Labor Parlamentaria

X. Otros documentos de la Cuenta.

2. Oficios:

- Oficio de la Comisión de Régimen Interno por el que indica que el diputado señor Orlando Vargas asistirá al Foro Euro-Latinoamericano de las Mujeres para participar en el Primer Encuentro Birregional de Género, a efectuarse en Tucumán, Argentina, desde el 26 al 28 de junio próximo, conforme al Acuerdo Marco sobre Participación Internacional (92).

- Oficio de la Comisión Especial de Defensa de los Derechos del Consumidor, mediante el cual solicita el asentimiento de la Corporación para realizar sesiones ordinarias simultáneamente con la Sala los días miércoles de 11:00 a 12:30 horas. En Tabla.

Respuestas a oficios

Ministerio de Interior:

- Diputado Marinovic, Tenga a bien evaluar la factibilidad de construir una nueva Comisaría de Carabineros en la avenida Frei de Rómulo Correa del sector norte de Punta Arenas, Región de Magallanes. (442 al 4950).

- Diputado Alinco, Solicita tener a bien analizar y disponer las medidas que sean procedentes, respecto de la situación que aqueja al Suboficial de Carabineros, señor Juan Carlos Orellana, en consideración de la información que consta en la solicitud y antecedentes adjuntos. (9851 al 4389).

Ministerio de Economía, Fomento y Turismo:

- Diputado Espinoza don Fidel, Solicita la remisión de los antecedentes que obren en el servicio a su cargo, en relación con el lamentable fallecimiento de don Plácido Jiménez Pérez, ocurrida el pasado 23 de marzo, en la empresa Mainstream, de la comuna de Quinchao, Chiloé; particularmente, el tipo de licencia con la que contaba el trabajador para ejercer su oficio. (1395 al 10562).

- Diputado Campos , Informe sobre los costos de operaciones diarias que tendrá el funcionamiento del barco de investigación “Cabo de Hornos”, construido en los astilleros de la maestranza de la Armada en Talcahuano, que realizará investigaciones de los recursos pesqueros en las costas chilenas. (1422 al 10981).

Ministerio de Hacienda:

- Diputado Chahín , Evalúe la factibilidad de otorgar un nuevo acuerdo de pago de su vivienda social a don Carlos Torres Soto, individualizado en la solicitud adjunta. (28617 al 4933).

Ministerio de Educación:

- Diputada Molina doña Andrea, Informe sobre la existencia de distintos criterios regionales respecto al uso de los días administrativos e indique a que se atribuye esta diferenciación. (1444 al 11464).

- Diputado Robles, informe acerca de la situación escolar del hijo de cinco años de doña María Hidalgo, toda vez que debió matricularlo en el colegio Villa Las Playas, comuna de Caldera, en circunstancias que queda alejado de su domicilio, no siendo aceptado en el colegio Byron Gigoux al que postuló inicialmente. (169 al 10997).

Ministerio de Justicia:

- Diputado Rincón , Tenga a bien evaluar la factibilidad de donar los libros “Ministerio de Justicia: Hitos de su historia, 175 años” a los jardines infantiles de las comunas de Codegua, Coinco, Coltauco, Doñihue, Graneros, Machalí, Malloa, Mostazal, Olivar, Quinta De Tilcoco, Rengo y Requínoa, correspondientes a la Región del Libertador Bernardo O'Higgins. (4176 al 4975).

- Proyecto de Acuerdo 741, “Solicita se modifique el Reglamento de Establecimientos Penitenciarios, los cuales por su gravedad, no serán objeto de beneficios.” (4255).

Ministerio de Obras Públicas:

- Diputado Chahín , Construcción de una parada de buses en el cruce Corretué, ubicado en el camino que une las ciudades de Lautaro y Curacautín, contemplando, además, el ensanche del camino en dicha intersección. (1252 al 10119).

Ministerio de Trabajo y Previsión Social:

- Diputado Sandoval, Considerar remitir al Congreso Nacional un mensaje, que establezca un sistema de hipoteca revertida, con el objeto de mejorar las jubilaciones del sector pasivo, cuyos antecedentes se encuentran en poder del Ministerio del Trabajo y Previsión Social (15415 al 4877).

Ministerio de Salud:

- Diputado Espinoza don Fidel, Remita la información detallada en la intervención adjunta, referida a la licitación y ejecución del centro de salud familiar para la cuidad de Puerto Varas, Región de Los Lagos, en especial explique su demora en implementarlo. (1902 al 10993).

- Diputada Isasi doña Marta, Solicita tenga a bien analizar y disponer las medidas que sean procedentes, en relación con la situación que afecta a los funcionarios del Hospital Doctor Ernesto Torres Galdames, de la Región de Iquique, descrita en la solicitud adjunta. (1904 al 4772).

- Diputada Sepúlveda doña Alejandra, Solicita informar sobre la posibilidad de analizar y disponer las medidas que sean procedentes, en relación con la situación que afecta a la familia Villegas Cornejo, descrita en la solicitud y antecedentes adjuntos. (1905 al 11091).

- Diputado Sabag, Posibilidad de reestudiar la situación del sistema de atención primaria de salud del Valle del Itata, integrado por las comunas de San Nicolás, Ninhue, Quirihue, Cobquecura, Treguaco, Portezuelo, Coelemu, Ranquil y Quillón, ante la escasez de médicos y enfermeras, considerando un aumento en su dotación y el establecimiento de un Centro de Salud Familiar para atender a esta zona. (1906 al 11021).

- Diputado Accorsi, Solicita informe sobre las medidas adoptadas e instrucciones impartidas a las secretarías regionales ministeriales, en cumplimiento del dictamen N° 019557N13 del pasado 2 de abril, de la Contraloría General de la República. (1907 al 11035).

- Diputado Robles, Cobro previo que se efectúa en el servicio de urgencias de la clínica, de administración municipal, de Caldera. (1908 al 11127).

- Diputado Robles, Efectúe una evaluación del suministro de agua potable por parte de la empresa Aguas Chañar en la comuna de Tierra Amarilla, Región de Atacama, en particular, de la población Algarrobo, e informe de sus resultados a esta Corporación. (1909 al 10633).

- Diputado Meza, Evalúe la factibilidad de entregar recursos adicionales a la posta rural, ubicada en el sector de Catripulli, comuna de Curarrehue, con el objeto de construir un casino para sus funcionarios, los que en la actualidad deben utilizar la sala de atención (1925 al 4800).

- Diputado Robles, Atención a los pescadores artesanales en los consultorios de salud municipal de las comunas de Caldera, Huasco y Chañaral; y la forma en que opera el Fondo Nacional de Salud, en consideración a la variabilidad de sus rentas. (8026 al 10923).

Ministerio de Minería:

- Diputado Rojas, Informe respecto de las medidas y acciones que se pretenden adoptar en materia de seguridad, con ocasión del traslado que se realizará de 900 toneladas de explosivos (TNT) por la carretera que atraviesa las localidades de Baquedano y Sierra Gorda con destino a la empresa nacional de explosivos ubicada en la comuna de Calama, Región de Antofagasta. (338 al 11168).

Ministerio de Vivienda y Urbanismo:

- Diputado Chahín , Estado de avance de los proyectos de pavimentación participativa que se desarrollarán en las Poblaciones Montebruno y Los Avellanos, y en la localidad de Pillanlelbún, de la comuna de Lautaro. (1273 al 11278).

- Diputada Isasi doña Marta, Eliminación de socavones en comuna de Alto Hospicio (354 al 7348).

Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones:

- Diputado Rincón , Informe acerca de las inversiones ferroviarias en la Región del Libertador General Bernardo O´Higgins, en especial respecto del llamado Metrotren “Rancagua Express”; de la eliminación de servicios en determinadas estaciones ferroviarias de la región y la reparación del resto de las mismas, en particular las de San Fernando y Rengo; como asimismo, evalúe la factibilidad de soterrar la estación de Graneros. (3147 al 11226).

- Diputado Chahín , Estado de avance del proyecto de corredor bioceánico que pasaría por la comuna de Victoria, su prioridad y la posibilidad de de contemplar una plataforma logística de carga terrestre en ella. (3382 al 11008).

- Diputado Díaz don Marcelo, Posibilidad de otorgar una solución al problema que afecta al señor Isaac Ruiz, ex propietario de un vehículo de transporte de pasajeros, de la Región de Coquimbo, quien no ha podido recibir un subsidio de renovación de buses por causas ajenas a su voluntad. (3523 al 11013).

Ministerio Secretaría General de la Presidencia:

- Diputado Espinoza don Fidel, Informar las medidas o mecanismos que el Ejecutivo ha considerado en relación con el reconocimiento del derecho que asiste a aquellos funcionarios de las Fuerzas Armadas que se acogieron a retiro por enfermedad y que no habrían podido acceder a la asignación de zona que les habría correspondido cuando aún desempeñaban sus funciones, ello, por cuanto en el año 1971 tal asignación fue suspendida y luego vuelto a pagarse desde el año 2000, fecha en la que muchos interesados no pudieron reclamar el beneficio por encontrarse fuera de plazo. (776 al 9118).

Ministerio Medio Ambiente:

- Diputado Sabag, Posibilidad de interponer sus buenos oficios con el propósito de acelerar la tramitación del proyecto de construcción del embalse Lonquén. (130942 al 10927).

Intendencias:

- Diputada Pascal doña Denise, ordene iniciar una investigación, tendiente a fiscalizar a la empresa Ibatao y la sociedad agrícola Sodicer, con ocasión de los problemas de contaminación sanitaria que afecta tanto al sector Llaveria, comuna de Isla de Maipo como de las comunas de Talagante y El Monte, conforme se detalla en la intervención adjunta; como asimismo, se sirva concederle audiencia, para efectos de tratar personalmente esta situación y buscar una solución definitiva al respecto. (4644 al 4755).

Servicios:

- Diputado Díaz don Marcelo, Medidas adoptadas para adquirir terrenos destinados a allegados de la comuna de Vicuña. (2928 al 10175).

- Diputado Díaz don Marcelo, Posibilidad de considerar la construcción de una nueva sede para la Junta de Vecinos de la Población Gabriel Mistral, de la comuna de Vicuña, y acerca de la individualización del propietario del terreno en que se levanta la actual. (2928 al 10177).

- Diputado Díaz don Marcelo, Multa que se habría cobrado, por retrasos, a la empresa constructora OVCO, a cargo de las obras de la Población Alto Vicuña, de la comuna de Vicuña y cuyo destino habría sido establecido en beneficio de la comunidad habitacional. (3021 al 11212).

- Diputado Díaz don Marcelo, Situación de la sede social de la Junta de Vecinos de la Población Alto Vicuña, los plazos considerados para su entrega y su naturaleza; y, las razones que obligan a los vecinos a efectuar el pago del empalme de electricidad, sin que cuenten con su tenencia. Asimismo, S. S. solicita a Ud. se sirva arbitrar las medidas que correspondan a fin de agilizar la entrega de la referida sede. (3021 al 11213).

- Diputada Molina doña Andrea, Solicita tenga a bien disponer las medidas que sean procedentes, en relación con la situación que afecta a doña Adela Miranda Alvarado, descrita en la solicitud y antecedentes adjuntos. (336 al 4819).

- Diputada Molina doña Andrea, Solicita tenga a bien disponer las medidas que sean procedentes, en relación con la situación que afecta a don Oriel Fernández Olivares, descrita en la solicitud y antecedentes adjuntos. (337 al 4824).

Varios:

- Diputado Espinosa don Marcos, Solicita tenga a bien disponer la fiscalización del Cuartel de la 3ª Compañía de Bomberos de la comuna de Tocopilla, Región de Antofagasta, afectado por una filtración de agua que impide el normal desarrollo de sus actividades. (1940 al 10651).

Municipalidades:

- Diputado Rincón , Solicita tenga a bien informar sobre el monto de los recursos asignados al municipio por concepto de subvención escolar preferencial para el año 2012, con indicación de la cifras correspondientes al gasto efectuado con cargo a dichos recursos y al saldo, si lo hubiere. (380 al 11380).

III. ACTAS

El señor GODOY (Vicepresidente).- El acta de la sesión 34ª se declara aprobada.

El acta de la sesión 35ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.

IV. CUENTA

El señor GODOY ( Vicepresidente ).- El señor Prosecretario dará lectura a la Cuenta.

-El señor ROJAS (Prosecretario) da lectura a la Cuenta.

El señor GODOY ( Vicepresidente ).- Ofrezco la palabra sobre la Cuenta.

El señor JARAMILLO.- Pido la palabra.

El señor GODOY ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra su señoría.

El señor JARAMILLO.- Señor Presidente, no aparecen en la pantalla de mi computador las tres últimas indicaciones del Ejecutivo de las cuales se dio cuenta.

El señor GODOY ( Vicepresidente ).- Se las haremos llegar, señor diputado .

-o-

El señor GODOY ( Vicepresidente ). Si le parece a la Sala, se accedería a la petición formulada por la Comisión Especial de Defensa de los Derechos de los Consumidores en orden a que se le autorice para sesionar simultáneamente con la Sala, los miércoles, de 11.00 a 12.00 horas.

¿Habría acuerdo?

No hay acuerdo.

-o-

El señor SANDOVAL.- Señor Presidente, pido la palabra.

El señor GODOY ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra su señoría.

El señor SANDOVAL.- Señor Presidente , lamento una situación ocurrida con la Comisión de Régimen Interno, Administración y Reglamento.

La Comisión Especial del Adulto Mayor viene sesionando desde hace mucho tiempo; es una de las que funciona con mayor regularidad, con altos niveles de avance en materia legislativa. Para qué hablar de las presiones e intereses que ha despertado, a través de diversas acciones. Lo prueba la gran producción de proyectos de acuerdo, oficios, audiencias y otras acciones, para tratar un asunto respecto del cual hemos intervenido casi todos los parlamentarios, porque todos los diputados invitamos a delegaciones de adultos mayores. Ese ha sido un trabajo persistente.

Por eso, es una lástima que uno de los miembros de dicha comisión se haya opuesto a que algunos de sus integrantes pudieran participar en un encuentro muy importante organizado por la Cepal. Y no lo digo por mí, sino por los miembros de la comisión que fueron invitados por la Cepal a participar en un programa de evaluación del avance de los acuerdos suscritos en Costa Rica relacionados con los programas para adultos mayores en América Latina.

Considero lamentable la situación producida y que no se haya permitido a los integrantes de la comisión concurrir a ese importante evento; de hecho, hasta ahora, esa comisión no han participado en actividad alguna.

Por eso, reitero que considero lamentable la actitud del diputado Fidel Espinoza.

He dicho.

El señor GODOY (Vicepresidente).- En realidad, como no era parte del acuerdo marco, no existe un acuerdo de la Cámara de Diputados sobre la materia, y el diputado Fidel Espinoza tenía todo el derecho a proceder en la forma en que lo hizo.

VIII. ANEXO DE SESIÓN

COMISIÓN ESPECIAL DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y DE ANTECEDENTES

-Se abrió la sesión a las 13.17 horas.

El señor MEZA (Presidente accidental).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.

IX. DOCUMENTOS DE LA CUENTA

1. Mensaje de S.E. el Presidente de la República con el que inicia un proyecto de reforma constitucional que establece la obligatoriedad del segundo nivel de transición y crea un sistema de financiamiento gratuito desde el nivel medio mayor. (boletín N° 8997-07)

“Honorable Cámara de Diputados:

En uso de mis facultades constitucionales, he resuelto someter a vuestra consideración el presente proyecto de reforma constitucional que establece la obligatoriedad del segundo nivel de transición y establece un sistema de financiamiento gratuito desde el nivel medio mayor.

I. ANTECEDENTES

La educación cumple un rol fundamental en toda sociedad. Es la base para el desarrollo social y económico y también para la democracia. Cuando existe libertad de enseñanza, la educación permite a cada individuo descubrir y desarrollar sus propias potencialidades y así realizarse personalmente, ayudándolo a alcanzar la felicidad. Asimismo, que cada persona pueda alcanzar su desarrollo espiritual, ético, moral, afectivo, intelectual, artístico y físico, mediante la transmisión y el cultivo de valores, conocimientos y destrezas, es pieza clave para avanzar hacia una sociedad de oportunidades, más libre y más justa.

Además, una sociedad con mayores niveles de educación otorga a sus habitantes una mejor calidad de vida y bienestar y es condición de posibilidad para la democracia. En conclusión, la educación ayuda a formar mejores personas, capaces de contribuir a la comunidad en general, mejorando el bienestar social e influyendo directamente en la construcción de una sociedad más equitativa, que premia el mérito y el esfuerzo de las personas. Por lo tanto, juega un rol fundamental tanto a nivel individual como social.

Así lo refleja nuestra Constitución Política, reconociendo el derecho que tiene toda persona para aspirar a concretar una serie de bienes materiales y espirituales que le permitan desarrollarse adecuadamente, conforme a su propia naturaleza y dignidad, siendo uno de esos bienes básicos la educación. Por lo tanto, entendiendo que quien tiene la iniciativa natural en el campo de la educación es la familia, la Carta Fundamental establece como rol del Estado proteger especialmente el derecho y deber de los padres de educar a sus hijos y de garantizar y promover las medidas necesarias para contribuir a que todos los niños de nuestro país reciban educación desde temprana edad. Esto, porque es precisamente en ese nivel de educación en donde comienzan a aparecer las desigualdades, por ello es urgente abordarlas lo antes posible.

II. FUNDAMENTOS DE LA INICIATIVA

1. Importantes avances en materia de educación parvularia.

La historia legislativa e institucional de Chile ha tenido grandes hitos que han contribuido al desarrollo de la educación. Cabe recordar que en la época de la Colonia la educación estaba en manos de la Iglesia, luego, con la Independencia la provisión de la educación se convierte en una de las tareas fundamentales del Estado, surgiendo así un sistema mixto de provisión educacional. Posteriormente, en 1860 se establecen las bases del sistema público de educación básica con la Ley Orgánica de Instrucción Primaria y en 1920 se promulga la Ley de Educación Primaria Obligatoria, que establece la obligatoriedad de cursar cuatro años de educación básica. Este mandato se extiende a 6 años en 1929 y a 8 años en 1965.

Por otra parte, en el año 2003 se establece la obligatoriedad de la enseñanza media, pasando a ser de 8 a 12 años la educación obligatoria en Chile.

A estos hitos se suman los avances esenciales en educación parvularia, como por ejemplo la modificación de nuestra Carta Fundamental en 1999, estableciendo la obligación del Estado de promover la educación parvularia; el reconocimiento de ésta como un nivel educativo en 2003; la reforma constitucional del año 2007, que garantiza el acceso gratuito y universal al segundo nivel de transición; la universalización de la subvención para el primer nivel de transición, en el año 2008; y el programa Chile Crece Contigo creado en 2009, que asegura educación parvularia gratuita a todos los niños pertenecientes a familias del 60% más vulnerable. A ello se debe agregar la creación de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI) y de la Fundación Integra en la década de los 70.

En los últimos tres años nuestro Gobierno ha realizado importantes esfuerzos en materia de acceso a este nivel educativo, en financiamiento y en calidad, entendiendo que es aquí donde se juega el futuro de los niños y donde se combaten realmente las desigualdades. En particular, ha crecido de manera importante el apoyo financiero para las instituciones del Estado en este nivel. Así, al finalizar el periodo de gobierno se habrán creado un total de 40.000 nuevos cupos en los niveles de sala cuna y medios en los recintos de la JUNJI y de la Fundación Integra. Igualmente, el presupuesto para ambas instituciones es 1,5 veces lo que era en 2010, lo que equivale a decir que nuestros niños cuentan hoy con 50% más de recursos que hace tres años.

Este mayor apoyo ha permitido no sólo una mejora de la cobertura, sino también un aumento en los montos por niño que entrega el Estado, lo que redunda en la calidad de la educación que se provee, y reduce las diferencias históricas que ha hecho el Estado relativas a los recursos fiscales que se entregan a menores de igual nivel socioeconómico, avanzando así en equidad.

Cabe además señalar que durante nuestro Gobierno se incrementó también en 20% la subvención para kínder y pre kínder, y, más importante aún, se aumentó en 21% la Subvención Escolar Preferencial, recursos que llegan directamente a los alumnos de menores ingresos y que permiten mejorar sus oportunidades de aprendizaje y desarrollo.

Finalmente, hemos puesto especial énfasis en elevar la calidad de la atención a los párvulos a través de la fiscalización de todos los jardines infantiles por parte de la JUNJI, de la creación y publicación de estándares orientadores para carreras de educación parvularia, de la prueba Inicia para educadores de párvulos y, sobre todo, a través del proyecto de ley que crea una autorización para funcionar para todos los jardines infantiles y entrega facultades a la Superintendencia de Educación para fiscalizar el cumplimiento de los requisitos en el tiempo y sancionar a quienes los incumplan. De esta forma se busca elevar las exigencias a todos los jardines infantiles para resguardar de forma adecuada el bienestar de nuestros niños.

Estas medidas responden a la creciente importancia que ha ido adquiriendo en el último tiempo este nivel educativo. Hoy sabemos que es en los primeros años donde se desarrollan las habilidades cognitivas y socioemocionales básicas de las personas, que resultan fundamentales para el desarrollo personal posterior.

Sobre ello, la evidencia indica que al año y medio de vida de los niños ya se observan diferencias en el grado de desarrollo de estas habilidades, en parte importante debido a la influencia de su contexto social, económico y cultural. Con el transcurso del tiempo, estas diferencias se acrecientan y son cada vez más difíciles de revertir. Así lo reflejan los resultados de nuestra prueba nacional SIMCE. Mientras 71% de los niños de cuarto básico pertenecientes a familias del nivel socioeconómico alto adquirieron en 2011 los conocimientos evaluados en la prueba de Lectura que correspondían a su nivel educativo, en el nivel socioeconómico bajo dicho porcentaje alcanzó sólo 29%. Por esta razón, resulta fundamental otorgar oportunidades de desarrollo a cada menor en la primera infancia.

2. Los nuevos desafíos

Actualmente, hay consenso entre los expertos de los beneficios que conlleva asistir a la educación parvularia para el desarrollo integral de los niños, al menos desde los 3 años, siempre que ésta sea de calidad, teniendo un mayor impacto en aquellos que provienen de contextos sociales más desfavorecidos. Esto refuerza la idea que este es el eje principal en la construcción de una sociedad que otorga las mismas oportunidades a todos sus habitantes.

Los indicadores muestran que las medidas adoptadas en Chile han ido en la dirección correcta, así también lo avala la evidencia internacional, según señalaremos más adelante. Como nos muestra la encuesta de caracterización socioeconómica (CASEN), la cobertura neta total para este nivel educativo pasó de cerca de 28% el año 2000 a más de 40% el año 2011. Lo anterior se debe, en gran medida, a los esfuerzos de los distintos gobiernos por financiar el acceso para todos los niños a dicho nivel. Por ejemplo, el derecho a una subvención universal para los niños de pre kínder produjo un aumento considerable de la cobertura en este nivel llegando en 2011 a 73%. Este crecimiento en cobertura ha ido aparejado de una mejor distribución de la misma, reduciéndose las diferencias en asistencia a la educación parvularia según nivel socioeconómico de manera sustancial, pasando de 20,2% a 42,3% en el periodo mencionado para el primer quintil, acercándose rápidamente a la tasa del quinto quintil, que creció de 46,3% a 48,4% en el mismo lapso de tiempo.

Pero el impacto de las medidas no se ha reflejado sólo en un aumento en cobertura, sino que, en conjunto con otras iniciativas en educación escolar, han permitido que en los últimos diez años hayamos logrado avances sin precedentes en relación con la equidad y calidad de la educación, mejorando los resultados educativos y sobre todo reduciendo de manera importante las diferencias en los aprendizajes entre estudiantes de diferentes niveles socioeconómicos. Así lo evidencian los análisis de instituciones internacionales como el Banco Interamericano del Desarrollo y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD), donde se muestra que Chile es uno de los países que más ha logrado mejorar sus resultados y, a la vez, reducir las diferencias entre los estudiantes de diversos niveles socioeconómicos. Cambios que se vienen dando con mayor fuerza justamente en las nuevas generaciones, lo que indica que estamos avanzando en la dirección correcta.

Ahora bien, aún tenemos desafíos por delante. Si bien la tasa de cobertura para los niños de 5 años (segundo nivel de transición) es de 93,6%, según la encuesta CASEN para 2011, al revisar lo que ocurre por quintil se aprecia que mientras el quinto quintil alcanza una cobertura de 96%, el primer quintil sólo logra una tasa de 84%. Esto significa que hoy cerca de 16.000 niños no están asistiendo a este nivel educativo, cuya mayoría se concentra en los sectores más vulnerables de la población.

Sin embargo, dicho desafío no implica sólo aumentar la oferta o el financiamiento, de manera de asegurar a todos los niños el acceso a estos niveles, sino que también requiere de un cambio cultural, transmitiendo con fuerza a las familias la importancia que tiene la educación parvularia para el desarrollo integral de los niños, para que éstas decidan ofrecer a sus niños la oportunidad de adquirir los conocimientos y desarrollar las habilidades asociadas a este nivel educativo.

Por otra parte, la realidad presentada para los niños de 4 ó 5 años no es la misma que para aquellos de 3 años (a los que le corresponde asistir al nivel medio mayor), para quienes no existe una política de financiamiento universal por parte del Estado. Según CASEN (2011), la cobertura para Chile a esta edad, donde la evidencia demuestra que sí hay efectos positivos de asistir a centros educativos, es de sólo 51%, todavía por debajo de la media de la OECD de 66%. He aquí otro desafío para el país.

Nuestro gobierno considera que es de toda justicia focalizar los esfuerzos en este nivel educativo, puesto que es acá donde se cimentan las bases para un desarrollo integral de nuestros niños y de sus oportunidades futuras, imprescindibles para la construcción de una sociedad más justa y equitativa.

III. CONTENIDOS DEL PROYECTO

Considerando la realidad actual de Chile, así como los avances y desafíos que presenta la cobertura en educación parvularia, la evidencia respecto de la importancia de este nivel educativo como base para el desarrollo posterior, sobre todo por su potencial para impactar la equidad, se hace necesario dar un paso más, abordando dos aspectos fundamentales.

En primer lugar, establecer la obligatoriedad del segundo nivel de transición, incrementando así a 13 años la educación obligatoria de nuestros niños y jóvenes, lo que implica que ningún niño podrá ser privado de recibir los conocimientos y desarrollar las habilidades asociadas a ese nivel educativo, avanzando de manera importante en igualar las oportunidades de aprendizaje.

En segundo lugar, y cumpliendo con el rol obligatorio de promover la educación parvularia, se financiará un sistema gratuito a partir del nivel medio mayor, que corresponde a niños de 3 años de edad. De esta forma, el Estado refuerza su compromiso con la educación y, en particular, con la educación parvularia, dando una señal inequívoca sobre la relevancia que tiene la educación en la primera infancia.

Por ello, el presente proyecto de reforma constitucional propone modificar nuestra Carta Fundamental, estableciendo la obligatoriedad para los niños de asistir al segundo nivel de transición y para el Estado de garantizar el acceso gratuito y el financiamiento fiscal al nivel medio mayor.

En mérito de lo expuesto, tengo el honor de someter a vuestra consideración el siguiente

PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL:

“Artículo único.- Introdúcense las siguientes modificaciones a la Constitución Política de la República:

1) Reemplázase el inciso cuarto del numeral 10 del artículo 19 por el siguiente:

“Para el Estado es obligatorio promover la educación parvularia, para lo que financiará un sistema gratuito a partir del nivel medio mayor, destinado a asegurar el acceso a éste y sus niveles superiores. El segundo nivel de transición es obligatorio, siendo requisito para el ingreso a la educación básica.”.

2) Reemplázase la disposición vigésimo primera transitoria por la siguiente:

“VIGÉSIMO PRIMERA.- La reforma introducida al numeral 10º del artículo 19, que establece la obligatoriedad del segundo nivel de transición y el deber del Estado de financiar un sistema gratuito a partir del nivel medio mayor, destinado a asegurar el acceso a éste y sus niveles superiores, entrará en vigencia gradualmente, en la forma que disponga la ley.”.”.

Dios guarde a V.E.,

(Fdo.): SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE, Presidente de la República ; FELIPE LARRAÍN BASCUÑÁN, Ministro de Hacienda ; CAROLINA SCHMIDT ZALDÍVAR, Ministra de Educación ”.

2. Oficio de S.E. el Presidente de la República.

“Honorable Cámara de Diputados:

Tengo a bien poner en conocimiento de V.E. que he resuelto hacer presente urgencia para el despacho de los siguientes proyectos de ley:

7201-08

Propicia la ampliación de la matriz energética, mediante fuentes renovables no convencionales.

Hago presente esta urgencia para todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en la H. Cámara de Diputados-, la que, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley N° 18.918, Orgánica constitucional del Congreso Nacional, califico de “discusión inmediata”.

Dios guarde a V.E.,

(Fdo.): SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE, Presidente de la República ; CRISTIÁN LARROULET VIGNAU, Ministro Secretario General de la Presidencia ”.

3. Oficio de S.E. el Presidente de la República.

“Honorable Cámara de Diputados:

Tengo a bien poner en conocimiento de V.E. que he resuelto hacer presente urgencia para el despacho de los siguientes proyectos de ley:

8643-02

Modifica algunos aspectos previsionales de las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y Gendarmería de Chile.

8828-14

Modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones en materia de afectaciones de utilidad pública de los planes reguladores.

6189-06

Establece normas sobre la actividad de lobby.

7886-03

Regula el tratamiento de la información sobre obligaciones de carácter financiero o crediticio.

8143-03

Modificaciones a ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada y Protección de Datos de Carácter Personal.

8874-05

Introduce modificaciones a la legislación tributaria en materia de factura electrónica y dispone otras medidas que indica.

8618-11

Crea los hospitales clínicos que indica en la Región Metropolitana.

8210-06

Perfecciona el rol fiscalizador del concejo; fortalece la transparencia y probidad en las municipalidades; crea cargos y modifica normas sobre personal y finanzas municipales.

7975-25

Fortalece el resguardo del orden público

6190-19

Permite la introducción de la televisión digital terrestre.

Hago presente esta urgencia para todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en la H. Cámara de Diputados-, la que, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley N° 18.918, Orgánica constitucional del Congreso Nacional, califico de “suma”.

Dios guarde a V.E.,

(Fdo.): SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE, Presidente de la República ; CRISTIÁN LARROULET VIGNAU, Ministro Secretario General de la Presidencia ”.

4. Oficio de S.E. el Presidente de la República.

“Honorable Cámara de Diputados:

Tengo a bien poner en conocimiento de V.E. que he resuelto hacer presente urgencia para el despacho de los siguientes proyectos de ley:

8673-07

Modifica régimen de nombramiento y funciones del sistema notarial y registral.

Hago presente esta urgencia para todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en la H. Cámara de Diputados-, la que, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley N° 18.918, Orgánica constitucional del Congreso Nacional, califico de “simple”.

Dios guarde a V.E.,

(Fdo.): SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE, Presidente de la República ; CRISTIÁN LARROULET VIGNAU, Ministro Secretario General de la Presidencia ”.

5. Oficio de S.E. el Presidente de la República.

“Honorable Cámara de Diputados:

En uso de mis facultades constitucionales, vengo en formular la indicación que más adelante se individualiza al proyecto de ley de la referencia, a fin de que sea considerada durante la discusión del mismo en el seno de esa H. Corporación.

I. ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS DE LA INDICACIÓN.

Con fecha 14 de agosto de 2012, los Honorables Diputados señores Jorge Burgos Varela, Marcelo Díaz Díaz, Joaquín Godoy Ibáñez, Felipe Harboe Bascuñán, Nicolás Monckeberg Díaz, Cristián Monckeberg Bruner, Frank Sauerbaum Muñoz, Arturo Squella Ovalle y doña Marcela Sabat Fernández, presentaron al Congreso Nacional una moción que, en procura de fortalecer la reinserción social de personas condenadas por simples delitos, modifica el artículo 12, letra f, del DFL N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, a objeto de morigerar los estrictos impedimentos existentes en el citado cuerpo legal para que personas infractoras de ley puedan ingresar a los órganos de la administración del Estado.

Considerando la capacitación laboral y la consecuente creación de condiciones que fomenten el ejercicio de un trabajo como condiciones esenciales para la plena reinserción de personas que por avatares del destino hubieren infringido preceptos penales, la moción abre la posibilidad para que quienes han sido condenados puedan ingresar a la administración pública.

Para ello, la iniciativa propone permitir el ingreso de personas condenadas por ilícitos castigados con penas de simples delitos a las plantas de auxiliares y administrativos de las órganos que se rigen por el Estatuto Administrativo en materia de personal; con ello, la inhabilidad de ingreso se mantendría sólo respecto de aquellos condenados a delitos castigados con penas de crimen.

