Labor Parlamentaria

El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).-

Corresponde continuar con la discusión del proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en mensaje, que establece normas sobre elaboración y comercialización de aceites de oliva y de orujo de oliva, cuyos informes fueron rendidos en la sesión 28ª, del pasado 12 de mayo.

Tiene la palabra el diputado señor Ramón Barros.

El señor BARROS (de pie).-

Señor Presidente, los aceites de oliva chilenos gozan de una reconocida calidad en el mundo. Prueba de ello son los premios internacionales recibidos y la buena crítica de la prensa europea y general.

El litro de aceite de oliva experimentó un alza en sus precios de exportación desde 2,87 a 5,61 dólares, según la información remitida por el Banco Central de Chile.

También cabe destacar que, últimamente, en el país ha aumentado considerablemente la superficie plantada con olivos, y se estima que, al 2030, ésta podría llegar a 100 mil hectáreas, que elevarían la producción a alrededor de 150 millones de litros para el 2035, con ingresos que podrían alcanzar los mil millones de dólares.

Este proyecto cuenta con el respaldo de la Agrupación de Productores de Aceite, Chileoliva -de hecho, fue elaborado en conjunto con ellos-, por lo que existe un acuerdo público-privado en la materia.

A la luz de lo expuesto durante la discusión de la iniciativa, los objetivos del proyecto son cautelar la inversión a través de la mantención del prestigio del aceite de oliva nacional, para evitar el fraude y la triangulación que actualmente se produce con producción argentina, que luego se exporta desde nuestro país, menoscabando la calidad que hoy exhiben los aceites chilenos en el mundo. Al respecto, cabe reconocer que la normativa actual es absolutamente precaria.

El proyecto establece una definición y concepto de aceite de oliva y orujo de oliva, y precisa lo que se entenderá por aceites falsificados, adulterados, alterados y contaminados.

Por otra parte, dispone la forma en que se deberá llevar a cabo el envasado y etiquetado de los aceites. Respecto de este último, se señala que se deberán mencionar la marca comercial, el nombre del producto, la categoría del aceite y, cuando corresponda, el nombre y la zona de origen del producto.

Otro aspecto consiste en la creación del Consejo Consultivo Oleícola Nacional, con el objeto de prestar asesoría, colaboración y apoyo técnico en el desarrollo de esta industria. Este órgano estará integrado por el ministro de Agricultura , quien lo presidirá, y un número par de consejeros, representantes de los sectores público y privado.

Como parte importante del proyecto se plantea la idea de establecer zonas de origen para este producto, tal como ocurre en el ámbito del vino. Sin embargo, a la luz de la experiencia -también lo estimó así la Agrupación de Productores de Aceite Chileoliva-, se consideró que será necesario abordar este aspecto en el futuro. Por el momento, les pareció que aún no es un tema relevante, para observar el desarrollo propio de las distintas zonas de producción de aceite de oliva.

Igualmente, se crea el Registro Oleícola Nacional, que tendrá como objetivo facilitar la fiscalización del cumplimiento de las normas legales que regulan al sector y mantener actualizada la información relativa al mismo. Este registro consiste en un listado que contiene la individualización de todos los productores de olivas y sus respectivos predios situados en el territorio nacional, así como también de todos los elaboradores, envasadores y comerciantes de tales productos.

En la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural, el proyecto fue aprobado por unanimidad en general y en particular

Ésta es una gran iniciativa, que legislará sobre esta materia y ordenará una actividad económica de mucha proyección en nuestro país, que está convirtiendo los valles de secano -en que la falta de agua impide otros cultivos, tanto frutícolas como tradicionales-, lo que va dotando a esas zonas de una actividad comercial relevante, que esperamos que se consolide en el tiempo.

Esta iniciativa legal era muy necesaria. Por lo tanto, llamo a mis distinguidos colegas a aprobarla por unanimidad, porque constituye un gran avance para una industria que ya está dando que hablar y que -estoy cierto- para el 2035 nos dará un gran prestigio, tal como sucede hoy, pero en volúmenes inmensos y con una gran actividad económica.

He dicho.

El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).-

En votación general el proyecto de ley que establece normas sobre elaboración y comercialización de aceites de oliva y de orujo de oliva, con excepción de los artículos 32 y 33, que contienen materias propias de ley orgánica constitucional.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 103 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.

El señor ÁLVAREZ (Presidente).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Accorsi Opazo Enrique; Aguiló Melo Sergio; Alinco Bustos René; Allende Bussi Isabel; Alvarado Andrade Claudio; Pérez San Martín Lily; Álvarez Zenteno Rodrigo; Arenas Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla Gabriel; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Burgos Varela Jorge; Schilling Rodríguez Marcelo; Cardemil Herrera Alberto; Ceroni Fuentes Guillermo; Correa De La Cerda Sergio; Cristi Marfil María Angélica; Cubillos Sigall Marcela; De Urresti Longton Alfonso; Delmastro Naso Roberto; Díaz Del Río Eduardo; Díaz Díaz Marcelo; Dittborn Cordua Julio; Duarte Leiva Gonzalo; Egaña Respaldiza Andrés; Eluchans Urenda Edmundo; Encina Moriamez Francisco; Enríquez-Ominami Gumucio Marco; Errázuriz Eguiguren Maximiano; Escobar Rufatt Alvaro; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Farías Ponce Ramón; Forni Lobos Marcelo; García García René Manuel; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Girardi Briere Guido; Godoy Ibáñez Joaquín; Goic Boroevic Carolina; Hales Dib Patricio; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Leal Labrín Antonio; León Ramírez Roberto; Lobos Krause Juan; Lorenzini Basso Pablo; Martínez Labbé Rosauro; Masferrer Pellizzari Juan; Melero Abaroa Patricio; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Moreira Barros Iván; Mulet Martínez Jaime; Muñoz D’Albora Adriana; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Palma Flores Osvaldo; Paredes Fierro Iván; Pascal Allende Denise; Paya Mira Darío; Pérez Arriagada José; Recondo Lavanderos Carlos; Robles Pantoja Alberto; Rojas Molina Manuel; Rubilar Barahona Karla; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Suárez Eduardo; Salaberry Soto Felipe; Sepúlveda Hermosilla Roberto; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Soto González Laura; Sule Fernández Alejandro; Súnico Galdames Raúl; Tarud Daccarett Jorge; Harboe Bascuñan Felipe; Tuma Zedan Eugenio; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Uriarte Herrera Gonzalo; Urrutia Bonilla Ignacio; Valcarce Becerra Ximena; Valenzuela Van Treek Esteban; Vallespín López Patricio; Vargas Lyng Alfonso; Venegas Cárdenas Mario; Venegas Rubio Samuel; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Patricio; Ward Edwards Felipe.

El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).-

En votación general los artículos 32 y 33, para cuya aprobación se requiere 68 votos afirmativos.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 101 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.

