Labor Parlamentaria

El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- Corresponde continuar el debate del proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica la ley N° 20.502, que crea el Ministerio del Interior y Seguridad Pública y el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, facultando a los municipios para constituir Consejos Comunales de Seguridad Pública.

La inscripción para hacer uso de la palabra en relación con este proyecto continúa abierta.

Antecedentes:

-La discusión del proyecto de ley contenido en el boletín Nº 8517-25, se inició en la sesión 96ª, en miércoles 7 de noviembre de 2012, de la actual legislatura.

El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Frank Sauerbaum.

El señor SAUERBAUM.- Señor Presidente , hoy en día la intervención de las organizaciones comunitarias ha adquirido paulatinamente gran relevancia en las decisiones y políticas sobre seguridad pública. Durante el estudio del proyecto de ley que creó el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, hoy ley N° 20.502, se detectó que la lógica comunal o local no estaba reflejada en el mismo. Es así que no se logró establecer la creación de consejos comunales de seguridad pública, ya que no todos los actores involucrados coincidían con dicha idea.

Sin embargo, es un hecho que a nivel comunal hay una serie de descoordinaciones entre Carabineros, Ministerio Público, Policía de Investigaciones y municipios. Estas descoordinaciones se producen, en primer lugar, porque no se ha determinado debidamente quién manda a quién o quién convoca a quién en un momento indicado, y, en segundo lugar, porque el período de duración del mandato de los alcaldes es de cuatro años, mientras que el de los comisarios es solamente de uno. Eso se traduce en que cambiando la autoridad también cambia la lógica en la forma de enfrentar la seguridad ciudadana.

Por su parte, los fiscales son trasladados a otras comunas, lo que redunda en que no exista una instancia de conversación entre la comunidad y los principales actores de la seguridad ciudadana.

Todas estas razones explican la necesidad de contar con instancias comunales o locales en las que existan diálogo y coordinación. La idea es crear consejos comunales o locales, de manera de adecuar al nivel local las decisiones centralizadas adoptadas a nivel nacional.

Se añade el hecho de que, además, existe mucha información que no llega a los municipios ni a los fiscales locales y que debe ser analizada en conjunto con las policías.

En gobiernos anteriores ya se intentaron iniciativas de este tipo, pero, por problemas de diseño e implementación, no tuvieron el efecto que se deseaba.

La ineficacia en materia de seguridad se debió básicamente a la carencia de una autoridad política responsable del combate a la delincuencia. Ello fue lo que, finalmente, imposibilitó la existencia de un mecanismo eficaz de mando y rendición de cuentas.

Durante los gobiernos anteriores se crearon los Consejos Comunales de Seguridad Pública, los cuales poseían objetivos que no estaban bien definidos y no tenían carácter resolutivo. Esta situación se tradujo en que no se desarrollaran planes de acción y, en consecuencia, no se tomaran medidas concretas. Las discusiones al interior de estos consejos se centraban, fundamentalmente, en los conflictos de carácter vecinal y en reclamos contra Carabineros de Chile y las municipalidades.

Por otra parte, las decisiones que adoptaba el consejo, al no tener carácter de resolutivas, finalmente se centraban en su presidente; es decir, en el alcalde.

El propósito del proyecto que hemos presentado será contribuir al perfeccionamiento de los planes de seguridad pública, de acuerdo con la estrategia nacional y regional, elaborando diagnósticos y programas de prevención a nivel local.

Los Consejos Comunales de Seguridad Pública serán coordinados por el alcalde e integrados por un concejal elegido por el concejo, un representante de la Unión Comunal de Comités de Seguridad Ciudadana, un oficial de Carabineros de la respectiva comuna, un fiscal del Ministerio Público, nombrado por el fiscal regional correspondiente, el coordinador regional de Seguridad Pública respectivo, o quien lo represente, y un representante del intendente.

Las políticas de seguridad diseñadas a nivel local son la clave para un combate más efectivo de la delincuencia, ya que tienen la ventaja de ser diseñadas a partir de experiencias locales, tomando en consideración los problemas de cada comunidad y la cantidad de recursos disponibles para tal efecto, algo fundamental a la hora de enfrentar este flagelo.

Por último, cabe señalar que el Gobierno del Presidente Piñera ha llevado a cabo una ambiciosa agenda de seguridad ciudadana, que incluye modificaciones a las actuales leyes y la incorporación de la comunidad como parte de la solución de este problema.

Espero que el proyecto sea aprobado transversalmente por todos los parlamentarios, en el entendido de que será un gran aporte para la descentralización y la toma de decisiones por parte de los ciudadanos en materia de delincuencia.

He dicho.

El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- Tiene la palabra la diputada señora Ximena Vidal

La señora VIDAL (doña Ximena).- Señor Presidente , solicité intervenir en la discusión de este proyecto porque la seguridad pública nos compete y preocupa a todos, como ciudadanos y, por supuesto, como parlamentarios. En ese contexto, no está en juego aprobar un proyecto de ley solo porque es una moción. Es decir, no se trata de que debemos aprobarlo solo por el hecho de que nació en esta Cámara. A veces, nuestra creatividad supera las necesidades reales; a veces, se nos pasa la mano con tanta creatividad y no elaboramos proyectos de ley focalizados, eficientes y eficaces, como los necesitamos.

La discusión de esta iniciativa se ha enfocado en considerarla como una herramienta para mejorar la seguridad ciudadana. A esa dimensión quiero apuntar en mi intervención.

Debemos revisar si la propuesta que se debate esta mañana es eficiente y efectiva. En esos aspectos me quedan algunas dudas.

En la discusión anterior escuché atentamente los argumentos dados por el diputado Walker para aclarar los objetivos del proyecto. Si la intención de crear consejos comunales de seguridad pública es prevenir, no creo que sea necesario establecerlo en una ley. Los diputados y diputadas que venimos de períodos anteriores, como es mi caso, no podemos olvidar que fuimos testigos, colaboramos y estuvimos presentes en los consejos comunales de seguridad ciudadana que se instalaron en tiempos anteriores, en los cuales participaban -como busca lograrlo el presente proyecto- todos los actores locales: el municipio, el Ministerio Público, etcétera.

