Labor Parlamentaria

De los jefes de bancadas de diputados del Partido Demócrata Cristiano y del Partido por la Democracia, por la cual informan que el diputado señor Walker reemplazará a la diputada señora Girardi en la Comisión Especial Investigadora de la actuación de los organismos públicos encargados de fiscalizar eventuales irregularidades en la administración de la Universidad de Artes y Ciencias Sociales (Arcis).

Del diputado señor Kast, don Felipe , por la cual informa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 del Reglamento de la Corporación, que se ausentará del país por un plazo inferior a treinta días, a contar del 1 de noviembre de 2014, para dirigirse a Finlandia.

Del diputado señor Silber por la cual informa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 del Reglamento de la Corporación, que se ausentará del país por un plazo inferior a treinta días, a contar del 25 de octubre de 2014, para dirigirse a Alemania y España.

Del diputado señor Vallespín por la cual informa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 del Reglamento de la Corporación, que se ausentará del país por un plazo inferior a treinta días, a contar del 25 de octubre de 2014, para dirigirse a Alemania.

Nota de la diputada señora Núñez , doña Paulina , por la cual informa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 del Reglamento de la Corporación, que se ausentará del país por un plazo inferior a treinta días, a contar del 24 de octubre de 2014, para dirigirse a Israel.

Del diputado señor Godoy por la cual informa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 del Reglamento de la Corporación, que se ausentará del país por un plazo inferior a treinta días, a contar del 26 de octubre de 2014, para dirigirse a México.

Del diputado señor Letelier por la cual informa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 del Reglamento de la Corporación, que se ausentará del país por un plazo inferior a treinta días, a contar del 1 de noviembre de 2014, para dirigirse a Colombia.

De la diputada señora Girardi por la cual informa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 del Reglamento de la Corporación, que se ausentará del país por un plazo inferior a treinta días a contar del 10 de noviembre de 2014.

Del diputado señor Ceroni por la cual informa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 del Reglamento de la Corporación, que se ausentará del país por un plazo inferior a treinta días a contar del 3 de noviembre de 2014, para dirigirse a México.

Otorgada al diputado señor Núñez, don Marco Antonio , por la cual acredita que debió permanecer en reposo el 23 de octubre de 2014.

De la Presidencia de la Cámara de Diputados por el cual comunica que el diputado señor Torres integrará la comitiva que acompañará a la Presidenta de la República en su gira a Alemania y España, entre el 25 y el 31 de octubre de 2014 (420).

De la Presidencia de la Cámara de Diputados por el cual informa que los jefes de los Comités Parlamentarios designaron a la diputada señora Nogueira y a los diputados señores Carmona , Fuenzalida , Saffirio , Schilling y Tuma , para integrar la Comisión Bicameral encargada de dar cumplimiento al artículo 6° del Convenio N° 169 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre Pueblos Originarios y Tribales Independientes. (424).

Diputada Hoffmann doña María José , Posibilidad de reevaluar el dictamen de la comisión técnica de la Superintendencia de Seguridad Social, que rechazó las licencias médicas del señor Jorge Chávez Valdebenito , cédula nacional de identidad N° 10.166.5658, domiciliado en la comuna de San Antonio , en los términos que se indican en la solicitud adjunta. (5101 de 20/10/2014). A servicios.

Diputada Hernando doña Marcela , Situación del señor Luis Saavedra Muñoz , cédula nacional de identificación N° 5.492.5077, exonerado de la empresa Madeco Planta Antofagasta en 1973 y que a partir del año 1989 se instaló en terreno del vivero Municipal de Sierra Gorda, en comodato precario por 1 año y que actualmente es ocupado por la empresa BAILAC, en los términos que se indican en la solicitud adjunta. (5102 de 20/10/2014). A Ministerio de Bienes Nacionales.

Diputado Hasbún , Diputada Molina doña Andrea , remita a esta Corporación la información detallada en la petición adjunta, relacionada con el presupuesto asignado a las embajadas chilenas en el exterior. (5103 de 20/10/2014). A Ministerio de Relaciones Exteriores.

Diputado Ward , remita a esta Corporación la información detallada en la petición adjunta, relacionada con el proceso de licitación de las obras de término de ejecución de los departamentos vinculados a la reconstrucción de la ciudad de Tocopilla del proyecto habitacional “La Prefectura”. (5104 de 20/10/2014). A Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

Diputada Girardi doña Cristina , remita a esta Corporación la información detallada en la petición adjunta, relacionada con la situación acontecida en el condominio Luis I de la constructora Santa Beatriz , en lo que se refiere a la calificación de las viviendas como “viviendas sociales” y, además, se me informe sobre la totalidad de subsidios cobrados a la fecha por la constructora Santa Beatriz . (5107 de 21/10/2014). A Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

Diputado Soto , Puente mecano ubicado en la comuna de Paine, indicando específicamente sus condiciones de operación, si cuenta con las mantenciones de seguridad como de despeje de accesos al día y, sobre el control que realiza ese Ministerio sobre la referida estructura, en los términos que se indican en la solicitud adjunta. (5121 de 22/10/2014). A Ministerio de Obras Públicas.

Diputado Rathgeb , Reiterar el oficio N° 1904 de esta Corporación de fecha 18 de junio de 2014 y, en definitiva, informe a esta Cámara respecto de la fecha en que se realizará la licitación de los recorridos subsidiados para los sectores rurales de la Región de La Araucanía, conforme se describe en la petición adjunta. (5135 de 22/10/2014). A seremi de Transportes y Telecomunicaciones de la Región de La Araucanía.

Diputado Rathgeb , reiterar el oficio N° 2213 de esta Corporación de fecha 08 de julio de 2014 y, en definitiva, informe a esta Cámara acerca de las peticiones formuladas por las organizaciones de trabajadores del Servicio de Salud Araucanía Norte, Fenats Unitaria y Fenpruss Base , en relación a despidos de funcionarios de dicho servicio como al nombramiento de jefaturas paralelas con grado superior a lo que establece la ley, conforme se describe en la petición adjunta. (5136 de 22/10/2014). A Ministerio de Salud.

Diputado Rathgeb , reiterar el oficio N° 2716 de esta Corporación de fecha 14 de julio de 2014 y, en definitiva, informe a esta Cámara sobre la entrega de los recursos asignados a las comunas de Angol, Renaico , Collipulli , Ercilla , Lumaco , Traiguén , Los Sauces y Purén , con ocasión de la declaración de emergencia emitida por las nevazones que las afectaron durante el mes pasado con los detalles que se precisan en la solicitud que se acompaña. (5137 de 22/10/2014). A servicios.

Diputado Rathgeb , Reiterar el oficio N° 3864 de esta Corporación de fecha 21 de agosto de 2014 y, en definitiva, informe a esta Cámara respecto de la efectividad de los hechos indicados en el oficio N° 20 del Colegio de Profesores de Chile A.G., Consejo Comunal de Purén y, sobre la misma materia, las medidas que adoptará el Ministerio de Educación en relación con lo señalado en dicho oficio. (5138 de 22/10/2014). A intendencias.

Diputado Rathgeb , reiterar el oficio N° 3865 de esta Corporación de fecha 21 de agosto de 2014 y, en definitiva, informe a esta Cámara respecto de la efectividad de los hechos indicados en el oficio N° 20 del Colegio de Profesores de Chile A.G., Consejo Comunal de Purén y, sobre la misma materia, las medidas que adoptará el Ministerio de Educación en relación con lo señalado en dicho oficio. (5139 de 22/10/2014). A Ministerio de Educación.

Diputado Rathgeb , reiterar el oficio N° 3193 de esta Corporación de fecha 22 de julio de 2014 y, en definitiva, informe a esta Cámara acerca del procedimiento que se utiliza para determinar la calidad de alumno prioritario de los establecimientos educacionales subvencionados, en virtud de la ley N° 20.248, conforme se describe en la petición adjunta. (5140 de 22/10/2014). A Ministerio de Educación.

Diputado Rathgeb , reiterar el oficio N° 2058 de esta Corporación de fecha 2 de julio de 2014 y, en definitiva, informe a esta Cámara respecto del estado actual del programa Elige Vivir Sano, implementado durante la administración del ex Presidente de la República Sebastián Pinera , especificando qué política pública va a desarrollar este gobierno en dicha materia, quién va a encabezar el programa y cuál va a ser su nombre, conforme se describe en la petición adjunta. (5141 de 22/10/2014). A Ministerio de Salud.

Diputado Rathgeb , reiterar el oficio N° 2717 de esta Corporación de fecha 14 de julio de 2014 y, en definitiva, informe a esta Cámara sobre el resultado de la consulta realizada a comunidades indígenas y no indígenas respecto a la construcción de dobles vías e instalación de peajes en la provincia de Malleco (5142 de 22/10/2014). A Ministerio de Obras Públicas.

Diputado Rathgeb , reiterar el oficio N° 2214 de esta Corporación de fecha 8 de julio de 2014 y, en definitiva, informe a esta Cámara acerca de la modalidad que se empleará para construir la ruta entre Angol y Los Ángeles, conforme se describe en la petición adjunta. Asimismo, solicita tenga a bien considerar la construcción de dicha ruta con recursos fiscales y sin que se establezcan peajes, atendida la situación social de los habitantes de las provincias de Malleco y del Biobío. (5143 de 22/10/2014). A Ministerio de Obras Públicas.

Diputado Rathgeb , reiterar el oficio N° 3757 de esta Corporación de fecha 14 de agosto de 2014 y, en definitiva, remita a esta Cámara información detallada en petición adjunta, relacionada con el proceso de calificación realizado a los gestores territoriales del programa Ingreso Ético Familiar, en la Región de La Araucanía. (5144 de 22/10/2014). A Ministerio de Desarrollo Social.

Diputado Rathgeb , reiterar el oficio N° 3757 de esta Corporación de fecha 14 de agosto de 2014 y, en definitiva, remita a esta Cámara información detallada en petición adjunta, relacionada con el proceso de calificación realizado a los gestores territoriales del programa Ingreso Ético Familiar, en la Región de La Araucanía. (5145 de 22/10/2014). A intendencias.

Diputado Rathgeb , reiterar los oficios N° 3601 de fecha 14 de agosto de 2014 y N°1661 de fecha 12 de junio de 2014, de esta Corporación y, en definitiva, informe a esta Cámara sobre la asignación del capital de trabajo y maquinarias, desde el 11 de marzo de 2014 a la fecha, individualizando a los beneficiarios y los montos entregados a cada uno de ellos. (5146 de 22/10/2014). A director regional del Instituto de Desarrollo Agropecuario de la Región de La Araucanía.

Diputado Kast , remita a esta Cámara la información detallada en la petición adjunta, relacionada con todo el proceso de adjudicación del contrato de licitación pública denominada: Diseño e implementación del programa “Escuela de formación para Líderes comunales y levantamiento de desafíos de la comunidad organizada de La Granja”. (5147 de 22/10/2014). A alcalde de la Municipalidad de La Granja.

Diputado Farías , informe a esta Cámara en conformidad con el Plano Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS), sobre cuáles y qué tipo de empresas son las que pueden funcionar dentro del anillo Américo Vespucio , así como los plazos de latencia para dar estricto cumplimiento al PRMS. (5148 de 22/10/2014). A seremi de Vivienda y Urbanismo de la Región Metropolitana de Santiago.

Diputado Farías , informe detalladamente a esta Cámara respecto de la manera en que el proyecto Américo Vespucio Oriente pueda afectar a los vecinos de Macul en el eje Américo Vespucio o su calle local entre Rodrigo de Araya y Las Torres. (5149 de 22/10/2014). A Ministerio de Obras Públicas.

Diputada Hoffmann doña María José , informe a esta Corporación sobre factibilidad de instalar el Centro de Larga Estadía para la Región de Valparaíso en alguna de las comunas de la provincia de San Antonio. (5150 de 22/10/2014). A Ministerio de Desarrollo Social.

Diputada Molina doña Andrea , informe a esta Corporación respecto del estado actual del río Aconcagua en materia de depósitos de desperdicios y contaminación del mismo y en caso de que corresponda, tenga a bien, adoptar las medidas necesarias para proceder a su limpieza. (5151 de 22/10/2014). A directora del Departamento de Salud de la Municipalidad de La Calera.

Diputada Molina doña Andrea , informe a esta Corporación acerca de los planes y programas de fiscalización que se han adoptados respecto de las condiciones fitosanitarias del río Aconcagua. Asimismo acerca de los casos de enfermedades que se han registrado en los recintos de salud y consultas, vinculadas a este suceso de contaminación en el referido río. (5152 de 22/10/2014). A servicios.

Diputado Jiménez , informe a esta Corporación sobre la situación en que se encuentra el reclamo N° 148 de fecha 29 de julio de 2014, ingresado en la municipalidad de Lo Espejo. (5153de 22/10/2014). A alcalde de la Municipalidad de Lo Espejo.

Diputado Fuenzalida , informe a esta Corporación sobre el avance en la reposición de los viaductos: Porfiado , Futange , Mellizos 1,2,3 , 4 y Collico . Asimismo de los puentes Nilahue y Miraflores . (5162 de 23/10/2014). A Ministerio de Obras Públicas.

Diputado Fuenzalida , Informe a esta Corporación sobre el estado de avance de la pavimentación y mejoramiento del camino de la Ruta T-85 Lago Ranco-Calcurrupe. (5165 de 23/10/2014). A Ministerio de Obras Públicas.

Diputado Fuenzalida , informe a esta Corporación sobre la cantidad de personas que se encuentran en situación de calle en la ciudad de La Unión, Paillaco y Futrono . (5166 de 23/10/2014). A Ministerio de Economía, Fomento y Turismo.

Diputado Fuenzalida , Remita a esta Corporación la información detallada en la petición adjunta, relacionada con la operatividad de los cajeros automáticos. (5167 de 23/10/2014). A Varios.

Diputado Fuenzalida , informe a esta Corporación, al tenor de la petición adjunta, respecto de la cantidad de fiscalizaciones que se han realizado sobre las condiciones laborales de los choferes del transporte público, en la Región de Los Ríos. (5168 de 23/10/2014). A seremi del Trabajo y Previsión Social de Los Ríos.

Diputado Fuenzalida , remita a esta Corporación la nómina de asistentes al “Programa de Capacitación Laboral para Trabajadores”, de la Región de Los Ríos. (5169 de 23/10/2014). A directora regional del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo de la Región de Los Ríos.

Diputado Fuenzalida , informe a esta Corporación respecto de la cantidad de jardines infantiles que tienen una administración directa por parte de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji), en la comuna de Paillaco y, además, el presupuesto asignado para ellos en el año 2014 y el solicitado para el año 2015. (5170 de 23/10/2014). A director regional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles de la Región de Los Ríos.

Diputado Fuenzalida , informe a esta Corporación respecto del estado de avance de la construcción de la “Red Interlagos” y los plazos de finalización de dicho proyecto. (5171 de 23/10/2014). A Ministerio de Obras Públicas.

Diputado Fuenzalida , remita a esta Cámara la información detallada en la petición adjunta, relacionada con las facultades con que cuenta el Ministerio de Salud para enfrentar de forma adecuada emergencias sanitarias. (5172 de 23/10/2014). A Ministerio de Salud.

Diputado Fuenzalida , informe a esta Cámara respecto de los avances en el programa de mejoramiento del Sistema de Registro de ADN. (5173 de 23/10/2014). A Ministerio de Justicia.

Diputado Fuenzalida , Informe a esta Cámara respecto de los avances en el programa de mejoramiento del Sistema de Registro de ADN. (5174 de 23/10/2014). A Ministerio Secretaría General de la Presidencia.

Diputado Fuenzalida , informe detalladamente a esta Cámara respecto de los antecedentes que obran en poder del Ministerio de Educación para fundar la desmunicipalización de los establecimientos educacionales. (5175 de 23/10/2014). A Ministerio de Educación.

Diputado Fuenzalida , informe detalladamente a esta Cámara respecto de las medidas adoptadas para incrementar la seguridad en los vagones, estaciones y dependencias en general, de la empresa de transportes, ante una eventual reiteración de un episodio terrorista. (5176 de 23/10/2014). A presidente del directorio de Metro S.A.

Diputado Fuenzalida , remita a esta Cámara la información detallada en la petición adjunta, relacionada con el accidente ambiental ocurrido el 24 de septiembre del presente año, en la bahía de Quintero. (5177 de 23/10/2014). A gerente general de la Empresa Nacional del Petróleo.

Diputado Fuenzalida , informe a esta Cámara respecto de la posibilidad de compra de los activos de los cuales se deprenderá la multinacional Anglo Amercian y, además, el impacto que tendrá sobre la empresa estatal, una vez que salga al mercado el producto denominado “grafeno” (5178 de 23/10/2014). A empresas del Estado.

Diputado Fuenzalida , informe a esta Cámara respecto de las medidas adoptadas para enfrentar los eventuales incendios forestales a los que está expuesto nuestro país, considerando especialmente la situación actual de déficit de lluvias. (5179 de 23/10/2014). A servicios.

Diputado Fuenzalida , informe a esta Corporación respecto de las preemergencias y emergencias ambientales desde enero a la fecha, en la Región de Los Ríos. (5180 de 23/10/2014). A servicios.

Diputado Fuenzalida , informe a esta Corporación sobre el avance que ha tenido la campaña “Pan Saludable” en la Región de Los Ríos, así como su evaluación al respecto. (5181 de 23/10/2014). A seremi de Salud de la Región de Los Ríos.

Diputado Fuenzalida , informe a esta Corporación respecto de la posibilidad de instalar un retén en el sector rural de Nontuelá, comuna La Unión, Región de Los Ríos. (5182 de 23/10/2014). A varios.

Diputado Rathgeb , listado con los títulos de Merced, con su correspondiente plano o mapa, existentes en todas las comunas de la provincia de Malleco, desagregados por comuna y nombre de cada comunidad, en los términos que se indican en la solicitud adjunta. (5212 de 24/10/2014). A Ministerio de Desarrollo Social.

Diputado Rathgeb , Estado de avance del proyecto Corredor Bioceánico Chileno Argentino, indicando su ruta principal y alternativa, como las ciudades por las cuales dicha ruta pasaría (5213 de 24/10/2014). A intendencias.

Diputado Rathgeb , Existencia de un estudio que indique grado de contaminación de los ríos y lagos de la Región de La Araucanía, remitiendo, en el caso de ser así, el resultado de éstos y el nivel de contaminación de cada uno de ellos. (5214 de 24/10/2014). A secretario regional ministerial del Medio Ambiente de la Región de La Araucanía.

Diputado Rathgeb , Política regional de turismo para el año 2015. Asimismo, indique el grado de inversión y los empleos que se deberían generar para ese mismo año. (5215 de 24/10/2014). A director regional del Servicio Nacional de Turismo de la Región de La Araucanía.

Diputado Rathgeb , estado en que se encuentra la hora médica para la operación de la señora Katherine López López , cédula nacional de identidad N° 18.995.1884, domiciliada la comuna de Traiguén, en los términos que se indican en la solicitud adjunta. (5216 de 24/10/2014). A servicios.

Diputado Rincón, Posibilidad de instruir sumario administrativo a objeto de determinar los funcionarios responsables e involucrados en la sentencia Rol N° 237 2012, que declaró ilegal el acta de evaluación de fecha 22 de noviembre de 2012, y que hayan tenido una participación activa en los procesos de licitación, a los que hace referencia dicha sentencia, en los términos que se indican en la solicitud adjunta. (5217 de 24/10/2014). A directora nacional del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol.

Diputado Rincón, Destino, monto y proyectos financiados anualmente, desde el año 2009, pormenorizados por provincias y comunas, con cargo al Fondo de Apoyo Regional para el Financiamiento de Iniciativas de Transporte, Conectividad y Desarrollo Regional, en la Región del Libertador General Bernardo O'Higgins, en los términos que se indican en la solicitud adjunta. (5218 de 24/10/2014). A Ministerio de Interior.

Diputado Rincón, Resultado del sumario administrativo que se instruyó en contra del señor Mario Figueroa Villagrán , funcionario del Servicio de Salud de Talcahuano, que fue solicitado mediante oficio N° 13.335 del 17 de octubre de 2013, en los términos que se indican en la solicitud adjunta. (5219 de 24/10/2014). A Contraloría General de la República.

Diputado Rincón, Resultado del sumario administrativo que se instruyó, mediante resolución exenta N° 1645 de ese Servicio, en contra del señor Mario Figueroa Villagrán , funcionario del Servicio de Salud de Talcahuano, en los términos que se indican en la solicitud adjunta. (5220 de 24/10/2014). A servicios.

Diputada Rincón, Posibilidad de instruir sumario administrativo a objeto de determinar los funcionarios responsables e involucrados en la sentencia Rol N° 2372012, que declaró ilegal el acta de evaluación de fecha 22 de noviembre de 2012, y que hayan tenido una participación activa en los procesos de licitación a los que se hacen referencia en dicha sentencia, en los términos que se indican en la solicitud adjunta. (5221 de 24/10/2014). A Ministerio de Interior.

Diputado Sandoval , Plan de inversiones contemplado a desarrollar en la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, desagregados por comuna, incluyendo los programas e iniciativas a ejecutar. Asimismo, precise la inversión a implementar, su prioridad, incluyendo un cuadro comparativo respecto a lo desarrollado en la administración anterior, en los términos que se indican en la solicitud adjunta. (5222 de 24/10/2014). A Ministerio de Agricultura.

Diputado Sandoval , Estudiar alternativas que permitan el mejoramiento de la conectividad de la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo con la ciudad de Puerto Montt, supliendo las dificultades de no contar con una ruta de conexión con el resto del país, en los términos que se indican en la petición adjunta. (5223 de 24/10/2014). A servicios.

Diputado Sandoval , Plan de inversiones contemplado a desarrollar en la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, desagregado por comunas, incluyendo los programas e iniciativas a ejecutar. Asimismo, precise la inversión a implementar, su prioridad, incluyendo un cuadro comparativo respecto a lo desarrollado en la administración anterior, en los términos que se indican en la solicitud adjunta. (5224 de 24/10/2014). A servicios.

Diputado Sandoval , Plan de inversiones contemplado a desarrollar en la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, desagregado por comunas, incluyendo los programas e iniciativas a ejecutar. Asimismo, precise la inversión a implementar, su prioridad, incluyendo un cuadro comparativo respecto a lo desarrollado en la administración anterior, en los términos que se indican en la solicitud adjunta. (5225 de 24/10/2014). A Ministerio de Educación.

Diputado Sandoval , Posibilidad de estudiar alternativas que permitan el mejoramiento de la conectividad de la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo con la ciudad de Puerto Montt, supliendo las dificultades de no contar con una ruta de conexión con el resto del país, en los términos que se indican en la petición adjunta. (5226 de 24/10/2014). A Ministerio de Obras Públicas.

Diputado Sandoval , Plan de inversiones contemplado a desarrollar en la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, desagregado por comunas, incluyendo un listado de los caminos considerados a ejecutar. Asimismo, precise la inversión a implementar, su prioridad, incluyendo un cuadro comparativo respecto a lo desarrollado en la administración anterior, en los términos que se indican en la solicitud adjunta. (5227 de 24/10/2014). A Ministerio de Obras Públicas.

Diputado Sandoval , Plan de inversiones contemplado a desarrollar en la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, desagregado por comunas, incluyendo el mejoramiento a ejecutar en Postas, Consultorios y Hospitales. Asimismo, precise la inversión a implementar, su prioridad, incluyendo un cuadro comparativo respecto a lo desarrollado en la administración anterior, en los términos que se indican en la solicitud adjunta. (5228 de 24/10/2014). A Ministerio de Salud.

Diputada Núñez doña Paulina , Cantidad de fiscalizaciones que se han efectuado a los proyectos Recepción, acopio y embarque de cobre, de la empresa Antofagasta Terminal Internacional S.A; Transporte ferroviario de concentrado de cobre, de la empresa Antofagasta Railway Company PLC y, Actualización Proyecto Sierra Gorda, de la empresa Sierra Gorda SCM, en los términos que se indican en la petición adjunta. (5229de 24/10/2014). A secretario regional ministerial del Medio Ambiente de la Región de Antofagasta.

Diputada Núñez doña Paulina , Cantidad de fiscalizaciones que se han efectuado a los proyectos Recepción, acopio y embarque de cobre, de la empresa Antofagasta Terminal Internacional S.A; Transporte ferroviario de concentrado de cobre, de la empresa Antofagasta Railway Company PLC y, Actualización proyecto Sierra Gorda, de la empresa Sierra Gorda SCM, en los términos que se indican en la petición adjunta. (5230de 24/10/2014). A secretaría regional ministerial de Salud de la Región de Antofagasta.

Diputado Sandoval , Posibilidad de tener presente la postulación de la señora Selmira Arriagada Martínez , cédula nacional de identificación N° 5.364.7731, domiciliada en la comuna de Coyhaique, al subsidio habitacional para construcción en sitio propio, puesto que cumpliría con los requisitos legales para ello y, sin embargo, se le habría rechazado en tres oportunidades el otorgamiento del referido beneficio, en los términos que se indican en la petición adjunta. (5231 de 24/10/2014). A secretario regional ministerial de Vivienda y Urbanismo de la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo.

Diputado Sandoval , Plan de inversiones contemplado a desarrollar en la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, desagregado por comunas, incluyendo el mejoramiento a ejecutar en Postas, Consultorios y Hospitales. Asimismo, precise la inversión a implementar, su prioridad, incluyendo un cuadro comparativo respecto a lo desarrollado en la administración anterior, en los términos que se indican en la solicitud adjunta. (5232 de 24/10/2014). A Ministerio de Salud.

Diputado Sandoval , Plan de inversiones contemplado a desarrollar en la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, desagregado por comunas, incluyendo los programas e iniciativas a ejecutar. Asimismo, precise la inversión a implementar, su prioridad, incluyendo un cuadro comparativo respecto a lo desarrollado en la administración anterior, en los términos que se indican en la solicitud adjunta. (5233 de 24/10/2014). A Ministerio de Interior.

Diputado Sandoval , Plan de inversiones contemplado a desarrollar en la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, desagregado por comunas, incluyendo los programas e iniciativas a ejecutar. Asimismo, precise la inversión a implementar, su prioridad, incluyendo un cuadro comparativo respecto a lo desarrollado en la administración anterior, en los términos que se indican en la solicitud adjunta. (5234 de 24/10/2014). A Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.

Diputado Sandoval , Posibilidad de estudiar alternativas que permitan el mejoramiento de la conectividad de la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo con la ciudad de Puerto Montt, supliendo las dificultades de no contar con una ruta de conexión con el resto del país, en los términos que se indican en la petición adjunta. (5235 de 24/10/2014). A Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.

Diputado Sandoval , Plan de inversiones contemplado a desarrollar en la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, desagregado por comunas, incluyendo los programas e iniciativas a ejecutar. Asimismo, precise la inversión a implementar, su prioridad, incluyendo un cuadro comparativo respecto a lo desarrollado en la administración anterior, en los términos que se indican en la solicitud adjunta. (5236 de 24/10/2014). A Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

Diputado Sandoval , Posibilidad de tener presente la postulación de la señora Selmira Arriagada Martínez , cédula nacional de identificación N° 5.364.7731, domiciliada en la comuna de Coyhaique, al subsidio habitacional para construcción en sitio propio, puesto que cumpliría con los requisitos legales para ello y, sin embargo, se le habría rechazado en tres oportunidades el otorgamiento del referido beneficio, en los términos que se indican en la petición adjunta. (5237 de 24/10/2014). A director regional del Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo.

Diputado Squella , Naturaleza jurídica de los inmuebles y terrenos ubicados en la Región de Valparaíso, con indicación e individualización de los bienes privados, públicos y nacionales de usos públicos, existentes en los sectores que se indican en la solicitud adjunta. (5238 de 24/10/2014). A secretario regional ministerial de Bienes Nacionales de la Región de Valparaíso.

Diputado Boric , Estado de avance del estudio de instalación de piezómetros y funcionamiento del sistema de drenaje, en el Cementerio Parque Cruz de Froward, ciudad de Punta Arenas, encargado a esa Dirección por el Secretario Regional Ministerial de Salud de la Región de Magallanes y la Antártica Chilena. Asimismo, remita una copia del mismo estudio, una vez que éste se encuentre finalizado, en los términos que se indican en la solicitud adjunta. (5239 de 27/10/2014). A directora regional de Obras Hidráulicas de la Región de Magallanes y la Antártica Chilena.

Diputado Fuenzalida , Planes y programas que se están llevando a cabo en materia de prevención de drogas y rehabilitación, así como aquellos que se encuentran en etapa de planificación. (5240 de 27/10/2014). A coordinador regional del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol de la Región de Los Ríos.

Diputado Fuenzalida , Medidas que se tomarán por ese Ministerio para combatir el ciclo de desaceleración económica que enfrenta el país. (5241 de 27/10/2014). A Ministerio de Economía, Fomento y Turismo.

Diputado Fuenzalida , Medidas que se tomarán por ese Ministerio para combatir el ciclo de desaceleración económica que enfrenta el país (5242 de 27/10/2014). A Ministerio de Hacienda.

Diputado Fuenzalida , Posibilidad de reevaluar la conveniencia de la implementación del plan Convivencia+Segura, informando los motivos de la misma y, en definitiva, suspenderla. Asimismo, informe la factibilidad de coordinar con el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, las medidas necesarias para atenuar los robos y hurtos en el Parque Metropolitano, en los términos que se indican en la solicitud adjunta. (5243 de 27/10/2014). A Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

Diputado Gahona , Si lo tiene a bien, ordene la revisión de los antecedentes que se contienen en la petición adjunta, relacionados con las publicaciones vía Twitter del Gobierno Regional de Coquimbo, con el fin de evaluar las posibles responsabilidades administrativas que pudieren existir y, en el caso de que proceda, instruya las medidas correctivas correspondientes, en los términos que se indican en la solicitud adjunta. (5244 de 27/10/2014). A contralor regional de la Región de Coquimbo.

Diputado García don René Manuel , Detalle pormenorizado de la partida presupuestaria del Ministerio de Deporte, año 2015, aclarando la legitimidad de que parte de esos recursos se destinen a financiar actividades privadas con fines de lucro. (5245 de 27/10/2014). A Ministerio de Hacienda.

Diputado Jackson , Posibilidad de realizar una fiscalización al Colegio Filipense, ubicado en la comuna de Santiago, que recibe subvención del Estado, acogido al sistema de financiamiento compartido y que estaría, presuntamente, realizando cobros de matrículas que sobrepasan los límites establecidos en la ley, como también dando el carácter de obligatorio al pago del monto cobrado por el Centro de Padres y Apoderados, en los términos que se indican en la solicitud adjunta. (5246 de 27/10/2014). A Ministerio de Educación.

Diputado Kast , Legalidad de los contratos suscritos por el señor Miguel Ángel Carrasco García , que se desempeña como Concejal de la comuna de Paillaco, médico general del Servicio de Salud de Valdivia y como asesor parlamentario del Diputado señor Enrique Jaramillo Becker . Asimismo, indique las eventuales incompatibilidades en el ejercicio de dichas funciones, en los términos que se indican en la solicitud adjunta. (5247 de 27/10/2014). A Contraloría General de la República.

Diputado Letelier , Cantidad exacta de las personas que son beneficiarias directas del descuento total del 7% en sus pensiones, por aplicación de la ley N° 20.531. Asimismo, indique aquellas personas que cuentan con el descuento parcial y, el número de personas que, siendo jubilados, no califican para los referidos beneficios, en los términos que se indican en la solicitud adjunta. (5248 de 27/10/2014). A servicios.

Diputado Mirosevic , Convenios marco para la compra o arrendamiento de licencias de software de Microsoft, desde el año 2003, indicando el monto gastado por parte de entidades públicas para la adquisición o arriendo de éstos. (5249 de 27/10/2014). A directora nacional de la Dirección de Compras y Contratación Pública.

Diputado Mirosevic , Posibilidad de utilizar los medios de que dispone ese Ministerio para ayudar al señor Luciano Rendón , a desarrollar una vida con las mayores posibilidades y, especialmente, otorgarle una beca para terminar sus estudios de enseñanza media y estudiar alguna carrera universitaria, en los términos que se indican en la solicitud adjunta. (5250 de 27/10/2014). A Ministerio de Desarrollo Social.

Diputada Molina doña Andrea , Razones de hecho y derecho de la desvinculación del señor Sergio Gálvez Gómez , que se desempeñaba como jefe de la Unidad de cuidados intensivos del Hospital Gustavo Fricke de Viña del Mar. (5251 de 27/10/2014). A Ministerio de Salud.

Diputada Molina doña Andrea , Factibilidad técnica de implementar el servicio de internet en el sector de Mantagua, comuna de Quintero y, en el caso de que no se encuentre habilitado, informe el conducto que se debe seguir para conseguirlo. (5252 de 27/10/2014). A Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.

Diputada Molina doña Andrea , factibilidad técnica de implementar el servicio de internet en el sector de Mantagua, comuna de Quintero y, en el caso de que no se encuentre habilitado, informe el conducto que se debe seguir para conseguirlo. (5253 de 27/10/2014). A Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.

Diputado Monckeberg don Cristián , Remita el informe de estado de observaciones, instruyendo los procedimientos sancionatorios dispuestos por la Contraloría General de la República. Asimismo, indique las sanciones y medidas dispuestas por esa cartera, en los términos que se indican en la solicitud adjunta. (5254 de 27/10/2014). A Ministerio de Salud.

Diputada Provoste doña Yasna , Política de contratación de esa Empresa. Asimismo, indique la cantidad de empresas contratistas que han contratado ex trabajadores de la Planta Matta, en los términos de la petición adjunta. (5255 de 27/10/2014). A empresas del Estado.

Diputado Rathgeb , Estudio que señale la estadística de la delincuencia entre los años 2006 y 2014, en la Región de La Araucanía, y, en la eventualidad de ser así, remítalo desagregado por tipo de delito. (5256 de 27/10/2014). A Ministerio de Interior.

Diputado Rincón, Posibilidad de evaluar que la construcción del nuevo reten de Pangal, sea llevado a cabo en la localidad de Chacayes, comuna de Machalí, en los términos que se indican en la solicitud adjunta. (5257 de 27/10/2014). A varios.

Diputado Rincón, Posibilidad de evaluar que la construcción del nuevo reten de Pangal, sea llevado a cabo en la localidad de Chacayes, comuna de Machalí, en los términos que se indican en la solicitud adjunta. (5258 de 27/10/2014). A Ministerio de Interior.

Diputado Silber , Actuación y proceder de la Coordinación de Concesiones, dependiente del Ministerio de Obras Públicas, por la puesta en operación de cinco nuevos pórticos de peaje en la costanera Norte, en los términos que se indican en la solicitud adjunta. (5259 de 27/10/2014). A Contraloría General de la República.

Diputado Trisotti , Estado actual del proyecto Estudio y diseño del alcantarillado de Los Verdes, comuna de Iquique, Región de Tarapacá, en los términos que se indican en la solicitud adjunta. (5260 de 27/10/2014). A Ministerio de Interior.

Diputado Trisotti , Estado actual del proyecto Restauración Arquitectónica del Teatro Municipal de Iquique, Región de Tarapacá. Asimismo, indique las causales de retraso de de restauración del mencionado teatro, que fue declarado Monumento Nacional, en los términos que se indican en la petición adjunta. (5261 de 27/10/2014). A Ministerio de Obras Públicas.

Diputada Turres doña Marisol , Determine e informe a esta Cámara sobre la repartición pública que debe asumir la tarea de unidad técnica que se encargue de realizar un estudio y gestionar los recursos necesario para el diagnóstico respecto a los 6 cañones hundidos en el sector del Faro Lenqui, materializando el rescate de dicho patrimonio cultural, estableciendo un cronograma y responsabilidades de funciones, en los términos que se indican en la solicitud adjunta. (5262 de 27/10/2014). A Ministerio de Educación.

Diputada Turres doña Marisol , Eventual ingreso de alguna denuncia o consulta respecto de la compra de terrenos, en la comuna de Chaitén, por personas que presuntamente pertenecen a la empresa Patagonland y, en el caso de ser así, remita un informe con los aspectos, detalles y estado de las mismas, en los términos de la petición adjunta. (5263 de 27/10/2014). A secretario regional ministerial de Bienes Nacionales de la Región de Los Lagos.

Diputada Sepúlveda doña Alejandra , Informe a esta Cámara acerca de los trámites que debe realizar la señora María Zavalla González para rebajar los intereses que está cobrando la Caja de Compensación Los Héroes por un crédito otorgado el año 2008 por un monto de $170.000 en 84 meses. (5264 de 27/10/2014). A varios.

Diputada Sepúlveda doña Alejandra , informe a esta Cámara sobre la posibilidad de realizar una nueva encuesta de la Ficha de Protección Social (FPS) al señor Víctor Becerra Lucero , quien cuenta con un puntaje superior a los 12.000 puntos, lo que a juicio del afectado, no refleja su realidad socioeconómica familiar. (5265 de 27/10/2014). A Ministerio de Desarrollo Social.

Diputado Espinoza don Fidel , remita a esta Cámara la información detallada en la petición adjunta, relacionada con el funcionamiento de las Escuelas Hospitalarias a lo largo del país. (5267 de 27/10/2014). A Ministerio de Educación.

Diputada Sepúlveda doña Alejandra , informe a esta Cámara sobre el estado en que se encuentra el reclamo presentado por la señora Sandra Vergara Blanco , ante el rechazo a su solicitud de pensión de invalidez. (5268 de 27/10/2014). A varios.

Diputado Espinoza don Fidel , Remita a esta Cámara la información detallada en la petición adjunta, relacionada con la investigación que lleva adelante la Superintendencia respecto de la existencia de presuntas irregularidades en las Escuelas Hospitalarias de Puerto Montt y Ancud . (5269 de 27/10/2014). A Ministerio de Educación.

Diputado Espinoza don Fidel , remita a esta Cámara la información detallada en la petición adjunta, relacionada con el número de afiliados a Isapres en la Región de Los Lagos. (5270 de 27/10/2014). A varios.

Diputado Espinoza don Fidel , remita a esta Cámara la información detallada en la petición adjunta, relacionada con la iniciativa desplegada por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo para erigir viviendas en diversos barrios de la capital, por vía de habilitar terrenos sin uso de otras entidades para construir proyectos habitacionales. (5271 de 27/10/2014). A Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

Diputado Espinoza don Fidel , Remita a esta Cámara la información detallada en la petición adjunta, relacionada con el número de familias que quedaron sin recibir beneficios sociales, debido a problemas con la implementación de la Ficha de Protección Social durante el gobierno anterior. (5272 de 27/10/2014). A Ministerio de Desarrollo Social.

Diputada Álvarez doña Jenny , remita a esta Cámara la información detallada en la petición adjunta, relacionada con el proceso de mitigación por la construcción del puente en el canal de Chacao. (5273 de 27/10/2014). A Ministerio de Obras Públicas.

Diputada Álvarez doña Jenny , remita a esta Cámara la información detallada en la petición adjunta, relacionada con el número de afiliados al Fondo Nacional de Salud (Fonasa), en la Región de Los Lagos. (5275 de 27/10/2014). A Ministerio de Salud.

Diputada Álvarez doña Jenny , remita a esta Cámara la información detallada en la petición adjunta, relacionada con el anuncio de aumento de funcionarios fiscalizadores a lo largo del país, especialmente en el contexto de la reciente promulgación de la ley de Trabajadoras de Casa Particular. (5276 de 27/10/2014). A Ministerio de Trabajo y Previsión Social.

Diputada Álvarez doña Jenny , remita a esta Cámara, al tenor de la petición adjunta, los antecedentes respecto de la investigación que está realizando el Ministerio de Bienes Nacionales, respecto de la venta de propiedades no sometidas al régimen de la ley de Propiedad Austral, en la comuna de Chaitén. (5277 de 27/10/2014). A Ministerio de Bienes Nacionales.

Diputado Squella , informe a esta Cámara, al tenor de la petición adjunta, sobre el estado de tramitación actual de la jubilación por causal de vejez, respecto de la señora Ximena del Carmen Scheel Zambrano . (5278 de 27/10/2014). A oficina regional del Instituto de Previsión Social de la Región de Valparaíso.

Diputada Álvarez doña Jenny , Estadística respecto del número de afiliados a Isapres en la Región de Los Lagos, desagregados por comuna, en los últimos cinco años. Asimismo, indique la variación del número de afiliados a nivel nacional, en el periodo antes indicado. (5279 de 28/10/2014). A Ministerio de Salud.

Diputado Cornejo , Incendios que afectaron a la comuna de Valparaíso en el mes de abril, en específico acerca de los subsidios habitacionales otorgados hasta la fecha y respecto de la implementación del Plan de Reconstrucción. (5280 de 28/10/2014). A director regional del Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región de Valparaíso.

Diputada Fernández doña Maya , Respuesta del oficio N° C02022 de la Secretaría Regional Ministerial Metropolitana de Bienes Nacionales, que da cuenta del requerimiento de la Ilustre Municipalidad de Ñuñoa, que tiene como objeto solicitar la transferencia del inmueble fiscal ubicado en Calle Vía Doce, esquina Calle Ocho, comuna de Ñuñoa, a esa Municipalidad, para llevar a cabo la reconstrucción del Jardín Infantil Naranjitas, en los términos que se indican en la solicitud adjunta. (5281 de 28/10/2014). A Ministerio de Bienes Nacionales.

Diputado Gahona , Presunto no pago de las prestaciones de los trabajadores de los consultorios pertenecientes a la Corporación Gabriel González Videla, comuna de la Serena, tales como las extensiones en las horas laborales, los viáticos por encontrarse trabajando en sector rural, en los términos que se indican en la solicitud adjunta. (5282 de 28/10/2014). A alcalde de la Municipalidad de La Serena.

Diputado Gahona , Avance del otorgamiento de los 288 cupos de empleos de emergencias existentes en la comuna de Monte Patria, para apoyar a personas afectadas por falta de empleo, a raíz de la crisis hídrica que aqueja a la zona. Asimismo, remita un informe con la distribución de cupos por localidad y la nómina de beneficiados, en los términos que se indican en la solicitud adjunta. (5283 de 28/10/2014). A alcalde de la Municipalidad de Monte Patria.

Diputado Gahona , Estado de avance del proyecto del Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, “Mejoramiento espacio cívico y cultural Chañaral Alto”, en los términos que se indican en la solicitud adjunta. (5284 de 28/10/2014). A alcalde de la Municipalidad de Monte Patria.

Diputado Gahona , Estado de avance del Proyecto Reposición Centro de Salud Chañaral Alto, comuna de Monte Patria, indicando las gestiones que se realizarán y los plazos para la concreción de las mismas. (5285 de 28/10/2014). A alcalde de la Municipalidad de Monte Patria.

Diputado Gahona , Posibilidad de emitir un pronunciamiento respecto de la procedencia o no, del feriado legal que le correspondería a la señora Liliana Araya Cortes , cédula nacional de identidad N° 5.9789.7352, funcionaria del Departamento de Salud de la Ilustre Municipalidad de Coquimbo. (5286 de 28/10/2014). A contralor regional de la Región de Coquimbo.

Diputado Jackson , Posibilidad de fiscalizar a los funcionarios de la Dirección del Trabajo Regional de la Región de los Ríos y de la Inspección del Trabajo de Ranco, en el marco de las denuncias interpuestas contra la Sociedad Turística y Ganadera Cerro Azul Ltda. por el sindicato de trabajadores agrícolas N°1 Cerro Azul. (5287 de 28/10/2014). A Ministerio de Trabajo y Previsión Social.

Diputado Soto , Avance del proyecto de construcción de un Centro de Salud Familiar en la localidad de Hospital, comuna de Paine, cuyo número de construcción es el ID 2212 139 LP 12. (5288 de 28/10/2014). A Ministerio de Salud.

Diputado Squella , Estado de tramitación del requerimiento formulado por el Centro de Atención Previsional IPS-Quilpué, respecto del informe de fiscalización requerido a esa Inspección, en el marco de la verificación de los antecedentes laborales de la señora Ximena Scheel Zambrano , a fin de determinar la calidad y efectividad de los servicios prestados a la empresa Sociedad Médica Casson Chansal Ltda , en los términos que se indican en la petición adjunta. (5289 de 28/10/2014). A inspector provincial del Trabajo de Rancagua.

Diputada Sepúlveda doña Alejandra , Posibilidad de reevaluar el monto, por concepto de pensión de vejez, que recibe la señora Lucía Contreras Núñez , cédula nacional de identificación N° 6.807.2891, domiciliada en la comuna de Las Cabras. Asimismo, indique si cumple con los requisitos para ser beneficiaria del Aporte previsional solidario y, el procedimiento para obtenerlo. (5294 de 29/10/2014). A servicios.

Diputada Sepúlveda doña Alejandra , Posibilidad de incorporar en el Programa Puente o Chile Solidario, a la señora María Carolina Valenzuela Ugalde , cédula nacional de identidad N° 11.367.8046, domiciliada en la comuna de San Fernando. Asimismo, solicito que se le realice una nueva Ficha de Protección Social, en los términos que se indican en la solicitud adjunta. (5295 de 29/10/2014). A Ministerio de Desarrollo Social.

Diputada Sepúlveda doña Alejandra , Si se habría pagado el beneficio “Bono por hijo nacido vivo”, a la señora Gladys Mondaca Bravo , cédula nacional de identificación N° 6.547.2031, domiciliada en la comuna de Las Cabras. Asimismo, y de ser afirmativo, indique el cálculo realizado para realizar dicho pago. (5296 de 29/10/2014). A servicios.

Diputada Sepúlveda doña Alejandra , Estado en que se encuentra la apelación, por el rechazo y no pago de las licencias médicas, emitidas a partir del mes de marzo del presente año, de la señora Ángela del Carmen Osorio Tobar , cédula nacional de identidad N°15.104.9893, domiciliada en la comuna de Las Cabras, en los términos que se indican en la solicitud adjunta. (5297 de 29/10/2014). A servicios.

Diputada Hernando doña Marcela , Situación que aqueja a la Junta de Vecinos Villa Chica, de la Población Balmaceda, ciudad de Antofagasta, relacionada con la toma de terrenos de manera ilegal por personas de otros sectores, existiendo comités de allegados de esa comunidad que se encuentran trabajando para construir su casa propia, en los términos que se indican en la solicitud adjunta. (5298 de 29/10/2014). A Ministerio de Bienes Nacionales.

Diputada Hernando doña Marcela , Situación que aqueja a la Junta de Vecinos Villa Chica, de la Población Balmaceda, ciudad de Antofagasta, relacionada con la toma de terrenos de manera ilegal por personas de otros sectores, existiendo comités de allegados de esa comunidad que se encuentran trabajando para construir su casa propia, en los términos que se indican en la solicitud adjunta. (5299 de 29/10/2014). A gobernadora de la provincia de Antofagasta.

Diputada Hernando doña Marcela , Situación que aqueja a la Junta de Vecinos Villa Chica, de la Población Balmaceda, ciudad de Antofagasta, relacionada con la toma de terrenos de manera ilegal por personas de otros sectores, existiendo comités de allegados de esa comunidad que se encuentran trabajando para construir su casa propia, en los términos que se indican en la solicitud adjunta. (5300 de 29/10/2014). A Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

ACUERDOS DE LOS COMITÉS

El señor CORNEJO (Presidente).-

El señor Secretario dará lectura a los acuerdos de los Comités parlamentarios.

El señor LANDEROS (Secretario).-

Reunidos los jefes de los Comités parlamentarios, bajo la presidencia del diputado señor Cornejo , adoptaron, por unanimidad, los siguientes acuerdos:

1.- Tomar conocimiento de las tablas de las sesiones ordinarias de la semana, documento que se encuentra a disposición de las señoras y los señores diputados en sus pupitres electrónicos.

2.- Limitar las intervenciones a cinco minutos por bancada en la discusión del proyecto de acuerdo que reglamenta la ley N° 20.730, que regula el lobby y las gestiones que representen intereses particulares ante las autoridades y funcionarios, y fijar el martes 11 de noviembre como plazo máximo para presentar indicaciones.

3.- Alterar el orden de la Tabla de hoy para considerar en segundo lugar el proyecto de acuerdo que aprueba la enmienda al artículo 8 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, de 10 de junio de 2010, y las enmiendas al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional relativas al crimen de agresión, de 11 de junio de 2010 (boletín N° 818210).

4.- Votar sin discusión al término del Orden del Día, la enmienda introducida por el Senado al proyecto de ley que instaura el Día Nacional del Medio Ambiente (boletín N° 933012).

5.- Postergar para el 12 de noviembre la sesión especial pedida para analizar la condición en que quedarán los funcionarios a honorarios que prestan servicios en los organismos de la administración del Estado frente a la reforma previsional.

6.- Rendir los siguientes homenajes:

a) En la sesión ordinaria del miércoles 5 de noviembre, inmediatamente después del Orden del Día, al 25° aniversario de la caída del Muro de Berlín, con discursos de hasta cinco minutos por bancada.

b) En la sesión ordinaria del miércoles 12 de noviembre, inmediatamente después del Orden del Día, a la logia masónica “Justicia y Libertad”, de Santiago, en el 150° aniversario de su fundación, con discursos de hasta cinco minutos por bancada.

7.- Considerar en el segundo lugar de la Tabla de la sesión del jueves 6 de noviembre las mociones que modifican el artículo 256 del Código Orgánico de Tribunales, con el fin de permitir a las personas afectadas por sordera, mudez o ceguera acceder a la función judicial (boletines 6576-07 y 9371-07), para ser votadas en la sesión del martes 11 de noviembre.

REEMPLAZO DE DIPUTADO EN COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA

El señor CORNEJO (Presidente).-

¿Habría acuerdo para autorizar el ingreso a la Sala del subsecretario de Relaciones Exteriores, señor Edgardo Riveros , durante el tratamiento del proyecto de acuerdo que aprueba la enmienda al artículo 8 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, de 10 de junio de 2010, y las enmiendas al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional relativas al crimen de agresión, de 11 de junio de 2010, habida consideración de que el ministro de Relaciones Exteriores no pudo concurrir a esta sesión?

Acordado.

CONSIDERACIÓN DE PETITORIO DE SINDICATO DE BOTEROS EN DISEÑO DE PROYECTO DE PARQUE DE MITIGACIÓN FLUVIAL DE CONSTITUCIÓN (OFICIO)

El señor ROBLES (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Pedro Pablo Álvarez-Salamanca .

El señor ÁLVAREZ-SALAMANCA.-

Señor Presidente, hace unos días me reuní en la ciudad de Constitución con un grupo de integrantes del Movimiento Pro Defensa del Muelle Fiscal, encabezados por los dirigentes del sindicato de boteros Los Faluchos, quienes me manifestaron su preocupación por cómo se está llevando a cabo el proyecto del Parque de Mitigación Fluvial de Constitución.

Ellos solicitan mayor participación en el proceso, para lo cual elaboraron un petitorio que consta de tres puntos que, a juicio nuestro y de ellos, es importante que sean considerados por la institución a cargo de dicho proyecto: el Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

En el primer punto del petitorio solicitan que el proyecto de Parque de Mitigación incluya la reposición del Muelle Fiscal del río Maule, como centro de encuentro, polo de desarrollo productivo y patrimonio histórico y cultural de la comuna de Constitución.

En el segundo punto solicitan la modificación del proyecto de parque fluvial y borde río, en lo que dice relación con la instalación del puente que conecta la ciudad de Constitución con la isla Orrego, para su eliminación, debido a que atenta contra el desarrollo de las actividades productivas propias del río Maule, donde laboran boteros y pescadores artesanales, quienes se verían afectados por la construcción de la mencionada pasarela.

Finalmente, demandan una participación real en los procesos de diseño de los diversos proyectos que se consideren para esa comuna, y en todo lo que diga relación con la afectación de las actividades productivas tradicionales que se desarrollan a orillas del río Maule, donde han crecido muchas familias de la zona.

En consecuencia, señor Presidente, junto con hacerle entrega del petitorio, solicito que se oficie a la ministra de Vivienda y Urbanismo, con el objeto de que nos informe cómo se llevará a cabo el proyecto del Parque de Mitigación Fluvial de Constitución y si en él se consideran los tres puntos del petitorio que he mencionado, que pido que se adjunte al oficio.

He dicho.

El señor ROBLES (Presidente accidental).-

Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con copia de su intervención y con la adhesión de los parlamentarios que así lo manifiestan y de quien preside.

INVESTIGACIÓN DE IRREGULARIDADES EN ADMINISTRACIÓN DE POZOS DE AGUA DE LA LIGUA Y LLAY‐LLAY (OFICIOS)

El señor ROBLES (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Cristián Urízar .

El señor URÍZAR.-

Señor Presidente, solicito que se oficie al ministro de Obras Públicas, señor Alberto Undurraga ; al director nacional de Obras Hidráulicas; al director general de Aguas, y al ministro del Interior, señor Rodrigo Peñailillo , a fin de hacerles presente lo siguiente.

En la Región de Valparaíso se ha cometido una serie de irregularidades, que me han llevado a hacer una presentación ante la fiscalía de la Quinta Región para que las investigue, que dan cuenta de una relación bastante complicada entre la Dirección de Obras Hidráulicas y la empresa sanitaria Esval , como consecuencia de la administración de pozos de agua en las comunas de La Ligua y de Llay Llay.

El pozo El Lobino, ubicado en la comuna de La Ligua, ha sido entregado para su administración y explotación a la empresa de obras sanitarias Esval . Mediante un convenio, dicha empresa entregó a la Dirección de Obras Hidráulicas una camioneta marca Nissan, modelo 4x4, para uso del director regional, situación absolutamente irregular y que claramente no corresponde.

Por otro lado, se han utilizado pozos de agua de manera indiscriminada, sin que se tenga claridad acerca de los flujos que poseen. Por lo tanto, no existe una relación de cobro entre Esval y la Dirección de Obras Hidráulicas.

Por último, cabe señalar que actualmente Esval tiene una deuda importante con la Dirección de Obras Hidráulicas; sin embargo, a pesar de que la deuda fue asumida por la empresa sanitaria, esta no ha dado fecha ni plazo para pagarla. Por lo tanto, se trata de una situación irregular, porque esa situación data de hace más de dos años.

Espero que las autoridades señaladas tomen cartas en el asunto. Dejaré a disposición de la Secretaría una serie de documentos, entre ellos, la presentación hecha ante la Fiscalía Regional de Valparaíso, en la que se explican esta y otras situaciones, como asimismo la enviada a la Contraloría Regional de Valparaíso.

He dicho.

El señor ROBLES (Presidente accidental).-

Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.

DISEÑO DE COLECTORES DE AGUAS LLUVIA EN LOCALIDAD DE ARTIFICIO, COMUNA DE LA CALERA (OFICIO)

El señor URÍZAR.-

Señor Presidente, quiero referirme a una situación puntual que afecta a los vecinos agrupados en la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Artificio, comuna de La Calera. Me refiero al hecho de que no cuentan con colectores de aguas lluvia desde hace muchos años. En consecuencia, cada vez que se producen situaciones climáticas complicadas en invierno se inundan las calles y hogares de alrededor de 10.000 habitantes del lugar, lo que les genera muchas complicaciones para transitar por el sector o trasladarse hacia otras zonas. Por tanto, los vecinos han planteado desde hace muchos años la posibilidad de llevar adelante un proyecto de diseño del colector de aguas lluvia que requieren, lo cual no ha ocurrido.

Por eso, solicito que se oficie al seremi de Obras Públicas de la Región de Valparaíso, a fin de que me informe si existe o no un proyecto en ese sentido. Si existe, pido que indique de dónde se obtendrán los recursos para su construcción. Los integrantes de la Unión Comunal de Junta de Vecinos de Artificio quieren saber con claridad si esa situación se podrá solucionar en algún momento. Los vecinos viven en una situación complicada desde hace mucho tiempo, en razón de lo cual esperan que se les dé una respuesta.

Solicito que se envíe copia de mi intervención a la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Artificio. Espero que la seremi de Obras Públicas dé respuesta a nuestra solicitud en el plazo más breve posible.

He dicho.

El señor ROBLES (Presidente accidental).-

Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con copia de su intervención.

INFORMACIÓN SOBRE POSTERGACIÓN DE INSCRIPCIÓN DE PROYECTO DE BIOMETANO EN INSTITUTO NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL (OFICIOS)

El señor URRUTIA, don Osvaldo (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Alberto Robles .

El señor ROBLES.-

Señor Presidente, desde hace bastante tiempo el señor Raúl Bugley , vecino de Huasco, presentó al Instituto Nacional de Propiedad Industrial (Inapi) un proyecto sobre uso de biometano, a fin de que fuera registrado como de su propiedad. Se trata de una iniciativa muy interesante, que tuve la oportunidad de conocer, que permite la obtención de gas a partir de desechos orgánicos. El Inapi ha postergado su incorporación al registro desde hace mucho tiempo. Llevamos, incluso, años esperando que esa situación sea resuelta, pero no se ha dado respuesta alguna.

Por lo tanto, solicito que se oficie al director del Inapi a fin de que me informe por qué no ha tomado en consideración ni ha incorporado el proyecto sobre uso de biometano, del señor Raúl Bugley , al registro de propiedad industrial.

Pido que se envíe copia de mi intervención al señor Raúl Bugley .

El señor URRUTIA, don Osvaldo (Presidente accidental).-

Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención.

INFORMACIÓN SOBRE DESVINCULACIÓN DE FUNCIONARIO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL DE EDUCACIÓN DE QUILPUÉ (OFICIOS)

El señor ROBLES.-

Señor Presidente, el 17 de septiembre del presente año se desvinculó de la Corporación Municipal de Educación de Quilpué al funcionario señor Luis Céspedes Castillo . No entiendo las razones que motivaron ese hecho, por cuanto ni en su hoja de vida ni en su currículo figura algo que amerite su despido. Más bien, creo que se trata de un tema de otro orden.

Por tanto, solicito que se oficie al director de la Corporación Municipal de Educación de Quilpué, a través del ministro de Educación, a fin de que me informe claramente los motivos del referido despido.

El señor URRUTIA, don Osvaldo (Presidente accidental).-

Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.

INFORMACIÓN SOBRE DESPIDO DE PERSONAL DE COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO EN HUASCO (OFICIOS)

El señor ROBLES.-

En otro orden de cosas, solicito que se oficie a la ministra del Trabajo y Previsión Social, a través de la seremi de Trabajo de la Región de Atacama, con copia de mi intervención a la gerencia de la Compañía Minera del Pacífico, a fin de que informen las razones por las cuales esta empresa está despidiendo a su personal en la comuna de Huasco.

