Labor Parlamentaria

- Diputado Squella, Estado de tramitación en que se encuentra el proyecto de creación de la central de riesgo financiero, entidad que reunirá toda la información relativa a los créditos sociales que otorgan las Cajas de Compensación. (5470 de 22/12/2011). A Varios.

- Diputado Squella, Naturaleza jurídica del terreno y vía de acceso correspondiente al trazo de calle Pedro Montt, ubicado entre las calles Montevideo y Pedro Montessi, en la Unidad Vecinal N° 19, Las Viñas, del sector Villa Olímpica, de la comuna de Quilpué, remitiendo los antecedentes sobre su propietario e indicando si ha sido objeto de subdivisión o venta por particular o el Estado. (5471 de 22/12/2011). A seremi de Bienes Nacionales de la V Región.

- Diputado Pérez don José, Se sirva disponer una revisión de los planes de dotación de personal en la provincia de Biobío, especialmente para establecer una unidad del OS-7, a fin de mejorar el control del tráfico de drogas, informando a esta Cámara. (5472 de 22/12/2011). A Varios.

- Diputado Pérez don José, Cumplimiento del Protocolo de Acuerdo firmado en octubre de 2010 con la Federación Nacional de Asociaciones de Funcionarios Técnicos de los Servicios de Salud, Fentess, y la Confederación Nacional de los Trabajadores de la Salud, Confenats, respecto al pago de la asignación especial para los técnicos de nivel superior, y acerca de su no inclusión en la Ley de Presupuestos del Sector Público para 2012. (5473 de 22/12/2011). A Ministerio de Salud.

- Diputado Sandoval, Solicita remitir todos los antecedentes del concurso a que se refiere la solicitud adjunta; y, asimismo, una relación respecto del cumplimiento de los requisitos exigidos en aquél por parte de la persona que se lo adjudicó; y, además, considerar la posibilidad de llamar a un nuevo concurso. (5474 de 22/12/2011). A Intendencias.

- Diputado Melero, Se sirva informar a esta Cámara sobre la situación de la señora Carolina Castillo Plaza, quien reclama el procedimiento adoptado por funcionarios de la Policía de Investigaciones de Chile, con ocasión del delito de robo con homicidio y violación de que fue objeto su madre. (5476 de 26/12/2011). A Ministerio de Interior.

- Diputado Melero, Se sirva informar a esta Cámara sobre la situación que denuncia la señora Erika Hernández Olave, relativa a la política criminal en materia de control de identidad. (5477 de 26/12/2011). A Ministerio de Interior.

- Diputado Melero, Situación del señor Víctor Núñez Díaz, quien reclama haber sido mal atendido en el Hospital de Copiapó, donde ingresó en octubre de 2011 debido a un accidente. (5478 de 26/12/2011). A Ministerio de Salud.

- Diputado De Urresti , Se sirva informar a esta Cámara si el proyecto de construcción de la Central Hidroeléctrica Neltume, en la comuna de Panguipulli, Región de Los Ríos, afecta áreas incluidas en la Reserva de la Biósfera de los Bosques Templados Lluviosos de Los Andes Australes, establecida por Unesco. (5479 de 27/12/2011). A Ministerio de Cultura y de las Artes.

- Diputado De Urresti , Se sirva informar a esta Cámara si el proyecto de construcción de la Central Hidroeléctrica Neltume, en la comuna de Panguipulli, Región de Los Ríos, afecta áreas incluidas en la Reserva de la Biósfera de los Bosques Templados Lluviosos de Los Andes Australes, establecida por Unesco; y, acerca de las observaciones que ha efectuado al respecto la Secretaría Regional Ministerial del Medio Ambiente y el cumplimiento de las normativas que imponen Unesco y el Tratado con Argentina sobre la operación de la cuenca de lago Lacar (Argentina) - río Valdivia (Chile). (5480 de 27/12/2011). A Ministerio Medio Ambiente.

- Diputado Cornejo, Solicita informar acerca de la demora en el pronunciamiento del Consejo de Defensa del Estado, en relación con las irregularidades cometidas en la subvención escolar preferencial, en la Corporación Municipal de Valparaíso, a consecuencias de la investigación efectuada por la Contraloría General de la República. (5481 de 27/12/2011). A Consejo de Defensa del Estado.

- Diputado De Urresti , Se sirva informar a esta Cámara si el proyecto de construcción de la Central Hidroeléctrica Neltume, en la comuna de Panguipulli, Región de Los Ríos, afecta áreas incluidas en la Reserva de la Biósfera de los Bosques Templados Lluviosos de Los Andes Australes, establecida por Unesco; y, si el mencionado proyecto se inserta dentro del Tratado con Argentina sobre Medio Ambiente y sus Protocolos Específicos Adicionales sobre Protección del Medio Ambiente Antártico y Recursos Hídricos Compartidos, incluyendo la operación de la cuenca del lago Lacar (Argentina) - río Valdivia (Chile). (5482 de 27/12/2011). A Ministerio de Relaciones Exteriores.

- Diputado Walker, Solicita informar sobre la eventual instrucción de un sumario, a consecuencias de los hechos ocurridos el día 25 de diciembre de 2011, en la comuna de Coquimbo, relacionados con el atropello del señor Patricio Tello por parte del Retén Móvil placa patente Z-3136, perteneciente a la dotación de Sindempart; y, además, en su caso, remitir a esta Cámara, oportunamente, los resultados de la mencionada investigación. (5483 de 27/12/2011). A Ministerio de Interior.

- Diputado Rincón , Se sirva remitir a esta Cámara la nómina de personas beneficiadas con el Proyecto de Mejoramiento de Agua Potable Rural en la localidad de San Joaquín de los Mayos, de la comuna de Machalí. (5484 de 27/12/2011). A Ministerio de Obras Públicas.

- Diputado De Urresti, Solicita informar acerca de la factibilidad de agilizar la entrega de los restos de los señores José Lino Chocano González y Juan Gallardo Uribe, fallecidos en un incendio ocurrido, en el mes de septiembre, en la comuna de Lago Ranco; y, además, remitir la información detallada en la solicitud adjunta, relacionada con la circunstancia ante referida. (5485 de 27/12/2011). A director nacional del Servicio Médico Legal.

- Diputado Jaramillo, Solicita informar acerca de la eventual quiebra de la empresa constructora Austral Sur, encargada de la construcción de 230 viviendas en la ciudad de La Unión; y, asimismo, sobre del monto de la garantía otorgada para la ejecución de las obras antes mencionadas. (5486 de 27/12/2011). A Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

- Diputado Torres, Solicita informar sobre la inversión realizada por el Servicio de la Vivienda y Urbanización en proyectos de viviendas sociales, detallada por comuna, en la Región de Valparaíso, en los concursos realizados durante los años 2010 y 2011, (5487 de 28/12/2011). A Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

ACUERDOS DE LOS COMITÉS.

El señor MELERO ( Presidente ).- El señor Secretario dará lectura a los acuerdos de los Comités Parlamentarios.

El señor ÁLVAREZ ( Secretario ).- Reunidos los jefes de los Comités Parlamentarios, bajo la Presidencia del diputado señor Patricio Melero, adoptaron los siguientes acuerdos:

1. Tomar conocimiento de las Tablas de la semana, documento que se acompaña en anexo.

2. Votar en la sesión de hoy martes 3 de enero el proyecto de ley que establece el Sistema de Elecciones Primarias para la nominación de candidatos a Presidente de la República , Parlamentarios y Alcaldes (boletín N° 7911-06) y el que regula la instalación de antenas emisoras y transmisoras de servicios de telecomunicaciones, extendiendo en treinta minutos el Orden del Día, si fuese necesario, para la discusión de este último.

3. Retirar de la Tabla de la sesión de mañana miércoles 4 de enero el proyecto de ley sobre probidad en la función pública (boletín N° 7616-06).

4. Dar por aprobado el calendario de semanas distritales para el 2012.

5. Rendir homenaje al historiador Ricardo Krebs, Premio Nacional de Historia , recientemente fallecido, el martes 17 de enero, al término del Orden del Día, con la intervención de dos señores diputados por un tiempo de hasta cinco minutos.

El señor MELERO (Presidente).- Sobre la Cuenta, tiene la palabra la señora Alejandra Sepúlveda.

La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).- Señor Presidente , en primer lugar, deseo a la Mesa un muy feliz año 2012.

El miércoles o jueves antes de las fiestas de fin de año, en conjunto con 49 señores diputados, solicitamos la creación de una Comisión Investigadora en relación con la colusión en el mercado de los pollos, pero no ha sido incorporada en la Cuenta.

El señor MELERO ( Presidente ).- La Mesa revisará la situación. Efectivamente, ese día se pidió su retiro de la Cuenta.

La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).- Señor Presidente , me interesa que se estudie la situación, porque tenía entendido que se votaría hoy en la mañana.

Entonces, me gustaría que se revisara nuestra solicitud, para someterla a votación en la sesión de mañana.

El señor MELERO ( Presidente ).- Tiene razón, señora diputada.

Revisaremos la situación de inmediato.

RECHAZO A CIERRE DE CENTRO DE VOLUNTARIOS DE REHABILITACIÓN DE NIÑOS MINUSVÁLIDOS PURRANQUE. Oficio

El señor ARAYA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Fidel Espinoza.

El señor ESPINOZA (don Fidel).- Señor Presidente , se está produciendo una grave situación en Purranque -comuna semirrural que represento en la Cámara y que tiene más de 20 mil habitantes-, toda vez que el Servicio de Salud de Osorno, que encabeza el doctor Marcelo Larrondo Calderón , envió el oficio N° 3.328 al Centro de Voluntarios de Rehabilitación de Niños Minusválidos Purranque, mediante el cual le informó que el convenio con Fonasa, que se estableció en 2005, durante el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet , culmina el 31 de enero próximo.

El centro partió rehabilitando a niños minusválidos, pero se ha convertido en un centro de rehabilitación cardiovascular, de enfermedades crónicas de salud, de hipertensión, de recuperación quinesiológica para cientos y cientos de personas de la comuna de Purranque y de las provincias de Osorno y de Llanquihue.

Se estima que desde 2005 a la fecha, más de 15 mil personas han conseguido algún tipo de atención en el Centro de Voluntarios de Rehabilitación de Niños Minusválidos Purranque, que dirige don Juan Mayorga.

El convenio que se estableció en 2005 permitía al Fonasa entregar 3.600.000 pesos mensuales a dicho centro, dinero con el cual se han pagado sagradamente las remuneraciones de los profesionales que allí laboran, como quinesiólogos, psicólogos y otro tipo de especialistas, además de gastos operacionales.

Señor Presidente , el argumento que ha esgrimido el doctor Larrondo para cerrar ese centro de atención a discapacitados, lo que ha causado profunda consternación, molestia e indignación en la comunidad purranquina y de la región, es por el grave incumplimiento -según él- de que no contaba con autorización sanitaria actualizada.

Señor Presidente, ése no es más que un subterfugio para tratar de cerrar un centro que cumple una labor social de incuantificable significado y que favorece a gente de escasos recursos y de sectores vulnerables.

Ese centro ha presentado problemas que dicen relación con ventilación, con calderas, con la no acreditación actualizada de la ambulancia. O sea, estamos hablando de cuestiones que podrían haber sido subsanadas si se hubiesen entregado los plazos requeridos para ello. El centro no pone en riesgo, desde ningún punto de vista, la atención de las personas o los niveles de seguridad. Es un inmueble de 700 metros cuadrados, del más alto nivel, que se lo quisiera cualquier comuna del país. El año pasado, la entonces Presidenta de la Cámara de Diputados, señora Alejandra Sepúlveda , visitó ese centro de rehabilitación de Purranque, y señaló públicamente que se sentía orgullosa de que existiera un centro de esas características en una comuna como Purranque y que atendiera a la gente más vulnerable.

Aquí estamos hablando de atenciones de recuperación quinesiológica de entre cuarenta y cinco minutos y una hora, en circunstancias de que en un centro de salud o en un hospital los pacientes reciben atenciones que no superan los diez o quince minutos, porque no hay capacidad operativa para entregar un mejor servicio. Estamos hablando de un centro privado que ha cumplido una labor social que ya se la quisiera cualquier comuna del país, por lo que consideramos que esa medida es absolutamente atentatoria contra toda la comuna de Purranque y contra las provincias de Osorno y de Llanquihue. En ese centro se atiende a gente de Frutillar, de Puerto Octay, de Río Negro y también a pacientes que han sido derivados del hospital de Osorno para ser atendidos y recuperados quinesiológica o cardiovascularmente. Trabaja allí un grupo de profesionales del más alto nivel, que desempeña una labor realmente destacable.

Señor Presidente , mi denuncia no tiene color político. Hago un llamado al señor ministro de Salud para que visite la comuna de Purranque y se dé cuenta de que se está cerrando un centro que no va a existir en otro lugar.

Se dice que todas las personas que eran atendidas en el centro serán acogidas por el Cefam. ¡Por favor! Todos sabemos que los centros de salud pública no dan abasto para atender de buena manera a nuestra gente, que muchas veces las atenciones se demoran largos meses y que, en ocasiones, no son de las mejores, porque los tiempos son absolutamente limitados.

Por ello, señor Presidente , solicito oficiar al ministro de Salud , señor Jaime Mañalich , con el objeto de que tome conocimiento de este grave hecho que estoy denunciando, para que se contacte con la gente atendida por ese centro de atención a discapacitados y para que, como ministro de Estado , visite Purranque y se dé cuenta de la capacidad operativa que tiene ese centro de rehabilitación de minusválidos, de adultos mayores enfermos, etcétera. El centro tiene convenios con clubes de adultos mayores, cuyos miembros son atendidos de muy buena forma por problemas de obesidad mórbida, cardiovasculares y otros, como he señalado. Aproximadamente se atiende a cincuenta personas diariamente, lo que da un total de quinientas personas atendidas mensualmente.

Señor Presidente , el eventual cierre de ese centro por razones burocráticas y administrativas sería un retroceso para la gente de Purranque y de la región.

He dicho.

El señor ARAYA ( Vicepresidente ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría.

INFORMACIÓN SOBRE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL PROGRAMA DE DESARROLLO TERRITORIAL INDÍGENA EN REGIÓN DE LA ARAUCANÍA. Oficios.

El señor ARAYA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Fuad Chahín.

El señor CHAHÍN.- Señor Presidente , solicito oficiar a la directora de Presupuestos y al director nacional del Indap , con el objeto de que informen sobre la ejecución presupuestaria del Programa de Desarrollo Territorial Indígena (PDTI), de Indap, en la Región de La Araucanía. Pido que se haga una desagregación en esa información respecto de la asistencia técnica o asesoría y la inversión.

De acuerdo con la información que me entregó el Indap a noviembre, esa ejecución presupuestaria en la Región de La Araucanía era bajísima, del orden del 4 por ciento, en la inversión del PDTI. Después, el señor director regional señaló públicamente que pasó el 98 por ciento a mediados de diciembre.

Me gustaría saber si efectivamente se superó el 98 por ciento en inversión del PDTI, como señaló públicamente el director regional del Indap de La Araucanía. Por eso, queremos que la Dirección de Presupuestos y la dirección regional del Indap nos informen en detalle sobre esa ejecución.

Asimismo, solicito oficiar al contralor general de la República , con el objeto de que investigue todo el proceso de ejecución del Programa de Desarrollo Territorial Indígena, toda vez que, a nuestro parecer, la presión pública respecto de la muy baja ejecución presupuestaria que tenía ese programa hizo que el Indap realizara una ejecución sin cumplir con los procedimientos administrativos necesarios. Por lo tanto, consideramos pertinente que la Contraloría General de la República emita un informe en relación con la ejecución del Programa de Desarrollo Territorial Indígena en la Región de La Araucanía.

El señor ARAYA ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.

INFORMACIÓN SOBRE EVENTUAL INHABILITACIÓN PERPETUA PARA EJERCER CARGOS PÚBLICOS CONTRA EX ALCALDE DE GALVARINO. Oficio.

El señor CHAHÍN.- En segundo lugar, solicito oficiar al ministro de Justicia , con el objeto de que disponga las medidas pertinentes para que me informen sobre la situación que afecta a don Marcos Edgardo Hernández Rojas , cédula de identidad N° 10.844.833-4, quien recibió dos condenas: una, por el Tribunal Electoral de la Región de La Araucanía, consistente en la inhabilitación para ejercer cargos públicos durante cinco años, y otra del Tribunal Oral en lo Penal de Temuco, privativa de libertad, que se cumplió de manera remitida, más la pena de inhabilitación perpetua para ejercer el cargo que ostentaba, de alcalde de la comuna de Galvarino.

Sin embargo, el Servicio Electoral, el Tribunal Electoral y el Servicio de Registro Civil e Identificación informan que esa pena accesoria no aparece en ninguna parte.

Una alternativa es que se haya eliminado de sus antecedentes penales, de acuerdo con lo dispuesto por el decreto ley N° 409. No obstante, solicitamos un pronunciamiento respecto de si la eliminación de los antecedentes penales de acuerdo con el decreto ley N° 409 se entiende también como un indulto de la pena accesoria de inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos, o si la condena se mantiene a pesar de haberse eliminado el antecedente.

Me gustaría obtener esa información con urgencia. Estimamos que el Ministerio de Justicia debe proporcionar esos antecedentes.

Haré llegar a la Secretaría de la Comisión la información respecto del Rol Único de la Causa (RUC) en que figura condenado por el Tribunal Oral de Temuco, que impuso esta pena accesoria que, hasta ahora, según certificados del Servicio de Registro Civil y del Servicio Electoral, no aparece en ninguna parte afectando al ciudadano Marcos Edgardo Hernández Rojas.

He dicho.

El señor ARAYA ( Vicepresidente ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría.

11. Informe de la Comisión Especial Investigadora de La administración y Gobierno de la Región del Biobío en el período de la Intendenta Jacqueline Van Rysselberghe.

“Honorable Cámara:

La Comisión Especial Investigadora individualizada en el epígrafe pasa a emitir su informe con las actuaciones realizadas sobre el tema, formulando las conclusiones y recomendaciones del caso.

En cumplimiento del cometido que se le confirió, ella celebró dieciséis (16) sesiones.

Se designó Diputado informante al señor Letelier, don Cristian.

Por siete (7) votos a favor y seis (6) en contra, se aprobó el proyecto de conclusiones y proposiciones presentado por el Diputado señor Letelier.

Durante el lapso que se extendió la labor de esta Comisión Investigadora, se contó con la participación de las autoridades, funcionarios públicos, dirigentes de organizaciones gremiales y particulares que, en el orden en que comparecieron ante esta Comisión, pasan a señalarse:

1.- Señor Rodrigo de la Puente Acuña, Alcalde de la Municipalidad de Bulnes.

2.- Señor Víctor Valenzuela, CORE Provincia de Arauco.

3.- Señor Eduardo Araya, CORE Provincia de Concepción.

4.- Señor Osvaldo Díaz, SEREMI Obras Públicas, VIII Reg.

5.- Señor Juan Arévalo, Concejal de Bulnes.

6.- Señor Joaquín Sanhueza. Concejal de Laja.

7.- Señor Jorge Condeza, Concejal de Concepción.

8.- Señora Alejandra Smith, Concejal de Concepción.

9.- Señor Patricio Lynch, Concejal de Concepción.

10.- Señor Pedro Venegas, Ex Jefe de Administración y Finanzas de la Intendencia regional Biobío.

11.- Señor Hugo Soto, Inspector Técnico de Obras Municipales de Bulnes

12.- Señor Abner Castillo, Arquitecto de Dichato.

13.- Señor Jorge Figueroa, Representante Poblacional de Aurora de Chile.

14.- Señor Guillermo Ruz, Dirigente Comunidades Edificios Colapsados.

15.- Señora Ximena Toledo, Representante Aldeas El Molino, Dichato.

16.- Señora Francisca Hernández. Voluntaria Programa ONU.

17.- Señora Clarisa Venegas, Representante Poblacional de Aldea Santa Elena

I.- ANTECEDENTES.

El mandato de la Comisión Especial Investigadora se originó en una solicitud presentada por cincuenta y seis (56) señores Diputados, en conformidad al artículo 52, N°1, letra c), de la Carta Fundamental, y que fue aprobada por unanimidad en sesión de Sala de 3 de mayo de 2011.

En la referida petición, los parlamentarios señalaron que se han recibido reiteradas denuncias acerca de cómo se desarrolló en la Región del Biobio, por parte de la entonces Intendenta, señora Jacqueline van Rysselberghe, el proceso de asignación y administración de recursos dispuestos por el Gobierno Central. para las tareas de reconstrucción y emergencia derivadas del sismo de febrero del año 2010: entre las irregularidades denunciadas estaría la asignación de subsidios de reconstrucción a personas no damnificadas, el haber contratado, para tal proceso, a personal externo no apto o calificado, y la asignación de subsidios a personas de su confianza personal.

De acuerdo al mandato de la Sala, se otorgaron 90 días para el cometido de esta Comisión.

Mediante oficio N°9532, del 21 de junio de 2011, el señor Secretario General de la Corporación comunicó que la integrarían los Diputados señores Ascencio, don Gabriel; Auth, don Pepe: Bauer, don Eugenio; Bobadilla, don Sergio; Letelier, don Cristián; Monsalve, don Manuel; Ortiz, don José Miguel; Pérez, don José; Rosales, don Joel; señora Rubilar, doña Karla; señora Saa, doña María Antonieta; Sauerbaum. don Frank: y Velásquez, don Pedro.

Fue elegido Presidente de la Comisión, por unanimidad, el Diputado señor Cristian Letelier. Participaron en la votación los señores Ascencio; Auth; Bobadilla; Letelier; Ortiz; Rosales; Rubilar, doña Karla; Saa, doña María Antonieta; Sauerbaum y Velásquez.

II.- INTERVENCIONES DE LOS INVITADOS.

Para facilitar la comprensión del trabajo investigativo realizado, la Comisión estimó con-veniente consignar en este capítulo, en orden cronológico, un resumen de las declaraciones prestadas en su seno por las autoridades, dirigentes gremiales y particulares que se individualizan a continuación.

Sesión del martes 2 de agosto de 2011.

1) Señor Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Bulnes, señor Rodrigo de la Puente.

El señor de la Puente manifestó, en relación con lo ocurrido en Bulnes con los certifica-dos de inhabitabilidad, que recibieron la visita de un asesor territorial enviado por la Intendenta de ese entonces, en octubre de 2010 Era un joven profesional de nombre Luis Muñoz, quien se presentó señalando que venía a colaborarnos, tanto con la municipalidad como con la EGIS. Bulnes cuenta con una EGIS municipal, de la cual él es su presidente, para agilizar el trámite de la reconstrucción. Así, el señor Muñoz empezó a trabajar con la EGIS municipal, que en el caso de Bulnes depende la Dirección de Obras en todo lo relativo a la inscripción. las visitas y, especialmente, la aceleración de la reconstrucción de las casas definitivas. Al poco tiempo. este asesor les dio una buena noticia, en el sentido de que se incluiría para la vivienda tipo en la reconstrucción a dos sectores que están absolutamente identificados como muy complicados, por el mal estado de sus viviendas. Uno de esos poblados urbanos, llamado “Tres Esquinas”, ubicado a 8 kilómetros de la ciudad de Bulnes, y el otro “Santa Clara”, localizado a 10 kilómetros al sur de aquélla.

