Labor Parlamentaria

CREACIÓN DE COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA DEL PROCESO DE EVALUACIÓN Y RESOLUCIÓN DE PERMISOS PARA OPERAR CASINOS DE JUEGO.

El señor LEAL (Presidente).-

Señoras y señores diputados, en conformidad con lo preceptuado en el artículo 52, N° 1, letra c), de la Constitución Política de la República, y en los artículos 297 y siguientes del Reglamento de la Corporación, 75 señores diputados y diputadas han solicitado crear una Comisión Especial Investigadora del proceso de evaluación y resolución de permisos para operar casinos de juego.

¿Habría acuerdo para acceder a dicha solicitud?

Acordado.

El señor LEAL (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Manuel Rojas para plantear una cuestión de Reglamento.

El señor ROJAS.-

Señor Presidente, solicito que salude a todos los funcionarios públicos, especialmente a los de la seremi de Salud de la Segunda Región, que se encuentran en las tribunas.

Aplausos y manifestaciones.

El señor LEAL (Presidente).-

Solicito a las personas que se encuentran en las tribunas el debido respeto y silencio para que podamos abocarnos al tema que se acordó tratar en el Orden del Día de esta sesión.

Asimismo, pido a los señores diputados que mantengamos el orden y la calma para que esta sesión se desarrolle en las mejores condiciones.

Informe de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía acerca de las eventuales irregularidades cometidas en el Servicio Médico Legal, las que condujeron a la errónea identificación de los cuerpos humanos hallados en el “Patio 29” del Cementerio General de la Ciudad de Santiago.

“Honorable Camara:

Vuestra Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, facultada por la H. Corporación en calidad de Investigadora, pasa a informaros sobre la materia del epígrafe.

I. COMPETENCIA DE LA COMISIÓN, AL TENOR DEL ACUERDO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS QUE ORDENÓ SU CREACIÓN.

La Cámara de Diputados, en sesión 17ª, celebrada el día 2 de mayo de 2006, prestó su aprobación al proyecto de acuerdo N°54, patrocinado por las Honorables Diputadas señoras Allende, doña Isabel; Goic, doña Carolina; Muñoz, doña Adriana; Pacheco, doña Clemira; Pascal, doña Denise; Rubilar, doña Karla; Soto, doña Laura y Tohá, doña Carolina y por los Honorables Diputados señores Accorsi, Aguiló, Alinco, Alvarado, Ascencio, Becker, Bertolino, Burgos, Bustos, Ceroni, Chahuán; De Urresti, Díaz, don Marcelo; Duarte, Encina, Enríquez-Ominami, Escobar, Farías, Fuentealba; García, don René; Godoy, Hales, Jarpa, Jiménez, Kast, Leal, Masferrer, Meza, Montes, Moreira, Núñez, Ojeda, Paredes; Pérez, don José; Quintana, Silber, Súnico, Tuma, Uriarte y Walker, cuyo tenor es el siguiente:

PROYECTO DE ACUERDO

“Considerando:

Que, a partir de los días inmediatamente posteriores al 11 de Septiembre de 1973, el Patio 29 del Cementerio General de la ciudad de Santiago se empleó como centro de acopio de cadáveres y, luego, como lugar de inhumación ilegal de restos de víctimas de la represión política de ese tiempo.

Que, en un intento de ocultar su situación, aproximadamente ciento quince víctimas fueron enterradas ilegalmente en calidad de NN, sin que existiera ningún esfuerzo del Gobierno Militar de proporcionar información sobre su identidad, más concretamente, su política oficial fue de ocultar los hechos.

Que, avanzado el proceso de transición democrática y a partir de las investigaciones judiciales llevadas a cabo, se logró establecer que los cuerpos correspondiesen efectivamente a víctimas de la represión y se realizó un trabajo de investigación a cargo del Servicio Médico Legal, para identificar mediante el empleo de técnicas forenses clásicas como la comparación antropomórfica de víctimas y deudos, exámenes dentales y otros. Más adelante, se recurrió al empleo de técnicas más modernas de ADN, para efectuar comparaciones con el ADN almacenado en una base de datos de los familiares de muchos detenidos desaparecidos y fusilados en los días posteriores al Golpe de Estado.

Que, tras efectuarse los análisis en 1995, se entregaron los cuerpos a sus deudos, con una identificación que comenzó a ser puesta en duda, primero, por expertos forenses de la Universidad de Granada y, posteriormente, por expertos de la Universidad de Glasgow, Escocia, quienes informaron a la Fiscal de la Excma. Corte Suprema, doña Mónica Maldonado, sobre la existencia de errores en una muestra de, al menos, tres casos de personas mal identificadas.

Que, si bien todo parece indicar que existían antecedentes sobre la posible comisión de errores, no fue sino hasta hace pocas semanas que el director del Servicio Médico Legal reconoció la existencia de una errónea identificación de cuerpos humanos enterrados en el ‘Patio 29’ del Cementerio General de la ciudad de Santiago. En total, fueron cuarenta y ocho de los noventa y seis cuerpos encontrados en el lugar a los cuales se les asignó una identidad equivocada hace más de doce años, hecho reconocido recientemente por este servicio ante la justicia.

Que, conforme a la declaración del director del Servicio Médico Legal, en las investigaciones realizadas a los restos humanos de detenidos desaparecidos encontrados en el recinto, se cometieron errores graves, precisando que su repartición ha realizado, hasta la fecha, nuevas investigaciones y exámenes de ADN mitocondrial, que verifican que algunas osamentas no fueron identificadas adecuadamente.

Que, a fines de 2002, por algunos errores observados en las diferentes identificaciones realizadas por el servicio, se procedió a reestructurar la unidad encargada de estos reconocimientos. A partir de allí, se cambiaron todos los procedimientos y se empezó a usar una metodología diferente.

Que el Servicio Médico Legal es un servicio público centralizado, dependiente del Ministerio de Justicia, funcional y territorialmente desconcentrado a través de direcciones regionales dependientes de su Dirección Nacional, regida por las disposiciones de la ley N° 20. 065 y sus normas complementarias. Su objeto es asesorar técnica y científicamente a los órganos jurisdiccionales y de investigación en todo el territorio nacional, en lo relativo a la medicina legal, las ciencias forenses y demás materias propias de su ámbito.

Que es atribución exclusiva de la Cámara de Diputados fiscalizar los actos del Gobierno y, en esta materia, puede crear comisiones especiales investigadoras cuando la naturaleza de ella lo amerita.

Que la importancia de las funciones del Servicio Médico Legal exige un criterio riguroso en los métodos que emplea, cuanto más si su fin es asesorar técnica y científicamente a los órganos jurisdiccionales.

Que, en atención a las consideraciones expuestas y atendida la gravedad de los hechos enunciados, resulta fundamental que la Cámara de Diputados, en ejercicio de sus facultades exclusivas de rango constitucional, investigue estos hechos con la finalidad de esclarecerlos y establecer las responsabilidades políticas y funcionarias comprometidas.

La Cámara de Diputados acuerda:

Mandatar a la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, que, en carácter de Comisión Investigadora, examine las eventuales irregularidades cometidas en el Servicio Médico Legal, las que condujeron a la errónea identificación de los cuerpos humanos hallados en el ‘Patio 29’ del Cementerio General de la ciudad de Santiago, determine las responsabilidades involucradas y remita sus conclusiones -una vez aprobadas- a los órganos correspondientes, además de proponer las medidas conducentes para corregir las falencias del mencionado servicio.

La Comisión Investigadora deberá rendir su informe a la Corporación en un plazo no superior a sesenta días. Para el desempeño de su mandato podrá constituirse en cualquier lugar del territorio nacional. ”

II. ANTECEDENTES GENERALES

1. Origen histórico de los hechos investigados. Causas que originaron las dificultades en la identificación de los restos hallados en el Patio 29. Surgimiento de las primeras dudas al respecto[1].

En el país se detuvo a miles de personas, principalmente en operativos masivos. Algunos de los detenidos murieron a causa de la tortura, otros fueron ejecutados y luego sus cuerpos sin vida abandonados en la vía pública.

Los cadáveres de estas personas eran recogidos en las noches, por personal del Servicio Médico Legal y del Cementerio General de Santiago, y trasladados a este Servicio, donde se les practicaba una autopsia. En muchas ocasiones eran llevados directamente al Servicio Médico Legal por patrullas de militares o de Carabineros.

Un gran número no fueron identificados, a pesar de que algunos de ellos contaban con elementos para hacerlo y a sus familiares no se les permitió verlos cuando así lo solicitaron en el Servicio Médico Legal. Luego de permanecer algunos días en ese recinto, los cadáveres eran conducidos al Cementerio General de Santiago, donde se les sepultaba como N. N. en diversos lugares de ese cementerio, por ejemplo, en el Patio 29.

La Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación pudo establecer que al menos en dos oportunidades y en años posteriores, se efectuaron masivas remociones de los cuerpos inhumados en el mencionado Patio 29. En una ocasión para ser trasladados a la fosa común del cementerio y en la otra al crematorio, incluso después de la existencia de una orden judicial decretada en 1979, que lo impedía. Sin embargo, no se ha podido verificar el universo y características de los cuerpos removidos.

Recibidos los cuerpos como N. N. en el Servicio debía procederse a su identificación y a su autopsia para establecer la causa de muerte. Sin embargo, de acuerdo a los registros del propio Servicio, en muchos casos no se tomaron huellas dactilares, no se permitió a los familiares de personas que buscaban a desaparecidos examinar los cadáveres para su reconocimiento ni se hicieron en todos los casos autopsias en las que se registraran datos que luego pudieran contribuir a su identificación.

El Servicio Médico Legal archivó la documentación correspondiente al proceso de recepción, autopsia y sepultación de todos estos cuerpos. Ello incluye el acta de recepción de cada uno de ellos, en la que se indica el organismo que trajo al Servicio, en la mayoría de los casos tribunales militares o personal militar o de Carabineros. También se indica el lugar de su encuentro, aunque este último dato en algunos casos no es fidedigno, correspondiendo a veces al último lugar donde la patrulla correspondiente encontró cadáveres.

Los protocolos de autopsia difieren en su nivel de detalles, constatando en ellos que no se logró su identificación por parte del Servicio de Registro Civil, Servicio que tiene las huellas de prácticamente todas las personas. Sin embargo, sólo en algunos casos existen las muestras de dichas huellas que debieron ser tomadas en la autopsia.

Existe información de que los protocolos de autopsia eran remitidos al tribunal respectivo, en muchos casos tribunales militares. Luego se registraba un certificado de defunción emitido por el médico legista, la orden de sepultación, emitida por el juez militar o civil, la autorización que para ello emitía la oficina del Servicio del Registro Civil ubicada en el mismo Servicio y un comprobante del Cementerio General de la recepción del cuerpo. Existen nóminas en que se indican los protocolos de autopsias y las tumbas donde los cuerpos correspondientes a dichos protocolos fueron sepultados, pero el mismo funcionario que confeccionaba estas listas reconoció en la investigación judicial que puede haber errores o que los datos entregados por el Servicio podrían contener datos imprecisos.

a) Antecedentes del Cementerio General en 1973.

El Patio 29 está ubicado al interior del Cementerio General de Santiago. Por el norte limita con la Avenida México y sus límites internos, dentro del cementerio, son las calles O´Higgins o Central, al este; Los Aromos, al sur, y Los Maitenes al oeste.

El Cementerio se mantuvo cerrado entre los días 11 y 17 de septiembre. En esta última fecha asumió a su cargo un Delegado del Gobierno Militar.

b) Primeras investigaciones judiciales y prohibición de remoción.

La primera investigación judicial que logró avanzar en la búsqueda de detenidos desaparecidos y la preservación del Patio 29 se inició en noviembre de 1979, por denuncia de la Vicaría de la Solidaridad. Se refería a detenidos desaparecidos de Paine, donde hubo más de 70 víctimas, entre detenidos desaparecidos y ejecutados políticos. En ella se aportaron antecedentes sobre inhumaciones masivas e irregulares de cadáveres en el Patio 29. A raíz de esta investigación se logró precisar cuáles eran las tumbas que podían corresponder a cuerpos de víctimas de violaciones a los derechos humanos. Se realizó un cruce de los registros del cementerio y el Servicio de Registro Civil, que fueran de septiembre a diciembre de 1973, cuya muerte haya sido causada aparentemente por acción violenta, como heridas de bala, correspondientes en su mayoría a N. N. y que no hayan sido posteriormente removidas. Establecidas estas tumbas el juez prohibió su remoción o traslado.

Luego, en 1980 la investigación fue traspasada a un tribunal militar, el que no extendió su investigación a la inhumación ilegal en el Patio 29 ni se realizó ningún progreso durante los diez años que la tuvo a su cargo.

c) Definición de los lugares de inhumación y del universo de tumbas.

Una vez instalado el primer gobierno democrático, en julio de 1990, la Vicaría de la Solidaridad solicitó al Ministerio de Salud la instrucción de una investigación administrativa, a fin de establecer las infracciones a la normativa sanitaria en relación a la inhumación de cadáveres, ocurridas en fechas posteriores al once de septiembre de 1973 en el Patio 29 del Cementerio General. Esta investigación administrativa concluyó que en el Patio 29 existían 108 sepulturas, que contenían 128 cuerpos, 105 de ellos correspondían a personas no identificadas, inhumadas como N. N. y 23 a personas identificadas. Los cadáveres, de acuerdo a la investigación, presentaban múltiples heridas de bala como causa de muerte.

d) Primera exhumación sin resultados.

Antes de la exhumación general, en enero de 1991 se exhumaron los restos de la tumba 2665 del Patio 29, que según el registro del cementerio correspondía a un N. N. cuyo protocolo de autopsia era el N°3130, asignada a Ignacio Santander Albornoz, víctima de Paine de 16 años de edad. Al efectuar la exhumación se comprobó que la tumba tenía señales de remoción, pese a la anotación “no sacar”. Se encontraron restos óseos correspondientes a dos personas de sexo masculino, adultos, de aproximadamente 50 y 40 años respectivamente.

El resultado de la exhumación obliga a poner en duda, a lo menos en algún número determinado de casos, la veracidad o exactitud de los registros sobre las autopsias e inhumaciones de 1973.

e) Exhumación masiva e inicio del proceso general de identificación.

La Vicaría de la Solidaridad presentó una querella por inhumación ilegal en agosto de 1991. En ella se solicitaba la exhumación y posterior identificación de restos inhumados como N. N. en el Patio 29 del Cementerio General, a partir del 11 de septiembre y fines de diciembre del año 1973.

Entre los días 2 y 14 de septiembre de 1991 fueron exhumadas 107 tumbas, señaladas por la querella, en las que se encontraron 125 osamentas, las que fueron remitidas al Servicio Médico Legal, para ser examinadas. Estas exhumaciones fueron realizadas por el Equipo de Antropología Forense y el Servicio Médico Legal.

En 1997 fueron exhumadas otras tumbas que podían contener cuerpos de detenidos desaparecidos.

En el proceso de inhumación se estableció que los registros del Cementerio en varios casos, no eran correctos. No siempre se encontró en la sepultura el protocolo que el cementerio consignaba como enterrado allí; en otros casos el cementerio consignaba un cuerpo y se encontraron dos.

En el año 1993 se concluyeron las primeras identificaciones, en base a peritajes antropomórficos y odontológicos, entregándose un total de 23 víctimas. En 1994 se identificaron 50 víctimas, comenzando también a emplearse la técnica de superposición cráneo facial, de forma complementaria a los otros métodos. En 1995 fueron identificadas 19; en 1998 se identificó 1; en 1999 se identificó a 2 y el 2002 se identificó a la víctima número 96, la única que fue identificada tanto por métodos tradicionales como por empleo de ADN mitocondrial.

Del total de víctimas identificadas, 11 correspondían a personas detenidas en Paine en octubre de 1973; 16 detenidas en el Palacio de La Moneda y sus alrededores el mismo día del golpe de Estado, 2 detenidas en la industria Sumar y el resto detenidas en diversos lugares de Santiago y sus alrededores, entre septiembre y diciembre de ese año. Otras 30 osamentas no han podido ser identificadas y se encuentran aún pendientes en el Servicio Médico Legal.

f) Primeras dudas acerca del proceso de identificación.

En 1994 surgieron las primeras dudas acerca del proceso de identificación. Uno de los antropólogos del GAF que había participado en las exhumaciones y primeras pericias de los restos, entregó observaciones que diferían de algunas de las identificaciones hechas con posterioridad por el Servicio Médico Legal.

Lo ocurrido con ello, así como con el llamado Informe Glasgow y con el informe emitido por la Universidad de Granada, es analizado detalladamente en el presente informe.

g) Surgimiento de evidencia y peritajes contradictorios con identificaciones anteriores.

Dos hechos contribuyeron a reforzar las dudas que se ya se habían originado.

El primero provino de las conclusiones de la Mesa de Diálogo. La información proveniente de ésta, que posteriormente se ha verificado incompleta y en algunos casos falsa, permitió reconstituir parte de lo ocurrido a algunas víctimas que habían sido detenidas juntas. Varias habrían sido identificadas en el Patio 29 y otras habrían sido objeto de un destino diferente. Si bien el informe de las F. F. A. A. no mencionar como lanzadas al mar a víctimas identificadas en el Patio 29, al concluir que personas detenidas junto con los identificados corrieron una suerte tan distinta sin existir motivos para ello, constituía una duda razonable.

Por otra parte, el avance de las investigaciones judiciales en dos casos específicos reforzó esta misma contradicción. Ellos son los casos de los detenidos desaparecidos de Paine y del Palacio de La Moneda.

En el primero de estos procesos se investiga la desaparición de 26 campesinos detenidos un mismo día en octubre de 1973. El avance de la investigación ha permitido concluir que los detenidos fueron ejecutados y sus cuerpos inhumados ilegalmente en el sector de Melipilla, y que en 1978 los restos fueron exhumados ilegalmente, sin que hasta la fecha hayan sido encontrados. Ello se puede relacionar con lo dicho por las Fuerzas Armadas en el Informe de la Mesa de Diálogo, en el que se señala que parte de este grupo habría sido lanzado al mar. Seis de los detenidos desaparecidos de Paine en octubre de 1973, no incluidos en la información de las F. F. A. A. habrían sido identificados en el Patio 29 y posteriormente el examen de ADN mitocondrial realizado recientemente habría arrojado un resultado excluyente.

Para aclarar la discrepancia y verificar la identificación hecha a una de estas personas, el 2004 se realizó la exhumación de uno de los cuerpos identificados en el Patio 29, correspondiente al señor Patricio Duque Orellana. Las pericias realizadas por la Unidad Especial de Identificación de DD. DD. , consistentes en pericias antropológicas y odontológicas, determinaron la existencia de compatibilidad antropológica general entre la osamenta y el Sr. Duque. Sin embargo, los exámenes de ADN mitocondrial, determinaron que genéticamente la osamenta entregada no correspondía a él.

Una conclusión similar arrojó la investigación judicial de las víctimas detenidas en el Palacio de La Moneda. El grupo de detenidos desaparecidos de La Moneda, entre los que se encontraban miembros de la guardia presidencial, así como asesores del Presidente Allende y funcionarios de gobierno, fueron conducidos al Regimiento Tacna, en el centro de Santiago. La investigación judicial de estos hechos ha encontrado evidencia de que, en días posteriores, un grupo de 24 de estas personas fueron conducidas en camiones militares a un recinto del mismo regimiento, denominado en la actualidad Fuerte Arteaga. Ahí habrían sido ejecutados e inhumados. Con posterioridad, como parte de la operación “retiro de televisores”, habrían sido exhumados y lanzados al mar. Este relato es también coincidente con lo informado en la Mesa de Diálogo respecto de aquellas víctimas de este grupo que no estaban identificadas como correspondiente al Patio 29. De ellas se informó que habían sido lanzadas al mar. La fosa donde estas personas habrían sido enterradas y luego sus restos removidos ha sido aparentemente encontrada y se han podido ubicar algunos fragmentos que son parte de los casos pendientes de identificación. Ello se contradice con la identificación de 11 de las personas que eran parte de este grupo entre los restos hallados en el Patio 29.

Sin embargo, otro grupo de miembros del dispositivo de seguridad del Presidente Allende, que fue detenido cuando intentaban llegar hacia La Moneda, no habrían sido conducidos al referido regimiento y ellos si podrían haber sido sepultados en el Patio 29, lo que refuerza la importancia de considerar los elementos históricos en el proceso de identificación, en conjunto con los científicos.

Otro ejemplo en igual sentido lo constituye el caso de tres trabajadores de la empresa Sumar, que luego de ser detenidos en el interior de la empresa en días posteriores al golpe militar, sus cadáveres fueron encontrados en la vía pública, en la carretera general San Martín, con huellas de múltiples heridas de bala y vendas en los ojos. Sus cuerpos fueron remitidos al Servicio Médico Legal. En el mes de octubre de 1973 la familia de uno de ellos, Ofelia Villarroel, pudo conocer su lugar de entierro en el Patio 29 y realizar gestiones para que se autorizara su exhumación y traslado. Una vez obtenida la autorización, se procedió a abrir la sepultura, constatando que dentro del ataúd en que estaba Ofelia Villarroel, se encontraban otros dos cadáveres de sexo masculino, puestos en la parte inferior del ataúd. Una vez retirado el cuerpo de la víctima, los sepultureros vuelven a inhumar los otros dos cuerpos. Esta situación hace presumir que los otros dos cuerpos que estaban en el ataúd puedan corresponder a los otros dos trabajadores o, que, al menos, éstos también hayan sido sepultados en el Patio 29.

Ambos detenidos desaparecidos de SUMAR son parte de los 96 identificados en el Patio 29 en los años 90. Ellos fueron encontrados en tumbas separadas y distintas a aquella en que fue encontrada su compañera de trabajo en el año 1973. En uno de ellos el resultado del examen de ADN mitocondrial practicado recientemente fue de “No Excluyente” y en el otro este examen no pudo realizarse debido a que no cuenta con familiares donantes en Chile.

h) Revisión del proceso de identificación y realización de nuevas pericias.

En julio de 2003 se asignó la investigación judicial del patio 29 al Ministro de la Corte de Apelaciones, don Sergio Muñoz. Éste ordenó hacer carpeta individual por osamentas con los antecedentes documentales de inhumación, exhumación y otros. Solicitó al Servicio Médico Legal y a una perito ad-hoc realizar un análisis documental. Se enfatizó en comparar las autopsias realizadas en el año 1973, con los estudios de osamentas realizadas en 1991. Paralelamente se ordenó ubicar a familiares de las víctimas identificadas con el objeto de completar en Banco de ADN de familiares donantes.

Durante la investigación del Ministro Muñoz, al interrogar a las personas encargadas de recoger los cuerpos que se encontraban en la vía pública, declararon que el sitio del hallazgo no coincidía necesariamente con aquel que se consignaba en los registros, sino que usualmente registraban el último lugar de encuentro de cuerpos en su recorrido. Como la mayoría de los cuerpos venían desnudos, las ropas eran distribuidas en las tumbas una vez que habían sido colocados en ellas, sin que necesariamente correspondieran a los cadáveres.