Por lo tanto, me parece que en esta iniciativa hay una especie de contradicción. Ya está probado, por una larga experiencia de distintos programas gubernamentales, que la participación ciudadana es real en diferentes temas. Depende de la autoridad local movilizar, promover y crear los espacios participativos.

Las conversaciones ciudadanas para informarse y coordinar los distintos planes de seguridad son necesarias para la efectiva aplicación de las leyes. Eso está absolutamente claro, no está en discusión, no es la discusión de fondo. El tema es cómo garantizamos que no se trate solo de conversaciones ciudadanas, sino que estas conduzcan a la realización de cambios efectivos para la seguridad de la ciudadanía. En ese aspecto veo la debilidad del proyecto.

Además, en la iniciativa se produce una contradicción, pues señala que se hace cargo de la prevención desde la mirada participativa. En ese sentido -reitero-, no es necesario crear una nueva ley, toda vez que el proyecto utiliza el término “podrán”. Entonces, ¿de qué estamos hablando?

Creo que debemos discutir esta idea desde la perspectiva de la Ley Orgánica de Municipalidades. Si queremos hacer un puente entre las políticas nacionales de seguridad pública y las políticas locales, debemos crear otro tipo de mecanismo.

La observación que hicieron los expertos sobre este proyecto de ley nos aleja mucho de la posibilidad de aprobarlo. Porque si se ha probado con las conversaciones y con la participación ciudadana y no hemos tenido los resultado esperados, creo que hay procedimientos mayores que debemos abordar, como la creación de mesas de expertos locales que estén absolutamente conscientes de los programas que se requieren y que puedan plantear las herramientas, desde la ciudadanía, con algún tipo credibilidad y confianza, y con recursos públicos para esos efectos. Se requieren acciones ejecutivas de todos los actores. No debemos quedarnos solo en el tema de la participación, porque ella existe. Tenemos que dar un paso más allá, lo cual tiene que ver con cómo nos hacemos cargo de la participación ciudadana. No solo se trata de efectuar conversaciones y de escuchar a la gente, sino de crear planes y programas eficientes y eficaces. Debemos asumir la responsabilidad de un país que no ha respondido adecuadamente a la seguridad ciudadana.

La idea es integrar los planes y programas nacionales de seguridad pública a la dimensión local, por la vía de crear mesas técnicas locales que trabajen en coordinación con el municipio y el Gobierno. Eso se ha visto en los países que tienen un grado de desarrollo mayor que el nuestro.

Por lo tanto, creo que el proyecto no apunta a lo que la gente está esperando. Es una propuesta que no va al tema de fondo. No podemos efectuar estas discusiones que no apuntan a los resultados deseados por todos los ciudadanos del país.

He dicho.

El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Ramón Farías.

El señor FARÍAS.- Señor Presidente , solicité hacer uso de la palabra en relación con este proyecto que faculta a los municipios para constituir consejos comunales de seguridad pública, para reafirmar lo que dije en mi primer discurso, a la luz de las intervenciones que he escuchando de algunos colegas.

Me preocupa profundamente que como Cámara estemos dando señales equívocas a la gente, a nuestros electores, a los ciudadanos. Muchas veces, lo que se informa en la prensa sobre un proyecto determinado está bastante distorsionado en relación con lo que esa iniciativa es en realidad. Aquí corremos ese peligro, porque cuando la gente escucha el concepto de “consejo comunal de seguridad pública”, inmediatamente asume que se trata de un consejo operativo que va a “solucionar” los problemas de seguridad que eventualmente puedan existir en una comuna o en un distrito determinado. Eso no es así. Este consejo no apunta a aquello.

Siento que más bien debemos reforzar las instituciones que hoy están preocupadas de controlar la delincuencia y hacer los trabajos necesarios para prevenir el delito. Esa labor le corresponde a la Subsecretaría de Prevención del Delito.

Si leemos los testimonios de las personas que asistieron a la Comisión, constataremos que ninguna daba por sentado que este proyecto era la madre de todas las batallas o que podía solucionar los problemas. Todos tenían bastantes dudas. Hasta el mismo subsecretario de Prevención del Delito plateó sus dudas respecto de su efectividad.

Entonces, me merece muchas dudas que nuevamente estemos dando a la municipalidad y a los alcaldes una responsabilidad que no va asociada a recursos.

La gente les va a empezar a “cobrar” estos consejos a los alcaldes. Les van a cobrar lo que ella entiende que debe ser la seguridad y la solución de los problemas que en este aspecto existe en la comuna. Los alcaldes no lo podrán hacer, porque no está en sus atribuciones.

Esto no es como Estados Unidos, donde las policías dependen de los municipios, que son verdaderos gobiernos locales y no administradores, como aquí en Chile, en las que las policías son absolutamente autónomas. En nuestro país, el alcalde debe solicitar una reunión con el encargado de la Policía de Investigaciones o de Carabineros y, para llevar a cabo un proyecto, depende de la buena voluntad de ambas partes. El alcalde no puede ordenar a Carabineros hacer algo, ni menos a la Policía de Investigaciones.

Me parece que, a veces, legislamos con ciertos titulares que, en definitiva, no son bien entendidos por la ciudadanía. Al final, la gente pedirá respuestas, pero de acuerdo con lo que entendió del titular.

Por eso, no estoy de acuerdo con la iniciativa.

Lo que debemos hacer es reforzar las policías, reforzar las acciones de prevención y de rehabilitación al interior de las cárceles, y no seguir con estas persecuciones tipo far west, con publicaciones de las caras de los que en algún momento delinquieron y de los que podrían delinquir, etcétera. En un país civilizado, que respeta el Estado de derecho,

esto no debe seguir ocurriendo. Debemos profundizar con las juntas de vecinos y las organizaciones sociales el trabajo en prevención. En ese sentido tenemos que actuar, y no con titulares que solo llaman a la confusión.

