellos asesores ganaba 12.000 escudos al mes. Naturalmente, el infundió se liquidó pronto, al comprobarse que esa cantidad correspondía a seis meses de trabajo.

Pareciera que el Senador aludido quisiera vengar en el Partido Demócrata Cristiano y el Gobierno la campaña que se hizo en contra del Partido Radical al acusarlo de "presupuestívoro". Yo me pregunto: ¿por qué tendría que pagar los platos rotos un Gobierno que no ha perseguido a los funcionarios radicales?

Me referiré a algunas de las disposiciones más importantes, que merecen especial consideración en el segundo informe.

Se rechazó el artículo 2º del proyecto enviado por la Cámara de Diputados, absolutamente necesario para la aplicación concreta del artículo 1º, ya que, de mantenerse el rechazo, éste provocará la anarquía absoluta en las escalas de sueldos y salarios de la Administración Pública.

El artículo 40, relativo al reajuste del sector privado, cuyo porcentaje era igual al del sector público, fue alterado al aprobarse una indicación en que aquél se alzaba a 40%. No temo calificar tal indicación de "volador de luces". Ese porcentaje excede en mucho la indemnización por el daño sufrido en el poder adquisitivo de las remuneraciones en 1965. Y sus propios autores, Senadores versados en la ciencia económica, saben desde la partida que un alza de esa proporción ha de tener tal influencia en los costos como para impedir mantener los precios al nivel que pretende el Gobierno -15% de alza como promedio-, ni menos al tope de 13% que los propios autores de la indicación aprobaron en el capítulo respectivo.

Entre otros argumentos dados por los mismos señores Senadores, se dijo que el Gobierno proponía un reajuste demasiado menguado, e inferior al 100% del alza del costo de la vida. Ese argumento carece de base si se considera que quienes ganan menos de tres sueldos vitales constituyen 89%) de los trabajadores. En la Administración Pública, son 87%; o sea en este último sector sólo a 13% afectará la escala decreciente.

Por otra parte, es necesario recalcar de nuevo que si el Ejecutivo tiene éxito en su política de limitación de precios, los reajustes que se otorguen conservarán el poder adquisitivo en la misma proporción en que la inflación decrezca.

A continuación del artículo que comento, se aprobó una indicación que restablece las disposiciones de la ley Nº 7.295, sobre reajustes automáticos de sueldos para el sector privado, y deroga artículos de las leyes 13.305, de abril de 1959, y 12.006, de 23" de enero de 1956, la primera de ellas promulgada durante el Gobierno del Excelentísimo señor Alessandri, y la segunda en el Gobierno del General Ibáñez, con el concurso de los partidos políticos que gobernaron con ambos Mandatarios.

En principio, nadie podría objetar la justicia de esa disposición si no se hubiera iniciado en 1956 una política controlada de salarios totales para los sectores público y privado. A esta altura, modificar el sistema abriría un abismo muy profundo entre ambos sectores, sabiéndose como se sabe que el fisco no podría, con sus recursos, nivelar las diferencias.

Esta indicación fue motivada bajo la impresión, que ha logrado imponerse en la opinión pública, de la falsedad de los índices de precios, y, por lo tanto, de alza del costo de la vida, que elabora la Dirección General de Estadísticas. Al respecto, no pretendo negar que pueda haber errores, o, más bien, que sean necesarias revisiones en la base de dicho índice con relación a las ponderaciones de los artículos que se toman en cuenta para calcularlo. Pero estoy asimismo convencido de que ese índice tiene plena validez como medida de comparación entre año y año en los Gobiernos en que ha regido.

Por otra parte, debo hacer presente que soy pesimista en el sentido de creer que si se calculara un nuevo índice con base 1966, este pudiera arrojar alteraciones muy notables Para ello me fundo en el dato que solicité a la Dirección General de Estadísticas a base de calcular el índice de marzo igual 100, recalculado con base 1958 igual 100.

Rogaría, también, al señor Presidente que se sirviera recabar el asentimiento de la Sala para insertar este cuadro.

-Sé accede a lo solicitado.

-El cuadro cuya inserción se acuerda es del tenor siguiente:

"ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR"

El señor GUMUCIO.-

Las variaciones, como se podrá notar a simple vista, no son representativas de grandes diferencias. En todo caso, estoy seguro de que un nuevo índice no arrojaría alzas que se acercaran siquiera a lo pedido por la CUT como sueldo vital. Vuelvo a insistir en que no soy técnico, pero estimo que la CUT está hablando de algo muy justo cuando sostiene que en el transcurso del quinquenio hay una pérdida del poder adquisitivo. No obstante, aun cuando se volviera a calcular un índice 1966 igual a 100, tengo la impresión de que las alteraciones no podrían ser muy notables.

En el artículo 55 se aprobó también un reajuste de 40 por ciento a los salarios agrícolas. Este aumento, que en apariencia podría aparecer justo, es excesivo si se considera que debe sumarse al aumento extraordinario de 80 por ciento que obtuvieron los obreros agrícolas. La clase campesina ha adquirido una extraordinaria madurez y sabe positivamente que un mejoramiento del nivel de vida tiene que ir unido no sólo a un mejoramiento de ingreso, sino también a un mejoramiento de la productividad agrícola basado en precios remunerativos para los productos del agro y a un régimen de reforma agraria que le permita el acceso de la tierra. Un reajuste superior al 25 por ciento que propone el Gobierno significaría romper la posibilidad de regular los precios de los productos agrícolas.

Con referencia a la indicación aprobada para reemplazar el artículo 68, que se refiere al alza que pueden experimentar los artículos de primera necesidad y consumo habitual, es necesario destacar que ella es la repetición teórica de las congelaciones que acordaba el Gobierno del Excelentísimo señor Alessandri y que ningún efecto real tuvieron en la mantención de los precios controlados. El artículo propuesto por el Ejecutivo tenía por objeto hacer efectivo un control de precios precisamente en los artículos que sufrieron una congelación teórica en virtud del decreto supremo Nº 264 del Ministerio de Economía.

En la imposibilidad de tiempo para poder comentar una serie de indicaciones aprobadas de reformas del régimen previsional, todas ellas, cual más, cual menos, representativas de legítimas aspiraciones de pensionados y jubilados, pero en definitiva aprobadas sin mayor estudio, quisiera sólo referirme en forma especial al grave problema de otorgar recursos al fondo de revalorización de pensiones, para que pueda otorgar un reajuste que signifique por lo menos el 75 por ciento del deterioro de las pensiones y montepíos. Al respecto, no obstante respetar mucho las opiniones del Ministro de Hacienda en el sentido de la dificultad que existe para encontrar financiamiento para Eº 30.000.000, que faltarían para dar ese reajuste, aún confío en que con su buena voluntad y con el reconocimiento que ha hecho de la justicia de la petición unánime de la Comisión, encontrará el financiamiento requerido.

Por último, y en la imposibilidad, como dije, de referirme a otras disposiciones importantes que analizaremos en la discusión particular del proyecto, no podría dejar de hacer mención de un punto, tal vez, el más discutido: el que se refiere, en el artículo 59, a un procedimiento especial en el caso de paralización de faenas en empresas de transportes, elabora-dores o distribuidores de bienes y servicios esenciales para la defensa nacional o para el abastecimiento de la población, o servicios públicos en un plazo que exceda de 15 días, originada en peticiones superiores al ciento por ciento del alza del índice de precios al consumidor.

Ese artículo establece un tribunal arbitral que estudiará los antecedentes y argumentos que fundamenten la solicitud de alza de salarios por encima de dicho porcentaje, tribunal arbitral que estará integrado por trabajadores o miembros del comité de huelga.

El artículo 59 fue aprobado en la Cámara de Diputados con un texto distinto del que venía en el Mensaje del Ejecutivo; y aun cuando contiene disposiciones que lo hacen aceptable en ciertos aspectos, ha sido considerado siempre por la CUT y los gremios como atentatorio al derecho a huelga consagrado en los convenios internacionales.

Frente a este artículo, deseo nuevamente manifestar que tengo opiniones personales. Por un lado, considero de que sus disposiciones en sí mismas son en todo caso menos atentatorias al derecho de huelga que la facultad que hoy día tiene el Ejecutivo de ordenar la reanudación de faenas en conformidad a la ley. Cuando se produce ese hecho, la verdad es que las peticiones que han sido objeto de una huelga quedan suspendidas en su resolución, ya que la reanudación contempla la situación de vuelta al trabajo en las condiciones anteriores al conflicto producido.

El señor GUMUCIO.-

Tampoco soy enemigo acérrimo del arbitraje, aun cuando coincido en considerar que muchas experiencias de arbitrajes no han sido felices para la causa de los trabajadores.

Por otra parte, comprendo que la disposición que se discute ha nacido al calor de un conflicto como el del cobre, que con legítimo derecho exasperaría a cualquier Gobierno que quiere defender el interés común.

Pero, al mismo tiempo que son valederas esas razones, no podría dejar de expresar mis reservas al artículo citado, peídos motivos: primero, porque insensiblemente puede empujar a la autoridad a tomar el papel cómodo de dejar que todos los conflictos lleguen al estado de arbitraje y no intervenir con dinamismo en su desarrollo; y, segundo, por un aspecto doctrinario. Mientras no se dé al trabajador el derecho legítimo a participar en la empresa igualitariamente con el capital, considero que, por mucho valor que tenga una política de regulación de salarios, más valor tiene reconocerles posibilidades de lucha a los trabajadores, con los medios que ellos estimen más apropiados.