A raíz de la conclusión contradictoria en la identificación de Patricio Duque Orellana, ordenada en el proceso que investigaba los hechos ocurridos en Paine, además de las inconsistencias detectadas en el estudio documental de los casos identificados, el Ministro Muñoz dispuso la exhumación de la mayor parte de los restos que habían sido identificados anteriormente, desde sepulturas definitivas en distintos cementerios de la Región Metropolitana y otros lugares del país e incluso en el extranjero, a fin de realizar nuevas pericias médico legales que permitieran ratificar o no las identificaciones realizadas por el Servicio Médico Legal en su oportunidad. Ordenó realizar exámenes de ADN mitocondrial a las 96 osamentas identificadas y entregadas del Patio 29. En razón de ello se exhumaron completamente 30 osamentas (a la que se agrega la osamenta identificada anteriormente como Duque Orellana) y 62 fueron exhumadas para extraer muestras y luego inhumadas. Sólo en 3 casos esta diligencia no pudo efectuarse por encontrarse sepultadas fuera del país (2 en Bolivia y 1 en Uruguay).

En el 2005, cuando el Ministro Muñoz asumió como Ministro de la Corte Suprema, se reasignó la investigación al Ministro de la Corte de Apelaciones Sr. Carlos Gajardo, quien la tramita hasta la fecha.

El 19 de abril de 2006, el Ministro Carlos Gajardo, en conjunto con el Servicio Médico Legal, dio a conocer a las directivas de las agrupaciones de familiares los resultados del informe pericial del Servicio Médico Legal en relación a los análisis de ADN de las 89 víctimas del Patio 29 respecto de las cuales habían muestras de sus familiares en el banco de datos de ADN del Servicio. Este informe dio cuenta que en 48 casos los resultados eran “Excluyentes” (la identificación efectuada anteriormente no correspondía a la víctima identificada) ; en 37 casos los resultados fueron “No excluyentes” (no se puede descartar el linaje materno con la víctima identificada, pero coincide también con otras víctimas) y en 4 casos los resultados fueron “Inconcluyentes” (no se puede afirmar o descartar el linaje materno).

2. Nociones generales sobre el proceso identificatorio de restos humanos.

A) Mecanismos de identificación.

La identificación[2] de un cadáver o restos de él, constituye una tarea importantísima no solo en el ámbito de la investigación criminal sino que también en el área social del individuo, por lo que en los casos en que se desconoce su identidad se recurre al empleo de diversos métodos o técnicas de identificación, las que, a fin de llegar a datos más concluyentes, suelen usarse conjuntamente. Esto se explica porque en el proceso de identificación puede suceder que determinadas técnicas sean más efectivas que otras, dependiendo del estado del cuerpo o sus restos y data de muerte. Por esta razón, los expertos sostienen que “ninguna técnica debe despreciarse pues a veces el resultado de una identificación plena puede depender de la utilización conjunta de varios de estos métodos”[3] , que a su vez, pueden ser complementados con otros antecedentes que se tengan del individuo, tales como registros dentales; datos morfológicos[4] , antropológicos y dactiloscópicos (registros dactilar).

Reafirmando lo anterior, Carrera Carbajo sostiene que “el proceso de identificación, en cuanto a la metodología de actuación, no es fácil de ajustar a normas o pautas preestablecidas, por lo que la forma de la muerte, la etiología (causa) de la misma, el estado de conservación de un cadáver, y otras circunstancias, son factores que influyen en el orden de los pasos a seguir”[5]. La relación entre los métodos técnicos de identificación y los datos entregados por familiares y amigos, se denomina necroidentificación[6] , proceso en el que intervienen distintos especialistas, tales como expertos en identificación genética, médicos forenses, y peritos policiales.

Entonces, frente al hallazgo de un cuerpo o sus restos cualquiera sea su condición, se desencadena una investigación tendiente a lograr la identificación del individuo, las causas de su muerte, e incluso la identificación de los victimarios. En este contexto, se utilizan las técnicas de identificación forense que se divide en identificación policial, médico legal y odontología legal. La facultad de Odontología de la Universidad Nacional San Luís Gonzaga de Perú[7] , en su curso de medina legal, describe estas técnicas:

a) Identificación policial. La técnica policial de identificación se subdivide a su vez en el reconocimiento por parte de familiares o amigos, y en la descripción física. Este último aspecto considera:

i) Antropometría. Desarrollada alrededor de 1840 por Quetelet técnico belga en estadística, y consiste en la medición de la cabeza, orejas, pies, tórax y talla de los criminales.

ii) Bertillonaje. Medición y registro de las dimensiones del esqueleto. Técnica desarrollada por Alphonso Bertillón de la Policía de París en 1870.

iii) Retrato Hablado. Sistema de descripción sistemática de una persona: color, morfología, marcas indelebles, características generales de las cuales la más destacable son las orejas[8]. Se puede obtener del análisis de cráneos.

iv) Fotografía

v) Dactiloscopia. Identificación mediante el análisis de las huellas dactilares.

b) Identificación odontográfica legal. Método en que se utiliza principalmente el análisis de las piezas dentales.

c) Identificación Médico Legal. Este sistema de identificación consiste en el análisis:

i) Serológico, esto es, la determinación del grupo sanguíneo y de los sistemas enzimáticos.

ii) Radiológico, que consiste en el estudio de los senos frontales, de fracturas o deformaciones radiografiadas.

iii) Patológico.

iv) Diagnóstico de edad. Se realiza a través del análisis de los puntos de osificación, la evaluación dentaria y tablas especiales. Diagnóstico de talla a través de la medición por medio de tablas y formulas especiales.

v) Diagnóstico de sexo, que se realiza a través del análisis de la pelvis ósea; el cráneo y maxilar inferior; y los órganos sexuales.

vi) Diagnóstico de raza, que considera los índices craneales y pélvicos, el color de la piel y los ojos, el color y tipo de pelo, las glándulas sudoríparas axilares.

En la técnica de identificación médico legal o forense, trabajan conjuntamente médicos y antropólogos físicos forenses. La Medicina legal y forense puede ser definida como la “especialidad que engloba toda actividad médica relacionada con el poder judicial”[9] , por lo que suelen depender de los Ministerios de Justicia, tal como sucede en Chile. Por su parte, la antropología forense, que es parte de la antropología física forense, es la encargada de la “identificación de restos humanos esqueletizados dado su amplia experiencia con la biología y variabilidad del esqueleto humano.

También puede determinar, en el caso de que hayan dejado marcas sobre los huesos, las causas de la muerte, para tratar, conjuntamente con el arqueólogo forense, criminalista de campo y médico forense, de reconstruir la mecánica de hechos y la mecánica de lesiones, así como aportar, de ser posible, elementos sobre la conducta del victimario por medio de indicios dejados en el lugar de los hechos y el tratamiento perimortem y posmortem dado a la víctima”[10].

Dentro de las técnicas de investigación de la medicina y antropología forense, cabe mencionar que más recientemente se ha incorporado la genética forense, la que se define como “el uso de ciertas técnicas empleadas en genética para la identificación de los individuos en base al análisis de los polimorfismos del ADN”[11]. Las características y la utilización de este método en la identificación de cadáveres y restos óseos son descritas en el siguiente capítulo.

B) Genética forense

El desarrollo científico ha permitido la introducción de la identificación con ADN o huella genética en la identificación unívoca de los individuos, técnica que se utiliza ya sea para determinar casos de paternidad, la responsabilidad en un hecho criminal, o más recientemente para determinar la identidad de un sujeto a través del análisis de un cadáver o los restos de éste.

¿Pero qué es el ADN y cuál es su función?

El ADN, abreviatura de Ácido Desoxirribonucleico es una molécula que contiene la información genética de los organismos. Fue identificado por primera vez como sustancia nucleína por el biólogo suizo Friedrich Miesche en 1868. Posteriormente, en 1944 el médico inglés Oswald Avery, descubre que el ADN es el material que constituye los genes y los cromosomas. De este modo, Manuel Santos nos dice que el ADN es “semejante a una escalera doblada en forma de hélice, cuyos «largueros» están formados por moléculas de azúcar unidas a fosfato, y los «peldaños», por moléculas denominadas bases nitrogenadas (que se denominan como «letras»).

Existen cuatro bases nitrogenadas en el ADN: A (adenina) , G (guanina) , T (timina) y C (citosina). Siempre A se une con T y G con C, por lo tanto existen sólo dos tipos de peldaños: A-T y G-C. Toda la información genética reside en la ordenación particular de estas cuatro «letras». Los genes tienen una secuencia específica de miles de esas «letras»: los genes humanos contienen desde mil 500 hasta dos millones de bases nitrogenadas. Generalmente, un gen corresponde a una función específica, como por ejemplo, la formación de una proteína que cumple un rol en las complejas vías metabólicas que presentan las diferentes células de nuestro organismo”[12].

El ADN reside en el núcleo celular, y su función es dar las instrucciones para fabricar un ser vivo idéntico a aquel del que proviene (o casi similar, en el caso de mezclarse con otra cadena como es el caso de la reproducción sexual).

¿Cuándo comienza a utilizarse como técnica de investigación criminal?

Al uso de la técnica que identifica el ADN de los individuos se le denomina también huella genética, la que se define como un método que sirve para “distinguir a un individuo de entre otros de la misma especie usando sólo muestras de su ADN” [13]. Fue utilizada por primera vez en 1985 por Alec Jeffreys de la Universidad de Leicester para resolver un caso de inmigración de un joven proveniente de África, que de vuelta de un viaje a su país no tenía la documentación requerida, por lo que se le impedía ingresar al Reino Unido. El ADN demostró el parentesco con su madre de nacionalidad británica. Dos años más tarde, en 1987, esta técnica fue nuevamente utilizada pero esta vez directamente en caso criminal al identificar a un agresor sexual y a un asesino y violador[14]. Ambos casos no pudieron ser resueltos utilizando los métodos clásicos de identificación criminal. Desde ahí en adelante esta técnica se utiliza normalmente. Gran Bretaña[15]. Estados Unidos ha desarrollado bases de datos genéticos para la identificación criminal, proceso que también se ha iniciado en Alemania, Austria, Países Bajos, Noruega, Suecia y Francia.

La identificación del ADN

En genética forense existen distintos análisis del ADN, y para comprenderlos es importante saber, en el entendido de que el ADN se encuentra en la célula humana, que existen desde el punto de vista de su ubicación dos clases de ADN al interior de ésta, el cromosómico o nuclear y el que encuentra en el citoplasma celular.

Manuel Santos[16] nos aclara que la célula “contiene aproximadamente un metro y medio de ADN, que está dividido en 46 segmentos que, a su vez, constituyen los 46 cromosomas. Éstos se forman en el momento de la fecundación de un óvulo (que posee 23 cromosomas) por un espermatozoide (que aporta los otros 23). Los 46 cromosomas corresponden a 44 denominados autosomas (22 parejas de cromosomas homólogos) y una pareja de cromosomas sexuales (XX en la mujer y XY en el varón). Cada cromosoma está formado por una molécula de ADN. En los 22 pares de autosomas y en el par sexual X e Y, existen aproximadamente 25 mil genes”[17].

Respecto al ADN en el citoplasma celular (región situada entre la membrana y el núcleo) , “se trata del genoma mitocondrial, que contiene alrededor de 16 mil 600 «letras» (de secuencia conocida) y 37 genes (conocidos) involucrados con la función energética mitocondrial: (en el citoplasma se producen las proteínas para el funcionamiento energético del ser humano). Este ADN se transmite exclusivamente por vía materna: una madre transmite su ADN mitocondrial a todos sus hijos e hijas. En contraste con este tipo de herencia, en el caso de los genes localizados en el cromosoma sexual Y, éstos se transmiten exclusivamente por vía paterna. Es decir, un padre sólo transmite su ADN del cromosoma Y a sus hijos varones”[18].

En este contexto, un aspecto relevante en la investigación genética, lo constituye el hecho que sólo una pequeña parte de toda la molécula hace que los seres humanos sean únicos y por tanto diferentes a otros.

Desde el punto de vista funcional, tenemos dos clases de ADN, el codificante o expresivo y el no codificante o no esencial:

a) ADN codificante o expresivo: Los genes que contienen este ADN tienen la propiedad de codificar la fabricación de proteínas que actúan a nivel celular y que se expresan en la persona como un carácter individual y que puede ser normal o patológico. Es importante para la genética clínica. No todo ADN que conforma el genoma es codificante.

b) ADN no codificante o no esencial: No codifica proteínas lo que ha llevado a denominarlo “chatarra” o “ basura” al desconocerse, por el momento, su función. Este ADN ha demostrado una gran utilidad a la Medicina Forense, ya que permite la identificación individual resolviendo numerosos problemas médico-legales”[19]. “. Puede ser a su vez de dos tipos: ADN espaciador, el cual está formado por una secuencia sencilla de bases que se dispone entre regiones codificantes del genoma; y ADN repetitivo, que lo forma una secuencia que, al contrario del anterior, se dispone por todo el genoma debido a la existencia de múltiples copias.

En genética forense, dada su gran variabilidad entre los individuos, se analiza el ADN no codificante[20] : el análisis del ADN del gen[21] , también llamado cromosómico; y el análisis del ADN de la mitocondria. Los primeros se ubican en el núcleo de la célula, mientras que los mitocrondriales se ubican en el citoplasma de la célula entre la membrana y el núcleo.

a) ADN genómico o nuclear: En el análisis forense del ADN genómico, se estudian los marcadores genéticos situados en los diferentes cromosomas o secuencias repetidas en lo que se denomina tandem o VNTR (Variable Number of Tandem Repeats) , es decir regiones hipervariables del ADN humano que difieren entre sí. El ADN de los cromosomas se hereda de ambos padres.

b) ADN mitocondrial: Tiene como característica que su herencia es siempre materna. “Su tamaño es pequeño, aproximadamente 8000 veces menor que el tamaño medio del ADN de un cromosoma nuclear. Sin embargo, mientras que una célula sólo posee una copia del ADN de un determinado cromosoma individual, una mitocondria puede tener varias del ADN mitocondrial y en una célula suelen haber varios cientos de mitocondrias. Ello significa que el número de copias del ADN circular mitocondrial en cada célula es de varios miles. Los genes del ADN mitocondrial se distribuyen entre sus dos cadenas.

Cuenta con un total de 37 genes de los que la mayor parte han de usarse para la maquinaria de síntesis de proteínas: 22 para ARN[22] de transferencia, activadores de los aminoácidos que se han de ensamblar como proteínas y 2 para los ARN ribosomales. Por tanto, solo restan 13 genes que sirven para codificar ARN mensajeros y, por tanto, a 13 proteínas. Estas proteínas suelen ser subunidades de enzimas o de componentes proteicos mitocondriales de gran importancia”[23].

Dada estas características, el ADN mitocondrial es una fuente más resistente de información genética, por lo que se utiliza justamente cuando el ADN nuclear está dañado. El análisis de ADN mitocondrial toma mucho más tiempo que el nuclear y es también más costoso, y se aplica por lo general en muestras forenses de cabello, dientes, huesos, etc.

3. Normas jurídicas aplicables a los peritos del Servicio Médico Legal a la época en que ocurrieron los hechos que investigados.

En primer lugar, se hace necesario entender que se entiende por prueba pericial o informe de peritos. Según algunos autores ello es la opinión o parecer de persona especializada en una profesión, arte u oficio acerca de algún objeto o hecho que cae dentro de la esfera de su conocimiento, con el fin de que, aportando sus máximas de experiencia, el juez se ilustre y resuelva adecuadamente el litigio.

Actualmente, la actuación de los peritos del Servicio Médico Legal se rige por su ley orgánica N° 20. 065, sobre modernización, regulación orgánica y planta del personal de dicho servicio y por las disposiciones pertinentes del nuevo Código Procesal Penal. Sin embargo, en la época que ocurrieron los hechos investigados (década del 90) éstos se regían por las normas contenidas en el D. F. L. N° 196, que fija el estatuto orgánico del Servicio Médico Legal y por las disposiciones pertinentes del Código de Procedimiento Penal.

Ahora bien, antes de la Reforma Procesal Penal, esto es bajo la vigencia del antiguo Código de Procedimiento Penal la característica central sobre la cual se estructuraba la prueba pericial en el sistema procesal inquisitivo radicaba en que los peritos eran concebidos fundamentalmente como “auxiliares de la administración de justicia”, vale decir, como expertos que ponían su conocimiento especializado al servicio de las necesidades de convicción del tribunal, sin considerar para nada los intereses de las partes o comportándose en forma completamente neutral o imparcial respecto de ellas.

El trabajo de los peritos estaba exclusivamente al servicio de las necesidades de conocimiento del juez. Por lo mismo, su designación quedaba entregada básicamente a dos hipótesis: a) Casos en los que la ley expresamente indicaba la necesidad de contar con una opinión experta, y b) En el resto de los casos, la decisión quedaba entregada fundamentalmente a la decisión discrecional del propio juez.

Asimismo, el artículo 221 del Código de Procedimiento Penal establecía que al designar un perito el juez debía privilegiar a los integrantes de servicios públicos o reparticiones estatales de distinta naturaleza. Sin perjuicio de ello, el juez podía designar a alguien distinto, en la medida que se hubieren acreditado ante los tribunales, y, como elemento esencial, que formaren parte de las listas confeccionadas por las Cortes de Apelaciones y aprobadas cada dos años por la Corte Suprema.

Con todo, el Código también permitía que el juez designara a otras personas fuera de este sistema.

Junto con ello, la valoración de la prueba pericial estaba sometida a la lógica de la prueba legal o tasada, vale decir, el legislador establecía en abstracto la forma en que el juez debía apreciar el valor probatorio de la pericia.

En relación con la forma de rendir la prueba pericial, ésta era centralmente concebida como un informe o dictamen escrito.

Las normas del Código de Procedimiento Penal, atingentes a los peritos del Servicio Médico Legal son las siguientes:

-El artículo 221 establece en sus incisos primero y segundo que “El juez pedirá informe de peritos en los casos determinados por la ley, y siempre que para apreciar algún hecho o circunstancia importante, fueren necesarios o convenientes conocimientos especiales de alguna ciencia, arte u oficio.

En las comunas o agrupaciones de comunas en que exista un servicio público costeado con fondos fiscales o municipales destinado a practicar actuaciones o diligencias periciales de la naturaleza de las requeridas por el tribunal para el proceso, deberá encargarse de preferencia a dicho servicio evacuar el respectivo dictamen pericial y en caso de que alguno de los empleados de esa oficina sea designado nominativamente para efectuar la diligencia, no tendrá remuneración especial por esta labor. ”

-En los artículos 121 y siguientes se establecen reglas para la comprobación de delitos como el homicidio, donde también se regula en forma expresa la participación del Servicio Médico Legal.

El segundo cuerpo legal que se aplicaba a los peritos era el D. F. L. N°196, que fija el texto de la ley orgánica del Servicio Médico Legal.

Éste mantuvo su vigencia hasta la fecha de publicación de la ley N°20. 065, que ocurrió el 21 de octubre del año 2005.

El artículo 2° del citado DFL vigente hasta el año 2002 (fue modificado por la ley

N° 19. 806) establecía lo siguiente: “Artículo 2. El Servicio Médico Legal asesorará a los Tribunales de Justicia en materias médico-legales y colaborará con las Cátedras de Medicina Legal de las Universidades del país. ”

El artículo 3° letra a) vigente a esa época señalaba que “Le corresponderá, especialmente, al Servicio Médico Legal:

a) Emitir informes médico-legales a petición de los Tribunales de Justicia;”.

En el artículo 12 letras a y b) se establecía que “Las funciones del Director serán las siguientes:

a) Dirigir y administrar el Servicio;

b) Velar por la corrección en el cumplimiento de las órdenes judiciales y en la técnica de los trabajos científicos y por el secreto de los procedimientos médico-legales; “

Finalmente, el último cuerpo normativo aplicable es el Reglamento orgánico del Instituto Médico Legal, “Doctor Carlos Ibar” y de los Servicios Médicos Legales del país, contenido en el D. S. N°427, del año 1943.

El artículo 6° de este reglamento establece: “Los médicos legistas y demás personal técnico gozarán de la más absoluta autonomía en el estudio e interpretación de las cuestiones que se sometan a su conocimiento, respondiendo personalmente de los informes que emitan. ”

Por su parte el artículo 40 consagra que: “Los Médicos Examinadores emitirán sus informes con criterio personal y absoluto dentro de los plazos y de acuerdo con las instrucciones en cuanto a la forma que les señale el director del Instituto. ”

III. -RELACIÓN DEL TRABAJO DESARROLLADO POR LA COMISIÓN EN EL CUMPLIMIENTO DE SU COMETIDO Y EXPOSICIONES DE LAS PERSONAS QUE CONCURRIERON.

La Comisión, en el cumplimiento de su cometido, celebró 22 sesiones ordinarias y especiales y procedió a escuchar las opiniones y las declaraciones de las personas invitadas y citadas, cuya nómina es la siguiente:

1

Asimismo, durante la realización de su cometido, vuestra Comisión estructuró su trabajo sobre la base de la determinación de hechos sobre los cuales se suscitó controversia y que motivaron la investigación por parte de ella. Estos hechos son:

1. ¿Cómo se llegó a la actual situación de incertidumbre respecto a la identificación de las personas inhumadas en el Patio 29?

La abogada Pamela Pereira, en testimonio presentado ante la Comisión afirmó, como consta en la querella interpuesta en agosto de 1991 por el Obispo don Sergio Valech, en la cual, por encargo de la Vicaría de Solidaridad tuvo la responsabilidad de tramitarla, ya en noviembre de 1979, el Vicario de la Solidaridad denunció ante el ministro Espejo, de la Corte de Apelaciones Presidente Aguirre Cerda, la inhumación masiva de personas en el patio 29 del Cementerio General.

El ministro de Corte mencionado por ese tiempo investigaba en la causa rol 24005-1 la situación del denominado “caso Paine”, relativo a la detención, en la noche del 16 de octubre de 1973, de 24 personas por una patrulla de la Escuela de Infantería de San Bernardo, al mando del Teniente Andrés Magali. A todos los detenidos se los hizo desaparecer. Uno de ellos era su padre, Andrés Pereira Salsberg.

Los antecedentes que motivaron esa primera actuación de la Iglesia daban cuenta de trescientas fosas, las que en cierto lugar del cementerio era posible identificar, por tener cruces con las letras N N. El ministro Espejo se constituyó en el patio 29; se levantó un acta que, entre otros aspectos, consigna que las víctimas empiezan a aparecer registradas en el Cementerio a partir del 12 de octubre de 1973, fecha en que empezaron a llegar provenientes del Instituto Médico Legal.

Por ese tiempo, en el Cementerio General la dictadura había nombrado a un delegado de gobierno, y éste en su oportunidad declaró: “Las tareas relativas a la sepultación de cadáveres y a la anotación de los datos respectivos en los libros era llevada por personal militar que, entiendo, era designado por sus superiores. Recuerdo que ellos me solicitaban que tuviera personal suficiente para efectuar las sepultaciones que en ese período aumentaron en forma considerable. ” Él se refiere al período octubre 73 a enero o febrero del 74, en el cual opera el patio 29.

Este ministro, para proteger el patio 29, en noviembre de 1979 ordenó al director del Cementerio que sin previa autorización del tribunal “no podrá procederse a la incineración, exhumación o traslado de las personas enterradas como NN, correspondientes al patio 29 del cementerio que usted dirige. ”

Después, el ministro se declaró incompetente para seguir conociendo el “caso Paine”, al constatar la efectividad de la participación militar de la Escuela de Infantería de San Bernardo en la detención y desaparecimiento de ese grupo de víctimas.