La CMP ha obtenido importantes ingresos por concepto de su operación del mineral de hierro durante los últimos años. Por cierto, este año tiene vendida prácticamente toda su producción, lo que le ha reportado muy buenas utilidades. Sin embargo, ha despedido a lo menos a siete trabajadores de la planta de pellets de Huasco, y a siete más de la planta Los Colorados. A mi juicio, no existe razón alguna que justifique esa medida con los trabajadores de nuestra región.

El señor URRUTIA, don Osvaldo (Presidente accidental).-

Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención.

INFORMACIÓN SOBRE BAJAS DE VOLTAJE EN SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LOCALIDADES DE COMUNA DE ALTO DEL CARMEN, PROVINCIA DE HUASCO (OFICIO)

El señor ROBLES.-

Solicito que se oficie al superintendente de Electricidad y Combustibles, a fin de que me informe acerca de las razonas por las cuales la empresa Emelat está entregando tan mal servicio en la comuna de Alto del Carmen, en particular en la localidad de El Tránsito y en los sectores aledaños. Desde hace bastante tiempo, la empresa entrega menos voltaje del que corresponde, lo que afecta a muchas personas, especialmente a los pequeños comerciantes de la localidad. Se me ha informado que la baja de voltaje e, incluso, los cortes de electricidad que se producen en forma reiterada han ocasionado muchos perjuicios a los comerciantes, puesto que les ha impedido mantener la cadena de frío de los productos lácteos, de las carnes y de otros que la requieren, lo que se ha traducido en pérdidas cuantiosas. Sin duda, me parece una situación inaceptable. Pido, además, que se me informe sobre las causas del deterioro de las máquinas de esos comerciantes, como consecuencia de los cortes de electricidad que ha ocasionado la empresa Emelat .

El señor URRUTIA, don Osvaldo (Presidente accidental).-

Se enviará el oficio solicitado por su señoría.

EXPLICACIÓN POR POSTERGACIÓN DE INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA DE PACIENTE AFECTADO POR TUMOR ENDONASAL (OFICIO)

El señor ROBLES.-

Por último, solicito que se oficie a la ministra de Salud, a fin de que me informe las razones por las cuales el paciente señor Aldo Segundo Bacho Cereceda , RUT 9.874.479-7, afectado por un tumor endonasal, aún no ha sido operado. El paciente ha estado esperando ser atendido por más de seis meses. Incluso, según constaté, el tumor le está afectando el maxilar superior izquierdo. En verdad, me parece inaceptable que espere tanto tiempo sin ser operado en la red de salud pública. Entiendo que esa patología no está considerada dentro de las enfermedades cubiertas por el Plan AUGE, pero razones humanitarias y desde el punto de vista de la atención médica obligan a hacer las cosas en forma oportuna.

Don Aldo Segundo Bacho Cereceda no está recibiendo una atención de salud oportuna. Por ello, estimo que el Ministerio de Salud debería informar al respecto. El paciente hoy se encuentra hospitalizado en la Fundación Arturo López Pérez .

He dicho.

El señor URRUTIA, don Osvaldo (Presidente accidental).-

Se enviará el oficio solicitado por su señoría.

INFORMACIÓN SOBRE PRESUNTA NEGLIGENCIA MÉDICA POR MUERTE DE VECINO DE CORONEL (OFICIOS)

El señor URRUTIA, don Osvaldo (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Marcelo Chávez .

El señor CHÁVEZ.-

Señor Presidente, solicito que se oficie al director del Servicio de Salud Concepción, dependiente de la Secretaría Regional Ministerial de Salud de Biobío, a fin de que informe sobre la presunta negligencia médica que afectó al padre de la señora Soraya García Neira , domiciliada en calle Bilbao Nº 363, comuna de Coronel.

Dejaré a disposición de la Secretaría una serie de documentos en los que se hace una relación de hechos sobre esta eventual negligencia médica que habría provocado el fallecimiento del padre de la señora Soraya García .

Solicito que el Servicio de Salud Concepción entregue todos los antecedentes de que disponga en relación con este lamentable hecho.

Pido que se envíe copia de mi intervención a la señora Soraya García , cuyos datos dejaré a disposición de la Secretaría.

El señor URRUTIA, don Osvaldo (Presidente accidental).-

Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.

FUNDAMENTOS DE DENEGACIÓN DE DECLARACIÓN DE MUERTE EN ACTO DE SERVICIO DE FUNCIONARIO DE LA ARMADA (OFICIOS)

El señor CHÁVEZ.-

Señor Presidente, por otra parte, solicito que se oficie al ministro de Defensa Nacional y al comandante en jefe de la Armada, a fin de que nos informen respecto de la reclamación presentada por la señora Julia del Carmen Parra Riffo , domiciliada en calle Yanka Nº 2109 , sector Escuadrón , comuna de Coronel, viuda del cabo 1º de la Armada de Chile, Juan Carlos Lagos Muñoz , debido a que la institución denegó la declaratoria de muerte en acto de servicio del uniformado, tal como lo había requerido su viuda.

De haberse conferido esa declaración, sus familiares habrían obtenido los beneficios previsionales y económicos correspondientes. Sin embargo, tanto el Ministerio de Defensa como la Armada, en reiteradas ocasiones, han declarado que no ha lugar el establecimiento de esa declaración.

Pido que el ministro de Defensa Nacional y el comandante en jefe de la Armada nos informen sobre los fundamentos que tuvieron a la vista para denegar la declaratoria de muerte en acto de servicio del cabo 1º de la Armada de Chile, Juan Carlos Lagos Muñoz , pues de acuerdo con los antecedentes de que dispongo, y conforme a mi criterio, calificaría en dicha circunstancia.

Pido que se envíe copia de mi intervención a la señora Julia del Carmen Riffo .

He dicho.

El señor URRUTIA, don Osvaldo (Presidente accidental).-

Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención.

INFORMACIÓN SOBRE FACTIBILIDAD DE INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA A PACIENTE CON ARTROSIS EN HOSPITAL GUSTAVO FRICKE (OFICIOS)

El señor CHÁVEZ (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado señor Osvaldo Urrutia .

El señor URRUTIA (don Osvaldo).-

Señor Presidente, el 4 de marzo de 2013, al señor Ángel Bustamante Ojeda , vecino de la comuna de Viña del Mar, luego de haberse efectuado exámenes médicos en el hospital Gustavo Fricke de esa comuna, le prescribieron que debía operarse de la rodilla derecha porque padece de una grave artrosis y que, por lo tanto, debía contactarse con personal médico a partir de abril de 2013 para agendar una hora y proceder a la correspondiente cirugía.

Sin embargo, luego de veinte meses de espera, la condición del señor Ángel Bustamante Ojeda se ha deteriorado al punto de que ha sufrido accidentes a causa del mal estado de su rodilla. A ello se suman las permanentes molestias y dolores con que debe vivir cotidianamente.

Por la situación expuesta, solicito que se oficie al director del Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota, al secretario regional ministerial de Salud y al director del hospital Gustavo Fricke , con el objeto de que nos informen sobre la factibilidad de proceder a la brevedad a la cirugía de artrosis del señor Ángel Bustamante Ojeda , RUT Nº 4.380.5460, sin perjuicio de que el personal del referido hospital tome contacto con él para atenderlo a la brevedad.

El señor CHÁVEZ (Presidente accidental).-

Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.

INFORMACIÓN SOBRE PROGRAMA DE DISEÑO DE CICLOVÍAS URBANAS (OFICIO)

El señor URRUTIA (don Osvaldo).-

Señor Presidente, la señora ministra de Vivienda ha informado recientemente que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo ha terminado de elaborar el Manual de Diseño de Ciclovías Urbanas y ha anunciado que se van a construir, en los próximos años, ciento noventa kilómetros de ciclovías en treinta y dos ciudades del país, lo que implica una inversión superior a los 40.000 millones de pesos.

Pido que la ministra nos informe en qué ciudades se van a construir las ciclovías; cuántos kilómetros de ciclovías se construirán en cada una de las treinta y dos ciudades reitero: aún no se sabe de qué ciudades se trata; qué inversión se hará en ellas, y en qué fecha se iniciarán las licitaciones correspondientes. Asimismo, solicito que nos informe si el programa comenzará este año y terminará durante la actual administración, o si solo se trata de un anuncio respecto del cual no se han establecido tiempos ni plazos.

Pido que la ministra nos remita el manual de diseño de ciclovías elaborado por los profesionales del Minvu, con el objeto de conocer en detalle el nuevo diseño para ese tipo de vías, toda vez que afectan el desarrollo de las ciudades.

He dicho.

El señor CHÁVEZ (Presidente accidental).-

Se enviará el oficio solicitado por su señoría.

27. INFORME DE LA COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA SOBRE LAS DENUNCIAS DE UN EVENTUAL FRAUDE Y OTRAS IRREGULARIDADES EN EL GOBIERNO REGIONAL DE VALPARAÍSO.

“Honorable Cámara:

La Comisión Especial Investigadora sobre las denuncias de un eventual fraude y otras irregularidades en el Gobierno Regional de Valparaíso, pasa a informar sobre el encargo conferido.

I. COMPETENCIA DE LA COMISIÓN AL TENOR DEL ACUERDO DE LA CÁMARA QUE ORDENÓ SU CREACIÓN.

Creación de la Comisión

Por oficio N° 11.220, de 9 de abril de 2014, de la Secretaría General, se informó que la Cámara de Diputados, en sesión de la misma fecha y en virtud de lo dispuesto en los artículos 52, N° 1, letra c) de la Constitución Política de la República; 53 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, y 297 y siguientes del Reglamento de la Corporación, dio su aprobación a la solicitud de 48 diputados, para crear una Comisión Especial Investigadora de un eventual fraude y otras irregularidades acaecidas en el Gobierno Regional de Valparaíso.

En el ejercicio de su cometido, la Comisión deberá investigar este eventual fraude y las irregularidades señaladas, los que se habrían generado en la asignación y transferencia de recursos públicos a diversos proyectos seleccionados en virtud de concursos públicos destinados a seguridad ciudadana, deportes y cultura, todo ello con cargo al seis por ciento del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), en el período comprendido entre los años

2010 a 2014. Deberá, asimismo, investigar las transferencias de recursos del Gobierno Regional al Servicio Nacional de Turismo de la Región de Valparaíso en el mismo período, como también las transferencias de recursos públicos a la Secretaría Regional Ministerial de Transporte de Valparaíso, conforme lo dispuesto por la ley N° 20.378, que crea un subsidio nacional para el transporte público remunerado de pasajeros, en virtud de los programas y fondos establecidos durante el año 2013.

Cabe hacer presente que previamente la Cámara de Diputados, mediante Oficio N° 10. 980, de fecha 20 de noviembre de 2013 acordó la creación de una Comisión Investigadora con similar objeto de Investigación que la que es motivo de informe. Frente a la solicitud de ampliar el mandato conferido, la Sala de la Corporación determinó que dicha petición no correspondía reglamentariamente y por lo tanto se requirió una nueva Comisión Investigadora.

En virtud de lo anterior, mediante Oficio N° 11.077, de fecha 7 de enero de 2014, la Corporación mandató la constitución de una nueva Comisión Investigadora la que no pudo emitir su informe final por cuanto se produjo el término del período legislativo, circunstancia que de acuerdo al artículo 54, inciso final, de la Ley Orgánica del Congreso Nacional en concordancia con el artículo 313 del Reglamento de la Corporación, produjo la disolución de la Comisión Especial investigadora.

De acuerdo a lo señalado, según el mandato correspondiente, esta Comisión quedará expresamente mandatada para incorporar a su investigación todos los antecedentes, documentos y declaraciones efectuadas ante las Comisiones Especiales Investigadoras constituidas para indagar igual materia, en diciembre de 2013 y enero de 2014, respectivamente, debiendo rendir su informe en un plazo no superior a ciento veinte días, pudiendo para el desempeño de su mandato, constituirse en cualquier lugar del territorio nacional.

Integración y presidencia de la Comisión

Mediante oficio N° 11.261, de 6 de mayo de 2014, la Corporación acordó integrar la Comisión con las y los siguientes diputados:

Don Fidel Espinoza Sandoval . Don Joaquín Godoy Ibáñez . Doña Marcela Hernando Pérez . Don Giorgio Jackson Drago . Doña Andrea Molina Oliva . Don Marco Antonio Núñez Lozano . Don Gaspar Rivas Sánchez . Don Raúl Saldívar Auger . Don Marcelo Schilling Rodríguez . Don Gabriel Silber Romo . Don Arturo Squella Ovalle . Don Víctor Torres Jaldes . Don Osvaldo Urrutia Soto . Durante la sesión constitutiva de esta Comisión Especial Investigadora, celebrada el día 6 de mayo de 2014, se eligió, por unanimidad, como Presidente de ella, al diputado señor Marcelo Schilling Rodríguez .

Actuó como abogado secretario don Álvaro Halabí Diuana ; como abogado ayudante doña Sylvia Iglesias Campos y como Secretaria Ejecutiva, doña Mariel Camprubi Labra .

Además, se contó con el apoyo y asistencia del funcionario de la Oficina de Informaciones don Rafael Parrao Ubilla.

II. RELACIÓN DEL TRABAJO DESARROLLADO POR LA COMISIÓN EN EL CUMPLIMIENTO DE SU COMETIDO.

1) Sesiones celebradas y personas escuchadas.

Como ya se indicó previamente, la Comisión quedó facultada para incorporar a su investigación las declaraciones efectuadas ante las Comisiones Especiales Investigadoras constituidas los años 2013 y 2014, respectivamente. Durante las nueve sesiones celebradas ante ellas expusieron las siguientes personas:

Raúl Celis Montt , entonces Intendente Regional de Valparaíso; María Teresa Blanco Lobos , Jefa de la División de Análisis y Control de Gestión del Gobierno Regional de Valparaíso; Osvaldo Maldonado Segovia , contador auditor del Gobierno Regional de Valparaíso; Enrique Kittsteiner Yovanini , ex asesor del Gobierno Regional de Valparaíso; Edgardo Piqué González , abogado del señor Kittsteiner anterior ; Marcia Oyarzún Leiva , secretaria del concejal de la Municipalidad de Viña del Mar don Andrés Celis Montt ; Julio Trigo Araya , ex Gobernador de Petorca; Luis García Lobos , secretario político del Partido Socialista, sede de La Calera; Walter Heilig Soto , coordinador de la Nueva Izquierda, Partido Socialista, sede Quillota ; Claudio Heine , director del semanario “El Impacto” de La Calera; Eduardo Martínez , Alcalde la de la Municipalidad de La Calera; Luis Vásquez Aguillón , suboficial de Gendarmería; representante de la empresa Asesoría, Consultoría Empresarial, Comercialización e Inversiones, GENES; Cristián Cárdenas , Concejal de la Municipalidad de Quilpué; y Mauricio Viñambres Adasme , alcalde de la Municipalidad de Quilpué y don Nelson Contador Órdenes, Consejero Regional por San Felipe .

Por su parte la Comisión realizó un total de catorce sesiones. Durante el transcurso de estas sesiones se recibió el parecer de las siguientes personas: Christian Urízar Muñoz , diputado; René Lues Escobar , Consejero Regional de Valparaíso y ex Secretario Ejecutivo del Consejo Regional de Valparaíso; Enrique Astudillo Pinto , Secretario Ejecutivo del Consejo Regional de Valparaíso; Daniel Garrido , Consejero Regional del Gobierno Regional de Valparaíso y Presidente de la Comisión de Educación, Cultura, Deportes y Recreación del Consejo Regional del Gobierno Regional Valparaíso; Jocelyn Córdova , secretaria del Gobierno Regional de Valparaíso; Ruth Cohen , secretaria del área de Cultura y Deportes del Consejo Regional de Valparaíso; Jorge Arqueros , profesor, integrante de la División de Planificación del Consejo Regional de Valparaíso; Felipe Olfos , integrante del área de Cultura y Deportes del Consejo Regional de Valparaíso; Orietta Ramírez López , periodista, encargada de la Unidad de Deportes hasta marzo de 2014 del Consejo Regional de Valparaíso; Luis Alberto Rodríguez , ex Jefe de la División de Planificación y Desarrollo del Gobierno Regional de Valparaíso; Osvaldo Maldonado Segovia , auditor interno de la Intendencia de Valparaíso; Ricardo Bravo Oliva , Intendente Regional de Valparaíso; Enrique Escobar , el Jefe de la División de Análisis y Control de la Intendencia Regional de Valparaíso, y María Herrera Figueroa y Cesar Ramírez Navia , ambos de la agrupación de vecinos de Zapallar y sus alrededores.

2) Lo sustancial de los documentos recibidos

La Comisión acordó el despacho de diversos oficios sobre materias relacionadas con su investigación, los que se consideran con indicación de si hubo o no respuesta, que se adjuntan en las actas respectivas y se anexan al presente informe, distinguiendo tanto los despachados por esta Comisión Investigadora como los que remitió en su momento la anterior Comisión.

a) Documentos atinentes a las Comisiones Especiales Investigadoras anteriores:[1]

Oficio N° 3

Fecha: 11122013

Destinatario: Raúl Celis Montt , Intendente Regional de Valparaíso (de la época). Materia: Nómina y antecedentes completos de los beneficiarios, a partir de la asignación y transferencia de recursos públicos de diversos proyectos en virtud de los concursos públicos de seguridad ciudadana correspondiente a los años 2012 y 2013, referidos a la glosa destinada a proyectos sobre cultura, deporte y seguridad ciudadana con cargo al dos por ciento del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, incluyendo el monto obtenido por cada uno de ellos.

Respuesta: Antecedentes entregados en sesión 3ª ordinaria de 9 de enero de 2014. (Entrega planilla Excel).

Oficio N° 11B

Fecha: 9012014

Destinatario: Raúl Celis Montt , Intendente Regional de Valparaíso (de la época). Materia: Solicita:

1) Recursos que la ley de presupuesto permite destinar (hasta en un

6%) para subvencionar actividades culturales, deportivas, de seguridad ciudadana; carácter social y y/o rehabilitación de drogas.

2) Fondo de Innovación para la Competitividad (FIC).

3) Servicio Nacional de Turismo.

Respuesta: Ordinario N°493, cuenta sesión 7ª ordinaria de 04 de marzo de

2014.

Oficio N° 13B

Fecha: 9012014

Destinatario: Raúl Celis Montt , Intendente Regional de Valparaíso (de la época). Materia: Informe detallado sobre proyectos de las Universidades que han obtenido financiamiento con fondos concursales del Gobierno Regional de Valparaíso, durante los años 2011, 2012 y 2013.

Respuesta: Por ordinario N° 492, cuenta sesión 7ª ordinaria de 04 de marzo de 2014.

Oficio N° 14B

Fecha: 4012014

Destinatario: Raúl Celis Montt , Intendente Regional de Valparaíso (de la época). Materia: Solicita:

1) Acta N° 620 de la sesión ordinaria del Consejo Regional de fecha 8 de agosto de 2013.

2) Acta N° de la sesión ordinaria del Consejo Regional de fecha 29 de agosto de 2013.

3) Memorándum de la auditoría interna del Gobierno regional de Valparaíso de fecha 4 de febrero de 2013.

Respuesta: Ordinario N°491, cuenta en sesión 7ª ordinaria de 04 de marzo de 2014.

Oficio N° 15B

Fecha: 14012014

Destinatario: Alcalde la Municipalidad de Valparaíso, don Jorge Castro Muñoz . Materia: Solicita copia del certificado del Directorio de la Organización comunitaria “Valparaíso Joven”.

Respuesta: Oficio N°73, cuenta en sesión 7ª ordinaria de 04 de marzo de 2014.

Oficio N° 16B

Fecha: 14012014

Destinatario: Director Nacional del Servicio de Impuestos Internos, señor Alejandro Burr Ortúzar . Materia: Los siguientes antecedentes de la Organización comunitaria “Valparaíso Joven”: RUT, domicilio y cartola de situación tributaria.

Respuesta: Oficio N° 52, del Servicio de Impuestos Interno, cuenta en sesión 7ª ordinaria de 02 de julio de 2014.

Oficio N° 17B

Fecha: 14012014

Destinatario: Raúl Celis Montt , Intendente Regional de Valparaíso (de la época) Materia: Complementa Oficio N°11B de 09.01.2014, solicitando:

En relación al FIC, la nómina de universidades de la región beneficiadas con recursos provenientes de este fondo.

Proyectos en materia de turismo financiados con cargo a fondos del Gobierno Regional.

Respuesta: Ordinario N°493, cuenta en 7ª sesión ordinaria de 04 de marzo de 2014.

Oficio N° 18B

Fecha: 14012014

Destinatario: Raúl Celis Montt , Intendente Regional de Valparaíso (de la época). Materia: Solicita información sobre el estado de tramitación del sumario administrativo que se incoa a raíz de los hechos que investiga esta Comisión parlamentaria y, si procediere, copia del mismo. Respuesta: Pendiente

Oficio N° 19B

Fecha: 16012014

Destinatario: Raúl Celis Montt , Intendente Regional de Valparaíso (de la época) Materia: Remisión de los siguientes antecedentes, correspondientes a los años 2011, 2012 y 2013:

1) Copia de las facturas relacionadas con todos los proyectos asignados y objeto de cuestionamiento.

2) Sesiones del Consejo Regional a las que no asistió el Intendente titular, indicando el nombre de quien presidió esas sesiones y una relación de los proyectos aprobados en cada uno de ellos.

Respuesta: Ordinario N°193 de Sr. Raúl Celis Montt , Intendente Región de Valparaíso, cuenta en 1ª sesión ordinaria en 13 de mayo de 2014.

Oficio N° 26

Fecha: 21012014

Destinatario: Raúl Celis Montt , Intendente Regional de Valparaíso (de la época) Materia: Fotocopia de Planilla Excel y de cuaderno en el cual la Jefa de la División de Análisis y Gestión de Control del Gobierno Regional de Valparaíso, registraría el monto de los proyectos concursales correspondientes a la asignación de cada uno de los Consejeros Regionales y del Intendente, quienes por acuerdo político, podían asignar hasta el 70% de los fondos concursales y el Intendente el 30%, respectivamente.

Respuesta: Pendiente

Oficio N° 27

Fecha: 24012014

Destinatario: Raúl Celis Montt , Intendente Regional de Valparaíso (de la época) Materia: Nómina de proyectos asignados y montos involucrados, entre los años 2011 y 2013, a Valparaíso Arte Joven; Programa Puerto Ideas, y Arte y Música de Reñaca.

Respuesta: Ordinario N° 495 de Sr. Jose Pedro Nuñez BarrueI , Intendente Regional de Valparaíso (S), cuenta en 1ª sesión ordinaria de 13 de mayo de 2014, y Ordinario N°1087 de Sr. Ricardo Bravo Oliva Intendente Regional Valparaíso, cuenta en 1ª sesión ordinaria de 13 de mayo de 2014.

Oficio N° 30

Fecha: 29012014

Destinatario: Raúl Celis Montt , Intendente Regional de Valparaíso (de la época) Materia: Listado de organizaciones beneficiarias de fondos del GORE de Valparaíso entre los años 2011 y 2013, que rindieron cuenta a través de consultoras, y organizaciones beneficiarias de estos fondos concursales que no han rendido cuenta y, si fuere posible la causa de ello, ya sea por carecer de facturas o boletas justificadoras de gastos o por haberlos destinado a un objeto distinto.

Respuesta: Ordinario N°1087, cuenta en 1ª sesión ordinaria de 13 de mayo de 2014.

Oficio N° 32

Fecha: 04032014

Destinatario: Raúl Celis Montt , Intendente Regional de Valparaíso (de la época) Materia:1) Copias de facturas, boletas y recibos que comprueben el gasto de $ 275.220.630 (dos cientos setenta y cinco millones dos ciento veinte mil seis cientos treinta pesos) del 2% FNDR asignados a los clubes deportivos de Quilpué: Colegio Los Leones; Sol del Pacífico; Nueva Era, y Los Pinos.

2) Listado comparativo de proyectos presentados por las distintas municipalidades de la región y que resultaron rechazados, comparados con los proyectos aprobados patrocinados por los Cores, todos ellos entre los años 2011 y 2013.

Respuesta: Pendiente.

b) Documentos concernientes a esta Comisión:

Oficio N° 002

Fecha: 06052014

Destinatario: Contralor General de la República, señor Ramiro Mendoza Zúñiga . Materia: Informe final sobre Gobierno Regional Valparaíso

Respuesta: Oficio N°190/449/2014, cuenta en 2ª sesión ordinaria del 20 de mayo de 2014.

Oficio N° 006

Fecha: 20052014)

Destinatario: Intendente Regional de Valparaíso, señor Ricardo Bravo Oliva . Materia: Listado de las personas que realizaron examen de admisibilidad y evaluaron proyectos del Club Deportivo Colegio Los Leones, Club Deportivo Sol del Pacifico, Club Deportivo Nueva Era, Club Deportivo Los Pinos y Valparaíso Joven .

Proyectos adjudicados en los años 2012 – 2013 del Centro Cultural Rucamanqui, Centro de Madres Nueva Ilusión, Agrupación Cultural, Artística , Recreativa y Ecológica Recrearte y Comité Habitacional My Dream House de La Calera.

Respuesta: Oficio N°1771/09, cuenta en sesión 4ª ordinaria, en 10 de junio de 2014.

Oficio N° 007

Fecha20052014

Destinatario: Contralor General de la República, señor Ramiro Mendoza Zúñiga . Materia: Informe final sobre Gobierno Regional Valparaíso sin tachas ni omisión de nombres de personas y organizaciones.

Respuesta: Oficio N°196.082/2014, cuenta en sesión 4ª ordinaria, en 10 de junio de 2014.

Oficio N° 008

Fecha: 10062014)

Destinatario: Intendente Regional de Valparaíso, señor Ricardo Bravo Oliva . Materia: Porcentaje de proyectos que obtuvieron menos de 60 puntos, motivo de su rechazo y monto solicitado por ellos.

Porcentaje de rendiciones efectivas y devoluciones por rendiciones incompletas.

Rendiciones en que aparezca Centro de Eventos doña Anita .

Nombre de propietarios entidades relacionadas Colegio Los Leones. Respuesta: Oficio N°2364 del 05.08.2014, cuenta en sesión 9ª ordinaria, en 06 de agosto de 2014Oficio N° 009

Fecha: 10062014

Destinatario Intendente Regional de Valparaíso, señor Ricardo Bravo Oliva . Materia: Copia actas del Consejo Regional entre 20112013 en las que se evidencian diferencias entre el audio y lo transcrito.

Respuesta: Oficio. N°2361, cuenta en sesión 9ª ordinaria, en 06 de agosto de 2014Oficio N° 10

Fecha: 13062014

Destinatario: Director Regional Servicio Electoral, señor Cristián Reveco Ravanal . Materia: Nómina de apoderados, encargados financieros y de campañas municipales del año 2012, en Valparaíso, Viña del Mar. Limache , Quilpué , Quillota y Calera .

Respuesta: Oficio N° 2857, cuenta en sesión 7ª ordinaria, en 02 de julio de 2014.

Oficio N° 11

Fecha: 23062014

Destinatario: Intendente Regional de Valparaíso, señor Ricardo Bravo Oliva . Materia: Solicita copia Contrato de René Lues Escobar , Secretario Ejecutivo del Consejo Regional, Decreto o resolución de indemnización por renuncia voluntaria y copia acta sesión en que se acordó la indemnización:

Respuesta: Ordinario N°2491, cuenta en sesión 10ª ordinaria de 03 de septiembre de 2014.

Oficio N° 12

Fecha: 23062014

Destinatario: Ministro Interior y Seguridad Pública, señor Rodrigo Peñailillo Briceño .

Materia: Solicita antecedentes como intermediario con Unidad Auditoria Interna del Gobierno Región Valparaíso.

Respuesta: Oficio N°11.715, de fecha 16 de septiembre de 2014, que informa que se le ha remitido la información a la Subsecretaría de ese Ministerio para que evacue respuesta a solicitada, cuenta en sesión 9ª ordinaria, de 06 de agosto de 2014Ordinario N° 14.805, por el cual remite informe de Unidad de Auditoría del Ministerio del Interior.

Oficio N° 13

Fecha01072014

Destinatario: Intendente Regional de Valparaíso, señor Ricardo Bravo Oliva . Materia: Copia Contrato Enrique Astudillo Secretario Ejecutivo del Consejo

Regional de Valparaíso.

Respuesta: Ordinario N° 2173, cuenta en sesión 10ª ordinaria, de 03 de septiembre de 2014.

Oficio N° 14

Fecha: 01072014

Destinatario: Intendente Regional de Valparaíso, señor Ricardo Bravo Oliva . Materia: Copia de actas de las sesiones del Consejo Regional en que consta la subrogación del ex Intendente Celis.

Respuesta: Oficio N°487, cuenta en sesión 8ª ordinaria, de 23 de julio de 2014.

Oficio N° 15

Fecha03072014

Destinatario: Rodrigo Bermúdez , Asesor Técnico de la Biblioteca del Congreso Nacional.

Materia: Solicita informe comparativo del Reglamento de la Intendencia de Coquimbo en la asignación de 6% FNDR con su similar reglamento en la Intendencia de Valparaíso.

Respuesta: Mediante informe, cuenta en sesión 10ª ordinaria, de 03 de septiembre de 2014.

Oficio N° 17

Fecha04072014

Destinatario: Intendente Regional de Valparaíso, señor Ricardo Bravo Oliva . Materia: Solicita copia proyectos 62 y 64 presentados en Tradicional 1 o 2

Respuesta: Oficio N°2349, cuenta en sesión 9ª ordinaria de 06 de agosto de 2014.

Oficio N° 19

Fecha13082014

Destinatario: Auditor Interno de la Intendencia de Valparaíso., don Osvaldo Maldonado Segovia .

Materia: Solicita informe que contenga los resultados de la auditoría efectuada en el año 2013 a los fondos correspondientes al 6% del FNDR.

Respuesta: Se recibe informe de auditoría a través de correo electrónico, cuenta en sesión 10ª ordinaria de 03 de septiembre de 2014.

Oficio N° 20

Fecha03092014

Destinatario: Presidente del Tribunal Oral en lo Penal de Valparaíso, don Francisco Hermosilla Iriarte .

Materia: Solicita registro de audio de todas audiencias celebradas en juicio por malversación de caudales públicos y caudales públicos y fraude en la Intendencia Regional de Valparaíso en contra de los señores Enrique Kittsteiner , Sergio Núñez y Claudio Uribe (RIT 1852014 RUC13008337548).

Respuesta: Contenida en tres CD de audio.

Oficio N° 21

Fecha: 11092014

Intendente Regional de Valparaíso, señor Ricardo Bravo Oliva . Materia: Solicita informe respecto al número y monto de transferencias efectuados desde el Gobierno Regional de Valparaíso a la Municipalidad de Zapallar para la ejecución de los proyectos “Borde Costero de Zapallar” y “Mejoramiento iluminación plaza de Catapilco, comuna de Zapallar”.

Respuesta: Oficio Ordinario N° 3161, de fecha 10 de octubre de 2014, mediante el cual remite antecedentes solicitados de los proyectos “Mejoramiento Iluminación Plaza de Catapilco, Zapallar ” e “Instalación Iluminación Ornamental Alejandro Fierro ex Borde Costero, Zapallar ”. Se incluyen egresos y cartolas bancarias que dan cuenta de los montos transferidos a la Municipalidad' para su ejecución, los que ascendieron a $28.530.000 y $40.264.500 respectivamente.

Oficio N° 22

Fecha11092014

Destinatario Subsecretario de Desarrollo Regional, don Ricardo Cifuentes Lillo . Materia: Solicita informe respecto al número y monto de transferencias efectuados desde el Gobierno Regional de Valparaíso a la Municipalidad de Zapallar para la ejecución de los proyectos “Borde Costero de Zapallar” y “Mejoramiento iluminación plaza de Catapilco, comuna de Zapallar”.

Respuesta: Pendiente

Oficio N° 23

Fecha11092014

Destinatario Al Fiscal Jefe de la Fiscalía Local de San Felipe, don Osvaldo Basso Cerda .

Materia: Consulta a Fiscalía si recibió algún antecedente o denuncia de parte de la señora María Herrera Figueroa o del señor Cesar Ramírez Navia , en relación con las eventuales irregularidades que se habrían producido en la municipalidad de Zapallar y que serían materia de investigación judicial. En caso afirmativo, se solicita la remitir los antecedentes que correspondan.

Respuesta: Oficio N° 10 de fecha 22 de septiembre del 2014, por el cual informa que, revisado su sistema, no se registra ninguna denuncia o antecedente recibidos de parte de la señora María Herrera Figueroa o del señor Cesar Ramírez Navia en relación a irregularidades producidas en Municipalidad de Zapallar. Agrega que la Fiscalía, mantiene una investigación reservada bajo RUC N° 12005979054 por el delito de FRAUDE AL FISCO respecto de determinados funcionarios de la misma Municipalidad, a cargo del Fiscal Adjunto de nuestra señor Eduardo Fajardo de la Cuba .

Oficio N° 24

Fecha11092014

Contralor General de la República, señor Ramiro Mendoza .

Materia: Informe si ha ordenado algún tipo de investigación, con ocasión de denuncias por eventuales irregularidades acerca del número y monto de transferencias efectuados desde el Gobierno Regional de Valparaíso a la Municipalidad de Zapallar, para la ejecución de los proyectos “Borde Costero de Zapallar” y “Mejoramiento iluminación plaza de Catapilco, comuna de Zapallar”. En caso de existir se solicita indique el estado actual de tramitación de la misma.

Respuesta: Oficio de fecha 15 de octubre de 2014 que informa que la Contraloría se encuentra ejecutando una investigación especial en el Gobierno Regional, la que incluye la revisión de las citadas iniciativas, cuyo resultado será comunicado oportunamente.

III. ANTECEDENTES RELACIONADOS CON LA MATERIA DEL ENCARGO.

A) Antecedentes de carácter general.

Para una mejor comprensión de los hechos investigados, se encargó a la Biblioteca del Congreso Nacional un estudio relacionado con el encargo conferido por la Sala, descriptivo del marco legal regulatorio de la materia en análisis, el que para mayor claridad se inserta a continuación:[2]

2 Biblioteca del Congreso Nacional. Abogado Rodrigo Bermúdez , Asesoría Técnica Parlamentaria.

I) Introducción

A solicitud de la Comisión Investigadora sobre las denuncias de un eventual fraude y otras irregularidades en el Gobierno Regional de Valparaíso, se describe el marco normativo de los fondos concursales administrados por el Gobierno Regional de Valparaíso, específicamente, aquéllos destinados a financiar actividades culturales, deportivas y de seguridad ciudadana.

Con este objeto, se explican de manera sucinta ciertas facultades del Gobierno Regional y del Consejo Regional en materia presupuestaria, para luego describir el marco legal general de los fondos, contenidos en las glosas presupuestarias de las leyes de Presupuestos de los años 2011, 2012 y 2013.

Finalmente, se revisan dos instrumentos específicos elaborados por el Gobierno Regional de Valparaíso: el Reglamento Regional Fondo de Seguridad Ciudadana (del año 2012) y el Instructivo General para Otorgar Subvenciones hasta un 6% del Fondo Nacional de Desarrollo Regional. En ambos casos, el análisis se centra principalmente en los criterios que se fijan en las etapas de adjudicación de los concursos, sin analizar la etapa de ejecución de los mismos.

II) Marco General

Conforme con el artículo 13 de la Ley Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, corresponde a cada Gobierno Regional la administración superior de cada Región, teniendo como objeto su desarrollo social, cultural y económico.

Dentro de las funciones que a cada Gobierno Regional compete, se encuentra la de resolver la inversión de los recursos de la Región (artículo 16 de la ley). De manera específica, el artículo 19 de la ley citada establece que en materia de desarrollo social y cultural le corresponde, entre otras funciones: “c) Determinar la pertinencia de los proyectos de inversión que sean sometidos a la consideración del consejo regional, teniendo en cuenta las evaluaciones de impacto ambiental y social que se efectúen en conformidad a la normativa aplicable;”; y también “d) Distribuir entre las municipalidades de la región los recursos para el financiamiento de beneficios y programas sociales administrados por éstas, en virtud de las atribuciones que les otorgue la ley;”.

De acuerdo con el artículo 20 literal h) el Gobierno Regional, para el cumplimiento de sus funciones, puede “Proponer criterios para la distribución y distribuir, cuando corresponda, las subvenciones a los programas sociales, de acuerdo con la normativa nacional correspondiente;”.

En cuanto a las funciones del Consejo Regional, el artículo 36 literal e) dispone que a este le corresponde: “Resolver, sobre la base de la proposición del intendente, la distribución de los recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional que correspondan a la región, de los recursos de los programas de inversión sectorial de asignación regional y de los recursos propios que el gobierno regional obtenga en la aplicación de lo dispuesto en el N° 20° del artículo 19 de la Constitución Política de la República;”.

III) Marco legal de los fondos concursales

A) Leyes de presupuesto

Los fondos concursales tienen como fundamento legal una glosa presupuestaria que se ha incluido en las leyes de presupuestos de los años 2011, 2012 y 2013. Específicamente, en todas estas leyes, la glosa 02 Nº 2.1 de la Partida 05, Ministerio del Interior Gobiernos Regionales, ha regulado y regula esta materia. Esta disposición es de carácter general para todos los Gobiernos Regionales, estableciendo reglas comunes en cuanto al destino de tales fondos.

En relación con este último, la glosa presupuestaria dispone que un cierto porcentaje del presupuesto, contenido en el subtítulo 24, puede ser destinado a financiar fondos concursales. A continuación se analiza el contenido de la glosa en los años 2011, 2012 y 2013. A fin de evitar repeticiones innecesarias, se analizará la glosa del año 2011 y, para el caso de los años siguientes sólo se explicarán los cambios que a ella se hubiesen realizado.

Ley de Presupuestos del año 2011

La glosa en comento permitía a los Gobiernos Regionales destinar recursos del subtítulo 24 para el financiamiento de actividades culturales, deportivas y de seguridad ciudadana. En cada caso, se autorizaba una destinación máxima de hasta un 2% del total de los recursos contemplados en el subtítulo antes mencionado.

En el caso de las actividades culturales que se podían financiar, con cargo a estos dineros, ellas podían ser realizadas por las municipalidades, incluido el funcionamiento de los teatros municipales o regionales que operen, o instituciones privadas sin fines de lucro.

Las actividades de carácter deportivo, en tanto, podían ser realizadas por las municipalidades, otras entidades públicas o instituciones privadas sin fines de lucro.

Finalmente, las de seguridad ciudadana podían ser realizadas por la intendencia, las municipalidades, otras entidades públicas o instituciones privadas sin fines de lucro.

Adicionalmente, se establecían las siguientes reglas:

El monto resultante de la aplicación de los referidos porcentajes no se verá afectado por eventuales disminuciones de los recursos correspondientes a cada Gobierno Regional.

Hasta un 3,5% del total autorizado por este numeral para cada Gobierno Regional, podrá destinarse a financiar la externalización de los procesos de admisibilidad, evaluación técnica, gestión administrativa y supervisión en terreno de las actividades que se aprueben, para lo cual se podrán traspasar recursos al programa de funcionamiento del respectivo Gobierno Regional.

Los recursos que se transfieran a las entidades públicas señaladas no se incorporarán a sus presupuestos, sin perjuicio de lo cual deberán rendir cuenta de su utilización a la Contraloría General de la República.

La asignación de estos recursos a actividades específicas se efectuará en forma transparente y competitiva, para lo cual el Gobierno Regional respectivo deberá dictar los reglamentos que se considere necesarios, donde, entre otros, se establezcan los plazos de postulación y los criterios con que serán analizadas.

Quedarán excluidos de estos procedimientos los recursos que se destinen al funcionamiento de los teatros regionales o municipales.

En el caso de las actividades relacionadas con seguridad ciudadana, los reglamentos regionales deberán considerar las orientaciones que al efecto imparta el Subsecretario del Interior.

Ley de Presupuestos del año 2012

En términos generales, se mantiene la misma glosa presupuestaria, observándose sólo los siguientes cambios:

Las orientaciones para los reglamentos de las actividades vinculadas con seguridad ciudadana, serán impartidas por el Subsecretario de Prevención del Delito.

Los gobiernos regionales podrán solicitar autorización para subvencionar las actividades de carácter social y de rehabilitación de drogas que determine, que efectúen las municipalidades, otras entidades públicas o instituciones privadas sin fines de lucro, acompañando la propuesta de reglamento que normará dichas actividades, lo que será resuelto por la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo. En todo caso, los montos que se destinen a la nueva tipología de actividades no podrán superar el 2% del total de sus recursos.

Los montos que se autorizan con cargo a este numeral, no podrán superar en su conjunto el 6% del total de los recursos regionales.

Ley de Presupuestos del año 2013

En relación con los años 2011 y 2013, la glosa presupuestaria presenta las siguientes modificaciones:

Se establece un monto global de un 6% como máximo para destinar a subvenciones y un monto máximo por tipología de actividad de un 2%.

Podían ser beneficiarias de estos dineros las actividades culturales; actividades deportivas y del Programa Elige Vivir Sano; actividades de seguridad ciudadana; actividades de carácter social y rehabilitación de drogas.

Se establece que, para el caso de las actividades culturales, los instructivos deberán considerar las orientaciones que emanen de la Política Cultural Regional aprobada por cada Consejo Regional del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes.

La Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, remitirá, 30 días después de terminado cada trimestre, información consolidada de todas las regiones respecto al uso de estos recursos. Esta información deberá ser publicada en los mismos plazos en la página web de la Subsecretaría de Desarrollo Regional.

B) Reglamento Regional Fondo de Seguridad Ciudadana del Gobierno Regional de Valparaíso

Este reglamento se encuentra contenido en la Resolución Afecta Nº 270 del Gobierno

Regional de Valparaíso, publicada en el Diario Oficial el 17 de enero de 2012.

Conforme con su artículo 3º en este cuerpo normativo se instituyen “las normas que regularán el Fondo Regional de Seguridad Ciudadana de la Región de Valparaíso”. Agrega que se establecen “los objetivos y principios orientadores para la aplicación de los recursos del Fondo, la forma en que se harán las convocatorias para que las entidades postulen sus proyectos, los requisitos de postulación, las materias sobre las que podrán versar los proyectos; los tipos de gastos que financiará el Fondo, el procedimiento, los criterios de evaluación y demás disposiciones que permitan la mejor utilización de los recursos, así como la obtención de los objetivos del Fondo, a través de la ejecución de los proyectos seleccionados.”.

a) Objetivos y principios orientadores

Los objetivos se encuentran contenidos en el artículo 4º y ellos son:

a) Fomentar y apoyar actividades que respondan a iniciativas integrales en temáticas de seguridad ciudadana, con el objeto de disminuir el delito y la percepción de inseguridad en la ciudadanía.

b) Generar iniciativas que favorezcan la participación y corresponsabilidad social de los diferentes actores locales en materias de seguridad.”.

Los principios orientadores, en tanto, están contenidos en el artículo 5 y ellos son los siguientes:

a) El compromiso social: Reducir la delincuencia y la percepción de temor es un desafío que requiere de la participación y compromiso de diversos actores y su compromiso en el desarrollo de estrategias en esta temática.

b) La igualdad de oportunidades: El Fondo está orientado a promover la participación de los distintos estamentos, involucrando a diversos entes del Estado y actores sociales, promoviendo así la igualdad de acceso sin distinción.

c) La inclusión regional: El Fondo está disponible para todas las regiones del país, reconociendo las particularidades de cada territorio y sus propuestas locales en el abordaje de esta temática multicausal y compleja.”.

b) Regulación de los concursos

El artículo 6 del reglamento establece que los concursos de postulación a los fondos deben ser transparentes y competitivos. Agrega que el reglamento es parte integrante de todas las bases administrativas y técnicas, así como de los convenios de transferencia de recursos que se suscriban con las entidades seleccionadas para la subvención.

El artículo 7 establece que pueden postular a los concursos:

Las Municipalidades de la Región de Valparaíso.

Entidades privadas sin fines de lucro con personalidad jurídica vigente que se encuentren inscritas en el Registro de Organizaciones Receptoras de recursos Públicos.

La Intendencia Regional.

Otras entidades públicas.

El artículo 8, por su parte, establece inhabilidades para postular proyectos, cuando las entidades se encuentren en alguna de las siguientes situaciones:

Con rendiciones de cuentas pendientes.

Hayan puesto término anticipado a la ejecución de un proyecto, sin la autorización del Gobierno Regional o contraviniendo el convenio suscrito al efecto.

Que tengan entre sus directores y/o administradores a personas que posean la calidad de funcionarios del Gobierno Regional o que presten servicios como contratados a honorarios o bien que posean la calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad, inclusive con alguno de los antes mencionados.

Aquellas en cuyos estatutos figuren como directores y/o administradores personas que tengan litigios pendientes con el Gobierno Regional, a menos que se refieran al ejercicio de derechos propios, de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.

Aquellas a las que se les ha puesto término anticipado a un contrato previo suscrito con el Gobierno Regional, por causal imputable a esa entidad, dentro de los dos años anteriores a su postulación.

Aquellas cuya existencia legal o mandato de quien actúa en su representación se extinga en el plazo propuesto para la ejecución del proyecto.

Aquellas instituciones cuyos representantes estén vinculados en razón de matrimonio, parentesco hasta el tercer grado de consanguinidad inclusive o por afinidad hasta el segundo grado, o por vínculo de la adopción con algún Consejero Regional o con algún funcionario del Gobierno Regional de Valparaíso, sea éste en calidad de planta, contrata, honorario o vinculado mediante un contrato regulado por el Código del Trabajo.

Aquellas a las que afecte cualquier otra inhabilidad legal, judicial o administrativa para contratar con el Gobierno Regional y/o sus organismos o programas dependientes.

En cuanto a las temáticas de los proyectos, el artículo 9 dispone que los proyectos deben insertarse en alguna de las siguientes:

1) Prevención Social: dirigidos a realizar actividades que generen y desarrollen factores protectores en grupos vulnerables o en riesgo social y sus territorios.

2) Prevención Situacional: destinados a generar acciones complementarias de empoderamiento y ocupación de espacios públicos, que aporten en disminuir la probabilidad de comisión de delitos de oportunidad y reducir la percepción de inseguridad en determinados espacios urbanos

3) Control: dirigidos a la difusión y coordinación, que favorezca y mejore las labores de prevención y disuasión, incluyendo iniciativas de trabajo conjunto entre la entidad postulante, autoridades locales, policías y comunidad en general.

4) Asistencia a Víctimas: proyectos de prevención y promoción dirigidos a apoyar, a través de distintos canales de información, ofreciendo asistencia a personas que hayan sido víctimas de violencia

5) Rehabilitación y Reinserción: dirigidos a facilitar y apoyar la reinserción social de personas que hayan cometido delitos, promoviendo a través de distintos medios, la generación de competencias sociales y laborales en los usuarios

6) Innovación y Estudios: destinados a abordar cualquiera de las cinco temáticas antes descritas desde una perspectiva distinta a la tradicional, a través de nuevos mecanismos de cooperación, de la adopción y uso de procedimientos y tecnologías propias de otras materias, o por medio de estudios que busquen profundizar el entendimiento de problemáticas no resueltas de Seguridad Pública.

Conforme con el artículo 14, en las bases de los concursos se debe establecer que los postulantes conocen y aceptan el contenido íntegro de dichas bases y aceptan los resultados de la convocatoria. Agrega este mismo artículo que cada postulante debe acompañar una declaración jurada por medio de la cual autorice expresamente al Gobierno Regional de Valparaíso, sea que su proyecto resulte o no seleccionado, a realizar el proyecto directamente o a través de otras entidades públicas, en forma completa o introduciendo variaciones al mismo, y haciendo uso de todo o parte de las ideas contenidas en aquél.

En relación con el proceso de selección, según el artículo 21, dispone que éste al menos, debe considerar las siguientes etapas:

a) Un examen de admisibilidad y asignación de código a cada proyecto. b) Una evaluación técnica.

c) Período de observaciones.

d) Propuesta del Intendente Regional

e) Priorización de los proyectos por parte del Consejo Regional de Valparaíso.

El examen de admisibilidad se encuentra regulado en los artículos 22 y 23. En términos generales, se establece que el examen está a cargo de una comisión técnica facultada para verificar el cumplimiento de los requisitos y documentos obligatorios establecidos en las bases de cada concurso, pudiendo declarar inadmisibles en forma inmediata, a aquellas entidades postulantes que hubieren sido beneficiadas en procesos anteriores con estos recursos y que no hayan rendido cuenta de la totalidad de los mismos y/o que no hayan entregado el respectivo informe. En los demás casos de inhabilidad, debe remitir los antecedentes a la unidad jurídica de la División de Análisis y Control de Gestión del Gobierno Regional, a fin de que se emita un informe sobre la procedencia o no de declarar inadmisible la postulación.

La evaluación técnica está regulada en el artículo 24. Ella se encuentra a cargo de una comisión conformada de acuerdo con lo dispuesto en las bases del concurso. Esta comisión califica las iniciativas en una escala de 1 a 7, siendo las bases las que fijen la calificación mínima para pasar a la etapa siguiente.

De acuerdo al artículo 26, efectuada la evaluación, la nómina completa de los proyectos que resulten técnicamente recomendables, es remitida al Intendente Regional quien formula una propuesta al Consejo Regional de Valparaíso para su conocimiento y aprobación. El artículo 27 establece, que la última etapa del proceso es la priorización de los proyectos mediante votación de los Consejeros Regionales. El Consejo Regional se ajustará, en su priorización, al marco presupuestario establecido en las bases de la respectiva convocatoria.

C) Instructivo del Gobierno Regional de Valparaíso de 2013

Este instructivo se encuentra contenido en la Resolución Exenta Nº 716 del Gobierno Regional de Valparaíso, que Aprueba Instructivo General para Otorgar Subvenciones Hasta un 6% del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), en Actividades Culturales, Deportivas y de Seguridad Ciudadana, entre otras, publicado en el Diario Oficial de fecha 22 de junio de 2013.

a) Disposiciones generales

El numeral 1, inciso cuarto, señala que el propósito del instructivo es “orientar y reglamentar la postulación de iniciativas a cualquiera de las subvenciones”. Agrega que “ha generado para cada subvención Bases Administrativas o Términos de Referencia con los requerimientos específicos de cada una”, debiendo cumplir las entidades interesadas en postular a estos fondos los requisitos de ambos instrumentos. Refuerza la idea anterior el inciso quinto de este numeral, al señalar que este instructivo es parte integrante de las bases administrativas de las futuras convocatorias a fondos concursales.

En su numeral 2 fija los siguientes principios orientadores: compromiso social; igualdad de oportunidades; inclusión local, y equidad de género.

En relación con los postulantes, el numeral 3.1 del instructivo repite lo señalado en las glosas presupuestarias en cuanto a que pueden postular a las subvenciones entidades públicas, municipalidades e instituciones privadas sin fines de lucro. Agrega, eso sí, que las dos primeras deben contar con una unidad técnica que gestione proyectos o, al menos, una persona especialmente designada para ejercer dicha tarea, dentro de su estructura organizacional.

El numeral 3.2 establece reglas relativas a la difusión y orientación a los postulantes. En relación con lo primero, se establece que ésta debe ser de la manera más amplia posible, debiendo el Gobierno Regional arbitrar los medios para que ella sea efectiva. En cuanto a la orientación, durante el periodo de postulación, y dentro del plazo que fijen las bases administrativas para consultas y aclaraciones, los participantes podrán efectuar consultas en forma electrónica y recibir orientación a su postulación, en las respectivas Unidades de Deporte, Cultura y Seguridad Ciudadana, adscritas a la División de Análisis y Control de Gestión del Gobierno Regional de Valparaíso.

En cuanto a los requisitos jurídicos de postulación, el numeral 3.3 establece los siguientes: a) Representación: Todas las entidades postulantes deberán corresponder a instituciones con domicilio en la Región de Valparaíso. No obstante lo anterior, podrán participar corporaciones, fundaciones o instituciones públicas de carácter nacional con representación en la Región de Valparaíso.

b) Contar con personalidad jurídica con un mínimo de 6 meses de antigüedad al momento de la postulación, la que deberá acreditarse mediante el certificado correspondiente.

c) Podrán postular sólo personas jurídicas (no personas naturales).

d) El representante legal de la entidad postulante, deberá ser mayor de edad.

Desde el punto de vista administrativo, el numeral 3.4 establece que las entidades que postulen sólo pueden acceder a recursos hasta por un máximo de dos proyectos por año calendario, con independencia del número de postulaciones que realicen y del tipo de fondo concursal de que se trate. Las postulaciones de las entidades privadas sin fines de lucro, luego que ellas se hayan adjudicado dos proyectos, serán declaradas inadmisibles. Esta restricción no se aplicará a las entidades de carácter público.

Los proyectos deben ser presentados en un sobre cerrado, en que se deben contener todos los documentos y antecedentes de respaldo del proyecto. El formulario 1, correspondiente a la carátula del proyecto, deberá venir pegado encima del sobre cerrado, el cual deberá contener los siguientes documentos:

a) Carta u oficio firmada por el representante legal dirigido al señor. Intendente Regional de Valparaíso, en la que solicite financiamiento para la materialización de la iniciativa que postula. Este documento deberá venir con timbre de la organización.

b) El proyecto, utilizando el formulario 2, desarrollo del proyecto, en un ejemplar original más documentos anexos. Opcionalmente, podrá adjuntar copia digital con copia de documentación presentada.

c) Fotocopia legible del RUT de la institución.

d) Fotocopia legible y vigente de la cédula nacional de identidad del representante legal de la institución.

e) Fotocopia de los estatutos de la entidad postulante, en el caso de organización privada sin fines de lucro.

f) En el caso de las entidades privadas: Deberán presentar el certificado que acredite que la respectiva organización está registrada en la página www.registros19862.cl (Receptores de Fondos Públicos). Deberá constar en dicho certificado el nombre actualizado del representante legal.

g) El certificado de Personalidad Jurídica vigente debe estar fechado como máximo 90 días antes de la fecha de postulación y debe incluir la nómina del directorio y/o directiva actual. En el caso de:

Corporaciones, Fundaciones y ONG deben presentar Certificado de Vigencia de Personalidad Jurídica otorgado por Registro Civil, el Ministerio de Justicia y/o Educación, según corresponda al tipo de institución postulante.

Organizaciones Comunitarias y de Base: Deben incorporar el certificado de vigencia otorgado por la municipalidad y/o Instituto Nacional de Deporte o la entidad que corresponda según la naturaleza de la organización.

Municipalidades y otras entidades públicas: No requerirán acreditar su existencia legal en atención a que se trata de órganos cuya existencia es de dominio público; en todo caso, las municipalidades y los servicios públicos deberán acompañar copia del decreto de nombramiento del alcalde o de similar resolución, respecto al Director del servicio que se trate.

En el numeral 3.5 del instructivo se establecen las siguientes restricciones e inhabilidades para postular a las subvenciones, tanto para entidades privadas como públicas:

a) Habiendo sido beneficiados en concursos anteriores, no hayan presentado su rendición de cuentas en el plazo establecido para ello, o dicha rendición se encuentre observada respecto de recursos entregados por el Gobierno Regional provenientes del 6% del FNDR.

b) Tengan entre sus directores, administradores, responsables o beneficiarios del proyecto a personas que presenten la calidad de funcionarios del Gobierno Regional, miembros del Consejo Regional o que presten servicios en calidad de honorarios o bajo contrato de trabajo en el Gobierno Regional.

c) En el caso de entidades privadas, tengan entre sus directores, administradores, responsables o beneficiarios del proyecto a personas que presenten la calidad de cónyuges, hijos o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive, con los directivos de la institución y/o miembros del Gobierno Regional.

d) Tengan entre sus directores y/o administradores de organizaciones comunitarias territoriales y funcionales a alcaldes, concejales y otros funcionarios municipales que ejerzan cargos de jefatura administrativa en la respectiva municipalidad mientras dure su mandato. Lo anterior, en atención a la Ley N° 20.500, sobre Juntas de Vecinos y demás Organizaciones Comunitarias, párrafo 3, artículo 34.

e) Cuyos directores y/o administradores de la organización tengan litigios o situaciones contractuales pendientes con el Gobierno Regional, a menos que se refieran al ejercicio de derechos propios, de cónyuge, hijos o parientes hasta tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.

f) Se les haya puesto término anticipado a un contrato y/o convenio previo suscrito con el Gobierno Regional, por causal imputable a esa entidad, dentro de los dos años anteriores a su postulación.

g) Cuya existencia legal se extinga en el plazo propuesto para la ejecución del proyecto.

h) A las que afecte cualquier otra inhabilidad legal, judicial o administrativa para contratar o suscribir convenios con el Gobierno Regional o con cualquier otro órgano de la Administración Pública.

i) Que consideren contratar en la dotación con cargo a la iniciativa financiada por el Gobierno Regional, a los directivos de la organización, como asimismo a familiares directos, hasta el tercer grado de consanguinidad.

j) Consideren como proveedores o prestadores de servicios a directivos de la organización o a sociedades en que estos participen, como asimismo a sus familiares directos, hasta el tercer grado de consanguinidad. Esta inhabilidad será exigible también a los funcionarios de cualquier calidad del Gobierno Regional de Valparaíso.

b) Evaluación Técnica

“En el numeral 9 del instructivo se establecen los criterios para la evaluación técnica de las iniciativas que cumplen con los requisitos jurídicos y administrativos antes señalados y, además, los contenidos en las bases administrativas. Las etapas de la evaluación técnica que se establecen son las siguientes:

Examen de admisibilidad: a cargo de los funcionarios adscritos a las unidades a cargo de los fondos concursales. La revisión de admisibilidad se refiere al cumplimiento de requisitos como rango de montos, fechas de ejecución y documentos solicitados. Se debe elaborar un acta de admisibilidad que es publicada y las iniciativas que son declaradas admisibles luego son evaluadas técnicamente.