Además, el señor Muñoz les comunicó que el 19 de noviembre de 2010 tendrían la visita de la Intendenta a las localidades señaladas. Así, la Intendenta concurrió tal día al poblado de “Tres Esquinas”, donde anunció que habrá una solución definitiva para los pobladores en enero de 2011; lo que se repitió en “Santa Clara”, donde estaban los integrantes del concejo. los vecinos y el alcalde aquí presente.

Posteriormente, el señor Muñoz solicitó a su Dirección de Obras Municipales y a la EGIS que enviaran rápidamente los certificados de inhabitabilidad correspondientes, para hacer las carpetas con la documentación necesaria que se requiriera. Dicha Dirección envió los certificados escaneados vía correo electrónico, al asesor territorial de la Intendenta.

Un tiempo después, a raíz que hubo mucha noticia a nivel nacional por lo que había ocurrido en Concepción, él se empezó a comunicar con el referido asesor territorial. Sin embargo, aquél nunca más volvió a Bulnes ni fue ubicable para consultarle por ello. Después, el diputado Sauerbaum y un concejal de apellido Arévalo, de Bulnes, fueron a visitar esas casas, lo que también hicieron el Senador Navarro con el ex alcalde de esa comuna Ambos parlamentarios estaban investigando si había alguna irregularidad en el ofrecimiento de estos subsidios.

Agregó que en un programa de Chilevisión apareció Santa Clara, que corresponde a su comuna, y él mismo, lo que le sorprendió, ya que no tenía idea de que iba a salir en ella.

El martes siguiente recibieron la visita de la fiscalía de Chillan, no de Bulnes. -a pesar que esta última ciudad cuenta con fiscalía-; pero, curiosamente fue el fiscal de Chillan. Pablo Fritz, con la Policía de Investigaciones. Tal hecho causó revuelo bastante importante en la comuna de Bulnes. que es un pueblo chico, puesto que se presentaron en su oficina y lo citaron a declarar a la fiscalía de Bulnes, donde se instalaron, luego de requisar todos los computadores del municipio.

A sendas preguntas de los señores Diputados, precisó que ello ocurrió en abril de 2011 y que los computadores requisados fueron cinco, los que, a la fecha, han sido imposibles de recuperar.

Al ser interrogado por el fiscal Fritz acerca de si él tenía alguna relación comercial, poli-tica o de algún tipo con la ex Intendenta, le respondió que ninguna, puesto que, a su parecer, es el único alcalde que nunca estuvo en el despacho de ella.

Consultado acerca de la calidad en que le tocó declarar, señaló el señor de la Puente que, lo había hecho en carácter de imputado, y que todavía tenía tal calidad, como asimismo el director de Obras, el segundo de Obras y la señora que trabaja en la EGIS. Él, como alcalde, no tenía mayor aporte que hacer, porque los certificados de inhabitabilidad los hace el director de Obras, por mandato legal.

En cuanto a la petición de los certificados de inhabitabilidad para esta población lo hizo -imagina que de buena fe- el asesor de la Intendenta; incluso, estima que ni la Intendenta lo sabía, para incluir a las diez viviendas de Santa Clara en este plan de reconstrucción.

Al agravarse la situación instruyó un sumario administrativo, que ya concluyó, y fue en-viado a la Contraloria, lo que y salió en todos los medios de comunicación. En su resolución nombró como fiscal en el sumario al juez de policía local, que en su calidad de abogado, era más prudente que nombrar a un empleado común y corriente.

Lo que arrojó la investigación fue la destitución del segundo director de Obras y multa de su sueldo y anotación en su hoja de vida del director de Obras.

A la persona de la EGIS no se le pudo sancionar porque estaba en calidad de honorarios.

Aclaró que a él, como alcalde, en estos cuatro o cinco meses de investigación, no le ha pasado absolutamente nada ni lo han vuelto a citar porque él estaba en desconocimiento de esto.

En lo que respecta a qué arrojó el sumario en la Municipalidad de Bulnes, señaló el alcalde, que al director de Obras se le solicitó, de parte de Concepción, entregar los certificados de inhabitabilidad, para diez pobladores, en un comité que hacía como veinte años que estaba sin poder regularizar su sitio siquiera. Recordó que la Intendenta en la indicada visita también ofreció regularizar el sitio, a través de Bienes Nacionales. en un programa express, porque era un sitio donado por el ex alcalde de la época, junto con un complejo deportivo; pero, lo que se necesitaba en las casas era que cada uno fuera dueño de su lote para postular.

A una pregunta acerca de sí él habría acompañado a la Intendenta a esa visita, respondió el señor de la Puente que, como dueño de casa, la iba ido a esperar; que almorzó con ella en el casino de los alemanes, que, después, fueron a Santa Clara y, posteriormente, a Tres Esquinas; junto con todos los concejales.

Volviendo al sumario, agregó que se descubrió que al solicitar el asesor territorial los certificados de inhabitabilidad- que se los escanearan y se los enviaran-, se estimo nada mejor que hacerlos en la oficina de la dirección de Obras, torpeza que hace que esté despedido hoy día. Entonces, no sólo envió los certificados sin visitar las casas, si éstas estaban o no dañadas por el terremoto, sino que, además, envió los diez certificados de inhabitabilidad del comité cuando se fundó. Y en este momento, se verá que en Santa Clara hay sólo siete casas, no diez.

Esa es la cuestión principal que acarreó la investigación del fiscal: el funcionario hizo un mal trabajo, al menos fue negligente, porque ni siquiera fue al lugar de los hechos, y entregó diez certificados de inhabitabilidad en circunstancias de que existen siete casas.

Después, viene una avalancha periodística; pero, al final del día, fue que los subsidios nunca se tramitaron, porque cuando ingresaron a la oficina del Serviu de Chillán fueron inmediatamente rechazados.

Entonces, el fiscal le hizo presente que no fue un hecho consumado, sino que aquí hubo, al menos, un intento de engaño a la autoridad.

El alcalde señor de la Puente declaró creer, y estar casi seguro, que la Intendenta no sabía de esto, pero sí el asesor de ella -señor Muñoz- porque estuvo dos meses, día y noche, con la gente de la municipalidad. Era casi un empleado de la Dirección de Obras, pero que desapareció, sin dejar rastro, al solicitarle él una explicación sobre lo sucedido.

La versión que le dieron a conocer los pobladores, los que ya se la habían contado a los periodistas, fue que la ex Intendenta concurrió a Bulnes con todos los concejales y con el alcalde y les ofreció casas, incluso con un plazo acotado -la reunión se llevó a cabo en no-viembre y las casas se iban a entregar en enero-, rapidez que a todos llamó la atención. Lo que a ellos les dolió fue que después de esa reunión nunca más volvió la Intendenta, el asesor ni funcionario alguno de Concepción a darles una explicación.

En respuesta a una consulta acerca del por qué de la reducción del número de casas de diez a siete en el sector de Santa Clara, señaló el señor alcalde que hace quince años diez familias formaron un comité, pero con el tiempo se fueron tres de ellas. Eso no sucedió este año ni tampoco ocurrió como consecuencia de problemas ocasionados por el terremoto, sino que antes, pero se mantuvieron las diez en el registro, y la EGIS, para aprovechar que todos tuvieran una solución habitacional, informó al delegado de la Intendenta que eran diez. Es la misma información que él recibió por parte del director de obras y del segundo director de obras. Sólo se enteró que realmente eran siete de boca del fiscal Fritz; de manera que también se sintió engañado por los funcionarios municipales indicados, más todavía si al preguntarles si estaba bien lo que estaban haciendo y si estaban arrepentidos de algo, porque todavía tenían mucho tiempo para efectuar las respectivas correcciones en el Serviu si es que eso no estaba bien hecho, le juraron, hasta que los hechos estaban consumados, que todo estaba bien.

En Bulnes entregaron alrededor de 1.100 certificados de inhabitabilidad, proceso en el que ningún alcalde puede certificar, corregir o contar, porque, según la ley que los rige, es una labor que deben hacer los directores de Obras. Por lo tanto, si le preguntan si vio las casas, su respuesta es no, porque eso lo tenía que hacer el director de Obras de la municipa-lidad, para entregar los certificados de inhabitabilidad en los que se establecía si las casas estaban o no con daños.

En consecuencia, se enteró que había siete casas, no diez, por información del fiscal Fritz, quien, a su vez, se enteró al enviar a funcionarios de la PDI a contar las casas el lunes, después del programa de Chilevisión, los que interrogaron a cada uno de los pobladores sobre su historia pasada y reciente.

A una pregunta de un señor Diputado acerca de por qué delito estaba imputado, el señor de la Puente fue categórico en señalar que, hasta aquí, no le han imputado delito alguno y que tampoco sabe de qué se le acusa.

Sin embargo, descubrió dónde estuvo el error que se cometió en la municipalidad de Bulnes, situación a la que se había referido en el diario El Sur, de Concepción, publicado el pasado domingo. Cree que acá hay problemas que no son atribuibles a la Intendenta de la época, sino a la administración interna de la comuna de Bulnes, al haberse entregado certificados de inhabitabilidad sin haber cumplido con todo lo que se establece en su proceso de otorgamiento, debido a la flojera y negligencia de algunos funcionarios. porque no se entiende cómo no efectuaron una visita a un lugar que les quedaba a 10 kilómetros. Esa fue la razón de la destitución y del despido de uno de esos funcionarios, y la causa por la que el otro involucrado está enfrentando su tercer sumario. Respecto de esa situación, el resto de los funcionarios y la comunidad -la opinión pública-estima que es injusto que el director de Obras Municipales haya salido con una sanción menor que el funcionario despedido.

Por su parte, la señora Nidia Jiménez, quien maneja la EGIS y cumple con la labor administrativa de formar los comités y armar las respectivas carpetas, no fue castigada de nada, situación que a la gente le parece pésimo.

Al ser consultado acerca de si había tenido algún contacto posterior con la ex Intendenta, respondió que se retiró de Santa Clara aquel día, jamás ha habido otra oportunidad.

Sesión especial del viernes 5 de agosto de 2011.

2) Señor Víctor Valenzuela, CORE de la provincia de Arauco.

Hizo presente que concurría no sólo como consejero regional, sino también en su calidad de presidente de la comisión de fiscalización del gobierno regional de Biobio.

Destacó que, en ese marco, hubo cuatro o cinco temas particulares que requirieron su análisis. El primero tuvo que ver con los equipos del plan de reconstrucción. Así, analizaron las estructuras, los tipos de contratos, las funciones y los salarios, toda vez que desde las distintas provincias tanto los agentes públicos como los privados cuestionaban la efectividad de aquello, especialmente de los tipos de contratos.

El segundo tema, es el apego que tuvo la primera autoridad regional a la ley orgánica constitucional sobre gobierno y administración regional, la N° 19.175; a la ley sobre bases generales del medio ambiente, la N° 19.300, y a la comisión que existe en esta región para el uso del borde costero.

También se estudió la demolición del Puente Viejo, como es conocido.

En lo que respecta a él tuvo varias dudas sobre el proceso de reconstrucción. En ese contexto, la primera autoridad regional decidió la contratación de algunas personas, profesionales y no profesionales, para apoyar el proceso de reconstrucción. Al analizar los contratos de esas personas, se puede advertir, en primer lugar, que para las mismas funciones habia diferencias de salarios cuestionables y no justificables. Un ejemplo es el de los arquitectos, cuyos contratos dicen lo siguiente: “El consultor forma parte de un equipo de reconstrucción y su función es dar continuidad a los programas de recuperación de la infraestructura del borde costero y de la región, en general, afectada por el terremoto durante 2010. Segundo, asesorar a la autoridad superior para ejecutar planes de trabajo para la recuperación del borde costero.”.

No obstante que a igual función debe haber igual remuneración, los contratos de los cinco arquitectos variaban considerablemente en términos del salario: mientras unos ganaban $34 millones, otros recibían sólo $14 millones, en ambos casos por un período de doce meses, diferencia que jamás fue justificada o aclarada a la comisión, en términos de los informes ni en términos de la funcionalidad.

Ahora, hay una serie de otros contratos en los que no queda claro cuál es la profesión de la persona que se contrata y en los que, respecto de la función que se debe desarrollar, dice lo siguiente: “Asesorar al gobierno regional en la implementación de políticas, planes y pro-gramas relacionados con las facultades del gobierno regional en materia de desarrollo social y económico; monitorear su ejecución y desarrollo; actuar coordinadamente con la institucionalidad pública e incluir en el diseño, implementación y evaluación de sus iniciativas la participación de actores beneficiarios de esas iniciativas.”.

También hubo un cuestionamiento por los ocho contratos restantes, en los cuales la profesión no está definida, respecto de los cuales se supuso que algunos no la tienen, por los salarios que recibían, dado que eran completamente distintos: iban desde los $15 millones a los $8.600.000.- anuales. Tampoco, en este caso, están los informes de desempeño que debían entregar mensualmente.

Un segundo punto, se refiere a la jerarquía. Estos funcionarios, a los cuales se les deno-minó “funcionarios territoriales”, estaban dispersos en toda la región del Biobío, pero en particular en aquellas zonas donde había más complicaciones, tales como de la provincia de Arauco, de Talcahuano, de la provincia de Concepción. Según se pudo constatar, por conversaciones habidas con los diferentes agentes públicos y privados, hubo nula coordinación de esos funcionarios con los agentes locales, como alcaldes y concejales.

Las ayudas las asignaban ellos directamente y, también, la entregaban a través de los go-bernadores respectivos, traspasando las relaciones que tenían con los alcaldes y concejales. Además, no hubo ninguna relación con el mundo político en lo particular, cuestión que los diputados de la zona que están presentes pueden ratificar.

En términos contractuales, estos funcionarios territoriales respondían al jefe de la División de Planificación; pero, en términos reales, como se pudo verificar, lo hacían directa-mente a la primera autoridad regional, sin pasar por los jefes intermedios.

En respuesta a la consulta formulada por un señor Diputado acerca de la legalidad de los contratos celebrados con arquitectos, hizo presente al señor Valenzuela que en su mayoría, estos contratos son a honorarios, y además no cumplen con la reglamentación propia para ese tipo, esto es, que deben ser por un plazo determinado y para funciones extremadamente específicas; sin embargo, como indicó, ellos abarcan una situación bastante amplia y es muy difícil cotejar y definir si el contrato se cumple o no, en especial cuando no hay un informe de desempeño de por medio.

La primera autoridad tampoco pidió una modificación presupuestaria. Esos contratos en su mayoría fueron de 2010; por lo tanto, fue un presupuesto que se aprobó el año anterior. La contratación fue para una situación bastante especial y se usaron los recursos del funcionamiento del Gobierno Regional. Hay algunas personas que están a contrata en cargos del Gobierno Regional y otras a honorarios, sin especificación clara con respecto a la función, lo que implica gastos del funcionamiento del citado Gobierno; siendo todos los contratos firmados -porque así lo dispone la ley- por la primera autoridad en ese minuto.

3) Señor Eduardo Araya, CORE de la provincia de Concepción

Complementando una información que entregó el consejero señor Valenzuela en relación con dos de los tantos funcionarios que se contrataron para realizar tareas de reconstrucción, indicó que el contrato del señor Cristián Gibson, fue devuelto por la Contraloria, tal como expresa un oficio que llegó al consejo regional el 11 de abril de 2011, ya que señaló ser ingeniero forestal sin poder acreditarlo, por lo que quedó en una situación ambigua. Como cobró su sueldo hasta el último día, el gobierno regional quedó con un problema que deberá resolver, ya que se le pagó con recursos asignados para un profesional, sin serlo. Habrá que ver cómo se resuelve legalmente aquel punto, aun cuando este señor ya no trabaja para el gobierno regional.

Agregó que su tarea principal, dentro de la comisión de fiscalización del gobierno regional del Biobío, fue estudiar tres puntos fundamentales. El primero de ellos dice relación con la sujeción a la ley de las actuaciones de la señora presidenta del gobierno regional en relación con la ley del medio ambiente. Ocurre que la ley orgánica constitucional sobre gobierno y administración regional, señala que éste está constituido por el intendente y el consejo regional. Por otro lado, la ley de bases del medio ambiente dispone, con su última modificación, que sustituye las coremas por los servicios de evaluación ambiental, preceptúa que el consejo regional debe tener opinión sobre los proyectos antes de que sean evaluados tanto en la Corema como en el SEA. Sin embargo, han logrado recopilar 51 proyectos que fueron aprobados sin opinión del consejo regional. Es decir, en la mayoría de los casos, la entonces señora Intendenta firmó la opinión del gobierno regional por sí sola y ante sí, es decir, no consultó al gobierno regional la opinión que tenía sobre estos distintos proyectos. Desde su punto de vista, la señora Intendenta suplantó al gobierno regional.

En relación con el uso del borde costero, tan importante para esta región, todos saben el impacto que sobre él tuvo el tsunami posterior al terremoto. El reglamento del uso del borde costero data de varios años. La comisión la preside la primera autoridad regional y su secretario ejecutivo es el almirante de la Segunda Zona Naval. Sin embargo, esta comisión no funcionó en ningún minuto, a pesar de los requerimientos de los consejeros regionales, hasta marzo o abril de este año. Simplemente, la entonces señora Intendenta se negó a hacerlo funcionar, a pesar de él haberlo señalado en reiteradas ocasiones en sesión de sala del consejo regional. Así consta en las actas que están publicadas en la página web de éste. Sin embargo, ella se negó a constituirla y sesionar; más aún, fijó políticas de desarrollo e implementación de distintos proyectos en el borde costero, especialmente en los dañados, sin considerar la opinión de los miembros de la comisión de uso del borde costero.

El tercer punto a tratar son las reiteradas faltas a la legislación vigente, desde su punto de vista en lo que dice relación con el diario vivir del gobierno regional en su actuación. A modo de ejemplo, toda autoridad debe rendir cuenta al consejo regional una vez al año: sin embargo, la señora ex Intendenta optó simplemente por no hacerlo y prefirió llamar a una asamblea de vecinos para dar una cuenta pública, quienes fueron trasladados por su grupo de personas que fueron contratadas y que están señaladas en el contrato que ha mencionado el consejero Víctor Valenzuela como equipo de reconstrucción. La señora Intendenta se saltó la ley y no rindió cuenta al consejo regional.

Hay desde ese tipo de faltas a la ley hasta faltas mayores, como fue simplemente no entregar la información que se le pedía de acuerdo con la legislación vigente, ya sea en sala o bajo la Ley de Probidad Administrativa. Esas políticas aún están vigentes.

Quiero decir que el día antes de ayer recién ha llegado a este consejo regional una res-puesta, hecha bajo el amparo de la ley, sobre algunas empresas que se adjudicaron obras, como las relativas a las barcazas y a la demolición del Puente Viejo. Sin embargo, fueron postergadas las respuestas de una u otra manera, hasta el punto de colocar mal las direcciones para que anduvieran rebotando. Y en el día de hoy ha llegado un correo del jefe de división en el que señala: “No puedo acceder en contrario a lo que dice la ley- a solicitar información sobre el contrato, o a que se me diera copia del contrato de don Cristián Gibson”, el que le hubiera encantado haberlo exhibido hoy a esta Comisión para su mejor evaluación.

Señaló el señor Araya que, al finalizar su intervención haría, entrega de las tres carpetas que contienen información tanto del tema medioambiental, de los contratos, de otros decretos, de la entrega de información a la Contraloría, del rechazo, como también de las faltas a la legislación vigente. En dicha información aparecen señaladas claramente cuáles son las faltas que, a juicio de la comisión de fiscalización de este gobierno regional, se cometieron, al punto que ello fue aprobado en sala unánimemente, incluyendo a todas las bancadas políticas. El señor intendente actual debió entregar esta información, por mandato del consejo regional, a la contraloría regional para su evaluación.

Pero, también, hay otras faltas que son un poco más graves, como la de no informar el Presidente de la República, como señala la ley, sobre el comportamiento de alguno de sus funcionarios, como los gobernadores; quienes, usando vehículos particulares, hacían uso de recursos fiscales para su mantención, traslado de funcionarios, combustible y otros, además con propaganda claramente política pintada en su exterior.

Tampoco fue cumplido -como lo señala la ley en términos del mandato sobre la primera autoridad regional- el exigir al MOP que algunas de las obras que se estaban ejecutando, y que se siguen ejecutando, se sujetaran a la institucionalidad ambiental.

Tal es el caso del puente Chacabuco, donde se instalaron todos sus pilotes señalando que eran transitorios; sin embargo, ellos están hincados en el lecho del río, en un promedio de 32 metros. Claramente, es visible allí que no son obras transitorias, sino que sobre ellos se va a instalar una calzada para reponer el antiguo Puente Viejo de Concepción.

Respecto de la demolición del Puente Viejo, señaló que se vivieron diferentes cosas extrañas. Por ejemplo, nunca se pudo conocer cómo se fijó el valor de la obra, en el presupuesto oficial; porque es una obra, entregadas las cotizaciones, comentarios y evaluaciones de distintas empresas del rubro, que no podría haber superado los $700 millones; sin embargo, se adjudicó en casi $2 mil millones, a una empresa que es de origen español, cuya razón social es Sacyr; sin embargo, ella no ejecutó la obra. Eso fue visible para todos los habitantes de la región que, a diario, cruzan el río Biobío. Solamente mantenía allí una camioneta con tres funcionarios, para supervigilar la obra, pero, para cuya ejecución fue subcontratada una empresa que se denomina Ingeniería, Servicios, Montajes y Transportes Limitada, que realizó el ciento por ciento de la demolición del Puente Viejo y, además, trasladó los escombros a un predio que era arrendado y explotado como cantera, que está en la ruta entre El Patagual y Coronel, a pesar que las bases de demolición del Puente Viejo señalaban claramente que esos restos debían ser depositados en un vertedero autorizado ambiental y sanitariamente.

Posteriormente, dichos restos fueron reutilizados y vendidos como material de relleno de la ruta 160, que está en construcción hasta el día de hoy.

Esta cantera, evidentemente, fue autorizada por el municipio de Coronel en su minuto, por cuanto se iban a sacar pequeñas cantidades de material de construcción. Sin embargo, tenía una actividad industrial bastante notoria, por lo que tuvo que ser clausurada por la municipalidad, puesto que ahí había un daño ambiental de enorme magnitud.

Pero la misma empresa es la que, posteriormente, se adjudicó y realizó traspaso de camiones en barcazas por el río Biobío, camiones que en su minuto autorizó la Armada, pero bajo ciertas observaciones estrictas de cuidado, por cuanto era una operación de sumo peligro. Tal es así que, en ocasiones en que debía transportar camiones con combustible, debía hacerse sólo este transporte y no llevar ningún otro camión, considerando el riesgo. Sin embargo, como lo señaló, esta obra fue adjudicada a la misma empresa Ingeniería, Servicios, Montajes y Transportes Limitada, sin ninguna experiencia en la materia.

Es más, en la minuta que entrega a la Comisión se señala que esta empresa se pudo inscribir en e! registro de contratistas el 1 de julio, lo que tuvo que ser modificado a los quince días por haber quedado mal inscrita; luego de eso se le pudo adjudicar el transporte de camiones sobre el Biobío. Es decir, una empresa contratista que no tenía experiencia alguna en este tipo de obras aparece de la nada y se le espera para adjudicársele una obra que la Armada caracteriza como de sumo peligro.

Se tiene, entonces, una serie de irregularidades o actuaciones poco transparentes que se dieron en el ejercicio del cargo como primera autoridad de la región.