Sin perjuicio que resulta evidente el beneficioso efecto que tendría una posibilidad como la señalada para efectos de promover la reinserción social de las personas condenadas en sede penal, lo cierto es que no sólo la extensión de la pena merece atención a la hora de diseñar la excepción propuesta, sino también requiere que se mantenga la prohibición de ingreso respecto de ciertos delitos cuyo bien jurídico protegido es particularmente valioso para la Administración del Estado.

La razonable finalidad buscada por la moción en comento, que se encuentra en absoluta consonancia con el marcado nivel de importancia que la reinserción social ha tenido para el presente gobierno, nos insta a fomentar una legislación que aborde en serio el papel preponderante que la actividad laboral juega en el éxito del proceso resocializador. Para conseguir ese objetivo, constituye un imperativo que el Estado asuma la promoción de dicha finalidad en su propia organización, permitiendo la incorporación a sus empleos de personas que tienen la intención de emendar sus errores, pues ello, junto con otorgar mayor coherencia a la actividad estatal en cuanto promotor de oportunidades de reinserción laboral tanto en el ámbito normativo de aplicación general –para el ámbito público y privado- como en la empleabilidad de sus propias instituciones, hace factible la generación de una cultura resocializadora desde la organización estatal expansible al sector privado.

II. CONTENIDO DE LA INDICACIÓN

La finalidad buscada por el proyecto debe ser ponderada con el imperativo constitucional de contar con funcionarios públicos probos, razón por la que hemos decidido impulsar la iniciativa a través de la presente indicación que, junto con alcanzar el objetivo expresado por la moción, mantiene los resguardos que protegen la probidad en el ejercicio de la función pública.

Concretamente, la presente indicación modifica el proyecto en dos sentidos:

1. Incorpora mejoras en la redacción con que el proyecto sustituye la letra f) del artículo del Estatuto Administrativo, manteniendo inalterable el objetivo perseguido por los parlamentarios, a fin de permitir el ingreso a la Administración del Estado como auxiliares y administrativos a personas que hubieren cometido ilícitos que tengan asignada una pena de simple delito.

2. Con el fin de resguardar el cumplimiento del principio de probidad, se establece como excepción a la nueva regla señalada en el numeral anterior, que no podrán ingresar a desempeñar aquellos cargos las personas aludidas cuando el delito de que se trate sea de aquellos contemplados en el Título V, del Libro II del Código Penal, esto es, los cometidos por empleados públicos en el desempeño de sus cargos.

Por las razones expresadas, vengo en formular la indicación que a continuación se individualiza, a fin de que sea considerada durante la discusión de la moción precitada en el seno de esa H. Corporación:

AL ARTÍCULO ÚNICO

Para reemplazar la frase que empieza con la expresión “Sin perjuicio de lo anterior” y termina en punto aparte (.), por la siguiente: “Sin perjuicio de lo anterior, tratándose del acceso a cargos de auxiliares y administrativos, no será impedimento para el ingreso encontrarse condenado por ilícito que tenga asignada pena de simple delito, siempre que no sea de aquellos contemplados en el Título V, del Libro II, del Código Penal.”.

Dios guarde a V.E.,

(Fdo.): SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE, Presidente de la República ; PATRICIA PÉREZ GOLDBERG, Ministra de Justicia ”.

6. Oficio de S.E. el Presidente de la República.

“Honorable Cámara de Diputados:

En uso de mis facultades constitucionales, por este acto formulo las siguientes indicaciones al proyecto de ley del rubro, a fin de que sean consideradas durante la discusión del mismo en el seno de esa H. Corporación:

AL ARTÍCULO 1°

1) Para sustituirlo por el siguiente:

“Artículo 1º.- Introdúcense las siguientes modificaciones a la Ley sobre Impuesto a las Ventas y Servicios, contenida en el decreto ley N° 825, de 1974:

1) Agréguese en el artículo 23, el siguiente número 7º.-, nuevo:

“7°.- El impuesto recargado en facturas emitidas en medios distintos al papel de conformidad al artículo 54, dará derecho a crédito fiscal para el comprador o beneficiario en el periodo en que hagan el acuse de recibo conforme a lo establecido en el inciso primero del artículo 9º de la ley N° 19.983, que regula la transferencia y otorga mérito ejecutivo a copia de la factura. Esta limitación no regirá en el caso de prestaciones de servicios, ni de actos o contratos afectos en los que, por aplicación de lo dispuesto en el artículo 55, la factura deba emitirse antes de concluirse la prestación de los servicios o de la entrega de los bienes respectivos.”.”.

2) Reemplázase el artículo 54, por el siguiente:

“Artículo 54.- Las facturas, facturas de compra, liquidaciones facturas y notas de débito y crédito que deban emitir los contribuyentes, consistirán exclusivamente en documentos electrónicos emitidos en conformidad a la ley. Las guías de despacho y las boletas de ventas y servicios se podrán emitir, a elección del contribuyente, en formato electrónico o en papel. Con todo, los comprobantes o recibos generados en transacciones pagadas a través de medios electrónicos, tendrán el valor de boleta de ventas y servicios, tratándose de contribuyentes que hayan optado por emitir dichas boletas en formato papel, en la forma y condiciones que determine el Servicio de Impuestos Internos mediante resolución. Tratándose de contribuyentes que hayan optado por emitir boletas electrónicas de ventas y servicios en que el pago de la respectiva transacción se efectúe por medios electrónicos, ambos sistemas tecnológicos deberán estar integrados en la forma que establezca el Servicio de Impuestos Internos mediante resolución, de forma tal que el uso del medio de pago electrónico importe necesariamente la generación de la boleta electrónica de ventas y servicios por el contribuyente respectivo.

Tratándose de contribuyentes que desarrollen su actividad económica en un lugar geográfico sin cobertura de datos móviles de operadores que tienen infraestructura o sin acceso al servicio público de suministro eléctrico o en un lugar decretado como zona de catástrofe conforme a la ley N° 16.282, no estarán obligados a emitir los documentos señalados en el inciso primero en formato electrónico, pudiendo siempre optar por emitirlos en formato papel. Para estos efectos, el Servicio de Impuestos Internos, de oficio o a petición de parte, dictará una o más resoluciones, según sea necesario, para implementar la opción de los contribuyentes, debiendo individualizar al contribuyente o grupo de contribuyentes que se encuentren en alguna de las situaciones referidas y solicitar a los organismos técnicos respectivos informes que acrediten las zonas geográficas del territorio nacional que no cuentan con los servicios o suministros respectivos y el plazo durante el cual dicha situación se mantendrá o debiese mantenerse. Transcurridos 60 días hábiles sin que sea resuelta por el Servicio de Impuestos Internos una solicitud de parte, se entenderá aceptada dicha solicitud en los términos planteados por el o los solicitantes.

Los documentos tributarios que de acuerdo a los incisos anteriores puedan ser emitidos en papel, deberán extenderse en formularios previamente timbrados de acuerdo a la ley y contener las especificaciones que señale el reglamento.

La copia impresa en papel de los documentos electrónicos a que se refiere el inciso primero, tendrá el valor probatorio de un instrumento privado emanado de la persona bajo cuya firma electrónica se transmitió, y se entenderá cumplida a su respecto la exigencia de timbre y otros requisitos de carácter formal que las leyes requieren para los documentos tributarios emitidos en soporte de papel.”.”

3) Modifícase el artículo 56, de la siguiente forma:

a) Agréguese en el inciso segundo, la siguiente oración antes del punto aparte (.), precedida por una coma (,):

“pudiendo autorizar la emisión en papel de los documentos que deban ser emitidos en formato electrónico conforme al inciso primero del artículo 54, mediante resolución en que se deberá expresar los fundamentos por los cuales se concede dicha autorización e individualizar al contribuyente o grupo de contribuyentes beneficiados y el plazo de vigencia de la misma, el cual, en todo caso, podrá ser renovado sucesivamente en tanto se mantengan las razones que originaron el otorgamiento de la autorización”.

b) Elimínase el inciso tercero.

c) Reemplázase el inciso cuarto, que ha pasado a ser tercero, por el siguiente:

“En los casos en que, de acuerdo a esta ley, los contribuyentes emitan boletas en soporte de papel, la Dirección Nacional del Servicio de Impuestos Internos podrá autorizar su emisión mediante máquinas registradoras u otros medios tecnológicos.”.

AL ARTÍCULO 2°

2) Para reemplazar la palabra “exigir por “autorizar” en su número 3).

AL ARTÍCULO 4º

3) Para sustituirlo, por el siguiente:

“Artículo 4º.- Modifícase la Ley Orgánica del Servicio de Impuestos Internos, cuyo texto se encuentra fijado por el artículo primero del decreto con fuerza de ley N° 7, de 1980, del Ministerio de Hacienda, de la siguiente forma:

1) Reemplácese en el artículo 4º, en su inciso primero, la palabra “cuatro” por “cinco”; y en el inciso segundo, intercálese entre la expresión “Dirección Regional, Arica”, y el punto aparte (.), la siguiente frase, precedida por una coma (,): “y XIX Dirección Regional Metropolitana, Santiago Norte” que figura.”, y suprímese la conjunción “y” que antecede a la expresión “XVIII”.

2) Incorpórese en el artículo 4º bis, el siguiente inciso segundo, nuevo:

“El Servicio de Impuestos Internos deberá establecer y administrar en su sitio web una plataforma tecnológica para que los contribuyentes de difícil fiscalización o de escaso movimiento operacional o económico, las empresas de menor tamaño según se definen en la ley N° 20.416 y demás contribuyentes que determine a su juicio exclusivo, emitan y reciban las facturas y demás documentos electrónicos señalados en el artículo 54, registren sus operaciones y cedan o recepcionen las facturas a través del procedimiento previsto en la ley N° 19.983. Respecto de las operaciones que se ejecuten a través de esta plataforma, el Servicio acreditará para todos los efectos legales la identidad del emisor y la integridad del mensaje o documento electrónico.”.”.

AL ARTÍCULO 6°

4) Para modificar en la letra b), del número 3), la frase que se agrega al inciso segundo del artículo 21 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, de la siguiente forma:

a) Suprímanse las palabras “en cumplimiento de obligaciones de responsabilidad social empresarial,”, que figuran entre las frases “Los pagos o desembolsos que se efectúen” y “con motivo de la aprobación o ejecución de un proyecto o actividades empresariales”.

b) Intercálase la palabra “de”, entre las frases “aprobación o ejecución de un proyecto o” y “actividades empresariales que cuenten o deban contar”.

c) Sustitúyase la frase “autoridad competente que lo apruebe y que consten”, por las siguientes palabras: “autoridad competente que apruebe dicho proyecto o actividades y que consten”.

d) Suprímanse las palabras “o bien, con el representante de una agrupación o asociación de personas que no cuenten con personalidad jurídica,”, que figuran entre las frases “a la ley N° 19.253, sobre comunidades indígenas,” y “que guarden relación con grupos, sectores o intereses de la localidad respectiva”.

AL ARTÍCULO 1º TRANSITORIO

5) Para sustituirlo por el siguiente:

“Artículo 1º transitorio.- Lo dispuesto en el artículo 1º, número 1), comenzará a regir luego de 180 días corridos desde la fecha de publicación de esta ley en el Diario Oficial.

La obligación de emitir facturas y demás documentos electrónicos señalados en el artículo 54 de la Ley sobre Impuesto a las Ventas y Servicios, entrará en vigencia luego de nueve meses de publicada esta ley en el Diario Oficial. No obstante, en el caso de empresas de menor tamaño, según se definen en la ley Nº 20.416, que fija normas especiales para las empresas de menor tamaño, que de acuerdo a los respectivos instrumentos de planificación territorial estén domiciliadas en zonas urbanas, la obligación de emitir documentos electrónicos entrará en vigencia luego de dieciocho meses desde la publicación de esta ley en el Diario Oficial. Tratándose del mismo tipo de empresas, pero domiciliadas en zonas rurales, dicho plazo será de veinticuatro meses, contados desde la citada publicación.

Dentro de los nueve meses siguientes a la publicación de esta ley en el Diario Oficial, el Servicio de Impuestos Internos deberá dictar la o las resoluciones que sean necesarias para implementar la excepción establecida en el inciso segundo del artículo 54 del decreto ley N° 825 de 1974, sustituido por la presente ley.

La disposición relativa al valor de los comprobantes o recibos que se emitan en el caso de transacciones pagadas por medios electrónicos, establecida en el inciso primero del artículo 54 de la Ley sobre Impuesto a las Ventas y Servicios contenido en el decreto ley N° 825 de 1974, sustituido en la presente ley. entrará en vigencia en el plazo de un año contado desde la publicación de esta ley en el Diario Oficial.”.

AL ARTÍCULO 4º TRANSITORIO

6) Para sustituir la palabra “cuatro”, por la palabra “seis”.

Dios guarde a V.E.,

(Fdo.): SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE, Presidente de la República ; FELIPE LARRAÍN BASCUÑÁN, Ministro de Hacienda ”.

7. Informe de la Comisión de Defensa Nacional recaído en el proyecto de ley que modifica algunos aspectos previsionales de las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y Gendarmería de Chile. (boletín N° 8643-02-1)

“Honorable Cámara:

La Comisión de Defensa Nacional viene en informar, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, el proyecto de la referencia, originado en un mensaje de S.E. el Presidente de la República.

Para el despacho de esta iniciativa, S.E. el Presidente de la República ha hecho presente la urgencia la que ha calificado de “suma” para todos sus trámites constitucionales, motivo por el cual esta Cámara cuenta con un plazo de quince días para afinar su tramitación, término que vence el día 19 de junio de 2013 por haberse dado cuenta de la urgencia en la Sala el día 4 de junio recién pasado.

CONSTANCIAS REGLAMENTARIAS PREVIAS.

1) La idea matriz o fundamental del proyecto es la de modificar algunos aspectos previsionales de las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y Gendarmería de Chile.

2) Normas de carácter orgánico constitucional.

Reviste este carácter la totalidad del proyecto de ley, según lo disponen los considerandos 3° y 5° la sentencia del Tribunal Constitucional, rol N° 98, de 15 de febrero de 1990, recaída en el proyecto de ley orgánica constitucional de las Fuerzas Armadas.

3) Normas de quórum calificado.

No existen normas en tal sentido.

4) Requiere trámite de Hacienda.

De conformidad a lo establecido en el Nº 4 artículo 287 del Reglamento de la Corporación, la Comisión dejó constancia que debe ser conocido por la Comisión de Hacienda el artículo 21 del proyecto de ley (artículo 22 del mensaje).

5) El proyecto fue aprobado, en general, por unanimidad.

En sesión 89ª, de 5 de marzo de 2013, fue aprobado por unanimidad.

Votaron por la afirmativa la señora Cristi, doña María Angélica y los señores Bauer, don Eugenio; Burgos, don Jorge; Cardemil, don Alberto; Hales, don Patricio; León, don Roberto; Rincón, don Ricardo; Ulloa, don Jorge; Urrutia, don Ignacio y Verdugo, don Germán.

6) Se designó Diputado Informante al señor Verdugo, don Germán.

-o-

I. ANTECEDENTES GENERALES.

1. Consideraciones preliminares.

A.- Introducción.

A contar de la reforma introducida en 1981, el sistema previsional chileno se halla diferenciado en dos modalidades diferentes: por una parte, se encuentran las personas incorporadas al nuevo sistema de capitalización individual, quienes cotizan en cuentas personales gestionadas por Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) del sector privado, y por otra se hallan quienes se mantienen en el sistema de reparto, que funciona en base a la administración central del Instituto de Previsión Social.

Sin embargo, los cambios introducidos en la década de los ochenta, no alcanzaron al ámbito de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad, que preservaron sus respectivas modalidades, definidas por un sistema de reparto, con aportes del personal activo, de los pensionados y del Estado. De esta forma, los primeros ceden un 6% de su remuneración o pensión, financiando un fondo común de beneficios, que a su vez solventa otras prestaciones de carácter social y la administración de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional (en adelante, Capredena), institución que norma en estas materias al Ejército, Armada y Fuerza Aérea. A su vez, la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile (en adelante, Dipreca) rige para Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones.

A continuación se pasa a detallar el funcionamiento de Capredena como encargada de la previsión de las ramas castrenses.

B.- Funcionamiento de la Capredena.

Con fecha 9 de Septiembre de 1915, y en virtud de la Ley N° 3.029, se creó la “Caja de Retiro y Montepío de las Fuerzas de la Defensa Nacional”, organismo predecesor de la Capredena, que nació el 5 de Febrero de 1953.

Como uno de los servicios de la administración descentralizada del Estado, Capredena posee personalidad jurídica y patrimonio propio, se rige por la Ley de Presupuesto del Sector Público y se halla sujeta a la supervigilancia del Ministerio de Defensa Nacional.

Desde el punto de vista presupuestario, en tanto, depende del Ministerio del Trabajo y Previsión Social.

La Capredena es el organismo encargado de entregar los beneficios previsionales a los miembros de las Fuerzas Armadas, para lo cual se vale de cuatro fondos: el Fondo Común de Beneficios, el Fondo de Desahucio, el Fondo de Medicina Curativa y el Fondo de Auxilio Social.

a) El Fondo Común de Beneficios.

Se encarga de cancelar los beneficios previsionales, pagar las transferencias dispuestas por ley y financiar la administración de Capredena, incluyendo el pago de las pensiones de retiro y montepío, cuyo financiamiento se encuentra determinado en la Ley Orgánica de la Caja, ratificada por la Ley N° 18.948 Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas.

De acuerdo a este mecanismo, el 25% del valor inicial de las pensiones será de cargo de la Caja, para lo cual este organismo cuenta con el 6% de las imposiciones previsionales del personal activo y pasivo de las Fuerzas Armadas. El 75% restante, en tanto, será de cargo fiscal directo.

b) El Fondo de Desahucio.

Esta cuenta tiene por finalidad principal el pago de desahucios, en conformidad a las disposiciones del DFL N° 1 (G) de 1968, y de la Ley N° 18.948 Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas, de 1990.

c) El Fondo de Medicina Curativa.

Este fondo está normado por la Ley Nº 19.465 y se financia por medio de la imposición del 6% sobre las pensiones de retiro y montepío pagadas por Capredena, deducido el 17,5%, que debe ser puesto a disposición de las respectivas Comandancias en Jefe institucionales, y con un aporte de cargo fiscal del 1% sobre las pensiones de retiro y montepío pagadas por la Caja.

Con estos recursos se financian las prestaciones de salud de 42.000 pensionados afiliados, que constituyen el 45% del total, toda vez que el resto permanece, o se ha reafiliado, en los sistemas de salud de las Fuerzas Armadas. Este fondo es complementado, además, por un fondo solidario voluntario.

d) El Fondo de Auxilio Social.

Su creación, en virtud de la Ley Nº 16.258 de 1965, tuvo por objeto la concesión de préstamos habitacionales y de auxilio a los imponentes de Capredena. Este patrimonio inicial se conformó con el saldo deudor de los créditos concedidos por esa institución.

De acuerdo a la normativa vigente, el presupuesto para cada año se distribuye entre imponentes en servicio activo y pensionados, en proporción a las imposiciones que cada grupo aporta al Fondo Común de Beneficios.

C.- Objetivos del sistema.

De acuerdo al Libro de la Defensa Nacional, el Estado, como garante de la defensa de la Patria, debe garantizar que cada ciudadano reciba una retribución justa durante su servicio y, una vez acabado éste, un esquema adecuado de previsión y seguridad social.

En vista de lo anterior, las Fuerzas Armadas poseen un sistema especial, que asume la incompatibilidad con los índices promedio de mortalidad e invalidez. Esta modalidad protege a los uniformados y a sus familias, aplicándose a casos de accidentes, enfermedades invalidantes y fallecimiento en actos de servicio, entre otros. Además, la cobertura se extiende hasta la muerte del último beneficiario con derecho al sistema.

Los beneficiarios de este sistema previsional incluyen a todo el personal de planta que sirve en las Fuerzas Armadas, entre el que se cuentan oficiales, cuadro permanente, empleados civiles de planta, personal en retiro y sus familiares directos sobrevivientes, pensionados y montepiados.

D.- Conclusiones.

El criterio general que da sustento al actual sistema previsional de las Fuerzas Armadas se explica en la necesidad de mantener una modalidad específica para las Fuerzas Armadas y las policías, basada en un sistema de reparto, dadas las características de la carrera profesional en esas instituciones.

Sin embargo, este modelo se ha vuelto progresivamente más costoso de sostener, en la medida en que se ha ido incrementando la cantidad de personal que se halla en proceso de retiro, y en vistas de los beneficios introducidos por las modificaciones de las leyes que regulan la previsión militar efectuadas en los años ’80.

Cualquier intento de modernización o reforma al sistema previsional de las instituciones castrenses, debiese aplicarse de forma gradual y progresiva, de manera que ningún militar en servicio activo vea lesionados sus derechos ni tampoco los pensionados sufran alteraciones en los beneficios que por ley les corresponden.

2.- Fundamentos del mensaje.

De conformidad a lo establecido en la Constitución y su propia Ley Orgánica, las Fuerzas Armadas, integradas por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, constituyen cuerpos armados, que existen para la defensa de la Patria y son esenciales para la seguridad nacional.

A su vez, Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones de Chile constituyen las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, que existen para dar eficacia al derecho y alcanzar su misión de asegurar el orden y la seguridad pública en todo el territorio nacional. Por su parte, Gendarmería de Chile tiene por función la atención, vigilancia y rehabilitación de personas privadas de libertad.

Como toda institución permanente del Estado, las referidas deben contar con los recursos necesarios para cumplir con la misión que constitucionalmente se les ha asignado, siendo el principal de ellos el conjunto de personas que las componen en su dimensión funcionaria.

En este contexto, el personal de las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Pública y de Gendarmería de Chile está adscrito a un sistema previsional especial de reparto que se ha estimado adecuado con la progresión de su carrera profesional, y que comprende básicamente los beneficios de pensión de retiro y de montepío, desahucio, indemnización por fallecimiento, prestaciones de salud, prestaciones sociales y demás beneficios establecidos en la ley.

Varios de dichos beneficios provienen de regulaciones de antigua data, completamente justificados en la época de su establecimiento, pero que hoy en día han perdido su vigencia atendida la evolución de nuestra sociedad. De este modo, resulta imprescindible adecuar y racionalizar tales beneficios a las exigencias y condiciones de nuestra realidad.

Este proyecto de ley recoge iniciativas que sobre la materia fueron impulsadas por las anteriores administraciones del país, en orden a modificar el sistema previsional aplicable al personal de las Instituciones de las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Pública y de Gendarmería de Chile, las que han servido de base para su elaboración, sin perjuicio de las actualizaciones y complementaciones que se ha estimado necesario introducirles. En este sentido, el proyecto incorpora nuevos beneficios fundados en razones de justicia social que no habían sido incluidos en las iniciativas pretéritas. Así por ejemplo, se recoge el compromiso asumido por el Gobierno, plasmado en su programa, en orden a eliminar algunos descuentos previsionales para el sector pasivo de las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Pública y Gendarmería de Chile.

De esta manera, la iniciativa que se viene en proponer a este H. Congreso, busca dar cumplimiento al compromiso presidencial, en orden a uniformar, respetando las naturales diferencias entre un sistema y otro, las condiciones de los pensionados de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional y de la Dirección de Previsión de Carabineros, con las de aquellos beneficiarios del sistema de reparto aún subsistente y que es administrado por el Instituto de Previsión Social; y, por otra, retribuir a nuestros adultos mayores por la entrega que tuvieron durante años al desarrollo y en particular a la defensa y orden y seguridad de nuestro país.

Los objetivos fundamentales de la iniciativa legal en referencia, dirigidos a la racionalización del sistema previsional de las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Pública y Gendarmería se traducen en la necesidad de enmiendas legislativas en los siguientes ámbitos, por las consideraciones que se señalan en cada caso:

A. Cotización al Fondo de Retiro de los Pensionados de Capredena y Dipreca, mayores de 65 años.

La legislación vigente, obliga a los imponentes de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional, tanto activos como pasivos, a cotizar un 6% de sus respectivas remuneraciones y pensiones, para el fondo de retiro que administra dicha institución.

En el caso de los imponentes de la Dirección de Previsión de Carabineros, un 5.95%, equivalente al 70% de la cotización única del 8,5% que por ley deben efectuar todos los imponentes adscritos al régimen previsional que administra la aludida entidad, se destina al correspondiente fondo de pensiones, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 20° letra a) y 9° inciso tercero del decreto ley N° 844 de 1975, puesto que, según lo establecido en esta última norma a lo menos un 30% de la cotización única, es decir, un 2,55% de la misma, debe ser destinado al financiamiento de gastos de salud.

Esta cotización se traduce en una merma de los ingresos líquidos de los pensionados de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional y de la Dirección de Previsión de Carabineros, colocando particularmente a los beneficiarios mayores de 65 años en una situación de desigualdad frente a otros cotizantes del antiguo sistema previsional, cuyas pensiones no están afectas a los citados descuentos.

La presente iniciativa legal, busca la eliminación de la cotización de 6% para retiro para los pensionados y montepiados de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional y del 5.95% para aquellos de la Dirección de Previsión de Carabineros, mayores de 65 años, en ambos casos.

B. Necesidad de acotar a los beneficiarios de montepío.

Actualmente, los beneficiarios de montepío son, en primer grado, la viuda, o en su caso, el viudo que, siendo inválido absoluto o mayor de 65 años, no perciba pensión o rentas de ninguna naturaleza; en segundo grado, los hijos legítimos o naturales; en tercer grado, el padre legítimo inválido absoluto o mayor de 65 años; en cuarto grado, la madre legítima viuda o natural, soltera o viuda y en quinto grado las hermanas solteras huérfanas que carezcan de medios propios de vida en una suma equivalente en ingresos mínimos a un sueldo vital y medio o más mensual de la Región Metropolitana de Santiago.

Al revisar las disposiciones que rigen el sistema previsional para las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y Gendarmería de Chile y al compararlas con el sistema general de pensiones regido por el decreto ley N° 3.500, se destacan diferencias tales como, la falta de limitaciones para los montepíos de las hijas solteras, la existencia de las hermanas solteras y huérfanas como asignatarias de montepío, y la inexistencia de requisitos adicionales que debe cumplir la viuda para tener derecho al beneficio de la pensión.

En la presente iniciativa legal, se busca que este beneficio quede regulado de manera similar a las normas previstas para dicha materia en el decreto ley Nº3.500 de 1980, con el objeto de acortar las diferencias existentes entre uno y otro sistema previsional.

Para ello, el proyecto de ley apunta a eliminar como causantes de montepío a las hermanas solteras huérfanas de cualquier edad, y el establecimiento de requisitos comunes para hijos e hijas para la obtención del beneficio, esto es, ser menores de 18 años de edad, o bien, ser mayores de 18 años de edad y menores de 24 años si son estudiantes, o ser inválido, cualquiera sea la edad.

C. Rejubilación o reliquidación.

De acuerdo a la actual regulación, un pensionado que vuelve al servicio en otras plazas o empleos de las Fuerzas Armadas o instituciones afectas a este sistema previsional y el personal de reserva llamado al servicio activo, por un tiempo no inferior a 3 años ininterrumpidos y que también obtiene pensión de retiro, tiene derecho a reliquidar su pensión, por una sola vez, considerándose para estos efectos el total del tiempo servido, ya sea con relación a su último empleo o con el empleo en que obtuvo su anterior pensión de retiro.

Por su parte, en el caso de la Dirección de Previsión de Carabineros, actualmente, sus imponentes pueden optar al beneficio de reliquidar indefinidamente sus pensiones de retiro.

La idea de la propuesta legal es restringir esta reliquidación a una sola vez, sujeto a la condición de ejercer una función adscrita al régimen previsional de la Dirección de Previsión correspondiente y por un lapso no inferior a tres años consecutivos.

De esta forma, se homologan los sistemas previsionales que administra la Caja de Previsión de la Defensa Nacional y la Dirección de Previsión de Carabineros, en cuanto a la posibilidad de reliquidar las respectivas pensiones de retiro, quedando en ambas instituciones limitadas a una sola vez, pudiendo incrementarse en la forma y porcentaje que se señalan más adelante.

D. Dobles pensiones.

La normativa en actual aplicación permite que los imponentes de Capredena y Dipreca coticen, además de la cotización como personal uniformado, por otras calidades contractuales compatibles con su cargo y afectas a su mismo Sistema Previsional, como los médicos y profesores militares, motivo por el cual, con 20 años de servicios efectivos mínimos podrían obtener dos o más pensiones de retiro.

El proyecto de ley pretende racionalizar dicha situación, suprimiendo la posibilidad de obtener una segunda pensión en este Sistema Previsional, para el personal que asume un nuevo cargo con posterioridad a la entrada en vigencia de la ley, debiendo, en consecuencia, imponer en el Sistema Previsional regido por el decreto ley Nº 3.500 de 1980, por dicha calidad adicional.

E. Situación del personal civil afecto a Capredena y Dipreca

Los empleados civiles de planta de las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Pública y Gendarmería, son, en la actualidad, beneficiarios de los sistemas previsionales administrados por la Caja de Previsión de la Defensa Nacional y la Dirección de Previsión de Carabineros, sistemas ambos que fueron concebidos para el personal uniformado, aún cuando no están sujetos a las mismas exigencias que estos últimos, por lo que no se justifica que compartan el mismo sistema previsional.

Al respecto, se requiere que los únicos beneficiarios de los mencionados sistemas previsionales, sean el personal directamente relacionado con el ejercicio de las funciones de Defensa, Orden y Seguridad Pública y Gendarmería de Chile.

F. Abonos de años de servicio para efectos del retiro

Para efectos de obtener pensión de retiro, la legislación vigente exige contar, como mínimo, con 20 años de servicios efectivos, contemplando una serie de abonos de tiempo por distintos conceptos, los que disminuyen el período activo del imponente y por ende, prolongan el pasivo, con el consiguiente costo previsional para el Fisco.

La idea plasmada en esta materia en el proyecto de ley, se traduce en suprimir una serie de abonos de tiempo, que no se justifican, para efectos de obtener pensión de retiro.

3.- Contenido del proyecto de ley.

A. Eliminación de cotización al Fondo de Retiro y redestinación para el Fondo de Revalorización de Pensiones a Salud de los Pensionados mayores de 65 años.

Se elimina la cotización de 6% para retiro para los pensionados y montepiados de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional y del 5.95% para aquellos de la Dirección de Previsión de Carabineros, mayores de 65 años, en ambos casos.

Esta medida beneficiará a la totalidad de los pensionados del señalado grupo etario, conforme a la gradualidad que se establece en el mismo proyecto, considerando tramos de pensión.

De este modo, para los pensionados y montepiados, cuyo monto de pensión sea inferior a $ 453.217, la eliminación total de la referida cotización para el fondo de retiro surtirá efecto a contar de la entrada en vigencia de la ley, mientras que para el resto de los pensionados y montepiados mayores de 65 años, la eliminación total de la cotización se producirá a contar del tercer año de vigencia de la ley, sin perjuicio de ver disminuida la misma a partir del primer año de vigencia.

En cuanto al descuento del 0.5% destinado al Fondo Revalorizador de Pensiones para los pensionados y montepiados de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional, mayores de 65 años, éste será redestinado al financiamiento de los fondos de salud de dicha entidad previsional, del Ejército, Armada y Fuerza Aérea de Chile, de tal forma de mejorar las prestaciones médicas y las coberturas que los planes de salud brindan a sus beneficiarios.

B. Racionalización de beneficiarios de montepío.

Se elimina como causantes de montepío a las hermanas solteras huérfanas de cualquier edad, y se establecen requisitos comunes para hijos e hijas para la obtención del beneficio, esto es, ser menores de 18 años de edad, o bien, ser mayores de 18 años de edad y menores de 24 años si son estudiantes, o ser inválido, cualquiera sea la edad.

Estas medidas comenzarán a regir desde la entrada en vigencia de la ley, sin afectar a los montepíos ya otorgados, de tal forma de no afectar a aquellas beneficiarias que actualmente gozan del beneficio.

Respecto de la madre y padre del imponente que origina el beneficio, éstos serán asignatarios de montepío, siempre que sean causantes de asignación familiar, reconocidos por el organismo competente a la fecha de fallecimiento del causante, misma situación que contempla el artículo 10 del decreto ley N° 3.500, de 1980.

Con relación a la o el cónyuge sobreviviente de un pensionado o pensionada, para ser beneficiario de montepío, deberá haber contraído matrimonio con el o la causante, a lo menos, con tres años de anterioridad a la fecha de su fallecimiento. Estas limitaciones no se aplicarán si quedaren hijos comunes o si la cónyuge a la época del fallecimiento del causante se encontrare embarazada.