Equipo Técnico Evaluador: integrado por profesionales adscritos al Gobierno Regional de Valparaíso, a quienes se les distribuirán las iniciativas declaradas admisibles, de conformidad a lo que establezcan las Bases Administrativas. Cada evaluador emitirá un certificado de evaluación por cada proyecto a su cargo. La evaluación técnica de los proyectos e iniciativas se ceñirá al siguiente cuadro:

[0]

c) Aprobación del Consejo Regional

La nómina de iniciativas que resulten técnicamente recomendadas será remitida vía oficio por el Intendente Regional a la Comisión de Educación, Arte, Cultura, Deporte y Recreación del Consejo Regional para su estudio y jerarquización. Dicha comisión informará al Secretario Ejecutivo del Consejo Regional, aquellas iniciativas jerarquizadas dentro de las recomendadas técnicamente, teniendo en consideración, entre otros, los marcos de financiamiento máximo de cada ítem presupuestario del respectivo fondo concursal, tanto para iniciativas y actividades de entidades públicas, como para aquellas referidas a entidades y organizaciones privadas sin fines de lucro.

Finalmente, el Secretario Ejecutivo, en su carácter de ministro de fe del Consejo Regional despachará acta, dirigida al Intendente Regional, donde se señalarán las iniciativas jerarquizadas para que sean conocidas y votadas por el pleno del Consejo Regional.

B) Antecedentes de carácter especial.

Informe de la Contraloría Regional de Valparaíso efectuada al Fondo Nacional de Desarrollo Regional del Gobierno Regional de Valparaíso.

Por la relevancia del tema en estudio, a continuación se efectúa una breve descripción de los aspectos sustanciales del Informe final de la Contraloría Regional de Valparaíso N° 51 de 2013, que contiene los resultados de la auditoría efectuada al Fondo Nacional de Desarrollo Regional del Gobierno Regional de Valparaíso, suscrito por doña Alejandra Pavez Pérez , Jefa de la Unidad de Control Externo.

Se señala en el citado informe que en cumplimiento del plan anual de fiscalización de la Contraloría Regional de Valparaíso para el año 2013, y de acuerdo con la legislación vigente, se realiza un examen de cuentas a los recursos otorgados por el Gobierno Regional de Valparaíso (GORE) para el financiamiento de proyectos con cargo al Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), para la ejecución de iniciativas de cultura, deporte y seguridad ciudadana, durante el periodo comprendido entre los años 2011 y 2013.

Luego de mencionar al equipo designado para llevar a cabo esta fiscalización, indica sucintamente la normativa que regula las funciones, atribuciones y deberes de los órganos del gobierno interior y la administración superior de la región, como asimismo explica que el gobierno regional puede resolver la inversión de los recursos que a la región le correspondan en la distribución del FNDR y que corresponde al Intendente Regional proponer al Consejo Regional (CORE) la distribución de los fondos de desarrollo regional, pudiendo este último, aprobar, modificar o sustituir los proyectos y proposiciones planteadas por esa autoridad.

Luego acota que en la glosa pertinente, común para todos los gobiernos regionales, de las Leyes de Presupuestos del Sector Público para los años 2011, 2012, y 2013 se establece el uso del 2% del total de sus recursos a subvencionar actividades de carácter cultural, deportiva y de seguridad ciudadana, en especial de municipalidades y de entidades públicas y privadas sin fines de lucro

Finaliza en este punto, que en carácter reservado en febrero de 2014, fue puesto en conocimiento del Intendente y Presidente del Gobierno Regional de Valparaíso, el Preinforme de Observaciones N° 51, de 2013, con la finalidad que formulara los alcances y precisiones que, a su juicio, procedieran, lo que se concretó mediante el oficio N° 1866, de marzo de 2014.

Ahora bien, cabe puntualizar que el propósito de este informe es practicar una revisión de los proyectos adjudicados y rendidos en el período comprendido entre el 1 de enero de 2011 y el 14 de noviembre de 2013, correspondiente a iniciativas de cultura, deporte y seguridad ciudadana, con cargo al porcentaje del FNDR determinado en cada caso en las citadas Leyes de Presupuestos.

Cabe consignar que el trabajo se practicó de acuerdo con la metodología de Auditoría que para estos efectos utiliza esa entidad contralora y los procedimientos de control aprobados mediante las resoluciones exentas Nos 1.485 y 1.486, ambas de 1996, considerando resultados de evaluaciones de control interno respecto de las materias examinadas, determinándose la realización de pruebas de auditoría en la medida que se estimaron necesarias. De igual forma, se practicó un examen de cuentas de conformidad con las disposiciones contenidas en el artículo 95 y siguientes de la ley N° 10.336 y en la resolución N° 759, de 2003, dictado por ese órgano contralor, que Fija Normas de Procedimientos sobre Rendición de Cuentas.

En relación con el universo y muestra que abarca este informe, se expresa que se solicitó la base de datos de los proyectos adjudicados entre los años 2011 y 2013, determinándose un total de 1.092 proyectos adjudicados y rendidos en el referido periodo por $ 3.981.995.064, con cargo al porcentaje del FNDR destinado a financiar actividades relativas a deportes, cultura y seguridad ciudadana última línea a contar del año 2012, seleccionándose analíticamente 28 de éstos por la suma de $ 393.596.916,.

Además se revisaron 8 proyectos por la suma de $52.560.915, con el objeto de atender la presentación N° 50.832, de 2014, ingresada a esta Contraloría Regional, por don Edgardo Piqué González , en representación de don Enrique Kittsteiner Yovanini , cuyo contenido consta en el cuerpo del presente informe.

La relación circunstanciada del resultado de la auditoria y del examen de cuentas se detalla pormenorizadamente en el informe final que se anexa a este.

El órgano contralor arribó a las siguientes conclusiones, que, por su trascendencia, se transcriben textualmente:

“Atendidas las consideraciones expuestas durante el desarrollo el presente trabajo, el Gobierno Regional de Valparaíso ha aportado antecedentes e iniciado acciones que han permitido salvar parte de las situaciones planteadas en el Preinforme de Observaciones No 51, de 2013.

No obstante, se mantienen situaciones respecto de las cuales deberá adoptar las medidas correspondientes, a fin de dar estricto cumplimiento al ordenamiento jurídico que regula la materia objeto del análisis, según se indica a continuación:

1) En lo relativo a la adjudicación de proyectos a organizaciones públicas y privadas sin fines de lucro, por más de dos períodos consecutivos, el GORE deberá velar que en lo sucesivo se dé estricto cumplimiento a los reglamentos para el financiamiento de esas iniciativas, a objeto de evitar la reiteración de la situación observada, lo que será verificado por esta Contraloría Regional en futuras auditorías que se practiquen a esa entidad.

2) En cuanto a la falta de evaluación de admisibilidad y de los aspectos técnicos de las iniciativas de seguridad ciudadana adjudicados durante el año 2012, y de los proyectos de carácter deportivo denominados “Vida, Salud y Recreación” y “Acondicionamiento Físico con Gimnasia Entretenida en Mi Barrio”, ese servicio deberá implementar las medidas de control preventivas a fin de evitar la reiteración del hecho objetado, así como velar por el estricto cumplimiento de los reglamentos y bases de postulación aplicables en la especie, lo que será constatado por este Organismo de Control en una próxima auditoría, sin perjuicio del procedimiento disciplinario que esta Entidad Fiscalizadora instruirá a fin de determinar y hacer efectivas las eventuales responsabilidades administrativas comprometidas.

3) En lo que concierne a la ausencia de los elementos de control interno que permitieron la ocurrencia de irregularidades en torno a los proyectos financiados con cargo al FNDR, esa entidad deberá implementar controles preventivos y concurrentes que le permitan velar por la correcta ejecución y rendición de ese tipo de iniciativas, lo que será constatado por esta Entidad de Control en una próxima auditoría que efectúe sobre esta materia

4) Respecto de los proyectos de las iniciativas de deportes, cultura y seguridad ciudadana, de los años 2011, 2012 y 2013 y que a la fecha de la presente fiscalización se encuentran pendientes de rendición por la suma de $ 2.233.780.870, el GORE deberá emprender las acciones legales necesarias a fin de obtener a restitución de los recursos asignados a las organizaciones que a la fecha carecen de rendición. Asimismo, y sin perjuicio del sumario administrativo que instruirá este organismo, corresponde que esa entidad evalúe solicitar al Ministerio de Hacienda, la eliminación de las organizaciones observadas, del Registro de Organización Receptora de Recursos Públicos, medidas que serán verificadas en una próxima auditoría.

5) En lo que respecta a las rendiciones de cuenta presentadas por las organizaciones denominadas “Corporación Deportiva Social y Cultural Gol Iluminado”, “Centro Comunitario y Cultural Gaviotas en lo Alto” y “Fundación Fillol Basabe ”, que incluyeron boletas de honorarios de personas vinculadas en razón de parentesco con las directivas de las aludidas organizaciones, el GORE deberá arbitrar las medidas que resulten pertinentes a fin de dar cabal cumplimiento a las disposiciones que regulan ese tipo de concursos, sin perjuicio de exigir a las organizaciones la restitución total o parcial, según proceda en cada caso, de los recursos objetados, lo que será verificado por este Organismo de Control en una próxima auditoría de seguimiento.

6) En cuanto al “Centro Comunitario del Cerro al Mar”, el cual adjunta una boleta de honorarios de la presidenta de la organización, el GORE deberá iniciar las acciones legales que en derecho procedan a fin de obtener la devolución de dichos recursos, situación que será constatada por este Organismo de Control en una próxima auditoría de seguimiento.

7) En atención a que las boletas de bar restaurant incluidas en las rendiciones de cuenta de los proyectos adjudicados a la Fundación Fillol Basabe , por un total de $ 1.139.188, no acreditan que corresponden a gastos por concepto de colaciones, corresponde que el GORE exija la entrega de antecedentes fundados que permitan acreditar que los aludidos gastos se ajustan al proyecto, y en caso de no prosperar sus requerimientos, iniciar las acciones necesarias a fin de obtener la restitución de los recursos, lo que será comprobado por esta Contraloría Regional en la auditoría de seguimiento.

8) En cuanto a los proyectos que rindieron una cantidad de beneficiarios menor a la población objetivo, comprometida en los respectivos convenios y en aquellos proyectos que adjuntaron listados de beneficiarios con personas repetidas, deberá ese servicio agotar las gestiones necesarias a objeto de obtener la restitución de los recursos comprometidos, y en caso de no tener resultados favorables, proseguir con las acciones judiciales ante los tribunales competentes, situación que será verificada por este Organismo Fiscalizador en una próxima auditoría de seguimiento.

9) Con respecto a las prestaciones de servicios por un monto superior a 1O UTM, las cuales no fueron formalizadas a través de la suscripción del respectivo contrato, esa entidad deberá velar por el efectivo cumplimiento de los reglamentos y las bases de postulación que norman la especie, situación que será verificada por esta Entidad de Control en próximas auditorías.

10) En relación con los recursos destinados a la adquisición de premios por parte de la organización “Comunidad de Mujeres Manos Solidarias”, y en lo que respecta a los gastos de perifoneo rendidos por la organización “Centro Cultural más Cultura para Viña del Mar”, el GORE deberá requerir la restitución de los recursos observados, situación que será verificada en una próxima auditoría de seguimiento.

11) El GORE deberá hacer efectivas las medidas informadas en cuanto a remitir al Servicio de Impuestos Internos aquellas facturas exentas emitidas por labores que no se encuentran incluidas en las exenciones contempladas en el artículo 12 del decreto ley No 825, de 1974, lo que se verificará en una próxima auditoría de seguimiento.

12) Respecto de aquellos proyectos, cuyas rendiciones de cuenta no acompañaron evidencia fotográfica, recortes de prensa que acrediten su realización o nóminas de los beneficiarios de las actividades comprometidas, y que en consecuencia no acreditaron que las actividades comprometidas se hayan realizado, el GORE deberá exigir el reintegro de los recursos involucrados, lo que será verificado por esta Contraloría Regional en una próxima auditoría de seguimiento.

13) En relación al duplicado de la factura N° 194, incluida en la rendición de cuentas presentada por la Fundación Fillol Basabe, el GORE deberá arbitrar las medidas comprometidas en orden a requerir el documento original a esa organización, situación que se verificará en una auditoría de seguimiento.

14) Sobre las irregularidades asociadas a las actividades desarrolladas en el Centro de Eventos Doña Anita y a los proyectos adjudicados en la comuna de Nogales, el GORE, deberá implementar controles preventivos y concurrentes que le permitan velar por la correcta ejecución y rendición de ese tipo de iniciativas, sin desmedro de requerir a las respectivas entidades, la presentación de mayores antecedentes que permitan respaldar el correcto uso y destino de los recursos involucrados, o en su defecto, ejercer las acciones que correspondan a fin de obtener la restitución de los mismos, situación que será constatada por esta Entidad de Control en una próxima auditoría de seguimiento.

15) En lo que respecta a las eventuales situaciones de proselitismo político, el GORE, deberá en lo sucesivo adoptar las medidas de control necesarias a objeto de evitar la reiteración de los hechos que se indican en el numeral 3 del presente informe y velar por el estricto cumplimiento de lo establecido en las bases de postulación y reglamentos que rigen la ejecución de los proyectos, lo que será verificado por esta Sede Regional en una próxima auditoría que se realice sobre la materia.

16) El GORE deberá hacer efectivas las medidas comprometidas, en relación a exigir a la Junta de Vecinos Mirador de Zapallar, la restitución de los fondos objetados en el proyecto denominado “Acondicionamiento Físico con Gimnasia Entretenida en mi Barrio”, por no haber acreditado la participación de las mujeres que contemplaba dicho convenio, situación que será verificada en una posterior auditoría de seguimiento.

17) En lo que respecta al proyecto denominado “Olimpiadas Vecinales del Deporte, Zapallar 2012”, cuya rendición no incluye los antecedentes requeridos en el reglamento y las bases de postulación de (sic) normaron dicho concurso, que permitan acreditar la realización de las actividades comprometidas, esto es, evidencia fotográfica, videos o recortes de prensa y nóminas de participantes en donde se detalle el nombre, Rut, dirección, teléfono de contacto y firma, el GORE deberá solicitar el reintegro de los fondos involucrados, lo que se verificará en una próxima auditoría de seguimiento. Igual restitución deberá requerirse respecto de los bienes no acreditados por el “Centro Comunitario del Cerro al Mar”, para el proyecto denominado “Escribiendo Nuestra Historia Local Construimos Identidad en el Siglo XXI”.

18) La entidad auditada, deberá hacer efectivas las medidas comprometidas, en cuanto a que se restituyan los recursos asociados a la adquisición del inventario rendido por “Centro Cultural Más Cultura para Viña del Mar”, y en torno a solicitar la devolución de los bienes adquiridos por la “Comunidad de Mujeres Manos Solidarias”, situación que se verificará en una posterior auditoría de seguimiento.

19) Sobre el sistema de cuotas, atendido que la potestad de resolver sobre la inversión de los recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, radicada exclusivamente en el consejo regional, implica para ese cuerpo colegiado adoptar una determinación debidamente informada, razonada y ajustada a los intereses regionales que dentro de los objetivos establecidos en la aludida ley No 19.175 se les dará a los proyectos o programas propuestos por el órgano ejecutivo del gobierno regional, el GORE de Valparaíso deberá implementar los controles preventivos que resulten pertinentes a fin de que el Consejo Regional conozca y adopte sus decisiones, en consideración al resultado del proceso de examen previo de factibilidad, admisibilidad y cumplimiento de los aspectos técnicos de los proyectos, los cuales constituyen los elementos de juicio en los que se fundamenta la proposición del intendente, y de esa forma propiciar que el proceso de elegibilidad final de las iniciativas cumpla con las condiciones de sustento, razonabilidad y apego a las normas aplicables a la materia.

Finalmente, para aquellas observaciones que se mantienen, se deberá remitir el “Informe de Estado de Observaciones” de acuerdo al formato adjunto en Anexo N o 11, en un plazo máximo de 60 días hábiles, a partir del día siguiente de la recepción del presente documento, informando las medidas adoptadas y acompañando los antecedentes de respaldo respectivos.

Remítase copia del presente informe a la Fiscalía Local del Ministerio Público de Valparaíso, para los fines a que haya lugar y a la Unidad de Sumarios de esta Contraloría Regional.”.

IV. LO SUSTANCIAL DE LO EXPUESTO POR LAS PERSONAS ESCUCHADAS EN RELACION CON LAS MATERIAS INVESTIGADAS.

Con el propósito de una comprensión cabal de la investigación encomendada a esta Comisión, se ha estimado pertinente hacer un desarrollo temático en relación con los hechos acaecidos.

Cada uno de estos temas se abordan a la luz de las declaraciones e intervenciones de los funcionarios públicos e invitados a esta Comisión.

1) PROCESO DE ASIGNACIÓN DE FONDOS CONCURSABLES Raúl Celis Montt , Intendente de la Región de Valparaíso (20102014).

Afirmó que en la actualidad, a partir de 2013, para todos los concursos de Cultura, Deportes y Seguridad Ciudadana, se elaboran primero las bases, las que deben ser sometidas al acuerdo del Consejo Regional. Una vez obtenido ese acuerdo, el intendente dicta la resolución aprobatoria, luego de lo cual se publican las bases en la página web, se reciben las postulaciones, se cierra y los proyectos son recepcionados en la Oficina de Partes del Gore.

Posteriormente, el departamento de Fondos Concursables de la División de Análisis de Control y Gestión (DACG) determina la admisibilidad, el cumplimiento de los requisitos de forma de los proyectos y luego un equipo técnico de profesionales nombrado por una resolución del intendente, de 9 integrantes, 3 de cada una de las divisiones, determina la evaluación técnica, esto es, los requisitos de fondo, y califica a los proyectos. Así, agregó, son dos etapas separadas.

Una vez establecidos cuáles son los proyectos elegibles, pasan a la Comisión de Educación, Cultura y Deportes del Core para su jerarquización, informe que luego recibe el intendente quien, considerando lo que los propios consejeros han determinado previamente, hace una propuesta de priorización que, obviamente, tiene altísimas probabilidades de ser aprobada. Esa propuesta es votada por el Core y, a continuación, vienen requisitos más bien administrativos. La División de Análisis de Control y Gestión solicita la subasignación presupuestaria a la Dirección de Administración y Finanzas, y se suscriben los convenios a través de la Unidad de Fondos Concursables de la División de Análisis de Control y Gestión.

Luego, continuó relatando, viene una etapa de capacitación a través de la Unidad de Auditoría. Es una etapa nueva que se efectúa al momento de la firma de los convenios, durante la cual se cita a todos los beneficiarios para que conozcan qué y cómo deben rendir los recursos. Con posterioridad, se firman los convenios con los beneficiarios; el intendente dicta la resolución aprobatoria; se empiezan a generar los estados de pago, en los que intervienen la División de Análisis de Control y Gestión y la División de Administración y Finanzas; y se efectúan las transferencias a cuentas exclusivas de las organizaciones vía electrónica, no a través de cheque.

Antes de que comenzara la administración del señor Celis existían procedimientos distintos para los programas de cultura y deporte y los programas de seguridad ciudadana.

En el caso de los programas de cultura y deporte, se recibían los proyectos en la Unidad de Deporte y Cultura de la División de Planificación, donde se determinaba su admisibilidad. Luego, se efectuaba la evaluación técnica en la División de Planificación. Hasta el año 2012 los mismos funcionarios realizaban el análisis de admisibilidad y la evaluación técnica, situación que se modificó, realizándose desde ese año por diversos responsables. Posteriormente, pasaba a la Comisión de Cultura y Deporte del Gore, para la jerarquización, esto es, que dentro de los proyectos elegibles, la División de Planificación y el intendente pudieran hacer la propuesta al Consejo Regional. En base a esa información, el intendente hacía la propuesta, dictaba el oficio y obtenía el acuerdo de los consejeros regionales. Es decir, la propuesta del intendente se votaba.

El mismo procedimiento se seguía respecto de los fondos concursables de seguridad ciudadana, con la diferencia de que la admisibilidad la determinaba, conjuntamente, la División de Análisis de Control y Gestión y la División de Administración y Finanzas, mientras que la evaluación técnica estaba a cargo del Comité de Jefes de División de ambas entidades, conformado por un funcionario designado por el consejo regional y un representante de seguridad ciudadana. Estos proyectos eran jerarquizados por la Comisión de Cultura y Deporte del Consejo Regional, con lo que el intendente podía redactar el oficio correspondiente que se presentaba para el acuerdo del Consejo Regional. En la etapa posterior, el procedimiento es muy similar al de hoy, que es la dimensión más técnica del giro de los fondos.

El intendente Celis reiteró que existe una comisión de admisibilidad, que corresponde a un departamento dentro de la División de Análisis de Control y Gestión; un trámite de evaluación técnica, a cargo de un equipo técnico de profesionales, nombrados por resolución del intendente. Está conformado por nueve profesionales, tres por división, que se nombran en cada concurso.

Luego, pero ya superados los elementos técnicos de fondo y forma, los proyectos elegibles pasan a la Comisión de Educación, Cultura y Deportes del Consejo Regional, para tratar de lograr un rápido consenso. Precisó que son cientos de proyectos. Entonces, la Comisión realiza una proposición al intendente, la cual se discute y termina con la propuesta de priorización por parte de esa autoridad.

Advirtió que si se revisa el año 2013, hubo tres priorizaciones distintas, porque los proyectos que les interesaban a muchos consejeros no habían superado los requisitos de forma y fondo.

Entonces, los que se priorizaban eran bastante menos, pero se trataba de respetar un criterio territorial. Se trataba de respetar el porcentaje territorial que le correspondía a cada una de las provincias. Insistió en que hay consejeros que usaban bien el sistema y otros no necesariamente.

En materia de priorización, en la práctica, respecto de la gran mayoría de los proyectos de Cultura y Deporte, no se disponía de mayores herramientas para adjudicarlos. No se sabía lo que se estaba aprobando, si la institución existía y si tenía una buena finalidad. Afirmó que en su gran mayoría, priorizaban desconociendo a quiénes se estaba favoreciendo.

La norma reglamentaria del Gobierno Regional que prohíbe adjudicar recursos dos veces en un período de uno o dos años a la misma institución es una incorporación que se aplica desde el 2013, y está en el instructivo dictado. Antes no tenía ese impedimento.

Los proyectos no son presentados por el consejero regional sino que cada persona va a la oficina de partes y presenta su proyecto. También hay medios electrónicos.

En algunos casos han tenido el nombre de algún consejero, en la parte de arriba, en el mismo texto del proyecto, como que recomienda.

Ante una consulta del diputado señor Schilling , el señor Intendente indicó que el Reglamento del Consejo Regional establece que corresponde a la Comisión de Educación, Arte, Cultura, Deportes y Recreación, entre otras funciones, estudiar y proponer la distribución de los recursos destinados a subvencionar actividades de carácter cultural que se determinen en la ley de Presupuestos para el Gobierno Regional.

Agregó que a esa Comisión le corresponde recoger las opiniones de los consejeros regionales que representan a cada una de las distintas provincias de la región, quienes tienen conocimiento de cuáles son las necesidades en cada una de esas provincias. Además, continuó, le corresponde determinar la supuesta seriedad de las organizaciones comunitarias que postulan a los diversos fondos; pero la priorización la formula el intendente al Consejo Regional, el que debe votarlos. Recordó que son aproximadamente 600 proyectos, muchos de ellos de

$ 200 o $ 300 mil, como por ejemplo, la organización de un campeonato de baile. Es imposible, advirtió, que se sepa si el proyecto es un aporte para la región sino por la información de los propios consejeros, que, por los demás, es ante quienes interceden las propias organizaciones para postular sus proyectos una vez superados los requisitos de cumplimiento de las formalidades y evaluados técnicamente, es decir, estando elegibles.

Respondiendo una consulta del diputado señor Schilling sobre si el intendente alteró alguna vez la jerarquización hecha por el Consejo, al pasar al momento de su priorización, la autoridad regional señaló que nunca recibió una jerarquización, si se entiende por tal una orden de prelación; nunca recibió una orden de prelación, pues la priorización la emite el intendente. Dado que no puede conocer a las 600 instituciones que postulan año tras año, precisó que dispone de diversos insumos, uno de los cuales es el conocimiento que tienen los consejeros regionales de las necesidades y de las organizaciones comunitarias de sus propias provincias. Obviamente, aseguró, es imposible que coincida lo que indican los consejeros como las necesidades más urgentes con lo que señala el intendente; nunca ha habido equivalencia, y es imposible que la haya.

Enrique Kittsteiner , ex jefe de gabinete de la Intendencia de la Región de Valparaíso.

Relató que el proceso, tanto en lo que se refiere a Cultura como a Deportes, consistía en que los diferentes interesados postulaban; luego pasaban por una comisión técnica de evaluación que les ponía nota. Una vez que estaban evaluados positivamente, pues algunos eran eliminados porque no cumplían con las formas, quedaban a disposición de los consejeros regionales y del intendente para que cada uno de ellos pudiera analizarlo y determinar cuáles eran los que les interesaban o les parecía correcto aprobar.

Acotó que en Seguridad Ciudadana, el reglamento que rige el fondo exige lo mismo, pero observó que hubo un par de concursos en los cuales no operó esta Comisión de Selección, por lo que se aprobaron todos los que postularon y quedaron a disposición de los consejeros y del intendente para que fueran aprobados. Relató que le correspondió, entre fines de 2012 y principios de 2013, participar en una comisión especial que se formó a solicitud de los consejeros regionales para evaluar el último concurso, el de inicios de 2013, porque no se habían configurado las comisiones. Por ello se suspendió, se dejó sin efecto, se configuró la comisión técnica y, posteriormente, los consejeros pudieron votar.

Continuó relatando que una vez que esta especie de cuenta corriente era llenada por los diferentes consejeros y por el intendente, cuando se llegaba al tope de los recursos el encargado de llevar la cuenta, hoy María Teresa Blanco , hacía el listado de aquellos proyectos que contaban con el patrocinio de los consejeros regionales o del propio intendente y, posteriormente, la misma jefa de la División le daba forma de un oficio ordinario que mencionaba todos los proyectos que el intendente proponía a los consejeros para ser aprobados y bajaba con la firma del intendente a la sesión plenaria del Consejo Regional para su votación.

Advirtió que es efectivo que quienes votaban este listado eran los consejeros regionales, y no el intendente; pero también es efectivo que quien elaboraba el listado era este último, una vez que recibía los aportes de cada uno de los consejeros regionales. Por consiguiente, el intendente, al momento de hacer el oficio ordinario sabía perfectamente cuáles eran los proyectos que se estaban postulando. Sostuvo que si se analiza las votaciones del Consejo Regional al pronunciarse respecto de la propuesta del intendente para priorizar los proyectos, en un ciento por ciento son aprobados y un 99% son aprobados por unanimidad. Y es 99% porque hay un consejero, que sustituyó a otro que renunció, que nunca participó en el sistema.

El resto del listado se aprobaba por unanimidad porque estaba consensuado, y había sido realizado por cada uno de los consejeros regionales con cargo a su cuota.

Observó que cuando se prioriza, quien propone es el intendente y los que votan son los consejeros regionales. Nadie más. Y si el intendente estaba de vacaciones, existe un intendente subrogante que normalmente es el gobernador de Valparaíso, por lo que, a él le correspondió en ese minuto, si es el caso, haber hecho ese listado, situación que declaró desconocer.

Diputado señor Christian Urízar .

En materia de selección de proyectos, relató que había tres instancias. La primera, admisibilidad, que daba cuenta de si los proyectos iban acompañados de los documentos necesarios: personalidad jurídica, organización, documentos al día, cuenta de banco, etcétera. Segunda etapa, el puntaje de los proyectos de acuerdo al análisis hecho por funcionarios del gobierno regional, en lo que no intervenía ningún consejero regional. Finalmente, había un acuerdo entre los consejeros regionales, en el que participaban principalmente los coordinadores de la comisión de cultura y deporte, de la cual el diputado señor Urízar declaró que no formaba parte, y los consejeros normales, que sin ser parte de esa comisión abogaban para que los proyectos de sus provincias quedaran dentro de ese listado.

Ruth Cohen , secretaria Cultura y Deportes del Gobierno Regional

Desde 2013 se hace el proceso de admisibilidad y, después, pasa a una comisión evaluadora técnica profesional del Gobierno Regional. Los evaluadores de cultura y deporte en el periodo anterior eran Jorge Arquero y Orietta Ramírez . Por su parte, Jocelyn Córdova cumple la misma labor de recepción de proyectos que la Sra. Cohen.

En materia de evaluación de la admisibilidad del proyecto, señaló que antes de 2013 no había admisibilidad. Desde ese año se comenzó a hacer una revisión para constatar que los antecedentes entregados sean correctos, es decir, que esté correcto el RUT de la persona, que la dirección exista y que los montos estén correctos. En el fondo, aclaró, se revisa que el documento esté bien escrito, por lo que no hay ninguna complejidad ni decisión en esa labor.

Ante una pregunta del diputado señor Urrutia, don Osvaldo , indicó que, en el caso de las personas jurídicas, se pedía el certificado correspondiente a la municipalidad de donde pertenecía la organización, condición que figuraba en las bases.

Declaró que quienes declaraban admisible o no un proyecto eran, desde 2013, los funcionarios del 6%, es decir, la propia Ruth Cohen y Jocelyn Córdova . Insistió en que era información para leer y copiar; no se hacía revisión del RUT en el Servicio de Impuestos Internos, sino que era un mero trámite administrativo, que no daba ninguna facultad de decisión.

Subrayó que la admisibilidad se realizaba a través de la revisión de los antecedentes, que son la formulación del proyecto, el formulario, donde se ingresa toda la información de postulación y los anexos que están en las bases del instructivo; se verificaba que no hubiera error en la información entregada. No había mayor fiscalización. Si faltaba algún antecedente, se rechazaba inmediatamente. Ejemplificó que el año pasado se hizo un proceso de postulación y quedaron muchas organizaciones fuera, porque no completaron, por ejemplo, cotizaciones o currículo de la persona que postulaba a los honorarios. Declaró desconocer si alguien ingresó algún documento por debajo; no le consta. Posteriormente se hizo un concurso en que se les dio la posibilidad de repostular.

Jorge Arquero , División de Planificación de la Intendencia de Valparaíso.

Precisó que se presentan bastantes proyectos en las postulaciones; anualmente deben ser sobre 300 y hasta 400.

Describió que el procedimiento de evaluación se constituía a través de una comisión de profesionales de la División, entre los cuales había un antropólogo, un sociólogo, un ingeniero comercial, un geógrafo y el propio Sr. Arquero . Más o menos cinco o seis personas, dependiendo de la cantidad de proyectos. El jefe de la División era quien solicitaba a esos profesionales que se constituyeran a efectos de evaluar el contenido de los mismos.

Había una pauta de evaluación por la cual los evaluadores se guiaban, y que se encontraba en las bases de postulación del concurso. Es decir, aclaró, los profesionales evaluaban en relación a lo establecido en las bases. No hay una decisión externa, sino que solo se realizaba el trabajo en base a lo establecido y de acuerdo a los porcentajes que las bases señalaban respecto de cómo ellos tenían que pronunciarse.

Ahora bien, la División de Planificación y Desarrollo a la cual pertenecía la unidad de cultura y la de deportes estaba bajo la jurisdicción del jefe de la División. Por lo tanto, él era quien formalizaba o solicitaba a los profesionales que evaluaran. Declaró que no podía designar a nadie porque no tenía ni la calidad ni el grado como para designar a un superior jerárquico.

Para efectos de la evaluación de los proyectos existía una pauta que figuraba en las bases, las que son un instrumento público. Esa pauta indicaba un porcentaje de acuerdo al evaluador, quien asignaba dicho porcentaje, por ejemplo, a los objetivos, las actividades que se desarrollarían, el concepto que tenía que ver con la propuesta económica por parte del proyecto al cual se le asignaba un porcentaje, todo lo cual arrojaba un puntaje final que se sumaba. Las bases establecían que todo proyecto que obtuviera entre 60 y 100 puntos, o entre 60% y 100%, era el que podía ser calificado como elegible para ser priorizado. Esta última no es decisión de los profesionales evaluadores, sino del Consejo, y es lo que se denomina priorización.

Manifestó que, con respecto al proceso de revisar los antecedentes, las bases establecen claramente cuáles debía tener cada proyecto. Si a uno le faltaba un documento, no podía continuar en el proceso, era considerado no elegible. Por lo tanto, hasta ahí llegaba. Luego, el que obtenía menos de 60 puntos, de acuerdo a la evaluación profesional, quedaba fuera.

Afirmó que nunca recibió presiones para modificar alguna evaluación. Recibió consultas sobre los proyectos, y se remitía a informar la condición en que estaban, pues, en definitiva, la decisión no era de la comisión de profesionales, sino del Consejo Regional.

Aseguró que cuando un proyecto tenía deficiencias no podía ser reparado. Recordó que en otras oportunidades el Gobierno Regional convocó a tres concursos al año, los que se denominaron Verano, Tradicional I y Tradicional II. En consecuencia, había más oportunidades. De hecho, afirmó, la evaluación arrojaba una indicación en dónde si había algo mal en el proyecto, la organización o sus dirigentes podían corregirlo para postularlo en el concurso siguiente, que no era lejano en el tiempo, pues uno se efectuaba el primer semestre y el otro en el segundo. Había que esperar 1, 2 o 3 meses. Añadió que, incluso en 2010, con motivo del Bicentenario, se efectuaron 4 concursos. Por lo tanto, concluyó, no había presión.

Advirtió, sin embargo, que obviamente a los consejeros les interesaban los proyectos de sus comunas o provincias y preguntaban cómo estaba el proceso, si estaba avanzando o estaba detenido o cuánto se iba a demorar. De hecho, era lento, porque eran muchos proyectos.

Acerca de los porcentajes de aprobación, señaló que pueden ser relativos. La gran mayoría de los proyectos superaba la condición de admisibilidad, ya que presentaban toda su documentación al día. Era muy bajo el número de proyectos que no tenía su documentación. Adicionó que una de las dificultades que se presentó casi al final del período en que estuvo, hasta casi a fines de 2012, era que el Banco Estado ya no abría cuentas de ahorro para transferir los recursos, lo que representó una dificultad, pero, en general, la gran mayoría de los proyectos, casi 90%, alcanzaban a presentarse con toda su documentación. Incluso, a veces había organizaciones que presentaban su postulación antes del cierre, por lo que todavía tenían opción de presentar el proyecto si les faltaba algún documento, pues se les podía advertir que retiraran su documentación y la reingresaran dentro del plazo.

Bajo el umbral o el límite de 60 puntos quedaban casi el 50% o 60%, pues casi la mitad de los proyectos se caía por un problema de formulación, porque les faltaba mayor argumento o no había claridad. A veces, las cotizaciones no coincidían con lo que se estaba pidiendo o era excesivamente alto el presupuesto que se estaba solicitando.

En materia de inspección y fiscalización de los proyectos, tema consultado por el diputado señor Urrutia, don Osvaldo , señaló que en 2012 no estaba establecido que se fiscalizara de manera constante, pero se hacían inspecciones y se visitaban las gobernaciones para invitar a las organizaciones a presentar el listado de avance de ejecución de los proyectos, aunque no todos llegaban pues no era obligatorio. Observó que se trataba de una actividad bastante complicada, porque se debía salir de la oficina y dedicar tiempo, pese a la alta demanda que exigía el proceso. Sin embargo, indicó, se hacía el esfuerzo de trasladarse a provincia y citar a las organizaciones para que informaran el estado de avance de las iniciativas. Agregó que era imposible constatar la ejecución de gran parte de las actividades culturales, porque se llevan a cabo en horarios incompatibles con los del trabajo de oficina, por ejemplo, después de las 19.00 horas o los fines de semana. Por lo tanto, se hacía más bien cierto seguimiento al estado del gasto y avance de la gestión.

Describió que, después de la evaluación, se hacía un listado de los proyectos que obtenían entre 60 y 100 puntos, de acuerdo al procedimiento regular. Esa lista se entregaba al jefe de la División, quien se la daba a conocer al intendente y este se la proponía al Consejo. La decisión definitiva de la priorización de los proyectos le corresponde al consejo, a propuesta del intendente o de la jefatura de División. Insistió en que se trataba de una decisión interna del Consejo Regional, que pasaba por la Comisión de Educación, Arte y Cultura y, posteriormente, el pleno tomaba esa decisión de los proyectos a aprobar.

Reconoció que a medida que la situación fue avanzando, se fue tornando cada vez más difícil realizar fiscalizaciones en terreno. En algunas oportunidades se les sugería que lo hicieran y trataban, pero, a lo más, se podía llamar para consultar el estado de avance de las iniciativas. No obstante, precisó, siempre se preocuparon de fiscalizar.

En la práctica, Arqueros era el encargado de la Unidad de Cultura y junto a él trabajaba una funcionaria administrativa, Ruth Cohen ; por lo tanto, la capacidad de inspección era limitada. Apenas se estaba terminando un proceso de convocatoria concursable, ya estaba otro en curso; por ello, prácticamente no había tiempo para fiscalizar. A lo más, insistió, se podía llamar y constatar el estado de avance del proyecto, o, en algunas ocasiones, se aprovechaba la concurrencia de alguna persona a la oficina y se obtenía información. Además, ejemplificó, se exigía el envío de la fecha en que concluiría la actividad para evaluar si era posible asistir, aunque prácticamente era imposible, porque la mayoría de los cierres de las actividades culturales se realizan los fines de semana o en la tarde, o sea, en horarios poco adecuados.

En relación con las rendiciones de los proyectos, materia consultada por la Diputada señora Hernando , expresó que no dispone de los porcentajes de rendición, pero las bases establecían fecha de inicio y término del proyecto. Aseguró que, en general, por diferentes razones las organizaciones muchas veces no cumplían con las fechas estipuladas para el inicio y término de la actividad, aunque también, muchas veces el Gobierno Regional se retrasaba en las transferencias de los recursos, lo que no era responsabilidad de las organizaciones. Por consiguiente, se ampliaba el plazo para la conclusión de las actividades.

Las bases establecían que 15 días después de la fecha de término de la actividad las organizaciones debían rendir, lo que muchas veces no ocurría. Afirmó que eso no era su responsabilidad, porque aunque se insistía en que se cumpliera la etapa de rendiciones como estaba consignado, las organizaciones no lo hacían. Además, agregó, no se tenía facultad para aplicar medidas disciplinarias que exigieran el cumplimiento. Aseveró que, a su juicio, en un alto porcentaje las personas tenían la voluntad de rendir, es decir, siempre existió una buena disposición a cumplir con la exigencia.

En relación con los porcentajes, aunque no se atrevió a aventurar un número exacto, estimó que 50% habría sido rendido oportunamente, y al resto había que insistirles para obtener la rendición.

René Lues Escobar , Consejero Regional de la Provincia de Valparaíso, ex Secretario Ejecutivo del CORE de Valparaíso.

En materia de priorización de proyectos, consultado por la diputada señora Hernando , señaló que lo normal era que se presentara con un oficio, pero hubo oportunidades en que las urgencias eran mayores y, por tanto, el Consejo Regional, haciendo uso de sus facultades, aprobaba o rechazaba una propuesta que le planteaba el intendente en ese momento.

Respecto de cómo se conformaba el acuerdo, afirmó que por ley obligadamente lo presenta el intendente. Sin embargo, en la forma de constitución del acuerdo hay comisiones de trabajo en el CORE que normalmente van discutiendo con el Ejecutivo, porque no son compartimientos estancos. Se discuten los temas y se conforman los acuerdos. Esto se hacía en la Comisión respectiva de cada caso en particular, con los directivos del intendente. Luego, el intendente recibía la información generada en la discusión entre el Ejecutivo y el CORE, para luego plantear la propuesta al CORE, en muchas ocasiones en coincidencia con el acuerdo que se había conformado en conjunto, pero en otras oportunidades el propio intendente entregó su propuesta con total libertad, porque era una facultad que le correspondía.

Afirmó que el exintendente Celis fue extraordinariamente respetuoso de las facultades de los consejeros regionales, tanto como de su propia facultad.

En relación a la frecuencia con que el exintendente enviaba a un representante a las comisiones, señaló que era imposible que no fuera así. Argumentó que el intendente regional tiene muchas responsabilidades; es el ejecutivo del Gobierno Regional, pero también es el representante del Presidente de la República. Es la primera autoridad de la región, por lo que las responsabilidades que tiene respecto de la marcha completa de la región son inmensas. Agregó que son tantas las responsabilidades que tiene que es muy difícil que un intendente esté presente en las comisiones, y para eso tiene sus jefes de División, aunque observó que el exintendente Celis nunca delegó esa función. Subrayó que aunque le entregaba a los respectivos jefes de División la discusión previa, nunca delegó la función final, que es la de proponer al Consejo Regional los acuerdos respectivos.

En materia de trabajo del CORE, el señor Lues indicó que en las comisiones participaban los asesores, que son los jefes de División; quizá alguna vez un jefe de División fue con algún jefe de departamento, pero lo normal era que participaran los jefes de División, que son los que están a cargo de los temas económicos, de los proyectos, de las planificaciones. Insistió en que eso era lo normal. Incluso, adicionó, en muchas comisiones también participaba el intendente. Añadió que en el CORE las comisiones no trabajan en compartimientos estanco, pues como se tratan temas que abarcan a más de una, se hacen comisiones mixtas y asisten los encargados de cada una de las áreas del Ejecutivo.

Observó que en nuestro sistema institucional el único que tiene proposición es el intendente regional. El Core no tiene capacidad propositiva, se acercan las posturas del Consejo Regional, que por ley representa a la comunidad regional, pues su misión principal es hacer efectiva la participación de la comunidad regional. Se hacía antes, cuando los consejeros eran elegidos por los concejales, y más ahora que son elegidos por el pueblo.

En ese rol, indicó, hay un debate en la comisión de las propuestas que hace el intendente, se discuten sus planteamientos, se acercan las posturas y se va articulando un acuerdo. Por lo tanto, advirtió, no es que llegue listo el acuerdo, sino que se avanza la decisión en la comisión, que luego pasa al intendente y es este quien decide si lo presenta tal cual se discutió en la comisión, con sus asesores y muchas veces con él mismo, o si lo modifica. En muchas ocasiones lo modificó y planteó una proposición al Core, que tenía una determinada línea, otras veces, se allanó a la discusión de las comisiones de trabajo.

Refirió que así es como se hace porque sería terrible que no hubiese comisiones, dado que no todos los consejeros saben de todos los temas, pues son demasiadas materias. La ley plantea las comisiones justamente para que aborden la diversidad de las temáticas presentadas por el intendente. Entonces, antes de que llegue al pleno, se avanza en un acuerdo más macro.

Agregó que el intendente Celis , pese a tener minoría de consejeros, porque los de la Nueva Mayoría tenían mayoría absoluta, siempre tuvo el apoyo y respaldo de los consejeros en todo lo que pidió. Recordó que una sola vez, al final del período, se le negó una propuesta en particular; pero, en general, en el 95% o 99% de los casos, siempre consiguió los acuerdos, lo cual es importante porque revela capacidad de gobernabilidad, ya que gobernar con un consejo políticamente adverso hay que saber hacerlo. Para ello un intendente coteja los acuerdos y va determinando de qué forma obtiene mayorías, que es lo que siempre hizo el intendente Celis. Por eso es que normalmente el acuerdo, que solo se adopta en sesión legalmente constituida y de la cual el propio Lues fue secretario ejecutivo, era refrendado por la mayoría. Así, concluyó, el CORE, en sesión legalmente constituida, adoptaba los acuerdos en el plenario. Lo anterior no tenía ninguna validez, salvo como elementos de mejoramiento de la indicación o mejoramiento de la propuesta del intendente.

Jocelyn Córdova , Secretaria Gobierno Regional de Valparaíso. Indicó que su participación en la unidad de Deportes era como secretaria; no participaba en las evaluaciones de los proyectos, pero si en su recepción. En esta función, agregó, una vez abierto el concurso, se le informaba a los alcaldes y gobernadores, mediante correos electrónicos; se fijaba una fecha de ejecución y otra para que las organizaciones y los municipios presentaran sus proyectos. Una vez recepcionados, se hacía una revisión rápida. Precisó que no había una admisibilidad como la hay ahora, pero al principio se hacía una revisión de los documentos en papel, y en caso de que las organizaciones no trajeran todos los antecedentes no se aceptaba la presentación y se devolvía. Sin embargo, como había plazo hasta el último día, se podía entregar corregida en ese momento.

Relató que el último día se situaban en el cuarto piso del edificio, donde llegaba la totalidad de las organizaciones a entregar sus proyectos. Se citaba desde las 09.00 hasta las 13.00 horas. A quienes llegaban temprano se les hacía una revisión de toda la documentación, porque lo que importaba era que presentara todo lo que decían las bases: el carné de identidad del representante legal, el certificado de personalidad jurídica, etcétera. Si faltaban antecedentes, el proyecto no se recibía, pero como la entrega era hasta las 13.00 horas, había posibilidad de rescatar lo faltante y presentarla.

A las 13.00 horas, a viva voz, se avisaba que no se atendería a ninguna organización más, salvo a las personas que estaban adentro. Por ello las personas que entregaban la documentación a última hora ya no tenían oportunidad para adjuntar algún documento faltante y se le devolvía todo. Sin embargo, si las personas indicaban que querían entregar los antecedentes aunque les faltaran algunos, no se les podía negar.

A todas las organizaciones se les asignaba un número en el que se registraba quién entregaba el proyecto, se recepcionaba el original y los postulantes se llevaban la copia.

Es decir, dentro del período de postulación se podía adjuntar la documentación que faltaba, pero no se podía incorporar antecedentes faltantes después de que estaba cerrada la fecha de presentación de los proyectos. El último día, de ahí en adelante ya no se podía incorporar documentación.

El hecho de no negarse a aceptar la documentación y que frente a la insistencia de las organizaciones fuera recibida igualmente, ocurría porque la gente insistía, pero esos proyectos no pasaban a evaluación porque no tenían toda la documentación. Sin embargo, manifestó desconocer si los proyectos que tenían problemas y que eran recibidos fueron conocidos por los consejeros regionales, por el intendente, por los evaluadores o por el secretario ejecutivo del CORE. Manifestó que su labor era recibir la documentación e ingresar los que eran factibles de ser evaluados. Los otros quedaban en una caja como inadmisibles porque no cumplían con todos los requisitos que se solicitaban en las bases, como adjuntar toda la documentación. Entonces, solamente se ingresaba al listado completo los que habían cumplido con los requisitos estipulados en las bases, pues tenían la documentación completa. La caja estaba en la oficina y se le colocaba un letrero que decía “proyectos inadmisibles.”

Enrique Astudillo , Secretario Ejecutivo del Consejo Regional de Valparaíso.

Respecto de los preacuerdos de la comisión, manifestó que el Consejo Regional funciona a través de las comisiones de trabajo. Por lo tanto, las propuestas que se hacen al Consejo primero pasan a la comisión respectiva, procedimiento que no solo tiene que ver con proyectos de inversión o con el 6%, pues, ejemplificó, un instrumento de planificación muy importante como el Plan Regional Metropolitano de Valparaíso, PREMVAL, también fue sometido a la aprobación del Consejo; posteriormente lo revisó el Ministerio de Vivienda, a través del intendente, y, el producto final fue un trabajo que surgió de la propia comisión. Sin perjuicio de ello, en las sesiones plenarias, donde se vota finalmente, cada consejero tiene la posibilidad de opinar respecto de lo que se está votando. Eso no es excluyente, pero sí hay un trabajo previo.

En materia de participación del Intendente en el Consejo, precisó que el intendente regional tiene una cantidad gigantesca de trabajo, por lo que es bien difícil que esté en todas las sesiones de la comisión. Además, agregó, el Consejo Regional funciona los lunes y jueves, y, habitualmente, se realizan tres o cuatro comisiones al día. El ritmo de trabajo es bastante fuerte y el intendente no pueda estar en todo. Por ello, trabaja a través de sus asesores. Ejemplificó que en la comisión de Régimen Interior, instancia en que se tratan los temas propios del Consejo y el Gobierno regional, siempre está presente uno de los jefes de División; lo mismo ocurre en la comisión de Inversiones y en la de Educación. En otras palabras, agregó, siempre los jefes de División participan en las comisiones, de acuerdo con las temáticas. El gobierno regional tiene tres divisiones que se hacen cargo del conjunto de temas de la Región, temas que también están insertos en el programa de las comisiones de trabajo del Consejo Regional y que hoy son diez. Por lo tanto, concluyó, se entiende que el intendente, a través de sus asesores, está presente en la discusión.

Adicionó que los jefes de División llevan la información que se discute en el Consejo Regional al intendente, sin perjuicio de que, en algunas oportunidades, él mismo concurra a la sesión. Pero, advirtió, en el grueso de la labor desarrollada en las comisiones, están sus jefes de División. Recordó que durante un tiempo estuvo presente la figura del administrador regional, quien también ejercía un rol de coordinación, aunque más bien política.

Daniel Garrido , Presidente de la Comisión de Educación, Arte, Cultura, Deportes y Recreación del Consejo Regional del Gobierno Regional de Valparaíso.

Refirió que el proyecto se presentaba en las comisiones respectivas. En el caso del concurso del 6%, se presentaba en la Comisión de Educación. La propuesta del intendente se mandaba a través de un oficio y en las comisiones participaban los jefes de División. Luego de un debate se votaba en la comisión, decisión que posteriormente pasaba al plenario del Consejo Regional.

Respondiendo una pregunta del diputado señor Schilling , señaló que no le constaba que el intendente haya cambiado la opinión de la comisión. Señaló que la autoridad regional tiene atribución, en algún momento, de bajar algo directamente, pero en el período que trabajó con Celis lo que se hacía era una proposición a través de la comisión, que luego pasaba al plenario del Consejo Regional.

Orietta Ramírez , encargada de la Unidad de Deportes del Gobierno Regional de Valparaíso.

Reseñó que en 2005, la Ley de Presupuestos de la Nación contempló la creación del 1% del FNDR destinado al financiamiento de actividades culturales. A partir de 2009 se incorporó, además, el 2% del FNDR para el financiamiento de actividades, no solo culturales, sino también para Deportes. Bajo ese contexto, relató, se empezaron a asignar recursos para el financiamiento de actividades en la región. Observó que en la glosa común a todos los gobiernos regionales de la Ley de Presupuestos de ese entonces, no se establecía bajo qué mecanismos se debían entregar esos recursos, por lo que cada gobierno regional era libre de determinar la forma de hacerlo. El Gobierno Regional de Valparaíso tenía, hasta ese entonces, dos modalidades de asignación, una directa y otra mediante concurso. Lo que sucedió fue que solo un porcentaje menor de los recursos era destinado a los concursos y un porcentaje bastante mayor, que debe haber sido 70% o 80%, se destinaba a la asignación directa. Esta última significaba que se aprobaba una cartera de proyectos en el pleno del Consejo Regional, sin la existencia física de ellos, sino solo con la idea del mismo. Esta situación se repitió en varios gobiernos regionales del país, lo que llevó a que en 2010, la Ley de Presupuestos estableciera que los gobiernos regionales debían contar con un mecanismo de participación transparente y competitiva para los fondos concursables. Aquello significó que en

2010 se creara el primer reglamento, tanto para el fondo de Cultura como para el de Deportes, se eliminara la asignación directa y que todos los recursos que correspondían al 2% se comenzaran a entregar mediante concursos. El reglamento fue aprobado con la toma razón de la Contraloría en agosto de 2010, se publicó en el Diario Oficial y, luego, se procedió a la realización de los concursos a través de esa normativa.

Opinó que dicha reglamentación era débil en varias de sus partes, porque no establecía de qué forma se debían realizar las fiscalizaciones, de cuántas personas estarían dotadas las respectivas unidades, etcétera; es decir, adolecía de problemas que, posteriormente, fueron estudiados a través de una línea de acción que se implementó en el Gobierno Regional y una consultoría que buscó precisamente mejorar este instrumento.

Agregó que en 2011 se creó el 2% de seguridad ciudadana, por lo que, al hablar de la mejora de los instrumentos del programa de Cultura y Deportes, también se incorporó lo relacionado con Seguridad Ciudadana. Eso llevó a que en 2012 y principios de 2013 se desarrollara una consultoría que estableció cuáles eran las mejoras que debían incorporarse, lo que se materializó en un reglamento más aterrizado, en términos operativos, y dio parte a los concursos de mediados de 2013 y parte de 2014.

En el primer concurso, a partir de la nueva reglamentación, el 80% de los proyectos postulados quedaron eliminados, en razón de que las instituciones que presentaron sus proyectos no leyeron, o no entendieron, y no incorporaron las exigencias del nuevo llamado. Por ello la cartera que se aprobó fue bastante reducida en relación con la cantidad de postulantes.

En ese proceso, la señora Ramírez era la encargada del área de Deportes, cargo que ocupó desde 2010. Antes perteneció a la unidad de Cultura y Deportes. Le correspondió ejecutar tareas como la preparación de las bases, con la fecha de postulación respectiva; hacer la difusión y las coordinaciones con las gobernaciones provinciales, de manera que los postulantes pudieran entregar ahí sus proyectos y evitar que viajaran a Valparaíso; efectuar el proceso de admisibilidad, de evaluación técnica de los proyectos. Luego, se informaba al jefe de División los proyectos que calificaban, lo que les daba la calidad técnica para pasar al jurado, es decir, el pleno del Consejo Regional.

Insistió en que le correspondía la parte técnica, mientras que el jurado integrado por el Consejo Regional, era eminentemente un órgano político. Por lo tanto, afirmó, la decisión del jurado respondía a una decisión política y no técnica.

Ahora bien, agregó, efectivamente la nómina de proyectos que calificaban técnicamente era entregada, en lo que correspondía a la unidad de Deportes, al jefe de División. Hasta marzo de 2013 la unidad de Cultura y Deportes pertenecía a la División de Planificación y Desarrollo y pasó luego a la División de Análisis y Control de Gestión. En ambas situaciones el encargado de unidad entregaba al jefe de División la nómina completa de todos los proyectos postulados en el concurso con su respectiva calificación, ya sea que calificara o no técnicamente, obtuviera el puntaje de corte necesario, o estuviere fuera de base. Se entregaba la condición de cada uno de los proyectos postulados.

Luego, el jefe de División, por intermedio de un oficio del intendente, enviaba a la comisión la nómina de los proyectos que técnicamente pasaban la admisibilidad y la comisión resolvía qué proyectos serían priorizados en el pleno.

La cantidad de proyectos técnicamente aptos que pasaban al jurado, normalmente, era del orden del 30% o 40% respecto del universo que postulaba en cada concurso.

En materia de la cantidad de recursos disponibles, recordó que nunca se aprobó un marco presupuestario para cada concurso, sino que siempre se estableció cuál era el marco disponible en relación con el 2% disponible. Ejemplificó que para un concurso no se establecía una cantidad de recursos a entregar del orden de $200 millones, sino que siempre se habló de un marco disponible en relación con el 2% o el 6%.

Relató que los proyectos tienen distintos filtros. El primero tiene que ver con la admisibilidad de la documentación, que tengan personalidad jurídica vigente, el RUT de la institución, el RUT del representante legal, la ficha de receptores de recursos públicos y fotocopia de la cuenta bancaria hacia donde se transferirían los recursos, en caso de que la institución fuese una de las adjudicatarias. Además, las respectivas cotizaciones de respaldo del requerimiento presupuestario.

Si la institución pasaba este primer filtro, venía la siguiente etapa: la evaluación técnica, que correspondía a criterios establecidos en las bases de postulación, tales como planteamiento del problema, los objetivos del proyecto, programación, presupuesto acorde a las actividades realizadas. Luego se asignaba el puntaje final y aquellas que técnicamente pasaban sobre los 60 puntos eran las que tenían la opción de elegibilidad de parte del jurado.

Frente a una pregunta del diputado señor Urrutia, don Osvaldo , acerca de la aplicación de una evaluación a los presupuestos de las visitas a Doña Anita , de Olmué, respondió que les correspondía revisar en el proceso de admisibilidad, cuando llegaba la documentación, que estuviera la cotización que respaldara el gasto que se estaba demandando. En relación con el centro de eventos Doña Anita , aseguró que les llamaba la atención que fuera un lugar que se repitiera en términos de que había dos, tres o cuatro proyectos que ejecutaran sus actividades en ese recinto. Sin embargo, afirmó que además de llamarles la atención, no repararon en que hubiese alguna situación irregular, toda vez que las actividades venían descritas paso a paso, identificaba qué servicios contemplaba, como desayuno, actividades recreativas, actividades físicas, almuerzo, etcétera.

Insistió en que no les llamaba mayormente la atención, porque las actividades estaban asociadas a la pertinencia del proyecto. Los montos tampoco, porque estaba dentro de lo razonable, que era del orden entre los diez mil o quince mil pesos por todo un día.

Por el contrario, sí les llamaba la atención la cantidad de personas que estaban indicadas que participarían de esos proyectos. Sin embargo, cuando se producía el proceso de rendición de cuentas, hacían llegar el listado de personas que había participado.

2) CUOTAS DE DISTRIBUCIÓN

Raúl Celis Montt , Intendente de la Región de Valparaíso (20102014).

Ante la consulta del diputado señor González acerca de la existencia de un sistema de cuotas para la aprobación de proyectos, respondió que debe distinguirse que los fondos más importantes del gobierno regional son los FNDR, que alcanzan aproximadamente el 80% de los recursos regionales. Afirmó que no hay ningún tipo de divisiones y simplemente opera la votación de los consejeros regionales en base a proyectos que han sido evaluados técnicamente y que cuentan con la recomendación técnica.

En el caso de los proyectos de Cultura y Deporte hay una fórmula que se puede denominar con distinto nombre, que apunta a una distribución territorial. Si se aplicara las mayorías, todos los proyectos que podría aprobar el CORE, en cualquier materia, corresponderían a la provincia de Valparaíso.

Entonces, desde hace muchos años, antes de que asumiera este intendente, se instauró un sistema de representación territorial, en virtud del cual los consejeros regionales tenían un mejor derecho, por decirlo así, sobre una determinada cuota del patrimonio destinado a la aprobación de proyectos de Cultura y Deporte, y eso equivalía a un 70%.

En el caso del intendente, una cuota correspondiente al 30%, que eran proyectos de interés regional, por decirlo de alguna forma.

Opinó que el sistema en sí, pensado en teoría, no es intrínsecamente malo. Lo que pasa es que en el tiempo devino en malas prácticas y, en definitiva, pareciese que las cuotas hubiesen favorecido a proyectos que interesaban a un determinado candidato. Aseguró que, efectivamente, existe el sistema de procedimiento de cuotas.

De hecho, el 2013 los consejeros regionales solicitaron al intendente aumentar su porcentaje de participación, pero la respuesta fue que suspendía los proyectos de Cultura y Deporte para el 2013, en el caso de que insistieran con este procedimiento.

Enrique Kittsteiner , ex jefe de gabinete de la Intendencia de la Región de Valparaíso.