En lo que respecta a los contratos mencionados por su antecesor, el señor Araya ratificó lo señalado por éste en cuanto a que los contratos fueron firmados por la ex Intendenta, y lo que dice relación con los fondos por los cuáles fueron contratados, se aprobó en el presupuesto operativo la contratación de un grupo importante de profesionales y personas que iban a constituir el equipo de reconstrucción. Sin embargo, en hechos reales, ninguno de esos funcionarios laboró dentro del Gobierno Regional. La persona que hizo la evaluación de su desempeño, de acuerdo a la legislación vigente, lo hizo, prácticamente, sin conocerlos. Afirmó que ello es sabido en este Gobierno Regional, que éstas jamás estuvieron acá; eran conocidos por la prensa, por los gobernadores, por los alcaldes y por todos los que allí laboraban como los operadores políticos que tenía la señora Intendenta. No funcionaban acá y, sin embargo, su evaluación se hizo en este lugar. Más aún, este Gobierno Regional aprobó una cantidad de recursos para su contratación, pero en el contrato figuran con otra remuneración.

En respuesta a varias consultas efectuadas, hizo presente el señor Araya que en relación a don Cristian Gibson, sólo existe el decreto, la resolución N° 20, del 12 de enero del presente año, que se envía nuevamente a Contraloría para su contratación como profesional. En el resumen que el intendente subrogante les entregó se señala que el contrato de don Cristian Gibson está pendiente, pero el rechazo de Contraloría está en el departamento de Administración y Finanzas del Gobierno Regional, cuyos funcionarios se negaron a entregarle tal información.

En relación con la demolición del Puente Viejo, agregó a la información ya proporciona-da, lo relativo a las bases del contrato, en las que se establecen las condiciones y requerimientos a las que correspondía ajustarse; pero que, sin embargo, fueron vulneradas, tales como el destino de los escombros y la sujeción a la ley de impacto ambiental.

Los proyectos ambientales sobre los cuales la señora ex Intendenta opinó en representa-ción del Gobierno Regional -por sí sola y sin consultar al Consejo Regional- son 51 y no hay ninguna empresa en específico. Incluso, hay algunas respecto de las cuales no contestó, y donde hubo opiniones tanto positivas como negativas. Esto no tiene que ver con alguna empresa en particular, sino con el hecho de que ella suplantó al Gobierno Regional en cuanto a emitir una opinión sobre si aquellos proyectos se sujetan o no a la estrategia de desarrollo regional.

Finalmente, señaló que el actual intendente les ha informado, hace algunas semanas que luego de estudiar este tema declaró que efectivamente se incurrió en un error y, por consiguiente, que se enviará la información al Consejo Regional para su opinión, de modo de sujetarse estrictamente a lo que mandata la ley.

Ahondando en lo relativo a la dependencia de los encargados territoriales, agregó el señor Araya que era claro y evidente, no sólo por la prensa, sino en el diario vivir, que los llamados “territoriales” u operadores políticos no tenían dependencia jerárquica, de acuerdo con lo que decía el contrato. Incluso, muchas veces, algunos de estos señores aparecieron en sesiones del Consejo. Como anécdota, le tocó presentar a uno de los operadores a quien se supone era su jefe directo o jefe administrativo minutos antes de sesionar el Consejo Regional, habiendo transcurrido varios meses del supuesto trabajo y dependencia del jefe administrativo de este Gobierno Regional, quien, además, le pagaba el cheque. Estos señores tampoco asistían el día que se les pagaba, por tanto, todo se manejaba en la intendencia.

En relación con el Puente Viejo, barcazas y puente mecano, el MOP ya contestó al Consejo Regional. El tema no se resolvió en Santiago, sino directamente acá, en la región. La información que se les entregó es que se estableció el presupuesto oficial y se fijó a quiénes se invitaba a participar en las licitaciones para llevar a cabo las obras. Aquí está la información correlativa respecto del Puente Viejo y las barcazas, y está respaldada por una serie de oficios de las distintas reparticiones públicas, que solicitaron bajo el amparo de la ley de transparencia y que les costó prácticamente un año conseguir, la que harán llegar a la Comisión.

En relación a lo hecho presente por el consejero Araya, en cuanto a que el Ministerio de Obras Públicas respondió que las decisiones respecto de estas licitaciones se tomaron en la región, se le consultó si tenía algún documento formal para avalar esa respuesta y, si era posible, tener copia de dicho documento, respondió éste que esta afirmación la realizó el ex seremi del MOP, a raíz de una consulta que se le hizo en una sesión de comisión del Consejo Regional, que en esa época se realizaban en el único lugar habilitado para ello: la comisaría de Carabineros, ubicada en las calles Salas con San Martín. Afirmó desconocer si hay alguna grabación de aquella comisión, pero estaban prácticamente la totalidad de los consejeros. puesto que, en esa fecha, tenían serias dificultades para llegar a Concepción. Se comprometió a consultar si existe el acta respectiva o la grabación para hacerla llegar.

Complementando algunas de sus afirmaciones, señaló el señor Araya que la reclamación respecto de la información que se solicitaba, y en especial sobre el tema de los operadores políticos, se inició inmediatamente entregado el presupuesto operativo que iba a regir en 2011, vale decir, los primeros días de agosto.

Posteriormente, en sesión de consejo se pidió la misma información a los directores de administración y finanzas por intermedio del consejo regional, a través de su secretario ejecutivo. Esto se hizo en 4 de agosto.

El 11 de agosto se solicitó en sesión; luego el 13 de octubre y así sucesivamente hasta llegar al 10 de marzo, cuando también insistieron en que se les hiciera llegar los requisitos o el perfil técnico que tenían los funcionarios contratados por la ex Intendenta, por cuanto las diferencias de sueldo eran notables e iban desde los $300 mil y algo hasta $1 millón 400 mil. También se consultó por qué habían sido aumentados los sueldos, si el presupuesto operativo de esta región ya había sido aprobado por el consejo. Ella, unilateralmente, aumentó los sueldos.

Respecto del listado de faltas y de irregularidades detectadas por el Consejo en la época en referencia, hizo presente que las entregó a la Comisión, donde están señaladas 12 irregularidades que se cometían en forma cotidiana con el consejo regional y la ley orgánica constitucional de gobiernos regionales. En relación a por qué ocurría aquello, se entraría ya al ámbito de las especulaciones. No obstante, efectivamente da la impresión de que había un estilo y forma de gobernar, porque era evidente la falta de respeto hacia la institucionalidad y a las sesiones del consejo. En muchas oportunidades, siendo que la ley las define como una “sesión solemne”, fueron testigos de garabatos y epítetos desde la presidencia del consejo hacia los consejeros regionales.

También hubo serias diferencias en el tema de los proyectos, todos de reconstrucción y que ameritaban urgencia. Se les solicitaba enfrentar a través de la circular N°33, la aproba-ción de aquellos 51 proyectos. Sin embargo, ellos señalaban que, como eran todos estudios, no calificaban y que se estaba cometiendo una irregularidad. Finalmente, la señora presidenta señaló que contaba con estudios que los avalaban. No los informó, les ocultó la información de que en esos días había sido publicado en la página web y enviado a los gobiernos regionales un oficio que señalaba claramente que estos estudios no podían ser financiados a través de la circular N°33, sino que tenían que seguir el proceso normal de todo proyecto, es decir, abrir una ficha EBI en la Serplac y ser aprobado después por el gobierno regional, con fondos del mismo. Hasta hoy existe parte de esos 51 proyectos, que eran de reconstrucción sin poder ejecutar y sin ser financiados. Es decir, aquí se instaló un estilo de gestión, desde su punto de vista, y una forma de gobernar que distaba mucho de ajustarse a la legislación vigente.

4) Señor Osvaldo Díaz, SEREMI de Obras Públicas de la Región del Biobío.

Señaló que se había tomado la libertad de traer antecedentes sobre todos aquellos contratos que suscribió el Ministerio de Obras Públicas durante el período que va entre marzo de 2010 y marzo de 2011 y que cuentan con financiamiento del FNDR, los cuales, obviamente, venian con la firma de la ex Intendenta Jacqueline Van Rysselberghe, algunos de cuyos antecedentes puede dejar a disposición de la Comisión. Viene una minuta con el detalle de todos aquellos contratos que contaron con esa línea de financiamiento, como asimismo, las respectivas carátulas de las resoluciones-contrato. También el contrato de operación de las barcazas, porque está dentro de las actividades del proceso de reconstrucción y fue suscrito por la intendencia.

También hace entrega de los antecedentes que corresponden a la Dirección Regional de Vialidad, que vienen en carpetas separadas.

Precisó que, como el oficio que le fue enviado no hacía mención a qué se iba a investigar específicamente o a cuáles eran los antecedentes que querían recabar, optó por traer todo lo que correspondía a contratos con financiamiento del FNDR. Ahora, todo lo que significa la reconstrucción con participación del Ministerio de Obras Públicas abarca también a la Dirección de Obras Hidráulicas, a través de la cual recuperaron el 100% de los APR, y la operatividad de los sistemas de aguas lluvias, respecto de lo cual se recuperó en su totalidad la operatividad de los canales de regadío. En otro ámbito, el de la vialidad, recuperaron el 95% de la conectividad de la región, y en lo que dice relación con obras portuarias, se realizaron todas las obras de emergencia necesarias para habilitar, a lo menos con soluciones temporales, todas las caletas de pescadores y los muelles de los pescadores artesanales que resultaron afectados por la catástrofe.

Sin embargo, respecto del proceso de reconstrucción en general, podría enviar todos los contratos que se necesiten y, si es necesario, ampliarlo a todo el proceso de reconstrucción. Eso sí, solicitó un tiempo prudente para reunir ese material.

Indicó que el 1 de enero de este año, había asumido su actual cargo y que el señor David Venegas, que lo acompañaba en esta oportunidad, era Director Regional de Vialidad desde el año 2009.

Entrando en materia, afirmó en relación a las obras de demolición del Puente Viejo, que la responsabilidad de ese contrato radica en la Dirección Nacional de Vialidad, lo que es independiente de las acciones que se ejecutaron en esta región. Lo que correspondía, de acuerdo con la normativa vigente, era que se realizara esa obra con empresas inscritas en el registro de obras mayores, en atención a los montos que se estaban manejando, de manera que no se trataba de un tema de prestigio de la empresa que se la adjudicó.

De hecho, si bien es cierto el Ministerio de Obras Públicas tenía la facultad de haber lle-vado a cabo licitaciones de trato directo, a dedo, con una sola empresa, en este caso en particular, como en la mayoría de los contratos que se ejecutaron por parte del Ministerio de Obras Públicas, se invitó al máximo de empresas que cumplían los requisitos para participar en una determinada licitación.

En el caso particular del Puente Viejo, se invitaron a quince empresas inscritas en el re-gistro de obras mayores del Ministerio de Obras Públicas. De esas quince empresas se pre-sentaron siete ofertas válidas, cuya menor oferta fue la de la empresa Sacyr, con un monto de $1.989 millones y fracción, y la máxima oferta que se recibió por esa misma obra fue de casi $7 mil millones. Por lo tanto, se escogió, a todas luces, la mejor oferta desde el punto de vista de la licitación a que se llamó.

En cuanto a la subcontratación de obras, el reglamento de Obras Públicas permite que se pueda subcontratar hasta el 30% del monto del contrato; pero, debido al terremoto, se esta-bleció una norma de excepción en virtud de la cual ese porcentaje podía llegar hasta el 50% del señalado monto.

En estricto rigor, se cumplió con la normativa vigente, pero sin hacer distinción respecto de qué empresa se estaba adjudicando la propuesta. De todas maneras se comprometió a hacer llegar una carpeta con los antecedentes, ya que la Contraloría, en dos ocasiones, ha revisado este contrato, y no tienen problema alguno en aportar todos los antecedentes que se requieran.

Por otra parte, el contrato de las barcazas permitió que 5.028 camiones hicieran uso de ese sistema. El análisis costo-beneficio habría que realizarlo desde el punto de vista de que, sin las barcazas y con las restricciones de uso que tenían de los puentes Llacolén y Juan Pablo II, que no estaban operativos para ningún tipo de vehículos, el consumo de combustible de los camiones para cruzar de la ribera sur a la norte era del orden de $250 mil por cada uno, y 6 mil camiones era el flujo que transitaba por el puente Juan Pablo II antes del terremoto.

Si se analiza el costo-beneficio, habría sido deseable que el proyecto de las barcazas hubiese partido mucho antes y que se hubiera extendido. Además, formó parte de las medi-das de emergencia ante la eventualidad de que el puente Llacolén, en el cual se estaba trabajando, sufriera un colapso mayor que el que tuvo.

Por lo tanto, en su opinión, se justificó la inversión porque la operación en sí no constituyó costo alguno, ya que la empresa que estaba a cargo de la operación no le cobraba al Estado, sino que se financiaba con el flujo de vehículos que ocupaban el sistema.

Respecto de la consulta que se le formulara sobre las barcazas que le quedó pendiente por responder, señaló que la decisión de la implementación del sistema no ha sido una proposición regional por parte del Ministerio de Obras Públicas; se trabajó con la Dirección de Obras Portuarias y, obviamente, en su oportunidad se presentó esa alternativa al Gobierno Regional, a la Intendenta de la época.

En respuesta a una pregunta sobre la empresa que participó en un porcentaje del subcontrato de demolición del Puente Viejo, ella no estaba inscrita en los registros de obras mayo-res. La licitación fue para las quince empresas que sí estaban inscritas, de manera que la empresa Sacyr hizo uso de la facultad de poder subcontratar un porcentaje de las obras, equivalente al 27,5% de las mismas. Agregó que, en la minuta que se encuentra en las carpetas que dejó en poder de la Comisión aparece el período de funcionamiento y los montos del contrato.

La inversión fue de aproximadamente $1.320 millones y pasaron 5.021 camiones. El contrato partió el 23 de julio y duró hasta fines del mes de octubre, cuando fueron habilitados los dos puentes. Lo que cancelaban los camiones no era un tema de plata fiscal. Con recursos fiscales se hicieron los tres contratos que se tuvieron que implementar, lo que aproximadamente alcanza el monto señalado, para el transporte de 5.021 camiones.

En lo relacionado con la navegabilidad del río Biobío, se hicieron todos los estudios en ese sector; de hecho, se hicieron pruebas antes de implementarlo. El funcionamiento del río depende del nivel de mareas, porque se encuentra en la desembocadura. Por lo tanto, hay un lapso en el que cualquier río, independiente de que sea el Biobío o no, tiene una factibilidad de ser usado para ese tipo de sistema fluvial. Las respectivas mediciones se hicieron, y por eso había horarios para hacer uso de las barcazas, ya que no se podían utilizar las 24 horas del día.

En cuanto al puente mecano, señaló que tiene el ancho suficiente para que circulen camiones por su estructura. De hecho se hicieron pruebas que lo establecen. Sin embargo, la sensación que da es la contraria, por la estructuración que tiene este tipo de puente, funda-mentalmente por las barreras laterales, pero sus pistas son de 3.75 metros, y las pruebas que se hicieron en su minuto se realizaron con camiones en circulación.

En relación con las características técnicas de ese puente, hubo un proceso previo de análisis de alternativas de puentes mecano, y se estableció que éste cumple con las condiciones técnicas para uso de camiones de alto tonelaje, esto es, con un peso de 45 toneladas.

Respecto de los accesos, el Ministerio de Obras Públicas siempre dijo que ellos tenían el carácter de provisorios, porque a continuación viene el proyecto definitivo del puente Chacabuco, el cual ya está en licitación. Por lo tanto, esa es la razón de por qué tiene intersecciones, tanto en la costanera norte como en el lado sur de San Pedro de la Paz en donde se incluyen semáforos.

Afirmó que, en la actualidad, circulan aproximadamente 5 mil vehículos diarios por el Puente Viejo, y los problemas de congestión vehicular que se había previsto ocurrirían en las horas punta no se han materializado.

Hizo alusión a un trabajo que está realizando el Ministro de Transportes, de manera de incentivar que sea mayor el uso de camiones que se dirigen hacia la Ruta de la Madera por el puente mecano.

A una consulta acerca de si, a su modo de ver, hubo algún tipo de irregularidad en la adjudicación de contratos, hizo presente el señor Díaz que en el caso de la mayoría de los contratos que se hicieron a través de los fondos FNDR, como del resto de los contratos, reiteró que si bien es cierto la normativa de excepción en materia de catástrofes les permitía realizar contratos via trato directo con una sola empresa, no fue una política que implementó el Ministerio de Obras Públicas durante el proceso de reconstrucción.

Siempre se efectuaron con el máximo número de oferentes. Prueba de ello está, por ejemplo, en que los presupuestos de reparación del puente Llacolén y del puente Juan Pablo II se redujeron en más del 40% respecto de los precios que se manejaban antiguamente. Fueron licitaciones en donde, a lo menos, se invitaron a 13 empresas a participar, entre las cuales se escogió la mejor oferta.

Todos los actos administrativos que fueron sometidos a trámite de toma de razón por la Contraloría lo fueron. Por lo tanto, en términos generales, tanto en obras portuarias, hidráulicas, viales y de arquitectura, en su opinión, se procedió de acuerdo con la normativa vigente desde el punto de vista jurídico-administrativo. Prueba de ello son las debidas tramitaciones realizadas por la Contraloría Regional.

El caso puntual del Puente Viejo fue un contrato que en dos ocasiones -a requerimiento del senador Navarro- ha sido sometido a investigación. En ambas ocasiones, la Contraloría no ha hecho reparos respecto del acto jurídico en sí. Es más, en una de las últimas investigaciones realizadas, el ente contralor, respecto del contrato puntual, concluyó que la contratación de emergencia de las obras de demolición del Puente Viejo se ajustó a derecho.

En el caso de este Puente, si bien la empresa tenía la facultad de subcontratar, para que ese subcontrato tenga la validez correspondiente debe ser debidamente informado, a través de esa dirección regional, a la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas, cosa que no ocurrió. En mérito de ello, él, en conjunto con el director regional de Vialidad, co-locó los antecedentes en conocimiento de la Dirección Nacional de Vialidad, para que se tomaran las medidas administrativas respecto de la empresa Sacyr, por no haber cumplido con lo que exige el reglamento.

Paralelamente, también solicitó al director regional de Vialidad que procediera con un sumario administrativo por la eventual responsabilidad que tuvo el inspector de la obra al no fiscalizar que este subcontrato haya sido debidamente informado y validado.

Por lo tanto, en el caso particular efectivamente solicitó y colocó los antecedentes respecto de eventuales sanciones que tome la Dirección Nacional de Vialidad contra la empresa, por no haber cumplido con la legislación vigente.

En relación al proyecto de las barcazas y al rol que cupo en él a la Armada, precisó que la Capitanía de Puerto es la que daba las autorizaciones sobre la navegabilidad de las barcazas, según las condiciones de marea, y que previo a la ejecución del contrato se le solicitó autorización. Hay documentos formales en ese sentido, que se comprometió a hacer llegar a la Comisión.

Por otra parte, aclaró que administrativamente el contrato del Puente Viejo dependía de la Dirección Nacional de Vialidad, pero la comisión evaluadora de la oferta fue a nivel regional. O sea, administrativamente, quien firmó el contrato fue la Dirección Nacional de Vialidad, pero la comisión de evaluación estuvo compuesta por profesionales del Ministerio de Obras Públicas a nivel regional. Lo mismo ocurrió en el caso de las barcazas en lo que se refiere a las obras previas para la habilitación.

En cuanto a la división de la obra por parte de la empresa Sacyr, el reglamento establece que se puede subcontratar hasta el 30% del monto del contrato y que la diferencia debe ejecutarla la empresa. Por lo tanto, en el subcontrato que se tuvo a la vista, a través de la inspección fiscal, aparece el porcentaje respecto de cada una de las partidas que consideró la propuesta. Al momento de hacer llegar la información sobre los antecedentes del contrato se incorporó la subcontratación, en la que aparecen las partidas de la obra y el 27,4% subcontratado.

Al emplazamiento efectuado por un señor Diputado al señor Díaz, en cuanto a que señale que se cumplió con los procedimientos, de manera que la obra que se licitó a la empresa consignada en el registro de obras mayores del Ministerio de Obras Públicas fue la que efectivamente hizo el trabajo, y que pagó una porción muy menor de lo que recibió del Fisco para que ésta la realizara una empresa subcontratista; y por otra parte por qué empresas tan importantes en este tipo de obras, tales como Marco Porzio y Flesan, no participaron en la licitación, respondió el señor Díaz que quiere aclarar que tanto la empresa Flesan como la empresa del señor Porzio no están inscritas en obras mayores, razón por la que no fueron invitadas a esa propuesta; en cuanto a la primera consulta expresó que le estaban pidiendo que emitiera juicios respecto de presunciones, lo que no puede hacer. Sus respuestas están basadas en los documentos que obran en el contrato. Por lo tanto, no puede especular respecto de si la empresa contratada por el 27,5% del monto ejecutó el ciento por ciento de la obra, puesto que no consta en los antecedentes del contrato. En consecuencia, no se puede referir sobre una presunción. En todo caso, va a poner a disposición de la Comisión todos los antecedentes que avalan y justifican el contrato del Puente Viejo.

5) Señor Juan Arévalo, Concejal de Bulnes.

Señaló que se había visto envuelto en una situación que quería aclarar. Así, un día do-mingo fue sorprendido al recibir una llamada del periodista de Chilevisión. señor Matías del Río, para solicitarle un par de fotos, que él tenía conocimiento que obraban en su poder, las cuales tenía para mostrárselas sólo al Director Regional del Serviu de ese momento, con quien había solicitado una audiencia tras la molestia de uno de los dirigentes de la villa Nueva Aurora, del sector de Santa Clara, de la comuna de Bulnes, ante el ofrecimiento de construcción de 10 viviendas. Más que una población, es un caserío emplazado en un terreno que la municipalidad, a través de este concejo, en algún momento les donó y en el que se han ido instalando.

Las molestias surgieron al verse cumplido el plazo que la ex Intendenta, señora Jacqueline Van Rysselberghe, les había dado, marzo de 2011, para tener construidas sus viviendas, lo que no ocurrió. El señalado vecino se dirigió a él cuando hacía un trabajo en terreno en el sector. Dijo conocer su situación, ya que ha sido concejal por tres períodos en la comuna de Bulnes y nueve años he estado de la mano con estos vecinos para poder concretar los legítimos derechos que tienen, como ciudadanos de este país, a tener una casa digna.

Agregó el señor Arévalo que han sido muchos los ofrecimientos que ha escuchado durante los nueve años que lleva como concejal de la comuna de Bulnes, tanto de parte de gente de la Concertación como de la Coalición por el Cambio -de la cual es parte- en este caso realizado por quien había sido designada como representante del Presidente de la República; pero, muchos de ellos nunca se llevaron a cabo. Esa es la molestia que tienen los vecinos, la que dijo compartir, y por ello se motivó a pedir una audiencia con el seremi del Serviu de la Región del Biobío, para la cual había tomado unas fotos, con el objeto de mostrarle la calidad de sus viviendas y, además, hacerle entrega de un documento oficial, emitido por la Municipalidad de Bulnes, en el que se le informaba en qué condiciones estaban viviendo esos vecinos, situación que continúa hasta hoy. Esa fue toda su participación.