Cabe destacar, que este proyecto de ley avanza en homologar los beneficiarios de pensión de sobrevivencia, incorporando a los cónyuges hombres no inválidos.

En el caso del personal soltero, sin hijos, que fallece en un acto determinado del servicio, tendrán derecho al montepío, los padres, siempre que tengan la calidad de causantes de asignación familiar.

C. Restricción de rejubilación o reliquidación.

Se propone restringir, a una única vez, la reliquidación a que tienen derecho los pensionados que vuelven al servicio en otras plazas o empleos de las Fuerzas Armadas o Carabineros de Chile o Policía de Investigaciones y que obtienen otra pensión de retiro, sujeto a la condición de ejercer una función adscrita al régimen previsional de la citada Dirección de Previsión y por un lapso no inferior a tres años consecutivos.

En el caso de los llamados al servicio desde el retiro absoluto, podrán reliquidar en esa condición y conservar su derecho para ser ejercido, por una sola vez, bajo otra actividad relacionada a Dipreca, medida que se orienta a mantener algún grado especial de interés por acudir al llamado al servicio, permitiéndole a la Institución requirente contar con los servidores públicos necesarios para cumplir sus funciones de Seguridad y Orden Público, tenidas a la vista al momento de crear esta modalidad de reincorporación.

La presente iniciativa pretende que el personal que vuelva al servicio en otras plazas o empleos de las Fuerzas Armadas, Carabineros o Policía de Investigaciones, por un tiempo no inferior a tres años ininterrumpidos que también otorguen derecho a pensión de retiro, tenga derecho a que su pensión anterior le sea reliquidada por una sola vez, incrementándose por cada nuevo año de servicio, en un 3,33% calculado sobre el monto que resulte menor entre su última pensión percibida, reajustada conforme a lo establecido en el decreto ley N° 2.547, de 1979 y el promedio de remuneraciones percibidas durante los últimos 36 meses correspondientes a los nuevos servicios prestados.

Con todo, el aumento de la pensión por efectos de la reliquidación no podrá exceder del 50% del monto que resulte menor entre su última pensión percibida, reajustada conforme a lo establecido en el decreto ley N° 2.547, de 1979 y el promedio de remuneraciones percibidas durante los últimos 36 meses correspondientes a los nuevos servicios prestados.

Para gozar de este beneficio, el personal deberá efectuar o integrar las imposiciones correspondientes y le serán aplicables, en su caso, las normas de la ley N° 10.986. De igual derecho gozará el personal de la reserva llamado al servicio activo.

Sin perjuicio de lo anterior, el proyecto establece una norma transitoria que dispone que las personas que actualmente estén desempeñando empleos en condiciones que permitan rejubilar, puedan hacerlo de conformidad con las normas vigentes.

D. Supresión de dobles pensiones.

Se suprime la posibilidad de obtener una segunda pensión en los sistemas previsionales administrados por Capredena y Dipreca, para el personal que asume un nuevo cargo con posterioridad a la entrada en vigencia de la ley, debiendo, en consecuencia, imponer en el Sistema Previsional del decreto ley Nº 3.500 de 1980, por dicha calidad adicional.

Como norma transitoria, se propone que esta iniciativa no afecte los derechos de aquellas personas que se encuentren cotizando en dos o más calidades contractuales a la fecha de entrada en vigencia del nuevo cuerpo legal.

E. Afiliación del personal civil al sistema previsional del decreto ley Nº 3.500, de 1980.

Se establece, como regla general, que el personal que integra las plantas de Empleados Civiles de las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Pública y Gendarmería de Chile, quedará afecto al sistema previsional regulado por el decreto ley Nº 3.500, de 1980.

No obstante, debe precisarse que, en todo caso, los empleados civiles de las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Pública y Gendarmería de Chile, continuarán afectos a los regímenes estatutarios y remuneracionales que les son aplicables.

Los empleados civiles de planta que actualmente se desempeñan en las instituciones, seguirán afectos a los sistemas previsionales de las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Pública y de Gendarmería.

F. Supresión de abonos de años de servicio para efectos del retiro.

Se suprimen los siguientes abonos de tiempo, para efectos de obtener pensión de retiro:

a. El abono para el personal femenino con 25 años de servicios, consistente en el aumento en 2 años si son viudas.

b. El abono de los tiempos servidos en la Marina Mercante Nacional.

El abono de los dos últimos años o cuatro últimos semestres de estudios profesionales de los Oficiales de Justicia, Sanidad, Sanidad Dental, Veterinaria y Servicios Religiosos de los escalafones de las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Pública, dejan de constituir servicios efectivos, para ser considerados solamente servicios computables para el retiro.

Esta medida se aplicará al personal contratado con posterioridad a la entrada en vigencia de la ley y no afectará el cálculo de los beneficios, tales como trienios y sueldos superiores.

3.- Normas legales que se propone modificar.

El proyecto de ley en informe propone introducir modificaciones a los siguientes cuerpos legales:

a) DFL N° 31, de 1953, del Ministerio de Defensa Nacional,

b) DFL N° 4, de 1968, del Ministerio de Defensa Nacional,

c) Ley N° 16.258, de 1965,

d) Ley N° 12.856, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado, se encuentra fijado por el decreto supremo N° 265, de 1977, del Ministerio de Defensa Nacional,

e) Ley N° 18.948, Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas,

f) DFL N° 1(G), de 1968, del Ministerio de Defensa Nacional, que fija el Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas,

g) Ley N° 19.465,

h) Ley N° 18.961, Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile,

i) DFL N° 2, de 1968, del Ministerio del Interior, sobre Estatuto del Personal de Carabineros de Chile, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto supremo N° 412, de 1991, del Ministerio de Defensa Nacional,

j) DL N° 844, de 1975, que crea el Departamento de Previsión de Carabineros,

k) Ley N° 18.458, que establece el Régimen Previsional del Personal de la Defensa Nacional,

l) Ley N° 19.195, que adscribe al personal que indica de Gendarmería de Chile al Régimen Previsional de la Dirección de Carabineros de Chile, y

m) Ley N° 19.345,

II. DISCUSIÓN GENERAL.

El proyecto de ley en informe fue aprobado por vuestra Comisión, en general, por unanimidad, en su sesión 89ª, de 5 de marzo de 2013.

Votaron por la afirmativa la señora Cristi, doña María Angélica y los señores Bauer, don Eugenio; Burgos, don Jorge; Cardemil, don Alberto; Hales, don Patricio; León, don Roberto; Rincón, don Ricardo; Ulloa, don Jorge; Urrutia, don Ignacio y Verdugo, don Germán.

Los fundamentos del proyecto de ley fueron expuestos por el Ministro de Defensa Nacional , don Rodrigo Hinzpeter, quien señaló, como elemento previo a tener presente, que el proyecto de ley, recoge iniciativas que sobre la materia fueron impulsadas por los gobiernos de la Concertación, en orden a modificar el sistema previsional aplicable al personal de las Instituciones de las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Pública y de Gendarmería de Chile, las que han servido de base para su elaboración, sin perjuicio de las actualizaciones y complementaciones que se ha estimado necesario introducirle.

Agregó que los compromisos del actual Gobierno sobre esta materia fueron fundamentalmente, los siguientes:

“Eliminaremos el descuento del 6% para el Fondo de Retiro de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional (Capredena) y la Dirección de Previsión de Carabineros ( Dipreca ) para el personal en retiro al momento de cumplir 65 años de edad…”

“Derivaremos el actual descuento del 0,5% para Fondo de Revalorización de Pensiones que afecta al personal en retiro de nuestras Fuerzas Armadas…”

Añadió que, actualmente, los pensionados de Capredena y Dipreca cotizan el 6% o 5.95% para su Fondo de Pensiones, respectivamente. Además, a los pensionados de Capredena se les descuenta el 0,5 % para el Fondo de Revalorización de Pensiones.

En ese sentido, el proyecto de ley propone eliminar el descuento del 6% o 5,95%, traspasándose el 0,5% de Capredena a salud.

Agregó que las etapas de preparación de esta iniciativa legal, fueron las siguientes:

Julio 2010 a abril 2011, se elabora Anteproyecto de Ley,

Mayo 2011, se envía Anteproyecto de Ley a las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Pública y Gendarmería de Chile,

Agosto a octubre 2011, se reciben opiniones y se analizan los informes de la instituciones anteriormente señaladas,

Marzo a julio 2012, se concuerda contenido con, Subsecretarías de Previsión Social, Interior y Justicia, Dirección de Presupuesto y Ministerio Secretaría General de la Presidencia,

Mayo 2011 a septiembre 2012, se realizan diversas reuniones con organizaciones de pensionados y montepiadas de las FF.AA., para recoger planteamientos relacionados con las materias del anteproyecto.

Octubre 2012, ingresa PDL a trámite Cámara de Diputados.

En seguida se refirió al contexto en que se encuentra la Caja de Previsión de la Defensa Nacional, al año 2011.

Actualmente, Capredena paga 104.617 pensiones mensuales, de las cuales 35.895 corresponden a montepío y 68.722 a retiro. Ello, representa un total anual de 723.348.- millones de pesos.

En cuanto a la recaudación, se perciben ingresos por cotización del 6% al Fondo de Retiro por un total anual de 40.656.- y del 0,5% al Fondo de Revalorización, por 3.384.- millones de pesos anuales.

Los pensionados mayores de 65 años ascienden a 47.822, y contribuyen anualmente con 17.004 millones de pesos al Fondo de Retiro y 1.417 millones de pesos al Fondo de Revalorización de Pensiones.

En cuanto a Dipreca, a la misma fecha, ésta paga 62.399 pensiones mensuales, de las cuales 27.721 corresponden a montepío y 34.678 a retiro, lo que representa un total anual de $ 418.716 millones de pesos.

Respecto de la recaudación, se perciben ingresos por cotización del 5.95% al Fondo de Retiro por un total anual de 23.280 millones.

Agregó que los pensionados mayores de 65 años ascienden a 32.933 personas, y contribuyen anualmente con 10.385 millones al Fondo de Retiro.

Mencionó que Dipreca no recibe aporte por parte del personal pasivo, por concepto de fondo de revalorización de pensiones.

En cuanto a la eliminación del descuento del 6% en Capredena y el 5,95% Dipreca, el universo de beneficiados se explicita en el siguiente cuadro estadístico:

CAJA DE PREVISIÓN

TOTAL

PENSIONADOS MAYORES

DE 65 AÑOS

Capredena

47.822

Dipreca

32.933

Totales

80.755

En seguida, se refirió a la forma en que se hará la eliminación del referido porcentaje de cotización, el cual será en forma progresiva, según se contempla en el siguiente cuadro:

Monto de Pensión

Monto a pagar

x pensionado

2013

Monto a

pagar

x pensionado

2014

Monto a pagar

x pensionado 2015

Menor a $ 453.217

0%

0%

0%

$ 453.218 a $ 670.936

3%

0%

0%

Mayor a $ 670.937

4%

2%

0%

Señaló que ello significará que en dos años los pensionados de Fuerzas Armadas, Orden y Seguridad y Gendarmería de Chile, quedan liberados de este descuento.

En cuanto al costo del proyecto, el siguiente cuadro analiza el mayor costo por año con la aplicación de la rebaja, en relación con el número de pensiones por cada Caja de Previsión.

CAJA DE PREVISION

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

N° de

pensiones

Mayor

Gasto

Año 1

MM$

N° de

pensiones

Mayor

Gasto

Año 2

MM$

N° de

pensiones

Mayor

Gasto

Año 3

MM$

Capredena

47.822

8.944

47.822

13.879

47.822

16.233

Dipreca

30.102

7.373

30.102

9.168

30.102

12.702

TOTAL

77.924

16.317

77.924

23.047

77.924

28.935

En cuanto al aporte que significa el traspaso del 0,5% a los sistemas de salud de cada una de las ramas de las FF.AA., queda explicitado en el siguiente cuadro estadístico:

SISTEMA SALUD

COTIZACIÓN

SISTEMA SALUD ARMADA

$ 418.000.000

SISTEMA SALUD EJÉRCITO

$ 348.000.000

SISTEMA SALUD FUERZA AÉREA

$ 229.000.000

SISTEMA DE SALUD Capredena

$ 374.000.000

FONASA

$ 33.000.000

ISAPRES

$ 15.000.000

Totales

$ 1.417.000.000

En seguida, se refirió a las particularidades que el proyecto modifica, las que se resumen en lo siguiente:

BENEFICIARIOS DE MONTEPIO

ANTECEDENTE: Del estudio de las disposiciones que rigen el sistema previsional para las Fuerzas Armadas y al compararlas con el Sistema de AFP, se advierten diferencias tales como, la falta de limitaciones relativas con la edad para los montepíos de las hijas solteras, la existencia de las hermanas solteras y huérfanas como asignatarias de montepío y la inexistencia de requisitos adicionales que debe cumplir la viuda, para tener derecho al beneficio de la pensión.

PROPUESTA 2003: Propone que esta materia quede regulada, de forma similar al D.L. N° 3.500 de 1980, con el objeto de acortar las diferencias existentes entre uno y otro sistema previsional, pero sin alterar la esencia de estos sistemas.

PROYECTO DE LEY

Contempla la eliminación como beneficiarias de montepío a las hijas solteras y hermanas solteras huérfanas de cualquier edad.

Establece requisitos comunes para hijos e hijas en la obtención del beneficio:

- Ser menores de 18 años de edad.

- Ser mayores de 18 años de edad y menores de 24 años si son estudiantes.

- Ser inválido cualquiera sea su edad.

Contempla además igualar a la viuda y al viudo en el acceso al montepío.

REJUBILACIÓN O RELIQUIDACIÓN

ANTECEDENTE: Este beneficio importa un alto costo para el Fisco, puesto que el monto de la cotización efectuada por los imponentes, no dice relación con el monto de la pensión reliquidada, la que muchas veces resulta ser muy superior a la pensión de retiro original.

PROPUESTA 2003: El personal pensionado que vuelva a trabajar en empleos de aquellos que actualmente permiten rejubilar, SE LE ELIMINA EL DERECHO A RELIQUIDAR.

PROYECTO DE LEY

Mantiene el derecho a reliquidar la pensión por una sola vez, estableciéndose topes en su monto. (La propuesta del MDN, recoge el modelo de reliquidación de la ex Canaempu mejorado con un tope de 50%)

A mayor abundamiento, el siguiente cuadro ejemplifica la aplicación del mecanismo propuesto en el proyecto de ley respecto del tema de las reliquidaciones:

CAP. DE BANDADA INCREMENTA

1 TRIENIO (9,99%)

GENERAL

INCREMENTA

1 TRIENIO (9,99%)

1ª PENSIÓN ACTUALIZADA

$ 1.200.289

$ 3.011.587

PENSIÓN RELIQUIDADA SIN TOPE

$ 4.271.352

$ 5.796.594

AUMENTO

$ 3.071.063

$ 2.785.007

PENSIÓN RELIQUIDADA SEGÚN PROYECTO DE LEY

$ 1.320.198

$ 3.312.445

DOBLES PENSIONES

ANTECEDENTE: La legislación vigente permite a los imponentes de Capredena coticen simultáneamente por dos o más calidades contractuales compatibles con su cargo (médicos, profesores y otros) debiendo tener como mínimo 20 años de servicios efectivos, para tener derecho a pensionarse.

En consecuencia, los imponentes pueden obtener dos o más pensiones de retiro, originando un carga financiera para el Fisco.

PROPUESTA 2003: El personal que es contratado en un segundo cargo debe imponer en el Sistema Previsional del D.L Nº3.500 de 1980, por dicha calidad adicional, sin contemplar ASIGNACIÓN COMPENSATORIA.

PROYECTO DE LEY

El personal que es contratado en un segundo cargo debe imponer en el Sistema Previsional del D.L N° 3.500 de 1980, por dicha calidad adicional, eliminándose el derecho de obtener una segunda pensión en Capredena o Dipreca.

PERSONAL CIVIL

ANTECEDENTE: Actualmente los Empleados Civiles son beneficiarios del Régimen Previsional de las FF.AA, creado para el personal uniformado, aún cuando no están sujetos a las mismas exigencias que estos últimos, por lo que no habría justificación para que compartan el mismo sistema previsional.

PROYECTO 2003: Suprime como beneficiarios del sistema al personal NO MILITAR.

PROYECTO DE LEY

El proyecto establece que los únicos beneficiarios del Régimen Previsional sea el personal uniformado de las FF.AA.

ABONOS DE AÑOS DE SERVICIO PARA EFECTO DEL RETIRO

ANTECEDENTE: La legislación vigente, para efectos de obtener pensión de retiro o válidos para ese propósito, contempla una serie de abonos de tiempos por distintos conceptos, los cuales disminuyen el período activo del imponente y por ende prolonga el de pasivo. Algunos de estos abonos carecen de justificación para ser considerados servicios efectivos.

PROPUESTA 2003: Suprimía abonos de tiempo, para efectos de obtener pensión de retiro.

PROYECTO DE LEY

El proyecto elimina los siguientes abonos:

El abono del personal femenino con 25 años de servicio, consistente en el aumento en 2 años si son viudas.

El abono de los tiempos servidos en la Marina Mercante Nacional.

Los 2 últimos años de estudios profesionales de los oficiales de los servicios de justicia, sanidad, sanidad dental, veterinaria y servicios religiosos, SIN EMBARGO, SE MANTIENEN COMO TIEMPO COMPUTABLE PARA EL CÁLCULO DE LA PENSIÓN.

Finalmente, se refirió a las garantías de protección que el proyecto establece en las disposiciones transitorias, en las que se establece que al personal que se encuentre en servicio a la fecha de entrada en vigencia de esta ley no le afectará el reemplazo, modificaciones y derogaciones de las particularidades o distorsiones.

-o-

El Cuerpo de Generales de Carabineros de Chile, representado por su Presidente , General(R) Fernando Cordero Rusque, formuló las siguientes observaciones:

1.- Traspaso del personal civil de nombramiento supremo al sistema previsional del DL N° 3.500, de 1980, cabe señalar que se estima inconveniente innovar por el efecto negativo que tendrá la incorporación al Art. 5º, el inciso final, pues, los interesados bajaran sus postulaciones a Carabineros de Chile por no haber incentivos, como lo son actualmente la Pensión de Retiro a los 20 años de servicios y el sistema de salud. Es más, quedar afecto al sistema previsional establecido en el decreto ley Nº 3500, de 1980, importará para ellos más bien un detrimento económico con respecto del Personal afecto a Dipreca.

Por otra parte, este personal no estará sujeto al Reglamento Nº 11 de Disciplina para Carabineros de Chile dejando de pertenecer al un sistema jerarquizado y disciplinado fundamentado en la normativa legal y reglamentaria que lo regula. Al contrario, se someterá a las normas del Código del Trabajo, Arts. 159, 160 y 161, pudiendo constituir gremios conforme al derecho que les concede la CPR80, lo cual es un riesgo para la disciplina, pilar básico en la doctrina institucional contemplada en sus bases constitucionales.

El cambio de sistema previsional distorsiona el actualmente constituido y, su implementación quebranta la actual estructura institucional y desincentiva el ejercicio profesional.

Someter a dichos funcionarios a las normas del Decreto Ley N° 3.500, constituye una grave afectación a su derecho de optar por una jubilación en igualdad de condiciones.

En tal orden de ideas, el legislador no estimó de justicia establecer un régimen previsional distinto para los integrantes de una misma institución, el que claramente se aparta de un criterio y equidad.

2.- Respecto de la eliminación del abono de dos años, en caso de viudez del personal femenino, señalaron que se requiere no innovar en el contenido de este inciso, pues constituye un beneficio importante para los derechos de mujer y que de eliminarlo, sólo obedecería más a una restricción económica que un hecho socio-laboral, produciéndose en consecuencia una vulneración a los Derechos de la Mujer adoptado en la Asamblea de las Naciones Unidas en su Resolución 34/180 de 18 de diciembre de 1979, específicamente en el Art. 1º, como asimismo, al derecho a la Seguridad Social, estatuido en el Art. 19º, numeral 18º de la CPR80.

3.- En cuanto al abono de tiempo de los dos últimos años o 4 últimos semestres de estudios profesionales de los oficiales de Justicia, Sanidad, Sanidad Dental, Veterinaria y del Servicio Religioso de los escalafones de Carabineros, plantearon que no se debe innovar en esta materia, pues afectará profundamente el incentivo para que este personal ingrese a la Institución, pues, el Mensaje al modificar el Art. 83º, del Estatuto del Personal de Carabineros, en su inciso 3º) , más bien producirá un efecto negativo si el abono de los dos últimos años o cuatro últimos semestres de estudios profesionales de los Oficiales de Justicia, Sanidad, Sanidad Dental, Veterinaria y Servicios Religiosos de los escalafones de las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Pública, dejan de constituir servicios efectivos y pasan a ser considerados solamente servicios computables para el retiro.

En efecto, ello incidirá directamente en las postulaciones de ingreso a Carabineros de Chile, desprotegiéndose a una Institución Básica de la República de Profesionales calificados para el apoyo a la gestión de Orden y Seguridad Pública, establecida en su Misión en el inciso 2º,del Art. 101, de la CPR80.

A mayor abundamiento no es necesario efectuar una analogía entre las funciones propias del quehacer de Carabineros de Chile con el desarrollado por las Fuerzas Armadas, por cuanto sus requerimientos son distintos y por ende su tratamiento bajo esa misma lógica debe serlo también.

4.- Respecto de la norma que considerará servicios computables, los dos últimos años o cuatro últimos semestres de estudios profesionales de los Oficiales de Justicia, Sanidad, Sanidad Dental, Veterinaria, Servicio Religioso, de los Escalafones de Carabineros, manifestaron que, en lo que respecta a esta modificación, no debiera llevarse a cabo, puesto que incidirá directamente en las postulaciones de ingreso a Carabineros de Chile, que de materializarse iría a desproteger a una Institución Básica de la República de Profesionales calificados para el apoyo a la gestión de Orden y Seguridad Pública, establecida en su Misión en el inciso 2º,del Art. 101º, de la CPR80.

5.- En cuanto a las modificaciones propuestas a los asignatarios de montepío, mencionaron que en esta materia no debe innovarse colocando como exigencia—que los hijos causantes del beneficio---tengan a los padres como cargas familiares, puesto que en la mayoría de los casos no es así, por estar sus progenitores en actividad laboral productiva.

La reforma en cuestión da origen a la responsabilidad extra-contractual de Fisco.

Esta reforma constituye otra restricción a los derechos actualmente vigentes.

La norma en comento que se pretende incorporar, afecta a aquellos funcionarios solteros que fallecen en Actos Propios del Servicio.

Esta norma más bien condiciona los derechos sociales de los funcionarios de Carabineros al privar injustamente un derecho que le asiste a sus padres en caso de fallecimiento en Actos Propios del Servicio.

6.- En cuanto a la posibilidad de aumentar el descuento mensual obligatorio del 8,5% sobre sueldos, pensiones de retiro, montepío y sus aumentos posteriores, hasta un 10,5%, mencionaron que, actualmente, el descuento mensual obligatorio para los imponentes en materia de salud se compone del 8,5 % ( 30%) contemplado en el Art. 20º en comento, como, asimismo, de las cotizaciones básicas de cargo de todos los afiliados a la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile, equivalente al 1% de las remuneraciones imponibles del sector activo y al 2% de las pensiones de retiro y montepíos del sector pasivo, según el Art. 1º, del D.L. 1812, de 1977, lo cual constituye 5,55%, que no alcanza para cubrir las necesidades de la salud de los Imponentes, agravándose ello, si el Estado no concurre a proteger el derecho de salud con el 1%.

Incrementándose las cotizaciones predichas, al 10,5 % (30%); del 1 al 1,5% a los activos; del 2 al 2,5% de los pasivos se lograría un 7,5%, mejorándose considerablemente el Sistema de Salud, que además, se vería fortalecido con el aporte del Estado de un 1% para estos efectos.

7.- En relación al tratamiento médico, hospitalario, gastos de insumos y otros que asiste al Personal que se accidentare en “Actos Propios del Servicio”, se debe indicar que este beneficio se extenderá hasta de la muerte del funcionario y no en la forma que se establece hoy en día en el Art. 34º, inciso 1º), de la Ley Orgánica Constitucional que señala: “hasta ser dado de alta definitiva o declarado imposibilitado para reasumir sus funciones.”

En efecto, “al declararlo imposibilitado para reasumir sus funciones” por la Comisión Médica de Carabineros, su Resolución es inapelable, y queda a contar de ese momento en la indefensión económica para sustentar los gastos producto de la Invalidez, lo que se agrava con la devolución del Desahucio por el tiempo restante que le queda para alcanzar los treinta y cinco años.

La modificación que se propone que se lleve como una indicación, rectifica el Art. 46º, letra s) , del Decreto con Fuerza de Ley Nº 2, de 1968, Estatuto del Personal, que es concordante con el Art. 34, inciso 1º, ya citado.

8.- En cuanto al Fondo Revalorizador de Pensiones, el proyecto no hace referencia al sistema aplicable a Carabineros de Chile, sino sólo a los pensionados y montepiados de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional, mayores de 65 años, señalando que el 0,5% sería redestinado al financiamiento de los fondos de salud de dicha entidad previsional, del Ejército, Armada y Fuerza Aérea de Chile, de tal forma de mejorar las prestaciones médicas y las coberturas que los planes de salud brindan a sus beneficiarios.

Con lo anterior, se discrimina arbitrariamente a los imponentes del Sistema Dipreca y, no se da cumplimiento a un compromiso presidencial en orden a uniformar las condiciones de nuestro Sistema Previsional con el de Capredena, o viceversa.

Por otra parte, de entregarse este 0,5% a Carabineros de Chile en igualdad de condiciones con las FF.AA, el excedente del Fondo de Revalorización de Pensiones incrementaría el Fondo de Salud, y de ese modo ayudaría a aumentar los ingresos para la contratación de personal profesional, técnicos y auxiliares clínicos y administrativos destinados a disminuir las listas de espera en las especialidades.

9.- Tratándose de un proyecto modificatorio en materias previsionales y de salud, en ninguna parte, la clase política gobernante ni la Comisión redactora, consideró al Personal Imponente de Carabineros como integrante o afecto al GES ( Garantías Explícitas de Salud ) ex Plan Auge, quedando en evidencia que el Personal debe por sus propios medios económicos acceder a una isapre y acogerse desde ésta a los diferentes beneficio del (Plan AUGE), siempre y cuando esté en una AFP.

Lo anterior, nos obliga a realizar gestiones de carácter político social ante las autoridades legislativas y de gobierno para que acojan esta inquietud que embarga gran parte de la población afiliada a Dipreca, con el objeto de eliminar una discriminación dolorosa.

Cabe destacar que el Programa del actual Gobierno, considera a todos los chilenos en el GES (Garantías Explícitas de Salud) ex Plan Auge, sin distinciones, dejando sólo al personal las FF.AA y Carabineros imponentes de Capredena y Dipreca fuera de sus beneficios, en base a un pensamiento concluyente del Ejecutivo , que señala : “En este contexto, el personal de las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Pública y de Gendarmería de Chile está adscrito a un sistema previsional especial de reparto que se ha estimado adecuado con la progresión de su carrera profesional, y que comprende básicamente los beneficios de pensión de retiro y de montepío, desahucio, indemnización por fallecimiento, prestaciones de salud, prestaciones sociales y demás beneficios establecidos en la ley,” y por tanto, este Personal se encuentra sometido a un régimen previsional distinto.

El pensamiento plasmado constituye una discriminación dolorosa y, sin una justificación Constitucional, puesto que, la salud constituye uno de los bienes jurídicos de mayor relevancia para el Derecho, pues está en íntima relación con lo estatuido en nuestra Carta Política Art. 19º, Nº 1º, asegura a todas las personas “el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica” de las mismas.

La Constitución Política de la República se refiere a la “Protección de la Salud”, en el mismo artículo señalado precedentemente, en su numeral 9º), y al respecto prescribe que: “El Estado protege el libre e igualitario acceso a las acciones de promoción, protección y recuperación de la salud y de rehabilitación del individuo”. Del mismo modo indica que: “Le corresponderá, asimismo, la coordinación y control de las acciones relacionadas con la salud”.

Con la decisión de dejar fuera del G.E.S., a los imponentes de Dipreca, el Estado no está garantizando la ejecución de las acciones de salud, sea que se presten a través de instituciones públicas o privadas, en la forma y condiciones que determine la ley, la que podrá establecer cotizaciones obligatorias, como tampoco, cumple con su rol de subsidiariedad.

La Asociación Gremial Nacional de Pensionados de las FF.AA. Carabineros de Chile y Montepíos, representada por su Presidente , Hernán Cereceda; ASOFAR, representada por don Enrique Vera y Fedegrem. V., representada por don Alejo Riquelme, hicieron los siguientes planteamientos:

1.- REDESTINACIÓN DEL 0,5% DEL FONDO DE REVALORIZACIÓN DE PENSIONES AL FONDO PREVISIONAL DE SALUD.

FUNDAMENTO

a.- Las razones que les obligan a solicitar la redestinación del 0,5%; primeramente es porque no significan un mayor gasto para el erario Nacional, considerando que es un descuento obligatorio que cambió su condición a partir del año 1979, por las razones jurídicas que se han manejado progresivamente.

b.- Los Pensionados de las FF.AA tienen graves problemas en los sistemas de Salud, tema sumamente sensible y complejo al que no se ha prestado la atención necesaria, no obstante son los Pensionados de las FF.AA. quienes más cotizan para Salud, el 7% de cotización legal más la Armada de Chile con un 3% la Fuerza Aérea, 2,5% Ejército 0,734 UF., todos porcentajes y aportes adicionales voluntarios para el sistema, que es un seguro para cubrir los procedimientos y medicamentos que no provee la Ley de Salud de las FF.AA.

N° 19.465, pero lo más grave es la exclusión permanente y discriminatoria que les hace víctimas, al no ser considerados en diferentes programas y proyectos sociales promulgados en todos los Gobiernos, como por ejemplo las patologías GES y la eliminación de la cotización del 7% de Salud a los mayores de 70 años, observando con desprecio al art. 19, N° 2 de nuestra Constitución Política, referente a la igualdad ante la Ley.

c.- Los fundamentos jurídicos, entre otros, como por ejemplo, la Ley N° 16.258 modificada por el D.F.L (G) N° 4, del año 1968, que creó la Comisión Revalorizadora de Pensiones , cuya razón principal era “ Revalorizar las pensiones mínimas”. Esta Comisión desde el año 1979, nunca fue convocada y quedó inoperante en su objetivo., Sin embargo, el descuento nunca dejó de efectuarse hasta el día de hoy.

d.- El Estado de Chile asumió la responsabilidad mediante el art. 2° del Decreto Ley N° 2.547 de 1979, al establecer un reajuste automático de los regímenes previsionales, considerando a Capredena y Dipreca. La Ley N° 16.258, modificada por el D.F.L. N° 4 de 1968, aún se mantiene vigente. La idea es asignar a este porcentaje del 0,5% un nuevo destino como la Salud.

e.- Hay que recordar que la Ley de salud de las FF.AA, otorga a sus cotizantes prestaciones de Salud Integral, Preventiva y Curativa, con un piso del 75% para el pensionado y un 50% para sus Cargas Familiares, que en el fondo es la razón para suscribir un descuento voluntario, que financie las falencias que no cubre la Ley 19.465. Por lo tanto, es de suma urgencia derivar este descuento del 0,5% desde el Fondo de revalorización de Pensiones, que está obsoleto, a un sistema de Salud Integral. Más cuando nunca se ha considerado lo manifestado en el informe del Tribunal Constitucional, art. 16, en relación a que a todos los beneficiarios directos, le corresponde una bonificación del 100%.

2.- ELIMINACIÓN DEL 6% DEL FONDO DE RETIRO EN FORMA GRADUAL.

Es necesario recordar algo de historia sin olvidar que el año 2001, el ex presidente Don Ricardo Lagos Escobar, mediante la Ley Nº 19.732, dio cumplimiento a su programa de Gobierno, suprimiendo las cotizaciones de los fondos de pensiones que gravaban a los mencionados en el art. 2° de la Ley Nº 18.754, excluyendo del beneficio a los pensionados de Capredena y Dipreca, la mencionada Ley Nº 19.732, de 2001, exime a todos los Jubilados del Instituto de Normalización Previsional de los aportes obligatorios, favoreciendo con ello a 115.000 cotizantes, sin tener otro requisito de ser mayor de 65 años de edad, y en el plazo de seis meses cumplió el compromiso contraído en su programa presidencial. Los motivos para excluirlos no se sabran, puesto que nunca nadie les ha dado alguna explicación al respecto. En esta oportunidad hacen presente a los señores parlamentarios que, los cotizantes de Capredena y Dipreca, son chilenos iguales que todos y no se puede desconocer su contenido al momento de favorecer a personas nacidas en esta tierra, que tienen los mismos derechos é igualdad ante todo.