En todo caso, quiero dejar establecido que, por existir una resolución de partido favorable a este artículo, votaré el precepto en la forma que viene redactado por la Cámara de Diputados.

Señor Presidente, antes de terminar deseo anunciar que los parlamentarios de estas bancas votaremos favorablemente en general el proyecto en discusión y, esperamos que las indicaciones que sean justas y factibles desde el punto de vista financiero puedan ser acogidas por el Ejecutivo.

Al mismo tiempo, en la discusión particular nos pronunciaremos sobre las fuentes de financiamiento de este proyecto.

El señor ALTAMIRANO.-

Señor Presidente, entramos en la discusión general de este proyecto, llamado de reajuste de remuneraciones, invadidos por una penosa sensación de inutilidad y frustración. Desde hace años, los sectores reaccionarios del país vienen justificando con argumentos falsos y tendenciosos la creciente usurpación del poder de compra de los sectores mayoritarios de la nación. En esta forma, los defensores del capitalismo se las han arreglado para encajonar la lucha social dentro de un esquema que no abre ninguna posibilidad de elevar en forma sustancial los niveles de vida del pueblo y de romper las actuales estructuras causantes directas del retroceso y de la miseria. En cambio, esteriliza la capacidad combativa de los trabajadores, desangrándola en una guerrilla interminable, sin esperanzas y sin porvenir.

Toda la energía de los asalariados se concentra anualmente en un solo objetivo : recuperar, sólo recuperar el poder adquisitivo perdido en los años anteriores. No mejorarlo. Escasamente mantenerlo. Durante 25 años, los trabajadores chilenos han combatido con molinos de viento. Nada, o muy poco, han ganado en esta dura batalla por superar su miserable condición de explotados. La fría e inconmovible realidad de las cifras así lo comprueba. En los últimos 25 años, el ingreso nacional creció a un ritmo promedio de 3.6 por ciento al año, esto es, 1,4 por ciento por habitante. En un mundo que avanza a pasos prodigiosos, Chile exhibe uno de los índices de crecimiento más bajos del mundo. Y si muy poco hemos adelantado en la creación de riquezas, la distribución de ella, prácticamente se ha mantenido igual. Cuarenta por ciento de la renta nacional se reparte entre la inmensa mayoría de los asalariados. En cambio, el reducido grupo de capitalistas se lleva cincuenta y cinco por ciento de ella.

A pesar de la violencia que muchas veces caracterizó la lucha social; de las mil y una pequeñas reivindicaciones conquistadas a lo largo de las años por los trabajadores en su amarga batalla diaria, nada definitivo han ganado. Más de una vez en los años transcurridos, el pueblo se sintió profundamente conmovido y esperanzado al conjuro de la victoria de fuerzas aparentamente progresistas y renovadoras. Sin embargo, el análisis histórico de las cifras demuestran lo poco que esas victorias significaron para los asalariados. Las cosas siempre retornaron a su secular centro de equilibrio.

En 1940, los obreros participaban en 23,8% de la renta nacional. Hoy, 25 años después de implacable lucha por mejorar su cuota en el reparto de la riqueza colectiva, se llevan 20,6%. Como los cangrejos, los obreros caminaron para atrás. Los empleados obtuvieron algunas ventajas relativas: del 13,5% se encaramaron a 19,6%. En conjunto, obreros y empleados mejoraron su posición, de 37,3% a 40,2%. Los sueldos y salarios en valores reales promedios se han mantenido prácticamente estacionarios.

La población ocupada de Chile asciende en la actualidad a 2.650.000 personas, de las cuales 1.6000.000 son obreros, 570.000, empleador y 480.000, capitalistas. Pero de estos teóricos 480.000 capitalistas, 440.000 son trabajadores independientes : lustrabotas, carpinteros, gásfiters, peluqueros, artesanos, pequeños industriales, etcétera, cuyas condiciones y niveles de ingresos se equiparan a la de los asalariados. En consecuencia, los capitalistas propiamente tales, no son más de 40.000.

Ahora bien, ¿cómo se distribuye el producto nacional entre estos sectores de la población? 1.600.000 obreros perciben 19,6% de la renta nacional; 440.000 trabajadores independientes ganan 25,3% de la renta nacional, y los 40.000 capitalistas perciben 30,2% de dicha renta. El resto del porcentaje, hasta completar el 100%, corresponde a aportes patronales a las Cajas de Previsión.

El cuadro anterior demuestra la violenta e injusta desigualdad imperante en la distribución de la renta nacional. Desigualdad que ningún Gobierno ha logrado corregir o alterar esencialmente.

En la página 451 del libro "Geografía Económica de Chille", publicado por la CORFO, se lee:

"En el período 1955-59 el producto geográfico bruto aumentó con una tasa promedio de sólo 2,6% al año y el producto geográfico bruto percapita creció con una tasa anual promedio de 0,2%. En cuanto al ingreso nacional su aumento promedio se hizo con la tasa de 3,6% al año, mientras que el ingreso per cápita subió con una tasa promedio de 1%. Según el Instituto de Economía de la Universidad de Chile, en 1961 el sueldo medio por persona en la administración pública era de 82,1% de ese sueldo en 1950. Expresado en valores constantes, en 1950, el sueldo medio fiscal por persona era de 8.246 pesos al mes, mientras que, en 1961 ese sueldo no llegaba a 6.771 pesos. En lo que respecta al sector particular, también en valores constantes, el sueldo vital para el departamento de Santiago era en 1950 de 3.800 pesos mensuales, mientras que en 1961 es sólo de 3.098 pesos".

Otro estudio, practicado por el Instituto de Economía de la Universidad de Chile, comprueba cómo un tercio de la población (3.000.000 de habitantes) vive con ingresos inferiores a un sueldo vital, y más de 54%, menores que dos sueldos vitales.

Esto prueba una vez más, que las luchas sindicales por conquistar meras reivindicaciones económicas, si bien tienen un justificado carácter defensivo en su proyectaría histórica, carecen de sentido. La gran batalla de los trabajadores debe ser por cambiar el sistema económico. Mientras él impere, siempre las cosas retornarán a su centro habitual. El régimen liberal capitalista tiene sus propias leyes y ellas no pueden ser alteradas impunemente. Quien acepta el sistema tiene que aceptar consecuentemente sus resultados.

Los sectores plutocráticos, terratenientes, monopolistas, banqueros, industriales y fundamentalmente imperialistas han conservado incólume en la práctica, su inmensa cuota en la injusta distribución de la riqueza nacional. Estos cuadros evidencian hasta qué punto ha disminuido durante los últimos años el poder adquisitivo de los asalariados.

Solicito que se inserten los cuadros incluidos en el folleto a que se ha referido el Honorable señor Gumucio, publicados por la CUT.

-Se accede a lo solicitado.

-Los cuadros cuya inserción se acordó son del tenor siguiente:

"PODER ADQUISITIVO DE LOS TRABAJADORES"

El señor ALTAMIRANO.-

En el año 1953 -y esto es importante que lo escuche el Honorable señor Gumucio- cuando el Partido Socialista estuvo sólo cuatro meses en el Gobierno del General Ibáñez, logró mejorar notablemente el poder adquisitivo de sueldos y salarios mínimos. Posteriormente, han devenido en continua y pertinaz declinación.

Bajo cualquiera de los Gobiernos triunfantes, con Alessandri, padre, o bajo la restauración reaccionaria de Alessandri, hijo; con el advenimiento del Frente Popular o en la Administración del General Ibáñez; con Gabriel González o con Eduardo Frei, el pueblo, los trabajadores, el empleado público o bancario, el profesor primario o el obrero de las minas, el campesino o el soldado, el hombre concreto que vive de su trabajo, permaneció idéntico en su pobreza física y en su frustración espiritual.

La clase dominante los tiene metidos en un zapato chino. Ellos, todos ellos, 2.200.000 trabajadores, sólo pueden aspirar a repartirse hasta 40% de la renta nacional. Temporalmente algunos sectores de asalariados podían empinarse sobre otros; pero, en definitiva y en conjunto, no se les permite romper el nivel fijado por la plutocracia gobernante. Con sueldos y salarios mínimos, con vacaciones y sistemas previsionales, con asignaciones de estímulo o con semana corrida, la parte por distribuir entre los trabajadores es siempre la misma: 40%. La razón de ello es sencilla. Los banqueros, industriales, dueños de compañías de seguros, terratenientes, grandes comerciantes y, en una palabra, los explotadores, usufructuarios seculares del régimen y del poder del Estado, tienen mil formas de recuperar lo que aparecen transitoriamente cediendo: desvalorizan la moneda como lo hacen desde hace cien años; aplican impuestos indirectos; se hacen otorgar cuantiosas subvenciones estatales; transfieren sus deudas al fisco cuando les son demasiado gravosas; endosan sus negocios al Estado cuando ya no les son convenientes; suben los precios mediante miles de artimañas; especulan y roban los caudales públicos; se benefician con inmensos privilegios tributarios y exasperantes exenciones aduaneras (anualmente se conceden más de 800 millones de escudos en liberaciones); se adjudican propuestas millonarias; perciben fantásticas comisiones por negocios públicos, etcétera. El hecho inconmovible y dramático es que, cualesquiera que hayan sido el gobierno y las circunstancias dominantes, los llamados guardianes del orden público, los patriotas insobornables, los presuntos paladines de la democracia; en una palabra, la plutocracia oligárquica, usurpa y se apropia aproximadamente de 55% de la renta nacional, producida por el trabajo de millones de obreros, campesinos, empleados y técnicos. Repetimos que nada puede hacerse contra esta atroz injusticia si se acepta mantener el sistema liberal capitalista que nos rige.