Ahora, su nombre, apareció en la opinión pública, única y exclusivamente -como indicó- a raíz de un llamado telefónico del periodista Matías del Río, de Chilevisión, donde le manifiesta que tenía conocimiento de esas fotos, y si se las podía enviar, ofreciéndole mantener el anonimato de cómo las había obtenido

Sin embargo, él encontró que aceptar eso era de poca hombría, de manera que lo había autorizado a dar el nombre de quien le estaba entregando las fotos.

Reiteró que él no ha hecho ninguna denuncia, que sólo aportó tales fotos a raíz de una información que el periodista ya manejaba.

Ante la consulta que se le formuló, en orden a si era efectivo que hubo un sumario y que debido al mismo se sancionó al director de Obras de la Municipalidad de Bulnes, por lo cual fue destituido, y si era cierto que el segundo funcionario de Obras Municipales, por tener calidad de contratado a honorarios no fue destituido, situación que se repitió con la encargada de la EGIS, respondió el señor Arévalo que tenía un conocimiento verbal de que se hizo un sumario y que un funcionario de la municipalidad fue desvinculado de sus funciones por errores que cometió, los que según le había informado el alcalde vía telefónica, esa misma mañana, consistieron en haber entregado copia del sumario.

A instancias de un miembro de la Comisión, en cuanto a que profundizara en la situación existente en Santa Clara, señaló que sus pobladores vivían en una situación paupérrima. Es gente de muy escasos recursos, pero con muy buen corazón, con la que siempre habia tenido cercanía, porque siempre ha sido un concejal que ha intentado ayudarlos a solucionar sus problemas; pero, a raíz de todo lo ocurrido, curiosamente, le cerraron la puerta; lo que entiende, es que él se ha transformado en víctima de este enredo provocado por la ex Intendenta, mal asesorada por sus territoriales.

Ahora bien, en lo que respecta a la situación que se generó en Tres Esquinas, en la cual también participó, cuando la ex Intendenta fue a Bulnes a darles a conocer dicha solución, la que tampoco compartió. De hecho, así dio a conocer a la opinión pública, por cuanto le pareció que no era el camino correcto; si bien, a lo mejor, la intención era buena.

6) Señor Joaquín Sanhueza. Concejal de Laja.

Hizo presente que la situación de la comuna de Laja es más grave que la de Bulnes, dado que en ella existen alrededor de 1.052 familias damnificadas. De ese total, hay 767 familias que ya postularon y 285 por postular. Los subsidios asignados son 767, lo cual escapa de la realidad, ya que la comuna no tiene esta cantidad de damnificados. Eso se debe a que se mal utilizaron certificados de inhabitabilidad para favorecer a familias que no necesitaban viviendas. Se hizo la denuncia por 25 casos, se entregaron fotografías y se acompañaron documentos, tanto al Ministerio Público como a la Contraloría.

Cuando el caso se hizo conocido, porque salieron en la televisión unas declaraciones en que la ex Intendenta ofrecía certificados de inhabitabilidad a unos vecinos, en su comuna ya estaba sucediendo lo mismo hacía tiempo. Así es que, cuando vio esas imágenes, tomó contacto con el senador Navarro y le mencionó lo que estaba ocurriendo allí. Él se mostró bastante interesado. Fue uno de los pocos que se preocupó por esto, no obstante que él ya había advertido de la situación, hacía bastante rato, a varias personas. Sin embargo, parece que no escuchaban las voces que se alzaron en su comuna.

Agregó, que fue a conversar con el delegado provincial del Serviu, quien le dijo que si los subsidios estaban asignados era porque las personas realmente estaban damnificadas. Ante lo cual le preguntó si él había ido a verificarlo recibiendo una respuesta negativa, pero le indicó que tenía un equipo de trabajo que estaba en terreno para cumplir esa tarea. Le sugirió que le dijera a su equipo que se contactara con él, para llevar a sus integrantes hasta los lugares, porque había bastantes casas en las cuales la gente siguió viviendo sin problemas después del terremoto, ya que no tienen daños: pero, a pesar de ello, les estaban construyendo otra casa al lado. A otras personas, a pesar de tener dos o tres casas, les dieron una nueva.

Los certificados de inhabitabilidad se entregaron a un comité de vivienda llamado San Martín, el cual venía postulando desde 2009. Ellos fueron favorecidos en 2002 con casetas sanitarias que contaban con cocina, baño, comedor y una habitación. Esas viviendas son de madera impregnada y no sufrieron daño con el terremoto; sin embargo, las destruyeron o las desarmaron para construir casas nuevas para esa gente en el mismo lugar.

Consultado acerca del número de viviendas del comité San Martín, respondió el señor Sanhueza que ello era posible de determinar, porque el Serviu les envió una nómina en que señala cuál es la cantidad de postulantes para quienes ya están autorizados los subsidios. Incluye el nombre, el apellido y el RUT, pero no la dirección. de modo que no le ha sido posible realizar su trabajo de fiscalización como concejal, pues no tiene idea de dónde vive esa gente. Agregó que, en varias ocasiones, había pedido al Serviu que entregue la nómina de los damnificados que ya obtuvieron sus subsidios, para verificar si sus casas estaban realmente inhabilitadas, porque cuando se ha dado alguna vuelta por ciertos sectores, ha visto casas que al día siguiente ya no están, dado que las desarman. De hecho, el día anterior había recibido una denuncia de una ciudadana que lo llamó para decirle que acababan de ir a desarmar la casa de su vecino y que, como ella tenía la casa pareada con la de él, le dejaron todo un sector abierto. Le llama la atención que sólo se haya dañado la parte del vecino y no la de la persona que hizo la denuncia, dado que están en el mismo terreno y las dos viviendas fueron ensambladas juntas.

Volviendo al tema del comité de viviendas San Martín, añadió que desde 2009 ellos cuentan con certificado de inhabitabilidad. Esas casas murieron en 2009, así es que no pueden aparecer en 2010 con un nuevo certificado de inhabitabilidad producto del terremoto.

Son bastante los casos irregulares que hay en su comuna, tanto por los subsidios que se asignaron como por las mediaguas que se entregaron, que hoy las ocupan para almacenar fardos, carbón, leña o cualquier otra cosa, pero que no estuvieron disponibles para la gente que realmente las necesitaba.

Consultado acerca de cuál es la autoridad que está facultada para emitir los certificados de inhabilidad, respondió el declarante que. en este caso, es el director de Obras de su comuna, con la información que le entrega la EGIS municipal. La Dirección de Obras otorga el certificado de inhabitabilidad y la persona que lo recibe lo presenta en la EGIS municipal y aporta todos los antecedentes para postular al subsidio habitacional. Quienes hicieron la inspección técnica son funcionarios de la EGIS.

En relación con eso, solicitó que se investigue al Serviu, porque se supone que ellos debían verificar la información que el municipio proporcionó, como los RUT de los beneficiarios, con el objeto de comprobar que no tuvieran viviendas en otro lugar, ya que en su comuna se construyeron casas para personas que tenían subsidios en otros lugares, a las que se benefició no obstante la enorme necesidad de viviendas que hay en Laja.

Todo ello motivó a que se presentara una querella, después de la denuncia, la cual aún está en proceso de investigación, en el juzgado de garantía de Concepción

En lo que respecta a la responsabilidad administrativa de quienes resulten involucrados, ello está a cargo de la Contraloría. El alcalde no ordenó instruir sumario administrativo al director de Obras ni a las personas encargadas de la EGIS municipal. Pero hay bastantes funcionarios de la EGIS que fueron desvinculados de ese departamento.

Consultado acerca de si tuvo alguna entrevista con el director del Serviu de la época, ex-presó el señor Sanhueza que había tenido una entrevista con el delegado provincial de Los Ángeles, al cual solicitó se hiciera presente en terreno, que mandara a los fiscalizadores. Es más, uno de los fiscalizadores que enviaron, en el momento en que le pidió que fuera a visitar una vivienda, lo acusa al alcalde de que él estaba entorpeciendo su trabajo, porque, según él, no tenía la facultad de pedirle que fuera a fiscalizar algunas viviendas de su comuna.

Consultado acerca del rol que había tenido la ex Intendenta en los hechos denunciados, indicó el declarante que había recibido el comentario de que después del terremoto varias comunas fueron instruidas de usar ese método para conseguir subsidios habitacionales, a raíz de lo cual hay viviendas construidas, las que ya no se pueden desarmar, pero hay mucha gente a la que se le está pidiendo que renuncie al subsidio. Sin embargo, cabe preguntarse cómo se puede pedir la renuncia a un subsidio que ya se otorgó y si resulta lógico desarmar una casa recién construida. Esa es la responsabilidad que él está buscando.

En respuesta a la consulta acerca de si hubo reuniones entre el alcalde y la Intendenta en Concepción, señaló el señor Sanhueza que en el concejo se les informó que el alcalde había tenido reuniones con la Intendenta, pero no las materias tratadas.

Preguntado acerca de si él escuchó que el alcalde haya dicho: “La Intendenta me dijo que a esa gente que no estaba damnificada la íbamos a pasar por damnificada”, respondió negativamente.

7) Señor Jorge Condeza, concejal de la comuna de Concepción.

Aclaró que ingresó al municipio de Concepción como concejal post terremoto, el 22 de abril de 2011, de manera que en algunos temas que se investigan no tiene participación alguna y en otros es solamente de orden tangencial.

En primer lugar, está el tema de Aurora de Chile, del cual, al tomar conocimiento, varios concejales, junto a él, oficiaron al Alcalde de Concepción para que les informara acerca de la lista de todos los certificados que se habían entregado en la comuna a raíz del terremoto, no solamente aquellos relacionados con la destrucción de las viviendas, sino que también con los que tenían que ver con reparaciones y que estaban afectados con subsidios menores de las 50 UF.

Paralelamente, hizo una presentación personal al alcalde de Concepción, solicitándole pedir una investigación al interior del municipio, con el objeto de aclarar si existía o no la entrega de certificados falsos.

Ello lo efectuó el 4 de febrero de 2011, y transcurridos los meses desde esa fecha el alcalde no ha respondido.

Dado que este tema había adquirido una connotación pública, solicitaron en comisión y en sesión de concejo información precisa respecto de esto.

Inicialmente, el alcalde de Concepción verbalmente certificó que el municipio no había hecho entrega de certificados falsos. Posteriormente, para corroborar tal información, se requirió que el director de Obras Municipales diera esa certificación, lo cual efectivamente hizo en presencia de los concejales, ocasión en la que informó que él no había entregado ningún certificado falso.

Por otra parte, en visita a la población Aurora de Chile se constató la existencia de me-diaguas que habían sido construidas, razón por la que se volvió a consultar al alcalde de Concepción y al director en esa época de Secplan quién las había construido, Sin embargo, no hubo una respuesta concreta, más bien fue manifestar desconocimiento absoluto respecto de qué se trataba esa situación.

A la semana se informó por la prensa que esas mediaguas habían sido construidas por orden de la intendencia regional, las que duraron en el lugar no más allá de quince días, para, luego, comenzar a ser destruidas y posteriormente retiradas por funcionarios municipales. Hoy se encuentran almacenadas en el estadio regional.

Otro punto de interés de la Comisión y en el cual él tiene algún grado de participación, dice relación con el escándalo de las horas extras.

Ese tema lo han tratado de una forma institucional En agosto del año pasado, una vez que esta gente había sido trasladada al gobierno regional, se requirió una auditoría a control interno. Hay que aclarar que esas auditorías se habían solicitado sistemáticamente, pero se habían negado por parte de la autoridad comunal. Dicha auditoría se tradujo en un informe, bastante completo, que detectó el pago de horas extras, sin justificación, a algunos de los funcionarios que fueron trasladados a la intendencia regional. Posteriormente, estos antece-dentes se hicieron llegar a la Contraloría General de la República, organismo que emitió un informe bastante completo, hace casi un mes atrás, en el que ratifica el pago de horas extras sin justificación. Si bien es cierto eso se hizo con algunos visos de legalidad, como, por ejemplo, decretos que permitían los trabajos, se detectó la existencia de libros personales de asistencia, que nadie podía certificar, y también que los trabajos que se habían encomendado nunca fueron efectivamente corroborados.

Debido a eso. el concejo solicitó al alcalde de Concepción las acciones concretas para requerir la devolución de esos dineros Esa muestra que tomó la Contraloría involucra a las personas que fueron trasladadas a la intendencia regional, pero no necesariamente están incluidas todas ellas, porque lo que hizo la Contraloría y control interno fue sólo una tarea de muestra, de manera que pudo haberse escapado alguno de esos funcionarios que recibió montos importantes referidos a su propio sueldo.

La Contraloría ha sido sumamente clara respecto de esa materia, y la información que entregó control interno se hizo pública a poco andar el Gobierno Regional. Lo que pasó posteriormente, con las acciones que debió haber tomado, manifestó desconocerlo. Si efectivamente se desligó a esas personas o si se les obligó a devolver los dineros, no existe constancia, en el municipio al menos, de que eso haya ocurrido; y, como concejo, están presionando para que el alcalde ejerza acciones judiciales para la devolución de esos recursos.

Respecto de los otros temas de interés de esta Comisión señaló no contar con mayor in-formación.

Consultado acerca de si puede acreditar, con algún documento, si la orden de construir viviendas de emergencia en la población Aurora de Chile, efectivamente vino de la Intendencia, respondió el señor Condeza que se había informado al concejo que las mediaguas instaladas en el sector aledaño a la población Aurora de Chile, habían sido compradas por la Intendencia, no pudiendo precisar si fue el director del DOM o el de Secplan, en comisión de Hacienda o en reunión específica sobre ese tema.

Luego consultaron al alcalde y a quien correspondía si tenían conocimiento de que ellos, como municipio, hubiesen adquirido esas viviendas, y a los que estaban en ese momento: el alcalde, el director de Secplan, el director de Obras Municipales, etcétera, ratificaron que era una compra realizada por la Intendencia; pero que no posee documento alguno que acredite aquello.

8) Señora Alejandra Smith, concejal de Concepción.

Hizo presente que en la región del Biobío ocurrieron acciones de parte de la ex Intendenta que faltan a la fe pública y contribuyen al desprestigio de las autoridades políticas y de Gobierno. Hizo entrega a la Comisión de una serie de antecedentes y, además, expresó su deseo de dar respuesta a la pregunta que se había formulado al señor Condeza y que se refiere a la adquisición de viviendas para la población Aurora de Chile.

Declaró tener en su poder el memorándum N°11, del jefe suplente del departamento de administración y finanzas de la Intendencia, dirigida a don Pedro Pablo Gormaz, Intendencia de la región del Biobío, al cual dio lectura, del siguiente tenor: “Junto con saludarlo, adjunto copia de factura 2799, de fecha el 31 de marzo de 2011, a objeto de que haga llegar recepción conforme de las 40 viviendas de emergencia entregadas por la empresa Procamad limitada, a familias de la población Aurora de Chile, conforme a lo señalado en resolución exenta N° 327, del 29 de marzo de 2011, de la Intendencia Regional.”. Agregó, que tal documentación quedará a disposición de la Secretaría, junto a la factura, por un total de $26 millones 299 mil, correspondiente a 34 viviendas de emergencia. Está la recepción conforme de la señora Loreto Contreras, con fecha 28 de enero de 2011; está el decreto de pago; la resolución exenta que, en su punto 2 especifica que “el evento precedentemente indicado ocasionó severos daños en diversas edificaciones, entre otras, en construcciones habitacionales emplazadas en el sector de Aurora de Chile, de la comuna de Concepción, dejando a varias familias sin vivienda y sin un lugar donde retomar su vida familiar.”. Ella está firmada por la abogada Ximena Saba Veloso, por delegación de firma de la señora Intendenta Jacqueline Van Rysselberghe Herrera.

Indicó que, como antecedente adicional traía las fotos de las viviendas ubicadas en el sector Aurora de Chile, las cuales actualmente están botadas en el estadio regional, propiedad administrada por la municipalidad de Concepción. En ellas se observa el mal estado en que se encuentran estas mediaguas en las que se invirtió más de $36 millones, a través de fondos de emergencia de la Intendencia Regional del Biobío. Es dinero del Estado, de todos los chilenos.

Continuando con su relato, señaló que, con fecha 19 de julio, hizo llegar a esta Comisión una minuta respecto de la situación del Puente Viejo y del sector Aurora de Chile, la que quiere complementar en lo que respecta al primero de ellos, además de adjuntar, una presentación formal que fue entregada a la Contraloría Regional del Biobío el 28 de julio del presente año, en que se solicita determinar la forma de cálculo del precio a pagar por las obras de demolición de emergencia del Puente Viejo, atendidas tres cotizaciones -que acompañó a esta presentación- las cuales claramente indican una gran diferencia respecto del valor en que fue adjudicada la licitación. Recordó que la adjudicación de las obras para derribar el puente se hizo por asignación directa.

A raíz de una serie de informaciones que daban cuenta de una situación irregular en el retiro de las estructuras mencionadas y a que, a simple vista, se apreciaba que no se había dado cumplimiento al trabajo asignado, el senador Alejandro Navarro Brain solicitó, en forma oficial y con las mismas bases de licitación, tres cotizaciones a empresas expertas en el rubro y que se encontraban dentro de las 13 que estaban autorizadas para ejecutar una obra de este tipo, copia de las cuales procedía a hacer entrega a la Comisión, donde la más alta corresponde a la empresa de demoliciones Socoher por un monto igual a $695 millones más IVA; seguida por la empresa de demoliciones Mario Porzio, por un valor de $665 millones más IVA; y, finalmente, la empresa Flesan por un monto igual a $638.717.258.- más IVA. Todas estas empresas están inscritas en el registro del MOP y con alta calificación, lo que la autoriza a plantear, con seguridad, que efectivamente se pagó un sobreprecio de casi $1.300 millones.

Producto del terremoto que alcanzó una magnitud de 8,8 grados Richter que afectó a la Región del Biobío y que provocó, entre otras cosas, severos daños al Puente Viejo de Concepción, la autoridad de la época ordenó el retiro de la estructura colapsada, cuyo trabajo lo realizó la empresa Sacyr Chile, por un monto de $1.988.356.000.-, la que culminó lo solicitado en un tiempo mucho menor que el indicado y que subcontrató el ciento por ciento de la faena, a pesar de que no podía exceder el 30% del total de la obra. Además, expresó que iba a anexar la última presentación efectuada a la Contraloría, el 28 de julio; la nómina de empresas inscritas a nivel nacional en el Ministerio de Obras Públicas para este tipo de obras y las tres cotizaciones.

9) Señor Patricio Lynch, concejal de Concepción.

Comenzó su intervención señalando que los tratadistas de administración están de acuerdo en que hay dos tipos de responsabilidad: la operativa, que tiene un subalterno para realizar las tareas que se le han encomendado, y la general, que tiene toda persona con subalternos a su cargo, cuya responsabilidad nunca es delegable.

El segundo punto que sirve de base para avalar sus dichos es, en primer lugar, el artículo 8° de la Constitución Política, que se refiere al expreso reconocimiento del principio de probidad. En segundo lugar, la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado que. en su artículo 13, llama a respetar el principio de probidad. El artículo 52 de la misma ley define tal concepto.

Ahora, con la claridad de que no es delegable la responsabilidad general de la autoridad principal de la región, en este caso la Intendenta, lo que ocurrió con las barcazas está dentro de su responsabilidad.

Por otra parte, se refirió a algo que apareció en toda la prensa en orden a que la Intendenta se negó sistemáticamente a instalar agua en los campamentos de emergencia surgidos tras el terremoto, lo que fue subsanado por el Intendente actual.

Hizo presente que señalaba estas anomalías, porque poner agua en los campamentos económicamente significa una parte muy mínima de los $1.300 millones que se gastó en las barcazas, favoreciéndose así, a su modo de ver, a grandes empresas transnacionales particularmente y no a los camioneros; ello, porque la rentabilidad personal o como empresa de los camioneros está determinada por la mercadería que transportan y el kilometraje que recorren. Para ellos el hecho de partir de su base de carga, de empresas transnacionales, de la celulosa u otras, recorrer el camino a Nacimiento, dar la vuelta por Los Ángeles y llegar a los terminales, significaba 200 kilómetros más.

En términos de costos, antes del terremoto, pasar los puentes tenía una valor de alrededor de $120.000.-. En cambio, hacer todo el recorrido mencionado tiene un costo que fluctúa entre $280.000.- y $320.000.-. Producto de las barcazas, los camioneros dejaron de percibir esos mayores ingresos; es decir, alguien se ahorró esa plata y ellas son, obviamente, las grandes empresas.

Así como el terremoto significó desgracia para mucha gente, para otros significó una oportunidad, pero para los camioneros ésta fue truncada por una decisión unilateral de la autoridad y de las personas que la ayudaban para su gobierno, para instalar las barcazas.

Pero ello no termina ahí, especialmente en el lado sur, con motivo de los temporales del año pasado, las paredes, los gaviones, que permitían la entrada de los camiones hacia el río se carcomen, se destruyen. Hubo que repararlos; pero, la construcción no tenía seguros. O sea, los que hicieron estos contratos no se preocuparon de asegurar $250 millones. Entiende que son alrededor de $250 millones los que tiene que absorber nuevamente el Estado para beneficiar, curiosamente, a los grandes empresarios, a las transnacionales de la celulosa y no a la gente a la que le destruyeron su hábitat.

Estima que se tomaron decisiones apresuradas que perjudicaron enormemente a mucha gente, a la que le causaron dolor y que tuvieron que recurrir a los tribunales para restituir el Estado de Derecho.

En el caso de Centinela, 2.400 familias que viven en departamentos en Talcahuano fueron visitadas, por los territoriales de la autoridad, los que, como lo informó la prensa, dependían directamente de la Intendenta, ni siquiera de los gobernadores. Eso motivó el reclamo de diputados, incluso de la misma tienda política de la señora Intendenta, en cuanto a esta instalación de funcionarios al margen del ordenamiento jurídico.

Las personas de Centinela 2 son visitadas por estos territoriales y por la propia Intendenta, cuyos diálogos que sostuvo con las familias de allí están grabados en un CD que entregará a la Comisión, donde los conmina a salir de estos edificios.

La gente preguntó dónde nos vamos a ir si aquí estamos viviendo. Es cierto que hubo un terremoto, pero no estamos mal aquí. Según informes técnicos de la municipalidad de Talcahuano, de su departamento especializado en materia de construcciones, los edificios son reparables.

El Serviu, seguramente para contrarrestar esta situación, encargó al (diem de la Universidad de Chile un informe; pero, lo más importante de todo es que la municipalidad de Talcahuano, a través de su Dirección de Obras, que tiene que dar los informes de inhabitabili-dad, declara que no puede hacerlo porque los edificios son habitables, lo que es corroborado por el IDIEM.

El señor Cristián Gibson, delegado territorial, compró a nombre de la Intendencia 175 viviendas, lo que consta en el informe de la Contraloría que pidió el intendente de la Octava Región, señor Lobos, que pone a disposición de la Comisión, lo más curioso es que la Intendencia paga todo esto, firma que lo recibió, que se repartieron las mediaguas; pero, la Contraloría comprueba que de las 170 viviendas, 31 no existían porque el señor Gibson las había cambiado por planchas, seguramente para forrar las mismas viviendas. Lo hizo a título personal basado en la autoridad delegada, autoridad operativa, porque la autoridad general siempre la tiene la Intendenta.