Reitero que no votaré favorablemente el proyecto. No me gusta. Pienso que lo más cuerdo no es aprobarlo, sino más bien reforzar la subsecretaría que se creó para estos efectos. De lo contrario, no sé para que se creó, si se están presentando proyectos como este, que más bien enredan su labor.

He dicho.

El señor MONCKEBERG, don Nicolás, ( Presidente ).- Corresponde votar en general el proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica la ley N° 20.502, que crea el Ministerio del Interior y Seguridad Pública y el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, facultando a los municipios a constituir consejos comunales de seguridad pública, para cuya aprobación se requiere del voto favorable de 67 señoras diputadas y señores diputados en ejercicio.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 77 votos; por la negativa, 4 votos. Hubo 3 abstenciones.

El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Andrade Lara Osvaldo; Arenas Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla Gabriel; Auth Stewart Pepe; Baltolu Rasera Nino; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Browne Urrejola Pedro; Burgos Varela Jorge; Calderón Bassi Giovanni; Campos Jara Cristián; Cardemil Herrera Alberto; Castro González Juan Luis; Cerda García Eduardo; Ceroni Fuentes Guillermo; De Urresti Longton Alfonso; Delmastro Naso Roberto; Díaz Díaz Marcelo; Edwards Silva José Manuel; Eluchans Urenda Edmundo; Espinosa Monardes Marcos; Estay Peñaloza Enrique; García García René Manuel; Kort Garriga Issa; Godoy Ibáñez Joaquín; González Torres Rodrigo; Gutiérrez Pino Romilio; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Latorre Carmona Juan Carlos; Lemus Aracena Luis; León Ramírez Roberto; Macaya Danús Javier; Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio; Meza Moncada Fernando; Molina Oliva Andrea; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Monsalve Benavides Manuel; Morales Muñoz Celso; Muñoz D’Albora Adriana; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; Recondo Lavanderos Carlos; Saffirio Espinoza René; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Tarud Daccarett Jorge; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Letelier Aguilar Cristian; Urrutia Bonilla Ignacio; Vallespín López Patricio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Vargas Pizarro Orlando; Venegas Cárdenas Mario; Verdugo Soto Germán; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward Edwards Felipe.

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Farías Ponce Ramón; Gutiérrez Gálvez Hugo; Marinovic Solo De Zaldívar Miodrag; Vidal Lázaro Ximena.

-Se abstuvieron los diputados señores:

Girardi Lavín Cristina; Rincón González Ricardo; Sandoval Plaza David.

-El proyecto fue objeto de las siguientes indicaciones:

Indicaciones

El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- Corresponde tratar el informe de la Comisión de Defensa Nacional, constituida en especial investigadora de los accidentes ocurridos en las Fuerzas Armadas a lo largo del país y en que han resultado muertos y lesionados civiles e integrantes de las mismas.

Rinde el informe el diputado señor Roberto León.

Recuerdo a las señoras diputadas y a los señores diputados que, por acuerdo de los Comités, el informe no se votará en la sesión de hoy.

Antecedentes:

-Informe de la Comisión de Defensa Nacional mandatada como investigadora, sesión 78ª, en martes 11 de septiembre de 2012. Documentos de la Cuenta N° 8.

El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- Tiene la palabra el diputado informante.

El señor LEÓN (de pie).- Señor Presidente , a raíz del accidente del avión C-212, de la Fuerza Aérea de Chile, ocurrido el 2 de septiembre de 2011, en el archipiélago de Juan Fernández , la Cámara de Diputados acordó, el 4 de octubre de 2011, que la Comisión de Defensa Nacional investigara en relación con cada una de las ramas de las Fuerzas Armadas:

a) Los procedimientos de seguridad en las operaciones que realizan en tiempos de paz y la normativa que regula tal materia;

b) Los niveles dispuestos como deseables de seguridad, y su relación con los estándares internacionales;

c) Los recursos materiales y humanos destinados para este fin, y

d) Cómo se integra la información obtenida de los accidentes en que se han visto involucradas, en los procedimientos de lecciones aprendidas en materias de seguridad.

Lo anterior, a fin de conocer el estado de situación, determinar la existencia de eventuales responsabilidades por falencia en las mismas y, de ser necesario, proponer modificaciones legales en la materia; en particular, para el traslado de pasajeros civiles en vehículos militares o policiales.

Para desarrollar su cometido, la Comisión celebró 14 sesiones, en las que recibió las declaraciones del entonces ministro de Defensa Nacional y de los comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas.

Asimismo, se informó sobre los accidentes en que se han visto involucradas las instituciones armadas durante los últimos 10 años (39 en total); la normativa dispuesta para tales casos y la forma como se integran las experiencias vividas en los procedimientos de actuación hacia el futuro.

Con el voto favorable de la diputada María Angélica Cristi , y de los diputados Pedro Araya , Eugenio Bauer , Alberto Cardemil , Roberto León, Ricardo Rincón , Jorge Ulloa , Ignacio Urrutia y Germán Verdugo, y el voto contrario de los diputados Jorge Burgos , Patricio Hales , José Pérez y Jorge Tarud , se aprobaron las siguientes consideraciones, conclusiones y propuestas formuladas por los diputados Cardemil , León, Rincón y Ulloa .

Las mismas, junto con reconocer o valorar el rol de las Fuerzas Armadas en misiones de colaboración con la sociedad civil, destacan la necesidad de:

a) Establecer y uniformar los protocolos para solicitar ayuda a las Fuerzas Armadas;

b) Asegurar a los pasajeros civiles que se trasladan en vehículos de las Fuerzas Armadas;

c) Mejorar los procesos de lecciones aprendidas;

d) Transparentar el financiamiento de estas operaciones, y

e) Entender que para los órganos del Estado las normas vigentes en la materia no son el máximo a exigir, sino que el mínimo a partir del cual se debe actuar en materia de seguridad.