Los reajustes periódicos graciosamente aprobados por los sectores plutocráticos constituyen un gravísimo factor de distorsión de la lucha social al crear en amplios sectores asalariados la engañosa y falaz impresión de ser posible mejorar su precaria condición de explotados mediante ocasionales y transitorios beneficios económicos. Año a año, miles de persona, individualmente y representantes de vastas organizaciones de trabajadores, pretenden resolver sus graves problemas de subsistencias por medio de una gama increíble, heterogénea y contradictoria de indicaciones. Sabemos positivamente que ésta no es una solución, pero nos encontramos en un callejón sin salida. Por lo menos ellas sirven para reducir, siquiera en parte, los crueles desniveles imperantes en una sociedad de clases, burguesa y capitalista.

Por eso, los socialistas chilenos afirmamos que hemos cerrado un ciclo en la lucha social y política de nuestro país. Estamos firmemente convencidos de que no es posible reincidir repitiendo la experiencia acumulada durante los últimos treinta años. No creemos en cambios graduales, ni estamos por los gobiernos de colaboración de clases. Sólo amortiguan y reducen temporalmente las violentas contradicciones características del régimen burgués. El intervencionismo estatal inorgánico, improvisado y demogógico ha hecho crisis. Creemos sólo en definiciones claras.

La Democracia Cristiana intenta una vez más, y seguramente la última, reanimar el fuego sagrado del capitalismo recurriendo a las viejas prácticas de un intervencionismo estatal estéril, deformador, populista y demagógico.

El régimen capitalista es incapaz de aumentar el bienestar de las grandes masas

A nuestro juicio, la incapacidad de crecimiento, reinteradamente [reiteradamente] demostrada por la economía chilena y por las restantes economías de las diecinueve repúblicas latinoamericanas, tiene su verdadera explicación en la estructura económica, social y política predominante en ella. Y esta estructura no es otra que la de un sistema capitalista ineficiente, estrangulado por la explotación imperialista, e impotente para desatar por sí mismo el progreso.

La etapa democrática burguesa es una fase imposible en nuestro proceso. Las burguesías nacionales se han demostrado incapaces de construir el factor dinámico que impulse el desarrollo y abra perspectivas nuevas a los millones de millones de hombres y mujeres que se incorporan anualmente al mercado del trabajo.

En Europa y en Estados Unidos, debido a condiciones de desarrollo históricamente diferentes, las burguesías nacionales sostienen al Estado. En América Latina y en Chile, es el Estado quien sostiene a las burguesías. Al amparo del proteccionismo estatal controlan el mercado e impiden la libre competencia. El escaso excedente económico generado por ellas se derrocha en especulaciones financieras, consumos suntuarios, viajes turísticos y fugas de capitales. Son burguesías dependientes. Viven de la protección estatal y bajo el alero imperialista. Si Estados Unidos no financiara su precaria existencia de clase, habrían desaparecido. El único dique de contención para una auténtica revolución social en América Latina es el imperialismo. Así se ha demostrado en Brasil y en Santo Domingo. Estados Unidos mantiene en la mayoría de nuestras repúblicas ejércitos dependientes del Pentágono, sometidos a sus intereses geopolíticos mundiales y con la misión muy concreta de defender sus fabulosos imperios monopólicos y la riqueza de las oligarquías nativas. Esta realidad innegable se expresa abierta y vergonzosamente en el intento cínico de construir una Fuerza Interamericana de Defensa. ¿Defensa de qué? Defensa del 55% de la renta nacional que se reparte entre oligarcas criollos e imperialistas extranjeros.

Y éste es el gran dilema de la Democracia Cristiana. Aun cuando reconoce la necesidad de introducir cambios radicales y profundos en la estructura social y política del país, respeta el régimen capitalista, proclama su adhesión al sistema de la libre empresa y acepta como una fatalidad geográfica e histórica nuestra degradante dependencia del imperialismo norteamericano. Por eso pensamos que la Democracia Cristiana no es una fuerza realmente revolucionaria. Son revolucionarios aquellos que aspiran a sustituir un régimen por otro distinto. La Democracia Cristiana es sólo un movimiento reformista. Cuando más, desea mejorar o perfeccionar los mecanismos de producción, consumo y distribución de la actual sociedad clasista. Y como reformista, repite el mismo error nuestro, cuando en épocas pasadas de la historia, transitoriamente, contribuimos a formar parte de gobiernos híbridos, los cuales estaban animados solamente de un vago y difuso progresismo social y carecían de real contenido revolucionario. Con la solvencia que nos da esta experiencia y la de muchas otras naciones, afirmamos categóricamente: el reformismo populista y demagógico no resuelve los problemas de Chile y, por lo contrario, tanto en nuestro país como en los de toda América, ha acentuado las tensiones sociales y agravado los problemas económicos.

El modelo de desarrollo capitalista no puede constituir un esquema ideal que sirva de pauta sugestiva conforme a la cual se dinamicen las energías creadoras de las naciones. En el hecho, sólo los países que se han liberado de la opresión imperial y han adoptado el sistema de vida y de producción socialista, exhiben elevadas tasas de crecimiento económico y prosperidad material. Los países restantes vegetamos en el obscuro ciclo de la miseria.

El gobierno democratacristiano no sabe como romper este ciclo. Su característica esencial es la indefinición política. Dice ser anticapitalista, pero proclama su adhesión al sistema de la iniciativa privada y de la libre empresa. Se dice antiimperialista, pero nunca como ahora dependemos más de la llamada ayuda norteamericana. Lo único claro en su postura ideológica es la intención de llevar adelante una política de promoción social. Pero un país sólo puede proponerse las metas de bienestar que su aparato productivo está en condiciones de financiar. Mejorar los niveles de vida implica encontrar fuentes adecuadas de nuevos recursos, resultantes de la creación de una nueva estructura económica productiva. De lo contrario, se cae en lo que se ha llamado "la Revolución de las Aspiraciones", la que a su vez genera una grave disociación entre lo que un país aspira a ser y lo que puede ser. A nuestro juicio, este es uno de los puntos más débiles del Gobierno de la Democracia Cristiana y ha de provocar importantes efectos psicológicos en los diferentes niveles de la comunidad. No se puede impunemente hablar de revolución y definirse como anticapitalista y antimperialista, y, sin embargo, no hacer la revolución, vivir del capitalismo y cobijarse a la sombra del imperialismo. Las medidas de promoción popular propuestas por el Gobierno sólo favorecerán aparentemente a los trabajadores, por no estar destinadas a integrar a la población en un vasto proceso dinámico de creación de riquezas. Se persigue únicamente satisfacer las inquietudes del pueblo para contener el proceso revolucionario por medio del cual los trabajadores encontrarían su verdadera emancipación. Se pretende reorientar las presiones de las masas hacia el logro hipotético de mejores niveles de vida expresado en televisores, teléfonos, máquinas de coser, paquetes Cáritas, etcétera, y evitar de este modo que los trabajadores luchen por su único y gran objetivo histórico: sustituir el régimen capitalista de explotación por un sistema socialista. En el fondo, se reemplaza una política revolucionaría por una política asistencial. El Gobierno actual sabe cómo disciplinar socialmente al pueblo para distraerlo de su verdadero objetivo de clase, pero ignora cómo organizar económicamente a la nación para hacerla producir más.

El proyecto de reajuste es un proyecto de parche más, rutinario y reaccionario.

Esta política revolucionaria en las palabras y conservadora en los hechos queda categóricamente demostrada en los proyectos de reajuste de remuneraciones de los sectores público y privado.

La filosofía que los inspira es de clara estirpe reaccionaria y no hace sino repetir las viejas normas impuestas por el Fondo Monetario Internacional y la Misión Klein Saks. No difieren ni en una coma de los aprobados en los últimos años. Por lo contrario, quizás sean aun más reaccionarios que los anteriores.

Formalmente se trata de aquellos proyectos llamados con razón por el ex SenadorEduardo Frei "árbol de Pascua", árbol al que se cuelgan las materias más disímiles y contradictorias. Es claro que el señor Frei fue incapaz de evitar los errores que tan bien supo criticar en otros. Caímos en el mismo "árbol de Pascua", donde, junto a los reajustes y a las disposiciones sobre control de precios, se pretende legislar

sobre sociedades mixtas, avales al cobre, arancel aduanero, ordenanza de Aduanas, normas sobre impuestos, Banco Central, derechos de importación, política habitacional, puertos libres, derecho a huelga, etcétera, etcétera.

Y, si formalmente el proyecto de ley comentado no constituye ninguna novedad, en el fondo también carece de originalidad. Son las mismas viejas y gastadas ideas reaccionarias las que presiden su orientación general. Bajo el Gobierno del señor Alessandri, la Democracia Cristiana fue implacable en denunciar la política congelatoria de sueldos y salarios como profundamente lesiva para el interés de los trabajadores. Testimonio de ello son las iniciativas y discursos de los parlamentarios de ese entonces de la Democracia Cristiana.

