Labor Parlamentaria

El señor PAPIC (Presidente en ejercicio).-

En el Orden del Día, corresponde conocer del proyecto de ley, de origen en un Mensaje del Ejecutivo, que deroga el artículo 20 de la ley N° 15.386, sobre revalorización de pensiones.

El proyecto está impreso en el Boletín N° 10.477. Diputado informante de la Comisión de Trabajo y Legislación Social es e! Honorable señor Escorza.

- Dice el proyecto:

"Artículo único.- Derógase el artículo 20 de la ley N° 15.386, de 11 de diciembre de 1963.

Artículo transitorio.- Concédese un plazo de 30 días, contado desde la fecha de la presente ley, para que los interesados que así lo deseen se desistan, ante la Contraloría General de la República, de las solicitudes de desahucio formuladas de acuerdo con el artículo 20 de la ley N° 15.386, y que se encuentren en tramitación en dicho organismo, o pendientes de pago en el Servicio de Tesorerías.

El mismo derecho que señala el inciso anterior, tendrán los demás beneficios del artículo 20."

El señor ESCORZA.-

Señor Presidente, la Comisión de Trabajo y Legislación Social, después de estudiarlo, aprobó, por la mayoría de sus miembros, el proyecto de ley, originado en un Mensaje del Ejecutivo, que deroga el artículo 20 de la ley Nº 15.386, sobre revalorización de pensiones.

Durante el examen de esta iniciativa legal, la Comisión contó con la asesoría del señor Contralor General de la República y del señor Superintendente de Seguridad Social, quienes nos proporcionaron amplios antecedentes sobre el desfinanciamiento del Fondo de Seguro Social de los empleados públicos.

Ellos aparecen también en el informe de la Comisión que tienen en su poder los Honorables Diputados. Según esas cifras, el fondo mencionado está desfinanciado actualmente, en 24 millones de escudos.

Los egresos mensuales de dicho fondo, de acuerdo con el número de peticiones de desahucio presentadas por funcionarios públicos, ascienden a un valor aproximado de 8.500.000 escudos; y los ingresos mensuales, que provienen de aportes de los imponentes, se calculan en 3 millones de escudos y fracción.

A simple vista, se puede apreciar que existe un desfinanciamiento de ese fondo que, evidentemente, afecta a todos los trabajadores de la Administración Pública.

Para remediar esta situación anómala, habría que gravar a los funcionarios públicos con mayores impuestos, a fin de dar al fondo mencionado el financiamiento necesario.

Pero, como todos sabemos, en estos instantes, el régimen previsional vigente impone a sueldos y salarios gravámenes que disminuyen apreciablemente sus ingresos. Por esta razón la mayoría de la Comisión de Trabajo y Legislación Social consideró conveniente recomendar a la Cámara la aprobación del proyecto de ley en discusión.

Estamos conscientes de que los servidores públicos más beneficiados con la situación actual, son los que ocupan altos grados y, en consecuencia, reciben las mejores remuneraciones de la Administración Pública.

Pero, la mantención de este privilegio perjudicará al resto de los trabajadores fiscales, ya que aumentará el desfinanciamiento del fondo de desahucio. Quiero hacer presente, también, que la Contralo-ría General está retrasando el pago del desahucio por más de un año y medio.

Según el Contralor General, si no se deroga el artículo 20 de la citada ley, los interesados deberán esperar más de dos años para que se les cancele ese beneficio. Por lo tanto, la finalidad perseguida por el artículo 20, prácticamente, se ha desvirtuado. Esa es la razón que ha tenido el Ejecutivo para enviar este proyecto, especialmente, después de los antecedentes proporcionados por el señor Contralor General.

En nombre de la Comisión de Trabajo y Legislación Social, que le ha prestado su aprobación, ruego a la Cámara que lo despache favorablemente, a fin de remediar las dificultades expuestas.

El Honorable señor Rodríguez, donJuan, me había pedido una interrupción. Se la concedo con todo agrado.

El señor FUENTES (don Samuel).-

Señor Presidente, decía que a los Diputados radicales y, seguramente a los demás miembros de esta Cámara, nos parece que cuando se desfinancia un beneficio previsional que se ha otorgado por ley, no procede derogar ésta, sino buscar un financiamiento. Por esta razón, consultaba al señor Diputado informante, si la Comisión que estudió la iniciativa del Ejecutivo consideró ¡a posibilidad de financiar este beneficio con algún recurso extraordinario. Recuerdo que la disposición que ahora se pretende derogar, se aprobó en el período anterior y contó con el apoyo de los Diputados democratacristianos de aquel entonces. Incluso el actual Presidente de la Cámara, don Eugenio Ballesteros, actuó como Diputado Informante y sostuvo, con un criterio realista, que era indispensable otorgar este beneficio a los funcionarios de la Administración Pública. El precepto se aprobó por unanimidad, ni siquiera fue vetado por el Gobierno pasado.

El actual Presidente de la República ha manifestado su propósito de seguir sirviendo a los asalariados. En consecuencia, eso se justifica que la Democracia Cristiana patrocine ahora la supresión de este beneficio.

En consecuencia, en mi concepto, el Congreso Nacional debe estudiar un nuevo financiamiento y no derogar esa disposición. No debe alarmarnos el retraso en el pago del desahucio a los funcionarios públicos, porque el mismo problema se presenta respecto de otros imponentes, como aquéllos que están afiliados a la Caja de Previsión de Carabineros. Esta institución está pagando el desahucio con casi un año de retardo. Esto lo sabemos todos los parlamentarios. En esta Caja también se ha producido un déficit como consecuencia de que han aumentado los sueldos que perciben sus imponentes, pero no se han incrementado, proporcionalmente, las tasas de las imposiciones para el fondo de desahucio. Sin embargo, a nadie se le ha ocurrido derogar este beneficio, y los Carabineros que se retiran tienen que esperar hasta un año para que se les pague el desahucio. Lo mismo ocurre en la Caja de Previsión de la Defensa Nacional. Por eso, considero que la Comisión de Trabajo y Legislación Social, que conoció esta iniciativa del Ejecutivo, debió estudiar un nuevo financiamiento para mantener el beneficio contemplado en el artículo 20 de la ley N° 15.386, o enviar el proyecto a la Comisión de Hacienda, para que ésta lo buscara.

Por estas razones, y las que expondremos más adelante, los Diputados de estas bancas rechazaremos el proyecto en discusión.

En todo caso, ruego al señor Diputado informante que se sirva darnos alguna información sobre esta materia.

El señor ESCORZA.-

Señor Presidente, en relación con la consulta formulada por el Honorable señor Fuentes, don Samuel, debo manifestar que algunos señores Diputados miembros de la Comisión plantearon la necesidad de estudiar un nuevo financiamiento del Fondo de Seguro Social. Pero, como sabe el Honorable colega, el artículo 107 del Estatuto Administrativo establece que él se constituye con el aporte del 6% de las remuneraciones imponibles de todos los empleados de la Administración Pública. En consecuencia, para poder financiarlo habría que aumentar ese descuento que se hace a los imponentes, lo que la Comisión no estimó aconsejable, porque los trabajadores fiscales están gravados ya con muchos impuestos. Esta fue una de las razones por las cuales se consideró que el Fondo de Seguro Social no debía financiarse con cargo a los sueldos de los empleados públicos.

Además, quiero hacer presente que la finalidad del Congreso, al aprobar el artículo 20 de la ley mencionada, fue dar salida a estos dineros, con el objeto de que el servidor de la Administración Pública pudiera hacer una inversión, la que podría consistir en la compra de una casa u otro bien que resguardara debidamente el esfuerzo realizado durante treinta años de servicios. El artículo 108 del Estatuto Administrativo contempla esta seguridad; de modo que la capitalización que se pretende hacer con el Fondo de Seguro Social, especialmente la parte del fondo de desahucio que acumula cada funcionario público, está muy bien resguardada en el Estatuto. Por lo tanto, el artículo 20 de la ley N° 15.386 no tendría la trascendencia que se le ha querido dar, porque sólo beneficia, como he manifestado, a los funcionarios que, al cumplir treinta años de servicios, retiran su desahucio y continúan trabajando. Es indudable que las personas que se acójen a los beneficios de la jubilación deben tener preferencia, ya que quien se acoge a jubilación es porque ha trabajo una vida entera, por lo cual es lógico que retire lo antes posible la capitalización hecha por su esfuerzo. Nosotros estimamos que para evitar este des-financiamiento, que perjudica a los empleados que jubilan, porque éstos tienen que esperar un año, como lo ha señalado el Honorable señor Fuentes, para recibir su desahucio, debe derogarse este artículo 20 de la ley N° 15.386, a fin de dar preferencia como digo a los funcionarios que jubilan.

El señor CAMUS.-

Señor Presidente, concuerdo totalmente con las expresiones vertidas por el Honorable señor Fuentes en cuanto a que esta solución que ha propuesto el Ejecutivo, para evitar el des-financiamiento del fondo de desahucio producido por la aplicación del artículo 20 de la ley N° 15.386 no es favorable, y afecta, evidentemente, a los funcionarios públicos que gozan actualmente del beneficio establecido en esa disposición legal, es decir, de poder obtener el pago de! desahucio cuando cumplan 30 años de servicios.

Los Diputados que tenemos que atender a modestos funcionarios públicos hemos podido comprobar cómo este beneficio de obtener un capital, que ellos mismos han acumulado, antes de retirarse de la Administración Pública, ha producido un efecto sumamente provechoso, por cuanto la jubilación de estos funcionarios no se produce forzosamente a los 30 años de servicios, ya que los que están en condición de continuar trabajando lo pueden hacer.

El señor VALENZUELA (don Ricardo).-

Aquellos empleados públicos que, a pesar de haber cumplido treinta años de servicios continúan desempeñando sus funciones, pueden cobrar actualmente el desahucio, lo cual impide que hagan lo mismo aquellos funcionarios públicos que jubilan, es decir, que se retiran de la Administración Pública, por que el fondo de desahucio está totalmente desfinanciado, debido precisamente, a esta corruptela que ha permitido pagar el desahucio a aquéllos que todavía están...

El señor CAMUS.-

¡No es corruptela!

- Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor PAPIC (Presidente en ejercicio).- Honorable señor Camus, llamo al orden a Su Señoría.

El señor VALENZUELA (don Ricardo).-

Por otra parte, puedo afirmar que este proyecto de ley obedece...

El señor PAPIC (Presidente en ejercicio).-

¡Honorable señor Rioseco!

El señor VALENZUELA (don Ricardo).-

...a una idea de saneamiento de la Administración Pública en esta materia, que fue solicitada nada menos que por la más alta autoridad contralora existente en el país, cual es el Contralor General de la República. Y a tal extremo es importante la Contrataría, que nosotros sabemos que en la Constitución Política de otros países existe como un cuarto Poder del Estado. Aquí en Chile se halla establecida en esa forma, pero, en el hecho, tiene importantes funciones de planificación en los aspectos jurídicos y financieros de los organismos fiscales, municipalidades y otros servicios del país. Pues bien, esta alta autoridad es la que ha solicitado esta medida de saneamiento, a la cual el Ejecutivo ha dado acogida a través de este proyecto de ley.

Esta es la explicación que he creído necesario hacer después de escuchar las palabras del Honorable señor Camus.

El señor GUASTAVINO.-

Señor Presidente, sólo deseo hacer una pregunta al señor Diputado Informante, que fluye en cierto modo, según me parece, del texto del proyecto de ley que estamos discutiendo.

Tengo extraordinario interés en que quede totalmente en claro la situación que se creará a los funcionarios que ya presentaron su solicitud de desahucio, pues en el proyecto se habla de un desistimiento de aquéllos que se acogieron a este beneficio.

Esto es muy importante, porque se ha planteado muchas veces el caso de personas que, habiéndose acogido a la disposición del artículo 20 de la ley N 15.386, desean saber si, despachado por el Congreso Nacional este proyecto y vigente ya como ley de la República, no se frustrarán las expectativas absolutamente justas y razonables que tuvieron al presentar oportunamente su solicitud de desahucio de acuerdo con esa disposición legal.

Quisiera, entonces, que esta situación quedara perfectamente enclarecida ante los parlamentarios y la opinión pública.

Por eso que hago esta pregunta al Honorable Diputado Informante.

El señor ESCORZA.-

En realidad, la pregunta que ha hecho el Honorable señor Guastavino es muy importante, porque, si un servidor público ha solicitado que se le entreguen ¡os fondos correspondientes al desahucio y ha contraído el compromiso respectivo, entiendo que la Honorable Cámara podrá perfectamente considerar el caso a fin de ampliar el plazo de treinta días que fija el proyecto para el desistimiento de las solicitudes de desahucio ya formularias.

Respecto de esta disposición hicimos una consulta al Contralor General de la República, quien nos expresó que en este instante no hay posibilidad alguna de dar curso a los pagos correspondientes a estos desahucios que están pendientes, que ello se haría en un año y medio más. De modo que, en relación con el desistimiento que el proyecto establece, queda en claro que los funcionarios públicos que han presentado solicitudes de desahucio, de acuerdo con lo que dispone el artículo 20 de la ley N 15.386, tendrá treinta días para desistirse de ellas; pero los que se concedan antes de que entre en vigencia esta ley, tendrán que ser respetados según entiendo. Esta es la respuesta a la pregunta del Honorable señor Guastavino.

El señor GUASTAVINO.-

Ahora quedo un poco más preocupado con la respuesta que el señor Diputado Informante ha dado a la pregunta que le he formulado.

Dije que del texto del proyecto fluía en cierto modo una pregunta respecto a la situación que se creará a quienes presentaron sus solicitudes de desahucio de acuerdo con el artículo 20 de la ley Nº 15.386 y no se desistan de ellas. Y es más necesario que quede en claro esta situación después de lo dicho por el señor Diputado Informante, en cuanto a que entiende que se respetará su derecho a esas personas.

El artículo transitorio de este proyecto de ley establece lo siguiente:

"Concédese un plazo de 30 días, contados desde la fecha de vigencia de la presente ley, para que los interesados que así lo deseen se desistan, ante la Contraloría General de la República, de las solicitudes de desahucio formuladas de acuerdo con el artículo 20° de la ley N° 15.386, y que se encuentren en trámite en dicho organismo, o pendientes de pago en el Servicio de Tesorerías".

Me gustaría que las disposiciones de la ley sobre esta materia fueran mucho más taxativas. Entiendo que para aquéllos que no se desistan de sus solicitudes, la tramitación del pagó seguirá su curso. Respecto de los que se desistan, no hay problema.

Es interesante que quede bien en claro la situación de esta gente, porque muchos han cifrado sus esperanzas en este artículo 20 de la ley N° 15.386.

Puedo citar el caso de una profesora con muchos años de servicios. Saben Sus Señoría que el monto de la jubilación de un profesor equivale al promedio del sueldo de los 36 últimos meses de servicios. Pues bien, a esa profesora, que con mucho esfuerzo, logró que su hijo fuera dentista, no le conviene jubilar, porque perdería el

50% del sueldo que percibe en la actualidad. Ella ha cifrado sus expectativas para comprarle el equipo dental a este muchacho en el artículo 20 de la ley N° 15.386. Por eso, vale la pena dilucidar este asunto para que sirva de cartabón a muchos funcionarios, quienes han cimentado sus esperanzas en esa disposición legal.

Por esta razón, reitero mi requerimiento a este respecto.

El señor VALENZUELA VALDERRAMA (don Héctor).-

Señor Presidente, quiero contestar la pregunta tan interesante que ha hecho nuestro Honorable colega señor Guastavino, porque la verdad es que ella se relaciona con un asunto de extraordinaria importancia.

En la Comisión respectiva estudiamos concretamente un caso similar al planteado por el Honorable señor Guastavino. Y estoy en condiciones de manifestar que la persona que ha cifrado sus expectativas en el desahucio, que recibirá luego de cumplido 30 años de servicios en la Administración Pública, tiene derecho a optar entre dejar que continúe la tramitación normal del desahucio o bien desistirse de esa tramitación.