El actual proyecto enviado por el Presidente Sebastián Piñera que se evalúa hoy, busca corregir entre comillas esa omisión, otorgando é igualando a los Pensionados de Capredena y Dipreca con el resto de otros sistemas, al eliminar el descuento del 6% del fondo de retiro a los pensionados mayores de 65 años de edad en forma gradual como se menciona en el proyecto. Con esa medida, en cierta forma pueden manifestar la expresión de júbilo, pero también en este momento alzan la voz para indicar el excesivo tiempo de 3 años para corregir la omisión descrita, creen que es demasiado tiempo para corregir un olvido cuando además se trata de un compromiso presidencial.

3.- PROPOSICIONES AL PROYECTO.

a).- Por lo anteriormente expuesto, solicitan respetuosamente a la Honorable Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, estudiar la posibilidad de separar el proyecto en comento, esto es, “ LA ELIMINACIÓN DEL 6% DEL FONDO DE RETIRO Y LA DERIVACIÓN DEL 0,5% DEL FONDO DE REVALORIZADOR DE PENSIONES A SALUD” y otro paralelo con las modificaciones adscritas.

b).- En cuanto a la derivación del 0,5%, solicitan que dada la situación por la que atraviesan nuestros sistemas de Salud, el porcentaje mencionado sea para todos los cotizantes usuarios del sistema, de esa forma se eliminarán los déficits presupuestarios que les afectan hoy día.

La Confederación de Pensionados y Montepiadas de la Defensa Nacional (CONFAR), representada por Waldemir Espinoza, Secretario General y Jaime Aqueveque, Director, de la Federación de Personal en Retiro de las Fuerzas Armadas de la VIII región. Ellos hicieron los siguientes planteamientos:

COMENTARIO:

Esa Corporación, está de acuerdo con la idea de legislar contenida en el proyecto de ley propuesto por el Ejecutivo , mediante el Mensaje Presidencial Nº 139-360 de 18 de Octubre de 2012, en relación a modificar algunos aspectos de los sistemas previsionales de las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Orden y Seguridad Publica y Gendarmería de Chile, existiendo diferencias con lo propuesto por el Ejecutivo , las que esperan se zanjen y corrijan en el Congreso Nacional.

ANTECEDENTES LEGALES

La normativa constitucional y legal involucrada es la siguiente:

1.- Constitución Política de la República

2.- Ley Nº 18.948 L.O.C. FF.AA.

3.- Ley Nº 18.961. L.O.C. de Carabineros de Chile

4.- Ley Nº 19.465 Sistema de Salud FF.AA.

5.-DFL Nº 1 del año 1968

6.-DFL Nº 1 del año 1997

7- DFL Nº 2 del año 1968

8.- DFL Nº 4 de 1968

9.- DFL Nº 31 de 1953

10.- DL 2547 de 1979

11.- DL 3500 de 1980

OBJETIVO DEL PROYECTO

Los principales objetivos son:

1.- Fondo de Retiro y Fondo Revalorización de Pensiones:

a) Eliminación del aporte legal de las cotizaciones de 6% para Retiro para los pensionados de Capredena, y del 5.98% del Personal de Dipreca, mayores de 65 años.

b) El descuento del 0,5%, destinado al fondo de revalorización de pensiones, para los pensionados de las Fuerzas Armadas, mayores de 65 años, será redestinado al financiamiento de los Fondos de Salud de dicha entidad previsional, del Ejército, Armada y Fuerza Aérea de Chile.

2.- Racionalización de beneficiarios de montepío

2.a.- Eliminar como causante de montepíos a las hermanas solteras huérfanas de cualquier edad y el establecimiento de requisitos comunes para hijos e hijas para la obtención del beneficio, esto es, ser menores de 18 años de edad y menores de 24 años si son estudiantes, o ser invalido, cualquiera sea la edad.

2.b.- Al primer grado la viuda o en el caso el viudo, agregando un requisito, cual es, que para ser beneficiaria del montepío, debe haber contraído matrimonio con el causante, a lo menos con tres años de anterioridad a la fecha del fallecimiento.

2.c.-Forma de distribución la pensión, si el causante dejare viuda o viudo con derecho a montepío e hijos de anteriores matrimonio o no matrimoniales.

3.- Homologar los sistemas de reliquidación de pensiones, quedando el personal de Capredena y Dipreca, limitados a re liquidar una sola vez pudiendo incrementarse en la forma y porcentaje que se indican en el proyecto.

4.- Racionalizar las dobles pensiones, suprimiendo la posibilidad de obtener una segunda pensión en este sistema previsional, para el personal que asume un nuevo cargo con posterioridad a la entrada en vigencia de la ley, debiendo en consecuencia, imponer en el sistema Previsional regido por el decreto ley 3.500 de 1980, por dicha calidad adicional

5.- Situacion del personal afectos al sistema previsional de las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Orden y Seguridad Publica, solo para el personal directamente relacionados con el ejercicio de las funciones de Defensa y Seguridad Publica y Gendarmería y no los empleados civiles de planta.

6.- Suprimir una serie de abonos de tiempo, que no se justifican, para efectos de la obtención de pensión de retiro.

OBSERVACIONES DE “CONFAR”AL PROYECTO

1.a.- En relación al primer objetivo, esto es, la eliminación del aporte legal de las cotizaciones de 6% para el Fondo de Retiro para los pensionados de Capredena, y del 5.98% del Personal de Dipreca, mayores de 65 años, separados por grupos, considerando a aquellos pensionados y montepiadas que su pensión sea igual o inferior a $453.217, la eliminación total de la cotización del Fondo de Retiro, a partir de la entrada en vigencia de la ley. Mientras que para el resto de los pensionados y montepiadas mayores de 65 años, la eliminación total de las cotizaciones se producirá a contar del tercer año en vigencia de la ley, sin perjuicio de ver disminuida la misma a partir del primer año de vigencia.

Al haber sido una propuesta concreta de la Confederación, ésta se encuentra conforme con la idea de legislar. La propuesta del Ejecutivo, se encuentra dentro de los márgenes esperados, considerando que beneficiara, desde la publicación de la ley a 22.009 de un total de 49.347 pensionados mayores de 65 años de Capredena y 16.825 de un total de 33.420 pensionados mayores de 65 años de Dipreca.

Seria de todo agrado que el cese del pago del Fondo de Retiro, se concretara en forma inmediata a la totalidad de los pensionados mayor de 65 años, pero la realidad política y económica del país, nos lleva a concordar con lo propuesto por el Ejecutivo .

1.b.- En relación a la redestinación del fondo de revalorización de pensiones:

En relación a la redestinación del fondo de revalorización de pensiones, la institución estima que la redestinación debiera ser al Fondo Complementario o Solidario de las respectivas instituciones de salud de la Defensa Nacional, ya que nos parece, que indicar al Fondo de Salud de dichas instituciones, es demasiado amplio, y por ende beneficiara al sistema y no en forma directa a los beneficiarios del sistema.

2.- En cuanto al segundo objetivo, cual es, Racionalización de beneficiarios de montepío, La Confederación está de acuerdo, con las siguientes declaraciones:

2.a.-.-En el artículo 5º del proyecto de ley, expresa: Efectúense las siguientes modificaciones a la ley Nº 18.948, Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas: Los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, no implica al personal en retiro, y su observación deberán ser realizadas por las respectivas instituciones. En relación al numeral 7 del mismo artículo la creencia de suprimir los años de abono a la mujer que forma los cuadros de las respectivas instituciones, no se comprende la intención de eliminar estos años de abono, los que son un reconocimiento a la labor de la mujer que presta servicios en las Instituciones de las FF.AA., y de Orden y Seguridad.

2.b.- En el numeral 8) del citado artículo en comento, este es, el artículo 5º del proyecto de ley, hace referencia al artículo 88 bis de la ley orgánica constitucional de las Fuerzas Armadas, y específicamente indica la prelación del derecho al montepío, indicando que al primer grado la viuda o en el caso el viudo, agregando un requisito, cual es, que para ser beneficiaria del montepío, debe haber contraído matrimonio con el causante, a lo menos con tres años de anterioridad a la fecha del fallecimiento.

Estando en afinidad con el espíritu del proyecto, es necesario señalar que la ley Nº 19.947, ley de Matrimonio Civil, establece los requisitos de validez, la forma de su celebración, la separación de los conyugues, los efectos del matrimonio y las relaciones entre los conyugues, indica además, que se regirán por el Código Civil. En este caso, las disposiciones del proyecto de ley, no se encuentran de acuerdo con lo establecido en el Titulo IV del Libro Primero de las Personas, articulo 102 y siguientes del Código Civil, contraviniendo las disposiciones del articulo 19 Nº 2 Y 26 de la Constitución Política de la República.

2.c.- Así además expresa el mismo numeral 8), las personas que tienen derecho ya indicado, en 2º grado, siendo los hijos y en 3º grado los padres. A continuación de lo expresado en proyecto expresa en forma textual:

“Los asignatarios de los grados segundo y terceros percibirán su pensión, disminuida en un veinticinco por ciento.

Si el causante dejare viuda o viudo con derecho a montepío e hijos de anteriores matrimonio o no matrimoniales, la pensión se distribuirá entre aquellas, aquel y estos, en la siguiente forma:

Cada hijo de anterior matrimonio o no matrimoniales recibirá la proporción de la pensión que le hubiese correspondido a la viuda o viudo, de no haber existido estos hijos, determinada como el cuociente entre el 40% y el número total de asignatarios del segundo grado.

La viuda o viudo recibirá la pensión que le hubiere correspondido de no haber existido hijos de anteriores matrimonios o no matrimoniales, menos la suma de las pensiones indicadas en la letra precedente, de este inciso”.

En este contexto el párrafo indicado, la Confederación de Pensionado y Montepiadas de la Defensa Nacional, indica y señala a la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, el rechazo total, ya que, estaría en contra de lo acordado en extensas reuniones de trabajo e informativas, entre el Ejecutivo y la Confederación, siendo esta última, la Institución que resguarda los derechos sociales, previsionales y de salud del personal en retiro de Capredena y Dipreca.

2.d.- Lo mismo ocurre, en relación a las Fuerzas de Orden y Seguridad, indicadas en el artículo 10 del proyecto señalada en la página 19 y 20 del mismo, modificando la ley Nº 18.961, Ley Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile, específicamente en el numeral 8), reemplazando el artículo 77 bis del cuerpo legal citado, al mismo tenor e indicación, que la modificación expresada a la ley Nº 18.948, Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas.

3.- Rejubilaciones o reliquidación.

En atención al objetivo Nº 3 del proyecto de ley, esta parte se encuentra de acuerdo en homologar los sistemas previsionales que administra la Capredena y Dipreca, en cuanto a la posibilidad de reliquidar las respectivas pensiones, limitándolas a una sola vez. sin embargo no concuerda con el procedimiento establecido para rejubilar, y por lo tanto, este párrafo debe corregirse o eliminarse.

4.- Supresion de dobles pensiones (Se omite)

5.- Afiliacion del personal civil al sistema previsional del DL. 3.500 de 1980.(Se omite)

6.- Supresion de abonos de años de servicios para efectos del retiro.(Se omite)

La Confederación no se pronuncia sobre los objetivos Nº4, 5, y 6, del proyecto presentado por el Ejecutivo, por ser de exclusivo interés de las instituciones de las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad.

-o-

La Asociación De Directivos, Profesionales, Técnicos, Administrativos y Auxiliares de Gendarmería de Chile, Adiptgen, representada por los señores Octavio Sáez y Carlos Espinoza, expresaron su más absoluto rechazo y preocupación respecto al Proyecto de Ley enviado por el Ejecutivo mediante Mensaje 139-360, que viene a modificar aspectos previsionales de Gendarmería de Chile que afectarán únicamente al estamento no uniformado de la Institución. En los hechos, esto significará que una vez que la presente ley entre vigencia, ninguna persona que ingrese a la planta no uniformada podrá acogerse al Sistema Previsional de Dipreca , situación que viene a hacer más gravosa la histórica discriminación de la que ha sido objeto el referido estamento.

Desde la convicción de que el Proyecto en discusión constituye un acto discriminatorio en contra del personal no uniformado y que además, adolece de errores conceptuales, se presentan las siguientes observaciones:

1. En primer término, el considerando N° 5 señala que los empleados civiles de planta de Gendarmería de Chile son actualmente beneficiarios del sistema previsional de la Dirección de Previsión de Carabineros, sistema que originalmente habría sido concebido para el personal uniformado, a pesar de que no están sujetos a las mismas exigencias que estos últimos, por lo que no se justifica que compartan el mismo sistema previsional. En este punto el proyecto exhibe un evidente error conceptual, ya que el personal no uniformado de Gendarmería efectivamente comparte exigencias funcionarias con el estamento uniformado, en tanto tiene la función de “rehabilitación de personas privadas de libertad”, tarea que recae en los equipos de las áreas técnicas de los establecimientos penitenciarios del sistema cerrado, equipos que son integrados únicamente por personal no uniformado (civil). En este punto resulta muy pertinente relevar el objetivo y naturaleza de nuestra Institución, consagrado en el Art. Nº 1 de la Ley Orgánica de Gendarmería de Chile (D.L. 2859 de 1979), modificado por la Ley 20.426 de 2010, y que señala: “Gendarmería de Chile es un Servicio Público dependiente del Ministerio de Justicia, que tiene por finalidad atender, vigilar y contribuir a la reinserción social de las personas que por resolución de autoridades competentes, fueren detenidas o privadas de libertad y cumplir las demás funciones que le señale la ley”. Es decir, las funciones exigibles conforme a ello, son iguales para todos los funcionarios/as, sin establecerse distinciones de ninguna índole.

Asimismo, tener presente que la Ley 20.426, que Moderniza Gendarmería de Chile, establece en su Art. 2º que “el personal de Gendarmería de Chile estará constituido por”:

a) El personal perteneciente a las Plantas de Oficiales Penitenciarios y de Suboficiales y Gendarmes.

b) El personal perteneciente a la Planta de Directivos.

e) El personal de las Plantas de Profesionales Funcionarios regidos por la ley W 15.076, el de Profesionales, de Técnicos, de Administrativos y de Auxiliares, y el de los funcionarios a contrata asimilados a las mismas.

2. De igual manera, advertimos que en el inciso 2º de los Fundamentos del Proyecto, se incurre en una clara omisión al señalar que Gendarmería de Chile tiene por función la atención, vigilancia y rehabilitación de personas privadas de libertad, aseveración que no se condice con la realidad, toda vez que existe un alto número de funcionarios/as que también efectúa tareas de rehabilitación de personas condenadas, pero que cumplen sentencia bajo la modalidad de Penas Sustitutivas o que están haciendo uso de Beneficios de Reinserción, todas ellas en establecimientos penitenciarios del sistema abierto. La naturaleza y fin de la función es la misma, tanto con las personas privadas de libertad, como las que cumplen condena en el medio libre, la naturaleza y fin además es compartida con el estamento uniformado, por tanto hablar de que no se está sujeto a las mismas exigencias es claramente discriminador.

3. Por su parte, el inciso segundo del considerando W 5 establece que se requiere que los únicos beneficiarios de los mencionados sistemas previsionales ( Dipreca ), sean el personal directamente relacionado con el ejercicio de las funciones de Defensa, Orden y Seguridad Pública y Gendarmería de Chile”.

Respecto al texto citado, es evidente que Gendarmería de Chile no cumple funciones de defensa, ni de orden ni seguridad pública, toda vez que su ámbito de competencia se circunscribe al interior de los establecimientos penitenciarios de cualquiera de sus subsistemas (cerrado, abierto y semiabierto). Y como se apuntara previamente, el estamento uniformado y no uniformado comparte exigencias funcionarias en el ámbito de la rehabilitación.

4. A la lectura del proyecto se hace evidente que el Ejecutivo homologa la estructura de Gendarmería de Chile a una de tipo castrense, estableciendo distinciones entre personal civil y uniformado. No obstante, con ello se incurre en otro error conceptual toda vez que Gendarmería es una institución civil, que adopta una orgánica militarizada a partir de un estado de excepción no democrático, posterior al Golpe Militar, pero que en su origen sigue siendo un servicio auxiliar de la Justicia que no cumple funciones de Defensa, ni de Orden y Seguridad.

5. En cuanto a la función de rehabilitación que es exigible fundamentalmente al personal no uniformado, es imperativo señalar que el desempeño de labores de tratamiento y atención directa a personas de alta conflictividad impone condiciones más gravosas al funcionario penitenciario que a otros funcionarios del sector público, así por ejemplo en las Reglas Mínimas de la ONU, la 46.1 señala claramente “10 necesidad de adecuar las ventajas de la carrera y las condiciones del servicio teniendo en cuenta el carácter penoso de las funciones”. Este “trabajo penoso” para la ONU, estresante, abnegado y de riesgo como lo han señalado muchas autoridades políticas, lo cumplen ante las mismas personas en sus labores habituales, personal uniformado y no uniformado de Gendarmería de Chile. Las circunstancias permanentes de riesgo son compartidas íntegramente por ambos estamentos, de manera que establecer diferenciaciones en aspectos previsionales constituye una diferenciación arbitraria, claramente discriminatoria.

Por todas las consideraciones anteriores, la Asociación de Directivos, Profesionales, Técnicos, Administrativos y Auxiliares de Gendarmería de Chile, ADIPTGEN, viene en solicitar a ese Poder Legislativo , el retiro inmediato del Proyecto de Ley en cuestión, a fin de que se introduzcan las correcciones necesarias y en definitiva, se consagre el legítimo derecho del personal no uniformado a continuar bajo el régimen provisional de Dipreca, aplicable tanto quienes laboran actualmente en Gendarmería de Chile, como para quienes ingresen a la Planta en instancias posteriores.

El Subsecretario para las Fuerzas Armadas, don Alfonso Vargas, aclaró los siguientes aspectos respecto del proyecto de ley en informe:

1.- Contexto histórico.

En el año 1879 y a propósito de la Guerra del Pacífico se creó la “Sociedad Protectora de viudas y huérfanos de los mártires de la Patria (soldados de la Independencia y a aquellos que la consolidaron).” con el objeto de “proteger a los inválidos, a las viudas, a los huérfanos, y a las demás personas que quedaren en desamparo por motivo de la guerra que sostiene la República”.

En el año 1915 se crea la Caja de Retiro y Montepío para el personal de Ejército y de la Armada.

En el año 1953, se dicta el DFL N° 31 actual ley orgánica de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional (Capredena), todo ello con el objeto de brindar beneficios de seguridad social a dicho personal uniformado.

En el año 1927, se fusionó la Caja de Asistencia, Previsión y Bienestar Social de las Policías de Chile con la Sección Carabineros de la Caja de Retiro del Ejército y la Armada, lo que posteriormente dio origen ha Dipreca.

2.- Fundamentos para un marco previsional especial.

Una de las funciones esenciales del Estado es la defensa de la patria, para lo cual requiere del ciudadano dedicado a esta tarea un compromiso que involucra incluso su propia vida. Por esta razón, el Estado entrega a este ciudadano una retribución justa durante su servicio y, una vez finalizado éste, un esquema adecuado de previsión y seguridad social.

El riesgo y el desgaste por el ejercicio de la profesión militar son incompatibles con un sistema de previsión basado en índices de mortalidad e invalidez normales.

El diseño de una carrera jerarquizada y de progresión piramidal es, a su vez, incompatible con un sistema que se fundamenta en la edad para asegurar una cierta rentabilidad de los fondos en una cuenta de capitalización individual.

Finalmente, la formación profesional, altamente especializada y específica del personal de las Fuerzas Armadas, no permite que todos tengan cabida en el mercado laboral tras su pase a retiro.

3.- Cambios al sistema previsional

Fundamentos:

a) En primer término, el sistema previsional de las FF.AA., DE Orden y Seguridad Pública y Gendarmería de Chile, presentan una situación caracterizada por un costo creciente, producto de la necesidad de financiar la previsión del numeroso personal, que se está retirando por haber culminado su carrera.

b) En segundo término, el mantenimiento de ciertos beneficios, no adecuados a los nuevos tiempos, se ha traducido en una carga excesiva para el sistema, incrementado el costo de tales beneficios.

c) Por otra parte, estos beneficios presentan importantes diferencias con el sistema civil que protege a quienes no pudieron optar por el nuevo sistema de capitalización individual que rige en el país o que prefirieron mantenerse en el sistema de reparto administrado por el Estado. (Reliquidación de pensiones).

En el año 1985 se publica la ley N° 18.458, que establece el «régimen previsional del personal de la Defensa Nacional» que circunscribe en gran parte este Sistema Previsional al personal uniformado.

A modo de ejemplo, en virtud de la citada ley, quedaron al margen de este Sistema:

Los propios empleados de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional, el personal de Empresas dependientes (FAMAE, ASMAR Y ENAER) y de organismos dependientes del Ministerio de Defensa Nacional (DGAC); pues se entendió que éstos no estaban sujetos a las mismas exigencias del personal uniformado. En consecuencia estos pasaron a quedar afectos al Sistema Previsional establecido en el Decreto Ley N° 3.500, de 1980.

En el año 2010 se publica la ley N° 20.424 (4 de febrero), que establece el «Nuevo Estatuto Orgánico del Ministerio de Defensa Nacional».

En materia de previsión social y de salud, el personal civil de planta y a contrata se regirá a partir de la fecha de publicación por el decreto ley Nº 3.500, de 1980.

4.- El actual proyecto de ley.

En el año 2012 (Boletín 8643-02 /18 de octubre) ingresa a trámite el PDL que modifica algunos aspectos previsionales de las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y Gendarmería de Chile.

Objetivos del proyecto:

Eliminar el descuento del 6% y 5,95% a los pensionados de las FF.AA., de Orden y Seguridad Pública y Gendarmería de Chile. Dicho descuento fue eliminado el 2001 al resto de los pensionados del país.

Uniformar las condiciones de los pensionados de la Capredena y Dipreca respetando las naturales diferencias entre un sistema y otro.

Regular beneficios de antigua data, completamente justificados en la época de su establecimiento, pero que hoy en día han perdido su vigencia atendida la evolución de nuestra sociedad.

5.- Antecedentes para su elaboración

El proyecto de ley recoge las iniciativas que, sobre la materia, fueron impulsadas por las anteriores administraciones, en orden a modificar el sistema previsional aplicable al personal de las Instituciones de las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Pública y de Gendarmería de Chile, sin perjuicio de las actualizaciones y complementaciones que se ha estimado necesario introducirles.

En efecto, el año 2003 el Poder Ejecutivo presentó dos proyectos de ley (Boletines Nº 3397-02 y Nº 3394-02), actualmente archivados, cuyo objeto era introducir modificaciones al sistema previsional de las FF.AA. y Carabineros.

Estos proyectos de ley fueron ingresados por mensaje durante la presidencia de don Ricardo Lagos, con fecha 28 de octubre de 2003, y fueron archivados en marzo de 2006 a solicitud del mismo Presidente de la República.

Según el mensaje de ambos proyectos, la reforma se fundaba en la necesidad, calificada como urgente, de racionalizar la asignación de los recursos públicos. De este modo, se argumentaba: “… hay componentes del presupuesto que presentan evidencia de abusos o inconsistencias y que además van cerrando progresivamente el espacio para acomodar financieramente nuevas iniciativas prioritarias.”

6.- Ideas fundamentales de las iniciativas anteriores:

Eliminar algunos abonos de años de servicio válidos para el retiro, a fin que sólo los tiempos efectivamente laborados tengan eficacia a efecto del cálculo de la pensión que corresponda pagar;

Suprimir las denominadas dobles pensiones sobre la base de distintas contrataciones o nombramientos;

Evitar las reliquidaciones de las pensiones de retiro a partir de la nueva incorporación a empleos que dan derecho a rejubilar;

El Gobierno de S.E. el presidente Sebastián Piñera cree que este conjunto de reformas no alteran la naturaleza jurídica del sistema de reparto que administra Capredena y Dipreca, pero constituyen serios esfuerzos modernizadores, destinados a reformar componentes del sistema que carecen de fundamento suficiente, alivianando en alguna medida la fuerte presión de aumento del gasto fiscal.

7.- Conclusiones

Con el proyecto de ley en trámite, se pretende avanzar hacia un Sistema Previsional de las FF.AA., de Orden y Seguridad Pública y Gendarmería de Chile exclusivamente para el personal uniformado, de forma tal que, los que ingresen en calidad de personal civil con posterioridad a la entrada en vigencia de esta ley, lo hagan directamente en el Sistema de Capitalización Individual (DL 3500).

El Contralor General de la República , don Ramiro Mendoza, señaló que son muchas las leyes que rigen los distintos regímenes involucrados en el proyecto. En el caso de las FF.AA. es el DFL N° 1, de 1968, en el caso de Carabineros y también de la Policía de Investigaciones es el DFL N° 2, del mismo año. Respecto de Gendarmería, también adscribe a este último régimen.

Posteriormente, la Ley Orgánica de las FF.AA. hizo algunos cambios estatutarios pero mantuvo, en el grueso, lo establecido en el DFL N° 1, de 1968, el cual, en definitiva, constituye lo medular en materia de previsión salvo ciertas exclusiones como, por ejemplo, la señalada en la ley N° 18.458 que sacó a la gente a contrata del régimen institucional.

En seguida se refirió al tema de los beneficios y beneficiarios del sistema. Al respecto, mencionó que el proyecto, en lo que dice relación con la pensión de retiro se produce un cierto ordenamiento, se eliminan algunos abonos de tiempo y otros pasan de efectivos a computables. Por ejemplo, en el régimen actual los dos últimos años o los dos últimos semestres de estudios profesionales pueden computarse como tiempo efectivo, lo que el proyecto viene a eliminar.

En cuanto a la reliquidación de pensión, considerado uno de los temas que llamaba a escándalo, el cambio propuesto por el proyecto es sustantivo, ya que permite la reliquidación por una sola vez. En el caso de Carabineros, si el General Director hace un llamamiento especial se pueden producir hasta dos reliquidaciones. Este tema constituye un lastre para el sistema, ya que el personal de las FF.AA. y de Carabineros tiende a revincularse con la institución, lo que no se condice con el resto de la ciudadanía, adscrito al sistema de pensiones de las AFP.

Los siguientes cuadros explican el monto de las pensiones de retiro que luego son reliquidadas, tanto para el personal regido por el DFL N° 1, de 1968 (FF.AA.), como del personal regido por el DFL N° 2, de 1968 (Carabineros, Investigaciones y Gendarmería):

Otro cambio importante dice relación con el montepío, en el cual también se habían generado ciertas situaciones calificables de abusivas, algunas de las cuales fueron terminadas por la Contraloría General, a través de dictámenes emitidos a partir del 2007 y que dicen relación con las modificaciones introducidas al Código Civil y que introducen el estado civil de divorciado. Además, se introducen requisitos comunes para hijos e hijas, ya que el sistema, actualmente, establece diferencias entre unos y otros.

Añadió que, en la normativa actual, el montepío lo lleva la viuda y el viudo inválido absoluto, mayor de 65 años que no perciba renta. El proyecto señala que el montepío lo lleva la viuda o viudo casado con el causante, a lo menos tres años antes de su muerte, excepto cuando la cónyuge estuviera embarazada, hubiere hijos comunes o por fallecimiento en actos de servicio.

El proyecto ha dispuesto que para que los padres reciban el beneficio deben ser causantes de asignación familiar a la fecha de fallecimiento del causante. Ello, corta de sobremanera el goce del beneficio.

Otra modificación dice relación con las causales de cese del montepío.

En cuanto a prestaciones de salud se excluyen como beneficiarias a las hijas solteras mayores de 21 años.

En cuanto a beneficiarios, se registra uno de los cambios más importantes, ya que al personal de Dirección de Previsión de Carabineros, esto es el personal que labora en la Caja, pasa a estar regido por el sistema del DL N° 3.500.

Otra modificación es que el personal civil de las FF.AA., Carabineros e Investigaciones, con excepción de los peritos y asistentes policiales en las plantas de Investigaciones, son trasladados al régimen del DL N° 3.500. Añadió que, un tema que generará impacto es el personal civil de Gendarmería destinado permanentemente a una unidad penal, la que tenía una condición de riesgo que hacía razonable que estuvieran bajo el régimen de previsión de Dipreca.

El siguiente cuadro muestra la distribución de las pensiones de retiro que otorga al sistema, entre personal uniformado y personal civil:

Agregó que, también se elimina, en el caso de los profesores y del personal regido por la ley N° 15.076, la posibilidad de obtener dobles pensiones, bajo la modalidad de obtener pensión de retiro en las FF.AA. o Carabineros y luego recontratarse como médico o profesor en una de las escuelas matrices, por tres años, obteniendo un nuevo beneficio.

En cuanto a las cotizaciones previsionales para los mayores de 65 años, el proyecto establece una eliminación gradual en un plazo de 24 meses.

En cuanto a su vigencia, el proyecto tiene una norma de carácter general la que se establece a partir del primer día del sexto mes posterior a su publicación. En cuanto a las reformas previsionales estas no afectarán al personal que hubiese cumplido los requisitos para acceder a un montepío o ser titular de ése. Las normas especiales dicen relación con la gradualidad del descuento.

También, se refirió al impacto del proyecto de ley en el trabajo de la Contraloría, señalando que este no será relevante, ya que aumentara en cierto grado, en lo que dice relación con el otorgamiento de beneficios pero disminuirá en lo referente a interpretación de normas y determinación de los regímenes.

Finalmente, como cometarios finales, mencioné cuatro puntos a destacar:

1.- Universo de los beneficiarios.

a) La ley N° 18.458 restringe el personal regido por los DFL 1/68, Def. y 2/68, Int, apartando al personal a contrata. Dictámenes N° s 49.621/09 y 37.939/06, ambos de CGR, y el actual proyecto limita aún más a dichos beneficiarios, excluyendo, ahora, a los empleados civiles de planta.

b) Hermanas solteras huérfanas: son eliminadas como asignatarias de montepío.

c) Redestinación del 0,5% de pensiones y montepíos desde el Fondo de Revalorización de Pensiones a Salud, no afectará las labores de control que ejerce la CGR.

2. Sobre los requisitos exigidos a los padres para ser asignatarios de montepío.

a) El beneficio será otorgado a los padres de hijos solteros sin hijos, fallecidos a consecuencia de un acto del servicio, siempre que tengan la calidad de causantes de asignación familiar.

b) Ya no se distingue el estado civil de la madre ni la edad del padre. Solo se exige que ambos sean causantes de asignación familiar, lo que podría acotar el universo de beneficiarios Art. 88 bis de la ley N° 18.948, y otros.

3. Respecto de los beneficios de salud.

- Se excluye de la cobertura del sistema de salud de las Fuerzas Armadas a las hijas solteras mayores de 21 años, quienes podrían mantener la calidad de asignataria de montepío hasta los 24 años, en el evento de que continúen estudios regulares en la enseñanza básica, media, técnica o superior .

4. Sobre las Reliquidaciones.

a) No se regula si los empleados civiles pensionados siguen amparados por el Art. 10 de la ley N° 18.458, razón por la cual en el caso de reingresar al servicio mantendrían la calidad de imponentes de Capredena o Dipreca.

b) Se uniforma el tratamiento de las reliquidaciones efectuadas por el personal sujeto a los regímenes de Dipreca y Capredena, permitiendo, en ambos casos, realizarlas una sola vez.

5. Otros.

-Considerando que con la reforma introducida en el proyecto, los empleados civiles estarán afectos a una Administradora de Fondos de Pensiones , debería incorporarse como causal de cese en el Art. 54 de la ley N° 18.948 y el Art. 43 de la ley N° 18.961, que les resultan aplicables, la obtención de una pensión en el sistema del DL 3500/80, homologándolo al personal de la Administración Civil.

III. DISCUSIÓN PARTICULAR.

Artículo 1°

El señor Ulloa señaló que esta norma estaría haciendo una excepción negativa en el caso de las mujeres, considerando que el otro sistema de pensiones contempla la jubilación de la mujer a los 60 años.

El señor Subsecretario de las Fuerzas Armadas , don Alfonso Vargas, explicó que lo que pretende hacer el proyecto de ley es una situación exactamente igual a lo que se hizo el año 2001, en que se fijó que para todos los pensionados, sean hombres o mujeres, mayores de 65 años, se les eliminó el descuento.

Sometido a votación el artículo, se aprobó por unanimidad.