Pido insertar un cuadro con los porcentajes de reajustes propuestos por el señor Alessandri y las indicaciones hechas por Diputados democracristianos en las que solicitaban alzas sustanciales de dichos porcentajes. Este cuadro ha sido elaborado por la Oficina de Informaciones del Senado.

-El cuadro mencionado, cuya inserción se acuerda más adelante, es el siguiente:

El señor ALTAMIRANO.-

Leeré lo que expresaba el Honorable señor Gumucio, -por desgracia, se encuentra ausente en este instante- en la sesión 47ª de la Cámara de Diputados, celebrada en 20 de febrero de 1964. Sostuvo lo siguiente:

"Los empalmes de ambos cálculos arrojan, para un índice al consumidor en diciembre de 1963 de 320,5, un gasto equivalente en escudos de 307,42.

"Esta suma que, a base de los propios datos oficiales debía ser el sueldo vital, no es exorbitante."

Esto lo aseveraba el Honorable señor Gumucio en febrero de 1964. Hoy el sueldo vital está fijado en sólo Eº 260 y, sin embargo, los democratacristianos consideran que una renta de este monto satisface ampliamente las demandas de miles de empleados particulares. Es claro que en esa fecha el señor Alessandri era quien se quejaba de una Oposición ciega, obstruccionista y demagógica. Ahora es el señor Frei quien se queja de lo mismo y con iguales argumentos.

Por lo demás, en la exposición sobre el estado de la Hacienda Pública hecha por el Ministro de Hacienda en noviembre de 1964, se afirmaba textualmente: "En el pasado se han hecho varios esfuerzos para detener la inflación reduciendo el poder de compra de los asalariados. El Gobierno piensa que se ha abusado en extremo de esta medida y que ha llegado el momento de impedir que continúe el deterioro de la situación económica de este gran sector -de la población", para lo cual anunciaba un reajuste sin discriminación del ciento por ciento del alza del costo de la vida. No obstante, antes de cumplirse un año y medio, se cambia radicalmente de posición al propugnar un reajuste notoriamente inferior al alza del costo de la vida, ya fraudulentamente disminuido. El propio Ministro de Hacienda ha reconocido que, en promedio, el reajuste no va más allá de 21,8% y agregó: "siempre que la inflación no sea superior en un 15% para el presente año". La realidad es que, para los sectores que teóricamente percibirán 25,9% de reajuste, el aumento real será apenas de 21%, y para los que perciban un reajuste de 25%, el aumento real será de 20,7%.

Por otra parte, la situación de los jubilados es terriblemente angustiosa. El reajuste que percibirán en 1966 será inferior al recibido en 1965, y es necesario recordar que en 1965 el reajuste fue sólo de 70% del alza del costo de la vida, de manera tal que su situación se ha agravado a extremos inauditos. Por eso, nosotros, los partidos populares, hemos propuesto un reajuste de 40% de las remuneraciones de los asalariados. Y al hacer esta proposición, caemos en el mismo error que señalábamos al iniciar nuestras palabras: luchar por sólo recuperar el poder adquisitivo perdido. Aun estimando como cierto el aumento del índice del costo de la vida de 25,9% hecho que negamos, el deterioro real de los salarios producidos durante 1965 se ha calculado en 16,9% más. En consecuencia, sólo para restablecer en su nivel real los salarios, sería necesario dar 42,8% de reajuste.

El Gobierno ha calificado de demagógica nuestra petición. Sin embargo, como lo hemos demostrado, sus personeros hicieron exactamente lo mismo cuando fueron Oposición. Pero ello no es lo más importante. La verdad es que propugnamos tal reajuste porque él escasamente corresponde al grave deterioro experimentado por los sueldas y salarios de los empleados y obreros. Tan justificado es este aumento, que el propio Gobierno patrocina un reajuste de 41,5% para las Fuerzas Armadas. No estamos en contra de dicho reajuste. Aun más, lo aprobaremos cuando en su oportunidad se trate aquí en la sala. Pero no vemos razones para otorgar un reajuste de 41,5% a las Fuerzas Armadas y de 21%, en promedio, a los empleados fiscales, semifiscales y de instituciones autónomas. Lo anterior destruye toda fundamentación moral del reajuste defendido por el gobierno democratacristiano.

A mayor abundamiento, existen diversas instituciones autónomas reajustada en un porcentaje notablemente superior al 21% propuesto en este mensaje. La Corporación de Fomento reajustó la renta de su personal superior en 50%. ¿Por qué el Gobierno estima que las rentas superiores a tres sueldos vitales deben reajustarse en sólo 15%, y, en cambio, las del personal directivo de CORFO y de otras instituciones pueden hacerlo en 50%.? Y esto sin considerar las fabulosas rentas que el Ejecutivo paga a una profusa burocracia de expertos y técnicos cuyas funciones hasta la fecha no se conocen.

La propaganda millonaria del Gobierno ha sostenido que ésta es la primera Administración que concede un reajuste de 100% del alza del costo de vida. Esta afirmación es totalmente falsa. En primer lugar, porque no se otorga un reajuste igual al ciento por ciento del aumento del índice de precios al consumidor. Repito: el propio Ministro de Hacienda reconoce que este promedio no alcanza a 22% de reajuste.

Además, el aumento experimentado por el índice de precios, en promedio, durante el año pasado fue de 28,8%, y éste debió ser el porcentaje de reajuste de sueldos y salarios. Tomar como variación del índice la que se produce de diciembre a diciembre y no el promedio experimentado de un año a otro, es totalmente injusto, y fue una triquiñuela inventada por el Gobierno reaccionario del señor Alessandri para robar el poder adquisitivo a los asalariados. Este Gobierno, como buen discípulo del anterior, hereda sus procedimientos.

Por último, es falso que éste sea el primer Gobierno que entrega reajustes de 1009c del alza del costo de vida. Hasta 1956, normalmente se concedieron reajustes iguales o superiores al incremento del costo de vida. Sólo en 1956 se introdujo esta viciosa y equivocada práctica de pretender detener el proceso inflacionario a costa del sacrificio de los trabajadores. En consecuencia, el señor Frei no hace sino redituar la misma manoseada argumentación del Fondo Monetario Internacional, de la Misión Klein-Sack y de la Administración reaccionaria del señor Alessandri.

Pero cuando esta misma política era defendida consecuentemente por el señor Alessandri, sin -argumentos especiosos ni hipócritas, se le motejaba de reaccionario; en cambio, ahora, esta política, por un extraño milagro, se llama "revolucionaria".

Y cuando en ¡a Administración anterior se suscribía la famosa carta-intención ordenada anualmente por el Fondo Monetario Internacional, la Democracia Cristiana descargaba toda su furia opositora, por considerarla contraria al interés y a la dignidad de la nación. Ahora, la misma carta, exactamente igual, de que dan fe los diarios de hoy, es firmada, pero esta vez en nombre de la "revolución antiimperialista" de los democratacristianos.

También bajo la enseña revolucionaria firman un convenio con las grandes empresas del cobre, en el cual se enajena la voluntad soberana de la nación para legislar por 25 años sobre nuestra principal riqueza: el cobre. Se asegura al capitalismo extranjero el más asombroso régimen de privilegios y exenciones y se le garantiza una utilidad superior a los tres mil millones de dólares.

Todo el desarrollo futuro de la nación se programa sobre la base de la entrega sin tasa ni medida a los grandes monopolios internacionales. Basta leer las palabras del

Ministro de Hacienda en la última exposición pronunciada en noviembre del año pasado. Dijo: "A este respecto podemos señalar algunos de los principales proyectos que se están materializando con aporte extranjero. Una planta de cobre en Antofagasta para producir cien mil toneladas al año con un costo de 14 millones de dólares y un aporte externo de 6 millones de dólares; dos plantas de celulosa, con un aporte de 20 millones de dólares; una fábrica de abonos fosfatados, con 5 millones de dólares de aporte. En el complejo petroquímico de etileno amoniacal, aromático y acetal deido, el aporte llegará a 28 millones de dólares; en la industria de nylon a 12 millones de dólares; en la industria automotriz a 20 millones de dólares; en la industria electrónica a 6 millones de dólares; en la de jugos y conservas a 2 millones de dólares, y en varias, entre las que se encuentran aserraderos, impregnación de maderas y máquinas de coser, 4 millones de dólares".

Después de esta exhaustiva enumeración, nos preguntamos: ¿cuál industria quedará de propiedad de los nativos con posterioridad a esta furia "chilenizadora"?

Y esto es sin considerar el exorbitante endeudamiento externo, superior, indiscutiblemente, al contraído por la Administración anterior. ¡Cuántos encendidos discursos escuchamos a los parlamentarios de la Democracia Cristina de ese entonces, que lo son de hoy, para condenar lo que consideraban la entrega incondicional al capitalismo foráneo!