El señor ÁLVAREZ (Presidente).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Accorsi Opazo Enrique; Aguiló Melo Sergio; Alinco Bustos René; Allende Bussi Isabel; Alvarado Andrade Claudio; Pérez San Martín Lily; Álvarez Zenteno Rodrigo; Arenas Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla Gabriel; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Burgos Varela Jorge; Schilling Rodríguez Marcelo; Cardemil Herrera Alberto; Ceroni Fuentes Guillermo; Correa De La Cerda Sergio; Cristi Marfil María Angélica; Cubillos Sigall Marcela; De Urresti Longton Alfonso; Delmastro Naso Roberto; Díaz Del Río Eduardo; Díaz Díaz Marcelo; Dittborn Cordua Julio; Duarte Leiva Gonzalo; Egaña Respaldiza Andrés; Eluchans Urenda Edmundo; Encina Moriamez Francisco; Enríquez-Ominami Gumucio Marco; Errázuriz Eguiguren Maximiano; Escobar Rufatt Alvaro; Espinosa Monardes Marcos; Farías Ponce Ramón; Forni Lobos Marcelo; García García René Manuel; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Godoy Ibáñez Joaquín; Hales Dib Patricio; Hernández Hernández Javier; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Leal Labrín Antonio; León Ramírez Roberto; Lobos Krause Juan; Lorenzini Basso Pablo; Martínez Labbé Rosauro; Masferrer Pellizzari Juan; Melero Abaroa Patricio; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Mulet Martínez Jaime; Muñoz D’Albora Adriana; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Palma Flores Osvaldo; Paredes Fierro Iván; Pascal Allende Denise; Paya Mira Darío; Pérez Arriagada José; Recondo Lavanderos Carlos; Robles Pantoja Alberto; Rojas Molina Manuel; Rubilar Barahona Karla; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Suárez Eduardo; Salaberry Soto Felipe; Sepúlveda Hermosilla Roberto; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Soto González Laura; Sule Fernández Alejandro; Súnico Galdames Raúl; Tarud Daccarett Jorge; Harboe Bascuñan Felipe; Tuma Zedan Eugenio; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Uriarte Herrera Gonzalo; Urrutia Bonilla Ignacio; Valcarce Becerra Ximena; Valenzuela Van Treek Esteban; Vallespín López Patricio; Vargas Lyng Alfonso; Venegas Cárdenas Mario; Venegas Rubio Samuel; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Patricio; Ward Edwards Felipe.

El señor ULLOA (Presidente accidental).-

Corresponde tratar el proyecto de acuerdo, en primer trámite constitucional, aprobatorio del Tratado sobre el Derecho de Marcas, adoptado en Ginebra el 27 de octubre de 1994.

Diputados informantes de las Comisiones de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, y de Hacienda, son los señores Carlos Abel Jarpa y Eugenio Tuma, respectivamente.

Antecedentes:

-Mensaje, boletín Nº 6372-10, sesión 126ª, en 20 de enero de 2009. Documentos de la Cuenta Nº 1.

-Informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, sesión 4ª, en 18 de marzo de 2009. Documentos de la Cuenta Nº 13.

-Informe de la Comisión de Hacienda, sesión 30ª, en 14 de mayo de 2009. Documentos de la Cuenta Nº 9.

El señor ULLOA (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado informante de la Comisión de Relaciones Exteriores.

El señor JARPA (de pie).-

Señor Presidente , en representación de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, informo sobre el proyecto de acuerdo aprobatorio del Tratado sobre el Derecho de Marcas -TLT, de acuerdo con su sigla en inglés-, adoptado en Ginebra el 27 de octubre de 1994 y que entró en vigencia en 1996.

El principal objetivo del TLT es estandarizar los requisitos de carácter formal para la tramitación de marcas comerciales de productos y servicios, mediante la eliminación de requerimientos múltiples y disímiles, facilitando el procedimiento a los usuarios.

Asimismo, este tratado otorga a Chile la oportunidad de nivelar su legislación interna con los estándares internacionales comúnmente aceptados en esta materia.

La adhesión al TLT forma parte de la agenda progresiva de modificación al sistema de propiedad intelectual e industrial de Chile, que se ha llevado a cabo en los últimos años, y además corresponde a uno de los compromisos asumidos por nuestro país a través de los acuerdos comerciales con la Unión Europea y los Estados Unidos de América, compromiso que debió implementarse en enero de 2009.

Actualmente, el Tratado tiene 42 estados miembros, entre los que se cuentan Estados Unidos de América, la Unión Europea, China, Corea , Japón y Australia. En el ámbito latinoamericano participan Costa Rica, Cuba, Honduras , El Salvador , República Dominicana , México y Uruguay .

El Tratado sobre el Derecho de Marcas (TLT) consta de 25 artículos y contempla además un reglamento, el cual no es sometido a la aprobación parlamentaria por su naturaleza de tal.

En ellos se regula la definición del alcance de términos y expresiones usuales en la actividad. Asimismo, se precisa el tipo de marcas a las que se aplica este Tratado, específicamente, a las que consistan en signos visibles, en especial las tridimensionales, y a las relativas a productos y/o a servicios.

Se regulan los procedimientos de registro, estableciendo los requisitos para la presentación de una solicitud de marca, para los cambios en los nombres y en las direcciones de los solicitantes, y para la renovación de las marcas, que duran diez años.

En esta materia, cabe destacar que el compromiso principal que adquieren los Estados parte del TLT es homologar los requisitos formales para el procedimiento de registro de marcas.

En consecuencia, el TLT no es un tratado que establezca derechos sustantivos, sino que tiene por objeto simplificar procedimientos de registro de marcas con estándares que, por lo demás, ya están recopilados en nuestro derecho interno, esto es, en la ley Nº 19.039, sobre propiedad intelectual, y en su reglamento. Asimismo, el TLT no genera procedimientos internacionales de tramitación de marcas, ya que para obtener un registro se debe acudir a oficinas nacionales.

Sus artículos finales contemplan las cláusulas propias de los tratados multilaterales, en las que se regulan los procedimientos que los Estados deben seguir para hacerse parte; los de ratificación o adhesión a este instrumento; las reservas, la denuncia el Tratado, los idiomas oficiales del mismo y la designación de depositario, en este caso, el director general de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Ompi.

La Comisión escuchó al director de Relaciones Económicas Multilaterales de la Direcon , señor Rodrigo Contreras , quien aseveró que en Chile, en relación con su población, existe un alto índice de registro de marcas, que ascendió a la cifra de 30.000 durante el año 2007, y finalmente sostuvo que el Tratado permitirá incrementar ese registro, fomentando principalmente las solicitudes de inversores extranjeros.

En consideración a los antecedentes expuestos, la Comisión decidió, por unanimidad, recomendar la aprobación del proyecto de acuerdo en los mismos términos en que lo formula el mensaje, con modificaciones formales de menor entidad que se consignan en el informe respectivo.

He dicho.

El señor ULLOA (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado informante de la Comisión de Hacienda.

El señor TUMA (de pie).-

Señor Presidente , paso a informar sobre una consulta formulada a la Comisión de Hacienda, recaída en el proyecto de acuerdo en estudio. Ella dice relación con una inquietud que transmití a dicha instancia, vinculada con preocupaciones, en especial, de las asociaciones gremiales que representan a profesionales que tienen que ver con la materia, sobre todo de la Asociación Chilena de la Propiedad Industrial, Achipi.

La Comisión de Hacienda se abocó al tema y en su sesión 223ª, de 14 de abril de 2009, aprobó la petición solicitada por el diputado que habla, en orden a solicitar a la Sala de la Corporación que se remitiera a aquélla el proyecto en cuestión, ya informado por la Comisión de Relaciones Exteriores, dado que se le habría informado que en el texto del Tratado se incurriría en una omisión al no incorporar el RUT como antecedente, con el cual en Chile se identifica a las patentes o a los propietarios de las mismas, ni el precio, que sirve de base a la determinación de los tributos, aspectos que aconsejarían un análisis de la Comisión de Hacienda.

Se hace presente que en el informe de la Comisión de Relaciones Exteriores se señala que el Tratado no contiene disposiciones que deban ser conocidas por la Comisión de Hacienda. No obstante, se solicitó su envío a fin de absolver las preocupaciones de orden tributario que di a conocer.

