Labor Parlamentaria

- Del señor Presidente de la Corporación por el cual comunica que el diputado señor Saffirio participará en la 18ª Reunión Anual del Foro Parlamentario del Asia-Pacífico, que se realizará del 17 al 22 de enero en Singapur. (Oficio N° 1105).

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y TRASPASO A ADMINISTRACIÓN ESTATAL DE HOSPITAL MISIÓN SAN JUAN DE LA COSTA. Oficio.

El señor SÚNICO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Sergio Ojeda.

El señor OJEDA.- Señor Presidente , los funcionarios del Hospital Misión San Juan de la Costa se encuentran en paro, como una manera de llamar la atención de las autoridades por las deficientes y precarias condiciones en que se encuentra el recinto hospitalario, que es administrado por un ente privado.

Los funcionarios solicitan en forma urgente infraestructura adecuada y condiciones humanas dignas para que la gente reciba atención hospitalaria.

Son muchas las deficiencias que existen en ese hospital. Reitero, se requiere una nueva infraestructura, que permita entregar la debida atención a quienes solicitan los servicios de hospitalización o de atención médica, toda vez que el actual edificio no reúne las condiciones materiales que demandan las actuales necesidades médicas y hospitalarias. Se requieren nuevos instrumentos y equipos con tecnología de punta que permitan un trabajo médico lo más eficiente posible.

Como una manera de darle más seriedad a la solución del problema y para que quede constancia de ello, pido que se oficie al ministro de Salud , a fin de que intervenga personalmente en la solución de tales demandas. Hoy, los funcionarios están en paro luego de agotar instancias de diálogo; sin embargo, no han sido escuchados.

Repito, ese hospital requiere una nueva infraestructura, instrumentos médicos nuevos, insumos, implementos de todo tipo, camas, etcétera. Además, es necesario estudiar la factibilidad de traspasar ese hospital de la administración privada a la estatal, para darle mayor eficiencia y contar con mayores recursos, porque actualmente no son suficientes. Últimamente, la municipalidad había restado recursos a ese centro hospitalario, pero eso fue solucionado.

De manera que -repito- solicito la intervención directa y urgente del ministro de Salud , para dar solución a los requerimientos del Hospital Misión San Juan de la Costa, ubicado en un sector muy precario. De hecho, se encuentra en una de las cinco comunas más pobres del país y, por tanto, se le debería inyectar más recursos y darle una atención más directa y masiva en relación con las necesidades que presenta.

He dicho.

El señor SÚNICO ( Vicepresidente ).- Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de los diputados señores Alfonso De Urresti , Alberto Robles y de quien habla.

INFORMACIÓN SOBRE ESTADO DE CAUSA POR ATROPELLO DE MENOR EN SAN JOSÉ DE LA MARIQUINA. Oficios.

El señor SÚNICO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Alfonso de Urresti.

El señor DE URRESTI.- Señor Presidente , en la comuna de San José de la Mariquina, específicamente en la intersección de las calles Manuel Varas y Condell , se produjo un lamentable atropello que tuvo como resultado la muerte de una menor de dos años de edad, de nombre Isidora Paz Rojas Rivera . Ella fue arrollada por un conductor que manejaba en estado de ebriedad, el que se dio a la fuga, pero luego fue detenido por carabineros. Tal situación ha ocasionado natural dolor y consternación en la familia y en los vecinos. Tuve la oportunidad de concurrir al velorio. Familiares y vecinos recordaron el lamentable procedimiento utilizado en esa oportunidad y que ahora quiero denunciar. Para tal efecto, solicito oficiar al fiscal nacional y al ministro de Defensa , a través de la subsecretaria de Carabineros, para que informen sobre el estado y la situación en que se encuentra el proceso judicial relativo a este caso. En tal sentido, quiero saber por qué el fiscal que concurrió al levantamiento del cuerpo de la menor en el sitio del suceso dejó en libertad a los implicados en ese accidente y no tomó las medidas correspondientes respecto de quien conducía el vehículo que causó el mortal atropello; por qué no se adoptaron las medidas necesarias para dejarlo privado de libertad; por qué carabineros tardó en llegar, simplemente hizo levantamiento del cuerpo y no se constituyó para detener no sólo al autor del atropello que manejaba el vehículo, sino también a su acompañante, por cuanto existen dudas respecto de quien conducía. Carabineros de Chile debe preocuparse de proteger a la población y perseguir a los delincuentes. Hay una familia y un barrio completo en San José de la Mariquina que se encuentran absolutamente consternados.

Por eso -reitero-, solicito que se oficie al fiscal nacional, a fin de que informe sobre la situación en que se encuentra la causa criminal iniciada a propósito de ese accidente, que tuvo como resultado la muerte de una menor y, además, lesiones graves en contra de la hermana de la menor fallecida.

Asimismo, pido que se oficie al ministro de Defensa, a través de la subsecretaria de Carabineros, a fin de que informe detalladamente sobre el procedimiento policial adoptado.

He dicho.

El señor SÚNICO ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión del diputado señor Alberto Robles y de quien preside.

INVESTIGACIÓN DE PROCEDIMIENTO POLICIAL UTILIZADO EN ALLANAMIENTO A RESIDENCIA DE POBLACIÓN NORTE GRANDE, COMUNA DE VALDIVIA. Oficios.

El señor DE URRESTI.- Al mediodía de 15 de diciembre recién pasado, Carabineros allanó el domicilio de la señora Maggi Burgos , ubicado en calle Chuquicamata 303, población Norte Grande, Valdivia . Ese procedimiento policial buscaba presuntamente pesquisar tráfico de drogas, pero, lamentablemente, se cometió un tremendo error. Además de la señora Maggi , la familia se encuentra integrada por don Juan Carlos Moraga Oyarzún , su marido; sus tres hijos menores de edad, Nicole Moraga , Carlos Moraga y Abraham Moraga , además de un sobrino de nueve años de edad, de nombre Cristopher Pineda Burgos , todos los cuales estaban al interior de la casa al momento del allanamiento.

En efecto, el día señalado, policías con rostros cubiertos allanaron el hogar de esta honrada familia, para escarnio de toda la comunidad. Además, a don Juan Carlos Moraga se le hizo firmar una declaración cuando se le llevó detenido al cuartel de Carabineros, en circunstancias de que es analfabeto. Aquí se ha vulnerado una serie de normas y derechos de pobladores honrados que trabajan y que han buscado un camino para salir adelante. A mi juicio, Carabineros debe dar explicaciones.

Por eso, solicito que se oficie a la subsecretaria de Carabineros, a fin de que el alto mando de la institución informe sobre el procedimiento que se debe adoptar en tales circunstancias, las órdenes que lo autorizaban y las evidencias encontradas. Además, si don Juan Carlos Moraga , principal acusado en este caso, es analfabeto, ¿por qué se le hizo firmar una declaración que claramente no podía entender y no fue asistido por alguna persona letrada? Así las cosas, es claro que sus derechos no estaban garantizados.

Asimismo, solicito que el fiscal nacional entregue información respecto del procedimiento que permitió llevar adelante dicho allanamiento, el que puede calificarse de desproporcionado, que fue practicado a personas que no tenían ninguna responsabilidad, con la consecuente destrucción de puertas y ejercicio de violencia sicológica a menores.

Somos los principales impulsores del combate contra la delincuencia, especialmente contra el narcotráfico; sin embargo, cuando se vulneran derechos ciudadanos, una institución como Carabineros debe responder, ofrecer las disculpas, en caso de que proceda, y establecer los procedimientos sancionatorios, para que dicha institución no pierda la confianza de la ciudadanía, en especial de los pobladores, los que -no me cabe duda- también buscan limpiar sus territorios de la lacra delictual.

He dicho.

El señor SÚNICO ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión del diputado señor Alberto Robles y de quien preside.

ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA LÁSER PARA SERVICIO DE UROLOGÍA DE HOSPITAL DE COPIAPÓ. Oficios.

El señor SÚNICO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Alberto Robles.

El señor ROBLES.- Señor Presidente , el próximo 7 de enero de 2010 se desarrollará en el Hospital Regional de Copiapó el primer workshop de cirugía percutánea y ureteroscópica del norte de Chile. Dicho encuentro contará con la participación de colegas de vasta experiencia, formados en el Hospital San Borja Arriarán . Además, habrá una demostración de tecnología láser Holmium, técnica que busca destruir, por vía percutánea o ureteroscópica, los cálculos que desarrollan pacientes litiásicos.

En Chile, la población con mayor incidencia de cálculos de esta naturaleza se encuentra en Atacama. De hecho, según las cifras enviadas por el servicio de Urología del hospital, uno de cada cuatro pacientes que consulta presenta patología litiásica.

Desde hace bastante tiempo el Servicio de Salud ha hecho un esfuerzo para incorporar tecnología que permita ir solucionando los problemas de los pacientes, sobre todo de aquellos cuya situación es más compleja. Hoy, se encuentra disponible un litotriptor percutáneo, que a veces presenta problemas de mantención, lo que me parece necesario corregir. Con todo, es evidente que el servicio ha ido mejorando en términos de equipamiento y tecnología, ya que hoy cuenta con tres urólogos que trabajan en Copiapó, estamos haciendo esfuerzos para que lleguen urólogos a Vallenar, de modo que se desarrolle la especialidad en toda la región.

