Labor Parlamentaria

VIII. OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA.

1. Informe:

- Del Ejecutivo de la Evaluación de la Ley N° 20.000 que “Sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas” (G 172) A disposición de las señoras diputadas y señores diputados.

2. Notas:

- Del diputado señor Vallespín, quien, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 60 de la Constitución Política de la República y 35 del Reglamento de la Corporación, solicita autorización para ausentarse del país por un plazo superior a 30 días a contar del 18 de enero de 2014 en curso para dirigirse a Alemania y Austria.

- De la diputada señora Pacheco, quien, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 60 de la Constitución Política de la República y 35 del Reglamento de la Corporación, solicita autorización para ausentarse del país por un plazo superior a 30 días a contar del 19 de enero de 2014 en curso para dirigirse a Bélgica.

Respuestas a oficios.

Contraloría Geneneral de la República

- Diputado Robles, Fiscalizar e investigar la actuación del Ministerio Educación respecto de los recursos que ha entregado a los sostenedores de establecimientos educacionales, en especial, con posteridad a la fecha dispuesta en el artículo 1º transitorio del decreto con fuerza del ley N° 2, de 2010, del Ministerio de Educación, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 20.370 con las normas no derogadas del decreto con fuerza de ley Nº 1, de 2005, individualizándolos, en particular los de la Región de Atacama, remitiendo todo otro antecedente relevante sobre el particular, como, por ejemplo, tanto su acreditación ante el citado ministerio como su adecuación a la normativa vigente, informando sus resultados a esta Corporación. (2577 al 8303).

Ministerio de Defensa Nacional

- Diputada Molina doña Andrea, Informe acerca de la situación en que se encuentran los integrantes de la Agrupación de Soldados Conscriptos movilizados con ocasión del pronunciamiento militar de 1973, al tenor de la solicitud adjunta. (10 al 13781).

- Diputado Espinoza don Fidel, Remitir los resultados de las fiscalizaciones sobre la situación denunciada por la Federación de Sindicatos Marítimos (12 al 12505).

Ministerio de Obras Públicas

- Diputado Sabag, Posibilidad de considerar una vía de alternativa al peaje que se construirá en la autopista concesionada que unirá Concepción con Cabrero, en el sector de Puentes Negros, evaluando su costo para incluirlo en el proyecto correspondiente. (165 al 11968).

- Diputado De Urresti, Construcción de pasarelas peatonales sobre la Ruta 5, en el sector Rotonda, en la comuna de Los Lagos, Región de Los Ríos, especialmente frente a la Villa Cayumapu; remita el cronograma; y, considere informar a la comunidad sobre las acciones dispuestas. (166 al 10589).

- Diputado De Urresti, Reitera las peticiones contenidas en el oficio 10.589, de 2 de abril del presente año, referidas a la construcción de pasarelas en el sector Rotonda, en la comuna de Los Lagos, Región de Los Ríos, especialmente frente a la Villa Cayumapu y en los sectores de El Trébol y San Pedro. (166 al 12937).

- Diputado Cerda, Informe a esta corporación sobre las medidas que se adoptarán en el corto y largo plazo para mejorar el acceso por la Ruta E-35 a la localidad de Artificio de la comuna de Cabildo, Región de Valparaíso. (167 al 11291).

- Diputado Rivas, Solicita informe sobre las materias que se precisan en la solicitud adjunta, en relación con las medidas de seguridad del camino internacional que une a las ciudades de Los Andes y Mendoza. (169 al 10493).

- Diputado Espinoza don Fidel, Solicita informe si existe un cronograma definitivo para la nueva licitación del aeropuerto El Tepual de Puerto Montt, en consideración del próximo vencimiento del contrato con el actual concesionario. (170 al 9888).

- Diputado Von Mühlenbrock, Requiere informar sobre aquellas localidades que, desde el punto de vista de las comunicaciones, se encuentran aisladas en la Región de Los Ríos; y, además, disponer se estudie dotar a esos lugares de adecuada conectividad con los grandes centros urbanos de la zona. (171 al 9284).

- Diputado Sandoval, Efectividad de que personas del Valle Chacabuco habrían procedido a enterrar vigas de propiedad fiscal sin contar con las autorizaciones correspondientes. (174 al 12816).

- Diputado De Urresti, Proyecto de instalación de banderas bicentenario en cada una de las capitales regionales del país. (175 al 12263).

- Diputado Rincón , Solicita tenga a bien informar sobre el proyecto de construcción de la nueva ruta Rancagua-Lo Miranda-California y Doñihue, de la Región de O’Higgins. (176 al 12676).

- Diputado Díaz don Marcelo, Costo total de las reparaciones efectuadas a la fachada del inmueble institucional del Ministerio y de la construcción del edificio anexo, incluyendo las partidas presupuestarias involucradas considerando las reasignaciones y ampliaciones respectivas. (177 al 12086).

- Diputada Sepúlveda doña Alejandra, Remitirle copia de la carta de la Comisión por defensa del valle de Quilicura, en la que realizan varias observaciones a la respuesta enviada por el Ministerio de Obras Públicas al oficio N° 6668, de 18 de mayo pasado, concerniente al proyecto de la carretera de la fruta. Se anexa documentación relacionada con la materia objeto de este oficio. (178 al 3890).

- Diputado Chahin, Estado de tramitación del proyecto de construcción de una pasarela peatonal sobre el Río Biobío en el sector de Rucañanco-Liucura, comuna de Lonquimay. (189 al 12929).

Ministerio de Agricultura

- Diputado Cerda, Posibilidad de incorporar las localidades de Pullally y Catapilco en la zona de catástrofe decretada para la provincia de Petorca, que permita disponer de mayores recursos a favor de los pequeños y medianos agricultores que han sufrido graves daños en sus productos debido a las últimas heladas caídas en la zona (50 al 13105).

Ministerio de Trabajo y Previsión Social

- Diputado Espinosa don Marcos, Situación en la que se encuentra la propiedad ubicada en calle Bolívar N° 1218 de la ciudad de Tocopilla y los alcances del proceso de licitación que está en curso. (16402 al 13360).

Ministerio de Salud

- Diputado Rojas , Informe respecto de las causas que ocasionaron el fallecimiento de un joven mientras rendía la prueba Simce de educación física en el colegio San José de Antofagasta (1 al 13618).

- Diputada Sepúlveda doña Alejandra, Informe a esta Cámara sobre la posibilidad de incorporar en el Programa de Obesidad Mórbida al señor Andrés del Carmen Pinto Rubio. (4211 al 13382).

- Diputado Chahín , Situación que afecta a la señora Margarita Luz Ramírez Jara de la comuna de Curacautín, quien requiere de una intervención quirúrgica urgente por un posible cáncer a la tiroides y ha solicitado ser incorporada la lista de espera del hospital de Temuco desde 2009, arbitrando las medidas que sean pertinentes para otorgarle una solución. (4212 al 13076).

- Diputado Chahín , Posibilidad de agilizar los trámites médicos pendientes, desde hace varios años, de las señoras Carmen Martínez Valdebenito, María Isolina Riquelme Sandoval, Irma Rut Jara Béjar, Carmen Gloria Huilipán Mariano y Nataly Acuña Soto, todas de la Región de La Araucanía. (4213 al 12916).

- Diputado Castro, Razones del atraso en la entrega del nuevo hospital de Rancagua, la fecha definitiva que se proyecta para la misma, y acerca de las deficiencias en su nuevo sistema informático (4215 al 13522).

- Diputado Robles, Posibilidad de disponer la hospitalización del señor José Villalobos, vecino de la Población Caldera Sur Oriente de la comuna de Caldera, en un establecimiento de salud con el propósito de otorgarle tratamiento para su esquizofrenia. (4216 al 13012).

- Diputado Jarpa, Diputado Harboe, Postergación de firma de contrato de concesión de Hospital Herminda Martín de la comuna de Chillán (4218 al 13679).

- Diputada Pascal doña Denise, Informe respecto de las razones por las cuales en el proyecto de ley de Presupuestos para el año 2014 no se han considerado los fondos para la construcción del anunciado Hospital de Melipilla (4219 al 13624).

- Diputada Pascal doña Denise, Informe respecto de las razones por las cuales en el proyecto de ley de Presupuestos para el año 2014 no se han considerado los fondos para la construcción del anunciado Hospital de Melipilla (4219 al 13625).

Ministerio de Minería

- Proyecto de Acuerdo 735, “Solicita a S.E. el Presidente de la República que remita a tramitación una iniciativa de ley que regule el ejercicio de la reserva estatal del litio.” 14.

Ministerio de Desarrollo Social

- Diputado Chahín , Agilización de evaluación técnica de proyecto de agua potable rural en sector Coihueco, comuna de Vilcún (25 al 13277).

- Diputado Rosales, Posibilidad de contribuir, a través de los Ministerios de Salud o de Desarrollo Social, con los fondos que faltan a su familia para intervenir quirúrgicamente en una clínica privada de Santiago a la joven Josefa de la Fuente Gómez, quien sufre la enfermedad Aplasia Medular Severa. (26 al 5407).

Intendencias

- Diputado Díaz don Marcelo, Factibilidad de ejecutar un proyecto de mejoramiento del camino “Piedra del Buitre” que une el sector de Las Compañías de la comuna de La Serena con la Ruta 5 en dirección hacia la comuna de La Higuera. (172 al 12885).

- Diputado Sandoval, Veracidad de que personas del Valle Chacabuco habrían procedido a enterrar vigas de propiedad fiscal sin contar con las autorizaciones correspondientes. (174 al 12812).

Servicios

- Diputado Espinoza don Fidel, Informar sobre los resultados de las fiscalizaciones efectuadas por el servicio a su cargo, en relación con los derechos laborales de 80 ex trabajadores de la empresa salmonera Pacific Fish, ubicada en la comuna de Los Muermos de la Región de Los Lagos. (136 al 12350).

- Diputado Robles, Necesidad de exigir estudio de impacto ambiental para autorizar el funcionamiento de empresas que procesen plomo y, en particular remite los balances de masa de la fundición que mantiene la empresa Tecnorec en el sector de Aguas Buenas, de San Antonio, en la V Región y su correspondencia con la información del Sistema de Declaración y Seguimiento de Residuos Peligrosos, precisando el número de baterías recicladas, la cantidad de plomo, ácido y plástico extraído y el destino de los desechos. (140023 al 13614).

IX. PETICIONES DE OFICIO. ARTÍCULOS 9° Y 9° A DE LA LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DEL CONGRESO NACIONAL.

III. ACTAS

El señor DELMASTRO (Vicepresidente).- El acta de la sesión 108ª se declara aprobada.

El acta de la sesión 109ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.

IV. CUENTA

El señor DELMASTRO (Vicepresidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.

-El señor ROJAS (Prosecretario) da lectura a la Cuenta.

El señor ESPINOZA (don Fidel).- Señor Presidente , solicito que cite a reunión de Comités, sin suspender la sesión.

El señor ELUCHANS (Presidente).- Cito a reunión de Comités.

El señor LORENZINI.- Señor Presidente, pido la palabra sobre la Cuenta.

El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra, su señoría.

El señor LORENZINI.- Señor Presidente , en el número 10 de la Cuenta se consigna el informe ejecutivo de la evaluación de la Ley N° 20.000, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, de manera que quiero aprovechar de destacar la importancia de la labor que realiza el Comité de Evaluación de la Ley de la Cámara de Diputados.

Esa instancia, conformada por los diputados señores Ceroni, De Urresti, Gutiérrez, don Hugo; Gutiérrez, don Romilio; Monckeberg, don Nicolás; Robles, y por la diputada señora Alejandra Sepúlveda, ha revisado seis cuerpos legales. En este caso, elaboró un informe con sugerencias a la Comisión de Salud, integrada, entre otros, por el diputado señor Accorsi, con un análisis de la ley N° 20.000, conocida como Ley de Drogas.

Ayer, en forma pública, dimos a conocer que se trata de un informe muy profundo, el que se efectuó a través de todo Chile, con participación de los representantes de las organizaciones, las policías, las fiscalías y del Ministerio de Salud. El Poder Judicial , a través de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, envió un informe muy completo, en el cual se incluyen materias como el microtráfico de drogas y los usos medicinales de la cannabis, que tiene gran importancia. Seguramente, durante este año, debatiremos un proyecto de ley sobre la materia.

De manera que considero muy interesante el trabajo llevado a cabo por la Cámara de Diputados, en una acción inédita en el mundo, de hacer una evaluación de las leyes a posteriori, una vez que están implementadas.

Recomiendo a los parlamentarios que lean el informe porque sin lugar a dudas será un tema a futuro en la Cámara de Diputados.

He dicho.

-o-

El señor DELMASTRO.- Informo a la Sala que hoy está de cumpleaños nuestro Presidente, don Edmundo Eluchans.

-Aplausos.

El señor ELUCHANS (Presidente).- Muchas gracias, señoras diputadas y señores diputados.

Tiene la palabra el diputado señor Carlos Montes.

El señor MONTES.- Señor Presidente , solicito que recabe del Ejecutivo información sobre el estado en que se encuentra el informe de auditoría sobre la reconstrucción. Cuando se aprobó el proyecto de Ley de Presupuestos para 2014, la elaboración de ese informe fue uno de los elementos importantes a concretar. Pensé que iba a informarse, entre otras cosas, sobre quiénes estaban llevando a cabo la auditoría. El plazo tope es el 28 de febrero.

Por ello, pido que se informe en qué estado se encuentra el cumplimiento de esa norma de la Ley de Presupuestos para 2014.

He dicho.

El señor ELUCHANS ( Presidente ).- Se enviará un oficio en los términos solicitados por su señoría.

Se suspende la sesión por cinco minutos.

-Transcurrido el tiempo de suspensión:

VI. ANEXO DE SESIÓN

COMISIÓN ESPECIAL DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y DE ANTECEDENTES

-Se abrió la sesión a las 14.15 horas.

El señor ASCENCIO (Presidente accidental).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.

VII. DOCUMENTOS DE LA CUENTA

1. Mensaje de S.E. el Presidente de la República, con el que inicia un proyecto de ley que crea el legado presidencial. (Boletín N° 9241-04)

“Honorable Cámara:

Tengo el honor de someter a vuestra consideración un proyecto de ley que tiene por objeto establecer un sistema mediante el cual se recopile y proteja el legado de los Presidentes de la República.

I. ANTECEDENTES

En la historia política de nuestro país, pocas instituciones tienen tanta relevancia y gravitación como la Presidencia de la República . Desde los comienzos de nuestra vida republicana el Presidente ha venido ejerciendo, casi ininterrumpidamente, un rol central en la trayectoria de nuestra patria, lo cual no deja de ser sorprendente, considerando que se trata de una figura política que ha sufrido transformaciones con el paso de los años, así como en sus relaciones con los demás poderes del Estado.

Como principal antecedente histórico en el cargo, encontramos a los gobernadores del período colonial, quienes, por su función de presidir la Real Audiencia, recibían el nombre de “Presidentes de la Real Audiencia”, pero también, de manera más sencilla, “Presidentes de Chile”.

Con la llegada de las guerras de independencia, el cargo desaparece por un breve lapso de tiempo, siendo remplazado primeramente por las juntas de gobierno, y luego por la figura del “Director Supremo”, más ligado a la dirección del Ejército. Ocuparon el cargo con tal denominación don Francisco de la Lastra, don Bernardo O’Higgins y don Ramón Freire.

Sin embargo, en 1826 el Congreso Nacional determinó denominar como “ Presidente de la República ” al jefe del gobierno, nombrando a don Manuel Blanco Encalada en dicha investidura, quien sería la primera persona en ocupar la Presidencia de la República con la nomenclatura que hoy conocemos. Luego, la Constitución de 1828, en su artículo 60, recogió, por primera vez en un texto constitucional, este modo de designar a la más alta autoridad del país, disponiendo que “el Supremo Poder Ejecutivo será ejercido por un ciudadano chileno de nacimiento, de edad de más de treinta años, con la denominación de Presidente de la República de Chile .”.

Desde entonces, el Presidente de la República ha ejercido invariablemente una doble función de Jefe de Gobierno y Jefe de Estado , y así lo entiende también nuestra actual Constitución Política de la República , al establecer, en su artículo 24, que “el gobierno y la administración del Estado corresponden al Presidente de la República , quien es el Jefe de Estado ”.

En una medida importante, varias dimensiones de la historia de nuestro país pueden ser trazadas atendiendo a la obra de los Presidentes de la República , tanto durante aquellos períodos en que el cargo ejerció menor gravitación en el acontecer de la vida política del país, como en aquellos momentos en que el Presidente de la República ha gozado de mayor preponderancia. En todo momento pueden encontrarse figuras emblemáticas ocupando esta posición, provenientes de la derecha, del centro o de la izquierda política; de la aristocracia o de la clase media y apelando, en muchas ocasiones, al mundo popular; personajes que se han visto favorecidos por períodos de paz y bonanza, o bien, que han debido enfrentar momentos de crisis y conflicto; propendiendo, a veces, a una convivencia armoniosa con los demás poderes del Estado, o enfrascándose, otras veces, en complejas e incluso cruentas luchas en contra de ellos.

En todos los casos, conviene que los chilenos sepamos guardar una debida memoria de estas importantes personalidades, ya sea para enorgullecernos de sus logros y victorias, ya sea para aprender de sus errores. En efecto, en la vida y desempeño de cada uno de los Presidentes de la República podemos leer las problemáticas, los anhelos, las maneras de entender el mundo y los ideales que marcaron la vida pública y privada del país que entonces tuvieron el privilegio de dirigir, ofreciendo una perspectiva privilegiada para juzgar y comprender los afanes, preocupaciones y conquistas del Chile de sus tiempos.

II. CONTENIDO DEL PROYECTO

Habida cuenta de lo anterior, nuestro gobierno ha estimado necesario establecer un sistema mediante el cual se recopile y proteja el legado de los Presidentes de la República para las generaciones futuras, fortaleciendo de este modo la memoria histórica respecto de las figuras que han ocupado la primera investidura de nuestro país.

Para ello, se propone la creación de un “Legado Presidencial”, compuesto por todos los discursos, fotografías, archivos audiovisuales, mensajes enviados al Congreso Nacional, leyes promulgadas, publicaciones, oficios y correspondencia oficial que hayan sido elaborados durante el mandato de cada Presidente , así como también aquellos otros documentos que determine un reglamento dictado por el Ministerio de Educación y que cada Presidente , en razón de la relevancia histórica de los mismos, ponga a disposición de la comunidad, para su conocimiento. Se compondrá también, de aquellos objetos representativos de la investidura del Presidente de la República , o que se hayan adquirido en virtud de ella y que cada Presidente entregue, voluntariamente, al Museo Histórico Nacional, para su custodia, exhibición y difusión.

De este modo, el proyecto plantea dos vías para lograr su cometido.

En primer término, cada Presidente deberá entregar los documentos que componen el Legado a la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, que será el organismo encargado de la catalogación, conservación y resguardo de los documentos. Se propone además, la elaboración de un respaldo digital de los documentos y archivos que, según la ley y su reglamento, formen parte del “Legado Presidencial”, que será publicado en un repositorio digital que para estos efectos disponga la referida Dirección.

Así también, se plantea la necesidad de contar con un espacio físico que albergue los objetos significativos que cada Presidente haya recibido con motivo de su cargo o que sean representativos de éste y que, luego de su mandato, quieran dar a conocer a la ciudadanía, voluntariamente. Por ello, la presente iniciativa establece que será misión del Museo Histórico Nacional custodiar, exhibir y difundir dichos objetos.

Cabe hacer presente que el proyecto de ley dispone que sus disposiciones entren en vigencia a partir del próximo mandato presidencial, sin perjuicio de que, de manera voluntaria, puedan colaborar también los ex Presidentes de la República.

En consecuencia, tengo el honor de someter a vuestra consideración el siguiente

PROYECTO DE LEY:

“Artículo primero.- Apruébase la siguiente ley que crea el Legado Presidencial:

“Artículo 1°.-Créase el Legado Presidencial, el que estará compuesto por los discursos, fotografías, archivos audiovisuales, mensajes enviados al Congreso Nacional, leyes promulgadas, publicaciones, oficios y correspondencia oficial que hayan sido elaborados durante el mandato del Presidente de la República , así como también aquellos otros documentos que determine un reglamento dictado por el Ministerio de Educación y que, cada Presidente en razón de la relevancia histórica de los mismos, ponga a disposición de la comunidad, para su conocimiento.

Podrán formar parte de este legado, todos aquellos objetos significativos, que sean representativos de la investidura de Presidente de la República o que se hayan adquirido en virtud de ella.

Artículo 2°.-Será la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos el organismo encargado de la catalogación, conservación y resguardo de los documentos a que se refiere el inciso primero del artículo anterior.

Para estos efectos, el Presidente de la República deberá, al término de su mandato, hacer entrega a la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos de los documentos que lo componen, debiendo este organismo, además, publicar este legado en un repositorio digital.

Los objetos representativos de la investidura de Presidente de la República a que se refiere el inciso segundo del artículo 1°, podrán entregarse por cada Presidente , al término de su mandato, para su custodia, exhibición y difusión en el Museo Histórico Nacional.”.

Artículo segundo.- Agrégase el siguiente inciso segundo, nuevo, al artículo 21 del Decreto con Fuerza de Ley N° 5200:

“El Museo Histórico Nacional será, además, el encargado de custodiar, exhibir y difundir aquella parte del legado de los ex Presidentes de la República , en conformidad con lo dispuesto en la ley que crea el Legado Presidencial y su reglamento.”.

Artículo transitorio.- La presente ley comenzará a regir a contar del periodo presidencial siguiente a la fecha de su publicación.

Los ex Presidentes de la República podrán voluntariamente cumplir con este mandato.”.

Dios guarde a V.E.,

(Fdo.): SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE, Presidente de la República ; CRISTIÁN LARROULET VIGNAU, Ministro Secretario General de la Presidencia ; CAROLINA SCHMIDT ZALDÍVAR, Ministra de Educación .”

2. Mensaje de S.E. el Presidente de la República con el que se inicia un proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales para facilitar el intercambiorecíproco de información con otros países. (Boletín N° 9242-10)

“Honorable Cámara de Diputados:

Tengo el honor de someter a vuestra consideración un proyecto de ley que tiene por objeto modificar la Ley Nº 19.628, sobre Protección de la Vida Privada, el Decreto Ley 2.460, de 1979, que dicta la Ley Orgánica de Policía de Investigaciones de Chile, la Ley N° 18.961, Orgánica Constitucional de Carabineros y el artículo 4° de la Ley N° 19.477, que aprueba la Ley Orgánica del Servicio de Registro Civil e Identificación, a fin de permitir el intercambio recíproco de información relativa a datos personales con otros países con los que existan tratados internacionales ratificados y vigentes.

I. ANTECEDENTES

El fenómeno migratorio, lejos de ser un elemento nuevo en el mundo, ha sido un factor que ha contribuido a la supervivencia humana, permitiendo tanto el poblamiento del globo terráqueo en los términos hoy conocidos, como el conocimiento de diversas realidades y culturas que enriquecen el acervo de la experiencia humana.

El traslado de personas entre diferentes estados y continentes, ha obedecido a motivaciones de diversa índole. Necesidades alimentarias o circunstancias climatológicas se cuentan como primeras razones de generación de movimientos de grupos humanos; acontecimientos históricos provocados por el hombre, principalmente conflictos bélicos entre estados, guerras civiles y persecuciones políticas también han contribuido a la movilidad de importantes colectividades; la búsqueda de mejores expectativas de vida, desarrollo y emprendimiento, también han sido razones de peso para un permanente cambio de asentamiento transnacional. A las causas de migración esbozadas se añaden en las últimas décadas, con especial fuerza, los avances tecnológicos y el abaratamiento de los medios de movilización, que acortan los tiempos de traslado de grandes distancias y aumentan las posibilidades de uso de los mismos, que adquieren aún mayor relevancia en un contexto de mejoramiento de las condiciones económicas que permiten a las personas conocer otros espacios físicos, lugares de estudio y realidades culturales, sea por intereses turísticos, académicos o de otra índole.

Las condiciones, circunstancias e incentivos existentes para el viajero, han producido un exponencial aumento de traslados de índole internacional, que han multiplicado notablemente la movilidad de turistas, estudiantes y empresarios entre diferentes estados y continentes.

En paralelo a la mayor movilidad descrita, consideraciones económicas internas y de seguridad implementadas por las naciones en función de la prevención de hechos delictivos, han ido generando una cultura de control migratorio que, en ocasiones, ha sido cuestionada en función de las motivaciones y duración de las estadías pretendidas por los viajeros, pues se traduce en un control excesivo.

En ese contexto, resulta deseable, en un mundo globalizado y frente a las facilidades de traslado, la implementación de políticas tendientes a la liberalización de las restricciones migratorias, fundado en el principio de confianza en el viajero. Esa forma de facilitar la movilidad de las personas, permitiendo con mayor amplitud el ingreso a los países con que se tenga un intenso intercambio, permite ir superando la lógica de desconfianza hacia los visitantes extranjeros. Naturalmente, la materialización de este principio exige los resguardos necesarios para su acertada aplicación y positivos efectos, mediante mecanismos excepcionales que hagan conciliable el mentado principio de confianza con un control migratorio ejercido de manera racional y proporcionada.

La Alianza del Pacífico.

El principio de superación de barreras para el viajero y la excepcionalidad de sus limitaciones, fundados en la confianza que se va forjando entre países que cuentan con lazos de intercambio de largo aliento, permiten la celebración de acuerdos de cooperación, que van de la mano con la tendencia mundial e inevitable de integración global, no sólo en una dimensión económica, sino también y fundamentalmente, en una dimensión social y cultural, contexto en el que la libertad de tránsito juega un rol fundamental.

En este escenario, con la Declaración de Lima del 28 de abril del 2011, se dio inicio a la Alianza del Pacífico, instrumento que tiene por finalidad profundizar la integración entre los países signatarios y definir acciones conjuntas para la vinculación comercial con Asia Pacífico, sobre la base de los acuerdos comerciales bilaterales existentes entre los Estados parte. Expresamente la citada declaración, junto con poner el acento en «alentar la integración regional, así como un mayor crecimiento, desarrollo y competitividad» de las economías de sus países, a la vez impulsa a los países a «avanzar progresivamente hacia el objetivo de alcanzar la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas».

Bajo esas directrices, que trascienden el ámbito meramente comercial, luego de la Declaración de Lima se dio inicio a la realización de una serie de cumbres tendientes a establecer acuerdos destinados a poner en funcionamiento aquella asociación. Tras la ronda de citas entre los países firmantes, el 6 de junio de 2012, en el cerro Paranal, en el desierto de Atacama de nuestro país, se constituyó formalmente la Alianza, con la firma del tratado respectivo por los presidentes de Chile, Colombia, México y Perú.

Entre los aspectos más relevantes asociados a la superación de las barreras para el viajero, destaca la eliminación de visas entre los países que conforman dicha Alianza, a partir del 1 de noviembre de 2012.

En ese mismo escenario, destaca el acuerdo relativo a la instalación de embajadas y consulados comunes que permitan brindar a los ciudadanos de los estados parte los servicios diplomáticos que fueren necesarios. Así, en la declaración de la VII Cumbre de la Alianza del Pacífico, realizada en Cali, en mayo de 2013, se pone especial énfasis en la trascendencia de la apertura de la embajada compartida entre Chile, Colombia, México y Perú en Ghana; también el acuerdo entre Chile y Colombia de compartir embajadas en Argelia y Marruecos; y entre Colombia y Perú de compartir una embajada en Vietnam.

En la misma Cumbre, se destaca la creación de una visa especial para promover el turismo de ciudadanos de países dentro de la región que no forman parte del tratado, así como los lineamientos para la inclusión de nuevos países, habiendo comenzado Costa Rica su proceso de adhesión con ayuda de un grupo de trabajo.

De esta forma, la eliminación de trabas para el transporte de personas entre los países que forman parte de nuestro continente y que han suscrito el instrumento referido, ha encontrado consagración positiva en los acuerdos citados. Sin embargo, la liberalización de estas barreras no puede dejar desprovisto de todo control a la movilidad internacional, razón por la cual Colombia, México, Chile y Perú, para reducir la posibilidad de que la delincuencia aproveche esta ventaja migratoria, trabajan en una plataforma para intercambiar información de quienes viajan de un país a otro, a fin de conciliar el viaje sin necesidad de visa, pero con el debido resguardo de la seguridad migratoria.

El programa Visa Waiver.

Con la finalidad de facilitar la movilidad de las personas, sea por motivos turísticos o de negocios, el Gobierno Norteamericano ha creado el Programa de exención de visa, también conocido como Visa Waiver Program, el que autoriza el ingreso a los Estados Unidos sin necesidad de visa a los ciudadanos de países que mantienen una baja tasa de inmigración ilegal, siempre que el motivo del viaje consista en turismo o negocios, y la duración de la estadía no supere los 90 días. El programa fue establecido en 1986 con la finalidad de promocionar mejores relaciones entre los Estados Unidos y los países con los que tiene estrecha relación, suprimiendo barreras de viaje innecesarias y estimulando la industria del turismo y el intercambio de negocios.

En función de los generosos lazos de cooperación, intercambio comercial, cultural y académico con Estados Unidos, para nuestro país constituye un importante acontecimiento la eventual incorporación a este programa, a efectos de potenciar ese intercambio. Actualmente, son 37 los países que han sido incorporados al mismo, y recientemente, en junio del presente año, el Gobierno Norteamericano ha anunciado la nominación de Chile como postulante oficial al programa, pudiendo concretarse su designación a partir de 2014, una vez que se cumplan determinados hitos que permitan armonizar el libre tráfico de viajeros con los resguardos necesarios propios de un sistema migratorio, cuya seguridad mínima beneficie a ambos países.