Finalmente, se analizó lo ocurrido en el accidente en Juan Fernández y algunos aspectos del Plan Torrente y su ejecución durante el terremoto de febrero de 2010.

I. Reconocimiento del rol de las Fuerzas Armadas en misiones subsidiarias de colaboración con la sociedad civil. Se reconoció, en buenos términos, el hecho de que las Fuerzas Armadas presten constantes servicios de colaboración a la población civil, cuestión adicional a las misiones que, constitucionalmente, les han sido encomendadas en los ámbitos de defensa y seguridad nacional. Sin embargo, dicha valoración se efectuó con ciertas prevenciones. Ello, pues si bien la ayuda a la sociedad civil en áreas clave constituye una misión no convencional de las Fuerzas Armadas, cuestión que alcanza cierto consenso social y frente a la cual nadie podría mostrar reparos, la precariedad o inexistencia del Estado en áreas trascendentes para la vida de las personas debe intentar ser subsanada a través de instituciones civiles del aparato estatal, pues permite al Estado distinguir en todo momento la acción civil de la militar.

II. Necesidad de establecer y uniformar los protocolos para solicitar ayuda a las Fuerzas Armadas. Se pudo comprobar que no existe uniformidad ni grados de informalidad relevante, para requerir la colaboración y ayuda de las Fuerzas Armadas a la sociedad civil. En tal sentido, los requirentes acuden indistintamente al Ministerio de Defensa Nacional o a las instituciones armadas para solicitar colaboración, la que incluso puede basarse en acuerdos de palabra. Asimismo, que no existe presupuesto público específico destinado a este tipo de operaciones, debiendo asumir los costos, la mayor de las ocasiones, las propias Instituciones de la Defensa.

Vistas ambas situaciones, se concluyó que el establecimiento de instrucciones y procedimientos claros en este ámbito es responsabilidad del Ministerio de Defensa Nacional, atendido lo dispuesto en el artículo 3° de su ley orgánica. Dichas instrucciones deben regular las razones que permiten realizar este tipo de solicitudes, ante quién se efectúan, el presupuesto asignado para su ejecución y las razones a tener presente para acoger o rechazar la solicitud. Ello permitirá tener un registro de tales acciones, lo que otorgará transparencia al sistema, al disponer criterios conocidos sobre las motivaciones de aceptación o rechazo. De esa forma se evita dejar la decisión al mero arbitrio de la autoridad o utilizar estas prestaciones como forma de realizar favores personales o políticos, cuestión relevante, toda vez que el presupuesto público involucrado implica generalmente importantes sumas de dinero.

III.- Seguros de vida y protección a pasajeros civiles en transportes no comerciales.

Definir si transportar pasajeros civiles en naves militares es una operación militar o civil fue un asunto largamente debatido durante el trabajo de la Comisión. Con todo, si bien la ley no prohíbe establecer cobertura de seguros a favor de los civiles transportados en naves militares, actualmente no se entrega tal tipo de cobertura, cuestión digna de reparo al no contener una mirada integral que comprenda el valor y la protección de la vida humana.

En tal sentido, se concluyó que es necesario avanzar en tres aspectos:

a) Mejorar los protocolos informativos de riesgos de viaje.

b) Ampliar cobertura de seguros para pasajeros civiles.

c) Eliminación de todo tipo de cláusulas de exención de responsabilidad.

En cuanto a los protocolos informativos, se consideró que los pasajeros deben ser informados sobre los riesgos que existen en el viaje que realizan. Ello pues, sin perjuicio de existir cuestiones de naturaleza técnica que no es necesario comunicar con extrema precisión, hay antecedentes que, por su trascendencia, deben ser puestos en conocimiento de las personas, como el punto de no retorno del viaje que se realiza.

En cuanto a la cobertura de seguros, se consideró que es una diferencia arbitraria otorgar cobertura de seguros a los tripulantes de las naves militares que realizan operaciones de colaboración, pero no así a los civiles que participan en ella, como asimismo, obligar a las aerolíneas comerciales a contratar seguros para sus pasajeros, pero no así a las instituciones de la Defensa en relación a los pasajeros civiles, personas que en muchas ocasiones no tienen otra opción de transporte o se trata de funcionarios públicos en el desempeño de sus labores.

Por ello, es necesaria una urgente modificación del Código Aeronáutico y de los decretos leyes Nos 807 y 1.092, que disponen la obligatoriedad del seguro de vida para el personal de las Fuerzas Armadas y de Carabineros.

En cuanto a la eliminación de cláusulas de exención de responsabilidad contenidas en los compromisos de vuelo, documento que forma parte integral del pasaje de transporte entregado por la Fuerza Aérea, la propia Contraloría General de la República resolvió que debían ser eliminadas por infringir el principio de juridicidad que rige a los órganos de la administración del Estado. Sin perjuicio de tal resolución, es necesario disponer su prohibición expresa.

IV.- Mejora en los procesos de lecciones aprendidas.

Las lecciones aprendidas pueden entenderse como los conocimientos adquiridos mediante la experiencia, ya sea de hechos reales o mediante ejercicios, que mejoran el rendimiento de los demás en la misma disciplina. Asimismo, se entiende que una lección es considerada aprendida cuando el cambio o mejoramiento ya ha sido realizado. Para ello, deben existir procesos formales y debidamente definidos a partir de metodologías que permitan asegurar tales propósitos.

Sobre el particular, cabe destacar el compromiso para mejorar por parte de las instituciones involucradas, quienes se autocritican y finalmente plantean el uso de algunos implementos para la prevención, además de cambios en procedimientos para que los eventos no resulten hechos fortuitos, sino fenómenos que pueden ser evitados.

Sin embargo, es vital la reformulación del procedimiento ante emergencias en que se encuentren involucradas las Fuerzas Armadas, toda vez que es posible determinar falta de coordinación entre ellas y con el Ministerio de Defensa Nacional al momento de enfrentar tales situaciones.