El Hospital de Copiapó está en proceso de mejoramiento, con una inversión bastante cuantiosa en infraestructura.

La idea es construir todas las dependencias necesarias para convertirlo en un centro asistencial moderno.

A medida que pasa el tiempo, la tecnología va mejorando. Los procedimientos médicos que utilizan buena tecnología se hacen mucho menos invasivos y mucho mejor adaptados al paciente. Antes, era necesario abrir el riñón para sacar los cálculos; hoy, la utilización del láser omnium disminuye los riesgos, sobre todo cuando el personal se encuentra capacitado para su uso. De hecho, su aplicación es casi ambulatoria y requiere escasa hospitalización.

En consecuencia, contar con ese tipo de tecnología es muy importante para los distintos servicios.

Por lo tanto, solicito oficiar a la intendenta de la Región de Atacama , a la directora del Servicio de Salud de esa región, al director del Hospital de Copiapó y al representante del Ministerio de Salud en el área de inversiones, con el objeto de que incorporen la compra de un litotriptor láser omnium de última generación para el servicio de urología del Hospital de Copiapó. Esa tecnología permitirá dar una mejor atención a los pacientes que padecen litotripsia, pero también que los médicos de la Región de Atacama entreguen un mejor servicio a la población, ya que se trata de una tecnología de punta en el mundo. Como ha quedado dicho, permite solucionar muchos problemas que las técnicas convencionales demoran tiempo en resolver.

Asimismo, evita complicaciones en los pacientes. Por último, solicito que se remita copia de mi intervención al jefe del servicio de urología del Hospital de Copiapó , doctor Mario Navarro , quien me envió información completa sobre el tema.

He dicho.

El señor SÚNICO ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con mi adhesión.

PLAN ESPECIAL DE RECUPERACIÓN DE LA VEGA MONUMENTAL DE CONCEPCIÓN E INFORME DETALLADO SOBRE MEDIDAS QUE SE APLICARÁN A DAMNIFICADOS. Oficios.

El señor SÚNICO.- Señor Presidente , ayer en la madrugada, cientos de locales comerciales de la Vega Monumental de Concepción resultaron completamente destruidos. Estamos hablando de una vega con más de setecientos locales. Se estima que más del 80 por ciento tuvo pérdidas totales de mercadería. Se trata de miles de personas que trabajaban en la atención de esos locales comerciales, muchos de los cuales vendían productos fabricados en los hogares de los propios empresarios y comerciantes que allí laboraban.

Por lo anterior, solicito oficiar a los ministros del Interior, de Economía, de Mideplan y de Hacienda , así como a las autoridades del gobierno regional de Concepción, con el objeto de que se desarrolle un plan especial de recuperación de la actividad comercial de esos emprendedores, que vieron segados sus sueños como consecuencia del voraz incendio que se produjo en la Vega Monumental de Concepción.

Al respecto, quiero hacer un conjunto de prevenciones. Ese plan especial no puede ser menos que el que se aplicó en Valparaíso cuando se quemaron varias manzanas del comercio, o el que se diseño para mitigar los efectos del terremoto que afecto a Tocopilla, que contemplo la devolución de capital de trabajo, lo que permitió a los comerciantes reactivar sus comercios. La gente de la Vega Monumental de Concepción requiere un trato digno, el mismo que recibieron los empresarios y comerciantes de Tocopilla, Valparaíso y Chaitén. En esos lugares el Gobierno hizo enormes esfuerzos para paliar las catástrofes producidas en su momento.

De allí que se hace necesario revisar un conjunto de temas. En primer lugar, el Ministerio de Hacienda debe preocuparse de resolver la situación tributaria de cada uno de los damnificados, quienes lo perdieron todo. Los comerciantes no perciben ingresos, por lo que no se les puede cobrar multas por no pago de impuestos o por no declarar el IVA. Esa materia requiere preocupación especial del Servicio de Impuestos Internos, repartición que debe dar instrucciones precisas en tal sentido.

En segundo lugar, se requiere revisar la situación de créditos con el BancoEstado, así como de dividendos y de matrículas en universidades e institutos profesionales de hijos de los comerciantes afectados.

Es evidente que la situación económica de éstos ha variado sustantivamente.

Por tal razón, el Ministerio de Educación debe diseñar una política que permita que esos jóvenes repostulen y se tome en consideración su nueva situación socioeconómica a la hora de acceder a becas de educación superior y a sistemas de créditos.

Por otra parte, es necesario que el capital similla del Fosis actúe con la mayor prontitud, para que las personas afectadas vuelvan a generar ingresos.

Se requiere que el Sercotec intervenga, a fin de generar los recursos necesarios para abordar esta emergencia.

En definitiva, se necesita un plan integral que, por un lado, avance en la reconstrucción de los locales en el mediano plazo, y, al mismo tiempo, entregar soluciones a corto

plazo. En tal sentido, el Ministerio de Bienes Nacionales debe procurar un espacio en Concepción para levantar instalaciones provisorias para que funcione ese comercio, y, de ese modo, las familias generen ingresos. Una segunda posibilidad es que el Gobierno arriende un espacio para poner en marcha la actividad comercial.

La situación es muy dramática y requiere de acciones rápidas y efectivas. Valoro el hecho de que subsecretario del Interior se apersonara en el lugar, junto con la subsecretaria de Hacienda , a fin de tomar conocimiento de la situación y buscar soluciones al problema.

Con todo, solicito que se me envíe un detalle pormenorizado de las acciones que se emprenderán para enfrentar esta catástrofe producida en la Vega Monumental de Concepción. Es necesario utilizar el conjunto de instrumentos aplicado en Chaitén, Tocopilla y Valparaíso, con el objeto de arribar a una solución rápida que vaya en ayuda de los afectados.

Adhiere a la solicitud de oficios el diputado señor Alberto Robles .

He dicho.

Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.

22. Informe de la delegación de diputados que asistió a la XV Conferencia de las partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre cambio climático (cop15), entre los días 15 y 18 de diciembre de 2009, realizada en Copenhague, Dinamarca.

“Honorable Cámara,

Tengo a honra informar sobre la participación de los diputados señores Roberto Sepúlveda Hermosilla ( Presidente de la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente); Roberto León Ramírez ( Presidente del Grupo Interparlamentario Chileno de la Unión Interparlamentaria ); y Enrique Accorsi Opazo (miembro de la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente), quienes fueron especialmente invitados por el Ministro de Relaciones Exteriores a formar parte de la delegación que concurrió a la XV Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, realizada en Copenhague, Dinamarca.

Por nuestro país participaron los Ministros de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, señora Ana Lya Uriarte Rodríguez ; de la Comisión Nacional de Energía, señor Marcelo Tokman Ramos ; el Embajador señor Cristián Maqueira , y otros altos funcionarios.

Es preciso tener en consideración que en el marco de las gestiones preparatorias para la Conferencia de las Partes de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (COP15), el Gobierno danés batalló intensamente en la concreción de un acuerdo global amplio sobre la temática en la ciudad de Copenhague.

Para dichos efectos, involucró a un alto número de países a fin de lograr un acuerdo que contemplara metas claras para la reducción de emisiones CO2, con miras a impedir el aumento de la temperatura en el planeta, en promedio, más allá de los 2ºC, margen considerado como sensible y responsable por la Ministra para la Conferencia Climática de Naciones Unidas COP15.

Sin embargo, y pese a las expectativas sólo se pudieron materializar acuerdos de orden político, quedando pendientes los aspectos jurídicos de carácter vinculante para ser acordados en próximas reuniones.

Asimismo, cabe tener presente que también se llevó a cabo en forma paralela una Reunión Parlamentaria convocada por la Unión Interparlamentaria (UIP) en el Parlamento danés, con ocasión de la citada Conferencia, el día 16 de diciembre de 2009, cuyo objetivo fue que los parlamentarios pudieran acceder a la información y antecedentes que se manejaron durante las negociaciones y efectuaran aportes desde la perspectiva parlamentaria.

I. INTRODUCCIÓN.

Calentamiento Global o Cambio Climático.

El fenómeno del Calentamiento Global o Cambio Climático ya fue enunciado a principios del siglo XX por Svante Arrhenius , Premio Nobel del año 1903. Este físico y químico sueco calculó que, duplicando la cantidad de CO2 en la atmósfera, se produciría un aumento de la temperatura de la tierra de 1,5°C a 4,5°C.

Al CO2, junto con otros gases (como el metano, el dióxido de nitrógeno, etc.), se los ha llamado Gases de Efecto Invernadero (GEI) pues, haciendo un símil con las instalaciones agrícolas que llevan ese nombre, permiten el ingreso de la radiación solar pero, en la medida que aumenta su concentración en la atmósfera, limitan el “escape” del calor acumulado. Esto provoca un aumento progresivo de la temperatura media de la superficie de la Tierra rompiendo el equilibrio térmico logrado luego de millones de años de evolución de nuestro planeta, equilibrio que ha posibilitado el desarrollo de la vida tal como la conocemos.