Así, este proceso fue a dar al Segundo Juzgado Militar, y estando en el ámbito de la justicia militar, el ministro Bañados, que integraba la Corte Marcial y la presidía en cuanto civil a quien le correspondía integrar la Corte ese año, reiteró la orden del ministro Espejo.

Estas resoluciones explican por qué el patio 29 no puede ser intervenido de ninguna manera.

Es necesario precisar que en el patio 29 están los restos de víctimas ejecutadas en los meses inmediatos después de ocurrido el golpe militar. Se trata de cadáveres que se acumulaban a orillas del río Mapocho, del canal San Carlos y otros lugares públicos, cuyo proceso de descomposición público generaba gran impacto en la prensa internacional, y en lo interno, graves problemas de salud pública. Se trata de la primera fase represiva, masiva y un tanto indiscriminada del régimen militar.

La mayor dificultad para conocer sus identidades es que no se trata, como en las etapas posteriores, de militantes de partidos políticos víctimas de la represión, y que por su condición se sabía quiénes eran. En este caso, se trata de ciudadanos que fueron sorprendidos por el toque de queda o que por cualquier otra razón fueron victimados y quedaron botados en la calle.

Dados los antecedentes con que se contaba, en agosto de 1990, recién instalada la democracia y con el objeto de obtener mayor información, don Sergio Valech solicitó al subsecretario de Salud de ese momento una investigación administrativa en el Cementerio General. Dicha investigación se hizo en un hospital del área norte de Santiago.

Al mismo tiempo, en el Tercer Juzgado del Crimen se instruía una querella por el delito de secuestro de Domingo Blanco Tarrés, integrante del Grupo de Amigos Personales del Presidente Allende. Se trataba del jefe de los GAP, conocido como “Bruno”. Él fue uno de los detenidos el 11 de septiembre de 1973 en La Moneda.

En el contexto de esa investigación, solicitaron que se realizaran diligencias que ayudaran a obtener información sobre el patio 29. En virtud de tales peticiones, la jueza Dobra Luksic se constituyó en el Instituto Médico Legal.

A partir de esas fuentes de información y de datos que llegaban a la Vicaría de la Solidaridad, en agosto de 1991 se podía concluir lo siguiente:

Que en el patio 29 había ciento veintitrés sepulturas, correspondientes a ciento cinco personas sin identificar y diecisiete identificadas, sepultadas allí entre octubre y diciembre de 1973;

Que en el Instituto Médico Legal había ciento cinco protocolos de autopsias de personas NN, todas víctimas de homicidios;

En ese entonces, la investigación del hospital del área norte determinó que en algunos casos se habían enterrado dos cuerpos por tumba. Según versiones de los empleados del cementerio, en septiembre de 1973 se habrían enterrado personas que no pasaron por el Instituto Médico Legal, sino que fueron directo al cementerio.

En este proceso está prácticamente reconstituida la historia completa de cómo operó el patio 29, que estaba al mando del coronel Larraín y de un equipo militar, donde se operaba al margen de la institucionalidad administrativa del Cementerio General. En otras palabras, la historia de cómo los militares se tomaron ese lugar y cómo se enterraban esos muertos.

Dado que el Cementerio General se encontraba en el territorio jurisdiccional del 22º Juzgado del Crimen, allí se presentó la querella tantas veces aludida, la del patio 29, que hoy tramita un ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Santiago, el señor Carlos Gajardo.

En el año 1990, cuando la magistrada del Tercer Juzgado del Crimen se constituyó en el Instituto Médico Legal, encontró en sus frigoríficos restos humanos que podían corresponder a detenidos desaparecidos. Se trataba de catorce cuerpos de detenidos desaparecidos correspondientes también a personas de la zona de Paine, detenidos días antes que el grupo de su padre.

Si bien la magistrada hace el hallazgo, la investigación la asumió el ministro en visita Germán Hermosilla.

Estos cuerpos estuvieron en el Instituto Médico Legal desde marzo de 1974 hasta que se los sepultó, previa identificación, en enero de 1991.

Concluyó que: el caso del Patio 29 representa, sintetiza y evidencia una política de Estado destinada a ocultar crímenes.

Para que esa política pudiera materializarse, requería de un aparato institucional, de organismos públicos, de jerarquías que operaban en la toma de decisiones y de funcionarios que ejecutaban tales decisiones. Todos debían responder a ciertos procedimientos diseñados al efecto. Para estos fines, se utilizó al Instituto Médico Legal, al Cementerio General y al Registro Civil.

Por su parte, la Jefa del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, señora Raquel Mejías señaló que en el proceso que llevaba el magistrado del Quinto Juzgado del Crimen de Santiago se llegó a establecer que resultaba muy difícil que las víctimas de La Moneda hubieran sido sepultadas en el Patio 29.

El expediente más bien apunta a que todos fueron asesinados en Peldehue y enterrados en una fosa que cavaron después y de la que no se encontraron restos.

Por su parte, en el proceso llevado por la ministra Elgarrista, se llegó a determinar que un grupo de la gente de Paine había sido llevada a Melipilla y que ahí los habrían asesinado y enterrado en una fosa. Sin embargo, el Servicio Médico Legal había establecido, al igual que en el caso de La Moneda, que los restos de algunas víctimas de Paine se hallaban en el Patio 29. [24]

El magistrado Sergio Muñoz, al constatar inconsistencias en la identificación de detenidos desaparecidos, mediante el oficio 397, de 2 de febrero de 2005, ordena la reexhumación 69 casos del Patio 29. Posteriormente el análisis se extiende a la totalidad de ellos, con excepción de tres que se encontraban en el extranjero. A éstos se les aplicaron técnicas de identificación de ADN mitocondrial, en el Laboratorio de ADN del Servicio Médico Legal.

Tales exámenes revelaron que habría 48 casos mal identificados.

La antropóloga Isabel Reveco (ex perito del Servicio Médico Legal) en su exposición ante la Comisión aseveró que el Patio 29 fue ocupado a partir del 16 septiembre de 1973 por aquellas víctimas de la violencia política que en ese momento estaba reinando en el país y que eran derivadas por el Servicio Médico Legal, luego de habérseles hecho una autopsia, para ser sepultadas como NN. Ahí fueron sepultados más de 300 cuerpos.

En 1978, la Vicaría de la Solidaridad presentó un escrito para lograr que la fiscalía militar diera una orden de no remoción de ese patio hasta que se hiciera una investigación apropiada para determinar quienes eran esos NN que estaban ahí sepultados, porque se suponía que podían corresponder a detenidos desaparecidos. Toda esa información que se había acumulado en esos años, tanto en los expedientes judiciales como en las fichas antropomórficas elaboradas por la Vicaría y en los protocolos de autopsias que habían sido elaborados en el Servicio Médico Legal, tuvo que analizarla y ver si era realmente ése era el panorama que hasta ahora se había configurado y si correspondía a la verdad en ese momento.

Por los libros de registro del cementerio pudieron constatar que, efectivamente, el patio 29 fue ocupado entre septiembre y diciembre de 1973. Por lo tanto, los detenidos desaparecidos o ejecutados políticos, cuyos cuerpos no han sido entregados, sólo pudieron corresponder a esa época de desaparición en la Región Metropolitana, más aún sabiendo que en la mayoría de los casos no hubo personas trasladadas desde regiones hacia Santiago, excepto casos especiales que figuraban en los expedientes judiciales.

Añadió que le llama particularmente la atención que nunca hayan paralizado su trabajo si tenían dudas al respecto. Agregó que esas dudas se plantean hoy casi como una verdad absoluta en toda la prensa aunque nadie aún ha comprobado fehacientemente que existen identificaciones erróneas.

El ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, don Carlos Gajardo, en entrevista concedida al Diario Siete, del 30 de abril del presente, manifestó “El informe del Servicio Médico Legal es un segundo peritaje practicado sobre las osamentas, de manera que es sólo un peritaje más. En este momento hay dos peritajes contradictorios y es el tribunal el que debe resolver. Existe la posibilidad de un tercer peritaje o bien de ponderar uno y otro, y dar cuenta de cuál da mayor mérito de convicción. ”

2. El Informe Glasgow.

El denominado genéricamente “Informe Glasgow” consta de cinco documentos o informes, a saber:

Preinforme de fecha 7 de julio de 1995, de la Doctora América González, emitido desde el Departamento de Medicina Forense y Ciencia de la Universidad de Glasgow al Señor Jorge Rodríguez, Director del Servicio Médico Legal;

En este preinforme se señala lo siguiente (el destacado es nuestro):

“Las identificaciones han sido realizadas por la suscrita (Doctora González) y se han establecido en esta primera etapa, realizando:

1. Estudio comparativo entre las fichas antropomórficas e informe emitido por los médicos legistas que participaron en el estudio antropológico-forense de las osamentas, realizado en 1991.

2. Nueva determinación de Estatura, utilizando la fórmula de Trotter amp; Glesse, de acuerdo a ecuación de regresión, aceptada internacionalmente para determinación de estatura, en estudio de osamentas.

3. Aplicación de Técnicas de video-superposición y reconstrucción facial computacional, utilizando el sistema tridimensional gráfico asociado al rayo láser.

El peritaje en si ha contado con algunas dificultades, que ha demorado la entrega de resultados, por las siguientes razones:

a) Desafortunadamente parte de los duplicados de cráneos enviados presentan distorsiones anatómicas. De acuerdo a lo observado en las descripciones de los informes antropológicos, los originales de los cráneos fueron reconstituidos, debido a la extensa destrucción provocada por las lesiones de los proyectiles, en algunos de ellos están en un rango anatómico aceptable; pero en otros es prácticamente imposible posicionar los puntos craneométricos en la posición correcta, es decir con certeza científica, para realizar una acuciosa técnica de videosuperposición o reconstrucción facial.

La importancia de posicionar correctamente los puntos craneométricos se basa en que éstos son únicos para cada individuo como las huellas dactilares, de manera que en ausencia de las condiciones necesarias para realizar el peritaje con acuciosidad científica, es muy posible cometer errores en establecer identidades erróneas, además de invalidar el peritaje por si mismo y en manos de expertos no ser aceptado como evidencia en la corte.

b) El material fotográfico disponible no posee la adecuada calidad, para en muchos de ellos localizar los puntos cefalométricos, con acuciosidad científica, indispensables para la aplicación correcta de las técnicas, de acuerdo a lo expuesto en el párrafo anterior, además de comprometerse la antropometría facial en lo que se refiere a índices proporcionales, necesarios en materia de identificación. Junto a lo anterior, no se contó con material completo, ya que de algunas personas desaparecidas no hubo fotografía disponible para realizar video de superposición. Dichas fotografías por los antecedentes que se cuenta, no fueron aportadas por los familiares, por carecer de ellas.

c) Parte de las fichas antromórficas están incompletas, careciendo algunas de antecedentes necesarios para diferenciar entre un caso u otro y en algunas con contradicciones de datos, sobretodo en parámetros indispensables para el criterio comparativo.

d) Desafortunadamente no se dispone de una base confiable de datos en cuanto a records dentales premortem o datos antropomórficos confiables.

e) El parámetro que presentó más dificultad de análisis, desde los peritajes antropológicos forenses y reportes odontológicos fue la determinación de edad, muchas veces incompatible con la identidad encontrada en base a otros parámetros y técnicas. Pienso que la labor de los peritos en esa etapa se vio dificultada por el estado mismo de la muestra y el tiempo que permanecieron sepultados los cuerpos en un material que acelera la destrucción ósea y distorsiona los parámetros para establecerla.

De los 21 duplicados de cráneos, el caso 2890, debería no ser contado como materia de investigación de identidad en este grupo, ya que de acuerdo a información recibida de la Dra. Patricia Hernández se encontraría identificado. Además no se contó con información postmortem de este caso.

De manera que los casos a estudiar serían 20.

El caso 3029 de acuerdo a los antecedentes contenidos en el protocolo de igual número (estudio de osamenta) , no es compatible con el universo estudiado, es decir de acuerdo a las fichas antropomórficas analizadas.

De manera que el número a identificar real es de 19 casos. De los cuales es posible llegar entre 18-19 identificaciones positivas.

De estos 19 casos, el informe preliminar contiene 13 posibles identidades, alcanzadas con la metodología ya expuesta, el resto requiere un mayor estudio, por las dificultades ya señaladas, además en ellos, para una positiva identificación se requiere contar con el resultado de ADN.

De acuerdo a lo informado por el Profesor Vanezis, este informe preliminar deberá ser ratificado o corregido, de acuerdo a los resultados que se obtendrán de la técnica de ADN mitocondrial y que él entregará a fines de septiembre. ”

A continuación hace alusión a tablas que se acompañan respecto al material recibido; a la lista de personas desaparecidas a cotejar con las muestras óseas y relación entre las personas desaparecidas, con el material fotográfico y fichas antropomórficas recibidas; 13 posibles identidades y nueva determinación de estatura de acuerdo a la ecuación de regresión de Trotter Glesse.

“Informe final del estudio de identificación de las osamentas del Patio 29”, enviado por la Doctora América González con fecha 13 de octubre de 1995;

En éste se señala que “Siguiendo el esquema informado por el Profesor Peter Vanezis y en mi calidad de perito del Servicio Médico Legal, asignado, de acuerdo a lo informado en carta del ex Director del Servicio Médico Legal, Dr. Alfonso Claps Gallo, cumplo con enviar a Ud. (Jorge Rodríguez) informe final del estudio de Identificaciones Personales de osamentas exhumadas del Patio 29 del Cementerio General de Santiago de Chile. ”

A continuación hace referencia a las dificultades que debió enfrentar en la realización de este trabajo, a las que ya había hecho alusión en el preinforme antes expuesto.

Asimismo, hizo presente que el nuevo peritaje de Video- Superposición fue rechequeada, en los casos de mayor dificultad por expertos de otro Centro de Video Superposición, independiente, líderes en esta técnica, a manera de tener un control doble ciego, los cuales entregaron, por vía independiente, los mismos resultados ya obtenidos por la suscrita.

Más adelante agrega que “. . . . . . procede a enviar el informe final y definitivo de las identificaciones personales, las cuales algunas de ellas difieren del informe preliminar, debido a los problemas técnicos producidos por la calidad del material ya de Ud. conocida. El estudio aún, a esa fecha no estaba concluido y debían ser tratadas sólo como preliminares, sin dar a conocer las identidades a las familias relacionadas con dicho informe y sólo se envió a manera de informar lo alcanzado hasta ese momento.

En base a lo anterior dichas identidades quedan nulas para proceder, en este informe final a dar las identidades definitivas, de manera que sean conocidas por los familiares respectivos y terminar así con la incertidumbre que significa para muchas familias una situación de esta naturaleza, con la seguridad dada por la ciencia que no se han cometido errores y las identidades son las correctas. ”

Luego se refiere a la metodología utilizada, que consistió en:

Exhaustivo análisis comparativo entre las fichas antropomórficas e informes emitidos por los médicos legistas que participaron en el estudio antropológico- forense de las osamentas, realizado en 1991;

Nueva determinación de estatura, utilizando la ecuación de regresión de Trotter y Glesse;

Técnicas faciales identificatorias: video Superposición y reconstrucción facial computacional, utilizando el sistema tridimensional gráfico asociado al rayo Láser;

Con el objeto de realizar un estudio o control doble ciego de la muestra, algunos de los casos fueron rechequeados por otro centro de video superposición, expertos y líderes en este campo, sin violar y respetando el secreto de sumario de la causa, emitiendo el mismo resultado ya determinado por la suscrita en forma independiente.

En sus conclusiones el informe señala lo siguiente:

“1.- El número total de personas desaparecidas a estudiar fueron 27 (Tabla N°3).

2.- El número total de duplicados de cráneos fue de 21 (Tabla N°4).

3.- El número total de fotografías de personas desaparecidas fue de 22 (Tabla N°3).

4.- El número total de fichas antropomórficas fue de 26 (Tabla N°3).

5.- El número total de estudio de osamentas e informes odontológicos forenses fue de 20 (Tabla N°4).

6.- El número total de muestras óseas para estudio de ADN mitocondrial fue de 20 (Tabla N°4).

7.- El número total de familias a estudiar relacionadas con las muestras óseas y duplicados de cráneos, para estudio de ADN mitocondrial fue de 19, con un total de 38 muestras, entregadas como muestras de sangre y cejas (Tabla resumen).

Cabe hacer presente que la suscrita no tuvo acceso ni constancia física de estas muestras, al igual que las muestras óseas, ya que fueron entregadas directamente al Profesor Peter Vanezis por la Dra. Patricia Hernández, durante su viaje a Glasgow, en Noviembre de 1994, sólo conozco de su existencia a través de la documentación entregada por la misma Doctora ya señalada y por información del Sr. William Goodwin, encargado del peritaje de ADN mitocondrial en relación al material decepcionado.

De los 21 duplicados de cráneos, el caso 2890, debería no ser considerado como materia de investigación de identidad de este grupo, ya que de acuerdo a la información recibida de la Dra. Patricia Hernández, se encontraría identificado. Además no se contó con información pre y post mortem de este caso, ni muestra ósea correspondiente.

De acuerdo a lo anterior, los casos reales a estudiar fueron 20.

El caso 3029, incluido en estos 20 casos, de acuerdo a los antecedentes contenidos en el protocolo de igual número (estudio de osamentas) , en lo referente a la edad determinada, no es compatible con el universo estudiado, es decir de acuerdo con las fichas antropomórficas analizadas.

De manera que, lo casos reales a identificar fueron 19.

De los cuales fue posible identificar a pesar de todas las limitaciones, con certeza un total final y definitivo de 16, cuya lista se adjunta en la tabla N°1.

Los otros 3 restantes, la condición anatómica en dos de ellos (2854-2910) hizo imposible la aplicación de las técnicas faciales identificatorias ya indicadas y el otro (3002) a pesar de ser uno de los mejores duplicados de cráneo no tiene paralelo con la documentación existente, es decir no se tuvo la certeza en su correlación con las fichas antropomórficas provistas por encontrase incompletas y la técnica de video superposición fue negativa para las fotografías remitidas.

Respecto al reporte preliminar de identificaciones, de fecha 7 de julio de 1995, reitero que, las identificaciones personales, remitidas antes de concluir el estudio, quedan nulas, ya que fueron enviadas en carácter preliminar, sólo a manera de informar lo realizado hasta ese momento, con las limitaciones correspondientes. ”

A continuación se adjuntan Tablas y resumen de todo el material recibido.

Con fecha 23 de octubre de 1995 el Doctor Peter Vanezis remite informe a la Ministra de Justicia, María Soledad Alvear, indicando que este reporte reemplaza a homónimo del mes de julio de 1995 de la Doctora América González.

El contenido de este nuevo documento corresponde a una copia del reporte de fecha 13 de octubre, enviado por la Doctora González al Director del Servicio Médico Legal;

En éste el doctor Vanezis manifiesta que “A solicitud de la Ministro de Justicia, Santiago, Chile, se me encargó llevar a cabo un estudio para la identificación de un grupo de personas fallecidas. Las identificaciones fueron realizadas bajo mi dirección por la Dra. América González y el Dr. William Goodwin. Además, proporcionamos también cierta ayuda a la Dra. Patricia Hernández, con ocasión de su visita a nuestro Departamento en noviembre de 1994.

Se nos solicitó determinar las posibles identidades de 27 personas desaparecidas, como aparece en el Cuadro 1. Recibimos 21 moldes de yeso de cráneos (cuadro 2) , un total de 22 fotografías de personas desaparecidas (cuadro 1) , veintiséis fichas antropomórficas de antecedentes pre mortem y protocolos de peritajes tanatológicos y odontológicos de 20 casos (post mortem). Se recibió veinte muestras de hueso para exámenes de ADN (Cuadro 2) y 38 muestras de sangre y pelos provenientes de 19 familias chilenas. Las muestras para los exámenes de ADN me fueron entregadas directamente por la Dra. Patricia Hernández, durante su visita a Glasgow en Noviembre de 1994, las cuales entregué al Dr. Goodwin para su análisis.

Los moldes de yeso también nos fueron entregados al momento de la llegada de la Dra. Hernández. ”

A continuación se refiere a la metodología utilizada. Posteriormente indica que “. . llegamos a identificar a 16 de las 19 personas de las cuales se nos entregó moldes de yeso de sus cráneos. ”

Más adelante agrega que “Los nombres de todas las identidades figuran en el Cuadro 1, identificaciones que fueron logradas principalmente a través de resultados de la identificación facial y del examen de los registros de antecedentes pre mortem y post mortem. Pudimos obtener además confirmaciones de nuestras identificaciones faciales en otro centro de superposición facial, similar al nuestro, el cual coincidió con la totalidad de nuestros resultados.

Los resultados de los exámenes de ADN fueron inútiles……” “Aunque pudimos extraer exitosamente ADN mitocondrial de todas las muestras de osamentas y de todas las muestras provenientes de familiares, sin contaminación, no pudimos encontrar compatibilidad entre ninguno de los familiares con ninguno de las muestras de hueso. Debemos concluir, por lo tanto, que recibimos muestras de hueso que no procedían de los restos a partir de los cuales habían sido tomados los moldes de yeso de los cráneos. Estos resultados también fueron confirmados por otro centro similar al nuestro.

Comentarios:

1. Fue molesto para nosotros que no pudiéramos recibir los cráneos originales de las víctimas, dado que eso nos habría facilitado la identificación de más casos. Los moldes de yeso que se nos envió estaban quebrados en algunos casos, como asimismo varios otros mostraban distorsiones que encontramos inaceptables.

De hecho, sólo pudimos estudiar 20 casos, aunque se nos entregó 21 moldes de yeso. ”

Luego agrega que “Como se establece en los resultados, 16 de los 19 casos fueron identificados por nosotros. Los otros tres no lo fueron debido a la muy deficiente calidad de los moldes de yeso, que mostraban distorsiones anatómicas groseras en partes importantes de su superficie. Esto se aplica a los casos números 2854 y 2910. Por lo demás, los casos 3002 y 2854 no pudieron ser compatibilizados con ninguno de los registros pre mortem que se nos entregó. Los registros pre mortem y post mortem disponibles nos permitieron llevar a cabo la compatibilización, con base a mediciones de estatura y determinación de la edad al momento de la muerte, según datos emanados de estudios chilenos. ”

Informe de fecha 27 de junio de 1996, enviado por el Doctor Vanezis al Director del Servicio Médico Legal que remite “Procedimientos técnicos empleados en el análisis

de muestras del Patio 29”, firmado por el experto contratado por la Universidad de Glasgow, Doctor William Goodwin.

En este documento se hace referencia a: ADN extracción del hueso; ADN Extracciones de muestras de sangre; PCR amplificación de ADN mitocondrial; PCR de hueso y Muestras de Sangre; Análisis de Productos PCR; Secuencia de Productos PCR y Preocupaciones de Contaminación.

Informe de fecha 25 de julio de 1996 emitido por el doctor Peter Vanezis, dirigido al Director del Servicio Médico Legal, en el cual se señala que da por concluido el

trabajo que se le ha encomendado y remite análisis de ADN de las muestras óseas del Patio 29, firmado por el experto contratado por la Universidad de Glasgow, Dr. William Goodwin.