Pero hemos afirmado que este proyecto de ley no sólo mantiene en sus grandes lineamientos la filosofía reaccionaria que informó proyectos similares de Gobiernos anteriores, sino que en algunos de sus aspectos es aún más regresivo. En efecto, la Democracia Cristiana ha propuesto lisa y llanamente suprimir el derecho de huelga. Con ello ha de dejar inscrita su marca política en el largo y siniestro historial de la lucha antiobrera. La huelga es la única arma de defensa de los trabajadores en un régimen de ciase. Es una garantía universalmente reconocida por las llamadas democracias burguesas. Esta será la tercera gran ley liberticida dictada en los últimos años por Gobiernos reaccionarios. La primera ley, presuntuosamente llamada "de la Defensa de la Democracia", proscribió de la vida política al Partido Comunista; la segunda, la de Alessandri, cercenó gravemente la libertad de opinión, de palabra o por escrito; y la tercera, la de los revolucionarios democratacristianos, suprime el más sagrado derecho de los trabajadores, el derecho legal a exigir una retribución justa y humana por lo único que ellos poseen: su trabajo. Negro porvenir augura a los asalariados chilenos la aprobación de esta disposición de claro contenido represivo y policial.

Quisiéramos escuchar, aunque más no fuera una sola palabra de los Senadores democratacristianos, tendiente a demostrar el carácter progresista, humano y social de este proyecto de ley. Que se nos diga cuál es la diferencia con los proyectos anteriores y qué filosofía distinta lo informa.

La verdad es que este Gobierno democratacristiano es el hijo pródigo del imperialismo norteamericano. Hacen lo que éste les permite. Y sólo les ha permitido una reforma agraria más radical que la del señor Alessandri. Por supuesto, este permiso no lo han dado a los democratacristianos de Guatemala. Allá los intereses norteamericanos son dueños de la tierra y no de las minas. Allá pueden hacer reformas mineras, pero no reformas agrarias. Aquí, en cambio pueden hacer reforma agraria, pero no minera. Aún más, a la Kennccott y a la Anaconda, grandes latifundistas mineros, se les garantizan sus privilegios y utilidades por 25 años. Pasan a ser un país aparte. Una supercasta de intocables. Para ellos, no rige la desvalorización monetaria, ni se modifican las tasas impositivas, ni se les aplican los aranceles aduaneros. En cambio, los latifundistas nativos aparentemente deberán pagar el complejo revolucionario de la Democracia Cristiana. Esta conducta nos parece hipócrita y antinacional. En último término, no podemos negar que tanto o más daño hace al patrimonio público el saqueo del cobre que la incapacidad e ineficiencia de los terratenientes.

En síntesis, el proyecto de reajuste de remuneraciones del Ejecutivo no resuelve nada. Es un proyecto de parches más. Ni siquiera devuelve el poder adquisitivo robado a los trabajadores, puesto que sólo les concede 80% del índice del alza del costo de vida, ya mañosamente distorsionado. Mantiene la desorganización administrativa. Aumenta la anarquía y la discriminación en el sistema de renta. Existen instituciones y funcionarios reajustados en porcentajes superiores a 200% del alza del costo de vida, con lo cual se barrena toda solvencia moral para imponer una política de reajuste de sólo 20% en promedio.

Expertos, promotores y asesores forman una nueva y frondosa casta burocrática. Un informe de la Contraloría General de la República lo confirma. Miles de millones se gastan en instituciones de dudosa eficacia creadas al margen de la Constitución y de las leyes, como el llamado CONCI.

El derroche en publicidad y viajes al exterior no guarda ninguna proporción con los inmensos sacrificios exigidos a los trabajadores. Es difícil encontrar un Ministro, Subsecretario y altos funcionarios, expertos o asesores, que en este año y medio de Gobierno revolucionario no hayan viajado varias veces al extranjero. Un informe oficial de la Contraloría General de la República también confirma lo expuesto.

En materia previsional, impera el caos más absoluto. Las imposiciones adeudadas por los empresarios particulares al Servicio de Seguro Social y a la Caja de Previsión de Empleados Particulares suben de 70 millones de escudos. Por su parte, el Fisco adeuda a los diversos organismo de previsión más de 100 millones de escudos, y el Fondo de Revalorización tiene un déficit de 65 millones de escudos para conceder un reajuste equivalente al 100% del alza del costo de vida, como es lo natural y lo humano, a 85 mil pensionados y jubilados. En resumen, el sistema previsional chileno ha hecho crisis en forma definitiva y está en total bancarrota.

La suerte del Presupuesto no es mejor. Al igual que en años anteriores, los ingresos corrientes apenas alcanzan para cubrir los gastos corrientes más las amortizaciones, a pesar de estar estas últimas notablemente reducidas por la renegociación de la deuda externa. En otras palabras, los recursos internos sólo permiten financiar los gastos de la burocracia pública. La capitalización estatal se realiza casi exclusivamente a costa de endeudamientos externos y, en no poca medida, por emisiones internas. El viejo y agudo problema presupuestario no se resuelve. Dependemos para nuestro desarrollo casi íntegramente de la llamada ayuda externa. Por otra parte, los ingresos nacionales se obtienen en más de 65% de impuestos indirectos. Este porcentaje se hará aún más regresivo una vez aprobados los impuestos indirectos que establece el proyecto de reajuste y el de las fuerzas armadas. El precario mejoramiento de las remuneraciones propuesto por el Gobierno al Parlamento se verá sustancialmente disminuido por el retiro de ingresos que se produce, debido a los mayores tributos indirectos.

La situación económica del país durante el año 1965 puede considerarse escasamente aceptable; en ningún caso de "crecimiento espectacular", como lo asevera optimistamente la propaganda del Gobierno. Basta observar las siguientes cifras sobre producción industrial proporcionadas por la propia Sociedad de Fomento Fabril y las de ventas del Banco Central, para llegar a la conclusión de que los niveles alcanzados por esta Administración son similares a la de años anteriores:

"DATOS SOBRE EL CRECIMIENTO"

La producción agrícola ha disminuido, y el aumento de la construcción' pública se ha visto compensada con el descenso en la construcción del sector privado.

La cesantía se mantiene en niveles similares a los del Gobierno anterior.

Y este cuadro, que vuelvo a calificarlo sólo de aceptable, se logra en circunstancias excepcionalmente favorables para el Gobierno y para el país.

Nunca los ingresos del cobre habían sido tan altos. Nunca se había dispuesto de mayores créditos extranjeros. Se renegoció la deuda externa en condiciones recomendables. Todo lo anterior permitió al señor Frei disponer en 1965 de 230 millones de dólares más que en el mejor período de la Administración anterior. Evidentemente, con 230 millones de dólares más se puede fácilmente mantener una apariencia de normalidad económica, disminución en algo del abrumador déficit fiscal, solventar la importación de productos agropecuarios indispensables para la alimentación popular y financiar la asombrosa campaña de derroches publicitarios. Innecesario paradera hacer notar que este mayor ingreso no se debe a una política del Gobierno, sino a circunstancias internacionales ajenas por entero a su voluntad.

En síntesis, la política económica de precios, remuneraciones y laboral del Gobierno, expresada en este proyecto de reajuste, asume un carácter integralmente reaccionario. Si existió alguna posibilidad de que la nueva fuerza triunfante en septiembre de 1964 tomara un camino revolucionario, esta posibilidad está definitiva e irrevocablemente cancelada. El Gobierno ha impreso un sello cada vez más regresivo a su acción política, y ello se manifiesta en todos los órdenes de la vida ciudadana. Incluso, el único proyecto de carácter progresista, el de reforma agraria, se trajina y transa impúdicamente con los antiguos señores de la tierra.

Los violentos antagonismos de clases irrumpen con mayor violencia que antes y la solución de los conflictos colectivos se posterga indefinidamente. Nunca un Gobierno tuvo mayor número de huelgas, de más duración y que afectaran a un porcentaje tan elevado de obreros.

Solicito insertar en mi discurso la información dada por el señor Ministro del Interior, que demuestra que más de 130 huelgas duraron más de 15 días y algunas, más de 60.

El señor ALTAMIRANO.-

... el Gobierno entra resueltamente por el camino de la represión policial, de la lucha antiobrera, de la reacción reaccionaria y comete toda clase de atropellos y desmanes en contra de los trabajadores y de sus organizaciones ele clase.

La aparente justificación de esta medida es la que aquí está dando el Honorable señor Fuentealba: se trataría de huelgas políticas; se debería también a la existencia de un presunto plan cuidadosamente preparado por los partidos populares para obstaculizar y obstruir ciegamente la acción del Gobierno y, en último término, para derribarlo.

Tal justificación es falsa, torpe y mal intencionada, y sólo pretende esconder la evidente incapacidad reiteradamente exhibida por el Ejecutivo en la solución de los conflictos laborales.

Los revolucionarios en libertad han caído rápidamente en la trampa tendida por los sectores plutocráticos, parapetados tras el. diario "El Mercurio" y la Embajada norteamericana. Hasta han adoptado su lenguaje "de mano dura", lógicamente contra el pueblo, encarcelando dirigentes sindicales, destruyendo las organizaciones obreras, responzabilizando a los asalariados del secular proceso inflacionario y lanzando toda su gigantesca máquina publicitaria sobre los partidos populares.

No nos extraña esta conducta. Ella ha sido habitual entre los Gobiernos reformistas burgueses latinoamericanos. Cuando se depende fundamentalmente de la ayuda externa; cuando hay que aceptar dócilmente la política del Fondo Monetario Internacional, pues de lo contrario no hay crédito para equilibrar la balanza de pagos y financiar los presupuestos; cuando no se buscan otros recursos para aumentar la capitalización nacional que la entrega descarada a los grupos monopolistas extranjeros; cuando 2.300.000 chilenos viven mendigando el paquete regalado por Cáritas; cuando nuestro ejército necesita proveerse del equipo bélico en el basural militarista yanqui, se entierran los últimos vestigios de independencia, se enajena la soberanía nacional y los Gobiernos pasan a ser trágicos títeres movidos por el Departamento de Estado, la CIA, el Pentágono o el Fondo Monetario Internacional.