Cada día se hace más evidente que estos equilibrios naturales son mucho más frágiles que lo pensado. El planeta Tierra, que parecía infinito y capaz de soportar todo tipo de cargas comienza ha demostrar sus límites y su agotamiento. A escala planetaria, el crecimiento económico mundial ha empujado las fronteras de expansión hasta sus últimos rincones. Con la total ocupación del planeta por parte de un sistema económico integrado han aparecido, o se han hecho evidentes, nuevos problemas a los que se ha llamado problemas globales.

Entre los fenómenos más conocidos ligados con los equilibrios naturales está el calentamiento global o cambio climático. Este ha sido calificado como “una seria amenaza mundial, que exige urgentemente una respuesta asimismo mundial. Un reto único para la economía, pudiendo afirmarse que es el mayor y más generalizado fracaso del mercado jamás visto en el mundo. “

Hoy día sabemos que las concentraciones en la atmósfera de GEI han alcanzado valores equivalentes a unas 430 partes por millón (ppm) de CO2e, en comparación con el valor de 280 ppm, el mayor registrado en la historia del planeta con anterioridad a la Revolución Industrial. Este fenómeno está produciendo un aumento gradual y continuo de la temperatura promedio de la superficie del planeta que podría representar, de acuerdo con los modelos climáticos utilizados por el IPCC, un aumento total de 4,7°C, o más, para fines del siglo XXI. Sabemos así mismo que este fenómeno es provocado, con una probabilidad de más del 90%, por las actividades humanas.

Los datos clave del fenómeno son: que la temperatura media global ha aumentado en el último siglo en un 0,7°C, que el nivel de los océanos ha subido 17 cm, que el hielo ha perdido el 10% de su cobertura, que las aguas superficiales de los océanos se acidifican, que por el aumento de la temperatura y de la acidez, los bancos de coral están en peligro de extinción poniendo en peligro la cadena de la vida en los océanos. El contenido de CO2 es 29% superior al nivel de los últimos 800.000 años. El aumento del CO2 atmosférico es 200 veces más rápido que en los últimos 100 siglos. Por último, este aumento en el CO2 es el resultado de la quema de combustibles fósiles y la deforestación. Todo esto son hechos sustentados por un amplísimo consenso de la comunidad científica internacional.

“Nuestros líderes no captan la escala del problema ni la velocidad de los cambios. No se dan cuenta de que deben actuar ahora”, dijo el climatólogo Andrew Weaver , de la canadiense University of British Columbia, y autor principal de los informes del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) .

II. ANTECEDENTES.

1. La Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático.

Alertada por las primeras manifestaciones evidentes del fenómeno del Calentamiento Global, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Ambiente y el Desarrollo, conocida más comúnmente como la Cumbre de la Tierra, realizada en Río de Janeiro, Brasil, en 1992, acordó adoptar un enfoque de desarrollo que protegiera el medio ambiente, mientras se aseguraba el desarrollo económico y social.

Los trabajos y negociaciones de las Naciones Unidas sobre el cambio climático se han basado en la labor del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), establecido conjuntamente por el PNUMA y la OMM en 1988. El Grupo es una red mundial de 2.500 científicos y expertos eminentes que pasan revista a las investigaciones científicas sobre la materia.

Para frenar el calentamiento de la Tierra se elaboró y firmó en Río de Janeiro la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (1992). Esta fue adoptada en Nueva York el 9 de mayo de 1992 y entró en vigor el 21 de marzo de 1994.

Al suscribir la Convención, los países desarrollados acordaron reducir sus emisiones de dióxido de carbono y otros “gases de efecto invernadero” a los niveles de 1990 antes del fin del año 2000. Esos países, que son responsables del 60% de las emisiones anuales de dióxido de carbono, convinieron también en transferir a los países en desarrollo tecnología e información que los ayudarán a hacer frente a los problemas derivados del cambio climático.

En la Convención se reconoce que el problema del calentamiento gradual del planeta es un tema que nos afecta a todos por igual pero las responsabilidades son diferenciadas. A esto se ha llamado el principio de “responsabilidades comunes pero diferenciadas”.

En 1997, los gobiernos acordaron incorporar una adición al tratado, conocida con el nombre de Protocolo de Kyoto, que cuenta con medidas mejor definidas.

2. El Protocolo de Kyoto.

Como complemento de la Convención Marco de las Naciones Unidas el Protocolo de Kyoto establece compromisos vinculantes en metas cifradas de reducción de emisiones de GEI y con plazos definidos.

En la Primera Conferencia de las Partes de la CMNUCC (COP1), Berlín , marzo/abril de 1995, en una decisión conocida con el nombre de Mandato de Berlín, las Partes pusieron en marcha una nueva ronda de conversaciones para decidir la adopción de compromisos más firmes y más detallados para los países industrializados. Después de dos años y medio de negociaciones intensas, se adoptó el protocolo de Kyoto en la COP3 de Kyoto (Japón), el 11 de diciembre de 1997.

El Protocolo de Kyoto es un tratado internacional cuyo objetivo principal es lograr que entre 2008-2012 los países desarrollados disminuyan sus emisiones de gases de efecto invernadero a un 5 por ciento menos del nivel de emisiones de 1990. Si un país fallara en cumplir este mandato podría ser forzado a reducir su producción industrial.

El Protocolo establecía en el Anexo 1 un listado de los países que estaban obligados a comprometer reducciones en sus emisiones. El acuerdo entró en vigor el 16 de febrero de 2005, después de la ratificación por parte de Rusia el 18 de noviembre de 2004.

El gobierno de Estados Unidos firmó el acuerdo pero no lo ratificó (ni Bill Clinton ni George W. Bush), por lo que su adhesión sólo fue simbólica hasta el año 2001 en el cual el gobierno de Bush se retiró del Protocolo.

3. Negociaciones post Kyoto.

El inicio del proceso de negociaciones para lograr un acuerdo post-Kyoto se podría situar en la Conferencia de Bali, Indonesia , de diciembre de 2007, conocida como COP13. Allí los 187 países participantes adoptaron una “hoja de ruta” que definió el camino a seguir hasta Copenhague 2009.

En Bali el debate se puso tenso ante la inclusión en la decisión final de la meta de reducir las emisiones de los países desarrollados de un 25% a 40% al 2020. Este objetivo fue defendido por la Unión Europea, que se apoyó en el Cuarto Informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de febrero de 2007. Según este informe, esta reducción sería necesaria si se quiere limitar el calentamiento en el año 2050 a 2°C, umbral más allá del cual el sistema climático podría llegar a ser incontrolable. La propuesta se complementaba con el objetivo de reducir las emisiones al año 2050, para todos los países, en un 50% respecto a 1990.

Este doble objetivo era muy ambicioso. Establecía una meta muy restrictiva para los EE.UU., principal contaminador del planeta, pero también para los otros países desarrollados en el horizonte del año 2050. Los países en desarrollo aceptaron esta lógica porque significaba incluir a los EE.UU. en los compromisos, que a esa fecha seguía rechazando el Protocolo de Kyoto.

Pero la primera potencia mundial se negó a incluir el rango 25% - 40% en el texto. Los europeos llegaron a amenazar con no participar en las reuniones sobre el cambio climático organizada por el gobierno de Bush en el 2008. Por último, los europeos, por temor a un fracaso de la Conferencia, dejaron de lado su propuesta. Como consecuencia, los países en desarrollo rechazaron la meta del 2050.

Este desencuentro inicial marcó las siguientes rondas de negociaciones.

La XIV Conferencia de las Partes (COP14) de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático se desarrolló en Poznan, Polonia, del 1 al 12 de diciembre de 2008. La COP14 trabajó sobre el Plan de Acción acordado en Bali: mitigación, adaptación, tecnología y financiación, más la llamada visión compartida. Esta reunión fue la última COP antes de Copenhague donde se negoció el nuevo acuerdo en torno al régimen climático para modificar el Protocolo de Kyoto a partir de 2012. Los resultados de esa Cumbre fueron decepcionantes. En Poznan no se consiguió ni siquiera acordar una declaración política para cerrar la Conferencia con un documento que presentar al mundo.

4. Ronda de negociaciones previas a la Conferencia de Copenhague (COP15).

Caber recordar las reuniones llevadas a cabo en el mes de octubre en Bangkok y en noviembre en Barcelona.

Durante la primera, no se registraron avances dignos de destacar en los temas políticos y las divergencias se mantuvieron en cuanto a los compromisos de reducción de emisiones y de GEI, y en torno al paquete financiero que debería solventar las acciones de adaptación y mitigación del mundo en desarrollo. Por tanto, los logros obtenidos en la consolidación y redacción de los textos de negociación fueron escasos o casi nulos.

Por ello, el Secretario Ejecutivo de la Convención , señor Ivo de Boer , instó a los líderes de las naciones desarrolladas a impulsar el avance de las negociaciones y adoptar un paquete de financiamiento adecuado para cubrir las necesidades del mundo en desarrollo.