Este informe, dirigido al Dr. Rodríguez, en sus conclusiones señala que “Perfiles de ADN fueron producidos para todos los grupos de parientes y 20 de los 21 muestras de huesos. Sin embargo, muy pocas muestras se pudieron igualar, y aquellas que si se igualaron son de ocurrencia común en los perfiles de ADN y las igualdades pueden ser una causalidad. Dos explicaciones pueden existir a la falta de igualdad.

Primero, las muestras de huesos que han sido analizados no sean de las personas a que presumiblemente correspondan, de ahí que las muestras de sangre que fueron analizadas mostraran poca relación con las muestras de hueso.

Otra causa posible es la contaminación ocurrida durante la aislación o amplificación del ADN del hueso. La baja cantidad y la alta degradación del estado del ADN del hueso hacen propensa la contaminación. Sin embargo esto es improbable ya que estrictas precauciones se llevaron a cabo para prevenir cualquier contaminación posible. Esto incluyó duplicación de los análisis de ADN. Más allá, las secuencias que fueran generadas de las muestras de hueso mostraron perfiles característicos de mitocondria sudamericana. Ningún ADN sudamericano aparte de las muestras de los parientes ha sido manipulado en el laboratorio. Por ello, no hay una posibilidad obvia de que los perfiles generados de las muestras pudieran ser susceptibles a contaminación. ”

Finalmente, el informe adjunta una serie de análisis respecto de las muestras examinadas.

¿Qué afirmaciones relevantes se hacen en el Informe Glasgow?

Según una minuta cuya autoría la abogada Pamela Pereira atribuye al Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior (hecho desmentido por Raquel Mejías, jefa de dicho programa) , del llamado Informe Glasgow se concluye lo siguiente:

-Se identifican 16 de las 19 personas de las que se proporcionaron vaciados de yeso, identificaciones que fueron confirmadas por otro centro independiente, especializado en la técnica de superposición, que concordó plenamente con sus resultados.

-Respecto a los resultados del análisis de ADN, se expresa que no aportaron nada útil, concluyendo que recibieron muestras de osamentas no pertenecientes a los restos a partir de los cuales se obtuvieron los vaciados en yeso del cráneo, resultados que habrían sido confirmados por otro centro especializado análogo.

Se recuerda que 21 muestras de hueso de esqueletos exhumados del patio 29 le fueron entregados para el análisis de ADN, y como material de referencia, se entregaron muestras de sangre de un total de 40 chilenos, presuntos familiares por línea materna de las personas cuyos restos óseos fueron exhumados y que corresponden a 20 familias.

-De las 16 personas identificadas existen 3 que discrepan de las pericias del Servicio Médico Legal. Se trata de las víctimas Roberto Serrano Galaz; Enrique Montero Montero y Luis Largo Vera, cuyos restos ya habían sido entregadas a sus familias.

¿Exactamente, que fue lo que se solicitó a la Universidad de Glasgow? ¿Qué se pretendía obtener? ¿En qué consistió el informe y cómo se gestó?

Posición de los ex Directores del Servicio Médico Legal, señores Rodríguez y Vargas:

El ex Director Jorge Rodríguez señaló que respecto al llamado Informe Glasgow en 1994, el entonces director del Servicio Médico Legal, doctor Alfonso Claps Gallo, emitió la resolución exenta N° 554/94, en cuyo numeral 1 se lee textualmente: “Apruébese el gasto por concepto de realización exámenes mediante aplicación de técnica de ADN mitocondrial no disponible en Chile, que realizará la Universidad Glasgow de Escocia, para el Servicio Médico Legal. ”.

La decisión de llevar adelante el trabajo respectivo, la elección de la contraparte, la decisión del monto a pagar y la suscripción del respectivo convenio fue obra del director que lo antecedió.

Recalcó que lo solicitado a la Universidad de Glasgow no es una pericia y ni siquiera un trabajo de identificación, sino sólo y exclusivamente la realización de “exámenes mediante aplicación de técnicas de ADN mitocondrial no disponible en Chile”, como señala el párrafo citado.

Para lograr los resultados esperados se remitieron a dicha Universidad, en 1994, durante el mandato de su antecesor, restos óseos encontrados en el Patio 29 y muestras sanguíneas y de cejas de supuestos familiares de línea materna, de modo que efectivamente pudiera establecerse la adecuada comparación.

Durante 1994, autorizada por el tribunal del crimen respectivo, la doctora Patricia Hernández llevó a la Universidad de Glasgow moldes de yeso de los cráneos respecto de los cuales existían eventuales acercamientos de identificación y de cuyas muestras óseas se estaban haciendo los estudios de ADN mitocondrial, como una manera de aprovechar la estadía de la doctora América González en dicho centro de estudios. No se enviaron los cráneos originales por la vulnerabilidad que podría significar la pérdida de una evidencia tan importante.

Las copias de yeso de esos cráneos se hicieron sobre la base de cráneos originales que habían sido “reparados” por los peritos, dado que algunos se encontraban fracturados en múltiples partes y otros con grandes pérdidas óseas, producto de impactos de bala y del transcurso del tiempo.

A poco más de un mes de hacerse cargo de la dirección del Servicio Médico Legal, el 14 de junio de 1995, se comunicó con el doctor Peter Vanezis, profesor responsable de los exámenes solicitados, vía fax, medio de comunicación escrita más rápido en ese momento, pues no había mail disponible en el Servicio Médico Legal de esa época. En esa oportunidad le recordó textualmente que: “. . . Ud. informó a la Sra. Ministra de Justicia por escrito el 12 de diciembre de 1994 (referencia PV/MJH) , que los primeros resultados de los exámenes

estarían disponibles en febrero de 1995, los cuales aún no hemos recibido. ”.

Ante la respuesta del doctor Vanezis, le señaló textualmente “. . . deseo aclarar a Ud. que no solicitó identificar los cuerpos exhumados del Patio 29 del Cementerio General, sino realizar una técnica complementaria, cual es el examen de ADN mitocondrial, dado que en Chile no se cuenta aún con la implementación de esta técnica. ”.

Como resultado de esta correspondencia, el doctor Peter Vanezis les remite, en julio de 1995, en su nombre, un informe preliminar suscrito por la doctora América González, especialista del Servicio Médico Legal, quien se encontraba realizando un doctorado en esa Universidad.

Ante la firmeza de sus requerimientos para obtener el cumplimiento de lo convenido con el doctor Vanezis, éste optó por evitarlo y comunicarse directamente con su jefatura, la Ministra de Justicia. Es así como el informe final emitido por el especialista mencionado no llega directamente a su persona o al Servicio Médico Legal, sino que es dirigido directamente a la señora Ministra de Justicia. En él se indica: “Habiendo concluido ya nuestra investigación de los restos del Patio 29, adjunto se halla mi informe oficial al respecto. Este informe sustituye al informe preliminar enviado en julio de 1995 por la doctora González. ”

La señora Ministra, a su vez, por memorando N° 851, de 7 de noviembre de 1995, remite los antecedentes a su asesor de ese entonces, señor José Antonio Gómez, quien, a su vez, los envía al Servicio Médico Legal, solicitando información al respecto.

Ante esta situación, comunicó la información recibida a los peritos encargados de emitir los juicios respectivos sobre la identificación.

Reiteró que no corresponde al Director del Servicio Médico Legal relacionarse con el tribunal, en función de pericias específicas, sino que dicha relación corresponde única y exclusivamente a los peritos.

El ex Director, señor Oscar Vargas expresó que a través del oficio reservado N°16 le remitió al Subsecretario un resumen del Informe Glasgow. Éste llegó al Servicio Médico Legal en los años 1995-1996. Aclaró que no es una pericia, sino un informe pedido por los mismos peritos; no por el tribunal. Cuando ese documento llega al Servicio Médico Legal, es evaluado por los citados peritos y, en su opinión, el informe adolecía de serios problemas. Fueron ellos quienes consideraron que no era oportuno enviárselo al tribunal correspondiente.

Posición del ex Director del Servicio Médico Legal, señor Alfonso Claps:

Éste señaló que aprovechando la presencia de una tanatóloga del Servicio cumpliendo con una beca de formación en la Universidad de Glasgow, se contactaron con el doctor Vanezis. Lo invitaron a Chile y trabajó con el equipo de identificación. En ese viaje dictó conferencias, se entrevistó con los familiares de los detenidos-desaparecidos y se interiorizó del programa que presentó la doctora Patricia Hernández, proyecto que estimó viable.

Agregó que, las identificaciones tradicionales necesariamente requerían de un complemento. En el largo plazo, lo que daría una respuesta más certera era la investigación mediante la determinación del ADN, hecho que quedó pendiente mientras no se contara con las técnicas y los desarrollos científico-tecnológicos suficientes para alcanzar una definición certera.

En agosto, presentó su renuncia voluntaria al Servicio, la que fue aceptada el 15 de septiembre de 1994, en la misma época en que viajaba a Glasgow la jefa del grupo para sostener una entrevista con el doctor Vanezis e intercambiar opiniones e ideas sobre la realización y la marcha del plan de identificación.

Consultado sobre el motivo por el cual se encargó el informe Glasgow respondió que el contacto se hizo básicamente por el nexo que existía con la tanatóloga del Servicio que estaba cumpliendo con una beca de formación en dicha institución. A ello se agrega la revisión de los antecedentes internacionales y el currículo del doctor Vanezis, que demostraban que era un experto de reconocida calidad internacional, con trabajo, docencia y experiencia en reconstitución faciocraneana y aplicación de técnicas mitocondriales.

Debido al interés que el doctor demostró en venir a Chile, le pagaron el pasaje y la estadía. Una vez en nuestro país, fue llevado al Ministerio, dio una conferencia y se entrevistó con familiares de detenidos-desaparecidos. Después de puesto en marcha este proceso se estimó necesario hacer una reflexión sobre lo que se había avanzado. Ése fue el objeto del viaje a Glasgow de la jefa del grupo de identificación, doctora Patricia Hernández.

Mencionó que el motivo por el que se acordó la visita de la jefa de la unidad de identificación a Glasgow consistió en verificar la marcha del proceso y si existía o no alguna posibilidad de corrección, con la expectativa de realizar, en Glasgow, técnicas de identificación de ADN mitocondrial, dado que en la cátedra del doctor Vanezis tenían tales técnicas.

Posición de la doctora Patricia Hernández, ex perita del Servicio Médico Legal.

Señaló que en mayo de 1994 se creó un equipo de identificación para solucionar los casos del Patio 29.

En julio de ese año, el Presidente Frei apoyó el proyecto, cuyo costo era de 46 millones de pesos, de manera que pudieron contratar a los peritos señora Reveco y el doctor Ciocca, además de los que ya estaban trabajando.

Cuando se conformaron como equipo multidisciplinario, junto a la señora Reveco y a los odontólogos Jaime Mery y Luis Ciocca, decidieron rechequear la pericia básica de todos los casos que quedaban de los dos grupos, pero sobre la base de lo que ya se había hecho.

En ese momento en el mundo se había empezado a realizar pruebas de ADN mitocondrial en huesos, porque en esa época no era posible obtener ADN nuclear de los huesos. Sin embargo, en Chile no se pensaba ni había ninguna posibilidad de hacer el ADN mitocondrial.

Por otra parte, América González estaba en Glasgow con el doctor Vanezis,. Él ofreció la Universidad de Glasgow para hacer ADN mitocondrial de los casos que eligieran para que se pudiera cotejar.

De modo que se hizo un convenio entre el Ministerio de Justicia y la Universidad de Glasgow, a través de Vanezis, y se pagaron 23 mil libras esterlinas por el ADN mitocondrial de los casos que iban a elegir y que no superarían los 25.

Además, América González estaba haciendo el doctorado en procesamiento de imágenes y trabajaba en video superposición, que no existía en Chile (aquí se usaba la superposición de imágenes con fotografía).

Como no era posible sacar los cráneos del país, se enviaron duplicados en yeso.

En noviembre de 1994, después de haber entregado algunas identidades, viajó con las muestras de las osamentas de cráneo, de hueso, de sangre de los familiares y de feca.

El doctor Peter Vanezis se comunicaba con el doctor Alfonso Claps. Cuando éste se acogió a jubilación asumió la Dirección Nacional del Servicio Médico Legal el doctor Vásquez, quien dio algunas fechas tentativas de cuándo podría comenzar a entregar las primeras identidades o al menos los primeros acercamientos a ellas con la utilización del ADN.

Por otra parte, se dieron cuenta de que el informe por el que se había pagado, es decir, la pericia o el examen que pidió el Ministerio a la Universidad de Glasgow, no dio resultado alguno, porque el doctor Vanezis señaló que los moldes de yeso de los cráneos que le enviaron fueron inútiles para la identificación y que a partir de ellos podía decir que se trataba de indoamericanos y que avala 16 identidades por videosuperposición.

Entre tanto, la doctora Rajs le explicaba al doctor Vanezis que a él se le pidió un examen, que él no es ni ha sido nombrado perito. Por lo tanto, no tiene que comunicarse con el juez, sino con quien lo contrató: la Ministra de Justicia.

Posición de la doctora América González, perita del Servicio Médico Legal.

Ella señaló que la primera etapa de la labor tanatológica la realizó entre abril y septiembre de 1992, y le correspondió específicamente desarrollar la parte antropológica forense, es decir, todo lo que tiene que ver con determinación del número de individuos, raza, edad, talla, sexo, causa, muerte y cualquiera otra patología que tuviese el cuerpo a periciar.

Terminado el trabajo en septiembre, inició su beca (había obtenido la Beca Presidente de la República) relacionada específicamente con el Patio 29. Por el hecho de haber trabajado en la parte antropológica, permaneció muy ligada al equipo que quedó en Santiago. Mantenían una estrecha correspondencia, de manera que ella pudiera colaborar en obtener información respecto de las técnicas nuevas que se utilizaban en Gran Bretaña, específicamente sobre técnicas de identificación. El trabajo que había iniciado acá la motivó a especializarse en técnicas de identificación craneofacial.

En 1993, el profesor Peter Vanezis, que era tutor de guía, se traslada a Escocia. Por ello pidió autorización formal a Mideplan para trasladarse a terminar su beca.

En 1994, el Director Nacional del Servicio Médico Legal, doctor Alfonso Claps, se comunicó con ella para pedirle información sobre las técnicas de identificación que había hasta ese momento en Glasgow. En razón de esta comunicación, el profesor Peter Vanezis es invitado a Chile para ofrecer charlas sobre identificación en el Servicio Médico Legal. Durante su estadía en el país él ofrece su colaboración como experto en técnicas de identificación, y como consultor internacional ofrece realizar la técnica de ADN mitocondrial. Además, por ser experto en técnicas de video de superposición, ofrece su ayuda para acelerar el proceso de identificación de los cuerpos que hasta el momento no habían sido identificados.

Como becaria Presidencial, colaboró con el profesor en la aplicación de las técnicas de video de superposición y reconstrucción facial.

En razón del viaje del profesor Vanezis a Chile, en noviembre de 1994, la doctora Patricia Hernández Mellado, jefa de la Unidad de Identificación del Servicio Médico Legal, viajó a Escocia llevando muestras y documentación requeridas por el profesor Vanezis, para el análisis de ADN mitocondrial. Asimismo, se solicitó que llevaran los cráneos originales para aplicar las técnicas de video de superposición y reconstrucción facial, lo cual fue negado por el juez de la causa, porque podría producirse daño del material original, razón por la cual se decide enviar duplicados de cráneos.

Cuando la doctora Hernández viaja, lleva el siguiente material: 21 duplicados de cráneos, 20 informes médicos legales que fueron realizados por ellos en conjunto con el otro equipo que se conformó, que es el estudio de la osamenta propiamente tal; 20 informes odontológicos. Por su parte, el profesor Vanezis solicitó muestras óseas de huesos largos para el análisis de ADN mitocondrial. Además, la doctora aportó un listado con 27 personas desaparecidas y lleva 26 fichas antropomórficas, que es la información que se obtiene de las familias de las personas desaparecidas. Para las técnicas de vídeo superposición aporta 22 fotografías, y en relación con el ADN mitocondrial lleva muestras de las familias. También agrega un listado de las 27 personas con las muestras de sangre y cejas correspondientes a 19 familias, que en algunos casos cada una de ellas aportó de 1 hasta 3 muestras, de manera que se conformó un total de 38 muestras en relación con estas 19 familias.

Las muestras óseas, de sangre, cejas y de extremidades y duplicados de cráneos fueron entregadas directamente por la directora Patricia Hernández al doctor Peter Vanezis, de manera que a este respecto no tuvo información de cómo llegaron esas muestras ni tampoco cómo era el rotulado de éstas.

Entregado el material se procedió a realizar el estudio sobre la base de lo que se había recibido.

El 7 de julio de 1995 el profesor Vanezis envía al director de la época, doctor Jorge Rodríguez, un informe preliminar con 13 posibles identidades. Con fecha 13 de octubre de 1995 el profesor Peter Vanezis envía el informe final con 16 posibles identificaciones a la señora María Soledad Alvear, Ministra de Justicia en ese entonces, debido a que el doctor Vanezis siempre pensó que estaba trabajando para el Gobierno en Chile. El 25 de julio de 1996 el profesor Vanezis envía el informe de ADN mitocondrial, el cual se realizó con la colaboración de un químico especialmente contratado para este procedimiento, que es el doctor William Goodwin.

Ahora, haciendo un análisis del material recibido, por el mismo hecho de que de los 126 cuerpos exhumados, 121 presentaban heridas por proyectiles y en 70 cuerpos los cráneos estaban muy destrozados, hubo que reconstruirlos para poder realizar la pericia en el informe original que se hizo en Chile. De estos 70 cráneos, 20 estaban con pérdidas extensas de tejido óseo producto del estallido provocado por los proyectiles. Por lo tanto, los duplicados de cráneo no es el mejor material para aplicar en la técnica vídeo superposición. Sólo en algunos de ellos fue posible aplicarla.

Dentro de estos 21 duplicados de cráneos, uno de ellos no tenía relación con los informes médicos legales ni con los reportes odontológicos, y se les informó que la persona a la cual pertenecía ya había sido identificada en Chile.

De acuerdo con el análisis realizado posteriormente en relación con estos casos, según la información que tuvo en noviembre de 1996, el caso que no llevaba la documentación correspondiente aún no está identificable.

Respecto de las muestras óseas de los huesos largos y cráneos, se consideraron sólo 20, porque una muestra anexa que se llevó no tenía relación con los duplicados de cráneos.

Con el listado de las 27 personas desaparecidas ya no había un paralelo con la documentación recibida, dado que si se envía una nómina de 27 personas y se envían sólo 26 fichas antropomórficas, ya había un desfase de una ficha que no tendría relación con el listado de las personas desaparecidas.

Si se iba a aplicar la técnica de videosuperposición, eran necesarias las 27 fotografías y se aportaron sólo 22. Si se iba a hacer una correlación entre el listado de las personas desaparecidas con las muestras de ADN, había un déficit de 8 muestras, pues se llevaron sólo 19.

En relación con las muestras rotuladas de huesos largos, por información del doctor William Goodwin, dos muestras estaban mal rotuladas. Con posterioridad, se comunicó con la doctora Hernández, quien estaba en Chile, y en febrero de 2005, la doctora corrige dos rotulaciones de los huesos largos, que no correspondían.

Se han efectuado críticas a la demora en la entrega del informe. Las razones de ello radican en el estado de los duplicados, dado que hubo que hacer un análisis exhaustivo de la documentación recibida en cuanto a los informes médicos legales y a las fichas antropomórficas. De manera que tanto el informe preliminar como el final se basan en un análisis exhaustivo de la documentación pre-mortem y post-mortem.

También se realiza una nueva determinación en los casos en que fue posible efectuar una determinación de talla y de edad. Había mucha discordancia entre el informe antropológico y el odontológico enviado desde Chile. De modo que en los casos que fue posible con los mismos parámetros que se encontraban en los informes médicos legales, se pudo determinar un rango de edad y de talla en cada uno de éstos.

Además se aplicaron técnicas de videosuperposición computarizada y reconstrucción facial computacional con sistema láser. Entre el informe preliminar y el final, se realiza un chequeo con técnicas de videosuperposición de última generación, que se efectuaron en China, por un experto de ese país, pionero en esta técnica.

En razón de la intervención de este segundo centro de investigación, se produce una discordancia entre en el informe preliminar con el informe final respecto de las trece identidades iniciales enviadas Cuando se produce este rechequeo en China, se vuelve a realizar un exhaustivo análisis de las fichas pre y post-mortem. Al hacer el nuevo análisis, las fichas eran compatibles con las nuevas identidades aportadas por el centro chino. Esa fue la razón por la cual hay una discordancia entre el primer informe y el segundo.

Respecto del ADN mitocondrial, informó que en algunos casos se pudo extraer ADN de las muestras óseas; en otros se obtuvo secuenciación de ADN, pero hicieron match en seis o siete casos que no tenían relación con la documentación remitida.

Por ello, el profesor Vanezis, en el informe del ADN mitocondrial, concluye que las muestras óseas de las extremidades inferiores no correspondían a los cráneos analizados.

De parte del perito que realizó el peritaje, también hubo una solicitud de realizar una nueva rotulación de muestras óseas que no correspondían a los duplicados de cráneos.

Con posterioridad, el doctor Jorge Rodríguez solicitó una nueva ampliación del informe de ADN mitocondrial. Entre noviembre y diciembre de 1996, llega la ampliación de ese informe. El ADN no fue utilizado al emitir las identidades que se envían en el informe definitivo, debido a que no hay correlación entre las muestras óseas de las extremidades inferiores con los cráneos analizados.

Consultada sobre la forma en que se genera el informe Glasgow indicó que éste se gestó cuando el profesor Vanezis viajó a Chile y trató el tema directamente con el doctor Claps. Ella se encontraba en Escocia en esos momentos, por lo que desconoce mayores detalles al respecto.

El profesor Vanezis solicitó un arancel para efectuar el examen de ADN mitocondrial, pues informó al doctor Claps que para realizar esa pericia era necesario contratar a un bioquímico especializado. En cuanto a las técnicas de videosuperposición y reconstrucción cráneo-facial, no hubo arancel por ellas. Aclaró que el profesor Vanezis solicitó el arancel para la Universidad de Glasgow, para la cual trabajaba, no para él. El depósito del dinero se efectuó en una cuenta perteneciente a la citada Universidad.

Interrogada sobre el viaje de la doctora Patricia Hernández a Escocia afirmó que éste se generó debido a que ya existía el nexo para realizar el ADN mitocondrial y las técnicas de videosuperposición y a que el profesor Vanezis solicitó todo el material correspondiente para llevar a cabo esos procedimientos. El Servicio Médico Legal designó a la doctora Patricia Hernández para que viajara a Glasgow para llevar el material requerido.

Respecto a la pregunta de por qué se eligió a la Universidad de Glasgow respondió que ello se debe a que dicha casa de estudios tiene un historial en materia de medicina forense superior a trescientos años y debido a que es pionera en esta disciplina en comparación con otros centros de Europa, como los de Alemania y España. Además, el profesor Vanezis fue pionero en la técnica de reconstrucción facial computacional con la utilización del sistema láser y es consultor internacional en materia de identificación.