Es así que en la línea de estos compromisos, se ha remitido al Congreso Nacional el proyecto de ley que modifica las disposiciones introducidas por la Ley N° 19.948, que crea un procedimiento para eximir de responsabilidad en caso de extravío, robo o hurto de la cédula de identidad y de otros documentos de identificación (boletín N° 9166-07). La iniciativa promueve la eliminación de la posibilidad de efectuar el bloqueo temporal del pasaporte, reservando para ellos únicamente la institución del “bloqueo definitivo”. Ello, a fin de asimilar nuestra legislación interna a las regulaciones imperantes en la mayoría de los países con reconocidos estándares de seguridad en materia de documentos de viaje, las que no contemplan una figura de revocación temporal de pasaportes.

A esa propuesta legislativa, tendiente a fijar reglas legales que implican la adopción de medidas que garanticen la seguridad necesaria que se debe prever para el libre tráfico de viajeros, deben añadirse aquellas que faciliten el intercambio de información entre nuestro país y los Gobiernos de las Naciones con quienes existan o se celebren acuerdos en tal sentido, en especial en tanto establezcan la eliminación de barreras migratorias, de tal modo de cumplir con la obligada armonía entre los principios de libre tránsito y control migratorio. En tal sentido destaca el Acuerdo en materia de incremento de la cooperación en la prevención y combate del delito grave suscrito por Chile y Estados Unidos con fecha 30 de mayo de 2013, el que debe ser aprobado por nuestro Congreso Nacional y para cuya eficacia también resulta necesario introducir las modificaciones legales que se contemplan en el presente proyecto de ley.

II. OBJETIVO DEL PROYECTO

La presente iniciativa legal tiene por objetivo introducir modificaciones a nuestra legislación interna que permitan el intercambio de información con los Gobiernos de otros Estados, con quienes se hubiere suscrito acuerdos internacionales en tal sentido. Lo anterior, en el entendido de que tales intercambios de información se efectúan sobre bases de reciprocidad y persiguiendo por ende, el beneficio de ambas partes.

Dichas modificaciones, facilitadoras en general de una más eficiente investigación y prevención de delitos que trascienden las fronteras, permitirán también particularmente contar con los resguardos necesarios para otorgar seguridad en el proceso de eliminación de las barreras migratorias que nuestro país hubiere pactado o acuerde en el futuro.

III. CONTENIDO DE LA INICIATIVA

Las adecuaciones normativas propuestas por el presente proyecto de ley tienden a permitir el intercambio de información de carácter personal, en los términos que lo prevean tratados internacionales vigentes.

Concretamente, se propone en primer término la modificación de la Ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada, en los dos siguientes sentidos:

a) Se incorpora, en su artículo 4°, una nueva causal habilitante para el tratamiento de datos personales. En concreto, junto con las autorizaciones actualmente previstas y que son las que surgen de la misma ley, de otras disposiciones legales o del consentimiento expreso del titular de los datos, se agrega como nueva posibilidad aquellas autorizaciones que aparezcan expresamente contempladas en tratados internacionales debidamente suscritos y ratificados por nuestro país.

b) Se incorpora, en su artículo 21, a través de un nuevo inciso final, una excepción a la regla que fija su inciso primero, que obliga a los organismos públicos que sometan a tratamiento datos personales relativos a condenas por delitos, infracciones administrativas o faltas disciplinarias, no comunicarlos una vez prescrita la acción penal o administrativa, o cumplida o prescrita la sanción o la pena.

Actualmente, existe en el inciso segundo de la disposición citada una excepción a la regla anterior, para los casos en que esa información les sea solicitada por los tribunales de Justicia u otros organismos públicos dentro del ámbito de su competencia.

En este sentido, la propuesta incorpora una nueva regla de excepción, en virtud de la cual se deberá entregar dicha información por los organismos públicos cuando ella sea requerida en cumplimiento de disposiciones contenidas en tratados internacionales debidamente suscritos y ratificados por Chile.

En segundo lugar, se propone por la iniciativa la modificación de artículo 5º del Decreto Ley 2.460, de 1979, que dicta la Ley Orgánica de Policía de Investigaciones de Chile, a fin de añadir entre las funciones de la Policía Civil, prestar la colaboración necesaria en el cumplimiento de acuerdos o convenios internacionales vigentes suscritos con otros países, incluyendo el intercambio de datos personales.

Del mismo modo, y en armonía con la modificación anterior, el proyecto incorpora en el artículo 3° de la Ley N° 18.961, Orgánica Constitucional de Carabineros, como función de la Policía Uniformada, prestar igual colaboración para cumplir los acuerdos o convenios internacionales vigentes.

Finalmente, y a efectos de asegurar la eficacia en el fin buscado por la presente iniciativa, también se agrega igual función de colaboración en el artículo 4° de la Ley N° 19.477, Orgánica del Servicio de Registro Civil e Identificación.

En mérito de lo precedentemente expuesto, someto a vuestra consideración, el siguiente:

PROYECTO DE LEY:

Artículo 1º.- Modifícase la Ley Nº 19.628, sobre Protección de la Vida Privada, en los siguientes términos:

a) Incorpórase, en el inciso primero de su artículo 4°, tras el punto aparte que pasa a ser seguido, la siguiente oración: “Asimismo, el tratamiento de datos personales será procedente en virtud de autorizaciones que aparezcan expresamente contempladas en tratados internacionales ratificados y vigentes en Chile.”.

b) Incorpórase, en su artículo 5º, inciso sexto, a continuación de la palabra “internacionales”, la frase “u organismos gubernamentales”, seguido de una coma (,).

c) Agrégase, en su artículo 21, el siguiente inciso tercero, nuevo:

“Del mismo modo, exceptúanse los casos en que la información antes indicada sea solicitada por Organismos Gubernamentales de otros países, con los cuales existan tratados internacionales ratificados y vigentes en Chile, los que en todo caso deberán guardar la debida reserva o secreto.”.

Artículo 2º Modifícase el artículo 5º del Decreto Ley 2.460, de 1979, que dicta la Ley Orgánica de Policía de Investigaciones de Chile, intercalando tras la expresión “en lo criminal;” la siguiente oración: “prestar la colaboración y proporcionar la información necesaria en cumplimiento de tratados internacionales ratificados y vigentes en Chile, incluyendo el intercambio de datos personales”, seguido de un punto y coma (;).

Artículo 3°.- Intercálase, en el artículo 3° de la Ley N° 18.961, Orgánica Constitucional de Carabineros, el siguiente inciso séptimo, pasando el actual a ser octavo:

“Corresponderá a la Institución prestar la colaboración y proporcionar la información necesaria en cumplimiento de tratados internacionales ratificados y vigentes en Chile, incluyendo el intercambio de datos personales.”

Artículo 4°.- Intercálase, en el artículo 4° de la Ley N° 19.477, que aprueba la Ley Orgánica del Servicio de Registro Civil e Identificación, el siguiente numeral 10, pasando el actual a ser 11.:

“10. Corresponderá al Servicio prestar la colaboración y proporcionar la información necesaria en cumplimiento de tratados internacionales ratificados y vigentes en Chile, incluyendo el intercambio de datos personales.”

Dios guarde a V.E.,

(Fdo.): SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE, Presidente de la República ; ANDRÉS CHADWICK PIÑERA, Ministro del Interior ; ALFREDO MORENO CHARME, Ministro de Relaciones Exteriores ; TOMÁS FLORES JAÑA, Ministro de Economía , Fomento y Turismo (S); JUAN IGNACIO PIÑA ROCHEFORT, Ministro de Justicia (S).”

3. Mensaje de S.E. el Presidente de la República con el que inicia un proyecto de acuerdo que aprueba el acuerdo entre el Gobierno de Chile y el Gobierno de los Estados Unidos de América en materia de incremento de la cooperación en la prevención y combate del delito grave, suscrito en Washington, D.C., el 30 de mayo de 2013. (Boletín N° 9243-10)

“Honorable Cámara de Diputados:

Tengo el honor de someter a vuestra consideración el Acuerdo entre el Gobierno de Chile y el Gobierno de los Esta-dos Unidos de América en Materia de Incremento de la Coopera-ción en la Prevención y Combate del Delito Grave, suscrito en Washington, D.C., el 30 de mayo de 2013.

I. ANTECEDENTES

En un mundo globalizado e interdependiente como el actual, los Estados han tendido a establecer políticas para liberalizar las restricciones migratorias suprimiendo barreras, pero sin descuidar la prevención de hechos delictivos, sobre todo tomando en consideración el fenómeno del crimen transnacional. De allí que la mayor circulación de personas, bienes, servicios y capitales debe ir acompañada de mecanismos de cooperación entre los países para compatibilizar esa mayor facilidad de tras-lado y movilidad con la debida protección de la seguridad migratoria.

Chile y Estados Unidos celebraron el Acuerdo que ahora sometemos a la consideración de Vuestras Señorías para permitir el intercambio recíproco de información en materia de datos personales y así prevenir e investigar hechos delictivos. Lo anterior, en el marco de las negociaciones relativas al ingreso de Chile al Programa de Exención de Visa de la Administración estadounidense, conocido como Visa Waiver Program, el que autoriza el ingreso a los Estados Unidos de América sin necesidad de visa a los ciudadanos de países que mantienen una baja tasa de inmigración ilegal, con la finalidad de facilitar la movilidad de las personas, sea por motivos de turismo o de negocios, y cuya estadía no supere los 90 días.

Entre los países que han suscrito convenios de esta naturaleza con Estados Unidos se cuentan Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, España, Estonia, Finlandia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Japón, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Malta, Nueva Zelandia, Países Bajos, Portugal, Re-pública Checa, República de Corea, Singapur y Suiza.

El texto del Acuerdo sigue muy de cerca la Convención de Prüm suscrita el 2005 por países miembros de la Unión Europea, con la finalidad de incrementar la cooperación transfronteriza en el combate del terrorismo, el crimen transnacional y la inmigración ilegal.

La idea central que subyace en el Acuerdo que se somete a la aprobación del H. Congreso Nacional, es la de reafirmar nuestro compromiso con aquellos instrumentos de cooperación destinados a elevar los estándares de seguridad internacional en una época en que el crimen transnacional es una realidad que no puede ser soslayada. Así, lo que se busca es armonizar el libre tráfico de viajeros con los resguardos necesarios propios de un sistema migratorio, cuya seguridad mínima beneficie a ambos países.

Con la finalidad antes indicada, el presente Acuerdo establece un procedimiento que, una vez en vigencia, permitirá que Chile y Estados Unidos puedan compartir in-formación de sus respectivas bases de datos para la prevención y combate de la actividad delictual.

Específicamente, las disposiciones del Acuerdo se refieren a la posibilidad de que una de las Partes, cuando circunstancias legalmente válidas así lo ameriten, pueda iniciar un proceso destinado a identificar si las huellas dactilares de una persona determinada sometida a alguna investigación figuran en las bases de datos criminales de la otra Parte. Solo en caso de producirse una coincidencia, será posible proceder a efectuar otras consultas sobre el individuo a través de los canales de asistencia penal mutua y compartir información relevante en la materia. El procedimiento solo tendrá lugar, sobre la base de una estricta reciprocidad, tratándose de aquellos delitos que este instrumento califica de graves, esto es, las conductas punibles bajo el derecho de las Partes con una pena privativa de libertad superior a un año.

Si bien el articulado del Acuerdo considera la consulta de perfiles de ADN, estableciendo un procedimiento muy semejante al antes descrito para la consulta de da-tos a partir de huellas dactilares, la entrada en vigor de tales disposiciones se deja en suspenso mientras ambas Partes no declaren expresamente que están en condiciones de ejecutar tales Artículos sobre la base de la reciprocidad.

Las Partes podrán también intercambiar información criminal de manera voluntaria o espontánea, sin que medie una petición de la otra Parte.

El Acuerdo contiene una serie de normas sobre manejo, intercambio y retención de información, destinadas a asegurar la protección de los datos y la privacidad de las personas en ambos países. Todo esto con pleno respeto a la normativa vigente en cada uno de los Estados Parte.

Constituye en consecuencia el Acuerdo un importante complemento de las herramientas ya existentes para el combate de la actividad delictual y facilitará a nuestro país evitar que quienes hayan cometido delitos en Estados Unidos puedan llegar a encontrar refugio en Chile.

Mediante la firma y aprobación del presente Acuerdo, Chile, según ya se anticipara, cumple además uno de los requisitos fundamentales para el ingreso al Programa de Exención de Visas de Estados Unidos.

Ese país inició en 2008 la negociación y firma de este tipo de convenios, en primer lugar con aquellos Estados que ya participaban en dicho programa, y en segundo lugar, con aquellos Estados que postulan a participar en el mismo y cumplen los diferentes requisitos objetivos de selección. La medida se inserta en el contexto de los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001, que determinaron la aprobación de modificaciones legislativas en Estados Unidos orientadas al fortalecimiento de su seguridad interior. Entre tales disposiciones nuevas se cuenta la necesidad de que los países que deseen mantenerse o ingresar al Visa Waiver Program suscriban un convenio de cooperación en la prevención y combate del delito grave.

Finalmente, cabe precisar que la cooperación que dispone este instrumento se verificará en los términos que lo permitan los respectivos ordenamientos internos de ambos Estados. En razón de ello, conjuntamente con este proyecto de acuerdo se ingresará al Congreso Nacional un proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales para facilitar el intercambio de información con los gobiernos de otros Estados, con quienes se hubiere suscrito acuerdos internacionales de igual naturaleza, sobre la base del principio de reciprocidad.

II. ESTRUCTURA Y CONTENIDO

El Acuerdo se encuentra estructurado por un Preámbulo, que da cuenta de las con-sideraciones que tuvieron las Partes para celebrarlo, y 24 Artículos en los cuales se contienen las normas dispositivas y finales del mismo.

ARTÍCULADO

1. Definiciones

El Artículo 1 establece las “Definiciones” necesarias para la aplicación del Acuerdo, entre ellas “Perfiles de ADN”, “Datos personales”, “Procesamiento de datos personales”, “Datos de referencia” y “Delito grave”, que se define a estos efectos “como una conducta constitutiva de delito punible bajo el derecho interno de las Partes con una pena privativa de libertad cuya duración máxima sea superior a un año o una pena más alta”.

2. Objeto y Alcance de este Acuerdo

El Artículo 2, que se titula “Objeto y Alcance de este Acuerdo”, consigna, en su numeral 1, el propósito del Acuerdo, cual es estrechar la cooperación entre las Partes para prevenir y combatir el delito grave.

Luego, su numeral 2, indica que las facultades de consulta señaladas en él serán usadas sólo para fines de detección, prevención e investigación del delito grave y solo si circunstancias específicas y legalmente válidas relacionadas con una persona determinada dieran motivo para consultar si dicha persona podría cometer o ha cometido un delito grave.

3. Datos sobre huellas dactilares

El Artículo 3, denominado “Datos sobre huellas dactilares”, prevé, para los efectos de ejecutar el Acuerdo, que las Partes garantizarán la disponibilidad de datos de referencia en los sistemas nacionales auto-matizados de identificación de huellas dactilares, pero únicamente aquellos establecidos para la detección, prevención e investigación de delitos, y que los datos de referencia solo incluirán los datos sobre huellas dactilares y un código de referencia.

4. Consulta automatizada de datos sobre huellas dactilares

El Artículo 4 aborda, seguidamente, la “Consulta automatizada de datos sobre huellas dactilares”, estipulándose, en su numeral 1, que para la detección, prevención e investigación del delito grave cada Parte autorizará a los puntos de contacto de la otra Parte, para que accedan a los datos de referencia del sistema automatizado de identificación de huellas dactilares que se hubiera establecido para dichos efectos, pudiendo realizar consultas automatizadas de comparación de datos de las mismas. Las consultas podrán realizarse solo sobre la base de casos individuales y de conformidad con el derecho interno de la Parte consultante.

Seguidamente, el numeral 2 regula la manera como se verificará la comparación de datos sobre las huellas dactilares entre los puntos de contacto nacionales consultantes.

A su turno, el numeral 3 prevé que los puntos nacionales requeridos podrán, cuando se les solicite, efectuar un análisis más detallado con el objeto de confirmar si los datos sobre huellas dactilares coinciden con los datos de referencia en poder de la Parte a cargo del archivo.

5. Medios alternativos de consulta usando datos de identificación

El Artículo 5, intitulado “Medios alternativos de consulta usando datos de identificación”, preceptúa que mientras Chile no tenga un sistema de identificación de huellas dactilares plenamente operativo y automatizado vinculado con antecedentes penales individuales y esté en condiciones de proporcionar a los Estados Unidos un acceso automatizado a ese sistema, facilitará un medio alternativo de consulta en los términos que en ésta disposición se especifican.

6. Entrega de datos personales adicionales y otra información

El Artículo 6, relativo a la “Entrega de datos personales adicionales y otra información”, dispone que si los procedimientos de consultas anteriormente descritos en los Artículos 4 y 5 muestran una coincidencia entre datos sobre huellas dactilares, la entrega de datos persona-les adicionales disponibles y de otra in-formación relacionados con los datos de referencia se regirá por el derecho interno, incluidas las normas sobre asistencia legal, de la Parte requerida y será entregada en los términos del Artículo 7.

7. Puntos de contacto nacionales y acuerdos de ejecución

El Artículo 7, bajo la denominación de “Puntos de contacto nacionales y acuerdos de ejecución”, consigna en el numeral 1 el deber de las Partes de designar a uno o más puntos de contacto nacionales a los efectos de la entrega de datos a los que se refieren los Artículos 4 y 5 y a la posterior entrega de datos personales adicionales y de otra información establecida en el Artículo 6. El punto de contacto proporcionará tales datos conforme al derecho interno de la Parte que lo haya designado como tal. Al efecto, no será necesario usar otros me-dios de asistencia legal disponibles, a me-nos que se requiera, como por ejemplo, para autenticar datos para fines de su admisibilidad en causas judiciales de la Parte requirente.

Más adelante el numeral 2 indica que los detalles técnicos y de procedimiento de las consultas realizadas conforme a los artículos 4 y 5 serán establecidos en uno o más acuerdos o convenios de implementación.

8. Consulta automatizada de perfiles de ADN

El Artículo 8, titulado “Consulta automatizada de perfiles de ADN”, en su numeral 1 prevé que si el derecho interno de ambas Partes lo permitiera y habiendo obtenido las autorizaciones exigidas, las Partes podrán, sobre la base de reciprocidad, otorgar al punto de contacto de cada una de ellas, a los que se refiere el Artículo 10, acceso a los datos de referencia que se encuentren en sus archivos de análisis de ADN, con la facultad de efectuar consultas automatizadas mediante la comparación de perfiles de ADN, para los efectos de la detección, prevención e investigación del de-lito grave. Estas consultas podrán ser he-chas solo en casos individuales.

A su vez, el numeral 2 regula que si una consulta automatizada demostrara que el perfil de ADN proporcionado coincide con un perfil de ADN ingresado en los archivos de la otra Parte, el punto de contacto nacional consultante recibirá, mediante una notificación automatizada, los datos de referencia para los cuales se haya encontrado una coincidencia. Si no se hallare ninguna, se dará notificación automatizada de este hecho.

Cabe destacar que el numeral 2 del Artículo 24 del Acuerdo, señala que las disposiciones contenidas en este Artículo 8 y los dos que siguen, solo entrarán en vigencia una vez que se celebren los acuerdos complementarios a los que se refiere el Artículo 10 y con posterioridad a un inter-cambio de notas que indique que cada Parte está en condiciones de ejecutar tales Artículos y siempre y cuando las leyes de los dos países permitan el tipo de análisis establecido en los Artículos 8 a 10.

9. Entrega de datos personales adicionales y otra información

El Artículo 9, relativo a la “Entrega de datos personales adicionales y otra información”, indica que si el procedimiento sobre consulta automatizada de perfiles de ADN mencionado en el artículo precedente mostrara una coincidencia entre perfiles de ADN, la entrega de cualquier dato personal adicional y otra información relacionadas con los datos de referencia se regirá por el derecho interno de la parte requerida, incluidas las normas de asistencia legal, y se llevará a efecto conforme a lo establecido por el Artículo 10.

10. Puntos de contacto nacional y acuerdos e implementación

El Artículo 10, sobre “Puntos de con-tacto nacional y acuerdos de implementación”, puntualiza, en su numeral 1, que para los efectos de la entrega de datos de referencia que se encuentren en sus archivos de análisis de ADN y la posterior entrega de datos personales adicionales y otra información, establecidas en los Artículos 8 y 9, cada Parte designará a un punto de contacto nacional. El punto de contacto proporcionará tales datos conforme al derecho interno de la Parte que lo haya designado como punto de contacto. En todo caso, no será necesario usar otros medios de asistencia legal disponibles a menos que se requiera, como por ejemplo para autenticar los datos para fines de su admisibilidad en causas judiciales de la Parte requirente.

El numeral 2 alude a que los detalles técnicos y procedimientos de consultas realizadas conforme al artículo 8 serán establecidos en uno o más acuerdos o convenios de implementación.

11. Entrega de datos personales y otra información para detectar, prevenir y combatir el delito grave y el terrorismo

El Artículo 11, bajo el título “Entrega de datos personales y otra información para detectar, prevenir y combatir el delito grave y el terrorismo”, contempla en el numeral 1 que para la detección, prevención e investigación del delito grave y del terrorismo, las Partes podrán, en observancia de su respectivo derecho interno y en casos individuales, incluso sin que le sea solicitado, entregar al punto de contacto nacional de la otra Parte, al que se refiere en el numeral 4 de este Artículo, los datos personales que se especifican en el numeral 2 de este Artículo, siempre que ello fuera necesario debido a que existen circunstancias específicas, que dan motivos para considerar que él o los titulares de los datos: a) cometerán o han cometido delitos terroristas o relacionados con grupos o asociaciones terroristas, o participarán o han participado en tales delitos o conductas según ellas se definen en el derecho interno de la Parte que proporciona los da-tos; o b) están recibiendo o han recibido capacitación para cometer los delitos mencionados en el literal a) anterior; o c) cometerán o han cometido un delito grave o participan en un grupo o asociación criminal organizada.

Luego, el numeral 2 precisa que los datos personales a ser entregados pueden incluir, si estuvieran disponibles, apellidos, nombres de pila, nombres anteriores, otros nombres, alias, escritura alternativa de nombres, sexo, fecha y lugar de nacimiento, nacionalidad actual o pasada, número de pasaporte, números de otros documentos de identidad y datos dactilares, así como una descripción de cualquier condena o de las circunstancias que fundamenten la apreciación mencionada en el numeral 1 de este Artículo.

Seguidamente, el numeral 3 previene que además de los datos personales señalados en el numeral anterior, las Partes podrán proporcionarse datos no personales relacionados con los delitos indicados en el numeral 1 de este Artículo.

Finalmente, el numeral 4 alude a que cada Parte designará a uno o más puntos de contacto nacionales para intercambiar con los puntos de contacto de la otra Parte, los datos personales y otra información en virtud de este Artículo.

12. Privacidad y protección de datos

El Artículo 12, sobre “Privacidad y protección de datos”, establece en el numeral 1 que las Partes reconocen que el manejo y procesamiento de los datos personales que adquieran de cada uno es de vital importancia para preservar la confianza en la implementación de este Acuerdo.

El numeral 2, a su vez, indica que las Partes se comprometen a tramitar los datos personales en forma justa y de conformidad con sus respectivas leyes y: a) garantizar que los datos personales proporcionados sean adecuados y pertinentes a los fines específicos de la transferencia; b) conservar los datos personales solo el tiempo que fuere necesario para los fines específicos para los que se proporcionaron o procesaron adicionalmente tales datos, conforme a lo dispuesto en este Acuerdo; c) velar por que el almacenamiento de datos recibidos de la otra Parte sea compatible con el fin de la transferencia y el alcance de este Acuerdo, conforme a lo indicado en el Artículo 2; y d) garantizar que posibles so-licitudes de la información personal sean informadas oportunamente a la Parte receptora de modo que se adopten las medidas correctivas que procedan.

Por último, el numeral 3 previene que este Acuerdo no dará origen a derechos de ningún particular, incluido el derecho a obtener, suprimir o excluir cualquier prueba o impedir el intercambio de datos personales. Sin embargo, los derechos que existen en forma independiente de este Acuerdo, no se verán afectados.

13. Limitaciones a la tramitación con miras a proteger los datos personales y otra información

El Artículo 13 se refiere a las “Limitaciones a la tramitación con miras a proteger los datos personales y otra información”, consignando en el numeral 1 que sin perjuicio de lo señalado en el numeral 3 del mismo Artículo, cada Parte podrá procesar los datos ya obtenidos en virtud de es-te Acuerdo: a) para los fines de sus investigaciones penales, iniciadas conforme a su derecho interno en el ejercicio de una atribución oficial autorizada; b) para evitar una amenaza grave a su seguridad pública. Una amenaza es grave si existe una conexión directa entre ella y un posible daño a la seguridad pública; c) en sus causas judiciales o administrativas de índole no penal directamente relacionadas con las investigaciones mencionadas en la letra (a) anterior; o d) para cualquier otro fin, solo con el previo consentimiento de la otra Parte, otorgado en conformidad con su derecho interno.

El numeral 2 regula que las Partes no comunicarán datos proporcionados conforme a este Acuerdo a ningún tercer Estado, organismo internacional o entidad privada sin el consentimiento de la Parte que haya proporcionado los datos y sin los resguardos pertinentes.

Más adelante, el numeral 3 indica que la Parte que provea la información podrá, caso a caso, imponer condiciones respecto del uso que la Parte receptora pueda dar a tal información. Si la parte receptora acepta los mismos, estará obligada a res-petar dichas condiciones.

Luego, el numeral 4 establece que la Parte que provea la información no podrá imponer como condición para la entrega de información en virtud de lo señalado en el numeral 3 de este Artículo, restricciones genéricas a la Parte Receptora sobre los criterios legales para procesar datos personales.

A su vez, el numeral 5 dispone que una Parte podrá hacer una consulta automatizada de los archivos de huellas dactilares o de ADN de la otra Parte conforme a lo dispuesto por los Artículos 4 u 8 y procesar los datos recibidos en respuesta a dicha consulta, incluida la comunicación de si existe o no una coincidencia, solo con el objeto de: a) establecer si los perfiles de ADN o datos sobre huellas dactilares comparados coinciden; b) preparar y elevar una solicitud adicional de asistencia en cumplimiento del derecho interno, incluidas las normas de asistencia jurídica, si tales datos coinciden; o c) conservar registros, conforme a lo exigido o permitido por su derecho interno.

Por último, el numeral 6 regula que la Parte que administre el archivo podrá pro-cesar los datos proporcionados por la Parte consultante en el curso de una consulta automatizada efectuada de acuerdo a los Artículos 4 y 8, únicamente cuando esto sea necesario para fines comparativos, proporcionando respuestas automatizadas a la consulta o la mantención de registros con-forme al Artículo 15. Los datos proporcionados para efectos comparativos se eliminarán inmediatamente después de ser compara-dos o de que se responda automatizadamente a las consultas, a menos que se requiera de un mayor procesamiento para los fines mencionados en el numeral 5, letras (b) o (c) de este Artículo.

14. Corrección, bloqueo y eliminación de datos

El Artículo 14 alude a la “Corrección, bloqueo y eliminación de datos”. Su numeral 1 indica que a solicitud de la Parte pro-veedora, la Parte receptora estará obligada a corregir, actualizar, bloquear o eliminar, con arreglo a su derecho interno, los datos recibidos en virtud de este Acuerdo, en las siguientes circunstancias: a) cuando la Parte proveedora notifique a la Parte receptora que su derecho interno le exige corregir, actualizar, bloquear o eliminar datos recibidos conforme a este Acuerdo; b) cuando esa información sea claramente inexacta o incompleta; y c) cuando la recopilación o procesamiento posterior de datos viole este Acuerdo o las leyes aplicables a la Parte que ha proporcionado los datos.

El numeral 2 contempla que cuando una Parte tome conocimiento de que los datos que ha recibido de la otra Parte en virtud del Acuerdo son inexactos, deberá adoptar todas las medidas apropiadas para evitar depender erróneamente de tales datos, las que en particular incluirán complementar, actualizar, eliminar o corregir dichos da-tos.

Por último, el numeral 3 indica que cada Parte notificará a la otra si tomare conocimiento de que datos importantes que ha transmitido a la otra Parte o ha recibido de la otra Parte en virtud de este Acuerdo, son inexactos, poco confiables o si dichos datos suscitan dudas significativas.

15. Documentación

El Artículo 15 regula la “Documentación”, indicando, en el numeral 1, el deber de cada Parte de mantener un registro de transmisión y recibo de los datos comunicados a la otra Parte en virtud de este Acuerdo. Dicho registro servirá para: a) garantizar un efectivo control de la protección de datos conforme al derecho in-terno de la Parte respectiva; b) permitir a las Partes hacer un ejercicio efectivo de los derechos que se les otorgaren conforme a los artículos 14 y 18; y c) garantizar la seguridad de los datos.

El numeral 2 indica que el registro incluirá: a) información sobre los datos suministrados; b) la fecha de entrega; y c) el receptor de los datos en caso de que éstos sean proporcionados a otras entidades.