Por su parte, el Presidente , señor Zammit Cutajar , precisó que el acuerdo no se obtendría a menos que los países en desarrollo como China, India , Brasil, Indonesia y otros se manifestaran en favor de la mitigación, pues ello tiene directa relación con la asignación de los montos requeridos para el financiamiento.

A su vez, la Ronda de Barcelona tenía por objeto facilitar la preparación de un texto para ser negociado en Copenhague, que incluyera alternativas viables y de esta manera llegar a un resultado positivo en Dinamarca.

Una parte importante de los países en desarrollo plantearon la necesidad de incrementar sus compromisos de reducción de emisiones GEI, de manera tal de cerrar la brecha que existe entre el alcance de aquellos compromisos y aquello que demanda la ciencia para abordar de manera efectiva el denominado “cambio climático”.

Por otra parte, los países desarrollados abogaron por alcanzar un acuerdo sobre los medios para alcanzar dichas reducciones, incluyendo los mecanismos de flexibilidad antes de finalizar los números, como también la necesidad de incluir la mitigación dentro de un contexto más amplio, argumentando que un acuerdo sobre nuevos compromisos con arreglo al Protocolo de Kyoto, sin la participación de Estados Unidos y de los países emergentes, no podría cumplir con las demandas de la ciencia, lo que provocó el rechazo por parte de los países africanos. Todo lo anterior, provocó una tensión política pero ningún cambio significativo.

Sin perjuicio, de lo anterior es menester precisar que durante las negociaciones que se desarrollaron en Copenhague se tuvieron en cuenta cuatro factores: reducción de emisiones efectuadas por los países desarrollados; alcance y escala de las acciones de mitigación efectuadas por los países en desarrollo; aportes en materia de financiamiento y transferencia de tecnología para ir en apoyo de las acciones de adaptación y mitigación en los países en desarrollo; instalación de una arquitectura de gobernanza para administrar esos fondos de manera equitativa.

Finalmente, es preciso señalar que la dificultad que presentaron estas negociaciones dicen relación con la magnitud y la complejidad de las transformaciones que están en juego. Se trata de reinventar la sociedad industrial de las próximas décadas, particularmente en sus formas de producción y consumo, a objeto de limitar el aumento de la temperatura media a menos de 2ºC y contener el fenómeno del cambio climático y las resultantes de las catástrofes naturales.

5. La Conferencia de Copenhague (COP15).

La Conferencia de Copenhague reunió a Jefes de Estado, donde destacaron el Presidente de Estados Unidos , de Francia y otros. Reunió a más de 40.000 delegados de 180 países.

Durante los días previos a la Conferencia se multiplicaron los contactos entre los principales líderes que intentan desbloquear las negociaciones. La visita del Presidente Obama a China y su encuentro con el Primer Ministro indio hicieron renacer el optimismo.

Los anuncios de China de aceptar un compromiso que contempla mejorar la intensidad energética (emisiones de CO2 por unidad de PIB) al año 2020 en un 40% y a un 45% en relación con el año 2050, las señales de India en el sentido de flexibilizar su posición y, de los EE.UU. que anunció rebajar sus emisiones para el año 2020 en un 17% en relación con los niveles de 2005, levantaron nuevamente el ánimo.

El problema radica en que hoy día las metas apuntan a limitar el aumento de temperatura media de la superficie de la Tierra a 2°C para el año 2050. La seriedad del fenómeno se puede calibrar en su verdadero valor cuando se tiene presente que el aumento de temperatura de la Tierra fue de 2°C entre la última glaciación y los tiempos actuales. Es decir, debemos pensar, en el mejor de los casos, en profundos cambios climáticos en las próximas décadas.

Es importante tener presente que un aumento en la temperatura media de la superficie de la Tierra no significa un aumento parejo de la temperatura en todas las latitudes. El aumento de la temperatura promedio traerá aparejado más devastadores y más frecuentes fenómenos climáticos extremos: mayores sequías, mayores lluvias devastadoras, huracanes y tifones de mayor intensidad y más frecuentes, etc.

De acuerdo con los modelos y estudios científicos existentes podría significar, por ejemplo, la paralización de la circulación oceánico-atmosférica del Atlántico Norte. Este fenómeno de circulación de grandes masas de aguas tibias desde el Golfo de México hasta el Atlántico Norte permite las temperaturas más templadas en la Europa del Norte. Este enorme “bombeo” de agua se produce por una diferencia de temperatura de escasos grados centígrados.

Este último fenómeno ilustra muy bien la fragilidad de los equilibrios naturales. Ciertos fenómenos nuevos comienzan a ser estudiados por el mundo científico y obligan a pensar que los pronósticos de los actuales modelos predictivos podrían quedarse cortos al evaluar los futuros cambios climáticos.

A título de ejemplo, podemos mencionar otros dos fenómenos:

La acidificación creciente de los océanos disminuye su capacidad de “retirar” CO2 de la atmósfera (los océanos son el mayor factor de absorción del CO2 de la atmósfera).

Los suelos congelados bajo los mantos de hielos eternos, llamados permafrost, contienen una gran cantidad de metano congelado. Al derretirse los glaciares, estos suelos quedarán expuestos a la radiación solar directa y liberarán a la atmósfera este GEI de alto impacto. El metano tiene un efecto invernadero 24 veces superior al CO2.

Finalmente, resulta indispensable fortalecer el compromiso de todos los países, especialmente los más desarrollados, con vistas a cumplir los estándares de emisión acordados. La responsabilidad con las futuras generaciones así lo exige.

6. Postura de Chile.

La postura del Ministerio de Relaciones Exteriores destaca que Chile parte de la evidencia científica universalmente aceptada respecto de la necesidad de no sobrepasar el umbral de los 2°C de calentamiento global, tal como lo señala el Panel Intergubernamental de Cambio Climático de Naciones Unidas (IPCC).

Por ese motivo, los costos de postergar las decisiones, tanto para el medio ambiente como para las economías mundiales, superara con creces los valores al adoptar medidas inmediatas.

Nuestro país tiene un compromiso con dicha causa y por ello el resultado de la Conferencia de Copenhague resulta vital, aún cuando el proceso de negociaciones no presentó la rapidez anhelada en este importante desafío para la humanidad.

Esta Conferencia puso a prueba la capacidad del multilateralismo en lo que se refiere a enfrentar uno de los principales retos de la globalización.

En materia de mitigación, hay un cierto consenso global que indica que se deberá lograr una reducción cercana al 50% para el año 2050 a fin de alcanzar una estabilización de las emisiones de gases efecto invernadero por debajo de las 10 gigatoneladas anuales. A pesar de su responsabilidad histórica, la ambición y liderazgo mostrado hasta ahora por los países desarrollados ha sido insuficiente. Ellos deben comprometer metas ambiciosas de modo de entregar una clara señal respecto de esa responsabilidad histórica. De otro modo, resulta difícil comprometer a los países en desarrollo, exigiéndoles un nivel de compromiso similar. Más aún, cuando ello atenta gravemente su crecimiento económico.

Por su parte, los países en desarrollo también deben sumarse a los esfuerzos de mitigación a través de acciones apropiadas a nivel nacional (NAMAs), fijando una línea de base que permita medir, reportar y verificar internacionalmente (MRV) dichas acciones voluntarias. Los NAMAs, sin embargo, deben estar condicionados a la transferencia de recursos y tecnologías del mundo desarrollado bajo la modalidad MRV, aspecto fundamental para la transparencia del sistema.

Existen distintos grados de responsabilidades dentro de los países en desarrollo. El principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas no debe constituirse en una excusa para la inacción. Es importante considerar que la suma de las aspiraciones de los países en desarrollo en materia de limitaciones voluntarias puede tener un efecto muy significativo para proyectar una dinámica renovadora al proceso. De este modo, los países desarrollados podrían ampliar el alcance de sus reducciones de emisiones, en el caso de registrar respuestas significativas por parte de los países en desarrollo.

Para impulsar un acuerdo sustantivo en Copenhague, se podrían explorar compromisos adicionales, que nos permitan seguir avanzando sobre la base de dos ideas. La primera radicaría en que los países desarrollados asuman un compromiso significativo en términos de reducciones absolutas en sus niveles de emisión, y comprometan apoyo financiero y transferencia tecnológica. Como contrapartida de ese planteamiento, podría surgir una masa crítica de países en desarrollo que se comprometan con NAMAs vinculantes y verificables, con metas intermedias que sean demostrables, tales como una mayor participación de las energías renovables en la matriz energética, una relación apropiada entre la tasa de crecimiento del PIB y del consumo energético, e indicadores relativos a reforestación, entre otras.

Lo anterior implica, asimismo, que en la medida en que los países desarrollados asuman sus responsabilidades históricas y comprometan apoyo financiero y transferencia tecnológica, los países en desarrollo podrán reforzar estas acciones poniendo metas intermedias más ambiciosas, generando un espiral positivo (spillover), acorde tanto con la urgencia del problema como con el esfuerzo con que se han comprometido los desarrollados.