Cada rama institucional actúa de manera más bien independiente, sin mayor participación del Ministerio de Defensa Nacional, ya sea en la coordinación, fiscalización o integración de información entre las instituciones armadas, lo que se traduce en una debilidad para el sistema y en un alejamiento de la autoridad política en este tipo de procesos.

V.- Transparentar el financiamiento de estas operaciones.

No existe un presupuesto específico para realizar este tipo de operaciones. Así, parte del presupuesto público destinado a entrenamiento de los tripulantes de vehículos militares es utilizado para realizarlas.

En tal sentido, para efectos de una adecuada y transparente administración de los recursos públicos y teniendo en cuenta que esta labor complementaria debe estar ajustada a una política clara, estándares y procedimientos definidos y fiscalizables, es necesario diferenciar el presupuesto destinado a operaciones propias de la defensa nacional, de aquellas misiones de apoyo a la comunidad. Asimismo, es preciso conocer los montos destinados a estos fines, tanto los aportados por las instituciones armadas como los aportados por los solicitantes o terceros interesados en su ejecución.

Esta distinción otorga claridad al presupuesto destinado a la satisfacción de la misión primaria de las Fuerzas Armadas e impide cierto incentivo perverso que permite fomentar ciertas ineficiencias en aquellas instituciones civiles del Estado, cuya labor esencial se vincula con el apoyo social a las comunidades que requieren ayuda.

VI.- Normas y estándares.

Resulta fundamental un cambio de enfoque sobre la seguridad de las personas, comprendiendo que la reglamentación en la materia fija una línea de base y no un máximo exigible.

En estas materias, el Estado, a través de sus organismos, debe propender de manera permanente al establecimiento de iniciativas que, en la medida de lo posible, superen el mínimo exigible por la regulación.

Una de las debilidades detectadas se refiere precisamente a normas y estándares que busquen adecuar las medidas de seguridad al dinámico desarrollo que tiene nuestro país, especialmente en lo que respecta a disminuir la improvisación y discrecionalidad, asegurando el establecimiento de parámetros objetivos de medición y rendimiento, a partir del uso de la ciencia, la tecnología, investigación, conocimiento y permanente búsqueda de las mejores prácticas que permitan reducir los riesgos e incrementar la seguridad de las personas.

Especial preocupación en esta materia es establecer elementos que garanticen realizar los esfuerzos correctos y oportunos en apoyo a las víctimas. Así, el registro de las víctimas y cuantificación de las mismas resulta un paso primario y esencial para una adecuada gestión.

De igual manera, resulta fundamental que el ministerio impulse la generación de planes de gestión de emergencias con múltiples víctimas, debidamente integrados con el sistema de emergencia y sus instituciones.

VII.- Accidente del CASA-212 en Juan Fernández .

No corresponde a la Comisión pronunciarse sobre las causas o responsables de dicho accidente, por corresponder ello a los tribunales de justicia. Sin perjuicio de lo anterior, es posible referirse a algunos elementos que resultan relevantes a partir de las indagaciones efectuadas por la Comisión.

Como cuestión general, la falta de un plan de gestión de emergencias que integre la acción civil y militar trajo consigo descoordinaciones y debilitó la correcta aproximación sistemática que requieren accidentes con múltiples víctimas.

Asimismo, si bien es efectivo que, de haberse aplicado la normativa de la aviación comercial, el vuelo en cuestión no se hubiese realizado, ello no es motivo de reproche. Se actuó legalmente en tal oportunidad, pero hacia el futuro constituye una obligación para el Estado de Chile mejorar los estándares de seguridad en sus operaciones, especialmente al trasladar civiles, aprendiendo de situaciones como esta.

Los pasajeros no miembros de las Fuerzas Armadas no contaban con seguros. Resulta fundamental que se establezcan los mecanismos que permitan dar cobertura a quienes, independiente de su condición civil o militar, hagan uso de un medio de transporte militar en misiones no militares.

El Ministerio de Defensa no tiene participación en los procesos para la obtención de aprendizajes y establecimiento de lecciones aprendidas, cuestión que, a todas luces, resulta necesaria de ser modificada.

Si bien los vuelos realizados por aeronaves de las Fuerzas Armadas no están obligados a regirse por el Código de Aeronáutica, ello no puede ir en desmedro de la seguridad de sus pasajeros o tripulantes durante operaciones con fines no militares.

El mal manejo comunicacional, reconocido por el comandante en jefe de la FACh, colaboró a incrementar la desconfianza sobre el proceso de investigación y la voluntad de las instituciones por establecer la verdad de los hechos.

No se observaron antecedentes que permitan establecer ocultamiento de información o intención de ello por parte de la FACh a la justicia. Las sanciones aplicadas por el comandante en jefe por el retardo que tomó procesar información sobre el peso del CASA-212 son atribuibles a la calificación que realizó la propia autoridad, que consideró que dicho proceso no respondía a los tiempos esperables, sin que se hayan podido obtener antecedentes que contradigan lo señalado.

En lo que respecta a la polémica por la no entrega de información de parte de la FACh ante la supuesta solicitud de un medio de comunicación, se pudo establecer que esta fue realizada por una persona particular, vía ley de transparencia, y no por un medio. Asimismo, se estableció que dicha institución respondió de manera amplia y detallada, argumentando las razones legales que le impedían hacer entrega de antecedentes, lo cual, en opinión de esta Comisión, no constituyó irregularidad ni celo excesivo por parte de la FACh, pues la solicitud se efectuó en términos amplios y no acotados al accidente, por lo que, de haberse acogido tal petición, se habría afectado la necesaria reserva o secreto que dicha información requiere.

Frente a la polémica suscitada por publicaciones de prensa en abril pasado, el ministro de Defensa dispuso públicamente un plazo de 48 horas para la entrega de información al ministro en visita que lleva la causa. El manejo comunicacional del ministro incrementó las dudas sobre la transparencia del proceso, lo cual además fue interpretado por algunos medios de prensa como un ultimátum que hizo escalar la crisis, poniendo en duda la continuidad del comandante en jefe de la FACh en su cargo y reforzando la idea del ocultamiento de antecedentes.