Pero hay un problema sobre el cual deseo llamar la atención. En el financia-miento actual de la ley, la persona que continúa la tramitación recibirá el desahucio a un año y medio plazo, sobre la base del sueldo que tiene hoy día. Por lo tanto, si bien sus legítimas expectativas serán acogidas, en el hecho sufrirá un perjuicio muy serio, porque la ley no está financiada.

Contestando derechamente la pregunta del Honorable señor Guastavino, que la considero muy pertinente, la situación de esa persona es, en síntesis, la siguiente: puede desistirse o no desistirse. Si no hay desistimiento, que es el caso planteado por el Honorable colega, la tramitación seguirá su curso, pero el interesado recibirá su desahucio en un año y medio más y de acuerdo con el sueldo que tiene hoy día, es decir, desvalorizado por efecto de la inflación.

Voy a ahondar en algunos aspectos que ya trató el Diputado informante, Honorable colega señor Escorza. Este es, justamente, uno de aquellos proyectos en los que es muy fácil resbalar hacia una posición demagógica. La verdad es que declarar, "a fardo cerrado" sin un estudio acabado, que se votará en contra de él puede significar que, en apariencia, se sirva a determinados grupos de trabajadores, pero que, en el fondo, se favorezca sólo a los sectores de más altos ingresos, en perjuicio de los de más bajas rentas y mayores necesidades. Voy a tratar de probar esta afirmación.

En primer término, mediante un análisis del desfinanciamiento producido hasta ahora en el fondo de seguro social por la aplicación del artículo 20 de la ley Nº15.386, que consagró el citado beneficio, entre otros, para los empleados de la Administración Pública, se pueden establecer las siguientes premisas, tomando como base las cifras estadísticas que a continuación mencionaré:

1°.- En el lapso comprendido entre el 13 de abril y el 12 de agosto del presente año, período que sirvió de base para obtener los datos en cuestión, fueron despachados por la Contraloría General de la República 2.519 liquidaciones de desahucio, de las cuales 959, es decir, el 38,07%, correspondieron a funcionarios en servicio activo.

2°.- En el período antes señalado, los desahucios representaron un gasto total de E° 34.054.240,18, del cual más de 20 millones de escudos correspondieron al personal acogido al artículo 20 de la ley N° 15.386.

El señor RODRÍGUEZ (don Juan).-

¿Quién es el Diputado informante?

El señor VALENZUELA VALDERRAMA (don Héctor).-

3°.- El gasto promedio mensual de las liquidaciones de desahucio fue de más o menos 8 y medio millones de escudos e ingresó al fondo de seguro social una suma aproximada a los 3 millones 700 mil escudos, por concepto de imposiciones, lo que arrojó un déficit mensual de 4 millones 800 mil escudos.

4°.- Del gasto promedio mensual indicado, los desahucios de las personas en actividad demandaron el 59,37%, y los de las personas que se retiraban del servicio, el 40,63%. Es decir, éste es, fundamentalmente, un beneficio para los funcionarios que continúan recibiendo renta y no para aquellos que se retiran, que son los que más lo necesitan. Repito: el 59,37% correspondió a los desahucios de quienes permanecían en actividad y sólo el 40,63% a los de quienes se retiraban del servicio.

Cabe señalar que, según antecedentes obtenidos en la Contraloría y en la propia Tesorería General de la República, las cifras que sirven de base para este análisis han sufrido muy pequeñas variaciones en septiembre y octubre, por lo que resultan perfectamente válidas para su proyección a los meses futuros.

En consecuencia, puede concluirse que, de continuar la situación actual, el déficit de 14 millones de escudos, que el señor Contralor comunicó al señor Ministro de Hacienda, por oficio Nº 64.777, de 13 de septiembre último, aumentará en forma tal, que a la postre, hará peligrar la estabilidad del fondo mismo, máxime si consideramos que hoy día dicho déficit ya alcanza a la suma de 24 millones de escudos. En un solo mes, el déficit subió de 14 a 24 millones de escudos. Por los datos y estudios de progresión que tenemos, en el próximo mes, el desfinanciamiento de este fondo llegará a una cantidad cercana a los 40 millones de escudos, lo que hará absolutamente ilusorio el beneficio que se tuvo en vista al aprobar ei artículo 20 de la ley N° 15.386.

Por el contrario, de los mismos antecedentes expuestos se desprende que, si se aprueba el proyecto de ley actualmente en estudio, que reprime el beneficio otorgado por el artículo 20 de la ley N° 15.386, el gasto promedio de más de 8 millones y medio de escudos se reducirá, conforme a las cifras antes consignadas, a 3 millones y medio de escudos, a causa del menor gasto de los 5 millones de escudos que, en la actualidad, corresponden a los desahucios del personal en servicio activo, como ya señalé.

Cabe hacer presente, para que la Honorable Cámara lo tenga en consideración al pronunciarse sobre este proyecto, que, junto con otorgarles el desahucio, esta ley libera de la obligación de imponer en el fondo, a pesar de que continúan ganando su sueldo. Como tienen más de 30 años de servicios, estos funcionarios son los de más altas rentas y los que más influyen en el desfinanciamiento del fondo. Si se compara el gasto promedio de 3 millones y medio de escudos, antes citado, con la cantidad de 3 millones 700 mil escudos, que se obtienen, mensualmente, por concepto de imposiciones en el fondo

de seguro social, se tiene un saldo favorable de 200 mil escudos al mes. Como es de comprender, por la cuantía del déficit actual, la recuperación del fondo se producirá muy lentamente.

Pero, en este punto, la Contraloría General de la República ha creído, y así nos lo dijo el señor Contralor, que serían factores favorables a la aceleración de dicho proceso de recuperación- con esto trato de contestar la pregunta de mi Honorable colega señor Samuel Fuentes- los siguientes:

1°.- El aumento vegetativo de los sueldos del personal de la Administración Pública,- que redundará en mayores imposiciones en el fondo.

El señor RODRÍGUEZ (don Juan).-

¿Quién es el Diputado informante?

El señor VALENZUELA VALDERRAMA (don Héctor).-

2°.- La circunstancia de que, al derogarse el beneficio, ninguno de los funcionarios dejará de imponer, como ocurre actualmente.

3°.- La seguridad de que, en virtud de la disposición transitoria contenida en el proyecto, muchos empleados que tienen pendiente el pago de su desahucio, formularán el respectivo desistimiento, con lo cual se producirá la consiguiente disminución en el déficit actual.

El señor RIOSECO.-

Agradezco al señor Diputado informante la gentileza de concédeme una interrupción.

Señor Presidente, en primer lugar, quiero expresar mi más enérgica protesta por las palabras del Comité de la Democracia Cristiana, Honorable señor Ricardo Valenzuela. Hablar de corruptela me parece una cosa insólita, porque los funcionarios están haciendo uso de un derecho que les concede una disposición legal. Este beneficio se originó, si mal no recuerdo en una iniciativa del ex Ministro de Trabajo y Previsión Social, señor Calvez, y fue apoyada con calor y votada favorablemente por todos los sectores de la Cámara. El propio Honorable señor Valenzuela la apoyó cuando se debatió en las Comisiones unidas de Hacienda y de Trabajo y Previsión Social, en el período pasado. Que al uso de un derecho legal lo llame "corruptela" la misma persona que concedió, que contribuyó con su voto a establecerlo, me parece una cosa insólita y ajena al estilo ¡parlamentario a! cual estamos acostumbrados.

Hecha esta aseveración, quiero entrar en el fondo de la materia. Este derecho, otorgado por el Parlamento anterior, se basa en un sistema aplicado en muchos países del mundo, en especial en los del área socialista y particularmente en Polonia, donde, a cierta edad, o cuando completan determinado número de años de servicios, se les permite a los trabajadores recibir sus derechos previsionales, sin abandonar el desempeño de sus cargos. Este es un sistema de universal aceptación. Se trata de que el estímulo de percibir el desahucio y demás derechos previsionales no coarte la posibilidad de que el funcionario, obrero o empleado, siga entregando al Estado o a la colectividad el acervo de sus conocimientos y de su experiencia. Esta es la filosofía del artículo 20 de la ley de revalorización de pensiones. Decir que este derecho es una corruptela,- me parece, repito, una cosa insólita. Se puede estar en desacuerdo con el sistema, pero no cabe calificarlo de ese modo.

La finalidad del beneficio es aprovechar los elementos valiosos que hay en la Administración Pública, permitiéndoles percibir el desahucio, continuar trabajando, sirviendo al Estado, y obtener, a "posteriori", la jubilación que merecen, por su número de años de servicios, o polios distintos caminos que la previsión les franquea, ya que nuestra legislación establece claramente la compatibilidad entre 1a jubilación y el desahucio, como derechos completamente distintos y diferenciados.

Ahora bien, se ha producido en este caso el desfinanciamiento del fondo, por fallas en su cálculo actuarial. Si queremos fijar la tesis de que el funcionario tiene derecho a percibir este fondo de desahucio y continuar trabajando para entregar a ¡a colectividad y al Estado el acervo de su experiencia, debemos tomar el camino de buscar nuevos recursos y no privar a los trabajadores del Estado de un derecho legítimamente conquistado. adquirido y solventado en forma adecuada para los objetivos con que fue creado, aun cuando en su mecánica financiera haya tenido dificultades.

Por eso, hemos presentado indicaciones en forma precisa para refinanciar el fondo, a fin de no quitar a los trabajadores del Estado derechos ya adquiridos. Con ello reafirmamos la tesis que existe en materia previsional, sobre la perfecta diferenciación entre el derecho previsional al desahucio y el de la jubilación u otros inherentes a su condición de servidores del Estado.

La especiosa argumentación del Diputado "subinformante" señor Héctor Valenzuela Valderrama, no nos ha convencido en absoluto; porque la verdad de las cosas es que él ha empleado toda su brillante argumentación en demostrar el desfinanciamiento del fondo, pero no en plantear la tesis política que fundamenta su negativa a mantener el derecho de los servidores del Estado a recibir su indemnización por años de servicios, independientemente de la jubilación.

Nosotros sabemos, como ha señalado el Honorable colega señor Gustavino, que muchas situaciones angustiosas de los imponentes se solucionan, precisamente, con la obtención de este derecho a desahucio totalmente diferenciado de la jubilación.

De manera que reconocemos el desfinanciamiento actuarial y real del fondo; pero queremos solucionarlo por la vía del refinanciamiento, manteniendo para los servidores del Estado el derecho a jubilación separadamente del de desahucio.

Nada más, señor Presidente.

Gracias, señor Diputado informante.

El señor RODRÍGUEZ (don Juan).-

Señor Presidente, durante la discusión de este proyecto en la Comisión de Trabajo y Legislación Social planté con toda claridad que éste era un problema de financiamiento y, por tanto, no correspondía derogar una reivindicación social obtenida por los trabajadores, pues esto último equivalía a legislar en contra de los derechos y conquistas que consiguen los asalariados a través de sus luchas sociales. El señor Contralor General de la República estuvo de acuerdo en que se trataba de un problema de financiamiento.

El señor Diputado informante, en esta oportunidad, no se ha dignado explicarnos en forma clara y precisa el financiamiento del fondo de desahucio de los trabajadores fiscales. Sólo ha anunciado los recursos que se obtienen mediante la imposición de un 6%, pero -y a ello va dirigida mi consulta- no ha dicho que ese porcentaje se aplica sobre el sueldo mensual de cada funcionario ni ha manifestado que el desahucio corresponde a 24 mensualidades para algunos empleados y a 30 para otros.

El señor Diputado informante tampoco ha indicado que cada mensualidad de desahucio se calcula sobre el último sueldo percibido por el funcionario. Entonces, se ha estado descontando el 6% de los sueldos durante 30 años y esa remuneración ha variado. Sin embargo, como el funcionario va a jubilar con la última renta, en el futuro, no sólo tendremos que derogar, como lo pretende el Ejecutivo y la Democracia Cristiana, este beneficio especial, sino también deberemos suprimir el derecho al desahucio, porque va a producirse un desfinanciamiento del fondo de seguro social.

Señor Presidente, yo deseo que el Diputado informante nos explique esta situación, porque el caso muy especial que aparece en el informe, citado por el Honorable señor Valenzuela, como asimismo por el señor Contralor, es un caso aislado y no constituye la norma general.

En consecuencia, pido al Honorable señor Escorza se sirva analizar con toda precisión el financiamiento actual y futuro del fondo de seguro social.

Voy a poner un ejemplo sobre la situación que podría presentarse. Supongamos que todos los empleados públicos con 30 años de servicios jubilaran y pidieran su desahucio. Debería decírseles que es imposible pagarlos, pues el fondo de ese beneficio está desfinanciado. Pero nosotros debemos ser consecuentes con esas disposiciones legales.

En realidad, existe un desfinanciamiento del fondo mencionado, porque durante 30 años las imposiciones para solventar este beneficio no se hacen sobre una misma remuneración, y como el desahucio se paga sobre el último sueldo, la falta de recursos está en relación directa con las diferencias de sueldos producidas en ese lapso.

En consecuencia, siempre existirá un desfinanciamiento, sea para el pago de desahucio adelantado o del correspondiente a los funcionarios que se retiran de los servicios administrativos.

Deseo -repito- que el señor Diputado informante nos explique cómo se puede solucionar este problema.

El señor ESCORZA.-

Señor Presidente, no tengo ningún inconveniente en contestar las preguntas del Honorable señor Rodríguez, a pesar de que ellas tienen, en parte, una finalidad muy específica, pues las respuestas son ya conocidas.

En efecto, todos nosotros sabemos que existen diversos regímenes de desahucio. Conocemos, por ejemplo, el desahucio otorgado en virtud de la ley N° 7.978, que se paga directamente al personal ferroviario; también el que conceden las leyes N°s. 11.219 y 11.464, que se otorga al personal de las municipalidades, quienes no hacen imposiciones; y, además, el establecido por otras disposiciones de orden previsional, que afectan a los empleados particulares, las cuales no corresponde analizar en este proyecto de ley.

Ahora bien, al comenzar mi intervención, manifesté que el objetivo de esta iniciativa legal es resguardar los derechos de las personas que se retiran de la Administración Pública, es decir, de quienes, al jubilar, evidentemente necesitan disponer de toda la capitalización previsional hecha durante el tiempo servido en cualquiera institución del Estado.

Luego, esta iniciativa legal también persigue proteger los intereses de los empleados que se retiran por otras causales. Hay gente que se retira por enfermedad o por desear un cambio de actividad. En ese momento, estos servidores públicos no deben estar esperando un año y medio o dos años para que se les pague el desahucio.

En consecuencia, el sentido específico de este proyecto de ley es resguardar el derecho de todos los servidores de la Administración Pública, en el aspecto general, a obtener rápidamente sus fondos de desahucio en el momento en que dejen efectivamente el trabajo.

Además, el artículo 108 del decreto con fuerza de ley N° 338, llamado Estatuto Administrativo, establece que también podrán impetrar este beneficio los servidores públicos que quieran usar esos fondos en la adquisición de un bien raíz o de una casa, siempre que tengan más de 20 años de servicios. Y muchos funcionarios que reúnen tales requisitos están actualmente solicitando su desahucio, pero como existe desfinanciamiento, por las razones ya expuestas, tampoco pueden obtenerlo. Y esto trae como consecuencia el que ellos, entonces, no logren plena vigencia del precepto consignado en el Estatuto Administrativo.

Esas fueron las razones principales que tuvo en vista la mayoría de la Comisión de Trabajo y Legislación Social para aprobar el proyecto en debate.

Creo, señor Presidente, haber dado satisfactoria respuesta a las preguntas que se han formulado.

El señor GODOY URRUTIA.-

Señor Presidente, yo entiendo que nos encontramos ante una situación verdaderamente irregular en la discusión de este proyecto, porque, como venimos observando durante el último tiempo, en los debates de esta Corporación, sobre todo en los debates de importancia general, la concesión de la palabra se traslada, de hecho, del Presidente de la Honorable Cámara, al Diputado informante, por la vía de la interrupción. Y ésta es una cosa francamente irregular.

El Honorable señor Escorza acaba de pedir que las interrupciones sean breves y a poco indica sobre qué deben girar las palabras de los que, metiéndose un poco por la ventana, van a tener oportunidad de referirse al proyecto en discusión.