Consultada sobre a quien se dirigió el informe respondió que el informe preliminar fue enviado por el profesor Vanezis directamente al doctor Jorge Rodríguez el 13 de julio y el informe final fue enviado el 13 de octubre de 1995 directamente al Ministerio de Justicia, porque siempre entendió que él trabajaba para el Gobierno de Chile y que la Universidad de Glasgow se debía relacionar a través de él con la Ministra de Justicia de la época, señora María Soledad Alvear.

Posición de los ex Ministros de Justicia, señora Soledad Alvear y

señor José Antonio Gómez.

La señora Soledad Alvear expresó que en marzo de 1994 asumió como Ministra de Justicia del gobierno del Presidente Frei.

Le contaron que en el patio 29 del Cementerio General existían osamentas de personas que habían sido enterradas, sacadas y vueltas a enterrar, y que con los elementos que el Servicio Médico Legal tenía en ese instante no lograban llevar adelante la identificación de las víctimas.

Inmediatamente consultó a dicho servicio respecto de las posibilidades de hacer este trabajo. Se le informó que se habían identificado algunos cuerpos, pero los que restaban, de acuerdo con las técnicas que se tenían en ese entonces, 1994, era completamente imposible continuar con las identificaciones.

En vista de ello, encargó al director del Servicio que averiguara en qué país o lugar existían avances científicos que posibilitaran hacer esta identificación. Se le informó que en Glasgow existían los mecanismos y avances necesarios. El costo era alto y no estaba en el presupuesto del Servicio Médico Legal. Ante ello, acudió a la oficina del Presidente Frei. El costo para identificar los 102 cuerpos que quedaban alcanzaba a 47 millones de pesos. En su presencia, el Presidente Frei llamó al Ministro de Hacienda para que de inmediato dispusiera los recursos necesarios para esta tarea.

Había una doctora chilena que estaba haciendo su especialización en la Universidad de Glasgow. Además se envió a la doctora Patricia Hernández, de quien tiene el más amplio reconocimiento por su trabajo.

Hasta ahí llega su actuación como autoridad política, dado que, una vez obtenidos los recursos que se incorporaron en el presupuesto del Servicio Médico Legal, es éste el que realiza el trabajo siguiente: ser la contraparte técnica y efectuar la evaluación del informe Glasgow.

La relación entre el Servicio Médico Legal y la Universidad de Glasgow se llevó a efecto a través del doctor Vanezis. Naturalmente, el Ministerio no podía ir más allá, porque no le correspondía.

Así como los jueces tienen total independencia, interna y externa, para llevar adelante sus juicios, una autoridad política no puede, de manera alguna, interferir en algún informe pericial que se pueda estar llevando adelante. Resultaría inconcebible que el día de mañana, un ministro, una ministra o un jefe de división importante llamara al Servicio Médico Legal para preguntar sobre la alcoholemia de una persona que chocó. Esos son informes completamente reservados y, por lo tanto, resulta completamente imposible que pueda existir siquiera alguna relación entre la autoridad política, en este caso del Ministerio de Justicia, y el Servicio Médico Legal, el cual, a su vez, sólo puede llevar adelante las pericias que los jueces le encargan.

El señor José Antonio Gómez sostuvo que en un comienzo se solicita a la Universidad de Glasgow que procure identificar a las personas, desde el punto de vista del análisis de videosuperposición, y se corrobore esa identificación con el ADN Mitocondrial, técnica que tenía la Universidad de Glasgow en ese momento, pero que no existía en Chile.

En segundo lugar, el ADN mitocondrial no llegó junto con el informe de la identificación videofacial, en circunstancia de que tanto la doctora González como el doctor Vanezis, señalaron que era indispensable contar con éste para poder hacer la identificación. Finalmente, se envía el ADN mitocondrial y se señala que no tiene ningún efecto.

Expresó que era importante para los efectos de identificación hacer la videosuperposición y corroborarla con los ADN. No se le otorgó mayor validez a la superposición porque no se enviaron los cráneos. Entonces, al enviarse duplicados, que están en mal estado, era difícil que tuviera una buena recepción.

Vanezis en muchos oficios sostiene “estoy haciendo la videosuperposición”. Ante ello la doctora Danuta Rajs, le manifestó “Usted no tiene que hacer eso, usted no está autorizado para eso. ”

Este contrato o convenio estaba destinado a videosuperposición conjuntamente con el ADN. Ello correspondía en la medida en que la videosuperposición fuera con los cráneos originales, y se corroborara las identificaciones con el ADN mitrocondrial. Se envían 27 muestras de familiares, se envían cráneos y 21 osamentas. Afirmó que no entiende por qué se tomó la decisión de enviar esos restos con esas muestras de familiares, dado que si se pretendía identificar debían haber mandado 250, que correspondía en ese minuto identificar.

Manifestó que deseaba aclarar la afirmación efectuada en la Comisión en el sentido de que el informe Glasgow respondía a una petición efectuada por el Ministerio de Justicia. Aclaró que la petición vino del Servicio Médico Legal, a raíz de la visita al país del doctor Vanezis.

Documentos acompañados a la Comisión:

-Resolución que autoriza el gasto para financiar el informe Glasgow: En 1994, el entonces director del Servicio Médico Legal, doctor Alfonso Claps Gallo, emitió la resolución exenta N° 554/94, en cuyo numeral 1 se lee textualmente: “Apruébese el gasto por concepto de realización exámenes mediante aplicación de técnica de ADN mitocondrial no disponible en Chile, que realizará la Universidad Glasgow de Escocia, para el Servicio Médico Legal. ”.

-Presentación efectuada por el ex Director del Servicio Médico Legal, señor Alfonso Claps al juez del 22° Juzgado del Crimen de Santiago, por la cual solicita autorización para el traslado de osamentas humanas exhumadas del Patio 29.

En ella se señala que el traslado de los restos obedece “al convencimiento que asiste al equipo profesional formado para la identificación de esos restos humanos, de la necesidad de ese viaje para los fines que se persiguen, como una complementación necesaria a la labor aquí realizada. ”

A continuación se hace presente que viajará la Doctora Patricia Hernández, quien se reunirá con la doctora América González, quien se encuentra haciendo uso de una beca en la Universidad de Glasgow.

-Intercambio epistolar entre el ex Director del Servicio Médico Legal, señor Alfonso Claps y el doctor Peter Vanezis (acompañado en un oficio remitido por el actual Ministro de Justicia a esta Comisión) :

En una carta dirigida por el doctor Claps a Vanezis le señala “a) Aproximadamente el 20 de mayo esperamos reanudar nuestro trabajo sobre la identificación de restos de huesos.

Como hemos establecido anteriormente, todavía tenemos 102 casos no identificados de los cuales esperamos identificar completamente alrededor de 70 por nuestros propios medios y por ellos tendríamos 25 a 32 casos en el cual podríamos tener la ayuda de su departamento. Esperamos completar la primera etapa en tres meses, terminando aproximadamente a mediados de agosto.

Más adelante en el punto c) expresa que “Después de esto requeriremos la cooperación de su departamento para los casos pendientes no resueltos, que por requerimiento de nuestro sistema legal deben ser trabajados en Glasgow por la Dra. América González, es la única especialista Forense asignada por la Corte reconocida por nuestro sistema judicial en nuestro departamento. ”

En su respuesta el doctor Vanezis indica lo siguiente: “En referencia a la identificación de los restos, como le indiqué no habrá costos en hacer los exámenes de éstos, los cuales traerá la Dra. Hernández porque los costos involucrados serán mínimos. Sólo se requerirá que costeen el viaje y su permanencia mientras esté aquí.

Con respecto a los exámenes de ADN de los restos, requeriré de los servicios completos de una persona apropiadamente entrenada para llevar a cabo esta parte de la investigación. Los fondos requeridos para esta persona, incluidos gastos generales son de 23. 813 libras. ” Más adelante efectúa una serie de recomendaciones respecto a la recolección de muestras de ADN.

C) Existencia de un instrumento jurídico celebrado entre el Servicio Médico Legal y la Universidad de Glasgow.

Diversos invitados ante la Comisión sostuvieron que el doctor Peter Vanezis o la Universidad de Glasgow no estaban cumpliendo con lo que se le había encomendado.

Exposiciones realizadas ante la Comisión

El ex Director del Servicio Médico Legal, señor Jorge Rodríguez , manifestó ante la Comisión que en 1994, el entonces director del Servicio Médico Legal, doctor Alfonso Claps Gallo, emitió la resolución exenta N° 554/94, en cuyo numeral 1 se lee textualmente: “Apruébese el gasto por concepto de realización exámenes mediante aplicación de técnica de ADN mitocondrial no disponible en Chile, que realizará la Universidad Glasgow de Escocia, para el Servicio Médico Legal. ”.

A poco más de un mes de hacerse cargo de la dirección del Servicio Médico Legal, el 14 de junio de 1995, se comunicó con el doctor Peter Vanezis, vía fax. En esa oportunidad le recordó textualmente que: “. . . Ud. informó a la Sra. Ministra de Justicia por escrito el 12 de diciembre de 1994 (referencia PV/MJH) , que los primeros resultados de los exámenes

estarían disponibles en febrero de 1995, los cuales aún no hemos recibido. ”.

Ante la respuesta del doctor Vanezis, le señaló textualmente “. . . deseo aclarar a Ud. que no solicitó identificar los cuerpos exhumados del Patio 29 del Cementerio General, sino realizar una técnica complementaria, cual es el examen de ADN mitocondrial, dado que en Chile no se cuenta aún con la implementación de esta técnica. ”.

Como resultado de esta correspondencia, el doctor Peter Vanezis les remite, en julio de 1995, en su nombre, un informe preliminar suscrito por la doctora América González, especialista del Servicio Médico Legal, quien se encontraba realizando un doctorado en esa Universidad.

Ante la firmeza de sus requerimientos para obtener el cumplimiento de lo convenido con el doctor Vanezis, éste optó por evitarlo y comunicarse directamente con su jefatura, la Ministra de Justicia.

Añadió que en el informe de Glasgow, al no llegar a resultados de ADN mitocondrial, que era lo encargado, se atreven, a través de moldes de yeso a dar un listado de identificaciones.

Al doctor Vanezis no se le estaba pidiendo que se hiciera cargo de la identificación total, sino que hiciera los exámenes de ADN, para usarlos como información complementaria.

La doctora Danuta Rajs sostuvo que hay varios oficios de la dirección del Servicio Médico Legal enviados a la Universidad de Glasgow, solicitando los resultados de los exámenes, pero éstos nunca llegaron.

Lo que se pedía al doctor era que mandara los resultados de los exámenes de laboratorio, tal como se manda cualquier examen.

Manifestó que sabía que los peritos evaluaron que no era un informe de laboratorio, sino una carta que señalaba que no existían coincidencias, pero no especificaba qué era la cosa que no coincidía ni con qué no era coincidente.

Consultada sobre las razones por las cuáles no resultó exitoso el examen de ADN mitocondrial encargado a Glasgow respondió que esta prueba estaba incluida en el proyecto de estudio que se encomendó, porque en nuestro país no se hacía en esa época. Declaró que le cuesta creer que las muestras fueran inadecuadas, porque las tomaron especialistas.

En todo caso, reiteró que no calificaría dicho informe como de laboratorio, porque una carta no es un informe de laboratorio; además, es una carta un tanto confusa.

Interrogada si existió un convenio con la Universidad de Glasgow respondió que si lo hubo. Éste fue suscrito con todos los criterios del caso. Tiene que haber una copia de ese convenio en los informes de la Contraloría, por cuanto ésta hizo una fiscalización sobre la materia.

Informó que elaboraron un proyecto para un programa de trabajo que incluía los exámenes de ADN hechos en el extranjero, a partir de la cotización del doctor Vanezis. En consecuencia, esa cifra estaba dentro del proyecto, el cual incluía etapas de trabajo, etapas de desarrollo de la unidad de identificación y contenía recursos para contratar personal temporal para determinadas actividades, recursos para el equipamiento, etcétera. Por ello le consta que existió el citado convenio.

El senador José Antonio Gómez expresó que se registran varias cartas que evidencian el intercambio de opiniones entre los doctores Rodríguez y Vanezis. El primero sostenía que se le había encargado un determinado informe y no ha respondido en la fecha solicitada, y que ha enviado informes periciales o informes técnicos que no son los solicitados por el servicio. Por tal razón se le requiere que cumpla con el contrato celebrado.

En un comienzo se solicita a la Universidad de Glasgow que procure identificar a las personas, desde el punto de vista del análisis de videosuperposición, y se corrobore esa identificación con el ADN Mitocondrial, técnica que tenía la Universidad de Glasgow en ese momento, pero que no existía en Chile.

A Vanezis se le autorizó a hacer la superposición, pero se le pidió que constatara que lo que va a enviar esté en lo correcto, a través del ADN mitocondrial.

El citado doctor se comprometió, de acuerdo con este único oficio o resolución oficial, a que esos 20 millones sean utilizados en ADN mitocondrial. Para esos efectos contrata a un químico especialista, quien envía su informe.

Vanezis en muchos oficios sostiene “estoy haciendo la videosuperposición”. Ante ello la doctora Danuta Rajs, le manifestó “Usted no tiene que hacer eso, usted no está autorizado para eso. ”

Este contrato o convenio estaba destinado a videosuperposición conjuntamente con el ADN. Ello correspondía en la medida en que la videosuperposición fuera con los cráneos originales, y se corroborara las identificaciones con el ADN mitrocondrial. Se envían 27 muestras de familiares, se envían cráneos y 21 osamentas. Afirmó que no entiende por qué se tomó la decisión de enviar esos restos con esas muestras familiares, dado que si se pretendía identificar debían haber mandado 250, que correspondía en ese minuto identificar.

Documentos allegados a la Comisión

a) Intercambio de notas entre el doctor Alfonso Claps, ex Director del Servicio Médico Legal y el Doctor Peter Vanezis (que ya fueron reproducidas en este informe, al inicio del presente capítulo).

b) Informe dirigido por el ex Director del Servicio Médico Legal, señor Jorge Rodríguez a la ex Ministra de Justicia, señora Soledad Alvear, de fecha 2 de febrero de 1996, que en su página 12 se señala “Me parece que la explicación del Dr. Vanezis, por no informar acerca de los resultados precisos de cada uno de los exámenes de ADN (secuencias moleculares encontradas, conclusiones de cada comparación de imágenes computacionales) , es completamente incompatible con un trabajo científico y con el servicio que con él se contrató y por el cual se erogó una cuantiosa suma. En su informe se refiere además insistentemente a exámenes que en ningún momento le fueron solicitados. ”

c) Carta dirigida por Jorge Rodríguez al Dr. Peter Vanezis, de fecha 27 de junio de 1995. En ella se afirma que “…deseo aclarar a UD. que no se le solicitó identificar los cuerpos exhumados del Patio 29 del Cementerio General, sino realizar una técnica complementaria, cual es el examen de ADN mitocondrial, dado que en Chile no se cuenta aún con la implementación de esta técnica. ” Más adelante agrega que “En abril de 1994, en una comunicación dirigida a Ud. por el entonces Director del S. M. L. Dr. Alfonso Claps Gallo se le especifica que los exámenes de superposición por video, los debía realizar la Dra. América González única autorizada por la legislación chilena para ese procedimiento. ”

d) Oficio del Director Nacional suplente del Servicio Médico Legal, señor Alvaro Erazo L. , de fecha 14 de julio de 2006. En éste se señala que “Mediante Oficio Reservado N° 19 de fecha 21/04/1994, el Director del Servicio Médico Legal de la época Dr. Alfonso Claps Gallo, informa al Sr. Subsecretario de Justicia, respecto al análisis, metodología y proposición para la identificación de osamentas del Patio 29, indicando expresamente en el punto N° 2 que es el desafío técnico a enfrentar en la materia, requiere la colaboración de Centros Internacionales idóneos, específicamente en lo relativo a la Técnica de Superposición Cráneo-Facial por video, desarrollada en el Departamento de Patología Forense de la Universidad de Glasgow, por el Profesor Peter Vanezis. . ”. Más adelante agrega que “Esta labor de identificación fue contemplada en el “Proyecto de Identificación Médico Legal y de determinación de la causa de muerte de las osamentas exhumadas en el Patio 29 del Cementerio General”, la cual finalmente fue aprobada en su ejecución en el ámbito presupuestario, a través de resolución exenta N°554, de fecha 26 de octubre de 1994, que sanciona gasto por concepto de realización de exámenes mediante aplicación de la técnica de A. D. N. Mitocondrial a realizar en la Universidad de Glasgow en Escocia, para el Servicio Médico Legal.

En adelante, el compromiso de colaboración de la Universidad de Glasgow con el Servicio Médico Legal fue aparentemente de manera informal y su desarrollo se plasmó en comunicaciones permanentes por el medio escrito, documentos que se encuentran acompañados a la investigación. ”

D) ¿El Informe debió enviarse a los Tribunales de Justicia?

Posición de la abogada Pamela Pereira y minuta atribuida por ésta al Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior (hecho desmentido por Raquel Mejías, jefa de dicho programa)

Ella sostuvo que en la identificación de los restos óseos se empezaron a usar técnicas de superposición facial, respecto de las cuales tiene la impresión de que carecen de certeza científica.

Los problemas de métodos de trabajo, desorden, falta de recursos y conocimientos comenzaron a ser patentes. En ese contexto, surge la posibilidad de hacer pericias en la Universidad de Glasgow. Una doctora que estaba realizando estudios allá, tomó contacto con el doctor Peter Vanezis, destacado médico, especialista en esta materia, que trabaja, entre otras instituciones, para Amnistía Internacional.

Él ha sido uno de los investigadores de realidades como las de Ruanda, Croacia, etcétera. En resumen, es una autoridad a nivel mundial en el tema.

Con orden judicial a fines de 1994 se enviaron a Glasgow restos, muestras de sangre, etcétera, para ser periciados. Por tanto, esas pericias obligatoriamente debían ser puestas en conocimiento del juez una vez que llegaran los resultados a Chile.

El doctor Vanezis tenía interlocución directa con el Ministerio de Justicia, incluso remite sus informes a dicho ministerio y ellos al Instituto Médico Legal. Cualquiera sea la forma de cómo llegan esos informes a Chile, lo cierto es que el Instituto Médico Legal, de inmediato, en virtud de la ley, debió haberlos puesto a disposición del juez de la causa, pero eso no ocurrió. Se violentó la ley.

Recalcó que a pesar de las reiteradas veces que consultó por el resultado de las pericias de la Universidad de Glasgow, siempre obtuvo respuestas negativas en el Instituto Médico Legal, hasta que, a fines de 2001, el entonces juez del 22° juzgado del crimen, le comunicó que existían tales informes.

Añadió que obtuvo una minuta que no está firmada, pero que, según ella, fue hecha por personas del Programa de Derechos Humanos, que sintetiza con claridad que “el informe de Glasgow fue enviado al Ministerio de Justicia de Chile con fecha 23 de octubre de 1995”. Vale decir, desde 1995, año en que el Ministerio de Justicia lo remite al Instituto Médico Legal, quedó oculto hasta que el juez del 22° Juzgado del Crimen, alrededor del año 2000, logró encontrarlo.

Ese informe da cuenta de errores concretos de identificación y reproches en la forma cómo se enviaron las muestras.

En la minuta antes mencionada se concluye lo siguiente: “Por último, el ocultamiento del informe sin que se rebatiera con argumentos científicos, sino con argumentos descalificatorios, entregados extraoficialmente por el director del Servicio, doctor Rodríguez, tanto al juez que instruye la causa, señor Andrés Contreras, como a los familiares, hace pensar que esto se debe a que el informe plantea, por un lado, las ineficiencias de los antecedentes enviados y, por otra parte -que sería lo más grave-, habiéndose realizado ya la entrega de a lo menos cuatro personas sin que fueran concordantes las conclusiones de ambos equipos, se optó por ocultar el informe por temor a que se cuestionara la identificación realizada, asumiéndose que se entregaron en forma equívoca restos, concordando sólo en el caso de la víctima entregada posteriormente a la recepción de dicho informe”.

Según la abogada, se ocultó el informe Glasgow: porque en ese entonces no existió el coraje de reconocer que había errores.

Señaló que desde el momento en que se rompe la legalidad y no se pone a disposición del juez el informe Glasgow, empieza una suma de actuaciones indebidas.

Agregó que el Informe Glasgow se oculta en un momento determinado. Además, se da la particularidad de que el ministro Gómez, a su vez, fue subsecretario de Justicia, y los subsecretarios de todos los ministerios son los que tienen el control de los servicios públicos. Señaló que cuando ocurre lo de Glasgow, quien tenía el control de esa situación era el subsecretario, más que la ministra.

La señora Raquel Mejías, Jefa del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior ante la consulta de si es efectivo que la minuta referida al informe Glasgow que la abogada Pamela Pereira presentó ante la Comisión, fue elaborada por el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior respondió que no la conoce. Añadió que tendría que leerla con mayor detención para saber si algún funcionario pudiera haberla hecho en el programa.

En la época en que se empezó a investigar el informe Glasgow, el secretario ejecutivo del programa era don Luciano Foulloux, y ella era la jefa del área jurídica.

Informó que el Programa tradujo el informe Glasgow, en el año 2002 y se lo acompañó a la ministra señora Mónica Maldonado, fiscal de la Corte Suprema, que estaba haciendo una investigación sobre esa materia.

Le entregó una traducción a Pamela Pereira y otra a la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos.

En relación con la minuta, su opinión como abogada es que no tenía ninguna razón de ser, porque en el momento en que el informe ya estaba traducido y la investigación en poder de la fiscal de la Corte Suprema, el emitir opiniones personales no tenía ninguna validez. La investigación ya estaba en poder de la mayor autoridad de los tribunales superiores de justicia, como lo era la fiscal de la Corte Suprema.

Interrogada sobre la importancia que atribuye al informe Glasgow manifestó que no es una pericia. Estimó que hay una confusión entre lo que es una pericia y la opinión de un experto extranjero.

Un perito puede pedir una opinión para que apoye la suya, pero las normas del nombramiento de perito son cuestiones estrictas de derecho: Tienen que jurar ante el juez, prometer desempeñar el cargo, entregar informes, etcétera.

Agregó que el informe Glasgow no era una pericia pedida por el tribunal, sino un informe solicitado por el Servicio Médico Legal en forma autónoma.

Posición de la fiscal de la Corte Suprema, y de los ex Directores del Servicio Médico Legal, señores Rodríguez y Vargas.