A la sesión de fecha 5 de mayo de 2009, en la que se analizó la materia antes referida, asistieron los señores Ricardo Escobar y Pablo González , director y subdirector jurídico del Servicio de Impuestos Internos, respectivamente; Andrés Guggiana y Rodrigo Contreras , abogado del Departamento de Propiedad Industrial del Ministerio de Relaciones Exteriores y director de Asuntos Económicos Multilaterales de la Dirección de Relaciones Económicas Internacionales de dicha cartera, respectivamente; Patricio Balmaceda , asesor del gabinete de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales, y las señoras Mónica Reyes , subdirectora de Marcas del Instituto Nacional de Propiedad Industrial del Ministerio de Economía, y Carolina Belmar , jefa del Departamento de Propiedad Intelectual de la Dirección de Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Asistieron, además, los señores Andrés Melossi y Max Villaseca , presidente y vicepresidente, respectivamente, de la Asociación Chilena de la Propiedad Industrial, Achipi.

La señora Mónica Reyes explicó que el Tratado sobre el Derecho de Marcas tiene por objeto estandarizar los procedimientos en cuanto a la recepción de formularios de marcas, regulación de éstas y transferencias. Sostuvo que en materia presupuestaria, el TLT no tiene relevancia para el Estado chileno, sino que busca armonizar los requisitos de los formularios que se presentan ante los registros de marcas.

El señor Melossi , por su parte, explicó que la Asociación Chilena de la Propiedad Industrial es un conglomerado de profesionales, principalmente abogados e ingenieros, que ha estudiado el contenido del Tratado y que quiere dar cuenta de ciertos aspectos del mismo que requieren de mayor estudio o recomendaciones por parte de las comisiones de la especialidad para una mejor adecuación del Tratado.

Existen algunos aspectos que, a mi juicio, requieren mayor estudio, a saber:

1.- Crea una asimetría en la regulación de los signos distintivos susceptibles de registro de marca en Chile, regulados por la ley Nº 19.039; es decir, es un Tratado que se aplicaría sólo y únicamente a ciertos tipos de marcas -signos visibles para productos o servicios, o relativos a éstos- y no a otras marcas, también reconocidas por nuestra legislación.

2.- Prohíbe contemplar exigencias formales distintas a las que el mismo Tratado reconoce. Como consecuencia de lo anterior, se genera la duda de si la legislación chilena podría exigir a los solicitantes de registros que manifiesten su RUT o que se consigne el precio en el documento, cuando hay una relación entre el propietario de una marca y el adquirente de ella.

3.- Altera la regulación en torno a las transferencias de marcas comerciales, puesto que el TLT establece que el registro de cualquier traspaso de una marca comercial puede ser anotado en la oficina registral, bastando para ello una comunicación firmada por el titular, sin indicación del precio y sin la comparecencia del nuevo titular.

La carencia de dicha formalidad va en contradicción con nuestra tradición jurídica, que ha sido aplicada a derechos personales, pero no a derechos reales, como el derecho de dominio que emana del registro de marca.

4.- La omisión del precio se podría interpretar como una preocupación desde el punto de vista fiscal respecto de la falta de determinación de renta. El Servicio de Impuestos Internos ha sido consistente en establecer que el valor de adquisición de un registro marca obtenido por su creador o primer titular es equivalente al costo de impuestos, publicación y honorarios de plaza pagados por el titular. En consecuencia, el TLT, al darle al derecho de marca el carácter de título-valor a la orden o nominativo endosable, y permitir su traspaso sin expresión de causa o precio, trae como efecto que todo el mayor valor obtenido en la venta de una marca no sea declarado en el acto de cesión o endoso que es sometido ante la autoridad para su anotación o registro y, por lo tanto, sobre el mismo no existan elementos para determinar si hubo o no un mayor valor sobre el cual se aplique el impuesto a la renta correspondiente.

El señor Ricardo Escobar , por su parte, explicó que la forma de hacer la presentación al registro de marcas no interfiere en las solemnidades de la formación del consentimiento que se requiere para realizar una transferencia de marca, donde debe haber acuerdo de las partes tanto en el precio como en la cosa. Incluso, si no fuera condición para transferir una marca colocar el precio de la compraventa, ello no obsta el cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte del vendedor de las ganancias que obtenga de la transferencia de la marca. Es decir, no se determina la utilidad sólo a través del precio, sino que existe la obligación del vendedor de declarar las utilidades recibidas como consecuencia de la venta.

El señor Rodrigo Contreras reafirmó que el Tratado no cambia la forma ni el fondo de los trámites actuales que se realizan en el país para iniciar la tramitación de una marca, puesto que los requisitos formales que el TLT regula se aplican hoy en Chile a todos los formularios de marcas, sin distinción. Por ello, la adhesión al Tratado no implica para el país la modificación de los formularios que hoy en día se utilizan.

Por tanto, tanto la Achipi como los diputados miembros de la Comisión quedaron satisfechos con las explicaciones dadas por el Ejecutivo. Por lo tanto, a pesar de que la Comisión no tiene competencia para conocer el proyecto, recomienda su aprobación.

Es cuanto puedo informar.

He dicho.

El señor ULLOA (Presidente accidental).-

En discusión el proyecto.

Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo.

El señor JARAMILLO.-

Señor Presidente , el nuevo sistema para informar sobre los proyectos nos lleva a ser más exhaustivos en nuestras intervenciones. Sin embargo, muchas veces se debiera acompañar el relato de los diputados informantes con antecedentes o documentos que aporten a la discusión. No veo a los diputados informantes, por lo que tendré que intervenir sin su presencia. Tampoco veo al secretario de la Comisión. Me llama la atención. La Mesa estableció modificaciones reglamentarias para el tratamiento de los proyectos. A mi juicio, si no procedemos en consecuencia, estaremos navegando en el vacío.

Quiero consultar si este proyecto de acuerdo aprobatorio del Tratado sobre el Derecho de Marcas constituye la base de la integración comercial de nuestro país. Como sabemos, Chile está postulando para integrar la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, Ocde, instancia a la que recientemente nuestra Presidenta concurrió para ser partícipe de una de sus importantes reuniones.

La Ocde reúne a las economías más estables del planeta. El ingreso a ella -a lo que aspira Chile-, otorga al país miembro una especie de certificación de calidad internacional en materia comercial.

No se dijo nada sobre el particular en el relato de los diputados informantes. Por eso, consulto si la iniciativa es una base del proceso de integración comercial del país.

La aprobación de proyectos de acuerdo como el que conocemos hoy implica dar pasos en ese sentido y acercarnos en materia comercial a una categoría de países a la cual sólo han accedido naciones desarrolladas y ninguna sudamericana. De ahí su importancia, a pesar de que los informes tienen tres o cuatro hojas.

El objetivo de este instrumento es simplificar los procedimientos nacionales de registro de marcas, haciéndolos conocidos y comunes, tanto para quien lo solicita como para terceros interesados. Por lo tanto, se busca la eliminación de procedimientos redundantes, innecesarios y disímiles, que muchas veces son desconocidos por los usuarios e, incluso, por nosotros, lo que constituye una barrera de entrada para el registro de marcas.

Nuestros principales socios comerciales, como China, Estados Unidos de América, Japón y los países miembros de la Unión Europea, son Estados parte del Tratado sobre el Derecho de Marcas, TLT. Luego, con la firma de los tratados comerciales se ha comprometido a Chile a adherir a los instrumentos jurídicos que forman parte del sistema multilateral de protección de la propiedad intelectual e industrial, tanto en el marco de la Organización Mundial del Comercio, OMC, como de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Ompi.

La vigencia de este tratado permitirá a nuestro país contar con la necesaria certeza jurídica requerida por los inversionistas extranjeros que deseen registrar sus marcas en Chile y por los nacionales chilenos que quieran registrar marcas en el extranjero. Ésa es la situación fundamental que ganamos. Al respecto se debe tener consideración que una de las seis lenguas oficiales del TLT es el español, lo que contribuye a la simplificación de muchos acuerdos y actos realizados aquí.