Votaron por la afirmativa, los señores Burgos, don Jorge; Cardemil, don Alberto; León, don Roberto; Pérez, don José; Rincón, don Ricardo; Ulloa, don Jorge; Urrutia, don Ignacio y Verdugo, don Germán.

Artículo 2°

El señor Subsecretario de las Fuerzas Armadas , don Alfonso Vargas, señaló que el proyecto pretende eliminar, en el caso de Capredena, dos descuentos: uno es el del 6% del Fondo de Retiro, señalado en el artículo anterior y, el otro, es el de 0,5% del Fondo de Revalorización de Pensiones, contenido en este artículo, el que se destina para salud.

Sometido a votación el artículo, se aprobó por unanimidad.

Votaron por la afirmativa, la señora Cristi, doña María Angélica y los señores Araya, don Pedro; Burgos, don Jorge; Cardemil, don Alberto; Pérez, don José; Rincón, don Ricardo; Ulloa, don Jorge y Verdugo, don Germán.

Artículo 3°

Sometido a votación el artículo, se aprobó por unanimidad.

Votaron por la afirmativa, la señora Cristi, doña María Angélica y los señores Araya, don Pedro; Burgos, don Jorge; Cardemil, don Alberto; Pérez, don José; Rincón, don Ricardo; Ulloa, don Jorge y Verdugo, don Germán.

Artículo 4°

El señor Fiscal de Capredena, don Raúl Álvarez, explicó que la norma se refiere a que el descuento del 0,5% que iba destinado al Fondo de Revalorización de Pensiones, se destina a la ley N° 12.856, como un descuento adicional para los pensionados de más de 65 años.

Sometido a votación el artículo, se aprobó por unanimidad.

Votaron por la afirmativa los señores Araya, don Pedro; Burgos, don Jorge; Cardemil, don Alberto; Hasbún, don Gustavo; Pérez, don José; Rincón, don Ricardo; Ulloa, don Jorge y Verdugo, don Germán.

Asimismo, se faculta a la Secretaría para reemplazar el guarismo “1/2 porcentual” por “0,5%”, cada vez que aparece.

Artículo 5°

N° 1

El Subsecretario para las Fuerzas Armadas, don Alfonso Vargas, señaló que, en palabras simples, esta norma pone fin a las dobles pensiones de los médicos.

El señor Ulloa señaló que la norma es más amplia que lo afirmado por el Subsecretario , ya que se refiere al personal civil de las FF.AA.

El Subsecretario para las Fuerzas Armadas, don Alfonso Vargas, explicó que la normativa propuesta se refiere al segundo empleo que pudieran tener estos profesionales al interior de la institución armada, evitando que por ese empleo, perciban una segunda pensión adscrita al Capredena. Respecto del primer empleo conservan todos sus beneficios.

El Ejecutivo formuló indicación para modificar en su número 1), el nuevo inciso segundo que se agrega al artículo 11, de la siguiente forma:

“a) Reemplázase la frase “El Personal de Empleados Civiles de Planta de las Fuerzas Armadas”, por la siguiente: “El Personal de Planta de las Fuerzas Armadas”.

b) Sustitúyase la frase “y en el caso del personal perteneciente a los restantes escalafones de la planta estos continuarán afectos”, por la siguiente: “y en el caso del Personal de Planta de Oficiales, Cuadro Permanente y de Gente de Mar, Tropa Profesional y Personal de reserva llamado al servicio activo, continuará afecto”.”.

Sometido a votación el número con la indicación propuesta se aprobó por 3 votos a favor, uno en contra y una abstención.

Votaron por la afirmativa la señora Cristi, doña María Angélica y los señores Ulloa, don Jorge y Verdugo, don Germán.

Votó por la negativa el señor Rincón, don Ricardo.

Se abstuvo el señor Araya, don Pedro.

N° 2

El señor Ulloa, consultó acerca de por qué se hace una separación entre Oficiales, Cuadro Permanente , Tropa Profesional, etc. y la razón que se mencione las prestaciones de salud, cuando Capredena ni Dipreca no tienen como objetivos la salud.

El señor Burgos considera que de no aprobarse esta norma sería inconsistente con lo aprobado anteriormente.

El Subsecretario para las Fuerzas Armadas, don Alfonso Vargas, señaló que lo expresado por el señor Burgos ahorra todo comentario. Añadió que la mención de cada planta se debe a que se deja fuera al personal civil.

El señor Ulloa expresó su preocupación por la forma como se realizará esta exclusión.

La asesora del Ministerio de Defensa Nacional, doña Marisol Covarrubias, manifestó que esto se resuelve a través de las normas de protección, contempladas en las disposiciones transitorias del proyecto en discusión. En cuanto a las prestaciones de salud, no se innovó con lo ya existente.

El señor Rincón manifestó toda su disposición con el Ejecutivo de votar favorablemente lo que diga relación con la eliminación de las distorsiones del sistema. Sin embargo, no ve conveniente la eliminación del personal civil que si desempeña una función que dice relación directa con la misión institucional.

El señor Burgos manifestó su preocupación respecto de una norma del proyecto, que se debatirá más adelante y que saca del sistema de Dipreca al personal civil de Gendarmería de Chile, respecto de la que anuncia su voto en contra.

El señor Subsecretario para las Fuerzas Armadas, don Alfonso Vargas, manifestó que entiende las aprensiones del señor Rincón, respecto del personal civil, ya a partir de 1985, con la ley N° 18.458 y el 2010, con la dictación de la ley N° 20.424, empezó a regirse con las normas del DL N° 3.500, de 1980.

Sometido a votación el número, se aprobó por unanimidad.

Votaron por la afirmativa los señores Araya, don Pedro; Burgos, don Jorge; Cardemil, don Alberto; Pérez, don José; Rincón, don Ricardo; Ulloa, don Jorge y Verdugo, don Germán.

N° 3

Sometido a votación se aprobó por 4 votos a favor y 3 abstenciones

Votaron por la afirmativa los señores Burgos, don Jorge; Cardemil, don Alberto; Ulloa, don Jorge y Verdugo, don Germán.

Se abstuvieron los señores Araya, don Pedro; Pérez, don José y Rincón, don Ricardo.

N° 4

Sometido a votación se aprobó por unanimidad.

Votaron por la afirmativa los señores Araya, don Pedro; Burgos, don Jorge; Cardemil, don Alberto; Pérez, don José; Rincón, don Ricardo; Ulloa, don Jorge y Verdugo, don Germán.

N° 5

Letra a)

El Fiscal de Dipreca , don Jorge Fuentealba, explicó que esta norma se refiere, específicamente, a los abonos para pensionarse. Actualmente, la ley permite incorporar a los 20 años de servicio efectivo, requeridos para obtener pensión de retiro, otros períodos de tiempo efectivo, como por ejemplo, los dos últimos años de estudios en la Escuela Militar. La norma que se propone exige un requisito adicional, cual es el haber cotizado dichos períodos en Capredena o Dipreca, respectivamente.

El señor Rincón consultó acerca de la situación de las llamadas tropas profesionales.

El señor Burgos entiende que la norma no innova en cuanto a los períodos de tiempo que se pueden computar sino que sólo exige que para hacerlo se hayan hecho las imposiciones respectivas en el sistema.

El señor Ulloa estima que sería preferible la eliminación de este inciso, ya que, en el caso de los que están en las escuelas matrices nunca han cotizado.

El señor Burgos estima que de eliminarse se perjudicaría a quien estando en alguno de los casos mencionados, fue previsor y realizó cotizaciones, aunque fueran por el mínimo, en el sistema.

Sometida a votación la letra se aprobó por unanimidad.

Votaron por la afirmativa los señores Araya, don Pedro; Burgos, don Jorge; Cardemil, don Alberto; Pérez, don José; Rincón, don Ricardo; Ulloa, don Jorge y Verdugo, don Germán.

Letras b) y c)

El Fiscal de Dipreca , don Jorge Fuentealba, manifestó que el proyecto de ley propone la eliminación de estos períodos de tiempo efectivo porque se podrán hacer valer como períodos de tiempo computable, es decir, abonan al tiempo una vez cumplido con el mínimo de 20 años de servicios efectivos.

Sometidos a votación las letras, se aprobaron por unanimidad.

Votaron por la afirmativa los señores Araya, don Pedro; Burgos, don Jorge; Cardemil, don Alberto; Pérez, don José; Rincón, don Ricardo; Ulloa, don Jorge y Verdugo, don Germán.

N° 6

Sometido a votación se aprobó por unanimidad.

Votaron por la afirmativa los señores Araya, don Pedro; Burgos, don Jorge; Cardemil, don Alberto; Rincón, don Ricardo; Ulloa, don Jorge y Verdugo, don Germán.

N° 7

El Subsecretario para las Fuerzas Armadas, don Alfonso Vargas, señaló que la norma elimina el abono de tiempo para el personal femenino, en caso de viudez, uniformando la situación con el resto de todos los chilenos.

Sometido a votación el número, se aprobó por unanimidad.

Votaron por la afirmativa los señores Araya, don Pedro; Burgos, don Jorge; Cardemil, don Alberto; Rincón, don Ricardo; Ulloa, don Jorge y Verdugo, don Germán.

N° 8

Incisos 1° y 2° del artículo 88 bis

El Fiscal de Dipreca , don Jorge Fuentealba, manifestó que el sentido de la norma es terminar con la discrecionalidad en el reparto de la pensión entre la viuda y los hijos no matrimoniales del causante, en que la distribución en porcentaje se hace mediante una resolución ministerial. La norma fija un criterio objetivo de un 60% de la pensión para la viuda y un 40% a repartir entre los hijos no matrimoniales del causante.

El Ejecutivo formuló indicación para sustituir en el inciso primero la frase “En primer grado, la viuda o en su caso el viudo.” Por la expresión: “En primer grado la viuda o el viudo.”.

Sometidos a votación los incisos, con la indicación antes mencionada, se aprobaron por unanimidad.

Votaron por la afirmativa la señora Cristi, doña María Angélica y los señores Araya, don Pedro; Rincón, don Ricardo; Ulloa, don Jorge y Verdugo, don Germán.

Inciso 3° del artículo 88 bis

El señor Ulloa estima que el requisito de celebración del matrimonio tres años antes, como mínimo, para impetrar el beneficio del montepío, podría ser inconstitucional por atentar contra la igualdad ante la ley.

El señor Araya señala que al establecer la Constitución el derecho a la igualdad también consagra la posibilidad de discriminación mientras no tenga el carácter de arbitraria.

En el caso de esta norma en concreto no sería arbitraria, ya que el propósito del legislador es evitar que se cometan fraudes previsionales, lo que está en concordancia, además, con el DL N° 3.500 que establece el sistema previsional para el resto de los chilenos. La diferencia radica en que este cuerpo legal regula la situación cuando no hay matrimonio pero sí hijos en común.

El señor Burgos señala que, como el sistema previsional de las FF.AA. y Carabineros no se pone en la situación de que no haya matrimonio pero sí hijos en común, a futuro se generarán problemas si se aprueba el Acuerdo de Vida en Común. Lo más probable es que se requiera una nueva modificación legal.

Sometido a votación el inciso se aprobó por unanimidad.

Votaron por la afirmativa la señora Cristi, doña María Angélica y los señores Araya, don Pedro; Bauer, don Eugenio; Burgos, don Jorge; Rincón, don Ricardo; Ulloa, don Jorge; Urrutia, don Ignacio y Verdugo, don Germán.

Incisos 4°, 5° y 6° del artículo 88 bis

El señor Ulloa señala que el proyecto viene a terminar con el beneficio de las hijas solteras de cualquier edad, lo que se ha prestado para múltiples abusos. Sin embargo, estima, debiera establecerse un plazo para la entrada en vigencia de esta norma, ya que existen pensionados con más de 75 años que están al cuidado de hijas solteras que han dedicado su vida a atender a su progenitor, postergando, en muchos casos, su vida laboral, con lo cual, de perderse la pensión de retiro con la muerte del causante, y al no poder acceder al montepío, quedarán en la absoluta indefensión, a una edad en que no pueden acceder al mercado laboral.

El señor Urrutia manifiesta sus aprensiones respecto de las hijas que ya están gozando del beneficio.

El señor Burgos señala que quienes estén gozando del montepío tienen un derecho adquirido y no pueden ser privados de él. La norma se pone en el caso de que aún esté vivo el causante de pensión de retiro, teniendo la hija soltera la mera expectativa de adquirir una pensión de montepío, al fallecimiento de su padre.

Lo que ocurre es que se dieron actos de fraude en que las hijas anulaban su matrimonio, a fin de generar un estado de soltería fraudulenta y obtener, así, la pensión de montepío. Actualmente, con la ley de divorcio, hoy no es posible porque este último no genera la calidad jurídica de soltero, sino de divorciado.

Se podría buscar una fórmula alternativa para los pensionados con muchos años en el sistema, y que tienen una legítima aspiración de generar pensión de montepío.

El señor Burgos consulta respecto del requisito de la letra b) en que se menciona la enseñanza básica.

Además, en la letra c), el hijo o hija inválido o incapaz absoluto que adquiere esta calidad después de los 24 años, no tendría ningún beneficio.

El señor Araya menciona que es exactamente igual al DL N° 3.500.

Sometidos a votación los incisos, se aprobaron por siete votos a favor y una abstención.

Votaron por la afirmativa la señora Cristi, doña María Angélica y los señores Araya, don Pedro; Burgos, don Jorge; Pérez, don José; Ulloa, don Jorge; Urrutia, don Ignacio y Verdugo, don Germán.

Se abstuvo el señor Rincón, don Ricardo.

Inciso 7° del artículo 88 bis

La señora Cristi, doña María Angélica consulta acerca de la situación de los padres cuando fallece un hijo soltero, ya que la norma propuesta exige el requisito de que sean causantes de asignación familiar, lo que en la práctica, no se dará por la juventud de los padres. Sin embargo, el grupo familiar se verá perjudicado, por la pérdida del ingreso, generalmente, en los sectores más pobres.

Sometido a votación el inciso, se aprobó por nueve votos a favor y una abstención.

Votaron por la afirmativa la señora Cristi, doña María Angélica y los señores Araya, don Pedro; Bauer, don Eugenio; Burgos, don Jorge; Cardemil, don Alberto; Hales, don Patricio; León, don Roberto; Tarud, don Jorge; y Verdugo, don Germán.

Se abstuvo el señor Rincón, don Ricardo.

Inciso 8° del artículo 88 bis

Sometido a votación el inciso, se aprobó por nueve votos a favor y una abstención.

Votaron por la afirmativa la señora Cristi, doña María Angélica y los señores Araya, don Pedro; Bauer, don Eugenio; Burgos, don Jorge; Cardemil, don Alberto; Hales, don Patricio; León, don Roberto; Tarud, don Jorge; y Verdugo, don Germán.

Se abstuvo el señor Rincón, don Ricardo.

Inciso 9° del artículo 88 bis

Letra a)

Sometida a votación la letra se aprobó por unanimidad.

Votaron por la afirmativa la señora Cristi, doña María Angélica y los señores Araya, don Pedro; Bauer, don Eugenio; Burgos, don Jorge; Cardemil, don Alberto; Hales, don Patricio; León, don Roberto; Rincón, don Ricardo; Tarud, don Jorge; y Verdugo, don Germán.

Letra b)

Sometida a votación la letra se aprobó por nueve votos a favor y una abstención.

Votaron por la afirmativa la señora Cristi, doña María Angélica y los señores Araya, don Pedro; Bauer, don Eugenio; Burgos, don Jorge; Cardemil, don Alberto; Hales, don Patricio; León, don Roberto; Tarud, don Jorge; y Verdugo, don Germán.

Se abstuvo el señor Rincón, don Ricardo.

Inciso 10° del artículo 88 bis

Sometida a votación la letra se aprobó por unanimidad.

Votaron por la afirmativa la señora Cristi, doña María Angélica y los señores Araya, don Pedro; Bauer, don Eugenio; Burgos, don Jorge; Cardemil, don Alberto; Hales, don Patricio; León, don Roberto; Rincón, don Ricardo; Tarud, don Jorge; y Verdugo, don Germán.

Inciso 11° del artículo 88 bis

El Ejecutivo formuló indicación para intercalar, a continuación de las palabras “personal soltero” y “sin hijos”, la siguiente expresión: “o divorciado,”.

Sometido a votación el inciso, con la indicación antes mencionada, se aprobó por unanimidad.

Votaron por la afirmativa la señora Cristi, doña María Angélica y los señores Araya, don Pedro; Rincón, don Ricardo; Ulloa, don Jorge y Verdugo, don Germán.

Inciso 12° del artículo 88 bis

Sometido a votación el inciso se aprobó por unanimidad.

Votaron por la afirmativa la señora Cristi, doña María Angélica y los señores Bauer, don Eugenio; Burgos, don Jorge; Cardemil, don Alberto; Hales, don Patricio; León, don Roberto; Rincón, don Ricardo y Verdugo, don Germán.

Inciso 13° del artículo 88 bis

Sometido a votación el inciso se aprobó por 3 votos a favor y uno en contra.

Votaron por la afirmativa la señora Cristi, doña María Angélica y los señores Ulloa, don Jorge y Verdugo, don Germán.

Votó por la negativa el señor Rincón, don Ricardo.

Artículo 6°

N° 1

Sometido a votación el numeral se aprobó por unanimidad.

Votaron por la afirmativa la señora Cristi, doña María Angélica y los señores Bauer, don Eugenio; Burgos, don Jorge; Rincón, don Ricardo; y Verdugo, don Germán.

N° 2

Sometido a votación el numeral se rechazó por 2 votos en contra y 2 abstenciones.

Votaron por la negativa los señores Rincón, don Ricardo y Ulloa, don Jorge.

Se abstuvieron la señora Cristi, doña María Angélica y el señor Verdugo, don Germán.

N° 3

Sometido a votación el numeral se aprobó por unanimidad.

Votaron por la afirmativa los señores Bauer, don Eugenio; Burgos, don Jorge; Cardemil, don Alberto; Rincón, don Ricardo; y Verdugo, don Germán.

Artículo 7°

Sometido a votación se aprobó por 4 votos a favor y una abstención.

Votaron por la afirmativa los señores Bauer, don Eugenio; Burgos, don Jorge; Cardemil, don Alberto y Verdugo, don Germán.

Se abstuvo el señor Rincón, don Ricardo.

Artículo 8°

El Ejecutivo formuló indicación para:

a) Reemplázase la frase “El Personal de Empleados Civiles de Planta de las Fuerzas Armadas”, por la siguiente frase: “El Personal de Planta de las Fuerzas Armadas”.

b) Elimínese la expresión “(G)”, que va entre los vocablos “fuerza de ley” y “N° 1”.

c) Reemplazase la frase “y en el caso del personal perteneciente a los restantes escalafones de la planta estos continuarán afectos”, por la siguiente oración: “y en el caso del Personal de Planta de Oficiales, Cuadro Permanente y de Gente de Mar, Tropa Profesional y Personal de reserva llamado al servicio activo, continuará afecto”.”

Sometido a votación el artículo con la indicación propuesta, se aprobó por 3 votos a favor y 2 abstenciones.

Votaron por la afirmativa los señores Araya, don Pedro; Rincón, don Ricardo y Verdugo, don Germán.

Se abstuvieron la señora Cristi, doña María Angélica y el señor Ulloa, don Jorge.

Artículo 9°

El Ejecutivo formuló indicación para sustituir sus incisos tercero y cuarto, por los siguientes:

“Lo dispuesto en los dos incisos anteriores también será aplicable al Personal a Contrata de las Fuerzas Armadas.

En todo caso, respecto del personal referido en este artículo no tendrá aplicación el inciso 3° de la letra b) del artículo 185 del decreto con fuerza de ley (G) N° 1 de 1997.”.

Sometido a votación el artículo, con la indicación propuesta, se aprobó por 4 votos a favor y una abstención.

Votaron por la afirmativa la señora Cristi, doña María Angélica y los señores Araya, don Pedro; Ulloa, don Jorge; y Verdugo, don Germán.

Se abstuvo el señor Rincón, don Ricardo.

Artículo 10

N° 1

Sometido a votación se aprobó por 5 votos a favor y uno en contra.

Votaron por la afirmativa la señora Cristi, doña María Angélica y los señores Bauer, don Eugenio; Burgos, don Jorge; Cardemil, don Alberto y Verdugo, don Germán.

-o-

El Ejecutivo formuló indicación para incorporar los siguientes numerales 2), 3), 4) y 5), nuevos, pasando los actuales números 2), 3,) 4), 5), 6), 7) y 8), a ser números 6), 7), 8), 9), 10), 11) y 12), respectivamente:

“2) Agréguese en el artículo 40, la siguiente letra e), nueva.

“e) El Personal Civil que esté afecto al sistema previsional regido por el decreto ley N° 3.500, de 1980, que cese en el cargo por haber obtenido una jubilación, pensión o renta vitalicia en su régimen previsional, en relación al respectivo cargo público.

El funcionario que jubile, se pensione u obtenga una renta vitalicia en un régimen previsional en relación al respectivo cargo público, cesará en el desempeño de sus funciones a contar del día en que, según las normas pertinentes, deba empezar a recibir la pensión respectiva.”.

3) Agréguese en el artículo 41 la siguiente letra h), nueva.

“h) El Personal Civil que esté afecto al sistema previsional regido por el decreto ley N° 3.500, de 1980, que cese en el cargo por haber obtenido una jubilación, pensión o renta vitalicia en su régimen previsional, en relación al respectivo cargo público.

El funcionario que jubile, se pensione u obtenga una renta vitalicia en un régimen previsional en relación al respectivo cargo público, cesará en el desempeño de sus funciones a contar del día en que, según las normas pertinentes, deba empezar a recibir la pensión respectiva.”.

4) Agréguese en el artículo 42, la siguiente letra d), nueva:

“d) El Personal Civil que esté afecto al sistema previsional regido por el decreto ley N° 3.500, de 1980, que cese en el cargo por haber obtenido una jubilación, pensión o renta vitalicia en su régimen previsional, en relación al respectivo cargo público.

El funcionario que jubile, se pensione u obtenga una renta vitalicia en un régimen previsional en relación al respectivo cargo público, cesará en el desempeño de sus funciones a contar del día en que, según las normas pertinentes, deba empezar a recibir la pensión respectiva.”.

5) Agréguese en el artículo 43, a la siguiente letra g), nueva:

“g) El Personal Civil que esté afecto al sistema previsional regido por el decreto ley N° 3.500, de 1980, que cese en el cargo por haber obtenido una jubilación, pensión o renta vitalicia en su régimen previsional, en relación al respectivo cargo público.

El funcionario que jubile, se pensione u obtenga una renta vitalicia en un régimen previsional en relación al respectivo cargo público, cesará en el desempeño de sus funciones a contar del día en que, según las normas pertinentes, deba empezar a recibir la pensión respectiva.”.

Sometida a votación la indicación, se rechazó por unanimidad.

Votaron en contra la señora Cristi, doña María Angélica y los señores Araya, don Pedro; Rincón, don Ricardo; Ulloa, don Jorge y Verdugo, don Germán.

-o-

N° 2

Sometido a votación se aprobó por unanimidad.

Votaron por la afirmativa la señora Cristi, doña María Angélica y los señores Bauer, don Eugenio; Burgos, don Jorge; Cardemil, don Alberto; Rincón, don Ricardo y Verdugo, don Germán.

N° 3

Sometido a votación se aprobó por unanimidad.

Votaron por la afirmativa la señora Cristi, doña María Angélica y los señores Bauer, don Eugenio; Burgos, don Jorge; Cardemil, don Alberto; Rincón, don Ricardo y Verdugo, don Germán.

N° 4

Sometido a votación se aprobó por 4 votos a favor, uno en contra y una abstención.

Votaron por la afirmativa los señores Bauer, don Eugenio; Burgos, don Jorge; Rincón, don Ricardo y Verdugo, don Germán.

Votó en contra la señora Cristi, doña María Angélica.

Se abstuvo el señor Cardemil, don Alberto.

N° 5

Sometido a votación se aprobó por 5 votos a favor y una abstención.

Votaron por la afirmativa la señora Cristi, doña María Angélica y los señores Bauer, don Eugenio; Burgos, don Jorge; Cardemil, don Alberto y Verdugo, don Jorge.

Se abstuvo el señor Rincón, don Ricardo.

N° 6

Sometido a votación se aprobó por 5 votos a favor y una abstención.

Votaron por la afirmativa la señora Cristi, doña María Angélica y los señores Bauer, don Eugenio; Burgos, don Jorge; Cardemil, don Alberto y Verdugo, don Jorge.

Se abstuvo el señor Rincón, don Ricardo.

N° 7

Sometido a votación se aprobó por 5 votos a favor y una abstención.

Votaron por la afirmativa la señora Cristi, doña María Angélica y los señores Bauer, don Eugenio; Burgos, don Jorge; Cardemil, don Alberto y Verdugo, don Jorge.

Se abstuvo el señor Rincón, don Ricardo.

N° 8

El Ejecutivo formuló indicación para introducir las siguientes modificaciones:

a) Sustitúyase en su inciso primero la frase “En primer grado, la viuda o, en su caso el viudo”, por la siguiente: “En primer grado la viuda o el viudo”.

b) Intercálese en su inciso antepenúltimo, a continuación de las palabras “personal soltero” y “sin hijos” la expresión: “o divorciado,”.”

Sometido a votación el artículo, con la indicación propuesta, se aprobó por unanimidad.

Votaron por la afirmativa la señora Cristi, doña María Angélica y los señores Araya, don Pedro; Rincón, don Ricardo; Ulloa, don Jorge y Verdugo, don Germán.

Artículo 11

N° 1

Sometido a votación se aprobó por 5 votos a favor y una abstención.

Votaron por la afirmativa la señora Cristi, doña María Angélica y los señores Bauer, don Eugenio; Burgos, don Jorge; Cardemil, don Alberto y Verdugo, don Jorge.

Se abstuvo el señor Rincón, don Ricardo.

N° 2

Sometido a votación se aprobó por unanimidad.

Votaron por la afirmativa la señora Cristi, doña María Angélica y los señores Araya, don Pedro; Bauer, don Eugenio; Burgos, don Jorge; Hales, don Patricio; León, don Roberto; Rincón, don Ricardo; Santana, don Alejandro; Ulloa, don Jorge; Urrutia, don Ignacio y Verdugo, don Germán.

N° 3

Sometido a votación se aprobó por unanimidad.

Votaron por la afirmativa la señora Cristi, doña María Angélica y los señores Araya, don Pedro; Bauer, don Eugenio; Burgos, don Jorge; Hales, don Patricio; León, don Roberto; Rincón, don Ricardo; Santana, don Alejandro; Ulloa, don Jorge; Urrutia, don Ignacio y Verdugo, don Germán.

N° 4

Sometido a votación se aprobó por unanimidad.

Votaron por la afirmativa la señora Cristi, doña María Angélica y los señores Araya, don Pedro; Bauer, don Eugenio; Burgos, don Jorge; Hales, don Patricio; León, don Roberto; Rincón, don Ricardo; Santana, don Alejandro; Ulloa, don Jorge; Urrutia, don Ignacio y Verdugo, don Germán.

N° 5

Sometido a votación se aprobó por 10 votos a favor y uno en contra.

Votaron por la afirmativa los señores Araya, don Pedro; Bauer, don Eugenio; Burgos, don Jorge; Hales, don Patricio; León, don Roberto; Rincón, don Ricardo; Santana, don Alejandro; Ulloa, don Jorge; Urrutia, don Ignacio y Verdugo, don Germán.

Votó en contra la señora Cristi, doña María Angélica.

N° 6

Sometido a votación, con excepción de las letras b) y c) y el inciso sexto, se aprobó por unanimidad.

Votaron por la afirmativa la señora Cristi, doña María Angélica y los señores Araya, don Pedro; Bauer, don Eugenio; Burgos, don Jorge; Hales, don Patricio; León, don Roberto; Rincón, don Ricardo; Santana, don Alejandro; Ulloa, don Jorge; Urrutia, don Ignacio y Verdugo, don Germán.

Letra b)

Sometida a votación se aprobó por 6 votos a favor, 4 en contra y una abstención.

Votaron por la afirmativa los señores Araya, don Pedro; Burgos, don Jorge; Hales, don Patricio; León, don Roberto; Santana, don Alejandro y Verdugo, don Germán.

Votaron por la negativa la señora Cristi, doña María Angélica y los señores Bauer, don Eugenio; Ulloa, don Jorge y Urrutia, don Ignacio.

Se abstuvo el señor Rincón, don Ricardo.

Letra c)

Sometida a votación se aprobó por unanimidad.

Votaron por la afirmativa la señora Cristi, doña María Angélica y los señores Araya, don Pedro; Bauer, don Eugenio; Burgos, don Jorge; León, don Roberto; Rincón, don Ricardo; Santana, don Alejandro; Ulloa, don Jorge; Urrutia, don Ignacio y Verdugo, don Germán.

Inciso sexto

Sometido a votación se aprobó por 9 votos a favor, uno en contra y una abstención.

Votaron por la afirmativa los señores Araya, don Pedro; Bauer, don Eugenio; Burgos, don Jorge; Hales, don Patricio; León, don Roberto; Rincón, don Ricardo; Santana, don Alejandro; Urrutia, don Ignacio y Verdugo, don Germán.

Votó por la negativa la señora Cristi, doña María Angélica.

Se abstuvo el señor Ulloa, don Jorge.

N° 7

Sometido a votación el numeral, con excepción del N° 2 del artículo 125 que se propone, se aprobó por unanimidad.

Votaron por la afirmativa los señores Araya, don Pedro; Bauer, don Eugenio; Hales, don Patricio; Rincón, don Ricardo; Santana, don Alejandro; Ulloa, don Jorge y Verdugo, don Germán.

Sometido a votación el N° 2 del artículo 125 propuesto, se aprobó por 4 votos a favor, 2 en contra y una abstención.

Votaron por la afirmativa los señores Araya, don Pedro; Hales, don Patricio; Santana, don Alejandro y Verdugo, don Germán.

Votaron por la negativa los señores Bauer, don Eugenio y Ulloa, don Jorge.

Se abstuvo el señor Rincón, don Ricardo.

Artículo 12

El asesor de Dipreca señaló que una de cosas que distingue Capredena de Dipreca es la forma como se determina el guarismo para los respectivos descuentos previsionales.

Sometido a votación el numeral se aprobó por unanimidad.

Votaron por la afirmativa los señores Araya, don Pedro; Bauer, don Eugenio; Hales, don Patricio; Rincón, don Ricardo; Santana, don Alejandro; Ulloa, don Jorge y Verdugo, don Germán.

Artículo 13

El señor Ulloa consultó si esta disposición se aplicaría tanto a los profesores internos y externos a la institución y, en tal sentido, si algún funcionario estuviese en retiro y fuese contratado como profesor, acaso cotizaría en el sistema autónomo o el general del DL 3.500.

Sobre el particular, el Subsecretario para las Fuerzas Armadas respondió que en sistema actual, el nombramiento de profesor permite una doble pensión hoy y que, con el texto propuesto, no habrá reliquidación, pues no se vuelve al servicio cuando se reincorpora como profesor.

El Ejecutivo formuló indicación para sustituirlo por el siguiente:

“Art. 13.- El personal de la Planta de Carabineros de Chile y Policía de Investigaciones de Chile que a contar de la entrada en vigencia de esta ley sea nombrado como profesor, quedará afecto con relación a esos nuevos servicios, al sistema previsional establecido en el decreto ley N° 3.500, de 1980. En materia de salud se regirá por el decreto con fuerza de ley N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud, que fija del texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto ley N° 2.763, de 1979 y de las leyes N° 18.933 y N° 18.469, según corresponda. En materias de accidente del trabajo y enfermedades profesionales, los Empleados Civiles de Planta, estarán afectos a la ley N° 16.744, con relación a dichos servicios. Tratándose de los oficiales y del personal de fila de nombramiento institucional de Carabineros de Chile, de los oficiales, aspirantes a oficiales y asistentes policiales de la Policía de Investigaciones de Chile y del personal de planta nombrado como perito de conformidad al artículo 18 del decreto con fuerza de ley N° 1, de 1980, del Ministerio de Defensa Nacional, sobre estatuto del personal de la Policía de Investigaciones de Chile, continuará afecto a las disposiciones contenidas en sus respectivos estatutos de personal.”.”

Sometida a votación la indicación se rechazó por 3 votos a favor, 2 en contra y una abstención, al no reunir el quórum requerido.

Votaron por la afirmativa los señores Araya, don Pedro; Santana, don Alejandro y Verdugo, don Germán.

Votaron por la negativa los señores Bauer, don Eugenio y Ulloa, don Jorge.

Se abstuvo el señor Rincón, don Ricardo.

Sometido a votación el artículo 13 original, se rechazó por no reunir el quórum requerido, con el mismo resultado anteriormente referido.