Esta Comisión pudo constatar que:

1) El ministro de Defensa se encontraba debidamente informado y coordinado con el comandante en jefe de la FACh.

2) De acuerdo a lo expresado por el ministro en visita en los medios de comunicación, este se encontraba conforme con la colaboración e información prestada por la institución.

3) La FACh, con la finalidad de cumplir la instrucción señalada, revisó y ratificó la información entregada al ministro en visita el 29 de noviembre de 2011 y adicionó un disco compacto con antecedentes no requeridos, donde se incorporó, según informara a esta Comisión el comandante en jefe de la institución, el historial de los procesos de mantenimiento del avión desde que ingresó al servicio de la Fuerza Aérea, en junio de 1994, hasta el momento del accidente.

Finalmente, se pudo establecer que el primer vuelo de un C-130 con 35 personas -la mayor parte de ellas periodistas- fue un error de operación, como lo reconoció el comandante en jefe del la FACh ante esta Comisión. Más aún, si hubiese intentado aterrizar, podría haber implicado un riesgo para sus ocupantes o el daño a la pista que permite la conectividad con el archipiélago.

VIII.- Plan Torrente.

Por último, un elemento especialmente sensible, que pudo ser aclarado durante la investigación, fue lo relacionado con el estado operativo del Plan Torrente del Ejército para el terremoto del 27 de febrero de 2010.

Sobre el particular, cabe señalar que los equipos pertenecientes al Plan Torrente solo funcionan como respaldo. Al ser un sistema de respaldo, tales equipos no están en condiciones de cubrir cualquier situación. Son de cobertura limitada en el territorio y no se encuentran desplegados en todo el país. Por ejemplo, en lugares como el archipiélago de las Guaitecas o el de Juan Fernández , esta línea de respaldo no tiene ninguna utilidad, pues los equipos sólo se hallan en las unidades militares. Así, la función primaria de esos equipos es enlazar a la unidad militar con el despliegue de unidades de aquella en terreno, ya sea en instrucción, en campaña, etcétera.

El 27 de febrero de 2010, los equipos de comunicación del Plan Torrente no se encontraban encendidos y las redes no estaban articuladas entre las unidades.

Ocurrido el terremoto, el equipamiento de comunicaciones del proyecto Torrente se encontraba en su etapa final de entrega a todas las unidades y de preparación de los operadores.

Es cuanto puedo informar a la Sala.

He dicho.

El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- En discusión el informe de la Comisión Especial Investigadora.

Tiene la palabra el diputado señor Alberto Cardemil.

El señor CARDEMIL.- Señor Presidente , tal como lo señala en su completo informe el diputado León, las conclusiones que la Comisión Investigadora somete al juicio de la Sala son fruto de un trabajo intenso, extenso y de una propuesta que concitó el apoyo transversal.

Ello se justifica, porque el informe es interesante, importante, propositivo y plantea una serie de propuestas de futuro -es lo que interesa- para abordar un tema que estaba insuficientemente regulado y que ayudó a producir los efectos del accidente de Juan Fernández que todos hemos lamentado.

Solo a título ilustrativo, quiero destacar la importancia de lo que plantea este informe de mayoría.

En primer lugar, es importante respaldar y validar el reconocimiento del rol de las Fuerzas Armadas en misiones subsidiarias de colaboración con la sociedad civil.

Por las características del país, no solo la Fuerza Aérea, sino también el Ejército, la Armada e, incluso, Carabineros deberán seguir apoyando a la sociedad civil.

El vuelo a Juan Fernández , que terminó en tragedia, se inscribía precisamente en ese loable propósito: apoyar a la comunidad, y ello deberá seguir ocurriendo. Las Fuerzas Armadas seguirán haciendo esa labor, que deben realizar bien y, por lo tanto, es importante validarla. Por consiguiente, el informe acierta al plantear ese punto.

Lo segundo es la necesidad de establecer y uniformar los protocolos para solicitar ayuda a las Fuerzas Armadas. Hoy, esta es una situación desregulada. Para la gente es cómodo viajar en aeronaves o en vehículos militares, porque es gratis y se ahorra el costo de los pasajes, por lo que existe una gran demanda. Pero no estaba claro quién autoriza.

En definitiva, establecer y uniformar los protocolos para solicitar ayuda a las Fuerzas Armadas, así como recibirla, parece extraordinariamente importante, interesante e imprescindible para poder seguir funcionando bien.

El tercer punto que no estaba regulado dice relación con la necesidad de contar con seguros de vida y protección a pasajeros civiles en transportes no comerciales.

Al respecto, cabe señalar que cuando un civil se sube a una aeronave comercial está en conocimiento de los seguros con que cuenta. Sin embargo, cuando aborda una aeronave militar no dispone de cobertura de seguro alguno en su favor. Si bien la ley no prohíbe el establecimiento de cobertura de seguros en favor de los civiles transportados en naves militares, el sistema establecía la prohibición de asegurar a los pasajeros, problema que, como es lógico, resulta imprescindible resolver.

En tal sentido, se concluyó que es necesario avanzar en tres materias muy concretas: en el mejoramiento de los protocolos informativos de riesgos de viaje, en la ampliación de las coberturas de seguros de pasajeros civiles y en la eliminación de todo tipo de cláusulas de exención de responsabilidad, porque se cometieron errores en esos aspectos.

Asimismo, la Comisión concluyó que se debe efectuar una mejora en los procesos de lecciones aprendidas. Como resulta obvio, las cosas podrían haberse hecho mucho mejor, de lo cual se toma conciencia cuando ocurre un accidente de las proporciones de lo sucedido, el cual llevó, en forma inevitable, a reflexionar respecto de qué se hizo bien y qué se hizo mal.