Sin embargo, nuestro país ha sido visionario y ya utiliza el sistema de clasificación de marcas, de Niza, previsto en el Convenio, en virtud de lo dispuesto por el reglamento de la ley Nº 19.039, de Propiedad Intelectual Industrial.

Por lo tanto, a pesar de la brevedad de los informes, este proyecto reviste gran importancia para el futuro, pues servirá de base al proceso de integración comercial.

He dicho.

El señor ULLOA (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado señor Juan Masferrer.

El señor MASFERRER.-

Señor Presidente , el proyecto de acuerdo aprobatorio del Tratado sobre el Derecho de Marcas en discusión, busca estandarizar algunos requisitos formales para la presentación y tramitación de solicitudes y la renovación de marcas comerciales.

Se trata de requisitos que presentan variaciones prácticas entre los diferentes Estados, tales como los relativos a formalidades que deben observarse para acreditar titularidad, representación o describir signos que quieren registrarse como marcas; requerimientos para otorgar poderes, completar formularios o acompañar antecedentes a la solicitud. Además, impide a las oficinas nacionales de registros solicitar antecedentes que no son considerados imprescindibles para el registro de marcas.

Podríamos decir que el Tratado es favorable en la medida en que para nuestro país no implica ninguna ampliación de la normativa que regula las marcas. Ella incluye también a las marcas sonoras, por lo cual es más extensa que la propuesta por el texto en debate.

Asimismo, tiene la virtud de simplificar y homologar procedimientos, lo que siempre es un activo en el mundo globalizado, y ayudará a cumplir compromisos adquiridos por Chile en materia de propiedad intelectual con Estados Unidos de América y la Unión Europea.

Por eso, en representación de la Unión Demócrata Independiente, nuestro partido popular, anuncio que vamos a votar a favor el este proyecto de acuerdo e invito a los colegas a proceder de igual forma.

He dicho.

El señor ÁLVAREZ (Presidente).-

En votación el proyecto de acuerdo aprobatorio del tratado sobre el derecho de marcas (TLT), adoptado en Ginebra, el 27 de octubre de 1994.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 105 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.

El señor ÁLVAREZ (Presidente).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Accorsi Opazo Enrique; Aguiló Melo Sergio; Alinco Bustos René; Allende Bussi Isabel; Alvarado Andrade Claudio; Pérez San Martín Lily; Álvarez Zenteno Rodrigo; Arenas Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla Gabriel; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Burgos Varela Jorge; Schilling Rodríguez Marcelo; Cardemil Herrera Alberto; Ceroni Fuentes Guillermo; Correa De La Cerda Sergio; Cristi Marfil María Angélica; Cubillos Sigall Marcela; De Urresti Longton Alfonso; Delmastro Naso Roberto; Díaz Del Río Eduardo; Díaz Díaz Marcelo; Dittborn Cordua Julio; Duarte Leiva Gonzalo; Egaña Respaldiza Andrés; Eluchans Urenda Edmundo; Encina Moriamez Francisco; Enríquez-Ominami Gumucio Marco; Errázuriz Eguiguren Maximiano; Escobar Rufatt Alvaro; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Farías Ponce Ramón; Forni Lobos Marcelo; García García René Manuel; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Girardi Briere Guido; Godoy Ibáñez Joaquín; Goic Boroevic Carolina; Hales Dib Patricio; Hernández Hernández Javier; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Leal Labrín Antonio; León Ramírez Roberto; Lobos Krause Juan; Lorenzini Basso Pablo; Martínez Labbé Rosauro; Masferrer Pellizzari Juan; Melero Abaroa Patricio; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Moreira Barros Iván; Mulet Martínez Jaime; Muñoz D’Albora Adriana; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Palma Flores Osvaldo; Paredes Fierro Iván; Pascal Allende Denise; Paya Mira Darío; Pérez Arriagada José; Recondo Lavanderos Carlos; Robles Pantoja Alberto; Rojas Molina Manuel; Rubilar Barahona Karla; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Suárez Eduardo; Salaberry Soto Felipe; Sepúlveda Hermosilla Roberto; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Soto González Laura; Sule Fernández Alejandro; Súnico Galdames Raúl; Tarud Daccarett Jorge; Harboe Bascuñan Felipe; Tuma Zedan Eugenio; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Uriarte Herrera Gonzalo; Urrutia Bonilla Ignacio; Valcarce Becerra Ximena; Valenzuela Van Treek Esteban; Vallespín López Patricio; Vargas Lyng Alfonso; Venegas Cárdenas Mario; Venegas Rubio Samuel; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Patricio; Ward Edwards Felipe.

El señor ULLOA (Presidente accidental).-

Corresponde tratar el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en moción, que determina el Estatuto del Periodista.

Diputado informante de la Comisión Especial sobre las Libertades de Pensamiento y Expresión, el Derecho a la Información y los Medios de Comunicación es el señor Álvaro Escobar.

Antecedentes:

-Moción, boletín Nº 4822-13, sesión 117ª, en 10 de enero de 2007. Documentos de la Cuenta Nº 10.

-Primer informe de la Comisión Especial sobre Libertades de Pensamiento y Expresión, el Derecho a la Información y los Medianos de Comunicación, sesión 30ª, en 14 de mayo de 2009. Documentos de la Cuenta Nº 7.

El señor ULLOA (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado informante.

El señor ESCOBAR (de pie).-

Señor Presidente , en representación de la Comisión Especial sobre las Libertades de Pensamiento y Expresión, el Derecho a la Información y los Medios de Comunicación, paso a informar sobre el proyecto de ley que determina el Estatuto del Periodista.

Durante el análisis de la iniciativa, la Comisión contó con la colaboración del señor Francisco Vidal , en ese momento ministro Secretario General de Gobierno ; del señor Cristián Elgueta y de la señora Soledad Rojas, asesores jurídicos del mencionado Ministerio; de los señores Claudio Fuentes y José Francisco Castro , asesores del Ministerio del Trabajo, y de otros profesionales cuya participación consta en el informe que se encuentra a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.

En cuanto a las ideas matrices o fundamentales del proyecto, de acuerdo a su texto original, inscritas en el proceso de desarrollo del Estatuto del Periodista, tenían por objeto, principalmente:

a) Robustecer la función pública de la prensa mediante el acrecentamiento de la eficacia del derecho de acceso a las fuentes informativas públicas y privadas y el aseguramiento de la independencia intelectual y moral del profesional periodista;

b) Precisar el universo de titulares de los derechos que el ordenamiento jurídico establece para asegurar la calidad, eficacia, continuidad y perdurabilidad de la función informativa, y

c) Determinar los elementos peculiares y formativos del contrato de trabajo de los periodistas y de los alumnos de periodismo en práctica profesional.

De todos esos objetivos, la indicación sustitutiva total propuesta por el Ejecutivo, sobre la cual se pronunció la Comisión, siempre dentro de la idea del desarrollo del estatuto, propone:

1) Modificar la ley sobre libertades de opinión e información y ejercicio del periodismo, y

2) Introducir dos modificaciones en la ley sobre propiedad intelectual, con el objeto de:

a) Disponer la actualización, a lo menos anual, del arancel del Colegio de Periodistas, y

b) Ampliar, de uno a tres años, el plazo de prescripción para el cobro de los derechos que corresponden a los periodistas por la publicación de sus producciones en medios distintos de aquellos en que prestan sus servicios.