La fiscal de la Corte Suprema en las conclusiones de su investigación expresa “el SML omitió el envío del llamado “Informe Glasgow” al 22º Juzgado del Crimen de Santiago……” agregando más adelante “…Sin embargo, con esta omisión no ha incurrido en irregularidades en los procedimientos de identificación de las osamentas encontradas en el Patio 29, toda vez que ha quedado también claramente establecido que el “Informe Glasgow fue remitido a Chile con gran retardo respecto de la época en que se había ofrecido entregar. ”

A continuación agregó que “el Informe, entregado en parcialidades y sin contener la información que se había solicitado, tenía en opinión de los profesionales, peritos y autoridades del SML una validez muy discutible, entre otras razones, porque no hay en él dato alguno que permita ni siquiera analizar el proceso y el resultado; los resultados de los análisis de ADN mitocondrial tienen un valor muy escaso y limitado para la identificación; y, existe una discrepancia en las identificaciones entre el primer y segundo informe de más de la mitad de los casos, cifra que para los expertos resulta demasiado alta, y hace poner en duda los resultados. ”

También afirma que “. - Si bien queda claro en la investigación llevada a cabo que la omisión del envío del “Informe Glasgow” al 22º Juzgado del Crimen no se debe en caso alguno a un afán de ocultar información que pudiera ser útil a efectos de identificar las osamentas encontradas en el Patio 29, ha quedado también claro en el curso de esta investigación, que las autoridades del SML no fueron diligentes ni cuidadosas en exigir a la Universidad de Glasgow la oportuna y debida entrega de los exámenes solicitados. ”

El ex Director del Servicio Médico Legal, señor Oscar Vargas, sobre la materia señaló que a través del oficio reservado N° 16 le remitió al Subsecretario un resumen del Informe Glasgow. Éste llegó al Servicio Médico Legal en los años 1995-1996. Aclaró que no es una pericia, sino un informe pedido por los mismos peritos; no por el tribunal. Cuando ese documento llega al Servicio Médico Legal, es evaluado por los citados peritos y, en su opinión, el informe adolecía de serios problemas. Fueron ellos quienes consideraron que no era oportuno enviárselo al tribunal correspondiente.

Añadió que el artículo 78 del Título I del Libro Segundo del Código de Procedimiento Penal expresa lo siguiente: “Las actuaciones del sumario son secretas…”. Asimismo, la ley Nº 20. 065, en parte de su artículo 23, señala: “En consecuencia, los hechos y antecedentes relativos a una pericia serán secretos sólo para los terceros ajenos al procedimiento. ”.

Recalcó este punto porque las conclusiones de una pericia de que puede tomar conocimiento en cualquier proceso médico legal no las puede informar a nadie que no sea el juez respectivo; ni a la autoridad política ni a las familias respectivas.

Respecto de la consulta de si era necesario colocar la situación en conocimiento de los tribunales de Justicia, sostuvo que toda solicitud de pericia requerida por los tribunales debe ser puesta en conocimiento de ellos. Todo lo que es pedido por los tribunales, y todo aquel antecedente que manejen los peritos generados por ellos, que consideren que aporta a la investigación criminal, también debe ser informado al tribunal respectivo.

Respecto a la consulta sobre quien ocultó el informe de Glasgow respondió que a su juicio no hubo tal ocultamiento. Igual afirmación hace la fiscal de la Corte Suprema.

El ex Director del Servicio Médico Legal, señor Jorge Rodríguez, señaló que la señora Ministra de Justicia, por memorando N° 851, de 7 de noviembre de 1995, remite los antecedentes enviados por el doctor Meter Vanezis, de la Universidad de Glasgow, a su asesor de ese entonces, señor José Antonio Gómez, quien, a su vez, los remite al Servicio Médico Legal, solicitando información al respecto.

Ante esta situación, comunicó la información recibida a los peritos encargados de emitir los juicios respectivos sobre la identificación.

Reiteró que no corresponde al director del Servicio Médico Legal relacionarse con el tribunal, en función de pericias específicas, sino que dicha relación corresponde única y exclusivamente a los peritos.

Todos los peritos consultados, Patricia Hernández, Luis Ciocca, Isabel Reveco, Jaime Mery y Hugo Jorquera, coinciden en calificar el informe como de mala calidad, lo que se refleja al menos en:

1. Como se recordará, al doctor Vanezis se le solicitó única y exclusivamente exámenes de ADN mitocondrial. Pues bien, sobre la materia el informe señala: “Aunque pudimos extraer exitosamente ADN mitocondrial a todas las muestras de hueso y de todas las muestras provenientes de familiares, sin contaminación, no pudimos encontrar compatibilidad entre ninguno de los familiares con ninguna de las muestras de hueso. ” Luego de esa constatación, el informe concluye: “Debemos concluir, por lo tanto, que recibimos muestras de huesos que no procedían de los restos de los cuales habían sido tomado los moldes de yeso de los cráneos”.

2. Habiendo fracasado en los estudios mandatados por el Servicio Médico Legal, el doctor Vanezis da cuenta de exámenes por superposición cráneo-facial, exámenes que realiza mediante la utilización de moldes de yeso de cráneos.

3. Resulta más incomprensible aún, que el doctor Vanezis se permita llegar a conclusiones identificatorias, si se considera que él mismo en el informe final indica que “Fue molesto para nosotros que no pudiésemos recibir los cráneos originales de las víctimas. . . ” Y a continuación agrega: “Los moldes de yeso que se nos envió estaban quebrados en algunos casos, como asimismo varios otros mostraban distorsiones que encontramos inaceptables. ”

4. Por último, se debe destacar que de las dieciséis identificaciones que ese informe dice encontrar, se contradecía en ocho respecto de su propio informe preliminar, emitido un mes antes, lo que evidentemente le resta seriedad.

Con fecha 23 de enero de 1996 y por oficio reservado N°3, contestó al señor José Antonio Gómez, en el que expresa textualmente: “Como es de su conocimiento, el doctor Vanezis no cumplió con lo solicitado. ” A continuación, señaló también de manera explícita que existe discrepancia entre las identificaciones efectuadas en nuestro país por la unidad respectiva del Servicio Médico Legal y lo informado en el llamado Informe Final de Glasgow. ”

Por su parte, ante el informe entregado, el señor Gómez le solicita que remita otro más completo, dirigido especialmente a la Ministra.

Con fecha 2 de febrero de 1996, mediante oficio reservado N° 14, envió a la señora Ministra de Justicia un completísimo informe sobre lo acontecido hasta ese momento, en cuyas 14 páginas da cuenta, según señala el propio título del informe de los “Métodos y técnicas de la identificación médico legal, síntesis cronológica de los peritajes de identificación de las osamentas exhumadas en el patio 29 del Cementerio General de Santiago, relaciones del Servicio Médico Legal con la Universidad de Glasgow y compromiso legal del Servicio Médico Legal y sus peritos en los peritajes encargados por los jueces”.

En el documento mencionado, elaborado sobre la base de las conclusiones de los peritos, se analizan con detalle todos y cada uno de los aspectos mencionados. Allí señala: “Me parece que la explicación del doctor Vanezis, por no informar acerca de los resultados precisos de cada uno de los exámenes de ADN -secuencias moleculares encontradas, conclusiones de cada comparación de imágenes computacionales- es completamente incompatible con un trabajo científico y con el servicio que con él se contrató y por el cual se erogó una cuantiosa suma. En su informe se refiere, además, insistentemente, a exámenes que en ningún momento le fueron solicitados”.

Añadió que a las falencias técnicas del trabajo presentado por el doctor Vanezis, se debe agregar que el citado informe no posee la calidad de peritaje médico legal. Desde luego, no fue solicitado por un juez, ni siquiera por una de las partes. Pero tampoco fue realizado por un perito, en los términos de la legislación procesal penal vigente a la época. Es decir, en estricto rigor, se trataba de unos exámenes complementarios, que no se podían efectuar en Chile y, por eso, se solicitaron a una universidad extranjera.

Por lo expuesto, la autoridad ministerial y los peritos médicos legales encargados tuvieron total y pleno conocimiento de la situación generada.

Por último, agregó que sobre este tema hubo investigaciones en la Fiscalía de la Corte Suprema, dirigida por la fiscal señora Maldonado, en la Corte de Apelaciones de Santiago, por la ministra señora Valdovinos, y en algún tribunal de la República, pues sobre la materia también fue interrogado por la Policía de Investigaciones

Con respecto al tema Glasgow, la fiscal señora Maldonado resolvió que las autoridades del Servicio Médico Legal “no cometieron delito”. La Contraloría, por su parte, ha investigado durante tres años en el sumario incoado en su contra. Respecto de supuestas infracciones en relación con el proceso de identificación de restos de detenidos desaparecidos, jamás ha formulado cargo alguno, como tampoco lo ha hecho sobre el mal uso de recursos económicos.

Por último, en la investigación de la fiscal de la Corte Suprema se consigna el informe del juez 22º Juzgado del Crimen de Santiago, don Andrés Contreras Cortés, quien señala “Extraoficialmente, en una reunión en el SML con el Director de la época Dr. Jorge Rodríguez, éste comentó -destacando que ocurrió antes de su asunción-, que un médico escocés estafó al SML al cobrar subidos honorarios por exámenes de ADN a trozos de fémur de 21 exhumados, sin que remitiera resultado alguno. ”

Posición de las ex peritas del Servicio Médico Legal, señoras Isabel Reveco y Patricia Hernández.

La señora Isabel Reveco señaló que el informe Glasgow consistía en una asesoría solicitada por el Ministerio de Justicia a un organismo extranjero. No es una pericia solicitada por el juez para la investigación judicial. No estaba relacionado ni con los peritos ni con el juez. Se trataba de una correspondencia entre Glasgow y el Ministerio de Justicia; ni siquiera con la Unidad de Identificación. Por lo tanto, devolvieron el informe Glasgow a la Ministra de Justicia. Lo hicieron llegar a ella, no con el afán de ocultar la información, sino porque ese era el conducto regular. La Ministra les hizo ciertas preguntas, las que fueron respondidas. Añadió que no tienen que darle copia a otros estamentos del Servicio Médico Legal, y menos a alguno ajeno al Servicio. Reiteró que no se trataba de una pericia al Patio 29, sino una asesoría que pidió un director del Servicio Médico Legal a una universidad extranjera.

Como peritos de la unidad de identificación, no tenían relación ni con la ministra ni con el subsecretario, ni siquiera con el director, porque esas eran relaciones administrativas.

Ellos hacen su trabajo y entregan el informe a quien es su jefe directo que, en este caso, es el juez. Informó que nunca tuvo una reunión con el Subsecretario o con la Ministra.

Afirmó que la doctora Hernández les mostró el llamado informe Glasgow, el cual le había sido entregado por el doctor Rodríguez. Éste fue leído por cada uno de los peritos, el doctor Mery, Ciocca y ella. Al cabo de una semana les pidieron que sus opiniones las registraran por escrito. Ese informe, que desestimaba técnicamente el documento antes mencionado, lo redactaron con la doctora Hernández, quien lo entregó al director del Servicio Médico Legal.

Interrogada si en su calidad de perito había estimado conveniente no dar a conocer el informe Glasgow respondió que no se pronunciaron en absoluto si era necesario darlo a conocer, independiente de las opiniones personales que tenían.

A su juicio no tenía ninguna incidencia darlo a conocer ni al juez ni públicamente, por cuanto no era una pericia, sino una asesoría solicitada por el Ministerio de Justicia y el director del Servicio de esa época, doctor Claps, a la Universidad de Glasgow. Por lo tanto, no correspondía siquiera haberle dado una respuesta por escrito, excepto a las autoridades del Ministerio.

Sin embargo, al juez Contreras le dieron a conocer, informalmente, que había llegado el informe, su contenido y lo que habían respondido en forma escrita. Igual información se proporcionó en una reunión al directorio de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos.

Reiteró que dicho informe no tiene validez científica y que las conclusiones a las que llegaron le parecen poco serias.

Agregó que tuvo reuniones con la doctora González cuando ésta llegó a Chile, en las que también estuvieron los doctores Ciocca, Rodríguez y Hernández.

En éstas le hicieron preguntas sobre la forma en que ella había llegado a ciertas conclusiones. Sostuvieron discusiones sobre las técnicas y métodos que ellos habían utilizado. Al respecto recordó haber dado un ejemplo que le parece bastante gráfico para desestimar ese informe: Hizo presente que le parecía insólito que profesionales, científicos e investigadores de la ciencia forense pudieran hacer un informe para lograr algún tipo de identificación sin haber analizado las osamentas. Además, que le parecía inusitado que un tanatólogo pudiera pronunciarse sobre una autopsia sin haberla hecho, sin haber tenido el cuerpo presente. Ellos nunca vieron un solo hueso del patio 29.

Por lo tanto, ningún asesor, ningún perito podría pronunciarse o llegar a una conclusión sobre una identificación de una osamenta de cualquier tipo si no ha visto los huesos.

La doctora González reconoció que las correcciones que había hecho de estatura de algunas osamentas, sin haberlas medido, no correspondían.

En uno de los tres casos que ellos estimaban como identificados, pero que tenía diferencias con la efectuada aquí en Chile, llegaron a la conclusión de que una osamenta correspondía a un detenido-desaparecido que no tenía sus dientes. Sin embargo, la osamenta que ellos identificaban como correspondiente a esa persona tenía todos sus dientes. Por tanto, no podía corresponder a ese detenido-desaparecido.

Había errores garrafales en las identificaciones que ellos dieron, porque no coincidía la ficha antropomórfica con los datos de la osamenta. Ello se explica porque ellos nunca hicieron la pericia de las osamentas.

Consultada sobre las diferencias periciales que se produjeron señaló que éstas son siempre resueltas por el juez. Con todo, aclaró que ello es así cuando son hechas sobre la base de informes periciales, no de asesorías externas.

Independientemente de la opinión que ellos tenían respecto de si era o no necesario dar cuenta al juez, ésa era una decisión de las autoridades del Servicio Médico Legal o del Ministerio de Justicia en última instancia.

Declaró que expuso al directorio de la AFDD lo que señalaba ese informe y por qué lo habían desestimado. Les manifestó que a su juicio el informe Glasgow no tenía relevancia alguna.

Nunca les mostró el informe, pero si les contó de qué trataba. Incluso, les comunicó que planteaba la existencia de identificaciones contradictorias respecto de las realizadas por ellos, y les explicó la razón por la cual lo descartaban. Lo recién expuesto ocurrió durante la década del 90, tal vez, en 1996 o en 1997.

La señora Patricia Hernández manifestó que en julio de 1995 llegó el primer informe de la doctora América González, en el que se daba a conocer el establecimiento de tres identidades con la utilización de la técnica de superposición cráneo-fotográfica en imágenes de video y a partir de los cráneos y de las fotografías de los casos que habían llevado.

En octubre del mismo año envió otro informe con 16 identidades finales, en el cual se señala que el anterior tenía carácter de preinforme. Dichas identificaciones también fueron determinadas mediante la utilización de la técnica de videosuperposición, algunas de las cuales habrían sido chequeadas por otro centro especializado en tal técnica.

La doctora América González envió ese informe al doctor Jorge Rodríguez. Ese mismo mes el doctor Vanezis envió un informe a la Ministra de Justicia, señora Soledad Alvear, quien lo recibió y se lo entregó al Subsecretario de esa cartera, señor José Antonio Gómez, quien, a su vez, lo hizo llegar al director nacional del Servicio Médico Legal, doctor Jorge Rodríguez, quien en definitiva se lo remitió, dado su calidad de jefa de la Unidad de Identificación.

Cuando el doctor Rodríguez le entregó el informe se percató que había tres identidades enviadas por el doctor Vanezis -quien avalaba las videosuperposiciones realizadas- que eran diferentes.

Informó la situación al director del Servicio Médico Legal y se reunieron todos los peritos, en atención a que había tres casos que eran discrepantes con los que ellos habían identificado.

Los cuatro peritos -el doctor Ciocca, el doctor Mery, la doctora Reveco y ella- elaboraron un informe en el que dieron a conocer las razones técnicas por las cuales decían que las identificaciones realizadas en esos tres casos estaban correctas, así como las razones técnicas por las que no podían corresponder a los casos que se informó desde Glasgow.

Ese informe fue entregado al doctor Rodríguez, quien lo remitió al Ministerio de Justicia. Sin embargo, añadió que tiene la impresión de que la Ministra debe haber pedido más antecedentes, de modo que la doctora Danuta Rajs preparó un informe que se lo entregó al doctor Rodríguez en febrero de 1996, en el cual relata todo lo ocurrido sobre esta materia, desde el año 1973. Es decir, la cantidad de muertos que llegaron al Servicio Médico Legal en 1973, cuáles eran heridos por balas, qué ocurrió con el Patio 29, cuándo se prepararon las exhumaciones del Patio, cuánto se exhumó, etcétera. Además, incluye las razones técnicas por las cuales se descarta la identificación realizada en Glasgow.

Consultada sobre las razones por las cuáles no le enviaron el informe Glasgow al juez respondió que éste no fue pedido ni por los peritos ni por el juez. Fue un examen de laboratorio que solicitó el Ministerio de Justicia, que no sirvió.

Recalcó que en ningún momento se discutió si se enviaba o no el informe al tribunal.

Posición de la ex perita del Servicio Médico Legal, señora América González.

Interrogada sobre las descalificaciones que ha sufrido el informe sostuvo que ello ocurrió durante su ausencia.

Luego del viaje de la doctora Hernández no recibieron ningún tipo de información anexa. A través de la prensa se enteran de que, cuando se vio el informe preliminar, se habían entregado cuerpos que estaban aún siendo analizados en la universidad. En Glasgow, desconocían todo lo que estaba sucediendo en relación con las identificaciones y con los cuerpos que estaban siendo entregados.

También a través de la prensa, se enteran de que habían sido entregados tres cuerpos, y que no estaban relacionados con el informe preliminar.

Respecto a la pregunta de quien efectuó la evaluación del informe señaló que entiende que la pericia la evalúa solamente el grupo de la unidad de identificación. Son juez y parte en relación con la evaluación del informe. A ella no le consultan.

Llamada a precisar esta afirmación y consultada si considera que hubo usurpación de funciones o una suerte de labor judicial en el juicio de opinión que emitió el Servicio al desconocer el informe; expresó que habría que distinguir si el informe Glasgow fue o no requerido por un tribunal. Añadió que entiende que el juez de la causa no solicitó el informe. Aclaró que emitió esa opinión desde su calidad de perito.

Estimó que no solamente una parte de los peritos tiene que emitir el informe final al respecto. Tendría que existir otra instancia no judicial, pero si pericial supervisora, con otros técnicos, para que analizaran esta discrepancia.

Por lo tanto, no ha querido aludir a una supuesta usurpación de funciones, en atención a que no es un informe requerido por un tribunal.

En relación a este informe recalcó que se trabajó con acuciosidad, con rigurosidad y de acuerdo con las metodologías internacionales. Éste se hizo de acuerdo con las últimas técnicas en identificación y con la rigurosidad de comprometer un informe, una pericia, y dar el nombre de una universidad como respaldo.

De los tres casos que estaban en discusión, la doctora Hernández en una de las reuniones con el doctor Rodríguez mostró que ellos disponían en Chile de información odontológica adicional que no fue enviada a Glasgow. En esas reuniones afirmó que en dos de los casos en que había controversia se presentaron antecedentes odontológicos de los cuales no tuvo conocimiento, que no se enviaron a Glasgow y que no eran compatibles con esas dos identidades del informe Glasgow. Son dos casos puntuales en relación con informes odontológicos que no fueron enviados. Respecto del resto del informe, indicó que mantiene las apreciaciones del mismo.

Agregó que se enteró de las discrepancias existentes cuando regresó a Chile, en abril de 1996. Previo a su retorno, supo por la prensa de que hay cuerpos que aún están siendo periciados y se comunicó con el doctor Jorge Rodríguez, para saber por qué estaba sucediendo aquello y él le comentó que en Chile se disponía de otra información, y que a su regreso se aclararían estas discrepancias. Por tanto, antes de su regreso, hizo sus reparos respectos de estas posibles discrepancias de identidad.

Indicó que en el informe preliminar existían discrepancias con tres casos y en dos de ellos, cuando regresó a Chile, aceptó la compatibilidad de las nuevas identificaciones por los antecedentes odontológicos que existían en Chile. Ahora, entre el informe preliminar y el informe final sí existían discrepancias, por el hecho de que estos cráneos fueron chequeados en China por el experto en ese momento, que es el pionero en materia de equipos de videosuperposición. Ese mismo equipo es traído a Chile y comprado para el Servicio Médico Legal, en diciembre de 1995.

Consultada sobre si se debió enviar el informe Glasgow al tribunal respondió que desconoce si desde el punto de vista jurídico dicho informe es considerado como un peritaje o como un documento complementario a las identificaciones. Con todo, manifestó que ante cualquier discrepancia entre informes, es el juez u otra instancia, un tercero, el que debe decidir, no otra parte de un mismo informe.

Posición del ex perito del Servicio Médico Legal, señor Luis Ravanal.

Durante su exposición mencionó que, a modo de ejemplo, son varios los informes que fueron ocultados a los tribunales: Glasgow; el de ADN de los fallecidos en la cárcel de San Miguel; el de la Universidad de Granada y los de la Unidad de Biología Molecular del Servicio Médico Legal.

Éstos corresponden sólo a algunos de los casos de mayor connotación pública que ha conocido nuestro país en los últimos años y que guardan relación con la negación de información a los tribunales, mediante la filtración y ocultamiento de la información pericial.

Recordó la identificación equivocada de tres cuerpos de un total de siete personas que fallecieron carbonizadas en la cárcel de San Miguel. De los siete cuerpos, tres fueron mal identificados por el Servicio Médico Legal, donde participaron los mismos peritos odontólogos que establecieron las identidades en los casos del patio 29. En este caso, el universo eran sólo siete cuerpos y erraron en tres.

La entrega equivocada sólo pudo quedar al descubierto cuando el informe de ADN que daba cuenta de este error, el cual no había sido entregado al tribunal del crimen, ni informado a los familiares, apareció denunciado por la prensa. Por este hecho fue sancionada la doctora América González.

Señaló que ha escuchado algunas de las exposiciones de los invitados a esta Comisión investigadora respecto de los informes de la Universidad de Glasgow y de la Universidad de Granada, en especial respecto de los dichos del ex director del Servicio Médico Legal, señor Jorge Rodríguez Díaz, quien ha reiterado ante esta Comisión que “los informes de Glasgow no constituían informes periciales”.

Con el fin de despejar toda duda al respecto, ante la inefectividad de las aseveraciones planteadas, se remitió a los documentos originales que sirvieron de sustento legal para el inicio de las investigaciones periciales en Glasgow:

Los siguientes documentos demuestran que el informe si constituye una pericia:

i) Solicitud del ex director del Servicio Médico Legal, don Alfonso Claps Gallo al 22º Juzgado del Crimen de Santiago, mediante ordinario Nº 12358, de fecha 03 de noviembre de 1994, que señala textualmente: “Venimos en solicitar a US. autorización para el traslado por vía aérea, desde el Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez de esta ciudad, con destino al Departamento de Tanatología de la Universidad de Glasgow, Escocia, Gran Bretaña, Departament of Forensic Medicine Science; de osamentas humanas exhumadas desde el Patio 29 del Cementerio General el año 1991, en causa criminal rol Nº 4. 449/91, seguida por US. y cuyo preciso objetivo ha sido para el Servicio Médico Legal la identificación de las personas a quienes esas osamentas corresponden. Una vez practicado el peritaje médico-forense, dichos restos retornarán a nuestro país. ”

ii) Autorización para la realización de las pericias en Glasgow, por parte del 22º Juzgado del Crimen de Santiago, mediante oficio 2556 de fecha 08 de noviembre de 1994, que señala textualmente: “En causa rol Nº 4. 449 AF, por inhumación ilegal, se ha decretado oficiar a UD. a fin de poner en su conocimiento que, este tribunal ha autorizado a este Instituto, para el traslado al Departamento de Tanatología de la Universidad de Glasgow, Gran Bretaña, de osamentas humanas del Patio 29 del Cementerio General…”

iii) Carta del director del Servicio Médico Legal, Jorge Rodríguez Díaz, al doctor Peter Vanezis de la Universidad de Glasgow, de fecha 14 de junio de 1995, en donde solicita un informe sobre el proceso de identificación, señalando textualmente en dicho documento: “Debe tenerse presente que éste no es un proyecto de investigación, es un proceso oficial sobre personas desaparecidas…”.

iv) Carta del director del Servicio Médico Legal, Jorge Rodríguez Díaz, al doctor Peter Vanezis de la Universidad de Glasgow, de fecha 27 de junio de 1995, donde se señala textualmente: “Se le especifica que los exámenes de superposición por videos, los debía realizar la Dra. América González, única autorizada por la legislación chilena para ese procedimiento. Por otro lado la Dra. González ya recibió instrucciones de enviar de vuelta a Chile todo el material de duplicados de yeso, informes periciales, fichas antropológicas y fotografías de todos los casos; en un plazo no mayor a 10 días. ”

Tanto en la investigación que realizó la fiscal de la Corte Suprema como en la información que ha conocido y la investigación que ha realizado, hasta la fecha no se sabe cuál ha sido el destino de las muestras, entre ellas los fragmentos de fémur, los moldes y las fotografías.