Me parece que, si alguna reforma debe introducirse rápidamente en el Reglamento, es la que limite el tiempo del o los Diputados informantes, porque, de otra manera, el resto de la Honorable Cámara queda entregado, entonces, única y exclusivamente, a que se le conceda la gracia de usar de la palabra por la vía de la interrupción. Y esto es, repito, absolutamente irregular. Crea un privilegio inaudito y, sobre todo, menoscaba las fuerzas de la minoría o de la Oposición, pues nunca sus parlamentarios serán designados Diputados informantes de algún proyecto de ley.

Entonces, señor Presidente, como prácticamente el derecho a usar de la palabra se concede por la vía de la interrupción, yo pretendo decir, reduciendo al máximo cuanto se pueda manifestar sobre la materia, que, en primer lugar, los empleados afectados por esta legislación, que cual disposición de emergencia, trata de poner término a un derecho vigente desde hace aproximadamente tres años, son personas que hacen uso de un derecho adquirido, a cuyo financiamiento han concurrido. No es ésta una gracia del Estado; no significa una corruptela, pues los fondos del desahucio no se los sacan al Presidente de la República de su bolsillo, ni al partido de Gobierno de sus faltriqueras. El dinero que van a cobrar, lo han entregado mensualmente ellos, como cotización a un régimen previsional, cuyos costos son inigualados en todo el mundo: son los más caros de la tierra. Además, a la gente se le otorgan beneficios previsionales para entrar a la muerte, como quien dice, y no para vivir. Existe la jubilación, el derecho a cuota mortuoria, etcétera; pero cada vez se menoscaba más, se reduce y sufre un proceso "capitis diminutio" el sueldo, con lo cual deben defenderse de las alzas de precios y que les permite alcanzar un mediano nivel de vida, ya que importa mucho más lograr un desahogo económico inmediato y no esperar la hora de de la muerte, para que los deudos puedan cobrar algún beneficio previsional.

Desde este punto de vista, sostenemos que tampoco los funcionarios han sido los creadores de esa dificultad financiera. Esta se ha venido desarrollando a través de todo un proceso, el cual conduce a una situación de privilegio exclusivamente a quienes, aparte de seguir trabajando y percibiendo el último sueldo después de 30 años de trabajo, percibirán una suma relativamente importante de desahucio.

Aquí se habla de millones de pesos; pero esto es como acumular hojas de árbol.

Porque, ¿cuál es el valor adquisitivo de la moneda? ¿Por qué, entonces, la gente se escandaliza cuando se habla de millones? En un cuarto de una población "callampa" podemos encontrar cosas por valor de tres, cuatro, cinco o diez millones de pesos, como pequeños artefactos, pagados a plazo, algunas camas, un poco de ropa. Esta es la verdad. ¡Para qué escandalizarse tanto, pues, cuando se habla de alguien que cobró doce o quince millones de desahucio, que sólo proporcionan un desahogo económico momentáneo!

Ahora bien, algunos Honorables colegas del Partido Radical han hecho referencia a un hecho que se va generalizando en el mundo y que existe en toda el "área socialista". A los treinta años de labores, que es el período que se reconoce para acogerse a la jubilación, se permite a aquellos trabajadores que quieran seguir en servicio voluntariamente, percibir, al mismo tiempo, la mitad de la pensión de jubilación. Con esto, el Estado se ahorra la mitad de un sueldo, porque si el funcionario jubila y se va con todo su sueldo o con el 75 o el 80% de él, hay que reemplazarlo por otro empleado, debiendo destinarse en los presupuestos los fondos para un nuevo sueldo completo. ¿Qué consigue con esto el Estado? ¿Es una gracia la que se hace? De ninguna manera. En cierto modo, esto está concebido en función de la idea de que el funcionario trabaje mayor tiempo.

Yo estoy plenamente de acuerdo con lo expresado, hace unos momentos, por el Honorable señor Guastavino en el sentido de que, en el campo de la educación, sólo los maestros que están totalmente impedidos, desde el punto de vista físico, jubilan a los 30 años de servicios. En la situación actual, nadie pide ni nadie quiere jubilar. No vale la pena hacerlo, ya que saldrían con un 51 y un 52% de lo que están ganado, que, si ya es poco, se les reduce a la mitad. Este es un tremendo problema, del que los funcionarios no son sino víctimas, porque ellos no son los responsables del proceso de desvalorización monetaria, ni de la inflación.

Por otra parte, creo que la medida contenida en el artículo único del proyecto en discusión es, yo diría, ligera; es una manera de salir del paso. Por qué no se estableció, por ejemplo, que aquellos funcionarios que tienen derecho a percibir un desahucio de 50 ó 100 millones de pesos, o más recibirán su pago por parcialidades? De ese modo, las personas que tienen un desahucio menor tendrían la oportunidad de poderlo cobrar.

Creo, de acuerdo con las opiniones que hemos escuchado a nuestros colegas del Partido Radical, que debemos enviar este proyecto a Comisión, a fin de que se estudien las indicaciones que se han formulado para darle un financiamiento mejor. Este financiamiento no puede seguir siendo a expensas de una nueva mutilación de los sueldos de los obreros y empleados fiscales, que no están en condiciones de soportarlo, porque sus sueldos están totalmente deteriorados y son absolutamente incompatibles con el costo de la vida, para poder satisfacer las necesidades mínimas, a las cuales ya nadie puede renunciar.

Me abstengo de formular mayores observaciones, salvo una que no puedo dejar de hacer, respecto a este plazo de 30 días para desistirse de las solicitudes de desahucio ya formuladas que establece el artículo transitorio del proyecto. Este plazo pudo haber sido, perfectamente, de 60 ó 90 días, ya que la gente que vive en puntos alejados de las provincias viene a conocer la dictación y el texto de una ley mucho tiempo después de que ésta ha sido publicada en el "Diario Oficial". Si hubiera un método de transcripción oportuna de ellas a todo el país, ¡santo y bueno!; pero, en la práctica, eso no es así.

Una vez le dijimos a un Ministro de Hacienda, cuando se dictó una ley que daba un plazo para que la gente pagara, sin intereses, sus deudas atrasadas por contribuciones, que aquéllos que leían diarios populares, por ejemplo, no tenían conocimiento de ello, porque esto sólo lo publicaba "El Mercurio"...

- Las indicaciones formuladas al proyecto son las siguientes:

1.- De los señores Camus, Clavel, Fuentes, don Samuel, Ibáñez, Jaque, Ríoseco y Rodríguez, don Juan, para reemplazar el texto del proyecto por el siguiente:

"Artículo único.- Establécese un impuesto especial del 1% sobre el monto de las primas de las pólizas de seguros que emitan las compañías de seguros, cualquiera, que sea el riesgo que cubran.

Establécese, asimismo, un impuesto especial del 1% sobre el monto de las operaciones comerciales que realicen dichas compañías.

Este impuesto incrementará el fondo de desahucio de los empleados públicos establecido en el Estatuto Administrativo."

Artículo transitorio.

2.- De los señores Clavel y Fuentes, don Samuel, y de la señora Enríquez, para suprimirlo.

3.- Del señor Millas, para reemplazar el número "30" por "60".

4.- De los señores Guastavino, Pontigo y Valente, para agregar el siguiente inciso nuevo:

"Sin embargo, aquellos funcionarios que no se desistan tendrán derecho a obtener el pago de su desahucio con arreglo al artículo 20 de la ley N° 15.386, respetándose, si la hubiere, la fecha de pago fijada por la Tesorería General de la República."

En la Comisión de Hacienda, renuncia la Honorable señora Lazo y se propone en su reemplazo al Honorable señor Olave.

 En la Comisión de Gobierno Interior, renuncia el Honorable señor Sepúlveda, don Eduardo, y se propone en su reemplazo al Honorable señor Téllez.

El señor PAPIC (Presidente en ejercicio).-

En conformidad con un acuerdo adoptado por esta Honorable Cámara, corresponde despachar el proyecto de ley que otorga franquicias aduaneras para la internación de chasis y carrocerías destinados a la locomoción colectiva particular.

En discusión el proyecto.

Ofrezco la palabra.

El señor PALESTRO.-

Señor Presidente, ayer, durante el debate de este proyecto, desgraciadamente se terminó el tiempo destinado para ello, en los momentos en que yo exponía el pensamiento de mi partido. Más que nada, yo entonces quería expresar nuestro temor y nuestras dudas respecto de un punto y pedirle al señor Diputado informante que las aclarara. Ya que se trata de un proyecto de enorme envergadura, que otorga a los empresarios particulares de la locomoción colectiva grandes exenciones o liberaciones para importar chasis destinados a estos servicios, facilidades que, en definitiva, saldrán del bolsillo de todos los chilenos, entonces, quería que se aclarara la forma como se controlará la distribución de los chasis. Lo digo porque han venido a mí, como también a otros parlamentarios, algunas delegaciones de pequeños y medianos empresarios, dueños de un solo vehículo que trabajan personalmente, o de uno o dos microbuses, a expresarnos su temor de que los grandes empresarios, a quienes ellos llaman -y el pueblo también- los "grandes pulpos" de la locomoción colectiva. .

El señor PAPIC (Presidente en ejercicio).-

¿Me permite, señor Diputado? La Mesa advierte a Su Señoría que aplicará en esta sesión el acuerdo adoptado para la discusión de este proyecto, en virtud del cual se concederá un tiempo de quince minutos a cada Comité, en el orden en que sea solicitado.

En estas condiciones, la Mesa entiende que Su Señoría estaría, en este caso, haciendo uso del tiempo que corresponde al Comité Socialista.

El señor PALESTRO.-

Más los tres minutos que me concedió el Honorable señor Valente, señor Presidente.

El señor PAPIC (Presidente en ejercicio).-

Su Señoría está usando el tiempo que corresponde a su Comité.

El señor PALESTRO.-

Perfectamente, señor Presidente.

El señor PAPIC (Presidente en ejercicio).-

Puede continuar el señor Diputado.

El señor PALESTRO.-

De ahí, señor Presidente, que nosotros quisiéramos conocer el pensamiento del señor Diputado informante, que es, a la vez, la voz oficial del Gobierno, respecto de este problema de tanta envergadura. Concretamente, deseo saber si los pequeños y medianos empresarios de la locomoción colectiva tendrán una salvaguardia o defensa de sus intereses, de modo que no sean copados ni apabullados por los grandes empresarios en la distribución de estos chasis, como ellos temen.

Expreso este temor, porque recuerdo que, hace años, se importaron unos buses "FIAT" y, hasta ahora, nadie ha aclarado quién se quedó con esas máquinas. No se sabe quién las pagó, ni qué empresarios se beneficiaron con la adquisición de esos vehículos, los cuales, por lo demás, tampoco resultaron de muy buena calidad.

A los Diputados socialistas nos gustaría conocer el trato que se va a dar a los distintos empresarios. Deseamos que se defienda el derecho de los pequeños empresarios, de los hombres que trabajan su propia máquina, o que tienen una o dos, para llevar un pan a su hogar. En ningún caso los intereses de este grupo, que es el mayor, pueden quedar sin defensa.

No queremos que esto se convierta en un escándalo, y que los grandes empresarios, los dueños de líneas enteras de la locomoción colectiva particular, sean los que se aprovechen de estas franquicias para internar chasis y se apropien de ellos. Decimos esto, porque la operación se financia con fondos que se substraen al presupuesto nacional, esto es, con dinero de todos los chilenos, de suerte que no son para dárselos a un grupo de empresarios. Si esta liberación de derechos sale del bolsillo de todos los chilenos, lo natural es que sirva al mayor número posible de personas que trabajan en la locomoción.

Por eso, me agradaría que el señor Diputado informante nos aclarara este punto, porque me imagino que la duda y el temor expresados a través de mis palabras asaltan también a muchos pequeños empresarios.

El señor SOTA.-

Señor Presidente, ayer el Honorable señor Palestro formuló idéntica observación y, a proposición de varios señores Diputados, se acordó insertar en la versión de mi informe ante la Honorable Cámara, el Reglamento que regirá para la distribución de las máquinas que se importarán.

Me voy a adelantar a proporcionar al Honorable señor Palestro la información que pide, la cual, en todo caso, está respondida en el documento a que acabo de hacer mención. El que redactado, precisamente, dentro del espíritu que defiende nuestro Honorable colega.

Daré a conocer someramente las disposiciones reglamentarias sobre el puntaje a fin de que los Honorables Diputados vean cuan resguardados están los derechos de los empresarios modestos.

El señor PAPIC (Presidente en ejercicio).-

¿Me permite, señor Diputado? Solicito el asentimiento unánime de la Sala a fin de que pase a presidir el Honorable señor Pedro Stark.

Acordado.

Puede continuar el Honorable señor Sota.

El señor SOTA.-

En primer lugar, como tuve oportunidad de manifestarle ayer al Honorable señor Palestro, el cumplimiento como empleador del empresario respecto de sus choferes tiene diez puntos. Ello se verifica con el número de partes de que haya sido objeto por incumplimiento de las obligaciones sociales. En segundo lugar, se asigna un punto al empresario por cada año al servicio de la locomoción colectiva particular. En tercer lugar, se asigna otro punto por cada año de servicios del vehículo en la locomoción colectiva. Permítame la Honorable Cámara una disgresión. Como se comprende, tantos más puntos tendrá el empresario cuanto más antiguo sea su vehículo. En otras palabras, se trata precisamente de reemplazar las máquinas más antiguas. En Santiago, el 25% de los vehículos de la locomoción colectiva particular tienen entre 20 y 27 años de antigüedad; es decir, máquinas en un total de 1.800. En cuarto lugar, se asignan diez puntos a los empresarios con medios propios de mantención para su vehículo, o sea, que sean dueños de garages. Luego, se asignan cinco puntos al empresario que haya vendido una máquina después de 1954 para adquirir otra más nueva. En buenas cuentas, se premia también a aquél que se ha preocupado de renovar su material.

Pero aquí viene lo más importante y sobre lo cual "incidía" la pregunta del Honorable señor Palestro. Para que los pequeños empresarios pudieran participar en estas importaciones se hacía indispensable otorgarles el crédito suficiente; no así a los grandes empresarios, que disponen de capitales para hacerlo. En este sentido debo responder de paso una objeción que hizo ayer el Honorable señor Cademártori. Lamento que no esté en la Sala. Se trata de lo siguiente: el Banco Central obtuvo una línea de crédito de una institución internacional conocida con la sigla AID, a 40 años plazo, con la gran ventaja de que en los diez primeros años el país no debe servir esta deuda, sino, solamente, en los treinta años finales del préstamo.

El Banco Central, operando por primera vez directamente en esta clase de créditos, hará uso de esta disponibilidad de dólares para prestarlos a los Bancos particulares, pero les ha fijado un límite máximo de interés del 9%, con la obligación de que éstos financien las importaciones que harán los pequeños empresarios a tres años plazo, con 20% al contado y el saldo en mensualidades. De tal manera, que en esta forma, con la explicación que di a los Honorables colegas sobre el Reglamento y los aspectos financieros, creo que quedará suficientemente salvada su inquietud.

El señor PALESTRO.-

Seré muy breve, entonces, porque hay otro Honorable colega de mi Partido que quiere hacer algunas observaciones respecto del proyecto en discusión.

Debo dejar establecido, en nombre de los Diputados socialistas, en primer lugar, que por tratarse de un proyecto que beneficiará a sectores populares, al hombre, a la mujer, al joven, al estudiante que no tiene vehículo propio para movilizarse al lugar de trabajo o de sus estudios, le prestaremos nuestro apoyo. Al mismo tiempo, deseo ratificar lo que expresé ayer en cuanto a la necesidad que existe de que se efectúe la defensa integral de los derechos, de todo orden, que corresponden a los trabajadores del volante, modestos choferes que, hasta ahora, han sido burlados permanentemente por los grandes empresarios de la locomoción colectiva.

En tercer lugar, deseo señalar que en la discusión particular del proyecto plantearemos también nuestra oposición a un artículo que legisla sobre algunos aspectos del cabotaje aéreo de la "LAN", en que se pretende incluso llegar a convenios con sociedades o compañías extranjeras, a que es tan aficionado este Gobierno.