Respecto de las constancias reglamentarias, puedo señalar que, para los efectos de lo establecido en los números 2º, 4º, 5º y 7º del artículo 287 del Reglamento de la Corporación, la Comisión dejó constancia de:

1) Que el proyecto no contiene disposiciones que requieran de un quórum especial para su aprobación;

2) Que sus disposiciones no son de competencia de la Comisión de Hacienda;

3) Que se aprobó la idea de legislar por la unanimidad de los integrantes de la Comisión presentes, y

4) Que se rechazó únicamente el inciso tercero del nuevo artículo 43 bis, agregado a la ley Nº 19.733 por el número 1, letra c), de la indicación.

Durante la discusión sobre la idea de legislar, el abogado del Ministerio Secretaría General de Gobierno, señor Cristián Elgueta , fundamentó la indicación sustitutiva señalando que ésta había sido producto de un acuerdo entre los Ministerios del Interior, de Justicia, Secretaría General de Gobierno y Secretaría General de la Presidencia.

En primer lugar, explicó que los derechos que los periodistas, dibujantes y reporteros gráficos tienen sobre sus artículos, dibujos y fotografías se regirían por las normas del párrafo 2º del capítulo V del Título I de la ley de Propiedad Intelectual. En dicho párrafo se regulaba la situación que se producía por la publicación de artículos, fotografías y producciones en otros medios de comunicación distintos de aquel en que el profesional prestaba servicios. En tales casos, se generaba en favor de los periodistas o autores de los reportajes o fotografías un derecho regulado por el arancel del Colegio de Periodistas.

Añadió que se establecía también un mecanismo de sanción para los casos de obstrucción al ejercicio del periodismo por la vía de aplicar una multa a beneficio fiscal en contra de todo aquel que empleara la fuerza para impedir el ejercicio de la actividad periodística.

Esta disposición, en virtud de un acuerdo alcanzado con el Ministerio del Interior, no sería aplicable a las policías, cuando éstas actuaran en el ejercicio legítimo de sus funciones, lo cual haría necesario llegar a un consenso entre el Colegio de Periodistas, la Unión de Reporteros Gráficos y las policías, a fin de determinar los alcances respecto de lo que se debería entender por ejercicio legítimo de dichas funciones.

Por tales razones, probablemente en las próximas manifestaciones públicas que puedan dar lugar a conflictos, los periodistas y camarógrafos exhibirán un peto o distintivo amarillo a fin de que Carabineros no pueda argumentar ignorancia acerca de la calidad de periodista o de reportero gráfico de la persona que pueda verse afectada por su accionar.

Agregó que, relacionado con el tema de la obstrucción al ejercicio del periodismo estaba el del seguro. En efecto, el proyecto incorporaba la contratación obligatoria de un seguro para los periodistas y camarógrafos que no contaran con un contrato de trabajo y, por ende, no estuvieran cubiertos por el seguro de accidentes del trabajo.

Esta materia quedaría regulada en un decreto con fuerza de ley, en virtud de la facultad delegada al Jefe de Estado, establecida en el artículo transitorio.

Otras de las disposiciones del texto original que el proyecto conservaba sería considerar como incumplimiento grave de las obligaciones contractuales del medio de comunicación, no acatar las disposiciones de la ley de Prensa, acogiendo al efecto una solicitud del Colegio de Periodistas en orden a precisar esta disposición. No se hace distinción entre periodista contratado u otra persona contratada para ejercer funciones periodísticas y el periodista independiente o freelance.

En cuanto a la obligación de ejercer en forma responsable la profesión y de guardar el respeto debido a las normas éticas propias, señaló que no se trataba de que el periodista tuviera derechos, sino que debía ceñirse a un deber ético en el ejercicio profesional.

En lo que respecta al Nº 2 de la indicación, señaló que introducía dos modificaciones a la ley de propiedad intelectual para establecer que el arancel fijado por el Colegio de Periodistas, que se aplicaría para remunerar a los periodistas y camarógrafos por sus producciones que se publicaran en otros medios de comunicación distintos de aquellos en que prestaran sus servicios, deberían actualizarse por lo menos una vez al año, y además disponer que el derecho para reclamar estas remuneraciones tendría un plazo de prescripción de tres años, es decir, se aumenta este plazo de uno a tres años.

La Comisión coincidió con las propuestas del Ejecutivo y, sin mayor debate, procedió a aprobar la idea de legislar por la unanimidad de sus integrantes.

Por las razones señaladas, la Comisión recomienda aprobar el proyecto de conformidad al siguiente texto:

Proyecto de ley:

Artículo 1º.-

Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley Nº 19.733, sobre Libertades de Opinión e Información y Ejercicio del Periodismo:

a.- Modifícase el artículo 8º en el siguiente sentido:

a.1.- Antepónense los siguientes incisos primero y segundo, pasando los actuales primero y segundo a ser tercero y cuarto y así sucesivamente:

“Los derechos que los periodistas, dibujantes y reporteros gráficos tienen sobre sus artículos, dibujos, fotografías y demás producciones, se regularán por el Párrafo II del Capítulo V del Título I de la ley Nº 17.336, sobre Propiedad Intelectual.

Los derechos consagrados en el inciso precedente serán irrenunciables y toda cláusula en contrario se tendrá por no escrita.”

a.2.- Reemplázase el inciso final por el siguiente:

“La infracción a lo establecido en los incisos precedentes constituirá incumplimiento grave del empleador o del medio de comunicación social respecto de sus obligaciones contractuales.”

b.- Agréganse, a continuación del artículo 8º, las siguientes disposiciones:

“Artículo 8º bis.-

El medio de comunicación social deberá contratar un seguro de accidentes personales que proteja a los periodistas, camarógrafos y reporteros gráficos que no se encuentren cubiertos por el seguro de accidentes del trabajo regulado en la ley Nº 16.744, ante siniestros ocurridos a consecuencia de la actividad profesional o informativa que ellos desarrollen fuera de las dependencias de la empresa.

Corresponderá a la Superintendencia de Valores y Seguros aprobar el modelo de póliza correspondiente al seguro obligatorio a que se refiere esta ley, quedando facultada para modificarlo cuando lo estime necesario.

Artículo 8º ter.-

El periodista está obligado a un ejercicio responsable de la profesión, teniendo en cuenta el destino de los mensajes e informaciones que elabora y transmite a los ciudadanos y a la sociedad en su conjunto. Por tanto, en su ejercicio profesional, deberá respetar las normas éticas de su profesión.”

c.- Agrégase el siguiente artículo 43 bis:

“Artículo 43 bis.-

El que con violencia obstruyere o impidiere el ejercicio de la actividad periodística, en cuanto esté destinada a buscar, recibir y difundir información sobre hechos de interés público, será sancionado con la pena de multa de una a cien unidades tributarias mensuales.

Para estos efectos, se entenderá como hechos de interés público, los enumerados en el artículo 30, inciso tercero, de esta ley.”

Artículo 2º.- Modifícase el artículo 24 de la ley Nº 17.336, en el siguiente sentido:

a.- Intercálase en el párrafo segundo del numeral 1) de la letra c), entre el vocablo “Chile” y el punto seguido (.) la oración “Arancel que deberá ser actualizado a lo menos una vez al año”.

b.- Reemplázase en el párrafo tercero del mismo numeral 1) la expresión “un año” por lo siguiente: “tres años”.

Artículo transitorio.-

Facúltase al Presidente de la República para dictar, dentro del plazo de un año contado desde la vigencia de esta ley, un decreto con fuerza de ley por medio del Ministerio de Hacienda, para regular el seguro que trata el artículo 8º bis de la ley Nº 19.733, incorporado por esta ley. A través de ese decreto se determinará el monto máximo de cobertura del seguro; los beneficiarios, los siniestros cubiertos; la vigencia de las pólizas y los requisitos para exigir el pago de las correspondientes indemnizaciones.