A su turno, el numeral 3 prevé el deber de proteger el registro con medidas apropiadas contra su uso inadecuado y otras formas de uso indebido y será conservado por un período de dos años. Luego del período de conservación, el registro se borrará en forma inmediata, a menos que ello contraviniere el derecho interno, incluidas las normas pertinentes de protección y conservación de datos.

16. Seguridad de datos

El Artículo 16 apunta a la “Seguridad de los datos” y en su numeral 1 establece que las Partes han de velar por que se adopten las medidas técnicas y se empleen los medios organizacionales necesarios para proteger los datos personales contra una destrucción accidental o ilegal, pérdida accidental o divulgación, alteración o acceso no autorizado o cualquier forma no autorizada de procesamiento. Al respecto, las Partes deberán, en particular, adoptar las medidas razonables para garantizar que solo las personas autorizadas para acceder a los datos personales tengan acceso a los mismos.

Seguidamente, el numeral 2 precisa que los acuerdos o convenios de implementación que rijan las procedimientos de consulta automatizada de huellas dactilares y archivos de ADN conforme a los Artículos 4 y 8 establecerán: a) el uso apropiado de moderna tecnología para garantizar la protección, seguridad, confidencialidad e integralidad de los datos; b) el uso de procedimientos de codificación y autorización reconocidos por las autoridades competentes cuando se haga uso de redes de acceso general; y c) un mecanismo para garantizar que solo se efectúen consultas permitidas.

17. Transparencia-Entrega de información a los titulares de los datos

El Artículo 17, bajo el título “Transparencia-Entrega de información a los titulares de los datos”, consigna en el numeral 1 que nada de lo contenido en este Acuerdo se interpretará como una manera de interferir con las obligaciones legales de las Partes, según lo dispuesto en sus respectivas leyes, de proporcionar a los titulares de los datos información con respecto a los fines de procesamiento y la identidad del controlador de datos, los receptores o categorías de receptores, la existencia de los derechos de acceso y de rectificación de datos que le conciernan a el o la titular y cualquier información adicionaltal y como los fundamentos legales de la operación de procesamiento para la que se requieren los datos, los plazos de almacenamiento de la información y el derecho a recurrir- en la medida que dicha información adicional sea necesaria, habida cuenta de los fines y circunstancias específicas en que los datos se procesen, para garantizar un justo procesamiento con res-pecto a los titulares de los datos.

En su numeral 2 preceptúa que la información aludida en el numeral precedentemente señalado puede ser denegada conforme con las respectivas leyes de las Partes, incluyendo el caso que la entrega de información pudiera poner en riesgo: a) los fines de procesamiento de la información; b) las investigaciones y acciones judiciales tramitadas por autoridades competentes de las Partes; o c) los derechos y libertades de terceros.

18. Información

El Artículo 18, referido a la “Información”, dispone que, previa solicitud, la Parte receptora informará a la Parte pro-veedora respecto del procesamiento de los datos proporcionados y el resultado obtenido. La Parte receptora garantizará que su respuesta sea comunicada oportunamente a la Parte proveedora.

19. Relación con otros Acuerdos y el Derecho Interno

El Artículo 19 regula la “Relación con otros Acuerdos y el Derecho Interno”, indicando que ninguna disposición del Acuerdo se interpretará de modo de restringir o perjudicar las cláusulas de algún tratado, otro acuerdo, relaciones de trabajo en materia policial o leyes internas que auto-ricen el intercambio de información entre las Partes.

20. Consultas

El Artículo 20, denominado “Consultas”, prevé en su numeral 1 que las Partes realizarán consultas periódicas mutuas sobre la implementación de las cláusulas de este Acuerdo. A su vez, el numeral 2 norma que en caso de existir cualquier diferencia respecto de la interpretación o aplicación de este Acuerdo, las Partes se consultarán mutuamente a objeto de facilitar su solución.

21. Modificaciones

El Artículo 22, sobre “Modificaciones”, indica en su numeral 1 que las Partes realizarán consultas respecto de la modificación del presente Acuerdo, a solicitud de cualquiera de ellas y, en su numeral 2, que el Acuerdo podrá ser modificado en cualquier momento, mediante acuerdo escrito de las Partes.

22. Denuncia del Acuerdo

El Artículo 23, que se refiere a la “Denuncia del Acuerdo”, indica que éste podrá ser denunciado por cualquiera de las Partes mediante un aviso por escrito a la otra Parte con seis meses de anticipación y que, sin embargo, las disposiciones del mismo seguirán siendo aplicadas respecto de los datos proporcionados antes de dicha denuncia.

23. Entrada en vigor

El artículo 24 regula la entrada en vigor del Acuerdo, disponiendo, en su numeral 1, que entrará en vigor, con excepción de los Artículos 8 a 10, en la fecha de la última nota que concluya el canje de notas diplomáticas entre las Partes, en las que se indique que cada una ha adoptado todas las medidas necesarias para ejecutar el Acuerdo, lo que puede incluir la promulgación de normas legales. Este canje se llevará a cabo cuando las leyes de ambas Partes permitan el tipo de intercambio con-templado por el Acuerdo, con excepción de los Artículos 8 a 10.

Por último, el numeral 2 consigna que los Artículos 8 a 10 del Acuerdo entrarán en vigor luego de celebrar los acuerdos o convenios de implementación mencionados en el Artículo 10 y en la fecha de la última nota que concluya el canje de notas diplomáticas entre las Partes, en que se indique que cada Parte está en condiciones de ejecutar tales artículos sobre la base de reciprocidad. Este intercambio se producirá si las leyes de ambas Partes permiten el tipo de análisis de ADN contemplado por los Artículos 8 a 10.

En mérito de lo expuesto y atendido a que este Acuerdo bilateral entre el Gobierno de Chile y el Gobierno de los Esta-dos Unidos de América se suma a otros instrumentos jurídicos celebrados por el Esta-do en la lucha contra el crimen internacional organizado, solicito a Vuestras Señorías aprobar el siguiente

PROYECTO DE ACUERDO

“ARTÍCULO ÚNICO.- Apruébase el “Acuerdo entre el Gobierno de Chile y el Gobierno de los Estados Unidos de América en Materia de Incremento de la Cooperación en la Prevención y Combate del Delito Grave, suscrito en Washington, D.C., el 30 de mayo de 2013”.

Dios guarde a V.E.,

(Fdo.): SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE, Presidente de la República ; ANDRÉS CHADWICK PIÑERA, Ministro del Interior y Seguridad Pública; ALFREDO MORENO CHARME, Ministro de Relaciones Exteriores ; JUAN CARLOS JOBET ELUCHANS, Ministro de Justicia (S).”

4. Oficio de S.E. el Presidente de la República.(Boletines N°s. 9040-31, 8210-06, 7963-06)

“Honorable Cámara de Diputados:

Tengo a bien poner en conocimiento de V.E. que he resuelto hacer presente urgencia para el despacho del siguiente proyecto de ley:

9040-31

Otorga un bono de apoyo a familias numerosas

8210-06

Perfecciona el rol fiscalizador del concejo; fortalece la transparencia y probidad en las municipalidades; crea cargos y modifica normas sobre personal y finanzas municipales.

7963-06

Relativo al fortalecimiento de la regionalización del país.

Hago presente esta urgencia para todos sus trámites constitucionales –incluyendo los que correspondiere cumplir en el H. Senado-, la que, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, califico de “discusión inmediata”

Dios guarde a V.E.

(Fdo.): SEBASTIAN PIÑERA ECHENIQUE, Presidente de la República ; CRISTIÁN LARROULET VIGNAU, Ministro Secretario General de la Presidencia .”

5. Informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento recaído en el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que modifica la ley orgánica de los tribunales tributarios y aduaneros. (boletín Nº 8662-05)

?Honorable Senado:

La Comisión de Constitución, Legislación y Justicia viene en informar, en segundo trámite constitucional y primero reglamentario, el proyecto de la referencia, originado en un mensaje de S.E. el Presidente de la República .

Durante el análisis de esta iniciativa, la Comisión contó con la colaboración de don Julio Dittborn Cordua, Subsecretario de Hacienda ; don Miguel Zamora Rendic, Coordinador de Políticas Tributarias y don José Domingo Peñafiel Zañartu, asesor jurídico, ambos del Ministerio de Hacienda; doña Paulina González Vergara, Jefa de la División Jurídica del Ministerio de Justicia, don Sergio Vera Aparicio, Presidente de la Asociación Nacional de Magistrados Tributarios y Aduaneros de Chile, don Oscar Meriño Maturana, Vicepresidente de la Asociación mencionada, don Andrés Schiappacasse Rudolphy, Jefe de la Unidad Administradora de los Tribunales Tributarios y Aduaneros y don Héctor Mery Romero, abogado representante de la Fundación Jaime Guzmán.

Para el despacho de esta iniciativa, el Jefe del Estado ha hecho presente la urgencia, la que ha calificado de suma para todos sus trámites constitucionales, por lo que esta Corporación cuenta con un plazo de quince días corridos para afinar su tramitación, término que vence el 22 de enero en curso por haberse dado cuenta de la urgencia en la Sala el 7 de enero recién pasado.

I. IDEAS MATRICES O FUNDAMENTALES.

La idea central del proyecto tiene por objeto reducir las plantas de los Tribunales Tributarios y Aduaneros que señala; reemplazar las salas de Corte de Apelaciones con dedicación exclusiva para el conocimiento de causas tributarias por salas de conocimiento preferente, corregir algunos errores en que se incurrió en las disposiciones de la ley N° 20.322 y establecer un derecho de opción de cambio de jurisdicción para los litigantes de los procesos que se ventilan ante la antigua justicia tributaria o aduanera.

Con tal objeto introduce las pertinentes modificaciones en la ley N° 20.322, en el Código Orgánico de Tribunales y en el Código Tributario.

Tal idea es propia de ley al tenor de lo establecido en los artículos 63 N°s. 1, 2, 3 y 14 de la Constitución Política, en relación con los artículos 65 inciso cuarto N° 2 y 77 de la misma Carta Fundamental.

II. CONSTANCIAS REGLAMENTARIAS

Para los efectos de lo establecido en los números 3°, 4°, 5°, 6° y 7° del artículo 289 del Reglamento de la Corporación, la Comisión dejó constancia de lo siguiente:

1.- Que se aprobó la idea de legislar por unanimidad, con los votos de los diputados señores Pedro Araya, Jorge Burgos, Giovanni Calderón, Alberto Cardemil, Cristián Letelier, Cristián Mönckeberg y Arturo Squella.

2.- Que los artículos 1°, 2° y 3° N° 2, letra a) tienen rango de ley orgánica constitucional por incidir en la organización y atribuciones de los tribunales de justicia conforme lo establece el artículo 77 de la Constitución Política.

Igual calificación efectuó el Senado.

3.- Que la totalidad del proyecto es de la competencia de la Comisión de Hacienda por su incidencia en materia presupuestaria o financiera del Estado y por razones de contexto.

4.- Que no hubo artículos o indicaciones rechazados por la Comisión.

5.- Que se aprobó el proyecto en los mismos términos propuestos por el Senado.

III. DIPUTADO INFORMANTE

Se designó diputado informante al señor Felipe Harboe Bascuñán.

IV. ANTECEDENTES

1.- El mensaje señala que la ley N° 20.322 contempló una instalación progresiva en cuatro años para la total implementación de los Tribunales Tributarios y Aduaneros en el país, quedando pendiente a la fecha de envío a tramitación de esta iniciativa, únicamente la etapa final a concretarse en febrero de 2013 para la instalación de los tribunales en Rancagua, Valparaíso y Santiago.

Explica que si bien la instalación ha sido exitosa, ha podido comprobarse que el número de causas que se había proyectado ingresarían, ha sido sustancialmente menor y esta sobreestimación ha significado que las plantas de personal sean mayores que las estrictamente necesarias. Asimismo, respecto de los tribunales cuya instalación, entonces, se encontraba pendiente, nuevas estimaciones demostrarían que la cantidad proyectada también sería menor, señalando por la vía ejemplar, que para la Región Metropolitana, de alrededor de diez mil causas proyectadas, los ingresos no pasarían en el año 2013 de mil quinientos.

Por ello, para evitar incurrir en costos innecesarios, se proponía reducir el tamaño de las plantas correspondientes a estos tribunales en Arica, Iquique, Copiapó, Santiago, Valparaíso, Rancagua, Talca, Concepción, Valdivia, Puerto Montt y Punta Arenas, conformándolas a las proyecciones efectuadas.

Igualmente, y por razones similares, se contempla reemplazar las salas exclusivas en materia tributaria y aduanera de las Cortes de Apelaciones de San Miguel, Concepción y Valparaíso, por salas de conocimiento preferente para este tipo de causas.

Asimismo, se introduce otra modificación para que quienes tengan causas pendientes tramitándose ante la antigua justicia tributaria y aduanera, es decir, los directores regionales del Servicio de Impuestos Internos o la correspondiente autoridad aduanera, como jueces de primera instancia, puedan optar porque dichas causas sean conocidas desde un comienzo, lo que significará iniciarlas nuevamente, por los Tribunales Tributarios y Aduaneros que correspondan a su jurisdicción. En estos casos, agrega el mensaje, como se trata de una opción y con el objeto de ajustarse a la ley, los reajustes e intereses devengados al ejercer la opción, no se interrumpirán ni se suspenderán durante la tramitación del nuevo juicio. En todo caso, el ejercicio de esta opción significará la radicación definitiva de la causa en el correspondiente tribunal.

Explica, a continuación el mensaje, que la reducción del personal de planta en los tribunales ya instalados, no operará de inmediato sino que una vez que se produzca la vacancia por causas legales del cargo que este proyecto suprime. No obstante, en forma excepcional, en el caso de los tribunales de Arica, Iquique y Concepción la disminución de cargos será inmediata como consecuencia de encontrarse ya vacantes en razón de no haberse provistos por ser innecesarios.

En el caso de los tribunales aún no instalados a esa fecha, las reducciones de cargos se producen siguiendo las nuevas estimaciones de ingresos, situación que afectará a los tribunales de la Región Metropolitana, Valparaíso y Rancagua.

Agrega el mensaje que se perfeccionan, además, las disposiciones sobre subrogación de jueces y secretarios abogados, se introduce la opción para reiniciar las causas ante la nueva judicatura y se proponen normas destinadas a dar mayor eficacia en la jurisdicción territorial de los tribunales de la Región Metropolitana.

Con el mismo objetivo anterior, se introducen modificaciones en el Código Orgánico de Tribunales destinadas ajustar el número de jueces y relatores de las Cortes de Apelaciones de Santiago, San Miguel, Valparaíso y Concepción, así como el número de salas que verán estas materias, estableciéndose que solamente en Santiago habrá una sala con dedicación exclusiva y, en cambio, en las demás Cortes salas de conocimiento preferente.

2.- El Código Orgánico de Tribunales en sus artículos 56, 59, 61 y 66 trata del número de Ministros de las Cortes de Apelaciones; el número de relatores de las mismas; el número de salas en que se dividen para el conocimiento de las causas, y la forma en que conocerán, ya sea en sala o en pleno, respectivamente.

3.- El Código Tributario.

Su artículo 132 se refiere al procedimiento para conocer de los reclamos de los contribuyentes en contra de las resoluciones del Servicio de Impuestos Internos, ocupándose su inciso undécimo de la inadmisibilidad de antecedentes por parte del reclamante y de las excusas que éste puede argumentar.

Su artículo 147 señala que no será necesario el pago de los impuestos, intereses y sanciones para interponer una reclamación contra el Servicio de Impuestos Internos, pudiendo el Director Regional disponer la suspensión total o parcial del cobro judicial de los mismos por un plazo determinado, facultad que podrá ejercer aun cuando no medie reclamación.

Su artículo 161 dispone que corresponderá al Tribunal Tributario y Aduanero la aplicación de sanciones que no consistan en penas privativas de libertad, agregando el párrafo segundo de su número 3° que en el caso de adoptarse medidas conservativas para evitar la pérdida o extravío de antecedentes probatorios de la infracción, podrá ocurrirse en contra de ellas ante el juez de letras civil que corresponda.

El inciso final de este artículo se refiere al caso de las sanciones que el Código sanciona con multa y penas privativas de libertad, disponiendo que el Servicio deberá recopilar los antecedentes que servirán de fundamento a la decisión del Director, quien podrá ordenar la aposición de sellos y la incautación de documentos relacionados con el giro del negocio del presunto infractor, medidas en contra de las que podrá ocurrirse ante el juez de letras civil de turno del domicilio del contribuyente.

V. INTERVENCIONES RECIBIDAS POR LA COMISIÓN

Durante el análisis de este proyecto, la Comisión recibió el parecer de las siguientes personas:

1.- Don Julio Dittborn Cordua, Subsecretario de Hacienda , explicó que esta iniciativa introducía modificaciones en la ley N° 20.322, que fortalece y perfecciona la jurisdicción tributaria y aduanera, la que en su momento respondió a una solicitud de todos los sectores políticos y que recogió recomendaciones efectuadas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en el sentido de crear tribunales tributarios y aduaneros.

Señaló que tales tribunales se implementaron, de acuerdo a esa ley, en forma gradual, terminándose ese proceso en el verano recién pasado, con la creación de cuatro tribunales en la Región Metropolitana. Expresó que la ley citada sobreestimó el número de causas tributarias y aduaneras que ingresarían a los nuevos tribunales, como consecuencia de que los estudios realizados en forma previa supusieron, erradamente, que se produciría un masivo traslado de los reclamos de los contribuyentes ante el Servicio de Impuesto Internos hacia los nuevos tribunales, algo que se produjo pero en muy baja cantidad. A su juicio, el magro traslado habría sido la consecuencia de que el Servicio conserva la facultad administrativa de acoger las peticiones o quejas de los contribuyentes y procura por esa vía darles solución.

Conforme a lo anterior, la primera corrección que pretende introducir este proyecto, elimina en total diez cargos de planta en aquellos tribunales de regiones que ya llevan dos o tres años de funcionamiento, cargos que en su gran mayoría no fueron proveídos por ser innecesarios debido al escaso ingreso de causas en esas judicaturas, razón por la cual no se veía que dicha supresión pudiera afectar las funciones de esos tribunales.

Exhibió, en seguida, un cuadro en que se señalaban los cargos a suprimir, explicando que todos ellos correspondían al área administrativa, de apoyo a la tarea judicial. Conforme al señalado cuadro, del total de 137 funcionarios se bajaba a 127, produciéndose una disminución de dos cargos en la Primera Región ; uno en la Tercera; uno en la Séptima; dos en la Octava, y uno en las Décima; Duodécima, Décimo Cuarta y Décimo Quinta Regiones. Agregó que los cargos que se pretendía suprimir correspondían a los tribunales de Arica, Iquique, Copiapó, Talca, Concepción, Valdivia, Puerto Montt y Punta Arenas. En todo caso, esta disminución no procedería de inmediato sino una vez que el cargo eliminado quedara vacante de acuerdo a las causales legales.

La segunda corrección consistía en facultar a los contribuyentes que tienen causas pendientes ante el Servicio de Impuestos Internos, permitirles optar porque sus diferendos puedan tramitarse ante la nueva justicia tributaria. Explicó que esta medida no se había contemplado en la ley N° 20.322, disponiéndose que sólo las causas que se iniciaran con posterioridad a la entrada en funciones de los nuevos tribunales, podrían ser conocidas por éstos. Agregó que esta posibilidad de optar que se establecía, permitiría a quienes tengan sus causas radicadas ante los Directores Regionales del Servicio o ante el Director Nacional, que prefieran que ellas sean tramitadas ante tribunales independientes, plegarse al nuevo sistema.

Ante la prevención formulada por el diputado señor Burgos, acerca de que uno de los aspectos que más se había cuestionado acerca de esta iniciativa, era que la disminución que se proponía también afectaría a los tribunales que aún no se habían implementado a la época de presentación del proyecto, respecto de los cuales, a diferencia de los que ya estaban en funciones, no existían antecedentes acerca del flujo efectivo de causas que deberían conocer, el señor Subsecretario explicó que ello ya se había tratado durante el primer trámite en el Senado, porque cuando eso ocurrió aún no se establecían los tribunales de la Región Metropolitana y de Valparaíso. Por ello, no pareciendo posible proyectar los mismos bajos ingresos generados en el resto de las regiones y, por lo contrario, precaviendo lo que podría suceder como consecuencia de la mayor concentración de empresas en la zona central, se había presentado una indicación para excluir la disminución de cargos en los tribunales de la zona citada.

2.- Don Miguel Zamora Rendic, coordinador de políticas tributarias del Ministerio de Hacienda, refiriéndose al derecho de opción que se establecía y que había mencionado el Subsecretario, señaló que ello había tenido buena acogida entre los interesados por la indudable ventaja que representaba poder ventilar sus causas ante tribunales independientes.

En cuanto al contenido del proyecto, señaló que se corregían diversos errores y se introducían mejoras en la ley N° 20.322, entre las que destacó lo siguiente:

1° Se extendía la competencia territorial del Primer y Segundo Tribunal de la Región Metropolitana a la comuna de Isla de Maipo, la que por un olvido no se incluyó en la ley mencionada. Este olvido había traído como consecuencia que una empresa domiciliada en esa comuna, no tuviera un tribunal al que recurrir por cuanto los de la Región Metropolitana no tenían competencia sobre ese territorio.

2° Se establecía un sistema de subrogancia entre los jueces de carácter recíproco y atendiendo a su funcionamiento en pares, es decir, por ejemplo, el tribunal de la Segunda Región será subrogado por el de la Tercera y éste por el de la Segunda.

3° Se agregaban disposiciones sobre subrogación de los secretarios abogados de los tribunales.

4° Se ampliaba la competencia en materia aduanera a los cuatro tribunales de la Región Metropolitana, la que actualmente se entrega sólo al Primer Tribunal , circunstancia que permitirá una mejor distribución de la carga de trabajo.

5° Se efectúa un reordenamiento de las comunas correspondientes a la jurisdicción territorial de cada tribunal y se divide la Región Metropolitana en dos grandes porciones territoriales: Santiago Poniente y Santiago Oriente respecto de las cuales los tribunales pares funcionan con competencia común, correspondiendo el Primer y Segundo Tribunal a la primera microzona y el Tercero y Cuarto a la segunda.

Explicó que esta nueva distribución de las competencias había tenido una buena acogida de los jueces de la Región Metropolitana, toda vez que durante el tiempo que llevan instalados los tribunales, se había podido constatar que como consecuencia de la distribución territorial de las comunas y la asignación de competencia de los tribunales sobre los contribuyentes domiciliados en ellas, el Tercer Tribunal había concentrado el conocimiento de la mayor parte de las causas y el Cuarto Tribunal tenía un ingreso diez veces inferior al de este último.

6° Se modificaban los requisitos para el cargo de profesional experto, respecto del cual se exigía actualmente contar con el título profesional de una carrera de, a lo menos, diez semestres de duración. La modificación rebajaba esta exigencia a sólo ocho semestres de duración, principalmente, como una forma de favorecer a los contadores, los que constituyen la mayoría de los profesionales expertos en temas tributarios y aduaneros y cuyas carreras tienen una duración de ocho semestres, salvo una sola excepción.

7° Se establece que las autorizaciones de las comisiones de servicios de los jueces tributarios corresponderán al Presidente de la respectiva Corte de Apelaciones y se eleva a la calidad de ley el conocimiento preferente en materia tributaria que, en los hechos, ha tenido la sala tributaria de la Corte de Apelaciones de Concepción.

8° Se introduce una norma de resguardo a favor de los contribuyentes en el uso de sus documentos en los juicios tributarios y se precisan los plazos para apelar en los procedimientos especiales regidos por el Código Tributario.

Ante la consulta del diputado señor Burgos acerca de las razones que justifican las modificaciones que se introducen en el Código Orgánico de Tribunales y que incluyen la disminución de miembros de las Cortes de Valparaíso, San Miguel y Concepción como también de relatores, explicó que al dictarse la ley N° 20.322 se había esperado un incremento explosivo de causas tributarias para la Corte de Santiago y para las tres mencionadas, razón por la que se había dispuesto que tuvieran una sala de dedicación exclusiva a materias tributarias, debiendo las demás Cortes tener salas de conocimiento preferente. Como el aumento esperado no se produjo, se justifica la disminución que se propone. En el caso específico de la Corte de Concepción, la sala exclusiva había funcionado, en los hechos, desde dos años antes a la presentación de este proyecto, sólo como sala preferente, por lo que el proyecto no hacía otra cosa más que reconocer tal situación. En el caso de Santiago, como se esperaba una situación distinta, se mantuvo la sala exclusiva en la Corte.

Ante una nueva consulta del diputado señor Cardemil ante lo impropio que parecía que la sala exclusiva de la Corte de Concepción hubiera funcionado en el hecho sólo como sala preferente, siendo que la ley disponía que funcionara como exclusiva, señaló que se había interpretado que el carácter exclusivo no significaba que fuera excluyente de las demás materias de su competencia.

Agregó que la ley había modificado también el Código Tributario para disponer que la Corte de Apelaciones que tuviere jurisdicción sobre el lugar en que estuviere instalado el tribunal de primera instancia, sería la competente para conocer de las apelaciones que se dedujeran en materia tributaria, sin tener en consideración el domicilio del contribuyente. Lo anterior había significado que como consecuencia de haber quedado instalados los cuatro tribunales tributarios de la Región Metropolitana en las comunas de Santiago y Providencia, la Corte de San Miguel se había quedado sin competencia sobre la materia. Esa sería la razón por la que se adecuaría el número de ministros que requiere.

Sobre este punto, el abogado señor Mery hizo presente que como consecuencia de no haberse producido el considerable aumento de ingresos que se esperaba en materia tributaria, la Corte Suprema había adoptado, dentro de sus facultades de gobierno judicial, una serie de medidas que hacían imposible cumplir con las modificaciones introducidas por la ley N° 20.322. En el caso específico de la undécima sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, que debiera dedicarse exclusivamente a materias tributarias, sus tres ministros atendían, separadamente, uno a dictar sentencias en materia criminal, otro a causas de derechos humanos y, el tercero, a cargo de las causas de los exonerados. Por lo tanto, el propósito que se tuvo en vista para nombrarlos con un objetivo concreto, no se ha cumplido y la sala se ha conformado con los subrogantes que tienen dedicación exclusiva y por abogados integrantes.

3.- Don Sergio Vera Aparicio, Presidente de la Asociación Nacional de Magistrados Tributarios y Aduaneros de Chile (ANMTTACH), inició su intervención reconociendo que el proyecto subsanaba las carencias de la ley N° 20.322, agregando que no tenía objeciones respecto de materias tales como:

-Las reglas de subrogación de los secretarios.

-La regulación de los permisos y feriados de los jueces tributarios y aduaneros, que exige la autorización de la Corte respectiva, lo que es lógico porque se trata del superior jerárquico.

-Las modificaciones referidas a algunas Cortes de Apelaciones en lo referente a la supresión de salas especializadas.

-La modificación de los requisitos exigibles para la contratación de los profesionales expertos, toda vez que la exigencia de carreras con diez semestres de duración, dificulta la contratación para esos cargos de personas con título de contadores auditores, cuya carrera dura precisamente ocho semestres.

-El derecho de opción que se establece a favor de los contribuyentes que tienen causas pendientes ante las autoridades tributarias, permitiéndoles seguir en ese sistema o someter el conocimiento de esos asuntos a los tribunales tributarios y aduaneros, en el marco de independencia e imparcialidad que han demostrado durante su funcionamiento.

-El sistema de turnos en la Región Metropolitana, aún cuando creía necesario clarificar el problema de la competencia de las Cortes de Santiago y de San Miguel, lo que podría resolverse por la vía de un auto acordado de la Corte Suprema, a fin de evitar problemas como el que se presenta a la magistrado del Tercer Juzgado de la Región Metropolitana , que no tiene claro acerca de quién debe pronunciarse sobre sus permisos administrativos, calificaciones y vacaciones.

En cuanto a la reducción de cargos, que como ya se ha dicho son en total diez, correspondientes a siete auxiliares, dos resolutores y un administrativo, señaló que la Asociación era contraria por diversas razones, entre las que mencionó el hecho de que cada vez se registraban más ingresos, habiendo alcanzado la cuantía general de los asuntos a una cifra nominal de más de ocho billones de pesos, lo que llevaba a pensar que con el tiempo debería potenciarse a estos tribunales y ampliar su competencia al conocimiento de asuntos que hoy tratan los juzgados de policía local o los tribunales ordinarios. En todo caso, estimaba que en este instante la reducción de planta que se proyectaba no sería tan compleja, por cuanto se evitó la disminución que pensó efectuarse en los tribunales de la Región Metropolitana, de Valparaíso y de Rancagua, todos los que actualmente tienen una gran carga de trabajo, siendo necesario para funcionar adecuadamente que las judicaturas cuenten con tecnología y personal suficiente. Además de lo anterior, el hecho de que los cargos que se suprimen quedaran en extinción, significaba que quienes los ocupan hoy, podrían dejarlos en cinco años más, por lo que dicha reducción no constituiría un problema patente en este momento. En consecuencia, aun cuando siendo la Asociación contraria a la reducción propuesta, no tendría objeto dejar de avanzar en los aspectos positivos reseñados.