Al mismo tiempo, quiero expresar, una vez más, que estamos en defensa del pequeño y mediano empresario, que es el que más necesita nuestra ayuda y nuestra defensa, porque está en posición sumamente incómoda y. en cierta manera, es muchas veces atropellado por los grandes intereses de la locomoción colectiva particular.

Por eso, durante la discusión particular del proyecto de ley en debate, haremos presente nuestra voz y nuestro pensamiento respecto de este problema.

El resto del tiempo se lo he cedido al Honorable señor Aguilera.

El señor AGUILERA.-

Señor Presidente, el Honorable señor Palestro ya planteó algunas ideas del pensamiento de los Diputados socialistas respecto del proyecto en debate. Durante su discusión, iniciada en el día de ayer, por la exposición de motivos del Mensaje y por las informaciones dadas por el señor Diputado informante, comprobamos que el Ejecutivo ha tomado algunas medidas para recuperar la mayor parte de las máquinas paralizadas de la Empresa de Transportes Colectivos del Estado. Entre ellas, invirtió tres millones de dólares de su presupuesto corriente para comprar 250 motores, con Us cuales se han puesto en servicio 132 vehículos. Asimismo, hemos podido comprobar que el estado mecánico de ellos ha mejorado, pero no así su comodidad. Las ventanas, pisos y asientos siguen en mal estado, lo que significa que sólo se ha hecho una reparación a medias.

Yo le pediría al señor Diputado informante, como parlamentario de Gobierno, que se tomaran en consideración algunas de las observaciones que nosotros hemos formulado. Ojalá que se lleven a la práctica, porque nos ha anunciado un proyecto a largo plazo, destinado a mejorar la locomoción colectiva en forma integral mediante ferrovías servidas por moderaos y rápidos automotores o por monorriel elevado.

Respecto de la Empresa de Ferrocarriles del Estado, me parece que se interesa, muy poco en renovar su material. En efecto, en el norte hemos podido comprobar esta situación. Esto significa que si la Empresa trae vehículos al país, sólo será para contribuir a mejorar la locomoción colectiva de Santiago.

En esta tercera etapa, nosotros esperamos que el Gobierno nos anuncie la creación, de una vez por todas, de la Empresa de Transportes del país, que coordine los servicios de la Empresa Marítima del Estado, Empresa de Transportes Colectivos del Estado, Línea Aérea Nacional y Empresa de los Ferrocarriles del Estado, para que esta última pueda competir con los particulares en la Carretera Panamericana y caminos transversales. Una vez que lo haya logrado, habrá dado un paso nacionalista para proteger estos servicios de transporte que deben estar en su poder.

Sin embargo, creemos que el Ejecutivo tiene razón cuando dice que hay que llegar a una solución inmediata, por lo que votaremos favorablemente la mayoría de los artículos, no así el que se refiere a la Línea Aérea Nacional, porque no aceptamos que aviones extranjeros transporten carga dentro del territorio nacional...

El señor LAVANDERO.-

¿Me permite, Honorable colega?

El señor AGUILERA.-

...en circunstancias que el Gobierno ha anunciado que obtendrá grandes entradas con motivo de los Convenios del cobre. ¿ Por qué no se destinan, entonces, recursos a la renovación del material de la Línea Aérea Nacional, para no dar la oportunidad a empresas aéreas extranjeras que puedan transportar pasajeros y carga dentro de nuestro país?

También compartimos plenamente la idea contenida en el artículo 2°, en orden a autorizar a establecimientos educacionales dependientes del Ministerio de Educación para internar vehículos, porque ello permitirá ampliar la educación en nuestro país. A este respecto, hemos formula:1 ; indicación para extender esos beneficios -esperamos que los Honorables Diputados de Gobierno la acogerán- a las instituciones gremiales con personalidad jurídica, tales como las de los Ferrocarriles del Estado, compañías del cobre, Huachipato, empresas del carbón; a los clubes deportivos profesionales, que muchas veces tienen que pagar grandes cantidades a la Línea Aérea Nacional por concepto de transporte de sus jugadores, en circunstancias que podrían viajar en un microbús, cuya internación se autorizaría por una sola vez; y a los partidos políticos con personalidad jurídica, de los cuales existen siete en el país. De esta manera, cada colectividad política podría adquirir un microbús para desarrollar sus actividades sociales.

Indudablemente, los Honorables colegas de la Democracia Cristiana se sonríen, porque en este momento tienen todas las posibilidades...

El señor LAVANDERO.-

Señor Presidente, seré muy breve, ya que en esta oportunidad se ha dado suficiente información por parte del Honorable señor Sota, Diputado informante del proyecto, y algunos colegas de los distintos sectores políticos que han coincidido con esta iniciativa.

Analizando someramente el proyecto en discusión, quisiera decir que en el artículo 1° se establece una exención del doscientos por ciento de los impuestos contemplados en el artículo 11 de la ley Nº 12.084, y se hace referencia a tres leyes que han modificado esta última disposición.

Además, se otorga la posibilidad de suspender por dos años los derechos de aduana para la importación de estos chasis. Igual trato se da a las carrocerías desarmadas. Puede parecer un tanto extraño el hecho de que se establezca en una primera parte de este artículo la exención para los chasis; y en una segunda, para las carrocerías desarmadas. El pensamiento del Gobierno es que se aplicará tan sólo para los chasis, pero, si es necesario, si los fabricantes de carrocerías alzaran los precios en forma exagerada, se considerará esta franquicia para solucionar de inmediato el problema de la locomoción.

Por la letra a) del artículo 2°, tal como lo indicó el Honorable señor Aguilera, se deja exento de todo derecho tributario y aduanero la internación de vehículos destinados a los establecimientos educacionales dependientes del Ministerio de Educación.

Esta disposición nos parece fundamental porque permitirá mejorar el transporte de los educandos y descongestionar, a ciertas horas, el atascamiento de la locomoción colectiva.

Por la letra b) de este mismo artículo, se dispone la internación y primera transferencia para vehículos destinados a las empresas de turismo o entidades fiscales que faciliten o fomenten la industria del turismo.

Esta disposición, que fue bastante discutida en la Comisión de Hacienda, sólo fue aprobada después de tomarse los debidos resguardos para evitar equívocos o abusos.

Por la letra c) se autoriza la internación de autobuses para el servicio interprovincial, a fin de complementar el transporte urbano de pasajeros.

Por el artículo 3° se impide la venta, uso o arrendamiento de los vehículos para fines distintos de la locomoción colectiva; la infracción a estas prohibiciones se penará con el comiso de la máquina, que será rematada. El denunciante de cualquiera infracción recibirá como galardón el 30% del producto del remate.

En el caso de enajenación de las vehículos dentro de los cinco años contados desde su internación, deberá enterarse en arcas fiscales el monto de las franquicias aduaneras.

Por el artículo 4°, que mereció la atención del colega socialista señor Aguilera, se autoriza a Línea Aérea Nacional-Chile para adquirir o arrendar aeronaves extranjeras destinadas al transporte de pasajeros que a la empresa, por el momento, no le es posible atender. Actualmente esta operación de servicios nacionales con aeronaves extranjeras está prohibida. Por eso se requiere de una disposición legal, que permita estos arrendamientos, que pagados en dólares, evidentemente dejarán un margen de utilidad a la LAN.

En cuanto al transporte de carga, que ofrece aprensiones al Honorable señor Aguilera, se ha presentado una indicación que la excluye de esta liberación, pues otras aerolíneas nacionales, tales como TRANSA, están en condiciones de hacer este servicio.

Por el artículo 5° se soluciona el problema de la incorporación de partes y piezas destinadas a las armadurías de chasis de camiones y buses.

Por el artículo 6° se establece una condonación de impuestos, contribuciones y multas a las filiales de la ex Empresa Nacional de Transportes.

Finalmente, paso a referirme en forma específica al artículo 7°. En realidad, en él se contiene un proyecto aprobado por la Cámara, cuya tramitación quedó paralizada al término de la pasada legislatura ordinaria, pero que, de acuerdo con algunos Diputados de .Gobierno, se ha incluido en la iniciativa en debate. Su objeto es reducir prácticamente el valor de las patentes en un 50% a través una nueva escala que, junto con diferenciar los automóviles más modestos de los más costosos, establece las tasas en sueldos vitales y en porcentajes de los mismos.

Así, para los automóviles de un precio aproximado a los E° 25.000, esto es, equivalente a 9 ó 10 sueldos vitales anuales, la tasa sube en un 10%; para los que fluctúan entre 10 y 16 sueldos vitales, 15%, y para los de un valor superior a 16 sueldos vitales, o sea, alrededor de E° 40.000, 20%.

La referencia a los sueldos vitales y al porcentaje de los mismos, que no se especifica en el proyecto, corresponde a la escala A del departamento de Santiago, omisión que hemos salvado con indicaciones presentadas a la Mesa.

En mi poder tengo una tabla con la nueva escala básica para el cobro de patentes de automóviles y "station waggons", con los valores y porcentajes en sueldos vitales. Como la materia es de bastante interés, para los dueños de estos vehículos que en el futuro deseen sacar sus patentes y como la complejidad del cuadro demoraría mucho su lectura, ruego al señor Presidente que pida el asentimiento de la Sala para insertarlo en la versión.

El señor LAVANDERO.-

El problema de las patentes municipales, que es bastante complejo, se regula por el artículo 23 de la ley N° 14.171, que establece el valor básico sobre el cual se recarga el impuesto fiscal por concepto de la primera patente y la transferencia.

Al bajar en un 50% el monto del valor básico, disminuye también en un mismo porcentaje el de las patentes municipales, incluidos los impuestos y el monto de la primera patente, de acuerdo con la tasa de la nueva escala, que fluctúa entre el 10, el 15 y el 20%.

El señor FUENTES (don Samuel).-

Señor Presidente, me interesa saber de qué manera van a compensar los municipios los menores ingresos por rebaja en el monto de las patentes. Hay que tomar en cuenta que estas entradas están contempladas en sus presupuestos.

Aparentemente, la disposición que está analizando el Honorable señor Lavandero parece que sólo favoreciera a los dueños de automóviles, en perjuicio de los recursos financieros de las Municipalidades.

El señor LAVANDERO.-

Señor Presidente, hasta la fecha hay una situación muy irregular en el pago de las patentes.

Por ejemplo, el pago de la primera patente de una citroneta es de alrededor de 3 mil 800 escudos. En la práctica, es un monto muy elevado, por lo cual su dueño, la saca a la circulación sin patente, y cuando la vende no hace la transferencia por el enorme costo que significa esta operación.

En general, la actual escala de patentes tiene un tope de 15 mil escudos, y como la mayoría de los vehículos tienen un valor superior a esta cifra, todos pagan una patente fija, y del mismo valor, pero correspondiente a los vehículos de monto superior a 15 mil escudos. De esta manera, una citroneta paga prácticamente lo mismo que un Cadillac, porque no hay una escala de patentes para los automóviles de mayor valor.

Ahora, a través de la nueva escala se baja el monto de las patentes para los vehículos de menor valor, y se sube en los de un valor superior, con lo cual se compensa en forma amplia la recaudación de impuestos municipales. De esta manera, contrariamente a la aprensión del Honorable señor Samuel Fuentes, de acuerdo con la nueva escala, según consulta hecha a la Dirección de Impuestos Internos, las Municipalidades percibirán mayores ingresos.

El señor ARAVENA (don Jorge).-

Esto último me parece bien.

El señor LAVANDERO.-

En conseceuncia, es de extraordinaria importancia apresurar el despacho de esta nueva escala de valores para antes del primero de enero, fecha del pago de las nuevas patentes. Doy excusas a mis Honorables colegas por esta información un poco larga, pero que era necesaria para dar a conocer el propósito de esta iniciativa legal, que fue presentada poro indicación en la Comisión de Hacienda.

El señor LAVANDERO.-

Señor Presidente, con todo agrado daré respuesta a la pregunta del Honorable señor Víctor González.

La nueva escala de valores sólo afecta a los automóviles particulares y a los "station wagons"; los camiones y camionetas, pagan un impuesto totalmente distinto.

El automóvil de menor valor queda comprendido en la escala de tres a cuatro sueldos vitales anuales, o sea, de E° 7.168 a E° 9.980; los que siguen, en la de cuatro a cinco sueldos vitales, o sea, de E° 9.981 a E° 12.475, y así, sucesivamente, esta escala va ascendiendo, desde tres hasta más de treinta y dos sueldos vitales. Depende del valor del vehículo.

De acuerdo con éste se establece el porcentaje del impuesto que deberá pagar, que fluctúa entre el 5% del sueldo vital mensual, para el de menos precio, y el 505%, para el automóvil de mayor valor. Así se fija el impuesto municipal, que es el que determinará los demás tributos que se cobrarán.

Eso es todo lo que puedo informar al Honorable señor González Maertens.

El señor DE LA FUENTE.-

Señor Presidente, el Ejecutivo, en el deseo de darle una solución al grave y crítico problema de la locomoción colectiva de Santiago y el país entero, ha enviado el proyecto que nos ocupa. Esta iniciativa permitirá que lleguen al país máquinas para dicho servicio, a fin de terminar, en la forma más rápida posible, con las dificultades que a diario se presentan en la movilización, por falta de vehículos para transportar pasajeros.

Entre las medidas más acertadas que se han tomado figura la de exigir dos choferes por máquina, con un mínimo de dieciséis horas diarias de labor coordinada, y la de destinar un porcentaje fijo de la recaudación total para los choferes.

En Chile, hasta este momento, la locomoción particular ha demostrado ser más eficiente y económica. El mal estado actual de los servicios no es imputable a los empresarios, sino a la discontinuidad en !as importaciones de nuevo material, y a las trabas que se colocan permanentemente, como las establecidas en virtud de decreto N° 188, publicado en el "Diario Oficial" del 15 de abril de 1965, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, Subsecretaría de Transportes. Contempla, entre otras, las siguientes exigencias: el boleto especie valorada, 6% de ahorro forzoso y 1% para seguro de pasajeros, descontado de las entradas brutas de las máquinas. Estas medidas son impracticables y desalientan al empresario.

El decreto N° 188 debe ser modificado, pues ese sistema no se justifica, por las siguientes razones: todo control estatal es costoso y la fiscalización en todo el país, creará una nueva burocracia inspectiva.

En cambio, hay numerosos otros medios de comprobación de los ingresos brutos de la movilización, como inspección de impuestos Internos, revisión de la contabilidad, estudio ocular y personal de líneas, pilotos, etcétera.

El valor del boleto también subirá, porque el costo en las imprentas estatales es mayor que las particulares. Los autobuseros tienen una propia, la que podría ser controlada por un funcionario de la Subsecretaría de Transportes.

Otro procedimiento que se podría seguir, sería enviar al citado organismo las planillas de control con el total de boletos vendidos por la máquina o línea.

También discrepo del descuento forzoso. No hay razones de orden práctico que lo justifiquen, por las siguientes consideraciones:

Siempre en Chile, debido a la discontinuidad de las importaciones, la demanda de chasis ha superado a la oferta.

En consecuencia, si se autoriza la importación sobrarán compradores empresarios para absorberla, sin necesidad de descuento alguno.

Además, las firmas importadoras, según un procedimiento convenido, han- depositado su confianza crediticia en los empresarios, sin que haya habido tropiezo. Debe dejarse en el decreto Nº 188 solamente el 1% para seguro de pasajeros.

La Empresa de Transportes Colectivos del Estado, con su nombre actual u otras denominaciones, durante veinte años ha atendido la movilización en Santiago y. últimamente, en Valparaíso, Concepción y Antofagasta.

Esta empresa ha recibido aportes del Estado en forma permanente.

En consecuencia, todos los contribuyentes del país deben soportar la carga que ella representa para el erario nacional.

Gran parte de sus vehículos permanecen estacionados en espera de reparaciones, las que no se hacen porque la Empresa carece de créditos para adquirir repuestos y accesorios.

Sus máquinas son de marcas diferentes, lo que impide su reparación oportuna y obliga a tener más personal de mecánicos y mayor número de herramientas y talleres.