El mundo desarrollado debe entregar un apoyo económico sustantivo con el objeto de que los países en desarrollo mantengan su crecimiento sobre la base de un modelo de economía baja en carbono y puedan adaptarse convenientemente a los impactos del cambio climático. Estos flujos implican compromisos recíprocos y los países desarrollados tienen que ser capaces de generarlos de manera adicional, sostenible y predecible. Por su parte, los países en desarrollo deberían crear regímenes de gobernabilidad y de políticas públicas adecuadas para enfrentar esta problemática.

Cabe reconocer que los fondos públicos destinados a apoyar a los países en desarrollo resultarán esenciales por cuanto son altas las probabilidades de que los mecanismos de mercado se revelen insuficientes. Muchos países de la región ya no son elegibles en materia de ayuda internacional para el desarrollo.

En tal sentido, la propuesta mexicana del Fondo Verde o el Fondo Amazonas establecido por Brasil son planteamientos que van en la dirección correcta. El Fondo de Adaptación del Protocolo de Kyoto, que entrará en vigor el 2010 dentro del Fondo de Medio Ambiente Mundial (GEF), resulta fundamental para los países en desarrollo. Para éstos, la adaptación es un aspecto fundamental. Los fondos públicos deberían contar con normas que aseguren que su flujo sea predecible y transparente, así como congruente con el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas.

En términos generales, como se señaló, la Cumbre debería responder a cuatro aspectos pendientes: a) los objetivos de reducción de emisiones adoptados por los países desarrollados, b) el alcance y escala de las acciones de mitigación (NAMAs) efectuadas por los países en desarrollo, c) los aportes en materia de financiamiento y transferencia de tecnología de los países desarrollados para apoyar las acciones de adaptación y mitigación en los países en desarrollo, y d) la instalación de una arquitectura de gobernanza para administrar esos fondos de manera equitativa.

Asimismo, nuestro país, desde el punto de vista político jurídico, considera que la propuesta del Primer Ministro de Dinamarca , señor Lars Lokke Rasmussen , que parte de la definición de “one COP decision and two purposes” es políticamente vinculante y contempla dos objetivos fundamentales, cuales son:

El primero residiría en la fijación de un cronograma de negociaciones para abrochar los detalles pendientes y, en consecuencia, permita avanzar hacia un régimen jurídicamente vinculante en materia de cambio climático que concluya ya sea en la COP16 (México) o a más tardar en la COP17 (Johannesburgo). Esta visión manifiesta la conveniencia de lograr un acuerdo global que incluya los elementos fundamentales tanto de la Convención como de su Protocolo de Kyoto.

El segundo propósito implicaría sentar las bases de compromisos que permitan poner en práctica acciones inmediatas (“prompt start”) para combatir el fenómeno, particularmente en materia de mitigación y financiamiento.

Según dicho concepto, este acuerdo políticamente vinculante debería contemplar una serie de aspectos específicos, como los que se señalan a continuación:

Incorporar los contenidos de los bloques de negociación adoptados en el Plan de Acción de Bali (PAB), es decir, adaptación, mitigación, financiamiento, transferencia de tecnologías y generación de capacidades. Se trata de mantener la consistencia y orientar los futuros trabajos.

Permitir la acción inmediata para enfrentar el fenómeno del calentamiento global en todos los aspectos estipulados en el PAB, particularmente en materia de mitigación, adaptación y financiamiento. Con un financiamiento sustantivo se podrían apoyar los esfuerzos de acción temprana.

Impulsar resultados ambiciosos que tiendan a la adopción de un acuerdo jurídicamente vinculante y que fijen el camino para limitar el calentamiento global a un máximo de 2ºC, como lo recomiendan los estudios científicos universalmente aceptados.

Fundamentarse sobre los principios (por ejemplo, las responsabilidades comunes pero diferenciadas y según respectivas capacidades) e instrumentos legales (Convención y su Protocolo de Kyoto) ya acordados.

Cubrir los temas esenciales y la totalidad de los aspectos estipulados por el PAB. No resulta aceptable ni conveniente abordar dichos aspectos de manera parcial. Se trata de lograr compromisos de reducción de emisiones de los países desarrollados, acciones de parte de los países en desarrollo, de avanzar números y de poner en práctica acciones inmediatas.

Contener anexos que pongan de relieve los compromisos y acciones adoptados por cada país y que éstos sean sujetos a un sistema transparente de medición, información y verificación (modalidad MRV).

7. Conclusiones de la Conferencia de Copenhague (COP15).

El acuerdo sobre el cambio climático adoptado en Copenhague distó mucho de las expectativas iniciales de la Conferencia.

Estados Unidos y China lograron acercar posiciones, tras días de acusaciones mutuas. Brasil, India y Sudáfrica acordaron una forma para monitorear y verificar los recortes de las emisiones de carbono en naciones en desarrollo, y se comprometieron a declarar las acciones que tomarán para reducir la polución global en cantidades específicas, pero sin mencionar esas cifras.

Además, se dejó para enero de 2010 el establecimiento de las metas de reducción de dióxido de carbono (CO2), el mayor gas contaminante de efecto invernadero, objetivo principal de la Conferencia.

El acuerdo, producto de las reuniones multilaterales de estos cinco países, no es vinculante y apenas hace algunas menciones a emprender un esfuerzo, voluntario, para que la temperatura del globo no suba de 2ºC y promete ayuda monetaria para que los países pobres del planeta luchen contra el calentamiento global.

Los países ricos se comprometen a un objetivo conjunto de reducción de gases de efecto invernadero en al menos 80% para el año 2050, para poder mantener así el objetivo de los 2ºC (como máximo) de incremento de la temperatura global.

Eso sí, confirmaron que habrá fondos de ayuda de los países ricos para que los menos favorecidos puedan luchar contra el cambio climático, que se elevarán a US$ 30 mil millones de dólares para los tres próximos años y a US$ 100 mil millones de dólares anuales en 2020.

III. AGENDA DE LA REUNIÓN PARLAMENTARIA.

Es preciso recordar que durante la 120ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria, celebrada en Addis Abeba el mes de abril de este año, se adoptó una resolución sobre cambio climático, modelos de desarrollo sustentable y energías renovables, que se adjunta como Anexo N° 1 al final de este informe, de donde se desprende la importancia que la Asamblea le dio a la temática y de ahí el origen de la Reunión Parlamentaria que se desarrolló en forma conjunta a la Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático de Copenhague.

Esta reunión contó con la presencia de diversos expertos mundiales y de un alto número de parlamentarios, y su finalidad fue conocer todos los antecedentes, cuestiones y orientaciones relativas a la COP15 y poder de esta manera dialogar con los negociadores de los distintos gobiernos y hacer un aporte desde la óptica parlamentaria para el desarrollo exitoso de dicha Conferencia.

También es necesario considerar la “Declaración de Malta del Compromiso de los Parlamentarios a la COP15 y Más Adelante”, de fecha 24 de noviembre de 2009, que se adjunta como Anexo Nº 2.

Del mismo modo, se adjunta una Declaración y una minuta elaborada por Terram, que el diputado señor Accorsi hizo suya durante sus planteamientos y que se adjunta en Anexo N° 3.

Finalmente, el Grupo Latinoamericano y del Caribe, al cual está adscrito nuestro país, también elaboró un documento de trabajo sobre la temática, que se adjunta como Anexo N° 4.

1. Inauguración.

El Presidente de la UIP, señor Theo-Ben Gurirab, agradeció la participación de los numerosos parlamentarios y expositores que concurrieron.

Destacó la necesidad de crear el marco regulatorio, partiendo de la idea del principio común pero con responsabilidades diferenciadas.

Abogó por el desarrollo e implementación de las denominadas economías verdes, dentro de la idea de un crecimiento más eficiente y de un concepto de respeto por el medio ambiente.

Subrayó que las distintas economías no son responsables del problema del cambio climático en igual medida y por ello instó por llegar a una correcta utilización de los recursos energéticos y para contar con un marco regulatorio adecuado.

Destacó que 192 países hubieran ratificado la Convención sobre Cambio Climático de Naciones Unidas, pues esto constituye un apoyo casi universal.

Por ello, coincidiendo con la Ministra de Medio Ambiente danesa, señora Connie Hedegaard, señaló que no existe opción alguna y que el cambio climático debe ser combatido.

A su vez, el Presidente del Folketing, señor Thor Pedersen, destacó que las sumas de dinero que se han destinado a estos fines continúan siendo insuficientes.

Entre los aspectos que tienen relevancia con el tema en discusión, mencionó la planificación familiar y citó el desarrollo que ha experimentado India y su proyección de población al año 2050, donde las estimaciones señalan que alcanzará los mil seiscientos millones de personas; el aumento que experimentará la población africana y por consiguiente la presión que se ejercerá en los recursos naturales, especialmente en cuanto a energía y alimentos.

De modo tal que fue de opinión de desarrollar energías limpias, efectuar más inversiones en investigación, y evitar la tala de bosques. Se refirió a la explotación del Amazonas.

A su vez, el Presidente de la República de Maldivas , señor Mohamed Nasheed , relató el impacto que puede llegar a tener el calentamiento global sobre su país, llegando a sostener que podría desaparecer.