Acordado en sesiones de fechas 7 y 14 de mayo; 4 y 11 de junio; 2 y 9 de julio, y 1 y 8 de octubre de 2008, y 21 de enero, 1 y 8 de abril y 13 de mayo de 2009, con la asistencia del diputados señor Jaime Mulet Martínez ( Presidente ), de las diputadas señoras Carolina Tohá Morales y Ximena Vidal Lázaro , y de los diputados y señores Roberto Delmastro Naso , Andrés Egaña Respaldiza , Álvaro Escobar Rufatt, Marcelo Forni Lobos , Renán Fuentealba Vildósola , Carlos Abel Jarpa Wevar y Felipe Salaberry Soto .

Asimismo, la Comisión funcionó en Comité los días 18 de junio, 30 de julio y 10 de septiembre de 2008, y 4, 11 y 18 de marzo de 2009.

Asistieron también a algunas de las sesiones y reuniones de la Comisión, la diputada señora Clemira Pacheco Rivas y los diputados señores Maximiano Errázuriz Eguiguren , Carlos Montes Cisternas y Esteban Valenzuela van Treek .

Como se colige de la nómina, en el debate del proyecto participó la señora Carolina Tohá -la saludo cordialmente-, quien se encuentra presente en la Sala ahora en su calidad de ministra secretaria general de Gobierno.

Es cuanto puedo informar.

He dicho.

El señor ÁLVAREZ (Presidente).-

En discusión el proyecto.

Tiene la palabra el diputado señor Jaime Mulet.

El señor MULET.-

Señor Presidente , sin lugar a dudas es necesario aprobar el proyecto en debate. Éste tuvo su origen en una iniciativa más ambiciosa -quienes la impulsaron aparecen mencionados en el informe- que buscaba el establecimiento de un estatuto para periodistas y profesionales afines. Fue presentada en 2006 en la Comisión Especial sobre las Libertades de Pensamiento y Expresión, que tengo el honor de presidir, instancia en que se discutió latamente.

En el debate se contó con la participación permanente de funcionarios del ministerio secretaría general de Gobierno. Tal como lo señaló el diputado informante , señor Álvaro Escobar , se llegó a un acuerdo respecto de la indicación sustitutiva presentada por el Ejecutivo al proyecto original.

Tanto la Comisión como los autores de la iniciativa original, transformada en el proyecto en debate, han mostrado su preocupación en relación con la libertad de expresión. En efecto, existe inquietud porque la labor que desarrollan periodistas, camarógrafos y profesionales afines se lleve a cabo con libertad, autonomía y seguridad, tanto en televisión como en radio y prensa escrita. Dichos profesionales realizan una labor esencial, que la Comisión reconoce, la que debe cuidarse y respetarse. Por otra parte, como sociedad debemos tener la seguridad de que los profesionales del área informen de manera oportuna y veraz, y de que cuenten con los elementos para ello.

La concentración de los medios de comunicación es tan brutal como en otras áreas del mercado. A mi juicio, ello pone en riesgo la libertad de expresión. Piensen sus señorías que existen dos medios de comunicación escrita que concentran el 95 por ciento del mercado. En consecuencia, también existen dos empleadores que dominan la mayor parte de la prensa escrita. Ello produce situaciones de riesgo desde le punto de vista de la libertad de expresión y del derecho de información, y también situaciones complejas en el ámbito laboral, tal como señalaron personeros del Colegio de Periodistas y de la agrupación gremial que reúne a fotógrafos y camarógrafos.

El proyecto no sólo es un vehículo para reforzar la manera como se ejerce la profesión, sino que, fundamentalmente, apunta a robustecer, en forma indirecta, la libertad de expresión, en particular el derecho de los chilenos y chilenas a estar oportuna y verazmente informados, lo que hoy, repito, está bastante en riesgo en el país.

Existió acuerdo del Ejecutivo y de la Comisión para abordar cuatro materias principales que contempla el proyecto, que rescato y valoro profundamente. Me hubiera gustado abordar otras cuestiones, las cuales pueden aparecer como mínimas. Se establece que los derechos periodistas, dibujantes y reporteros gráficos tienen sobre sus artículos, dibujos, fotografías y demás producciones se regularán por el Párrafo II del capítulo V del Título I de la ley sobre Propiedad Intelectual. Por lo tanto, se establece un reforzamiento en esa materia.

Entonces, esto es un avance. Además, se establece que estos derechos serán irrenunciables y toda cláusula en contrario se tendrá como nula. El solo reforzamiento del derecho a la propiedad intelectual sobre esas producciones, que surgen como consecuencia del ingenio, la inteligencia y el trabajo de este grupo de profesionales, es un avance interesante. ¿Qué está pasando hoy? El material de los profesionales gráficos o periodistas que trabajan para un medio, y después aparece en otro que, a veces, forma parte de cadenas, y no se remunera debidamente ni se respeta la autoría sobre las fotografías, la imagen, el artículo, etcétera.

En segundo lugar, se establece algo tan mínimo como la obligación de los medios de comunicación social de contratar un seguro de accidentes personales que proteja a periodistas, camarógrafos y reporteros gráficos que no se encuentren cubiertos por el seguro de accidentes del trabajo, regulado en la ley N° 16.744. A muchos de estos profesionales que laboran part time, los medios de comunicación les encargan determinados trabajos, como concurrir a cubrir ciertos eventos, y acuden a éstos absolutamente desprotegidos, como personas particulares. Sabemos que muchas veces los equipos de prensa ponen en riesgo sus vidas debido a situaciones difíciles, conflictos armados o eventos de la naturaleza. Recordemos lo ocurrido con ocasión de la erupción del volcán Chaitén .

¿Qué pasa con quienes laboran freelance, sin ningún tipo de contratación, por ejemplo para reforzar los equipos de canales de televisión, de diarios? Para ellos se crea un seguro, lo que constituye un paso importante en cuanto a su resguardo, puesto que incluso pueden perder su vida o su capacidad laboral al desarrollar un reportaje.

En el artículo 8º ter se establece una norma declarativa, que dispone lo siguiente: “El periodista está obligado a un ejercicio responsable de la profesión”. Esta norma no deja de ser importante. Si el control ético de la profesión vuelve a los colegios profesionales -la Presidenta de la República lo anunció el 21 de Mayo-, dicha norma obligará a desarrollar en forma ética el trabajo, lo que permitirá después el control ético sobre el ejercicio de la profesión.

Por último, se establece una sanción al que con violencia obstruyere o impidiere el ejercicio de la actividad periodística, lo cual es muy importante. En situaciones cubiertas profusamente por medios de comunicación se ha visto que profesionales del área, como camarógrafos o periodistas, se les impide ejercer su labor, muchas veces, en forma violenta o bajo amenaza.

Reconozco que la denominación del proyecto es, quizá, más ambiciosa de lo que en definitiva logramos. Se podrían haber abordado otros temas, pero, repito, es una iniciativa interesante y constituye un avance.

Finalmente, anuncio mi voto a favor y recomiendo a los colegas presentes proceder de la misma forma.

He dicho.

El señor ÁLVAREZ (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Felipe Salaberry.

El señor SALABERRY.-

Señor Presidente , durante cincuenta años mi padre ejerció la profesión de periodista colegiado, labor que cumplió hasta el 2005. Durante sus últimos años de ejercicio de esta profesión, fue dirigente del Colegio de la orden e impulsó una iniciativa destinada a que los profesionales de las comunicaciones tuvieran un estatuto especial en la legislación, al igual como ocurre con otros oficios y profesiones.