En el informe referido se señala que el señor Cristián Gibson Isla, ex funcionario del Gobierno Regional, se atribuyó facultades de las cuáles no estaba investido al negociar con la empresa Procomad Ltda., para cambiar 31 viviendas de emergencias por lo que estimó era el equivalente a planchas de terciado, sin requerir por ellas la autorización de las autoridades pertinentes; que en la Intendencia Regional no existían requisitos documentales en los cuales constara la entrega y recepción conforme, por parte de los beneficiados, de las planchas de terciado que habría entregado directamente la empresa.

Se debe considerar el sufrimiento de la gente, ¡No tenían dónde irse! La propia autoridad regional les dice ¡Desmantelen, váyanse! En julio, prácticamente, ya han salido todos. Llegaron las máquinas con los punzones, destruyendo todo.

¿Qué pasó con los certificados de inhabitabilidad, si tanto el IDIEM como la municipalidad habían dicho que eran habitables?

Llegó un señor del Ministerio de la Vivienda con autoridades de la Intendencia y ya no requieren este tipo de certificados, sino que ahora son de reconstrucción simplemente u otro mecanismo. Este problema lo crearon artificialmente y como lo dijo de manera simpática el senador Navarro, estas personas son damnificados forzados. ¿Quién los forzó? La autoridad regional, a través de sus brazos ejecutores, los famosos territoriales, desplegados en toda la región, en este caso particular en Talcahuano. Ésa es la realidad.

Pasando a otro punto, que no tiene que ver con eso directamente, pero sí indirectamente: se trata del tema de las horas extraordinarias que planteó el concejal Jorge Condeza, que, también tiene que ver con la Intendencia, toda vez que el informe de la Contraioría General de la República establece, detallada y pormenorizadamente, que funcionarios que actualmente están en el gobierno regional, que trascienden a la propia Intendenta Van Rysselberghe y están bajo el Intendente Lobos, entre ellos el secretario ministerial de Educación, cobraron y no lo han devuelto ni se les ha cobrado el dinero que se les pagó por horas extraordinarias, que son más de $20 millones en el caso del funcionario mencionado que, incluso, los cobró estando de vacaciones.

10) Señor Pedro Venegas, ex ¡efe del Departamento de Administración y Finanzas de la Intendencia de la Región del Biobío.

Hizo presente que desempeñó tal jefatura y en tal calidad, durante 2010, producto de las consecuencias del terremoto, cumplieron una ardua labor con un equipo bastante reducido de funcionarios al interior de la Intendencia. Sin embargo le tocó objetar ciertos hechos que, a su juicio, adolecían de algunos defectos. Ellos dicen relación con la adquisición de 34 viviendas de emergencia en un primer momento y 120 posteriormente, es decir, un total de 154 viviendas de emergencia, que estaban destinadas para la población Aurora de Chile.

Las primeras 34 viviendas se compraron por medio de la resolución exenta N°1838, que firmó la ex Intendenta, de fecha 29 de diciembre de 2010, copia de la cual procede a entregar. Posteriormente, y poco antes de dejar el cargo, la señora Intendenta pidió la adquisición de 120 viviendas de emergencia más, por un total de $93.962.010 el 29 de marzo de 2011, adquisición que, también, iba destinada a la población Aurora de Chile.

La resolución exenta N°327, de 29 de marzo de 2011, corresponde a las 120 viviendas de emergencia que se adquirieron.

Su observación al proceso se dio, no tanto por la efervescencia pública que produjo el tema de la población Aurora de Chile, sino que dice relación con la distribución de las viviendas de emergencia que, desde su punto de vista, tenían que contar con una serie de documentos como, por ejemplo, el que señalara a qué personas habían sido asignadas cada una de estas mediaguas. Solicitó dicha documentación a la persona que correspondía, es decir, al señor José Contreras, que era y sigue siendo el jefe del Departamento Social de la Intendencia Regional. Él indicó que las recibió conforme, que las distribuyó conforme, pero nunca le hizo entrega del listado con la información acerca de a quiénes se les entregaron. Posteriormente, respecto de las otras 120 viviendas de emergencia que se suponía que tenían que ser asignadas a la población Aurora de Chile, le pidió a quien, en ese entonces, era jefe de gabinete de la Intendenta Regional, don Pedro Pablo Gormaz, la información y él tampoco se la entregó. De hecho, al parecer. esta persona nunca recepcionó esas viviendas y tampoco las distribuyó.

Esas anomalías y la solicitud de una investigación sumaria las hizo presentes, en su momento, al Intendente subrogante, don Renato Paredes; pero, lamentablemente, no procedió a hacerlo. El actual Intendente, Víctor Lobos, tomó dichos antecedentes y efectuó la investigación sumaria correspondiente.

La Contraloría terminó ratificando lo que él sostenía en cuanto a que la Intendencia Regional efectuó el pago de facturas sin contar con todos los antecedentes documentales de respaldo, que acrediten la recepción conforme de todas las viviendas adquiridas. En segundo lugar, señala que el señor Cristián Gibson, ex funcionario del gobierno regional, se atribuyó facultades de las que no estaba investido al negociar con la empresa Procomad el cambio de 31 viviendas de emergencia por lo que, él estimó, era su equivalente en planchas de terciado. Tercero, en la Intendencia Regional no existían registros documentales en los que constara la entrega y recepción conforme, que era lo que él exigía, por parte de los beneficiarios de las planchas de terciado que habría entregado directamente la empresa Procomad. Además, hay otros antecedentes que tienen que ver con recepciones conformes que nunca se dieron.

Desde su punto de vista, don Cristián Gibson obedecía instrucciones directamente de la Intendenta y, también, de quien era el jefe de gabinete, pero que no era un jefe de gabinete oficial o formal, sino que en los hechos desempeñaba tal cargo, porque legalmente había otro jefe de gabinete. En los hechos, quien decía ser el jefe de gabinete era don Juan Ricardo Garrido, actual jefe de división del Gobierno Regional, quien tenía oficina en la Intendencia; él, en definitiva, establecía ciertos contactos y vinculaciones con los funcionarios que se hacían llamar territoriales y que, también, obedecían las instrucciones de la señora Intendenta Regional. Ése es uno de los hechos de la causa que tiene que ver con la población Aurora de Chile.

Otro de los hechos dice relación con la población Centinela 2 de Talcahuano, donde también se adquirió una cantidad considerable de viviendas de emergencia, pero tampoco se informa a quienes se les entregó. Eran 200 viviendas, por un costo de $107 millones, específicamente destinados a dicha población. La adquisición de 175 de ellas fue autorizada por resolución exenta N° 1719, de 9 de diciembre de 2010, y la adquisición de 25 de ellas por resolución exenta N°1720, de 10 de diciembre de 2010. De igual forma solicitó que se le informara a quiénes se les había proporcionado mediaguas y nunca le entregaron dicha información. Imagina que esto fue parte del proceso de investigación sumaria que siguió la Contraloría Regional.

Un tercer elemento tiene que ver con los materiales para reparación de viviendas de emergencia, para 917 de ellas, por un monto de $91.700.000.-, a través de la resolución exenta N°1578, de 22 de noviembre de 2010. En esos momentos, quien tenía que entregar la información acerca de a quién se le proporcionaron estos elementos era la entonces jefa de Gabinete, señora Olga Osses, pero ella tampoco lo hizo.

Consultado acerca de la calidad en que él estaba en el servicio, señaló el señor Venegas que se desempeñaba como suplente; que de hecho, había efectuado una presentación a la Contraloría Regional, la cual hace un mes le informó que no había podido resolver su situa-ción, porque la resolución que lo nombraba como jefe del departamento de Administración de Finanzas debía surgir de la Contraloría General de la República. Por lo tanto, remitió todos los antecedentes al Contralor General, quien todavía no se pronuncia en relación a si su destitución fue adecuada o no.

Consultado acerca de quién había firmado las órdenes de compra de las señaladas viviendas de emergencia y de los Kit de materiales de reparación, respondió el señor Venegas que el proceso de compras cierra con la resolución que lo aprueba. Todas ellas son firmadas por la Intendenta, salvo una que fue firmada por don Carlos González, quien estaba como Intendente subrogante, actuando como ministro de fe, por lo general, la asesora jurídica.

11) Señor Hugo Soto, Inspector Técnico de Obras Municipales de Bulnes.

Manifestó suponer que fue citado por el tema de los certificados de inhabitabilidad que le tocó confeccionar, que fueron diez y que se los había pasado la EGIS municipal en forma urgente, porque tenían que ser enviados a Concepción. Eso fue lo que le dijeron.

Afirmó haber preguntado acerca de si un profesional había ido a terreno, y le respondieron que lo había hecho Víctor. un colega suyo que trabajaba para la EGIS y es ingeniero constructor.

Entonces, confeccionó los certificados y se los entregó al director de Obras para que los firmara. Ése fue el proceso por el que luego lo involucraron; le instruyeron un sumario y lo destituyeron.

Dando respuesta a la interrogante de si eran absolutamente efectiva la inhabitabilidad de las 10 viviendas, señaló que después se supo que había dos personas que ni siquiera ya estaban viviendo allí, pero que antes habían integrado un comité, por ello tomaron el listado completo.

Consultado acerca de si era cierto que el señor Luis Muñoz prácticamente era parte de la Municipalidad de Bulnes, en circunstancias de que no tenía relación contractual con ésta y que era uno de los territoriales de la ex Intendenta, respondió el señor Soto que él sólo andaba con la encargada de la EGIS, quien le entregó el listado y le dijo: “Estos certificados tienen que irse a primera hora de hoy día, porque los están esperando”. Aclaró que la EGIS era municipal, siendo el director de Obras jefe de la EGIS y, también, suyo; por lo cual tenía que estar al tanto de esos diez certificados, por lo que procedió a entregárselos.

Consultado acerca de la situación actual del mencionado Director de Obras, hizo presente que había permanecido intacto, al igual que la profesional de la EGIS que, a mayor abundamiento, era a honorarios, aunque el primero fue sancionado con una multa porcentual del sueldo.

Aclaró, luego, que era a él a quien correspondía ir para extender los certificados, y esa fue la falta por la cual lo sancionaron, pero debido al volumen de trabajo, confió en lo informado por su colega.

Reiteró, una vez más, que quien le había solicitado los certificados de inhabitabilidad fue doña Nidia Jiménez, todavía a cargo de la EGIS municipal. Ella, personalmente, le entregó el listado y cuando él le consultó si alguien fue a visitar las casas, le dijo que había ido Víctor Sepúlveda. Por eso, luego le entregó al Director de Obras los 10 certificados manifestándole que se trataba de aquéllos que se solicitaron con urgencia, por lo tanto, él también sabía de qué se trataba.

12.- Señor Abner Castillo, arquitecto de Dichato,

Señaló el señor Castillo que era de profesión arquitecto y consultor, desde hace poco más de 30 años, y que fue contratado el 2008 por los propietarios del terreno que, en este momento, tiene 21 mil metros cuadrados y que está ubicado en el costado derecho. mirado desde el mar, en Dichato.

En 2008, la misión de cinco arquitectos, encabezados por él, fue dar plusvalía al terreno y sacarle la mayor cantidad de mejoras para los dueños. El trabajo se inició con la subdivisión del terreno en tres lotes de 7 mil metros cuadrados cada uno.

El anteproyecto fue revisado el 8 de febrero de 2010.

El 9 de febrero se le avisó al propietario que estaba listo para pagar los derechos munici-pales, los cuales equivalían a una cantidad superior a los $2 millones. Pero, en ese momento, el propietario no tenia los recursos para pagarlos, y luego se produjo el terremoto del 27.

Por lo tanto, el esquema que tenían junto con el propietario cambió radicalmente. Pero. como uno de todo tiene que sacar una enseñanza y una oportunidad, se presentó la posibilidad de ofrecer el terreno a la intendencia.

Los propietarios del terreno eran don Marcial González del Valle, don Pedro Larraza Alberdi y otro más a quien no conoció.

Aprovechando esta instancia, lamentable para todo el país, se presentó el proyecto al Gobierno Regional, a la Intendencia, al Serviu y a la Municipalidad de Tomé, en distintas fechas, a partir del mes de abril de 2010.

Según tiene entendido, esos antecedentes fueron a parar al Ministerio de Vivienda, pero no recuerda qué ministro de la Cartera los vio.

Después, para sorpresa suya, el terreno, que estaba valorizado en cierta cantidad de UF por metro cuadrado, fue vendido en un valor superior, lo cual, en un primer momento les llenó de satisfacción, porque quería decir que se había hecho un buen trabajo: pero, al poco tiempo, se dieron cuenta que las cosas no sucedieron como suponían, puesto que si el propietario había dicho que el precio del metro cuadrado era de UF 1, finalmente se le pagó UF 1.1 o algo más. Luego le perdieron el rastro a todo lo que habían hecho.

Sin embargo, tiene en su poder un correo de don Pedro Larraza, uno de los dueños del terreno, que dice lo siguiente: “Nuestro precio minimo base es de UF 1,5 el metro cuadrado”, pero él sabe que lo que se pagó fue UF2,18.

Aclaró que el destinatario era el arquitecto Sergio Haristoy Maldonado, quien es de Tomé, pero vive en Dichato, y es profesional independiente, al igual que él.

Consultado acerca de si posee algún documento que demuestre que la Intendenta estuvo involucrada en esa situación, contestó el señor Castillo que no tenía absolutamente nada.

A una pregunta acerca de si sabe si cuando era el señor Sebastián Salas director del Ser-viu, y se tomó la decisión, había un pariente de él involucrado en la operación, le respondió el señor Castillo que cuando fueron a la Intendencia, le presentaron un proyecto al señor Sergio Baerriswyl, el cual consistía en sacarle provecho al mismo terreno con algunas construcciones del tipo palafito. Eran edificios para los subsidios que están ahora en vigencia. Ésa fue la intención cuando ofrecieron el terreno.

Después de la reunion con el señor Baerriswyl se reunieron con don Iván Cartes, quien estaba a cargo del borde costero de esa zona. Le presentaron el mismo proyecto. En esa oportunidad fueron con uno de los dueños, el señor Marcial González, que vive en Santiago. En esa reunión el señor Cartes dijo que conocía al hijo de don Marcial. Había cinco personas en esa reunión: su colega Sergio Haristoy, quien declara, el señor Iván Cartes, el señor Marcial González y el secretario de don Pedro Larrasa.

Que el señor Cartes dijera en esa oportunidad que era muy amigo del hijo de uno de los vendedores del terreno para ellos fue una sorpresa, pero que podía ser positiva desde sus puntos de vista, porque podía ayudar a que se concretara la compra del terreno.

Luego de que terminó la reunión, se juntaron a conversar con don Marcial sobre el resultado de la misma, que ellos pensaban que había sido positivo. Ahí, don Marcial les dijo que el director del Serviu era medio pariente de él, de allí que ellos dedujeron que, como por un lado el señor Iván Cartes era amigo de un hijo del dueño del terreno y, por otro, el dueño del terreno tenía un parentesco con el director del Serviu, la venta del terreno iba caminando bien.

Pidiéndosele que precisara si cuando Iván Cartes los recibió lo hizo en su calidad de representante de la ex Intendenta Jacqueline Van Rysselberghe, hizo presente el señor Castillo que ellos habían solicitado una reunión con la persona encargada del borde costero -no con la Intendenta- y apareció el señor Caries. En las tres o cuatro reuniones que tuvieron, estuvo él presente; nunca lo hizo la primera autoridad regional.

Al interrogársele acerca de si en una de las tres o cuatro reuniones en las que participaron el señor Abner Castillo y el señor Iván Caries se cerró la venta de la propiedad, respondió el invitado que lo ignoraba.

13.- Señor Jorge Figueroa, Representante Poblacional de Aurora de Chile.

Comenzó su exposición declarando que para los pobladores de Aurora de Chile ha sido una lucha muy difícil porque han enfrentado a poderes tremendos, e, incluso, han recibido amenazas de muerte y han sido agredidos físicamente.

Hizo presente que la verdad es que este proyecto nunca existió para los pobladores de Aurora de Chile y que el objetivo principal era sacar a los pobladores del sector, con la finalidad de dejar esos terrenos desocupados para los proyectos que ahora están saliendo a la luz pública. Por ejemplo, una extensión del puente Chacabuco y el proyecto Terrazas del Biobío, que están emplazados dentro del perímetro de la población. Principalmente, este último proyecto que se encuentra delimitado desde la futura ampliación del puente Chacabuco hasta el parque Bicentenario.

El puente Chacabuco se conecta con la misma calle o la misma avenida atravesando la calle Andrés Bello, que interviene la arteria principal de la población Aurora de Chile.

La falta a la fe pública, la falta de probidad en el ejercicio público, no se han respetado las normas legales y la ética por parte de los funcionarios públicos. Han sido pasados a llevar.

Buscaron muchas opciones para concentrar ayuda, golpearon muchas puertas, eviden-ciando esta problemática, pero cada vez se les aplastaba más.

El único que los escuchó fue el senador Navarro. A través de él pudieron tener, por primera vez, en las manos el proyecto, que jamás llegó íntegro a la población. Simplemente se hizo una presentación 3D en una asamblea y jamás tuvieron posibilidad alguna de intervenir en el proyecto, elegir la Egis, que es un derecho de los mandantes; tampoco pudieron elegir la constructora, porque ésta fue designada por un sistema de licitación un tanto oscuro. De hecho, la Contraloría General de la República aún no ha emitido su informe acerca de los antecedentes que el senador puso a su disposición, para saber concretamente si se cometió alguna falta en ese proceso de licitación.

Aclaró que él representa la vocería de una organización que tuvieron que constituir debido a que el país es tremendamente legalista.

Inicialmente, partieron como comité pro defensa Aurora de Chile, para poder evidenciar esta verdad.

Luego, tuvieron que constituirse como organización comunitaria pro vivienda, ya que eran disminuidos por las autoridades, que les decían que éramos un grupito de familias. Inicialmente partieron con 38 familias y, posteriormente, esto creció.

Ante la consulta acerca de si era la única organización que hay en la población Aurora de Chile, señaló el declarante que existen dos organizaciones comunitarias, una para el tema de viviendas y otra para talleres de mujeres, y desean consolidar otras para los temas culturales y de emprendedores. Eso está en proceso en la municipalidad de Concepción.

Continuando con su exposición, indicó que el 9 de septiembre tuvieron una asamblea con la Intendenta, citada por el presidente de la junta de vecinos, a la que asistieron alrededor de trescientos pobladores, en la que se les dijo que tenían que dejar sus casas, sus terrenos, cuyos primeros pobladores llegaron hace más de ochenta años.

Se les dio la opción de arrendar con sus propios medios o irse a vivir en casas de familiares, porque no había subsidio para arriendo, lo que generó una gran incertidumbre entre los vecinos.

Inmediatamente, se organizaron corno comité, porque se dieron cuenta que esto no iba por buen camino.

El objetivo principal era sacar a los pobladores del sector. ¿Por qué? No tienen título de dominio. Los que más tienen es un rol tributario y dejaron de pagar hace años. Entonces, la vulnerabilidad que poseen es tremenda, puesto que si abandonan esos terrenos, ¿cómo comprueban después que pertenecían a ese lugar, que ahí tenían sus viviendas?

Se implementaron unas mediaguas que el Seremi de Vivienda de entonces, Enrique Ma-tuschka, en una publicación en el diario El Sur, las denominó burlescamente como aldea hotel. Se determinó que se moverían doscientos familias a esas aldeas. Hace poco escucha-ron las compras que estaban destinadas para eso.

Posteriormente, estas aldeas tuvieron que ser retiradas, fueron desmanteladas y dos de ellas fueron “semiquemadas”. Ante la presión de quién había dado la orden de compra y de quién había dado la orden de instalación, decidieron retirarlas y ubicarlas en el estadio municipal, donde se están echando a perder.

Como no prosperó esta situación, a través de la organización que constituyeron, empezaron a concientizar a los pobladores. Les decían que tuvieran cuidado, que la propuesta que se estaba planteando no era clara, principalmente por la poca transparencia que había en el proceso. Los pobladores no participaron en nada, no eligieron la EGIS ni la constructora. Todo fue impuesto, determinado entre la municipalidad, la Intendencia y el presidente de la junta de vecinos. Se impuso este modelo y los pobladores lo tenían que aceptar.

El proyecto Aurora de Chile contempla 348 soluciones habitacionales, 246 departamentos y 88 casas. Pero, según tiene entendido, para que se dé un total de 300 o más soluciones habitacionales la ley señala que tiene que haber tres comités que conformen 150 pobladores, cosa que acá no ha habido.

El proyecto se planteó solamente en tres etapas, con distinta cantidad de soluciones habitacionales, y comenzaría a construirse la primera etapa en un polígono en el cual había alrededor de 37 familias.

Organizaron a la gente y le informaron que esperaran, que buscaran información, pero que tuvieran clara la necesidad de conformar una mesa de trabajo técnico y social con las autoridades, que les permitiera exponer su problemática social, porque el sector Aurora de Chile es muy complejo. Hay muchos vecinos que tienen propiedades de mayor superficie construida, mayor terreno y no están dispuestos a dejar eso para recibir a cambio departamentos de 55 metros cuadrados o casas pareadas de 64 metros cuadrados. En este momento, la comunidad no está dispuesta a ceder, por muy malas que sean las condiciones en que estén sus viviendas; quieren una solución en la que puedan participar todos.

El proyecto que se planteó no los llevaba a ningún lado, ya que el objetivo principal era sacar a los pobladores de Aurora de Chile de ese sector con el fin de destinarlo a otros proyectos inmobiliarios. O sea, los pobladores fueron engañados y ofendidos en su dignidad, porque son gente pobre que no tienen medios para defenderse. Con mucho sacrificio junta-ron dinero para contratar a un abogado que los asesorara.

Consultado acerca de la verdad de lo que salió en todos los medios de comunicación respecto a que la Intendencia ofreció certificados de inhabitabilidad a propietarios de casas que no habían tenido daños, a través del director de Obras Municipales de la Municipalidad de Concepción y, en cambio, a la gente que realmente tenía daños no le daban ese certificado, hizo presente el señor Figueroa que, como comité, llegaron a Un Techo para Chile y concertaron una reunión con don Gonzalo Vial y su abogado, para obtener información concreta respecto de si realmente existía el proyecto Aurora de Chile en el Serviu. Como ellos tenían acceso a información de primera mano, porque en el Serviu no conseguían entrevistas, don Gonzalo Vial, a través de sus contactos, les confirmó que no existía tal proyecto. Sí había ingresado, con una prevención técnica, pero fue devuelto con una serie de observaciones; lo mismo confirmó la ex ministra Matte al respecto.

En esa misma reunión, como había acceso al sistema Rukán, algunos pobladores aprovecharon de preguntar si ellos estaban en condición de damnificados. Para su sorpresa, cuatro o cinco personas que asistieron a esa reunión salieron identificadas en el sistema como damnificados, sin serlo. La señora Inés Oliva y don José Briones entregaron su RUT para consultar en línea y aparecieron como damnificados sin que sus casas estuvieran dañadas. Del listado de socios que tenían en esa organización comunitaria, alrededor de quince vecinos estaban en ese estatus, pero después de hacer un filtro, quedaron once que estaban registrados a partir del 16 de noviembre de 2010. De esa manera, tuvieron la certeza de que aparecían vecinos como damnificados, sin serlo.

14) Señor Guillermo Ruz, dirigente de las comunidades de edificios colapsados.