En otro orden de materias, destacó otros elementos que tienen incidencia en la temática como son la democracia, la buena gobernanza y un financiamiento adecuado para invertir en nuevas tecnologías para que puedan operar los programas que contempla la lucha contra el cambio climático.

Citó, a vía ejemplar, los grandes deshielos que se han producido en la parte norte del planeta o en Groenlandia y destacó que el aumento de un grado en la temperatura podría llegar a provocar un daño irreparable a toda la humanidad.

Por dichos motivos, sostuvo que no era posible negociar con la naturaleza ya que los efectos del cambio climático afectan tanto a los países desarrollados como a los en vías de desarrollo y subrayó que no se trataba de temas como el desarme o la crisis financiera, pues involucra a las generaciones futuras, lo que está avalado por la experiencia científica. En esta materia, destacó el impacto que provoca el transporte aéreo.

Por ello, Maldivas ha invertido muchos recursos en tecnología y en energías limpias y también en el tema de los residuos.

Es por ello que su país adoptó medidas para eliminar el carbono.

2. Paneles.

2.1 Los aspectos políticos de la legislación sobre el clima.

Un nuevo tipo de normativa empieza a tomar forma, principalmente, pero no de manera exclusiva, en los diferentes países que deben comprometer reducciones en sus emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) como resultado de los acuerdos internacionales surgidos a partir de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, del año 1997.

Este acuerdo y los avances posteriores en esta materia, particularmente el Protocolo de Kyoto, contienen, en algunos casos, normas vinculantes para los países que adhieren a estos tratados y, en otros, definen normas y procedimientos para el funcionamiento de ciertos mecanismos como el mecanismo de aplicación conjunta, que permite transferir unidades de reducción de emisiones entre países del Anexo I y el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) que busca crear incentivos al desarrollo de un mercado de emisiones y que estimule las inversiones “limpias” en los países en desarrollo por parte de inversionistas de origen en los países desarrollados.

A partir de los acuerdos de Kyoto y en el curso de las negociaciones con vista a la Conferencia de Copenhague, el trabajo legislativo ha ido conformando un marco legal tanto a niveles nacionales como a nivel internacional.

Los ámbitos donde deberían perfeccionarse normativas en el futuro son:

a) La sustitución de las energías fósiles por energías renovables. La Unión Europea ha venido avanzando en este terreno. Su compromiso actual es disponer de un 20% de sus fuentes primarias de energía sobre la base de energías renovables para el año 2020, y está estudiando reducciones de hasta un 40% para el año 2050.

En este campo se han desarrollado políticas y legislaciones que otorgan incentivos al desarrollo de las energías renovables no convencionales (ERNC) basadas en modelos diferentes.

Fundamentalmente, se trata de dos enfoques:

El modelo de precio mínimo determinado legalmente y la obligación de comprar electricidad “verde”, hoy más conocido como “Feed-In Tariff”.

El modelo de cuotas es una regulación gubernamental de la cantidad de electricidad de origen renovable que debe ser provisto, comprado o vendido por parte de un grupo específico de participantes del mercado. Las cantidades de energía comprometidas se controlan mediante la emisión de certificados verdes.

Existe también un tercer modelo de subastas para cubrir una cantidad de energía previamente determinada. Este modelo es de aplicación menos extendida.

Una comparación entre los resultados de la aplicación de los dos modelos principales ha sido estudiada por la German Wind Energy Association (BWE). Este estudio señala que los países que han aplicado el sistema “Feed-In Tariff” (Alemania, España , Dinamarca, etc.) han logrado, por una parte, tarifas más bajas para las energías renovables, y, por otra, un mayor crecimiento de la participación de las energías renovables en sus respectivas matrices energéticas.

Ambos sistemas transfieren los mayores costos a la tarifa del usuario final. Un estudio reciente realizado por el World Future Counsil concluyó que los hogares alemanes han aumentado en 1,5 euros el gasto en la cuenta eléctrica mensual debido a la incorporación de energía renovable en su matriz .

En Chile se ha aplicado el modelo de cuotas lo que puede significar, simplemente, que las grandes generadoras se preocupen de invertir en ERNC hasta cubrir el porcentaje legal para conservar esa parte del negocio sin abrir el mercado a nuevos participantes.

b) La implementación de los dos mecanismos flexibles señalados en el Protocolo de Kyoto: los de aplicación conjunta y los de desarrollo limpio. El primero permite la transferencia de unidades de reducción entre países del Anexo I, el segundo permite a los países del Anexo I realizar inversiones en países No Anexo I donde la inversión tenga un mejor rendimiento económico y que permite contabilizar las reducciones a favor del país Anexo I.

La creación de un sistema de comercio de emisiones y el marco legal para este comercio se basa en lo desarrollado por Kyoto conocido como MDL y ha tenido un desarrollo progresivo y la conformación de una institucionalidad técnica y crediticia a nivel internacional para soportar los diferentes aspectos de este mecanismo: asesorías, estudios, sistemas de crédito, etc.

c) Otro aspecto es el de la fiscalidad o la creación de impuestos que gravan los productos energéticos más contaminantes para desincentivar su consumo.

d) Las políticas de ahorro de energía y de eficiencia energética contribuyen de forma decisiva en la lucha contra el cambio climático. En este terreno se inscriben las políticas de incentivo al uso de equipos y artefactos más eficientes, las normativas de rendimiento energético de estos equipos y las normativas de etiquetado para los productos de alto consumo.

e) Finalmente, otro cuerpo de normas apuntan a establecer estándares de eficiencia en el consumo de energía para diferentes sectores de alto consumo energético.

Estos constituyen algunos de los principales desafíos que deben enfrentar los Parlamentos como también desde los gobiernos, si se pretende contribuir con la política legislativa a la mitigación del cambio climático y al logro del desarrollo sustentable.

El señor James Bacchus , ex Miembro del Congreso de Estados Unidos, examinó la situación general e hizo un examen dentro del largo plazo en contraposición al corto plazo y una relación entre el comercio y el cambio climático para concluir que era necesario adoptar una acción mundial, con la participación de la OMC. Se inclinó por la teoría del “pago de derechos de emisiones” concluyendo que los que no pagan subsidios producen efectos nocivos al mercado.

Insistió en que el cambio climático se produce a nivel mundial y no solamente nacional.

El senador señor Loren Legarda (Filipinas) se refirió a los efectos de los tifones que azotan a Filipinas. Destacó la importancia de tener una buena gobernanza y de aplicar la normativa ambiental teniendo presente las zonas rurales y la protección de los ecosistemas.

El diputado señor Accorsi abogó por una clara y decidida fijación de límites y subrayó los efectos del armamentismo.

El parlamentario señor John Prescott (Reino Unido), Relator de PACE sobre el Cambio Climático, ex Vice-Primer Ministro del Reino Unido , subrayó la concurrencia de 192 países y destacó la importancia del rol que juega la CE en la adopción de acuerdos en Copenhague. Del mismo modo señaló que el tema de la financiación, así como el establecimiento de un calendario de compromisos resultan esenciales. Asimismo, se refirió a la aspiración del Grupo de los 77 de rebajar de 2 a 1,5ºC, para lo cual Estados Unidos y China resultan esenciales.

El Gobernador del Estado de Amazonas (Brasil), señor Eduardo Braga , se refirió a la deforestación que ha afectado al Amazona en que 2.000 Km2 se han reducido a 500 km2. Por tanto, se requiere la adopción de políticas que conlleven el mejoramiento de las condiciones de vida mediante el otorgamiento de subsidios a la producción sustentable, como también otorgar financiamiento para la asistencia técnica.

2.2. Reflexiones sobre la agenda post Copenhague.

“El Síndrome del Titanic” era el símil utilizado en un análisis crítico que el diario Le Monde del día 6 de octubre pasado hizo para ilustrar el escepticismo que se observa en mucha gente respecto del fenómeno del cambio climático: esta actitud es comparable con la opción de navegar con los ojos vendados, a través de la niebla, en un mar sembrado de témpanos.

El Cuarto Informe de Evaluación del Panel Internacional para el Cambio Climático (IPCC, por su sigla en inglés) concluyó que la temperatura del planeta aumentaría de 4,7°C a más de 6°C para fines del siglo XXI, y que este fenómeno tendría causas antropogénicas (fundamentalmente consumo de combustibles fósiles y deforestación).

Diversos estudios posteriores apuntan a que, de no mediar medidas urgentes, estos valores podrían ser incluso sobrepasados.

Sin embargo, durante todos los meses transcurridos desde esa fecha hasta hoy día, han continuado elevándose voces que, aunque aisladas, llaman a no dar crédito a estos pronósticos “catastrofistas”.

En especial, en los Estados Unidos del Presidente Bush , antes de la asunción del Presidente Obama, se desplegaron grandes esfuerzos comunicacionales para restarle méritos al IPCC y proclamar que nada concluyente podía decirse respecto de la verdad de sus afirmaciones, y que los costos de adoptar las medidas recomendadas podrían ser muy onerosos para las generaciones futuras y comprometer el crecimiento actual.