Es justo reconocer que los parlamentarios que aparecemos como autores de la iniciativa fuimos receptores de una idea que no trabajamos en su origen. En efecto, el Colegio de Periodistas, presidido en su momento por Alejandro Guillier y, posteriormente, por Luis Conejeros, nos solicitó el patrocinio de un proyecto sobre el cual habían trabajado los propios profesionales de la orden.

Los diputados Montes, Valenzuela, Errázuriz y quien habla presentamos este proyecto de ley, al que después se incorporaron otros señores parlamentarios.

El diputado informante y el diputado Mulet ilustraron a la Sala acerca de sus alcances. Por lo tanto, sólo quiero recalcar dos o tres aspectos y, de paso, invitar a la Sala a asumirlo en su mérito y significado. La iniciativa reivindica la labor de los profesionales de los medios de comunicación y también la de alumnos que, en su período de práctica, prestan servicios en medios de comunicación. Adicionalmente, refuerza la defensa de los derechos de periodistas, dibujantes y reporteros gráficos, en un capítulo especial de la legislación sobre esa materia.

Muchas veces quienes nos dedicamos a esta actividad sentimos cierto temor al momento de enfrentar a los medios de comunicación. Pero los periodistas, en el ejercicio de su profesión, también enfrentan innumerables riesgos, que no siempre tuvieron el justo resguardo. Por eso, el proyecto establece que el medio de comunicación social deberá contratar un seguro de accidentes personales para estos trabajadores.

Además, establece que sancionará con multa a quien con violencia obstruya o impida el ejercicio libre del periodismo.

El proyecto establece que el periodista del medio de comunicación está obligado a un ejercicio responsable de la profesión, lo que coincide, a mi juicio, con el anuncio hecho por la Presidenta de la República en su discurso del 21 de Mayo pasado, de agilizar el proyecto de ley que devuelve el control ético a los colegios profesionales. Así, reitero, el artículo 8º ter del proyecto establece que el periodista está obligado a un ejercicio responsable de la profesión, teniendo en cuenta el destino de los mensajes e informaciones que elabora y transmite a los ciudadanos y a la sociedad en su conjunto. Es decir, en su ejercicio profesional deberá respetar las normas éticas de su profesión.

Invito a la Sala a aprobar este estatuto especial, toda vez que recoge un anhelo de muchos años del gremio de los profesionales de los medios de comunicación, algunos de los cuales adquirieron sus competencias mientras ejercían la profesión, y otros en las aulas universitarias. Por eso, se habla de esos antiguos periodistas colegiados

Señor Presidente , por último, aprovechó la oportunidad para rendir un homenaje a mi padre, quien en 2005 cumplió 50 años de periodista.

He dicho.

El señor ÁLVAREZ (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Esteban Valenzuela.

El señor VALENZUELA.-

Señor Presidente , el proyecto es importante. Felizmente, el Gobierno patrocinó normas que nos ponen en estándares mundiales de protección de la propiedad intelectual y de la seguridad básica de la profesión, lo que es una señal para las fuerzas policiales respecto del cuidado que ameritan no sólo los periodistas, sino el resto de los profesionales de los medios de comunicación.

Como muy bien lo han dicho el diputado Álvaro Escobar , informante de la comisión respectiva, y la ministra Tohá , no nos podemos vestir con ropaje ajeno. Éste es un proyecto iniciado por el Colegio de Periodistas, cuando Alejandro Guillier era su presidente , el que ha sido apoyado con mucha fuerza por quien lo sucedió en el cargo, Luis Conejeros , y por la nueva directiva de esa orden.

Señor Presidente , las normas que se incorporan a la ley sobre libertades de opinión e información y ejercicio del periodismo son un avance en la materia, pero queda pendiente el gran tema. No se trata de otorgar privilegios, pero su señoría, como abogado, lo va a entender. Se debe obligar a los distintos entes públicos y municipales en el sentido de que sus jefes de comunicaciones sean periodistas. Además, hay miles de jóvenes que estudian periodismo en las diversas universidades públicas y privadas del país. Al respecto, hay un problema de fe pública. En muchas instituciones públicas se exigen requisitos para contratar médicos o abogados; pero las sociedades están integradas no sólo por médicos y abogados, por cuanto hay muchas otras importantes profesiones. No obstante, el proyecto no considera esta materia tan obvia, que es una exigencia mínima, tan mínima como la que dice relación con que los editores de los medios de comunicación deben ser periodistas profesionales. Eso no atenta contra ninguna libertad ni contra la creatividad que pueda tener cualquier persona. Se trata de que debe existir cierto respeto mínimo para todas las profesiones.

El proyecto sí avanza en el establecimiento de derechos, en la autorregulación de los medios y en el reconocimiento del trabajo profesional de los periodistas, y da un salto muy importante respecto de la protección de la dignidad de camarógrafos, fotógrafos y otros profesionales de los medios de comunicación.

Por eso, ojalá que la Cámara apruebe unánimemente el proyecto.

He dicho.

El señor ÁLVAREZ (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Gonzalo Duarte.

El señor DUARTE.-

Señor Presidente , como han expresado otros colegas diputados y también la ministra Tohá , éste es uno de los primeros proyectos que responde más bien a la inquietud de un gremio, ya que nosotros sólo canalizamos el proyecto al debate parlamentario.

Por lo tanto, manifiesto mi alegría y reconocimiento por la invitación de los dirigentes del Colegio de Periodistas a suscribir la redacción original de este proyecto de ley, el que constituye un paso relevante, no cabe ninguna duda, y va en la dirección correcta.

En primer lugar, es un avance el reconocimiento que hace de los derechos de propiedad intelectual de los periodistas, de los dibujantes y de los reporteros gráficos.

En segundo lugar, establece sanciones cuando los medios de comunicación no respetan o incumplen las obligaciones contractuales.

En tercer lugar, da un paso correcto en la regulación ética del ejercicio profesional, lo que se relaciona con el compromiso que adquirió la Presidenta de la República el 21 de Mayo recién pasado.

En representación de la bancada de la Democracia Cristiana y sin ánimo de redundar en lo ya expresado unánimemente en esta Sala, manifiesto nuestra disposición y voluntad de votar favorablemente el proyecto, y espero que la Sala haga lo mismo.

He dicho.

El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).-

Tiene la palabra el diputado señor Maximiano Errázuriz.

El señor ERRÁZURIZ.-

Señor Presidente , ruego a mis colegas excusarme por las dificultades que tengo para hablar, ya que hace poco fui operado y el abordaje quirúrgico se realizó por el cuello, por lo que lentamente estoy recuperando la voz.

Sin embargo, no podía quedarme en silencio frente a este proyecto de ley, respecto del cual, tal como señaló Felipe Salaberry, un grupo de parlamentarios fuimos el canal del Colegio de Periodistas para presentarlo al Congreso.

Siempre partimos de la base de que una cosa es el proyecto original; otra, lo que despacha la Cámara y, algo muy distinto, lo que aprueba el Senado.

Soy periodista titulado. Estudié esa profesión simultáneamente con la de derecho en la Universidad Católica.

Comparto varias materias que contiene el proyecto y discrepo de otras.

Por de pronto, su artículo 8º ter es de extraordinaria importancia, ya que obliga al periodista a un ejercicio responsable de la profesión, pues debe respetar las normas éticas que los rigen. Esto es válido no sólo para los periodistas, sino que para cualquier profesional. Mi profesor de ética periodística en la Escuela de Periodismo de la Universidad Católica fue don Sergio Contardo Egaña , y en la Escuela de Derecho, don Julio Philippi Izquierdo . Desgraciadamente, periodistas, abogados y otros profesionales han olvidado los principios éticos que rigen sus profesiones. Sin embargo, como la colegiatura no es obligatoria, los colegios profesionales sólo pueden juzgar a aquellos profesionales colegiados.