Expresó no estar de acuerdo con que la Unidad Administradora de los Tribunales Tributarios y Aduaneros dependiera del Ministerio de Hacienda, Secretaría de Estado que controla a los dos principales litigantes de los juicios que conocen los Tribunales Tributarios, como son el Servicio de Impuestos Internos y el Servicio Nacional de Aduanas. A su juicio, a futuro debería pensarse en la alternativa planteada por el mismo Subsecretario señor Dittborn en sus tiempos de diputado , en el sentido de que dicho organismo tuviera carácter transitorio y que estos tribunales pasaran a depender del Poder Judicial . Podría también pensarse en la creación de una Corte Nacional Tributaria, orientada a unificar la jurisprudencia emanada de estos Tribunales a fin de que haya certeza jurídica y puedan los inversores mirar a Chile como una plataforma de inversión internacional hacia Latinoamérica.

Ante una consulta del diputado señor Ceroni, quien, reflexionando acerca del hecho que las Cortes de Apelaciones cuyos integrantes, por lo general, no son especialistas en materia tributaria, deban resolver sobre estos temas, circunstancia que lo hacía comprender la aspiración de la Asociación en orden a contar con una Corte Nacional Tributaria que unificara jurisprudencia y diera mayor certeza jurídica sobre las reglas que se deben plantear a los inversionistas extranjeros, lo que lo llevó a mostrar interés en conocer la experiencia de la judicatura tributaria en relación con los fallos de las Cortes en materias de su competencia, el mismo señor Vera, reconociendo la excepcional preparación de los ministros de las Cortes, señaló que los temas tributarios estaban en constante evolución y eran de gran complejidad, lo que se reflejaba en las normas de tributación internacional que se aplicaban en el país, en los tratados y en las interpretaciones de la ley tributaria.

Hizo presente que en los análisis que efectúan las universidades o la academia de las sentencias que se publican en la página web del Servicio de Impuestos Internos, es posible encontrar fallos contradictorios emanados de distintas Cortes, aceptando, por ejemplo, algunos que la nulidad de derecho público sea conocida por los tribunales tributarios y aduaneros y otros no, todo lo cual genera falta de certeza jurídica. Lo anterior lo llevaba a apoyar, a título personal, la creación de una Corte nacional que reemplazara la sala especializada que se mantendrá en la corte santiaguina, y que se encargara de conocer las apelaciones que se interpongan en el país, a fin de garantizar certidumbre a todos los actores nacionales e internacionales.

Explicó que a los jueces tributarios les agradaba su trabajo y tenían interés en entregar lo más útil al país en la mejor forma, por ello, aún cuando la materia tributaria era compleja, pensaban que tribunales especializados requerían una corte que compartiera esa característica, que se integrara por ministros elegidos entre los jueces tributarios, la que estaría más habilitada para conocer de los asuntos, contribuiría a hacer más expedito el sistema y haría justicia a la carrera funcionaria.

Refiriéndose, luego, a la estructura de estos tribunales, señaló que debería entendérsela como transitoria, toda vez que hay funcionarios en la planta con grado XX que no tienen parangón con el Poder Judicial en el que la carrera comienza en el grado XVII, grado este último que es el que tienen los administrativos de los tribunales tributarios que, si estuvieran en el Poder Judicial , figurarían en el grado XIII. Estas diferencias hacían que fuera fácil que personas capacitadas en materia tributaria emigraran al sector privado, como ya había sucedido con el juez de Antofagasta , quien fue rápidamente contratado por una importante firma auditora, seguramente en mejores condiciones. Señaló que había más funcionarios que esperaban también retirarse luego de haber recibido una gran capacitación, cosa que sucedía por el hecho de no tener una carrera funcionaria. Terminó señalando que si pertenecieran al Poder Judicial tendrían, además, la posibilidad de participar en los cursos de habilitación para jueces que imparte la Academia Judicial.

4.- Don Oscar Meriño Maturana, Vicepresidente de la Asociación Nacional de Magistrados Tributarios y Aduaneros de Chile, explicó que se desempeñaba como titular del Segundo Tribunal Tributario y Aduanero de la Región Metropolitana en el que se tramitaba el 80% de las causas por reclamos tributarios, lo que constituía una fuerte carga de trabajo, problema de distribución entre los distintos tribunales que este proyecto pretendía enfrentar. Creía que si bien podrían haberse efectuado algunos ajustes en relación con las plantas de los tribunales, resultaba importante que se lo aprobara en este trámite.

Ante una consulta del diputado señor Ceroni acerca de la carga de trabajo de estos tribunales, señaló que de acuerdo a las proyecciones del Servicio de Impuestos Internos, se emitirían este año 30.000 liquidaciones centralizadas, 3.000 auditorías, 12.000 reclamos de avalúos y 30.000 denuncias, lo que significaba un total de 75.000 potenciales reclamos ante los tribunales.

5.- Doña Paulina González Vergara, Jefa de la División Jurídica del Ministerio de Justicia, explicó que este proyecto se había trabajado en forma conjunta con el Ministerio de Hacienda y que, en términos generales, se apoyaba la iniciativa porque obedecía a criterios de funcionalidad y de eficiencia, por cuanto la carga de trabajo proyectada se había sobreestimado, aún cuando persistían ciertas disparidades al interior de los tribunales tributarios y aduaneros de la Región Metropolitana.

En lo que se refería a la supresión de cargos, recordó que la iniciativa original era bastante más ambiciosa por cuanto se eliminaban 37 cargos, incluyendo en ellos jueces y resolutores, pero que, en definitiva, se había reducido solamente a diez, supresión que se justificaba por la carga de trabajo que efectivamente tenían y por las proyecciones que existían. No obstante lo anterior, el Ministerio de Justicia, atendiendo a la estabilidad de las personas que ocupan cargos que no se encuentran vacantes, había incluido una norma transitoria por la que se disponía que la modificación de las plantas en lo que se refería a la supresión de cargos que estuvieren siendo servidos, se produciría una vez que quedaren vacantes por causas legales, es decir, renuncia o destitución, y aquellos que estuvieren efectivamente vacantes se eliminarían de inmediato.

Explicó que en el caso de la Región Metropolitana, respecto de los cuatro tribunales tributarios y aduaneros se había establecido una competencia geográfica específica, es decir, cada tribunal comprendía determinadas comunas, lo que se había traducido en una disparidad en los cargos. De aquí, entonces, que la iniciativa repartiera las comunas en dos grandes grupos, asignándolas en conjunto al Primer y Segundo Tribunal, por un parte y al Tercero y Cuarto, por otra, de tal modo de racionalizar la cantidad de causas en función de la capacidad instalada. Agregó que en lo que se refería a la distribución interna se aplicaría un procedimiento objetivo y racional que determinaría la Corte de Apelaciones de Santiago mediante un auto acordado. Aclaró que el Cuarto Tribunal tenía dos jueces, pero funcionaba con carácter de unipersonal y no de colegiado.

En lo que se refería al conocimiento en segunda instancia de estas causas, señaló que en atención al número de ingresos y a las proyecciones existentes en cuanto a los recursos que podrían presentarse, se estimó que no eran necesarias las salas especializadas en las Cortes de Valparaíso, de Concepción y de San Miguel, estableciéndose, en cambio, siguiendo el criterio expresado por la Corte Suprema, no el conocimiento exclusivo de asuntos tributarios por estas salas sino únicamente una atención preferente respecto de tales materias.

Respecto a lo que se había afirmado en cuanto a la necesidad de que existiera un tribunal de segunda instancia especializado, integrado por quienes hubieren sido jueces tributarios, dado que los integrantes de las Cortes actuales carecen de la experticia específica para tratar temas tributarios y aduaneros, señaló que dicha tendencia se encontraba en retirada en el derecho comparado y que se estimaba peligroso su establecimiento pues si se requiriera un nivel tan elevado de conocimientos específicos, podría sostenerse la necesidad de tener que contar, por ejemplo, con cortes especializadas en materia de responsabilidad médica o de la construcción. Explicó que frente a este tipo de requerimientos se había optado por impulsar el establecimiento de salas o tribunales integrados no solo por abogados sino también por ingenieros, como sucedía en el caso del Panel de Expertos de la Ley General de Servicios Eléctricos y en el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Señaló que en el ámbito procesal civil se había optado por fortalecer a los grupos de apoyo de los ministros de las cortes de apelaciones, ya que había casos en que cada ministro contaba con un equipo de abogados o de expertos en otras profesiones que les prestaban asesoría. No creía que el análisis de esta materia debiera darse únicamente en el aspecto tributario y aduanero, sino que también en otros que exigieran un cierto grado de experticia y en que podría faltar apoyo a los jueces de segunda instancia, materia que, en todo caso, debería tratarse en el contexto de la reforma procesal civil, al abordar la parte orgánica.

En lo que se refería a la Unidad Administradora de los Tribunales Tributarios y Aduaneros, señaló que le parecería extraño que dependiese del Poder Judicial por cuanto ningún otro tribunal que forme parte de ese Poder del Estado cuenta con un órgano semejante. Por ello creía más apropiado que siguiera siendo una dependencia funcionalmente desconcentrada de la Subsecretaría de Hacienda .

El abogado señor Mery coincidiendo con las expresiones de la representante del Ejecutivo en lo relativo a la necesidad de tribunales especializados en segunda instancia, recordó que cuando se trató el proyecto de ley que creó los tribunales ambientales, se planteó, más que establecer una corte especializada o un diseño institucional de tribunales de alzada, reglar un recurso con determinadas particularidades. Al igual que la representante del Ejecutivo, creía que tanta particularidad de la justicia desde el punto de vista orgánico, podía no ser conveniente, especialmente si se consideraba que por la vía de los recursos una corte de apelaciones, sin tanto especialización como la que tienen los tribunales de primera instancia, podía efectuar el correspondiente control de legalidad, algo que, en principio, no exigía una especialidad tan completa.

VI. SÍNTESIS DEL PROYECTO APROBADO POR EL SENADO.

De conformidad a lo establecido en el número 2° del artículo 289 del Reglamento de la Corporación, el texto aprobado por el Senado consta de tres artículos permanentes y tres transitorios:

Por el número 1) de su artículo 1° introduce seis modificaciones en el artículo primero de la ley N° 20.322, que fija el texto de la Ley Orgánica de Tribunales Tributarios y Aduaneros:

Por su letra a):

-sustituye los incisos segundo y tercero del artículo 3° para unir los tribunales tributarios y aduaneros de la Región Metropolitana en dos grupos; primero con segundo y tercero con cuarto, teniendo cada grupo competencia común sobre las comunas que en cada caso se indican

-sujeta la distribución de causas dentro de cada grupo a un procedimiento objetivo y general que establecerá la Corte de Apelaciones de Santiago por medio de un auto acordado.

-como consecuencia de lo anterior, suprime el inciso cuarto, que se refiere también a la distribución de causas.

Por su letra b) sustituye el inciso primero del artículo 4° para establecer las plantas de los Tribunales Tributarios y Aduaneros.

Por su letra c) introduce dos modificaciones en el artículo 6°:

-rebaja la exigencia para los profesionales expertos de haber cursado una carrera de diez semestres de duración, por una de ocho semestres.

-suprime la exigencia de que a lo menos un profesional experto de los tribunales de la I y V Regiones y Primer Tribunal de la Región Metropolitana, deben acreditar conocimientos en materia aduanera.

Por su letra d) modifica el artículo 10:

-establece reciprocidad en la subrogación de los tribunales tributarios y aduaneros, subrogándose entre sí por pares, es decir, el de la II Región será subrogado por el de la III y el de este último por el de la II.

-establece reglas para la subrogación del secretario abogado de estos tribunales.

Por su letra e) modifica el artículo 13 para incluir las comisiones de servicios del juez tributario, entre las acciones que deben ser autorizadas por el Presidente de la respectiva Corte de Apelaciones.

Por su letra f) modifica la planta de personal de los Tribunales Tributarios y Aduaneros, reduciéndola en diez cargos.

Por el número 2 de su artículo 1° modifica el artículo noveno de la ley N° 20.322 para suprimir en las plantas de las Cortes de Apelaciones de San Miguel y de Valparaíso los cargos de un oficial 2°, grado 12 y un oficial 6° de sala, grado 16.

Por el número 3 de su artículo 1° introduce las siguientes modificaciones en el artículo 1° transitorio de la ley N° 20.322

-Por su letra a) agrega en el inciso primero un párrafo final para establecer el derecho del contribuyente que tuviere causas pendientes ante la autoridad tributaria, optar porque ella sea conocida por el correspondiente Tribunal Tributario y Aduanero.

-Por su letra b) intercala tres nuevos incisos a continuación del primero para señalar el procedimiento aplicable para el ejercicio de la opción

Por el número 4 de su artículo 1° agrega en el artículo 4° transitorio de la ley N° 20.322, dos nuevo párrafos para establecer el derecho de quienes tuvieren causas pendientes de resolución ante el Director Regional o Administrador de Aduanas respectivo, o reclamaciones de multas ante la Junta General de Aduanas, optar porque estas cuestiones se sometan al conocimiento del correspondiente Tribunal Tributario y Aduanero, aplicando similar procedimiento al señalado en la letra b) anterior.

Por el artículo 2° introduce cuatro modificaciones en el Código Orgánico de Tribunales:

-Por su letra a) modifica los números 3° y 4° del artículo 56 para disminuir el número de ministros de la Corte de Apelaciones de Valparaíso de 19 a 16 y de la Corte de Apelaciones de San Miguel de 22 a 19.

-Por su letra b) modifica el artículo 59 para disminuir el número de relatores de la Corte de Apelaciones de San Miguel de 13 a 12.

-Por su letra c) introduce dos modificaciones en el artículo 61:

Por la primera modifica el inciso primero para disminuir el número de salas en que se divide la Corte de Apelaciones de Valparaíso de 6 a 5 y de la Corte de Apelaciones de San Miguel de 7 a 6.

Por la segunda sustituye los incisos segundo y tercero para establecer que se preferirá para la integración de las salas exclusivas o preferentes a aquellos ministros que posean conocimientos especializados en materia tributaria y aduanera, salvo en el caso de la Corte de Santiago en que los ministros necesariamente deberán poseer dichos conocimientos.

-Por su letra d) sustituye el inciso séptimo del artículo 66 para establecer que la Corte de Apelaciones de Santiago deberá designar una de sus salas para que conozca exclusivamente de los asuntos tributarios y aduaneros que se promuevan.

Por el artículo 3° introduce tres modificaciones en el Código Tributario:

- Por su número 1) modifica el artículo 132 para permitir que dentro del procedimiento de reclamo, pueda el reclamante excusarse de no haber acompañado la documentación que le solicitara el Servicio de Impuestos Internos, por el hecho de haber solicitado prórroga al Servicio del plazo original para contestar la citación y ella no le haya sido concedida o se le hubiere fijado un plazo inferior.

-Por su número 2) introduce dos modificaciones en el artículo 147:

Por la primera modifica el inciso tercero para dejar en manos del Tribunal Tributario y Aduanero la facultad de disponer la suspensión total o parcial del cobro judicial de un impuesto.

Por la segunda sustituye el inciso cuarto para disponer que la facultad anterior podrá ser ejercida por el Director Regional cuando no se presentare reclamación.

Por su número 3) introduce dos modificaciones en el artículo 161, que trata del procedimiento por las sanciones aplicables a infracciones tributarias que no tengan pena privativa de libertad:

-Por la primera, agrega en el párrafo segundo del número 3°, en lo relativo a la concesión de medidas conservativas destinadas a evitar que desaparezcan antecedentes de prueba, que el plazo para apelar de la concesión de tales medidas será de quince días a contar de la notificación de la sentencia.

-Por la segunda, en lo que se refiere a las infracciones que se sancionan con multas y penas privativas de libertad, específicamente respecto de las medidas que puede disponer el Director del Servicio para llevar a efecto la recopilación de antecedentes, consistentes en la aposición de sellos y la incautación de libros de contabilidad, agrega en el inciso final de este artículo, que contra las medidas señaladas podrá apelarse en el plazo de quince días a contar desde la notificación de la sentencia.

Por el artículo 1° transitorio, establece que la modificación de las plantas de los Tribunales Tributarios en lo que se refiere a los cargos que están siendo servidos actualmente, se producirá una vez que el cargo que se suprime quede vacante por las causales legales.

Por el artículo 2° transitorio, plantea que, en lo referente a la exigencia de 5 años de antigüedad que debe tener el funcionario que deba subrogar al secretario abogado a falta de resolutor y profesional experto que sea abogado, sólo será aplicable a contar del 1 de febrero de 2018. Antes de tal fecha la antigüedad mínima será de dos años.

Por el artículo 3° transitorio, establece que la opción para que las causas tributarias que se hallaren pendientes ante la antigua justicia tributaria, pasen a ser conocidas por los Tribunales Tributarios y Aduaneros, podrá ser ejercida dentro de los cuatro meses siguientes a la publicación como ley de este proyecto en el Diario Oficial.

VII. DISCUSIÓN DEL PROYECTO

a.- Discusión general

La Comisión coincidió plenamente con lo fines perseguidos por esta iniciativa y, sin mayor debate, procedió a aprobar la idea de legislar por unanimidad, con los votos de los diputados señores Pedro Araya, Jorge Burgos, Giovanni Calderón, Alberto Cardemil, Cristián Letelier, Cristián Mönckeberg y Arturo Squella.

b.- Discusión particular

No teniendo reparos que formular, la Comisión procedió a aprobar sin debate, por unanimidad, en los mismos términos propuestos por el Senado, cada una de las disposiciones del proyecto, con los votos de los diputados señores Burgos, Calderón, Cardemil, Ceroni, Harboe, Cristián Mönckeberg y Squella.

-o-

Por las razones señaladas y por las que dará a conocer oportunamente el señor diputado informante , esta Comisión recomienda aprobar el proyecto de conformidad al siguiente texto:

“PROYECTO DE LEY:

“Artículo 1°.- Modifícase la ley Nº 20.322, que fortalece y perfecciona la jurisdicción tributaria y aduanera, de la siguiente manera:

1) Introdúcense las siguientes modificaciones en el artículo primero, que contiene el texto de la ley orgánica de tribunales tributarios y aduaneros:

a) Modifícase el artículo 3º del modo que sigue:

i) Sustitúyense los incisos segundo y tercero, por los siguientes:

“Con asiento en la Región Metropolitana de Santiago, créanse los siguientes Tribunales Tributarios y Aduaneros:

Primer y Segundo Tribunal, cada uno con un juez y cuyo territorio jurisdiccional será el de las comunas de Santiago, Independencia, Recoleta, Cerro Navia, Colina, Curacaví, Estación Central, Huechuraba, Lampa, Lo Prado, Pudahuel, Quilicura, Quinta Normal , Renca, Til Til, Conchalí, Maipú, Cerrillos, Padre Hurtado , Peñaflor, Talagante, El Monte, Melipilla, San Pedro, Alhué, Isla de Maipo y María Pinto.

Tercer Tribunal, con un juez, y Cuarto Tribunal, con dos jueces, cuyo territorio jurisdiccional será el de las comunas de San Miguel, La Cisterna, San Joaquín, Pedro Aguirre Cerda, Lo Espejo, La Granja, San Ramón, La Pintana, San Bernardo, Calera de Tango, Buin, Paine, El Bosque, Providencia, Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea, Ñuñoa, La Reina, Macul, Peñalolén, La Florida, Puente Alto, Pirque y San José de Maipo.

La distribución de las causas entre el Primer y Segundo Tribunal, por un lado, y entre el Tercer y Cuarto Tribunal, por otro, todos de la Región Metropolitana, se realizará de acuerdo a un procedimiento objetivo y general que deberá ser establecido mediante auto acordado por la Corte de Apelaciones de Santiago.”.

ii) Suprímese el inciso cuarto.

b) Sustitúyese el inciso primero del artículo 4°, por el siguiente:

“Artículo 4°.- Los Tribunales Tributarios y Aduaneros tendrán las siguientes plantas:

TRIBUNAL TRIBUTARIO Y ADUANERO I REGIÓN

Cargos

N° de Cargos

Juez Tributario y Aduanero

1

Secretario Abogado

2

Resolutor

2

Profesional Experto

2

Administrativo

1

Total planta

8

TRIBUNAL TRIBUTARIO Y ADUANERO II y IV REGIÓN

Cargos

N° de Cargos

Juez Tributario y Aduanero

1

Secretario Abogado

1

Profesional Experto

1

Administrativo

1

Auxiliar

1

Total planta

5

TRIBUNAL TRIBUTARIO Y ADUANERO V REGIÓN

Cargos

N° de Cargos

Juez Tributario y Aduanero

1

Secretario Abogado Tributario

1

Secretario Abogado Aduanero

1

Resolutor

6

Profesional Experto

2

Administrativo

2

Auxiliar

1

Total planta

14

TRIBUNAL TRIBUTARIO Y ADUANERO VI y IX REGIÓN

Cargos

N° de Cargos

Juez Tributario y Aduanero

1

Secretario Abogado

1

Resolutor

1

Profesional Experto

1

Administrativo

1

Auxiliar

1

Total planta

6

TRIBUNAL TRIBUTARIO Y ADUANERO VII y X REGIÓN

Cargos

N° de Cargos

Juez Tributario y Aduanero

1

Secretario Abogado

1

Resolutor

1

Profesional Experto

1

Administrativo

1

Total planta

5

TRIBUNAL TRIBUTARIO Y ADUANERO VIII REGIÓN

Cargos

N° de Cargos

Juez Tributario y Aduanero

1

Secretario Abogado

1

Resolutor

2

Profesional Experto

1

Administrativo

1

Auxiliar

1

Total planta

7

TRIBUNAL TRIBUTARIO Y ADUANERO III, XII, XIV y XV REGIÓN

Cargos

N° de Cargos

Juez Tributario y Aduanero

1

Secretario Abogado

1

Profesional Experto

1

Administrativo

1

Total planta

4

TRIBUNAL TRIBUTARIO Y ADUANERO XI REGIÓN

Cargos

N° de Cargos

Juez Tributario y Aduanero

1

Secretario Abogado

1

Administrativo

1

Auxiliar

1

Total planta

4

PRIMER TRIBUNAL REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO

Cargos

N° de Cargos

Juez Tributario y Aduanero

1

Secretario Abogado Tributario

1

Secretario Abogado Aduanero

1

Resolutor

7

Profesional Experto

2

Administrativo

2

Auxiliar

1

Total planta

15

SEGUNDO Y TERCER TRIBUNAL REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO

Cargos

N° de Cargos

Juez Tributario y Aduanero

1

Secretario Abogado

1

Resolutor

3

Profesional Experto

1

Administrativo

2

Auxiliar

1

Total planta

9

CUARTO TRIBUNAL REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO

Cargos

N° de Cargos

Juez Tributario y Aduanero

2

Secretario Abogado

1

Resolutor

4

Profesional Experto

3

Administrativo

2

Auxiliar

1

Total planta

13”.

c) Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 6º:

i) Sustitúyese, en el inciso tercero, la palabra “diez” por el término “ocho”.

ii) Suprímese el inciso cuarto.

d) Modifícase el artículo 10 del modo que sigue:

i) Reemplázase el inciso tercero por el siguiente:

“A falta o inhabilidad de todos los anteriores, subrogará el secretario abogado del Tribunal Tributario y Aduanero que se indica en la tabla siguiente. A falta o inhabilidad del secretario abogado de este último tribunal, subrogará el juez del mismo. En todo caso, la subrogación de los tribunales indicados en la tabla será recíproca entre los mismos; así, por ejemplo, al VII Tribunal lo subrogará el VI Tribunal, y a este último lo subrogará el VII Tribunal:

XV Región I Región

II Región III Región

IV Región V Región

VI Región VII Región

VIII Región IX Región

X Región XIV Región

XI Región XII Región

1° Tribunal Región Metropolitana 2° Tribunal Región Metropolitana

3° Tribunal Región Metropolitana 4° Tribunal Región Metropolitana”.

ii) Incorpórase el siguiente inciso final:

“La subrogación del secretario abogado corresponderá al funcionario que se desempeñe como resolutor del mismo tribunal. Si hubiere más de uno, subrogará el más antiguo de ellos. Si hubiere dos o más con la misma antigüedad, corresponderá la subrogación a aquel de ellos que el respectivo juez haya determinado. En ausencia de los anteriores, subrogará el profesional experto que sea abogado, salvo que no exista profesional experto abogado, en cuyo caso podrá subrogar un funcionario del mismo tribunal con al menos 5 años de antigüedad en el cargo y que sea designado por el juez. A falta o inhabilidad de éstos, subrogará quien decida el Presidente de la Corte de Apelaciones en cuyo territorio jurisdiccional tenga asiento el tribunal que requiere la subrogación, debiendo ser abogado el funcionario que elija para tales efectos y no pudiendo este funcionario subrogar en caso alguno al juez si fuesen aplicables a su vez las normas de subrogación de los incisos primero a cuarto anteriores.”.

e) Intercálase, en el artículo 13, a continuación de la palabra “feriado”, la expresión “, comisiones de servicio”.

f) Reemplázase la tabla del artículo 25, por la siguiente:

“ ”.

Cargos

N° de Cargos

Grados

Juez Tributario y Aduanero

19

V

Secretario Abogado

21

VII

Resolutor

31

X

Profesional Experto

22

X

Administrativo

23

XVII

Auxiliar

11

XX

Total planta

127

2) Suprímese, en el artículo noveno, la expresión “, San Miguel, Valparaíso”.

3) Modifícase el artículo 2º transitorio de la siguiente forma:

a) Agrégase, en el inciso primero, la siguiente oración final: “No obstante lo anterior, a opción del contribuyente reclamante, estas causas podrán ser sometidas al conocimiento de los Tribunales Tributarios y Aduaneros que, una vez instalados, sean competentes de acuerdo a esta ley para conocer dichas causas.”.

b) Incorpóranse los siguientes incisos segundo, tercero y cuarto:

“Para los efectos anteriores, el reclamante comunicará al Director Regional del Servicio de Impuestos Internos , en su calidad de juez tributario, del ejercicio de la opción, debiendo quedar constancia de la misma en el expediente respectivo. En este caso, el tribunal deberá resolver dicha presentación sin más trámite y enviará el expediente al Tribunal Tributario y Aduanero correspondiente, produciéndose el desasimiento del primer tribunal.

Una vez recibido el expediente por el Tribunal Tributario y Aduanero, el reclamante deberá cumplir con lo prescrito en el inciso segundo del artículo 129 del Código Tributario, dentro del plazo de cinco días contado desde la recepción del expediente. Cumplido lo anterior, se tendrá por interpuesto el reclamo original, reiniciándose su tramitación de acuerdo al nuevo procedimiento que establece esta ley.

En caso de verificarse lo anterior, y para efectos del inciso final del artículo 201 del Código Tributario, se entenderá que el Servicio de Impuestos Internos ha estado impedido de girar desde la interposición del reclamo original. Asimismo, los reajustes e intereses devengados durante la tramitación del reclamo ante el Director Regional del Servicio de Impuestos Internos correspondiente, continuarán devengándose durante la tramitación del juicio ante el Tribunal Tributario y Aduanero, sin solución de continuidad.”.

4) Agréganse, en el artículo 4° transitorio, las siguientes oraciones finales: “No obstante lo anterior, a opción del reclamante, los reclamos de cargos deducidos conforme al artículo 117 de la Ordenanza de Aduanas en vigor con anterioridad a la vigencia de esta ley, y que estén actualmente pendientes de ser resueltos ante el Director Regional o Administrador de Aduanas respectivo, podrán someterse al conocimiento del Tribunal Tributario y Aduanero correspondiente. Igual opción existirá respecto de la reclamación de multas deducida conforme al artículo 186 de dicho cuerpo legal, vigente con anterioridad a la fecha de vigencia de la presente ley y que estén actualmente pendientes ante la Junta General de Aduanas. La opción referida se ceñirá a lo dispuesto en los incisos segundo y tercero del artículo 2° transitorio, debiendo entenderse que las referencias hechas en dichos incisos a los Directores Regionales del Servicio de Impuestos Internos corresponden a los Directores Regionales de Aduana , Administradores de Aduana o Junta General de Aduanas, según corresponda. Asimismo, la referencia al inciso segundo del artículo 129 del Código Tributario debe entenderse hecha al inciso final del artículo 122 de la referida Ordenanza de Aduanas.”.

Artículo 2°. Introdúcense las siguientes modificaciones al Código Orgánico de Tribunales:

a) Reemplázanse, en el artículo 56, los números 3º y 4° por los siguientes:

“3°. La Corte de Apelaciones de Valparaíso tendrá dieciséis miembros;

4°. Las Cortes de Apelaciones de San Miguel y Concepción tendrán diecinueve miembros, y”.

b) Sustitúyese, en el número 5º del artículo 59, la palabra “trece” por “doce”.

c) Modifícase el artículo 61 en los siguientes términos:

i) Sustitúyese, en el inciso primero, la frase “las Cortes de Apelaciones de Valparaíso y Concepción en seis salas; la Corte de Apelaciones de San Miguel en siete salas;”, por la siguiente: “la Corte de Apelaciones de Valparaíso, en cinco salas; las Cortes de Apelaciones de Concepción y San Miguel, en seis salas,”.

ii) Reemplázanse los incisos segundo y tercero, por los siguientes:

“No obstante, para los efectos de lo dispuesto en los incisos séptimo y noveno del artículo 66, las Cortes de Apelaciones designarán cada dos años, mediante auto acordado, a los miembros del tribunal que deberán integrar la sala a la que corresponda el conocimiento, en forma exclusiva o preferente, de los asuntos tributarios y aduaneros. Se preferirá para su integración a aquellos ministros que posean conocimientos especializados en estas materias, salvo en el caso del inciso séptimo del referido artículo, en el que los ministros deberán necesariamente poseer dichos conocimientos.