Cada día se acorta más la distancia que pudo existir entre el Gobierno aparentemente progresista del señor Eduardo Frei y los Gobiernos conservadores de Gabriel González Videla o de Jorge Alessandri.

Analicemos cuál es la diferencia entre el Gobierno "reaccionario" del señor Alessandri y el Gobierno "revolucionario"' do! señor Eduardo Frei.

Alessandri suscribía la carta - intención con el Fondo Monetario Internacional Frei firma la misma carta-intención.

Alessandri subsistió por medio de un exorbitante endeudamiento externo, que el Ministro de Hacienda actual se encargó de resaltar cuando se hizo el primer mensaje. Frei hace lo mismo.

Alessandri, sometiéndose a los dictados del Fondo Monetario Internacional, reajustaba las remuneraciones por debajo del alza del costo de la vida. Frei, por lo menos este año, adopta igual política.

Alessandri mantuvo incólumes los privilegios de las grandes empresas del cobre. Frei Los aumenta y consolida por 25 años.

Alessandri designaba altos personeros de la Sociedad de Fomento Fabril en puestos claves de su Administración. Frei hace lo mismo con los de la Cámara de la Construcción.

Alessandri dictó la ley Mordaza. Frei mantiene esa ley y agrega la supresión del derecho a huelga.

Alessandri inició la política de "desangramiento" como modo de resolver los conflictos laborales Frei reditúa dicha política y agrega la persecución, la violencia y las zonas de emergencia.

Alessandri culpó de la ineficacia de su Gobierno al Parlamento, a Ibáñez y al terremoto de 1960. Frei culpa al Parlamento, a Alessandri y al terremoto de 1964. Tal vez la única diferencia sea una más bien teórica que real: Alessandri no hizo la reforma agraria. Frei dice que la va a hacer.

Por eso, estimamos injusta la oposición que hacen liberales, conservadores y radicales al Gobierno democratacristiano del Presidente Frei. En el fondo, ella no obedece a principios o a diferencias doctrinarias esenciales. Tiene su raíz profunda en mezquinas preeminencias de grupos o de poder. La ciudadanía así lo entendió el domingo último, en la elección de Diputado por la provincia de Valparaíso. La única fuerza política que salió notablemente robustecida de dicha contienda cívica fue el FRAP, fueron los Partidos Socialista y Comunista.

El país, a través de Valparaíso, expresó decidida y claramente su voluntad de apoyo a la Oposición de Izquierda, la Oposición que está por los cambios y por el cumplimiento de las promesas hechas al electorado durante la pasada campaña presidencial.

El señor ALTAMIRANO.-

Repudió la Oposición reaccionaria, oportunista y carente de perspectiva histórica.

Por eso, aunque parezca el último canto del cisne, llamamos a la Democracia Cristiana a definirse.

No caben más indecisiones. Las cómodas posturas centristas no resuelven el drama nacional. Los Gobiernos de Centro, al pretender dar gusto a todos y no herir Los intereses de nadie, sólo pueden subsistir a costa de un creciente endeudamiento externo y de una grave inflación interna. Chile urge de remedios heroicos. Y así debe entenderlo la Democracia Cristiana.

El reformismo ha muerto. Sólo cabe reemplazarlo por una conducta consecuentemente revolucionaria, que materialice la profunda voluntad de cambios gestada en la entraña de la nacionalidad y realice la transformación radical de la sociedad, tal como reiteradamente lo prometió al país durante la pasada campaña presidencial. He dicho.

-El documento que con posterioridad se acordó insertar dice como sigue:

''Huelgas con más de quince días de duración.

Desde el 4 de noviembre de 1964 al 31 de enero de 1966.

Maestranza de San Bernardo, 24 días (económico); Empresa Portuaria de Valparaíso, 41 días (caducidad de contratos), 1.568 obreros; Empresa Portuaria, Iquique, 20 días (encasillamiento), 24; EE. de Telégrafos, 30 días (económico), 173; Hospital de Coronel, 19 días (económico), 156; Fundo Cerrillos, Molina, 53 días (económico), 60; Obreros ganaderos de la Provincia de Magallanes, 38 días (económico), 3.500; Cooperativa Agrícola "Copihue", Talca, 21 días (económico), 46; Viña Santa Teresa, Santiago, 44 días (económico), 125; Fundo El Colorado de San Clemente, 30 días (económico), 64; Fundo El Higuera! de Los Ancles, 16 días (económico), 52; Fundo Coihueco de Concepción, 36 días (económico), 74; Fundo El Porvenir de Puente Alto, 23 días (económico), 13; Fundo Culiprán de Melipilla, 30 días (imposiciones), 250; Fundo SantaInés de Melipilla, 25 días (salida de funcionarios, de CORA), 32; Fundo El Vergel de Isla de Maipo, 48 días (económico), 19; Hacienda Los Alpes, Angol, 29 días (económico), 37; Fundo Cañadilla, San Fernando, 29 días (económico), 99; Firma Ureta, Concepción, 25 días (económico), 280; Firma González Gandarillas de Santiago, 53 días (económico), 16; Firma Gregorio Meershon de Melipilla, 30 días (económico), 65; Firma Alpha de Arica, 68 días (económico), 389; Firma Matacci S. A. Talca, 21 días (económico), 125; Firma ConstructoraGrupo Escolar de Coihaique, 28 días (económico), 35; Firma Enrique Hollongreen de Lota, 37 días (económico), 35; Firma NativoGuisande de Puerto Porvenir, 4 meses (falta fondos fiscales), 37; Firma Benjamín Juárez de Coquimbo, 79 días (económico), 18; Firma Gidi de Mulchén, 76 días (económico), 22; Firma Ramón Donoso, Viña del Mar, 72 días (económico), 50; Firma Gidi de Concepción, 25 días (económico), 55; Firma ALCA de Talca, 18 días (económico), 48; Firma Bosso y Pezza, Los Angeles, 20 días (económico), 160; Firma López Ríos, Santiago, 17 días (económico), 200; Firma Franchini y Cía. de Puente Alto, 29 días (económico), 237; Firma Const. Canal Planta Las Vizcachas, Puente Alto, 58 días (económico), 54; Sindicato Pescadores, Iquique, 20 días (económico), 159; Obreros Fleteros, Valparaíso, 39 días (económico), 80; Industria Pesquera del Sur, Iquique, 166 días (económico), 47; Tripulantes Goletas Pesqueras de Arica, 20 días (económico), 202; Mina de Carbón Plegarias de Curanilahue, 38 días (económico), 317; Mineral El Tofo, La Serena, 15 días 101 empleados, y 37 días 238 obreros; Mina Disputada Las Condes, 21 días (económico), 175; Compañía Minera Santa Bárbara, Vallenar, 24 días (económico), 390; Compañía Minera Sali Hoschild, Copiapó, 18 días (económico), 250; Mina Disputada Las Condes, 71 días 103 empleados, y 74 días 968 obreros; Oficina Salitrera Alemania, Taltal, 59 días (económico), 722 obreros; Oficina Salitrera Victoria, Iquique, 59 días (económico), 1.200; Minas Carmen de Chañaral de Potrerillos, 19 días (agua potable), 200 obreros; Compañía Minera Santa Fe, Coquimbo, 39 días (económico), 95; Compañía Minera Santa Fe, La Serena, 54 días (económico), 109; Compañía Minera de Exportación Ltda. Cominez, La Serena, 50 días (económico), 119; Mina Mantos Blancos, Antofagasta, 24 días (económico), 674; Empresa Minera San Carlos, Arica, 32 días (económico), 65; Compañía Salitrera Fábrica Abonos de Coquimbo, 34 días (económico), 96; Mina El Romeral de La Serena, 26 días (económico), 249; Gran Minería del Cobre Chuquicamata Potrerillos y El Teniente, 37 días (problema cobre), 16.000 más o menos; Compañía Minera Atacama, Copiapó, 31 días 36 obreros, y 84 días 25 empleados; Fábrica de Calzado Broussaingaray de Osorno, 76 días (económico), 70 obreros; Gremio del Cuero y Calzado de la Provincia de Santiago, 16 días (económico), 7.190; Fab. Calzado Bata y Soinca de Peñaflor y Melipilla, 35 días (económico), 2.112; Fáb. de Calzados de Santiago, 36 días (económico), 100; Fábrica de Calzado Salvador Guerra, Santiago, 100 días (económico), 23; Industria Metalúrgica Mac Tigrit de Talcahuano, 34 días (económico), 52; INDAC de Santiago, 49 días (económico), 465; CAP de Talcahuano, 66 días (económico), 3.565; Industria Metalúrgica Guzmán, Valparaíso, 27 días (económico), 50; Fundición General Velásquez, Santiago, 90 días (económico), 82; MADE-CO, Santiago, 56 días (económico), 1.145; MADECO, Santiago, 49 días (económico), 498 empleados; Maestranza Arenal de Talcahuano, 34 días (económico), 45 obreros; Fundición Libertad, Santiago, 21 días (económico), 321; Ind. Textil Sudamericana. Santiago, 16 días (económico), 258; Industria Textil Chiteco, Santiago, 77 días (económico), 385; Industria Textil Comandari, Santiago, 16 días (económico), 58; Industria Textil Algodones Hirmas, 58 días (económico), 2.250; Industria Algodonera Colón S.A., 48 días (económico), 65; Fábrica de Sedas Elias Pichara, Santiago, 35 días (económico), 16; Ind. Textil Arauco Ltda. Stgo., 19 días (económico), 12; Industria Guisi Ltda., Santiago, 19 días (económico), 9; Tejedurías Suizo-Chilenas, Santiago, 90 días (económico), 53; Confecciones Burguer, Santiago, 16 días (económico), 850; Fábrica Lanificio Panamericana, Santiago, 56 días (económico), 199; Confecciones Gastón Ruddoff, Santiago, 16 días (económico), 228; Industria Textil Sudamericana Santiago, 74 días (económico), 227; Ind. Textil Rolltex, Santiago, se mantiene (económico), 57; Industria Textil Princesa Santiago, 39 días (económico), 75; Panificadores de Tocopilla, 19 días (económico), 53; Fábrica Cemento Bío-Bío, Talcahuano, 60 días (económico), 1.200; Industria Cemento El Melón, 73 días (económico), 1.090; Laboratorio Ardity Corry, 37 días (económico), 54 empleados; Compañía de Tabacos de Valparaíso, 17 días económico), 509 obreros; Compañía de Tabacos de San Felipe, 17 días (económico), 64; Compañía de Tabacos Valparaíso, San Fernando, Nancagua y San Felipe, 22 días (económico), 851 obreros y 66 empleados; Industria Bima Lo Espejo, 65 días (económico), 45 obreros; Fábrica de Cuadernos Mistral, Santiago, 49 días (económico), 68; Imprenta San Francisco, Temuco, 71 días (económico), 21; Imprenta Gutiérrez, Temuco, 21 días (económico), 16; Fábrica de Cecinas Fernández, Talca, 32 días (económico), 82; Industria Conservera Copihue, Santiago, 61 días (económico), 61; Firma Chiprodal de Graneros, 26 días (económico), 51 empleados; Compañía Productora Nacional de Aceites Coprena de Santiago, 17 días (económico), 140 obreros; Fábrica Pizarreño San Pedro Coronel, 41 días (económico), 104; National City Bank de Santiago, 27 días (económico), 131 empleados; Industria Artículos Eléctricos Electromat, Santiago, 93 días (económico), 249 obreros; Instaladores Eléctricos, Santiago, 35 días (económico), 360; Canteras Pinihue de Concepción, 96 días (económico), 24; Cantera Deuco de Angol, 28 días (económico), 91; Compañía Cervecerías Unidas, Santiago y Talca, 37 días (económico), 1.669; Fábrica de Candados Odis, Santiago, 75 días (económico), 160; Soprole, Santiago, 17 días (económico), 240; Industria Ferretera de Ñuble, 37 días (económico), 28; Casa Importadora Saavedra Benard, 20 días (económico), 143 obreros; Fáb. Nac. de Loza Penco, 45 días (económico), 615; Cargadores Camiones Metaleros de Coquimbo, 27 días (económico), 126; Fábrica de Pinturas Blundell Viña del Mar, 55 días (económico), 64; Fábrica de Loza Carrascal de Santiago, 53 días (económico), 615; Sindicato Muelles y Bosques de Concepción, 17 días (económico), 396; Fábrica Nacional de Palas de Santiago, 23 días (económico), 94; Fábrica de Cordeles y Cables de Acero, 34 días (económico), 106; Industria CIC de Talca, 20 días (económico), 108; Sección Apuestas Mutuas de Valparaíso, Sporting Club de Viña del Mar, 20 días (económico). 350 empleados; Fábrica Muebles Luis Valdés Santiago, 30 días (económico), 64 obreros; Fábrica Máquinas de CoserS. Gómez, Arica, 30 días (económico), 80; Fábrica de Soldadura Indira, 62 días (económico) , 126; Fábrica de Envases Hojalata de Valparaíso, 17 días (económico), 87; Fábrica Pinturas Luengo de Santiago, 27 días (económico), 26 empleados. Total: 130 empresas u organismos."