Declaró carecer de antecedentes de alguna irregularidad puntual, pero sí ha habido una falta de servicio que le parece grave; dijo representar a las comunidades de cuatro de los seis edificios que colapsaron en Concepción, entre los que se cuenta el edificio Alto Río, que está en el suelo, hubo muertos y mucha gente herida, atrapada. Otros edificios, entre los que se cuenta aquél en que él vivía, pese a que no están en el suelo, igualmente colapsaron, tienen decreto de demolición, y también resultaron muchas personas heridas.

Bajo la gestión de la ex Intendenta, en ningún caso se realizó algún tipo de ayuda o acer-camiento a las víctimas, incluso hasta el momento de su salida. Lo único que se consiguió, a raíz de la desesperación de todas las personas, fue una reunión en diciembre, porque estaban pasando muchas cosas posteriores al terremoto como los abusos de los bancos, liquidadores, seguros. Todos saben que muchas empresas lucraron con el terremoto.

Ella accedió a una segunda reunión en donde se planteó entregar subsidios a las personas damnificadas de los edificios, contra el catastro que iban a preparar. Este subsidio cumplía con todas las normas.

Tienen entendido que las postulaciones normales se hacen a través del Serviu, pero en este caso la gestión se hizo a través de la Intendencia, lo que les pareció bastante irregular; pero, en virtud de la necesidad, tuvieron que someterse a ese sistema.

Las asistentes sociales que, en ese momento, estaban en la Intendencia -después se enteraron que eran los denominados “territoriales”- eran quienes recibían esos antecedentes de los diferentes afectados; los sometían a evaluación y luego los enviaban al Ministerio de Vivienda. Se recopilaron estos antecedentes en un período de veinte días, aproximadamente, en dependencias de la Intendencia. A partir de diciembre, en una primera etapa, a las personas de estos cuatro edificios que cumplían con los requisitos, les entregaron los subsidios.

Después de la salida de la Intendenta, no saben dónde fueron a parar todos los documentos; se contabilizaron seis carpetas perdidas de personas de todas las comunidades que postularon en una primera etapa, a las cuales no les permitieron obtener el subsidio.

Como ya no había gente que pudiera atender en la Intendencia, se recurrió al Serviu, pero éste no tenía antecedentes al respecto. No había información de los documentos que se habían entregado.

Hay un tema de seguridad pública que puede ser relevante y es que los edificios siempre representaron un peligro para la población. Desde el primer momento, solicitaron custodia policial, ya que en diciembre los edificios fueron liberados por la Fiscalía y pasaron a manos de los propietarios; por lo tanto, no había resguardo policial.

Empezaron los saqueos y todos los edificios se convirtieron en foco de delincuencia, incluso había robos a plena luz del día. A raíz de ello solicitaron que se mantuviera el resguardo policial, situación que no se logró.

La única forma en que se consiguió, fue a través del Diputado Sauerbaum, quien proporcionó ayuda en resguardo policial, en primer lugar, para el edificio Alto Río, y luego concretó una reunión con el Ministro del Interior.

Dicha reunión es una prueba de que las autoridades regionales no se interesaron por ayudar a las familias damnificadas, por cuanto el Ministro del Interior se comprometió en ver los asuntos de mayor relevancia para ellos. Por ejemplo, el pago de las demoliciones, la seguridad de los edificios a través de la custodia policial, las irregularidades -que no guardan relación con la situación de la ex Intendenta- en materia de seguros y liquidadores, y la fiscalización de las anomalías que se produjeron después del terremoto. Todo ello se realizó sin pasar por el Gobierno Regional.

En febrero, él ya estaba al tanto de cómo estaba funcionando la situación en Concepción, comprometiéndose con dejar un interlocutor válido que pasara por encima del Gobierno Regional, para no tener que estar entrampados, tal como lo estuvieron durante todo el año.

En opinión del declarante, esto es grave porque corresponde a seguridad pública, y fueron ellos quienes pusieron estos temas en la mesa para discutirlos. Por ejemplo, respecto de los subsidios, nunca surgió de parte de la autoridad la entrega de éstos o la ayuda a las personas damnificadas. Ésa es la irregularidad, pero una de las más claras fue que, en el fondo, toda la gestión de subsidios se hacía desde la Intendencia, donde se reunieron con gente que ya no está en ella, y con sus varios asesores. Entre ellos, recordaba a la señora Olga Osses, quien fue la jefa de gabinete; también con la asistenta social, Marta Caamaño, y con el territorial, Pedro Contreras.

Para ellos fue bastante doloroso ver cómo empezaban a surgir noticias sobre pagos irregulares, porque el desmedro económico de la gente que vivía en los edificios afectados hizo que muchos de ellos, todos de clase media, se transformaran en muy vulnerables, sobre todo la gente de la tercera edad, porque no había apoyo. Se ocupaban recursos en pagar cosas irrelevantes dadas las circunstancias.

Destacó el hecho que de las casi 600 familias damnificadas sólo el 5% ha podido solucionar el tema habitacional. En consecuencia, cree que ha habido una falta de servicio grave.

A pesar de que en varias oportunidades le plantearon a la ex Intendenta su intención de acudir al gobierno central a plantear estos temas para recibir ayuda, ella lo desestimaba indicándoles que, en realidad, eso no tenía sentido.

Efectivamente, tuvo sentido cuando en marzo se reunieron con el Ministro del Interior, porque claramente las señales que se entregaban desde la región al gobierno central no eran las que correspondían, pues, en caso contrario, no estarían viendo estos temas directamente con el Ministerio del Interior, tal como lo hacen hasta ahora.

En lo que respecta a los subsidios, aclaró que la ex Intendenta nunca los ofreció. Ella los entregó después de que ellos los solicitaron en reiteradas ocasiones, pero en ningún caso los ofreció.

En lo que dice relación con la entrega de las carpetas y la pérdida de seis de ellas, el señor Ruz indicó que las habían entregado a los funcionarios de la Intendencia, en sus oficinas. Se refiere a asistentes sociales que trabajaban en ella y a la Jefa de Gabinete, doña Olga Osses, porque con ella tenían las reuniones.

La pérdida de las carpetas se produjo una vez que ella dejó el cargo, lo que produjo que este proceso de subsidio pasara al Serviu, pero allí no tenían las carpetas. Ellos exigieron que se diera una explicación formal de las razones por las que se habían perdido. Es más, a la representante del edificio Alto Río le extraviaron la carpeta en la Intendencia en dos oportunidades, y recién su subsidio fue emitido hace 20 días.

En cuanto al costo de demolición de los edificios, en un primer momento, hubo una res-puesta de la Intendenta que planteaba que el pago de las demoliciones correría por cuenta del Estado; sin embargo, posteriormente, a través del Consejo de Defensa del Estado, se les iba a demandar preliminarmente. Pero para que eso no ocurriera nosotros podríamos cederle los terrenos. Aclaró que posee documentos que son los correos con la ex jefa de gabinete: pero que no tenía antecedente alguno que pueda acreditar alguna irregularidad en la que pudiera haber participado la ex Intendenta.

15) Señora Ximena Toledo, representante de la Aldea El Molino, de Dichato.

Señaló que, en primer lugar, quería clarificar que desde el momento en que en una zona hay un territorial, que es gente que trabaja para la Intendencia, significa, para todo efecto, que la Intendencia está presente. Por lo tanto, iban con la orden de la entonces Intendenta y cada cosa que sucedió fue porque ella lo mandó.

En este momento, Dichato, su gente, está sufriendo un incendio. Si se quema una media-gua significa que la gente va a sufrir el doble, porque ya perdió su casa por el tsunami y ahora la va a perder por el fuego. Eso es una irresponsabilidad palpable de ella, porque cualquier persona al poner un campamento, una vivienda, debe preocuparse de los bomberos. Están a un kilómetro de todo, sin embargo, han sido marginados. Es una denuncia que todos los dirigentes de los campamentos de Dichato hicieron en su oportunidad y no hubo una preocupación.

Agregó que con el alcalde de Tomé y otros dirigentes vinieron a una reunión con la ex Intendenta a pedir agua para la aldea El Molino y ella les contestó que no había agua, lo que lleva a denunciar el tsunami sicológico que Dichato ha vivido. Todo lo que está sucediendo, el retraso en la reconstrucción se debe a la mala gestión de la entonces Intendenta, porque cada vez que los visitaba un territorial era porque ella lo había mandado y el Gobierno está pagando el costo de lo que se hizo en la Región del Biobio, especialmente en su pueblo de Dichato, donde en este momento existen 4 campamentos y 256 mediaguas en sitios residentes, que fueron marginados.

Agregó que, actualmente, hay un solo modelo de casa para la gente de Dichato, elegido por la ex Intendenta con la constructora GPR, que era la que trabajó con ella cuando era alcaldesa. Eso lo hizo en una reunión pública con los pobladores, donde la presentó y pidió que tuvieran confianza, porque es una empresa que ella conocía; pero ellos nunca tuvieron antecedentes, jamás vieron el material antitsunami que les ofreció el arquitecto Iván Cartes, con la venia de la ex Intendenta, porque era de su confianza, el relleno cota 5, para toda la remodelación de Dichato. Sin embargo, hoy están edificando sin el relleno necesario.

Es responsabilidad de la Intendenta entregar mediaguas en la aldea Nuevo Amanecer, sin contar siquiera con un papel notarial que diga que el dueño autorizaba su instalación, por lo que no puede recibir recursos del Estado. En esa aldea no tienen baño ni agua potable.

Continuó la dirigente señalando que cuando el Presidente Piñera fue a Dichato les dijo que la reconstrucción tardaría dos años, dos inviernos. Sin embargo, hoy ven, con mucha tristeza y amargura, que van a tener que estar un invierno más. No niega que la intendenta trabajó, pero lo hizo con 4 ó 5 dirigentes de juntas de vecinos, pero sólo un presidente de esas juntas de vecinos vive en un campamento; el resto no sabe lo que la gente vive y lo que quiere. No validó a los dirigentes de los campamentos para ver qué es lo que la gente quería y qué estaba pasando. Hoy día sí tenemos una mesa tripartita en la cual están siendo validados.

Tuvieron la visita del Presidente de la República tres veces, pero no pudieron conversar ni exponerle toda esta situación.

Se ayudó a los pescadores y al comercio, pero los obreros forestales, los maestros de la construcción y los empleos informales no tuvieron ayuda.

También puede denunciar que la Intendencia tomó todos los antecedentes de los subsidios como suyos, por lo que en el Serviu no existía nada. De hecho, dos asistentes sociales, junto con la señora Olga Osses llegaron a Dichato, inscribieron a la gente y sus datos no fueron pasados a la ficha Rukán computacional. Cuando se dieron cuenta, había mucha gente que no estaba inscrita y tuvieron que hacer todo el trabajo de nuevo, porque querían entregarles un modelo de casa.

Sesión del martes 6 de septiembre de 2011.

16.- Señorita Francisca Hernández, voluntaria de la ONU.

Señaló que se había desempeñado como coordinadora territorial en las comunas de Coronel y Tomé, el año recién pasado.

Afirmó que las viviendas de emergencia de la ONU son mejores que otras, pues están avaluadas en $750 mil y son ampliables.

En Tomé se construyeron viviendas para los damnificados de caleta Los Bagres y de villa Las Araucarias.

No hubo ningún problema con la aldea para los pescadores de dicha caleta. Sin embargo, las 27 viviendas que se construyeron para los pobladores de villa Las Araucarias, que se vieron afectadas por el derrumbe de un cerro debido al terremoto, nunca fueron habitadas.

Agregó que, en gran parte, el proyecto era de autoconstrucción, por lo que los pobladores participaron en ella; sin embargo, luego de estar terminadas en aproximadamente 20 días- mayo o junio de 2010- no las pudieron habitar porque no contaban con los servicios básicos.

A raíz de lo anterior, los pobladores esperaron en casas de familiares e, incluso, en las casas declaradas inhabitables, porque no tenían donde estar, situación que se presenta hasta el día de hoy.

Mientras tanto, las casas fueron desmanteladas por vándalos y no pudieron ocuparlas.

A su vez, en Coronel, con el financiamiento de los fondos CERF de Naciones Unidas, una donación de materiales de la Municipalidad y el apoyo en la ejecución de la Fundación Proyecto Propio, los vecinos de la aldea construyeron 146 viviendas de emergencia.

En la elaboración del listado de damnificados participó directamente la municipalidad, a través de la sub Dideco, señora Débora Parra; y se envió ese listado a la Fundación Proyecto Propio, a los representantes del Consorcio para la Reconstrucción; a la Intendencia; al señor Sergio Giacaman, seremi de Planificación; y al gobierno central, representado por el señor Francisco Irarrázabal, coordinador nacional de Aldeas y Campamentos.

El proceso de construcción allí también fue participativo. Las familias, a diferencia de Tomé, recibieron un contrato de donación irrevocable mediante el cual se hacían dueños de la casa, y la municipalidad arrendó un terreno para que los pobladores pudieran vivir allí.

Más adelante, cuando ya habían construido las viviendas, advirtió que los vecinos son los que están pagando el arriendo del terreno en el que está ubicada la aldea, situación única en Chile.

Indicó haber trabajado en ese proyecto desde el 1 de mayo hasta el 2 de julio, y luego de terminar se enteró que no todos los pobladores habían tenido la calidad de damnificados directos del terremoto.

Agregó que le había tocado presenciar una visita de la ex -señora Intendenta en la que les dijo a los pobladores, que estaban preocupados porque aún no tenían los certificados de inhabitabilidad, que ellos no eran necesarios, que todo iba a salir bien porque ellos ya estaban considerados y que, en conjunto, tenían la calidad jurídica de aldea. Les recomendó que se desafiliaran de los Comités de Allegados a los que pertenecían en los barrios donde estaban antes. Señaló no tener pruebas ni videos sobre tal hecho, sólo su palabra; y que a esos allegados los echaron de las casas en que vivían porque, producto del terremoto, llegaron otros familiares más directos a vivir con los dueños de casa.

Todo ello produjo una consecuencia secundaria, que calificó de nefasta, porque las familias no damnificadas se quedaron amarradas a ese terreno, que pertenece a Bosques Arauco, y hay un contrato de arrendamiento en el que fijan como objetivo que el terreno será destinado al emplazamiento de viviendas de emergencia y declaran, también, la voluntad de traspasarlo para efectos de la construcción de viviendas definitivas; ni siquiera es una opción de compra, sino que sólo es una voluntad de traspaso. Este contrato venció el año pasado y ha sido prorrogado de seis a dieciocho meses; por lo tanto, vence en noviembre de este año y aún no hay destino ni para las viviendas de emergencia ni para los pobladores.

Hasta el día 2 de julio, último día que trabajó en el proyecto, la aldea no contaba con baños, ni con agua potable, ni con luz, ni con grifos, ni con alguna forma de sacar la basura; situación que sólo fue solucionada a principios de septiembre.

Había tres baños quimicos para las 146 familias, que se limpiaron una sola vez en los dos meses que estuvo trabajando allí, las cuales no se cambiaron porque no tenían otro lugar donde vivir, y se quedaron habitando en condiciones insalubres e indignas.

A una consulta formulada por un señor Diputado acerca del número de casas que se habían construido en Caleta Bagres, precisó que ascendían a cincuenta.

Interrogada acerca de su opinión sobre la calidad de las viviendas, declaró que, en ese tiempo, tuvo el infortunio de conocer las de Dichato y, corno es lógico, aquéllas que entregó la ONU con recursos del Fondo Central de Emergencias, CERF (en sus siglas en inglés), cuyos materiales son claramente mejores y tienen una vida útil de 25 años, calculado por los ingenieros de la fundación.

El emplazamiento de la aldea Santa Elena se ubica en el cerro Corcovado, de Coronel, en el camino que une dicha ciudad con Patagual, en la que actualmente no viven 146 familias, sino que 136, porque la municipalidad permitió el retiro de casas y procedió a la revocación del derecho de las familias, de una manera que desconoce, registrándose nuevos usuarios y nuevas familias, situación de la que, tiene entendido, están al tanto la señora Solange Oyarzo, que es funcionaria del Serviu, y el señor Iván Fierro, del cual no tiene antecedentes acerca del Servicio que lo contrató, pero ambos trabajaban en la Intendencia.

En cuanto a los requerimientos técnicos exigidos para estas viviendas, señaló que los al-caldes sí estaban al tanto de ellos. Declaró haber asistido a reuniones con sus equipos, donde no fueron nombrados en forma particular, por lo cual no sabe si se encontraban presentes en ellas los directores de obra.

En lo que dice atingencia con el arriendo por el uso del terreno para la aldea -que tiene una superficie de tres hectáreas-, indicó que le constaba que los certificados de pago están en poder de las dirigentes; toda vez que, presenció la firma del contrato y, si bien no tiene copia de él, sí la tienen las señoras dirigentes, y está firmado por el representante legal de Bosques Arauco, señor Jorge Serón Ferré.

Consultada acerca del rol que cumplió la Intendencia en todo este proceso, indicó la señorita Hernández que, en su opinión. el Gobierno Regional realizó sus labores, cumplió con el mínimo requerido, pero no fue proactivo. Así, ellos tenían un convenio de cooperación con las municipalidades, el cual consideraba la participación del Gobierno Regional, pero implícitamente. Este último no aparece en el convenio, porque era directamente con las municipalidades. Sin embargo, respecto del aviso de riesgo de incumplimiento, al 9 de junio de 2010, aún no se había entregado copia del mismo.

En él, se vuelve a hablar de las instalaciones eléctricas, del colapso de los baños químicos y del retiro de la basura de los pobladores, a pesar que, a esa fecha, ya llevaban cuatro meses sin que ello se efectuara.

A una pregunta acerca de si dichas falencias son imputables a la municipalidad, señaló la declarante que dichas observaciones las habían presentado a la municipalidad, pero con copia al jefe de gabinete de la Intendencia, señor Roberto Sepúlveda; y a las personas que procedió a nombrar del Gobierno Regional; esto es, a su entender, las autoridades regionales sí estaban en conocimiento de esta grave situación.

17.- Señora Clarisa Venegas, dirigente de la aldea Santa Elena.

Indicó representar a las 136 familias que viven en dicha aldea, que se ubica en la calle del mismo nombre, camino al Patagual, sin número.

Hizo presente que diferentes familias de distintos sectores de Coronel habían llegado al cerro la madrugada del 27 de febrero, arrancando, por temor, de un posible tsunami. Luego de unos días, ella bajó a su casa y la encontró toda trisada, gran parte en el suelo. Otras familias, que vivían allegadas, fueron desalojadas, porque cedieron su lugar a familiares. Por eso, quienes no tenían dónde quedarse tuvieron que volver al cerro.

Allí, comenzaron a agruparse y se cubrieron con nylon; porque, en realidad, quedaron en la calle. Pasaron un invierno terrible, junto a sus niños. Estuvieron desamparados completamente por las autoridades.

Llamaron por la radio para que los tomaran en cuenta; necesitaban la presencia del alcal-de. Pero sin resultados, ya que quienes les ayudaron fueron particulares, entregándoles elementos para refugiarse con los niños.

Al transcurrir casi dos meses, se acercó el alcalde, por un nuevo llamado que hicieron en la radio, quien les dijo que había una fundación, de nombre Proyecto Propio, que les entregaría viviendas.

Luego, conocieron al equipo de dicha Fundación que comenzó a tizar los terrenos, que contrataron maestros de la Omil y, todos juntos, empezaron a construir. Incluso, se sumaron los militares, los ancianos y los niños, que juntaban los clavos. Gracias a todos ellos tuvieron sus casas.

Para conseguir las viviendas, con el financiamiento del Fondo Central de Emergencias, CERF, de la ONU, el alcalde elaboró un listado en el cual constaba que todos tenían la cali-dad de damnificados, fueran propietarios o no. Gracias a eso les entregaron las viviendas.

Sin embargo, tiempo después les quitaron tal calidad, pues dijeron que los pobladores les habían mentido, que habían inventado que eran damnificados, en circunstancias que quien elaboró el listado fue la autoridad local.

Lamentablemente, les quitaron la calidad de damnificados, situación en la que están hasta el momento; siendo la luz, el único servicio básico que poseen, porque tampoco hay agua en las casas.

Destacó que, en su momento, los visitó la ex Intendenta y les dijo que no se preocuparan, que el terreno estaba muy barato; que si bien aún no les habían asignado los subsidios, podían sacarlos desde otros fondos y después cubrirlos con tales subsidios, a manera de reembolso.

También fueron invitados, el 11 de noviembre del año pasado, a una reunión con la ex ministra de Vivienda, quien les señaló acordarse que había dado la orden de compra de sus terrenos, para la pronta construcción de las viviendas, pero sin resultados hasta la fecha.

Agregó que el contrato de arriendo se termina en noviembre y no saben si se va a renovar.

Enfatizó que el contrato respectivo lo suscribieron el municipio y Forestal Arauco y que ellos nunca lo hicieron, pero igual pagan el arriendo; aunque, en este momento, están atrasados cinco meses en el pago y temen un posible desalojo por incumplimiento. Don Hernán Cartes, director de Dideco, les señaló a los vecinos que ellos no pagarían el arriendo, sino que el municipio, cosa que nunca ha hecho, situación que les ha hecho a los dirigentes perder credibilidad entre los vecinos y, por ello, ahora no pagan. Deben un millón y medio de pesos.

Por otra parte, expresó que don Iván Fierro la había llamado por teléfono para comunicarle que el municipio se había desvinculado totalmente de la compra del terreno, que ellos iban a tomar cartas en el asunto ya que el Serviu quería comprarlo, pero que, en ese caso, el valor no era de 30 millones sino muy superior; en cambio, si los vecinos lograban juntar ese dinero, haciendo rifas y diversas ventas, Forestal Arauco se los vendería a ese precio.

Todo ello, la hace dudar, no sabe a quién creerle. ¿Para qué el alcalde les dio a todos la calidad de damnificados, en circunstancias de que, desde un principio, sabia que un porcentaje no lo era?. Los engañó para conseguir las viviendas

Hace dos semanas tuvieron una reunión, en Concepción, con el nuevo director del Serviu y el nuevo Intendente. Ellos están dispuestos a ayudarlos, pero les vuelven a decir que no poseen la calidad de damnificados y que quedaron a mitad de camino.

III. CONCLUSIONES Y PROPOSICIONES.

La Comisión, con fecha 21 de diciembre del año en curso, sometió a la consideración de sus integrantes, sendas propuestas en esta materia: una presentada por los señores Ascencio, don Gabriel y Ortíz, don José Miguel, y la otra presentada por el señor Letelier, don Cristian. Luego de la lectura de las conclusiones de cada una de ellas, y de un corto debate, fueron ambas sujetas a votación, resultando aprobada la señalada en el último lugar.

Según se consigna en la primera página de este informe, la Comisión aprobó por siete (7) votos a favor y seis (6) en contra, las conclusiones contenidas en el documento que se reproduce más abajo. Por idéntico quórum se rechazó el texto presentado por los señores Ascencio, don Gabriel y Ortíz, don José Miguel. Votaron a favor de la propuesta que resultó aprobada los señores Letelier (Presidente), Hasbún, Bobadilla, Rosales, Godoy (en reemplazo de la Diputada Rubilar, doña Karla), Becker (en reemplazo del Diputado Sauerbaum), y Velásquez; en tanto que lo hicieron en contra los señores Ascencio, Auth, Monsalve, Ortiz, Espinosa (en reemplazo del Diputado Pérez), y señora Saa, doña María Antonieta.

-o-

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 301, número 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se hace un breve resumen de las consideraciones que sirvieron de base a las conclusiones y proposiciones rechazadas por la Comisión.