Para la acreditación de los conocimientos especializados a que se refiere el inciso anterior, se deberá contar con cursos de perfeccionamiento o postgrado sobre la materia.”.

d) Sustitúyese el inciso séptimo del artículo 66, por el siguiente:

“La Corte de Apelaciones de Santiago designará una de sus salas para que conozca exclusivamente de los asuntos tributarios y aduaneros que se promuevan. Dicha designación se efectuará mediante auto acordado que se dictará cada dos años.”.

Artículo 3º.- Introdúcense las siguientes modificaciones al Código Tributario, cuyo texto se encuentra contenido en el artículo 1° del decreto ley N° 830, de 1974:

1) Agrégase, en el inciso undécimo del artículo 132, a continuación de la palabra “imputables”, la siguiente frase final: “, incluyendo el caso de haber solicitado prórroga al Servicio del plazo original para contestar la referida citación y ella no fue concedida o lo fue por un plazo inferior al solicitado”.

2) Modifícase el artículo 147 del siguiente modo:

a) Sustitúyense, en el inciso tercero, las palabras “Director Regional” por la expresión “Tribunal Tributario y Aduanero”.

b) Reemplázase el inciso cuarto, por el siguiente:

“Cuando no se presentare reclamación, la facultad mencionada en el inciso anterior podrá ser ejercida por el Director Regional .”.

3) Modifícase el artículo 161 en la siguiente forma:

a) Agrégase, en el párrafo segundo del número 3° del inciso primero, la siguiente oración final: “El plazo para apelar será de 15 días, contado desde la notificación de la sentencia.”.

b) Incorpórase, en el inciso final, la siguiente oración final: “El plazo para apelar será de 15 días, contado desde la notificación de la sentencia.”.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo primero.- La modificación de las plantas de los Tribunales Tributarios y Aduaneros dispuesta por la letra b) del número 1) del artículo 1° de la presente ley, respecto de los cargos que a la fecha de su publicación se encontraren siendo servidos, se producirá una vez que el cargo respectivo quedare vacante por las causales legales correspondientes.

Artículo segundo.- Lo señalado en el numeral ii) de la letra d) del número 1) del artículo 1º, que incorpora un nuevo inciso final al artículo 10 de la ley Nº 20.322, en lo referente al requisito de los años de antigüedad en el cargo que debe tener el funcionario del tribunal para subrogar al secretario abogado correspondiente, será exigible a contar del 1º de febrero del año 2018. Con anterioridad a esa fecha, dicho funcionario deberá tener una antigüedad mínima de dos años en el cargo.

Artículo tercero.- La opción a que se refieren los números 3) y 4) del artículo 1º sólo podrá ser ejercida dentro de los cuatro meses siguientes a la fecha de publicación de la presente ley en el Diario Oficial.”.

-o-

Sala de la Comisión, a 7 de enero de 2014

Acordado en sesiones de fechas 17 de diciembre de 2013 y 7 de enero de 2014 con la asistencia de los diputados señor Cristián Mönckeberg Bruner ( Presidente ), señora Marisol Turres Figueroa y señores Pedro Araya Guerrero, Jorge Burgos Varela, Giovanni Calderón Bassi, Alberto Cardemil Herrera, Guillermo Ceroni Fuentes, Marcelo Díaz Díaz, Felipe Harboe Bascuñán, Cristián Letelier Aguilar, Ricardo Rincón González y Arturo Squella Ovalle.

(Fdo.): EUGENIO FOSTER MORENO, Abogado Secretario de la Comisión ”.

6. Informe de la Comisión de Hacienda recaído en el proyecto de ley que crea el Consejo de Estabilidad Financiera. (boletín Nº 9178-05)

“Honorable Cámara:

La Comisión de Hacienda informa, en primer trámite constitucional y en primero reglamentario, con urgencia calificada de “suma” y de “discusión inmediata”, según el caso, el proyecto mencionado en el epígrafe, iniciado en Mensaje de S.E. el Presidente de la República .

I. CONSTANCIAS REGLAMENTARIAS PREVIAS

Para los efectos constitucionales, legales y reglamentarios pertinentes, se hace constar, en lo sustancial, previamente al análisis de fondo y forma de esta iniciativa, lo siguiente:

1°) Que la idea matriz o fundamental del proyecto en informe consiste en crear el Consejo de Estabilidad Financiera para contribuir de mejor forma a cautelar la estabilidad financiera de la economía chilena.

2°) Que el inciso tercero del artículo 1°, el párrafo segundo del número 1 del artículo 2°, el párrafo segundo del número 2 del artículo 2°, el inciso segundo del artículo 6° y el artículo 10 tienen rango de ley orgánica constitucional en relación con el artículo 108 de la Constitución Política y el inciso primero del artículo 6° tiene rango de quórum calificado, en relación con el inciso segundo del artículo 8° de la Constitución Política.

3°) Que el proyecto fue aprobado en general por la unanimidad de los Diputados señores Auth, don Pepe; Jaramillo, don Enrique; Marinovic, don Miodrag; Montes, don Carlos; Ortiz, don José Miguel; Recondo, don Carlos; Robles, don Alberto, y Von Mühlenbrock, don Gastón.

4°) Que Diputado Informante se designó al señor Montes, don Carlos.

-o-

Asistieron a la Comisión durante el estudio del proyecto los señores Felipe Larraín, Ministro de Hacienda ; Julio Dittborn, Subsecretario de Hacienda ; Rodrigo Vergara, Presidente del Banco Central ; la señora Rosario Celedón, Coordinadora de Mercado de Capitales ; Francisco Moreno, Coordinador Legislativo , y Miguel Zamora, Coordinador de Políticas Tributarias, todos del Ministerio de Hacienda; Luis Opazo, Gerente de Estabilidad Financiera y Luis Álvarez, Gerente de Comunicaciones, ambos del Banco Central.

II. ANTECEDENTES GENERALES

A. Antecedentes de hecho y de mérito que justifican la iniciativa

En el Mensaje se sostiene que en los últimos años, el sector financiero ha experimentado una intensa transformación a nivel mundial, la que se ha caracterizado por la internacionalización e integración de los mercados, el desdibujamiento de las fronteras entre los sectores tradicionales, la ampliación del abanico de instrumentos financieros, la aparición de nuevos tipos de participantes y el creciente rol de los conglomerados financieros.

Chile no ha estado ajeno a dicha realidad. El sector financiero chileno ha experimentado un importante desarrollo en las últimas décadas y si bien aún se advierten desafíos relevantes en cuanto a profundidad y sofisticación en relación con otros mercados, éste exhibe una alta presencia de compañías transnacionales, una línea divisoria cada vez más difusa entre los diversos productos disponibles y una creciente relevancia de los llamados conglomerados financieros.

Los elementos anteriormente expuestos, en especial la mayor integración e interconexión entre los actores del sistema financiero, plantean importantes desafíos regulatorios a nivel internacional y local.

Los cambios descritos en el sector financiero implican un aumento de los riesgos sistémicos, es decir, de aquellos riesgos que afectan al sistema financiero en su conjunto. La insolvencia de una o más instituciones de importancia sistémica, ya sea por su tamaño o su interconexión con el resto del sistema, así como fallas en mercados o infraestructuras claves, tales como los sistemas de pagos y los de compensación y liquidación, tienen la capacidad de debilitar y comprometer seriamente el funcionamiento general del sistema, incluyendo el de pagos, siendo este tipo de eventualidades lo que tradicionalmente se entiende por riesgo sistémico.

En contraposición, la estabilidad financiera puede entenderse como una situación en la cual los mercados financieros operan de forma fluida, permitiendo un adecuado acceso al financiamiento por parte de las empresas y de las personas, facilitando, de esta manera, el funcionamiento eficiente de la economía en su conjunto.

La mitigación del riesgo sistémico debiese ser un objetivo primordial de todo modelo de regulación y supervisión financiera. El logro de dicho objetivo requiere del establecimiento de mecanismos para prevenir que problemas financieros se conviertan en amenazas a la estabilidad del sistema como un todo. Sin embargo, resulta complejo evaluar los riesgos sistémicos asociados a los distintos eventos o situaciones de mercado y la información que se necesita para llevarlo a cabo de manera correcta se encuentra dispersa. Esto plantea innegables limitaciones y desafíos para los reguladores del sistema financiero. Así, para efectos de velar por la estabilidad financiera, la coordinación y el intercambio de información entre las distintas autoridades del mercado financiero resultan fundamentales.

En los últimos años, diversos organismos internacionales han instado por la creación de instancias destinadas a monitorear y prevenir riesgos de carácter sistémico y avanzar en la supervisión de los conglomerados financieros, incluyendo el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), y el G20.

En 2010, el Ministerio de Hacienda nombró una Comisión ad-honorem sobre Reforma a la Regulación y Supervisión Financiera, conocida como “Comisión Desormeaux”, conformada por un grupo de expertos independientes, a la cual se le encomendó el análisis del sistema de regulación y supervisión del mercado financiero a fin de proponer posibles perfeccionamientos, con miras a efectuar una serie de reformas institucionales y recoger lecciones de la reciente crisis internacional.

El informe de la Comisión Desormeaux, publicado en 2011, dejó en evidencia la necesidad de fortalecer las herramientas, instancias y facultades disponibles en nuestro país para el manejo de riesgos sistémicos y para afrontar los más recientes desafíos.

Si bien desde hace varios años existían en nuestro país ciertas instancias bilaterales o multilaterales de coordinación entre las autoridades regulatorias, como el Comité de Superintendentes del Sector Financiero, en funcionamiento desde 2001, éstas no contaban con un marco legal ordenado y exhaustivo. Más importante, respondían a objetivos distintos al manejo de riesgos sistémicos y situaciones de crisis financieras, por lo que resultaba del todo necesario crear una institución específica, con un marco regulatorio adecuado, para esos fines.

En consecuencia, se creó el Consejo de Estabilidad Financiera, también llamado Consejo o CEF, como instancia de coordinación e intercambio de información para la prevención de eventuales crisis ocasionadas por riesgos sistémicos en el sector financiero.

B. Disposiciones legales que se modifican por el proyecto

1) Ley General de Bancos, cuyo texto refundido, sistematizado y concordado fue fijado en el decreto con fuerza de ley N° 3, de 1997.

2) Decreto ley N° 3.538, de 1980, que crea la Superintendencia de Valores y Seguros.

3) Decreto con fuerza de ley N° 101, de 1980, Estatuto Orgánico de la Superintendencia de Pensiones.

4) Ley Orgánica Constitucional del Banco Central de Chile, contenida en la ley N° 18.840.

5) Artículos 246 y 247 del Código Penal, que sancionas las infracciones a la obligación de reserva.

C. Objetivo y contenido del proyecto

El principal objetivo del proyecto es el de consolidar y fortalecer la institucionalidad del Consejo de Estabilidad Financiera, mediante su establecimiento por ley. Ello contribuye a darle continuidad institucional y a cautelar de mejor forma la estabilidad financiera de la economía chilena.

Asimismo, con el objeto de procurar el mejor desarrollo de la labor del Consejo de Estabilidad Financiera, se proponen algunos perfeccionamientos que le facilitarán a éste el cumplimiento de sus tareas.

El primero de estos perfeccionamientos consiste en establecer la obligación para cada Superintendencia de procurar una coordinación efectiva con los demás órganos regulatorios financieros, profundizando así en las obligaciones administrativas de eficacia, eficiencia y coordinación en el ejercicio de las funciones públicas. Para darle una forma concreta a esta obligación, se propone que la coordinación se efectúe a través del Consejo de Estabilidad Financiera, comprometiendo la participación de las Superintendencias en las reuniones y análisis del Consejo y sus grupos de trabajo, así como el deber de comunicar a éste sus iniciativas regulatorias, de manera de poder analizar coordinadamente su posible impacto sistémico.

El segundo perfeccionamiento que se plantea introducir es otorgar a las Superintendencias facultades para solicitar a las entidades fiscalizadas antecedentes sobre la situación financiera de todas aquellas personas o entidades que pertenezcan a su mismo grupo empresarial, así como información conducente a determinar las relaciones de propiedad o control y operaciones entre ellas. Lo anterior, con el objeto de evaluar los riesgos derivados de la situación financiera de las entidades sujetas a la fiscalización de las Superintendencias, lo cual resulta coherente con el enfoque de una supervisión basada en riesgos, el cual ha venido incorporándose por las entidades reguladoras durante los últimos años. De forma complementaria, estas facultades permitirían avanzar hacia un adecuado monitoreo de los riesgos a la estabilidad del sistema financiero provenientes de los conglomerados financieros.

Un perfeccionamiento adicional consiste en otorgar facultades legales expresas para compartir información en el marco del Consejo de Estabilidad Financiera, incluyendo a los integrantes de sus grupos de trabajo y a la Secretaría Técnica.

Para un adecuado funcionamiento y el logro de los objetivos del Consejo de Estabilidad Financiera se requiere que no sólo las máximas autoridades puedan compartir la información, explicitando que el personal de las instituciones que participan en esta instancia también pueda acceder a ella. Este cambio se sustenta en el hecho que, actualmente, las leyes orgánicas de las Superintendencias que participan en el Consejo de Estabilidad Financiera contienen prohibiciones de compartir información para sus funcionarios, amparadas bajo sanciones penales. Este hecho naturalmente afecta el intercambio oportuno de información relevante para cumplir con el mandato del Consejo de Estabilidad Financiera. Si bien existen autorizaciones legales vigentes para compartir información, tales como el artículo 18 bis de la Ley General de Bancos o el artículo 14 de la misma ley, éstas tienen una cobertura limitada.

De esta manera, es necesario un cambio legal que permita adecuar el ámbito de personas que pueden compartir información en el marco de éste, extendiendo al personal relevante la autorización de compartir información entre sí. Para garantizar el buen uso de esta información, la autorización afectará solamente a quienes desempeñen funciones en el Consejo de Estabilidad Financiera y, en caso de tratarse de información sujeta a reserva, quienes la reciban o tengan acceso a ella, deberán conservarla en el mismo carácter.

El último perfeccionamiento necesario para el eficaz funcionamiento del Consejo de Estabilidad Financiera consiste en otorgar temporalmente el carácter de reservado a todos las deliberaciones e informes del CEF, así como a los análisis y estudios que se reciban o generen en éste, sus grupos de trabajo o la Secretaría Técnica.

Finalmente, cabe señalar que, tal como sucede con el actual Consejo de Estabilidad Financiera, desde su instauración por vía administrativa, se propone alcanzar los objetivos de la nueva entidad sin comprometer el principio fundamental de la autonomía institucional de las entidades que la integran, elemento indispensable para dar estabilidad y certeza jurídica a sus participantes. De esta forma, las atribuciones que asigna este proyecto al Consejo de Estabilidad Financiera son sin prejuicio de las competencias otorgadas a sus participantes por sus respectivas leyes orgánicas, por lo que las opiniones o recomendaciones emanadas del Consejo no serán vinculantes.

En cuanto al contenido del proyecto de ley, se crea el Consejo de Estabilidad Financiera, sobre la base de las siguientes disposiciones:

a. Se establece el Consejo de Estabilidad Financiera, como organismo consultivo encargado de facilitar la coordinación técnica y el intercambio de información para la prevención y el manejo de situaciones que puedan importar riesgo sistémico.

b. Se detallan las principales atribuciones del Consejo de Estabilidad Financiera, que consisten en solicitar a las superintendencias que lo componen información, incluso sujeta a reserva, y que ésta pueda ser compartida en el contexto del CEF, conservando su carácter de reservada por quienes la reciban; encargar estudios o efectuar recomendaciones, para poder efectuar seguimiento a los mercados financieros. Lo anterior, respetándose las competencias otorgadas a sus participantes por sus respectivas leyes orgánicas, no siendo vinculantes las opiniones o recomendaciones emanadas del Consejo. Ello en aras de respetar y proteger la autonomía de las distintas superintendencias, establecida en sus respectivas leyes orgánicas. Señala además, que para el mejor cumplimiento de sus funciones, la información reservada podrá ser compartida en el ámbito del trabajo del Consejo de Estabilidad Financiera, manteniéndose dicho carácter.

c. Se establece la participación de los Superintendentes y del Ministro de Hacienda en el referido Consejo, así como la de funcionarios o asesores de las Superintendencias, para el trabajo que se requiera en el marco del Consejo de Estabilidad Financiera. Asimismo, se establece la obligación de las superintendencias de informar al Consejo sobre las iniciativas legales o administrativas y de las situaciones de su sector que puedan tener implicancias sistémicas, sin que ello afecte la autonomía institucional en el ejercicio de las facultades propias de las Superintendencias.

d. Se establecen reglas de funcionamiento interno del Consejo de Estabilidad Financiera, respecto a la asistencia a sesiones, deliberaciones, elaboración de informes, constitución de grupos de trabajo y temas administrativos correspondientes a la Secretaría Técnica.

e. Se dispone que todas las deliberaciones del CEF, así como los informes, análisis o estudios que se reciban o generen en éste, sus grupos de trabajo o la Secretaría Técnica, se considerarán temporalmente reservados, atendiendo a la naturaleza y objeto de las funciones del Consejo. Esta práctica es común en instancias similares en otros países, resultando necesario el carácter reservado de la información por cuanto su mera divulgación puede contribuir a generar o intensificar los eventuales riesgos sistémicos.

No obstante, el CEF podrá difundir la información cuando ello favorezca la estabilidad financiera.

Se efectúan las adecuaciones necesarias en las leyes orgánicas de las Superintendencias y del Banco Central de Chile, en armonía con las disposiciones que crean el Consejo de Estabilidad Financiera descritas más arriba, las cuales son necesarias para el funcionamiento más eficaz de dicho Consejo. Al efecto, se introducen las modificaciones pertinentes en las leyes orgánicas de las Superintendencias de Bancos e Instituciones Financieras, de Valores y Seguros, y de Pensiones, respectivamente, para efectos de facultarlas para solicitar información que les permita una adecuada supervisión de las entidades sujetas a su fiscalización bajo un enfoque basado en riesgos.

Asimismo, se efectúan las adecuaciones necesarias en la Ley Orgánica Constitucional del Banco Central de Chile con el fin de explicitar la forma en la cual participará esta institución en el Consejo de Estabilidad Financiera.

Se imponen sanciones penales a quienes cometan la infracción a las obligaciones de reserva impuestas en esta ley.

Finalmente, se dispone que el financiamiento de los costos que origine la aplicación de la ley, se incorporará a los respectivos presupuestos anuales de las instituciones participantes en el Consejo de Estabilidad Financiera.

D. Antecedentes presupuestarios y financieros

El informe financiero elaborado por la Dirección de Presupuestos, con fecha 29 de julio de 2013, señala que el proyecto no irrogará un mayor gasto fiscal.

III. DISCUSIÓN DEL PROYECTO

A. Discusión general

El señor Felipe Larraín explicó que el objetivo de esta iniciativa es otorgarle rango legal al Consejo de Estabilidad Financiera, CEF, organismo creado el año 2011 mediante decreto supremo del Ministerio de Hacienda, y fortalecer y consolidar su institucionalidad.

En este contexto, adujo, que países como Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Malasia, Indonesia, México y Estados de la zona euro han implementado iniciativas para velar por la estabilidad financiera y prevenir los riesgos sistémicos.

Si bien es posible distinguir diferencias importantes en términos de los mandatos específicos, funciones, ámbito de competencia, participación y liderazgo, todos los organismos e instituciones encargados de tales objetivos comparten un rol en la detección y evaluación de riesgos para la estabilidad financiera y en la coordinación para amortiguar estos riesgos.

En los últimos años, sostuvo, diversos organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la OCDE han instado a Chile a crear una instancia de monitoreo y prevención de riesgos de carácter sistémico. Por su parte, la Comisión de Reforma a la Regulación y Supervisión Financiera (Comisión Desormeaux) conformada por expertos independientes, propuso también la creación de un Consejo de Estabilidad Financiera para “velar por la integridad y solidez del sistema financiero”.

Agregó que, en el marco de la Agenda de Mercado de Capitales Bicentenario, el Ministerio de Hacienda decidió crear por decreto supremo el Consejo de Estabilidad Financiera siguiendo las recomendaciones internacionales y de la Comisión de Reforma a la Regulación y Supervisión Financiera, como una comisión asesora del Ministerio de Hacienda. Con su creación, precisó, por primera vez existe en Chile un órgano colectivo encargado de identificar riesgos sistémicos y amenazas a la estabilidad financiera.

La misión del CEF es propiciar los mecanismos de coordinación e intercambio de información necesarios para:

-Preservar la integridad y solidez del sistema financiero.

-Evaluar y administrar los riesgos sistémicos.

-Facilitar la resolución de situaciones críticas que involucren el ejercicio de las funciones y atribuciones de los órganos competentes.

-Recomendar políticas que contribuyan a la macro-estabilidad financiera.

Este Consejo está integrado por el Ministro de Hacienda, quien lo preside, el Superintendente de Valores y Seguros, el Superintendente de Bancos e Instituciones Financieras, y el Superintendente de Pensiones. El Presidente del Banco Central de Chile asiste permanentemente en calidad de invitado. El Consejo sesiona una vez al mes y cuenta con el apoyo de una Secretaría Técnica, proporcionada por el Ministerio de Hacienda.

Luego de casi 2 años de funcionamiento, con reuniones mensuales y grupos de trabajo permanentes, -de conglomerado y mercado inmobiliario-, el Consejo de Estabilidad Financiera ha probado ser una valiosa instancia de análisis y coordinación.

Esta instancia permite tener una mirada integrada y un diagnóstico común sobre las fuentes de riesgo en la primera línea de la toma de decisiones, contribuyendo, además, a facilitar, en caso de necesidad, la resolución de situaciones críticas.

Pero esta experiencia acumulada también reveló la necesidad de introducir algunos perfeccionamientos al marco institucional del CEF y a las leyes orgánicas de las Superintendencias, para que este Consejo pueda desempeñar su labor a cabalidad. Por ello, agregó, el Gobierno considera de suma importancia la consolidación y fortalecimiento de esta instancia, razón por la cual ha enviado al Congreso Nacional este proyecto de ley que le da rango legal al Consejo de Estabilidad Financiera.

En cuanto al contenido del proyecto de ley, se define al CEF como un organismo consultivo, encargado de facilitar la coordinación técnica y el intercambio de información para la prevención y el manejo de los riesgos sistémicos. Para estos efectos, se establecen con claridad las atribuciones del CEF para encargar estudios o efectuar recomendaciones de política que contribuyan a la estabilidad financiera, y solicitar información a las Superintendencias que lo componen. Se establece además que, a fin de respetar la autonomía de sus participantes, las atribuciones del CEF son sin perjuicio de las competencias de sus miembros, por lo que las opiniones o recomendaciones emanadas del CEF no son vinculantes.

Además, el proyecto considera que para un adecuado funcionamiento del CEF requiere que las instituciones que participan de éste puedan intercambiar información. Sin embargo, en la actualidad, el marco legal sólo permite compartir información reservada bajo autorización legal expresa, con los destinatarios especificados en la ley y bajo su responsabilidad, de forma tal que existe una tensión entre la necesidad del CEF de recibir información y la prohibición de compartirla de sus participantes, lo que hace necesario un cambio legal.

En este sentido, precisó, el proyecto de ley establece que el CEF podrá solicitar información que pueda ser necesaria para identificar o evaluar posibles riesgos sistémicos, incluso aquella información sujeta a reserva. La información solicitada podrá ser compartida en sus sesiones, en los grupos de trabajo o con la Secretaría Técnica.

La información de carácter reservada que se reciba deberá conservarse en ese mismo carácter, sujeto a sanciones administrativas y penales, de forma de garantizar su adecuado uso.

Con respecto al objetivo común de velar por la estabilidad financiera, señaló el señor Ministro que en la actualidad, no todos los supervisores tienen el mandato explícito de velar por la estabilidad del sistema financiero, de manera tal que los esfuerzos individuales de los supervisores (coherentes con su mandato micro-prudencial) no garantizan cautelar adecuadamente los riesgos a nivel agregado.

Por ello, una mirada integrada, cuyo foco sean los riesgos sistémicos, es clave, aseveró.

Para cumplir este objetivo, y a fin de reforzar el objetivo común de los integrantes del CEF de velar por la estabilidad financiera, se establece la obligación para cada Superintendencia de:

1. Procurar una coordinación efectiva con los demás órganos regulatorios financieros, comprometiendo la participación de éstas en las reuniones y análisis del CEF y sus grupos de trabajo, y de

2. Comunicar al CEF sus iniciativas regulatorias y las situaciones de su sector que puedan tener implicancias sistémicas, de manera de evaluar su impacto.

A fin de resguardar la naturaleza del trabajo del CEF, se dispone que sus deliberaciones, así como los informes, análisis o estudios de sus grupos de trabajo o de la Secretaría Técnica, se considerarán reservados, atendiendo a la naturaleza y objeto de las funciones del Consejo. Sin perjuicio de ello, el CEF podrá difundir la información cuando ello favorezca la estabilidad financiera. Por lo tanto, el CEF propenderá a la máxima divulgación que considere posible, para dar cumplimiento a los principios de publicidad y transparencia de la información pública, sin provocar efectos perjudiciales en el mercado.

Esta práctica es común en instancias similares en otros países, resultando necesario el carácter reservado de la información por cuanto su mera divulgación podría causar un efecto disruptivo en el mercado y acelerar o incluso provocar los eventos de crisis que se intentan mitigar.

Asimismo, el proyecto contempla modificaciones a las leyes orgánicas de las Superintendencias a fin de reforzar las facultades de estos organismos para solicitar a las entidades fiscalizadas antecedentes sobre la situación financiera de todas aquellas personas o entidades que pertenezcan a su mismo grupo empresarial, así como información conducente a determinar las relaciones de propiedad o control y operaciones entre ellas.

Ello permitirá contar con una visión más acabada de las fuentes de riesgo sistémico. De forma complementaria, estas facultades permitirían avanzar en el monitoreo de los riesgos provenientes de los conglomerados financieros.

En conclusión, destacó que se trata de una iniciativa de suma relevancia para fortalecer los mecanismos de coordinación e intercambio de información necesarios para preservar la integridad y solidez de nuestro sistema financiero, permitiendo fortalecer la institucionalidad y facilitar la coordinación; resguardar la autonomía legal de las instituciones técnicas; ampliar las posibilidades de compartir información y permitir a los supervisores acceder a mayor información respecto de los conglomerados financieros.

El Presidente del Banco Central, don Rodrigo Vergara, manifestó que los ejes centrales del proyecto de ley en comento consisten en:

a) Fortalecer la institucionalidad actual del Consejo de Estabilidad Financiera (CEF), que fue creado por decreto supremo Nº 953, del año 2011;

b) Facilitar el intercambio de información entre los miembros del CEF, que son el Ministerio de Hacienda, las Superintendencias de Bancos e Instituciones Financieras, de Valores y Seguros y de Pensiones, y el Banco Central que actúa como asesor, y

c) Mejorar las facultades para recolectar información sobre los conglomerados financieros.

Añadió que el CEF responde a la creciente necesidad de abordar coordinadamente la gestación y control de riesgos de carácter sistémico, como fue el caso de la crisis subprime, que puso de manifiesto los elevados grados de complejidad e interconexión de los sistemas financieros. Por lo demás, la naturaleza eminentemente dinámica del sector sugiere que dichos elementos podrían continuar creciendo en importancia. Luego, la identificación y solución de potenciales fuentes de riesgo sistémico requiere la interacción de instituciones y autoridades especializadas en la vigilancia de una amplia gama de intermediarios financieros. En otras palabras, en los sistemas financieros actuales se hace cada vez más necesario tener una visión de conjunto de los intermediarios e imponer regulaciones macro-prudenciales. El mecanismo más frecuentemente utilizado para incorporar estas dimensiones ha sido desarrollar o perfeccionar instancias institucionales que permitan a los supervisores, a los bancos centrales y a los gobiernos interactuar y coordinar sus funciones y acciones de estabilización de los sistemas financieros. En ese contexto, y como una manera de dar la continuidad necesaria al trabajo desarrollado en Chile con ese propósito, el Banco Central comparte la idea del Ejecutivo de formalizar el CEF mediante una ley.

Postuló que los perfeccionamientos en términos de facilitar el intercambio de información, así como de mejorar la información de conglomerados, potenciarán el rol del CEF. Al efecto, el proyecto establece que el CEF podrá solicitar información necesaria para identificar o evaluar posibles riesgos sistémicos, incluso aquella información sujeta a reserva que posean las instituciones partícipes, la que podrá ser compartida en sus sesiones, grupos de trabajo o con la Secretaría Técnica. Esto es positivo, ya que la disponibilidad de dicha información es esencial para una adecuada evaluación e implementación de medidas macro-prudenciales y, sin embargo, actualmente, el mecanismo para compartir información es menos expedito. En todo caso, el proyecto de ley resguarda legalmente la reserva de la información provista por sus partícipes. Por otra parte, la disponibilidad de mayor información a nivel de conglomerados permitirá avanzar en un área de especial relevancia en materia de estabilidad financiera.