Señaló que, según escuchó, a mediados de 2010, ante la imposibilidad de agilizar la inversión en el Gobierno Regional, el anterior asesor del intendente, Daniel Morales (hoy alcalde de Limache), más el intendente y algunos consejeros regionales, tuvieron una reunión donde acordaron que para destrabar esta falta de inversión era necesario un acuerdo político, el que estableció que el concurso del 2% debía distribuirse entre el intendente y los consejeros regionales, en una participación de 70% del total para los concejeros regionales, en partes iguales, y de 30% para el intendente regional. Precisó que no es la Intendencia la que tenía ese 30% de disposición, sino el intendente.

Calculó que los concursos disponen de un promedio de $3.500 millones por año; por lo que en los 4 años de Gobierno serían, aproximadamente, $14.000 millones asignados de esta forma.

Describió luego la operación del sistema acordado, señalando que había un encargado de llevar una especie de cuenta corriente donde estaba el listado de todos los consejeros y del intendente. Una vez que se lanzaba el concurso y se incorporaban o postulaban los proyectos, cada uno de los interesados presentaba los proyectos de su interés. En algunos casos los proyectos eran, entre comillas, patrocinados íntegramente por un consejero y, en otros casos, aportaban parte de su cuota para llegar al total del proyecto. Igual situación ocurría con el intendente, quien patrocinaba aquellos proyectos que eran de su interés, aquellos que algunas organizaciones, alcaldes o concejales le solicitaban, y también algunos casos en los cuales algunos consejeros le pedían al intendente que los apoyara para patrocinar algún proyecto específico.

Afirmó que ese control era llevado en una planilla Excel, que fue manejada en un primer momento por el jefe de la DIPLAD (División de Planificación y Desarrollo) y posteriormente por el jefe de la DAF (División de Administración y Finanzas), Sergio Núñez . Cuando este último salió del cargo, a fines de 2012, ese control fue llevado, hasta el día de hoy, por María Teresa Blanco , jefa de la División de Análisis y Control de Gestión.

Opinó que, en el caso de las cuotas, estimar que había que hacer una distribución 70 y 30 o que era una cuestión de equidad territorial, no se ajusta a la ley ni al reglamento. Es un tema de derecho público, en que se puede hacer aquello que está expresamente permitido; y ni en la ley ni en el reglamento se señala expresamente que este fondo debe repartirse en base a un criterio de equidad territorial o ser compartido, en porcentajes, entre el intendente y los consejeros regionales.

Esto, aseguró, era algo que todo el mundo conocía, por lo menos, las instituciones u organizaciones que normalmente postulan. Ellas debían estar golpeando las puertas de los Core o del propio intendente, para que su proyecto pudiera ser patrocinado.

En su rol de asesor del intendente regional, le correspondió más de alguna vez atender a aquellas instituciones u organizaciones que solicitaban su apoyo formalmente. En la agenda del intendente se encuentran las audiencias de organizaciones en la etapa previa a la designación o aprobación de los concursos. Recordó que también mediante correo electrónico o de un llamado telefónico llegaban esas solicitudes.

Tras una pregunta de los diputados señores Cornejo y González acerca de la Circular N° 33, insistió en que aquella opera exactamente como lo hace el 2% o 6% destinado a deporte y a seguridad ciudadana. El monto total, el marco que acordaron los consejeros con el intendente a través de sus jefes de bancadas, según fuera la disponibilidad presupuestaria, se dividía exactamente igual: un 30% de disponibilidad para el intendente y un 70% de disponibilidad que se dividía entre los 28 consejeros regionales. Por lo tanto, afirmó, operaba la misma figura, con algunos matices, porque a la Circular 33 debían postular las organizaciones públicas y los municipios que contaban con el RS que acreditara que el proyecto era técnicamente factible.

Reseñó que los consejeros regionales y el intendente recibían las solicitudes de los propios municipios o la organización pública. Subrayó que no hay municipalidad que no haya postulado a la Circular 33 y la gran mayoría bajo la misma figura. Por lo tanto, concluyó, es imposible identificar, pues todos los municipios de la región saben que la Circular 33 opera bajo esta forma y su trabajo es armar un proyecto, presentarlo y obtener el RS. Con esa recomendación técnica, pueden solicitar que sea priorizado.

Respondiendo una pregunta del diputado señor González , en relación con los fondos del FNDR, señaló que también existía un sistema de cuotas, pero no bajo la misma figura. En este caso, precisó, se dividía el monto total entre la Concertación y la Alianza, es decir, un 55% para el primer sector y un 45% para el segundo, porque permitía que todos los municipios fueran priorizados a través de los consejeros regionales que los representaban. El intendente tenía una cuota en el FNDR. La última, agregó, fue un 20% para el intendente y 80% para los consejeros regionales. Sostuvo que la fórmula para dividir el FNDR es bastante más ordenada, porque le da posibilidad a todos los municipios de tener acceso a sus obras.

Respecto de la planilla Excel con los proyectos priorizados, consideró difícil obtenerla pues, aseguró, se guardaba bajo siete llaves y sólo era manejada por el encargado de llevar la cuenta corriente, que fue Sergio Núñez , el jefe de la DIPLAD, y hoy, María Teresa Blanco , jefa de la División de Análisis y de Control de Gestión. Describió esa planilla como bastante artesanal, porque en ella traspasaban la información que se anotaba en un cuaderno o libreta.

Sostuvo que ya se ha logrado determinar la existencia de las cuotas, lo que siempre se mantuvo en silencio, y no solamente en el 2%, sino que en la Circular 33, en el FNDR. Hay una serie de situaciones que van enlodando o perjudicando el funcionamiento del Gobierno Regional, que es presidido por el intendente regional.

Nelson Contador , consejero regional por San Felipe .

Señaló que cuando nace este fondo que hoy se cuestiona, en la ley se dice que es un subsidio a las actividades y, por lo tanto, se debe repartir lo más equitativamente posible. Sostuvo que de allí nace, tal vez, esto de que se trata de combinación político territorial del 70/30, y que tiene que ver con mantener los equilibrios políticos y territoriales, de tal manera que no suceda lo que pasaba antiguamente, vale decir, que la costa se lleve un mayor porcentaje en desmedro de los territorios pequeños.

Para ratificar el esquema con que el CORE ha tratado de mantener ese equilibrio territorial citó un ejemplo concreto, en relación a la asignación del Fondo Regional de Inversión Local (FRIL), establecido por ley. Relató que los recursos del FRIL están asignados en la Ley de Presupuestos, y si los $2.700 millones se distribuyeran en función de los habitantes, lo más probable es que a Panquehue le asignarían $20 millones, con lo que no haría nada. Entonces, se llegó a la conclusión que, para hacer una justa asignación, a lo menos, el equivalente a un Frill sea asignado a cada una de las comunas de la región. Es decir, explicó, cada comuna por muy pequeña que sea lo tenga asignado y el excedente que quede se reparta proporcionalmente según variables de pobreza, Fondo Común Municipal, habitantes y otras. De lo contrario se estaría creando un desequilibrio territorial en cuanto a la inversión. Con esos mismos criterios se ha tratado de actuar con el FNDR, con la Circular N° 33 y en el caso del 2%.

Ante una consulta del diputado señor Cornejo acerca del fundamento legal para el criterio territorial y político en la asignación de recursos, el Sr. Contador afirmó que es un acuerdo establecido entre los consejeros y el intendente, que no está estipulado en el reglamento, ni en las bases de los concursos, ni en la ley. Precisó que habitualmente son los jefes de bancada los que interlocutan directamente con el intendente y con el jefe de gabinete. Para convenir los criterios políticos y territoriales se acuerda normalmente con el presidente de la Comisión de Inversiones o, en forma eventual, con el presidente de la Comisión de Educación, en el caso del 2%.

En el Fondo Regional de Inversión Local se hacía, al menos, un proyecto por comuna. El excedente se repartía de acuerdo a cinco variables.

Se refirió luego al caso de San Felipe, provincia a la que representa. Cuando asumió en 2010, San Felipe tenía un 5% de inversión en términos generales para todos los fondos (2%, FNDR, FRIL); y Los Andes , cerca de un 3%, por lo que se trató que esos porcentajes aumentaran y se aspiró a llegar a un convenio logrando durante cuatro años mantener entre un 10% y un 12% para la provincia de San Felipe.

Relató que la existencia de un acuerdo con el intendente para repartir el total de las inversiones es algo que comunicaban los jefes de bancada a cada uno de los consejeros, o sea, todos los consejeros sabían cuál era el porcentaje. Por lo tanto, los tres consejeros de la provincia sabían que el porcentaje al que se tenía que aspirar tiene un tope y, por ende, no se podían pasar.

Eventualmente, algunos consejeros podrían patrocinar un proyecto, porque como consejeros regionales pueden votar por Valparaíso o Viña del Mar sin ningún problema, pero con mucho celo se trataba de mantener primero los porcentajes fijados en sus propias provincias.

Sintetizó señalando que los consejeros de la provincia se fijan una meta, la plantean al jefe de bancada y éste, a su vez, en la reunión con el intendente. Porque, precisó, esto es una negociación. A veces, una comuna muy pequeña presenta un proyecto acordado por los 28 consejeros, pues se da prioridad a materias como alcantarillado y a todo lo relacionado con obras sanitarias. Así, cuando Panquehue presentaba un proyecto por $1.400 millones, que es una cantidad sideral para dicha comuna, si se trataba de una necesidad primordial, se generaba un desequilibrio, pero todos estaban dispuestos a sacrificarse dentro del contexto de los porcentajes.

Observó luego que el gobierno regional, en estos dos últimos años, ha tenido un compromiso bastante considerable de arrastres y promesas financieras. Actualmente el gobierno regional tiene un arrastre para 2014 del orden de los $103.000 millones, frente a un presupuesto estimado de $58.000 millones. Asimismo, el año pasado se quedó con $104.000 millones, situación que, de alguna u otra manera, permite sancionar cartera. Además, se priorizó pues, ejemplificó, si hay que financiar $50.000 millones para iniciativas, pero, de acuerdo al arrastre, debemos priorizar unos $8.000 o $10.000 millones, se llega a un acuerdo en que de los $ 49.000 o $50.000 millones de hoy, con Recomendación Técnica Favorable, solo se resuelve $10.000 millones.

Señaló que concordar eso, frente a una lista de $50.000 millones, es lo que negocian los jefes de bancadas con el intendente que, por ejemplo, sostiene que le interesa un determinado proyecto inter regional y los consejeros de San Antonio expresan que les interesa otro que ha pedido el alcalde. Así, se concuerda un listado de esos $50.000 millones disponibles para que esos sean los que, eventualmente, el intendente baje en un oficio.

Así, la negociación con el intendente se refiere solo a qué proyectos se van a priorizar, considerando las restricciones presupuestarias. Todo lo que hay en esos $10.000 millones está marcado, justamente, en los porcentajes establecidos. Es decir, si el intendente tiene un proyecto de carácter regional, por ejemplo, de la PDI, y está con RS, lo más probable es que el intendente, del porcentaje concordado, elija ese proyecto como puede ser que no elija ninguno y los Core pongan el mayor porcentaje, en esta oportunidad, porque esto no se termina, pues hay $ 49.000 millones, por lo tanto, hay que seguir funcionando hacia adelante y será en tres meses más que bajará otra lista de iniciativas o se concordará una nueva. Esa es la manera en que opera; otra cosa, no hay.

Aseguró que es cierto que existe un mecanismo de 7030. Señaló que el de 8020, no lo tiene muy claro, difícilmente puede decir que es o no real, pero está dentro del juego normal de la negociación.

Respecto de la distribución entre consejeros de gobierno y oposición, señaló que no ha funcionado nunca. Si bien es cierto, al comienzo del período se estableció, nunca ha funcionado, porque entre la Oposición y la Alianza se aprobaron cientos de proyectos basados en que eran los mejores para la región y punto. Nunca prevaleció el cuoteo político en términos de ese porcentaje. Ejemplificó que a los estadios de Valparaíso y Viña del Mar se les otorgó $ 8.000 o $ 9.000 millones de pesos y eso significó un total desequilibrio; sin embargo, fue aprobado por los consejeros. Hoy, el convenio de los campamentos tiene comprometido $ 10.000 millones y es una iniciativa de carácter más local que regional, pues al resto difícilmente van a llegar recursos por esa vía. Por lo tanto, insistió, el cuoteo político, prácticamente, no funcionó. Indicó como otro ejemplo el convenio de Salud, en que como gobierno regional, comprometieron $10.000 millones en cuatro años en el convenio de programación, pues están comprometidos recursos que se concentran mayoritariamente acá y, por lo tanto, subrayó, todo lo que se hable en función de los cuoteo y asignaciones queda absolutamente fuera de contexto, específicamente en esos proyectos.

Eduardo Martínez , alcalde de la Municipalidad de La Calera.

En relación con lo que denominó como la “billetera virtual” de los CORES, afirmó que es un instrumento que hoy tiene algunos perjuicios, pero que para la comuna de La Calera ha sido beneficioso, pues si no fuera por los CORE las comunas interiores no tendrían ninguna posibilidad de luchar por proyectos, porque el intendente tampoco los visitaba y el único contacto disponible como comuna es a través de los CORE.

Por lo tanto, insistió, muchos de los proyectos que se aprobaron fueron a través de esta forma de distribuir los recursos que tenía el gobierno regional. Si bien opinó que esta forma debe ser estudiada y perfeccionada, porque permitió que se cometieran irregularidades, manifestó su preocupación de que las decisiones se centralicen de tal manera que las comunas interiores no tengan ninguna posibilidad de acceder a recursos.

Finalmente concluyó que, debe estudiarse y sugerir a las intendencias la forma de distribuir más equitativamente los recursos de la región. Además, otra cosa que pasa a ser muy importante, señaló, es que con las comisiones investigadoras al gobierno regional se ha provocado un efecto dañino a la imagen de muchos funcionarios de carrera de la intendencia, y hay muchos y muy buenos también.

Marcia Oyarzún , colaboradora del concejal Andrés Celis

Relató que trabaja con el concejal Andrés Celis en la Municipalidad de Viña del Mar y que permanentemente llegan instituciones a solicitarles ayuda cuando postulan, tanto a subvenciones en la municipalidad, como en el CORE, y en diferentes instituciones. Reconoció que es difícil o casi imposible que se les asignen los proyectos, a menos que se cuente con la intervención de algún CORE o del concejal en el caso de la municipalidad. Para eso hay fondos, que se le destinan tanto al intendente como al CORE y a los concejales, para que puedan distribuirlos, de alguna manera, dentro de ciertas instituciones.

Señaló que siempre ha ocupado la instancia de los CORE, con Eduardo González, José Pedro Núñez o Daniel Morales , para indicarles, cuando un postulante cumplía con todos los requisitos, que fueran asignados por ser personas que conocían. Además, acotó, los proyectos van dirigidos a gente vulnerable, como Gloria Navales o en Reñaca Alto, sectores muy pobres de Viña del Mar.

Relató que en la municipalidad de Viña del Mar, los Fondere le pasaban una lista al concejal para que decidiera. Actualmente es más salomónico, pues se divide entre todos. Sin embargo, en la municipalidad hay una subvención especial de $10 millones para cada concejal, que tiene la facultad, durante todo el año, para distribuirlos y lo hace entre la gente que les es más proclive, entre los que tienen los mejores proyectos.

Además, existe el 2% del FNDR para los CORE y para el intendente, y eso significa que el intendente tiene la facultad para priorizar algunos proyectos.

Diputado señor Christian Urízar .

Respecto del funcionamiento del Gobierno Regional, mencionó que es bajo la forma de acuerdo, en todo su ámbito, pues los presidentes de bancada se juntan con el presidente de cada comisión para plantear los términos bajo la lógica política y provincial, respecto de cómo se pueden destinar los recursos a cada uno de los proyectos. Ahí tiene que ver la intervención de los alcaldes, quienes plantean qué proyecto es más importante, y el hecho de que quién entrega el listado final, tomando en cuenta todas estas apreciaciones, es el intendente.

Refirió que en reiteradas oportunidades se reunió con el entonces intendente Raúl Celis y le propuso una lógica de acuerdo de las provincias, las comunas con sus alcaldes y el Consejo Regional, de forma que, en la legalidad de sus facultades, propusiera el listado final de proyectos de toda la región para ser priorizados y aprobados por el Consejo Regional. Continuó relatando que en una oportunidad, se realizó un gran evento y en una sesión plenaria se aprobó una suma cercana a los $22.000 millones, la mayor en la historia del Gobierno Regional, para distribuirlos a lo largo y ancho de esta región; cada una de las comunas tuvo participación y muchos alcaldes, concejales y el intendente estuvieron presentes. Eso fue producto de un gran acuerdo donde participaron todos los consejeros regionales, en cuya construcción participó como presidente de la Comisión de Inversiones y antes como jefe de la bancada Socialista.

Ante una consulta del diputado señor Urrutia, don Osvaldo , acera de la distribución 7030 entre consejeros e intendente, el diputado señor Urízar indicó que como consejero regional, al haber proyectos que tenían que ver con su provincia trataba que quedaran dentro del listado final. Si eso cuadraba luego en el 70 o 30 por ciento, seguramente lo veía el intendente o el presidente de la Comisión de Cultura y Deportes. Por lo tanto, subrayó, no puede hacerse cargo de eso, porque no recuerda haber tenido una cartera que diera cuenta de una cantidad exacta para sus proyectos.

Acerca de una imposición de esa fórmula 7030 por parte de los presidentes de bancadas al intendente Celis , como condición para levantar proyectos en el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, el diputado señor Urízar manifestó que cuando recién asumió el intendente Celis, como presidente de la comisión de inversiones, siempre llegó a un acuerdo en términos de la región. Aseguró que nunca hubo veto en torno a no avanzar con los proyectos. Agregó que, aunque a algunos consejeros no les parecía muy correcto, siempre se priorizaban los años, por lo que su propuesta al intendente fue superior a lo que había en términos de disponibilidad. Por ello, insistió, no se trancó la inversión regional, sino que se abultó.

Ante la consulta relativa a alguna cuenta corriente de los fondos asignados a cada bancada, Urízar negó esa situación. Asimismo, aunque reconoció que se aprobó un marco presupuestario, precisó que eso no significa que se aprobara una cuenta corriente para cada consejero. Subrayó en que eso no es así y que hubo acuerdo general entre los CORE con proyecto en carpeta.

Acerca de la distribución de los recursos y la asignación por conglomerado político, refirió que cuando llegó al Core había una situación complicada derivada del último período del exintendente Iván De la Maza , donde la participación política se daba de acuerdo a la cantidad de consejeros. Ejemplificó que si un conglomerado tenía 6 Core y el otro 2, ese conglomerado se llevaba más proyectos no por participación de los partidos políticos, sino porque cada consejero se esforzaba por que en sus provincias hubiera más proyectos y si no sumaba, daba, al final, esa situación. Era por cantidad de consejeros que participaban, pero sí había claramente una distribución que tenía que ver con la cantidad de consejeros que tenía cada conglomerado político, lo que causaba que hubiera más o menos proyectos en las distintas provincias.

En cuanto a la lógica de la priorización de proyectos con la estrategia de desarrollo regional, acotó que en los dos últimos años fue muy difícil el trabajo con la lógica que planteó el intendente Raúl Celis . Reconoció que tuvo diferencias con él, porque en esa lógica de estrategia de desarrollo regional no era elemento para llevar adelante los proyectos.

Frente a un cuestionamiento del diputado señor Squella acerca de las cuotas de distribución, el diputado señor Urízar indicó que su rol era elaborar la propuesta de inversión del FNDR tradicional para el intendente. Por lo tanto, tenía la ardua tarea de reunirse con los jefes de bancada y los consejeros en la comisión y elaborar la propuesta de inversión regional, la que discutía con el intendente Celis, quien haciendo uso de sus atribuciones legales la aprobaba.

Manifestó que nunca existió un sistema de cuotas. Prueba de ello, argumentó, es el proyecto para una comuna pequeña como Calle Larga, por $2 mil millones, o el proyecto para Olmué, por $2.500 millones, los cuales exceden cualquier cuota. Por lo tanto, en el FNDR tradicional no existía posibilidad de establecer cuotas, pero se trataba de emparejar la cancha, es decir, evitar que la provincia de San Antonio tuviera más proyectos que la de Aconcagua, Los Andes o San Felipe . Ese era el equilibrio por el cual abogaban los consejeros, quienes no decían, por ejemplo, ese consultorio es mío, así es que debe llevar mi nombre. Eso nunca existió.

Por ejemplo, la provincia de Marga Marga era nueva y, por lo tanto, no tenía Core y la cuota para dicha provincia se lograba a través de un acuerdo político adoptado por los consejeros. De esta manera, Marga Marga se llevó muchos proyectos sin estar representada por un Core. Reiteró que se hacía políticamente, los consejeros de otras provincias se preocupaban de que Marga Marga tuviera proyecto, porque, de lo contrario, habría estado tres años sin recursos.

Lo mismo, agregó, debe haber hecho el presidente de la Comisión de Cultura, Deporte y Seguridad Ciudadana para asignar los fondos de esos ítems, a saber, acordar todas las posiciones. Ahora, es en ese ámbito donde está instalada la suerte de estas cuotas.

La existencia de una proporcionalidad entre los consejeros y el intendente no funcionaba como una cuenta corriente porque son proyectos con montos que no calzaban fielmente. Agregó que si el Ejecutivo llevaba un listado indicando lo que tenía cada CORE, era su decisión. Señaló que el Ejecutivo hacía un sondeo para saber quién era más cerca de uno o de otro, pero muchas veces le correspondió defender un proyecto que lo apoyaban cuatro o cinco CORE más. Insistió en que, como CORE, no llevaba una cuenta corriente de proyectos.

Al responder una pregunta del diputado señor Schilling acerca de las cuotas, afirmó que el intendente y su equipo debían asegurar la proporcionalidad. En la comisión de inversiones se trataba de lograr un acuerdo, y si eso es comisión precalificadora, no lo sabe. Era un acuerdo en el que estaban todos los consejeros y se le informaba al intendente la forma en que avanzaba ese acuerdo. El intendente siempre participaba, al igual que sus asesores, y se formaba el acuerdo en FNDR. En Cultura, Deportes y Seguridad Ciudadana los proyectos eran más pequeños. Entonces, en esa lógica, había más participación de los CORE, pero afirmó no haber armado la lista de proyectos en esta área.

Daniel Garrido , Presidente de la Comisión de Educación, Arte, Cultura, Deportes y Recreación del Consejo Regional del Gobierno Regional de Valparaíso.

En materia de proporcionalidad 7030 entre las bancadas de consejeros y el intendente, el señor Garrido aseguró que no podría dar cuenta de cuotas, pero lo que siempre se ha planteado, incluso en la actual gestión de la comisión, es que efectivamente se asegure una distribución equitativa en la región.

En este sentido se ha hablado de marcos provinciales, como en el caso de los proyectos FRIL, con diferentes criterios. Es una discusión que está en curso, que no ha sido resuelta y que podría, en el buen sentido de la palabra, asegurar una cantidad de recursos para las distintas provincias, evitando la concentración habitual en la capital de la región.

En lo demás, manifestó no tener conocimiento de un acuerdo de proporcionalidad 7030.

Contraloría General de la República, Informe 51/2013 Gobierno Regional de Valparaíso, 21 abril 2014.

En lo referido a la denuncia acerca de un sistema de cuotas orientado a la distribución de los recursos disponible para el financiamiento de iniciativas presentadas a ser financiadas con el 2% del Fondo de cultura, Deporte y Seguridad Ciudadana, que asignaría un 30% al Intendente y un 70% a los consejeros regionales, el reporte de la Contraloría precisa que según los artículos 14 y 24, letra e), de la ley N° 19.175, corresponde al intendente, en su calidad de Órgano Ejecutivo del Gobierno Regional, proponer al consejo regional la distribución de los recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional de la región, así como de las inversiones sectoriales de asignación regional, y de los recursos propios que el Gobierno Regional obtenga en aplicación de lo dispuesto en el artículo 19, N° 20, de la Constitución Política de la República.

El informe relata que el intendente Celis declaró que “Desde hace muchos años, en el Gobierno Regional existe un procedimiento de distribución armónico y equitativo de los recursos para los diversos territorios, lo que tiene su fundamento en los artículos 14 y 24 letra e) de la ley N° 19.175, Sobre Gobierno y Administración Regional. El espíritu es favorecer a las provincias de menor tamaño y de menor representatividad en el Consejo Regional, de manera que las mayorías no impongan en forma ilimitada sus preferencias. Por otra parte, dentro del espíritu de este procedimiento se encuentra el hecho que los consejeros representantes de cada provincia, conocen mejor a las organizaciones comunitarias de sus respectivas localidades y saben con mayor certeza, qué tipo de proyectos supone una mejora o un aporte para el territorio que representa. En ese entendido, el Intendente lo que busca es respaldar proyectos de interés regional, de montos elevados y que normalmente benefician a más de una provincia”. Asimismo, afirmó que el “sistema de distribución, no adolece de problemas en sí mismo, sino que éstos se producen desde el momento que se desvirtúa su espíritu”.

Se indica luego que María Teresa Blanco Lobos , reconoció que al Intendente le correspondía un 30% de recursos para destinarlos a proyectos susceptibles de ser financiados, recomendación que era efectuada por Enrique Kittsteiner Yovanini . Agregó, que para aquellos proyectos de seguridad ciudadana adjudicados en el primer y segundo concurso del año 2012 y primer concurso del año 2013, no podría garantizar que se aplicó un sistema transparente y competitivo.

Advierte así el informe una contradicción entre lo expuesto en la materia por el señor Celis Montt y la señora Blanco Lobos.

Sobre esta práctica, el informe concluye que la potestad de resolver sobre la inversión de los recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, está radicada exclusivamente en el consejo regional, el que debe adoptar una determinación debidamente informada, razonada y ajustada a los principios y normas aplicables a la materia, en relación al uso que se dará, según lo dispone la ley N° 19.175. Esa decisión podrá significar una modificación o sustitución de los proyectos o programas propuestos por el órgano ejecutivo del gobierno regional, según los intereses regionales que se pretende satisfacer con esos fondos y los fines para los cuales fueron concebidos.

Agregó que las letras b), d) y e) del artículo 24 de la ley N° 19.175, establecen que el intendente, como órgano ejecutivo del gobierno regional, someterá al consejo regional los proyectos de planes y las estrategias zonales de desarrollo y el presupuesto de dichos organismos, y sus modificaciones y le propondrá la distribución de los caudales del señalado fondo y las inversiones sectoriales de asignación regional pertinentes. Por su parte, el artículo 25 dispone que el consejo regional podrá aprobar, modificar o sustituir los proyectos y proposiciones del intendente y también regula el procedimiento a seguir en caso de existir discrepancia sobre las modificaciones o sustituciones que determine el mismo, atribución que es reiterada en los artículos 36, letras d) y e), y 78 de la ley orgánica constitucional en comento. Las normas constitucionales y legales entregan al consejo regional la facultad de resolver de manera informada, razonada y ajustada a los intereses regionales, la propuesta de distribución e inversión, potestad que ejerce conforme a su carácter de órgano decisorio, tal como de dispuso en el dictamen N° 32.503, de 2008.

Se trata así de un procedimiento reglado en que la determinación definitiva de los asuntos se encuentra exclusivamente radicada en el consejo regional, quien luego de analizados los antecedentes, podrá aprobar o, por razones fundadas, modificar o sustituir. Por consiguiente, en la decisión que adopte el CORE, necesariamente debe considerar el examen previo de factibilidad, admisibilidad y cumplimiento de los aspectos, según lo disponen los artículos 36 letra f) y 78 de la ley N° 19.175, pues no considerar esa evaluación significaría desechar los elementos de juicio en los que se fundamenta la propuesta de priorización del intendente, y por ello restar al proceso de elegibilidad las condiciones de sustento en pos de los intereses regionales que se pretenden satisfacer.

3) TIPOS DE IRREGULARIDADES

Raúl Celis Montt , Intendente de la Región de Valparaíso (20102014).

Ante la observación del diputado señor Cerda (20102014) de que la Intendencia le está exigiendo a la organización grupo folclórico “Danzas de Mi Tierra” la rendición $8 millones, en circunstancias que Luis Vásquez , jefe de gabinete del candidato Urízar , le pidió $7,6 millones, el Sr. Celis respondió que eso está en conocimiento del Ministerio Público, que es evidente que la persona no podrá rendir bien y no es el único caso, pues se sabe que, básicamente, había dos modus operandi. Relató que uno consistía en crear una institución de fachada, de papel, como Valparaíso Joven Y Valparaíso Cultural y Deportivo, la que se adjudicaba proyectos por cien, favorecía a algunas instituciones que sabían que a no causarían sospecha si no triunfaban en los concursos, porque, además, son organizaciones serias que presentan bien los antecedentes, como el caso de Puerto de Ideas o del Círculo de la Prensa o, en menor medida, de la Corporación Cultural Reñaca, de Juan Carlos Toledo . Entonces, se adjudicaban 100, repartían 20 o 25 y el resto se lo dejaban. Ese es un modus operandi, una institución de fantasía que no ejecuta proyectos.

En el segundo modus operandi, continuó, la organización no solamente existe, sino que además ejecuta los proyectos, pero esos proyectos están sobrevalorados. Entonces, se adjudican, señalando que algo necesita $20 millones, en circunstancias de que su valor real es menor y normalmente utilizan a alguna institución real vigente y le entregan un porcentaje del beneficio. Ejemplificó que, de $10 millones le pasan $500 mil o $300 mil por permitirles usar el nombre de esa institución. Obviamente, afirmó, los titulares de la institución no van a poder rendir, pero serán el Ministerio Público y los tribunales de Justicia los que deberán resolver qué tipo de delito se configura, si es que existe. Es indudable que hay irregularidad, pero en cuanto a delito, serán los tribunales los que deberán determinarlo.

4) CASOS IRREGULARES DE QUILPUÉ

Raúl Celis Montt , Intendente de la Región de Valparaíso (20102014).

Relató que en relación con los casos de Valparaíso y Quilpué, entre octubre y noviembre de 2012, se realizó un procedimiento de fiscalización en terreno a los programas de cultura y deporte de 2011 y 2012, por parte de la División de Planificación. Esa fiscalización en terreno derivó en un cruce de información en el mes de diciembre y el 14 de enero de 2013 se alertó al jefe de la División de Planificación, por parte del encargado de los fondos concursables. Entonces, el encargado de la Unidad de Cultura informó que “…se detectó que existen tres organización: Club Deportivo Los Leones, Club Deportivo Los Pinos, Club Deportivo Sol del Pacifico, las tres organizaciones ocupan el mismo domicilio (calle Urano y Plutón) que corresponde al Colegio Particular Los Leones.”

Más adelante, continuó citando, el mismo documento señaló: “Durante este proceso de postulación Verano 2013, estas organizaciones han vuelto a postular a los Fondos de Cultura, Deportes y Seguridad Ciudadana.”

El 17 de enero, relató el Sr. Celis, le correspondió hacer la cuenta anual, con asistencia del Presidente de la República. Dado que para ese mismo día estaba fijada una sesión del Consejo Regional, solicitó que, en lo posible, esta se cambiara para otro día, requerimiento que no fue considerado. En esa sesión se efectuó la priorización de proyectos concursables, que adjudicó lo siguiente:

[1]

En definitiva, afirmó, ese día se priorizó, por el Consejo Regional y en ausencia del intendente, más de 140 proyectos por aproximadamente, $1.300 millones.

Hizo presente que de esos proyectos, un total de 29, que equivalían a $482.394.000, correspondían a seguridad ciudadana. Ellos se redujeron posteriormente a 8, pues durante el año se despriorizaron 21 proyectos o, sencillamente, no se autorizó el pago de los mismos.

El 18 de enero, el jefe de la División de Planificación informó a la jefa de gabinete, Susan Spichiger , la que se comunicó ese mismo día con el intendente, quien formuló un requerimiento a Auditoría Interna para que investigara lo que había detectado la fiscalización en terreno de la División de Planificación sobre los domicilios de diversas instituciones en la comuna de Quilpué.

El 4 de febrero, la Unidad de Auditoría despachó el Memo Reservado N° 31/05/06, que, en lo pertinente, señaló que “Se evidenció que existen 3 (tres) instituciones CLUB DEPORTIVO NUEVA ERA, CLUB DEPORTIVO LOS PINOS, CLUB DEPORTIVO SOL DE PACÍFICO, que figuran con la misma dirección Plutón 1863 , comuna de Quilpué, esta dirección corresponde a una calle aledaña al Colegio Los Leones.

El Colegio Los Leones, en su estructura de propiedad figura el Sr. Carlos Saavedra Lyng , con un porcentaje de participación de un 50%; el Sr. Saavedra a su vez figura como socio en el Grupo K S.A, al cual prestó servicios Sergio el Sr. Sergio Núñez Sepúlveda , como Gerente de Operaciones, de acuerdo a su Currículum Vitae.”

Enseguida, el informe describió los montos adjudicados a estas instituciones.

[2]

Reiteró que el 14 de enero de 2013 el jefe de la División de Planificación (DIPLAD) es alertado por el encargado de Fondos Concursables de que existía una misma dirección, o una misma cuadra en la que funcionan tres organizaciones. El 17 de ese mes, tres días después, el Consejo Regional prioriza los fondos concursables sin presencia del intendente.

El 18 de enero, el jefe de la DIPLAD informa a la jefa de gabinete del intendente, Susanne Spichiger , que existiría duda respecto del club deportivo Los Leones y similares. Ese mismo día el intendente pide un requerimiento a la Unidad de Auditoría para que informe, la que emite el informe el 4 de febrero.

Además, ese mismo día ordenó la instrucción de un sumario, se le tomó declaración a Sergio Núñez y se le suspendió de sus funciones. Fue el último día en que este funcionario trabajó en el Gobierno Regional.

En dos oportunidades, el 7 y el 11 de febrero, se informó a los jefes de bancada. Por su parte, las denuncias se hicieron en distintos momentos. La primera, el 22 de julio; la segunda, el 26 de agosto o sea, no fue después del pleno de agosto, y la tercera, el 15 de mayo. Respecto del momento en que se interponen las denuncias, eso depende del fiscal del sumario. Estas materias son conocidas por un fiscal, quien tiene la obligación de poner en conocimiento de los tribunales de justicia o del Ministerio Público, aquellos hechos que revistan el carácter de delito tan pronto tome conocimiento de los mismos. Y la convicción no necesariamente se la forma el mismo día que se inicia la investigación, sino que en un estado más avanzado de la misma, de manera de entregar las pruebas que acreditan los eventuales ilícitos.

Y para que se vea la diferencia de los tiempos, observó que el Consejo de Defensa del Estado interpuso la querella el 6 de noviembre. La audiencia de formalización también se hizo en noviembre, y la intendencia estaba trabajando el caso desde hacía cinco meses, con la Fiscalía y la PDI.

Insistió en que el Club Deportivo Colegio Los Leones y sus parientes, Nueva Era y Sol del Pacífico, son un caso distinto, que permitió descubrir la existencia de irregularidades, porque estaban en un mismo domicilio. No es que los proyectos no existieran, los proyectos existían. Ahora, que hayan sido irregulares es otra cosa. Una cosa es irregularidad y otra es delito. Esa institución originó el sumario en contra de Sergio Núñez y su posterior destitución, pues las resoluciones adjudicatorias habían sido firmadas por Sergio Núñez .

Así, el 22 de julio se formuló la denuncia en contra de Núñez al Ministerio Público, por parte de la Intendencia, indicando, entre otras situaciones, por “haber dictado, sin facultades delegadas, las resoluciones aprobatorias correspondientes, que transfirieron recursos en los años 2010, 2011 y 2012, por $235.320.630, a las siguientes organizaciones: Club Deportivo Colegio Los Leones de Quilpué, Club Deportivo Los Pinos de Quilpué; Club Deportivo Nueva Era y Club Deportivo Sol del Pacífico. Convenios y resoluciones que se refieren a los siguientes proyectos.”

Aseveró que no se trata que sean proyectos inexistentes, sino que son proyectos sobrevalorados. En la misma denuncia, en el número 2, se advirtió sobre un proyecto de adquisición de un bus con capacidad para 45 pasajeros, cuyo objeto era destinarlo a la Municipalidad de Quilpué, para ser utilizado por las organizaciones comunitarias de dicha comuna, y que estaba siendo usado, mediante comodato a 20 años, por el Club Deportivo Los Leones, es decir, la misma institución relacionada con Núñez, quien estaba lucrando con su uso. El precio de adquisición del bus fue de $124.525.470. El documento precisó que “La suma de recursos transferidos a la Sociedad Educacional Colegio Los Leones incluyendo el uso del bus por veinte años, a través de estas organizaciones, asciende a $399.746.100.”

Información enviada por el Gobierno Regional de Valparaíso.

Mediante Ordinario N° 31/1/2/2364, de 05/08/2014, del Intendente Regional, informó que los datos de las organizaciones involucradas en irregularidades eran los siguientes:

Osvaldo Maldonado , contador auditor del Gobierno Regional de Valparaíso.

Afirmó que en el caso de Quilpué se evidenció que existían tres instituciones: Club Deportivo Nueva Era, Club Deportivo Los Pinos y Club Deportivo Sol del Pacífico, que figuraban con una misma dirección, Plutón 1863 , comuna de Quilpué, que correspondía a una calle aledaña al Colegio Los Leones.

Al hacer una investigación más profunda respecto del rol de ese colegio, se percataron que en su estructura de propiedad figuraba Carlos Saavedra Lyng , con un 50% de participación dentro de la estructura societaria. A su vez, Saavedra figuraba como socio en el Grupo K, al cual prestó servicios Núñez como gerente de Operaciones, de acuerdo al currículo que este presentó para ingresar al Gobierno Regional. Allí les pareció que esta situación revestía cierta irregularidad administrativa.

Precisó que las organizaciones vinculadas en el caso global eran el Club Deportivo Colegio Los Leones, Club Deportivo Sol del Pacífico, Club Deportivo Nueva Era y Club Deportivo Los Pinos, los que en total, entre 2010 y 2012, en el marco de esta glosa del 2%, se adjudicaron proyectos por un monto de $275.220.630. El desglose por cada una de esas instituciones fue:

[3]

Agregó que junto con este análisis relacionado con el 2% del FNDR, durante el año evidenció que, vía Circular N° 33, la Municipalidad de Quilpué había presentado un proyecto para adquirir un bus, cuyos beneficiarios serían ciertas organizaciones comunitarias. En ese contexto, se aprobó la adquisición del bus, con un costo inicial de $145 millones y fracción, pero fue adjudicado por cerca de $124 millones. Observó que luego de la adjudicación, el bus fue transferido por el municipio, vía comodato por 20 años, al Club Deportivo Colegio Los Leones, el mismo al que se le habían asignado $125 millones. Así, afirmó, en términos globales podría decirse que el Colegio se benefició con $275 millones, dadas las relaciones que existían entre estas organizaciones.

Esa situación fue evidenciada porque en el acta N° 23, publicada en transparencia del Concejo Municipal de Quilpué, de sesión ordinaria del año 2012, el concejo municipal de Quilpué transfirió vía comodato, por un plazo de 20 años, ese bus. El alcalde probablemente incorporó el tema dentro del acta y el concejo lo votó. Estos antecedentes, aseveró, fueron derivados al Ministerio Público y hoy están siendo materia de investigación.

Enrique Kittsteiner , ex jefe de gabinete de la Intendencia de la Región de Valparaíso.

Respecto de lo de Quilpué, del Club Los Leones, aseguró que no puede opinar porque lo desconoce en un ciento por ciento. Eso forma parte de otra arista de investigación diferente, por lo que cualquier cosa que opinara solo diría cosas que ha escuchado, pero que no le constan. Entonces, sería muy irresponsable. Insistió en que, sinceramente, lo desconoce.

Lo que pudo señalar, sin embargo, es que en este caso, como en muchos otros, quien terminaba firmando los convenios era algún jefe de División, de la DIPLAD o de la División de Administración y Finanzas, porque ahí sí es factible que opere la delegación de facultades del intendente. Subrayó que lo único que no se delegaba, porque es indelegable, es el acto por el cual operaba la transferencia, que es cuando se precisa el monto de la asignación presupuestaria y el nombre del proyecto. Ahí siempre estará firmado por el intendente. Sin embargo, agregó, en el caso de la firma de los convenios, claramente se encontrará, no solo en este sino en muchos casos, que no son firmados por el intendente, pues si son 500 o 600 organizaciones cuyos convenios deben ser firmados en cuatro copias, al intendente no se le hará firmar 3.200 copias con el escaso tiempo que tiene; y esto no solo ocurre en el actual Gobierno Regional, sino que anteriormente era exactamente lo mismo. Es decir, al intendente se le cuida el tiempo para que se dedique a otras cosas. Se hace de esta forma porque se tiene la certeza de que lo que se está firmando es lo que en definitiva figura en el acta, que es lo que da fe de que eso fue lo que se aprobó. Además, continuó, el acta aprobada por los consejeros regionales señala el listado de los proyectos que son beneficiarios.

Entonces, describió, lo que se hace es comparar ese listado con el convenio que venga adjunto. Si el proyecto está en el listado que figura en el acta, obviamente que no va a haber problema en que sea firmado.

Mauricio Viñambres , alcalde de Quilpué.

Sobre la materia del bus, descartó que se haya pasado a un colegio, sino que fue a un club deportivo llamado Los Leones, que participa dentro del colegio, pero tiene una personalidad jurídica sin fines de lucro. Relató que se trata de una organización funcional, un club de básquetbol, que ha trabajado para llegar a ser un club profesional y competir en las ligas regionales, nacionales e internacionales. De hecho, subrayó, el próximo mes dicho club representará a Quilpué y al país en un encuentro latinoamericano.

Refirió que, al igual que con otros clubes deportivos, le interesaba que destaquen la comuna, que les representen como región y como país. En conversaciones que tuvo con ellos, le solicitaron la posibilidad de apoyarlos con un bus. Agregó que se dispone de otros buses que se destinan a los establecimientos educacionales, fundamentalmente en ayuda a algunas organizaciones. En ese sentido, elaboraron un proyecto, porque creían que un bus era una buena posibilidad de apoyar a este club deportivo que tiene éxito en el ámbito del basquetbol. Pero también se ha planteado que el bus sea prestado a otras organizaciones deportivas; es decir, que su uso no solo sea para este club o para la municipalidad, sino que también cumpla otras funciones.

Describió el mecanismo formal del proceso, que el intendente propuso los proyectos y el bus fue adjudicado por el Consejo Regional. Sostuvo que se hicieron todos los trámites, se siguieron todos los pasos, formatos y formalidades. Luego le llamaron de la administración del gobierno regional y le informaron que lo licitarían desde esa entidad y no la municipalidad. Generalmente, observó, las licitaciones y adjudicaciones de los FNDR, sea tradicional o FRIL, o circular 33, las licita el municipio; pero en este caso, la licitación para la adquisición del bus fue realizada por el propio gobierno regional. Que la compra del bus la licitara directamente el gobierno regional es algo que le llamó la atención, pero que también sucede en otros municipios. En Quilpué había ocurrido en un solo proyecto, el de plaza vieja, en que el Serviu pidió licitarlo. Generalmente el municipio pide licitarlos porque dispone del control y la gestión del proyecto.

Agregó que le planteó al Concejo Municipal la importancia que tiene ese club y que el bus también sería utilizado por otras organizaciones. El Concejo Municipal, acogió el planteamiento en una citación en que Viñambres no estuvo porque estaba en otras funciones en Santiago; sin embargo, la decisión de traspasar ese bus en comodato se aprobó por unanimidad por los concejales presentes: Heriberto Neira , Christian Cárdenas , Robert Knop y Adriana Romaggi . De esa manera, continuó, el bus se traspasó, en cuanto la ley faculta para ello al Concejo Municipal y al alcalde. Así se han traspasado bienes, por ejemplo, para el automovilismo.

La razón para traspasarlo fue que el municipio tenía un compromiso de más de $4 millones en la mantención de ese bus, por lo que se llegó a un acuerdo con el club en que ellos lo administran, pero prestan el bus al municipio para las necesidades que se tengan. Para ello se fijó un protocolo de prestación de servicios. Aseguró que en 2013, el bus se ha prestado a alrededor de cinco organizaciones, en la medida en que el club Los Leones tuvo tiempo para hacerlo. Así, el bus cumple el objetivo en comodato. Insistió en que se trata de un club que prestigia a la ciudad.

La asociación de básquetbol se preocupa de la gasolina, de la mantención y del chofer, condición que está consignada en el comodato que está por escrito y se cuenta con un reglamento que establece las condiciones en que se debe prestar el bus, tales como avisar cada quince días y el municipio o alcaldía hace la entrega. Así es como se ha entregado a cinco organizaciones el año pasado, a dos ahora y, quizás, a muchas más se les va a seguir entregando. Subrayó que el bus cumple un buen objetivo. Observó que al intendente, quien lo ha planteado como una especie de fraude, le diría que es bueno que revise las funciones que cumple el bus. Al municipio le ha pedido los antecedentes y se le enviaron.

Aseguró que el proyecto del bus no fue pensado para el Club Deportivo Los Leones. De hecho, argumentó, el gobierno regional ha aprobado otros dos buses, por lo que si tan mal lo hubieran hecho con el bus, no se habrían aprobado. Uno de ellos es para adultos mayores, y se está estudiando que lo gestione la Unión Comunal de Adultos Mayores; el otro se adjudicara prontamente para hacer traslados al zoológico.

Ante una pregunta del diputado señor Cerda (20102014) en relación con los proyectos adjudicados al Club Deportivo Nueva Era, Club Deportivo Los Pinos, Club Deportivo Sol del Pacifico, Club Deportivo Colegio Los Leones, todos con el mismo domicilio, que corresponde al Colegio Los Leones. Y después, se le entrega un bus en comodato al mismo Colegio, Viñambres sostuvo que esa pregunta debía hacerse al intendente y a los consejeros regionales.

Luego respondió una pregunta del diputado señor Cerda (20102014) sosteniendo que solo se informó por la prensa de la cantidad de dinero adjudicado a tres clubes de su comuna. Desconocía que el Club Los Leones había recibido $275 millones. Insistió en que hay muchos proyectos e inversiones que se hacen en la región de las que se entera por la prensa.

Observó que, de acuerdo con los aspectos legales, hasta la fecha el club cumple con los requerimientos establecidos. Entonces, no puede quitársele el comodato, porque, a raíz del revuelo creado, esa era la idea.

Ante una pregunta del diputado señor Schilling , contestó que la municipalidad no ha postulado recursos para el club deportivo Los Pinos, ni para el club deportivo Nueva Era.

Cristián Cárdenas , concejal de la Municipalidad de Quilpué

En lo relativo al comodato del bus al Club Deportivo Los Leones, una sociedad privada de carácter civil de la comuna de Quilpué, señaló que fue traspasado el 3 de agosto de 2012, cuando presidía el concejal Heriberto Neira . Ese día se consultó a los asesores jurídicos del municipio

acerca del tema, quienes señalaron que no había ningún impedimento al respecto, ya que el comodato del Club Deportivo Los Leones era básicamente por una apreciación social; por lo que no se estaría incumpliendo, ni cometiendo ninguna ilegalidad. Aún más, aseveró, el Concejo consultó si existiría alguna actividad de lucro por parte de este colegio y el asesor jurídico señaló que no habría ningún impedimento para ello. Subrayó que el Concejo siempre actuó pensando en el bienestar del municipio y en el ahorro que ello significaría, obviamente, dentro del marco de la legalidad.

Advirtió que, sin embargo, durante el transcurso de la Comisión Investigadora los concejales se enteraron a través de la prensa que al Club Deportivo Los Leones le habrían aprobado distintos proyectos para organizaciones sociales a través del Gobierno Regional. Aseguró que si les hubiesen puesto esos antecedentes sobre la mesa, ningún concejal hubiese aprobado ese comodato. Obviamente, sostuvo, en ese acto no hubo ningún tipo de mala interpretación, pero cuando se aprueba algún proyecto o algo de este tipo, deben ponerse sobre la mesa todos los antecedentes al respecto, más aún si se trata de las organizaciones sociales que hoy existen en la comuna de Quilpué y que están bajo el amparo de un colegio subvencionado, que tiene distintas organizaciones con una misma dirección.

Sostuvo que, como concejal, ha sido bastante majadero respecto del tema ante el Concejo Municipal. Tanto es así, argumentó, que el 10 de diciembre de 2013 solicitó al alcalde la anulación del comodato que se había entregado, debido a que no era pertinente tener un bus de esas características, sobre todo, por la forma cómo se adjudicó.

Posteriormente, relató, le entregaron un oficio, de parte de la directora del Departamento de Asesoría Jurídica, donde se le informó que, de acuerdo con los antecedentes señalados, el contrato de comodato se encontraba vigente, por lo que no era posible ponerle término unilateralmente.

El 17 de enero de 2014, debido a los comentarios que se habían hecho en esta Cámara de Diputados sobre el comodato al Club Deportivo Los Leones, solicitó al alcalde que entregara copia de todos los antecedentes que el municipio entregó al Gobierno Regional para comprar el bus Pullman que se traspasó al Colegio Los Leones; la ficha EBI, la justificación, los oficios de derivación, las cartas de respaldo y, además, todos documentos relacionados con el proceso de adquisición de este bus en cuestión, con capacidad de 45 asientos. Junto con lo anterior, también solicitó copia del contrato de comodato con el Club Deportivo Los Leones.

Precisó que, como concejo, son las herramientas que tienen para fiscalizar, de alguna forma, la mantención del bus y cómo se está ocupando ese comodato. Lamentablemente, agregó, todavía no se tiene respuesta de todo ello, pero como se está dentro de los plazos legales, perfectamente podría solicitar más información al Consejo para la Transparencia a fin de que se hagan llegar todos los antecedentes al respecto. Asimismo, han solicitado conocer cuál ha sido el uso del bus.

Si el comodato ha significado realmente un ahorro para el municipio, aseguró que no podría responder porque esa información no la tiene en papel.

Insistió en que cuando el Concejo aprobó ese comodato, no tenía los antecedentes respecto de los $270 millones. Por ello, aseguró que si el Concejo hubiese visto o estado al tanto de esa situación, no habría aprobado dicho contrato. Obviamente, hoy está dentro de los márgenes legales que se apruebe un comodato a una organización social, debido a que no existe ningún tipo de lucro.

Sobre el conocimiento que el alcalde tenía de la situación, señaló que cualquier alcalde sabe lo que está pasando en su ciudad. El concejo cumple una labor fiscalizadora respecto de los actos del alcalde, según lo dispone la ley Orgánica de Municipalidades. Advirtió que los concejales hacen una labor fiscalizadora, pero, generalmente, como concejo, no manejan los proyectos que se ejecutan o realizan por parte del municipio. Eso va contemplado en el plan de obras o, en este caso, en el presupuesto municipal, que siempre es elaborado por el alcalde y que al Concejo le corresponde aprobar o rechazar. Por lo tanto, concluyó, respecto de que se levanten proyectos de organizaciones sociales, no cuestiona a nadie, pero generalmente se sabe lo que pasa en las ciudades. Opinó que, a su parecer, en este caso ninguno de los proyectos aprobados pasó por el municipio. De hecho, el Concejo no aprobó ningún tipo de proyecto para postularlo. Eso es lo que, quizá, habría que investigar un poco más.

Respecto del procedimiento, afirmó que cada organización postuló los proyectos al gobierno regional de manera directa; no pasaron por ningún tipo de procedimiento municipal, ni asesoría municipal. Es en este punto, sostuvo, donde pudo haberse perdido el hilo conductor de cómo se postularon, situación que habría generado este desconocimiento por parte de las autoridades de la comuna.

Nelson Contador , consejero regional por San Felipe .

Sostuvo que el análisis hecho al interior de la comisión ha concluido que se fueron facilitando las posibilidades de que este fraude se concretara, pues en el transcurso de los años, el señor Núñez pasó a ser un actor relevante en la toma de decisiones o en el sancionamiento de algunas iniciativas que los Core nunca conocieron. Ignora si por falta de conocimiento de cómo funciona el sistema o porque hay insuficiente información, resultó que ninguno tuvo acceso a los proyectos, pues los CORE revisan números, nombres, comunas, valores, pero, en definitiva, no vieron el proyecto presentado por Los Leones. No saben lo relativo al bus, pues el proyecto se ha presentado directamente a los organismos pertinentes. En el Consejo se sanciona lo que el intendente, mediante un oficio, les propone. De ahí hace una elección porque saben que todos esos proyectos están calificados técnicamente, cumplen con los requisitos de admisibilidad, que son las etapas normales de cualquier proyecto.

Jorge Arquero , División de Planificación de la Intendencia de Valparaíso.

Respondiendo una pregunta del diputado señor Urrutia, don Osvaldo , recordó que a raíz de la revisión de algunos antecedentes, rendiciones de proyectos, específicamente de la comuna de Quilpué, observó que había 2 o 3 que coincidían en la dirección, lo que le llamó la atención porque la mayoría de las instituciones siempre tienen un domicilio, pero que 2 o 3 tengan el mismo domicilio, es un tanto extraño. Relató que concurrió a dos calles muy parecidas, Platón y Urano , en Quilpué, que coincidían con el Colegio Los Leones. Se presentó en el lugar a constatar por qué razón esos tres proyectos tenían la misma dirección, incluido el colegio Los Leones, que también tenía un proyecto aprobado. Allí constató que, efectivamente, tres instituciones pertenecían al mismo colegio y posteriormente se confirmó que había una cuarta en la misma situación, información que no era sabida, por lo menos, en el área de Cultura que es de su competencia. Por lo tanto, concurrió al lugar, habló con el director e informó que iba a entregar un documento con la evaluación de las rendiciones que habían enviado y a la que le faltaban algunos antecedentes.

A su juicio, la situación era delicada, pues las mismas cuatro organizaciones estaban nuevamente postulando y en el pasado se habían adjudicado varios millones de pesos. Por ello, y como funcionario público, cumplió con informar a su jefe para que adoptara las precauciones pertinentes. Hasta ahí llegó su labor.

Ante una consulta del diputado señor Schilling sobre la evaluación del proyecto Video el Valor del Deporte, perteneciente al Club Deportivo Los Pinos por un total de $15 millones; del proyecto de Participación Copa Movistar 2011; del proyecto Participación y Preparación del Torneo Liga Las América ; y de la Copa Chile Liga Nacional de Básquetbol, el Sr. Arquero respondió que esos proyectos no le competían, porque pertenecen al área deportiva.

Refiriéndose al caso de Quilpué, señaló que le llamó la atención la coincidencia en la dirección. Las actividades culturales son diversas y muchas de ellas culminaban con un cóctel o un café al cierre, ya que las bases lo permitían. Algunos proyectos tenían que ver con visitas a lugares determinados. Aseguró que le parecía familiar el nombre de la señora Anita , pero como una actividad más, no como algo específico. Insistió en que en todos los proyectos se autorizaba a que se hiciera una inauguración o un cierre, pero algunos lo hacían y otros no. Muchas organizaciones hacían visitas, por ejemplo, a rutas patrimoniales o a lugares autóctonos, en donde se podía hacer un cóctel o una atención a los asistentes. Por ello se vieron obligados a establecer un porcentaje de cuánto se podía gastar en una clausura o inauguración, porque cuando hubo libre disponibilidad, había abusos. Ahora las bases establecen claramente ese porcentaje.

En relación con la duplicación de los costos de un año para otro en el proyecto del festival de Quilpué, materia observada por el diputado señor Urrutia, don Osvaldo , respondió que un festival podía costar cinco, diez, quince millones de pesos, eso no lo pueden definir. Podían traer a determinado artista que al año siguiente costara más caro o la estructura de sonido, amplificación o espacio en donde se iba a hacer, podría aumentar de un año para otro. La decisión del financiamiento no les corresponde. Si estaba justificado con lo que se iba a hacer y coincidía con el costo beneficio, entonces, el profesional que evaluaba le asignaba un puntaje.

En el caso del Colegio Los Leones, donde entre 2010 y 2013 se destinaron más de $205 millones para financiar actividades deportivas y culturales, relató que en su oportunidad, concurrió a la dirección del colegio, y le atendió la inspectora general, porque la directora no estaba, a quien le entregó un documento con las observaciones a la rendición que habían hecho. Eran tres organizaciones: una era el Colegio Los Leones, cuyo director es el representante legal. También había un presidente del Club Deportivo Los Pinos y del Club Deportivo Sol del Pacifico, cada uno de los cuales tenía un representante legal. Comentó que le llamó la atención que uno era el bibliotecario y el otro, un profesor. Sobre el Club Deportivo Los Pinos, reconoció que hasta hoy no sabe quién es el dueño o representante legal.

5) CASO IRREGULARES DE VALPARAÍSO Raúl Celis Montt , Intendente de la Región de Valparaíso (20102014).

El memorando reservado del 4 de febrero, solicitado a requerimiento del intendente, señaló también que había otros proyectos del concurso de 2012, en que una organización, Valparaíso Joven , se había adjudicado tres proyectos, por la suma de $94.700.000.

El presidente de Valparaíso Joven era Claudio Uribe , quien había prestado servicios en la Intendencia hasta el 31 de diciembre de 2012, lo cual, desde luego, no era razonable. Los proyectos fueron:

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Se hizo también presente que “no se tuvo a la vista las respectivas cotizaciones, que sustenten los valores solicitados, además del proyecto Capacitación de los vecinos para la seguridad en los barrios de Viña, no se tuvo a la vista ningún antecedente.”

Esa previsación se había producido el 13 de septiembre de 2012, con el intendente subrogante, al igual que la de 17 de enero. Ambas fueron, probablemente, las únicas dos sesiones en que el intendente no presidió el Consejo Regional durante el año 2012.

El 4 de febrero, esto es, el mismo día que se recibió el informe de la Unidad de Auditoría, se dictó la Resolución Exenta Nº 170, que ordenó instruir sumario administrativo en contra de Sergio Núñez Sepúlveda , jefe de la División de Administración y Finanzas, por los hechos descritos en el memorándum de auditoría interna del Gobierno Regional. Ese mismo día se tomó declaración a Sergio Núñez y se le suspendió de sus funciones.

Un tercer elemento importante que mencionó el informe de auditoría del 4 de febrero fue que, a las organizaciones vinculadas con Sergio Núñez y aquellas relacionadas con Claudio Uribe , se adicionó que ningún proyecto relacionado con fondos para iniciativas de seguridad ciudadana, concurso verano 2013, contaba con la evaluación pertinente, ni se logró evidenciar la constitución de las respectivas comisiones de admisibilidad y de evaluación, en función de lo que establecen las respectivas bases y reglamentos que regulan el llamado a concurso de estos fondos.