Por estas razones, ha llegado a tener en circulación menos del 25% de su dotación de máquinas. El 75% restante permanece en los depósitos en deplorables condiciones mecánicas, que no le permiten trabajar.

La Empresa de Transportes Colectivos gastará E 25.000.000 en 1965.

Además, la burocracia es gravosa y para financiarla el Estado debe recurrir a dineros de otros rubros.

La empresa invirtió la suma de 3.000.000 de dólares en la compra de 250 motores "Diesel-Cummings", que ya están en el país. Yo quisiera saber si se realizaron propuestas para su adquisición y cómo se efectuó esta transacción.

Según datos proporcionados por el propio Gobierno, que se consignan en la parte expositiva de este proyecto, se ha pagado esa suma por los 250 motores. Esto significa que cada motor de bus ha costado 12.000 dólares, es decir, E° 50.000. Tengo entendido que por esa suma es posible adquirir, en fábrica, el bus completo.

Por estas razones, solicito que se dirija oficio al señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, para que éste informe a la Cámara acerca de la forma cómo se ha hecho esta negociación y si en realidad el valor del motor corresponde a la suma indicada. Debo hacer presente que algunos comerciantes me han informado que el precio real de cada motor es sólo de 1.000 dólares, o sea, E° 4.000, en vez de los E° 50.000 que se han pagado.

El señor PAPIC (Presidente en ejercicio).-

Solicito el asentimiento unánime de la Sala, para enviar el oficio solicitado por el Honorable señor De la Fuente, en nombre de la Corporación.

Acordado.

El señor SOTA.-

Señor Presidente, nosotros suscribimos la petición de nuestro Honorable colega, para que se remita a la Cámara toda la información correspondiente a la compra de motores "Diesel Cummings" por la Empresa de Transportes Colectivos del Estado.

Lamento no poseer en este instante las informaciones del caso, las cuales habrían evitado este trámite. De todos modos, considero saludable que la Corporación ejercite su derecho de fiscalización y solicite los antecedentes respectivos.

Sólo puedo agregar que en la Comisión de Hacienda también nos pareció exagerado el valor de 12 mil dólares por cada motor, aunque sea con su correspondiente convertidor de torque. Hicimos presente nuestra extrañeza al señor Subsecretario de Transportes, quien nos manifestó, después de comprobar la cifra en los documentos que estaban en su poder, que ése era el valor. Con esto quiero señalar la preocupación de la Comisión de Hacienda por recibir un testimonio responsable de parte del señor Subsecretario de Transportes.

Doy a conocer estos hechos, no como un descargo, sino corno un anticipo de lo que será la respuesta oficial del Ejecutivo.

El señor DE LA FUENTE.-

Se han solicitado propuestas para 1.800 chasis y se han distribuido ya 620 en las diferentes provincias, considerando el número de habitantes. Sin embargo, varias provincias no figuran en dicha nómina. Los Honorables señores Phillips y Ara vena, por ejemplo, me han expresado su inquietud por el hecho de que no aparece la provincia de Malleco. Estimo que se la tomará en consideración cuando corresponda distribuir estas 1.800 máquinas. En todo caso, debemos conocer el criterio del señor Subsecretario de Transportes para la distribución de la totalidad de los vehículos. Por esto, solicito que se dirija un oficio al señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, en nombre de la Cámara, a fin de que nos informe acerca de la distribución de las 1.800 máquinas por provincia, y el número de ellas que en cada una de éstas se entregarán a particulares, municipalidades, colegios, escuelas, etcétera.

El señor SOTA.-

Señor Presidente, varios señores Diputados que representan a provincias a las cuales no se les han asignado máquinas, según el cuadro al que di lectura ayer, se han acercado al Diputado que habla para preguntarle por qué se ha producido esta omisión.

Creo que esos Honorables colegas también deberían pedir que se oficie al señor

Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, tal como lo acaban de solicitar los representantes de la provincia de Malleco, para que informe a la Cámara sobre el problema que les preocupa.

Además de Malleco, tampoco figuran en esa nómina las provincias de Tarapacá, Atacama, Colchagua, Maule y Llanquihue. Por mi parte, para aclarar esta situación, pido que se dirija oficio al señor Ministro de! ramo, a fin de que informe a la Cámara acerca de las razones por las cuales las provincias mencionadas no fueron consideradas en esta distribución.

El señor DE LA FUENTE.-

A fin de facilitar la renovación de las máquinas, se han establecido franquicias especiales por dos años. Pero se han omitido algunas que la Subsecretaría de Transportes, en representación del Ejecutivo, había aceptado. He presentado varias indicaciones, para que ellas se repongan.

Finalmente, este proyecto contiene algunas normas para garantizar que las máquinas importadas se designen para los fines previstos, y castiga su mal uso con el comiso de ellas.

Por esta razón, los Diputados liberales y conservadores votaremos favorablemente este proyecto, en general.

He concedido una interrupción al Honorable señor Tuma.

El señor TUMA.-

Señor Presidente, deseo hacer algunas observaciones respecto de ciertos artículos del proyecto.

La última parte del inciso primero del artículo 1° dice: "Esta liberación regirá durante dos años, a contar desde la vigencia de la presente ley".

Estimo que la redacción debe ser de otro tenor, para que se entienda que las importaciones que se hagan dentro de ese plazo gozarán de la misma franquicia, aunque no hayan sido internados los chasis en los dos años.

Después de la fecha de promulgación de la ley, seguramente pasarán varios meses para que algunos empresarios se enteren de su alcance. Luego, deberán tomar sus medidas con el objeto de reunir el capital necesario para hacer estas importaciones. En seguida, deberán solicitar los certificados al Ministerio de Economía, cuya obtención puede demorarse dos o tres meses y después otros tres meses más en el Banco Central. Así puede transcurrir un año en finiquitarse la operación. Y ocurre que la entrega de estos chasis o buses puede demorar hasta un año y a veces más, cuando se trata de marcas con mucha demanda en el mercado, sean americanas o europeas. Entonces, puede suceder que por cualquiera razón alguna de estas máquinas se encuentren en camino y no alcancen a ser internados dentro del plazo de dos años que fija el proyecto. Por eso, me he permitido presentar una indicación que dispone que gozarán de esta liberación las importaciones cuyas solicitudes hayan sido aprobadas por el Banco Central dentro del plazo de dos años contado desde la vigencia de la ley. Es decir, el plazo rige,, entonces...

El señor TUMA.-

Muchas gracias, señor Presidente.

Por las razones expuestas anteriormente, creo conveniente estudiar detenidamente esta disposición, para no fijar un plazo sumamente restringido. Por lo demás, no veo el motivo para restringirlo en tal forma. Estimo indispensable que el plazo de dos años sea para la presentación de las solicitudes, de modo que los interesados puedan reunir el dinero suficiente para realizar la operación. Por otra parte, la Honorable Cámara sabe lo que demora tramitar certificados en las reparticiones públicas, en que se exige uno u otro papel. Se les va a exigir la cédula electoral, el certificado que los acredite estar al día en el pago de sus contribuciones y del impuesto patrimonial, etcétera. Hasta el certificado de nacimiento les van a pedir. En estos trámites más de algún interesado demorará seis meses. De manera que, por ésta y muchas razones más, es necesario fijar un plazo prudente. Además, la mercadería necesita 90 días para ser despachada desde su puerto de embarque, tiempo que debe descontarse también de ese plazo.

En cuanto al artículo 2°, me permitiré hacer también una observación. La letra b) del proyecto enviado por el Ejecutivo, decía: "La internación y primera transferencia de autobuses destinados a ser adquiridos por empresas de turismo, empresas hoteleras o entidades que faciliten o fomenten la industria del turismo."

La Comisión de Hacienda suprimió la frase "empresas hoteleras" y agregó "entidades fiscales". Tenemos que colocarnos en la realidad. Desde el momento en que el Ejecutivo le dio a esta disposición tal amplitud y liberalidad es porque ha estudiado esta materia y comprendido que es necesario dar estas franquicias a las empresas de turismo particulares, porque sabemos que no hay ninguna empresa fiscal que se dedique a fomentar el turismo, en el sentido de llevar y traer turistas cobrándoles el pasaje. En consecuencia, tienen necesariamente que ser las empresas particulares las que se encarguen de este trabajo y también las empresas hoteleras.

En la Comisión de Hacienda se dijo que había que resguardar los intereses del país, porque podrían establecerse algunas empresas "callampas" con el fin de obtener estas franquicias para importar autobuses. No es tan fácil constituir sociedades con capitales de cien o más millones de pesos, para intentar engañar al Gobierno. Hay un refrán muy antiguo que expresa: "Los negocios que no dan para robos no son negocios". Pero el hecho de que ello pueda suceder no significa que tengamos que eliminar una disposición de esta naturaleza, que concede franquicias y facilidades a las empresas hoteleras para fomentar el turismo y, sobre todo ahora que el Gobierno estudia una nueva legislación sobre la materia que se concretará, tal vez, en la creación de la Corporación de Turismo de Chile. En todo esto tendrá interés, seguramente, el Director de Turismo, señor Rene Pairoa.

Por estas razones, me he permitido formular indicación en el sentido de restablecer la disposición contenida en la letra b) del artículo 2° del proyecto original, que concede estas franquicias incluso a las empresas hoteleras y entidades particulares de turismo.

Nuestro país es, por excelencia, apto para el turismo, el que podría reportarnos importantes entradas de divisas. En consecuencia, no deben restringirse las medidas que traten de fomentarla.

Por eso, a la Honorable Cámara y a su Comisión de Hacienda, que tendrá varios días para estudiar nuevamente este proyecto, les ruego que vean la posibilidad de reestablecer la letra b) del artículo 2°, en la forma propuesta por el Ejecutivo.

Nada más, señor Presidente.

El señor FUENTEALBA.-

Señor Presidente, concordando con las ideas de carácter general planteadas hace un momento por el Honorable señor Aguilera, respecto del proyecto que concede franquicias aduaneras para la internación de 1.800 chasis destinados a la locomoción colectiva, quiero agregar algunas observaciones sobre la misma materia.

Según lo expresa el informe de la Comisión de Hacienda, la política del Gobierno en relación con este problema, comprende tres etapas. La primera, de realización inmediata, tiende a la recuperación de los elementos materiales de la Empresa de Transportes Colectivos del Estado que se encuentran paralizados; la segunda, a mediano plazo, comprende la compra de 1.800 chasis para el sector particular; y, la tercera, comprende la puesta en marcha de un estudio integral realizado por parte de una Comisión Técnica formada por representantes de la Subsecretaría de Transportes, Ministerio de Obras Públicas, Municipalidad de Santiago, Empresa de Ferrocarriles del Estado y Empresa de Transportes Colectivos del Estado.

Respecto a la representación de la Municipalidad de Santiago en esa Comisión, deseo hacer una observación. Como en dicha Comisión se estudiará el problema general de la locomoción colectiva, me permito proponer a los señores Diputados de Gobierno que todos los municipios del país estén representados por intermedio de la Confederación Nacional de Municipalidades. Esto me parece más justo.

Por otra parte, por el hecho de que los Diputados de Oposición no tendremos acceso a esa Comisión, quiero formular algunos planteamientos relacionados con esta tercera etapa del programa de Gobierno.

Tal como ayer lo expresé, el problema de la locomoción colectiva no radica sólo en Santiago, sino también en provincias, en las cuales reviste caracteres de gravedad. Es lógico que aquí sea más agudo debido al exceso de población, a la concentración de diferentes actividades y al centralismo a que está sujeto nuestro país. Pero, quienes representamos a algunas provincias y estamos palpando y viendo constantemente lo que pasa en nuestras zonas, podemos afirmar que, en este aspecto, ellas necesitan y merecen atención del Gobierno y de esta Comisión Técnica.

Además del problema de los servicios de locomoción interprovincial que hay en ellas también existe el de los servicios de locomoción entre sus departamentos y comunas. Las diferentes provincias cuentan con centros de atracción, con pueblos a los cuales concurre la gente que vive a sus alrededores. En la de Coquimbo, por ejemplo, son centros de atracción La Serena, Coquimbo, Vicuña, Illapel, Salamanca, Combarbalá y Ovalle. A ellos acude la gente a efectuar diligencias en Oficinas Públicas, Tesorerías Comunales, servicios médicos, hospitales, bancos, Gabinetes de Identificación y Registro Civil, a hacer sus compras en el comercio y a realizar también la venta de sus productos, de lo cual viven.

¿Cómo logra esta gente llegar a esos centros de atracción? En la capital, quienes desean alcanzar hasta el centro del Gran Santiago cuentan con servicios de locomoción colectiva desde 50 ó más kilómetros; desde Melipilla, Talagante, San Bernardo, PuenteAlto, Conchalí, etcétera. Hay líneas de buses que, si bien no están satisfaciendo en debida forma esta necesidad, al menos hacen posible que la gente pueda llegar al centro de la ciudad.

Los estudiantes, la gente que asiste a

su trabajo, la gente que viene a los espectáculos recreativos, no tiene problemas en este sentido.

En el departamento de Ovalle, por ejemplo, para hacer una comparación, hay algunas líneas de transportes -si es que se pueden llamar así- desde los lugares más alejados, como Hurtado, Tulahuén, Combarbalá y otras localidades de la costa en los cuales la gente debe tomar los micros a la una o dos de la mañana para estar en Ovalle a las ocho.

Esto sucede porque los caminos son malos, y no porque las distancias sean muy grandes, ya que no hay más de ochenta, kilómetros desde Ovalle a algunos de los puntos que acabo de indicar. Lo mismo pasa en los otros departamentos de Coquimbo y también en las demás provincias del país.

Los caminos son muy antiguos. Se trazaron en tiempos en que sólo se transitaba en carreta y en coche. Tienen subidas escarpadas y curvas muy pronunciadas. Se los ha ensanchado y arreglado para que puedan transitar por ellos otros vehículos.

Las Juntas Departamentales y Provincia! del Tránsito han autorizado el funcionamiento de los "camiones mixtos". Se llaman así porque se acondicionan para llevar pasajeros y carga. Aun cuando el reglamento no permite el funcionamiento de estos inadecuados medios de transporte, las Juntas han debido autorizarlo, en vista de la escasez de vehículos. Para llegar a los lugares de destino, la gente muchas veces tiene que viajar sobre la carga: sacos, tambores, cerdos, aves y corderos.

Este es el problema de la locomoción colectiva en Coquimbo y en las demás provincias del país.

Este problema no se soluciona sólo con la compra de vehículos. Debe ser encarado en forma más integral. Tiene que considerarse el arreglo de los puentes y de los caminos. Por eso, me alegra que esta Comisión esté integrada por funcionarios del Ministerio de Obras Públicas, y de otros servicios que concurrirán a la solución del problema de la locomoción colectiva en todo el país.

Deseo insinuar al señor Diputado informante la necesidad de que esta Comisión, cuyo trabajo corresponde al tercer punto del programa de Gobierno, recorra todas las provincias, para que se forme un juicio cabal acerca del problema en todo el territorio nacional.

Los Diputados de estos bancos votaremos favorablemente, en general, el proyecto en debate. Nos hemos reservado el derecho de formular algunas indicaciones que, en este caso, sería largo enumerar.

Quiero hacer una consulta al señor Diputado informante, aun cuando me las responda con cargo al tiempo de nuestro Comité, Deseo saber, si, para el estudio relativo al reajuste del valor de las patentes municipales, se ha tomado en cuenta a la Confederación de Municipalidades. Este organismo cuenta con técnicos que estudian estos asuntos y pueden informar acerca de si esta iniciativa lesiona o no los intereses de las diferentes municipalidades.

El señor SOTA.-

Señor Presidente, en primer lugar, voy a absolver la cuestión planteada por nuestro Honorable colega respecto a que, en esa comisión técnica, que ya funciona en el Ministerio de Obras Públicas, sólo está representada, como se expresa en el informe, ¡a Municipalidad de Santiago.