Artículo 14 (pasa a ser artículo 13)

Sometido a votación se aprobó por 5 votos a favor y una abstención.

Votaron por la afirmativa los señores Araya, don Pedro; Bauer, don Eugenio; Santana, don Alejandro; Ulloa, don Jorge y Verdugo, don Germán.

Se abstuvo el señor Rincón, don Ricardo.

Artículo 15 (pasa a ser artículo 14)

Sometido a votación se aprobó por 4 votos a favor y uno en contra.

Votaron por la afirmativa la señora Cristi, doña María Angélica y los señores Araya, don Pedro; Ulloa, don Jorge y Verdugo, do Germán.

Votó por la negativa el señor Rincón, don Ricardo.

Artículo 16 (pasa a ser artículo 15)

Se acordó dividir la votación por numerales.

Sometidos a votación los Nros. 1 y 2, se aprobaron por 5 votos a favor y una abstención.

Votaron por la afirmativa los señores Araya, don Pedro; Bauer, don Eugenio; Santana, don Alejandro; Ulloa, don Jorge y Verdugo, don Germán.

Se abstuvo el señor Rincón, don Ricardo.

Sometido a votación el N° 3, se aprobó por 4 votos a favor y una abstención.

Votaron por la afirmativa los señores Araya, don Pedro; Santana, don Alejandro; Ulloa, don Jorge y Verdugo, don Germán.

Se abstuvo el señor Rincón, don Ricardo.

Sometido a votación el N° 4, se aprobó por 3 votos a favor, uno en contra y una abstención.

Votaron por la afirmativa los señores Santana, don Alejandro; Ulloa, don Jorge y Verdugo, don Germán.

Votó por la negativa el señor Rincón, don Ricardo

Se abstuvo el señor Araya, don Pedro.

El Ejecutivo formuló indicación para reemplazar el numeral 5), por el siguiente:

“5) Modifíquese el artículo 10, del siguiente modo:

“a) Intercálase entre las palabras “o empleos,” y “de instituciones”, la frase: “en calidad de planta o contrata o sujetos al Código del Trabajo”.

b) Intercálase entre las palabras “Defensa Nacional” y “o que se relacionen con el gobierno”, la frase: “o del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.”.

Sometida a votación la indicación se aprobó por unanimidad.

Votaron por la afirmativa la señora Cristi, doña María Angélica y los señores Araya, don Pedro; Rincón, don Ricardo; Ulloa, don Jorge y Verdugo, don Germán.

Artículo 17 (pasa a ser artículo 16)

El Ejecutivo formuló indicación para reemplazarlo por el siguiente:

“Art. 17.- Reemplázase en el inciso segundo del artículo 1° de la ley N° 19.195, que adscribe al personal que indica de Gendarmería de Chile al Régimen Previsional de la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile, la siguiente frase “que sean destinados en forma permanente a prestar servicios dentro de una Unidad Penal” por “siempre que cumplan los siguientes requisitos copulativos:

a) Pertenecer a una de dichas Plantas;

b) Haber sido destinado a prestar servicios dentro de una Unidad Penal; y

c) Completar a lo menos 15 años de servicios efectivos dentro de una Unidad Penal, sean estos continuos o discontinuos.”.”

Sometida a votación la indicación se aprobó por 3 votos a favor y 2 en contra.

Votaron por la afirmativa la señora Cristi, doña María Angélica y los señores Ulloa, don Jorge y Verdugo, don Germán.

Votaron en contra los señores Araya, don Pedro y Rincón don Ricardo.

Artículo 18 (pasa a ser artículo 17)

El señor Ulloa señaló que ingresó un proyecto de ley que mejora las remuneraciones del personal regido por la ley 15.076, pero que expresamente excluye a aquellos integrantes de las fuerzas armadas y Carabineros de Chile. Sobre el particular, indicó que no tenía problemas en aprobar el articulado, pero que era mala señal la distinción.

El Subsecretario para las Fuerzas Armadas indicó que revisaría la situación del otro proyecto de ley, e instaría para que el reajuste remuneracional también incluyese a estos profesionales.

El Ejecutivo formuló indicación para sustituir en su inciso primero, la oración que sigue a continuación del segundo punto seguido (.), por la siguiente frase: “En materia de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, tratándose de empleados civiles de planta estarán afectos a la ley Nº 16.744, con relación a dichos servicios y en el caso de los oficiales y de personal de fila de nombramiento institucional, continuará afecto a las disposiciones contenidas en el Estatuto de Personal.”.

Sometido a votación el artículo, con la indicación propuesta, se aprobó por unanimidad, agregando el artículo “el” entre las expresiones “fija” y “texto”.

Votaron por la afirmativa la señora Cristi, doña María Angélica y los señores Araya, don Pedro; Rincón, don Ricardo; Ulloa, don Jorge y Verdugo, don Germán.

Artículo 19 (pasa a ser artículo 18)

Sometido a votación se aprobó por unanimidad.

Votaron por la afirmativa los señores Araya, don Pedro; Rincón, don Ricardo; Ulloa, don Jorge y Verdugo, don Germán.

Artículo 20 (pasa a ser artículo 19)

Sometido a votación se aprobó por 3 votos a favor y uno en contra.

Votaron por la afirmativa los señores Araya, don Pedro; Ulloa, don Jorge y Verdugo, don Germán.

Votó en contra el señor Rincón, don Ricardo.

Artículo 21 (pasa a ser artículo 20)

Sometido a votación se aprobó por unanimidad.

Votaron por la afirmativa la señora Cristi, doña María Angélica y los señores Araya, don Pedro; Rincón, don Ricardo; Ulloa, don Jorge y Verdugo, don Germán.

Artículo 22 (pasa a ser artículo 21)

Sometido a votación se aprobó por unanimidad.

Votaron por la afirmativa la señora Cristi, doña María Angélica y los señores Araya, don Pedro; Rincón, don Ricardo; Ulloa, don Jorge y Verdugo, don Germán.

Artículo 23 (pasa a ser artículo 22)

Sometido a votación se aprobó por unanimidad.

Votaron por la afirmativa la señora Cristi, doña María Angélica y los señores Araya, don Pedro; Rincón, don Ricardo; Ulloa, don Jorge y Verdugo, don Germán.

Disposiciones Transitorias

Artículo 1° transitorio

Sometido a votación se aprobó por 5 votos a favor y uno en contra.

Votaron por la afirmativa los señores Araya, don Pedro; Bauer, don Eugenio; Santana, don Alejandro; Ulloa, don Jorge y Verdugo, don Germán.

Votó en contra el señor Rincón, don Ricardo.

Artículo 2° transitorio

El Ejecutivo formuló indicación para sustituir los actuales incisos segundo y tercero, por el siguiente inciso segundo:

“Asimismo, el personal que a la fecha de entrada en vigencia de esta ley se encuentre adscrito al sistema previsional y de salud de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional o de la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile, según corresponda, continuará afecto a su respectivo sistema previsional y de salud.”.”

Sometido a votación con la indicación propuesta, se aprobó por unanimidad.

Votaron por la afirmativa la señora Cristi, doña María Angélica y los señores Araya, don Pedro; Rincón, don Ricardo; Ulloa, don Jorge y Verdugo, don Germán.

Artículo 3° transitorio

Sometido a votación se aprobó por 6 votos a favor y una abstención.

Votaron por la afirmativa la señora Cristi, doña María Angélica y los señores Araya, don Pedro; Bauer, don Eugenio; Santana, don Alejandro; Ulloa, don Jorge y Verdugo, don Germán.

Se abstuvo el señor Rincón.

Artículo 4° transitorio

Sometido a votación se aprobó por 6 votos a favor y una abstención.

Votaron por la afirmativa la señora Cristi, doña María Angélica y los señores Araya, don Pedro; Bauer, don Eugenio; Santana, don Alejandro; Ulloa, don Jorge y Verdugo, don Germán.

Se abstuvo el señor Rincón.

Artículo 5° transitorio

Sometido a votación se aprobó por unanimidad.

Votaron por la afirmativa la señora Cristi, doña María Angélica y los señores Araya, don Pedro; Bauer, don Eugenio; Rincón, don Ricardo; Santana, don Alejandro; Ulloa, don Jorge y Verdugo, don Germán.

Artículo 6° transitorio

Sometido a votación se aprobó por unanimidad.

Votaron por la afirmativa la señora Cristi, doña María Angélica y los señores Araya, don Pedro; Bauer, don Eugenio; Rincón, don Ricardo; Santana, don Alejandro; Ulloa, don Jorge y Verdugo, don Germán.

Artículo 7° transitorio

Sometido a votación se aprobó por unanimidad.

Votaron por la afirmativa la señora Cristi, doña María Angélica y los señores Araya, don Pedro; Bauer, don Eugenio; Rincón, don Ricardo; Santana, don Alejandro; Ulloa, don Jorge y Verdugo, don Germán.

Artículo 8° transitorio

La señora Cristi, doña María Angélica y los señores Araya, don Pedro; Bauer, don Eugenio; Rincón, don Ricardo; Santana, don Alejandro y Ulloa, don Jorge, formularon indicación para eliminar la frase final, después del punto seguido, del siguiente tenor: “Esta planilla suplementaria se absorberá por los futuros mejoramientos de remuneraciones que correspondan a los funcionarios involucrados, excepto los derivados de reajustes generales que se otorguen a los trabajadores del sector público.”.

Sometido a votación el artículo, con la indicación propuesta se aprobó por unanimidad.

Votaron por la afirmativa la señora Cristi, doña María Angélica y los señores Araya, don Pedro; Bauer, don Eugenio; Rincón, don Ricardo; Santana, don Alejandro; Ulloa, don Jorge y Verdugo, don Germán.

El Ejecutivo formuló indicación para agregar a continuación de las palabras “de esta ley”, la siguiente oración, pasando el actual punto aparte (.) que le sigue, a ser punto seguido (.): “Esta planilla suplementaria se absorberá por los futuros mejoramientos de remuneraciones que correspondan a los funcionarios involucrados, excepto los derivados de reajustes generales que se otorguen a los trabajadores del sector público.”.”

Sometida a votación la indicación, se rechazó por 4 votos en contra y una abstención.

Votaron por la negativa la señora Cristi, doña María Angélica y los señores Araya, don Pedro; Ulloa y Verdugo.

Se abstuvo el señor Rincón.

Artículo 9° transitorio

Sometido a votación se aprobó por unanimidad. Votaron por la afirmativa la señora Cristi, doña María Angélica y los señores Araya, don Pedro; Rincón, don Ricardo; Ulloa, don Jorge y Verdugo, don Germán.

IV. DOCUMENTOS SOLICITADOS Y PERSONAS ESCUCHADAS POR LA COMISIÓN.

Vuestra Comisión recibió al Ministro de Defensa Nacional , don Rodrigo Hinzpeter, al Subsecretario para las Fuerzas Armadas, don Alfonso Vargas, a la asesora jurídica de dicha Subsecretaría, doña Marisol Covarrubias, al asesor de la misma Subsecretaría, don Juan Ibacache, a los abogados de Capredena, doña Karina Romo y don Marcelo Díaz y al abogado de Dipreca, don Jorge Fuentealba; al señor Contralor General de la República , don Ramiro Mendoza; al Cuerpo de Generales de Carabineros de Chile, representado por su Presidente , General (R) Fernando Cordero Rusque, a la Asociación Gremial Nacional de Pensionados de las FF.AA. Carabineros de Chile y Montepíos, representada por su Presidente , Hernán Cereceda; Asofar, representada por don Enrique Vera y Fedegrem. V., representada por don Alejo Riquelme; a la Confederación de Pensionados y Montepiadas de la Defensa Nacional (Confar), representada por Waldemir Espinoza, Secretario General y Jaime Aqueveque, Director, de la Federación de Personal en Retiro de las Fuerzas Armadas de la VIII región y a la Asociación De Directivos, Profesionales, Técnicos, Administrativos y Auxiliares de Gendarmería de Chile, Adiptgen, representada por los señores Octavio Sáez y Carlos Espinoza.

V. ARTÍCULOS E INDICACIONES RECHAZADOS O DECLARADOS INADMISIBLES.

1.- Artículos rechazados.

a) El N° 2 del artículo 6°, y

b) El artículo 13.

2.- Indicaciones rechazadas.

a) De S.E. el Presidente de la República para agregar en el artículo 5° un nuevo numeral 2), pasando los actuales 2), 3), 4), 5), 6), 7) y 8) a ser 3), 4), 5), 6), 7), 8) y 9), respectivamente:

“2) Reemplázase el artículo 55, por el siguiente:

“Artículo 55.- El retiro temporal de los Empleados Civiles de las Fuerzas Armadas procederá por las mismas causales de los Oficiales, con excepción de las letras b) y d) del artículo 53 y el retiro absoluto, por las que afectan a éstos.

Asimismo, procederá el retiro de los Empleados Civiles de las Fuerzas Armadas, que estén afectos al sistema previsional regido por el decreto ley N° 3.500, de 1980, que cesen en el cargo por haber obtenido una jubilación, pensión o renta vitalicia en su régimen previsional, en relación al respectivo cargo público.

El funcionario que jubile, se pensione u obtenga una renta vitalicia en un régimen previsional en relación al respectivo cargo público, cesará en el desempeño de sus funciones a contar del día en que, según las normas pertinentes, deba empezar a recibir la pensión respectiva.”.”.

b) De S.E. el Presidente de la República para incorporar en el artículo 10 los siguientes numerales 2), 3), 4) y 5), nuevos, pasando los actuales números 2), 3,) 4), 5), 6), 7) y 8), a ser números 6), 7), 8), 9), 10), 11) y 12), respectivamente:

“2) Agréguese en el artículo 40, la siguiente letra e), nueva.

“e) El Personal Civil que esté afecto al sistema previsional regido por el decreto ley N° 3.500, de 1980, que cese en el cargo por haber obtenido una jubilación, pensión o renta vitalicia en su régimen previsional, en relación al respectivo cargo público.

El funcionario que jubile, se pensione u obtenga una renta vitalicia en un régimen previsional en relación al respectivo cargo público, cesará en el desempeño de sus funciones a contar del día en que, según las normas pertinentes, deba empezar a recibir la pensión respectiva.”.

3) Agréguese en el artículo 41 la siguiente letra h), nueva.

“h) El Personal Civil que esté afecto al sistema previsional regido por el decreto ley N° 3.500, de 1980, que cese en el cargo por haber obtenido una jubilación, pensión o renta vitalicia en su régimen previsional, en relación al respectivo cargo público.

El funcionario que jubile, se pensione u obtenga una renta vitalicia en un régimen previsional en relación al respectivo cargo público, cesará en el desempeño de sus funciones a contar del día en que, según las normas pertinentes, deba empezar a recibir la pensión respectiva.”.

4) Agréguese en el artículo 42, la siguiente letra d), nueva:

“d) El Personal Civil que esté afecto al sistema previsional regido por el decreto ley N° 3.500, de 1980, que cese en el cargo por haber obtenido una jubilación, pensión o renta vitalicia en su régimen previsional, en relación al respectivo cargo público.

El funcionario que jubile, se pensione u obtenga una renta vitalicia en un régimen previsional en relación al respectivo cargo público, cesará en el desempeño de sus funciones a contar del día en que, según las normas pertinentes, deba empezar a recibir la pensión respectiva.”.

5) Agréguese en el artículo 43, a la siguiente letra g), nueva:

“g) El Personal Civil que esté afecto al sistema previsional regido por el decreto ley N° 3.500, de 1980, que cese en el cargo por haber obtenido una jubilación, pensión o renta vitalicia en su régimen previsional, en relación al respectivo cargo público.

El funcionario que jubile, se pensione u obtenga una renta vitalicia en un régimen previsional en relación al respectivo cargo público, cesará en el desempeño de sus funciones a contar del día en que, según las normas pertinentes, deba empezar a recibir la pensión respectiva.”.

c) De S.E. el Presidente de la República para reemplazar el artículo 13 por el siguiente:

“Art. 13.- El personal de la Planta de Carabineros de Chile y Policía de Investigaciones de Chile que a contar de la entrada en vigencia de esta ley sea nombrado como profesor, quedará afecto con relación a esos nuevos servicios, al sistema previsional establecido en el decreto ley N° 3.500, de 1980. En materia de salud se regirá por el decreto con fuerza de ley N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud, que fija del texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto ley N° 2.763, de 1979 y de las leyes N° 18.933 y N° 18.469, según corresponda. En materias de accidente del trabajo y enfermedades profesionales, los Empleados Civiles de Planta, estarán afectos a la ley N° 16.744, con relación a dichos servicios. Tratándose de los oficiales y del personal de fila de nombramiento institucional de Carabineros de Chile, de los oficiales, aspirantes a oficiales y asistentes policiales de la Policía de Investigaciones de Chile y del personal de planta nombrado como perito de conformidad al artículo 18 del decreto con fuerza de ley N° 1, de 1980, del Ministerio de Defensa Nacional, sobre estatuto del personal de la Policía de Investigaciones de Chile, continuará afecto a las disposiciones contenidas en sus respectivos estatutos de personal.”.”

d) De S.E. el Presidente de la República para agregar en el artículo 8° transitorio, a continuación de las palabras “de esta ley”, la siguiente oración, pasando el actual punto aparte (.) que le sigue, a ser punto seguido (.): “Esta planilla suplementaria se absorberá por los futuros mejoramientos de remuneraciones que correspondan a los funcionarios involucrados, excepto los derivados de reajustes generales que se otorguen a los trabajadores del sector público.”.”

VI. TEXTO DEL PROYECTO APROBADO POR LA COMISIÓN.

Por las razones señaladas y por las que expondrá oportunamente el señor Diputado Informante , esta Comisión recomienda aprobar el siguiente:

PROYECTO DE LEY:

“Artículo 1º.- Agrégase a la letra b) del artículo 5° del decreto con fuerza de ley N° 31, de 1953, del Ministerio de Defensa Nacional, que fija la ley orgánica por la que se regirá la Caja de Previsión de la Defensa Nacional, el siguiente inciso cuarto, nuevo:

“Los beneficiarios de pensión de retiro o montepío mayores de 65 años de edad, no estarán afectos al descuento señalado en esta letra.”.

Artículo 2º.- Sustitúyase la letra d) del artículo 11 del decreto con fuerza de ley Nº 4, de 1968, del Ministerio de Defensa Nacional, que establece normas para el funcionamiento y financiamiento del Fondo de Revalorización de Pensiones de las Fuerzas Armadas, por la siguiente:

“d) Con el 0.5% sobre el total de las pensiones de retiro y montepío que pague la Caja de Previsión de la Defensa Nacional, incluidas las pensiones afectas a revalorización. Este descuento sólo se efectuará hasta que el beneficiario de la respectiva pensión cumpla los 65 años de edad.”.

Artículo 3º.- Agrégase al final de la letra c) del artículo 10, de la ley Nº 16.258, de 1965, después del punto final (.), que pasa a ser punto seguido (.), la siguiente frase: “Este descuento sólo se efectuará hasta que el beneficiario de la respectiva pensión cumpla los 65 años de edad”.

Artículo 4º.- Efectúanse las siguientes modificaciones al artículo 7° de la ley N° 12.856, que crea el Consejo de Salud de las Fuerzas Armadas, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado, se encuentra fijado por el decreto supremo N° 265, de 1977, del Ministerio de Defensa Nacional:

1) Sustitúyase su párrafo primero, por el siguiente:

“Artículo 7°.- Para concurrir a los gastos que demande la atención médico y dental curativa, hospitalaria y ambulatoria de los pensionados por retiro o montepío y de los empleados de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional que se encuentren afectos al Régimen Previsional y de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, como también la de sus cargas familiares legales, y los padres de dichos pensionados que vivan a sus expensas, se establece un fondo que se formará con los siguientes recursos:”.

2) Agrégase el siguiente número 7), nuevo:

“7.- Con el 0.5% sobre las pensiones de retiro y montepío pagadas por esta misma Caja de Previsión, a los mayores de 65 años de edad.”.

Artículo 5º.- Efectúanse las siguientes modificaciones a la ley Nº 18.948, Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas:

1) Agréganse al artículo 11, los siguientes incisos segundo y tercero, nuevos:

“El Personal de Planta de las Fuerzas Armadas que asuma un nuevo cargo como profesional del área de la salud, regido por la ley N° 15.076, quedará afecto, con relación a esos nuevos servicios, al sistema previsional establecido en el decreto ley N° 3.500, de 1980. En materia de salud, se regirá por el decreto con fuerza de ley Nº 1, de 2005, del Ministerio de Salud, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto ley N° 2.763, de 1979 y de las leyes N° 18.933 y N° 18.469, según corresponda. En materia de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, tratándose de Empleados Civiles de planta, estarán afectos a la ley Nº 16.744, con relación a dichos servicios, y en el caso del Personal de Planta de Oficiales, Cuadro Permanente y de Gente de Mar, Tropa Profesional y Personal de reserva llamado al servicio activo, continuará afecto a las disposiciones contenidas en el decreto con fuerza de ley N° 1, de 1997, del Ministerio de Defensa Nacional.

Para los efectos de lo dispuesto en el inciso anterior, no será aplicable el artículo 2° de la ley N° 18.458.”.

2) Reemplázase el inciso primero del artículo 61°, por el siguiente:

“Artículo 61.- El régimen de previsión y de seguridad social del Personal de la Planta de Oficiales , del Cuadro Permanente y de Gente de Mar y Tropa Profesional de las Fuerzas Armadas es autónomo. Además, es armónico con la progresión de su carrera profesional, la que exige una renovación periódica de las diferentes promociones. Comprende básicamente los beneficios de pensión de retiro y de montepío, desahucio, indemnización por fallecimiento, prestaciones de salud, prestaciones sociales y demás beneficios de seguridad social que la ley establezca.”.

3) Reemplázase el inciso final del artículo 62°, por el siguiente:

“El personal civil y el personal no señalado en el presente artículo quedará afecto al sistema previsional establecido en el decreto ley N° 3.500, de 1980; en materia de salud, se regirá por el decreto con fuerza de ley Nº 1, de 2005, del Ministerio de Salud que fija texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto ley N° 2.763, de 1979 y de las leyes N° 18.933 y N° 18.469, según corresponda. Asimismo, en materia de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, estará afecto a la ley N° 16.744.”.

4) Reemplázase el inciso primero del artículo 73, por el siguiente:

“Artículo 73.- El Personal de la Planta de Oficiales, del Cuadro Permanente y de Gente de Mar, de Tropa Profesional, y el personal de reserva llamado al servicio activo, tendrá siempre derecho a la asistencia médica, preventiva y curativa, según corresponda.”.

5) Efectúanse las siguientes modificaciones al artículo 77:

a) Agrégase al final de su inciso tercero, la siguiente frase: “siempre que dichos periodos hayan sido cotizados en la Caja de Previsión de la Defensa Nacional o Dirección de Previsión de Carabineros, según corresponda.”.

b) Deróganse sus incisos cuarto, séptimo y octavo, pasando los actuales incisos quinto, sexto y noveno, a ser cuarto, quinto y sexto, respectivamente.

c) Reemplázase en el actual inciso quinto, que ha pasado a ser inciso cuarto, la frase “los dos incisos anteriores”, por: “el inciso anterior”.

6) Agrégase en el artículo 78, a continuación del punto seguido (.), lo siguiente:

“Se considerarán también servicios computables, los dos últimos años o cuatro últimos semestres de estudios profesionales de los Oficiales de Justicia, Sanidad, Sanidad Dental, Veterinaria, Servicio Religioso, de los Escalafones de las Fuerzas Armadas. Las imposiciones correspondientes serán de cargo de los interesados y se calcularán sobre el sueldo base del grado 14 de la escala de sueldos de las Fuerzas Armadas.”.

7) Elimínase del inciso final del artículo 79, la frase “de dos años, si son viudas, y”.

8) Reemplázase el artículo 88° bis, por el siguiente:

“Artículo 88 bis.- Al montepío tienen derecho los siguientes asignatarios del causante:

En primer grado, la viuda o el viudo.

El o la cónyuge sobreviviente de un pensionado, para ser beneficiario de pensión de montepío, debe haber contraído matrimonio con el causante, a lo menos, con tres años de anterioridad a la fecha de su fallecimiento. Esta limitación no se aplicará si a la época del fallecimiento existieren hijos comunes o si la cónyuge se encontrare embarazada, o si el causante falleciere en acto determinado del servicio.

En segundo grado, los hijos.

Los hijos e hijas, para ser beneficiarios de montepío deberán ser solteros y cumplir uno de los siguientes requisitos:

a) Ser menores de 18 años de edad;

b) Ser mayores de 18 años de edad y menores de 24, si son estudiantes de cursos regulares de enseñanza básica, media, técnica o superior. La calidad de estudiante deberá tenerla a la fecha del fallecimiento del causante o adquirirla antes de los 24 años de edad.

c) Ser inválido o incapaz absoluto, cualquiera sea su edad. Para estos efectos, la invalidez o incapacidad absoluta puede producirse después del fallecimiento del causante, pero antes de que cumplan las edades máximas establecidas en la letra a) o b) de este inciso, según corresponda.

La invalidez de los asignatarios de montepío será declarada como tal sólo cuando sea acreditada por la Comisión Médica o de Sanidad de la Institución a que pertenecía el causante.

En tercer grado, los padres, siempre que a la época del fallecimiento del imponente sean causantes de asignación familiar, reconocidos por el organismo competente.

A falta de viuda o viudo, con derecho a montepío, sucederán los hijos; a falta de éstos, los padres causantes de asignación familiar.

Los asignatarios de los grados segundo y tercero percibirán su pensión, disminuida en un veinticinco por ciento.

Si el causante dejare viuda o viudo con derecho a montepío e hijos de anteriores matrimonios o no matrimoniales, la pensión se distribuirá entre aquélla, aquél y éstos, en la siguiente forma:

a) Cada hijo de anteriores matrimonios o no matrimoniales recibirá la proporción de la pensión que le hubiese correspondido a la viuda o viudo, de no haber existido estos hijos, determinada como el cuociente entre el 40% y el número total de asignatarios del segundo grado.

b) La viuda o viudo recibirá la pensión que le hubiere correspondido de no haber existido hijos de anteriores matrimonios o no matrimoniales, menos la suma de las pensiones indicadas en la letra precedente, de este inciso.

En las pensiones de montepío existirá el derecho a acrecer.

En el caso del personal soltero o divorciado, sin hijos que fallezca a consecuencia de un acto determinado del servicio, tendrán derecho a montepío los padres, siempre que tengan la calidad de causantes de asignación familiar.

Concurriendo varias personas llamadas en el mismo grado, la pensión se dividirá entre ellas por partes iguales.

El personal que fallezca en servicio activo, dará derecho a sus asignatarios de montepío a percibir, de acuerdo al grado de precedencia antedicho, el sueldo y demás remuneraciones de que haya disfrutado hasta la fecha del cese respectivo, el que se expedirá de inmediato después de otorgado el montepío o a más tardar dentro de los 90 días siguientes. La resolución que otorgue el montepío deberá dictarse dentro del plazo de seis meses contados desde la fecha del fallecimiento.”.

Artículo 6º.- Introdúcense las siguientes modificaciones al decreto con fuerza de ley Nº 1 (G), de 1968, del Ministerio de Defensa Nacional, sobre Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto supremo N° 148, de 1986, del Ministerio de Defensa Nacional:

1) Sustitúyase el inciso segundo del artículo 177, por el siguiente:

“El personal que vuelva al servicio en otras plazas o empleos de las Fuerzas Armadas, Carabineros o Policía de Investigaciones, por un tiempo no inferior a tres años ininterrumpidos y que también otorguen derecho a pensión de retiro, tendrá derecho a que su pensión anterior le sea reliquidada por una sola vez, incrementándose por cada nuevo año de servicio, en un 3,33% del monto que resulte menor entre su última pensión percibida, reajustada conforme a lo establecido en el decreto ley N° 2.547, de 1979 y el promedio de remuneraciones percibidas durante los últimos 36 meses correspondientes a los nuevos servicios prestados. Con todo, el aumento de la pensión por efectos de la reliquidación, no podrá exceder del 50% del monto que resulte menor entre su última pensión percibida, reajustada conforme a lo establecido en el decreto ley N° 2.547, de 1979 y el promedio de remuneraciones percibidas durante los últimos 36 meses correspondientes a los nuevos servicios prestados. Para gozar de este beneficio, el personal deberá efectuar o integrar las imposiciones correspondientes y le serán aplicables, en su caso, las normas de la ley N° 10.986. De igual derecho gozará el personal de la reserva llamado al servicio activo.”.

2) Reemplázase en el artículo 204, la expresión “artículo 200”, por la frase “artículo 88 bis de la ley Nº 18.948”.

Artículo 7°.- Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 7° de la ley Nº 19.465, que establece Sistema de Salud de las Fuerzas Armadas:

1) Sustitúyase la letra a), por la siguiente:

?a) El personal de las plantas de Oficiales, Cuadro Permanente y de Gente de Mar y de Tropa Profesional de las Fuerzas Armadas.?.

2) Agrégase la siguiente letra e), nueva:

“e) Los causantes de asignación familiar del personal señalado en las letras anteriores, comisionado al extranjero, siempre que por ellos se perciba la asignación familiar de la letra d) del artículo 200, del decreto con fuerza de ley N° 1, de 1997, del Ministerio de Defensa Nacional, que establece estatuto del personal de las Fuerzas Armadas, y se encuentren estudiando en instituciones de la enseñanza básica, media, técnica y superior, reconocidas por el Estado donde se cumple la comisión.”.

Artículo 8º.- El Personal de Planta de las Fuerzas Armadas que a contar de la entrada en vigencia de esta ley sea nombrado profesor quedará afecto, con relación a esos nuevos servicios, al sistema previsional establecido en el decreto ley N° 3.500, de 1980. En materia de salud, se regirá por el decreto con fuerza de ley Nº 1, de 2005, del Ministerio de Salud, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto ley N° 2.763, de 1979 y de las leyes N° 18.933 y N° 18.469, según corresponda. En materia de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, tratándose de Empleados Civiles de planta, estarán afectos a la ley Nº 16.744 con relación a dichos servicios, y en el caso del Personal de Planta de Oficiales, Cuadro Permanente y de Gente de Mar, Tropa Profesional y Personal de reserva llamado al servicio activo, continuará afecto a las disposiciones contenidas en el decreto con fuerza de ley N° 1, de 1997, del Ministerio de Defensa Nacional, que establece estatuto del personal de las Fuerzas Armadas. Para los efectos de lo dispuesto en el presente artículo, no será aplicable el artículo 2° de la ley N° 18.458.

Artículo 9º.- Las personas que ingresen a las plantas de Empleados Civiles de las Fuerzas Armadas, con posterioridad a la entrada en vigencia de esta ley, quedarán afectas al sistema previsional establecido en el decreto ley Nº 3.500 de 1980. En materia de salud se regirán por el decreto con fuerza de ley Nº 1, de 2005, del Ministerio de Salud que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto ley N° 2.763, de 1979 y de las leyes N° 18.469 y N° 18.933, según corresponda. Asimismo, en materia de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, quedarán afectas a la ley Nº 16.744.

Este personal quedará afecto a las disposiciones contenidas en el decreto con fuerza de ley N° 1, de 1997, del Ministerio de Defensa Nacional, que establece estatuto del personal de las Fuerzas Armadas, en materia estatutaria y de escala de sueldos, siendo la asignación de especialidad al grado efectivo a que se refiere la letra b) del artículo 185° del citado cuerpo legal, imponible desde su ingreso a la correspondiente planta de personal.

Lo dispuesto en los dos incisos anteriores también será aplicable al personal a contrata de las Fuerzas Armadas.

En todo caso, respecto del personal referido en este artículo no tendrá aplicación el inciso 3° de la letra b) del artículo 185 del decreto con fuerza de ley (G) N° 1 de 1997.

Artículo 10.- Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley Nº 18.961, Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile:

1) Incorpórase al artículo 5° el siguiente inciso final:

“El personal civil de nombramiento supremo e institucional estará sujeto a las disposiciones de la presente Ley Orgánica Constitucional y al Estatuto del Personal de Carabineros de Chile, con excepción de lo dispuesto en el Título IV de esta ley y las normas pertinentes de dicho Estatuto, materias respecto de las cuales quedará afecto al sistema previsional establecido en el decreto ley Nº 3500, de 1980. En materia de salud se regirá por el decreto con fuerza de ley Nº 1, de 2005, del Ministerio de Salud que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto ley N° 2.763, de 1979 y de las leyes N° 18.933 y N° 18.469, según corresponda. Asimismo, en materia de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, estará afecto a la ley N° 16.744.”.