El señor CHADWICK.-

Señor Presidente, no me proponía intervenir en este debate, porque no participé en los estudios que se han realizado en las Comisiones unirlas encargadas de informar el proyecto de ley que debe votarse mañana en general, pero algunos hechos ocurridos precisamente en una de las provincias que represento, son demasiado duros para silenciarlos en esta Sala, sobre todo después de haber dicho el Honorable señor Gumucio -lamento que no esté presente en el hemiciclo- que nosotros, los socialistas, estamos alentando con criterio político una reacción popular que se expresa por medio de paros o huelgas declarados sin sujeción a las leyes que rigen los movimientos laborales.

He debido visitar con carácter urgente la zona ilegalmente declarada de emergencia, que abarca los minerales de Potrerillos y El Salvador.

El cuadro que se presenta allí es el de un campo de concentración: barreras que mantienen tropas armadas; prohibición de tránsito por caminos y callea de uso público; desconocimiento de la libertad esencial que garantiza la Constitución Política del Estado.

El señor FUENTEALBA.-

¿Sucede eso en la ciudad?

El señor CHADWICK.-

En la ciudad de El Salvador.

Nadie puede entrar ni salir sin tener un pase de la autoridad militar.

Cuando llegué, en la mañana del sábado. a la primera barrera, presencié un espectáculo extraordinariamente curioso: había más o menos 800 obreros más allá de la barrera, en la soledad del desierto. Nadie podría haberse explicado qué hacían esos obreros, que formaban una multitud. Quise averiguarlo. Se trataba de los operarios de los contratistas particulares, que realizan distintas faenas en El Salvador. Ventilaban un conflicto legal y de-oían conocer la cuenta de sus representantes sobre la suerte del pliego de peticiones que en ese momento se negociaba. La autoridad militar había dispuesto que esos obreros, que viven también en El Salvador, no podían reunirse ni siquiera para tratar su conflicto legal. No estaban en huelga, pero no podían efectuar su reunión sin avanzar a lo menos doscientos metros más allá de la barrera.

Cuando, por último, me enfrenté con el grupo militar, se pretendió que no podía pasar acompañado del chofer que conducía la camioneta en que viajaba. Me vi en la necesidad de hacer valer mi fuero parlamentario y de protestar por tal atropello, para que finalmente nos dejaran pasar.

Con estos antecedentes, quise saber lo que ocurría, por boca del señor jefe de la fuerza militar. Llegué hasta el lugar donde se hallaba instalado ese comando y allí pude observar que lo asesoraba un abogado de la Corporación del Cobre. Ya este organismo no se limita a sus funciones ordinarias, ni a permitir la venta del cobre a 42 centavos, cuando en Londres está a 85, ni a negociar la venta de las 95 mil toneladas al Gobierno de Estados Unidos a 35 centavos: ahora interviene directamente en el tratamiento que la autoridad militar, en uso de la medida ilegal de declaración de zona de emergencia, ha implantado en esos minerales. Ese abogado me explicó que, a su juicio, podía la autoridad militar impedir la entrada y salida de la ciudad de El Salvador y del campamento de Potrerillos, de las personas que quisiera. Revisamos los textos legales y fue luego evidente que tal opinión carecía de todo asidero.

Nada me dijeron el jefe militar y ese abogado de lo que habían hecho la madrugada del sábado; ni una sola palabra, a pesar de que pregunté si había ocurrido algo anormal.

A la salida de esa reunión, me impuse de que, entre las 2 y las 3 de la madrugada, patrullas armadas de Carabineros y personal del Ejército, más detectives, acompañando a un funcionario de la compañía en Potrerillos, habían ido hasta los domicilios de simples obreros, que no son dirigentes sindicales, algunos de probada fe democratacristiana, hasta el extremo de que uno de ellos es militante de ese partido desde 1958, según comprobé después, al ver su carnet de afiliado con sus estampillas al día.

¿Qué hacían las patrullas armadas que acompañaban al segundo jefe de la oficina de leyes sociales de la compañía en Potrerillos? Empezaban por rodear las casas, destacar carabineros en las esquinas e introducirlos en los patios posteriores. Cuando ya tenían completo el cerco, procedían a golpear puertas y ventanas, de modo que, si no les hubieran abierto, habrían terminado por derribar las puertas, según dijeron testigos a quienes interrogué en forma responsable. Una vez franqueada la entrada, se introducían violentamente; tomaban al jefe de familia, que naturalmente hasta entonces había estado durmiendo y había reaccionado sin poder vestirse, y le exigían firmar un documento por el cual aceptaba el despido de la compañía. Aceptado o no el hecho de la firma, se procedía en seguida a sacarlo. Si se resistía, estaban dispuestos a llevarlo en paños menores. Se le colocaba en un vehículo que para el efecto tenían, y por último, se le llevaba a Pueblo Hundido, a dos horas de viaje desde Potrerillos y a una hora desde El Salvador. Entre El Salvador y Potrerillos no hay más diferencia de procedimiento que ésta: mientras en Potrerillos la viciación de domicilio y la detención arbitraria se practica con un funcionario de la compañía que fue a golpear las puertas y darse a conocer, en El Salvador ello se hace llevando a los detenidos a la oficina de la compañía.