Debo aclarar al Honorable señor Fuentealba que, en realidad, hay una evidente confusión sobre la labor de dicha comisión técnica. Se la considera como la tercera etapa en el programa de soluciones para un problema que, ciertamente, es nacional; pero ella sólo tiene por objeto estudiar la situación del Gran Santiago. En mi informe de ayer, al referirme al mismo tema, señalé que ésta es la "comisión del estudio del tránsito rápido metropolitano". Por tal razón, tratándose, como se trata, de la ciudad de Santiago, no se ha considerado a la Confederación de Municipalidades.

Ahora, respecto a las restantes ciudades del país, recordará mi Honorable colega que, en mi informe de ayer, hice presente que el Ejecutivo desea insistir en la creación del Ministerio de Transporte, el cual tendrá a su cargo todo lo relacionado con los medios de transporte en el país...

La señora LAZO.-

¿Todavía se está estudiando?

El señor SOTA.-

En realidad, Honorable colega,...

El señor PAPIC (Presidente en ejercicio).-

Honorable señor Sota, ruego a Su Señoría dirigirse a la Mesa.

El señor SOTA.-

...la creación del Ministerio de Transporte está incluida en el proyecto de ley normativa, ya aprobado por la Cámara. Contó con nuestros votos favorables, pero no con los del partido de Su Señoría. En todo caso, ese proyecto se encuentra actualmente en el Senado. Los Senadores de su partido harían una gran contribución si apoyaran la creación de este Ministerio, votando a favor de la disposición pertinente.

Por lo tanto, esta materia ya se ha estudiado y está considerada en ese proyecto.

Ahora, respondiendo la consulta que me ha hecho el Honorable colega,...

El señor FUENTEALBA.-

Señor Presidente, quiero hacer presente al señor Diputado informante que me referí al problema de carácter general porque en el informe se expresa que la tercera etapa de la política del Supremo Gobierno consiste en que esa comisión técnica estudiará una solución racional para la grave crisis de la locomoción colectiva, problema que, como todos sabemos, afecta a todo el país.

Concedo una interrupción al Honorable señor Aguilera.

El señor AGUILERA.-

Señor Presidente, en verdad, el Honorable señor Fuentealba ha planteado con toda crudeza los problemas que sufren los provincianos a causa de las deficiencias de la locomoción. Por eso, ojalá con la misma cordialidad con que en la tarde de hoy, se ha discutido este proyecto, la Comisión de Hacienda considere varias indicaciones que hemos presentado para dar preferencia o prioridad a la solución de este problema en las diversas provincias.

En cuanto a la creación del Ministerio de Transporte, quiero hacerle presente al Honorable colega señor Sota que, desde hace muchos años, el Partido Socialista viene insistiendo en la necesidad de que todo el transporte en el país sea dirigido por el Estado.- En mi intervención, reclamé porque el Ejecutivo se limita a anunciar la construcción del monorriel y porque no le ha dado a la Empresa de Transportes Colectivos del Estado los recursos suficientes para reparar sus 1.100 vehículos.

Ojalá la mayoría de la Comisión de Hacienda, a la cual pertenece el Honorable señor Sota, acoja las indicaciones que hemos presentado para mejorar el proyecto, y en ningún caso para entrabar su despacho. Nosotros aspiramos a que, algún día, el Estado dirija la locomoción en Chile y se eliminen los empresarios particulares.

En su exposición de hoy, el señor Diputado informante ha estado muy feliz...

El señor GUASTAVINO.-

Desgraciadamente, tengo el tiempo muy limitado.

Señor Presidente, hemos observado el interés con que los diferentes sectores políticos representados en la Cámara han debatido el problema de la locomoción colectiva. Entendemos que este interés emana del hecho concreto de que hoy día este servicio público es uno de los asuntos neurálgicos y cardinales en el país, porque constituye un verdadero drama para la inmensa mayoría de los chilenos.

A tono con esta premisa deseamos iniciar nuestra intervención. Queremos atraer el interés de la Cámara hacia lo que planteó ayer, muy brevemente, el Diputado de la Democracia Cristiana señor Pedro Videla. A nuestro modo de ver, él abordó algunos de los aspectos "gruesos" que debieran determinar una solución de fondo para el grave problema que vivimos. Reconoció,, con hidalguía, que este proyecto es una solución de "parche".

Es bueno que esto lo tengan en cuenta los Diputados del partido de Gobierno, para que, como lo acaba de expresar el colega señor Aguilera, acojan, con cordialidad, con el mejor espíritu, las indicaciones que los parlamentarios de otras colectividades hemos presentado con la finalidad de que el proyecto deje de ser, en la mayor medida posible, una solución de "parche".

Es bueno también que esto estimule y anime a la Cámara a caminar hacia la solución total y definitiva.

Si nuestras palabras se consideran como una crítica a la Democracia Cristiana, las del Honorable señor Videla constituyen una autocrítica. Un año de gobierno debería haber permitido ya la elaboración de un proyecto de ley definitivo para dar solución integral a un problema tan serio como el que estamos debatiendo.

Parlamentarios de otras zonas han descrito la vida dramática y llena de truculencias que debe llevar el provinciano para trasladarse de un punto a otro, en su localidad o comuna. Nosotros tenemos que recordar lo que sucede en los cerros de Valparaíso y en el conjunto de la geografía de la provincia.

El señor GUASTAVINO.-

En Valparaíso son demasiado fuertes las protestas de las juntas de vecinos y de los cientos de miles de personas que viven en la parte alta, por la forma en que deben viajar. Cuando voy a buscar a mis hijos a las es-cuelas 9 y 3, de Valparaíso, en la Avenida Argentina, en horas de plena locomoción, no puedo subir directamente al cerro en que vivo. Debo tomar el micro que inicia el recorrido, ir al terminal y dar la vuelta completa, para posteriormente subir al cerro donde está mi casa.

Una hora diez minutos es lo que demoro cuando no puedo disponer de un taxi o cuando no encuentro algún amigo que me lleve a mi casa. Esta es la realidad que los habitantes de Valparaíso vivimos diariamente.

¿Este proyecto resuelve ese problema?

No; no lo soluciona; es sólo un parche. Nosotros no queremos escuchar que este proyecto avisora o advierte al Congreso respecto de otro, integral,, que está, por decirlo así, a las puertas de la Cámara, en la calle Bandera o Catedral. ¡No! Es hora de que se atienda globalmente el problema de la movilización colectiva de pasajeros.

En junio de este año se trató en la Sala la carencia de locomoción colectiva. Muy bien recuerdo la intervención de la Honorable señora Carmen Lazo en ese debate, así como también la de la Honorable señora Gladys Marín, quien representó el planteamiento de fondo del Partido Comunista frente a este asunto. Pero ocurre que han pasado cinco meses, y vamos ya caminando para los seis, desde que se debatió ese problema, y se llega ahora con un proyecto que es una solución de "parche". Esta iniciativa no corresponde a la importancia del problema en debate, que es uno de los más graves del país. Y nos hacemos cargo, con la mayor honestidad, de este hecho. Los parlamentarios del Partido Comunista estimamos que este proyecto debe votarse a pesar de las observaciones formuladas y, muy especialmente, de las señaladas por el Honorable señor Luis Valente en el día de ayer; pero, deben acogerse algunas indicaciones progresistas y positivas.

Por ejemplo, nosotros consideramos que se ayudaría a la solución del problema de la movilización en Chile si se ampliara a los taxis las franquicias aduaneras para importación de vehículos de locomoción. En la actualidad, los propietarios de taxis están impedidos de internar sus instrumentos de trabajo. Y, en realidad, el auto de alquiler es una herramienta de trabajo, que se descapitaliza con los años, particularmente en mi zona, donde debe subir empinadas arterias hacia la cumbre de los cerros.

Este desgaste excesivo hace caer a los dueños de taxis en manos de las grandes casas importadoras de repuestos, las cuales los expolian miserablemente. En seguida, cuando estos trabajadores quieren adquirir otro automóvil en el mercado interno, ya que no pueden traerlo del exterior,

Sus vehículos usados ni siquiera les sirven para dar una buena cuota por el nuevo. Por lo tanto, las dificultades para internar estos elementos, descapitalizan al taxista, al país y debilitan la economía nacional. Además, provocan una mala prestación de servicios y favorecen a los grandes importadores de repuestos de automóviles.

¿Por qué no se amplían las franquicias aduaneras? Nosotros hemos propuesto incluir a los propietarios de taxis en la disposición que concede franquicias aduaneras para la importación de material destinado a la locomoción colectiva, con los controles correspondientes, con el asentimiento previo de la Subsecretaría de Transportes, etcétera. Esta medida no significa mayores gastos para el erario, ya que, al fin de cuentas, los propios taxistas serán los que cancelarán las importaciones.

Nosotros, los comunistas, que tenemos una clara posición al respecto, deseamos que así como se ataca permanentemente a los dueños de taxis y se les presenta muchas veces como los parias de los sectores laborales nacionales -porque cobran en exceso, porque sus tarifas son elevadas, por esto o por lo otro- también se haga justicia a un servicio de utilidad pública, pues eso es, en buenas cuentas, el trabajo que realizan los taxis.

Además, estimamos que debiera aceptarse una indicación que hemos presentado, como lo han hecho también otros señores parlamentarios, con el objeto de dar a las municipalidades la facultad de resolver el problema de la movilización de los escolares, el que nunca será resuelto como corresponde por las Juntas Provinciales de Educación. Asimismo, consideramos absurdo que las tarifas para la movilización colectiva de Concepción, Valparaíso y otras ciudades del norte y sur del país sean fijadas aquí, en Santiago.

En este orden de ideas, ya los colegas democratacristianos lo señalaron: "El Gobierno del pueblo comienza en los municipios". Entonces, hay que ir dando a las Municipalidades atribuciones que les permitan ejercer, realmente, un gobierno comunal; y, para ello, nada más adecuado que lo sugerido en nuestra indicación. No pedimos que sean las Corporaciones edi-licias quienes tengan la facultad legal de fijar las tarifas de la movilización. A eso queremos llegar algún día. Por ahora, proponemos que los Municipios determinen, por lo menos, qué microbuses y de qué recorridos deberán atender las necesidades de los escolares en las horas de mayor movimiento, como, por ejemplo, a las siete y media u ocho de la mañana, a las doce del día, etcétera, distribuyéndolas en forma conveniente.

Señor Presidente, yo no sé si interpreto el pensamiento de los parlamentarios de otras zonas, pero permítame dar a conocer una apreciación muy compartida en la provincia de Valparaíso. Si los escolares pudieran movilizarse allá en microbuses sólo para ellos, disminuiría enormemente la congestión del transporte de obreros y empleados. Nosotros considera-mes imposible por ahora que cada establecimiento educacional del Estado posea vehículos para transportar a sus alumnos -y este proyecto, pragmáticamente, tampoco lo permite-, porque la sola autorización para importar es una buena declaración, y nada más, si no se consultan los recursos económicos necesarios. En consecuencia, solicitamos la aprobación de la Honorable Cámara para la indicación que hemos presentado, por la cual se otorga a las municipalidades la atribución de redistribuir la movilización exclusiva de escolares, lo que creemos descongestionará el tránsito y facilitará el buen desenvolvimiento de la movilización de los estudiantes, en particular, y el de la población, en general.

El señor SOTA.-

Porque comencé diciendo que este proyecto de ley era el paliativo de una muy grave situación existente no sólo en Santiago, sino en todo el país. Pero agregué que el Ejecutivo declaraba expresamente -está en el párrafo primero de mi informe- que no debería estar en manos del Gobierno central la solución de problemas que son esencialmente comunales y cuya satisfacción pueden encarar más positivamente los municipios, las juntas de vecinos o los grupos comunitarios por estar más en contacto con los afectados por los servicios de movilización.

Eso está contenido en el párrafo primero de mi exposición. Comencé situando el verdadero alcance de este proyecto, el cual, vuelvo a insistir, es sólo paliativo.

Dije también que era extraordinariamente importante considerar el deseo del actual Gobierno, ya expresado en el proyecto de leyes normativas, y mencionado hace un instante, de crear el Ministerio del Transporte, el cual, por lo menos momentáneamente, podría hacerse cargo de solucionar este grave problema a lo largo de todo Chile, debido al hecho que seguramente juega también en la provincia

que representa el Honorable colega: que las municipalidades no tienen recursos ni organización para resolverlo. A este respecto, también podría resultar un poco declamatoria aquella indicación de los Honorables Diputados comunistas que pretende dar a los municipios atribuciones para solucionar el problema de la locomoción de los estudiantes, si es que no van a contar con los medios para importar los buses necesarios.

En consecuencia, aprovecho el tiempo que me da la Honorable Cámara para invertir en que la solución no sólo ya está estudiada, y vaya esto también como respuesta a lo que hace un momento preguntaba la Honorable señora Lazo,...

La señora LAZO.-

¿Me permite, Honorable colega?

El señor SOTA.-

...sino que está incluida en un proyecto que conoció la Cámara, aprobada con los votos de la Democracia Cristiana, pero que no tuvo la suerte de ser apoyado por los parlamentarios de Izquierda.

En ese sentido, indudablemente, se hace absolutamente necesario adoptar otra actitud, sobre todo cuando se tiene la experiencia de que la iniciativa para crear un Ministerio tan importante como el de la Vivienda, a pesar de haber sido sacada del proyecto de leyes normativas que la contenía inicialmente, cumple ya un año de tramitación en este Congreso. La disposición que da vida al Ministerio de Transporte todavía ni puede comenzar a discutirse, pues figura en el proyecto de leyes normativas, que aún no trata el Senado. En consecuencia, no se diga que el actual Gobierno ha estudiado el problema de la locomoción colectiva de pasajeros ni ha cursado proyectos al Congreso Nacional sobre esta materia. Lo ha hecho, y sus consideraciones han llegado a esta Cámara y al Senado. La responsabilidad del retraso en su solución es de quienes no desean otorgarle las herramientas necesarias para resolver estos problemas, los cuales, en último término, afectan más duramente a las clases sociales desamparadas. La responsabilidad, repito, es de quienes no otorgan los medios legales propuestos para solucionarlos.

En todo caso, termino diciendo que, vista la unanimidad de opiniones para aceptar la aprobación de este proyecto de ley, no creo que sea el espíritu de los Honorables colegas insistir en la disminución del prestigio de esta iniciativa, manifestando que constituye un proyecto de "parche", empleando esta expresión en el sentido de que el Gobierno no tiene nada mejor que presentar. Lo tiene, y como lo he explicado, este proyecto solamente forma parte de una importación de 1.800 chasis, para la cual se ha conseguido una línea de créditos cuyos pormenores explicaré más adelante, seguramente en la discusión particular, a fin de no abusar de la confianza que me ha dispensado la Honorable Cámara.

Muchas gracias.

La señora LAZO.-

Señorita Presidenta, solo quiero repetir mis expresiones de ayer. Teníamos razón quienes afirmamos en la Honorable Cámara que el decreto N° 188 no había sido dictado para ser cumplido, sino para justificar el alza de las tarifas de la locomoción colectiva.

Además, como tengo sólo un minuto, quiero manifestar al Honorable señor Sota que nosotros rechazamos categóricamente el proyecto de leyes normativas, porque no eran tales, sino constituía una iniciativa de facultades extraordinarias, que no estamos dispuestos a conceder al Presidente de la República. Pero si el Ejecutivo manda a la Honorable Cámara un Mensaje para legislar sobre la materia en forma separada, creo que encontrará el apoyo de toda la Corporación.

El señor GUASTAVINO.-

Señorita Presidenta, si hemos empleado la palabra "parche" es porque esa expresión fue usada por el Honorable señor Videla en el día de ayer.

Por su parte, la Honorable señora Lazo ha explicado claramente lo que ocurrió con la iniciativa que crea el Ministerio del Transporte, que venía adscrito al proyecto de leyes normativas como el contrabando más feo -porque no creo que pueda introducirse otro peor, o tratar de hacerlo- en una iniciativa de esa naturaleza.

No ha habido dificultades, por ejemplo, para que la Cámara de Diputados legisle sobre la creación del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, porque la iniciativa ha venido en forma separada.

Es un problema demasiado grande éste de la locomoción para que nosotros aceptemos considerarlo como parte de un proyecto de leyes normativas, que contenga todo tipo de materias, como una "olla de grillos". ¡Esto no puede ser! De manera que si se pide seriedad al Parlamento en el tratamiento de estos asuntos, ella debe ser recíproca.