El entonces Vicepresidente estadounidense Dick Cheney , en febrero de 2007, afirmaba “Yo pienso que existe un consenso creciente en relación con la afirmación de que existe el calentamiento global…, donde no existe consenso es sobre si se trata de una fenómeno cíclico natural o se trata de un fenómeno provocado por el hombre” .

En esta ocasión recordó que el IPCC tiene, por mandato, normas muy estrictas para la aprobación, línea por línea, de los informes que emite. El IPCC debe respetar rigurosos procedimientos que establecen que el grupo de científicos debe efectuar los máximos esfuerzos para lograr el consenso en sus conclusiones y solventar eventuales diferencias. Entre otras cosas dejar constancia de esas diferencias en el informe. Es importante hacer notar que el Cuarto Informe no hace ninguna referencia a puntos de vista contradictorios respecto de lo tratado y acordado.

Desde otro ángulo de análisis, el economista Nicholas Stern , contratado por el Ministerio de Hacienda de el Reino Unido para evaluar el fenómeno del cambio climático, escribió en su informe: “el cambio climático representa un reto único para la economía, pudiendo afirmarse que es el mayor y más generalizado fracaso del mercado jamás visto en el mundo”.

Stern calcula que el costo de mitigación de este fenómeno tendrá un costo anual equivalente al 1,5% del PIB mundial, si se adoptan con urgencia las medidas paliativas, y podría llegar a un 20% del PIB mundial si estas medidas no se adoptan a tiempo.

Para reforzar esta idea es preciso traer a colación el análisis desarrollado por el Sr. Bernard Lietaer , ex Presidente del Banco Central de Bélgica , que afirma que, bajo el sistema monetario vigente es imposible que costos de largo plazo entren en línea de cuentas al momento de evaluar nuevos proyectos de inversión. En efecto, los métodos en uso para la evaluación de nuevas inversiones privilegian el corto plazo. De esta manera una inversión en cambio climático, que tiene períodos de maduración de 50 a 100 años, nunca logrará la calificación en las entidades crediticias: es rentable plantar eucaliptos que rinden en plazos de 15 a 25 años, pero es ilusorio plantar robles cuya inversión madura de 80 y 150 años.

Hoy día en que la crisis económico-financiera ha dejado al descubierto las debilidades de los instrumentos de mercado como los únicos mecanismos de regulación, surge la idea de que la crisis climática que se avecina debería enfrentarse como una oportunidad para corregir los modelos de desarrollo que han conducido a callejones sin salida.

La Conferencia de Copenhague (COP15) es vista por muchas opiniones autorizadas como la última oportunidad para que la humanidad tome medidas efectivas para mitigar el fenómeno.

Las expectativas del resultado de la Conferencia se centraron en la adquisición de compromisos vinculantes que permitan mirar el futuro con optimismo, de lo contrario, la Conferencia terminará con una declaración de buenas intenciones que no obliga a los Estados a adoptar reales medidas de mitigación.

2.3. Compartir la responsabilidad del futuro: control parlamentario de la acción gubernamental en materia de cambio climático.

La Convención Marco de Naciones Unidas estableció que “Reconoce que la naturaleza mundial del cambio climático requiere la cooperación más amplia posible de todos los países y su participación en una respuesta internacional efectiva y apropiada, de conformidad con sus responsabilidades comunes pero diferenciadas, sus capacidades respectivas y sus condiciones sociales y económicas”.

Este principio se incorporó al Protocolo de Kyoto y ha sido un elemento de continuos roces entre algunos países desarrollados, en especial los EEUU, y los países en desarrollo de mayor tamaño, en especial China, India y Brasil.

El Protocolo de Kyoto lo incorporó a sus fundamentos al establecer la diferencia entre países del Anexo I, con obligaciones de reducción de sus emisiones, y países Nº Anexo I, que corresponde a países a los cuales el Protocolo no le exige metas de reducción de gases de efecto invernadero (GEI).

Esta vieja discusión ha atravesado todas las conversaciones que se vienen dando los últimos años para encontrar la fórmula que permita continuar con Kyoto y lograr mitigar la catástrofe que se avecina.

Al analizar el concepto de “responsabilidad común pero diferenciada” es imprescindible tener en cuenta dos elementos:

Primero, los niveles actuales de concentración de CO2 en la atmósfera son el resultado acumulado de las emisiones desde la revolución industrial a nuestros días, fundamentalmente de los países desarrollados, y, segundo, para dimensionar la “responsabilidad” de cada una de las naciones en la acumulación de GEI se debe prestar atención, sobre todo, en las emisiones per capita de los países y no de sus emisiones absolutas.

El tamaño de un país, y sobre todo, el número de su población, no puede ser argumento que pese en su favor o en su contra. Lo que importa es que existen ciertos modelos de vida que son altamente contaminantes sin que estos necesariamente representen mejores o “superiores” niveles de calidad de vida.

Llevando esta lógica a un ejemplo concreto: no se puede culpar a India de tener el doble de emisiones absolutas que Canadá, cuando sabemos que las emisiones per capita de Canadá son 17 veces las emisiones per capita de la India . Es decir, un canadiense emite GEI por el equivalente a las emisiones de 17 indios, o de 5 chinos.

En este sentido corresponde a los EE.UU. el récord en las emisiones per capita, y es el país que se ha opuesto con mayor tenacidad a la concreción de un compromiso colectivo de reducción de emisiones.

En efecto, al analizar las emisiones absolutas de los diferentes países aparecen como grandes contaminantes países de desarrollo mediano con gran población (China, India , Indonesia , Brasil), sin embargo si se comparan las emisiones per cápita de los diferentes países se puede constatar el bajo nivel relativo de sus emisiones.

Por otra parte, un puñado de países desarrollados son los responsables principales del aumento de la concentración de GEI durante los últimos 250 años. Los altos niveles actuales de concentración de GEI en la atmósfera no son el resultado de los últimos años de emisiones, donde países como China, India y otros países en desarrollo han aumentado significativamente sus emisiones, sino que son el resultado de la acumulación durante décadas.

En otro aspecto del problema, se refiere a si es justo pedir a los países en desarrollo, como Chile, Brasil u otros, que cuiden y no destruyan sus bosques. Que los conserven y que encuentren los caminos para su desarrollo sin liquidar estas enormes masas de carbón, pues se sabe que este fenómeno representa el segundo factor en importancia del balance de emisiones de GEI. Sin embargo, no hay que olvidar que los actuales países desarrollados ya destruyeron en el pasado gran parte de sus bosques, generando dióxido de carbono y contribuyendo a los actuales niveles de concentración de GEI en la atmósfera.

Esto no quiere decir que no se deba aplicar a los países en desarrollo el principio de “responsabilidad común pero diferenciada”. En efecto, el calentamiento global es un problema de toda la humanidad, y no solo de los países desarrollados, por lo que todos deben hacerse responsables del fenómeno. Incluso más, diversos estudios indican que los mayores y más graves impactos en las poblaciones se producirán en los países más pobres y atrasados y, en consecuencia, con menores niveles de emisiones per capita, es decir menos responsables del calentamiento global. Estamos, en consecuencia, ante un fenómeno que es un problema mundial.

Sin embargo, es de justicia que estos países, con mayor razón que los países avanzados, busquen sus caminos de desarrollo y crecimiento aunque esto signifique, necesariamente, un aumento moderado en los niveles de sus emisiones.

Una solución a esta disyuntiva es que los países en desarrollo se comprometan a crecer económicamente sin aumentar, en la misma proporción, sus emisiones de GEI. Esto no es un problema simple, por lo que es imprescindible el apoyo financiero de los países avanzados y el compromiso de transferir las nuevas tecnologías menos contaminantes en condiciones favorables.

Es preciso hacer un esfuerzo para que esta responsabilidad se traduzca en compromisos específicos, y diferenciados, entre los países del mundo en beneficio de un desarrollo sustentable de nuestros pueblos.

Durante el intercambio de opiniones, se destacó los efectos que produce la crisis alimentaria y financiera mundial. Se destacó la necesidad de desarrollar programas para el tratamiento de los residuos y biocombustibles.

También se discutió el tema relativo al “mercado del carbono”.

Del mismo modo, se argumentó sobre la importancia de invertir en el mejoramiento de las instalaciones eléctricas en los hogares de bajos ingresos.

Se insistió en la necesidad de reforzar el rol de los parlamentarios en las materias antes mencionadas, puesto que la problemática no sólo dice relación con los aspectos técnicos sino también pasa por un tema social, económico, político y ambiental que requiere la modificación de los hábitos y soluciones nuevas.

En otro orden de ideas, se discutió acerca de cómo la UIP podría tener un rol más permanente en la temática y se acordó que esta materia sería tratada por la Segunda Comisión.

Finalmente, se sostuvo que era necesario fiscalizar las acciones del Ejecutivo y legislar de manera de contar con una adecuada normativa ambiental.

Se insistió en la necesidad de difundir las resoluciones que adopta la UIP, especialmente con los respectivos ejecutivos.