Pocos días después, el 7 y 11 de febrero, el intendente se reunió con los jefes de bancada, les explicó la situación de Sergio Núñez y les observó que en la priorización efectuada el 17 de enero, en la que el Intendente estuvo ausente, se había priorizado proyectos a las mismas organizaciones cuestionadas en el informe de auditoría.

Consecuentemente, el 19 de febrero se dictó la Resolución Exenta N° 264, que ordenó corregir el procedimiento y resolvió constituir las comisiones de admisibilidad y evaluación técnica de los proyectos del tercer concurso de seguridad ciudadana y, evacuado el trámite, remitir los proyectos seleccionados al Consejo Regional para su ratificación o aprobación.

El 26 de febrero, la comisión especialmente designada para subsanar las omisiones del concurso de seguridad ciudadana emitió un informe, en cuya acta está lo resuelto en cuanto a la admisibilidad y también lo resuelto en cuanto a la evaluación, esto es, los puntajes de cada uno de los proyectos de seguridad ciudadana. .

El 28 de febrero se logró un acuerdo Core, que modificó el acuerdo del 17 de enero, donde se priorizaron todos estos proyectos y en que hubo una reducción importante en sumas y cantidades de proyectos de seguridad ciudadana. De los 29 proyectos aprobados el 17 de enero, el acuerdo Core los reduce a 14, dejando fuera 15 proyectos, con lo cual los montos se redujeron de $482.394.000, aprobados el 17 de enero, a $275.289.653, esto es, cerca de 50% menos. Observó que posteriormente hubo otras rebajas.

El 11 de marzo, el intendente despachó un memorándum y se reunió con el personal para informar el cambio de los fondos concursables, como consecuencia del plan de mejoras que venían de 2011. El memorándum fue dirigido a todos los funcionarios del Gobierno Regional y señaló: “Como es de su conocimiento, nos encontramos en un período de implementación del plan de mejoras que fuere diseñado con motivo del proceso de acreditación iniciado en el año 2011.

En este sentido, una de las líneas transversales de acción definida fue el diseño e implementación de un sistema de planificación estratégica institucional y de control de la gestión del Gobierno Regional.

En el marco del proceso de mejora continua y la implementación de la línea de acción transversal, se han ido ejecutando cambios en cuanto al quehacer de cada una de las divisiones de nuestro Gobierno Regional. De esta manera, en el mes de noviembre de 2012, la División de Planificación y Desarrollo se ha hecho cargo del proceso de preinversión del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, FNDR, y en el presente mes, la División de Análisis de Control y Gestión se hará cargo de todos los fondos concursables, esto es, fondo de cultura, deportes y seguridad ciudadana.”

El 25 de marzo, y dando cumplimiento a este instructivo, se dictaron las resoluciones que dispusieron traslados de personal a la División de Análisis de Control y Gestión de cinco personas, para que se hicieran cargo de los proyectos o concursos de cultura y deporte.

Entre abril y mayo de este año se comenzó a despachar cartas de cobranza a los proyectos sin rendir, advirtiendo que de no cumplir lo señalado, se permitiría hacer efectiva la garantía, inhabilitar a la organización en el próximo concurso, solicitar su eliminación del listado de instituciones receptoras de fondos públicos del Ministerio de Hacienda y notificar esta situación al Consejo de Defensa del Estado, para el ejercicio de las acciones judiciales que en su caso procedieran.

Agregó que nunca antes se había advertido ni se habían enviado los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado para la cobranza correspondiente.

El 16 de abril se dictó la Resolución Exenta Nº 516, que sancionó a Sergio Núñez Sepúlveda , por el sumario iniciado el 4 de febrero, con suspensión del empleo por tres meses, es decir, la medida disciplinaria inmediatamente inferior a la destitución. Afirmó que como intendente tenía dos alternativas: una era la destitución, aunque el funcionario tenía en apariencia una conducta anterior irreprochable, y otra era aplicar la medida inmediatamente inferior, de suspensión por tres meses, con el objeto de pedirle la renuncia no voluntaria, dentro de las 48 horas siguientes a la notificación, y asegurar que no volviera al Consejo Regional.

Aseveró que llegó al convencimiento que si se dictaba la medida de destitución, corría el riesgo que la Contraloría objetara algún problema de forma en la tramitación del sumario y hubiese tenido que reincorporarlo. De esta manera se aseguraba la nula posibilidad de retorno de Sergio Núñez al Gobierno Regional, y si había un error de procedimiento, lo corregiría la Contraloría y ordenaría la destitución, que fue lo que efectivamente ocurrió.

Sin embargo, observó, en esas 48 horas en que Núñez debía presentar su renuncia, se recibió un antecedente sosteniendo que el título profesional de ingeniero civil industrial, de la Universidad Santa María, exhibido por Sergio Núñez , era falsificado.

A través del Memorándum N° 143, la jefa de la División de Administración y Finanzas hizo llegar al intendente los antecedentes recibidos mediante Reservado desde la Sra. Paola Aliste Z, de la misma División; también los correos electrónicos relativos al certificado de título de la Universidad Técnica Federico Santa María, y en los cuales se acreditó la entrega del supuesto título profesional de ingeniero civil industrial a Sergio Núñez , y que sirvió de base para ser nombrado en el cargo de jefe de División. En los antecedentes se contó con la resolución de nombramiento, en consideración a su título de ingeniero civil industrial; la aceptación del cargo de parte de Sergio Núñez y el currículo donde se identifica a sí mismo como ingeniero civil industrial de la Universidad Técnica Federico Santa María.

Recordó que los nombramientos se presentan a la Contraloría, que revisa los documentos presentados por quien postula a la administración pública. En atención del conocimiento que se tenía de las autoridades de la Universidad Técnica Federico Santa María, el mismo día de la denuncia, se tenía certeza que se trataba de una falsificación.

Por tal razón, se dictó la Resolución Exenta N° 523, del intendente, que ordenó sumario administrativo en contra de Sergio Núñez, todo ello dentro de las 48 horas siguientes a la resolución del sumario anterior.

El 15 de mayo se interpuso la querella en contra de Núñez por los delitos de estafa y falsificación de instrumento público, contemplados en el artículo 470, número 8, y 194, del Código Penal, sin perjuicio de la calificación jurídica que hiciera el Ministerio Público.

El 12 de agosto se sancionó a Sergio Núñez con la medida disciplinaria de destitución, por haber faltado gravemente al principio de probidad en su calidad de autor de una conducta prohibida por el Estatuto Administrativo.

El 6 de junio el Consejo Regional despriorizó nuevamente proyectos por un monto de $203.421.630, en materia de seguridad ciudadana. Por lo tanto, de los 29 proyectos aprobados el 17 de enero, en la sesión en que el intendente rindió la cuenta pública, concluyeron 8 proyectos, y de $482.394.000 aprobados para proyectos de seguridad, se pasó a $71.868.000. Es decir, no se pagaron $410.526.000.

Además de esta rebaja, de $482 millones a $71 millones, hubo otras despriorizaciones de proyectos en otros ámbitos y momentos que en definitiva han supuesto el no pago de proyectos por $638.246.918 durante el 2013. Es una suma relevante si se considera que el total de proyectos pagados durante este año es de $1.621 millones.

Por tanto, prosiguió, se presentó la denuncia “por delitos de malversación y/o negociación incompatible, según lo previsto en los artículos 233 y 240 del Código Penal, sin perjuicio de la calificación jurídica que el tribunal determine en definitiva.”

El 14 de agosto se envió el oficio Ordinario N° 2084, del intendente a Enrique Vicente Molina , abogado, procurador fiscal, con un listado de proyectos para iniciar su cobranza judicial. Observó que nunca habían sido enviados los antecedentes a cobranza judicial por ningún intendente, por proyectos no rendidos de cultura, deporte o seguridad ciudadana, que en realidad existen desde esa administración.

El 26 de agosto se formuló la denuncia al Ministerio Público por el caso de Valparaíso Joven. Se hizo referencia en la denuncia que el 22 de julio se había presentado otra en contra del jefe de División, Sergio Núñez y se identificaron los proyectos:

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La denuncia señaló que los proyectos asignados a la organización Valparaíso Joven sumaban $134.700.000 y no habían sido rendidos, por lo que no existía certeza de su ejecución.

El 16 de septiembre se dictó una nueva resolución, acogiendo lo resuelto por Contraloría, que devolvió sin tramitar la suspensión por tres meses a Sergio Núñez . En esa nueva resolución en el sumario administrativo, se le destituye, aunque ya estaba destituido desde un mes antes en el otro sumario o en la falsificación del título profesional.

El 6 de noviembre, el Consejo de Defensa del Estado interpuso una querella en contra de Sergio Núñez Sepúlveda , Enrique Kittsteiner Yovanini , Claudio Uribe Jamen , César Mellado Muñoz, Juan Carlos Toledo de La Maza , Carlos Toledo Herrera y Marcos Iván Ramos Sierra , por la participación culpable en los delitos reiterados de malversación de caudales públicos, previsto y sancionado en el artículo 233, N° 3, del Código Penal, en calidad de autores y en grado de consumado, y en contra de todos aquellos que resulten responsables.

En general, precisó, Mellado , Toledo y Ramos, facilitaron facturas para la rendición de proyectos. Eso es lo que se pudo detectar.

Refiriéndose a Juan Carlos Toledo , precisó que fue una de las tres personas que le llevaron a formarme la convicción de que había irregularidad en el actuar de Enrique Kittsteiner. El almirante Toledo le señaló que había postulado a un proyecto, que luego entró en una especie de trámite de asignación directa, amparado en una institución llamada Valparaíso Joven y que, por lo tanto, tenía que facturar a dicha institución para justificar la asignación de recursos que se haría por esa vía. Desde luego, acotó, nada de eso existía. A Toledo le entregaron el dinero en efectivo.

Aseveró que exactamente la misma situación ocurrió con Puerto de Ideas, pues un representante de la organización fue contactado por Kittsteiner, indicándole que, a pesar de que no estaba en los listados oficiales, sería seleccionada por la vía de asignación directa, y se le depositaría en efectivo en su cuenta corriente.

Situación similar se produjo con el Círculo de la Prensa de Valparaíso, que había postulado a un proyecto por unos $9 millones. Dado que no aparecieron en los listados oficiales, Kittsteiner les señaló que postularan, pero por $13 millones más. Torpemente, acotó, lo hicieron por esa suma mayor, postulación que era inexistente, porque Valparaíso Joven era una especie de distribuidora de recursos.

Juan Carlos Toledo encontró raro lo que estaba pasando. Lo habían citado a declarar a la Policía de Investigaciones, donde le preguntaron por qué había facturado a Valparaíso Joven, a lo que respondió que lo hizo porque les había asesorado en un café en Valparaíso, situación que fue calificada por el Intendente como muy mala, porque era poco creíble. Asimismo, le advirtió que debía decir la verdad y para que lo hiciera se comprometió a conseguirle que fuera a declarar el 18 de septiembre a las 12 horas, con el fin de que no hubiera mayor publicidad. En ese momento estaba con personal de la PDI en la oficina. Sobre esos temas, aseguró, que fueron los que le llevaron a la convicción de que Kittsteiner había actuado dolosamente, lo enfrentó y le preguntó por el caso de Puerto de Ideas, con Toledo y su organización; por la razón de haberle depositado o entregado dinero en efectivo, que constituía una actuación completamente irregular. Kittsteiner respondió al intendente que Sergio Núñez lo había engañado, reconoció que era una mala explicación y, aunque probablemente no le creería, esa era la verdad. Sin embargo, aseguró el intendente, es imposible que haya sido así.

Respondiendo al diputado señor Cerda (20102014), señaló que Toledo estaba formalizado por algo menor, dado que cambió su declaración, pero la primera igual lo dejaba con un grado de compromiso, por haber señalado que había prestado servicios a esa organización, en un café de Valparaíso, por $8 millones, dineros con que se quedaba Valparaíso Joven , porque lo hacían con la misma figura que el Círculo de la Prensa de Valparaíso, es decir, más dinero del que les entregaban.

Osvaldo Maldonado , contador auditor del Gobierno Regional de Valparaíso.

Dentro del mismo contexto del caso de Quilpué, apareció en la muestra el análisis de una organización llamada Valparaíso Joven, que se adjudicó tres proyectos de Seguridad Ciudadana por $94.700.000, de los cuales no se tuvieron a la vista las respectivas cotizaciones que sustentaran la solicitud de esos valores. Esa situación irregular estaba relacionada los proyectos:

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Junto con lo anterior, señaló, se pudo evidenciar que ningún proyecto relacionado con los fondos para iniciativa de Seguridad Ciudadana, concurso de verano 2013, contaba con la evaluación pertinente, ni se logró evidenciar la constitución de las respectivas comisiones de admisibilidad y de evaluación, en función de lo que establecen las respectivas bases y reglamento que regulan el llamado a concursos de estos fondos.

Junto con esos proyectos de Seguridad Ciudadana, la Unidad de Auditoría comprobó que había sido adjudicado un proyecto de Deportes, denominado “Campeonato Intervecinal de Fútbol”, por $40 millones. El total de este caso engloba la suma de $134.700.000.

Precisó que se evidenció esas irregularidades principalmente a través del proceso de revisión de las rendiciones de cuentas. Esa organización presentó el set de rendición de cuentas de esos proyectos con fecha 3 de junio y la Unidad de Auditoría Interna, entre el 7 y el 12 de junio de 2013, le hizo llegar a la organización las observaciones a la rendición presentada, las que consistían en la falta de acreditación de los beneficiarios, la no acreditación de los servicios prestados por los proveedores individualizados en la rendición de cuentas y que la documentación tributaria que presentaba en la rendición era extemporánea, entre otros antecedentes. Esta situación llevó a que los antecedentes fueran derivados al Consejo de Defensa del Estado, con la respectiva denuncia al Ministerio Público.

Enrique Kittsteiner , ex jefe de gabinete de la Intendencia de la Región de Valparaíso.

Precisó que en el caso de la investigación en la cual está imputado, puede señalar que las dos instituciones que aparecen vinculadas, esto es, Valparaíso Puerto de Ideas y Concierto de Verano de Reñaca o Corporación de Reñaca (Centro Cultural Arte y Música de Reñaca), dicen relación con la familia Toledo, a la que el intendente quiso apoyar. Esas instituciones pidieron audiencia con el intendente, durante la cual fue llamado para estudiar la forma de incorporarlas en el concurso y ser beneficiarias de los fondos que solicitaban. En particular, en el caso de Puerto de Ideas, recordó haber estado en una reunión con el intendente regional y algunos representantes o funcionarios, como Chantal Signorio y Fernando Eluchans , en la que el intendente dio la instrucción de apoyarla.

Aseveró que Puerto de Ideas siempre ha sido una institución del mayor interés para el intendente. Al año siguiente, en 2013, también fue beneficiada a través de un concurso de seguridad ciudadana. En el caso de los señores Toledo y Conciertos Musicales de Reñaca , también era una institución ligada al intendente, e incluso antes de estar en el Gobierno Regional, dos o tres veces habían ganado el concurso o se les había asignado. Con posterioridad, el 2013, nuevamente se le adjudican fondos.

La labor que le correspondió hacer con estas instituciones fue la misma que hizo con muchas, es decir, asesorarlos, recibirlos, atenderlos, gestionar los apoyos con los consejeros regionales, lo mismo que se hizo, ejemplificó, para que se aprobara el PREMVAL, casi de manera unánime, y los estadios para Valparaíso y Viña del Mar.

Agregó que en algún minuto el intendente no tuvo capacidad en sus cuotas para cultura, que eran para Puerto Ideas y Temporada Musical de Reñaca, de manera que para apoyarlos, debió recurrirse a su cuota para seguridad ciudadana.

Recordó que a Puerto Ideas se adjudicó, dos veces, montos de $15 millones cada uno; a la Cámara Regional de Comercio, en 2012, se le adjudicó un fondo de $30 millones para un consejo anual que organizan en el casino de Viña del Mar, financiado con recursos que se supone son para organizaciones de escasos recursos.

Respondiendo una pregunta del diputado señor Squella acerca de las instrucciones recibidas del Intendente para apoyar determinados proyectos, reiteró que en una reunión les presentaron las organizaciones, a las que ayudaron en cómo formular los proyectos y les describieron cómo operaba el sistema. Señaló que posteriormente hubo una reunión entre el intendente, los jefes de División y el propio Kittsteiner , donde se le hizo un resumen de la capacidad de sus cuotas para apoyar proyectos; es decir, en qué condiciones estaba para patrocinar uno, otro o varios en general.

Como resultado, quien en ese momento llevaba las cuotas, Sergio Núñez , informó al intendente que no tenía capacidad en su área de Cultura, por lo que esos proyectos no podían ser patrocinados. Pero dado que era del mayor interés de que sí lo fueran, surgió la propuesta de parte del jefe de la División que postularan a través del fondo de Seguridad Ciudadana. Tras ello, continuó, el propio Kittsteiner fue encomendado para conversar con las organizaciones interesadas, informarles de esa situación y entregarle los antecedentes, formularios y las formas para que prepararan el proyecto, de acuerdo con los cánones que establece el concurso de Seguridad Ciudadana.

Relató que trascurrida cerca de una semana, tuvo otra reunión solicitada por Puerto de Ideas, en la que le mencionaron que les era imposible desarrollar un proyecto de Seguridad Ciudadana porque no tenían la expertise para ello.

Luego de informar al intendente de la situación, este señaló que había que determinar una forma de apoyar a esa institución. Con posterioridad fueron informados por el jefe de la División, quien tenía a cargo las cuotas, de que la posibilidad de apoyo a estas instituciones se había consensuado y que sería la institución Valparaíso Joven, que ya estaba postulando, que dentro de los recursos que obtendría, pudiera patrocinar y disponer de fondos para estas instituciones. Ello, bajo la forma de transferirle los recursos y que estas instituciones, como consecuencia de las actividades realizadas, rindieran a Valparaíso Joven las facturas, entidad que posteriormente rendiría al Gobierno Regional.

Respecto de una pregunta del diputado señor Godoy acerca de su relación con César Mellado, aseveró que, efectivamente, a Mellado se le pidieron facturas pues cuando se supo que Valparaíso Joven no había rendido, o había rendido incompletamente, el intendente fue citado a Santiago a una reunión en el Ministerio del Interior. A su regreso de esa reunión, en la que fue apercibido al cumplimiento, o que hiciera cumplir los compromisos, se exigió a Kittsteiner que empezara a presionar a Valparaíso Joven para que rindiera, lo que ocurrió prácticamente todos los días.

Ante esa situación, prosiguió, en su rol de asesor, y dado que estaba permanentemente siendo requerido, se habló con Mellado para efectos de poder calzar. Eso es absolutamente independiente de los dineros, porque ahí también, ni el intendente ni Kittsteiner, ni nadie más tuvo participación en la recepción de esos fondos, que fueron íntegramente recibidos por la organización.

Solo se le pidió a esa organización que pudiera pagar a las dos instituciones, lo que le consta que así fue, porque habían solicitado el patrocinio del intendente. Nada más, el resto, ninguno tuvo acceso a esos fondos.

Agregó que se financiaron $68 millones en clínicas de tenis, cuando todos sabían que eso iba para el ATP de Viña del Mar, organizado por la familia Fillol . Sostuvo que la rendición de fondos de ese proyecto está observada por la contraloría interna del gobierno regional, y los consejeros regionales reclamaron que a las clínicas de tenis no asistieron más de siete niños.

En otro tema, señaló que dentro de las priorizaciones con cargo al fondo del intendente existen proyectos que postulaba su hermano, el concejal por Viña del Mar Andrés Celis . Sostuvo que mientras estuvo en la Intendencia, siempre, en todo concurso, tres o cuatro proyectos patrocinados por el concejal Celis, fueron aprobados bajo esa fórmula. En ese caso, su secretaria, Marcia Oyarzún , hablaba directamente con el intendente o su asesor, o bien dejaba alguna carta.

Recordó que en una oportunidad, fue imposible incorporar los proyectos del concejal en un concurso, porque no había capacidad. Pero eso significó un reclamo formal, por escrito, que también obra en el proceso, en que la secretaria, en nombre del concejal, se quejaba de que estos proyectos no hubieran sido incorporados, por estar vinculados a la campaña del concejal Celis.

A Alfredo Larreta declaró conocerlo porque es un periodista muy conocido en la zona, pero lo conoció personalmente a propósito de un requerimiento que se le hizo al intendente, en términos de poder ayudar al Círculo de la Prensa que estaba en ese momento con algunos problemas. Posteriormente, el intendente recibió a la directiva del Círculo porque ellos estaban con problemas de plata y tenían riesgo de que su sede fuera rematada por contribuciones. Como el intendente no maneja recursos, les propuso que armaran un proyecto para postularlo al Fondo de Cultura o al Fondo de Seguridad Ciudadana, según fuera la capacidad que él tuviera en sus cuotas y a través de esa forma los podía ayudar. En el fondo, que hicieran el proyecto y les quedarían algunos fondos extras para pagar las contribuciones y así salvar la sede.

Respecto de un monto de $8 millones que, preguntó la diputada señora Molina , Kittsteiner habría recibido del señor Toledo , aseguró que jamás tuvo acceso a esos dineros, tal como se ha señalado en la investigación. Agregó que Valparaíso Joven, no le pertenece, que no participó, no asignó, ni aprobó nada. Reconoció que solamente solicitó que se apoyara a algunas organizaciones del intendente que no tenían capacidad en ese minuto para poder ser cubiertas con su cuota, lo que calificó ahora como un error. Por lo tanto, insistió, los $8 millones al señor Toledo llegaron directamente a la organización Valparaíso Joven , tal como le llegaron directamente a Puerto Ideas.

Asimismo, manifestó que su supuesta recepción de $13 millones es absolutamente falsa. Lo único que está en el expediente es un cheque de $13 millones que está girado por Alfredo Larreta y cobrado por Claudio Uribe . Todas las imputaciones que se han hecho en la causa penal son de oídas, pues nadie tiene algo concreto.

Con respecto al Círculo de la Prensa, relató que postuló de manera independiente y se ganaron el concurso en forma directa. Postuló dos veces e hicieron dos revistas, una por seguridad ciudadana y otra por cultura. En ambos casos se hizo para lograr el mismo objetivo, sustentar el pago de las contribuciones del Círculo. No es que el proyecto estuviera inflado, sino que quienes intervenían ayudando a hacer la revista, todos profesionales, emitían una boleta de honorarios, pero no lo cobraban, de tal forma que el honorario que les correspondía era destinado a pagar las contribuciones para así salvar la institución.

Informe del Gobierno Regional de Valparaíso.

Mediante el Oficio Ordinario N° 1495, del 04/02/2014, el Intendente Regional(S), José Pedro Núñez Barruel , y posteriormente a través del Ordinario N° 31/1/2/1087, de 27/03/2014, del Intendente Regional Ricardo Bravo Oliva, se envió nómina de proyectos asignados a las organizaciones Arte Joven, Programa Puerto Ideas y Arte y Música de Reñaca.

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Raúl Celis Montt , Intendente de la Región de Valparaíso (20102014).

Respecto del caso de La Calera, mencionó que el 30 de julio se recibió una denuncia de Luis García Lobos, presidente comunal de La Calera, del Partido Socialista, quien en una carta muy breve señaló: “Frente a la columna de opinión de fecha 05 de julio de 2012, suscrita por el señor Claudio Heine , director y dueño del Semanario ‘Impacto’, medio de comunicación local, referida al supuesto mal uso de fondos fiscales, y en particular a los Fondos del 2% de Cultura y Deportes del Gobierno Regional, y en alusión a autoridades socialistas del propio consejo regional, viene en solicitar a usted investigar el uso de los mencionados fondos públicos, toda vez que se mencionan en forma indirecta a autoridades provinciales y comunales del Partido Socialista; si bien no se dan nombres, la descripción que hacen se encaja en forma perfecta con autoridades y militantes del Partido Socialista.”

Una denuncia muy similar habían interpuesto en la Contraloría Regional de Valparaíso, razón por la que ese órgano fiscalizador solicitó a la Intendencia que despachara toda la información disponible en relación con la denuncia recibida del Partido Socialista, lo que se hizo mediante Memorándum N° 31, del 14 de septiembre de 2012, en el que se remitió antecedentes de seis proyectos de Cultura y Deporte, relacionados, entre otros, con el Centro Cultural Rucamanqui.

Al entregar los antecedentes a la Contraloría la Intendencia quedó inhibida de avanzar en la investigación, porque no contaba con la información. Por su parte, la Contraloría emitió su informe , fechado el 13 de diciembre de 2012, y dentro de las conclusiones, la más relevante es la N° 2, que señaló: “Dictar y remitir a este Organismo Fiscalizador en un plazo de 20 días hábiles contados desde la fecha de recepción del presente informe, el acto administrativo que da inicio al proceso disciplinario con el fin de determinar las responsabilidades administrativas de los funcionarios que con su actuar u omisión permitieron la ocurrencia de los hechos descritos en el numeral 2, letra b), del presente documento.”

Esto es, aseguró, una aparente reevaluación de proyectos que estaban mal calificados y que subieron su nota. Tras recibir ese informe, y después de algunas conversaciones con quienes habían formulado la denuncia, el intendente solicitó instruir una investigación o auditoría interna porque los denunciantes manifestaron no haber quedado del todo conforme con lo resuelto por Contraloría.

La Unidad de Auditoría Interna determinó, por Memorándum de fecha 30 de abril dirigido al intendente regional, que se detectaron eventuales irregularidades en las rendiciones presentadas por las siguientes organizaciones:

[8]

De la revisión de los citados proyectos, que sumaron $57.900.000, se evidenció que había solo 3 proveedores y una persona natural, uno de ellos Genes, justificando el 80% de los gastos por $46.800.000.

Se agregó en ese informe de memorándum de auditoría interna que de la revisión de los antecedentes se pudo constatar que “podría existir un sobreprecio en gastos de producción que no son inherentes a la organización de la actividad, toda vez que estas debieron ser contratadas directamente por los organizadores. A fin de verificar el valor de la contratación con el precio de mercado, se procedió al análisis del proyecto ‘Jornada Recreativa´, adjudicado al Club Adulto Mayor de la Eterna Juventud´. El citado proyecto se efectuó en el ´Centro de Eventos Doña Anita´, donde se realizaron todos los proyectos mencionados en el cuadro resumen, y tuvo un costo de $400.000 para 25 personas, lo que da un valor unitario de $16.000 por persona.

La misma actividad, en el mismo ´Centro de Eventos Doña Anita´, aparece facturada o subcontratada a una empresa Genes, por un total de $9.000.000, para 164 personas, lo que da un precio unitario de $54.878, sin que se advierta la necesidad de subcontratar a esta empresa intermediaria que aumentó significativamente la realización de la actividad, lo que resulta contrario al buen uso de los medios o recursos públicos.”

Subrayó en que son $54.878 contra $16 mil, en la medida en que hubiesen asistido las personas, pero se tiene bastante acreditado que quienes dicen haber asistido a la actividad, en su mayoría no lo hicieron. Por lo tanto, el precio no es de $54 mil, sino que bastante más, y además asistieron a una actividad distinta de la que se señala como adjudicada, con un espíritu distinto.

Sostuvo el intendente que los sobreprecios detectados en el proyecto precedentemente referido se observaron en todos los identificados en el cuadro resumen.

Se informó también que la Productora Genes es una empresa individual de responsabilidad limitada, cuyo propietario es Luis Vásquez Aguillón , como consta en las facturas tenidas a la vista, funcionario público de Gendarmería, según los registros de transparencia del Servicio señalado.

En consideración a lo anterior, se ordenó instruir un sumario administrativo fundado no solamente en lo que había resuelto la Contraloría General de la República, sino también teniendo como sustento este oficio de auditoría, que ratificaba las denuncias que habían hecho miembros del Partido Socialista.

Luego, continuó, durante la tramitación del sumario se remitió a la Fiscalía, el 27 de noviembre de 2013, y con posterioridad, el 4 de diciembre, también a la seremi de Justicia para investigar eventuales responsabilidades de Luis Vásquez Aguillón , funcionario de Gendarmería, por los antecedentes que referidos los sobreprecios.

Osvaldo Maldonado , contador auditor del Gobierno Regional de Valparaíso.

Relató que con fecha 30 de abril de 2013, mediante Memorándum Reservado N° 16, se dio cuenta al intendente de cierta irregularidad administrativa relacionada con un set de proyectos de las organizaciones:

[9]

La eventual irregularidad administrativa consistía en que se observaba un común denominador en las rendiciones de cuentas presentadas. Observó que aparecían:

CET, Centro de Educación y Trabajo Camino La Pólvora, de Gendarmería de Chile

FISH CAMP

Luis Antonio Vásquez Aguillón , Asesoría, Consultoría Empresarial Comercialización e Inversiones, Empresa Individual de Responsabilidad Limitada Genes

Una prestadora de servicios a honorarios

Resaltó que la distribución de los montos que lograron evidenciar dentro de la rendición de cuentas indicó que de esos $57 millones 900 mil, el 80% fue ejecutado por la Consultora Genes y el 14% por una prestadora de servicios a honorarios.

[10]

Al análisis anterior se agregó un proyecto de Seguridad Ciudadana de la organización Recrearte, denominado “Recuperando Espacios y Fortaleciendo el Control Social”, por la suma de $28.000.000, cuya rendición de cuentas se presentaba de forma similar en términos de proveedores. En resumen, aseguró, entre 2011 y 2012 esas cuatro organizaciones fueron beneficiadas con siete proyectos por la suma de $85.900.000.

[11]

Un cuadro de la rendición de cuentas permitió observar que la consultora Genes acreditó con facturas una ejecución de 74% en términos de montos, equivalente a $63.400.000.

Claudio Heine , Director del Diario el Impacto de la Calera.

Respecto de los proyectos, en un comienzo les llamó la atención el enorme gasto que se originó en la publicación del 5 de julio, principalmente, por la orquestación que se hizo en las primarias por algunos candidatos para optar a un cargo y ejercer algún grado de influencia sobre mucha gente que invitaron a Olmué.

Relató que obtuvieron la información que al grupo folclórico Danzas de mi Tierra le había llegado la asignación de un proyecto, pero que se sorprendieron por el monto, porque aunque al principio solo le asignarían $400 mil, el proyecto aprobado fue por alrededor de $8 millones. Al contar con la confirmación de Rosa Navia , en el diario decidieron investigar más a fondo el tema.

Prosiguió señalando que después de esa publicación, el presidente del Partido Socialista de La Calera fue a increparle por lo que había publicado. Sin embargo, pasado el tiempo, en noviembre del mismo año, fueron a felicitarle los cuatro presidentes del Partido Socialista de la zona, porque lo que se había publicado era cierto. Posteriormente, continuó, llegó el informe de la Contraloría Regional en el cual ya se definía que había, a lo menos, irregularidades graves en las asignaciones y malversación de fondos de estos proyectos. Agregó que los proyectos son muchos y variados, pero en todos, el denominador común era el actual diputado electo Urízar , en relación a que él era quien gestaba los proyectos al interior del Consejo Regional, como CORE en ese entonces.

Ante una consulta del diputado señor Cerda (20102014), afirmó que investigaron en relación con las visitas a Olmué en las elecciones primarias. Ello está relacionado con el candidato, en ese entonces, a alcalde, actual concejal Lautaro Correa , de La Calera. En esa investigación, relató, encontraron varias anomalías con una organización llamada Rucamanqui , que era dirigida por el hijo del concejal y por la señora que, posteriormente, también fue candidata al CORE. Entonces, aseveró, había una asociación e irregularidades en cuanto al manejo de dineros.

Además, continuó, llamó mucho la atención en la comuna la campaña política del actual concejal Correa , porque fue muy millonaria; de hecho, la inauguró un grupo musical bastante caro, Los Viking’s 5.

Aseguró que muchas personas fueron invitadas a pasar un día de campo a Olmué, donde se les daba almuerzo, tenían derecho a piscina, y al final del día siempre aparecía el candidato Urízar y los candidatos a alcalde. Eso se repitió, también, en el período en que fueron candidatos a concejales, seguían los viajes a Olmué, con mucha gente que acudía invitada por esas mismas personas.

En relación con la propiedad de la organización Rucamanqui , el Sr. Heine señaló que en el informe de Contraloría que les llega a los denunciantes Heilig y García , aparecen varias asignaciones a esa agrupación, que es presidida por el hijo de Lautaro Correa y cuya secretaria era la esposa de Correa.

Agregó que actualmente están indagando unas asignaciones del Consejo Regional, anteriores a los plazos de la Comisión Investigadora, relacionados con varios proyectos entregados al colegio en que Lautaro Correa ejerce como profesor y del que, eso lo están averiguando, es copropietario. Son asignaciones entregadas al centro de padres de ese mismo colegio.

Luis García Lobos , Secretario Político Partido Socialista de La Calera.

Relató que presentó la solicitud, junto con el compañero Heilig , a la Contraloría Regional, la que respondió iniciando una investigación. Pero quien no lo hizo nunca fue Antonio Ayala Abarca, presidente de la Comisión de Control, Gestión y Fiscalización del Gobierno Regional, a pesar de que como ciudadano aseguró tener derecho a saber y de que la ley establece 72 días para responder.

Indicó que el informe de la Contraloría Regional observó que había evasión tributaria, pues se emiten facturas exentas de Gendarmería de Chile, y que un comité habitacional había obtenido $10 millones de recursos que son para el deporte. Afirmó que en una entrevista le habrían indicado que esos recursos se gastaron paseando. Hoy el comité habitacional no existe y quien lo encabezó en ese tiempo era el señor Martínez , quien es contador de Urízar.

Así llegaron a un grupo de Nogales, RecreArte, al que se le asignaron $50 millones en menos de un año, por tres proyectos: uno de cultura, uno de deporte y uno de seguridad ciudadana. Esto fue el 29 de septiembre de 2012.

Esos hechos les habrían demostrado que tenían razón en sus dudas, porque otras instituciones les solicitaban presentar los proyectos y, cuando lograban algunos, se adjudicaban $ 400 mil.

Señaló que las bases de todos esos concursos tienen cantidades mínimas y máximas. La mayoría recibe entre $400 mil y $4 millones. Agregó que pretenden presentar evidencias para concluir que esos recursos se usaron en campañas políticas.

En todo caso, y por información de la Contraloría Regional, muchos de estos proyectos fueron rechazados y reevaluados inmediatamente, lo que no estaba permitido, porque salía de las bases. Agregó que en ese informe se dice que no pueden haber facturas exentas, de acuerdo al artículo Nº 825, del Ministerio de Hacienda, sobre ventas y servicios, mientras que este caso se presentaron facturas exentas, todas de Gendarmería de Chile, y coincidentemente, todas son para pendones, lienzos, invitaciones, copas, galvanos y diplomas.

Mostró imágenes de un consejero regional con candidatos a concejales de diferentes zonas del distrito, todos los cuales fueron a Olmué. Recordó que en el lanzamiento de una campaña contrataron a los Viking’s 5, que cobrarían sobre $6 millones, cuando un concejal gana

$ 400 mil. En otra invitación, en la etapa de primarias, llegaron 10 micros y estaba la plana mayor de Valparaíso. Exhibió también una foto de un cumpleaños en Olmué y donde se puede ver el logotipo del Gobierno Regional. En otra imagen, correspondiente a Pro Tiltil, aparece la misma gente en diferentes actividades, el contador y el señor Urízar .

En otra diapositiva de Olmué identificó al señor Martínez , a Urízar, al contador, que trabaja desde los tiempos de Nucom (2001), Lautaro Correa , Anabalón , una señora de Hijuelas.

Acotó que Nucom es una empresa que en la región estafó al Fisco y que tenía acceso fácil y rápido para entrar al FOSIS; su rubro era la venta de piezas de computadores y pertenecía a Urízar y a Noceti. Obtuvo contratos por varios millones, cuando Urízar era gobernador de Petorca.

En otra fotografía identificó a Lautaro Correa y su familia: la nieta, la esposa, la hija y el hijo. Y reconoció también a Josué Godoy. En una imagen en la Cruz identificó al señor Ruz , la concejala de La Cruz, Urízar y a Luis Vásquez Aguillón , presidente de la ANEF y exjefe de Finanzas del Regional. Agregó que hay fotos de Quintero, La Ligua, Limache , Nogales, todo lo cual, más que una sospecha, le concedería la certeza de que los recursos fueron mal usados. Aseguró conocer cuánto vale una campaña y que cuando un candidato tiene más del

90% de toda la propaganda que hay en la calle de un distrito, es porque gastó mucho. Insistió en que el 90% de los papeles y letreros de La Calera, Hijuelas, Nogales , Quintero y La Ligua pertenecían a un candidato, Urízar .

Insistió luego en la necesidad de llegar a la justicia, porque en la política, la ética y la transparencia no tienen partido, tienen gente decente. Agregó que no puede ser que una institución obtenga $50 millones y otras no dispongan de nada. Hay centros de madres que postulan y, como mucho, les llega una cocina o un refrigerador; sin embargo, en el listado hay centros de madres marcados que sacan entre $7 y $8 millones.

Ante una consulta del diputado señor Cerda (20102014) sobre Luis Vásquez , sostuvo que trabaja en Gendarmería de Chile. Añadió que Vásquez conseguía las facturas, pues era presidente de la ANEF. Aseguró que la gente que invitaban a Olmué era inscrita en el partido sin que lo supieran; por ejemplo, algunos aparecen en el PRO.

Respondiendo una pregunta del diputado señor Schilling acerca del proceso de adjudicación en el Gobierno regional, respondió que todo comenzaba haciéndole ofrecimientos a la gente. Ejemplificó que donde Rosa Navia llegaron Lautaro Correa , Luis Vásquez y Urízar a ofrecerle un proyecto por $400 mil. Relató que la llevaron a un ciber, sacaron el documento y firmó y que ella se llevó una sorpresa cuando le avisaron que tenía un proyecto para su grupo folclórico por $8 millones. La señora Navia los retiró, y luego le quitaron la diferencia. Eso está en el sumario de la Intendencia.

Insistió en que todo lo inventaban haciendo proyectos. Observó que todos ellos tienen más o menos orígenes en limpiar algo, no podían ser más que $10 millones, con una sola factura, se le entrega a una empresa y después no se sabe qué entidad lo ejecutó.

Acusó luego que a la organización Centro Juvenil Urbano se le asignaron nuevamente recursos, sin haber rendido los dineros anteriores.

Ante una consulta del diputado señor Cerda (20102014) sobre la organización de La Calera llamada My Dream House, señaló que se trata de un comité habitacional que obtuvo fondos tres veces y en corto plazo. Primero, en 2012, por un proyecto de $10 millones; el

2009, por un proyecto de $1,5 millones para el proyecto “Caminata Deportiva y Recreativa”, que nadie sabe cuándo ni dónde se hizo. Agregó que hubo otro proyecto también el 2009, por $1,7 millones llamado “Documental sobre el desarrollo histórico, sus tradiciones y verdadera identidad del calerano”.

El representante de ese comité es Cristián Martínez Millón , el contador de Urízar. Mencionó luego otros proyectos, como “Recrearte”, por $50 millones en menos de un año y la esposa de ese beneficiario, por un centro de madre, se llevó $7.900.000. “Recrearte” se adjudicó 3 proyectos:

8 de septiembre de 2011, $10 millones para el programa “Fortaleciendo las actividades recreacionales deportivas con adultos de la provincia de Quillota. Recrearte es mejor calidad de vida”.

9 de enero de 2012, $12 millones para el proyecto “Deportes y entretención saludables para el corazón”.

28 de septiembre de 2012, son favorecidos con $28 millones para un proyecto de Seguridad Ciudadana.

Precisó luego que la Contraloría Regional le había informado que los fondos para deportes debían destinarse a la formación para el deporte, competencias deportivas, deporte recreativo, capacitación y perfeccionamiento de las personas que forman parte de la organización deportiva, y deporte de alto rendimiento; pero en ninguna parte dice que pueden llevar gente a comer a Olmué.

Julio Trigo Araya , ex Gobernador de Petorca.

Presentó un cuadro con las asignaciones entregadas a los proyectos de La Calera y Nogales: Al Centro Cultural Rucamanqui, cuyo presidente es hijo del concejal Lautaro Correa , y su secretaria cónyuge del mismo concejal, se le asignaron $18 millones.

Al proyecto “My dream house”, $10 millones. Recordó que su presidente es el contador personal de Christian Urízar. Y a RecreArte, de Nogales, $50 millones.

Observó que el común denominador de todo esto es el consejero regional de la provincia de Quillota y jefe de Inversiones del Consejo Regional. Por ello, insistió, es lógico cuestionarse la desidia para fiscalizar cómo se invierten y gastan los recursos fiscales. Por lo demás, subrayó, la única función de los consejeros regionales es fiscalizar, no andar repartiendo dineros por las regiones ni por las provincias.

Enseguida mostró una serie de imágenes con la invitación de Rucamanqui a Olmué, la invitación para el candidato a alcalde, en las primarias, Lautaro Correa , actual concejal de La Calera, con la frase “Felices de compartir con nuestros vecinos. Concejal de NogalesEl Melón Josué Godoy , y Christian Urízar , consejero regional. Marzo de 2012”.

Concluyó que en esas actividades hubo una intencionalidad absoluta para guiar y formar liderazgos políticos con recursos del Estado, lo que calificó de impresentable, independiente del partido al que pertenezcan los responsables, porque el valor de la probidad y el valor de cuidar los recursos fiscales, tiene que ser fundamento y pilar de cualquier partido político.

Luego mostró la carta enviada al Intendente, de fecha 31 de julio de 2012, en que se le solicitó que se pronunciara respecto de lo publicado: “El Impacto”. Sin embargo, agregó, hasta la fecha, el intendente aún no nos responde.

Se refirió luego a una entrevista al diputado electo Urízar , donde señaló que todo se hizo en el margen de lo permitido y que es común y usual hacer campañas políticas con dineros del Estado.

Acusó directamente a Christian Urízar como responsable político de todo lo que ha ocurrido. Afirmó que los tribunales de justicia determinarán las sanciones de los ilícitos, pero consideró que no puede ser que en cada administración de la Intendencia de la Quinta Región tengamos que presenciar fraudes. Sostuvo que existen maquinarias instaladas al interior de la Intendencia, desde el piso uno hasta el 19, que están mal acostumbradas y piensan que los recursos fiscales, de los más pobres, están para su uso personal o para financiar campañas políticas.

Walter Heilig Soto , Coordinador de la Nueva Izquierda P.S de Quillota.

Manifestó que en la denuncia se mencionan dos elementos que le tienen preocupado en cuanto a la actuación de la Intendencia y de la Gobernación. Una de ellas apunta al caso de la Agrupación Rucamanqui, que se adjudicó varios proyectos cuando su representante legal, hijo de Lautaro Correa , estaba siendo formalizado y después condenado por tráfico de drogas. La otra es que repetitivamente aparecen en las fotos muchos funcionarios de planta de la Intendencia involucrados en estos hechos.

Indicó que le extraña que cuando se habla de fraude al Fisco de los concejales electos y de asociación ilícita, se afirme que esta gente no solo lo ejecutaba, sino que prácticamente lo fomentaba. Ejemplificó que en su comuna hay vecinas que se jactaban de que habían ido ocho veces a Olmué, pero en las elecciones primarias se encontraron que estaban inscritas en el PRO, situación en que acusó directamente al concejal Josué Godoy .

Afirmó que cuando se sindica a la Intendencia como parte política responsable, se convence que existen responsabilidades directas de personas, entre ellas, Christian Urízar , aunque del resto de los CORE prefirió no pronunciarse.

Relató que Christian Urízar , en calidad de consejero regional, citó a una reunión de trabajo a los cinco presidentes de las comunas de la provincia de Quillota, a la que asistieron algunos candidatos a concejal y concejales del PS. En ese momento, los cinco presidentes cuestionaban a Urízar, porque no le reconocían como presidente regional. Continuó relatando que Christian Urízar les ofreció proyectos FNDR y les afirmó que, en su calidad de CORE podía designar a los candidatos a concejales del Partido Socialista en el distrito 10 o en la provincia de Quillota. Eso le hace pensar, concluyó, que Urízar utilizó el cargo de CORE para fines políticos.

Recordó que cuando el presidente del grupo Rucamanqui es detenido por tráfico de drogas, el consejero regional Urízar no lo informó y defendió que, incluso después de condenado, podía seguir militando. Por lo tanto, aseveró, nos encontramos ante lo que denominó asociación ilícita, es decir, una protección a ciertos militantes, lo que, también, se puede observar en el actuar de ciertos funcionarios de la Intendencia.

Eduardo Martínez , alcalde de la Municipalidad de La Calera.

Se refirió a los recursos asignados al proyecto Danzas de Mi Tierra, organización que depende de la escuela municipal Las Acacias, relatando que de la misma forma en que se han enumerado los otros casos, Rosa Navia , encargada de ese grupo folklórico, fue contactada por un concejal, sin conocimiento del municipio, para postular a los recursos del 2%. Efectivamente, prosiguió, lograron los recursos, pero luego de ello el mismo concejal con dos personas más se acercaron a Rosa Navia y le informaron que debía traspasar los recursos a otra organización y solo quedarse con una décima parte del total del dinero. Afortunadamente, para no cometer delito, y por ser funcionaria municipal del Departamento de Educación, Rosa Navia se presentó en la oficina del alcalde para preguntar si eso era correcto y la respuesta fue que no lo era, que no podía entregar ni un peso, que solo ella podía ejecutar los recursos y que se debía poner en contacto con el Gobierno Regional para definir cómo terminaría el proyecto.

Por lo tanto, agregó, desde el punto de vista práctico, no hubo delito de parte del municipio de La Calera ni de Rosa Navia.

De las instituciones involucradas en los casos que estudia la Comisión, ninguna tenía vinculación con el municipio, todas son independientes y se ignora si gastaron bien o mal los recursos. Sin embargo, continuó, como municipio han postulado paralelamente año tras año a proyectos importantes por montos de $40 millones para habilitar todo el deporte en la comuna de La Calera y no han conseguido nada. Entonces, advirtió, en la prensa se publica que hay 10 proyectos aprobados para La Calera a organizaciones de las cuales solo se conocen algunas y la municipalidad no tiene cómo desarrollar su programa de deporte. Eso preocupa y sería bueno que la Comisión tenga a bien estudiar estos datos para ver cómo se distribuye el 2%, que es lo que en algún momento se puede cuestionar y facilitar que se produzcan irregularidades.

En cuanto a la forma de gastar los recursos, señaló que cuando Danzas de mi Tierra ganó

$8 millones fue una buena noticia, porque ellos necesitaban equipaje, vestimentas y otros elementos para mejorar su presentación. Sin embargo, añadió lo que se hizo en vez de ello fue llevar a adultos a comer a un restaurant de Olmué, situación que calificó de gravísima. Agregó que, afortunadamente, eso se pudo detener, pero es ofensiva toda la situación.

Certificó que Rosa Navia confirmó que el proyecto que había postulado era de mucha menor envergadura. Cuando supo de la cantidad de recursos asignada primero se alegró, pero después llegaron a pedirle la diferencia. Le señalaron que los $7.600.000 eran de otro proyecto, que no correspondían al suyo, y que debía devolverlos.

Luis Vásquez , propietario de la empresa Genes IRL.

Solicitó aclarar la confusión aún latente debido a la difusión a través de los medios de comunicación, pues existen dos relaciones distintas. Lo puntual, y que puede ser un aporte para la Comisión, se refiere a unas facturas que tienen relación con proyectos que se investigan al interior de la provincia de Quillota, específicamente en la comuna de La Calera. Al respecto señaló que Gendarmería de Chile cuenta con unidades productivas conocidas como CET, Centros de Educación y Trabajo, que tienen dos tipos de contabilidades: una gubernamental y otra financiera. Estas unidades no persiguen fines de lucro, sino que tienden a una labor exitosa que se vincula con el trabajo progresivo y la reinserción de las personas que se encuentran recluidas en los recintos penitenciarios del subsistema cerrado. Ejemplificó que en Valparaíso, Gendarmería tiene tres CET, en los cuales hay unidades productivas como la imprenta; otras relacionadas con trabajo en madera, en panadería, etcétera.

Lo relevante para esta Comisión son los trabajos que se encargaron a la imprenta, donde Genes prestó servicios a organizaciones comunitarias como empresa productora que persigue fines de lucro, a diferencia de lo que son las organizaciones comunitarias y el CET. En eso, aclaró, no hay duda de ninguna de las partes, ni de la Contraloría General de la República ni de la Intendencia. En ese contexto, aseguró que en su calidad de funcionario público no tiene absolutamente ninguna inconveniencia ni incompetencia, dado que lo que se hizo fue encargar trabajos en su calidad de empresario. Incluso, agregó, tampoco existiría alguna incompetencia si se hubiese mandado a realizar esa labor en otra calidad.

Insistió en que no ha actuado como funcionario público, sino como empresa individual de responsabilidad limitada con fines de lucro, que prestó servicios en su giro, a diferencia de lo que se ha escuchado en otros casos u otras aristas, donde se crearon empresas con un fin que no es el que correspondía. Genes tiene vida propia, giro, facturación, paga sus impuestos, etcétera. Por lo tanto, agregó, le asiste el derecho constitucional de guardar silencio sobre las otras materias, porque están siendo investigadas. Observó que tiene la convicción de que no ha cometido delito. Por lo tanto, mantiene su principio de inocencia. Sin embargo, adicionó, si por acción u omisión en el trabajo realizado como empresa prestadora de servicios se ha cometido alguna falta o alguien relacionado con la empresa lo ha hecho, se declaró responsable de aquello y deberá responder como representante legal de Genes y asumir cualquier eventual responsabilidad.

Ante una pregunta del diputado señor Squella , señaló que la factura del CET es relevante para esta investigación, pues es la forma de vincularlo intencionalmente con una situación de fraude al fisco. Subrayó que Genes EIRL no está formalizada por fraude al fisco. Incluso, agregó, en un escenario desfavorable, si hubiera alguna responsabilidad por acción u omisión de parte de Genes, Luis Vásquez tendrá que hacerse responsable, pero es bastante menor que una situación de fraude al fisco, porque Vásquez no es funcionario de la Intendencia y no tenía ninguna posibilidad de incidir sobre la forma en que se realizaban, aprobaban o rechazaban los proyectos. De hecho, argumentó, la Contraloría General de la República, que es implacable cuando hay responsabilidad de algún funcionario público, no ordenó en este caso ninguna una investigación sobre la materia relacionando al suboficial Luis Vásquez .

En el informe la Contraloría observó errores. En este caso son dos organizaciones que no persiguen fines de lucro, una organización comunitaria y un CET; por ello se entendió en primera instancia que no había ninguna dificultad, desde un criterio contable, que fueran facturas exentas de IVA. Posteriormente, por oficio, se solicitó que las facturas fueran afectas al IVA. Entonces, inmediatamente se corrigió.

Información enviada por la Intendencia Regional de Valparaíso.

Mediante Ordinario N° 31/1/2/2364, de 05/08/2014, del Intendente Regional, se informó que la proporción de proyectos presentados al Gobierno Regional cuya evaluación técnica había resultado con un puntaje inferior a 60, era la siguiente:

[12]

En materia de priorización, se informó que en el periodo 20082014 se ha priorizado un monto de M$10.228.387, siendo posteriormente despriorizados

[13]

En lo relativo al Centro de Eventos “Doña Anita” de Olmué, se informó que los proyectos en que ese lugar aparece involucrado son los siguientes:

[14]

Sobre las actividades desarrolladas en el “Centro de Eventos Doña Anita”, la Contraloría Regional señaló que del examen practicado a las rendiciones de cuentas de proyectos de las organizaciones “Agrupación Cultural Artística Recreativa y Ecológica Recrearte”, “Centro Comunitario Alcanzando Sueños”, “Centro Comunitario del Cerro al Mar”, “Centro Cultural Rucamanqui” y “Comité Habitacional My Dream House La Calera”, se constató que se rinden facturas emitidas por el “Centro de Eventos Doña Anita”, ubicado en la comuna de Olmué, por concepto de atención de los participantes.

Del análisis efectuado a los listados de asistencia que presentaron las organizaciones, se detectaron nombres de beneficiarios incluidos en más de un proyecto. Se entrevistó a 112 de ellos, los que declararon lo siguiente:

45 expresaron que la rúbrica que figura junto a su nombre no es de su autoría, comprobándose que 34 de ellos corresponden al proyecto denominado “Deporte y Entretención Saludables Para el Corazón”, organizado por la “Agrupación Cultural, Artística , Recreativa y Ecológica Recrearte ”

39 manifestaron haber participado sólo en una ocasión, sin recordar el nombre de la actividad, no obstante aparecen en más de una nómina, en el mismo, o distintos proyectos

Los siguientes beneficiarios indicaron no haber participado en las actividades realizadas en el “Centro de Eventos Doña Anita”:

[15]

Luego, analizadas las directivas de algunas de las organizaciones, se determinó que uno o más de sus miembros figuraban ocupando distintos cargos entre ellas. Los casos detectados fueron:

[16]

Sobre la participación de candidatos a cargos de elección popular, el informe señala que de los testimonios obtenidos se evidenció que durante el desarrollo de las actividades de los proyectos en el “Centro de Eventos Doña Anita”, que se indican a continuación, ejecutadas durante el año 2012, participaron indistintamente los postulantes a cargos de elección popular de ese año, señores Christian Urízar , CORE y candidato a diputado; Héctor Lautaro Correa , candidato a alcalde de La Calera; René Lues , Secretario del CORE y candidato a alcalde por Viña del Mar; Roxana Saavedra , Filomena Navia y Paola Catalán Reyes candidatas a concejales de las comunas de Hijuelas, La Cruz y Viña del Mar, respectivamente.

[17]

Agregó que 60 personas señalaron haber concurrido a las actividades realizadas en el citado “Centro de Eventos Doña Anita”, reconocieron la participación del Secretario Ejecutivo del CORE de esa época, don René Lúes Escobar , entre las cuales algunas manifestaron que el referido ex funcionario les entregó calendarios, afiches relacionados con su candidatura, solicitado su apoyo y voto en las elecciones municipales de ese año.

Consignó que los proyectos “Vida y Salud Con Alegría”, “Mente Sana En Cuerpo Sano” y “Vida, Salud y Recreación”, ejecutados por las organizaciones “Centro Comunitario Alcanzando Sueños” y “Centro Comunitario del Cerro Al Mar”, respectivamente, en los cuales se denunció la participación del citado ex Secretario del CORE, los dos primeros de ellos fueron ejecutados entre febrero y abril de 2012, fecha en la cual éste ocupaba el referido cargo, actuación que vulneró el principio de probidad administrativa contemplado en el inciso primero del artículo 8° de la Constitución Política de la República, conforme al cual “El ejercicio de las funciones públicas obliga a sus titulares a dar estricto cumplimiento al principio de probidad en todas sus actuaciones”, principio que se encuentra regulado en la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, particularmente en su Título III y en su artículo, que dispone que el personal de la Administración del Estado estará impedido de realizar cualquier actividad política dentro de la Administración. Asimismo, el artículo 27 de la ley N° 19.884, sobre Transparencia, Límite y Control del Gasto Electoral, dispone que “Los funcionarios públicos no podrán realizar actividad política dentro del horario dedicado a la Administración del Estado, ni usar su autoridad, cargo o bienes de la institución para fines ajenos a sus funciones”.

El reporte afirma también que esas situaciones infringen el número 2 del instructivo de procedimiento adicional a las bases de deporte que rigen los concursos de que se trata, aprobados mediante las resoluciones exentas N° 330 y 364, de 2011 y 2012, respectivamente, que señalan que los proyectos durante su período de ejecución no podrán, por ningún motivo, apoyar actividades proselitistas de ningún tipo, ni destacar voluntades políticas ni religiosas.

En relación con el Proyecto “Recuperando Espacios y Fortaleciendo el Control Social” de la comuna de Nogales, el informe de Contraloría señaló que en declaración prestada por Petronila Moya Castro y María Jeria Bernal , presidenta de la Junta de Vecinos Escuela N° 32 y secretaria de la Junta de Vecinos “28 de septiembre”, respectivamente, manifestaron que en esas dos organizaciones beneficiadas con el proyecto denominado “Recuperando Espacios y Fortaleciendo el Control Social”, de la “Agrupación Cultural, Artística , Recreativa y Ecológica Recrearte ”, no se efectuaron las capacitaciones de seguridad ciudadana comprometidas en el proyecto.

También afirmaron estar disconformes con las obras de mejoramiento de los espacios públicos, pues en la Junta de Vecinos “Escuela N° 32”, sólo se procedió a la instalación de dos bancos, aunque ese proyecto, con un financiamiento aprobado de $ 28.000.000, para 6

Juntas de Vecinos, contemplaba la ejecución de obras de recuperación y mejoramiento de espacios, rehabilitación de lugares abandonados o de poca intervención, espacios incluyentes, seguros, sustentables y con entidad propia, como asimismo, capacitación, actividades cívicas y formativas. Esta realidad denunciada fue verificada en terreno por la propia Contraloría.

7) CASOS IRREGULARES DE VIÑA DEL MAR

Raúl Celis Montt , Intendente de la Región de Valparaíso (20102014).

El 24 de octubre la jefa de Gabinete recibió una denuncia verbal de un funcionario de la Gobernación, afirmando que Denise Vásquez había declarado ser contactada por Alejandro Montt , candidato a concejal DC por Viña del Mar, y Rene Lúes , candidato a alcalde DC por esa misma ciudad, para que realizara funciones de sonidista en la campaña municipal. Para ello, le habrían ofrecido $200 mil mensuales. Posteriormente, la habrían llevado al Banco Estado para que abriera una cuenta para depositar su sueldo, según lo convenido con los involucrados.

Transcurrido un mes de campaña, y por no tener información sobre su sueldo, Vásquez contactó a Alejandro Montt , tras lo cual fue llevada al banco, solicitándosele que retirara $5 millones de su cuenta. Le explicaron que correspondían a recursos de proyectos de Gobierno Regional para ayudar a personas víctimas del incendio forestal, en Viña del Mar.

En una segunda ocasión fue contactada para retirar $11 millones, y tras su cuestionamiento al origen de los recursos y a su rol, le informaron que era la tesorera de la campaña. Quienes la habrían acompañado fueron Alejandro Montt y Carolina Rojas. En septiembre de 2012 la denunciante se habría retirado de la campaña.