2) Reemplázase el epígrafe del Título IV, por el siguiente:

“Previsión del Personal de Nombramiento Supremo de fila y de los servicios y Personal de nombramiento Institucional de Fila.”

3) Intercálase al artículo 57, entre las palabras “retiro” y “cuando”, la expresión “única”.

4) Elimínase del inciso 3° del artículo 58, la expresión “de dos años si son viudas y”

5) Derógase el inciso 3° del artículo 61.

6) Sustitúyase en el inciso 4° del artículo 61, la expresión “dos incisos anteriores” por “en el inciso anterior”.

7) Intercálase el siguiente inciso quinto al artículo 62, pasando el actual inciso quinto a ser sexto:

“Se considerarán servicios computables, los dos últimos años o cuatro últimos semestres de estudios profesionales de los Oficiales de Justicia, Sanidad, Sanidad Dental, Veterinaria, Servicio Religioso, de los Escalafones de Carabineros. Las imposiciones correspondientes serán de cargo de los interesados y se calcularán sobre el sueldo base del grado 14 de la escala de sueldos de Carabineros.”.

8) Reemplázase el artículo 70 bis, por el siguiente:

“Artículo 70 bis.- Al montepío tienen derecho los siguientes asignatarios del causante:

En primer grado, la viuda o el viudo.

El o la cónyuge sobreviviente de un pensionado, para ser beneficiario de pensión de montepío, debe haber contraído matrimonio con el causante a lo menos con tres años de anterioridad a la fecha de su fallecimiento. Esta limitación no se aplicará si a la época del fallecimiento existieren hijos comunes o si la cónyuge se encontrare embarazada, o si el causante falleciere en acto determinado del servicio.

En segundo grado, los hijos.

Los hijos e hijas para ser beneficiarios de montepío deberán ser solteros y cumplir uno de los siguientes requisitos:

a) Ser menores de 18 años de edad;

b) Ser mayores de 18 años de edad y menores de 24, si son estudiantes de cursos regulares de enseñanza básica, media, técnica o superior. La calidad de estudiante deberá tenerla a la fecha del fallecimiento del causante o adquirirla antes de los 24 años de edad.

c) Ser inválido o incapaz absoluto, cualquiera sea su edad. Para estos efectos, la invalidez o incapacidad absoluta puede producirse después del fallecimiento del causante, pero antes de que cumplan las edades máximas establecidas en la letra a) o b) de este inciso, según corresponda.

La invalidez de los asignatarios de montepío será declarada como tal sólo cuando sea acreditada por la Comisión Médica o de Sanidad competente para la Institución a que pertenecía el causante.

En tercer grado, los padres, siempre que a la época del fallecimiento del imponente sean causantes de asignación familiar, reconocidos por el organismo competente.

A falta de viuda o viudo con derecho a montepío, sucederán los hijos; a falta de estos, los padres causantes de asignación familiar.

Los asignatarios de los grados segundo y tercero percibirán su pensión disminuida en un veinticinco por ciento.

Si el causante dejare viuda o viudo con derecho a montepío e hijos de anteriores matrimonios o no matrimoniales, la pensión se distribuirá entre aquélla, aquél y éstos, en la siguiente forma:

a) Cada hijo de anteriores matrimonios o no matrimoniales recibirá la proporción de la pensión que le hubiese correspondido a la viuda o viudo, de no haber existido estos hijos, determinado como el cociente entre el 40% y el número total de asignatarios del segundo grado.

b) La viuda o viudo recibirá la pensión que le hubiere correspondido de no haber existido hijos de anteriores matrimonios o no matrimoniales, menos la suma de las pensiones indicadas en la letra precedente de este inciso.

En el caso del personal soltero o divorciado, sin hijos que fallezca a consecuencia de un acto determinado del servicio, tendrán derecho a montepío los padres, siempre que tengan la calidad de causantes de asignación familiar.

Concurriendo varias personas llamadas en el mismo grado, la pensión se dividirá entre ellas por partes iguales.

El personal que fallezca en servicio activo dará derecho a sus asignatarios de montepío a percibir, de acuerdo al grado de precedencia antedicho, el sueldo y demás remuneraciones de que haya disfrutado hasta la fecha del cese respectivo, el que se expedirá de inmediato después de otorgado el montepío o, a más tardar, dentro de los 90 días siguientes. La resolución que otorgue el montepío deberá dictarse dentro del plazo de seis meses contados desde la fecha del fallecimiento.”.

Artículo 11.- Introdúcense las siguientes modificaciones al, decreto con fuerza de ley N° 2 de 1968, del Ministerio del Interior, sobre Estatuto del Personal de Carabineros de Chile, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto supremo N° 412, de 1991, del Ministerio de Defensa Nacional:

1) Reemplázanse los incisos 2° y 3° del artículo 70, por los siguientes:

“El personal que vuelva al servicio en otras plazas o empleos de las Fuerzas Armadas, Carabineros o Policía de Investigaciones, por un tiempo no inferior a tres años ininterrumpidos y que también otorguen derecho a pensión de retiro, tendrá derecho a que su pensión anterior le sea reliquidada por una sola vez, incrementándose por cada nuevo año de servicio en un 3,33% del monto que resulte menor entre su última pensión percibida, reajustada conforme a lo establecido en el decreto ley N° 2.547, de 1979, y el promedio de remuneraciones percibidas durante los últimos 36 meses correspondientes a los nuevos servicios prestados. Con todo, el aumento de la pensión por efectos de la reliquidación, no podrá exceder del 50% del monto que resulte menor entre su última pensión percibida, reajustada conforme a lo establecido en el decreto ley N° 2.547, de 1979 y el promedio de remuneraciones percibidas durante los últimos 36 meses correspondientes a los nuevos servicios prestados. Para gozar de este beneficio, el personal deberá efectuar o integrar las imposiciones correspondientes y le serán aplicables, en su caso, las normas de la ley N° 10.986.

En el caso del personal de Carabineros de Chile, llamado al servicio desde el retiro, contemplado en el artículo 16 de la ley N° 18.961 Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile y en el artículo 32 bis y siguientes del presente Estatuto, podrá reliquidar en esa condición y conservar el derecho consagrado en el inciso anterior para ser ejercido posteriormente, por una sola vez.”.

2) Incorpórase en el artículo 82, entre las palabras “retiro” y “cuando”, la expresión “única”.

3) Modifícase el artículo 83, del siguiente modo:

a) Derógase su inciso tercero.

b) Reemplázase en su inciso final, la expresión “dos incisos anteriores”, por “el inciso anterior”.

4) Agrégase al artículo 85, el siguiente inciso final, nuevo:

“Se considerarán servicios computables, los dos últimos años o cuatro últimos semestres de estudios profesionales de los Oficiales de Justicia, Sanidad, Sanidad Dental, Veterinaria, Servicio Religioso, de los Escalafones de Carabineros. Las imposiciones correspondientes serán de cargo de los interesados y se calcularán sobre la base del grado 14 de la escala de sueldos de Carabineros.”.

5) Elimínase del inciso 4° del artículo 94, la expresión “de dos años si son viudas y”

6) Reemplázase el artículo 121, por el siguiente:

“Artículo 121.- Al montepío tienen derecho los siguientes asignatarios del causante:

En primer grado la viuda o, en su caso, el viudo.

El o la cónyuge sobreviviente de un causante pensionado, para ser beneficiario de pensión de montepío, debe haber contraído matrimonio con el causante, a lo menos con tres años de anterioridad a la fecha de su fallecimiento. Esta limitación no se aplicará si a la época del fallecimiento existieren hijos comunes o si la cónyuge se encontrare embarazada, o si el causante falleciere en acto determinado del servicio.

En segundo grado, los hijos.

Los hijos e hijas, para ser beneficiarios de montepío, deben ser solteros y cumplir uno de los siguientes requisitos:

a) Ser menores de 18 años de edad;

b) Ser mayores de 18 años de edad y menores de 24, si son estudiantes de cursos regulares de enseñanza básica, media, técnica o superior. La calidad de estudiante deberá tenerla a la fecha del fallecimiento del causante o adquirirla antes de los 24 años de edad.

c) Ser inválido o incapaz absoluto, cualquiera sea su edad. Para estos efectos, la invalidez o incapacidad absoluta puede producirse después del fallecimiento del causante, pero antes de que cumplan las edades máximas establecidas en la letra a) o b) de este inciso según corresponda.

La invalidez de los asignatarios de montepío será declarada como tal sólo cuando sea acreditada por la Comisión Médica o de Sanidad competente para la Institución a que pertenecía el causante.

En tercer grado, los padres, siempre que a la época del fallecimiento del imponente sean causantes de asignación familiar, reconocidos por el organismo competente.

A falta de viuda o viudo, sucederán los hijos; a falta de éstos, los padres causantes de asignación familiar.

Los asignatarios de los grados segundo y tercero percibirán su pensión disminuida en un veinticinco por ciento.

Si el causante dejare viuda o viudo con derecho a montepío e hijos de anteriores matrimonios o no matrimoniales, la pensión se distribuirá entre aquélla, aquél y éstos, en la siguiente forma:

a) Cada hijo de anteriores matrimonios o no matrimoniales recibirá la proporción de la pensión que le hubiese correspondido a la viuda o viudo, de no haber existido estos hijos, determinado como el cociente entre el 40% y el número total de asignatarios del segundo grado.

b) La viuda o viudo recibirá la pensión que le hubiere correspondido de no haber existido hijos de anteriores matrimonios o no matrimoniales, menos la suma de las pensiones indicadas en la letra precedente de este inciso.

En el caso del personal soltero sin hijos, que fallezca a consecuencia de un acto determinado del servicio, tendrán derecho a montepío los padres, siempre que tengan la calidad de causantes de asignación familiar.

Concurriendo varias personas llamadas en el mismo grado, la pensión se dividirá entre ellas por partes iguales.

El personal que fallezca en servicio activo dará derecho a sus asignatarios de montepío a percibir, de acuerdo al grado de precedencia antes dicho, el sueldo y demás remuneraciones de que haya disfrutado hasta la fecha del cese respectivo, el que se expedirá de inmediato después de otorgado el montepío o a más tardar dentro del plazo de 90 días. La resolución que otorga el montepío deberá dictarse dentro del plazo de seis meses contados desde la fecha del fallecimiento.”.

7) Reemplázase el artículo 125, por el siguiente:

“Artículo 125.- Los asignatarios de montepío no tendrán derecho a impetrar pensión o cesarán en el goce de ella, cuando se encuentren en alguno de los casos siguientes:

1.- Haber contraído matrimonio.

2.- Ser hijo o hija mayor de 18 años de edad. No obstante, estos descendientes podrán continuar en el goce de la pensión hasta que cumplan 24 años de edad, siempre que se encuentren siguiendo cursos regulares en la enseñanza básica, media, técnica o superior. Sin perjuicio de lo anterior, dicha limitación de edad no regirá cuando se encuentren afectados de una invalidez o incapacidad absoluta. Esta invalidez será declarada como tal sólo cuando sea acreditada por la Comisión Médica o de Sanidad de las Institución a que pertenecía el causante.

3.- Existir sentencia ejecutoriada por la que se declara la nulidad del matrimonio o el divorcio;

4.- Ser indigno de suceder al causante, declarado por sentencia judicial.

Los asignatarios que hubieren perdido el goce del montepío no podrán recuperarlo por causa alguna, ni aún en el evento de nulidad del matrimonio que fue motivo de tal pérdida.”.

Artículo 12.- Introdúcense los siguientes incisos segundo y tercero, nuevos, a la letra a) del artículo 20, del decreto ley N° 844 de 1975, que crea el Departamento de Previsión de Carabineros:

“El porcentaje del descuento mensual obligatorio señalado en el inciso anterior, se rebajará al porcentaje que resulte de la aplicación de lo dispuesto en el inciso tercero del artículo noveno de esta ley, cuando el pensionado o beneficiario de montepío, cumpla los 65 años de edad.

No obstante lo dispuesto en el inciso anterior, el descuento destinado al financiamiento de los beneficios médicos, hospitalarios y dental, se continuará determinando sobre el porcentaje establecido en el inciso primero.”.

Artículo 13.- Las personas que ingresen a los escalafones de la Planta de Apoyo Científico Técnico de la Policía de Investigaciones de Chile, salvo quienes sean nombrados como peritos en conformidad al artículo 18 del decreto con fuerza de ley N° 1, de 1980, del Ministerio de Defensa Nacional, sobre Estatuto del Personal de Policía de Investigaciones de Chile , y quienes ingresen a los escalafones de la Planta de Apoyo General, salvo el de Asistentes Policiales, con posterioridad a la entrada en vigencia de esta ley, quedarán afectas al sistema previsional establecido en el decreto ley Nº 3500 de 1980. En materia de salud, se regirán por el decreto con fuerza de ley Nº 1, de 2005, del Ministerio de Salud que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto ley N° 2.763, de 1979 y de las leyes N° 18.933 y N° 18.469, según corresponda. Asimismo, en materia de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, estará afecto a la ley N° 16.744.

Este personal quedará afecto a las disposiciones contenidas en el decreto con fuerza de ley N° 1, de 1980, del Ministerio de Defensa, sobre Estatuto del Personal de Policía de Investigaciones de Chile , en materia estatutaria y de escala de sueldos, siendo la asignación de especialidad al grado efectivo a que se refiere la letra r) del artículo 46 del decreto con fuerza de ley N° 2 de 1968, del Ministerio del Interior, sobre Estatuto del Personal de Carabineros de Chile, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto supremo N° 412, de 1991, del Ministerio de Defensa Nacional, imponible desde su ingreso a la correspondiente planta de personal.

En todo caso, respecto del personal referido en el inciso anterior no tendrá aplicación el inciso tercero de la letra r) del artículo 46 del mencionado cuerpo legal.

Lo dispuesto en los dos incisos anteriores también será aplicable al personal a contrata de la Policía de Investigaciones de Chile.

Artículo 14.- El personal civil de nombramiento supremo y el personal civil de nombramiento institucional que ingrese a las plantas de Carabineros de Chile con posterioridad a la entrada en vigencia de esta ley, quedará afecto al sistema previsional establecido en el decreto ley Nº 3.500 de 1980. En materia de salud, se regirá por el decreto con fuerza de ley Nº 1, de 2005, del Ministerio de Salud, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto ley N° 2.763, de 1979 y de las leyes N° 18.933 y N° 18.469, según corresponda. Asimismo, en materia de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, estará afecto a la ley N° 16.744.

Este personal quedará afecto a las disposiciones contenidas en el decreto con fuerza de ley N° 2 de 1968, del Ministerio del Interior, sobre Estatuto del Personal de Carabineros de Chile, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto supremo N° 412, de 1991, del Ministerio de Defensa Nacional, en materia estatutaria y de escala de sueldos, siendo la asignación de especialidad al grado efectivo a que se refiere la letra r) del artículo 46 de la norma antes citada, imponible desde su ingreso a la correspondiente planta de personal.

En todo caso, respecto del personal referido en el inciso anterior, no tendrá aplicación el inciso tercero de la letra r) del artículo 46° del mencionado cuerpo legal.

Lo dispuesto en los dos incisos anteriores también será aplicable al personal a contrata de Carabineros de Chile.

Artículo 15.- Efectúanse las siguientes modificaciones a la ley N° 18.458, que establece Régimen Previsional del Personal de la Defensa Nacional que indica:

1) Sustitúyase en el artículo 1°, los literales b), d), y e), por los siguientes:

?b) Personal de las plantas de oficiales, del cuadro permanente y de gente de mar y de tropa profesional de las Fuerzas Armadas;

d) Personal de Nombramiento Supremo de Fila y de los Servicios y el Personal de Nombramiento Institucional de Fila de Carabineros de Chile;

e) Personal contemplado en la Planta de Oficiales, Personal de la Planta de Apoyo Científico Técnico de la Policía de Investigaciones de Chile que sea nombrado como peritos en conformidad al artículo 18 del decreto con fuerza de ley N° 1, de 1980, del Ministerio de Defensa Nacional, sobre Estatuto del Personal de Policía de Investigaciones de Chile, y Personal de Asistentes Policiales de la Planta de Apoyo General a que se refiere el mismo cuerpo legal;”.

2) Elimínanse las letras g) y h).

3) Modifícase el artículo 3°, del siguiente modo:

a) Intercálase, entre guarismo “1980” y el punto final (.) que le sigue, la siguiente oración: “y a las disposiciones contenidas en la ley N° 16.744, sobre Seguro contra Riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales”.

b) Agrégase, luego de la expresión “Ministerio de Defensa Nacional”, las siguientes palabras: “o del Ministerio del Interior y Seguridad Pública,”.

4) Deróganse los artículos 8° y 9°.

5) Modifícase el artículo 10, del siguiente modo:

“a) Intercálase entre las palabras “o empleos,” y “de instituciones”, la frase: “en calidad de planta o contrata o sujetos al Código del Trabajo”.

b) Intercálase entre las palabras “Defensa Nacional” y “o que se relacionen con el gobierno”, la frase: “o del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.”.

Artículo 16.- Reemplázase en el inciso segundo del artículo 1° de la ley N° 19.195, que adscribe al personal que indica de Gendarmería de Chile al Régimen Previsional de la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile, la siguiente frase “que sean destinados en forma permanente a prestar servicios dentro de una Unidad Penal” por “siempre que cumplan los siguientes requisitos copulativos:

a) Pertenecer a una de dichas Plantas;

b) Haber sido destinado a prestar servicios dentro de una Unidad Penal; y

c) Completar a lo menos 15 años de servicios efectivos dentro de una Unidad Penal, sean estos continuos o discontinuos.”.”

Artículo 17.- El Personal de Planta de Carabineros que asuma un nuevo cargo como profesional del área de la salud, regido por la ley N° 15.076, quedará afecto, con relación a esos nuevos servicios, al sistema previsional establecido en el decreto ley N° 3.500, de 1980. En materia de salud, se regirá por el decreto con fuerza de ley Nº 1, de 2005, del Ministerio de Salud que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto ley N° 2.763, de 1979 y de las leyes N° 18.933 y N° 18.469, según corresponda. En materia de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, tratándose de empleados civiles de planta estarán afectos a la ley Nº 16.744, con relación a dichos servicios y en el caso de los oficiales y de personal de fila de nombramiento institucional, continuará afecto a las disposiciones contenidas en el Estatuto de Personal.

Para los efectos de lo dispuesto en el inciso anterior, no será aplicable el artículo 2° de la ley N° 18.458.

Artículo 18.- Modifícase la ley N° 19.345, que dispone la aplicación de la ley N° 16.744, sobre Seguro Social contra Riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, a trabajadores del sector publico que señala, de la siguiente forma:

1) Agrégase en su artículo 1°, el siguiente inciso cuarto, nuevo:

“Asimismo, quedará sujeto a la ley Nº 16.744 el personal indicado en el artículo 3° de la ley Nº 18.458. Con todo, en las entidades empleadoras en que presten servicios los trabajadores a que se refiere este inciso, las funciones de los organismos previstos en los incisos primero y cuarto del artículo 66° de la ley N° 16.744, serán ejercidas a través del servicio de bienestar o por las direcciones, jefaturas, departamentos o comandos de personal de la respectiva institución de las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Pública, según corresponda, conforme a lo dispuesto en sus leyes orgánicas y demás normas complementarias.”.

2) Intercálase en su artículo 3º, el siguiente inciso tercero, nuevo, pasando los actuales incisos tercero, cuarto, quinto y sexto, a ser incisos cuarto, quinto, sexto y séptimo, respectivamente:

“Lo dispuesto en el inciso precedente, no será aplicable a las entidades empleadoras respecto de los trabajadores señalados en el inciso cuarto del artículo 1º de esta ley.”.

Artículo 19.- El personal de las Plantas de la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile quedará afecto al sistema previsional establecido en el decreto ley N° 3.500, de 1980. En materia de salud, se regirá por el decreto con fuerza de ley Nº 1, de 2005, del Ministerio de Salud, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto ley N° 2.763, de 1979 y de las leyes N° 18.933 y N° 18.469, según corresponda. Asimismo, en materia de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, estará afecto a la ley Nº 16.744.

Artículo 20.- Al personal a que se refieren los artículos 5° N° 1, 8°, 17 y 19 de la presente ley, le será aplicable las disposiciones de la ley N° 19.345, conforme a las modificaciones introducidas por el artículo 18 de esta ley, según corresponda.

Artículo 21.- Durante el primer año de vigencia, el mayor gasto fiscal que represente la aplicación de la presente ley, se financiará con cargo al presupuesto de las respectivas instituciones y, en lo que faltare, con cargo a la Partida Tesoro Público. En los años siguientes, los recursos serán provistos en las respectivas leyes de presupuestos.

Artículo 22.- La presente ley comenzará a regir el primer día del sexto mes siguiente a su publicación en el Diario Oficial.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo 1º.- En los veinticuatro meses siguientes a la entrada en vigencia de esta ley, las modificaciones introducidas por los artículos 1° y 12, según se trate de pensionados de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional o de la Dirección de Previsión de Carabineros, respectivamente, se aplicarán, en la forma y gradualidad que a continuación se indica.

En los doce primeros meses siguientes a la entrada en vigencia de esta ley, para los beneficiarios de pensión de retiro o montepío, mayores de 65 años de edad, regirá lo siguiente:

a) A quienes perciban una pensión inferior a $453.217 mensuales se les aplicará lo dispuesto en los artículos 1° y 12, respectivamente.

b) A quienes perciban pensiones iguales o superiores a $453.217 y hasta $670.936 mensuales, en el caso de beneficiarios de pensión de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional, la tasa de cotización para el fondo de retiro señalada en el artículo 1º de esta ley se rebajará a un 3%, y tratándose de beneficiarios de pensión de la Dirección de Previsión de Carabineros, el porcentaje del descuento mensual obligatorio señalado en el artículo 12 de esta ley, se rebajará a un 5,5%.

c) A quienes perciban pensiones superiores a $670.936 mensuales, en el caso de beneficiarios de pensión de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional, la tasa de cotización para el fondo de retiro señalada en el artículo 1º de esta ley se rebajará a un 4%, y tratándose de beneficiarios de pensión de la Dirección de Previsión de Carabineros, el porcentaje del descuento mensual obligatorio señalado en el artículo 12 de esta ley, se rebajará a un 6,5%.

A contar del decimotercer mes siguiente a la entrada en vigencia de esta ley y hasta el vigesimocuarto mes siguiente, para los beneficiarios de pensión de retiro o montepío, mayores de 65 años de edad, regirá lo siguiente:

a) A quienes perciban pensiones iguales o inferiores a $670.936 mensuales, se les aplicará lo dispuesto en los artículos 1° y 12, respectivamente.

b) A quienes perciban pensiones superiores a $670.936 mensuales, en el caso de beneficiarios de pensión de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional, la tasa de cotización para el fondo de retiro señalada en el artículo 1º de esta ley se rebajará a un 2%, y tratándose de beneficiarios de pensión de la Dirección de Previsión de Carabineros, el porcentaje del descuento mensual obligatorio señalado en el artículo 12º de esta ley, se rebajará a un 4,5%.

Con todo, respecto de los beneficiarios de pensión de retiro y montepío de la Dirección de Previsión de Carabineros, el descuento destinado al financiamiento de los beneficios médicos, hospitalarios y dental, se continuará determinando sobre el porcentaje establecido en el inciso primero, letra a) del artículo 20 del decreto ley Nº 844, de 1975.

A contar del vigesimoquinto mes siguiente a la entrada en vigencia de esta ley, regirá íntegramente lo dispuesto en los artículos 1º y 12, respectivamente, de la presente ley.

Artículo 2°.- Al personal que se encuentre en servicio a la fecha de entrada en vigencia de esta ley no le afectarán las modificaciones introducidas por el artículo 5°, números 3), 5), 6) y 7); artículo 7°, número 1); artículo 10, números 1), 3), 4), 5), 6) y 7); artículo 11, números 2), 3), 4) y 5); artículo 15 números 1), 2), 3), 4), y 5); artículo 18, número 1) y artículo 19, todos de la presente ley.

Asimismo, el personal que a la fecha de entrada en vigencia de esta ley se encuentre adscrito al sistema previsional y de salud de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional o de la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile, según corresponda, continuará afecto a su respectivo sistema previsional y de salud.

Artículo 3°.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, al personal civil a contrata de las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y Gendarmería de Chile, que se encuentre en servicio a la fecha de entrada en vigencia de esta ley, les serán aplicables a partir de la misma fecha, las modificaciones establecidas en el artículo 15 N° 3, letra a) y N° 4, y el artículo 18, ambos de la presente ley.

En el caso del personal señalado en el inciso precedente, que sufriere un accidente en acto determinado del servicio o contrajere una enfermedad profesional, que lo incapacitare en un porcentaje igual o superior a un 70% o que le causare la muerte, la pensión que le correspondiere conforme a la ley Nº 16.744, no podrá ser de un monto inferior a la que le hubiere correspondido percibir en las mismas circunstancias de haberse aplicado las normas por las que se regía en esta materia con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley.

Para estos efectos, el respectivo organismo administrador de la ley N° 16.744, solicitará a la Subsecretaría con que la respectiva entidad empleadora se relacione con el Gobierno, efectuar los cálculos respectivos, debiendo constituir la reserva técnica para el pago de la pensión que resulte de aplicar la ley N° 16.744, y pagar la pensión que resulte mayor.

En el evento que la pensión resultante fuere de un monto mayor que la de la ley N° 16.744, la diferencia será de cargo fiscal.

La Tesorería General de la República , a requerimiento del respectivo organismo administrador, enterará mensualmente la aludida diferencia y sus reajustes dentro de los diez primeros días del mes correspondiente al del pago de la pensión. En cada oportunidad en que varíe el monto de la pensión, el organismo administrador deberá efectuar el respectivo requerimiento.

Las cantidades que no se enteren oportunamente, se reajustarán en el mismo porcentaje en que hubiere variado el Índice de Precios al Consumidor, determinado por el Instituto Nacional de Estadísticas, entre el mes anterior a aquél en que debió efectuarse el pago y el mes precedente a aquel en el que efectivamente se realice; y devengarán interés corriente.

El derecho del organismo administrador a impetrar el citado pago prescribirá en el plazo de doce meses, contado desde la fecha de la resolución por la cual se haya otorgado la pensión o desde la fecha en que hubiere variado el monto de la misma, según el caso.

Artículo 4°.- El personal que a la fecha de entrada en vigencia de esta ley esté nombrado en uno o más cargos bajo el régimen de remuneraciones de la ley N° 15.076 y con posterioridad cese en uno de ellos, siendo nombrado en otro, sin mediar discontinuidad entre el cese y el nuevo nombramiento, permanecerá afecto tanto a la Caja de Previsión de la Defensa Nacional, como al Sistema de Salud de las Fuerzas Armadas . La misma regla se aplicará a aquel que actualmente se encuentre adscrito al sistema previsional de la Dirección de Previsión de Carabineros y su sistema de salud, el cual continuará, asimismo, afecto al régimen de remuneraciones de dicha ley, en cuyo caso ese nuevo nombramiento no se considerará como nuevo ingreso, en los términos establecidos en los artículos 5° N° 1) y 17 de la presente ley.

Del mismo modo, no constituye nuevo ingreso la prórroga sin solución de continuidad del Personal a Contrata y los contratos de los profesores, así como los contratos del personal regido bajo el régimen de remuneraciones de la ley N° 15.076, que a la fecha de publicación de esta ley se encuentren afectos a estas modalidades de nombramientos o contrataciones, el cual continuará afecto al régimen previsional de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional, o de la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile, según corresponda, en los términos modificados en la presente ley.

Artículo 5º.- Las personas que gozando de pensión de retiro de la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile, hubieren vuelto al servicio a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, en calidad de personal a contrata o en cualquier otra, en otras plazas o empleos de las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y Gendarmería u otros Organismos o Instituciones cuya normativa les permita reliquidar sus pensiones en la Caja de Previsión de la Defensa Nacional o en la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile, conservarán el derecho a reliquidar su pensión de retiro, por una sola vez y en los términos vigentes con anterioridad a la publicación de esta ley, sea que tengan cumplidos, o cumplan con posterioridad, los requisitos indicados en el decreto con fuerza de ley N° 2 de 1968, del Ministerio del Interior, sobre Estatuto del Personal de Carabineros de Chile, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto supremo N° 412, de 1991, del Ministerio de Defensa Nacional.

Tratándose del personal de Carabineros de Chile, que a la entrada en vigencia de esta ley hubiere vuelto al servicio desde el retiro, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 16 de la ley N° 18.961, Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile y en el artículo 32 bis y siguientes del decreto con fuerza de ley N° 2 de 1968, del Ministerio del Interior, sobre Estatuto del Personal de Carabineros de Chile, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto supremo N° 412, de 1991, del Ministerio de Defensa Nacional, podrá reliquidar en esa condición y conservar el derecho a reliquidar su pensión de retiro, en los términos vigentes con anterioridad a la publicación de esta ley, para ser ejercido posteriormente, por una sola vez.

Artículo 6°.- Las modificaciones contenidas en los artículos 5º Nº 8);10 N° 8) y 11 Nº 6) y Nº 7); de la presente ley, no afectarán a quienes al momento de su entrada en vigencia se encuentren gozando de una pensión de montepío, conforme a lo dispuesto en el artículo 88° bis de la ley N° 18.948, 202 del decreto con fuerza de ley Nº 1 (G), de 1968, del Ministerio de Defensa Nacional, sobre Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto supremo N° 148, de 1986, del Ministerio de Defensa Nacional; artículo 70 bis de la ley N° 18.961; y artículos 121 y 125 del decreto con fuerza de ley N° 2 de 1968, del Ministerio del Interior, sobre Estatuto del Personal de Carabineros de Chile, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto supremo N° 412, de 1991, del Ministerio de Defensa Nacional. Asimismo, estas modificaciones no afectarán a quienes a la fecha de entrada en vigencia de esta ley, hayan cumplido la totalidad de los requisitos para ser beneficiarios de montepío.

Artículo 7°.- La modificación contenida en el artículo 6º, número 1) de esta ley, no afectará al personal que a la entrada en vigencia de esta ley, hubiere vuelto al servicio en otras plazas o empleo, aun cuando no hayan cumplido los tres años de servicios establecidos en el artículo 177 del decreto con fuerza de ley Nº 1 (G), de 1968, del Ministerio de Defensa Nacional, sobre Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto supremo N° 148, de 1986, del Ministerio de Defensa Nacional.

Artículo 8º.- Los empleados civiles a contrata de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública que se encuentren afectos al sistema previsional del decreto ley N° 3.500 y en servicio a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, percibirán una planilla suplementaria equivalente a la diferencia que pueda presentarse entre las remuneraciones líquidas imponibles actuales y las que resulten de aplicar el inciso final de los artículos 9°, 13 y 14 de esta ley.

Artículo 9º.- Al personal de Gendarmería de Chile que, a la fecha de entrada en vigencia de esta ley, integre las plantas de Profesionales, Directivos, Administrativos, Técnicos y Auxiliares y se encuentre destinado en forma permanente a prestar servicios en una Unidad Penal, no le será aplicable lo dispuesto en el artículo 16 de la presente ley.”.

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Se designó Diputado Informante al señor Verdugo, don Germán.

Tratado y acordado en sesiones de 6, 13 y 27 de noviembre de 2012; 8, 15 y 22 de enero; 5 y 19 de marzo, 2 y 9 de abril, 7 y 14 de mayo, 4, 11 y 18 de junio de 2013, con la asistencia de la señora Cristi, doña María Angélica y los señores Araya, don Pedro; Bauer, don Eugenio; Burgos, don Jorge; Cardemil, don Alberto; Hales, don Patricio; Hasbún, don Gustavo; León, don Roberto; Pérez, don José; Rincón, don Ricardo; Santana, don Alejandro; Tarud, don Jorge; Ulloa, don Jorge; Urrutia, don Ignacio y Verdugo, don Germán ( Presidente ).

Sala de la Comisión, a 18 de junio de 2013.

(Fdo.): JUAN PABLO GALLEGUILLOS, Abogado Secretariod e la Comisión”.

8. Informe de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, recaído en las mociones que “Establece la meta todo Chile a llamada local”, y la que “Modifica la Ley General de Telecomunicaciones, para terminar con la larga distancia nacional y hacer convergentes los cargos de acceso del servicio público telefónico”. (boletines Nos 8787-19 y 8790-15 refundidos).