Estos hechos ocurren bajo el Gobierno de ¡a Democracia Cristiana. La prueba de cada uno de ellos está en mi poder. Mientras permanecí en El Salvador y Potrerillos no se atrevieron a repetirlos. Por desgracia, tengo algunas informaciones de que hoy estas brigadas del amanecer han empezado de nuevo a golpear puertas y ventanas, después de rodear las casas, a sacar a los obreros y a trasladarlos a Pueblo Hundido.

El señor CHADWICK.-

¡Esa es la revolución en libertad! ¡Esa es la independencia del Gobierno democratacristiano frente a las compañías! ¡Así se está procediendo!

Yo fui a hablar con el jefe de las fuerzas, una vez que comprobé todo esto. Me había precedido -porque el viaje entre Potrerillos y El Salvador es largo y peligroso- el señor Prefecto de Investigaciones, que tiene sentados sus reales en Potrerillos, y aquél ya estaba informado de los antecedentes reunidos por mí. Negó los hechos. Me dijo que a nadie se había trasladado contra su voluntad. Por desgracia, tuve que representarle la falsedad de esa afirmación suya y el compromiso que yo tomaba de dar cuenta de estos hechos en el Senado de la República. Cumplo esta misión, este deber, y denuncio, en forma responsable, que el actual Gobierno está imponiendo una política de terror entre los trabajadores de Potrerillos y El Salvador.

Es una política que no se detiene en nada. Ni siquiera se respeta a las mujeres y a los niños. Allí, mientras hombres que no merecen llevar el uniforme de nuestro Ejército ni de nuestro Cuerpo de Carabineros logran introducirse a las casas a las dos, a las dos un cuarto, a las dos y media, un cuarto para las tres o a las tres de la mañana, se hace befa del dolor y espanto de la mujer proletaria que ve tomado por la fuerza al jefe de su hogar, llevado detenido sin saber adonde lo conducen. Allí se le dijo a una mujer que tiene cinco hijos que se buscara otro hombre que no fuera tan revolucionario. Ese hombre "tan revolucionario" tiene años y años al servicio de la compañía.

Se aplica la misma política de los nazis: aterrorizar a la gente. Y ya se anuncia toda una campaña de desprestigio personal de los dirigentes del cobre. Se quiere hacer lo mismo de los nazis: crear también la sensación de que se está en la absoluta impotencia. Porque si a la Fuerza Pública que quebranta la ley, viola los domicilios, detiene sin orden judicial, traslada a la gente, se agrega la campaña de mentiras, la orquestación de las cadenas radiales, la difamación, el insulto procaz, se va así completando un cuadro en que el hombre se siente desolado, sin capacidad de reacción.

El Honorable señor Gumucio, Senador de la Democracia Cristiana, no tiene derecho, por lo tanto, para decirnos, como lo hizo hoy, que nosotros estamos alentando movimientos sindicales con fines políticos. ¿Qué fin político puede tener el movimiento sindical de El Teniente, que se ajusta en absoluto a las leyes que rigen los conflictos colectivos, que no ha podido promoverse sin contar con la voluntad mayoritaria, que en este caso es prácticamente unánime en todos los obreros comprometidos en esta huelga? ¿Cómo puede extrañar al Honorable señor Gumucio que los obreros de Potrerillos, El Salvador y Barquitos paralicen las faenas cuando realmente se detiene a sus dirigentes sin orden judicial, en circunstancias de que los turnos de la noche demostraban la normalidad del trabajo y no había ninguna huelga ? ¿ No pueden reaccionar los obreros, entonces, como protesta? ¿Acaso nadie tiene, en El Salvador, Potrerilos y Barquitos, derecho a la legítima defensa de sus organizaciones sindicales?

Afirmo, como abogado, con el respeto que esta Corporación me merece, que incluso la ley vigente sobre Seguridad Interior del Estado reconoce el derecho a la paralización de faenas cuando hay agresión al grupo de trabajadores. Es la agresión que consigna la ley cuando el patrón no entera en la respectiva institución de previsión los dineros descontados a los obreros, o en otros casos semejantes.

Si la ley reconoce la legitimidad de la paralización de faenas ¿podrá discutirse que es absolutamente justo que los obreros hayan dejado de trabajar cuando estas "brigadas del amanecer" llegaron a los domicilios particulares de los dirigentes sindicales el miércoles 2 de marzo? Entonces se produjo la paralización de faenas, después de que sus dirigentes fueron detenidos sin orden judicial, en un plan premeditado de provocación de este Gobierno, como resulta de las declaraciones del señor Subsecretario del Interior, quien no tuvo empacho en decir que esas detenciones habían sido ordenadas preventivamente, con anterioridad a todo hecho que pudiera justificarlas.

Y cuando se provoca a los obreros y se los obliga a ir a la paralización de faenas,

la fuerza militar, los carabineros y detectives se ponen al servicio de la compañía para ir a sacar del campamento, en la forra:; que ya conoce el Senado, a todo obrero que la empresa quiere despedir, aunque se trate de democratacristianos -hay, por lo menos, un caso comprobado, con carnet a la vista-; aunque se trate de obreros sin partido; aunque se trate de radicales; aunque se trate de personas a las cuales no se les puede suponer al servicio de una intención política que pudiera alentar el FRAP.

El señor CHADWICK.-

Agradezco la deferencia del Honorable Senado.

Son los hechos los que hablan, Honorable señor Gumucio. Tengo a la mano los documentos que lo demuestran. Si los señores Senadores de la Democracia Cristiana dudan, que se trasladen conmigo a El Salvador. Si he mentido, que aquí me exhiban como un impostor; pero si digo la verdad, que reconozcan que este Gobierno no está haciendo la revolución en libertad, sino provocando a las organizaciones sindicales y aplicando un régimen de terror. Porque desde hace más de ocho meses las grandes empresas del cobre han resuelto que, no obstante las leyes y privilegios que se les otorgan, nada harán mientras no se liquide la organización sindical de sus trabajadores, mientras no desaparezca la Confederación de Trabajadores del Cobre.

El señor GUMUCIO.-

¿Me permite una interrupción, señor Senador?

En realidad, no estoy en condiciones de rebatir sus afirmaciones de hecho. No tengo por qué dudar de Su Señoría.

Yo tenía una impresión en conciencia y contaba con antecedentes de que, dentro de las organizaciones gremiales, con relación a la huelga del cobre en el norte, había, al mismo tiempo, por parte de dirigentes que pertenecen al partido del señor Senador, una actitud de absoluta prepotencia, de dictura [dictadura] gremial, tendiente a impedir que las asambleas pudieran pronunciarse.

Pero, en fin, deseo referirme a otro aspecto.

El señor CHADWICK.-

Me haré cargo de las observaciones del Honorable señor Gumucio, pues las cosas aquí no pueden ser eludidas.

Yo he formulado una petición que tiene un sentido moral de emplazamiento a los señores Senadores de la Democracia Cristiana, con el objeto de que vayan a Potrerillos y a El Salvador a investigar los hechos -yo estaré el sábado allá- y hablen con sus militantes. ¿Qué clase de prepotencia puede haber, cuando los militantes del Partido Demócrata Cristiano tienen directores en los sindicatos? ¡Si entre los detenidos está, por ejemplo, el camarada Ocaranza! ¡ Porque ése sí que es un fiel servidor de su clase obrera y viejo militante del partido de Gobierno!

¿Cómo no voy a hablar en el Senado, entonces, con cierto rigor?

No caigamos en la trampa de hacernos eco de difamaciones. Los nazis usaban los dos procedimientos: la violencia física y el aplastamiento moral. Lo que nos ha dicho el Honorable señor Gumucio es tremendamente grave, porque Su Señoría, sin quererlo, se ha puesto también al servicio de la política de aplastamiento moral.

El señor GUMUCIO.-

Me han dicho, , personas que me merecen fe, que en las compañías hay concesionarios que son dirigentes sindicales. Voy a investigarlo. Si es falso, lo reconoceré; pero si es verdad, espero que así también sea reconocido.

El señor AMPUERO.-

¿No habría sido preferible que el Honorable señor Gumucio hubiera realizado esa investigación antes de formular su denuncia en el Senado, y no haber dado detalles sin un conocimiento responsable de los hechos?

El señor CHADWICK.-

Yo vengo a decir las cosas que he comprobado, que puedo demostrar y cuya realidad no admite ninguna duda, a quien se interese por conocerlas.

Entonces, cabe preguntarse: ¿vamos a seguir en este juego macabro de oír hablar de democracia, de libertad, mientras este Gobierno está repitiendo las hazañas de los nazis con los obreros de Potrerillos y El Salvador, por ser ésos rincones cordilleranos que están a dos mil novecientos y dos mil cuatrocientos metros do altura y cuesta llegar allá, porque están ocupados militarmente; porque, con metralleta, se detiene sin orden judicial a los obreros; porque a la gente no se le paga siquiera el mes trabajado? En marzo empieza a imperar la obligación de pagar febrero, y no se ha cumplido. Se están devolviendo los camiones cargados con víveres, especialmente con verduras. Se está creando un estado de desesperación.

No obstante, en el Senado se pretende decir que nosotros alentamos un movimiento con fines políticos, cuando entre los dirigentes presos hay democratacristianos, como también los hay entre los obreros detenidos ilegalmente.

Ante esto, tengo que concluir que aquí hay una distorsión entre los hechos y las palabras, entre la verdad y ciertas afirmaciones.

Agradezco al Senado que me haya dado la oportunidad de denunciar estos hechos y de poner las cosas en el conocimiento público.