Precisó que el Gobierno Regional disponía de dos proyectos en donde la denunciante aparecía efectivamente como tesorera de una organización denominada Centro Comunitario Cultural Viña Viva. Los montos asignados son $14.900.000 por el proyecto Fomentando el Deporte en la Comunidad, y $16.000.000 por el proyecto Poniendo Valor a Nuestro Patrimonio. Hasta esa fecha, ninguno de ellos está rendido.

Ante esa denuncia la jefa de Gabinete entregó los antecedentes a la Unidad de Auditoría para ratificar la existencia de las organizaciones y los montos involucrados. Verificado todo lo anterior, el 7 de noviembre se le informó al intendente y ese mismo día se llevó a la denunciante al Ministerio Público para que efectuara formalmente la denuncia. Es decir, no hubo una denuncia en la Intendencia, sino que se trasladó directamente el hecho a la Fiscalía. Este caso surge por causa de las peticiones de rendiciones de cuentas.

Agregó que el 30 de octubre, la División de Análisis de Control de Gestión recibió la denuncia de una supuesta beneficiaría de fondos de cultura. Ese mismo día, la jefa de Gabinete, Susanne Spichiger , en el cargo desde el 11 de marzo de 2010, recibió a la denunciante e informó al intendente. El 11 de noviembre se efectuó la denuncia al Ministerio Público, la que relata que “La denunciante expresó haber trabajado con Rene Lúes Escobar y doña Paola Catalán Reyes , con esta última, por razones de amistad. Amistad que nació y se desarrolló por el trabajo social que desarrollaban ambas, lo que posteriormente se tradujo en su apoyo gratuito a la candidatura a concejal de doña Paola Catalán Reyes …”

Según lo informado por la señora Ramírez Leiva , ella asumió como presidenta de la organización ya mencionada solo mientras durara la campaña política de la señora Catalán Reyes . “Con posterioridad, sin darle mayor explicación, la señora Ramírez Leiva , fue llevada al banco por doña Magdalena Reyes Valenzuela , madre de Paola Catalán Reyes , quien le pidió retirar el dinero correspondiente a ambos proyectos y entregárselo. Las cantidades retiradas y entregadas fueron, según lo informaron, para ayuda comunitaria consistente en llevar a personas a Olmué. Agregó que al banco solamente fue a retirar el dinero de ambos proyectos por caja, reiterando que lo entregó en el mismo banco íntegra e inmediatamente a la señora Magdalena Reyes Valenzuela , madre de doña Paola Catalán Reyes ”. En los hechos, asistieron al local “ doña Anita ”. Los proyectos son “Escribiendo Nuestra Historia Local Construimos Identidad en el Siglo XXI”, por $14.264.000 y otro denominado “Vida, Salud y Recreación”, por $21.000.000, ambos del Centro Comunitario Del Cerro al Mar.

El escrito de la denuncia continua señalando que a la Sra. Ramírez Leiva : “...le llegó información de que los mencionados proyectos no estaban rendidos ante el Gobierno Regional, lo que le causó mucha inquietud, procediendo a consultar a Paola Catalán y a Rene Lúes acerca de la situación, quienes le afirmaron que los proyectos se encontraban en trámite de rendición y que no se preocupara, porque todo era legal.

Finalmente, al serle exhibidas las rendiciones de cuentas de los proyectos en cuestión a la denunciante, o sea, “Vida, Salud y Recreación” y “Escribiendo Nuestra Historia Local Construimos Identidad en el Siglo XXI” afirmó que algunas de las firmas que ahí figuraban a su nombre no las había hecho ella, por lo que eran inauténticas”.

Los hechos precedentemente señalados pueden ser constitutivos de delito de fraude al Fisco, previsto y sancionado en el artículo 239 del Código Penal, o delito de estafa, tipificado en el N° 8 del artículo 470 del Código Penal, figura que sanciona a los que fraudulentamente obtuvieran del Fisco, municipalidades, cajas de previsión, instituciones centralizadas o descentralizadas del Estado, prestaciones improcedentes, tales como remuneraciones, bonificaciones, subsidios, pensiones, jubilaciones, asignaciones, devoluciones o imputaciones indebidas.

Los cuatro casos identificados tienen dos modus operandi. Un modo es el de Valparaíso Joven, por $138 millones, que actuaba como entidad que se adjudicaba proyectos, recibía los dineros y no ejecutaba ningún proyecto, sino que desviaba los recursos a patrimonio personal o a campañas políticas. El segundo modus operandi, que utilizaron Colegio Los Leones, Rucamanqui y probablemente otras dos organizaciones de Viña del Mar, fue usar el nombre de organizaciones para adjudicarse proyectos sobrevalorados y cuyos fondos se destinaban, en su gran mayoría, a otras actividades que no eran las propias que señalaba el proyecto, y tampoco el proyecto se ejecutaba tal cual se decía. El problema es que esos Fondos de Cultura, Deporte y Seguridad Ciudadana son para cursos de capacitación, y no para compra de equipamiento.

Osvaldo Maldonado , contador auditor del Gobierno Regional de Valparaíso.

Reseñó que durante octubre de 2013 se recibieron en la intendencia denuncias sobre eventuales irregularidades en la ejecución de algunos proyectos ligados a organizaciones comunitarias de Viña del Mar. Se trataba de 20 proyectos, con un monto involucrado de

$359.220.410. Los antecedentes fueron puestos en conocimiento del Ministerio Público y actualmente se encuentran en fase de investigación. Es una de las aristas que se está investigando en Fiscalía.

Entre las principales observaciones que la unidad de auditoría realizó al proceso de rendición de cuentas fue que evidenciaron mucho desconocimiento de las organizaciones comunitarias en sus obligaciones tributarias, principalmente la ligada a retenciones en boletas de honorarios; la falta de los informes técnicos y profesionales de los servicios prestados que pudieran acreditar de manera eficaz la labor que el profesional realizó con cargo a la boleta de honorarios que está presentando; la lista de asistencia de los participantes o beneficiarios de los proyectos; ausencia de evidencia fotográfica en donde se muestre el material de difusión que indique el nombre del proyecto, la organización y auspicio del Gobierno Regional del Valparaíso; existencia de gastos posteriores a la fecha de término del proyecto; facturas sin detalle de los servicios prestados a la organización, y facturas exentas por servicios o prestaciones afectas al impuesto al valor agregado.

Esta situación desencadenó que se hiciera un trabajo conjunto entre el Servicio de Impuestos Internos y la Dirección Regional, en materias de documentos exentos que, en realidad son afectos a IVA, por lo cual se inició un proceso de fiscalización del SII. Los detalles del caso son aún materia de investigación del fiscal.

Ante una pregunta del diputado señor Cornejo acerca de la situación contractual del cargo de jefe de auditoría interna de la Intendencia, señaló que ingresó por un concurso en 2011, ocupando una suplencia, grado 12, en calidad de contrata. Acerca de la estabilidad esperada en un cargo de control, aseveró que es un tema de largo plazo, pues, aunque sostuvo que los auditores internos de los gobiernos regionales y, en general, de los servicios públicos debieran ejercer cargos de planta, entiende que un problema de dotación de personal impide que ciertos funcionarios sean de planta.

Acerca de antecedentes detectados con anterioridad a 2013, recordó que durante esos años no se recibieron denuncias formales. La Contraloría Regional revisó el 2% y emitió dos informes relativos a cultura y deporte. El plan de auditoría interno de 2012 estaba relacionado principalmente con el sistema de control interno de finanzas, y dado el crecimiento en los montos asignados en esos fondos, se incorporó una auditoría para 2013, que forma parte del proceso investigativo. Ante la consulta del diputado señor Cornejo , insistió en que en esos dos años solo se realizó el trabajo complementario con la Contraloría, según lo definido en el plan de auditoría para 2013.

Afirmo luego que los casos de Valparaíso Joven y Los Leones surgen a propósito de información recibida, en el sentido de que habría organizaciones que tienen la misma dirección. En el caso de La Calera, fue a propósito de un informe de investigación especial que realizó la Contraloría y ante el cual el Intendente solicitó la opinión de Auditoría, la que se sustentó en las rendiciones de cuentas.

Agregó que durante 2013 se notificó a un grupo considerable de organizaciones que tenían pendiente rendiciones de cuentas. Señaló que en esos proyectos solo se han detectado falencias en la rendición de cuentas, pues ese informe se acompaña de un proceso de confirmación de los asistentes, donde también se han encontrado algunas sorpresas, las que han sido enviadas a la Fiscalía.

Refirió que cuando una organización presenta un proyecto, viene con un número estimado de beneficiarios. La primera prueba que se realiza es que esos beneficiarios sean efectivos, por lo que se confirma la asistencia mediante una lista con el nombre del beneficiario, el RUT, la dirección, el teléfono y algún mecanismo que permita acreditar que esa persona efectivamente asistió y fue beneficiaria del proyecto. Ese dato se verifica mediante llamados telefónicos a las personas que figuran en la rendición de cuentas, identificando si, además, su asistencia fue en el contexto del proyecto financiado con recursos del Gobierno Regional.

Al responder una consulta del diputado señor Cerda (20102014), recordó que el artículo

8° del Reglamento de fondos concursables para Deportes y Cultura señala que ninguna institución podrá ser beneficiaria de recursos por más de dos años consecutivos. Sostuvo que, tal vez, la Contraloría, en alguno de sus dictámenes, señaló que ninguna organización puede recibir fondos si tiene pendiente rendición de cuentas, porque así lo establece la resolución N° 759, que norma el proceso de rendición de cuentas.

En relación con los proyectos de Recrearte, aseguró que en la presentación está individualizado el primer proyecto Deporte y Entretención saludable para el Corazón, por $12.000.000, y el proyecto por $28.900.000, Recuperando Espacios y Fortaleciendo el Control Social.

Precisó que las facturas de la Consultora Genes dan cuenta de servicios de producción de eventos. Aparentemente, observó, estas organizaciones externalizaban la ejecución del proyecto a través de esa consultora. Las actividades se realizaban en la mayoría de los casos en el centro de eventos Doña Anita . Algunos proyectos de Viña del Mar también se realizaron en ese centro, aunque afirmó que en los casos de Quilpué, carece de evidencia de que la ejecución de los proyectos se haya realizado en Olmué, pues los proyectos tenían relación con el basquetbol. Había muchos que solventaban actividades, lo que llevó a considerar que se podía financiar el Club Deportivo ligado al Colegio a través de esas cuatro organizaciones. Sin embargo, precisó, dentro del análisis de Quilpué no se ha logrado evidenciar que la ejecución de los proyectos se llevara a cabo en Doña Anita. En los casos de Viña del Mar, así fue, y en los de La Calera, en más de un 80%.

Entonces, agregó, lo que el intendente manifestó era que si las actividades se iban a hacer en ese centro de eventos, no había necesidad de subcontratar, pues podrían haberse contratado directamente y haber realizado la actividad en Doña Anita.

Ruth Cohen , secretaria Cultura y Deportes del Gobierno Regional.

Relató que estuvo presente durante la denuncia de irregularidades que realizó el Centro Comunitario del Cerro al Mar, al que se le había enviado un oficio de cobranza por rendición. Manifestó desconocer el trámite que se siguió y, en ausencia del entonces encargado de la unidad de Cultura, Jorge Arquero , le citaron como administrativa a una reunión en el piso 19, donde se encontraban el auditor Ricardo Provoste , Sussane Spichiger , el abogado Urenda , la presidenta de la organización y su hermana, de quienes no recuerda el nombre.

Escuchó entonces el testimonio de la presidenta quien denunció no tener conocimiento de toda la formulación, ejecución y montos utilizados en el proyecto. Aseguró que estaba muy afectada y sostuvo que había firmado, acompañada por la tesorera, pero que el dinero había sido entregado a otra persona que no tenía relación con la organización. Lo describió como un arreglo extraño.

Calificando de efectivo el relato de los hechos conocido por el diputado señor Urrutia , se afirmó que la persona que pidió declarar y denunciar esta grave irregularidad fue Claudia Margarita Ramírez Leiva , quien asistió acompañada de su hermana. La institución era el Centro Comunitario del Cerro al Mar, cuya presidenta, de acuerdo a los registros del municipio, al momento de la denuncia y en la actualidad, era Paola Catalán Reyes , que fue candidata a concejal por la comuna de Viña del Mar. La tesorera del Centro Comunitario era Magdalena Reyes Valenzuela, madre de la presidenta.

Estas personas trabajaron en la campaña del candidato a alcalde y posteriormente a CORE, René Lues . La reunión referida por la Sra. Cohen tuvo por objeto recibir el relato de graves irregularidades respecto del retiro de $14.264.000 y, posteriormente, $21.000.000, correspondientes a los proyectos “Escribiendo Nuestra Historia Local Construimos Identidad en el Siglo XXI” y “Vida, Salud y Recreación”, presentados por ese Centro Comunitario.

La señora Claudia Ramírez sostuvo que le llegó información que los mencionados proyectos no estaban rendidos ante el Gobierno Regional, lo que le causó mucha inquietud, procediendo a consultar a Paola Catalán y René Lues acerca de la situación, quienes le afirmaron que los proyectos se encontraban en trámite de rendición y que no se preocupara porque todo era legal, según Lues Escobar .

Después, llegó Paola Catalán a la casa de la señora Ramírez Leiva con las fotos y boletas de los proyectos, expresándole que se iban a rendir. Afirmó tener conocimiento de que el destino de los recursos de estos fueron actividades realizadas con personas por un monto total de $21 millones en el centro de eventos Doña Anita de Olmué , y la compra de computadores, que no han sido rendidos, por $14.264.000, los cuales se encuentran en la casa de Pamela González, y que a estas actividades llegaba a saludar René Lues Escobar , quien era candidato a alcalde de Viña del Mar.

Respecto del vínculo laboral entre la organización y la señora Ramírez Leiva , expresó que en un comienzo desempeñó funciones sin recibir remuneración y, recién, en 2013, comenzó a trabajar de manera remunerada para la agrupación, sin emitir boletas, puesto que estas las hacía el tío de René Lues, el señor Tamin Escobar .

Expuso que con posterioridad al robo de su teléfono celular, su cuenta de Facebook, donde mantenía registro de las conversaciones entre ella y René Lues Escobar y Paola Catalán Reyes , relativas a estos hechos, fue hackeada por lo que perdió toda la información. Y aunque le pidió a Lues los documentos y papeles de respaldo de los proyectos en los cuales se había involucrado, hasta el día de hoy no se los entrega.

Al final, agregó que los dineros aparentemente fueron gastados en el centro de eventos Doña Anita de Olmué .

René Lues Escobar , consejero regional de la provincia de Valparaíso y ex Secretario ejecutivo del GORE de Valparaíso.

En relación con la campaña de candidato a alcalde, en 2012, señaló que trabajó con Alejandro Montt , con quien tenía una buena relación de muchos años. Asimismo, afirmó no recordar a Denisse Vásquez ni haber escuchado ese nombre con anterioridad; asimismo, negó tajantemente que esta persona hubiera trabajado en su campaña.

Ante la referencia que hiciera el ex intendente Celis acerca de que Denisse Vásquez denunciara haber sido contactada por Alejandro Montt , candidato a concejal DC por Viña del Mar, y René Lues , candidato a alcalde DC por Viña del Mar para que realizara funciones de sonidista en campaña municipal, desmintió ese hecho y reiteró que no tiene conocimiento de quién es Denisse Vásquez. Puede que la conozca o que la haya visto en la campaña, especialmente si trabajó con Alejandro Montt , pero no logra relacionar la cara con el nombre. Aseveró que nunca ha acompañado a nadie al banco, nunca ha recibido un centavo de parte de nadie, nunca ha retirado recursos ni le ha pedido a nadie que los retire para una campaña, y nunca ha utilizado ningún recurso público para hacer campañas políticas. Por lo tanto, aseguró, desmiente categóricamente cada una de las partes en que se le nombra.

En relación con la denuncia que sostiene Claudia Margarita Ramírez Leiva , relacionada con Paola Catalán y su madre, manifestó que efectivamente las conoce, pues en sus años trabajando en los cerros de Viña del Mar con la gente más vulnerable, conoció a la dirigente social Paola Catalán , con quien rápidamente entabló una relación muy positiva. Aunque sabe que postuló proyectos, afirmó desconocer información exacta.

Relató que como secretario ejecutivo del Consejo Regional, cuando visitaba esos lugares era difícil sacarse el cargo, pues la gente de todas partes, no solo de Viña del Mar, siempre pregunta, quiere aclarar dudas o requiere información respecto de la forma de rendir proyectos o cualquier información. Aseguró que con el paso del tiempo, al parecer, la relación entre ellas dos se echó a perder y Ramírez le pidió que interviniera y le preguntara a Paola Catalán sobre la materia, quien le manifestó que el problema estaba resuelto y que se lo indicaría personalmente. El Sr. Lues afirmó que sobre el proyecto, las cobranzas o la ejecución del mismo, no tiene idea.

Sostuvo que no pidió recursos, no retiró recursos, no recibió recursos, no manejó recursos, no presentó proyectos, porque su rol no era ese dentro de la institución, sino que expresar los acuerdos del Consejo Regional, ser ministro de fe, y no tenía otra función.

Por lo tanto, aseveró, todo lo que se ha dicho respecto de la ejecución de un determinado proyecto, tiene que ver con las involucradas.

8) DESPRIORIZACIÓN DE PROYECTOS

Raúl Celis Montt , Intendente de la Región de Valparaíso (20102014).

Respecto de proyectos despriorizados, recordó que en la sesión del 17 de enero se priorizaron aproximadamente 130 proyectos, de los cuales 29 eran de seguridad ciudadana. La despriorización no es común. Insistió en que dentro de la denuncia hecha por auditoría interna se declaró que no había constancia de haberse cumplido con el proceso de admisibilidad formal y de fondo, por lo que, luego de la reunión con las bancadas, se constituyeron las respectivas comisiones y muchos proyectos no alcanzaron la nota que las hiciera elegibles. Eso significó, de inmediato, una rebaja importante de proyectos.

Manifestó que en ese caso hubo un cúmulo de responsabilidades. Subrayó que no estuvo en esa priorización y que había pedido que no se realizara la sesión el 17 de enero porque tenía la cuenta anual y venía el Presidente de la República. Sin embargo, se mantuvo la fecha de la sesión y, aseguró, eso no fue una casualidad, porque se tenía la intención de incorporar esos proyectos.

Quiénes fueron los involucrados es algo que deberá determinar la justicia. Si preguntan al intendente quién es el principal responsable, responderá que es Sergio Núñez . Pero es posible que para lograr incorporar esos proyectos y que el CORE los votara, haya otras personas involucradas.

Señaló que los procedimientos se prestan para tentaciones, por decirlo de alguna forma. Cuando se vota por un proyecto, obviamente su alcalde va a intentar influir en consejeros regionales para que se apruebe. Si eso lo se lleva a los proyectos de cultura y deportes, pasa exactamente lo mismo. Los principales destinatarios son los municipios, son los que tienen la mayor cantidad de recursos asignados a los programas de cultura y deportes.

Aseguró que la única forma para resolver esta situación es la aprobación de marcos. No hay otra.

Opinó que es una muy mala política la que se aplica, porque lo que ocurre en Valparaíso, y sin duda en otras regiones del país, es que aunque sea un sistema no pensado en defraudar, se presta para la defraudación.

Definir quién debería seleccionar es un punto complicado. Probablemente, debería ser un jurado compuesto por personas elegidas por algún mecanismo lo más objetivo posible.

De todas maneras, cuando se aplica el sistema del FNDR, manifestó su tranquilidad de que funciona bien. La distribución es bastante equitativa entre las distintas provincias, pero depende de quién sea el intendente y que éste no se preste para maniobras.

Esos proyectos no se pagaron por diversas razones. En primer lugar, porque no se había verificado la conformidad de la constitución de las comisiones correspondientes el 17 de enero. Entonces, en base al informe que pedía la Unidad de Auditoría y que fue evacuado el 4 de febrero, se conversó con los jefes de bancada, se constituyeron las comisiones respectivas para corregir el procedimiento, y en ese proceso de regularización se calificaron los proyectos. Gran parte de los 29 que habían sido votados favorablemente por el Consejo Regional no obtuvieron la evaluación suficiente para ser elegibles y, por eso, se eliminó una cantidad importante. En otros casos, si bien habían sido votados por el Consejo Regional, aprobándolos y calificándolos dentro de los elegibles, merecían alguna duda y, muchas veces, se conversó con los beneficiarios y en el caso de algunos municipios estuvieron dispuestos a renunciar a esos proyectos.

Declaró que la auditoría reveló la falta de procedimientos correctos para Seguridad Ciudadana en el concurso de 2013. Reunido con los jefes de bancada el 7 y el 11 de febrero, tres días después de contar con el informe de auditoría, les manifestó que debía corregirse el procedimiento, para lo cual había que formar las comisiones de admisibilidad, de forma y de fondo. La comisión de fondo, o sea, de evaluación de los proyectos, efectivamente evaluó mal unos proyectos y el Consejo Regional votó favorablemente varios de esos proyectos mal evaluados, con el argumento de que para ellos no era vinculante la opinión de la Comisión de Evaluación. Pero, agregó, posteriormente ese criterio cambió y todos esos proyectos fueron despriorizados. Por eso es que de 29 proyectos se redujeron a ocho.

Recordó que la primera despriorización se dio como resultado del trabajo de la comisión de velar por los requisitos de forma y de fondo; de 29 proyectos bajan a 14, y luego a 8, despriorizando los que habían sido mal evaluados técnicamente. Se bajó de $460 millones aproximadamente a $71 millones.

Ante una consulta del diputado señor Cornejo acerca de alguna investigación incoada tras la despriorización de proyectos que cumplían requisitos, señaló que no recibieron ningún reclamo de ninguna de las instituciones cuyos proyectos fueron despriorizados. Ninguno. Hubo municipios retiraron sus proyectos, renunciando voluntariamente.

Frente a la observación del diputado señor Cornejo de que a nadie en el CORE, en el GORE, llamara la atención que quedaran reiteradamente proyectos que no calificaban y que de no haberse despriorizado, se habrían aprobado, declaró que no les llamó la atención. No presentaron ningún tipo de protesta; de hecho, afirmó que costó algo despriorizarlos lo que también es parte de las investigaciones, de los sumarios iniciados en el Gobierno Regional. Subrayó, en seguida, que todas las despriorizaciones fueron de iniciativa del Ejecutivo, sin intermediación de ningún otro funcionario. Lo que se hizo fue proponer la despriorización de un listado de proyectos y los consejeros la votaron. Esa fue la forma en que salió una cantidad importante de proyectos de seguridad ciudadana, pero, adicionalmente, hubo una cantidad no menor de proyectos cuyos titulares renunciaron.

Todo ello, después de indicarle al Consejo que se trataba de instituciones sospechosas. Al respecto hay varios los sumarios abiertos en los que caen estas instituciones sospechosas y que tienen la característica de nunca haber recibido fondos. Sin embargo, ante una pregunta del diputado señor Cornejo , señaló que no tenía certeza de que alguna de esas instituciones hubiera recibidos dineros antes de la despriorización; aunque reconoció que ello es altamente probable que haya ocurrido. Otras instituciones sospechosas que recibieron los recursos, los devolvieron después de la primera citación de esta Comisión Investigadora.

En efecto, insistió, ha habido varios tipos de desistimiento. Uno, la despriorización, que es la oficial. Dos, la renuncia voluntaria de la institución beneficiaria antes de recibir los recursos. Tres, la devolución voluntaria de parte de algunas instituciones, ya sea porque se les requiere que rindan cuentas de los gastos efectuados, o bien por iniciativa propia, pero que está siendo investigada. Todo ello es materia de sumario administrativo.

Respondiendo una pregunta del diputado señor Cornejo , señaló que los antecedentes de esas instituciones que devolvieron el dinero ya fueron entregados al Ministerio Público, porque coinciden con las que están siendo investigadas. Aseguró que cualquier institución que presente algún tipo de irregularidad es puesta en conocimiento del Ministerio Público.

Enrique Kittsteiner , ex jefe de gabinete de la Intendencia de la Región de Valparaíso.

Se refirió luego a los casos en que no hubo visación técnica, que fueron los dos primeros concursos de Seguridad Ciudadana, a fines de 2011 y principios de 2012. Opinó que hubo una clara falta del debido cuidado respecto de quiénes debían conformar la comisión, que eran los tres jefes de División del Gobierno Regional, DIPLAD , la DAF y la de Análisis y Control de Gestión, más el encargado de la seguridad pública regional. Sin embargo, la comisión nunca se formó, se presentaron los proyectos y todos quedaron para ser patrocinados.

No obstante, agregó, al tercer o cuarto concurso de Seguridad Ciudadana, se percataron que no se estaban haciendo estas comisiones y, entonces, se constituyeron. No se dice expresamente en la norma quien debe constituirlas, ese es un vacío. Solo menciona que se deberá constituir una comisión conformada por los cuatro cargos ya señalados, pero no especifica quién va a convocar. Sin embargo, opinó, cuando hay un silencio debe entenderse que, obviamente, es el jefe del servicio quien debe estar a cargo de que eso ocurra. Sin embargo, concluyó, eso no funcionó así.

Enrique Astudillo , Secretario Ejecutivo del Consejo Regional de Valparaíso.

En cuanto a la sesión en que el intendente debía rendir cuenta pública anual y que, por ello, no estuvo en la sesión en que se aprobó proyectos del 6%, indicó que puede dar fe porque lo recuerda bien, y al producirse esa situación con el exjefe de finanzas, el intendente Celis tomó la decisión de buscar la forma de regularizar esto, en el buen sentido de la palabra, y una serie de proyectos dejaron de ser admisibles o en condiciones de ser adjudicados.

Recordó que se constituyó una comisión para volver a revisar la cartera de proyectos y hubo varios que quedaron fuera. Manifestó no recordar si en esa sesión el intendente fue subrogado por el exgobernador Núñez o el exgobernador Longton. Precisó que la sesión no se cambió porque se programan por un acuerdo del Consejo, los que se cambian solamente con otro acuerdo del Consejo.

Reseñó que no era habitual que el intendente fuera subrogado, pues ello ocurre sólo cuando está fuera de la región. El caso de coincidencia con la cuenta pública fue una situación muy puntual y que generó un conflicto jurídico respecto de la forma en que se hacía la subrogancia, porque la cuenta fue en una sala contigua al salón plenario. Eso no era habitual pues generalmente el intendente presidía la mayoría de las veces y en muy pocas oportunidades fue subrogado. Insistió que, cuando así ocurrió, fue porque estaba de vacaciones o fuera de la región.

9) INCONSISTENCIA ENTRE ACTA Y AUDIO DE SESIÓN

Raúl Celis Montt , Intendente de la Región de Valparaíso (20102014).

Otra arista de los problemas fue la recepción de una denuncia del Secretario Ejecutivo actual del CORE, Enrique Astudillo , quien remitió al intendente un oficio de la subcomisión de investigación del mismo Consejo Regional, señalando que el audio de una sesión plenaria, en la que se priorizaron proyectos de cultura, deporte y seguridad ciudadana, no coincidía con el acta y con la certificación del secretario ejecutivo de la época, René Lues , en el sentido de que el audio indicaba un determinado número de proyectos calificados para votación y el certificado y acta añadían proyectos que no fueron aprobados por el Consejo Regional.

También se da el caso de proyectos que fueron leídos, en el entendido de que se trataba de un solo proyecto, cuando en realidad había dos proyectos con el mismo nombre.

Precisó que en materia de actas, el CORE tiene un secretario ejecutivo, quien es ministro de fe. Él firma las actas, también el intendente, pero son sometidas a la votación y aprobación del consejo regional.

La existencia de actas con proyectos que no fueron aprobados según el audio de la sesión respectiva es un hecho nuevo, denunciado por Enrique Astudillo , actual secretario ejecutivo, y que fue entregado al abogado principal de la Intendencia para que hiciera las revisiones correspondientes, y luego determinar qué se hacía con esa información. Lo más probable es que tenga que derivarse a la fiscalía.

El problema está en los certificados que dan cuenta de qué es lo que se aprueba. Es posible que existan proyectos que no fueron evaluados, pero como se trata de una situación nueva, no se puede asegurar.

Ha habido dos secretarios ejecutivos, René Lues y Enrique Astudillo , a partir de mediados de 2012. La única persona que podría haber agregado un proyecto no aprobado es el secretario ejecutivo del CORE. No hay otra opción.

Precisó luego que el tema de la diferencia entre el audio y las actas de las sesiones en que figuraban varios proyectos que no habían sido ni siquiera tratados, fue una denuncia de los propios consejeros de una subcomisión, llamada Subcomisión Fraude. Ellos entregaron los antecedentes al secretario ejecutivo, Enrique Astudillo , para que los hiciera llegar al intendente, quien los traspasó al abogado del Gobierno Regional, Héctor Valenzuela , para que los chequeara, porque al menos un proyecto no figuraba y beneficiaba justamente a esas instituciones que aparecen como sospechosas.

El secretario ejecutivo debía dar lectura a los proyectos que se iban a votar. Era una lectura muy genérica, en la que se daba a entender que se iba a votar un proyecto determinado, por ejemplo, “análisis de las consecuencias del delito”, pero resulta que este proyecto se iba a dictar dos o tres veces. Entonces, esa fue la otra observación que formularon los consejeros regionales.

Todo eso fue antes del período de Enrique Astudillo. El secretario ejecutivo anterior fue René Lues .

Enrique Kittsteiner , ex jefe de gabinete de la Intendencia de la Región de Valparaíso.

Refiriéndose a las actas revisadas por el actual secretario ejecutivo del Consejo Regional, Enrique Astudillo , en las que hay proyectos que nunca fueron aprobados, afirmó que Astudillo no reemplazó a Sergio Núñez (que fue Augusto Munchmeyer) , sino a René Lues , y que desconocía qué pudo haber ocurrido en ese caso. Aseveró que desde que ingresó al Gobierno Regional estuvo presente en todas las sesiones y que le constaba que la aprobación consideraba el informe que daba el presidente de la comisión de los consejeros regionales, quien daba lectura de cada uno de los proyectos y, posteriormente, los sometía a votación. Después de eso, se levantaba el acta.

El acta era confeccionada por el secretario ejecutivo, quien es el ministro de fe del Consejo Regional. Insistió en que desconocía qué había ocurrido en esa situación y observó que el sistema de audio y de grabación usados es muy malo. Tal vez, opinó, se pudo haber saltado la lectura; tal vez faltó algún proyecto que algún consejero quiso incorporar, pero eso ya depende de la persona que está actuando como ministro de fe, y en ese punto prefirió no pronunciarse.

René Lues Escobar , consejero regional de la provincia de Valparaíso, ex Secretario Ejecutivo del CORE del Gobierno Regional de Valparaíso.

Señaló que el CORE como cuerpo colegiado habla a través de los acuerdos. No hay ninguna otra forma de que el CORE se exprese. Por lo tanto, precisó, los acuerdos constituyen la opinión o la decisión colegiada, pero esa opinión no tiene ningún valor jurídico si no se perfecciona el acto administrativo de la decisión, que es mediante la resolución respectiva del intendente o del nivel ejecutivo.

Entonces, reseñó, todos los acuerdos del Consejo Regional pasaban por lo menos por tres filtros. Primero, se publicaban rápidamente en la página web, debido a que el Programa de Mejoramiento de la Gestión obligaba a publicar los acuerdos en dos días.

Segundo, los jefes de División deben revisar los acuerdos, porque se producen algunos problemas y se han devuelto acuerdos porque tenían una coma de más o una de menos. Por ello debían cotejar la información.

Tercero, el intendente los perfeccionaba a través de la respectiva resolución.

En consecuencia, advirtió, no hay ninguna posibilidad de una diferencia entre el audio de la sesión y la resolución final, en algún acuerdo que se haya entregado al intendente regional y que expresara la opinión del Consejo Regional. Además, el Consejo aprobaba las actas.

Manifestó desconocer un caso en particular, pero no cree que existan porque no hay ningún acuerdo que se haya devuelto, y los que se devolvieron, por alguna razón de forma o de fondo, se corrigieron como correspondía y fueron resueltos por el intendente. Por lo tanto, sostuvo que a su juicio, está todo en regla.

En general, los proyectos vienen planteados ordenadamente. Cuando el Ejecutivo envía propuestas para la aprobación del CORE, normalmente vienen estructuradas, es decir, con un oficio que establece lo que se va a votar. Sin embargo, ha habido ocasiones, aunque muy pocas, en que el acuerdo se estructura 15 minutos antes de la sesión plenaria. Recordó que hubo un caso en que eso ocurrió, en junio, que se refería a un tema de seguridad. Comúnmente, los acuerdos los lee el presidente de la comisión, pero en una ocasión se acordó previamente a la sesión plenaria, entre los jefes de bancada y de División, no recuerda si estaba el intendente, un proyecto de seguridad que ya había pasado la revisión técnica. El listado se hizo a mano, se leyó solo los nombres, porque ni siquiera estaba individualizado.

Aseguró que lo más probable es que en esa oportunidad no haya coincidido, porque respecto de los acuerdos tenía dos días para ponerlos en la web. Entonces, normalmente no se escuchaba la grabación; no se guiaban por la grabación porque esta era fiel testimonio del oficio que entregaba el intendente, salvo en ocasiones como esta, donde el acuerdo se formuló previamente a la sesión plenaria y cuyo manuscrito se entregó y se le pidió que lo leyera, no haciéndolo como correspondía el intendente o el presidente de la comisión. Pero normalmente no leía. Insistió en que no se basaba en la grabación, porque implicaba mucho más tiempo y demora para estructurar el acuerdo, el cual venía previamente elaborado por el intendente.

El diputado señor Urrutia, don Osvaldo , cuestionó que el señor Lues , a pesar de ser ministro de fe del Consejo, en una ocasión modificara en cuatro oportunidades el mismo documento, con la misma fecha, y modificara los proyectos que habían sido acordados por el Gobierno Regional. Ante ello, el señor Lues afirmó que es perfectamente posible que en un acuerdo que haya hecho, donde hay trescientos proyectos, se haya equivocado. Lo importante, aseguró, es que el acuerdo que firmó el intendente reflejara de manera exacta lo que se acordó en el pleno. Adujo que no se sabe lo que significa pasar en limpio trescientos acuerdos sin equivocarse en los nombres, en los montos, en los proyectos. Reconoció que le pasó, y seguramente en más de una oportunidad le devolvieron los acuerdos. Si un acuerdo fue revisado cuatro veces por el Ejecutivo y cuatro veces fue devuelto para que se modificara lo que estaba mal, eso revela justamente que es posible que pueda haber algún error en trescientos proyectos.

Agregó que lo importante es lo que el intendente resolvió, la perfección que él hace de ese acuerdo; que esa resolución correspondía a lo que el CORE aprobó, después de conocer el acta, y que haya sido publicado en la página web. Y se publicó el acuerdo definitivo, sin errores.

Manifestó que deseaba insistir en el tema de uno o varios acuerdos, donde, al parecer, no coincidiría el audio con el texto. Reiteró que todos los acuerdos del Consejo Regional, que es un cuerpo colegiado, que se expresa a través de los acuerdos que adopten, no tienen eficacia jurídica hasta que no son resueltos por el intendente. De hecho, agregó, cuando un acuerdo del Consejo Regional no ha tenido esa eficacia jurídica de ser resuelto por el intendente, finalmente, queda en letra muerta. Sin embargo, ello no ocurrió en el Consejo Regional por dos razones. Primero, porque en la mayoría de los casos existe un oficio previo que establece las condiciones del acuerdo a adoptar por el Consejo Regional, por lo que es muy difícil que esto ocurra. Advirtió, sin embargo, que alguna vez pudo haber ocurrido porque el audio no es el elemento en el cual el secretario se basa para hacer los acuerdos, sino los documentos que se tienen a la mano; y la única vez que puede recordar fue cuando 15 minutos antes de la sesión plenaria, el mismo intendente le entregó el borrador para que lo leyera; condición que podría derivar en una posible equivocación, pero no es normal.

Agregó que en casi ocho años que ha estado en el Consejo Regional, jamás un acuerdo le ha sido devuelto por temas de fondo y nunca se ha impugnado un acuerdo, de los cientos, si no miles que ha tramitado.

Advirtió que el ejecutivo coteja la información y la cruza, y si identifica que hay un error que complejiza el acuerdo, se devuelve, se modifica y se arregla, pues, insistió, el único acuerdo que tiene eficacia jurídica es el que resuelve el intendente. Los anteriores son documentos que no tienen ninguna importancia.

Por eso, afirmó, no se podría hablar de falsificación de instrumento público, porque el documento que tiene valor es el que firma y resuelve el intendente, que se publica en la web y se entrega en el acta que luego aprueba el Core.

Manifestó que, en lo relativo a los errores, no quisiera que quede la sensación de que los acuerdos de última hora se producían permanentemente. Recordó que una sola vez ocurrió y no tiene la impresión de que fuera por un programa de Deportes y Cultura, sino probablemente de Seguridad Ciudadana. Entonces, insistió, no es que esto sea normal, pues lo normal es que esto sea exactamente como ha sido presentando por el intendente en un oficio previo. Lo excepcional, y en este caso excepcionalísimo, es que esto sea de última hora y con algunos errores de transcripción.

Sostuvo que ningún acuerdo, ni siquiera ese, estuvo sujeto a impugnación. El intendente estaba a su lado en esa oportunidad y se lo entregó para que lo leyera.

Enrique Astudillo , Secretario Ejecutivo del Consejo Regional de Valparaíso.

Respecto de una diferencia entre el acta del Consejo y el audio correspondiente, que habría significado la inclusión de proyectos no aprobados durante la sesión, relató que a propósito de una revisión rutinaria en el Consejo Regional, específicamente en las sesiones en que se habían aprobado proyectos asociados, de una u otra manera, al 6% de Cultura, Deportes y Seguridad, se detectó una suerte de diferencia entre lo que estaba expresado en el acuerdo y lo expresado en el audio de la sesión.

Describió que el rol del secretario ejecutivo en el Consejo Regional es de confianza del propio Consejo. Tiene la importante particularidad de que es el único funcionario del gobierno regional que no está sometido al Estatuto Administrativo. De hecho, está asociado a la legislación laboral común.

Agregó que el primero y más importante rol del secretario ejecutivo es ser ministro de fe de los acuerdos que se adopten en las sesiones plenarias, como lo establece la ley N° 19.175. También tiene la responsabilidad de llevar adelante la transcripción y redacción de las actas de cada una de las sesiones que deben ser aprobadas por el Consejo Regional en determinadas sesiones.

A propósito de eso, y en el marco de situaciones que se habrían dado en el marco de la asignación de proyectos del 6%, relató que estaba haciendo una revisión rutinaria de acuerdos y sesiones, en donde, efectivamente, se detectó que habría una diferencia. Indicó que se le puso en conocimiento de la situación y se preocupó de chequear y revisar los antecedentes que tenía a la vista que, por un lado, era el acta de la sesión con el acuerdo y, por otro, el audio. Manifestó que, sin enjuiciar lo que pasó ahí, realmente había una diferencia entre el acuerdo y lo que había en el audio, pues lo que estaba grabado era poco preciso respecto de lo que estaba transcrito en el escrito.

Hizo presente a la comisión investigadora del Consejo Regional de esta situación y se le mandató que pusiera los antecedentes en conocimiento del intendente regional, para que él determinara las acciones que pudiera llevar adelante. Esto se hizo mediante el oficio ordinario N° 14, de fecha 3 de enero de 2014, dirigido al exintendente Raúl Celis . Insistió en que ello se hizo por especial encargo del presidente de la subcomisión investigadora del fraude del Consejo regional. En concreto, se trata del acuerdo N° 7322, acta de la sesión N° 589, del día 25 de junio de 2012.

Señaló desconocer cuáles fueron las acciones que el intendente llevó a cabo después, pero, al parecer, puso esa información a disposición de los tribunales de Justicia o de la Fiscalía. Advirtió que su rol llegó hasta ahí: constató el hecho, lo puso en conocimiento de la comisión investigadora, porque lo consideró importante, y la comisión le mandató que le remitiera los antecedentes al intendente regional, a fin de que, de haber mérito, el intendente pudiera proceder a remitir a las instancias legales y jurisdiccionales que correspondiera dicha documentación.

Aclaró que los errores que se pueden producir en los acuerdos son previos porque, por ejemplo, la persona que envía el oficio desde el Ejecutivo también puede cometer un error. En este caso, si el intendente regional presenta una propuesta de cartera, el deber que haya coherencia entre el acuerdo y esa propuesta que baja el intendente. Señaló que ha ocurrido en ocasiones que esa propuesta relativa al 6% viene con algún error, por ejemplo, en el nombre de una organización. No obstante, agregó, en lo que corresponde a su gestión, cuando se producen errores de tipeo, ha solicitado que se someta nuevamente a votación del consejo porque, como ministro de fe, tiene que dar cuenta de lo que efectivamente se vota. Subrayó que los acuerdos vienen conversados desde las comisiones. Relevó que, no obstante la precariedad del sistema de audio, el acta es fundamental, porque ahí queda el registro de lo que se discutió y decidió.

Manifestó que el problema de transcripción del acta no es habitual. A veces puede haber errores en la redacción de un acuerdo en cuestiones de tipeo. Pero lo que le hizo notar a la comisión es que en la sesión N° 589, se votaron proyectos de seguridad y se dio lectura a un listado de ellos; sin embargo, no había coherencia total entre lo que se leyó y lo que estaba en el acuerdo.

Declaró, no obstante, que no podría enjuiciar la intención que hubo detrás, y sólo puede constatar un hecho, ya que la lectura que se da al listado de proyectos que se aprueba en esa sesión no correspondía al detalle que estaba en el acuerdo, pues había un proyecto en particular que no fue mencionado y que estaba en el acuerdo. Explicó que en la lectura de los proyectos no se hizo mención ni a los montos ni a la institución, sino que más bien se dio lectura solo a los títulos de los proyectos, por lo que se observó una diferencia que era importante hacer notar. Enfatizó que no hay montos en la lectura que se hace en la sesión, pues solo se indican los nombres de los proyectos.

En su gestión como secretario ejecutivo cuenta con una persona de apoyo, quien hace la primera transcripción. Se trata de reflejar en el acta todo lo que se discute, porque, muchas veces, los acuerdos que se toman tienen ciertos fundamentos o los votos en contra también se fundamentan. Por lo tanto, es relevante que el acta dé cuenta de todo lo que sucede en la sesión y que el texto cuente con un nivel de detalles bastante alto. Por lo tanto, agregó, la transcripción no es solo de los acuerdos, sino que incluye todo el tratamiento de la sesión. De hecho, el promedio de hojas por acta es entre 35 y 40 páginas por sesión.

Aunque hay una persona que hace la primera transcripción, es el secretario ejecutivo quien revisa por última vez el acta y la remite a los consejeros regionales, previo a la sesión que se vote, a fin de que estos tengan el tiempo suficiente para revisarla y votar si aprueban el acta que se les presenta.

10) ACTUACIONES DE ENRIQUE KITTSTEINER Raúl Celis Montt , Intendente de la Región de Valparaíso (20102014).

En lo relativo a Enrique Kittsteiner , jefe de gabinete, su antecesor hasta el 11 de marzo de 2010 era Sussane Spichiguer . El gabinete está formado por secretarías regionales ministeriales y por los jefes de servicio. Adicionalmente, y siguiendo un consejo de Luis Guastavino, había que entenderse con los CORE. Las inversiones en los CORE, desde que decide el gobierno regional, es aproximadamente el 8% del total de los fondos que la región utiliza. Por lo tanto, pensó que a esto le debía dedicar, no el 8% del tiempo, pero algo relativamente equivalente a los recursos involucrados.

Por esa razón, Guastavino decía que era imposible, si se entendía directamente con los consejeros, destinar una cantidad de tiempo que no fuese prácticamente jornada completa. Entonces, debía nombrar a un encargado para relacionarse con los consejeros regionales, y ese fue Daniel Morales, alcalde de Limache. Él dejó el cargo en el verano de 2011 por el fallecimiento del titular Luis Minardi , y lo reemplazó, al poco tiempo, Enrique Kittsteiner , quien se hizo cargo de la relación con los consejeros regionales, pero por un tiempo muy breve, porque en febrero de 2013, se había detectado como eventual responsable y, por lo tanto, con muy pocas atribuciones de negociación.

Por ello, afirmó que hay una imprecisión cuando se habla de Enrique Kittsteiner como el jefe de gabinete del intendente.

Osvaldo Maldonado , contador auditor del Gobierno Regional de Valparaíso.

Respondiendo una consulta del diputado señor Squella sobre su relación con Enrique Kittsteiner , declaró que lo conoció en el Gobierno Regional. Recordó que Auditoría se entendía con la jefa de Gabinete del intendente, mientras que Kittsteiner tenía una relación más bien directa con el Consejo Regional. Era como el nexo que tenía el intendente. Su relación con Enrique Kittsteiner , era más bien ocasional, sólo temas menores. Aseguró que en algunas declaraciones de prensa había escuchado que el exjefe de Gabinete del intendente estaba en prisión preventiva, situación que calificó como no efectivo, porque la única persona que ostenta el cargo de jefa de Gabinete es Susanne Spichiger.

Marcia Oyarzún , colaborado del concejal Andrés Celis .

Recordó que en una oportunidad, al perecer en julio, habiéndole mandado una carta al intendente, a instancias del concejal Celis , el señor Kittsteiner le comunicó que habían sido aprobados todos los proyectos, por lo que cuando los dirigentes le consultaron, les dio la buena noticia. Sin embargo, acotó, cuando la lista se publicó en la página de la Intendencia, ninguno de los proyectos estaba aprobado. Incluso, pareció que no había servido haberle dicho al intendente, ya que nada ocurrió con los proyectos que deseaban favorecer.

Con posterioridad, habló con Enrique telefónicamente, quien la citó en su oficina. Luego de relatarte la situación, le respondió que no los había priorizado, a pesar de que cumplían con todos los requisitos, pero que los presentaran nuevamente en el siguiente llamado. Incluso agregó que no importaba que adaptaran la fecha. Asimismo, le pidió que no le comentara la situación al intendente, pues lo solucionaríamos entre ambos.

Continuó relatando que, no obstante, se lo informó a Andrés Celis , comentándole que le parecía muy raro que Kittsteiner tuviera esa capacidad de decisión, tanto para dejar los proyectos afuera como para volverlos a incluir. También se lo comunicó a Raúl Celis .

Sostuvo que eso nunca lo mandó por mail, sino personalmente, e ignora quién pudo haberlo enviado por correo.

Recordó que ese acontecimiento coincidió con la época de campaña y que le pareció muy raro que no se hubiese aprobado ningún proyecto, siendo que eran de facultad del intendente y estaban dentro de su monto de asignación, incluir estos proyectos como se había hecho en otras oportunidades. No le pareció normal que si el intendente había aprobado o sugerido cinco o seis proyectos, hubiesen sido todos rechazados. Incluso le comentó a Raúl Celis que le parecía extraño que Enrique Kittsteiner tuviera la carta que le había enviado al intendente.

Respondiendo al diputado señor Squella , señaló que, como las organizaciones no fueron priorizadas, le pareció extraño que Kittsteiner le propusiera como solución volver a postular. Afirmó que no dijo nada y permitió que las organizaciones decidieran si volvían a postular. Le pareció que se dejaba al intendente a un lado. Le dijo a Andrés Celis que me parecía muy raro solucionar el problema con Kittsteiner y que le iba a contar a Raúl Celis , aunque Andrés le solicitó que no le contara nada y que se soluciona entre los dos.

No recuerda si, finalmente, esas organizaciones terminaron adjudicándose algo. Esa información debe estar en los listados de la Intendencia.

Enrique Kittsteiner , ex jefe de gabinete de la Intendencia de la Región de Valparaíso.

Relató que ingresó a trabajar al Gobierno Regional en calidad de asesor del intendente, a honorarios, a mediados de enero de 2012. En ese rol de asesor le correspondió participar en la coordinación de las políticas o de los trabajos que se hacían con las diferentes divisiones del Gobierno Regional y con los consejeros regionales.

Manifestó su interés en que quedara claro que su rol era de asesor y nada más. No era “el administrador regional”, como se ha dicho, pues ese cargo no existe. Es más, agregó, se supone que una vez que asuman los nuevos consejeros regionales, la nueva ley considerará esa función; sin embargo, esa norma no está en vigencia. Por lo tanto, insistió, es muy claro que su rol era de asesor del intendente.

Recordó que cuando asumió, a mediados de enero de 2012, consultó cuáles eran las labores, una de las cuales era, precisamente, trabajar en conjunto con el intendente los requerimientos para los concursos del 2%. Entonces se enteró que era un sistema que venía funcionando desde hace bastante tiempo, pero con la salvedad que desde 2010 existe una disposición en la Ley de Presupuestos, que exigió que se dictara un reglamento para regular ese concurso. Además, este reglamento pasaba por el trámite de toma de razón de la Contraloría. Así entonces, precisó, este concurso del 2%, que viene siendo hoy el 6% porque comprende cultura, deporte y seguridad ciudadana, está regulado por un reglamento visado y aprobado por la Contraloría Regional.

Reiteró que su rol era de un funcionario a honorarios, asesor del intendente y nada más. No tenía la capacidad ni las atribuciones para aprobar proyectos, para votarlos, para asignar recursos o para firmar convenios. Agregó que, al ser un funcionario a honorarios, no estaba obligado a rendir fianza o caución, pues no tenía bajo su custodia dinero alguno. Declaró que si aquí se pudo haber cometido algún error, en lo personal, no dice relación con ese tipo de cosas.

Nelson Contador , Consejero Regional por San Felipe .

Frente a una consulta de la diputada señora Molina , en relación a la participación de Kittsteiner en la priorización de proyectos cuando el intendente se había ido de vacaciones, aseguró que nunca hubo una reunión con Kittsteiner en la que pudiera tratar de confeccionar algo o que llevara un listado y señalara que esos eran los proyectos que se priorizarían. Insistió en que no tiene conocimiento de aquello, por lo menos, en todas las reuniones en las que participó.

11) FONDOS REGIONALES PARA UNIVERSIDADES

Raúl Celis Montt , Intendente de la Región de Valparaíso (20102014).

Respecto de los recursos para la Universidad del Mar, aseguró que lo desconoce. No tiene conocimiento de que dicha institución haya sido favorecida con un proyecto de Cultura y Deporte, aunque le parece que ello no ha ocurrido, al menos en los últimos cuatro años. Sí lo fue la Universidad de Viña del Mar. Habría que preguntar al gobierno regional si ha sido favorecida la Universidad del Mar y con cuánto.

Nelson Contador , Consejero regional por San Felipe .

Aseguró que no puede afirmar si en 2012 existían Core que habían prestado funciones en alguna de las universidades que se adjudicaron proyectos. Sin embargo, agregó, en 2013 estuvo a su cargo el FIC y fue absolutamente riguroso, pues entonces se aprobaron 15 proyectos, y en una entrevista le manifestó al intendente que no estaba de acuerdo con la evaluación, porque el concurso se debía resolver con aquellos que no tenían observaciones, mientras que seis de ellos, tenían reparos. Continuó relatando que en el pleno del Consejo se acordó aprobar solo nueve, pues los otros seis no estaban en igualdad de condiciones para ser elegidos. Con esa situación, se perdieron $900 millones del FIC, pero era preferible dejarlos en saldo caja que adjudicarlos malamente.

12) DENUNCIA DE VECINOS DE ZAPALLAR

En sesión ordinaria de fecha 10 de septiembre de 2014 expusieron ante la Comisión la señora María Herrera Figueroa y el señor Cesar Ramírez Navia , ambos de la agrupación de vecinos de Zapallar y alrededores.

El objeto de su exposición versó sobre las transferencias efectuados desde el gobierno regional a la Municipalidad de Zapallar para la ejecución de los proyectos “Borde Costero de Zapallar” y “Mejoramiento iluminación plaza de Catapilco, comuna de Zapallar” y las supuestas irregularidades que se habrían producido en esos procesos.

Como consecuencia de lo anterior, la Comisión acordó los siguientes oficios:

1) Al Intendente Regional de Valparaíso, señor Ricardo Bravo Oliva , para solicita informe respecto al número y monto de transferencias efectuados desde el Gobierno Regional de Valparaíso a la Municipalidad de Zapallar para la ejecución de los proyectos “Borde Costero de Zapallar” y “Mejoramiento iluminación plaza de Catapilco, comuna de Zapallar”.

La respuesta a esta consulta fue evacuada mediante Oficio Ordinario N° 3161, de fecha 10 de octubre de 2014, en el que remite los antecedentes solicitados incluyendo egresos y cartolas bancarias que dan cuenta de los montos transferidos a la Municipalidad' para su ejecución, los que ascendieron a $28.530.000 y $40.264.500 respectivamente.

2) Al Subsecretario de Desarrollo Regional, don Ricardo Cifuentes Lillo , para solicitar la misma información que a la Intendencia de Valparaíso. A la fecha de entrega de este informe no se había recibido respuesta.

3) Al Fiscal Jefe de la Fiscalía Local de San Felipe, don Osvaldo Basso Cerda , para consultar si se habría recibido algún antecedente o denuncia de parte de la señora María Herrera Figueroa o del señor Cesar Ramírez Navia , en relación con las eventuales irregularidades que se habrían producido en la municipalidad de Zapallar y que serían materia de investigación judicial. En caso afirmativo, se solicita la remitir los antecedentes que correspondan.

Dicha Fiscalía respondió con fecha 22 de septiembre de 2014, informando que no se registra ninguna denuncia o antecedente recibidos de parte de la señora María Herrera Figueroa o del señor Cesar Ramírez Navia en relación a irregularidades producidas en Municipalidad de Zapallar. Agrega que la Fiscalía, mantiene una investigación reservada bajo RUC N°

12005979054 por el delito de FRAUDE AL FISCO respecto de determinados funcionarios de la misma Municipalidad, a cargo del Fiscal Adjunto señor Eduardo Fajardo de la Cuba .

13) ACTUACIONES DEL EX INTENDENTE DE VALPARAÍSO RAÚL CELIS

Raúl Celis Montt , Intendente de la Región de Valparaíso (20102014).

Respecto de si en algún momento he pensado en renunciar al cargo de intendente regional, afirmó que en ningún momento, y menos como consecuencia de lo acontecido, porque cuando ocurren hechos irregulares la obligación no es solo denunciar, sino que tratar de investigar las responsabilidades hasta el final.

Relató que el 4 de febrero se detectaron los hechos irregulares y a partir de ello se realizó el informe del auditor, el sumario y la suspensión de Sergio Núñez . Aproximadamente en marzo, el Ministerio del Interior estuvo al tanto de lo que estaba ocurriendo.

Entre febrero y noviembre, cuando públicamente se cita a audiencia de formalización a Núñez y Kittsteiner , fue una etapa de la investigación donde se necesitaba tener pruebas, porque una cosa es tener una sospecha de una irregularidad y otra probarla.

Aseguró que fue un periodo muy desagradable, particularmente entre septiembre y noviembre, porque tenía a Kittsteiner prácticamente sin facultades, con sospecha cierta de su participación, pero consciente que para armar el caso no podía dar señales de demasiado conocimiento, hasta que a fines de septiembre se le pidió que relatara los acontecimientos, a lo que Kittsteiner respondió que había sido engañado por Sergio Núñez .

Obviamente, es responsabilidad del intendente tratar no sólo de detectar los hechos, sino que, por muy desagradable que sean, avanzar al máximo en la investigación.

En 2009 se recibió 993 proyectos aprobados; en 2010, 472; en 2011, 546; en 2012, 708. O sea, en promedio más de 600 o 650 proyectos de Cultura, Deporte y Seguridad Ciudadana son aprobados. Obviamente, se recibieron solicitudes de la totalidad de los alcaldes de la región, y de muchos concejales. Incluso, del mismo diputado Núñez , a propósito de la Unidad Pediátrica del Hospital San Camilo, de San Felipe, para priorizar proyectos que ya han superado diversos requisitos de admisibilidad y de fondo. Es decir, se elige dentro de lo que es elegible, no dentro de proyectos que no han superado las etapas de admisibilidad en cuanto a forma y fondo.

Declaró no tener ni el más mínimo compromiso de ninguna especie. Compromiso pudo haber tenido Marcia Oyarzun , que no es una niña, sino una mujer de cerca de 70 años, pero ello no le implica al intendente ningún tipo de compromisos.

Hay muchísimos manuales de procedimiento. María Teresa Blanco mostró por lo menos veinte. Sin embargo, se puede tener los mejores procedimientos y reglamentos del mundo, pero cuando falla el elemento humano, lo único que se puede hacer es lo que se hizo. O sea, detectarlo, denunciarlo y condenarlo.

Aseguró que tan pronto se tuvo conocimiento de esos hechos, fueron denunciados al Ministerio Público y a los tribunales de justicia; incluso, antes de lo que el propio intendente hubiera preferido. Recordó que en esa oportunidad, el ex intendente De la Maza fue a un medio de comunicación regional para avisar que la Intendencia tenía esos antecedentes en su poder, lo cual le obligó a acelerar los tiempos, aunque señaló haber preferido armar mejor el caso, lo que no significa que el señor De la Maza haya actuado mal.

Prosiguió señalando que a comienzos de 2013, tomó conocimiento de esas irregularidades, solicitó una auditoría, inició las investigaciones sumarias, se habló con los jefes de bancada, se corrigió los procedimientos, se separó inmediatamente a Sergio Núñez de sus labores, y se puso en conocimiento al Ministerio del Interior. Observó que no separó inmediatamente al Kittsteiner, porque no tenía pruebas, por lo que declaró haber hecho, en palabras de Enrique Silva Cimma, “Todo lo que un funcionario público puede hacer respecto de hechos que aparezcan como irregulares.”.

Señaló que, normalmente, la responsabilidad se mide con la relación de culpabilidad. Debe existir un elemento subjetivo de la negligencia, de la culpa o del dolo. Aseveró no tener conocimiento de las estupideces que estaban haciendo los Núñez , Kittsteiner y compañía. Pero, insistió, tan pronto tomó conocimiento fueron denunciadas a las autoridades correspondientes.

Agregó que considera importante señalar que un hecho que le ha sorprendido es haber recibido ataques provenientes de todo el espectro político, ya que las denuncias manchan a todos los partidos. En ese contexto, precisó, es fundamental aclarar que las denuncias no las presentó solo, pues denunció a los funcionarios de Renovación Nacional involucrados, pero los casos que vincularon a personas cercanas al Partido Socialista o a la Democracia Cristiana, fueron presentados por los propios partidos, fue una denuncia ciudadana.