Ahora, me pregunto, si como periodista tomo una fotografía o redacto una información y un medio de comunicación me paga por ello, ¿de quién es esa fotografía o información? ¿Mía o del medio? En esos casos, la iniciativa señala que los derechos de los periodistas, dibujantes y reporteros gráficos sobre sus artículos, dibujos, fotografías y demás producciones se regularán por la ley sobre Propiedad Intelectual.

Considero que es bueno que, al menos, haya una legislación al respecto. Lo que se ha aprobado es mejor que lo que había, pero no es lo que todos deseábamos. Como periodista, creo que se debe defender el trabajo de este gremio. Sin embargo, hay algo que ninguna legislación podrá imponer: el respeto a la honra y a la dignidad de las personas. He visto colegas en algunos programas de televisión que destacan aspectos que menoscaban el ejercicio de nuestra actividad parlamentaria en vez de resaltar el trabajo que se realiza en el Congreso. Espero que este proyecto sea perfeccionado en el Senado y, al final, se convierta en una ley que beneficie a este gremio, que hoy es mirado en forma tan poco respetuosa por algunos ciudadanos, pero que ejerce una gran influencia en la formación de opinión en el país. Al respecto, hay que tener presente que su función es informar, pero también formar a la opinión pública.

He dicho.

El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).-

¿Habría acuerdo para extender el Orden del Día, con el fin de que hagan uso de la palabra dos diputados que estaban inscritos?

Acordado.

Tiene la palabra el diputado señor Jorge Burgos.

El señor BURGOS.-

Señor Presidente , el señor Maximiano Errázuriz hizo un esfuerzo plausible y comprensible para hacer uso de la palabra en un proyecto que lo interpreta, pero discrepo de uno de sus planteamientos. No es bueno para la Cámara sostener que los problemas de una iniciativa se deben arreglar en el Senado. No voy a entrar en detalles pero ello constituye una confesión bastante grave. Si los diputados involucrados en este proyecto, no sólo por su profesión, sino por el interés que tienen en las comisiones que lo han estudiado, estiman necesario efectuar algunas modificaciones, deben ocupar las instancias procesales de esta Corporación antes de decir: “Despachémoslo y el Senado tendrá que corregirlo.”

En cuanto al proyecto, sólo quiero hacer una consideración respecto del artículo 43 bis, sobre le cual la ministra -desgraciadamente no está presente- manifestó que era muy favorable a los intereses de los periodistas, cosa que comparto. Esta norma dice: “El que con violencia obstruyere o impidiere el ejercicio de la actividad periodística, en cuanto esté destinada a buscar, recibir y difundir información sobre hechos de interés público, será sancionado con la pena de multa de una a cien unidades tributarias mensuales.” Considero que la redacción, en vez de ayudar a los periodistas, les acarreará un problema muy complejo, porque la acreditación del tipo va a requerir violencia. Por consiguiente, el tema central será si hubo o no violencia y no si hubo obstrucción o impedimento del ejercicio profesional. Una persona podrá decir: “Le puse candado a la puerta, pero eso no es violencia, porque se trataba de mi recinto.” Este artículo, que se ha hecho con muy buena intención, va a terminar causando un lío jurisprudencial no menor y, lejos de lograr el efecto buscado, va a complicar la acreditación del tipo.

He dicho.

El señor ÁLVAREZ (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Alberto Cardemil.

El señor CARDEMIL.-

Señor Presidente , en la misma línea de lo señalado por el diputado señor Jorge Burgos , planteo mi preocupación por la redacción del artículo 43 bis, pues por sus características, establece un tipo penal en blanco, ya que señala: “El que con violencia obstruyere o impidiere el ejercicio de la actividad periodística, en cuanto esté destinada a buscar, recibir y difundir información sobre hechos de interés público, será sancionado con la pena de multa de una a cien unidades tributarias mensuales.” ¿Qué es violencia para obstruir? Por ejemplo, ¿se considera que existe violencia si el día de mañana alguno de los señores diputados o cualquier autoridad cierra la puerta de su despacho, con el fin de evitar que un medio averigüe o reportee ciertos hechos, porque está en su derecho o quiere dar una versión oficial al respecto? Este hecho perfectamente podría ser considerado una obstrucción o impedimento violento al ejercicio de la actividad periodística. Como planteó el diputado señor Jorge Burgos , la prueba versará sobre la violencia de la situación. Este tipo de normas, por su vaguedad, perjudican mucho más que ayudar a la actividad periodística.

No estoy en condiciones de aprobar un artículo de esta especie y, por ello, propongo que el proyecto de ley vuelva a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, con el objeto de que se revisen bien los tipos penales que se incorporan.

En el caso de que mi proposición no sea estimada pertinente, presentaré una indicación para suprimir este artículo.

He dicho.

El señor ÁLVAREZ (Presidente).-

En votación general el proyecto de ley que determina el Estatuto del Periodista.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 93 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 9 abstenciones.

El señor ÁLVAREZ (Presidente).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Accorsi Opazo Enrique; Aguiló Melo Sergio; Alinco Bustos René; Allende Bussi Isabel; Álvarez Zenteno Rodrigo; Ascencio Mansilla Gabriel; Barros Montero Ramón; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Burgos Varela Jorge; Schilling Rodríguez Marcelo; Ceroni Fuentes Guillermo; De Urresti Longton Alfonso; Delmastro Naso Roberto; Díaz Del Río Eduardo; Díaz Díaz Marcelo; Duarte Leiva Gonzalo; Egaña Respaldiza Andrés; Eluchans Urenda Edmundo; Encina Moriamez Francisco; Enríquez-Ominami Gumucio Marco; Errázuriz Eguiguren Maximiano; Escobar Rufatt Alvaro; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Farías Ponce Ramón; Forni Lobos Marcelo; García García René Manuel; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Girardi Briere Guido; Godoy Ibáñez Joaquín; Goic Boroevic Carolina; Hales Dib Patricio; Hernández Hernández Javier; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Leal Labrín Antonio; León Ramírez Roberto; Lobos Krause Juan; Lorenzini Basso Pablo; Masferrer Pellizzari Juan; Melero Abaroa Patricio; Monckeberg Díaz Nicolás; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Mulet Martínez Jaime; Muñoz D’Albora Adriana; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Palma Flores Osvaldo; Paredes Fierro Iván; Pascal Allende Denise; Paya Mira Darío; Pérez Arriagada José; Recondo Lavanderos Carlos; Robles Pantoja Alberto; Rojas Molina Manuel; Rubilar Barahona Karla; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Suárez Eduardo; Salaberry Soto Felipe; Sepúlveda Hermosilla Roberto; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Soto González Laura; Sule Fernández Alejandro; Sunico Galdames Raúl; Tarud Daccarett Jorge; Harboe Bascuñan Felipe; Tuma Zedan Eugenio; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Uriarte Herrera Gonzalo; Urrutia Bonilla Ignacio; Valcarce Becerra Ximena; Valenzuela Van Treek Esteban; Vallespín López Patricio; Vargas Lyng Alfonso; Venegas Cárdenas Mario; Venegas Rubio Samuel; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Patricio; Ward Edwards Felipe.

-Se abstuvieron los diputados señores:

Alvarado Andrade Claudio; Pérez San Martín Lily; Bauer Jouanne Eugenio; Cardemil Herrera Alberto; Correa De La Cerda Sergio; Cristi Marfil María Angélica; Cubillos Sigall Marcela; Martínez Labbé Rosauro; Monckeberg Bruner Cristián.