En este documento queda establecida claramente la designación de un perito específico funcionario del Servicio Médico Legal, para la realización de los exámenes periciales de superposición por videos; la Dra. América González, quien además fue designada a cargo de todo el material remitido a la Universidad de Glasgow, para su devolución y envío de regreso a Chile. Este antecedente podría dar luces respecto del destino final de las muestras extraviadas a la fecha, tal como lo denunciara la señora Pamela Pereira.

La doctora América González Figueroa elaboró dos informes periciales en Glasgow, en su calidad de funcionaria del Servicio Médico Legal:

i) Informe del 07 de julio de 1995 dirigido al doctor Jorge Rodríguez Díaz, en donde señala que las identificaciones en 21 casos provenientes del Patio 29 fueron realizadas por la suscrita, mediante estudio comparativo de fichas antropomórficas, determinación de estatura y aplicación de técnicas de videosuperposición y reconstrucción facial computacional.

ii) Informe de 13 de octubre de 1995, dirigido al doctor Jorge Rodríguez Díaz, considerado por la suscrita como el informe final mediante videosuperposición, el cual informaba que fue posible identificar con certeza un total final y definitivo de 16 casos, dejando nulas las identificaciones establecidas en forma preliminar en el informe anterior, de fecha 7 de julio de 1995.

Ninguno de esos informes fue puesto en conocimiento ni consta su entrega oficial en la investigación que llevó a cabo la fiscal de la Corte Suprema, por ninguno de los directores del Servicio Médico Legal, cuando ésta requirió antecedentes relacionados con el Patio 29, específicamente a los doctores Salvatore Maisto Spina y Óscar Vargas Duranti.

La doctora América González, en su declaración ante la fiscal de la Corte Suprema, el 27 de septiembre de 2002, señala textualmente: “…supe que en esa misma época, y antes de que nosotros efectuáramos algún reconocimiento, en Chile se comenzaron a entregar restos óseos de las personas (alrededor de seis) que todavía se analizaban en Glasgow, dándolos por totalmente identificados y entregados a los familiares. Estos antecedentes usados en Chile, a menos que sean categóricos, no bastan por sí solos para lograr la plena identificación de la osamenta.

El informe final del Dr. Vanezis se envió a Chile en el mes de octubre de 1995, dirigido a la Ministra de Justicia (Soledad Alvear), con la seguridad de que el informe iba a contribuir a la identificación de los restos que fueron encontrados en el Patio 29, y que iba a ser considerado por el Servicio Médico Legal.

A mi regreso a Chile, esto es, en abril de 1996. se me informó por parte de la superioridad del Servicio, que existían contradicciones entre el informe del Dr. Vanezis y las identificaciones dadas en Chile” agregando a continuación “Hace muy poco me enteré con gran sorpresa que el informe Glasgow había sido descalificado por el Servicio Médico Legal y que no había sido enviado al tribunal; es más, ni siquiera lo mencionaron. ”, y finalizó señalando que “…agrego que nunca he omitido información pericial al tribunal y tampoco se me ha solicitado ni insinuado que así lo haga. ”

La declaración anterior resulta contradictoria, ya que no consta la entrega de los dos primeros informes elaborados por la suscrita (Dra. América González) en Glasgow, de fechas 7 de julio y 13 de octubre de 1995, a la Fiscal de la Corte Suprema.

En segundo lugar, en el memorando Nº 299/96, suscrito por América González, dirigido a Jorge Rodríguez el 18 de noviembre de 1996, y memorando 295/96, de 15 de noviembre del mismo año, consta el perfecto conocimiento que ésta tenía de los informes, más cuando actuaba como redactora y traductora de cartas entre Vanezis y Rodríguez.

Resulta evidente que el envío de las osamentas a la Universidad de Glasgow, se produjo con el preciso objetivo de identificar las osamentas exhumadas del Patio 29, en causa judicial, y no en otro ámbito.

Todos y cada uno de los análisis y resultados efectuados a partir de la autorización del tribunal competente constituyen, por el solo ministerio de la ley, actividades periciales cuyos resultados debía conocer el tribunal y que el Servicio Médico Legal omitió y ocultó a los tribunales de justicia, sabiendo que así lo hacía, deliberadamente, una vez recepcionados los resultados de los informes Glasgow, en el Ministerio de Justicia y en la Dirección Nacional del Servicio Médico Legal.

Posición de la ex Ministra de Justicia, señora Soledad Alvear.

Ella señaló que en octubre de 1995, en su gabinete se recibió un informe del doctor Vanezis. Se trataba de un documento que fue entregado en su versión original en inglés y también su traducción al español y fue remitido al entonces asesor, José Antonio Gómez, para disponer el curso de acción ante dicho informe.

Este último decidió remitírselo al director del Servicio Médico Legal, en ese entonces, Jorge Rodríguez, para que informara sobre lo que había recibido. El director le respondió en enero de 1996, a través de un reservado, que al actual senador le pareció completamente insuficiente, razón por la cual pidió otro, más completo.

El informe más completo fue remitido a las autoridades técnicas pertinentes para su análisis.

El informe que llegó al Ministerio correspondía al tercero de cinco informes. El cometido siguió su curso y medio año después, entre junio y julio de 1996, el resto de los informes se remitió directamente desde Glasgow al Servicio Médico Legal.

La actuación del Ministerio se tradujo en la decisión de obtener los recursos, en remitirlos al Servicio Médico Legal y, en definitiva, en darle la prioridad que, a su juicio, merecía este trabajo.

Esos informes no fueron pericias judiciales, sino documentos de carácter técnico. El informe Glasgow era un informe técnico suplementario a uno que el Servicio Médico Legal debía entregar al tribunal. Ello queda claro en el informe de la fiscal Maldonado, donde ésta señala: “…no compete a esta Fiscal adoptar decisión alguna respecto a la falta de diligencia que se aprecia en el Servicio Médico Legal, por cuanto sólo me concierne la supervigilancia respecto al cumplimiento de las órdenes periciales decretadas por los tribunales ordinarios de Justicia…”. . De lo anterior se colige que nunca se trató de una pericia judicial, sino de un informe técnico complementario.

El informe de la fiscal también agrega que no hay dolo ni intencionalidad alguna: “…con esta omisión -se refiere al Servicio Médico Legal-”no ha incurrido en irregularidades en los procedimientos de identificación de osamentas encontradas en el Patio 29…”. Y más adelante agrega: “…la omisión del envío del “Informe Glasgow” al 22º Juzgado del Crimen no se debe en caso alguno a un afán de ocultar información que pudiera ser útil a efectos de identificar las osamentas encontradas en el Patio 29…”.

También señala que, con los antecedentes que la Universidad de Glasgow tenía, era inverosímil poder lograr la identificación.

Las razones por las cuales los técnicos del Servicio Médico Legal estimaron que el informe carecía de toda confianza fueron múltiples. Entre otras, recordó que en Glasgow se pidió que enviasen los cráneos. Naturalmente, el juez no accedió a ello. Entonces, se pensó en el envío de reproducciones de yeso, los que, naturalmente, no permiten tener los elementos necesarios para proceder a una adecuada identificación.

Se pretendió traer una técnica a Chile que permitiese a nuestros peritos llevar adelante la investigación. En ese entonces lo que se logró traer al país era lo más novedoso que había en América Latina. Tanto fue así que cuando ocurrieron desgracias en países vecinos, como, por ejemplo, cuando cayó un avión peruano y murieron muchos estudiantes chilenos, la doctora Patricia Hernández fue la primera en estar allá para la identificación de las víctimas.

A su juicio, fue extraordinariamente irresponsable afirmar que las identificaciones estaban equivocadas, porque aún no se sabe cuál va a ser el informe definitivo, dado que en la actualidad hay nuevas técnicas.

La identificación no se produjo sólo por la superposición de rostros sino que hay, por ejemplo, elementos como la identificación de la dentadura, que es irrefutable.

Haciendo algunas precisiones jurídicas expresó que la designación de peritos se encuentra regulada en el párrafo sexto del Libro Segundo del Código de Procedimiento Penal. El artículo 224 establece el procedimiento para designar a los peritos. Hay tres supuestos. El primero es que la facultad de designación es exclusiva del juez. El segundo es que exista competencia para proceder al respecto, indicándose la jurisdicción para aquello. El tercero dice relación con las reglas bajo las cuales las partes pueden procurar la designación de peritos adicionales, lo cual está contemplado en el artículo 225 de dicho Código.

El artículo 6º del reglamento orgánico del Servicio Médico Legal se refiere a la autonomía de los médicos legistas en las cuestiones que se someten a su conocimiento, así como la responsabilidad personal sobre los informes que emitan en este sentido. El perito es el responsable y, por tanto, es completamente autónomo. En ese sentido, le está vedado a cualquier autoridad política formularle cualquier consulta sobre su investigación.

Reiteró que el informe Glasgow no es una pericia, sino un informe técnico, complementario, que los peritos del Servicio Médico Legal quisieron tener con el objeto de realizar mejor su gestión. Naturalmente, el Servicio es el organismo competente para vigilar su proceder, manteniendo siempre la independencia y autonomía en dicha tarea, informando sólo de ésta al Poder Judicial. Con todo, la única persona que puede intervenir es el o la fiscal de la Corte Suprema.

Por tanto, la naturaleza del informe Glasgow es el de un examen complementario a las pericias conducidas directamente por profesionales del Servicio Médico Legal, sobre las cuales el Ministerio de Justicia no tenía injerencia alguna.

El artículo 236 consagra las formalidades habilitantes para la asunción en el cargo de peritos, distinguiendo sólo si se trata de funcionarios que ejercen dicha función de manera permanente, o bien, de manera ad hoc en una causa particular.

El informe de Glasgow es suscrito por diversos profesionales, incluyendo una doctora chilena a instancias de la Universidad, sin mediar ninguna de las circunstancias previstas en las normas indicadas.

El artículo 237 fija la modalidad y contenido del informe pericial. El informe Glasgow no sigue el protocolo que se establece en los artículos 237 y 220 para las pericias, sino que se aboca, parcialmente, a los fines solicitados directamente por el Servicio Médico Legal, que era la única contraparte técnica en este estudio.

El artículo 224 consagra un plazo para la entrega del informe pericial, dentro del quinto día, y la forma en que se debe proceder cuando se requiere una ampliación del plazo, siempre a instancias del juez. El informe Glasgow tardó meses en confeccionarse, y no fue emitido en una pieza única, sino en varias, y que su contenido no era vinculante para el Servicio Médico Legal ni pertinente su conocimiento para el Ministerio de Justicia y el Poder Judicial.

Consideró importante tener en cuenta que se consigna en el expediente respectivo que el ministro de la causa, el juez Contreras, autorizó expresamente el envío de réplicas de cráneos con fines de investigación médica complementaria. Esto, implícitamente, confirma el hecho de que no se trataba de una pericia. De lo contrario, debiera haberse exigido la remisión posterior y oportuna de los informes que, en esta materia, se confeccionaron por la Universidad en comento al Servicio Médico Legal.

Finalmente, el propio informe de la investigación seguida por la fiscal de la Corte Suprema, señora Mónica Maldonado, señala en sus conclusiones que resulta claro en la investigación llevada a cabo que la omisión del informe Glasgow al 22° Juzgado del Crimen no se debe en caso alguno a un afán de ocultar información que pudiera ser útil a efecto de identificar las osamentas encontradas en el Patio 29.

El no envío del informe no constituye un ocultamiento doloso por parte del Servicio Médico Legal. En segundo lugar, sólo dicho Servicio pudo haber incurrido en descuidos en la relación con su contraparte técnica, la Universidad de Glasgow, lo que explicita, una vez más, la exclusión del Ministerio de Justicia en este vínculo, por cuanto el nexo administrativo vinculante está dado por la resolución antes sindicada.

El párrafo precitado debe ser coligado con lo que afirma la fiscal, en cuanto a que, en todo caso, a ella no le compete adoptar decisión alguna respecto de la falta de diligencia que se aprecia en el Servicio Médico Legal, por cuanto sólo le concierne la supervigilancia respecto del cumplimiento de las órdenes periciales decretadas por los tribunales ordinarios de justicia y de los eventuales delitos que pudieran cometerse en el ejercicio de dicha labor. Por ende, el informe Glasgow jamás fue solicitado por un juez, sino que fue un requerimiento del propio Servicio Médico Legal. En consecuencia, reconoce que el informe en cuestión no fue solicitado por magistratura alguna, no constituyendo, por tanto, una pericia.

Posición del ex Ministro de Justicia, señor José Antonio Gómez.

Manifestó que en relación con el tercer informe, luego de que llega al ministerio fue enviado a los peritos. Hizo presente que al abogado de la causa no le habría costado absolutamente nada haber presentado un escrito al tribunal para que éste exigiera el informe, pero no se hizo. El informe aparece porque el director subrogante del Servicio da a conocer que hay un informe de Glasgow, no como consecuencia de una investigación en particular. Por lo tanto, la entrega del documento le habría correspondido a los peritos. Además, ellos han dicho aquí en la Comisión que le informaron a la familia o a determinadas personas, incluso al juez.

Reiteró que existía la posibilidad de haber formulado esa petición directamente al juez, o bien haberla pedido al Ministerio o al Servicio Médico Legal. Recalcó que nunca llegó una petición formal al Ministerio de Justicia en el sentido de conocer el contenido de los informes. Aclaró que no se trataba de un asunto privado, sino absolutamente público. Incluso, se dieron conferencias de prensa en las cuales se informaba que se enviaban esos antecedentes a Glasgow.

Nunca tuvieron información si finalmente se entregaron tales antecedentes, porque les correspondía a los peritos tomar la determinación.

Respecto del informe de la fiscal Maldonado, expresó que éste se hizo a petición de la abogada Pamela Pereira, y se llegó a un resultado definitivo. En él, además de lo expuesto por la Senadora Alvear, se valoró el esfuerzo que realizó el Ministerio de Justicia en relación con este tema.

Por lo tanto, es importante tener presente que, en lo que se refiere al informe de la Universidad de Glasgow, hay una resolución dictada por la fiscal de la Corte Suprema, que en esa época debía supervigilar técnicamente al Servicio Médico Legal.

Aseveró que no existe una resolución judicial que señale los errores cometidos. La única resolución judicial que existe es la del juez Contreras, que identificó los cuerpos en 1994 y 1995, porque en la del ministro Gajardo no existe resolución que establezca identificaciones erróneas todavía.

El año 2002 se pidió que se identificaran nuevamente los cuerpos, pero con el cuidado debido y determinan 48 identificaciones mal hechas. ¿Quién puede decir luego de lo que se ha escuchado que la identificación que se hizo respecto de la muestra con una base de datos del Servicio Médico Legal es la que corresponde?. No se tomaron las muestras de los familiares y de los cuerpos de los detenidos desaparecidos, sino que lo hicieron con base de datos.

Interrogado sobre las razones que llevaron a desacreditar al informe Glasgow, respondió que no se trata de desacreditar dicho informe, sino de asumir que es un tema complejo, y que lo tienen que resolver los expertos, los indicados judicialmente para ello.

E) ¿Quién acordó no enviar el Informe Glasgow a los Tribunales?; ¿Efectivamente fueron los peritos?

Posición del ex director del Servicio Médico Legal, señor Oscar Vargas.

Afirmó que cuando llega el informe al Servicio Médico Legal, es evaluado por los mismos peritos, quienes consideraron que debido a los problemas que presentaba no era oportuno enviarlo al tribunal correspondiente.

Más adelante agregó que todo lo que es pedido por los tribunales, y todo aquel antecedente que manejen los peritos generados por ellos, que consideren que aporta a la investigación criminal, también debe ser informado al tribunal respectivo.

Posición del ex director del Servicio Médico Legal, señor Jorge Rodríguez.

Aseveró que ante esta situación, comunico la información recibida a los peritos encargados de emitir los juicios respectivos sobre la identificación. Se hace necesario aquí, a modo de paréntesis, recordar que no corresponde al director del Servicio Médico Legal relacionarse con el tribunal, en función de pericias específicas, sino que dicha relación corresponde única y exclusivamente a los peritos.

Interrogado sobre un posible ocultamiento del informe Glasgow reiteró que éste no es una pericia, sino que es un informe que se solicita por el Servicio Médico Legal para apoyar a los peritos en esta situación. Dicho informe llega directamente a la Ministra de Justicia. Ella lo deriva a su sucesor, quien se lo envía y él lo remite a los peritos médico legales quienes hacen un análisis absolutamente descarnado.

En el informe de Glasgow, al no llegar a resultados de ADN mitocondrial, que era lo encargado, se atreven, a través de moldes de yeso a dar un listado de identificaciones.

De todo ello informó a la Ministra de Justicia. Manifestó que ignora qué hizo la Ministra con tales antecedentes, pero entiende que ella comprendió lo que planteaban los peritos en el informe.

Posición de la señora Mireya García, de la Agrupación de Familiares de

Detenidos Desaparecidos.

Ella señaló que cuando se enviaron las muestras de ADN a Glasgow no fue para que informaran de qué manera se podían hacer mejor las cosas o qué técnicas se podrían utilizar, sino sólo para confirmar identidades.

Lo que hicieron en la Universidad de dicha ciudad con las muestras de ADN que se les envió, y utilizando la técnica de ese momento, fue informar que habría existido un error en la identificación de tres cuerpos.

Consultada sobre si estima que hubo mala fe en la omisión u ocultamiento del informe Glasgow respondió que no deseaba entrar en ese plano. Con todo, señaló que tenía la impresión que la unidad de identificación desechó rápidamente los resultados de Glasgow por considerar que no tenían mayor importancia o relevancia para efectos identificatorios. Indicó que cree que efectivamente pensaron que esos resultados no servían. Sin embargo, afirmó que una cosa es creer que no sirven y otra, seguir investigando para determinar si efectivamente sirven o no.

Resulta difícil aseverar que hubo un grupo de profesionales que acordó ocultar un informe. Más bien, estimó que se quedaron con la primera información que se entregó, lo que no constituye la actitud más responsable ni profesional.

Agregó que tiene la impresión que cuando se les informó verbalmente que no era útil el trabajo efectuado en Glasgow, no se sabía con exactitud qué decía el informe. Cree que éste no se tradujo en el momento oportuno.

Las muestras se enviaron a Glasgow en 1994 y los resultados llegaron a comienzos de 1996. Cuando se les comentó verbalmente que el informe Glasgow no servía para fines identificatorios, no tenían el documento ni sabían que en él se hablaba de errores en la identificación.

El llamado informe Glasgow claramente señalaba que había tres personas que no correspondían a las identidades que se habían entregado. Por consiguiente, había tres detenidos desaparecidos que habían sido incorrectamente periciados.

Consultada sobre quien les informó que los resultados del informe Glasgow no eran útiles, respondió que la doctora Patricia Hernández.

Posición de la ex perita del Servicio Médico Legal, señora Patricia Hernández.

Consultada sobre las razones por las cuáles no le enviaron el informe Glasgow al juez respondió que éste no fue pedido ni por los peritos ni por el juez. Fue un examen de laboratorio que solicitó el Ministerio de Justicia, que no sirvió.

Recalcó que en ningún momento se discutió si se enviaba o no el informe al tribunal.

Expresó que para ellos el informe Glasgow no tiene ningún valor. Éste da identidades con videos de superposición, no con ADN. No se afirma que los peritos del Servicio Médico Legal han cometido errores.

Manifestó que se pagó una enorme cantidad de dinero y no sirvió.

Informó que en reuniones que sostuvieron con la doctora González a su regreso, ella reconoció que tenían la razón (la unidad de identificación) y que ella se había equivocado. Ellas le solicitaron que lo manifestara por escrito. Igual petición le hicieron al ex Director, doctor Rodríguez. Finalmente ella nunca lo hizo.

Añadió que ante la serie de cuestionamientos que empezaron a surgir debió efectuar nuevos informes relativos a Glasgow. Es así como debió explicar éste al nuevo juez, porque ya no estaba a cargo de la causa el juez Contreras.

También se lo comentó al ex Ministro de Justicia de la época, señor José Antonio Gómez. Éste debía sostener una reunión con la directiva de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, y le pidió que concurriera a explicar por qué los reconocimientos de identidad que realizó serían los que estaban bien hechos y no los de Glasgow. Expresó que la directiva de la citada agrupación no quiso escuchar y exigieron la reestructuración total de la Unidad.

Posición de la ex perita del Servicio Médico Legal, señora Isabel Reveco.

Ella indicó que el informe Glasgow consistía en una asesoría solicitada por el Ministerio de Justicia a un organismo extranjero. No es una pericia solicitada por el juez para la investigación judicial. No estaba relacionado ni con los peritos ni con el juez. Se trataba de una correspondencia entre Glasgow y el Ministerio de Justicia; ni siquiera con la Unidad de Identificación. Por lo tanto, devolvieron el informe Glasgow a la Ministra de Justicia. Lo hicieron llegar a ella, no con el afán de ocultar la información, sino porque ese era el conducto regular. La Ministra les hizo ciertas preguntas, las que fueron respondidas. Añadió que no tienen que darle copia a otros estamentos del Servicio Médico Legal, y menos a alguno ajeno al Servicio. Reiteró que no se trataba de una pericia al Patio 29, sino una asesoría que pidió un director del SML a una universidad extranjera.

Como peritos de la unidad de identificación, no tenían relación ni con la ministra ni con el subsecretario, ni siquiera con el director, porque esas eran relaciones administrativas.

Ellos hacen su trabajo y entregan el informe a quien es su jefe directo que, en este caso, es el juez. Informó que nunca tuvo una reunión con el Subsecretario o con la Ministra.

Afirmó que la doctora Hernández les mostró el llamado informe Glasgow, el cual le había sido entregado por el doctor Rodríguez. Éste fue leído por cada uno de los peritos, el doctor Mery, Ciocca y ella. Al cabo de una semana les pidieron que sus opiniones las registraran por escrito. Ese informe, que desestimaba técnicamente el documento antes mencionado, lo redactaron con la doctora Hernández, quien lo entregó al director del Servicio Médico Legal.