En ese sentido, continuó, algunos grupos y un sector de la prensa han intentado no estimular la denuncia, es más, inhibirla, porque para una autoridad pública es mucho más fácil, teóricamente, no denunciar las irregularidades. Ejemplificó que, podría haber interpretado que el oficio donde se indicaba que tres instituciones estaban en la misma manzana no era ilegal y concluir que había que dejar de lado el asunto.

Por lo tanto, subrayó, es muy importante para que la opinión pública recupere la confianza en las instituciones del Estado que tenga la certeza de que si se efectúa una denuncia será investigada, es decir, hay que estimular las denuncias. Sin embargo, observó, tiene la impresión de que hay un sector al que le interesa inhibir las denuncias, confundir, tratando de empatar algunas cosas que, la verdad, no tienen mayor sentido.

14) ACTUACIONES DE RENE LUES, EX SECRETARIO EJECTIVO DEL GORE DE VALPARAÍSO Ruth Cohen , secretaria Cultura y Deportes del Gobierno Regional.

Relató que estuvo presente durante la denuncia de irregularidades que realizó el Centro Comunitario del Cerro al Mar, al que se le había enviado un oficio de cobranza por rendición. Manifestó desconocer el trámite que se siguió y, en ausencia del entonces encargado de la unidad de Cultura, Jorge Arquero , le citaron como administrativa a una reunión en el piso

19, donde se encontraban el auditor Ricardo Provoste , Sussane Spichiger , el abogado Urenda , la presidenta de la organización y su hermana, de quienes no recuerda el nombre.

Escuchó entonces el testimonio de la presidenta quien denunció no tener conocimiento de toda la formulación, ejecución y montos utilizados en el proyecto. Aseguró que estaba muy afectada y sostuvo que había firmado, acompañada por la tesorera, pero que el dinero había sido entregado a otra persona que no tenía relación con la organización. Lo describió como un arreglo extraño.

Calificando de efectivo el relato de los hechos conocido por el diputado señor Urrutia , se afirmó que la persona que pidió declarar y denunciar esta grave irregularidad fue Claudia Margarita Ramírez Leiva , quien asistió acompañada de su hermana. La institución era el Centro Comunitario del Cerro al Mar, cuya presidenta, de acuerdo a los registros del municipio, al momento de la denuncia y en la actualidad, era Paola Catalán Reyes , que fue candidata a concejal por la comuna de Viña del Mar. La tesorera del Centro Comunitario era Magdalena Reyes Valenzuela, madre de la presidenta.

Estas personas trabajaron en la campaña del candidato a alcalde y posteriormente a CORE, René Lues . La reunión referida por la Sra. Cohen tuvo por objeto recibir el relato de graves irregularidades respecto del retiro de $14.264.000 y, posteriormente, $21.000.000, correspondientes a los proyectos “Escribiendo Nuestra Historia Local Construimos Identidad en el Siglo XXI” y “Vida, Salud y Recreación”, presentados por ese Centro Comunitario.

La señora Claudia Ramírez sostuvo que le llegó información que los mencionados proyectos no estaban rendidos ante el Gobierno Regional, lo que le causó mucha inquietud, procediendo a consultar a Paola Catalán y René Lues acerca de la situación, quienes le afirmaron que los proyectos se encontraban en trámite de rendición y que no se preocupara porque todo era legal, según Lues Escobar .

Después, llegó Paola Catalán a la casa de la señora Ramírez Leiva con las fotos y boletas de los proyectos, expresándole que se iban a rendir. Afirmó tener conocimiento de que el destino de los recursos de estos fueron actividades realizadas con personas por un monto total de $21 millones en el centro de eventos Doña Anita de Olmué , y la compra de computadores, que no han sido rendidos, por $14.264.000, los cuales se encuentran en la casa de Pamela González, y que a estas actividades llegaba a saludar René Lues Escobar , quien era candidato a alcalde de Viña del Mar.

Respecto del vínculo laboral entre la organización y la señora Ramírez Leiva , expresó que en un comienzo desempeñó funciones sin recibir remuneración y, recién, en 2013, comenzó a trabajar de manera remunerada para la agrupación, sin emitir boletas, puesto que estas las hacía el tío de René Lues, el señor Tamin Escobar .

Expuso que con posterioridad al robo de su teléfono celular, su cuenta de Facebook, donde mantenía registro de las conversaciones entre ella y René Lues Escobar y Paola Catalán Reyes , relativas a estos hechos, fue hackeada por lo que perdió toda la información. Y aunque le pidió a Lues los documentos y papeles de respaldo de los proyectos en los cuales se había involucrado, hasta el día de hoy no se los entrega.

Al final, agregó que los dineros aparentemente fueron gastados en el centro de eventos Doña Anita de Olmué .

Raúl Celis Montt , Intendente de la Región de Valparaíso (20102014).

Otra arista de los problemas fue la recepción de una denuncia del Secretario Ejecutivo actual del CORE, Enrique Astudillo , quien remitió al intendente un oficio de la subcomisión de investigación del mismo Consejo Regional, señalando que el audio de una sesión plenaria, en la que se priorizaron proyectos de cultura, deporte y seguridad ciudadana, no coincidía con el acta y con la certificación del secretario ejecutivo de la época, René Lues , en el sentido de que el audio indicaba un determinado número de proyectos calificados para votación y el certificado y acta añadían proyectos que no fueron aprobados por el Consejo Regional.

También se da el caso de proyectos que fueron leídos, en el entendido de que se trataba de un solo proyecto, cuando en realidad había dos proyectos con el mismo nombre.

Precisó que en materia de actas, el CORE tiene un secretario ejecutivo, quien es ministro de fe. Él firma las actas, también el intendente, pero son sometidas a la votación y aprobación del consejo regional.

La existencia de actas con proyectos que no fueron aprobados según el audio de la sesión respectiva es un hecho nuevo, denunciado por Enrique Astudillo , actual secretario ejecutivo, y que fue entregado al abogado principal de la Intendencia para que hiciera las revisiones correspondientes, y luego determinar qué se hacía con esa información. Lo más probable es que tenga que derivarse a la fiscalía.

El problema está en los certificados que dan cuenta de qué es lo que se aprueba. Es posible que existan proyectos que no fueron evaluados, pero como se trata de una situación nueva, no se puede asegurar.

Ha habido dos secretarios ejecutivos, René Lues y Enrique Astudillo , a partir de mediados de 2012. La única persona que podría haber agregado un proyecto no aprobado es el secretario ejecutivo del CORE. No hay otra opción.

Precisó luego que el tema de la diferencia entre el audio y las actas de las sesiones en que figuraban varios proyectos que no habían sido ni siquiera tratados, fue una denuncia de los propios consejeros de una subcomisión, llamada Subcomisión Fraude. Ellos entregaron los antecedentes al secretario ejecutivo, Enrique Astudillo , para que los hiciera llegar al intendente, quien los traspasó al abogado del Gobierno Regional, Héctor Valenzuela , para que los chequeara, porque al menos un proyecto no figuraba y beneficiaba justamente a esas instituciones que aparecen como sospechosas.

El secretario ejecutivo debía dar lectura a los proyectos que se iban a votar. Era una lectura muy genérica, en la que se daba a entender que se iba a votar un proyecto determinado, por ejemplo, “análisis de las consecuencias del delito”, pero resulta que este proyecto se iba a dictar dos o tres veces. Entonces, esa fue la otra observación que formularon los consejeros regionales.

Todo eso fue antes del período de Enrique Astudillo. El Secretario Ejecutivo anterior fue René Lues .

Enrique Kittsteiner , ex jefe de gabinete de la Intendencia de la Región de Valparaíso.

Refiriéndose a las actas revisadas por el actual secretario ejecutivo del Consejo Regional, Enrique Astudillo , en las que hay proyectos que nunca fueron aprobados, afirmó que Astudillo no reemplazó a Sergio Núñez (que fue Augusto Munchmeyer) , sino a René Lues , y que desconocía qué pudo haber ocurrido en ese caso. Aseveró que desde que ingresó al Gobierno Regional estuvo presente en todas las sesiones y que le constaba que la aprobación consideraba el informe que daba el presidente de la comisión de los consejeros regionales, quien daba lectura de cada uno de los proyectos y, posteriormente, los sometía a votación. Después de eso, se levantaba el acta.

El acta era confeccionada por el secretario ejecutivo, quien es el ministro de fe del Consejo Regional. Insistió en que desconocía qué había ocurrido en esa situación y observó que el sistema de audio y de grabación usados es muy malos. Tal vez, opinó, se pudo haber saltado la lectura; tal vez faltó algún proyecto que algún consejero quiso incorporar, pero eso ya depende de la persona que está actuando como ministro de fe, y en ese punto prefirió no pronunciarse.

Contraloría General de la República, Informe 51/2013 Gobierno Regional de Valparaíso, 21 abril 2014.

Sobre las actividades desarrolladas en el “Centro de Eventos Doña Anita”, la Contraloría Regional señaló que del examen practicado a las rendiciones de cuentas de proyectos de las organizaciones “Agrupación Cultural Artística Recreativa y Ecológica Recrearte”, “Centro Comunitario Alcanzando Sueños”, “Centro Comunitario del Cerro al Mar”, “Centro Cultural Rucamanqui” y “Comité Habitacional My Dream House La Calera”, se constató que se rinden facturas emitidas por el “Centro de Eventos Doña Anita”, ubicado en la comuna de Olmué, por concepto de atención de los participantes.

Del análisis efectuado a los listados de asistencia que presentaron las organizaciones, se detectaron nombres de beneficiarios incluidos en más de un proyecto. Se entrevistó a 112 de ellos, los que declararon lo siguiente:

45 expresaron que la rúbrica que figura junto a su nombre no es de su autoría, comprobándose que 34 de ellos corresponden al proyecto denominado “Deporte y Entretención

Saludables Para el Corazón”, organizado por la “Agrupación Cultural, Artística , Recreativa y Ecológica Recrearte ”

39 manifestaron haber participado sólo en una ocasión, sin recordar el nombre de la actividad, no obstante aparecen en más de una nómina, en el mismo, o distintos proyectos

Los siguientes beneficiarios indicaron no haber participado en las actividades realizadas en el “Centro de Eventos Doña Anita”:

[18]

Luego, analizadas las directivas de algunas de las organizaciones, se determinó que uno o más de sus miembros figuraban ocupando distintos cargos entre ellas. Los casos detectados fueron:

[19]

Sobre la participación de candidatos a cargos de elección popular, el informe señala que de los testimonios obtenidos se evidenció que durante el desarrollo de las actividades de los proyectos en el “Centro de Eventos Doña Anita”, que se indican a continuación, ejecutadas durante el año 2012, participaron indistintamente los postulantes a cargos de elección popular de ese año, señores Christian Urízar , CORE y candidato a diputado; Héctor Lautaro Correa , candidato a alcalde de La Calera; René Lues , Secretario del CORE y candidato a alcalde por Viña del Mar; Roxana Saavedra , Filomena Navia y Paola Catalán Reyes candidatas a concejales de las comunas de Hijuelas, La Cruz y Viña del Mar, respectivamente.

[20]

Agregó que 60 personas señalaron haber concurrido a las actividades realizadas en el citado “Centro de Eventos Doña Anita”, reconocieron la participación del Secretario Ejecutivo del CORE de esa época, don René Lúes Escobar , entre las cuales algunas manifestaron que el referido ex funcionario les entregó calendarios, afiches relacionados con su candidatura, solicitado su apoyo y voto en las elecciones municipales de ese año.

Consignó que los proyectos “Vida y Salud Con Alegría”, “Mente Sana En Cuerpo Sano” y “Vida, Salud y Recreación”, ejecutados por las organizaciones “Centro Comunitario Alcanzando Sueños” y “Centro Comunitario del Cerro Al Mar”, respectivamente, en los cuales se denunció la participación del citado ex Secretario del CORE, los dos primeros de ellos fueron ejecutados entre febrero y abril de 2012, fecha en la cual éste ocupaba el referido cargo, actuación que vulneró el principio de probidad administrativa contemplado en el inciso primero del artículo 8° de la Constitución Política de la República, conforme al cual “El ejercicio de las funciones públicas obliga a sus titulares a dar estricto cumplimiento al principio de probidad en todas sus actuaciones”, principio que se encuentra regulado en la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, particularmente en su Título III y en su artículo, que dispone que el personal de la Administración del Estado estará impedido de realizar cualquier actividad política dentro de la Administración. Asimismo, el artículo 27 de la ley N° 19.884, sobre Transparencia, Límite y Control del Gasto Electoral, dispone que “Los funcionarios públicos no podrán realizar actividad política dentro del horario dedicado a la Administración del Estado, ni usar su autoridad, cargo o bienes de la institución para fines ajenos a sus funciones”.

El reporte afirma también que esas situaciones infringen el número 2 del instructivo de procedimiento adicional a las bases de deporte que rigen los concursos de que se trata, aprobados mediante las resoluciones exentas N° 330 y 364, de 2011 y 2012, respectivamente, que señalan que los proyectos durante su período de ejecución no podrán, por ningún motivo, apoyar actividades proselitistas de ningún tipo, ni destacar voluntades políticas ni religiosas.

En relación con el Proyecto “Recuperando Espacios y Fortaleciendo el Control Social” de la comuna de Nogales, el informe de Contraloría señaló que en declaración prestada por Petronila Moya Castro y María Jeria Bernal , presidenta de la Junta de Vecinos Escuela N° 32 y secretaria de la Junta de Vecinos “28 de septiembre”, respectivamente, manifestaron que en esas dos organizaciones beneficiadas con el proyecto denominado “Recuperando Espacios y Fortaleciendo el Control Social”, de la “Agrupación Cultural, Artística , Recreativa y Ecológica Recrearte ”, no se efectuaron las capacitaciones de seguridad ciudadana comprometidas en el proyecto.

También afirmaron estar disconformes con las obras de mejoramiento de los espacios públicos, pues en la Junta de Vecinos “Escuela N° 32”, sólo se procedió a la instalación de dos bancos, aunque ese proyecto, con un financiamiento aprobado de $ 28.000.000, para 6

Juntas de Vecinos, contemplaba la ejecución de obras de recuperación y mejoramiento de espacios, rehabilitación de lugares abandonados o de poca intervención, espacios incluyentes, seguros, sustentables y con entidad propia, como asimismo, capacitación, actividades cívicas y formativas. Esta realidad denunciada fue verificada en terreno por la propia Contraloría.

Antes de abordar el acápite de las conclusiones y proposiciones, cabe consignar que al respecto esta Comisión, con el propósito de sistematizar, coordinar y culminar de mejor manera su labor, acordó en sesión N° 10, de 03 de septiembre pasado, formar dos subcomisiones de trabajo:

1.- Elaboración de propuestas: Presidida por la diputada señora Marcela Hernando e integrada por los diputados señora Andrea Molina y señores Raúl Saldívar y Arturo Squella .

2.- Elaboración de conclusiones: Presidida por el diputado señor Osvaldo Urrutia e integrada por los diputados señores Giorgio Jackson y Marcelo Schilling .

Igualmente, al respecto la Comisión dejó expresa constancia que todos los integrantes de la misma podrán incorporarse a cualquiera de las subcomisiones señaladas.

V. CONSIDERACIONES, CONCLUSIONES Y PROPOSICIONES RECHAZADAS POR LA COMISIÓN.

Es preciso consignar que en la última sesión celebrada por esta Comisión Especial Investigadora, prorrogada legal y reglamentariamente, se procedió a discutir y votar las conclusiones y proposiciones que derivan del trabajo realizado en cumplimiento de su mandato.

En primer lugar, corresponde reglamentariamente referirse a las conclusiones y proposiciones presentadas ante esta Secretaría por el diputado señor Osvaldo Urrutia y la diputada señora Andrea Molina , que resultaron rechazadas por mayoría de votos.

Puestas en votación, a favor lo hicieron los diputados señores Joaquín Godoy , Arturo Squella y Osvaldo Urrutia y la diputada señora Andrea Molina .

En contra lo hicieron los diputados señores Marco Antonio Núñez , Luís Rocafull (en reemplazo del diputado señor Fidel Espinoza) , Raúl Saldívar , Marcelo Schilling (Presidente), Gabriel Silber y Víctor Torres .

Se abstuvo el diputado señor Giorgio Jackson .

El texto de las conclusiones y proposiciones rechazadas por esta Comisión Especial

Investigadora es del tenor que sigue:

“En virtud de los antecedentes y los considerandos anteriores, se concluye:

1.- Que una vez más, se han producido graves irregularidades dentro del Gobierno Regional de Valparaíso, en cuanto a la utilización de los recursos públicos, en especial los que dicen relación con el FNDR para la ejecución del 6% de iniciativas de cultura, deporte y seguridad ciudadana.

2.- Que las causas por fraudes al interior del Gobierno Regional de Valparaíso se han repetido en el tiempo de manera invariable y con connotación pública en distintas administraciones.

En este sentido, durante el gobierno del Presidente Eduardo Frei fue conocido por todos el caso de malversación de fondos , que tuvo como consecuencia la destitución del Secretario Ejecutivo del Consejo Regional de ese entonces, señor René Lues y la salida del Intendente Hardy Knittel (19941997) ; durante el mandato del Presidente Ricardo Lagos con el Intendente Luis Guastavino y el caso de los empleos brujos del PGE, Programas de Generación de Empleo, (20032006), con la Presidenta Michelle Bachelet y bajo la administración regional del Intendente Iván de la Maza y los Proyectos Fantasmas y sobrepago de proyectos (20082009); y finalmente durante el reciente mandato del Presidente Sebastián Piñera con el Intendente Raúl Celis , y el caso de las irregularidades en la asignación del 6% del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, correspondientes a Deporte, Cultura y Seguridad Ciudadana (2012), que son materia de la investigación de esta comisión.

3.- Que la descripción anterior da cuenta de una organización defectuosa del Gobierno Regional, que ha sido permisible a la comisión de irregularidades por parte de funcionarios y autoridades de distinto nivel dentro de la administración regional.

4.- Que en este orden de cosas, ha quedado de manifiesto la existencia de un mecanismo y organización destinada a defraudar dentro del Gobierno Regional, lo que fue establecido por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Valparaíso en su sentencia con fecha 12 de agosto en que se condena a Sergio Núñez , exjefe de la División de Administración y Finanzas del Gobierno Regional, Enrique Kittsteiner y Claudio Uribe , como penalmente responsables de los hechos ocurridos en este último fraude al Gobierno Regional.

5.- Que la Constitución Política que hoy nos rige establece como una tarea exclusiva y excluyente de la Cámara de Diputados la de fiscalizar los actos de Gobierno, y una de las formas de fiscalización es la creación de comisiones especiales investigadoras que buscan establecer responsabilidades políticas respecto de quienes se han desempeñado como funcionarios políticos. Por tanto, debemos señalar que la responsabilidad política la entendemos como el deber que tienen los funcionarios políticos que señala la Constitución de ser cuestionados y de explicar ante esta Cámara las acciones u omisiones en que incurran y que dañen el interés público.

6.- Que como consecuencia de lo dicho, es necesario y fundamental analizar la conducta y actuaciones del exintendente Raúl Celis , y en este sentido es importante ser categórico que los hechos que constituyen el denominado Fraude en el Gobierno Regional de Valparaíso, que contó con la participación de miembros del GORE, fueron denunciados personalmente por el ex intendente Raúl Chelis .

7.- Es en efecto, una vez finalizadas las instancias administrativas relativas al ejercicio del control jerárquico por parte del Intendente, y al corroborar junto con el Consejo de Defensa del Estado que las irregularidades administrativas que fueron detectadas al interior del servicio podían tener caracteres de delito, es el propio ex intendente el que formula personalmente las denuncias ante el Ministerio Público. Es gracias a estas denuncias que la justicia logró la condena de 3 personas, 2 de ellas con penas efectivas privativas de libertad de 10 y 8 años, las más altas aplicadas hasta ahora por los tribunales de Justica en causas por defraudaciones al fisco.

En particular, las medidas adoptadas por la autoridad que permitieron que estos casos de corrupción se hicieran públicos y que la justicia pudiera condenar a los responsables son principalmente las siguientes:

a) El ex intendente Celis al tomar conocimiento del caso Quilpué, a propósito de la identificación de cuatro organizaciones con un mismo domicilio, lo cual presumía la ocurrencia de irregularidades administrativas, solicitó ese mismo día un informe al Departamento de Auditoría del Gobierno Regional, indicando que requería que constaran por escrito los hallazgos que se generaran.

b) De acuerdo a la información recibida del Departamento de Auditoría, con la cual se presumía la participación de Sergio Núñez en el caso Quilpué, el exintendente ordenó instruir en forma inmediata sumario administrativo en su contra, procediendo a tomar declaración ese mismo día y siendo suspendido a partir de ese momento de sus funciones.

c) En razón de la situación detectada, y la corrección de los procedimientos ordenados, el exintendente Celis ordenó a los Jefes de División acelerar el proceso de mejora y traspasar los fondos concursables a la División de Análisis y Control de Gestión, como asimismo que fuesen revisados los procedimientos concursales. Como resultado, el 11 de marzo de 2013 el exintendente comunicó, en reunión con todo el personal del Gobierno Regional, del cambio de funciones y responsables de este tipo de proyectos, como también de los avances del plan de mejoras del Gobierno Regional de Valparaíso.

d) Detectadas las diferencias existentes en el procedimiento de rendición de las organizaciones que se adjudicaron proyectos, en un hecho sin precedentes, el exintendente Celis ordenó que se enviaran cartas de cobranza a aquellos beneficiarios de fondos que no hubieren presentado sus rendiciones de cuentas, fijándose plazos para cumplir con esta obligación e indicando que de no presentar la documentación o si la rendición era insatisfactoria, se remitirían los antecedentes para la cobranza por parte del Consejo de Defensa del Estado. Es importante reiterar que nunca un Intendente Regional de Valparaíso había adoptado medidas tan drásticas al respecto.

e) Con los resultados de los procedimientos administrativos concluidos y la opinión del Consejo de Defensa del Estado, en cuanto a que los hechos objeto de la investigación administrativa debían ser conocidos por los tribunales de justicia, el exintendente decide formular las respectivas denuncias ante la justicia ordinaria.

f) Es así como el 22 de Julio de 2013 el exintendente presentó ante el Ministerio Público una denuncia, entregando todos los antecedentes que daban cuenta que el señor Sergio Núñez , entre otros aspectos, podría haber obtenido beneficios económicos personales al favorecer con su intervención transferencias desmesuradas de recursos de la glosa de Cultura y Deporte al Club Deportivo Los Leones y entidades relacionadas, en las cuales, como se indicó, participarían ex empleadores del señor Núñez .

g) En relación a lo anterior, el día 26 de agosto de 2013, el exintendente presentó una nueva denuncia al Ministerio Público, que complementó la denuncia anterior y planteó específicamente el caso de la organización Valparaíso Joven y el Club Deportivo Nueva Era, que en conjunto se habían adjudicado 4 proyectos del Fondo de Seguridad Ciudadana y uno del Fondo de Deportes, totalizado un cifra $174.600.000, agregándose que los proyectos asignados a Valparaíso Joven, que totalizaban $134.700.000, a esa fecha no habían sido rendidos.

h) Con los antecedentes referidos precedentemente, el Consejo de Defensa del Estado interpuso querella en contra de Sergio Núñez, Enrique Kittsteiner , Claudio Uribe y otros involucrados en el caso de los fondos recibidos por la organización Valparaíso Joven , obteniendo sentencia condenatoria para los 3 ex funcionarios antes citados.

8.- Que a lo anterior se suma que la máxima autoridad regional dispuso una serie de medidas administrativas destinadas a mejorar el sistema y evitar que se produjeran fraudes como los ocurridos en el pasado. En este sentido se implementó un plan de mejoras, a objeto de instaurar medidas de control para resguardar el correcto uso de los recursos públicos, estableciéndose distintos procedimientos, instrucciones y circulares para el personal del Gobierno Regional. Asimismo, contó con un número importante de manuales de procedimiento que regulan el actuar, definen responsabilidades y contienen medidas de control interno con el propósito de minimizar los riesgos inherentes al manejo de altos fondos. Esto en virtud de las recomendaciones que se hicieron a raíz de la investigación en el primer fraude a la intendencia. (Ver anexo).

9.- Que lo señalado en los puntos 6, 7 y 8 da cuenta de que el exintendente Celis adoptó medidas necesarias y recomendadas para evitar situaciones como las descritas, sin embargo, la maquinación del fraude fue elaborada de forma tal, que los involucrados lograron burlar las medidas de control que habían sido establecidas por la autoridad, ( aunque después los propios controles internos lograron identificarlos), ya que en su comisión no sólo participaron los funcionarios públicos del Gobierno Regional que fueron condenados y otros que están siendo investigados, sino que para que operara, necesariamente, debía contar con el beneplácito de algunos integrantes del Consejo Regional.

10.- Que todo lo expresado en los considerandos 6, 7 y 8, da cuenta de una situación muy diferente a la ocurrida en el primer fraude a la Intendencia de Valparaíso que fue investigado por esta Cámara de Diputados. Así lo señala el informe final de dicha comisión: “Aun cuando las auditorías internas y externas, arrojaron un cúmulo de observaciones, las autoridades y jefaturas no tomaron las providencias necesarias para salvarlas y perseguir las responsabilidades”. La actitud antes descrita es diametralmente opuesta a la que tuvo el exintendente Raúl Celis en relación a su antecesor y que ya fue descrita en los considerandos anteriores.

11.- Que las irregularidades investigadas en esta Comisión es posible sistematizarlas de acuerdo a las comunas en las que se ejecutaron los proyectos adjudicados. Así entonces, con el objeto de ser más gráfico en la atribución de responsabilidades políticas en cada arista de la investigación, se analizan a continuación los casos de irregularidades conocidos por la comisión:

a) CASOS IRREGULARES DE QUILPUÉ.

En este caso se evidenció que las instituciones Club Deportivo Nueva Era, Club Deportivo Los Pinos, Club Deportivo Sol del Pacífico y Club Deportivo Los Leones figuraban con una misma dirección, Plutón 1863 , comuna de Quilpué, que correspondía a la dirección del Colegio Los Leones.

Según establece el informe de Contraloría y el auditor del Gobierno Regional de Valparaíso señor Maldonado , la estructura de propiedad de este colegio figuraba Carlos Saavedra Lyng , con un 50% de participación dentro de la estructura societaria. A su vez, Saavedra figuraba como socio en el Grupo K, al cual prestó servicios Núñez como gerente de Operaciones, de acuerdo al currículo que este presentó para ingresar al Gobierno Regional.

Las organizaciones vinculadas en el caso global eran el Club Deportivo Colegio Los Leones, Club Deportivo Sol del Pacífico, Club Deportivo Nueva Era y Club Deportivo Los Pinos, los que en total, entre 2010 y 2012, en el marco de esta glosa del 2%, se adjudicaron proyectos por un monto de $275.220.630. En este mismo sentido, según conoció la comisión, se cuestiona la entrega en comodato de un bus adquirido por la municipalidad, para el uso del Club Deportivo los Leones, según hace referencia el informe de Contraloría.

Una vez finalizada la instancia destinada a atribuir la responsabilidad administrativa y acreditar fehacientemente los hechos, el exintendente presentó ante el Ministerio Público una denuncia, entregando todos los antecedentes que daban cuenta que el señor Sergio Núñez , entre otros aspectos, podría haber obtenido beneficios económicos personales al favorecer con su intervención transferencias desmesuradas de recursos de la glosa de Cultura y Deporte al Colegio Los Leones y entidades relacionadas, en las cuales, como se indicó, participarían ex empleadores del señor Núñez .

Actualmente el señor Núñez se encuentra condenado por la justicia.

Con los antecedentes aportados, la Comisión arriba a la conclusión que la participación del señor Núñez debió contar, al menos, con el conocimiento de Consejeros Regionales que aprobaron los distintos proyectos cuestionados, los cuales serían políticamente responsables de los hechos aquí descritos. Sin embargo, previamente es necesario que la justicia ordinaria se pronuncie respecto de estos casos, que actualmente están siendo investigados.

b) CASO VALPARAÍSO JOVEN.

De la investigación se concluyó que la organización “Valparaíso Joven”, se adjudicó tres proyectos, Seguridad Ciudadana, por la suma de $94.700.000 de los cuales no se tuvo a la vista las respectivas cotizaciones que sustenten estas sumas.

Se pudo comprobar además que ningún proyecto relacionado con fondos para iniciativas de Seguridad Ciudadana, concurso verano 2013 contó con la evaluación pertinente, ni se logró evidenciar la constitución de las respectivas comisiones de admisibilidad y de evaluación, en función de lo que establecen las respectivas bases y reglamento que regulan el llamado a concursos de estos fondos.

Por este caso, la justicia ordinaria condenó a Enrique Kittsteiner , exjefe de gabinete de la Intendencia, a la pena de cinco años de presidio menor en su grado máximo como cómplice de malversación de caudales públicos, además de 3 años y un día como autor de fraude al Fisco.

Sin perjuicio de la condena criminal del señor Kittsteiner , esta comisión considera que sus actuaciones fraudulentas debieron ser conocidas, acordadas y aprovechadas por miembros del Consejo Regional, para de esta manera aprobar los proyectos que el señor Kittsteiner sometía a consideración del consejo, a espaldas del exintendente Regional. Sin embargo, antes de establecer la responsabilidad política de aquellos miembros del Consejo que pudieran estar implicados, es necesario que la justicia ordinaria se pronuncie, atendido a que existes investigaciones pendientes.

c) CASO LA CALERA.

Con fecha 30 de abril, mediante Memorándum Reservado 16, se da cuenta al señor intendente eventuales irregularidades proyectos relacionados con las organizaciones: Centro Cultural Rucamanqui, Centro de Madres Nueva Ilusión, Agrupación Cultural, Artística , Recreativa y Ecología Recrearte y Comité Habitacional My Dream House La Calera.

En este caso, según estableció la Contraloría en su investigación estas organizaciones utilizaron el centro de eventos “ Doña Anita ” para realizar sus actividades, en las cuales participaban candidatos a cargos de elección popular de ese año, entre los cuales se encontraba Christian Urízar , CORE y candidato a diputado por el distrito 10, Héctor Correa , candidato a Alcalde de La Calera, René Lues , Secretario del CORE y candidato a Alcalde de Viña del Mar y Roxana Saavedra , Filomena Navia y Paola Catalán , candidatas a concejales de las comunas de Hijuelas, La Cruz y Viña del Mar, respectivamente.

Respecto a lo anterior, esta Comisión condena la participación de todos los candidatos mencionados, quienes aprovechando la instancia descrita anteriormente, utilizaron los proyectos que se financiaron con recursos fiscales para realizar actividades relacionadas con sus campañas electorales. Sin perjuicio de la responsabilidad administrativa que les pueda atribuir, esta Comisión Investigadora concluye que quienes actualmente ejercen cargos públicos son los responsables políticos de las actuaciones descritas.

d) CASO VIÑA DEL MAR.

De los hechos denunciados e investigados por la Contraloría, así como por los antecedentes y declaraciones allegadas a esta comisión, es posible establecer fehacientemente la responsabilidad del ex Secretario Ejecutivo del Consejo Regional y actual Consejero, señor René Lues , como el principal articulador de un sistema que permitió financiar la campaña de distintos candidatos que se consignan en el informe de Contraloría, como la suya propia. En efecto, dentro de los antecedentes que dispone esta comisión, el informe señala expresamente que 60 personas señalaron haber participado en actividades en el Centro de Eventos Doña Anita, en el cual el señor Lues “les entregó calendarios, afiches relacionados con su candidatura, solicitando su apoyo y voto en las elecciones municipales de ese año”.

Tratándose de los proyectos “Vida y Salud con Alegría, “Mente Sana en Cuerpo Sano” y “Vida Alcanzando Sueños” y “Centro Comunitario del Cerro al Mar”, respectivamente en los cuales se denuncia la participación del citado ex Secretario del CORE, “los dos primeros de ellos fueron ejecutados entre febrero y abril de 2012, fecha en la cual éste ocupaba el referido cargo, actuación que vulneró el principio de probidad administrativa contemplado en el inciso primero del artículo 8 de la Constitución Política de la República, conforme al cual “El ejercicio de las funciones públicas obliga a sus titulares a dar estricto cumplimiento al principio de probidad en todas sus actuaciones”, principio que, además, se encuentra regulado en diversas disposiciones de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, particularmente a las contenidas en su Título III y el artículo 19 de la citada ley, que dispone que el personal de la Administración del Estado estará impedido de realizar cualquier actividad política dentro de la Administración, en tanto que al artículo

27 de la ley N° 19.884, sobre Transparencia, Límite y Control del Gasto Electoral, ordena que “Los funcionarios públicos no podrán realizar actividad política dentro del horario dedicado a la Administración del Estado, ni usar su autoridad, cargo o bienes de la institución para fines ajenos a sus funciones”.

Las situaciones antes descritas infringen, además, el numeral 2 del instructivo de procedimiento adicional a las bases de deporte que rigen los concursos de que se trata, aprobados mediante las resoluciones exentas N° 330 y 364, de 2011 y 2012, respectivamente, que señalan que los proyectos durante su periodo de ejecución no podrán, por ningún motivo, apoyar actividades proselitistas de ningún tipo, ni destacar voluntades políticas y religiosas.

En cuanto al ejercicio de su cargo como Secretario Ejecutivo del Consejo Regional, el señor Lues no cumplió debidamente su función, ya que en virtud de los antecedentes que obran en esta comisión fue negligente en su deber de custodiar los registros de audio de las sesiones del Consejo. Asimismo, según se pudo comprobar, el señor Lues adulteró las actas de las sesiones para beneficiar a proyectos determinados, en perjuicio de otros que en la sesión respectiva fueron aprobados, según constaba en los registros de audio que desaparecieron.

De esta manera, se pudo establecer que el señor Lues es parte de la maquinaria creada para aprobar proyectos en beneficio de ciertas personas o instituciones determinadas.

Es más, en su rol de Ministro de Fe del Consejo, él podría haber perfectamente haber puesto en conocimiento de la justicia las situaciones fraudulentas, sin embargo, esto no fue así, por lo cual la justicia deberá determinar si él cometió un delito en ejercicio de su cargo.

Respecto al ejercicio de su función, es necesario recordar que durante el mandato del Presidente Eduardo Frei , el señor Lues ejercía el mismo cargo de Secretario Ejecutivo del Consejo Regional, siendo destituido en el marco de las investigaciones del conocido caso Malversación de Fondos (1997)”.

VI. CONSIDERACIONES, CONCLUSIONES Y PROPOSICIONES APROBADAS POR LA COMISIÓN.

Luego, se deja constancia que ante esta Secretaría se presentaron dos cuadernos. Uno de proposiciones y el segundo de conclusiones y proposiciones, que fueron debatidos, puestos en votación y aprobadas, de la forma que sigue:

I.- Propuestas presentadas por la diputada señora Marcela Hernando y por los diputados señores Arturo Squella y Raúl Saldívar .

Fueron aprobadas por unanimidad, con los votos de los diputados señores Joaquín Godoy ,

Giorgio Jackson, Marco Antonio Núñez , Luís Rocafull (en reemplazo del diputado señor Fidel Espinoza) , Raúl Saldívar , Marcelo Schilling (Presidente), Gabriel Silber , Arturo Squella , Víctor Torres y Osvaldo Urrutia y de las diputadas señoras Marcela Hernando y Andrea Molina .

El texto de las proposiciones aprobadas por esta Comisión Especial Investigadora, es el siguiente:

“PROPUESTA PARA PREVENIR EL MAL USO DE FONDOS DE DESARROLLO REGIONAL CUYO DESTINO ES FOMENTAR EL DESARROLLO DE LA CULTURA; DEL DEPORTE; SEGURIDAD CIUDADANA Y SOCIAL Y REHABILITACION DE DROGAS EN ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL”

Con la finalidad de optimizar el proceso de asignación de estos recursos se proponen las siguientes modificaciones a la normativa actual:

1.- Respecto del Fondo a distribuir, el CORE (Consejo Regional) deberá dividir este Fondo en dos, definiendo un porcentaje para el concurso de organizaciones Privadas sin Fines de Lucro (Fondo A) y un porcentaje para el concurso de Municipios o Asociaciones de municipios (Fondo B).

1.1.- En el caso del 2% susceptible de dedicar a proyectos de seguridad ciudadana, se deberá destinar un mínimo de 70% para organismos públicos. Se podrá postular para la ejecución de planes comunales de seguridad.

1.2.- Para el 2% de cultura y el 2% de deporte: ninguno de los porcentajes (privado vs público) deberá exceder del 60% ni ser menos del 40%.

1.3.- Hacer un llamado anual a concurso público para la distribución de cada uno de estos fondos que componen el 6%, todo ello de manera diferida y antes de cada 31 de diciembre.

2. FONDO A:

2.1.- En los recursos destinados a financiar las iniciativas de Instituciones Privadas sin fines de Lucro, se propone que el Gobierno Regional (entendido como el CORE + Intendente), efectúe una distribución a nivel global para cada municipio, teniendo presente en el proceso de distribución lo señalado en el artículo 19, letra f) de la ley N° 19.175 Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional; las Estrategias Regionales de Desarrollo y las Políticas Regionales relacionadas con estas materias, aprobadas por el Gobierno Regional; y las orientaciones señaladas en la glosa específica contenida en la Ley de Presupuestos del Sector Público.

2.2.- Se sugiere que del fondo para organizaciones privadas, los municipios puedan destinar un porcentaje para proyectos que sólo busquen financiamiento de la operación de estas organizaciones y podrá establecer montos tope para estos efectos.

2.3.- Los municipios convocaran a concurso a las Instituciones Privadas sin fines de lucro, utilizando Bases, visadas por los Gobiernos Regionales.

2.4.- Las postulaciones de las Instituciones Privadas sin Fines de Lucro, se efectuarán a través de la Plataforma Electrónica www.chileindica.cl, administrada por la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, con postulaciones ciegas e incorporación a través de formato digital de todos los antecedentes del concurso. Esta plataforma digital determinará la admisibilidad respecto de requisitos administrativos. De esta forma se garantiza la transparencia y el control ciudadano de los concursos.

2.5.- Efectuado el concurso, el Alcalde presentará al Concejo Municipal, el listado de las iniciativas declaradas admisibles, y una propuesta de priorización para su aprobación. Posteriormente informará al Intendente sobre los resultados del concurso, proponiendo las instituciones e iniciativas aprobadas y priorizadas. Esta etapa es la que define la pertinencia técnica, social y política de los proyectos.

3. FONDO B:

3.1.- Los gobiernos regionales (CORE más intendente regional) convocarán a concurso a los municipios y asociaciones de municipalidades, utilizando BASES TIPO elaboradas por la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere).

3.2.- La evaluación de admisibilidad administrativa la hace la plataforma www.chileindica.cl administrada por la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere).

3.3.- Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere).

3.4.- La evaluación de admisibilidad respecto de pertinencia técnica la hace el pleno del Consejo Regional (CORE).

3.5.- Efectuado el concurso el Intendente regional presentará al Consejo Regional (CORE), el listado priorizado de las iniciativas declaradas admisibles, para su aprobación. Posteriormente informará PÚBLICAMENTE sobre los resultados del concurso.

4.- Otras medidas administrativas:

4.1.- La Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo conjuntamente con la Dirección de Presupuestos, anualmente elaborará un instructivo que enviará a los Gobiernos Regionales, señalando los criterios básicos que deben contener los reglamentos que regulen los concursos y en especial en cuanto a los procedimientos a seguir para hacer operativa la distribución del 6% del FNDR en cada una de sus tres categoría (cultura, deporte y seguridad ciudadana).

4.2.- Con la finalidad de regular los recursos destinados a financiar gastos operacionales y administrativos dentro de las iniciativas, se propone establecer restricciones en términos de porcentaje (máximo 20%) al financiamiento de estos gastos.

4.3.- Para regular el financiamiento de iniciativas a Instituciones Privadas sin Fines de

Lucro que se constituyan sólo para obtener los beneficios de estas iniciativas se propone:

4.3.1.- En el caso de organizaciones nuevas (menos de 1 año) se deberá exigir un aporte mínimo del 20% del total del proyecto;

4.3.2.- Las organizaciones con trayectoria acreditada mayor a 1 año no requerirán dicho aporte.

4.4.- Aumentar los controles y fiscalización en términos del cumplimiento de las exigencias establecidas en la ley N° 19.862, que establece registros de las personas jurídicas receptoras de fondos públicos.

5.- Fortalecimiento legal y administrativo de la unidad de control interna de los gobiernos regionales, en especial respecto de sus competencias y capacidades funcionarias.

6.- Creación de un organismo de carácter autónomo, que se ocupe exclusivamente de atender y fiscalizar asuntos de probidad en el gobierno regional, integrado por funcionarios designados por el sistema de Alta Dirección Pública.

7.- Se efectúe una auditoría externa al Gobierno Regional, a lo menos dos veces en cada período del mismo, a petición del Intendente Regional o del Consejo Regional.

8.- Solicitar a S.E. la Presidenta de la República considere y materialice estas propuestas y recomendaciones en un proyecto de ley y en medidas administrativas concretas”.

II. Conclusiones y proposiciones presentadas por el diputado señor Marcelo Schilling .

Fueron aprobadas por mayoría de votos.

A favor lo hicieron los diputados señores Giorgio Jackson, Marco Antonio Nuñez , Luis Rocafull (en reemplazo del diputado señor Fidel Espinoza) , Raúl Saldívar , Marcelo Schilling (Presidente), Gabriel Silber y Víctor Torres y la diputada señora Marcela Hernando .

En contra lo hicieron los diputados señores Joaquín Godoy , Arturo Squella y Osvaldo

Urrutia y la diputada señora Andrea Molina .

El texto de las conclusiones aprobadas por esta Comisión Especial Investigadora, es el siguiente:

“CONCLUSIONES

Al tenor de los hechos que han sido recabados por la comisión consistente en las declaraciones del exintendente CELIS, KITTSTEINER , LUES, RODRÍGUEZ , ARQUEROS , MALDONADO , CONTADOR, URIZAR , etc.

Los documentos recabados durante el funcionamiento de la comisión investigadora.

La sentencia dictada por el Tribunal de Juicio Oral RIT 185 – 2014, actualmente firme y ejecutoriada.

El hecho reiterado de graves denuncias y hechos investigados relacionados a malversación de fondos en la Intendencia y el Gobierno Regional de Valparaíso.

1.- LA ORGANIZACIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL COMO CASO PARADIGMÁTICO DE UNA ORGANIZACIÓN DEFECTUOSA.

Una organización defectuosa es aquella que carece de un adecuado modelo organizativo o mecanismo de prevención, en otras palabras, es aquella que ha facilitado o no ha impedido que sus funcionarios hayan realizado un hecho delictivo singular; será ese defecto de organización concreto lo que constituya el hecho delictivo propio del organismo. Esta cultura institucional defectuosa fomenta la realización de hechos irregulares.

Lo anterior se manifiesta en la denuncia de irregularidades en el Gobierno Regional en el proceso de asignación de fondos concursables, que se expresan en los casos correspondientes a las comunas de Valparaíso, Viña del Mar, Quilpué , La Calera, en que se persigue determinar las actuaciones del Intendente Regional, el jefe de Gabinete del Gobierno Regional, y el secretario ejecutivo.

La comisión investigadora ha recibido indicios que permiten efectuar una inferencia sobre los graves problemas que afectan al gobierno regional: en los siguientes aspectos:

a) Asignación de fondos concursables en materia de cultura, deportes y seguridad ciudadana:

Existen diversos testimonios, como el del auditor OSVALDO MALDONADO , quien manifestó lo siguiente:

“Primero los hechos demostraban que don Sergio era responsable de seguridad ciudadana, los convenios tenían su mosca y trataron de visualizar los actores del proceso y en la fase investigativa hubo un correo electrónico que proporcionó Patricia Freire y mostraba que Sergio instruía al concurso T” de segundo semestre del año 2012 de seguridad ciudadana, cultura y deportes estaba bajo dirección de planificación. Al ver los proyectos solo vieron eso, las carpetas no estaban con actas de comisiones de admisibilidad ni evaluación. Analizadas las bases eran condición necesaria y suficiente para que se asignaran esos proyectos”.

Las irregularidades en los procesos de concursos se acreditan según lo que expresa la testigo MARIA TERESA BLANCO:

En el primer concurso trabajaron ambas divisiones, con Sergio. El concurso 1 se llevó a cabo en mayo de 2012 si mal no recuerda. Finalizó en mayo, comenzó en marzo o abril de 2012. El Fiscal exhibe documentos (41) es el acta de comisión de admisibilidad de 16 de mayo de 2012. Esa acta la hizo ella, postularon 83 proyectos, del sector público quedaron 12 y del sector privado quedaron 4. O sea quedaron 16 de un total de 83. Página 6) ese es el checklist que se hacía, se trata de documentación, es para el sector privado. Página 12) en la primera columna sale el total de proyectos recibidos dentro de plazo 83, el 64% corresponde a privados y el 35% a sector público, hay un proyecto sin monto. En la segunda línea el número de proyectos que cumplió con la admisibilidad o sea el checklist, 12 para el público y 4 para el privado. Después venía la comisión de evaluación, estaba integrada por los tres jefes de división y esa no alcanzó a constituirse. Cuando salió el resultado de esta comisión, presentaron estos resultados en la comisión de educación y cultura del CORE, ella no se vinculaba con esa comisión.

En la comisión deberían estar solamente los participantes, pero asistían todos los consejeros que querían informarse y estaban casi todos, cuando ella presentó los resultados, no tenía gran vínculo y generalmente discutían, ha sido una de las cosas que quiere borrar en su vida profesional, los consejeros la trataron muy mal en esa ocasión, antes decían que ella era solo técnica y no política y lo menos que le dijeron es que demostrara que los dos magíster que tenía no se los había ganado en un sorteo.

Puede apreciarse, además, como práctica habitual por parte de las organizaciones que postulaban a estos fondos de solicitar entrevistas con el exintendente, tal como se desprende del testimonio judicial del representante de la organización Arte y Música Reñaca , exalmirante Juan Carlos Toledo :

“La primera reunión la tuvieron con el intendente con la intención de salvar el colegio alemán, esto fue con el intendente Celis y les señaló que veía con agrado que entraran a estos fondos y que de ahí en adelante podían hablar con Enrique Kittsteiner su jefe de gabinete. Hablaron con él desde hace unos 3 a 4 años, antes hablaron con el señor anterior, no recuerda el nombre, era el antiguo jefe de gabinete. El intendente les señaló que debían entenderse en adelante con Kittsteiner, al término de la reunión le indicaron que iban a postular al fondo del 2%, esto partió el año 2010. En algunas oportunidades hablaron con Celis de los proyectos en su oficina. Sus relaciones con Kittsteiner eran muy cordiales, difícil de conversar con él era difícil porque estaba muy ocupado, le fueron a preguntar cuándo iban a ser los concursos, cuando se iba a realizar la tercera temporada en octubre, ellos en septiembre pidieron asignación pero no quedaron en ese concurso y preocupados por esta situación le preguntaron a Kittsteiner que había pasado y dijo no quedaron y le dijo a su hijo, no a él pero vamos a ver modo de entregarles fondos de seguridad ciudadana, esto fue el año 2012”.

En cuanto a las modalidades de pago de los recursos resulta importante señalar lo afirmado por la Jefa de Finanzas, ELIZABETH MONTENEGRO , a propósito de los pagos efectuados el año 2012 en materia de seguridad ciudadana:

“Se le instruyó que proyectos debía pagar primero, el 8 de octubre se le indica que debe crearle a cuatro proyectos asignación presupuestaria, dos de la fundación Jaime Fillol cada uno por 34 millones y dos para Valparaíso Joven uno por 30 y otro por 40 millones de pesos. Esto lo pidió Núñez por mail. (43) es una nómina del Banco Estado se hizo transferencia a través de pagos masivos, sale SIFTE y se carga en el banco y se indica la cuenta corriente y monto, lleva un número que le da el sistema y se dice de donde es la nómina, es del FNDR de seguridad ciudadana. Abajo va el nombre de la institución, fue subida el 18 del 10 de 2012 a las 14:43 horas”

b) “Cuoteo” o equidad territorial. Incompatibilidad de este criterio, conforme al principio de probidad:

Al respecto se puede mencionar el testimonio del imputado del señor SERGIO NUÑEZ en la sentencia RIT 185 – 2014.

“…Hay 3, administración y finanzas, planificación y desarrollo y análisis de control y gestión, las tres personas son de confianza exclusiva del Intendente Regional. En cada una de las 3 divisiones había un jefe. A planificación y desarrollo estaba adscrita la unidad de cultura y deportes, ellos llamaban a esos concursos. El habló de un cuoteo político en su declaración, al no ser concurso público jugaba con las personas y que muchas personas quedaba fuera de participar, esto era un cuoteo político, el 2% del gobierno regional destinado a cultura cerca de 1.000 millones de pesos fue cuoteado políticamente y otros 1.000 millones de pesos para deportes. Hasta que él está en prisión preventiva esto nadie lo conocía e incluso fue negado. En su declaración lo señala al señor fiscal, no sabe qué ha pasado con esto. Como se repartía el cuoteo. El 30% para el intendente y el 70% restante se dividían en 28 cuotas iguales para cada consejero regional. Cada uno de los dueños de su cuota podían elegir libremente que proyecto le interesaba dentro del concurso y se iba cargando a su cuota, el manejo del control de esas cuotas lo manejó el jefe de la división de planificación y desarrollo señor Luis Alberto Rodríguez , luego un secretario técnico de la comisión de cultura y deporte, olvidó su nombre y de noviembre de 2010 en adelante recae en su persona. Él era ejecutivo de la cuenta desde noviembre de 2010 en adelante para que cada uno no se sobrepasara en su cuota que se habían asignado porque los gobiernos regionales y las partidas presupuestarias se gastan hasta el 100%, no se puede exceder.

Por otro lado, hay que tener presente lo que afirma el EXINTENDENTE RAÚL CELIS en este mismo tema:

El detalle exacto de las cuotas él no lo manejaba, el jefe de gabinete sabía lo de las cuentas. Mejor derecho en un 30% al intendente y mejor derecho del 70% de los consejeros. En ese reglamento se habla de esta distribución territorial, lo ignora si se dice allí. El consejo debe adoptar medidas para que hubiera distribución territorial, se suprimieron los marcos territoriales y se aplicó equidad de 30% para el intendente y el 70% restante para los consejeros, eso guardaba armonía con el sistema antiguo de los marcos provinciales. No se señala este criterio de distribución, debía adoptarse medidas para que el principio de equidad territorial se vea en la práctica. Esa norma de repartición del 30% y 70% no está escrita.

2.- LA ORGANIZACIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL COMO CONTEXTO DE IMPUTACION.

Efectuada la constatación de graves problemas de organización, resulta acreditado el hecho público y notorio vinculado a las graves irregularidades detectadas durante los últimos siete años en la Intendencia de Valparaíso, que han significado investigaciones y juicios por los delitos de malversación y fraude de los recursos públicos destinados a FNDR.

En este sentido, y sobre la base de la investigación desarrollada resulta necesario explicar el origen de la materialización en un período corto de tiempo, de sendos escándalos de corrupción en el Gobierno Regional.

En términos fenomenológicos, se trata de aprehender estos hechos a objeto de precisar el estatus en que pueden encasillar estas conductas, es decir, por una parte si tales conductas se incardinan en un SISTEMA DE INJUSTO SIMPLE, es decir, “relaciones entre individuos organizadas hacia fines injustos”, como podría ser el acuerdo de dos o más funcionarios para incurrir en conductas antijurídicas. En este sentido un sistema de injusto será simple en la medida en que el sistema se halle organizado “hacia un fin común a través de la voluntad de los individuos”, en otras palabras se trata de un grupo de sujetos que se proponen la realización de un delito conjuntamente al margen de factores institucionales.

Otra posibilidad, es entender los hechos objetos de esta investigación, son expresivos de un SISTEMA DE INJUSTO CONSTITUIDO, que a diferencia del caso anterior, se explica en tanto su organización adquiere una “configuración institucional duradera mediante una constitución o unos estatutos”. EN ESTE PUNTO, cuando se señala a LA ORGANIZACIÓN COMO CONTEXTO, a nivel de la estructura de imputación es relevante frente a la pregunta de la configuración y distribución de la responsabilidad. Para el injusto constituido de una institución (o empresa con tendencia criminal), por su parte, los factores determinantes serían los siguientes: el peligro potencial de la organización, mecánica o lógicamente dispuesta para la respectiva prestación; el déficit de la respectiva estructura organizacional; una filosofía institucional criminógena (aprobar proyectos fuera de las base, no realizar comisiones evaluadoras, modificar puntajes asignados, cuotear los recursos disponibles, establecer mecanismos de discrecionalidad para priorizar proyectos, etc.); y una erosión de la noción de responsabilidad por la acción individual.

En este sentido es posible afirmar las nefastas CONSECUENCIAS DE UN DEFECTO ORGANIZACIONAL, que se traduce en una doble función de garantía de ilicitudes que desempeña la organización: por una parte, la garantía de la pervivencia del riesgo creado por cada miembro, así como la garantía de la conexión de dicho riesgo con aquel generado por los intervinientes en un determinado hecho delictivo particular. En otras palabras, la situación del Gobierno regional en cuanto organismo encargado de la asignación de recursos, es demostrativo de los altos riesgos institucionales en los procesos de asignación de recursos en todos los niveles del proceso administrativo, siendo los propios funcionarios los que asimilan estos defectos contribuyendo a su pervivencia en el tiempo.

El significado preciso de la variable organizacional en este ámbito es demostrativo que se trataría, de “un sistema de acumulación institucionalizada de aportaciones individuales favorecedoras de la ejecución de los delitosfin en el seno de la organización que es el Gobierno Regional.

Las declaraciones de Sergio Nuñez dan cuenta de este defecto, como se citó en el punto anterior, “Yo hablé de un cuoteo político, esto en vez de ser concursado, fue cuoteado políticamente (al menos 2 mil millones), 30% el señor intendente y el saldo restante para los consejeros regionales; cada uno elegía que materia interesaba”; la declaración del AUDITOR OSVALDO MALDONADO , por su parte, afirmó que “más de 70 proyectos estaban con problemas”. En este sentido, el defecto organizacional ha actuado como fuente de posibles ilícitos.

3.- INFRACCIÓN DE DEBERES POR PARTE DE LA MÁXIMA AUTORIDAD REGIONAL.

Sobre el cúmulo de antecedentes se puede establecer: que durante el mes de febrero de 2013, los organismos de auditoría del Gobierno Regional, detectaron una serie de irregularidades en la rendición de la organización Valparaíso Joven y otros proyectos, mientras durante el avance de la investigación se menciona la entrega de antecedentes al Consejo de Defensa del Estado para obtener restituciones por los fondos asignados; en el mes de Julio de 2013, la jefa de gabinete del Intendente, Sra. SPICHIGER, habría tomado conocimiento de la utilización de facturas ideológicamente falsas para la rendición de los proyectos adjudicados a la citada organización, las que habían sido proporcionadas por CESAR MELLADO, funcionario del Gobierno Regional. Sin embargo, sólo a fines del mes de agosto de efectúa la denuncia ante el Ministerio Público (como se desprende de copia de la denuncia a la fiscalía).

Las infracciones se pueden separar en los siguientes hechos y circunstancias:

a) Uso abusivo de la delegación como mecanismo de elusión de responsabilidad por parte del exintendente CELIS:

1.- Delegación de funciones en el señor SERGIO NUÑEZ :

2.- Cambio de María Teresa Blanco, por Sergio Nuñez , en la responsabilidad por el concurso de seguridad ciudadana el año 2012;

3.- Firma de convenios sin reparar en la reiteración de organizaciones adjudicadas y los montos adjudicados;

4.- Solicitudes de diversas instituciones que imputadas a la cuota del intendente no tenían posibilidad de financiamiento (citar correo Sra. Oyarzún, testimonios); financiamiento triangular mediante los fondos de seguridad ciudadana;

5.- Correo electrónico del año 2012, en el contexto de los concursos sobre deportes de MARCIA OYARZÚN a nombre del concejal Andrés Celis , según leyó en sesión el diputado señor Nuñez );

6.- Correo electrónico de julio de 2013 por el cual se solicita adjudicar proyecto de seguridad ciudadana a Fundación.

b) Infracción al deber de denuncia conforme a la regla del artículo 175 del Código Procesal Penal

Ha quedado establecido, a partir de los testimonios de MELLADO, SPICHIGER , CELIS, MALDONADO y VALENZUELA PEPE, que el 22 de julio de 2013, se acredita la utilización de facturas ideológicamente falsas para rendir los proyectos de la organización Valparaíso Joven, como lo expresa SPICHIGER “…a principio de junio de 2013 me informan de auditoría que había rendido los proyectos la organización… solicite que me llevaran los antecedentes me encontré que los antecedentes no se condecían con una organización seria, como ejemplo puedo decir que un proyecto de 40 millones estaba rendido con antecedentes de uno de 30… antecedentes que llaman la atención” (pista de audio 28’08’’).

Cabe señalar que sólo el 22 de agosto de 2013 se presenta la denuncia al Ministerio Público, por tales proyectos, es decir, casi un mes después, no obstante el mandato explícito del artículo 175 letra b) y el plazo fijado en el artículo 176 del Código Procesal Penal. Demuestra lo anterior el testimonio de SPICHIGER “…esos antecedentes derivan en que él (Mellado) haga un autodenuncia y el gobierno regional donde indica que él facilito estas facturas pero estos proyectos nunca se ejecutaron y en el servicio de impuestos internos con esos antecedentes para nosotros constituía delito y es la primera denuncia que se realiza en el ministerio público…” (Pista de audio 38’07’’). “su autodenuncio señala que las actividades no se realizaron y si no se realizaron difícilmente podían ser rendidas… creo que es en agosto el autodenuncio es de fines de julio… (Pista de audio 44’34’’).