Planteó enseguida que este tipo de iniciativas se enmarca dentro de las buenas prácticas internacionales en materia financiera. De hecho, existen diversas experiencias de este tipo de comités a nivel internacional, como por ejemplo, en Australia, Estados Unidos, Indonesia, Malasia, México, Reino Unido y práctica-mente todos los países de la zona euro. Los elementos comunes a dichos comités son la detección y evaluación de riesgos para la estabilidad financiera y la coordinación de políticas para mitigar dichos riesgos. Además, en todas estas instancias participa el Banco Central, por la visión macroeconómica y de mercado que puede aportar, y porque en muchos casos tiene facultades supervisoras o reguladoras. Sin embargo, también existen diferencias importantes en sus mandatos específicos, funciones, perímetro, participación y liderazgo. Así, hay comités que sólo dan recomendaciones (casos de Australia, Indonesia, México, Chile) y otros que poseen facultades normativas (Estados Unidos, Malasia y Reino Unido). Algunos son presididos por el Ministro de Hacienda (México, Chile) y otros por el Banco Central ( Australia ). Unos se encuentran establecidos por ley (Reino Unido, México, Malasia) y otros por acuerdos de cooperación ( Australia ). Las ventajas o desventajas de estos distintos diseños aún están por evaluarse, toda vez que buena parte de estas iniciativas surgen post crisis subprime, pero es importante destacar que todos los países desarrollados tienen estas instancias de coordinación.

Destacó el Presidente del Banco Central que la experiencia del CEF en Chile ha sido positiva, ya que ha cumplido su rol, constituyéndose en una institución donde confluyen la visión macro-financiera de riesgos del Banco Central y del Ministerio de Hacienda con el análisis sectorial de las superintendencias financieras. Esto se ha materializado, por ejemplo, en los siguientes aspectos:

-Grupo Sector Inmobiliario. El CEF, a partir del Informe de Estabilidad Financiera que advirtió eventuales vulnerabilidades en el sector, creó un grupo ad-hoc para mejorar los indicadores sectoriales y realizar un catastro de las medidas macro-prudenciales disponibles. Fruto de ello, la SBIF puso recientemente en consulta un perfeccionamiento a la norma de provisiones en el sector inmobiliario.

-Grupo Conglomerados. El grupo creado para estos fines elaboró una ruta de trabajo que contempla, en el corto plazo, mejorar la información disponible (aquí se inserta el proyecto de ley en estudio) y análisis de conglomerados en Chile (a través del Comité de Superintendentes); en el corto y mediano plazo, la evaluación de límites normativos de exposición a partes relacionadas (nueva norma SBIF) y, posteriormente, posibles avances hacia una normativa de conglo-merados.

-Monitoreo. El CEF ha servido como instancia de análisis de eventos locales, así como de las potenciales implicancias de desarrollos en los mercados internacionales (por ejemplo, la normalización de estímulos monetarios en Estados Unidos).

En cuanto al diseño del organismo que el proyecto propone, explicó el señor Vergara que se ha optado, en primer lugar, por un esquema de coordinación, donde el CEF no tiene facultades regulatorias. Las decisiones prudenciales y de supervisión siguen en manos de los supervisores sectoriales (SBIF, SP y SVS), lo cual tiene ventajas en términos de autonomía y accountability, ya que el mayor peligro de hacer que las recomendaciones del CEF sean vinculantes es que se diluya la responsabilidad de los distintos entes reguladores. Por su parte, las consideraciones sistémicas se incorporan por iniciativa de los participantes, gatilladas por la discusión de riesgos en el CEF o, eventualmente, recogiendo una recomendación explícita de este Consejo. Por ejemplo, provisiones hipotecarias asociadas a relación deuda-garantía. Las potenciales complejidades de este esquema son que algún miembro no reaccione con la celeridad necesaria, pero la conducción y el diseño del CEF debieran propender a minimizar los riesgos de este esquema, por ejemplo, fortaleciendo análisis y prontitud en la detección de riesgos, y política comunicacional.

En segundo lugar, se ha optado por un esquema en el cual participa el Ministro de Hacienda . Esto tiene ventajas dado el rol que juegan las iniciativas legislativas en la mitigación de los riesgos financieros y el que le cabe al Fisco en la resolución de eventos críticos en el sistema financiero, en tanto que los desafíos de esta opción se asocian al horizonte político, que eventualmente pudiese afectar las decisiones del Poder Ejecutivo . Este desafío puede abordarse mediante una mayor autonomía de las superintendencias, tema que aparece en forma reiterada en las recomendaciones del FMI y otras instituciones internacionales, y que ha estado presente en la discusión interna desde hace un tiempo.

En tercer lugar, un desafío importante del CEF es comunicacional. Por un lado, es importante que el CEF sea capaz de responder frente al mercado, a la opinión pública y a las autoridades. Este punto es especialmente relevante si se sugieren medidas de política, lo cual minimiza el riesgo de una eventual respuesta lenta. Por otra parte, no puede ignorarse que el mero hecho de discutir riesgos en el CEF puede generar repercusiones de mercado. Este es un tema complejo, cuya solución no es simple, y el equilibrio de estos elementos requiere de experiencia y aprendizaje en estas materias. En todo caso, es importante mencionar que el proyecto de ley resguarda la reserva de las deliberaciones e información del CEF, por los costos que puede tener su difusión.

En resumen, señaló el expositor que el CEF se enmarca dentro de las buenas prácticas internacionales en materia financiera; que el rol de este tipo de comités debiera ser cada vez más relevante por la creciente interconexión y complejidad del sistema financiero, y que el funcionamiento del CEF en Chile ha sido positivo, por lo que el BCCh apoya el fortalecimiento de esta instancia mediante la ley en proyecto.

El Diputado señor Montes preguntó cómo puede el CEF aproximarse al análisis de fenómenos microeconómicos para prevenir riesgos sistémicos. Recordó los casos de Isacruz e Inverlink que, siendo aislados, terminaron provocando consecuencias a nivel macroeconómico. Asimismo, consultó si el Ministerio de Hacienda recibe información sobre lavado de dinero de parte de la UAF y si comparte esa información con los miembros del CEF, así como la relativa al Fondo de Estabilidad Económica y Social (FEES) y a los recursos destinados a las Fuerzas Armadas. Por último, preguntó si está bien resguardada en el proyecto la información agregada que el CEF maneja, dado el valor que ella podría tener para el mercado.

El Ministro de Hacienda señaló que la UAF es una entidad que está bajo la supervisión de la Cartera a su cargo, por lo que tiene acceso permanente a la información que ella recibe, aunque no es un reporte que revise con mucha frecuencia, pero hasta ahora no existen antecedentes de que haya lavado de dinero y, si lo hubiera, se podrían tener señales de alerta temprana sobre la materia.

Con respecto al FEES, sostuvo que la información relativa al mismo es pública, pero no la relativa al Fondo de Contingencia Estratégica (de Defensa), el cual pasó hace un par de años a ser gestionado por el Banco Central, pero bajo la responsabilidad del Ministerio de Hacienda, que delegó en aquél su administra¬ción.

Confirmó que la información obtenida por el CEF es muy delicada y que, de salir a la luz pública algunas hipótesis de trabajo que éste se plantea, podrían generar reacciones de mercado muy adversas. Por ello, es muy importante, y así se establece en el proyecto, mantener en reserva tales antecedentes e hipótesis, sin perjuicio de que el CEF pueda hacer públicas sus deliberaciones y conclusiones mediante la liberación de sus actas treinta días después de las respectivas sesiones.

Reiteró, finalmente, que el CEF analiza temas puntuales sólo en la medida en que generen riesgos sistémicos, como puede ser la quiebra de una empresa en función de su tamaño, sus relaciones de mercado, etcétera, pero en general lo que allí se analiza son los conglomerados financieros, entendiendo por tales aquéllos que tienen intereses en distintas áreas del sector financiero, como por ejemplo, banca, seguros y administración de fondos de pensiones. En este sentido, una de las cosas que se ha logrado en los dos años de operación administrativa del CEF y que se espera continúe después de su consagración legal, es que los distintos supervisores tengan también una mirada sistémica sobre los entes regulados, aunque no pertenezcan al ámbito de sus atribuciones específicas.

El Diputado señor Montes preguntó si el CEF analizó el caso Cascadas o el cierre de Madeco, a lo que el Ministro respondió que recibió antecedentes de parte de la SVS, pero los consideró situaciones de mercado que no revisten riesgo sistémico.

El Presidente del Banco Central señaló que los riesgos microeconómicos aislados no debieran ser objeto de análisis por parte del CEF, a menos que estén interconectados, pues entonces se transforman en riesgos sistémicos. Aclaró, sin embargo, que lo que se persigue es que los integrantes del organismo se coordinen entre sí para compartir información, que es lo que se requiere en el mundo financiero moderno, pero en ningún caso transformarlos en un ente superior autónomo.

Con respecto a la autonomía del Ministro de Hacienda en cuanto presidente del CEF, observó que la participación del Banco Central en calidad de invitado responde a una petición del propio instituto emisor, pues su Fiscalía planteó la dificultad de integrarlo como miembro de un comité presidido por Hacienda, y que hay una serie de iniciativas destinadas a dar mayor autonomía a cada una de las superintendencias, por lo que el CEF debe verse sólo como una instancia de coordinación e intercambio de información.

B. Discusión particular

Los Diputados señores Silva, Macaya, Lorenzini y Ortiz presentaron las siguientes indicaciones:

- Al artículo 7°, que agrega un inciso final nuevo al artículo 16 de la Ley General de Bancos, cuyo texto refundido, sistematizado y concordado fue fijado en el decreto con fuerza de ley N° 3:

1. Para agregar entre las palabras “requerirles” y “a estas” lo siguiente, entre comas (,): “fundadamente”.

2. Para incorporar a continuación de la palabra “empresarial,”, la primera vez que aparece, la siguiente frase: “que pudieren comprometer, en forma significativa, la situación financiera de la entidad fiscalizada,”.

Para agregar la siguiente oración a continuación de la frase final, de manera que el punto aparte y final pasa a ser punto seguido: “La información y antecedentes recabados por la Superintendencia en conformidad a este inciso quedaran sujetos al régimen y a las obligaciones de reserva contemplados en esta ley.”.

-Al artículo 8°, que agrega un inciso final nuevo a la letra d) del artículo 4 del decreto ley N°. 3.538, de 1980, que crea la Superintendencia de Valores y Seguros:

1. Para agregar entre las palabras “requerirles” y “a estas” lo siguiente, entre comas (,): “fundadamente”.

2. Para incorporar a continuación de la palabra “empresarial,”, la primera vez que aparece, la siguiente frase: “que pudieren comprometer, en forma significativa, la situación financiera de la entidad fiscalizada,”.

3. Para agregar la siguiente oración a continuación de la frase final, de manera que el punto aparte y final pasa a ser punto seguido: “La información y antecedentes recabados por la Superintendencia en conformidad a este inciso quedaran sujetos al régimen y a las obligaciones de reserva contemplados en esta ley.”.

-Al artículo 9°, que agrega un inciso final nuevo a la letra h) del artículo 3° del decreto con fuerza de ley N° 101, de 1980, Estatuto Orgánico de la Superintendencia de Pensiones:

1. Para agregar entre las palabras “requerirles” y “a estas” lo siguiente, entre comas (,): “fundadamente”.

2. Para incorporar a continuación de la palabra “empresarial,”, la primera vez que aparece, la siguiente frase: “que pudieren comprometer, en forma significativa, la situación financiera de la entidad fiscalizada,”.

3. Para agregar la siguiente oración a continuación de la frase final, de manera que el punto aparte y final pasa a ser punto seguido: “La información y antecedentes recabados por la Superintendencia en conformidad a este inciso quedaran sujetos al régimen y a las obligaciones de reserva contemplados en la ley N° 20.255.”.

El Diputado señor Silva explicó que estas indicaciones tienen por objeto, en primer lugar, acotar el requerimiento de información que puede solicitar la autoridad administrativa -Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, Superintendencia de Valores y Seguros y Superintendencia de Pensiones- a las entidades sujetas a su fiscalización, al establecer que dicho requerimiento se haga “fundadamente”.

En segundo lugar, delimitar el tipo de información que pueden solicitar las Superintendencias ya individualizadas, al prescribir que se trata de información que “pudieren comprometer, en forma significativa, la situación financiera de la entidad fiscalizada”, concepto utilizado en la industria del mercado de valores.

Por último, como este proyecto permite a la autoridad administrativa requerir información a instituciones no fiscalizadas, se estima prudente que la información y antecedentes recabados por las Superintendencias queden sujetos al régimen de reserva regulado en las leyes correspondientes.

Los Diputados señores Lorenzini, Ortiz, y Silva propusieron que cada seis meses el Presidente del Consejo acudiera a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados a informar respecto de las actividades realizadas en dicho período por el Consejo.

El señor Ministro de Hacienda concordó con los señores Diputados, sugiriendo que la comparecencia del Presidente de la CEF sea una vez al año y no cada seis meses.

Se concordó, en consecuencia, con dos indicaciones del siguiente tenor:

1) Para intercalar, en el artículo 6°, entre el actual inciso segundo y el inciso final, el siguiente inciso tercero:

“Sin perjuicio de lo anterior, el presidente del CEF deberá concurrir anualmente a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados con el objeto de informar sobre aspectos generales de las actividades del CEF, en sesión secreta.”

2) Para agregar el siguiente título IV:

TÍTULO IV

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo transitorio.- La obligación de concurrencia establecida en el inciso tercero del artículo 6° de esta ley deberá realizarse, por primera vez, dentro del año calendario de su publicación.”.

Puesta en votación la totalidad del proyecto con las indicaciones parlamentarias antes consignadas, fue aprobado por la unanimidad de los Diputados presentes señores Edwards, don José Manuel; Lorenzini, don Pablo; Ortiz, don José Miguel; Recondo, don Carlos; Silva, don Ernesto, y Von Mühlenbrock, don Gastón.

IV. ARTÍCULOS E INDICACIONES RECHAZADOS POR LA COMISIÓN

Ninguno.

V. ARTÍCULOS QUE NO FUERON APROBADOS POR UNANIMIDAD

Ninguno.

Se han introducido al proyecto modificaciones formales que se recogen en el texto propuesto a continuación.

VI. TEXTO APROBADO O RECHAZADO POR LA COMISIÓN

En virtud de lo antes expuesto y de los antecedentes que dará a conocer oportunamente el señor Diputado Informante , la Comisión de Hacienda recomienda la aprobación del siguiente:

PROYECTO DE LEY

TÍTULO I

DEL CONSEJO DE ESTABILIDAD FINANCIERA

Artículo 1°.- Créase el Consejo de Estabilidad Financiera, organismo consultivo dependiente del Ministerio de Hacienda, en adelante indistintamente “Consejo” o “CEF”, cuya función consistirá en facilitar la coordinación técnica y el intercambio de información entre sus participantes, en materias relativas a la prevención y el manejo de situaciones que puedan importar riesgo para el sistema financiero, con el objeto de contribuir de ese modo a cautelar la estabilidad financiera de la economía chilena.

El Consejo estará integrado por el Ministro de Hacienda, quien lo presidirá, el Superintendente de Valores y Seguros, el Superintendente de Bancos e Instituciones Financieras y el Superintendente de Pensiones.

El Consejo contará con la asesoría permanente del Banco Central en todas las materias que digan relación con sus funciones, para lo cual su Presidente podrá participar en todas las sesiones del CEF con derecho a voz y a imponerse de toda la información y materias que se analicen en el Consejo, en conformidad a lo previsto por el artículo 4º de la Ley Orgánica Constitucional del Banco Central de Chile, contenida en el ARTÍCULO PRIMERO de la ley Nº 18.840.

El Consejo de Estabilidad Financiera funcionará en la Secretaría y Administración General del Ministerio de Hacienda, la que le proveerá su Secretaría Técnica, la infraestructura y los recursos humanos y materiales necesarios para su adecuado funcionamiento.

Artículo 2º.- El Consejo de Estabilidad Financiera contará con las siguientes atribuciones:

1. Solicitar a la Secretaría Técnica, a las Superintendencias de Valores y Seguros, de Pensiones y de Bancos e Instituciones Financieras, en adelante conjuntamente las “Superintendencias sectoriales”, la realización de estudios que permitan monitorear la estabilidad del sistema financiero, así como contratar dichos estudios con terceros a través de la Secretaría Técnica.

Asimismo, el Banco Central de Chile, en cumplimiento de su rol asesor, podrá efectuar análisis o estudios con dicha finalidad según lo establezca el Consejo del Banco.

2. Solicitar a las Superintendencias sectoriales cualquier información, incluso sujeta a reserva, que pueda ser necesaria para identificar o evaluar posibles riesgos para la estabilidad financiera y que esté disponible en dichos servicios o que éstos puedan solicitar de conformidad con las leyes aplicables.

El Banco Central de Chile podrá también proporcionar la información que se le solicite en los términos que se contemplan en su legislación institucional.

Las disposiciones legales, reglamentarias, contractuales o de cualquier otra índole sobre reserva no impedirán dar cumplimiento a las solicitudes del presente numeral. En consecuencia, la información proporcionada en conformidad a esta ley eximirá de toda responsabilidad legal a quienes la entreguen.

La información que se reciba en virtud de este numeral sólo podrá ser compartida con quienes participen en las sesiones del CEF o de los grupos de trabajo que se constituyan por el Consejo, así como con quienes ejerzan funciones de Secretaría Técnica , en el contexto de las labores del Consejo. Cuando la información compartida sea sujeta a reserva, deberá mantenerse en este carácter por quienes la conozcan en el ámbito del CEF, mencionadas en el párrafo precedente. En el caso de infringir esta prohibición, se aplicará lo dispuesto en el artículo 11 de esta ley.

3. Recomendar a los servicios u organismos competentes políticas que contribuyan a la estabilidad financiera y proponer a las Superintendencias sectoriales orientaciones o directrices con tal objeto.

4. Efectuar las demás solicitudes de información y recomendaciones necesarias para el cumplimiento de su función, prevista en el artículo 1° de esta ley.

Las atribuciones del Consejo de Estabilidad Financiera son sin perjuicio de las competencias otorgadas a sus participantes por sus respectivas leyes orgánicas. Conforme a lo anterior, las opiniones o recomendaciones emanadas del Consejo no serán vinculantes.

En caso que las recomendaciones de política o regulación incidan o se relacionen con el ejercicio de las facultades del Banco Central de Chile, se procederá de conformidad con lo previsto en el artículo 19 de su Ley Orgánica Constitucional, por intermedio del Ministro de Hacienda .

Artículo 3°.- Con el objetivo de procurar el mejor desempeño de la labor del CEF, las Superintendencias sectoriales y el Ministerio de Hacienda deberán comprometer su participación en el referido Consejo y en los grupos de trabajo que se constituyan por éste, así como la tramitación y despacho de las solicitudes de información o estudios que el CEF encomiende en el marco de sus competencias legales.

Asimismo, con este propósito, las respectivas Superintendencias deberán informar al Consejo acerca de sus iniciativas legales o administrativas y de las situaciones de su sector que puedan tener implicancias sistémicas, sin que ello afecte su autonomía en el ejercicio de sus facultades.

Artículo 4°.- El Consejo sesionará con la asistencia de al menos tres de sus miembros, entre los que se deberá contar el Ministro de Hacienda o su representante, de conformidad a lo establecido en el inciso siguiente.

En caso de ausencia o impedimento de alguno de los participantes del CEF, ya sea de sus miembros referidos en el inciso segundo del artículo 1° de esta ley o del Presidente del Banco Central , en la condición prevista en el inciso tercero del mismo artículo, asistirá a la sesión el subrogante legal o bien quien el participante indique especialmente al Consejo o a la Secretaría Técnica. Asimismo, los participantes del CEF podrán asistir acompañados por las personas y de la forma que indique el reglamento interno de funcionamiento del CEF.

Artículo 5º.- El Consejo determinará, en un reglamento interno, las normas sobre citación a las sesiones, deliberaciones, elaboración de informes, constitución de grupos de trabajo, y las demás normas que requiera para su funcionamiento interno.

La Secretaría Técnica efectuará las citaciones pertinentes a cada sesión del CEF, levantará y archivará actas de las sesiones, coordinará el funcionamiento de los grupos de trabajo interinstitucionales que se conformen por el Consejo en las materias de su competencia, contratará estudios a solicitud del Consejo y realizará las demás tareas que le encargue el propio Consejo.

Artículo 6º.- Atendida la naturaleza y objeto de las funciones del CEF establecidas en la presente ley, y para los efectos de cautelar el debido cumplimiento de las mismas, considerando que la publicidad de las materias tratadas por éste pudiere afectar la estabilidad financiera, perjudicando así el interés nacional del país en materia económica, serán reservadas sus deliberaciones e informes, así como los análisis o estudios que se reciban o generen en el CEF, sus grupos de trabajo o la Secretaría Técnica en el cumplimiento de sus funciones, salvo que se divulguen de acuerdo al inciso siguiente. Los actos declarados reservados por este artículo, mantendrán ese carácter por el término señalado en el inciso segundo del artículo 22 de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública.

Lo dispuesto en el inciso anterior no obstará a que el Consejo pueda difundir los informes que emita y la información o documentación que genere en el ámbito de sus competencias, cuando resuelva que ello propende al cumplimiento de su objeto y funciones, lo cual será determinado por el mismo Consejo con la opinión favorable del representante del Banco Central de Chile, tratándose de materias que digan relación con las funciones de éste.

Sin perjuicio de lo anterior, el presidente del CEF deberá concurrir anualmente a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados con el objeto de informar sobre aspectos generales de las actividades del CEF, en sesión secreta.

En todo caso, el Consejo no podrá difundir la información sujeta a reserva que reciba de conformidad con la presente ley.

TÍTULO II

OTRAS DISPOSICIONES

Artículo 7º.- Agrégase en el artículo 16 de la Ley General de Bancos, cuyo texto refundido, sistematizado y concordado fue fijado en el decreto con fuerza de ley N° 3, de 1997, el siguiente inciso final:

“A su vez, con el objeto de evaluar los riesgos de la situación financiera de las entidades sujetas a su fiscalización, la Superintendencia podrá requerirles fundadamente a éstas antecedentes sobre la situación financiera de todas aquellas personas o entidades que pertenezcan a su mismo grupo empresarial, que pudieren comprometer, en forma significativa, la situación financiera de la entidad fiscalizada, así como información conducente a determinar las relaciones de propiedad o control y operaciones entre ellas. Para efectos de lo dispuesto en este inciso, se define grupo empresarial de acuerdo a los términos establecidos en el artículo 96 y siguientes de la ley Nº 18.045, sobre Mercado de Valores. La información y antecedentes recabados por la Superintendencia en conformidad a este inciso quedaran sujetos al régimen y a las obligaciones de reserva contemplados en esta ley.”.

Artículo 8º.- Agrégase, en la letra d) del artículo 4°, del decreto ley N° 3.538 de 1980, que crea la Superintendencia de Valores y Seguros, el siguiente inciso final:

“A su vez, con el objeto de evaluar los riesgos a la situación financiera de las entidades sujetas a su fiscalización, la Superintendencia podrá requerirles fundadamente a éstas antecedentes sobre la situación financiera de todas aquellas personas o entidades que pertenezcan a su mismo grupo empresarial, que pudieren comprometer, en forma significativa, la situación financiera de la entidad fiscalizada, así como información conducente a determinar las relaciones de propiedad o control y operaciones entre ellas. Para efectos de lo dispuesto en este inciso, se define grupo empresarial de acuerdo a los términos establecidos en el artículo 96 y siguientes de la ley Nº 18.045, sobre Mercado de Valores. La información y antecedentes recabados por la Superintendencia en conformidad a este inciso quedaran sujetos al régimen y a las obligaciones de reserva contemplados en esta ley.”.

Artículo 9º.- Agrégase, en la letra h) del artículo 3° del decreto con fuerza de ley N° 101, de 1980, Estatuto Orgánico de la Superintendencia de Pensiones, el siguiente inciso final:

“A su vez, con el objeto de evaluar los riesgos a la situación financiera de las entidades sujetas a su fiscalización, la Superintendencia podrá requerirles fundadamente a éstas antecedentes sobre la situación financiera de todas aquellas personas o entidades que pertenezcan a su mismo grupo empresarial, que pudieren comprometer, en forma significativa, la situación financiera de la entidad fiscalizada, así como información conducente a determinar las relaciones de propiedad o control y operaciones entre ellas. Para efectos de lo dispuesto en este inciso, se define grupo empresarial de acuerdo a los términos establecidos en el artículo 96 y siguientes de la ley Nº 18.045, sobre Mercado de Valores. La información y antecedentes recabados por la Superintendencia en conformidad a este inciso quedaran sujetos al régimen y a las obligaciones de reserva contemplados en la ley N° 20.255.”.

Artículo 10.- Agrégase, al final del inciso tercero del artículo 66 de la Ley Orgánica Constitucional del Banco Central de Chile, contenida en el ARTÍCULO PRIMERO de la ley N° 18.840, luego del punto aparte (.), que pasa a ser punto seguido (.), la siguiente oración: “Por su parte, la citada reserva no se aplicará en caso que el Consejo de Estabilidad Financiera, con el solo objeto de prevenir situaciones que puedan importar riesgo sistémico para la estabilidad del sistema financiero, solicite al Banco contar con antecedentes específicos que requiera para el desempeño de sus competencias legales.”.

TÍTULO III

DISPOSICIONES FINALES

Artículo 11.- La infracción a las obligaciones de reserva impuestas en esta ley, serán sancionadas con las penas previstas en los artículos 246 y 247 del Código Penal, cualquiera sea la calidad o estatuto que le sea aplicable al infractor.

Artículo 12.- El costo anual que se origine por la aplicación de esta ley, se financiará con los recursos que se contemplen en el presupuesto de la Secretaría y Administración General del Ministerio de Hacienda, de la Superintendencia de Valores y Seguros, de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras y de la Superintendencia de Pensiones y, en lo que no fuere posible, con cargo a aquellos que se consulten en la Partida Presupuestaria Tesoro Público del año correspondiente.

TÍTULO IV

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo transitorio.- La obligación de concurrencia establecida en el inciso tercero del artículo 6° de esta ley deberá realizarse, por primera vez, dentro del año calendario de su publicación.”.

Tratado y acordado en sesiones de fechas 17 de diciembre de 2013; 8 y 15 de enero de 2014, con la asistencia de los Diputados señores Marinovic, don Miodrag ( Presidente ); Silva, don Ernesto ( Presidente Accidental ); Auth, don Pepe; Godoy, don Joaquín (Edwards, don José Manuel); Jaramillo, don Enrique; Lorenzini, don Pablo; Macaya, don Javier; Montes, don Carlos; Ortiz, don José Miguel; Recondo, don Carlos; Robles, don Alberto; Sabat, doña Marcela; Santana, don Alejandro, y Von Mühlenbrock, don Gastón (Sandoval, don David), según consta en las actas respectivas.

Sala de la Comisión, a 20 de enero de 2014.

(Fdo.): JAVIER ROSSELOT JARAMILLO, Abogado Secretario de la Comisión ”.

7. Informe de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, recaído enel proyecto de ley que modifica el seguro de cesantía de la ley n° 19.728(boletín n° 9126-13-1).

“Honorable Cámara:

Vuestra Comisión de Trabajo y Seguridad Social pasa a informar, en primer trámite reglamentario, sobre el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en Mensaje de S.E. el Presidente de la República , que modifica el Seguro de Cesantía de la ley N° 19.728, calificado con urgencia “suma”, contenido en el Boletín N° 9126-13.

A las sesiones que vuestra Comisión destinó al estudio de la referida iniciativa legal asistieron el señor Ministro del Trabajo y Previsión Social, don Juan Carlos Jobet Eluchans, el señor Subsecretario de Previsión Social, don Augusto Iglesias Palau, y don Francisco Del Río Correa, Asesor Legislativo del Ministerio del Trabajo y Previsión Social.

I. CONSTANCIAS REGLAMENTARIAS PREVIAS.

1.- Origen y urgencia.

La iniciativa tuvo su origen en un Mensaje de S.E. el Presidente de la República y se encuentra calificada con “suma” urgencia.

2.- Discusión general.

El proyecto fue aprobado, en general, por 4 votos a favor, ninguno en contra y 2 abstenciones.

(Votaron a favor la Diputada señora Vidal, doña Ximena, y los Diputados señores Bertolino, don Mario; Jiménez, don Tucapel y Salaberry, don Felipe. Se abstuvieron la señora Muñoz, doña Adriana, y el señor Andrade, don Osvaldo).

3.- Disposiciones calificadas como normas orgánicas constitucionales o de quórum calificado.

A juicio de vuestra Comisión, sólo el numeral 5) de su artículo primero requiere ser aprobado con quórum calificado, pues regula el ejercicio del derecho a la seguridad social, según lo dispone el numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

4.- Diputado Informante .

La Comisión designó al señor Diputado , don Tucapel Jiménez Fuentes, en tal calidad.

II. ANTECEDENTES GENERALES.

El proyecto que la Comisión de Trabajo y Seguridad Social somete a vuestro conocimiento apunta a perfeccionar el funcionamiento del seguro de cesantía establecido en la Ley N° 19.728.

1.- Consideraciones preliminares.-

Expresa el Mensaje que, el empleo es la herramienta fundamental para superar la pobreza y terminar con la desigualdad en Chile. En consecuencia, agrega, asegurar y aumentar el acceso al empleo a todo quien quiera trabajar ha sido uno de los mayores desafíos que se ha propuesto el Gobierno. Manifiesta que las cifras dan cuenta de lo avanzado en este ámbito. En los últimos tres años se han creado más de 810 mil nuevos empleos en el país, más de la mitad de los cuales han sido para mujeres, lo que ha permitido incrementar la baja participación laboral femenina. Como resultado de la creación de empleo, actualmente sólo 5,7% de nuestra fuerza laboral está desempleada.