3. Conclusiones de la Reunión Parlamentaria.

Durante todo el desarrollo de la Reunión Parlamentaria, los diputados señores Accorsi y León insistieron en la necesidad de que se emitiera una declaración, asunto en que coincidieron con numerosos otros parlamentarios, pero que no se concretó. Incluso la delegación chilena presentó un borrador en tal sentido.

Asimismo, el diputado señor Accorsi destacó los efectos del armamentismo en el calentamiento global.

Sin perjuicio de lo anterior, el Presidente señor Gurirab, enumeró algunas ideas, como se indica a continuación:

Destacó la clásica separación de los poderes y los consiguientes problemas de competencia en cuanto a cómo abordar el tema de la lucha contra el cambio climático.

Subrayó la importancia de la participación de los parlamentarios en la Conferencia por cuanto tienen la representatividad de la sociedad civil y por tanto desarrollan una acción común.

Abogó por la búsqueda de una solución a nivel internacional, utilizando los trabajos elaborados por la UIP y sus resoluciones.

Destacó la necesidad de instaurar un sistema de indicadores tendientes a realizar un control efectivo de las medidas adoptadas en la Conferencia de Copenhague, y sobre su implementación.

Profundizar los esfuerzos para la lucha contra la pobreza, la seguridad alimentaria, etc., y su incidencia en los grupos más vulnerables de la población.

Insistió en evitar que la temperatura se eleve más de 1,5 a 2ºC.

Que el acuerdo que se alcance durante la Conferencia sea jurídicamente vinculante.

Velar por la buena gobernanza poniendo énfasis en los temas presupuestarios, marcos regulatorios, planes de reducción de carbono, por su incidencia en los riesgos de catástrofes.

La aplicación de códigos de transparencia y conducta con incidencia en la temática ambiental.

En general potenciar la acción de la UIP mediante el ejercicio de un rol más activo en el control.

La temática analizada quedó radicada en la Segunda Comisión.

-o-

Cámara de Diputados, a 23 de diciembre de 2009.

(Fdo.): JACQUELINE PEILLARD GARCÍA , Dirección de Asuntos Internacionales”.

23. Moción de las diputadas señoras Pascal, doña Denise ; Muñoz , doña Adriana ; Pacheco , doña Clemira ; Sepúlveda , doña Alejandra ; Vidal , doña Ximena , y del diputado señor Vallespin .

Impide considerar el estado civil de los padres para los efectos de negar el derecho de admisión de los alumnos a un establecimiento educacional. (boletín N° 6812-04)

I. FUNDAMENTOS O CONSIDERANDOS

1. La Constitución Política de la República, en su artículo 19 N° 10, asegura a todas las personas el derecho a la educación. Por su parte, en el numeral 11, garantiza la libertad de enseñanza, previniendo si que será una ley orgánica constitucional la que establecerá los requisitos mínimos que deberán exigirse en cada uno de los niveles de la enseñanza básica y media, y señalará las normas objetivas, de general aplicación, que permitan al Estado velar por su cumplimiento.

2. En efecto, recientemente (13 de septiembre de 2009), fue publicada la Ley General de Educación (N° 20.370), que reemplazó a la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE), y que hoy en día constituye el marco normativo del sistema educativo chileno, el que, según lo señala el propio artículo 3°, se construye sobre la base de los derechos garantizados en la Constitución, así como en los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, y se inspira en una serie de principios que se detallan en dicha norma.

3. En su articulo 4°, la Ley General de Educación (LGE), establece que es deber del Estado resguardar los derechos de los padres y alumnos, cualquiera sea la dependencia del establecimiento que elijan, así como también velar por la igualdad de oportunidades y la inclusión educativa, promoviendo especialmente que se reduzcan las desigualdades derivadas de circunstancias económicas, sociales, étnicas, de género o territoriales, entre otras. Por su parte, en el artículo 10°, letra a) inciso 1°, se contempla como uno de los derechos de los alumnos y alumnas, el derecho a no ser discriminados arbitrariamente.

4. Continuando con este catálogo de normas protectoras del derecho a la educación, el artículo 13 de la LGE establece que “los procesos de admisión de alumnos deberán ser objetivos y transparentes, asegurando el respeto a la dignidad de los alumnos, alumnas y sus familias, de conformidad con las garantías establecidas en la Constitución y en los tratados suscritos y ratificados por Chile." En particular, el artículo 11° de la LGE contempla una serie de materias respecto de las cuales se establece una prohibición de considerarlas como factor de discriminación a la hora de determinar el ingreso y/o permanencia de los alumnos y alumnas en un establecimiento de educación. Así, dicha norma regula condiciones como por ejemplo, el embarazo y la maternidad; el estado civil de los padres y apoderados; el no pago de obligaciones contraídas por los padres; el rendimiento de los alumnos; etc., recalcando en su último inciso que "ni el Estado, ni los establecimientos educacionales podrán discriminar arbitrariamente en el trato que deben dar a los estudiantes y demás miembros de la comunidad educativa".

5. Esta iniciativa de ley pretende perfeccionar concretamente lo referente al derecho a matrícula o derecho de admisión de los alumnos en relación con el estado civil de los padres y apoderados. A este respecto, el artículo 11° inciso segundo señala que "en los establecimientos que reciben aporte estatal, el cambio del estado civil de los padres y apoderados, no será motivo de impedimento para la continuidad del alumno o alumna dentro del establecimiento".

6. Si bien dicha norma constituye un avance en la lucha por evitar la discriminación que puedan sufrir los alumnos en virtud de diversos factores relacionados con las condiciones o circunstancias sociales en que se encuentren insertos, estimamos que la norma en comento, es perfectible desde dos puntos de vista, que sí se contemplan para otro importante factor de discriminación regulado en el inciso primero del mismo artículo, cual es, el embarazo y la maternidad. En efecto:

a) el inciso segundo del artículo 11, resguarda el derecho de permanencia de los alumnos y alumnas en sus respectivos establecimientos educacionales, cuando éstos ya se encuentran cursando un determinado nivel y ha cambiado el estado civil de sus padres o apoderados. Sin embargo, la norma nada dice respecto al derecho de acceso, matrícula, admisión o ingreso al establecimiento, con independencia del estado civil de los padres. En este aspecto, se advierte una diferencia con la condición de embarazo y maternidad, respecto de la cual se prohíbe considerarla para impedir tanto el ingreso como la permanencia de los alumnos.

b) por otra parte, esta prohibición de considerar el cambio en el estado civil de los padres y apoderados para efectos de determinar la permanencia de un alumno en un respectivo establecimiento educacional, aparece contemplada solamente respecto de los establecimientos que reciben aporte estatal. Nuevamente, se advierte una diferencia con la condición de embarazo y maternidad, respecto de la cual se consideran todos los establecimientos educacionales, sin distinguir entre aquellos que reciben o no aporte del Estado.

7. En vista de las diferencias explicadas previamente; considerando además que la LGE regula los derechos y deberes de la comunidad educativa siempre sobre la base de los derechos garantizados en la Constitución y en los tratados internacionales vigentes, y de los principios que ese mismo cuerpo normativo contempla, entre los cuales destacan la universalidad, la diversidad, la integración, el pluralismo, la inclusión social y educativa, la igualdad de oportunidades, la no discriminación arbitraria, etc.; y finalmente teniendo en consideración que nuestra tarea como parlamentarios es avanzar siempre hacia un estado de mayores garantías, ampliando los derechos y reduciendo los factores de discriminación que puedan afectar a los miembros de nuestra comunidad, en especial a nuestros niños y niñas, de manera tal de contribuir a la formación de una sociedad más inclusiva, tolerante, equitativa y pluralista, es que los autores de este proyecto estimamos necesario perfeccionar el inciso segundo del artículo 11 de la LGE, de manera que también se estime prohibido considerar el estado civil de los padres y apoderados para efectos de permitir o negar el ingreso o admisión de los alumnos, y que esta norma se aplique a todo establecimiento educacional, y no solo a aquellos que reciben aporte del Estado.

II. IDEA MATRIZ

Actualmente, la Ley N° 20.370 General de Educación, en relación con el estado civil de los padres y apoderados, establece que el cambio en el mismo no puede constituir un impedimento para la continuidad del alumno o alumna dentro del establecimiento, restringiendo esta norma solo a los establecimientos que reciben aporte estatal.

Siendo así, mediante esta propuesta legislativa, se busca ampliar esta regulación en dos aspectos: en primer término, contemplando que el estado civil de los padres y apoderados no puede constituir un factor de discriminación de los alumnos y alumnas no solo para la permanencia de éstos en el establecimiento educacional, sino que también para efectos de ingresar al mismo; y en segundo lugar, haciendo extensiva dicha prohibición a todos los establecimientos educacionales, y no solo a aquellos que reciben aporte estatal.

Es sobre la base de estos fundamentos y antecedentes que venimos en proponer el siguiente:

PROYECTO DE LEY

"Artículo Único.- Modifíquese el inciso segundo del artículo 11 de la ley N° 20.370 General de Educación, en el siguiente sentido:

Asimismo, tampoco constituirá motivo de impedimento tanto para el ingreso como para la continuidad del alumno o alumna dentro del establecimiento, el estado civil de los padres y apoderados".