Sobre el punto anterior hay que tener presente lo que el auditor MALDONADO señala en su testimonio judicial:

“Se trató de averiguar de quién era esa empresa y a mediados de junio descubrieron que era de César Mellado, funcionario de la intendencia del piso 18 y era auditor de pro empleo le parece, él no es contador auditor y ahí empieza una segunda revisión, habla con don César Mellado y le pide que le explique lo de las facturas. A Uribe le enviaba los reparos de las facturas por escrito y el quedaba de responderles conforme las observaciones solicitadas, en un momento les pide formalmente en una carta que le devuelvan la rendición de cuentas que habían presentado y el no accedió, no había procedimiento establecido para eso. César Mellado les dice que proporcionó esas facturas por unos servicios prestados, eso fue en una primera instancia. Se generó alarma en la gente y pasada las 18 horas en la oficina de Susanne, don César pide hablar con ellos dos, eran 4 en la oficina. Mellado dice abiertamente que estaba complicado porque Enrique Kittsteiner le pidió facturas para rendir proyectos del intendente y estaba complicado porque facilitó facturas exentas e iba a tener un problema tributario, estaba molesto en ese entonces, quería agredir físicamente a don Enrique Kittsteiner , ante lo cual el no habló del contexto, sino que solo dijo que era para rendir proyectos del intendente. Mellado presenta una autodenuncia en el SII donde informa que emitió facturas por servicios que no se habrían prestado. La resolución del sumario fue destitución, al final. La primera resolución fue suspensión del cargo, la Contraloría no tomó razón y propone la destitución y ahí informa que hay que disponer los antecedentes al Ministerio Público, esto fue abril, mayo de 2013”.

En este mismo sentido, respecto a las fechas de las denuncias la jefa de gabinete, SUSAN SPICHIGER , señalo:

“La denuncia es porque hay una auto denuncia señala que las actividades no se realizaron y por ende no podían ser rendidas, cree que fue en agosto porque la auto denuncia fue a fines de julio. Debía tener antecedentes de delitos además de irregularidades administrativas, las fechas parecen alejadas, en junio aparecen las rendiciones de estos proyectos en el gobierno regional y en julio Mellado hace una auto denuncia y es prueba de actividades no realizadas. La decisión de la denuncia es del intendente regional. Estaban ciertos de irregularidades administrativas por eso pusieron en conocimiento del CDE y cuando había constancia de delito se hizo la denuncia de inmediato”.

Cabe señalar, en este punto, que la denuncia en el Ministerio Público es del 22 de agosto de 2013.

En este sentido, la propia declaración judicial del intendente es indiciaria de contradicción con los elementos antes señalados:

“Caso de Valparaíso Joven explicó que era un tema civil pero cuando una persona se auto denuncia, inmediatamente presenta la denuncia. Factura falsa entre julio y agosto de 2013. La reunión con Ubilla fue en abril de 2013. A esa fecha tenía dudas de la actitud y comportamiento de Kittsteiner y por eso le dijo que pidiera facturas a Valparaíso Joven. Esto lo ponderó como un tema de rendición del proyecto. No recuerda fecha exacta de la denuncia de Valparaíso Joven. Ha tratado de ser riguroso en probidad”.

A propósito de la adjudicación del concurso por parte de la Organización Valparaíso Joven resulta contradictorio lo afirmado por el señor Raúl CELIS , en Agosto de 2013 ante el Consejo Regional, tal como se desprende de las Actas de las sesiones Nº 620 y Nº 621 del Gobierno Regional.

Requerido el Presidente del Consejo Regional sobre estos hechos, éste se limitó a afirmar que “…lo que se hizo fue despriorizar esos proyectos, no fueron pagados…” (p. 58, acta Nº 620, de 8 de Agosto de 2013), luego en la sesión Nº 621, nuevamente consultado por esta irregularidades, el Presidente del Consejo señala que “…puede que sean distintos concursos en distintas épocas, puede que en concursos anteriores se les hayan adjudicado proyectos, pero el concurso que le fue consultado fue despriorizado.” (p. 29, acta Nº 621, de 29 de Agosto de 2013).

c) Mantención de un modelo defectuoso de asignación de recursos.

Es un hecho público y notorio que la Fundación Puerto Ideas, en el contexto del caso relativo a la organización Valparaíso Joven, fue la que recibió, en una modalidad triangular, la suma de 15 millones de pesos, dineros que nunca fueron reintegrados.

En cuanto a la naturaleza de la entidad, el testimonio de FERNANDA ELUCHANS, en la causa RIT 185 – 2014 señala lo siguiente:

“Puerto Ideas es una organización privada que desarrolla iniciativas en el ámbito de la cultura, llevan tres versiones y este año hicieron una primera versión en Antofagasta. Se realiza todos los años el segundo fin de semana de noviembre, con conferencias, charlas, diálogos, en torno a la creatividad, ámbito humanista, científico, cada actividad tiene un valor de $1.500 pesos y también hay actividades gratis abiertas al público”.

Teniendo presente que la adjudicación de los fondos fue objeto de cuestionamiento en el proceso judicial mencionado, no deja de llamar la atención, que pese a existir un sumario administrativo en curso (febrero de 2013), la despriorización de los concursos postulados por Valparaíso Joven el 2013 y la desconexión entre los fines de la fundación (vinculada al ámbito cultural) con aquellos relativos a la seguridad pública, esta aparece postulando al concurso de seguridad ciudadana del año 2013, adjudicándose la suma de $9.999.488 millones, según se desprende de las transferencias efectuadas el 22 de octubre de 2013, como consta en la página de transparencia del GORE. Lo anterior era un hecho conocido por el señor intendente.

d) Infracciones normativas.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica de Gobierno y Administración Regional, corresponderá

Artículo 24.- Corresponderá al intendente, en su calidad de órgano ejecutivo del gobierno regional:

j) Velar por el cumplimiento de las normas sobre probidad administrativa contenidas en la

Ley Nº 18.575, en lo que corresponda;

Si tenemos presente que en el caso de la organización del Estado la regla sobre delegación prevista en el art. 41 letra d)

Artículo 41.- El ejercicio de las atribuciones y facultades propias podrá ser delegado, sobre las bases siguientes:

a) La delegación deberá ser parcial y recaer en materias específicas;

b) Los delegados deberán ser funcionarios de la dependencia de los delegantes;

c) El acto de delegación deberá ser publicado o notificado según corresponda;

d) La responsabilidad por las decisiones administrativas que se adopten o por las actuaciones que se ejecuten recaerá en el delegado, sin perjuicio de la responsabilidad del delegante por negligencia en el cumplimiento de sus obligaciones de dirección o fiscalización; y

e) La delegación será esencialmente revocable.

El delegante no podrá ejercer la competencia delegada sin que previamente revoque la delegación.

Podrá igualmente, delegarse la facultad de firmar, por orden de la autoridad delegante, en determinados actos sobre materias específicas. Esta delegación no modifica la responsabilidad de la autoridad correspondiente, sin perjuicio de la que pudiera afectar al delegado por negligencia en el ejercicio de la facultad delegada.

Sobre esta disposición la Contraloría General de la República ha señalado en el Dictamen

Nº 25.627 de 13 de mayo de 2010:

“Sobre este punto, cabe expresar que aun cuando la delegación es una institución aceptada y regulada específicamente en el artículo 41 de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, ello es sin perjuicio de la responsabilidad del delegante por la negligencia en el cumplimiento de sus obligaciones de dirección o fiscalización, lo que, según se desprende del expediente, ocurrió precisamente en la especie, por lo que mal puede ser una circunstancia eximente de responsabilidad. Además, como se dirá más adelante, dado que la autoridad deberá revisar su decisión de absolver al inculpado…”

El Intendente puede delegar los deberes en directivos y administrativos, es una cuestión fáctica. Por regla general hay delegación en cascada de deberes parciales y funciones. Cada uno tiene una posición de garante puntual de su actividad.

La gran pregunta de la atribución de responsabilidad es la delegación, y cuando se exime de responsabilidad es porque no todos pueden responder, porque si delego una función descargo responsabilidad, cuando delego transformo la naturaleza de la responsabilidad que delego, no es que me libere totalmente de responsabilidad. Los deberes ahora pasan a ser de vigilancia y control. Aquí radica precisamente el hecho que resulta imputable a la máxima autoridad regional: en los deberes de vigilancia que tenía respecto de sus subalternos, quienes se vieron involucrados en los hechos antes descritos por un incumplimiento del exintendente en tales deberes, por lo cual cabe a éste responsabilidad en todos los hechos que el presente informe consigna.

En suma, el exintendente don Raúl Celis Montt , tiene responsabilidad política inexcusable en la creación y/o mantención del clima organizacional que permitió los delitos e irregularidades administrativas investigados por esta Comisión: (1) al renunciar a sus facultades exclusivas de priorización de las carteras del proyecto del FNDR, en especial de la denominadas del 2% para cultura, deportes y seguridad; en beneficio de mantener las cuotas del 30% (para definición de intendente) y del 70% (para asignación por los Consejeros Regionales), permitiendo que las prioridades se definieran en otras instancias como comisiones ad hoc o formales; (2) al recomendar y aceptar que se financiaran proyectos de naturaleza diversa al fundamento de los distintos 2% del FNDR con fondos de fines específicos (proyectos de cultura con fondos de seguridad por ejemplo); (3) al cultivar la falta de control de las determinaciones de funcionarios de su confianza, nombrados por él, en la asignación de recursos a proyectos con fondos del llamado 2% del FNDR; 4) al no supervisar la existencia de mecanismos de fiscalización en la ejecución y rendición de cuentas de los proyectos aprobados; y 5) al no reaccionar oportunamente a la detección de irregularidades o delitos detectados en relación a las ejecuciones de proyectos financiados con el 2% del FNDR para deportes , cultura y seguridad, dando espacio a los intentos de regularizar a posteriori los hechos irregulares mediante la búsqueda de boletas o facturas falsas (caso de don Cesar Mellado).

Por otra parte, el CORE de la Región de Valparaíso, distorsionó o aceptó que se distorsionara gravemente su función y competencias, pasando a ser, de un organismo evaluador y decidor de las propuestas de priorización de proyectos del intendente, a un organismo de promoción de proyectos del 2% del FNDR.

Asimismo, el CORE de la Región de Valparaíso abandonó totalmente, como consecuencia de lo anterior, su rol de fiscalización de la asignación y ejecución de proyecto.

PROPOSICIONES

En este sentido se propone la creación de dos mecanismos intra y extra institucionales:

1.- Creación de un órgano administrativo autónomo, integrado por funcionarios elegidos por el sistema de alta dirección pública, cuyas funciones sea la identificación y análisis de eventuales riesgos para la comisión de delitos funcionarios y contra la probidad, con el objeto de prevenir su comisión. Lo anterior se justifica atendida la estructura de dependencia jerárquica de las unidades de auditoría existentes.

El nuevo órgano será responsable de identificar y analizar los riesgos para la comisión de delitos o graves infracciones a la probidad administrativa, en la Administración del estado y especialmente en el Gobierno Regional, atendido los cuantiosos recursos que maneja presupuestariamente. El proceso de análisis deberá ser efectuado al menos cada tres meses o cuando sea requerida su opinión.

Para que el organismo pueda efectuar dicha actividad, tendrá que desarrollar las siguientes tareas:

a) identificar los riesgos,

b) identificar los controles, c) evaluar los riesgos y

d) evaluar los controles.

Todo el proceso de identificación y análisis de riesgo será documentado por el encargado de prevención en la matriz de riesgos de cada repartición del Gobierno Regional. La matriz de riesgos es un documento, en el cual se identifican los riesgos de comisión de delitos y se establecen sus respectivos controles de mitigación.

Asimismo, se propone la creación de un mecanismo de control que identifique los riesgos en la comisión de ilícitos denominado “semáforo”, en que la luz roja signifique que el acto está prohibido; la luz amarilla, que para la ejecución del acto se requiere la opinión del órgano de prevención; y la luz verde, que el acto en cuestión no constituye riesgo para el órgano de la administración ni para sus funcionarios.

2.- Sistema especial de prevención, o “Mock down raids”. Se propone la realización de simulacros de comisión de irregularidades, que no sólo significa hacer auditorías sino también someter a ciertas funciones críticas de la administración en el manejo de recursos, a un monitoreo permanente de riesgos.

3.- Crear un sistema de denuncia. La Comisión Investigadora propone la creación de un sistema de denuncia de hechos que comprometan la responsabilidad administrativa o que revistan caracteres de delito a Contraloría General de la República o al Ministerio Público, según corresponda, por un funcionario especial y autónomo, denominado Oficial de Cumplimiento Institucional.

Proposición de actividades ad intra la organización. En este aspecto resulta fundamental:

1.- Creación instructivos y códigos de conducta. Estos documentos deben establecer con claridad los deberes funcionarios que deben estar a disposición de los funcionarios y de todos los particulares, en especial de aquellos que contraten con la administración, postulen a subsidios o aportes públicos o participen el proceso de licitación pública.

2.- Realizar capacitaciones. Será función del órgano de prevención de delitos efectuar capacitaciones a los funcionarios que estén bajo su control y de particulares que mantengan relaciones contractuales o de otra índole con la administración pública”.

Finalmente, la Comisión Investigadora acordó que forman parte de las conclusiones y proposiciones aprobadas las consideraciones que les sirvieron de fundamento.

VII. ENVÍO DE COPIA DEL INFORME DE LA COMISIÓN INVESTIGADORA.

La Comisión Investigadora acordó proponer a la H. Sala que se envíe copia de este informe a las siguientes instituciones públicas, con la finalidad que, de conformidad a su mérito, adopten las medidas conducentes a superar las dificultades detectadas en la investigación de esta comisión parlamentaria.

1) A S.E. El Presidente de la República, de conformidad con las disposiciones del artículo 58 de la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional;

2) Al Ministro del Interior y Seguridad Pública

VIII.- DIPUTADO INFORMANTE.

La Comisión Investigadora designó, por unanimidad, como Diputado Informante al señor Marcelo Schilling Rodríguez .

Tratado y acordado, según las actas correspondientes, en las sesiones de fechas 6 y 20 de mayo; 03, 10, 11, 18 de junio, 02 y 23 de julio; 06 de agosto; 03, 10 y 30 de septiembre, y 15 y 16 de octubre del año en curso, con la asistencia de los Diputados miembros de la Comisión señores(as) Marcelo Schilling Rodríguez (Presidente); Fidel Espinoza Sandoval ; Joaquín Godoy Ibáñez ; Marcela Hernando Pérez ; Giorgio Jackson Drago ; Andrea Molina Oliva ; Marco Antonio Núñez Lozano ; Gaspar Rivas Sánchez , Raúl Saldívar Auger ; Gabriel Silber Romo ; Arturo Squella Ovalle ; Víctor Torres Jeldes y Osvaldo Urrutia Soto .

Además, asistió el diputado señor Luis Rocafull López , en reemplazo del diputado señor

Fidel Espinoza Sandoval .

Sala de la Comisión, a 16 de octubre de 2014.

(Fdo.): ALVARO HALABI DIUANA , Abogado Secretario de la Comisión”.

28. PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LOS DIPUTADOS SEÑORES URRUTIA, DON OSVALDO ; SANDOVAL , Y DE LA DIPUTADA SEÑORA MOLINA

Fundamentos

Uno de los principales instrumentos de protección ambiental que contempla nuestra ley es el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SETA), reconocido y regulado en los artículos 8° y siguientes de la ley 19.300, de Bases Generales del Medio Ambiente. El perfeccionamiento de este instrumento, desde los inicios de la institucionalidad ambiental en Chile, ha significado mejoras sustantivas en cuanto a los efectos e impacto ambiental de miles de proyectos de inversión y desarrollo que se ejecutan actualmente en nuestro país.

En nuestro ordenamiento jurídico, la mayoría de los proyectos de desarrollo e inversión relevantes deben someterse a la evaluación ambiental previa, sea por Estudio o Declaración de Impacto Ambiental (EIA, DIA). Si bien cabe reconocer que existen algunas prohibiciones específicas a ciertos proyectos de inversión o desarrollo, la generalidad de las actividades comerciales pueden y deben someterse a la evaluación ambiental y a las eventuales condiciones y mejoras que la autoridad ambiental imponga a un determinado proyecto, con el objeto de proteger el patrimonio ambiental en cuanto interés común.

Sin embargo, en el último tiempo ha sido posible apreciar que la oposición a la realización de ciertos proyectos que pueden impactar negativamente el medio ambiente por parte de comunidades o grupos de personas con legítimos intereses, ha significado el retraso o rechazo de proyectos que han tenido la intención de llevarse a cabo en nuestro país. Estas oposiciones comienzan normalmente por la vía administrativa pero en muchos casos se extienden a la vía judicial, en donde tanto la comunidad que se opone al proyecto como su titular buscan resolver las diferencias que han existido durante la etapa de evaluación ante la autoridad ambiental.

Lo anterior parece más evidente cuando nos encontramos frente a proyectos que llevan años de tramitación y que incluso frente al otorgamiento de autorizaciones administrativas luego deben enfrentar serios reveses judiciales. Los casos recientes parecen recordarse rápidamente Punta Alcalde, Barrancones , Punta Piqueros, Castilla , Río Cuervo, por mencionar algunos pero si se retrocede en el tiempo la lista es bastante larga.

Con lo anterior no se pretende evitar la litigiosidad en materia ambiental como algo negativo per se. Todo lo contrario: muchas veces el recurso judicial es inevitable, dado los intereses antagónicos y no pocas veces irreconciliables entre las partes. Incluso, muchas veces será necesario para salvaguardar los intereses de aquellos más débiles frente a los efectos que acarrean los grandes proyectos de inversión.

Sin embargo, y reconociendo lo anterior, existe consenso en que parece positivo intentar evitar que ocurran litigios judiciales respecto de proyectos en etapas avanzadas de evaluación o incluso ya totalmente resueltos administrativamente. Desde luego, el rechazo judicial a proyectos de inversión que llevan años de tramitación implica un costo adicional para el inversionista, pero también un costo adicional para las comunidades y personas que se oponen a dicho proyecto. Ello porque solo se obtendrá un pronunciamiento judicial en la etapa final y luego de desgastantes instancias administrativas y judiciales, cuando el proyecto lleva varias etapas de evaluación. Esto implica también gastos para el erario público, consistente en más horas de profesionales y evaluación que finalmente irán a proyectos rechazados.

En este contexto, existen situaciones en donde el legislador puede buscar incentivos que permitan prevenir o solucionar tempranamente estas potenciales instancias de conflicto, otorgando acceso a la justicia ambiental a los interesados en etapas tempranas de la evaluación y antes que los proyectos avancen en el “tubo” o procedimiento de la evaluación ante el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA).

En efecto, a lo largo de la ley 19.300 es posible apreciar factores que contribuyen a fomentar o disuadir los conflictos ambientales en sede administrativa y judicial. Actualmente, uno lo de los factores que contribuyen a la litigiosidad ambiental se encuentra en el hecho que nuestra regulación ambiental contempla escasas instancias de reclamación judicial eficaz y temprana en donde los terceros eventualmente afectados por un proyecto de inversión como también personas que defienden legítimos intereses colectivos que pudieran verse afectados por dichos proyectospuedan acceder, dentro del procedimiento de evaluación, a las instancias especializadas de reclamación, es decir, a los Tribunales Ambientales.

Lo anterior se ve especialmente agravado en la siguiente circunstancia: muchas veces los titulares de proyectos recurren a ciertos vicios ya arraigados en el Sistema, uno de los cuales consiste en ingresar un proyecto mediante un estudio o declaración de impacto ambiental que a todas luces es insuficiente en cuanto a la información ambiental que proporciona a la autoridad evaluadora. Siendo la información que se acompaña insuficiente, la autoridad pedirá más antecedentes al titular, y así durante al menos dos oportunidades más (los llamados Adendas) en donde en la práctica ocurre muchas veces que el SEA “le hace” la evaluación al titular, coadyuvando con indicaciones de los posibles vacíos del proyecto y la forma en que se pueden subsanar de manera satisfactoria para la autoridad. Esto puede tomar meses o incluso años, pues el particular puede suspender el procedimiento (artículo 16 de la Ley de Bases del Medio Ambiente).

En este contexto, se alimenta la indefensión de los terceros comunidades, particulares posiblemente afectados que quieren conocer el proyecto, sus eventuales impactos ya que solo conocerán sus verdaderos alcances (por ejemplo la línea de base, el área de influencia y las medidas de mitigación de los principales impactos) una vez que la etapa de evaluación esté altamente avanzada. Si los particulares afectados deciden entonces impugnar el proyecto, éste ya se encontrará casi terminando en sede administrativa.

Actualmente, los artículo 15 bis y 18 bis de la ley 19.300 regulan esta situación pero de manera deficiente. Ambas normas, en su parte pertinente, establecen básicamente lo mismo: si el Estudio o Declaración de Impacto Ambiental carece de información relevante o esencial para su evaluación que no pudiere ser subsanada mediante aclaraciones, rectificaciones o ampliaciones, el SEA así lo declarará mediante resolución fundada, ordenando devolver los antecedentes al titular y poniendo término al procedimiento. Sin embargo, esta resolución sólo podrá dictarse dentro de los primeros cuarenta días contados desde la presentación del respectivo Estudio de Impacto Ambiental, o 30 días en casos de DIAs. Transcurrido este plazo, solo cabe completar la evaluación.

En la práctica, estas resoluciones son muy poco frecuentes, y tratándose de grandes proyectos mineros y otros de fuerte impacto ambiental, los servicios de evaluación ambiental aceptan la información proporcionada por muy insuficiente que aparezca, y prefieren “arreglar la carga en el camino”. A ello se suma que el plazo de 40 y 30 días que impone la ley a la autoridad ambiental es muy exiguo, y no es posible analizar un proyecto en ese plazo, ni aun para saber si cuenta con la información mínima. Esto perjudica a los terceros que se podrían ver afectados por el proyecto, que ingresa sin información suficiente para poder ser analizado por dichos terceros. Desde luego, ellos verán también minadas otras instancias por carecer de información relevante respecto del proyecto, especialmente la de participación ciudadana. Por lo demás, los particulares que puedan verse afectados son los más interesados en saber si el proyecto cumple o no con los requisitos mínimos para una adecuada evaluación ambiental.

Por otra parte, hoy los particulares no cuentan con recursos ante los Tribunales Ambientales para poder reclamar de esta situación. El hecho de no contar con estas herramientas de acceso a la justicia ambiental muchas veces solo acrecienta y mantiene la situación de conflicto, la que puede prolongarse muchas veces en perjuicio del bien común. Es por ello que resulta fundamental otorgar herramientas jurídicas adecuadas pero acotadas, razonables y eficaces que determinen y resuelvan situaciones de potencial litigiosidad antes que ellas adquieran dimensiones más complejas y que impidan soluciones oportunas y a bajo costo social, económico y administrativo.

De esta manera, el presente proyecto busca ampliar el plazo al SEA como autoridad de evaluación y también dar una instancia a los terceros que puedan verse afectados por un proyecto en el sentido de buscar una resolución judicial temprana y oportuna, de forma tal que si un proyecto es defectuoso y carece de información esencial para su evaluación sea rechazado y deba ingresar nuevamente al Sistema, pero con la información mínima necesaria.

Es por todo lo anterior que presentamos el siguiente:

Provecto de Ley

Artículo Único: Modifíquese el artículo 15 bis de la Ley N° 19.300, de Bases Generales del Medio Ambiente, en el siguiente sentido:

1) En el artículo 15 bis:

a) En el inciso segundo, se reemplaza donde dice “cuarenta días” y en su lugar se introduce “noventa días”.

b) Reemplázase el inciso final, por el siguiente:

“El titular y cualquier persona con interés podrán deducir recurso de reposición en contra de la resolución que se dicte, dentro del plazo de cinco días contado desde la respectiva notificación. En caso que el Director Regional o el Director Ejecutivo, según el caso, no dicten la resolución a que se refiere el inciso primero debiendo hacerlo, cualquier persona con interés podrá interponer recurso de reposición en contra de dicha omisión, en el plazo de 5 días contado desde el último día del plazo administrativo a que se refiere el inciso segundo. El recurso deberá resolverse dentro del plazo de veinte días. En contra de la resolución que resuelva el recurso podrá reclamarse ante el Tribunal Ambiental competente, en el plazo de 30 días”.

2) En el artículo 18 bis:

a) En el inciso segundo, donde dice “treinta días” se reemplaza por “sesenta días”.

b) Reemplázase el inciso final, por el siguiente: “En contra de esta resolución o su omisión podrá recurrirse en los mismos términos y plazos que lo dispone el artículo 15 bis inciso final”.

29. PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LOS DIPUTADOS SEÑORES FARCAS, CAMPOS, JIMÉNEZ , MEZA, MONSALVE , RINCÓN, SILBER , TORRES Y URÍZAR , Y DE LA DIPUTADA SEÑORA CARVAJAL , QUE “MODIFICA LA LEY N° 20.563, CON EL OBJETO DE ESTABLECER UN PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO PERMANENTE PARA REGULARIZAR AMPLIACIONES Y CONSTRUCCIONES DE ENTIDADES RELIGIOSAS”. (BOLETÍN N° 9684‐14)

“1.- Fundamentos.- En nuestro sistema jurídico, las reglas generales en materia de derecho urbanístico, se encuentran previstas en diversos continentes normativos siendo la ley orgánica de municipalidades y la ley general de construccciones la que establecen la regla general en materia de recepción de obras sobre la base que, ninguna obra podrá ser habitada o destinada a uso alguno antes de su recepción definitiva sea parcial o total.

Sin embargo, la realidad de la vida se ha encargado de verificar que diversos factores impiden la aplicación de esta regla general en ciertos contextos. En este sentido, son de público conocimiento, los positivos efectos de la Ley Nº19.583 (y con sucesivas prórrogas de vigencia mediante las leyes núm. 19.667 y 19.727), de ordinario, conocida como ley del mono, destinada a regularizar la construcción de bienes raíces urbanos sin recepción definitiva. Esta ley tuvo por objeto autorizar en forma excepcional, y por una sola vez, a través de un simple procedimiento administrativo, la regularización definitiva de ampliaciones o edificaciones ejecutadas sin cumplir con las exigencias de la ley de construcciones vigente. Más recientemente, se ha planteado ampliar este criterio, a microempresas, equipamiento social como fluye de la ley Núm. 20.563, y recientemente en actual tramitación la que prorroga y amplía el sistema de la ley Núm. 20.671 para regularización de viviendas sociales (Boletín 9.02914).

El hecho que una ampliación o construcción no esté regularizada, además de constituir una infracción a la ley, genera múltiples efectos negativos, tales como la imposibilidad de tramitar una patente municipal para el funcionamiento del taller o microempresa ubicado en una vivienda, y de acceder a créditos para el mejoramiento de la misma, menores ingresos para los municipios debido a que nos se pagan las contribuciones correspondientes a tales construcciones, etc. En estas condiciones por encontrarse en una situación irregular en ampliaciones y construcciones, hacen necesaria una revisión legislativa en la materia.

El propósito fundamental del presente proyecto de ley es autorizar en forma permanente la aplicación de este procedimiento simplificado, sin grandes desembolsos ni trámites complejos, para la regularización definitiva de ampliaciones o construcciones extendiendo el marco actual a las entidades religiosas en el entendido que el Estado garantiza el libre desarrollo de estas actividades que cumplen una importante función social. En este sentido creemos necesario por razones sistemáticas utilizar las expresiones propias de la ley Núm. 19.638 y superar las dudas interpretativas que presenta la norma vigente.

2.- Historia legislativa. La Ley Nº19.583 (y con sucesivas prórrogas de vigencia mediante las leyes 19.667 y 19.727) tuvo su origen en la moción de los Diputados Samuel Venegas , Ramón Elizalde , Carlos Montes , José Makluf , Francisco Encina , Rodolfo Seguel , Iván De La Maza, Juan Pablo Letelier , Ignacio Balbontín , Hosain Sabag , (Boletín 187314), que entre sus fundamentos señalo “la necesidad de enfrentar decididamente la superación de la pobreza que aún azota a sectores importantes de nuestra población” de ahí que se propone legislar a fin que “los propietarios de las viviendas sociales a que alude la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones que hubieren realizado ampliaciones y nuevas construcciones con o sin permiso municipal de edificación, pudieran regularizar su situación legal y administrativa ante los organismos técnicos competentes”, son indiciarias que si bien el rendimiento de las iniciativas ha sido aceptable, las sucesivas prórrogas denotan la necesidad de establecer un régimen permanente en la materia, como asimismo, sistematizar el marco de beneficiarios.

3.- Ideas matrices.- El proyecto que se propone establecer en forma permanente el régimen simplificado que permite regularizar la situación legal y administrativa ante los organismos técnicos competentes de aquellas entidades religiosas en las cuales se hayan realizado ampliaciones y nuevas construcciones con o sin permiso municipal de edificación, conforme a las exigencias previstas en la ley Núm. 20.563. Asimismo, en el contexto que la referida ley señaló como beneficiario a edificaciones destinados a equipamiento social, y mediante una norma interpretativa en el art. 4º, incluyó dentro de este concepto a los centro de actividades religiosas, entendemos, que resulta más adecuado una remisión expresa de este régimen simplificado a las entidades religiosas, tal como las define la ley 19.638, que fija sus alcances normativos, aplicándoles las limitaciones que establece el cuerpo normativo que se propone modificar.

Es por eso que sobre la base de los siguientes antecedentes venimos en proponer el siguiente:

Proyecto de ley

Artículo Único.- Modifiquese la ley Núm. 20.563 en el siguiente sentido:

1) Para suprimir en el artículo primero la frase “dentro del plazo de dos años, a contar desde la fecha de publicación de esta ley”,

2) Para intercalar en el artículo segundo a continuación de la expresión “social”, la siguiente frase “y de entidades religiosas”.

30. PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LOS DIPUTADOS SEÑORES FLORES, ARRIAGADA , MORANO , OJEDA Y RINCÓN, Y DE LAS DIPUTADAS SEÑORAS HERNANDO, MOLINA Y SEPÚLVEDA , QUE “MODIFICA EL CÓDIGO PROCESAL CIVIL, CON EL OBJETO DE ESTABLECER LA INEMBARGABILIDAD DE LOS BIENES RAÍCES DE LOS ADULTOS MAYORES, EN CASO DE DEMANDA DE PENSIÓN DE ALIMENTOS”. (BOLETÍN N° 9685‐18)

I. CONSIDERACIONES PREVIAS

El proyecto de ley trata de proteger a un sector vulnerable de la población como son los adultos mayores, impidiendo que el “bien Inmueble”, que han obtenido con el trabajo de toda la vida, sea embargado para satisfacer una obligación ya sea propia o ajena.

La protección de la vivienda de los adultos mayores atiende a una cuestión de dignidad básica, la defensa del patrimonio que para el adulto mayor es una cuestión de suma importancia, ya que por efecto de la ley puede ver en peligro el fruto del trabajo de toda la vida.

La protección de la vivienda representa la positivización de un derecho humano de segunda generación o derechos económicos, sociales y culturales basados en la solidaridad social, que tiene sus raíces en instrumentos de derecho nacional y humanitarios internacionales suscritos por Chile, entre los cuales encontramos el Pacto de San José de Costa Rica, que en su artículo 21 del Derecho a la Propiedad Privada, establece que; (i) “toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. La ley puede subordinar tal uso y goce al interés social”. (ii) “Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de una indemnización justa, por razones de utilidad pública o de interés social y en los casos y según las formas establecidas por la ley”.

Nuestro ordenamiento jurídico establece algunas normas tendientes a la protección de la propiedad, declarándola como “bien familiar”, amparada en los artículos 141 al 149 de Código Civil. El fundamento principal de esta institución radica en la intención de asegurar a la familia un lugar donde vivir y que sus integrantes puedan desarrollar sus actividades con normalidad.

Por Bienes Familiares entendemos aquellos bienes corporales e incorporales de propiedad de uno o de ambos cónyuges que en algunos casos puedan ser considerados esenciales para la adecuada subsistencia de la familia.

El artículo 141 del Código Civil dispone; “El inmueble de propiedad de cualquiera de los cónyuges que sirva de residencia principal de la familia, y los muebles que la guarnecen, podrán ser declarados bienes familiares y se regirán por las normas de este párrafo, cualquiera sea el régimen de bienes del matrimonio”.

El artículo 142 del Código Civil dispone; “No se podrán enajenar o gravar voluntariamente, ni prometer gravar o enajenar, los bienes familiares, sino con la autorización del cónyuge no propietario. La misma limitación regirá para la celebración de contratos de arrendamiento, comodato o cualesquiera otros que concedan derechos personales de uso o goce sobre algún bien familiar”.

La declaración de bien familiar establece una protección limitada, porque lo único que impide es que el bien en cuestión no pueda ser vendido, arrendado o gravado sin la autorización específica del otro cónyuge no propietario, si bien es una garantía importante para la familia con todo no constituye un caso de inembargabilidad.

El bien familiar afectado por la declaración judicial, no supone su inembargabilidad e inejecución, solo restringe la acción de los acreedores, obligando a los acreedores a ejecutar primero sus créditos en otros bienes de deudor, el artículo 148 del Código Civil, dicha norma, solo le confiere al cónyuge no propietario un beneficio de excusión, en el evento que se disponga el embargo de algún bien familiar.

(i) Tratamiento de la Inembargabilidad en nuestro ordenamiento jurídico.

En nuestro ordenamiento jurídico encontramos disposiciones que contienen catálogos de bienes Inembargables, que vienen a resguardar las condiciones mínimas de vida del deudor, pero estos no son suficientes para proteger los bienes de nuestros adultos mayores cuando son demandados para obtener de ellos una pensión de alimentos para sus nietos.

La figura de los bienes inembargables constituye un privilegio excepcional a ciertos bienes, evitando que sean perseguidos por el acreedor, el artículo 1618 del Código Civil, regula los bienes no embargables y constituye una excepción al artículo 2465 del Código Civil, respecto del Derecho de Prenda general de los acreedores, estableciendo que; “Toda Obligación personal da al acreedor el derecho de perseguir su ejecución sobre los bienes raíces o muebles del deudor, sean presentes o futuros, exceptuándose solamente los no embargables…”.

En el mismo sentido el artículo 445 inciso 8° del Código de Procedimiento Civil, establece que; “el bien raíz que el deudor ocupa con su familia, siempre que no tenga un avalúo fiscal superior a cincuenta unidades tributarias mensuales o que se trate de una vivienda de emergencia, y sus ampliaciones, a que se refiere el artículo 5 del decreto ley No. 2.552, de 1979; los muebles de dormitorio, de comedor y de cocina de uso familiar y la ropa necesaria para el abrigo del deudor, su cónyuge y los hijos que viven a sus expensas.

La inembargabilidad establecida en el inciso precedente no regirá para los bienes raíces respecto de los juicios en que sean parte el Fisco, las Cajas de Previsión y demás organismos regidos por la ley del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo”.

Las normas citada en el párrafo anterior, establece que al tratarse de juicios especiales, la inembargabilidad de la vivienda que el deudor ocupa con su familia en tanto privilegio excepcional no es absoluto, ya que la misma norma contiene una excepción al indicar que la inembargabilidad no regirá respecto de los juicios en que sean parte el Fisco, las Cajas de Previsión y demás organismos regidos por la ley del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo. En cuanto a la limitación de avalúo fiscal, esta norma se encontraría obsoleta toda vez que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, indica que la vivienda básica tiene un valor mínimo de 800 unidades de fomento, por lo que sería inaplicable.

Si bien el artículo 445, del Código de Procedimiento Civil, contiene un catalogo de bienes inembargables más amplio que el artículo 1618 del Código Civil, aún así es insuficiente para la protección de los adultos mayores, porque en cuanto al espíritu de la ley, esta se ha establecido como una forma de proteger la dignidad e integridad del deudor, siendo una norma de orden público e irrenunciable.

La protección que se pretende con este proyecto se reduce al ámbito del procedimiento ejecutivo, que supone el denominado “embargo ejecutivo” en cuanto constituye el acto de afectación previa, el cual determina que bienes del patrimonio del deudor responderán de una ejecución concreta. El proyecto excepciona el embargo del bien raíz del adulto mayor y posterior remate, en los casos que la acción que da origen a la ejecución sea de juicio de alimentos a favor de los nietos.

(ii) De la responsabilidad de los abuelos (adultos mayores) de otorgar alimentos a sus nietos. Las fuentes normativas de la responsabilidad alimentaria de los abuelos se encuentran en

el Titulo XVIII de los alimentos que se deben a ciertas personas, artículos 321, 326 y 232 del

Código Civil, y en el articulo 3° inciso final de la ley N° 14.908, sobre Abandono de Familia y Pago de Pensión Alimenticia, los tribunales invocan como fuente los artículos 3° y 27 N° 4 de la Convención Sobre Derecho del Niño.

La obligación de los abuelos de suministra alimentos a los nietos es de naturaleza legal subsidiaria a la de los deudores preferentes y se ha dicho, que es simplemente conjunta. Se trata de un derecho intransferible, intransmisible, irrenunciable, inembargable e imprescriptible, no obstante la comerciabilidad de las pensiones alimenticias atrasadas.

El tema de las pensiones alimenticias y sus garantías de pago trata de instituciones legales que tienden directa o indirectamente a proteger el pago del derecho de alimentos en Chile, una de estas instituciones está constituida por los apremios, que básicamente son medidas de fuerza que se ejercen en contra del alimentante moroso, a fin de constreñirlo a cumplir con el pago de las pensiones alimenticias atrasadas.

Estos apremios deben ser siempre decretados por el juez competente y procederán sólo en determinados casos y bajo ciertas circunstancias, en atención al grave daño que implican para los derechos y garantías del alimentante. Los apremios, implican una seria afectación a los derechos del alimentante, están justificados única y exclusivamente por la importancia que revisten las pensiones alimenticias en nuestro ordenamiento jurídico, esto es, propender a asegurar para el alimentario lo suficiente para que subsista modestamente de un modo correspondiente a su posición social.

La Ley Nº 14.908, contempla los siguientes apremios; a) arresto nocturno; b) retención de la devolución anual de impuesto a la renta; y, c) suspensión de la licencia de conducir; e) solicitar se constituya garantía sobre los bienes de su propiedad, de manera de asegurar el pago de la pensión de alimentos; f) embargar y rematar los bienes del demandado, hasta el pago total de la pensión.

Respecto de los abuelos no se aplica la presunción de solvencia establecida en el artículo 3° de la Ley N° 14.908, por lo que esto deberá probarse si esto cuentan con los recursos necesarios a fin de poder determinar el monto de la pensión de los alimentos que deberán pagar a sus nietos.

Los abuelos no solo pueden ser demandados por los alimentos que los padres no proveen, sino que además pueden ser demandados cuando los alimentos sean insuficientes.

La única forma de liberar a los adultos mayores de esta obligación es que los padres se encuentre en condiciones de cumplir y los apremios se pueden evitar cumpliendo con la obligación alimenticia en la forma establecida.

Por lo anteriormente expuesto, venimos en presentar el siguiente proyecto de ley.

II. PROYECTO DE LEY

Agréguese el siguiente inciso final al numeral 8°, del artículo 445 Titulo I del Libro III del Código de Procedimiento Civil: “El bien raíz del deudor cuando se trate de un adulto mayor conforme a la ley 19.828, en los casos que estos sean requeridos para el cumplimiento de la obligación, derivados del artículo 3° inciso cuarto de la ley 14.908”.

31. PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LA DIPUTADA SEÑORA RUBILAR Y DE LOS DIPUTADOS SEÑORES BERGER, BROWNE Y TORRES, QUE “ESTABLECE LA EXCLUSIVIDAD UNIVERSITARIA PARA CARRERAS PROFESIONALES DE LA SALUD Y REGULA OTRAS AFINES”. (BOLETÍN N° 9687‐04)

1.- Antecedentes Generales:

Durante el último tiempo se ha discutido latamente respecto de la necesidad de profesionalizar la salud en todos sus ámbitos, teniendo en cuenta que las únicas profesiones con exclusividad universitaria son las de Médico Cirujano y Cirujano Dentista, sin considerar en nuestra legislación la relevancia que tiene en las atenciones de salud las demás profesiones que no tienen exclusividad universitaria, y que, a modo de ejemplo, pueden llegar a ser fundamentales en el tratamiento de una patología determinada. Dentro de estas profesiones se encuentra Enfermería , Obstetricia, Kinesiología , Fonoaudiología , Nutrición , Tecnología Médica y Terapia Ocupacional.

En tal contexto es menester hacer presente que desde aproximadamente una década se ha venido discutiendo y cuestionando la intención de que exista exclusividad universitaria en estas profesiones, hecho que sólo tiene por objetivo mejorar la calidad en la salud de nuestro país, sobre todo teniendo en cuenta que este es el bien común más preciado, ya que supone la preexistencia de todos los demás derechos sociales que se discuten por nuestros legisladores y le otorgan una prioridad insospechada al compararla con la mejoría en la calidad de la salud.

Cabe destacar que la tendencia de los países desarrollados es que todos los profesionales de la salud tiendan a especializarse. Actualmente en nuestro país, por ejemplo, no existe una ley de especialización para el desarrollo profesional de la medicina, por lo tanto una persona que tiene un título de médico cirujano puede ejercer como cardiólogo, dermatólogo, o bien cirujano plástico, sin que le sea exigido mayores estudios o capacitaciones que las concedidas por una Universidad reconocida por el Estado, en los años que dura la carrera de pregrado. Por lo tanto, el futuro de nuestra salud va enfocado a diversificar en otros profesionales ciertas labores que no sean de la exclusiva competencia del médico cirujano.

La especialidad médica se puede adquirir por la vía de ejercer por mucho tiempo una determinada área caso en el cual el postulante debe rendir ciertos exámenesy por la de realizar un curso de especialización, que se encuentra sujeto a una serie de normas y que, básicamente, es impartido por las universidades. Sin embargo, hasta hoy ocurre que un paciente puede acudir a un médico que se dice especialista, pero que carece de acreditación que lo avale como tal, sin perjuicio del registro de prestadores que cuenta la Superintendencia de Salud, que justamente tiene como objetivo informar a la comunidad si una profesional tiene cierta especialización o no.

Lo mismo acontece con los otros profesionales de la salud. En la actualidad, existen una serie de actividades que ejercen únicamente los médicos, en circunstancias de que podrían ser ejecutadas por este tipo de profesionales. Sin embargo en algunos países, otros tipos de profesionales pueden efectuar exámenes básicos que inmediatamente detectan si hay un problema más serio y el paciente pasa a un médico especialista.

A modo de ejemplo, los kinesiólogos son profesionales altamente formados, con estudios de anatomía y otros muy importantes. En clínicas privadas, muchas veces se hacen cargo, en la UCI, de la parte respiratoria de un enfermo grave. Incluso, proceden a entubarlo, a ponerle el respirador mecánico, entre otras.

Lo mismo sucede con las carreras de Enfermería, Obstetricia, Fonoaudiología , Nutrición , Tecnología Médica y Terapia Ocupacional, carreras que dicen relación a aspectos muy sensibles, como la salud de las personas; por lo que quienes las cursan necesitan un altísimo grado de preparación, profesionalización y otros valores que son otorgados por las instituciones universitarias.

Por último, nuestro proyecto de ley no busca reformar la educación o menospreciar a los institutos profesionales o técnicos, puesto que su objetivo es mejorar la calidad de la salud y además otorgar la posibilidad a estas últimas instituciones de formar técnicos que puedan ejercer funciones auxiliares a los profesionales, lo cual no limitan el acceso a la educación, sino que todo lo contrario, buscan crear nuevos puestos en un área de nuestro país que actualmente se encuentra más que necesitada.

2.- Propuesta.

Artículo Primero.- Las disposiciones de la presente ley se aplican al proceso de creación de carreras y acreditación de las instituciones educacionales, tanto públicas como privadas.

Artículo Segundo.- Agréguese al inciso tercero del artículo 63 del Decreto con fuerza de Ley 2 de 2010. que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 20.370 con las normas no derogadas del decreto con fuerza de ley N° 1, de 2005, las siguientes letras nuevas:

r) Título de Kinesiólogo: Licenciado en Kinesiología. s) Título de Enfermero: Licenciado en Enfermería.

t) Título de Obstetra: Licenciado en Obstetricia.

u) Título de Fonoaudiólogo: Licenciado en Fonoaudiología. y) Título de Nutricionista: Licenciado en Nutrición.

w) Título de Tecnólogo Médico: Licenciado en Tecnología Médica. x) Título de Terapeuta: Licenciado en Terapia Ocupacional.

Artículo Tercero.- Quienes actualmente cursan estudios de alguna de las carreras singularizadas en el artículo precedente en Institutos Profesionales podrán proseguirlos en ellos hasta la obtención del título profesional correspondiente.

Artículo Cuarto.- Las Universidades que otorguen el grado de Licenciado alguna de las carreras singularizadas en el artículo segundo de la presente ley. deberán velar por la nivelación y la optimización de las referidas carreras, y para ello podrán ofrecer programas especiales para aquellos profesionales que, habiendo obtenido su título, no hubieran accedido en forma previa al grado de licenciado.

Artículo Quinto.- Quienes hayan obtenido el título de alguna de las carreras descritas en el artículo segundo, sin licenciatura previa, hasta la fecha de publicación de esta ley se entienden habilitados de manera permanente para el ejercicio de la profesión sin que les sean aplicables exigencias académicas adicionales.

Artículo Sexto.- Las Universidades, tanto públicas como privadas, que impartan las carreras que se refiere el artículo segundo de la presente ley, deberán acreditarse dentro del plazo de un arlo desde la entrada en vigencia de esta norma. ante la Comisión Nacional de Acreditación. En el caso en que una Universidad que imparta esta carrera, no se haya sometido al proceso de acreditación o bien haya sido mal evaluada por la Comisión Nacional de Acreditación, no podrá otorgar la licenciatura de las referidas carreras universitarias hasta la fecha en que efectivamente se apruebe su acreditación.

Artículo Séptimo.- Los Institutos Profesionales y Técnicos podrán impartir carreras relacionadas con el área de la salud, las que sólo podrán ser de carácter técnico. En base a lo anterior, dichas instituciones deberán velar por la correcta difusión de estas carreras, publicando sus mallas curriculares y agregando el término “Técnicoa todas aquellas carreras que promuevan al momento de que la presente ley entre en vigencia”.

32. PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LOS DIPUTADOS SEÑORES VAN RYSSELBERGHE, HERNÁNDEZ ; KAST , DON JOSÉ ANTONIO ; LAVÍN , MACAYA , MELERO , SANDOVAL , Y SILVA, Y DE LAS DIPUTADAS SEÑORAS NOGUEIRA Y TURRES , QUE “MODIFICA LA LEY N° 17.238, CON EL OBJETO DE AMPLIAR EL USO DE VEHÍCULOS ESPECIALES DESTINADOS A DISCAPACITADOS, PARA LOS EFECTOS DE APLICAR LA TRIBUTACIÓN ESPECIAL EN CASO DE IMPORTACIÓN DE LOS MISMOS “. (BOLETÍN N° 9688‐31)

“Sin lugar a dudas la igualdad de oportunidades que nos ofrece la realidad, constituye una meta, una aspiración siempre presente en la sociedades, su consagración fáctica está dada por la participación de la generalidad de las personas formadoras de la sociedad, sin distinciones de ninguna especie, en todos los ámbitos de ella. Sin embargo, al mismo tiempo debemos reconocer que todas las personas son diferentes y de alguna manera esa diferencia mina la igualdad de oportunidades en el acceso a los bienes, servicios y cargos existentes, razón por la cual el derecho ha establecido el principio de igualdad ante la ley consagrado constitucionalmente en nuestro país en el artículo 19 N° 2 disposición que reza “La Constitución asegura a todas las personas (…) La igualdad ante la ley. En Chile no hay persona ni grupos privilegiados. En Chile no hay esclavos y el que pise su territorio queda libre. Hombres y mujeres son iguales ante la ley”.

Lo anteriormente indicado tiene especial relevancia en materia de discapacidad. Efectivamente la presencia de en una persona con un factor de discapacidad conlleva dificultades para poder desenvolverse en el diario vivir, requiriéndose en una gran mayoría de otras personas u objetos de asistencia. En este sentido, lamentablemente durante muchas décadas, la presencia de una persona con algún grado de discapacidad la condenaba a un claro ostracismo social, siendo consciente o inconscientemente excluido de la vida en comunidad.

Afortunadamente, hoy en día, se ha incorporado en el mundo en general y en nuestro país en particular, una incipiente cultura de asistencia y apoyo a estas personas, entendidas estas más que como discapacitados, personas con “capacidades diferentes” susceptibles de aportar a la sociedad de una manera activa, siendo conjuntamente sujetos de derechos y obligaciones, como toda persona.

Que a partir de lo anterior, progresivamente se ha ido estableciendo en nuestro país una serie de normas vinculadas a la protección y promoción social de estas personas que poseen un grado de discapacidad en la sociedad, es así como de a poco se ha establecido toda una institucionalidad vinculada en la materia y cuya función primordial la inclusión social e igualdad de oportunidades.

En efecto, el Servicio Nacional para la Discapacidad (SENADIS) tiene precisamente como función promover la igualdad de oportunidades, inclusión social, participación y accesibilidad de las personas con discapacidad.

A mayor abundamiento, El Servicio Nacional de la Discapacidad, fue creado por mandato de la Ley 20.422 que Establece Normas sobre Igualdad de Oportunidades e Inclusión Social de Personas con Discapacidad, normativa publicada en el Diario Oficial el 10 de febrero de 2010. Es un servicio público funcionalmente descentralizado y desconcentrado territorialmente.

Que lo descrito precedentemente constituye el fundamento de la presente iniciativa, constituida fundamentalmente por otorgar a las personas con discapacidad mayores posibilidades de inserción en nuestra sociedad, de un modo claro y eficiente, cuya finalidad es la protección y promoción de sus derechos, no a partir de su estado o condición física o intelectual, sino en virtud de su condición persona y sujetos sociales.

De acuerdo a la institucionalidad jurídica establecida en materia de discapacidad se han establecido ciertas y determinadas franquicias de orden financiero y tributario para la internación de artículos de asistencia a personas con discapacidad. En efecto se establecen tratos preferenciales para la importación de sillas de ruedas, automóviles y otros artefactos clínicos para estas personas, cuya finalidad consiste en facilitar su acceso por parte de estas personas, y de esta manera, promover su autonomía de vida.

CONTENIDO DEL PROYECTO

Que la internación de vehículos para discapacitados consagrada en el artículo 6° de la ley 17.238, permite a estas personas adquirir, mediante ciertas franquicias, estos automóviles. En efecto la norma indica que “(…) a los vehículos con características técnicas especiales, cuyo manejo y uso sea acondicionado especialmente para las personas lisiadas y que se importen para ejercer su trabajo habitual o completar sus estudios o enseñanzas que propendan a su integral rehabilitación (…)”.

De la lectura de esta disposición, pareciera que el uso de tales vehículos, solamente se vincula a la realización de sus actividades que propendan a la integral rehabilitación y no a otros ámbitos de la vida. De tal manera que solamente se establece la compra de tales vehículos para acudir a su rehabilitación, instrucción educacional y con fines laborales.

Que los diputados firmantes de esta moción participamos de la idea que el automóvil, constituye un artículo más que de lujo, de necesidad para las personas, de esta manera se suele indicar el ejemplo que una madre con discapacidad también podrá tener su propio auto, el cual podrá conducirlo para llevar a sus hijos al colegio o realizar otros trámites.

Bajo esta perspectiva nos parece que una modificación legislativa que vaya en el sentido de ampliar el uso de tales automóviles constituye un mecanismo conducente con los principios de inclusión y participación social que reglan nuestra institucionalidad vinculada a la discapacidad.

PROYECTO DE LEY

Artículo Único: Modifíquese el inciso 1° del artículo 6° de la ley 17.238 que regula la internación de vehículos para personas lisiadas, entre otras materias, reemplazando la frase “su trabajo habitual o completar sus estudios o enseñanzas que propendan a su integral rehabilitación”, por la siguiente:

“sus actividades diarias”.

33. INFORME DEL DIPUTADO SEÑOR LORENZINI SOBRE SU PARTICIPACIÓN Y LA DE LOS DIPUTADOS SEÑORES MONSALVE Y NORAMBUENA EN EL SEMINARIO PARLAMENTARIO DE ALTO NIVEL EFECTUADO POR LA OCDE LOS DÍAS 1 Y 2 DE OCTUBRE DE 2014 EN PARÍS, FRANCIA, ASÍ COMO TAMBIÉN ACERCA DE LA PARTICIPACIÓN DEL DIPUTADO SEÑOR LORENZINI EN LA ASAMBLEA PARLAMENTARIA DEL CONSEJO DE EUROPA EL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014, EN ESTRASBURGO, FRANCIA.

“Honorable Cámara: A.- OCDE

Tengo a honra informar acerca de la participación que nos correspondió efectuar en el seminario organizado por la OCDE realizado los días 1 y 2 en París, Francia.

Asistieron formando parte de la delegación, los diputados Manuel Monsalve , Iván Norambuena , los Senadores Andrés Zaldívar y el suscrito, como punto focal de la Cámara de Diputados de Chile ante la OCDE. Lo anterior, en Anexo 1 se incluyen todos los participantes y Anexo 2 se incluye el programa del Seminario.

I.- ANTECEDENTES.

La OCDE en forma anual desarrolla dos Seminarios de Alto Nivel destinado a Parlamentarios de los países miembros, cuyo tema central durante esta versión realizada en París fueron, El papel de la educación y las competencias para promover un crecimiento inclusivo, las estrategias de crecimiento, la dimensión social de empleo, el comercio internacional y los impuestos.

II.- SEMINARIO PARLAMENTARIO.

El Secretario General de la OCDE, Ángel Gurría dio la bienvenida a las delegaciones integrantes de la red Parlamentaria de la organización.

El Señor Gurría dio un extenso discurso y realizo un análisis de la situación macro económica en un entorno menos favorable, agregando en su intervención las Reformas que América Latina necesita, destacando la participación latinoamericana y lo próximos países que eventualmente se incorporarán a la OCDE. En Anexo 3 se incluye un resumen del discurso del Ángel Gurría.

El Seminario comenzó con la exposición del experto Andreas Scheleicher , Director ,OECD Directora te for Education and Skills, en el cual realizó un detallado análisis de todas las variables que afectan a la educación en los países miembros de la OCDE, incluido Chile, cuya situación aparece muy desmejorada.

Destacó que en los países de mejor evaluación combinan la eliminación de la desigualdad entre los estudiantes, la selección y potenciación de los profesores, especialmente la actualización de estos. Mayores detalles en Anexo 4.

El siguiente expositor , señor Stefano Scarpetta , Director, OECD Employment, Labour and Social Affairs Directorate . Se refirió al desempleo, el cual ha comenzado a declinar pero en forma lenta. También señaló la importancia de la calidad de los empleos con mayores especializaciones. Por otra parte, destacó la diferencia entre un trabajo fijo y uno temporal, la mezcla de mejores trabajos, mejor calidad y seguridad en el mismo es la solución. En anexo 5 vemos detalles de su exposición.

Después de almuerzo se realizó un análisis del G20 por intermedio de Christian Kastrop y Stefano Scarpetrta , los cuales contaron a cerca de los resultados del trabajo en dicho G20 sobre la protección al consumidor y la dimensión social del empleo. Detalles de ambas exposiciones en Anexos 6 y 7.

Posteriormente, el señor Ken Ash , Director, OECD Trade and Agriculture Directorate , nos expuso el tema de comercio, desglosando las áreas de Servicios, Trabajos en el sector financiero y las políticas de Inversión y comercio, las barreras regulatorias a las importaciones y servicios, entre otros temas . Detalles en anexo 8.

Concluyendo la jornada de trabajo el señor Pascal Saint Amans , Director, OECD Centre fer Tax Policy and Administration, expuso sobre impuestos. En Anexos 9 y 10 se muestran comentarios sobre la evasión y elusión en la OCDE y el acuerdo sobre cooperación en este tema.

También se mencionó durante el Seminario, las interrogantes más comunes sobre la elusión, Anexo 11.

Durante el almuerzo de trabajo, que sostuvimos con la Embajadora de Chile en la OCDE, Claudia Serrano , se analizó en detalle la participación del Gobierno de Chile en la OCDE y su interrelación con el Congreso Chileno y se propusieron las actividades mutuas de cooperación futura.

También adjunto una publicación reciente de la OCDE que complementa lo anteriormente mencionado en Anexo 12.

Finalmente debo informar que asistí en representación de nuestra delegación a una reunión con el Presidente de la Asamblea Parlamentaria Francesa, compartiendo con otros jefe de delegación y el señor Angel Gurría , Secretario General de la OCDE, en el Parlamento en Paris, intercambiando opiniones, informando al Señor Presidente, Claude Bartolone , la realidad actual de Chile y especialmente de las reformas que el Gobierno está llevando a cabo. Anexo 13.

El próximo Seminario Parlamentario de la OCDE, se realizará en París entre los días 25 y

27 de Febrero.

B.- ASAMBLEA PARLAMENTARIA DEL CONSEJO DE EUROPA

Como Presidente de la Comisión Mixta Parlamento Europeo Chile, asistí a la reunión del Consejo Europeo en su vertiente Parlamentaria. El programa de actividades se resume en Anexo 14.

Se adjunta en Anexo 15, el reporte de las actividades de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. Durante la reunión conversé con el Sr. Alfred Sixto , Head of Table Office, con quien analizamos la posibilidad de que Chile y nuestro congreso sean observadores en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (sólo México es observador como país latinoamericano) Esta posible incorporación de Chile también la conversé con la Ministra Secretaria General de la Presidencia, Ximena Rincón , y con el Presidente de la Cámara de Diputados, Aldo Cornejo , a efectos de comenzar a analizar dicha situación.

Posteriormente, sostuve una larga reunión con el Secretario General de la OCDE, Angel Gurría para analizar la situación de Chile y los estudios realizados por la OCDE respecto a nuestro país en temas como Educación (Anexo 16), Comercio (Anexo 17) Panorama General

(Anexo 18), GPS en Educación (Anexo 19) Canales de Integración de Chile (Anexo 20), Como va la Vida en Chile (Anexo 21). Otros de los temas que se analizó en la Reunión refiere a la violencia lntrafamiliar,(Anexo 22).

En dicho evento el suscrito participó en el Debate sobre Chile. Anexo 23

Posteriormente, sostuve un almuerzo de trabajo con la Presidenta de la Asamblea Parlamentaria del Consejo Europeo , Anne Braseur , Anexo 24

Es todo lo que puedo informar a la Honorable Cámara de Diputados. Anexos de este documento en:

http://www.camara.cl/sala/verComunicacion.aspx?comuid=12951&formato=pdf

(Fdo.): PABLO LORENZINI BASSO , Diputado”.