-1.- Subsidios entregados en la comuna de Laja con falsos certificados de inhabitabilidad.

Esta irregularidad está comprobada atendido a que se los subsidios se encuentran entregados, ello según consta en las propias publicaciones del Ministerio de la Vivienda en su página web, están acreditados más de 25 subsidios entregados con certificados de inhabitabilidad falsos.

Esta situación de irregularidad estuvo avalada en todo momento por el representante de la Intendenta, denominado “funcionario territorial”, y por la propia Intendenta en una visita realizada a la comuna.

Respecto de este tema declaró el Concejal de Laja don Joaquín Sanhueza ante la Comisión Investigadora en la Sta sesión registrada en Concepción, con fecha Viernes 05 de Agosto de 2011, entre otras cosas lo siguiente:

“En esta oportunidad estamos ante la presencia de la concreción de la obtención de los subsidios de reconstrucción con estos irregulares certificados, contradiciendo lo señalado por las autoridades mencionadas, ya que pude comprobar en terreno, que se encuentran viviendas totalmente construidas y otras en plena etapa de construcción, en diferentes sectores de la mi comuna,.financiadas con estos subsidios de reconstrucción para damnificados por el terremoto.

Las viviendas señaladas corresponden en su mayoría a integrantes de un Comité de Vivienda de mi Comuna, Laja, el que se encontraba postulando a subsidios para vivienda con anterioridad al terremoto y que producto de este mismo, algunos de sus integrantes pudieron efectivamente haber visto sus viviendas dañadas, pero la gran mayoría de ellos no sufrió daño alguno según me lo han manifestado vecinos, y sin embargo obtuvieron el mencionado subsidio, puedo indicar a lo menos 25 casos en que se asigno el subsidio para la vivienda, de acuerdo a la información registrada en la pág. web del Ministerio de la Vivienda www.minvu.cl, específicamente en listado de beneficiarios en el Plan de Reconstrucción publicado por este medio. De estos 25 casos a lo menos 7 tenían un certificado de inhabitabilidad emitido por la DOM de la Municipalidad de Laja en el año 2009 según dan cuenta los documentos que acompaño a esta presentación.”

2.- Sobreprecio en la obra de demolición del puente Viejo.

En relación a este punto se recogió el testimonio del Consejero Regional Eduardo Araya, de los Concejales de Concepción Alejandra Smith y Patricio Lynch, y del ex SEREMI de Obras Públicas, y se consideraron los antecedentes documentales, de los cuales se atestigua el sobre precio pagado de más de $1.300.000.000 para la realización de la obra de demoli-ción del puente Viejo.

Entre las muchas irregularidades detectadas en este proceso, se acreditó que la empresa contratada SACYR no tenía experiencia alguna en materia de demoliciones, que dicha em-presa subcontrató prácticamente todas las labores de demolición a otra empresa por un monto cercano a los $700.000.000. Estos procedimientos irregulares no han podido ser aclaradas por las autoridades ni menos justificados ante la Contraloría.

3.- Habilitación de rampas para barcazas entre San Pedro de la Paz y Hualpén.

Este es otro asunto en el la Comisión se encontró con innumerables irregularidades cometidas por la ex Intendenta en el ejercicio de su función en la Intendencia y en el Gobierno Regional. En este caso se adjudico por asignación directa y con conocimiento de la Intendenta, sin estudios de la Armada, de Bienes Nacionales, Monumentos Nacionales. Se acreditó que no se realizaron las consultas a los pescadores del sector, ni se solicitaron los permisos oportunamente a la Armada de Chile.

4.- Compra de Viviendas a un solo proveedor de mediaguas

Este punto está comprobado por los Decretos y la declaración de Pedro Venegas ex jefe del departamento de Finanzas y Administración de la Intendencia. La empresa Procomad fue la única beneficiaria de estas licitaciones, incluso por instrucción de la Intendenta se dejó sin efecto una licitación a lin de favorecer a Procomad, la que entre sus socios tiene al ex Jefe de Gabinete del Diputado Iván Norambuena Farías de la zona de Arauco, señor Catril. Se encuentra pendiente para resolver por la Contraloria Regional del Bio Bío la presentación N° 086286-2011 de fecha 29-04-2011, la que fue ingresada por don Pedro Venegas. Según informa la señora Contralora regional, se encuentra en confección el Informe Final A-51/1 1.

Además, en otra arista de este mismo tema, se pronunció la Contraloría en cuanto a que el “funcionario territorial” Cristian Gibson sobrepasó todas las normas y adjudicó viviendas sin estar autorizado. Este funcionario actuaba por instrucciones directas de la Intendenta Van Rysselberghe. tal como queda comprobado en la resolución de la Contraloría.

5.- Subsidios ofrecidos en Bulnes con certificados de habitabilidad falsos.

Esta situación fue denunciada por el propio Alcalde de la comuna de Buriles. También está siendo investigada por la Fiscalía de Concepción. El sumario administrativo del Municipio constató la falta y sancionó con destitución al funcionario que elaboró los certificados sin haber corroborado la inhabitabilidad de las viviendas. La investigación logró comprobar la relación causal entre las promesas efectuadas por la ex Intendenta, y las instrucciones impartidas por ella a través del “funcionario territorial” Luis Muñoz en orden a incorporar a familias del sector “Tres Esquinas” y del sector “Santa Clara” a los subsidios especiales de reconstrucción, sin tener derecho a ellos.

6.- Caso Aurora de Chile, ofrecimiento de subsidios entregando condición de inhabi-tabilidad de personas no afectadas por el terremoto.

Como ha quedado acreditado en esta Comisión Investigadora, la ex Intendenta infringió la obligación constitucional de probidad al mentir deliberadamente a los vecinos de la población Aurora de Chile de la región del Bío Bío, al informarles, -a sabiendas de la falsedad- de que existía un proyecto habitacional a su favor, autorizado y confirmado formalmente por el Ministerio de Vivienda, y con los recursos, asignados para ello, por una parte; y al inventar una historia falsa de que personas que no fueron afectadas por el terremoto del 27 de febrero, sí estaban afectadas por él, buscando involucrar a vecinos de la población Aurora de Chile en dicha maquinación engañosa, para así tratar de inducir ilegítimamente decisiones de organismos del Estado.

El 9 de septiembre la Intendenta Jacqueline Van Rysselberghe se reúne con vecinos de la población Aurora de Chile, de la Junta de Vecinos Siglo XXI, asamblea realizada en el gimnasio de la Escuela Santa Catalina de Siena, ubicada en calle Errázuriz número 54, sector Aurora de Chile, ciudad de Concepción, a la que asistieron cerca de 300 personas. A ella asistió la autoridad regional con el objeto de informar sobre el avance del proyecto y las gestiones que consideraba necesarias para agilizar el proyecto y lograr que se obtuviera a través del Subsecretario de Vivienda y Urbanismo la aprobación de la Resolución Exenta 2186. En dicha reunión, cuyo video y audio son parte de los antecedentes de esta Comisión Investigadora, la Intendenta Van Rysselberghe confiesa a los pobladores cómo inventó una historia en que las viviendas estaban dañadas o afectadas, utilizando el hecho del terremoto del 27 de febrero y el problema del puente, así señaló:

“Nosotros usamos el lema del puente para que este proyecto no se nos cayera. No sé si me explico.

Nosotros dijimos. en Santiago, esa es la verdad, que este proyecto era súper importante llevarlo adelante. porque como la gente de Santiago no conoce acá, porque afectaba a todas las casas... ja, ja, ja, (risas de la asamblea).

Y por eso nos mantuvimos completos, porque si no me habrían dado la solución... no estaba todavía definido por donde sale el puente. Pero habría solucionado el tema de las casas que salen, como fue el tema de la costanera, por ejemplo, sin solucionar el tema de la población completa.

Nosotros usamos el lema del terremoto y el lema del puente a favor de ustedes. Y dijimos que el puente casi abarcaba la población completa porque si no, la verdad, es que todas las casas se iban a ver afectadas. Poquito más, poquito menos, eso fue lo que dijimos”.

Luego, la Intendenta Van Rysselberghe relata cómo inventó, mintió y fraguó el engaño a las autoridades del Ministerio de la Vivienda en Santiago, urdiendo una historia falsa, además de engañar a los pobladores acerca de que las autoridades de Santiago habían acep-tado incorporarlos en el proyecto habitacional, aún cuando no tenían certificados de inhabitabilidad ni estaban damnificados por el terremoto.

“Y por eso nos aceptaron meter un porcentaje muy importante de personas que no tienen certificados de inhabitabilidad Hay cerca-el grupo de ustedes- de 60% de las personas que no tienen certificados de inhabitabilidad, que no están terremoteadas. Y que sin embargo, van a ser beneficiadas por el proyecto. Porque logramos convencer en Santiago de que sí estaban afectadas... Porque como se había caído el puente, entonces el puente estaba afectado por el terremoto, y como el puente estaba afectado por el terremoto eso lo afectaba a ustedes y también estaban afectados por el terremoto,. y la fábrica y no sé qué. Inventamos una historia y pudimos hacer que este proyecto no se nos escapara de las manos. Y tenemos hoy día la autorización del Subsecretario para poder seguir avanzando.”

La verdad de los hechos es que la Intendenta sólo presentaría el proyecto con posterioridad a tal reunión con los pobladores, desarrollando otro engaño a los pobladores, ya que el proyecto Aurora de Chile, sólo sería presentado a SERVIU en noviembre de 2010, el cual fue devuelto a la Intendencia el 3 de diciembre de 2010, sin haber sido aprobado.

De los hechos relatados puede observarse que la Intendenta, a través de declaraciones efectuadas en el desempeño de sus funciones de autoridad de gobierno de la región, en reiteradas oportunidades entregó información incorrecta o ha faltado derechamente a la verdad, ante pobladores de la región, ante los medios de comunicación social y ante las autoridades superiores del Estado.

7.- Traslado y contrato de personas involucradas en el escándalo de horas extras, desde el Municipio de Concepción al Gobierno Regional del Bío Bío.

Se debatió en la Comisión Investigadora la pertinencia de incorporar esta materia al análisis, ya que se trata de asuntos que escapan a la gestión de gobierno y administración del gobierno regional ocurrido durante el período de funciones de la Intendenta Van Ryssel-berghe. Sin embargo, las anomalías detectadas fueron revisadas por la Contraloría Regional, la que inició un juicio de cuentas por el pago de horas extras, y ello ha incidido directamente en la gestión del gobierno regional en el período antedicho toda vez que esos funcionarios municipales continuaron trabajando bajo el alero de la ex Intendenta, ya sea como SEREMI o como “funcionarios territoriales”. La contraloría sancionó a 2 de ellos al reintegro de los dineros mal habidos.

Esta situación es también parte de la investigación realizada, ya que comprueba una forma anómala de trabajo y operación al interior de la Intendencia bajo la dirección de la señora Van Rysselberghe, configurando un “modus operandi” de carácter sui generis, con fuertes dosis de autoritarismo y deprecio por las normas vigentes, lo que escapa completamente a las funciones y atribuciones que la Constitución y las leyes le otorgan a los Intendentes y los Gobiernos Regionales.

8.- Demolición de edificios sin estudios previos ni orden de demolición municipal. caso Centinela II de Talcahuano

En este caso, la Comisión Investigadora constató la existencia de irregularidades y faltas a la probidad por parte de la ex Intendenta.

Los habitantes del edificio Centinela 11 fueron visitadas por la autoridad regional y por los “territoriales de la autoridad”, que dependían directamente de la Intendenta. Esa autori-dad regional los conmina a salir de estos edificios. La gente preguntó dónde irían a vivir. Según informes técnicos de la municipalidad de Talcahuano, los edificios son reparables, declarando además que no puede emitir certificados de inhabitabilidad. SERVIO encarga un estudio al [DIEM, y éste arroja que los edificios son reparables. En el intertanto, los “funcionarios territoriales” acudían al Centinela 11 para que los vecinos desalojaran las edificaciones.

Se constata que la acción de los funcionarios territoriales forzaron a los habitantes de Centinela por medios de apremio ilegítimo y presiones, a desalojar sus viviendas.

9.- Adjudicación de retiro de escombros en Dichato. cantidades no concuerdan con lo retirado.

La Comisión Investigadora no recibió antecedentes directos sobre esta materia, por lo cual no puede efectuar un pronunciamiento.

10.- Expropiación de terreno a una tía del Director del SERVIU, por 2 millones de dólares, en una zona declarada inundable.

Esta Comisión Investigadora constató la severa irregularidad y falta a la probidad administrativa en la expropiación de un terreno, en una zona declarada inundable de Dichato, cuyo precio fue acordado con los dueños de este, entre quienes se cuenta la tía del Director Regional del SERVIU

En el mes de abril del 2011, el SERVIU informó de la expropiación de un terreno en el borde costero comprendido dentro de la faja condicionada y pisando la franja de restricción, señalando que en este terreno se implementaría un proyecto de departamentos denominado Proyecto Estación, en lo que habían sido los terrenos de la antigua estación de ferrocarriles, a escasos 40 metros de la playa, correspondiente a una zona inundable.

El único de los terrenos expropiados por SERVIU hasta esa fecha en Dichato, corresponde a la propiedad de una persona con la cual el ex Director del SERVIU Sebastián Salas Cox tiene un grado de parentesco, doña Mariana Teresa Cox. Este hecho fue reconocido públicamente por el ex Director en entrevistas concedidas a distintos medios de comunicación. El precio final pagado por este terreno por el SERVIU Biobío alcanzo a la suma de UF 2,186 por metro cuadrado.

Se trata del único proceso de expropiación en la zona de Dichato que se realizó de común acuerdo entre las partes. Todos los antecedentes fueron presentados ante la Comisión Investigadora.

En relación a esta actuación irregular, se efectuaron ante la Contraloría Regional las pre-sentaciones N' 087601-2011 de fecha 19-05-2011, y N° 401131-2011 de fecha 08-08-2011, las que fueron ingresadas en conjunto por los vecinos de la Comuna de Tomé del Sector Dichato, informando la Contralora Regional que se transfirió a Santiago el Informe N° IE-71/1 1 de fecha 09-08-11 y la segunda presentación con fecha 06-09-11, para su revisión final.

11. Obtención de fondos de la ONU para 140 viviendas de la Aldea Santa Elena de Coronel. Se invierten más de $200.000.000. en la habilitación de electricidad y baños, y luego se les quita la condición de Aldea y se los deja como Campamento, causando molestia en el organismo internación.

A causa del terremoto y tsunami, muchos habitantes que vivían de allegados en las cercanías del borde costero arrancan hacia el cerro en el camino a Patagual, de la comuna de Coronel, de propiedad de Bosques Arauco. Se trata de allegados de la zona, pero sólo 15 de esas familias se vieron afectadas directamente por el terremoto. Sin embargo. al conocerse el ofrecimiento de la ONU de regalar viviendas de emergencia, a 140 familias se les da la condición de damnificados. Luego de instaladas las viviendas de emergencia, a esa toma se la califica como Aldea. El Gobierno invierte cerca de $200.000.000 para habilitar baños y electricidad. Al conocerse la situación en que se la declaró Aldea, el Gobierno le quita esa condición, y se transforma en un campamento. Sus habitantes se han sentido abandonados por las autoridades locales y regionales, y así lo expresan ante la Comisión Investigadora.”.

A continuación se transcribe, integramente. La propuesta que fue aprobada, en conformidad a lo dispuesto en el número 5 del artículo 301 del Reglamento de esta Corporación.

“Trabajo de la Comisión:

La comisión sesionó todos los días martes desde el día 6 de julio en adelante a las 14:45 horas, celebrando una sesión especial en la ciudad de Concepción el día 5 de Agosto de 2011. Se escuchó el testimonio del señor Víctor Valenzuela, CORE de la provincia de Arauco, señor Eduardo Araya, CORE de la provincia de Concepción, señor Osvaldo Díaz, SEREMI de Obras Públicas de la Región del Biobío, señor Juan Arévalo, Concejal de Bulnes, señor Joaquín Sanhueza, Concejal de Laja, señor Jorge Condeza, concejal de la comuna de Concepción, señora Alejandra Smith, concejal de Concepción, señor Patricio Lynch, concejal de Concepción. señor Pedro Venegas, ex jefe del Departamento de Administración y Finanzas de la Intendencia de la Región del Biobío, señor Hugo Soto, inspector técnico de Obras Municipales de Bulnes, señor Abner Castillo, arquitecto de Dichato, señor Guillermo Ruz, dirigente de las comunidades de edificios colapsados y la señora Ximena Toledo, representante de la Aldea El Molino, de Dichato.

Se recibió numerosa documentación relativa a dicha administración en relación a los hechos denunciados como irregulares bajo la administración de la señora Jacqueline Van Rysselberghe.

Los testimonios de las personas que declararon ante la comisión denuncian, presuntas irregularidades en las siguientes materias, a) Adjudicación y sobreprecio pagado en la demolición y retiro de la estructura Puente Viejo de Concepción, b) Invención de historia para incluir como damnificados a personas que no lo son en el proyecto habitacional Aurora de Chile I, c) Compra irregular de terrenos en Dichato a tía de ex director del Serviu Biobío, d) Adquisición de viviendas de emergencias para damnificados de la población Centinela II de Talcahuano, e) Entrega de material y viviendas de emergencias por parte de la Intendencia, f) Rampas para barcazas, g) Subsidios irregulares en la comuna de Laja.

a) El testimonio de dos de los Cores y de la concejal de la Municipalidad de Concepción Alejandra Smith Becerra, dan cuenta de una denuncia acerca de una presunta irregularidad en la adjudicación y sobreprecio pagado en la demolición y retiro de la estructura de Puente Viejo en Concepción. Según el parecer de esta concejal, se habrían cometido irregularidades que significarían un sobreprecio de más de $1.300 millones.

Lamentablemente esta situación sólo está dada por sus dichos los cuales se fundamentan en la prensa de la época y en cotizaciones de empresas expertas en el rubro que pidió el senador Alejandro Navarro.

b) En cuanto al caso Aurora de Chile que expuso don Jorge Eduardo Figueroa González, don Patricio Lynch Gaete en su calidad de concejal de la Municipalidad de Concepción, don Pedro Venegas Castro, quienes denunciaron, según su parecer un conjunto de irregularidades entre las cuales está que el 60% de los denunciados no tenían certificados de inhabitabilidad, intervención de la Intendenta en el Serviu donde existirían falsas inscripciones, así también como inscripciones fuera de plazos, mal uso del Programa Puente entre otros hechos. Se escuchó a dirigentas de agrupaciones donde hay quejas acerca de la reconstrucción de viviendas, especialmente en Dichato.

c) Don Abner Castillo Aravena, Arquitecto, pone en conocimiento de la Comisión que Serviu expropia un terreno de una persona que es doña Mariana Teresa Cox que sería pariente de don Sebastián Salas Cox, ex -director del Serviu VIII Región, según informaciones de prensa, informaciones que no guardan relación con la Intendenta de la época.

d) El concejal de la Municipalidad de Concepción, Patricio Lynch Gaete, consigna testimonios de pobladores de la población Centinela II de Talcahuano, que señalarían que fueron visitados por personeros de la intendencia y del Serviu Metropolitano, quienes les habrían entregado la información respecto a medidas de erradicación del sector y orientaciones sobre posibles soluciones habitacionales. Sostiene el concejal Lynch que habría existido una presunta reunión de la Intendenta con los vecinos de la población Centinela II, donde los pobladores le habrían consultado a la ex autoridad regional sobre si se podía desmantelar la población a lo que ella habría respondido positivamente, en presencia del ex Seremi de Vivienda Enrique Matushka. Consigna un video donde transcribe un dialogo entre una vecina que no se identifica con la ex Intendenta, sobre la materia.

e) Don Pedro Venegas Casto, ex jefe del Depto. de Administración y Finanzas de la In-tendencia, se refiere a dos temas, la adquisición de viviendas de emergencias donde manifiesta que parte de las 154 viviendas adquiridas para la población Aurora de Chile habrían sido distribuidas por personal que no habría sido del Gobierno Interior y acusa que fueron distribuidas en sectores que no son los indicados, en resoluciones que acompaña.

1.- También puedo señalar que con fecha 07 de febrero de 2011, mediante resolución N°02 el Intendente subrogante de la Región del Biobío don Carlos González procede a adjudicar nuevamente a PROCOMAD Ltda., la adquisición de hasta 489 viviendas de emergencia tipo A por un monto total de $378.241.500.- (Trescientos setenta y ocho millones, doscientos cuarenta y un mil quinientos pesos) adjudicación que fue objetada por la Contraloría Regional mediante resolución 2159 de fecha 09 de marzo 2011, por que PROCOMAD Ltda. no cumplía con las bases de la licitación, sin embargo con fecha 21 de marzo de 2011 la ex Intendenta Jacqueline Van Rysselberghe dicta una resolución, la N° 289 que declara inadmisible la oferta del Proveedor de Transportes Matilde Ltda., al que le correspondía adjudicarse la última licitación de compra de viviendas de emergencia, al haber sido objetada la adquisición al proveedor PROCOMAD Ltda. Mediante la resolución citada la Intendencia Regional, al dejar fuera a Transportes Matilda, nuevamente adjudica en forma directa a PROMOCAD Ltda., la adquisición de las viviendas señaladas, y por la suma mencionada.

2.- Toda la situación descrita anteriormente la puse en conocimiento del Señor Intendente Suplente don Renato Paredes, mediante los Memorándums N° 14, 16 y 17 de fecha 12 de Abril del presente año, y a la Sra Ximena Saba Veloso, Asesora Jurídica del Servicio, mediante Memorándum N” 5 y 10 del 28 de enero y 31 de marzo de 2011, que acompaño a esta presentación, sin embargo grande es mi sorpresa cuando me enteré que, el Sr. Intendente Suplente ya indicado, había dictado Resolución Exenta con fecha 14 de abril de 2011, 4 días antes de entregar el cargo al Intendente Titular, anulando la resolución de fecha 29 de Marzo de 2011 firmada por la Sra. ex Intendenta Jacqueline Van Rysselberghe.

Me referiré a continuación a otro hecho irregular que me tocó fiscalizar en mi calidad como ya dije de Jefe Depto. de Administración y Finanzas (s) de la Intendencia Regional, este es la: Adquisición de Kit de Materiales para Reparación.

3.- Como es sabido el gobierno dispuso la entrega de Kit de mejoramiento para las viviendas de emergencias entregadas en las aldeas instaladas en la Región a fin de poder hacer un poco más habitable las mismas. Estos kit consistían en material de aislación, madera, techos, etc. A cargo de esta operación fue designada la Funcionaria de exclusiva confianza de la ex Intendenta, la Sra. Olga Osses Wein, jefa de Gabinete de la Intendencia Región del Biobío, mediante Resolución Exenta N° 1578 de fecha 22 de noviembre de 2010. Como responsable del contrato para la “Adquisición de Kits de Materiales”, era responsable por tanto de la entrega y recepción conforme de los productos que las familias necesitaran para mejorar o ampliar 917 viviendas de emergencia localizadas en las aldeas y sitios residentes de las localidades de Dichato, Cocholgue, Tubul y Llico, a un costo total de $91.700.000.-(Noventa y un millones, setecientos mil pesos). Es del caso que con fecha 31 de Diciembre de 2010, le solicité mediante Ord. Administrativo N° 1505 rendir cuentas de la gestión encomendada, nunca obtuve respuesta, por lo tanto, se desconoce a quien entregó estos Kit de reparación y en qué cantidades.