Afortunadamente, son pocos los accidentes en la historia de la Fuerza Aérea, del Ejército e, incluso, de Carabineros. Pero el accidente ocurrido en Juan Fernández , por la magnitud que tuvo, hizo necesario y fructífero ese proceso de lección aprendida, el cual constituye una especie de homenaje hacia las víctimas, pues se trataba de personas que viajaban en una misión de colaboración hacia la comunidad. Por lo tanto, con el objeto que su muerte no haya sido en vano, Dios quiera que se haga todo lo que corresponda para que no vuelva a repetirse una tragedia como esta.

Otra propuesta de la Comisión dice referencia a transparentar el financiamiento de esas operaciones, lo que es fundamental.

Todo cuesta plata, pero no existe un presupuesto específico para realizar ese tipo de operaciones ni una definición respecto de cuándo un civil puede ser transportado sin costo por una institución armada, cuyo transporte es cubierto por el Estado, por cuanto se dirige a una misión de apoyo a la comunidad.

Transparentar el financiamiento de esas operaciones es loable e importante, de manera que lo empezaremos a llevar a cabo a partir de la actual discusión presupuestaria.

También, resulta fundamental efectuar una revisión de las normas y los estándares de las Fuerzas Armadas. De hecho, hemos tenido noticias de que se ha procedido a reemplazar material que ofrecía algunas dudas, que había quedado en entredicho o que había cumplido su vida útil.

Por último, la Comisión hizo un análisis serio, prudente y sensato, a veces duro, respecto del accidente del Casa 212, en el cual se estableció que no se advirtió responsabilidad de tipo militar o de carácter administrativo, de manera que el pronunciamiento sobre las causas y las responsabilidades de ese accidente corresponderá a los tribunales de justicia, tal como ocurrió en ese caso.

Por último, quiero señalar que me alegra mucho la solidez del informe elaborado por la Comisión de Defensa Nacional, constituida en especial investigadora de los accidentes ocurridos en las Fuerzas Armadas a lo largo del país, en los que han resultado muertos y lesionados civiles e integrantes de las mismas -el cual fue rendido con mucha claridad por el diputado señor León -, puesto que su trabajo constituye una honra para la labor parlamentaria, debido a que plantea proposiciones concretas, hace un juicio crítico sobre lo que sucedió y señala las lecciones que se han sacado para que esa situación no se vuelva a repetir. Asimismo, se menciona que se debe dejar la determinación de las responsabilidades a quien corresponda, para lo cual se enviará el voluminoso informe a las instancias respectivas de la Fuerza Aérea y a los tribunales de justicia.

En consecuencia, la Comisión cumplió bien el trabajo que se le encomendó, de manera que votaré favorablemente el informe.

He dicho.

El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Jorge Ulloa.

El señor ULLOA.- Señor Presidente , la Comisión de Defensa Nacional, mandatada por la Corporación para constituirse en especial investigadora de los accidentes ocurridos en las Fuerzas Armadas a lo largo del país y en que han resultado muertos y lesionados civiles e integrantes de las mismas, celebró un importante número de sesiones, cuyas conclusiones y proposiciones se consignan en el informe que se somete a nuestra consideración.

Si bien la constitución de la Comisión -la cual tuve el honor de presidir- fue motivada por el lamentable accidente aéreo ocurrido en Juan Fernández , en el que perdieron la vida veintiún compatriotas, lo importante para nosotros fue determinar si a partir de ese accidente y de otros ocurridos con anterioridad -hasta diez años atrás- las Fuerzas Armadas habían sacado las lecciones y las conclusiones correspondientes y si se habían adoptado los cambios respectivos y las prevenciones del caso con el objeto de evitar que esos lamentables accidentes siguieran ocurriendo.

Al menos desde nuestra perspectiva, estimamos que las Fuerzas Armadas han sacado una cantidad importante de lecciones a partir de cada uno de los casos ocurridos, que han significado cambios en materia de reglamentación y de disposiciones, lo que constituye un aprendizaje.

En lo que dice relación con esa situación, en particular respecto del accidente en Juan Fernández, lo que ha quedado claro es que, sin duda alguna, la justicia tiene en sus manos el procedimiento para deslindar responsabilidades, si es que estas existieren.

Del mismo modo, la Comisión de Defensa Nacional de la Corporación ha pedido a la Fuerza Aérea la realización de una cantidad importante de modificaciones con motivo del grave accidente ocurrido. Desde ese punto de vista, queda claro que requeriremos que las propuestas de modificación deban ser conocidas, al menos, por la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados.

Generalmente, se señala que el hilo siempre se corta por la parte más delgada, con lo cual se da a entender que se eluden las responsabilidades. Sin embargo, en esta materia, la Fuerza Aérea no ha eludido responsabilidad alguna. De hecho, ha sido tan seria la situación ocurrida como consecuencia de este accidente que, lamentablemente, ha significado la salida -solo por razones de responsabilidad de mando, de jerarquía militar- de muchos oficiales, particularmente de generales de la República, quienes han visto truncadas sus carreras.

Desde esa perspectiva, la Fuerza Aérea ha cumplido con la ciudadanía, pero también ha cumplido con su misión, cual es la de supervisar y vigilar lo más valioso que tienen las Fuerzas Armadas: su personal, cuya integridad debe ser resguardada en forma debida.

Si hay algo que nos deja una preocupación es la condición en que tienen que actuar las Fuerzas Armadas, en particular la Fuerza Aérea y la Armada, que mueven una cantidad impresionante de ciudadanos al año, particularmente de lugares alejados y con escasa conectividad. Ellas realizan el traslado de pacientes, estudiantes, en fin -tarea que no les corresponde-, asumen el costo y no reciben recurso alguno por ello. Esto les significa una dificultad que es bueno que esta Sala conozca.