Asegura, del mismo modo, que no basta con crear nuevos empleos. Estos deben ser empleos de calidad, formales, con contrato, que permitan dar seguridad y estabilidad tanto a los trabajadores como a sus familias. Desde esta perspectiva, también se observan avances importantes. Así, del total de nuevos empleos creados, un 70% son empleos asalariados y, de éstos, 87,4% corresponden a empleos con contrato escrito, lo que significa un avance de 4,8 puntos porcentuales con respecto al inicio del gobierno.

Expresa, asimismo, que aun cuando las políticas que se han implementado a favor del empleo apuntan en el sentido correcto y están rindiendo frutos, se necesita, al mismo tiempo, proteger a nuestros trabajadores que quedan en condición de cesantía, para ayudarlos a encontrar, en el menor tiempo posible, un nuevo puesto de trabajo desde el cual puedan desplegar sus potencialidades y talentos, evitando ser atrapados en las redes del asistencialismo. Añade que esta es una de las razones por las cuales el Gobierno ha considerado pertinente mejorar los beneficios del Seguro de Cesantía.

Hace presente que, luego de más de diez años de operación, el Seguro de Cesantía se ha consolidado como un instrumento de protección social que otorga beneficios a los trabajadores afiliados durante los períodos de cesantía. En sus años de funcionamiento, el Seguro ha respondido satisfactoriamente a la mayor demanda por protección económica durante ciclos económicos negativos, y frente a la situación derivada de la catástrofe del 27 de febrero del año 2010.

Respecto de los resultados del Seguro de Cesantía, manifiesta que los montos acumulados en las Cuentas Individuales por Cesantía superan los cinco mil millones de dólares (julio de 2013). En el caso del Fondo de Cesantía Solidario, superan los dos mil millones de dólares. En los últimos dos años las Cuentas Individuales y el Fondo de Cesantía Solidario han mostrado una tasa de crecimiento anual promedio de 29% y 34% real, respectivamente. Tales valores son el resultado de una sostenida acumulación de recursos en ambos Fondos desde la creación del sistema, que se explica por una baja relación entre sus respectivos egresos e ingresos: 50% para las Cuentas Individuales y 12% para el Fondo Solidario (julio de 2013).

Finaliza, señalando que, en atención a estos montos y a las proyecciones de acumulación y uso futuro de ambos Fondos, se ha concluido que es posible aumentar los beneficios con cargo a éstos, sin comprometer la solvencia ni la viabilidad financiera del Seguro de Cesantía, según se da cuenta en el estudio realizado de conformidad al artículo 37 de la Ley N° 19.728.

2.- Objetivo del Proyecto.-

Señala el Mensaje que el objetivo principal del presente proyecto de ley es mejorar la protección económica de los trabajadores afiliados al Seguro de Cesantía que pierden su trabajo.

Agrega que esta iniciativa coincide con muchas de las propuestas que ha hecho durante los últimos años la Comisión de Usuarios del Seguro de Cesantía, instancia en la que participan organizaciones de trabajadores y empleadores. Además, la propuesta reconoce el incremento que han registrado las remuneraciones reales en el país y busca, consecuentemente, que el monto del beneficio percibido durante el período de cesantía represente una ayuda económica efectiva para el trabajador desempleado, preservando, al mismo tiempo, los incentivos a la búsqueda de empleo.

Por otra parte, añade, desde la creación del Seguro se ha observado un bajo uso del Fondo de Cesantía Solidario. Así, un importante porcentaje de los trabajadores que calificaban con los requisitos generales de acceso al momento de solicitar beneficios, no optaron por éste, recibiendo entonces prestaciones financiadas exclusivamente desde su Cuenta Individual por Cesantía. Por ejemplo, durante el año 2012 un 63% de las solicitudes con opción al Fondo Solidario, optaron por la Cuenta Individual por Cesantía. En este contexto, la tasa de uso del Fondo de Cesantía Solidario se ha mantenido baja durante todo el periodo de existencia del seguro, lo que se ha traducido en que sólo 13 de cada cien personas que perdieron su empleo y hubiesen calificado para acceder a los beneficios de este Fondo, pidieron efectivamente beneficios con cargo a él.

Continúa señalando que lo anterior se explica, en parte, por el insuficiente monto de los beneficios ofrecidos por el Fondo de Cesantía Solidario, que dependen en forma directa de los valores superiores e inferiores a que están sujetas las prestaciones correspondientes, actualmente de 234.794 y 108.747 pesos, para el primer mes, valores que van descendiendo hasta llegar a 140.877 y 59.317 pesos, para el quinto mes de pago del beneficio. Dichos topes no se aplican en el caso de giros con cargo a la Cuenta Individual por Cesantía.

Adicionalmente, manifiesta, existen reglas especiales de acceso y uso del Fondo de Cesantía Solidario, una de las cuales limita el número de veces en que se puede optar por dicho Fondo a dos en un período de cinco años. Así, cada vez que el trabajador cesante opta por el Fondo Solidario, dicho acceso contabiliza en la medida que genere pagos con cargo a dicho Fondo, cualquiera sea el número efectivo de pagos que reciba.

El presente proyecto de ley, agrega, busca entonces mejorar el monto de los beneficios ofrecidos por el Fondo de Cesantía Solidario, incrementando los valores superiores e inferiores a que están sujetos estos pagos, así como las tasas de reemplazo de los beneficios. Adicionalmente, se flexibiliza la regla de acceso al Fondo Solidario, para evitar que cada vez que el trabajador cesante opta por el Fondo Solidario y recibe algún pago con cargo a éste, agote una de sus opciones de acceso, aun cuando no reciba la totalidad de los pagos que contempla la ley.

En otro ámbito, añade, conforme a la normativa actual, los beneficios del seguro de cesantía no están sujetos al pago de cotizaciones previsionales lo que, en el caso del sistema de pensiones, afecta negativamente el monto de la pensión futura de los trabajadores cesantes. Para avanzar en la solución de este problema, el presente proyecto de ley propone el financiamiento de las cotizaciones previsionales en los períodos de cesantía, con cargo al Fondo de Cesantía Solidario para quienes opten por recibir beneficios financiados con recursos de este Fondo.

3.- Contenido del Proyecto.-

En virtud de lo señalado, el presente proyecto de ley propone las siguientes reformas al seguro de cesantía de la ley N° 19.728:

a) Se incrementan las tasas de reemplazo de los beneficios financiados tanto con el saldo de la Cuenta Individual por Cesantía, como con el Fondo de Cesantía Solidario, para los primeros tres giros a que tengan derecho los trabajadores, pasando desde 50%, 45% y 40%, a 70%, 55% y 45%, respectivamente.

Respecto de la Cuenta Individual por Cesantía, se incrementa la tasa de reemplazo para el giro correspondiente al séptimo mes o superior, desde un 20% a un 25%. Lo anterior, para homologarla a la tasa de reemplazo del Fondo de Cesantía Solidario.

b) Se incrementan los valores superiores e inferiores de los beneficios con cargo al Fondo de Cesantía Solidario, señalados en el artículo 25 de la Ley N° 19.728: para el primer giro, desde 234.794 a 525.000 pesos el límite superior, y desde 108.747 a 147.000 pesos el límite inferior.

c) Se financian las cotizaciones previsionales de pensiones de aquellos trabajadores que tengan derecho y hayan optado por percibir beneficios con cargo al Fondo de Cesantía Solidario. Dichas cotizaciones serán calculadas en función del monto de la prestación por cesantía a que tenga derecho el trabajador en el mes correspondiente, independiente de si esa prestación es financiada con cargo a la Cuenta Individual o al Fondo de Cesantía Solidario. El financiamiento consistirá en el pago de la cotización del 10% para pensiones y de la cotización para el seguro de invalidez y sobrevivencia. Estas cotizaciones no estarán afectas al pago de comisiones a las administradoras de fondos de pensiones.

d) Se flexibiliza la restricción del número de accesos al Fondo de Cesantía Solidario, pasando desde 2 veces en 5 años, a 10 pagos en 6 años.

e) Se elimina la disposición actual que establece la posibilidad de hacer un último giro desde la Cuenta Individual por Cesantía, correspondiente al mes en que el trabajador dejó de ser cesante.

f) Se modifica la fecha de reajuste de los valores superiores e inferiores de las prestaciones con cargo al Fondo Solidario, desde febrero a marzo de cada año, considerando que durante los primeros días de febrero no está disponible el valor del Índice de Remuneraciones Reales.

g) Se corrige un error de cita en el artículo 65 de la ley, respecto al artículo 73 de la Ley N° 19.518, que fija nuevo estatuto de capacitación y empleo.

III. MINUTA DE LAS IDEAS MATRICES O FUNDAMENTALES DEL PROYECTO.

En conformidad con el N° 1 del artículo 287 del Reglamento de la Corporación y para los efectos de los artículos 69 y 73 de la Constitución Política de la República, como, asimismo, de los artículos 24 y 32 de la Ley Nº 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, cabe señalar que la idea matriz o fundamental del proyecto es perfeccionar el funcionamiento del seguro de cesantía establecido en la Ley N° 19.728.

Tal idea matriz se encuentra desarrollada en el proyecto aprobado por vuestra Comisión en tres artículos permanentes.

IV. ARTICULOS CALIFICADOS COMO NORMAS ORGÁNICAS CONSTITUCIONALES O DE QUORUM CALIFICADO.

En relación con esta materia, a juicio de vuestra Comisión, sólo el numeral 5) de su artículo primero requiere ser aprobado con quórum calificado, pues regula el ejercicio del derecho a la seguridad social, según lo dispone el numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

V. DOCUMENTOS SOLICITADOS Y PERSONAS RECIBIDAS POR LA COMISION.

Vuestra Comisión, además de los representantes del Ejecutivo señor Ministro del Trabajo y Previsión Social, don Juan Carlos Jobet Eluchans, señor Subsecretario de Previsión Social, don Augusto Iglesias Palau, y don Francisco Del Río Correa, Asesor Legislativo del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, recibió a los señores Fernando Alvear Artaza, Gerente General, y Pablo Bobic Concha, Asesor Legal, ambos de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC); a la señora Julia Requena Castillo y a los señores Guillermo Salinas Vargas y José Hermosilla Ramírez, Consejeros Nacionales de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).

VI. ARTÍCULOS DEL PROYECTO DESPACHADO POR LA COMISIÓN QUE DEBEN SER CONOCIDOS POR LA COMISIÓN DE HACIENDA.

A juicio de la Comisión, el numeral 5) de su artículo 1° requiere ser conocido por la Comisión de Hacienda, por tener incidencia en materia financiera y presupuestaria del Estado.

VII. DISCUSIÓN GENERAL

El proyecto en informe fue aprobado en general, por vuestra Comisión, en su sesión ordinaria de fecha 17 de diciembre de 2013, con el voto favorable (4) de la Diputada señora Vidal, doña Ximena, y de los Diputados señores Bertolino; Jiménez y Salaberry. Se abstuvieron la señora Muñoz, doña Adriana, y el señor Andrade.

En el transcurso de su discusión general, que se inició el martes 8 de octubre del año recién pasado, el Ejecutivo , través del señor Ministro del Trabajo y Previsión Social, don Juan Carlos Jobet Eluchans, además de refrendar los fundamentos contenidos en el Mensaje que dio origen a este proyecto en informe, hizo presente que la presente iniciativa tiene por objeto perfeccionar el funcionamiento del seguro de cesantía establecido en la Ley N° 19.728.

El señor Ministro manifestó , asimismo, que en la actualidad para cualquier causal de término de la relación laboral, los trabajadores tienen derecho a beneficios con cargo a su Cuenta Individual de Cesantía siempre que: en el caso de trabajadores a plazo indefinido, registren al menos 12 cotizaciones desde su afiliación al seguro o desde el último giro; en el caso de trabajadores de plazo fijo, registren 6 cotizaciones desde afiliación del seguro o desde el último giro. Al respecto, agregó, se pueden hacer tantos retiros como permita el saldo. A su vez, se contempla un Fondo de Cesantía Solidario, que opera cuando el saldo es insuficiente en la cuenta individual para financiar los beneficios. Para acceder a él se requiere registrar al menos 12 cotizaciones mensuales desde su afiliación al seguro o desde que se devengó el último giro, en los últimos 24 meses antes del despido, y 3 cotizaciones continuas con el mismo empleador. En este caso, se puede recibir prestaciones más de dos veces en un período de cinco años

Asimismo, el señor Jobet señaló que el seguro lo administra una sociedad anónima de giro único, escogida por licitación, a través de un Contrato de administración que se adjudica por diez años. Las obligaciones del administrador dicen relación con administrar el Fondo de Cuenta Individual y el solidario; recaudar cotizaciones; otorgar y administrar las prestaciones que señala la ley; debe tener a disposición del público una red de 50 centros de atención. Asimismo, en la respectiva licitación, los proponentes pueden hacer oferta de servicios adicionales.

Por otra parte, el señor Ministro expresó que la estructura de comisiones queda definida en las Bases de Licitación. El nivel de las comisiones se define según el resultado de la licitación: Primera licitación: 0,6% de fondos administrados y Segunda licitación: 0,49% de fondos administrados. Además, si la rentabilidad semestral es mayor al rendimiento de un benchmark, se puede incrementar comisión base en 10%. Si es menor que el retorno del benchmark, la comisión base se reduce en 10%.

El señor Jobet manifestó, del mismo modo, que el proyecto de ley cuya tramitación se ha dado inicio, tiene por objeto mejorar la protección económica de los trabajadores afiliados al Seguro de Cesantía que pierden su trabajo, en la medida en que la iniciativa reconoce un incremento en las remuneraciones reales del país. En efecto, las reservas del seguro de cesantía han crecido muy por sobre lo proyectado desde su creación, por lo que la acumulación de recursos permite financiar mejores beneficios y a un costo menor, sin comprometer la solvencia del sistema. Esta opinión coincide con la de la Comisión de Usuarios del Seguro de Cesantía que, reiteradamente, y en consideración a la alta acumulación de recursos, ha propuesto que se mejoren los beneficios del seguro.

En concreto, añadió, el proyecto de ley contempla, en primer lugar, un aumento en los porcentajes de remuneración. En efecto, para los tres primeros pagos con cargo al FCS en el caso de Contratos Indefinidos y dos pagos en el caso de Contratos Plazo Fijo – Obra o Faena. En segundo lugar, el aumento en el monto de los beneficios mínimos y máximos en el caso que se use el FC. De este modo, los Trabajadores a plazo indefinido, tendrán un tope máximo del beneficio correspondiente a $525.000 (equivalente a 70% de $750.000. Esta última cantidad corresponde al nuevo valor implícito tope de remuneración que se usa para el cálculo de los beneficios. Valor implícito actual es aprox. $470.000). El valor inferior es equivalente al 25% del salario mínimo ($210.000). Los montos se reajustan anualmente según IPC e Índice de Remuneraciones Reales.

Hizo presente que, en el caso de los trabajadores a plazo fijo, se fijaría un aumento en el monto de los beneficios mínimos y máximos en el caso que se use el FCS. Los montos se reajustan anualmente según IPC e IRR.

Por otra parte, señaló que el proyecto contempla cambiar el límite de acceso al Fondo Solidario a 10 pagos en 6 años (Para estos efectos no se considera los dos pagos adicionales en caso de alta cesantía que contempla la ley). Asimismo, el proyecto contempla hacer imponible para pensiones los beneficios del seguro de cesantía. En efecto, las cotizaciones se financiarían con cargo al Fondo Solidario, sin afectar el monto del beneficio que recibe el trabajador cesante. Se pagaría cotizaciones solo en el caso de beneficiarios que, teniendo derecho, opten por hacer uso del Fondo de Cesantía Solidario. Las cotizaciones incluirían el aporte a la cuenta individual (10%) más el seguro de invalidez y sobrevivencia (1,26%). Dichas cotizaciones serán calculadas en función del monto de la prestación correspondiente. Las AFP no podrían cobrar comisiones por la recaudación de estas cotizaciones.

Adicionalmente, agregó, la iniciativa propone que en el mes cuando el trabajador cesante pierda dicha calidad, por encontrar trabajo, la prestación del seguro de cesantía se pagará en forma proporcional a los días no trabajados. Si el número de días no trabajados es igual o mayor a 25 días, se pagará la prestación completa. Se establece una formula de compensación para el administrador del seguro, por menor acumulación de fondos como resultado de estas reformas (comisión que cobra es % de fondos administrados, más premio/castigo por mayor/ menor rentabilidad semestral respecto a benchmark)

Finalmente, el señor Jobet indicó que la Superintendencia de Pensiones estimó el impacto de los cambios propuestos sobre el nivel del Fondo de Cesantía Solidario durante los próximos 10 años, en las siguientes formas: aumentarían las tasas de uso para todo el periodo de proyección (posterior a la reforma) en 3,2 veces para los contratos a plazo indefinido (de 14% a 46%) y en 7,7 veces para los contrato plazo fijo (de 7% a 54%). Asimismo, se supone una crisis económica de dos años (que comienza un año después de la reforma). Durante la misma disminuye el número de cotizantes (hasta un 15%), y aumentan las tasas de uso del seguro, aproximadamente en un 50% para los contratos indefinidos (a 67% en promedio durante la crisis) y en un 25% en el caso de los contratos a plazo fijo (a 68% en promedio durante la crisis), por sobre el aumento permanente.

Concluyó expresando que, en materia de resultados, sin crisis económica, 3 años después de la reforma, el saldo del FCS disminuye un 31% respecto a la proyección sin reforma. 5 años después de las reformas, saldo cae 42%. 9 años después de la reforma, decrece 48%. Con crisis económica: en el punto más duro de la crisis (dos años después de la reforma), el saldo del FCS disminuye 22% respecto a la proyección con reforma y sin crisis económica En resumen: los cambios propuestos no amenazan la sustentabilidad de largo plazo del FCS, lo cual se explica principalmente por la magnitud del fondo ya acumulado.

A propósito de consultas de los señores Vilches, Jiménez y Andrade, el Ministro Jobet indicó que la reducción del 3% a 2% de la cotización, se logra bajando la cotización que hacen los empleadores a la cuenta individual de los trabajadores. En este sentido, el Ministro afirmó que esta reducción no tendrá efecto en el fondo solidario, sin perjuicio de que esta reforma generará mayor uso del seguro. Hizo presente, asimismo, que los dineros del fondo se invierten en instrumentos de renta fija de bajo riesgo y que tienen reglas de inversión estrictamente legales. La señora Berstein agregó que en el caso de la administración de estos fondos, la ley establece una cartera de referencia explícita con la cual el administrador del fondo debe competir a fin de obtener mayores ganancias y evitar sanciones. Por último, indicó que el proyecto tiene por objeto mejorar los beneficios contenidos en el seguro de cesantía sin modificar o revisar la cobertura del mismo. Asimismo, recordó que las trabajadoras de casa particular tienen una cotización especial con derecho a una indemnización a todo evento. En relación a los trabajadores del sector público, el Ministro insistió en que este proyecto no contempla la revisión de la cobertura del beneficio.

Para continuar con el estudio del proyecto, la Comisión recibió a los señores Fernando Alvear Artaza, Gerente General, y Pablo Bobic Concha, Asesor Legal, ambos de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC).

El señor Alvear manifestó que la iniciativa legal es muy bienvenida por el empresariado, quien desde hace ya varios años viene abogando, junto con los trabajadores, por la ampliación de los beneficios del seguro. En efecto, indicó que la magnitud de los recursos acumulados en los distintos fondos, y muy especialmente en el correspondiente a las cuentas individuales de los trabajadores, sumado a la persistente tasa de crecimiento anual de los mismos, y los resultados de los distintos estudios actuariales encomendados por la Administradora de Fondos del Seguro de Cesantía y la Superintendencia de Pensiones, al simular el comportamiento de los fondos frente a escenarios de profundas crisis en el empleo, les permiten apoyar de manera decidida la propuesta contenida en el presente proyecto de ley.

En este contexto, agregó, el sostenido y alto crecimiento del Fondo Solidario de este seguro, permite realizar una reforma sustantiva que permitiría otorgar mayores y mejores beneficios a los trabajadores que tienen que enfrentar la cesantía. En tal sentido, la CPC manifestó estar de acuerdo con elevar el tope de los actuales $ 380.000 a $750.000, de manera que aumente sustantivamente el número de trabajadores que se beneficien con esta medida; elevar la tasa de reemplazo, sobre todo en los dos primeros meses de cesantía, partiendo de un 70% para el primer mes; establecer una nueva modalidad de copago, de manera que el Fondo Solidario concurra a financiar desde el primer mes la cesantía, y permita al trabajador no ocupar el 100% de su Cuenta de Capitalización Individual; reducir el aporte de tos empleadores al Fondo Solidario cuando la relación laboral se extienda por más de 24 meses.

Al respecto, el señor Alvear sugirió considerar que se sustituya el aporte del 1,6% que se efectúa a las cuentas individuales de los trabajadores en el seguro de cesantía, para que en caso de desvinculación por necesidades de la empresa, el trabajador reciba íntegra la indemnización por años de servicio, sin descuento alguno por este concepto.

Por su parte, el señor Bobic manifestó que la CPC apoyaría un marco legal permanente que ofrezca una batería de instrumentos para proteger al empleo frente a cualquier situación, que tenga por causa eventual una crisis económica o sea producto de algún desastre natural. Las medidas contempladas en la nueva norma debieran, a su juicio, activarse automática y focalizadamente cada vez que la tasa nacional, regional o sectorial de desempleo publicada por el INE - si la hubiere - exceda en un punto porcentual el promedio de dicha tasa, correspondiente a los cuatro años anteriores publicados por ese Instituto, y/o, cada vez que, previa solicitud conjunta de la CUT y la CPC, una comisión compuesta por expertos - Decanos de las Facultades de Economía de tres universidades nacionales de reconocido prestigio - determine que se está frente a una crisis en el empleo, o bien, existan elementos suficientes para proyectar que ésta sería inminente y que tendría efectos nacionales, regionales o que afectarían a uno o más sectores económicos.

A su vez, proponen, para los casos en que se active la norma de protección del empleo, que se constituya una comisión técnica tripartita encargada de dar seguimiento a la efectividad en la implementación de las distintas medidas, así como de analizar los distintos indicadores económicos oficiales o de entidades de reconocido prestigio. De igual manera, proponen la ampliación del permiso de capacitación, de modo tal que los trabajadores con jornada completa, si así libremente lo acuerdan con su empleador, puedan reducir sus horas de trabajo; en cuyo caso el trabajador tendría derecho a una remuneración que no podría ser inferior a la proporción de la jornada trabajada, la que sería cancelada por su empleador. Los trabajadores referidos tendrían derecho a acceder a los cursos de capacitación durante las horas en que hayan pactado la reducción de horas de trabajo, estableciéndose que si al vencimiento del plazo acordado la empresa desvincula al trabajador, la remuneración que debiera considerarse para el cálculo de todos los beneficios laborales, sería la que tenía el trabajador antes de pactar la reducción de su jornada laboral. Las medidas de protección del empleo contempladas en esta nueva norma debieran mantenerse vigentes hasta que sean superadas las circunstancias que le dieron origen, velando por la recuperación de la calidad de los empleos.

A continuación, en su sesión de fecha 10 de diciembre del año 2013, la Comisión recibió a la señora Julia Requena Castillo y a los señores Guillermo Salinas Vargas y José Hermosilla Ramírez, Consejeros Nacionales de la Central Unitaria de Trabajadores, quienes manifestaron que a la luz de los resultados verificados por el Comité de Usuarios del Seguro de Cesantía, el sistema llegó a tener un crecimiento anual de 30%, sin que ello repercutiera en mayores beneficios para los trabajadores. En este sentido, y considerando que el sistema no tiene por objeto la acumulación de riqueza, se hace indispensable elevar las prestaciones y disminuir los costos del seguro.

Sin perjuicio de lo anterior, el señor Salinas criticó la falta de voluntad política del Gobierno para ello, en atención a que un acuerdo entre la CUT, la CPC y el Gobierno ya se había alcanzado en esta materia desde el inicio del período presidencial. Asimismo, lamentó que a solo meses de iniciarse un nuevo Gobierno, se haya presentado un proyecto de ley, cuya calificación de urgencia y su vinculación directa con el proyecto relacionado con salas cunas, no permita realizar un debate serio y acabado acerca de las distintas aristas de las modificaciones legales.

En concreto, el señor Salinas indicó que la CUT está de acuerdo con todo aquello que implique aumento de beneficios y mejoras en las tasas de reemplazo. Sin embargo, manifestó que el proyecto no contempla una serie de puntos en los cuales hubo acuerdo y otros que requieren de corrección, como, por ejemplo, la omisión en que incurre en relación con eliminar el descuento del 1,8% del aporte de los empleadores a las cuentas individuales en el finiquito del trabajador. Asimismo, la solución que el proyecto plantea en relación a las lagunas previsionales, en la medida en que sólo contempla dar integridad a dichas lagunas con cargo al fondo solidario para aquellos trabajadores que hicieron uso del mismo, lo cual no resolvería el problema. En opinión de la CUT, las lagunas previsionales deberían ser cubiertas por el fondo solidario para todo trabajador que quede cesante hasta que deja de estarlo.

Por otro lado, añadió que el proyecto plantea eliminar el último giro de la cuenta individual correspondiente al mes en que el trabajador dejó de ser cesante, lo que, en opinión de la CUT, es complejo, entendiendo que el trabajador también podría dejar de ser cesante en la mitad del mes, por tanto, dicha eliminación debiese ser proporcional y ajustada a la realidad laboral del trabajador.

Finalmente, el señor Salinas lamentó que el proyecto no resuelva el anhelo de la incorporación del trabajador del sector público al seguro de cesantía.

En la sesión del día 17 de diciembre recién pasado, la Comisión recibió nuevamente al señor Ministro del Trabajo y Previsión Social, don Juan Carlos Jobet Eluchans, quién se refirió a los comentarios y opiniones formuladas al proyecto tanto por parte de la CPC como de la CUT, destacando que dichas instituciones hayan reconocido que el sistema se encuentra sobre financiado y que efectivamente permite disponer de recursos suficientes, generando espacio para aumentar los beneficios a las personas afiliadas al seguro.

Respecto a la crítica de la CUT en atención al momento en que el proyecto de ley fue presentado al Congreso, el señor Jobet indicó que pueden tener razón en el sentido de que la discusión se había producido hace algún tiempo en el seno de la Comisión de Usuarios; sin embargo, poco se puede hacer al respecto ahora, salvo avanzar en su discusión dentro de lo razonable.

En relación al descuento de los aportes del empleador a la cuenta individual del trabajador cuando éste ha sido despedido por necesidades de la empresa u otras causales que dieran derecho a indemnización, el señor Ministro indicó que toda la discusión respecto a la modificación de las tasas de cotización que realizan tanto empleadores como trabajadores para financiar el seguro de cesantía, no ha sido incluido en este proyecto de ley, sino en aquel que dice relación con salas cuna (Boletín N° 9087-13). Dicho esto, el señor Jobet indicó que en el mencionado proyecto de salas cuna, se realiza una reducción de un 1% de la cotización que hacen los empleadores a la cuenta individual de los trabajadores, es decir, aprobado dicho proyecto, el descuento en comento será menor.

Respecto a las lagunas previsionales, el señor Ministro indicó que el proyecto dispone que aquellos trabajadores que opten por usar el fondo solidario tendrán derecho a que dicho fondo aporte el 10% a su cuenta de AFP, sin que las Administradoras puedan cobrar comisiones.

En relación al último giro con cargo al seguro, el proyecto plantea que se pagará proporcionalmente dependiendo del día en que el trabajador deje de ser cesante. Al respecto el señor Ministro indicó que es posible que la CUT haya tenido una versión no actualizada de la iniciativa al criticar este punto en la medida en que la situación se encontraría resuelta.

En relación a la crítica de la CUT en orden a no incorporar a los trabajadores del sector público a la cobertura del seguro, el señor Ministro manifestó su intención de avanzar en la discusión de la materia pero en un proyecto de ley distinto, evitando que dicha discusión entorpezca el despacho de la presente iniciativa.

Finalmente, respecto a la exposición de la CPC, el señor Ministro indicó que dicha institución habría manifestado estar de acuerdo con la presente iniciativa, sin perjuicio de que manifestó también críticas similares en relación a las urgencias y los plazos de presentación del proyecto.

Por su parte, las señoras y señores Diputados integrantes de esta instancia legislativa manifestaron su conformidad con la iniciativa legal en análisis, haciendo presente que ella perfecciona y mejora la protección económica de los trabajadores afiliados al Seguro de Cesantía que pierden su trabajo, ayudándolos a encontrar, en el menor tiempo posible, un nuevo puesto de trabajo desde el cual puedan desplegar sus potencialidades y talentos, evitando ser atrapados en las redes del asistencialismo.

VIII. SÍNTESIS DE LAS OPINIONES DISIDENTES AL ACUERDO ADOPTADO EN LA VOTACIÓN EN GENERAL.

No hubo en el seno de vuestra Comisión opiniones disidentes al acuerdo adoptado en la votación en general.

IX. DISCUSIÓN PARTICULAR.

Finalmente, en su sesión de fecha 14 de enero último, y previo a someter a votación particular el proyecto, vuestra Comisión recibió al señor Augusto Iglesias Palau, Subsecretario de Previsión Social ; la señora Ximena Quintanilla Domínguez, Analista de la División de Estudios de la Superintendencia de Pensiones y a la señora Marcia Salinas Bruna, Jefa del Departamento de Análisis de la Superintendencia de Seguridad Social , con el objeto de aclarar diversas dudas e inquietudes que habrían surgido a propósito de las exposiciones de la CPC y de la CUT y refrendar las explicaciones entregadas por el señor Ministro del Trabajo y Previsión Social anteriormente.