“Honorable Cámara:

Vuestra Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, pasa a informaros acerca del proyecto de ley, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, de origen de dos mociones, a saber:

La primera, de los Diputados señores Alberto Robles, Germán Becker, Juan Luis Castro, Ramón Farías, Gustavo Hasbún, Juan Carlos Latorre, Iván Moreira, Víctor Torres, Ignacio Urrutia y Enrique Van Rysselberghe, por la que “establece la Meta todo Chile a llamada local, boletín N°8.787-19, y la segunda, de las Diputadas señoras, María José Hoffmann, Andrea Molina, Marcela Sabat y de los Diputados señores René Manuel García, Gustavo Hasbún, Juan Carlos Latorre e Ignacio Urrutia, por la que se modifica la Ley General de Telecomunicaciones, para terminar con la larga distancia nacional y hacer convergentes los cargos de acceso del servicio público telefónico”, boletín N°8.790-15.

Cabe hacer presente, que con fecha 23 de mayo del año en curso, los Jefes de los Comités Parlamentarios, acordaron remitir a esta Comisión, mediante el oficio N°10.757, por un plazo de dos semanas, para que estudie y emita un informe sobre el proyecto de ley recaído en la mociones que “establece la meta todo Chile a llamada local” y que “modifica la Ley General de Telecomunicaciones, para terminar con la larga distancia nacional y hacer convergentes los cargos de acceso del servicio público telefónico”, que corresponden a los boletines N°s. 8.787-19 y 8.790-15, despachado por la Comisión de Ciencia y Tecnología, la que emitió su informe en calidad de comisión técnica.

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El proyecto de ley en estudio, como ya se indicó, es producto de dos mociones parlamentarias, las que fueron fusionadas por acuerdo de la H. Sala de la Cámara de Diputados, en razón de que la idea matriz de ambas es similar y apuntan a lo mismo.

La moción de los Diputados señores Alberto Robles, Germán Becker, Juan Luis Castro, Ramón Farías, Gustavo Hasbún, Juan Carlos Latorre, Iván Moreira, Víctor Torres, Ignacio Urrutia y Enrique Van Rysselberghe, que establece la Meta todo Chile a llamada local, trata lo relativo a los cargos de acceso entre compañías por las llamadas de larga distancia nacional, y fue ingresada a través de la Comisión de Ciencia y Tecnología.

Respecto de la moción presentada por las Diputadas señoras María José Hoffmann, Andrea Molina, Marcela Sabat y de los Diputados señores René Manuel García, Gustavo Hasbún, Juan Carlos Latorre e Ignacio Urrutia, modifica la Ley General de Telecomunicaciones, para terminar con la larga distancia nacional y hacer convergentes los cargos de acceso del servicio público telefónico, la que inició sus estudio en la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones. Esta moción tiene por objeto modificar la ley N°19.302, por la que se dividió el país en trece zonas primarias. A su vez, se plantea entre sus antecedentes, que se debe consultar al Tribunal de la Libre Competencia , en una segunda fase, para ver si se dan las condiciones para poner término a la larga distancia nacional.

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Para el estudio del proyecto de ley, la Comisión contó con la colaboración y asistencia del Subsecretario de Telecomunicaciones, señor Jorge Atton Palma, y de la Jefa de Gabinete del Subsecretario, señora Daniela González.

Por Telefónica Chile S.A. Movistar asistieron: el Director de Estrategia y Regularización señor Rafael Zamora; el Director de Asuntos Corporativos , señor Andrés Wallis, y el Jefe de Proyecto , señor Juan Carlos Molina.

Por Entel Chile asistieron: el Abogado Jefe de Regulación , señor Cristián Sepúlveda; el Subgerente de Regulación señor Pedro Suárez, y el Jefe de Comunicaciones , señor Mauricio Campusano.

DISCUSIÓN EN GENERAL DEL PROYECTO DE LEY.

El Subsecretario de Telecomunicaciones , señor Jorge Atton, explicó que el proyecto aprobado por la Comisión de Ciencia y Tecnología, es producto de la fusión de ambas mociones y tienden a establecer una normativa, para terminar con la larga distancia nacional.

Al respecto explicó que actualmente se encuentran las condiciones dadas para efectuar tal situación, por lo que tampoco sería necesario consultar al Tribunal de la Libre Competencia , para implementar lo planteado, porque con ello, se podría eventualmente judicializar el tema y demorarlo tres o cuatro años más.

Agregó que existe otra razón para adelantar el proceso y no esperar la consulta que se podría efectuar al TLC, en razón que en la actualidad, existe un gran avance y masificación de la telefonía móvil, donde las compañías fueron autorizadas, mediante una modificación reglamentaria, a prestar el servicio de telefonía local con las reden móviles ya existentes. A esto se suma, la incorporación de la nueva tecnología 4G, la que ya alcanza a casi el 90 por ciento de cobertura del territorio nacional. Por lo tanto, el Ejecutivo , tal como se señaló durante el estudio de la moción en la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, comparte plenamente los fundamentos de la moción, en el sentido que ya están dadas las condiciones tecnológicas y de infraestructura que hacen aconsejable terminar con los cobros de acceso y eliminar la larga distancia nacional durante el año 2014, de manera gradual, a través de un cronograma, lo cual es muy esperado, especialmente, por la gente de regiones, que son los mayores usuarios de la larga distancia nacional y donde el 90 por ciento de los llamados se hacen hacia la Región Metropolitana.

Explicó que en la Comisión de Ciencia y Tecnología, luego de un amplio debate, se llegó a la conclusión que ambas mociones pretenden que no haya diferencias de precio entre las llamadas de telefonía fija de larga distancia, además de disminuir las diferencias de precio entre la telefonía fija y la telefonía móvil. A su vez, el TLC determinó poner término a las diferencias de precio existentes entre las llamadas on net y off net, por tratarse de prácticas anticompetitivas. O sea, que en la medida que continúen los cargos de acceso y las diferencias de precio por llamadas on net y of net, lo que se logra es privilegiar a las empresas dominantes del mercado, que en Chile son Movistar y Entel, y que juntas agrupan a más del 65 por ciento del mercado, por sobre las compañías entrantes, tales como VTR, Nextel y Claro, las que deben enfrentar estructuras de costo que no permiten que tengamos un mercado absolutamente competitivo, con mejores precios y mejor servicio en las telecomunicaciones.

Finalmente destacó que las modificaciones incorporadas en la Comisión de Ciencia y Tecnología no afectarían los actuales procesos tarifarios en curso, lo que podría eventualmente causar un perjuicio a alguna compañía. Además, se recogen modificaciones para que en el próximo proceso tarifario que se realizará en el año 2019, las que se hacen cada cinco años, exista claridad absoluta de las reglas, para que en lo sucesivo todos los procesos tarifarios se hagan de manera simultánea por todas las compañías. De esa forma, los cargos de acceso no serían una desventaja competitiva para los nuevos entrantes, así todo el país se comunicaría a costo de llamada local y no habría diferencias de precio entre una compañía y otra.

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La Jefa de Gabinete del Subsecretario , señora Daniela González, recordó que a través de la ley N° 19.302, se redujo el número de zonas primarias de 24 a 13. Esa fue la primera etapa para la eliminación de la larga distancia nacional. Agregó que durante el 2012, se implementó un sistema mediante un proceso tecnológico gradual para las regiones. Además, es lo mismo que se está haciendo en este momento, con la estandarización de la numeración en la telefonía fija. Ahora, una vez concluido ese proceso, las redes se encontrarán preparadas para iniciar un nuevo proceso tecnológico que le permita reducir de trece a una las zonas, lo que necesariamente conlleva un cronograma de trabajo.

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El Director de Estrategia y Regularización de Telefónica Chile S.A., señor Rafael Zamora, planteó que como empresa, no le parece adecuado que se hayan fusionado ambos proyectos de ley, en razón que tratan distintas materias. Uno tiene por finalidad terminar con la larga distancia nacional y el otro con los cargos de acceso.

Señaló que las principales materias de las cuales se ocupa el proyecto son adelantar la eliminación del Servicio de Larga Distancia Nacional; modificar el procedimiento de fijación de tarifas, y la afectación de los procesos tarifarios en curso. Esto último, materia controversial para la industria.

En relación con la eliminación de la Larga Distancia Nacional, planteó que la ley vigente elimina la LDN en julio 2014, previo pronunciamiento del TLC. Sin embargo, el proyecto establece que este proceso se adelanta en 120 días.

Explicó que el plazo que fija la ley, de julio de 2014, se refiere a que los mayores costos se deben incluir en los procesos tarifarios de cargos de acceso; además, se deben hacer las adecuaciones técnicas necesarias para que las compañías locales transporten las comunicaciones; a permitir la reconversión o adaptación del negocio de los portadores, y a que se termine la habilitación del número telefónico en todo el país.

Manifestó que al adelantar la fecha prevista para la eliminación ocasionaría un daño económico a las compañías locales, porque el mayor costo no se puede reflejar en los actuales cargos de acceso; asimismo a los portadores, que estimaron el impacto en su negocio con la certeza de la fecha vigente, junto con la fuerza laboral que se desempeña en estas empresas.

Respecto de la modificación al procedimiento de fijación de tarifas, señaló que la regla general es que en presencia de las economías de escala, las tarifas deben incrementarse desde su nivel eficiente hasta cubrir el costo medio para asegurar el autofinanciamiento del servicio. Sin embargo, el proyecto exime a los cargos de acceso de esta regla general y los condiciona a un criterio subjetivo, que establece que sólo podrán incrementarse cuando concurran razones económicas fundadas que así lo justifiquen, conforme a facultades que se entregarían a la Subtel para extender la fijación tarifaria a empresas que no participan en estudios tarifarios. Además se hace vinculante a la comisión de peritos.

Es por eso que indicó, que este tipo de materias no tienen relación con el fin de la Larga Distancia Nacional y que generan gran controversia en la industria.

Por último, respecto de la eliminación de los cargos de acceso del criterio objetivo de las economías de escala como causal legal de escalamiento, señaló que la norma actual respeta el principio económico de que en empresas con importantes economías de escala, la tarifa debe fijarse al nivel de costo medio, que incluye los costos fijos, y no solo de acuerdo al costo incremental o marginal. Agregó que por lógica económica, la tarifa debe cubrir todos los costos de operar el servicio, para asegurar el autofinanciamiento y viabilidad de largo plazo, de lo contrario, se transforma en un desincentivo para los inversionistas.

Finalmente, respecto del adelanto de la eliminación de la Larga Distancia Nacional, propone que ésta coincida con el inicio del nuevo decreto tarifario de las compañías locales, en mayo de 2014.

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El Abogado Jefe de Regulación de Entel Chile S.A., señor Cristián Sepúlveda, manifestó que la empresa que representa no comparte el proyecto en estudio, debido a que trata sobre dos ámbitos completamente distintos y que no guardan mayor relación entre sí, como los son la eliminación de la consulta previa al Tribunal de la Libre Competencia , como requisito para el fin de la Larga Distancia Nacional, y la modificación del proceso de fijación de tarifas, afectando el autofinanciamiento de la empresa eficiente y alterando el concepto de ésta.

Señaló que respecto de la primera modificación, Entel comparte la idea de avanzar en la eliminación de la Larga Distancia Nacional, pero que para garantizar que ello no afecte a los clientes, se debe considerar la opinión del organismo técnico encargado de velar por la libre competencia. La eliminación de las concesiones de la Larga Distancia Nacional, sin que exista una necesidad fundada y calificada por el Tribunal de la Libre Competencia, lo que, a su juicio, significa una expropiación de las mismas y de las inversiones asociadas a éstas, vulnerando el derecho de propiedad y otras garantías constitucionales.

Indicó que respecto de la segunda propuesta, que modifica el proceso de fijación de tarifas, es necesario explicar que ésta busca reducir el cargo de acceso móvil a través de la transformación de las normas que rigen al proceso tarifario de la Ley General de Telecomunicaciones. Sin embargo, con esto se esgrime que se busca favorecer a los usuarios y con ello, imponer un modelo que genera profundas controversias dentro de la industria, y que a la larga podría terminar perjudicando a las personas con menos recursos dentro del sistema.

Concluyó que, dado el escenario no competitivo del mercado de la telefonía fija, es indispensable obtener el pronunciamiento del Tribunal de la Libre Competencia antes de transformar a Chile en una única zona primaria, ya que actualmente existen en Chile 46 comunas donde todavía existe un monopolio en la telefonía fija. Además, que todo proceso de fijación tarifaria, debe garantizar el autofinanciamiento de la empresa eficiente.

Además, advirtió que un nuevo valor del cargo de acceso, que no considere la realidad del mercado chileno, podría generar un impacto social que excluiría a millones de chilenos que hoy tienen la posibilidad y utilizan su teléfono celular, para estar conectados en todo momento y lugar.

Respecto de la norma sobre la Comisión de Peritos, señaló que es un avance que ésta tenga el carácter de vinculante, pero debe mantenerse su actual composición.

Por último, propuso que el proyecto debe contener una definición de empresa eficiente, o multiservicio, ya que el contemplado por el artículo 3º de la Ley General de Telecomunicaciones, que clasifica a los servicios de telecomunicaciones es demasiado amplio y abarca, además, por ejemplo, a la televisión abierta, por cable, a la radio, etcétera.

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Con motivo de lo planteado por los ejecutivos de las empresas de Telefónica Chile S.A. y de Entel Chile S.A., el Subsecretario de Telecomunicaciones , señor Jorge Atton, recordó que el proyecto de ley en estudio es el resultado de dos mociones parlamentarias, que la Sala de esta Corporación acordó refundir y que el Ejecutivo ha respaldado la iniciativa en todos sus trámites.

Advirtió que no hay justificación para que haya diferencias en los cobros por parte de las compañías, ya que los cargos de acceso tienen un costo de $ 60 pesos en la telefonía móvil y de sólo $ 5 pesos en la telefonía fija. Esa es la razón para que exista una competencia deficiente. Además, que ha sido el mismo TLC el que ha resuelto y calificó que los cargos de acceso son una barrera competitiva.

Expresó que actualmente las compañías cuentan con una gran cantidad de infraestructura ociosa y líneas desocupadas de telefonía fija, así como que nuestro país, cuenta con las tarifas de telefonía móvil más altas de los países integrantes de la OCDE y de América Latina.

Por último, precisó que los cambios propuestos no afectan los contratos vigentes, ni los procesos en curso. Además, que los más beneficiados con la eliminación de los cargos de acceso, serían los clientes de prepago de telefonía móvil.

ACUERDOS ADOPTADOS POR LA COMISIÓN, RESPECTO DEL TEXTO DEL PROYECTO APROBADO POR LA COMISIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA.

La Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones acordó proponer a la H. Sala, lo siguiente:

Aprobar las normas que se detallan:

-Artículo 1°;

-Artículo 2°, letras a), b), c) y d), y

-Artículo 3°.

Rechazar las normas que se indican:

-Artículo 2°, letras e), f), g), h), i) y j), y

-Artículo Transitorio.

-Puestos en votación los acuerdos adoptados por la Comisión, fueron aprobados por la unanimidad de los Diputados presentes señores García, don René Manuel; Hasbún, don Gustavo; Latorre, don Juan Carlos; Meza, don Fernando Y Pérez, don Leopoldo.

Se designó Diputado Informante al señor René Manuel García García.

Sala de la Comisión, a 11 de junio de 2013.

Tratado y acordado en sesiones de fecha 4 y 11 de junio de 2013, con la asistencia de los Diputados señores García, don René Manuel ( Presidente ); Bobadilla, don Sergio; Hasbún, don Gustavo; Hernández, don Javier; Latorre, don Juan Carlos; Meza, don Fernando; Norambuena, don Iván; Pacheco, doña Clemira; Pérez, don Leopoldo; Sepúlveda, doña Alejandra, y Venegas, don Mario.

(Fdo.): PATRICIO ÁLVAREZ VALENZUELA, Secretario de la Comisión ”.

9. Oficio de la Corte Suprema.

“Oficio N° 78-2013

Informe proyecto de ley 9-2013

Antecedente: Boletín N° 8851-18

Santiago, 18 de junio de 2013.

Por Oficio N° 10.624, de 20 de marzo del año en curso, el entonces Presidente de la Cámara de Diputados ha remitido a esta Corte el proyecto de ley que modifica la Ley de Violencia Intrafamiliar y otros cuerpos legales, y establece ley sobre violencia en las relaciones íntimas de pareja sin convivencia, para que se pronuncie, en las materias orgánicas que le competen, conforme a lo dispuesto en los artículos 77 de la Constitución Política de la República y 16 de la Ley N°18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional.

Impuesto el Tribunal Pleno del proyecto en sesión del 10 de mayo último, presidida por el suscrito y con la asistencia de los Ministros señores Milton Juica Arancibia, Nibaldo Segura Peña, Sergio Muñoz Gajardo, Juan Araya Elizalde, Patricio Valdés Aldunate, Héctor Carreño Seaman, Haroldo Brito Cruz y Guillermo Silva Gundelach, señoras Rosa Egnem Saldías y María Eugenia Sandoval y señor Lamberto Cisternas Rocha, acordó informarlo al tenor de la resolución que se transcribe a continuación:

“Santiago, catorce de junio de dos mil trece.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que por Oficio N° 10.624, recibido el 20 de marzo del año en curso, el entonces Presidente de la Cámara de Diputados ha remitido a esta Corte el proyecto de ley que modifica la Ley de Violencia Intrafamiliar y otros cuerpos legales, y establece ley sobre violencia en las relaciones íntimas de pareja sin convivencia, para que se pronuncie, en las materias orgánicas que le competen, conforme a lo dispuesto en los artículos 77 de la Constitución Política de la República y 16 de la Ley N°18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional.

De acuerdo a lo señalado en el mensaje del proyecto, se tuvo en cuenta las mociones refundidas en los Boletines números 4106-18;4936-18;5093-18;5235- 18,6001-18;7314-18;7566-18;5979-18,5293-18;5569-18;6057-18;5292-18 y 5294¬18, que modifican normas contenidas en la Ley N° 20.066 sobre Violencia Intrafamiliar, Código Orgánico de Tribunales, Código Civil, Código Penal y la Ley sobre Tribunales de Familia, y se tomó en consideración para la redacción de la iniciativa legal en estudio las mociones correspondientes a los Boletines números 5200-07; 5212-07; 6122-07; 8122-07; 8192-07; 8494-07; 8739-07 y 4886-07.

El proyecto de ley tiene por objeto principal “(...) reforzar el concepto de violencia intrafamiliar, incluyendo otros tipos de violencia, como son aquellos que afectan la libertad o indemnidad sexual de las personas, así como también la subsistencia económica de éstas, en consonancia con las Convenciones Internacionales ratificadas por Chile, como la CEDAW (,..)”.

Segundo: Que la iniciativa que se consulta contiene una serie de modificaciones a la Ley N° 20.066 de Violencia Intrafamiliar, las cuales no parecen de carácter orgánico. Así, se incorpora al artículo 5° como causal constitutiva de violencia intrafamiliar, el maltrato que afecte la libertad o indemnidad sexual; y se establecen, por otra parte, como hechos constitutivos de violencia intrafamiliar, no cumplir los deberes legales de asistencia inherentes al matrimonio, patria potestad, cuidado personal, tutela, guarda u otros a los que se estuviese obligado en atención a su posición respecto al otro.

Sobre este punto, es atingente señalar la inconveniencia de establecer definiciones tan extensas, incorporando criterios que amplían en demasía el concepto de violencia a situaciones que puedan ser muy dudosas. Lo anterior, se presentaría, por ejemplo, al aceptar que el incumplimiento de los deberes legales de asistencia constituya violencia intrafamiliar, sin distinguir las razones por las cuales se produce. Por otro lado, el incumplimiento de tales deberes no tiene como antecedente directo -a diferencia de los otros casos contemplados en el artículo 5°- un “maltrato”, lo que hace complicado incorporarlo como una forma específica de violencia.

Por otra parte, en los maltratos no corporales pareciera ser que la redacción actual del articulo 5° es suficiente para sancionar las conductas que puedan realizarse en contra de las personas individualizadas en el citado precepto. En efecto, al contemplar como violencia intrafamiliar el maltrato que afecte la integridad síquica, quedan cubiertos, en su mayoría, los atentados “no corporales” que puedan afectar a la libertad e indemnidad sexual.

Cabe en este punto recordar y reiterar lo que sostuvo esta Corte Suprema mediante Oficio N° 283, de fecha 20 de agosto de 2007, al informar el proyecto de ley N° 51-2007, que modifica la Ley de Violencia Intrafamiliar (Boletín N° 5212-07), con la finalidad de determinar su ámbito de aplicación e incrementar las sanciones a quienes realicen dicha conducta, a saber “(...) Sería recomendable, también, contemplar un límite temporal, transcurrido el cual, los actos de maltrato no sean considerados como constitutivos de violencia intrafamiliar, por cuanto resultaría paradojal que cesada la convivencia por un razonable tiempo, se catalogue como acto de esa especie una agresión u otro tipo de maltrato que queda ya dentro de la esfera de protección de la legislación común u ordinaria (...)”

Tercero: Que se modifica también el artículo 9° de Ley de Violencia Intrafamiliar en cuanto a las medidas accesorias que puede imponer el juez en la sentencia, agregando la posibilidad que decrete la restricción o prohibición de comunicación entre la víctima y el ofensor. Por otra parte, se agrega que la medida de prohibición de porte y tenencia y, en su caso, el comiso de armas de fuego se decretará, especialmente, cuando la víctima lo hubiese solicitado por motivos fundados o, en su defecto, el arma de fuego hubiese tenido relación con el hecho constitutivo de maltrato.

La primera modificación establece una medida aparentemente útil, pero de difícil control de su cumplimiento; y la segunda sólo especifica la aplicación de una medida ya existente respecto del porte y tenencia, y comiso de armas de fuego.

Cuarto: Que el proyecto incorpora también a la violencia psíquica, sexual o económica como constitutiva del delito de maltrato habitual, contenido en el artículo 14 de la ley, aumentando su sanción a presidio menor en su grado mínimo a medio. Además, se precisa en el inciso final del artículo que el Ministerio Público sólo iniciará investigación por el delito del inciso primero cuando los Juzgados de Familia le remitan los antecedentes que den cuenta de hechos que puedan revestir caracteres de delito, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley N° 19.968 que crea los Tribunales de Familia. Esta última modificación sólo reitera la normativa ya existente, por lo que se estima que no es necesaria, ya que el indicado artículo 90 de la Ley N° 19.968 ordena al Juez de Familia remitir los antecedentes en caso que den cuenta de hechos que puedan ser constitutivos de delitos.

Quinto: Que el proyecto introduce un nuevo inciso segundo al artículo 14 bis, que establece que no procederá acoger la circunstancia 5° del artículo 11 del Código Penal, esto es, “(...)obrar por estímulos tan poderosos que naturalmente hayan producido arrebato y obcecación (...)”.

Se estima que con esta norma se limita la capacidad del juez de poder aplicar dicha atenuante y, por tanto, su capacidad de resolver de acuerdo a los hechos, pruebas y circunstancias que se le presenten en cada caso. En este aspecto cabe recordar lo que expresó esta Corte Suprema en su Oficio N°189, de 30 de diciembre de 2012, a raíz del proyecto de ley que modifica la Ley de Violencia Intrafamiliar, la Ley de Tribunales de Familia y otros cuerpos legales, en casos que indica (Boletín N° 7314-18): “(...)/a propuesta legislativa altera indebidamente las reglas existentes sobre las circunstancias modificatorias de responsabilidad penal contempladas en la norma citada, haciéndolas inaplicables en las situaciones a que hace referencia, en razón de que, por ser de aplicación general a toda clase de delitos, limitarías negativamente a la sola conducta de violencia intrafamiliar afecta el principio básico de igualdad ante la ley y podría, eventualmente y además, tener influencia decisiva en los beneficios alternativos de cumplimiento de penas contempladas en la Ley N° 18.216 (...)”.

Por otra parte, se crea un nuevo artículo 14 ter, que establece como circunstancia agravante que el delito contemplado en el artículo 14 sea cometido en presencia de menores de edad. Respecto a esta modificación pueden hacerse similares observaciones a las consignadas en el párrafo anterior, a lo que cabe agregar que, por la forma habitual en que suelen ocurrir estos hechos, la agravante podría estar siempre presente.

Se agrega también un nuevo inciso segundo al artículo 15, que establece que previo a la formalización de la investigación, la notificación de las medidas cautelares podrá realizarse verbal y personalmente por la policía, que levantará un acta en que dejará constancia inmediata de la medida cautelar ordenada y de otras especificaciones que allí se indica. Lo anterior da cuenta de un procedimiento que no merece comentarios.

Sexto: Que la modificación propuesta al artículo 17 aclara que la suspensión del procedimiento penal es de carácter condicional, pudiendo decretarla el juez oyendo previamente a la víctima. Además, se agrega un nuevo inciso final disponiendo que transcurrida la mitad del plazo de la medida impuesta como condición para la suspensión condicional del procedimiento y antes de su término, el tribunal podrá, de oficio o a petición de parte, citar a audiencia y oyendo a todos los intervinientes que concurrieren a ella, revisará y podrá modificar una o más de las condiciones impuestas.

La modificación propuesta clarifica el objetivo que tuvo el legislador al permitir la suspensión del procedimiento en este tipo de asuntos, coordinando la institución con lo establecido en el Código Procesal Penal y permitiendo, además, un control flexible de ella, acorde con la naturaleza de estos conflictos.

Séptimo: Que en cuanto a las reformas introducidas a la Ley N° 19.968, que crea los Tribunales de Familia, se modifica en primer término en el artículo 90, en lo relativo a la remisión que debe hacer el Juez de Familia de los antecedentes al Ministerio Público si el hecho denunciado reviste caracteres de delito, con el objeto que puedan ser enviados en tanto el Juez de Familia los examine, al momento de su recepción en la audiencia preparatoria o en la de juicio. Con ello se efectúa una especificación extrema y poco clara que no contribuye a mejorar la norma, pues la facultad ya existe con el texto actual. Se establece además y con detalle como deben ser enviados los antecedentes, lo que si bien puede facilitar la labor del Ministerio Público, puede también retardar su actuación, por el extremo detalle.

Finalmente, se agrega una disposición al inciso quinto de este artículo que obliga a las policías a remitir copia de sus actuaciones (notificaciones) al Ministerio Público, en caso de existir contiendas de competencia, lo que se estima beneficioso en cuanto a lo operativo.

Se modifica también el articulo 92 relativo a las medidas cautelares en protección a la víctima, estableciendo que en caso de restringir la presencia del ofensor en el hogar común, deberá asegurarse la entrega material de sus efectos personales, resguardando debidamente la protección de la víctima y se introduce un nuevo inciso segundo al N° 2, que pretende que en caso que la víctima optare por no regresar la hogar común podrá el Tribunal durante todo el curso del procedimiento y hasta que se dicte sentencia, a solicitud de la víctima, especialmente si existen hijos en común, autorizar su reingreso a dicho hogar, prohibiendo o restringiendo, en su caso, la presencia del ofensor en el hogar común.

Se agrega un nuevo inciso segundo al N° 6 de este artículo 92, relativo a la medida cautelar de protección a la víctima, prohibiendo el porte y tenencia o incautar cualquier arma de fuego disponiéndose que esta medida se decretará, especialmente, cuando la víctima lo hubiere solicitado por motivos fundados, o en su defecto el arma de fuego hubiese tenido relación con el hecho constitutivo de maltrato.

Parece claro que la modificación, e incluso la medida cautelar en su totalidad, debe relacionarse con los delitos de porte y tenencia de armas contemplados en la Ley N° 17.798, recordando que la regla general es la prohibición de tener y portar armas de fuego y sólo en casos autorizados procede la tenencia y con mayor restricción el porte. En esta perspectiva, no se entiende por qué la víctima debería solicitar esta medida con motivos fundados. Lo que corresponde, si ésta comunica que el agresor tienen armas de fuego en su poder y más aún si el arma de fuego se utilizó en el acto constitutivo de violencia intrafamiliar, es enviar de inmediato los antecedentes al Ministerio Público para que éste inicie una investigación por el delito de tenencia o porte, sin perjuicio de la medida misma.

Octavo: Que respecto de la modificación al Código Penal, se deroga el inciso final del artículo 369, que permite que en casos de delitos de violación, de estupro y otros delitos sexuales, cometidos por el cónyuge o conviviente en contra de aquél con quien hace vida común, se pueda poner término al proceso a requerimiento del ofendido, a menos que el juez, por motivos fundados, no acepte.

A este respecto, cabe recordar que este tema fue ampliamente debatido cuando se tramitaba en el Congreso la actual Ley N° 20.480, de diciembre de 2010, que, entre otras materias, incorporó el denominado delito de “femicidio”, modificó el artículo 369 del Código Penal a su actual redacción, eliminando las barreras que existían para investigar denuncias por casos de “violación conyugal”.

Sin embargo, mantuvo la posibilidad que la víctima pudiese “perdonar” al autor, tanto para evitar que las desavenencias de una pareja sean judicializadas, como para permitir el restablecimiento de una relación que es de interés para la sociedad preservar, tomando los resguardos necesarios para que el perdón sea auténtico y libre.

Parece conveniente mantener la norma actual, de manera que sea el juez quien deba, conforme a los antecedentes del caso, aceptar o rechazar la solicitud del ofendido, lo que se estima un control suficiente para asegurar que la víctima no está obrando bajo presión, o bien, porque conforme a las circunstancias concretas del caso, no pareciera adecuado aceptar el perdón del ofendido.

Noveno: Que en relación a la nueva Ley Sobre Violencia en las relaciones íntimas de pareja sin convivencia, que sanciona todo maltrato que afecte la vida e integridad física, psíquica, o la libertad o indemnidad sexual dirigido hacia una persona con la cual se tenga una relación íntima de pareja sin convivencia, cabe tener presente lo que la Corte Suprema ha señalado al respecto en relación al Boletín N° 4886-07, que modifica el ámbito de aplicación de la Ley de Violencia Intrafamiliar y que fue informado por Oficio N° 102 de 13 de abril de 2007, y a lo consignado, por la misma, en el Oficio N° 283 de 20 de agosto del mismo año, relativo al proyecto de ley que modifica la Ley de Violencia Intrafamiliar, con la finalidad de determinar su ámbito de aplicación e incrementar las sanciones a quienes realicen dicha conducta (Boletín N° 5212-2007): “(...) La inclusión en el articulo 5° de personas que estén o hayan estado ligadas al ofensor “por una relación equivalente de afectividad aún sin convivencia” no parece adecuada pues amplía el concepto de violencia intrafamiliar a un ámbito que excede de lo que razonablemente puede estimarse como propiamente intrafamiliar. Ello va a acarrear además la judicialización de conflictos personales de escasa relevancia jurídica, con consecuencias perjudiciales tanto para los particulares que serán arrastrados a ellos como para los tribunales que verán aumentar considerablemente su ingreso con causas de tal naturaleza (...)”.

En todo caso, debe señalarse y recomendarse la adopción de una técnica diferente, que no sea crear o incorporar una nueva ley dentro de una que modifica diversos cuerpos legales y contenida en un artículo de esta modificatoria; pudiendo sugerirse, por ejemplo, que se abra un título especial para esta materia en la Ley de Violencia Intrafamiliar.

Décimo: Que a modo de conclusiones cabe indicar que las modificaciones legales propuestas en su gran mayoría no tienen carácter orgánico, pues se refieren, fundamentalmente, a aspectos de fondo o conceptuales en distintos rubros.

Las modificaciones de orden procesal, relativas a facultades de los Tribunales de Justicia, contenidas en las reformas propuestas a los artículos 9°, 14, 14 bis, 15 y 17 de la Ley de Violencia Intrafamiliar, 90 y 92 de la Ley de Tribunales de Familia y en la nueva Ley sobre Violencia en las Relaciones Intimas de Pareja sin Convivencia, no merecen objeciones.

Las observaciones y sugerencias que se estima pertinentes se consignan en el análisis de las distintas propuestas en los distintos motivos de este informe, resultando pertinente destacar la inconveniencia de incorporar en forma tan abierta al concepto de violencia intrafamiliar los incumplimientos a los deberes económicos y los atentados a la indemnidad sexual, así como su incidencia en la configuración del delito de maltrato habitual, y la conveniencia de reenfocar la ubicación, en cuanto a estructura legislativa, de los preceptos relativos a Violencia en las Relaciones Intimas de Pareja sin Convivencia.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 77 de la Constitución Política de la República y 16 de la Ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, se acuerda informar el proyecto de ley que modifica la Ley de Violencia Intrafamiliar y otros cuerpos legales, y establece ley sobre violencia en las relaciones íntimas de pareja sin convivencia, en los términos precedentemente expuestos.

Ofíciese.

P L-9-2013.”

Saluda atentamente a V.S.

(Fdo.): RUBÉN BALLESTEROS CÁRCAMO, Presidente ; ROSA MARÍA PINTO EGUSQUIZA, Secretaria.

AL SEÑOR PRESIDENTE

EDMUNDO ELUCHANS URENDA

H. CÁMARA DE DIPUTADOS

VALPRAÍSO”.