En su informe, el diputado señor León ya lo señaló: las personas que se trasladan en medios de transporte militares, como buques, barcazas o aviones, no cuentan con seguros. Desde mi perspectiva, aquí hay una falla que se tiene que corregir, porque hoy las compañías de seguro no hacen válido el seguro para una persona -aun cuando esta lo haya pagado- que aborde uno de estos medios de transporte militares. Esa modificación se hace estrictamente necesaria. Para el caso de quienes no tienen seguros se hace necesario que el Estado los cubra, porque no resulta aceptable que, año a año, miles de personas que son transportadas por la Armada Nacional o por la Fuerza Aérea no queden cubiertas ante algún accidente, por el solo hecho de ocupar medios de transporte de las Fuerzas Armadas, pero que no van en misión militar -esto hay que dejarlo claro-, sino que, por el contrario, cumplen una misión de apoyo al Estado chileno, que es el que debiera dotar de la conectividad necesaria para que el viaje de esas personas al continente sea normal.

En ese sentido, dentro de sus conclusiones, la Comisión aportó algunos antecedentes. De hecho, yo mismo sugerí iniciativas en este sentido, que requerirán el patrocinio del Ejecutivo.

La Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados hizo un arduo trabajo. Quiero agradecer a la secretaría de la Comisión, por su apoyo; además, al entonces ministro de Defensa Nacional , don Andrés Allamand , quien entregó todo tipo de facilidades para que el ministerio a su cargo respondiera y para que las Fuerzas Armadas y los mandos que dependen de dicha secretaría de Estado pudieran aportar con los requerimientos que la Comisión les hizo y entregar todo tipo de información y observaciones al trabajo que estábamos realizando.

Este trabajo solo tendrá valor en la medida en que se pueda exigir que los cambios que las Fuerzas Armadas tienen que implementar tras las lecciones aprendidas, queden incorporados en la reglamentación y conducta que debe existir respecto del cuidado y la protección de su personal. Reitero, lo mejor que Chile tiene en sus Fuerzas Armadas es su personal. Por tanto, desde los comandantes en jefe hasta el último soldado o marinero son lo más preciado para el Ministerio de Defensa Nacional y para las Fuerzas Armadas y sus mandos; pero no solo estos, sino también para esta Corporación, que manifestó su preocupación en el sentido de cuidar al personal de nuestras instituciones de la Defensa Nacional.

Los miembros e integrantes de las Fuerzas Armadas no son chilenos distintos, sino personas iguales que nosotros, pero que visten el uniforme de la patria, en sus distintos colores, y entregan gloria al país y seguridad en sus fronteras.

Por esa razón, la Comisión de Defensa, constituida en Especial Investigadora, hace una serie de propuestas que espero que sean apoyadas por la Sala, por cuanto gozaron de una amplia mayoría en dicha instancia y se plasmaron en la propuesta que cada uno de los señores diputados tiene en su escritorio.

He dicho.

El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- Tiene la palabra el diputado señor José Pérez.

El señor PÉREZ (don José).- Señor Presidente , escuché con atención el informe de la Comisión de Defensa, constituida en Especial Investigadora de los accidentes ocurridos en las Fuerzas Armadas a lo largo del país, en los cuales han resultado personas fallecidas o lesionadas, entre ellas, civiles e integrantes de las Fuerzas Armadas.

La Comisión Investigadora inició su trabajo en octubre de 2011. Inicialmente, la idea era constituirla para que analizara la tragedia ocurrida en Juan Fernández ; pero, tras la designación de la Comisión de Defensa para que asumiera esta tarea, finalmente se optó porque investigara todos los accidentes ocurridos durante los últimos diez años en las distintas ramas de las Fuerzas Armadas.

Ese trabajo tomó mucho tiempo; se analizaron las más diversas materias; a la comisión concurrieron los comandantes en jefe a entregar su información cada vez que se les solicitó. En eso hay que ser muy claro. Sin embargo, creo que no se llegó a las conclusiones que esperaban el país y los familiares de las víctimas de la tragedia del Casa 212 en el Archipiélago Juan Fernández .

En los últimos años, hemos tenido dos enormes tragedias: una, de Antuco, con una cantidad muy importante de personas fallecidas como consecuencia de fuertes nevazones; la otra, la del Archipiélago Juan Fernández , respecto de la cual hubo tantas cosas que se mencionaron en su momento, por ejemplo, que el avión seguramente no era el más indicado, que se presentaron condiciones climáticas adversas, lo que hizo que el avión estuviera varias horas detenido en el aeropuerto sin poder despegar. Al respecto, cuando preguntamos quién dio la orden para partir a Juan Fernández , después de tres o cuatro horas de estar ahí estacionado el avión, nadie se hizo responsable y solo se limitaron a señalar que es una decisión que debe adoptar el comandante, vale decir, el piloto a cargo de la nave, lo cual nos parece extraño. También nos parece extraño que viajara tanta gente en dicho avión -este, incluso llevaba carga-, considerando la existencia de condiciones climáticas adversas y que el combustible disponible impedía el retorno.

Hubo una gran cantidad de situaciones que fueron analizadas latamente en la Comisión. Sin embargo, en relación con esta tragedia, con el correr del tiempo hemos conocido nuevos antecedentes, a través de los medios de comunicación, no de los órganos oficiales -como dije, sus representantes estuvieron en forma permanente en nuestra Comisión-, lo que ha provocado cierto grado de incomodidad en algunos integrantes de la Comisión, que no hemos quedado conformes en relación con la investigación y las eventuales sanciones que habrían correspondido a gente que tuvo responsabilidad en el mando de esta institución por lo acontecido.

Por consiguiente, aparte de los seguros y de una serie de cosas que no existían y que deberán ser consideradas a futuro, creo que las conclusiones de la Comisión no dejarán contento a ninguno de los familiares de las víctimas de esa tragedia, así como tampoco al diputado que habla, después de asistir a todas las sesiones en las cuales consultamos al personal, fundamentalmente de la FACH. Creemos que no se profundizó en forma clara, precisa y categórica en la investigación, a fin de aplicar sanciones a quienes resulten responsables. No son uno, dos o tres los involucrados, sino muchas las personas que deben asumir la responsabilidad de esa tragedia que enlutó al país y a un número muy importante de familias.

Por lo tanto, voy a votar en contra este informe cuando llegue el momento de hacerlo.

He dicho.