Para terminar, quiero decir, sencillamente, en cuanto a la posibilidad de este intercambio o internación de máquinas para la locomoción colectiva, deben tomarse en cuenta las relaciones comerciales con todos los países del mundo.

Esto es sumamente importante. El Honorable señor Valente ya lo dijo ayer, en nombre de nuestro partido. También lo han declarado otros parlamentarios.

Quienes hemos estado en los países socialistas, sabemos qué tipo de medios de transportes existe en muchos de ellos.

Por lo tanto, deben ampliarse nuestros vínculos comerciales, no para que las relaciones sean meramente formales con todos los países del mundo, sino en función del real interés nacional.

Por último, respecto de la tabla de valores de las patentes de vehículos de que hablaba el Honorable señor Lavandero, que viene inserta en el proyecto, nos hemos permitido presentar una indicación, porque consideramos que ha quedado igual de compleja esta materia. Estimamos que debe adoptarse el criterio de la Convención Nacional de Municipalidades. Los ex Regidores y ex Alcaldes que son hoy Diputados democratacristianos, conocen los acuerdos que esa convención adoptó sobre esta materia, y levantaron la mano, junto al FRAP y a otros partidos, en sus votaciones, para aprobarlos y materializarlos.

Hemos formulado una indicación, muy simple, para que paguen el 2%...

El señor GUASTAVINO.-

Sobre esta materia, hacemos nuestro el acuerdo de la última Convención Nacional de Municipalidades, en el sentido de que los automóviles, "station-wagons" y "jeeps" paguen una patente equivalente al 2% de su valor cuando se trate de vehículos de un valor comercial de hasta ocho sueldos vitales anuales del departamento respectivo, y equivalente al 3% del valor cuando se trate de vehículos de un valor comercial superior.

Las Municipalidades harán sus cálculos de acuerdo con una tabla de valores comerciales de los vehículos, que anualmente elaborará la Dirección de Impuestos Internos.

Los tipos de vehículos no contemplados en este artículo, pagarán una patente que se fijará por cada Municipio, con arreglo a una escala de valores que anualmente deberá aprobarse, con los votos favorables de los dos tercios de los Regidores en ejercicio.

Esto es lo más simple y sencillo, y ya lo estudió detenidamente una comisión especial de la Convención Nacional de Municipalidades. Más aún, no altera el proyecto. Sabemos que no es materia de una indicación más; pero deseamos sugerir que, de una vez por todas, se adopte el criterio de que el 100% de lo que pague un vehículo por concepto de patente sea de beneficio de las Municipalidades. En la actualidad, apenas el 30% de ese valor va a las Municipalidades, y el 70% restante, al Fisco; en circunstancias que por ese vehículo ya se pagó al Fisco cuando ingresó al país y cuando fue objeto de una operación de compraventa.

El señor GONZÁLEZ MAERTENS.-

Sin embargo, estimo que esta cuota de 1.800 chasis aparece ya insuficiente, y la prueba de ello es la circunstancia de que han sido excluidas de alguna cuota en la distribución de ellos, como lo sabe la Cámara, algunas provincias, entre ellas la de Malleco. Además, comparto la inquietud expresada, hace un instante, por el Honorable señor Fuentealba, en el sentido de que, seguramente, no iban alcanzar estos vehículos para ser distribuidos también entre los servicios de locomoción interdepartamentales e interprovinciales.

Por otra parte, según la distribución que se hace en el proyecto, se destina cierta cuota de estos vehículos a colegios, escuelas y otras instituciones, como empresas de turismo. De manera que esta cantidad de 1.800 vehículos, que primitivamente iban a ser destinados a la locomoción colectiva, quedará reducida en un 30% o más. Por esta razón, los parlamentarios de estas bancas presentaremos una indicación para aumentar la cuota para ella en un porcentaje aproximado al que se resta, con la finalidad de destinar 1.800 vehículos exclusivamente a la locomoción colectiva. Estimamos que, de esta manera, se soluciona en forma parcial -no sería una solución de "parche", en todo caso- el problema de la locomoción colectiva en muchas ciudades, que aflige al pueblo.

Por lo tanto, hacemos presente nuestras observaciones en tal sentido. Y nos agradaría recibir alguna explicación del señor Diputado informante, ya que Su Señoría manifestó denantes deseos de hacerlo. Le ofrezco, pues, una interrupción.

El señor SOTA.-

Muchas gracias, señorita Presidenta. Y ruego al Honorable colega que me excuse la interrupción, porque deseo, sobre la marcha, dejar bien en claro que este proyecto es obra del Ejecutivo y de la Subsecretaría de Transportes, y no obedece, de ninguna manera, a iniciativa de los empresarios de la locomoción particular. En este sentido, quiero ser muy claro y tajante: es la Subsecretaría de Transportes, que en estos instantes afronta muchas dificultades, pues no cuenta siquiera con personal suficiente, la que quiere encarar este problema -que el propio Gobierno central dice que no debe ser de su incumbencia- de la locomoción colectiva en todo el país. Y ha comprobado, como no podía menos de hacerlo, que una de las maneras más urgentes y rápidas para paliar -uso el término preciso- este problema, es la importación de chasis para carrozarlos, mediante créditos especiales del Banco Central. En todo caso, se trata de solucionar, a través de organismos del Estado, problemas que, desgraciadamente, afectan a la locomoción colectiva particular en las ciudades y que son de competencia de la Empresa de Transportes Colectivos del Estado. Para ello, es necesario mejorar y completar su dotación de máquinas en actual funcionamiento, porque sabemos que son muy numerosas las que están fuera de servicio, realizando, gradualmente, un programa de inversiones en ese sector estatal, para lograr algo que nosotros sentimos muy hondamente : que la locomoción colectiva no sea negocio privado. La locomoción colectiva y el transporte, en general, deben ser un servicio de utilidad pública. Así lo entendemos. Por eso ponemos tanto énfasis en la creación del Ministerio de Transportes.

En estos instantes, el problema de la locomoción colectiva es extraordinariamente grave, no sólo en Santiago, sino en casi todas las ciudades del país, como han dicho muy bien los Honorables colegas representantes de provincias. Para paliar -repito una y otra vez este término- la manera más rápida la situación insostenible de esas ciudades, es necesario recurrir a esos créditos, que, como dije hace un momento, es bastante conveniente para el país, a fin de financiar la importación de repuestos y máquinas para la locomoción colectiva. Pero declaro, categóricamente, que ésta es una iniciativa de la Subsecretaría de Transportes, como una medida de urgencia para solucionar este problema.

La segunda consulta del Honorable señor Víctor González se refiere al hecho de que, según Su Señoría, sólo el 30% de las 1.800 máquinas quedaría a disposición de la locomoción colectiva particular. No sé de dónde puede provenir este cálculo; pero entiendo que recogió ese dato en alguna fuente.

El señor GONZÁLEZ MAERTENS.-

Es un dato estimativo, Honorable Diputado.

El señor SOTA.-

En todo caso, tal como está redactado, el proyecto en ninguna parte considera la destinación de parte de los 1.800 chasis que se importarán a otros fines que la locomoción colectiva particular. Si el Honorable colega revisa su articulado, verá que en éste sólo se libera de ciertos gravámenes aduaneros la internación de chasis que pueden ser utilizados por la industria del turismo. Siendo tan urgente el problema de la locomoción colectiva particular, de ninguna manera pueden destinarse máquinas a otros servicios, y en esto concuerdo con el Honorable señor Víctor González. De tal manera que ese porcentaje del 30% no sé a qué corresponde.

El señor GONZÁLEZ MAERTENS.-

Señorita Presidenta, agradezco al Honorable señor Sota su explicación.

Como hasta ahora no se conoce la forma definitiva en que se distribuirán los 1.800 chasis, sería interesante pedir al señor Subsecretario de Transportes una aclaración perfectamente nítida. En este sentido, adhiero a la petición formulada denantes por el Honorable señor De la Fuente, para que se informe con exactitud acerca de la cantidad de chasis que se destinará tanto a la locomoción colectiva particular de las ciudades como a la locomoción interprovincial o interdepartamental; y, además, de la cuota de chasis que corresponderá a las empresas de turismo, a los colegios y a otras instituciones.

En consecuencia, solicito de la señorita Presidenta que recabe el asentimiento unánime de la Sala, con el objeto de ampliar el oficio que el Honorable señor De la Fuente pidió que se enviara al señor Subsecretario de Transportes.

La señorita SAAVEDRA (Presidenta Accidental).- Solicito el asentimiento unánime de la Sala para ampliar, en nombre del Honorable señor Víctor González, el oficio solicitado anteriormente por el Honorable señor De la Fuente, en la forma indicada.

La señora LAZO

Y en mi nombre, señorita Presidenta.

Varios señores DIPUTADOS.-

En nombre de la Cámara, señorita Presidenta.

La señorita SAAVEDRA (Presidenta Accidental).- Si le parece a la Sala, se enviará el oficio ampliado en la forma solicitada, en nombre de la Cámara.

Acordado.

El señor ARAVENA (don Jorge).-

Señorita Presidenta, la discusión habida en torno a este proyecto nos indica claramente que, cada vez más, se acentúa la urgente necesidad de crear el Ministerio de Transporte, en el cual se centralicen todos los servicios de esta naturaleza, como una manera de solucionar definitivamente este problema que, incluso, dada la conformación del país, atenta en contra de su propio abastecimiento interno.

Sabemos que instituciones semi-estatales, como la Empresa de los Ferrocarriles del Estado, están sufriendo verdaderos contrastes por la forma cómo están realizando no sólo el transporte de pasajeros, sino también de productos. Esta mañana escuché una información que daba a conocer que la Empresa de los Ferrocarriles del Estado tenía un enorme déficit, en circunstancias que, en este momento, tenemos muy serios problemas de abastecimiento de productos por falta de flete. Por ejemplo, en el sur del país hay suficiente producción de papas para abastecer las necesidades del centro; pero, por escasez de medios de transporte o por mala organización de ellos, no hemos podido traerla y hemos tenido que recurrir al producto importado, pese a que abunda en los suelos de nuestra patria.

Por este motivo, repito, se hace indispensable proceder cuanto antes a la creación de un Ministerio que pueda afrontar, de manera integral, no sólo el problema de la locomoción colectiva de pasajeros, sino también el del transporte de carga a través de nuestro dilatado territorio.

Es cuanto quería decir, señorita Presidenta.

1) De los señores Naudón, Ibáñez, Laemmermann, Poblete, Clavel, Rioseco y la señora Enríquez, doña Inés, para suprimir en el inciso primero las palabras “y taxibuses".

2) Del señor Tuma, para reemplazar la frase final del inciso primero, desde donde dice: "Esta liberación regirá...", por la siguiente: "Gozarán de esta liberación las importaciones que establece esta ley y cuyas solicitudes hayan sido aprobadas por el Banco Central dentro del plazo de dos años, desde la vigencia de la presente ley."

3) Del señor Basso, para agregar la siguiente frase final al inciso primero:

"La internación de chasis con motor incorporado para taxibuses no podrá ser superior al 5% de la importación de chasis para buses del servicio urbano."

4) De los señores De la Fuente, Momberg, Phillips y Zepeda, para suprimir en el inciso tercero, la frase final, desde donde dice "con exclusión del impuesto adicional...".

5) De los señores Naudon, Laemmermann, Rioseco, Jaque, Ibáñez y la señora Enríquez, doña Inés, para suprimir el inciso cuarto.

6) De los señores De la Fuente, Momberg, Phillips y Zepeda, para agregar la siguiente frase final al último inciso: "Como, asimismo, de los impuestos sobre intereses de los gravámenes establecidos en la Ley de Timbres, Estampillas y Papel Sellado y, en general, de todo impuesto o tributo. Estarán igualmente exentos de todo impuesto, gravamen, derecho o tributo los documentos que se suscriban con ocasión de dicha primera transferencia, tales como, por ejemplo, letras de cambio que el comprador acepte, recibos de dinero, escrituras de cancelación total, -contratos de prenda, mutuo, prohibición de enajenar, etcétera."

7) De los señores Naudon, Ibáñez, Basso, Laemmermann, Poblete, Clavel, Fuentealba, Rioseco, Jaque y la señora Enríquez, doña Inés, para sustituir la letra a) por la siguiente:

“a) La internación y primera transferencia de autobuses carrozados destinados a ser adquiridos por empresarios de la locomoción colectiva, que atiendan servicios interprovinciales, con recorridos superiores a 500 kilómetros, o por empresas de turismo o entidades fiscales, que faciliten o fomenten la industria de turismo.

El Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, Subsecretaría de Transportes y Dirección de Turismo deberán certificar y calificar el hecho de que las internaciones para las cuales se soliciten estas exenciones reunir los requisitos establecidos en el inciso anterior."

8) Del señor Tuma, para reemplazar la letra b) por la siguiente:

"b) La internación y primera transferencia de autobuses destinados a ser adquiridos por empresas de turismo, empresas hoteleras o entidades que faciliten o fomenten la industria del turismo."

9) De los señores Naudon, Clavel, Laemmermann, Fuentealba, Rioseco, Ibáñez y de la señora Enríquez, doña Inés"b) La internación y primera transferencia de chasis con motor incorporado destinado a ser adquirido por colegios, escuelas, instituciones o entidades educacionales dependientes del Ministerio de Educación Pública o reconocidos como cooperadores de la función educacional del Estado, y destinados exclusivamente a la educación de los educandos del respectivo colegio o institución.El Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, Subsecretaría de Transportes y el Ministerio de Educación Pública deberán certificar el hecho, de que las internaciones y primeras transferencias para las cuales se soliciten estas exenciones reúnen los requisitos establecidos en esta letra."

10) De la señora Enríquez, doña Inés, y de los señores Clavel, Naudon, Rioseco, Jaque, Laemmermann y Fuentealba, para sustituir la letra c) por la siguiente:

"c) La internación y primera transferencia de los chasis armados o desarmados destinados a ser adquiridos por los empresarios de la locomoción colectiva particular que atiendan servicios interprovinciales y cuya internación sea aprobada por la Subsecretaría de Transportes. En todo caso, estos chasis deberán ser carrozados en Chile."

11) De los señores Aguilera, Sepúlveda, don Francisco, y Olave, para agregarla siguiente frase final a la letra c): "Se dará prioridad para aquellas solicitudes de provincias que benefician a los servicios de locomoción colectiva intercomunal."

12) De los señores Lavanderos y Sota, para reemplazarlo por el siguiente:

"Artículo 3°.- Los vehículos beneficiados con las exenciones establecidas en la presente ley no podrán ser transferidos sin autorización del Ministerio de Economía. En el caso de enajenarse estos vehículos a cualquier título, dentro de los cinco años contados desde su internación, deberá enterarse previamente, en arcas fiscales, el monto de los derechos y tributos aduaneros correspondientes a las franquicias que otorga esta ley. Quedan solidariamente obligados a este pago todas las personas naturales o jurídicas que intervengan en los actos o contratos respectivos.

Se prohíbe el uso o arrendamiento de los vehículos a que se refiere el inciso anterior para fines diversos del servicio de movilización pública. La infracción de esta prohibición será penada con el comiso del vehículo. El vehículo decomisado será rematado y su producto será de beneficio fiscal. El denunciante de cualquiera in-fración recibirán como galardón el 30% del producto del remate."

13) De los señores Poblete, Rioseco, Naudon, Ibáñez, Jaque y de la señora Enríquez, doña Inés, para agregar a continuación de la frase "Ministerio de Economía", la siguiente: "y de la Municipalidad respectiva", suprimiendo el punto que sigue a la palabra "Economía".

14) De los señores Lavandero y Sota, para reemplazarlo por el siguiente:

"Artículo 4°.- Agrégase al DFL N°305, de 1960, el siguiente artículo nuevo final:

"Artículo...- No obstante lo dispuesto en el artículo 9°del DFL. N° 241, de 1960, "Línea Aérea Nacional-Chile" podrá efectuar el transporte de pasajeros a que dicho precepto se refiere en aeronaves extranjeras sobre las cuales haya adquirido o adquiera derecho de uso o goce por arrendamiento o a cualquier otro título."