En relación a las críticas planteadas por la CUT en sesiones anteriores, respecto a la solución que el proyecto otorga a las lagunas previsionales, el señor Iglesias manifestó que la iniciativa prescribe que el trabajador va a recibir el pago de cotizaciones previsionales no sólo cuando sea beneficiario del fondo de cesantía solidario sino cuando tenga derecho al mismo. En otras palabras, el trabajador recibirá el pago previsional, con cargo al fondo solidario, aun cuando el beneficio del seguro se esté financiando en base a su cuenta individual.

Respecto a la crítica de la CUT relacionada con la eliminación del último giro de la cuenta individual correspondiente al mes en que el trabajador dejó de ser cesante, la cual en opinión de la Central Unitaria de Trabajadores debería ser proporcional y ajustada a la realidad laboral de cada trabajador, el señor Iglesias indicó que ese tema ya se encontraría resuelto por el texto del proyecto de ley que señala literalmente: “si el trabajador estuvo cesante una parte del mes calendario, la prestación se pagará en forma proporcional; no obstante si dicho periodo alcanzare 25 o más días en el mes respectivo, la prestación se pagará completa”.

Ante diversas consultas de señores parlamentarios respecto a los 10 pagos en 5 años que establece la iniciativa y a la solución que otorga el proyecto al problema de las lagunas previsionales, el señor Subsecretario manifestó que la ley actual establece que el acceso al fondo de cesantía solidario está limitado a 2 veces en 5 años, lo cual evidentemente ha despertado críticas por parte de los trabajadores. En atención a lo anterior, la presente iniciativa modifica esta situación, estableciendo la posibilidad del trabajador de acceder al beneficio, pudiendo optar a 10 pagos en un periodo de 6 años. Respecto a las lagunas previsionales, el señor Iglesias aclaró que los trabajadores financian los beneficios del fondo de cesantía solidario con cargo a su cuenta individual, y en subsidio con cargo al fondo solidario. Adicionalmente, el trabajador puede optar por no acceder al fondo de cesantía solidario en base a las restricciones existentes en cuanto a las cantidades de pago en determinados años. Sin perjuicio de lo anterior, el proyecto prescribe que si el trabajador tiene derecho al fondo de cesantía solidario y opta por acceder a los beneficios del fondo, comienza a recibir el pago de cotizaciones previsionales aún cuando los beneficios se estén pagando con cargo a su cuenta individual.

Sometido a discusión particular el proyecto de ley, la Comisión adoptó los siguientes acuerdos respecto de su texto:

“Artículo 1°.- Introdúcense las siguientes modificaciones a la Ley N° 19.728, que establece el Seguro Obligatorio de Cesantía:

1) Reemplázase la tabla del tercer inciso del artículo 15 por la siguiente:

Meses

Porcentaje promedio remuneraciones últimos 6 ó 12 meses de cotizaciones, según corresponda

Primero

70%

Segundo

55%

Tercero

45%

Cuarto

35%

Quinto

30%

Sexto

25%

Séptimo o superior

25%

2) Modifícase el artículo 16 en el siguiente sentido:

a) Agrégase, al final del inciso primero, a continuación del punto aparte (.) que pasa a ser punto seguido (.), lo siguiente: “Lo anterior, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 7° de esta ley.”

b) Sustitúyese el inciso segundo por el siguiente:

“En todo caso, si el trabajador estuvo cesante una parte del mes calendario, la prestación se pagará en forma proporcional. No obstante, si dicho período alcanzare 25 o más días en el mes respectivo, la prestación se pagará completa.”

c) Elimínase el inciso tercero.

3) Reemplázase el inciso segundo del artículo 24 por el siguiente:

“Con todo, un trabajador no podrá recibir más de diez pagos de prestaciones financiadas parcial o totalmente con cargo al Fondo de Cesantía Solidario, en un período de 6 años.”

4) Modifícase el artículo 25 de la siguiente forma:

a) Reemplázase la tabla del inciso primero por la siguiente:

MESES

PORCENTAJE PROMEDIO REMUNERACIONES ÚLTIMOS 12 MESES

VALOR SUPERIOR

VALOR INFERIOR

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

Quinto

70%

55%

45%

35%

30%

$525.000

$412.500

$337.500

$262.500

$225.000

$147.000

$115.500

$94.500

$73.500

$63.000

b) Reemplázase, en el inciso segundo, la expresión “para los meses cuarto y quinto en la tabla establecida en el inciso anterior” y el punto final (.), por lo siguiente: “en la tabla siguiente:”.

c) Intercálase entre el actual inciso segundo y el inciso tercero, la siguiente tabla:

MESES

PORCENTAJE PROMEDIO REMUNERACIONES ÚLTIMOS 12 MESES

VALOR SUPERIOR

VALOR INFERIOR

Primero

Segundo

50%

40%

$375.000

$300.000

$ 105.000

$ 84.000

d) Intercálase al inicio del inciso tercero, entre las expresiones “Aquellos beneficiarios” y “que estén”, lo siguiente: “en virtud de un contrato de duración indefinida”.

e) Reemplázase la tabla del inciso tercero por la siguiente:

MESES

PORCENTAJE PROMEDIO REMUNERACIONES ÚLTIMOS 12 MESES

VALOR SUPERIOR

VALOR INFERIOR

Sexto

25%

$187.500

$ 52.500

Séptimo

25%

$187.500

$ 52.500

f) Agrégase al final del inciso cuarto, a continuación del punto aparte (.) que pasa a ser punto seguido (.), la siguiente oración: “Estos giros adicionales, así como los señalados en el inciso anterior, no se considerarán para el número máximo de pagos de prestaciones establecido en el inciso segundo del artículo 24.”.

g) Reemplázase en la primera oración del inciso quinto la expresión “primero y tercero” por “primero, segundo y tercero”, y reemplázase la palabra “febrero” por “marzo”.

5) Agrégase a continuación del artículo 25 bis, el siguiente artículo 25 ter nuevo:

“Artículo 25 ter.- El Fondo de Cesantía Solidario financiará las cotizaciones de pensiones establecidas en el inciso primero del artículo 17 del D.L. N° 3.500, de 1980, y la cotización destinada al financiamiento del seguro de invalidez y sobrevivencia establecida en el mismo artículo, de los trabajadores que han manifestado su opción de recibir beneficios con cargo al Fondo de Cesantía Solidario. Estas cotizaciones se calcularán sobre el monto de la prestación que le corresponda al trabajador y sólo surtirán efecto para la obtención de los beneficios que establece el sistema de pensiones del citado decreto ley. El depósito de estas cotizaciones, que deberá ser enterado por la Sociedad Administradora del Fondo, no estará afecto al cobro de comisiones por parte de la Administradora de Fondos de Pensiones correspondiente.”

6) Reemplázase en el artículo 65 el guarismo “78” por “73”.”.

-Sometido a votación fue aprobado por 8 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.

(Votaron a favor la señora Vidal, doña Ximena, y los señores Andrade, Baltolu, Barros, Bertolino, Jiménez, Monckeberg, don Nicolás, y Salaberry).

“Artículo 2° La Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía tendrá derecho a una retribución adicional a la que se refiere el artículo 30 de la Ley N° 19.728.

La retribución adicional se determinará calculando, para los meses que resten de vigencia del contrato, la comisión base contemplada en el artículo 30 de la Ley N° 19.728 por los recursos del Fondo de Cesantía y del Fondo de Cesantía Solidario que se destinen al pago de los beneficios a que se refiere la presente ley, que reciban aquellos beneficiarios que no hubiesen tenido derecho a tales prestaciones antes de su entrada en vigencia o que correspondan a un mayor monto de prestaciones.

La retribución establecida en este artículo se devengará a contar de la entrada en vigencia de esta ley y hasta el término del contrato de administración del Seguro de Cesantía y se pagará con cargo al Fondo de Cesantía Solidario, en los plazos y en la forma que determine la Superintendencia de Pensiones, mediante norma de carácter general.”.

-Sometido a votación fue aprobado por 6 votos a favor, uno en contra y una abstención.

(Votaron a favor los señores Baltolu, Barros, Bertolino, Jiménez, Monckeberg, don Nicolás, y Salaberry. En contra lo hizo el señor Andrade, y se abstuvo la señora Vidal, doña Ximena).

“Artículo 3°.- La presente ley entrará en vigencia el primer día del cuarto mes contado desde su publicación en el Diario Oficial.”.

-Sometido a votación fue aprobado por 8 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.

(Votaron a favor la señora Vidal, doña Ximena, y los señores Andrade, Baltolu, Barros, Bertolino, Jiménez, Monckeberg, don Nicolás, y Salaberry).

X. ARTÍCULOS E INDICACIONES RECHAZADAS O DECLARADAS INADMISIBLES POR LA COMISIÓN.

No existen disposiciones en tal situación.

-o-

Como consecuencia de todo lo expuesto y por las consideraciones que os dará a conocer oportunamente el señor Diputado Informante , vuestra Comisión de Trabajo y Seguridad Social os recomienda la aprobación del siguiente:

PROYECTO DE LEY:

“Artículo 1°.- Introdúcense las siguientes modificaciones a la Ley N° 19.728, que establece el Seguro Obligatorio de Cesantía:

1) Reemplázase la tabla del tercer inciso del artículo 15 por la siguiente:

Meses

Porcentaje promedio remuneraciones últimos 6 ó 12 meses de cotizaciones, según corresponda

Primero

70%

Segundo

55%

Tercero

45%

Cuarto

35%

Quinto

30%

Sexto

25%

Séptimo o superior

25%

2) Modifícase el artículo 16 en el siguiente sentido:

a) Agrégase, al final del inciso primero, a continuación del punto aparte (.) que pasa a ser punto seguido (.), lo siguiente: “Lo anterior, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 7° de esta ley.”

b) Sustitúyese el inciso segundo por el siguiente:

“En todo caso, si el trabajador estuvo cesante una parte del mes calendario, la prestación se pagará en forma proporcional. No obstante, si dicho período alcanzare 25 o más días en el mes respectivo, la prestación se pagará completa.”

c) Elimínase el inciso tercero.

3) Reemplázase el inciso segundo del artículo 24 por el siguiente:

“Con todo, un trabajador no podrá recibir más de diez pagos de prestaciones financiadas parcial o totalmente con cargo al Fondo de Cesantía Solidario, en un período de 6 años.”

4) Modifícase el artículo 25 de la siguiente forma:

a) Reemplázase la tabla del inciso primero por la siguiente:

MESES

PORCENTAJE PROMEDIO REMUNERACIONES ÚLTIMOS 12 MESES

VALOR SUPERIOR

VALOR INFERIOR

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

Quinto

70%

55%

45%

35%

30%

$ 525.000

$ 412.500

$ 337.500

$ 262.500

$ 225.000

$ 147.000

$ 115.500

$ 94.500

$ 73.500

$ 63.000

b) Reemplázase, en el inciso segundo, la expresión “para los meses cuarto y quinto en la tabla establecida en el inciso anterior” y el punto final (.), por lo siguiente: “en la tabla siguiente:”.

c) Intercálase entre el actual inciso segundo y el inciso tercero, la siguiente tabla:

MESES

PORCENTAJE PROMEDIO REMUNERACIONES ÚLTIMOS 12 MESES

VALOR SUPERIOR

VALOR INFERIOR

Primero

Segundo

50%

40%

$ 375.000

$ 300.000

$ 105.000

$ 84.000

d) Intercálase al inicio del inciso tercero, entre las expresiones “Aquellos beneficiarios” y “que estén”, lo siguiente: “en virtud de un contrato de duración indefinida”.

e) Reemplázase la tabla del inciso tercero por la siguiente:

MESES

PORCENTAJE PROMEDIO REMUNERACIONES ÚLTIMOS 12 MESES

VALOR SUPERIOR

VALOR INFERIOR

Sexto

25%

$ 187.500

$ 52.500

Séptimo

25%

$1 87.500

$ 52.500

f) Agrégase al final del inciso cuarto, a continuación del punto aparte (.) que pasa a ser punto seguido (.), la siguiente oración: “Estos giros adicionales, así como los señalados en el inciso anterior, no se considerarán para el número máximo de pagos de prestaciones establecido en el inciso segundo del artículo 24.”

g) Reemplázase en la primera oración del inciso quinto la expresión “primero y tercero” por “primero, segundo y tercero”, y reemplázase la palabra “febrero” por “marzo”.

5) Agrégase a continuación del artículo 25 bis, el siguiente artículo 25 ter nuevo:

“Artículo 25 ter.- El Fondo de Cesantía Solidario financiará las cotizaciones de pensiones establecidas en el inciso primero del artículo 17 del D.L. N° 3.500, de 1980, y la cotización destinada al financiamiento del seguro de invalidez y sobrevivencia establecida en el mismo artículo, de los trabajadores que han manifestado su opción de recibir beneficios con cargo al Fondo de Cesantía Solidario. Estas cotizaciones se calcularán sobre el monto de la prestación que le corresponda al trabajador y sólo surtirán efecto para la obtención de los beneficios que establece el sistema de pensiones del citado decreto ley. El depósito de estas cotizaciones, que deberá ser enterado por la Sociedad Administradora del Fondo, no estará afecto al cobro de comisiones por parte de la Administradora de Fondos de Pensiones correspondiente.”

6) Reemplázase en el artículo 65 el guarismo “78” por “73”.

Artículo 2°.- La Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía tendrá derecho a una retribución adicional a la que se refiere el artículo 30 de la Ley N° 19.728.

La retribución adicional se determinará calculando, para los meses que resten de vigencia del contrato, la comisión base contemplada en el artículo 30 de la Ley N° 19.728 por los recursos del Fondo de Cesantía y del Fondo de Cesantía Solidario que se destinen al pago de los beneficios a que se refiere la presente ley, que reciban aquellos beneficiarios que no hubiesen tenido derecho a tales prestaciones antes de su entrada en vigencia o que correspondan a un mayor monto de prestaciones.

La retribución establecida en este artículo se devengará a contar de la entrada en vigencia de esta ley y hasta el término del contrato de administración del Seguro de Cesantía y se pagará con cargo al Fondo de Cesantía Solidario, en los plazos y en la forma que determine la Superintendencia de Pensiones, mediante norma de carácter general.

Artículo 3°.- La presente ley entrará en vigencia el primer día del cuarto mes contado desde su publicación en el Diario Oficial.”.

-o-

Se designó diputado informante , a don Tucapel Jimenez Fuentes.

Sala de la Comisión, a 14 de enero de 2014.

Acordado en sesiones de 8 de octubre, 19 de noviembre y 10 y 17 de diciembre de 2013, y 14 de enero del año en curso, con asistencia de las Diputadas señoras Goic, doña Carolina; Muñoz, doña Adriana, y Vidal, doña Ximena, y de los Diputados señores Andrade; Baltolu; Barros; Bertolino; Gutiérrez, don Romilio; Jiménez; Monckeberg, don Nicolás; Saffirio; Salaberry y Vilches.

(Fdo.): PEDRO N. MUGA RAMÍREZ, Abogado, Secretario de la Comisión .”

8. Informe de la Comisión de Seguridad Ciudadana y de Drogas recaído en el proyecto de ley que agrava las penas por los delitos de daños en cámaras de televigilancia, vehículos motorizados u otros bienes destinados a implementar planes de seguridad pública. (boletín N° 7290-25).

“Honorable Cámara:

La Comisión de Seguridad Ciudadana y de Drogas viene en informar el proyecto de ley de la referencia, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, que tiene su origen en una moción de las diputadas señoras María Angélica Cristi, Andrea Molina, señorita Marcela Sabat y Mónica Zalaquett; y de los diputados señores Gustavo Hasbún, José Antonio Kast, Iván Moreira, Felipe Salaberry, Carlos Vilches y Felipe Ward.

Durante el tratamiento del proyecto de ley, la Comisión contó con la asistencia y participación de las siguientes autoridades y especialistas: a) De Carabineros de Chile, el jefe de la V Zona, general Julio Pineda, y el teniente coronel (J), Rodrigo Zapico; b) el Presidente del departamento de ciencias penales de la escuela de derecho de la Universidad de Valparaíso, señor Waldo del Villar.

I. CONSTANCIAS REGLAMENTARIAS PREVIAS.

1.- IDEA MATRIZ O FUNDAMENTAL DEL PROYECTO.

Las ideas matrices del proyecto son las siguientes:

a) Incorporar como una modalidad específica del delito de daño aquel que recae en cámaras de televigilancia y, en general, en los equipos destinados a implementar planes de seguridad pública.

b) Sancionar como una falta el daño provocado en alguno de los equipos antes aludidos cuando la cuantía del perjuicio no excede determinado monto.

2.- NORMAS DE CARÁCTER ORGÁNICO CONSTITUCIONAL O DE QUÓRUM CALIFICADO.

No existen normas que revistan tal carácter.

3.- NORMAS QUE REQUIEREN TRÁMITE DE HACIENDA.

El proyecto no tiene normas que requieran ser conocidas por la Comisión de Hacienda.

4.- APROBACIÓN EN GENERAL DEL PROYECTO.

Sometido a votación general, el proyecto fue aprobado por asentimiento unánime, con los votos de la diputada señora María Angélica Cristi y de los diputados señores Cristián Letelier, Cristián Monckeberg, Arturo Squella y Matías Walker.

5.- DIPUTADO INFORMANTE.

Se designó Diputada informante a la señora María Angélica Cristi.

II. ANTECEDENTES.

Según expresan los autores del proyecto, en el marco de los planes preventivos o de seguridad pública que desarrollan las autoridades (sean locales, centrales o policiales), las cámaras de televigilancia y otros dispositivos constituyen un instrumento eficaz, no sólo para prevenir el delito, sino también como un elemento probatorio para perseguir posteriormente a quienes han delinquido. Agregan que tales dispositivos, y en particular las cámaras de vigilancia, han sido objeto de atentados por parte de delincuentes, ya sea destruyéndolas o dejándolas inutilizadas, con lo cual se afecta la seguridad de la ciudadanía.

Al decir de quienes patrocinan el proyecto, los atentados contra los equipos de vigilancia no tienen asignada una pena específica, sino que son sancionados por asimilación “residual” al delito de daños, contemplado en el artículo 484 y siguientes del Código Penal, que asignan a dicha figura delictiva penas privativas de libertad que van de 61 días a 5 años, dependiendo de la cuantía de los daños provocados, sin perjuicio de la aplicación de una multa, de cuantía variable, dependiendo también de la magnitud de los daños causados. Es importante destacar que si los daños provocados son de un avalúo inferior a 1 unidad tributaria mensual (UTM), la conducta deja de ser un delito y pasa a ser una falta, cuya sanción o pena consiste únicamente en multa, no admitiendo por consiguiente la privación de libertad del condenado. Tampoco es posible, al tenor del artículo 9°del Código Penal, que la falta sea sancionada cuando alcanza sólo el grado de tentativa o frustrada.

De acuerdo a los antecedentes expuestos, los autores del proyecto concluyen que la destrucción y, en general, cualquier forma de atentado contra los dispositivos de vigilancia, prevención o seguridad, no recibe actualmente una sanción adecuada, y por tal motivo no se está disuadiendo la comisión de ilícitos de esta naturaleza.

III. DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL PROYECTO.

A) En General

Durante la discusión general del proyecto de ley en informe, la Comisión escuchó a las siguientes personas:

1) Jefe de la V Zona de Carabineros, general Julio Pineda, y teniente coronel (J) Rodrigo Zapico

El Jefe de la V Zona de Carabineros de Chile , general Julio Pineda, afirmó que las cámaras de televigilancia, instaladas principalmente por los municipios, constituyen una herramienta de apoyo imprescindible para la labor que realiza la institución policial en materia de seguridad ciudadana. En efecto, a través de ellas se puede determinar muchas veces a la persona del delincuente, por lo que representan un medio de prueba muy eficaz sobre la participación punible, que abarca una amplia gama de delitos, y no solo aquellos contra la propiedad.

Sin perjuicio de respaldar esta iniciativa de ley, propuso complementarla incorporando los dispositivos de seguridad utilizados por los privados, como los bancos, las industrias, el comercio, etc., porque cumplen el mismo propósito, es decir, contribuir a la seguridad ciudadana. Además, de acuerdo a la ley N°19.303 tales dispositivos deben estar inscritos ante Carabineros a través del sistema alfa 2, toda vez que las entidades privadas están insertas en los planes de seguridad que impulsa el organismo policial.

Agregó que otro aspecto que debería comprender la modificación del artículo 485 del Código Penal es la situación, de frecuente ocurrencia, que consiste en inutilizar los dispositivos de seguridad, sin provocar en ellos un daño, al menos de forma aparente. Es lo que sucede, por ejemplo, cuando se descalibra o se lanza pintura a las cámaras de vigilancia.

Finalmente, manifestó estar de acuerdo con la pena que se asigna al delito de daño.

Por su parte, el teniente coronel (J) Rodrigo Zapico subrayó la idea expuesta por el general Pineda, en cuanto a la conveniencia de que se tipifique como delito de daño la inutilización de los aparatos de seguridad antes mencionados, pues el efecto que se produce es análogo a la destrucción: pierden su operatividad. Tanto si se destruyen como si se les arroja pintura o se descalibran las cámaras, se priva a la policía de un medio adecuado para resguardar el orden. Sin embargo, el ministerio público considera que en estos casos no hay delito de daño.

2) Presidente del departamento de ciencias penales de la escuela de derecho de la Universidad de Valparaíso, señor Waldo del Villar

El profesor del Villar se mostró de acuerdo en incluir dentro de la categoría de daños calificados los que afectan a las cámaras de televigilancia, vehículos motorizados y demás implementos que se ocupan en los planes de seguridad pública. Junto con lo anterior, sugirió modificar el artículo 485 del Código Penal, en el sentido de rebajar el “piso” de 40 unidades tributarias mensuales (UTM), que exige la norma como monto mínimo de los daños provocados para hacer aplicable la pena privativa de libertad y la multa que establece al efecto. A su juicio, dicho monto debería reducirse a unas 15 UTM, para así poder sancionar los daños de menor cuantía.

Por otra parte, opinó que no sería necesaria una mención expresa en el proyecto a los implementos de seguridad utilizados por los particulares, pues cumplen el mismo propósito que aquellos instalados por las autoridades, a saber, velar por la seguridad pública. Con todo, para despejar cualquier duda al respecto, podría señalarse que el tipo penal también comprende a las cámaras de televigilancia pertenecientes a entidades particulares.

-o-

Durante la discusión general, el proyecto en informe suscitó las siguientes opiniones de parte de los integrantes de la Comisión.

La diputada señora María Angélica Cristi indicó que el proyecto de ley es necesario, fundamentalmente por dos razones. La primera de ellas es que las cámaras de televigilancia han demostrado ser un medio muy eficaz para prevenir la delincuencia e identificar a los delincuentes que actúan en calles, centros comerciales, etc. Estas cámaras se han convertido en un medio de prueba muy importante de la comisión de delitos. Por otra parte, se estima que los daños provocados en los vehículos policiales ascienden anualmente a unos 2 mil millones de pesos, con el consiguiente impacto presupuestario que conlleva la reposición o reparación (según el caso) de aquellos, lo que justifica tipificar como un delito específico de daño el atentado contra esta clase de bienes fiscales.

Sometido a votación general, el proyecto fue aprobado por asentimiento unánime, según se indicó en el capítulo de las constancias reglamentarias.

B) En Particular

Durante la discusión y votación en particular de la iniciativa, la Comisión adoptó los siguientes acuerdos:

Artículo único

Consta de dos numerales, que introducen sendas modificaciones en el Código Penal, según pasa a examinarse:

N° 1

Incorpora el siguiente numeral 9° en el artículo 485 del Código Penal, que castiga con la pena de reclusión menor en su grado medio a máximo y multa de once a quince unidades tributarias mensuales (15 UTM) a quien causare alguno de los daños que especifica, y cuyo monto excede de cuarenta (40) UTM.

El numeral nuevo que se propone incorporar dice textualmente:

“Agrégase el siguiente numeral 9° en el artículo 485 del Código Penal:

“9° En cámaras de televigilancia, vehículos motorizados y cualquier otro bien destinado a implementar planes de seguridad pública.”.

La norma transcrita fue objeto de una indicación de la diputada señora Cristi y del diputado señor Squella, aprobada por asentimiento unánime, con la participación de sus autores y de los diputados señores Schilling, Silva y Walker, que la reemplaza por la siguiente:

“Incorpórase el siguiente numeral 8° en el Código Penal, pasando el actual 8° a ser numeral 9°:

“8° En cámaras de televigilancia, vehículos motorizados y o cualquier otro bien destinado a la seguridad pública o privada.”.

Según explicó la diputada señora Cristi, la indicación recoge las observaciones planteadas por los invitados, en cuanto a la conveniencia de incorporar expresamente en el proyecto los dispositivos de seguridad orientados a fortalecer la seguridad privada, porque en definitiva también apuntan a la seguridad ciudadana.

N° 2

Este numeral del artículo único del proyecto incorpora una modificación en el numeral 21 del artículo 495 del citado Código; precepto que castiga con multa de una (1) UTM al que intencionalmente o con negligencia culpable cause daño que no exceda de una (1) UTM en bienes públicos o particulares.

El texto del numeral en referencia es del tenor que se reproduce a continuación:

“Agrégase el siguiente inciso segundo en el numeral 21 del artículo 495 del Código Penal:

“Si los daños se producen en cámaras de televigilancia, vehículos motorizados y cualquier otro bien destinado a implementar planes de seguridad pública, se aplicará la pena de prisión en su grado mínimo a medio y multa de una a cuatro unidades tributarias mensuales. En caso de reincidencia, se aplicará la pena de prisión en grado máximo. Se sancionará también la falta frustrada y la tentativa, conforme a las definiciones del artículo 7°.”.

Esta disposición fue, asimismo, objeto de una indicación de los diputados antes individualizados, aprobada por idéntica votación que la anterior, y que sustituye su texto por el que sigue:

“Incorpórase el siguiente inciso segundo en el numeral 21 del artículo 495 del Código Penal:

“Sin embargo, si los daños se producen en cámaras de televigilancia, vehículos motorizados y o cualquier otro bien destinado a la seguridad pública o privada, se aplicará una multa de 4 a 10 unidades tributarias mensuales.”.

Según se explicó en el seno de la Comisión, la indicación en comento persigue los siguientes objetivos: 1) Modificar el monto mínimo y máximo de la multa en la hipótesis descrita, elevándolos de 1 a 4, y de 4 a 10 UTM, respectivamente, con lo cual se quiere dejar de manifiesto el disvalor de la falta, consistente en dañar los dispositivos de seguridad; 2) Incorporar, en armonía con la indicación recaída en el artículo 485, el concepto de seguridad privada, por el motivo consignado; y c) Efectuar otros ajustes de fondo en la redacción, en armonía con el resto del artículo 495 y el sistema penal, eliminando específicamente la pena de prisión para este tipo de falta y su punibilidad en los grados de tentativa y frustrada.

IV. ARTÍCULOS E INDICACIONES RECHAZADOS.

No hay.

-o-

Por las razones señaladas y por las que expondrá oportunamente la Diputada Informante , esta Comisión recomienda la aprobación del siguiente:

PROYECTO DE LEY

“Artículo único.- Incorpóranse las siguientes modificaciones en el Código Penal:

1) Agrégase el siguiente numeral 8° en el artículo 485, pasando el actual 8° a ser numeral 9°:

“8° En cámaras de televigilancia, vehículos motorizados y o cualquier otro bien destinado a la seguridad pública o privada.”.

2) Incorpórase el siguiente inciso segundo en el numeral 21 del artículo 495:

“Sin embargo, si los daños se producen en cámaras de televigilancia, vehículos motorizados y o cualquier otro bien destinado a la seguridad pública o privada, se aplicará una multa de 4 a 10 unidades tributarias mensuales.”.”.

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Se designó Diputada informante a la señora María Angélica Cristi.

Tratado y acordado, según consta en las actas correspondientes a las sesiones celebradas los días 11 y 18 de diciembre de 2013; y 15 de enero de 2014, con la asistencia de las diputadas señora María Angélica Cristi y señorita Marcela Sabat; y de los diputados señores Alfonso De Urresti, Cristián Letelier, Cristián Monckeberg, Marcelo Schilling, Gabriel Silber, Ernesto Silva, Arturo Squella y Matías Walker.

También estuvo presente el diputado señor Jorge Sabag.

Sala de la Comisión, a 17 de enero de 2014

(Fdo.): JUAN CARLOS HERRERA INFANTE, Secretario Abogado de la Comisión.”

12. Oficio del Tribunal Constitucional. Rol N° 2.437-13-INA

?Santiago, 14 de enero de 2014.

Oficio N° 9.422

Remite sentencia.

Excelentísimo señor

Presidente de la Cámara de Diputados

Remito a V.E. copia autorizada de la sentencia definitiva dictada por esta Magistratura con fecha 14 de enero de 2014, en el proceso Rol N° 2.437-13-INA, sobre requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto de los artículos 48 y 108, letra b), de la Ley N° 19.039 de Propiedad Industrial.

Dios guarde a V.E.

(Fdo.): MARISOL PEÑA TORRES, Presidenta ; MARTA DE LA FUENTE OLGUÍN, Secretaria.

A S.E. EL

PRESIDENTE DE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS

DON EDMUNDO ELUCHANS URENDA

VALPARAÍSO.”