Es más no sólo no se me respondió sino que se me despidió arbitrariamente de mi cargo, por haber realizado las fiscalizaciones que la ley y mis principios me obligaban, y que he señalado.

f) Don Patricio Lynch Gaete, concejal de la I. Municipalidad de Concepción, expone otra presunta irregularidad y es la que se refiere a Rampas para Barcazas, como consecuencia del terremoto y tsunami del 27 de febrero de 2010, la región se vio muy dañada, especialmente en la conectividad terrestre entre la provincia de Concepción y la de Arauco en la Región del Biobío la que quedó restringida a vehiculos livianos por medio de muestres mecanos en el Puente Llacolén.

Desde el día 29 de marzo del 2010 por parte de la Dirección de Obras Portuarias de la VIII Región, se comenzó a ejecutar la construcción de dos rampas de conexión las que servirían para unir las comunas de San Pedro de la Paz y Hualpén, a través del río Biobío, sector en el cual existe un área donde se ejerce la pesca artesanal. Dado que el tránsito de estas barcazas fluviales, provocaría problemas en el normal desempeño de funciones de los aso-ciados al Sindicato de Pescadores de “Boca Sur Viejo” de la Caleta de Boca Sur, estos últimos hicieron la denuncia debido al riesgo que implica la navegación de estas naves de mayor tamaño en relación a sus botes.

El ex Seremi de Obras Públicas, don Carlos Guzmán, el mismo que adjudicara la extracción de las estructuras del Puente Viejo a una empresa sin ninguna experiencia y que según se demostraría con un sobreprecio superior a los $1.300.- millones, adjudica con el previo conocimiento y autorización de la ex Intendenta Van Rysselberghe, la construcción de estas rampas de acceso a un costo por sobre los $1.000.- millones. Sin considerar ninguna de estas denuncias realizadas por los vecinos y pescadores, ni haber solicitado ningún antecedente técnico a otros organismos competentes (Gobernación Marítima de Talcahuano, Sernapesca, Corema, entre otros).

Otro hecho que indica don Patricio Lynch, es que uno de los caminos que daban acceso a la rampa ubicada en el sector de Boca Sur de la comuna de San Pedro de La Paz, se hizo en terrenos particulares y que los propietarios interpusieron un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Concepción paralizando la construcción.

Don José Joaquín Sanhueza, concejal de la comuna de Laja, denuncia irregularidades en dicha comuna, en el sentido de que tomó conocimiento a través de vecinos y de la prensa de que en diversas comunas de la región se estarían cuestionando la entrega de subsidios con certificados de inhabitabilidad no idóneos. Señala que en el caso de la comuna de Laja, pudo comprobar en terreno lo señalada porque hay pobladores que habrían obtenido el subsidio de reconstrucción en viviendas que no habrían sufrido daño alguno. Expresa que de 25 casos a lo menos 7 tenía un certificado de inhabitabilidad emitido por la Dirección de Obras Municipales de Laja que no correspondía su entrega. Al respecto acompaña una presentación del senador Alejandro Navarro a la Contraloría General de la República, donde se encuentran 7 certificados y otro conjunto de documentos más.

“CONCLUSIONES

Del conjunto de antecedentes recopilados por esta Comisión Investigadora y de los testimonios recibidos por ella, varios de los cuales denuncian hechos irregulares que, lamentablemente por falta de pruebas no se acreditan debidamente en cuanto a su veracidad. Los hechos declarados por varios declarantes dicen relación a la obtención indebida de certificados de inhabitabilidad expedidos por municipalidades de la zona o bien a sobreprecios de determinados actos administrativos, todo lo cual solo queda en los testimonios de los propios denunciantes.

Atendido lo anterior, esta Comisión concluye lo siguiente:

1.- Que la referida persona en ejercicio de su cargo como Intendenta de la Región del Biobío, cometió errores de forma en varias de sus actuaciones funcionarias, particularmente en lo que se refiere a la situación de las poblaciones Aurora de Chile y Centinela II.

2.- Que los hechos que pudieran revestir graves infracciones administrativas colindantes en ausencia de probidad y lo que es más grave pudieran constituir conductas delictivas, afectan a funcionarios del orden municipal, considerando que los certificados de inhabiltabilidad los emite el departamento de obras respectivas.

3.- Que existieron funcionarlos de la Intendencia Regional que se atribuyeron autoridad o derechos que la Ley no les confería, actuando en exceso respecto al marco de la competencia que la Constitución y la Ley les fija, por lo cual muchas de sus actuaciones adolecen de nulidad de derecho público No se acreditó en la investigación si tales conductas fueron o no conocidas por la Intendenta, señora Jacqueline Van Rysselberghe.

4.- Que el sistema jurídico chileno contiene los procedimientos pertinentes para fiscalizar los actos de Gobierno Regional, procedimientos que la autoridad competente utilizó oportunamente como consta de las denuncias formuladas ante la Contraloría General de la República y la Justicia Ordinaria.”.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 301 del reglamento de la Corporación, resulta procedente que se remita copia del presente informe a S.E. la Presidenta de la República, a la Excma. Corte Suprema de Justicia, a la Contraloría General de la República y al Consejo de Defensa del Estado.

Tratado y acordado, según consta en las actas correspondientes a los días 6, 12 y 19 de julio; 2, 5, 9, 16 y 30 de agosto; 6, 13 y 27 de septiembre; 4 y 11 de octubre; 8 y 15 de noviembre, y 13 de diciembre de 2011, con la asistencia de los señores Letelier, don Cristián (Presidente); Ascencio, don Gabriel; Auth, don Pepe; Bauer, don Eugenio; Bobadilla, don Sergio; Monsalve, don Manuel; Ortiz, don José Miguel; Pérez, don José; Rosales, don Joel; señora Rubilar, doña Karla; señora Saa, doña María Antonieta; Sauerbaum, don Frank; Velásquez, don Pedro; Becker, don Germán; Espinosa, don Marcos; señora Nogueira, doña Claudia; Silber, don Gabriel; Vargas, don Orlando, y Ward, don Felipe Sala de la Comisión, a 22 de diciembre de 2011.

(Fdo,): SERGIO MALAGAMBA STIGLICH, Abogado Secretario de la Comisión.”

Moción de los diputados señores Jiménez, Aguiló, Andrade, Campos, León y Saffirio, y de las diputadas señoras Muñoz, doña Adriana y Pascal, doña Denise

Modifica el Código del Trabajo en materia de terminación del Contrato de Trabajo. (boletín N° 8130-13).

“Fundamentos.

1.- El Código del Trabajo establece en el Título V del Libro Primero, aquellas causales por las que termina el contrato de trabajo y la relación laboral.

En efecto, los artículos 159, 160 y 161 determinan las diferentes hipótesis que ponen fin a la relación de trabajo las cuales en general, se subdividen en aquellas no imputables a las partes y aquellas que sí lo son, dividiéndose estas últimas en causales de responsabilidad del trabajador y del empleador.

2.- En la primera de las normas señaladas se enumeran causales que no son imputables a las partes, así como aquellas que se verifican por el transcurso de un tiempo considerado como límite por las partes, junto con la muerte del trabajador y el acaecimiento de caso fortuito o fuerza mayor.

3.- Nuestro sistema indemnizatorio, por su parte, considera una serie de prestaciones por despido a las que el trabajador percibe solamente en tanto la causal invocada sea la considerada en el artículo 161, esto es, la de necesidades de la empresa o establecimiento. La causal que se basa en la muerte del trabajador, solamente da derecho a sus herederos a percibir aquellas sumas que por causa del contrato de trabajo habían sido devengadas por el trabajador antes de su fallecimiento, como remuneraciones bonos y cotizaciones provisionales, entre otras.

4.- Es necesario destacar que la causal de término considerada en el numeral 3 del artículo 159, es la única que va asociada a una pérdida irreparable para la familia del trabajador: la pérdida de un ser querido se suma a la pérdida del ingreso familiar. Se trata, asimismo, de una causal que opera de pleno derecho, sin que exista posibilidad alguna de revertirla en tribunales o, por este medio, de obtener una reparación por parte del empleador.

5.- Por estas razones -de toda justicia- muchos instrumentos colectivos amplían las pres-taciones por despido o término de la relación a esta causal, entendiendo el fin social que existe detrás de ello y el apoyo que requieren la familia del trabajador en esos momentos críticos. Esta protección, a veces toma la forma de extensión de los beneficios indemnizato-rios regulares, o bien mediante la contratación de un seguro de vida para la familia del trabajador en caso de su fallecimiento.

6.- Por otra parte, es necesario recalcar que las empresas consideran en sus contabilidades la provisión necesaria para afrontar despidos que llevan asociadas indemnizaciones legales o convencionales, aun cuando éstas proceden en ciertos casos.

7.- Atendido lo anterior, nos ha parecido conveniente proponer a través de un proyecto de ley, la posibilidad de fortalecer el apoyo a la familia del trabajador fallecido, mediante la extensión del derecho a la indemnización regulada en el artículo 163 del Código del Trabajo, a la causal contenida en el numeral 3 del artículo 159 del mismo cuerpo legal.

Sobre esta base, el presente proyecto de ley propone que las indemnizaciones considera-das en el artículo 163, sean extendidas en forma igualmente obligatoria a los herederos del trabajador fallecido, cuando la causal de término de la relación sea la contenida en el numeral 3 del artículo 159.

“Moción

Artículo Único.- Para reemplazar el inciso primero del artículo 163 del Código del Trabajo, por el siguiente:

“Si el contrato hubiere estado vigente un año o más y el empleador le pusiere término en conformidad al artículo 161, o bien acaeciere el fallecimiento del trabajador, deberá pagar al momento de la terminación, a éste o, en su caso, a las personas mencionadas en el inciso segundo del artículo 60 y con los límites indicados en su inciso tercero, la indemnización por años de servicio que las partes hayan convenido individual o colectivamente, siempre que ésta fuere de un monto superior a la establecida en el inciso siguiente.”

Informe sobre la participación del Diputado señor Alfonso de Urresti en la reunión parlamentaria efectuada el 5 de diciembre de 2011, en Durban, Sudáfrica, con ocasión de la conferencia de las partes de la convención sobre cambio climático de Naciones Unidas (COP17/CMP7).

“Honorable Cámara,

Tengo a honra informar sobre la participación que nos correspondió junto al Diputado señor Alejandro Santana en la Reunión Parlamentaria organizada por la Unión Interparlamentaria (UIP) y el Parlamento de Sudáfrica, efectuada el 5 de diciembre de 2011, en Durban, Sudáfrica, con ocasión de la Conferencia de las Partes de la Convención sobre Cambio Climático de Naciones Unidas (COP17/CMP7).

I. ANTECEDENTES.

La Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, conocida como CO-P17/CMP7, se efectúo en la ciudad de Durban, Sudáfrica, ocasión donde se reunieron representantes de los gobiernos y de los parlamentos, así como también de organizaciones internacionales y de representantes de la sociedad civil y cuya misión fundamental era avanzar de manera equilibrada en la implementación de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (Unfccc).

Cabe tener presente que durante las Reuniones Parlamentarias sobre Cambio Climático efectuadas en Copenhague y Cancún, los parlamentarios formularon un llamado a asumir la coordinación de las iniciativas parlamentarias mundiales con miras a ejercer un control sobre las negociaciones intergubernamentales relativas al cambio climático.

De esta manera, los parlamentarios asistentes obtuvieron información sobre las principales cuestiones y orientaciones de la COP17/CMP7; dialogaron con los negociadores gubernamentales directamente implicados en la temática y en los procesos de toma de decisión de la UNFCCC, familiarizándose con las recomendaciones adoptadas por la UIP relativas a iniciativas parlamentarias sobre cambio climático e intercambiaron valiosas experiencias sobre la materia.

Como se señaló, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático se inscribe en un proceso de negociaciones gubernamentales donde las Partes están representadas por los gobiernos.

De esta manera, los parlamentos tienen la opción de mantenerse directamente informados acerca de estas negociaciones, como también ejercer el derecho a control sobre dichas negociaciones, lo que es de suma importancia al momento de ratificar un eventual nuevo acuerdo sobre cambio climático.

De esta manera, los parlamentarios asisten en su calidad de parlamentarios, pero también como representantes de la sociedad civil.

Es preciso tener presente que el Parlamento de Sudáfrica preparó con antelación un pro-yecto de documento final, el cual fue sometido a consultas previas entre los distintas parlamentarios participantes y examinado por el Comité sobre los Asuntos de Naciones Unidas durante la 125a Asamblea de la UIP, efectuada en Berna, durante el mes de octubre de 2011.

II. INAUGURACIÓN

Durante la inauguración usaron de la palabra el ex Presidente de la UIP, señor TheoBen Gurirab, y el Presidente del Parlamento de Sudáfrica, señor Max Sisulu

El ex Presidente de la UIP agradeció la hospitalidad brindada por el Parlamento anfitrión como también a Naciones Unidas, y excusó la inasistencia del Presidente señor Radi, quien fuera recientemente electo parlamentario en Marruecos.

Recordó el trabajo realizado durante su mandato en torno a la temática en discusión como también a las resoluciones adoptadas con anterioridad, como la de Nusa Dua, del año 2007, la evolución experimentada, y la necesidad de contar con la normativa legal pertinente.

Destacó la importancia de dar celeridad y avanzar en forma más expedita en las negociaciones del cambio climático y también en el establecimiento de mecanismos de salvaguarda para los países en desarrollo, en especial en el caso de los países más vulnerables por las inequidades existentes, que requieren un input político, aumentando la participación de la sociedad en su conjunto, como también y de un modo especial con el seguimiento de las negociaciones que desarrollan los gobiernos en esta temática.

A su vez, el Presidente del Parlamento de Sudáfrica, señor Max Sisulu, destacó que las voces de los parlamentos como representantes del pueblo actuaban como la fuerza en la persuasión local, nacional, regional e internacional.

Por este motivo, debían usar este aprendizaje para brindar una acción positiva en cuanto al cambio de manera de ocupar el centro de la discusión y del diálogo en el cambio climático durante todo el tiempo. En ese entendido, instó a sus pares a enviar un claro mensaje desde el mundo parlamentario a la COP17, mediante una declaración que sería utilizada como una plataforma para futuros trabajos en la temática.

Finalizó su intervención recordando las palabras del Presidente Zuma en una reciente Conferencia, donde sostuvo que la gente común que sufre el impacto del cambio climático sitúan sus altas expectativas en sus líderes, por lo que requieren de líderes responsables y que busquen soluciones efectivas a las amenazas que presenta el cambio climático en la calidad de vida de sus comunidades, dignidad y, en muchos casos, a la sobrevivencia.

Concluyó diciendo “permitámonos que la crisis climática se torne en un conjunto de oportunidades para salvar hoy el mañana.”

III. ANTECEDENTES.

A solicitud de la Dirección de Asuntos Internacionales, el Ministerio de Medio Ambiente hizo llegar una minuta acerca de la política nacional en materia de cambio climático que formó parte de los antecedentes

Del mismo modo, Cancillería también envío antecedentes sobre la materia, los cuales se adjuntan en Anexo.

IV. AGENDA.

La agenda de la reunión parlamentaria contempló en primer lugar una sesión informativa acerca del funcionamiento de los Acuerdos de Cancún: Informe sobre el estado de avance de las negociaciones COP17/CMP7.

A continuación, se desarrolló un panel interactivo, denominado “Instaurar un círculo virtuoso “push puil” para los proyectos de baja emisión de carbono y proyectos sobre energía renovable”.

Durante la tarde se efectuó una exposición denominada “Sintiendo la temperatura: financiamientos rápidos y compromisos financieros a largo plazo”.

A continuación, se realizó otro panel “Acción concertada en materia de atenuación y adaptación: la implicación del legislador y de las autoridades locales”.

V. DECLARACIÓN FINAL.

1. Nosotros, parlamentarios del mundo entero, reunidos en Durban (Sudáfrica), en ocasión de la 17a Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (UNFCCC) y la 7a Reunión de las Partes del Protocolo de Kioto, constatamos que el cambio climático continúa representando una amenaza potencialmente irreversible para la humanidad y el planeta, que puede exacerbar las amenazas existentes a la paz y la seguridad internacional y llama a una respuesta mundial urgente, colectiva y concertada.

2. Reafirmamos que, según su forma actual, el cambio climático es uno de los más gran-des desafíos de nuestros tiempos, amenazando la calidad de los suelos, la seguridad alimentaria y energética, la salud humana y animal y el aprovisionamiento de agua potable, y engendrando mayores riesgos de inundaciones, sequías y otras catástrofes. Por tanto, todas las Partes deben trabajar en conjunto para hacer frente al cambio climático, a fin de asegurar el desarrollo sustentable y el aprovisionamiento de alimentos, energía y agua, y de evitar lo más posible que los riesgos naturales se conviertan en catástrofes naturales.

3. Constatamos que existen pruebas científicas de calentamiento global y que el promedio de temperaturas más elevadas son debido en gran parte al aumento de las emisiones de gas con efecto invernadero. Estimamos además que reducciones importantes de emisiones mundiales de gas con efecto invernadero son necesarias para limitar a 2°C el alza de las temperaturas mundiales promedio en relación a los niveles preindustriales. Por tanto, recibimos con beneplácito la decisión tomada en la COP16/CMP6 en Cancún de adoptar universalmente el objetivo a largo plazo de un aumento máximo de la temperatura de 2°C, en el entendido que este objetivo será revisado en 2015 sobre la base de los últimos datos científicos. Instamos firmemente a todas las Partes a comprometerse lo más decididamente posible en esta vía y exhortamos a los países desarrollados a tomar la iniciativa de hacer frente a estos desafíos

4. Recibimos con beneplácito los resultados positivos de los Acuerdos de Cancún, donde son definidas las medidas claves necesarias para reducir las emisiones de gas con efecto invernadero y ayudar a los países en desarrollo a protegerse de los efectos del cambio climático y a construir un futuro sustentable. La COP16 consagró los compromisos de reducción de las emisiones para después de 2012, presentado por los países desarrollados en la Conferencia de Copenhague (COP15), y el respeto de la obligación de estos de implementar estrategias de desarrollo con baja emisión de carbono. Además, la COP16 obliga a los países desarrollados a rendir cuentas sistemáticamente de las emisiones y de las medidas tomadas para reducirlas, así como de aportar un nuevo apoyo financiero y tecnológico ampliado a los países en desarrollo. Vemos en estos resultados una etapa hacia el restablecimiento a término de la confianza y de la esperanza. Es vital continuar con su impulso y velar para que los compromisos financieros tomados en Cancún a título de los fondos de arranque rápido sean plenamente honrados y rápidamente desembolsados.

5. Reafirmamos nuestra convicción que para alcanzar un resultado global y equilibrado en la COP17/CMP7, las Partes deben continuar trabajando sobre los principios y disposiciones de la UNFCCC en el marco fijado en Bali y conforme al programa de trabajo aprobado en Cancún. Nos valemos de esta ocasión para reiterar que un proceso multilateral abierto y transparente en el marco de la UNFCCC es el único foro para las negociaciones sobre el cambio climático y que es necesario asegurar que los intereses de los países en desarrollo, en particular de los más vulnerables, sean protegidos.

6. Reafirmamos nuestra convicción de que el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas y de las respectivas capacidades deben ser la base de toda acción multilateral para hacer frente al cambio climático y no deben ser replanteadas. Reafirmamos que nosotros, parlamentarios, haremos todo lo que podamos para reforzar la cooperación internacional en vista de alcanzar los objetivos de la UNFCCC, del Protocolo de Kioto y de los acuerdos sobre el cambio climático de la COP17.

7. Notando que el primer período de compromiso del Protocolo de Kioto finalizará en 2012 y que, como establecen los Acuerdos de Cancún, los países en desarrollo asumen actualmente una mayor parte de la reducción de las emisiones, llamamos a los países desarrollados Partes de la Convención a honrar sus compromisos jurídicamente vinculantes en virtud del Protocolo de Kioto, mientras fijan objetivos más ambiciosos de reducción de las emisiones para el futuro.

8. Reafirmamos que es necesario apoyar con urgencia los esfuerzos de adaptación de los países en desarrollo, particularmente los pequeños Estados insulares en desarrollo, los países menos avanzados (PMA) y los países africanos. Por tanto, insistimos en la importancia de alcanzar un buen equilibrio entre adaptación y atenuación. siendo ambos cruciales para las negociaciones_ Llamamos a las Partes a privilegiar las cuestiones transversales que son la reducción de los riesgos de catástrofe y el fortalecimiento de las capacidades y a otorgarles la mayor atención.

9. Subrayamos que la movilización de los medios financieros y la transferencia de tecnología por los países desarrollados

Partes, a los que están comprometidos en virtud de la UNFCCC. son cruciales para hacer frente al cambio climático y que esto implica que las cuestiones de gobernanza y los acuerdos institucionales sean tratados de manera transparente y eficaz, garantizando el acceso y la igualdad a los países tanto en desarrollo como desarrollados en la gobernanza y la administración de los fondos para el clima y de los flujos tecnológicos.

10. Por tanto, llamamos a la entrada en acción rápida de todas las instancias creadas en virtud del Acuerdo de Cancún, a saber, el Comité para la Adaptación, el Comité Ejecutivo, el Centro y la Red sobre las Tecnologías, el Registro, el Foro y el Programa de Trabajo sobre las Medidas de Respuesta y el Fondo Verde para el Clima.

11. En tanto que Miembros de la Unión Interparlamentaria, reafirmamos nuestra voluntad de trabajar en partenariado con otras partes interesadas, particularmente las organizaciones de la sociedad civil y las empresas, en la búsqueda de respuestas sustentables a largo plazo para las amenazas mundiales que pesan sobre el medio ambiente. Por tanto, llamamos a los parlamentos a continuar actuando vigorosamente para asegurar la adopción y la implementación de políticas y de leyes sobre el cambio climático.

12 Nos comprometemos a continuar promoviendo una posición común sobre la amenaza del cambio climático, y sobre las medidas que son necesarias para prevenir toda perturbación humana peligrosa del sistema climático.

13. Reiteramos nuestro compromiso en ayudar a nuestros gobiernos a implementar los acuerdos existentes y futuros sobre el cambio climático y sobre la reducción de los riesgos de catástrofes.

14. Llamamos a las Partes a encontrar soluciones duraderas y a alcanzar un acuerdo global, ambicioso y equitativo en la Conferencia de Durban.

15. Llamamos a la Unión Interparlamentaria a difundir el presente documento ante las instancias multilaterales, los gobiernos, las organizaciones de la sociedad civil y el sector privado, a fin de enviar un mensaje fuerte de que la colaboración es esencial para hacer frente al cambio climático conforme a los principios y disposiciones de la UNFCCC y abrir así la vía para un futuro mejor, más sano, más limpio y más seguro.

16. Reafirmamos nuestra firme convicción de que se le debe otorgar a los parlamentos un estatus apropiado en el proceso de negociación de la UNFCCC. Convencidos de que esta medida contribuirá a suscitar nuevas oportunidades para hacer frente al cambio climático, nos comprometemos a hacer campaña para alcanzar este objetivo.

17. Decidimos ejercer más estrechamente nuestro deber de control de la acción y los compromisos del gobierno concernientes al cambio climático, y a aportar el apoyo de sus pares a aquellos parlamentos que estén menos dotados para ejercer este derecho de control.

Cámara de Diputados, a 14 de diciembre de 2011.

(Fdo.): ALFONSO DE URRESTI LONGTON, Diputado.”