15) Del señor Valente para agregar un inciso nuevo que diga:

"La tripulación y el personal de vuelo de estas aeronaves deberá ser de nacionalidad chilena."

16) De los señores Clavel, Naudon, Jaque, Basso, Rioseco, Fuentealba, Ibáñez y Laemmermann, para agregar al inciso segundo, la siguiente frase:

"Estas rebajas o supresiones deberán afectar igualmente a los chasis que se importen por la Empresa de Transportes Colectivos del Estado y Cooperativas de Empresarios de la locomoción colectiva particular, siempre que se trate de buses."

Artículo 6°

17) De los señores De la Fuente, Coñuepán, Ochagavía, Zepeda y de los señores Poblete, Clavel, Jaque, Ibáñez, Rioseco, Naudon, Laemmermann y señora Enríquez, para suprimirlo.

De los señores Rioseco, Poblete, Basso y señora Enríquez, para suprimirlo.

De los señores Clavel, Fuentealba, Ibáñez, Jaque, Cabello, Naudon, Rioseco, Basso, Jarpa, Poblete y señora Enríquez, para sustituirlo por el siguiente:

"Artículo...- Reemplázase en el artículo 23 de la ley N 14.171 el grupo uno automóviles particulares y station-wagons.

Grupo I

Automóviles particulares o station-wagons.

1) Automóviles particulares y station-wagons de precio de venta en casas importadoras:

"VALORES DE TELEVISORES"

Esta nueva clasificación comenzará a regir a contar desde el 1° de enero de 1966."

20) De los señores Basso, Poblete y Rioseco y de la señora Enríquez, para reemplazarlo por el siguiente:

"Artículo...- Elévase en un 10% el valor de las patentes del Grupo I, automóviles particulares, station wagons, establecidas en el artículo 23 de la ley N° 14.171."

21) De los señores Pontigo, Guastavino y Valente, para reemplazarlo por el siguiente:

Artículo...- Los automóviles, station wagons y jeeps pagarán una patente equivalente al 2% de su valor para los vehículos que alcancen hasta un valor comercial de ocho sueldos vitales anuales del departamento respectivo, y equivalente al 3% del valor para aquellos vehículos de un valor comercial superior.

Las Municipalidades harán sus cálculos de acuerdo a una tabla de valores comerciales de los vehículos, que anualmente elaborará Impuestos Internos.

Los tipos de vehículos no contemplados en este artículo pagarán una patente que se fijará por cada Municipio, en una escala de valores que anualmente deberá aprobarse con los votos favorables de los dos tercios de ¡os Regidores en ejercicio."

22) Del señor Lavandero, para reemplazar las palabras "en casas importadoras"' por la expresión "al público".

23) Del mismo señor Diputado, para agregar después de la expresión "sueldos vitales anuales”, lo siguiente "del departamento de Santiago".

24) Del mismo señor Diputado, para reemplazar la frase "porcentajes de„ sueldos vitales mensuales", por la siguiente: "porcentaje de un sueldo vital '-mensual del departamento de Santiago."

25) Del señor Acevedo, para agregar el siguiente inciso final:

Los valores que resulten de la aplicación de la escala anterior, no estarán afectos a ningún recargo o impuesto adicional establecidos en leyes generales o especiales."

26) De los señores Ibáñez, Fuentes, don Samuel y Poblete, para agregar el siguiente inciso nuevo:

"A contar desde el 1° de enero de 1966, el 50% de todos los impuestos fiscales que perciba el Fisco por otorgamiento de patentes de vehículos motorizados será de beneficio de la Municipalidad que otorga La patente respectiva."

De los señores Diputados que se indican, para agregar los siguientes:

27) El señor Valente:

"Artículo...- Las disposiciones del inciso 5° del artículo 5° de la ley 14.824 se aplicarán, también, en aquellas zonas en donde rijan las leyes N°s. 12.937 y 13.039.

Las internaciones de estos vehículos se harán, en todo caso, con informe de la Subsecretaría de Transportes."

28) Del mismo señor Diputado:

"Artículo...- A contar del 1° de enero de 1966 y por un plazo de cinco años el Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción deberá consultar en el presupuesto ordinario de la Nación los fondos necesarios para adquirir las empresas y vehículos de la locomoción colectiva particular incorporando estos servicios a la Empresa de Transportes Colectivos del Estado".

29) Del mismo señor Diputado:

"Artículo....- Declárase que Arica es una de las sedes de la industria automotriz. El Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, conjuntamente con la Corporación de Fomento de la Producción, resolverán, en un plazo no mayor de 12 meses, la autorización para que determinadas industrias de esa zona armen y fabriquen camiones, y vehículos destinados a la locomoción colectiva del país".

30) Del mismo señor Diputado:

"Artículo....- El Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción deberá realizar un estricto estudio de los costos de los repuestos y materiales destinados a los vehículos de locomoción colectiva dictando, cuando proceda, los decretos de rebaja de los precios de venta.

El resultado de estos estudios deberá ser comunicado por el Ministerio señalado a la Cámara de Diputados".

31) De los señores Aguilera, don Luis, Olave y Sepúlveda, don Francisco:

"Artículo....- Las Empresas del Estado, entre ellas Ferrocarriles del Estado, Empresa de Transportes Colectivos del Estado, Empresa Nacional de Minería y Línea Aérea Nacional, deberán comprar de preferencia para sus servicios el petróleo y los subproductos que produce o pueda producir la Empresa Nacional de Petróleo".

32) De los señores Fuentealba, Cabello, Rioseco, Naudon, Poblete, Ibáñez, Aguilera, don Luis, Jaque, Camus, Pontigo Rodríguez, don Juan, Zepeda, Laemmermann y señora Enríquez, doña Inés:

'Artículo ...- Los vehículos que se internen con las exenciones establecidas en la presente ley y se destinen a la locomoción colectiva urbana deberán ser distribuidos proporcionalmente entre las diversas provincias del país en relación con el número de habitantes de cada una de ellas, sin perjuicio de los que se destinen a los servicios interprovinciales".

33) De los señores Godoy, Valente y Acevedo:

“Artículo....- La distribución de chasis o vehículos carrozados se hará, preferentemente, en su primera entrega, a aquellos empresarios que sólo posean una máquina.

Aquellos que no sean beneficiados en la primera entrega, se les considerará en las siguientes.

Una vez cubiertas las necesidades de los pequeños empresarios se atenderán las aspiraciones de los otros postulantes".

34) De los señores Guastavino y Valente:

“Artículo....- Los beneficios de la presente ley les serán aplicados a todos los taxistas que tengan necesidad de renovar su material".

35) Del señor Astorga:

"Artículo... .- Amplíase el artículo 2° del Título I de la ley 12.937, que autoriza la libre importación con cambio libre bancario, de las maquinarias y elementos citados en este mismo artículo, incorporando a tales beneficios a los chasis y carrocerías desarmadas para buses de pasajeros de la movilización urbana de los departamentos de Pisagua e Iquique y a los buses carrozados que se importen para la movilización interprovincial de pasajeros, desde y hacia la provincia de Tarapacá.

E! Administración de la Aduana de Iquique, podrá autorizar la salida de buses de pasajeros a otras zonas del país, por un plazo no superior a seis meses, previa garantía de los mismos y fianza nominal que se determine. Las nuevas autorizaciones temporales, sólo podrán otorgarse cuando los empresarios hayan cumplido con las exigencias señalas, especialmente, de mantener tales vehículos para la movilización de pasajeros de acuerdo con los permisos otorgados por la Subsecretaría de Transportes y del retorno a la zona liberada dentro del plazo que fijen las autoridades de aduana".

36) De los señores Valente y Guastavino.

"Artículo....- Autorízase a las Municipalidades para resolver los problemas derivados de la movilización de los escolares, quedando facultadas para hacer la distribución de máquinas de acuerdo al estudio y resoluciones que ellas adopten sobre el particular".

37) De los señores Camus y Acuña:

“Artículo....- A los mismos beneficios y franquicias ya señalados, podrán acogerse las personas de las zonas damnificadas por los terremotos de mayo de 1960 y de marzo de 1965 que deseen importar camiones o camionetas que favorezcan el transporte de mercaderías".

38) De los señores Ibáñez, Fuentes, don Samuel, Rioseco y Camus:

"Artículo ... .- Los beneficios y exenciones de esta ley se aplicarán también a la importación de automóviles destinados al servicio público que importen los choferes de taxi que teniendo más de 10 años de trabajo en su actividad, sean dueños de un automóvil de un modelo de más de 10 años de uso o no posean automóvil propio.

Ambos hechos serán acreditados por el Sindicato respectivo".

39) De los señor Ibáñez, Fuentealba Poblete, Acuña, Jarpa, Fuentes, don Samuel, y señora Lazo

'Artículo....- Las Municipalidades tendrán los beneficios y exenciones del artículo 1° para los efectos de poder importar chasis destinados a la movilización colectiva, en especial de los escolares de sus respectivas comunas".

40) Del señor Valente:

"Artículo....- Agrégase el siguiente inciso nuevo a la letra a) del artículo 4° de la ley Nº 14.555:

"Sin embargo, este valor se rebajará, para todos los derechos legales concernientes a la internación, en un 10% por cada año de antigüedad del vehículo, con un tope de 30%

La señorita SAAVEDRA (Presidenta Accidental).- A continuación, corresponde considerar el proyecto de ley, originado en un Mensaje, que otorga el derecho al pago de quinquenios al personal de empleados y obreros de las concesiones de los Servicios de Aseo y de Jardines que pasaron a la planta de la Municipalidad de Providencia.

Boletín N 10.476.

- El proyecto dice como sigue:

"Artículo único.- Reconócese para los efectos del pago de quinquenios y de desahucio al personal de empleados y obreros que prestaban sus servicios en las concesiones de los Servicios de Aseo y de Jardines que tenía otorgada la Municipalidad de Providencia y que pasaron a pertenecer a la planta de empleados y obreros de ésta, el tiempo servido en dichas concesiones a contar del 1° de enero de 1955.

El pago de quinquenios se hará desde que hubieren enterado el tiempo exigido por la ley para gozar de tales beneficios, contado éste desde la fecha indicada en el inciso anterior.

Servirá de suficiente prueba del tiempo servido en las concesiones, el certificado de la Caja de Previsión correspondiente, o los antecedentes que existan en la Municipalidad, los que serán apreciados en conciencia por el Alcalde de la misma Corporación, que cumplirá este cometido, para los fines establecidos en la presente ley, sin que le afecte responsabilidad alguna.".

El señor RUIZ-ESQUIDE (don Mariano).-

Señorita Presidenta, voy a ser muy breve. Sólo quiero manifestar que los Diputados democratacristianos aprobaremos el proyecto tal como viene despachado por la Comisión de Gobierno Interior.

Se trata de corregir una situación que afecta a empleados y obreros que laboraron en las concesiones de los Servicios de Aseo y Jardines que tenía otorgada la Municipalidad de Providencia y que han pasado a su planta.

El artículo 48 del Reglamento del Estatuto de los Empleados Municipales, establece que para los efectos de los aumentos de sueldos por cada cinco años de servicios, servirán los años no paralelos prestados en cualquier Municipalidad. La disposición no permite reconocer, para estos efectos, otros servicios que los antes señalados. Por esta razón, el personal indicado no puede percibir el segundo quinquenio que le corresponde a la mayoría de ellos.

La Comisión estimó conveniente despachar este artículo único del proyecto, considerando exclusivamente el tiempo servido por dicho persona] a los concesionarios de los Servicios de Aseo y de Jardines, a contar del 1° de enero de 1955, fecha que les fueron otorgados los beneficios correspondientes.

En resumen, y con el objeto de no prolongar el debate de este proyecto que nos parece extraordinariamente sencillo y simple, los Diputados democratacristianos lo votaremos favorablemente y en la forma que viene redactado por la Comisión de Gobierno Interior, con el objeto de salvar esta disposición legal que, hasta la fecha, impide a la Municipalidad de Providencia hacer efectivo el pago de los quinquenios a los obreros que desde el año 1963 han pasado a pertenecer a la planta de dicha Corporación.

Por eso, nosotros establecemos que se va a contar el tiempo servido en las concesiones citadas desde el 1° de enero de 1955.

Igualmente, consideramos que la iniciativa indica en forma muy clara que será suficiente prueba para acreditar el tiempo servido el certificado de la Caja de Previsión correspondiente los antecedentes que existan en la Municipalidad.

Los parlamentarios democratacristianos, repito, votaremos favorablemente el proyecto en discusión.

La señora LAZO.-

El Honorable colega señor Palestro solicitó, en nombre del Comité Socialista, que fuera tratado este proyecto.

Gomo veo que hay asentimiento en la Sala para despecharlo favorablemente, sólo deseo anunciar que lo votaremos favorablemente, por las razones expuestas por el Diputado informante de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, Honorable señor Ruiz-Esquide.

Nosotros hemos solicitado el despacho del proyecto en debate para hacer justicia y solucionar una situación creada a obreros y empleados de la Municipalidad de Providencia.

Eso es todo.

El señor ACUÑA.-

Seré muy breve. Sólo deseo anunciar los votos favorables de los Diputados radicales a la iniciativa en discusión. Ella es de toda justicia y está encaminada a favorecer a un grupo de empleados y obreros de la Municipalidad de Providencia.

En consecuencia, los Diputados radicales aprobaremos este proyecto de ley, por las razones de equidad y justicia señala las en la exposición de la Comisión.

El señor MILLAS.-

Señorita Presidenta, los parlamentarios comunistas estábamos de acuerdo, cuando hizo su petición el Honorable colega Palestro, en que este proyecto se aprobara sin debate, por cuanto nos parece obvio y sencillo, Nosotros le prestamos todo nuestro apoyo.

Estimamos que esta iniciativa es consecuencia del sistema absolutamente anómalo que rigió durante bastante tiempo-en la Municipalidad de Providencia y respecto del cual expresamos oportunamente nuestra condenación. Durante ocho años, o sea, desde 1955 hasta el término de 1962, el servicio de extracción de basuras de la comuna estuvo entregado en concesión.

Por lo general, suelen andar preocupadas de estas actividades referentes a la extracción de basura personas que no actúan en forma suficientemente limpia...

El señor ARAVENA (don Jorge).-

¡Esos andan más sucios que la basura!

El señor MILLAS.-

El hecho de que un servicio de la importancia de éste, y que debería estar a cargo municipal, exclusivamente, se entregara en concesión a particulares nos parecía absolutamente irregular. Y algo similar ocurre en diversas instituciones estatales, como la ENAP y otras, en las cuales se entregan labores fundamentales a distribuidores o concesionarios particulares.

En la administración municipal no se justifica en ninguna forma la concesión del servicio de extracción de basuras.

Ahora bien, la única observación que puede surgir respecto de este proyecto sería la relacionada con los medios de pago de que dispone la Municipalidad de Providencia para conceder este beneficio. La iniciativa es de estricta justicia y en su texto se han considerado todas las salvaguardias del caso, a fin de que en ninguna oportunidad pueda prestarse a abusos.

Los empleados y obreros que gozarán de este beneficio son aquéllos que ingresaron a la planta municipal y prestaban servicios en las concesiones de los servicios de aseo y jardines cuando se puso término a aquel sistema, el 1° de enero de 1963.

Por lo tanto, como ellos tienen que acreditar el tiempo servido a aquellos concesionarios, mediante certificado de la caja de previsión correspondiente o los antecedentes que existan en la Municipalidad, los cuales serán apreciados en conciencia, por el Alcalde, no puede haber peligro alguno de abuso.

Ahora bien, cualquier otro municipio tendría que pagar estos beneficios, que corresponden a un gasto normal en sus presupuestos; y la Municipalidad de Providencia, por su parte, dispone holgadamente de los recursos necesarios para satisfacer estas reivindicaciones de las cuales está gozando el personal de todos los otros organismos similares del país.

En estas condiciones, nos parece incuestionable la conveniencia de aprobar el proyecto a que me he referido.

He dicho.

El señor Videla renuncia a la

Comisión de Hacienda y se propone en su reemplazo al señor Escorza.