Interrogada si en su calidad de perito había estimado conveniente no dar a conocer el informe Glasgow respondió que no se pronunciaron en absoluto si era necesario darlo a conocer, independiente de las opiniones personales que tenían.

A su juicio no tenía ninguna incidencia darlo a conocer ni al juez ni públicamente, por cuanto no era una pericia, sino una asesoría solicitada por el Ministerio de Justicia y el director del Servicio de esa época, doctor Claps, a la Universidad de Glasgow. Por lo tanto, no correspondía siquiera haberle dado una respuesta por escrito, excepto a las autoridades del Ministerio.

Sin embargo, al juez Contreras le dieron a conocer, informalmente, que había llegado el informe, su contenido y lo que habían respondido en forma escrita. Igual información se proporcionó en una reunión al directorio de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos.

Reiteró que dicho informe no tiene validez científica y que las conclusiones a las que llegaron le parecen poco serias.

Consultada sobre las diferencias periciales que se produjeron señaló que éstas son siempre resueltas por el juez. Con todo, aclaró que ello es así cuando son hechas sobre la base de informes periciales, no de asesorías externas.

Independientemente de la opinión que ellos tenían respecto de si era o no necesario dar cuenta al juez, ésa era una decisión de las autoridades del Servicio Médico Legal o del Ministerio de Justicia en última instancia.

Declaró que expuso al directorio de la AFDD lo que señalaba ese informe y por qué lo habían desestimado. Les manifestó que a su juicio el informe Glasgow no tenía relevancia alguna.

Nunca les mostró el informe, pero si les contó de qué trataba. Incluso, les comunicó que planteaba la existencia de identificaciones contradictorias respecto de las realizadas por ellos, y les explicó la razón por la cual lo descartaban. Lo recién expuesto ocurrió durante la década del 90, tal vez, en 1996 o en 1997.

Posición del ex perito del Servicio Médico Legal, señor Luis Ravanal.

Él manifestó que en relación con el ocultamiento del informe Glasgow existen los siguientes antecedentes a considerar:

-La Fiscal de la Corte Suprema, mediante oficio 121, de 9 de mayo de 2002, consulta al 22º Juzgado del Crimen de Santiago sobre el asunto.

i) El Informe del 22º Juzgado del Crimen de Santiago suscrito por el Juez Andrés Contreras Cortés, en respuesta a oficio Nº 121, del 9 de mayo de 2002, de la Fiscal de la Corte Suprema, señala textualmente entre sus párrafos: “De los elementos en análisis que forman la convicción de los peritos sometida para su decisión, ninguno se refiere a exámenes practicados en o por alguna dependencia de alguna Universidad de Glasgow. ”

Extraoficialmente, en una reunión en el Instituto del doctor Jorge Rodríguez, entonces su Director, comentó -destacando que había ocurrido ante de su asunción- que un médico escocés estafó al Servicio al cobrar subidos honorarios por exámenes de ADN a trozos de fémur de 21 exhumados sin que remitiera resultado alguno y que, requerido en forma reiterada, informó que se trataba de “tipos humanos latinoamericanos. ”

“No se efectuó en el proceso diligencia alguna sobre esta materia por no haberse recibido del Instituto Médico Legal ningún antecedente a su respecto”. , agregando más adelante que “Por otra parte, el Instituto no denunció algún delito con ocasión del desempeño del doctor Vanezis”

ii) Esto contrasta con la declaración del doctor Jorge Rodríguez Díaz ante la fiscal de la Corte Suprema, efectuada el 8 de enero de 2002, quien declara a fojas 583, segundo párrafo: “Yo siempre pensé que al juez se le había comunicado la llegada de este informe. ” “Yo no oculté dicho informe, sino que lo remití a la perita responsable, y más adelante, y previa solicitud de informe, se lo di a conocer a la ministra de Justicia,…”.

iii) La Fiscal de la Corte Suprema mediante oficio N° 132, de fecha 29 de mayo de 2002 dirigido al director suplente del Servicio Médico Legal, Salvatore Maisto Spina,, al tomar conocimiento de los antecedentes antes indicados requiere “ se remitan tales antecedentes a la brevedad posible al Vigésimo Segundo Juzgado del Crimen de Santiago para ser agregado a la causa 4. 491-91.

“Se reitera en esta oportunidad la obligación legal del Servicio Médico Legal de hacer llegar a los jueces del crimen en su oportunidad todos los antecedentes que obren en dicho Servicio Médico Legal y que tengan directa relación con los procesos que se tramitan en los tribunales. ”

iv) Oficio N° 9922 del director nacional suplente, Salvatore Maisto Spina, en respuesta a solicitud de oficio N° 132 de la fiscal de la Corte Suprema, dirigido al 22° Juzgado del Crimen de Santiago, de fecha 17 de junio de 2002.

El doctor Maisto sólo remite al tribunal los siguientes y limitados antecedentes relacionados con el Patio 29, causa 4. 491-91: Comunicado de Peter Vanezis, Universidad de Glasgow, de fecha 27 de junio de 1996, dirigido al director del Servicio Médico Legal, entregando información técnica sobre los exámenes referidos a osamentas del Patio 29; Comunicado de fecha 25 de julio de 1996, de Peter Vanezis, Universidad de Glasgow, al director del Servicio Médico Legal, complementando la información entregada con anterioridad sobre la materia, y Comunicación del departamento de Medicina Forense de la Universidad de Glasgow, de fecha 23 de octubre de 1995, al señor ministro de Justicia, enviando el informe definitivo sobre exámenes referidos a osamentas del Patio 29.

Pero sólo dos de los tres documentos señalados anteriormente son remitidos al tribunal por parte de don Salvatore Maisto Spina, incumpliendo la solicitud de la fiscal de la Corte Suprema, quien requería en el oficio N° 132: “…todos los antecedentes que obren en dicho Servicio Médico Legal y que tengan directa relación con los procesos que se tramitan en los tribunales. ” Entre otros, Salvatore Maisto no entrega al tribunal los dos primeros informes elaborados en Glasgow por la doctora América González, perita del Servicio Médico Legal y el informe suscrito por el doctor Peter Vanezis, referidos a los estudios del ADN mitocondrial.

Salvatore Maisto omitió el informe de 25 de julio de 1996, del doctor Peter Vanezis de la Universidad de Glasgow, a pesar de haberlo mencionado en el oficio N° 206, que remitió la fiscal de la Corte Suprema con fecha 9 de agosto de 2002.

Este informe es el de ADN mitocondrial, que demostraría en definitiva los errores cometidos en las identificaciones realizadas en Chile, mediante la exclusión de identidades por ADN mitocondrial.

La comunicación del 25 de julio de 1996, del doctor Peter Vanezis, de la Universidad de Glasgow, al director del Servicio Médico Legal, Jorge Rodríguez Díaz, representa, sin lugar a dudas, la prueba o resultado pericial de mayor trascendencia, por lo categórico de sus resultados, ya que este documento da cuenta de los estudios de ADN mitocondrial practicados, cuyos resultados demuestran en forma precisa la ausencia total de coincidencias y por ende de correspondencia genética -exclusión- entre las muestras de hueso de fémures y las identidades establecidas en Chile.

El informe Glasgow sólo es remitido a la fiscal de la Corte Suprema después de reiteradas solicitudes dirigidas al director del Servicio Médico Legal, Óscar Vargas Durante. Sólo éste, ante la orden del Ministro de Justicia, por la queja presentada por la fiscal de la Corte Suprema, remite parte de los antecedentes, mediante reservado N° 38/02 el 13 de agosto de 2002 y no motu propio, el mismo día en que la fiscal se constituye en dependencias del Servicio Médico Legal.

El 22º Juzgado del Crimen de Santiago, al tomar conocimiento de la existencia de los informes Glasgow, ordena diligencias, tal como se indica en documento 3653-02, de 8 de agosto de 2002, suscrito por el señor juez interino Pablo Droppelman Cuneo, el cual textualmente señala en algunos de sus párrafos: “Habiendo tomado conocimiento de la existencia de posibles contradicciones entre lo informado por el Instituto Médico Legal y el informe emitido por la Universidad de Glasgow, el tribunal de oficio resuelve: Fórmese un cuaderno separado de diligencias…”.

“Cítese vía telefónica a las doctoras del Servicio Médico Legal, doña Patricia Hernández Mellado y América González”.

“Ofíciese al Ministerio del Interior a fin de que remita copia autorizada de la traducción del informe de la Universidad de Glasgow”. ”

Agregó que en relación con el informe Glasgow existió una resistencia y negativa a entregar información relacionada con este informe por parte del entonces Director del Servicio Médico Legal, señor Oscar Vargas. Los antecedentes son:

El 7 de octubre de 2002, la fiscal de la Corte Suprema de Justicia, ante la falta de respuesta a sus oficios de 20, 23 y de 25 de agosto de 2002, dirigido a Oscar Vargas Duranti, director del Servicio Médico Legal en ese entonces, al igual que las resoluciones de 13 y 23 de septiembre de la misma fiscal, que dispuso reiterar dichos oficios, señalando textualmente:

“Que la negativa del director del Servicio a dar respuesta a los oficios que oportunamente le fueron despachados, sin siquiera informar de las razones de dicha negativa, constituye, además de una falta de deferencia hacia un integrante del máximo tribunal de la República, una situación de extrema gravedad que debe ser puesta en conocimiento de su superior directo, a fin de que adopte las medidas pertinentes.

Por estas consideraciones, remítase copia autorizada de la presente al señor ministro de Justicia, adjuntándole copia de los oficios referidos en esta resolución. ”

El 8 de octubre de 2002, el Ministro de Justicia, señor José Antonio Gómez Urrutia, instruye al director del Servicio Médico Legal, Oscar Vargas D, para que dé repuesta en forma inmediata a la fiscal de la Corte Suprema, mediante resolución 110/100.

El mismo día 8 de octubre de 2002, Oscar Vargas, director en ese instante del Servicio Médico Legal, responde forzadamente por orden ministerial a las reiteradas solicitudes de la fiscal de la Corte Suprema de Justicia, mediante reservado Nº 56, que viene a demostrar en forma muy concreta, que dichas autoridades políticas estaban en conocimiento y guardaban numerosos antecedentes relacionados con el Patio 29 y el informe Glasgow que no habían sido entregados a los tribunales, y que a la fecha, 8 de octubre de 2002, no los habían puesto en conocimiento de los tribunales de justicia, ni de la fiscal de la Corte Suprema, a pesar de las denuncias públicas, a pesar de la investigación iniciada por la fiscal de la Corte Suprema y a pesar de existir cinco solicitudes que requerían tales antecedentes por parte del organismo fiscalizador, para finalmente entregar en forma incompleta algunos antecedentes, señalados en el documento reservado Nº 56, del director nacional del Servicio Médico Legal, Oscar Vargas Duranti:

i) Sobre evaluación científica que con respecto a los informes del doctor Vanezis se haya practicado por los peritos del Departamento de Identificación del Servicio Médico Legal;

ii) En cuanto a copia de correspondencia que se haya mantenido con el doctor Vanezis (cinco documentos)

iii) Sobre nueva fotocopia del reservado Nº 4, de fecha 2 de febrero de 1996, dirigida por el director del Servicio Médico Legal a la señora ministra de Justicia.

iv) En materia del convenio celebrado por el señor Ministro de Justicia con el doctor Vanezis y posteriormente el 8 de mayo de 2001 con la Universidad de Granada (cuatro documentos).

v) En cuanto a una nueva copia del contrato celebrado con fecha 26 de abril de 2002, entre el director suplente y el señor Lorente (tres documentos).

vi) Sobre el memorando Nº 131, de doctora Danuta Rajs a doctor Vanezis y copia de resolución exenta Nº 554 (dos documentos).

Suman en esa sola entrega del 8 de octubre de 2002, un total de 18 documentos relacionadas con el Patio 29 que estaban en conocimiento del director del Servicio Médico Legal, Oscar Vargas Duranti, tal como da cuenta el reservado Nº 56, y que no habían sido puestos en conocimiento ni de la fiscal de la Corte Suprema, ni de los tribunales de justicia, la mayor parte de ellos, desde los años 1995 y 1996 en adelante.

Por otra parte, en cuanto a la responsabilidad política de quienes ocultaron el informe, estimó que fue compartida. Ello fue señalado claramente por la fiscal de la Corte Suprema. El Servicio Médico Legal y las autoridades relacionadas con éste que tuvieron conocimiento y que contaron con esos documentos tenían la obligación, aunque no existiera un documento o un requerimiento formal, de entregar y dar a conocer esa información en los tribunales. Por lo tanto, son absolutamente responsables todos quienes tuvieron alguna relación y participaron en la elaboración de ese informe, como también los peritos que lo elaboraron, la señora América González, quien confeccionó los dos primeros informes en Glasgow; los tres ministros de Justicia de la época que conocieron el informe, señor José Antonio Gómez, señora Soledad Alvear y don Luis Bates, y los tres directores del Servicio Médico Legal posteriores al doctor Claps, a saber los doctores Jorge Rodríguez, Salvatore Maisto y Óscar Vargas Durán.

F) ¿Qué validez puede otorgarse al Informe Glasgow?

Posición de la abogada Pamela Pereira.

Ella señaló que el doctor Peter Vanezis, destacado médico, especialista en esta materia, que trabaja, entre otras instituciones, para Amnistía Internacional, ha sido uno de los investigadores de realidades como las de Ruanda, Croacia, etcétera. En resumen, es una autoridad a nivel mundial en el tema.

Consultada sobre la descalificación realizada por parte del Instituto Médico Legal al doctor Vanezis señaló que si se analiza la investigación que hizo la fiscal de la Corte Suprema se puede observar que el doctor Rodríguez se refirió en términos descomedidos al experto escocés, pues afirmó que se trata de una persona que realizó prácticamente una estafa al Instituto Médico Legal.

Ello ocurre a su juicio porque existe un cuestionamiento por parte de la Universidad de Glasgow a la forma de trabajo del Instituto Médico Legal, además de señalar que había errores de identificación.

En relación a la consulta sobre a quien se refirió al hablar de falta de coraje para reconocer errores aseveró que se estaba refiriendo a la autoridad del Servicio Médico Legal y al Subsecretario o Ministra de ese momento, si es que ésta sabía lo que decían esos informes, ya que puede haber ocurrido que el Ministerio de Justicia haya remitido el informe al Instituto Médico Legal. Con todo, quien tenía claro de qué se trataba el asunto era el doctor Rodríguez.

Agregó que sobre la valoración que ella tiene de los informes emitidos por las universidades de Glasgow y de Granada, señaló que no estaba en condiciones de hacer ninguna valoración científica, porque no es su especialidad. Sin embargo, el informe de Glasgow afirma, entre otras cosas, que habrían errores de identificación.

Respecto al informe emitido por la Universidad de Granada, estimó que éste resulta cuestionable, porque el doctor Lorente comparte sociedades con el doctor Rodríguez.

Manifestó que ignora si el informe Glasgow fue descalificado por esa situación o por otras razones estrictamente científicas.

Agregó que cree que ello puede explicar el hecho de que esa institución aparezca cuestionando el informe de Glasgow.

Posición de los ex Directores del Servicio Médico Legal, señores

arco Antonio Medina, Alfonso Clips y Oscar Vargas.

El señor Marco Antonio Medina sostuvo que: “Con respecto al doctor Vanezis, no lo conocí personalmente pero puedo decir que, a nivel de la literatura mundial especializada, se trataba de un médico de prestigio. ”

Por su parte, el señor Alfonso Claps declaró que “la revisión de los antecedentes internacionales y el currículo del doctor Vanezis, demostraban que era un experto de reconocida calidad internacional, con trabajo, docencia y experiencia en reconstitución faciocraneana y aplicación de técnicas mitocondriales. ”

El señor Oscar Vargas señaló que mediante el oficio reservado N° 81, dio cuenta al señor Ministro de Justicia que procedió a enviar el informe de los expertos españoles a todos los jueces que, en ese momento, llevaban causas relacionadas con violaciones a los derechos humanos.

Indicó que los expertos españoles realizaron cuatro informes. Al auditar el llamado “informe Glasgow” concluyen que éste adolece de fallas metodológicas importantes y, por lo tanto, no lo validan.

Posición del ex Director del Servicio Médico Legal, señor Jorge Rodríguez.

Señaló que para lograr los resultados esperados se remitieron a la Universidad de Glasgow, en 1994, durante el mandato de su antecesor, restos óseos encontrados en el Patio 29 y muestras sanguíneas y de cejas de supuestos familiares de línea materna, de modo que efectivamente pudiera establecerse la adecuada comparación.

Agregó que recibido los resultados, todos los peritos consultados, Patricia Hernández, Luis Ciocca, Isabel Reveco, Jaime Mery y Hugo Jorquera, coinciden en calificar el informe como de mala calidad, lo que se refleja al menos en:

1. Como se recordará, al doctor Vanezis se le solicitó única y exclusivamente exámenes de ADN mitocondrial. Pues bien, sobre la materia el informe señala: “Aunque pudimos extraer exitosamente ADN mitocondrial a todas las muestras de hueso y de todas las muestras provenientes de familiares, sin contaminación, no pudimos encontrar compatibilidad entre ninguno de los familiares con ninguna de las muestras de hueso. ” Luego de esa constatación, el informe concluye: “Debemos concluir, por lo tanto, que recibimos muestras de huesos que no procedían de los restos de los cuales habían sido tomado los moldes de yeso de los cráneos”.

2. Habiendo fracasado en los estudios mandatados por el Servicio Médico Legal, el doctor Vanezis da cuenta de exámenes por superposición cráneo-facial, exámenes que realiza mediante la utilización de moldes de yeso de cráneos.

3. Resulta más incomprensible aún, que el doctor Vanezis se permita llegar a conclusiones identificatorias, si se considera que él mismo en el informe final indica que “Fue molesto para nosotros que no pudiésemos recibir los cráneos originales de las víctimas. . . ” Y a continuación agrega: “Los moldes de yeso que se nos envió estaban quebrados en algunos casos, como asimismo varios otros mostraban distorsiones que encontramos inaceptables. ”

4. Por último, se debe destacar que de las dieciséis identificaciones que ese informe dice encontrar, se contradecía en ocho respecto de su propio informe preliminar, emitido un mes antes, lo que evidentemente le resta seriedad.

Posición de la ex perita del Servicio Médico Legal, señora Isabel Reveco.

Ella manifestó que la doctora Hernández les mostró el llamado informe Glasgow, el cual le había sido entregado por el doctor Rodríguez. Éste fue leído por cada uno de los peritos, el doctor Mery, Ciocca y ella. Al cabo de una semana les pidieron que sus opiniones las registraran por escrito. Ese informe, que desestimaba técnicamente el documento antes mencionado, lo redactaron con la doctora Hernández, quien lo entregó al director del Servicio Médico Legal.

Reiteró que dicho informe no tiene validez científica y que las conclusiones a las que llegaron le parecen poco serias.

Agregó que tuvo reuniones con la doctora González cuando ésta llegó a Chile, en las que también estuvieron los doctores Ciocca, Rodríguez y Hernández.

En éstas le hicieron preguntas sobre la forma en que ella había llegado a ciertas conclusiones. Sostuvieron discusiones sobre las técnicas y métodos que ellos habían utilizado. Al respecto recordó haber dado un ejemplo que le parece bastante gráfico para desestimar ese informe: Hizo presente que le parecía insólito que profesionales, científicos e investigadores de la ciencia forense pudieran hacer un informe para lograr algún tipo de identificación sin haber analizado las osamentas. Además, que le parecía inusitado que un tanatólogo pudiera pronunciarse sobre una autopsia sin haberla hecho, sin haber tenido el cuerpo presente. Ellos nunca vieron un solo hueso del patio 29.

Por lo tanto, ningún asesor, ningún perito podría pronunciarse o llegar a una conclusión sobre una identificación de una osamenta de cualquier tipo si no ha visto los huesos.

La doctora González reconoció que las correcciones que había hecho de estatura de algunas osamentas, sin haberlas medido, no correspondían.

En uno de los tres casos que ellos estimaban como identificados, pero que tenía diferencias con la efectuada aquí en Chile, llegaron a la conclusión de que una osamenta correspondía a un detenido-desaparecido que no tenía sus dientes. Sin embargo, la osamenta que ellos identificaban como correspondiente a esa persona tenía todos sus dientes. Por tanto, no podía corresponder a ese detenido-desaparecido.

Había errores garrafales en las identificaciones que ellos dieron, porque no coincidía la ficha antropomórfica con los datos de la osamenta. Ello se explica porque ellos nunca hicieron la pericia de las osamentas.

Consultada sobre las diferencias periciales que se produjeron señaló que éstas son siempre resueltas por el juez. Con todo, aclaró que ello es así cuando son hechas sobre la base de informes periciales, no de asesorías externas.

Independientemente de la opinión que ellos tenían respecto de si era o no necesario dar cuenta al juez, ésa era una decisión de las autoridades del Servicio Médico Legal o del Ministerio de Justicia en última instancia.

Declaró que expuso al directorio de la AFDD lo que señalaba ese informe y por qué lo habían desestimado. Les manifestó que a su juicio el informe Glasgow no tenía relevancia alguna.

Posición de la ex perita del Servicio Médico Legal, señora Patricia Hernández.

Sostuvo que cuando el doctor Rodríguez le entregó el informe se percató que había tres identidades enviadas por el doctor Vanezis -quien avalaba las videosuperposiciones realizadas- que eran diferentes.

Por otra parte, se dieron cuenta de que el informe por el que se había pagado, es decir, la pericia o el examen que pidió el Ministerio a la Universidad de Glasgow, no dio resultado alguno, porque el doctor Vanezis señaló que los moldes de yeso de los cráneos que le enviaron fueron inútiles para la identificación y que a partir de ellos podía decir que se trataba de indoamericanos y que avala 16 identidades por videosuperposición.

Informó la situación al director del Servicio Médico Legal y se reunieron todos los peritos, en atención a que había tres casos que eran discrepantes con los que ellos habían identificado.

Los cuatro peritos -el doctor Ciocca, el doctor Mery, la doctora Reveco y ella- elaboraron un informe en el que dieron a conocer las razones técnicas por las cuales decían que las identificaciones realizadas en esos tres casos estaban correctas, así como las razones técnicas por las que no podían corresponder a los casos que se informó desde Glasgow.

Además, desestimaron ese informe porque técnicamente es muy malo, no tiene ningún asidero que pueda validarse. Por otra parte, las identidades las habían hecho sobre duplicados de cráneos, no contaron con los esqueletos ni con las familias. Por tanto, había muchos aspectos que no tenían, por lo que era técnicamente fácil destruirlo.

Al momento en que se le exhibió el informe, le señaló al ex Director Rodríguez que había tres identidades distintas. Ante ello, él le pide que le haga un informe.

Informó que en reuniones que sostuvieron con la doctora González a su regreso, ella reconoció que tenían la razón (la unidad de identificación) y que ella se había equivocado. Ellas le solicitaron que lo manifestara por escrito. Igual petición le hicieron al ex Director, doctor Rodríguez. Finalmente ella nunca lo hizo.

Añadió que ante la serie de cuestionamientos que empezaron a surgir debió efectuar nuevos informes relativos a Glasgow. Es así como debió explicar éste al nuevo juez, porque ya no estaba a cargo de la causa el juez Contreras.

Posición del perito del Servicio Médico Legal, señor Luis Ciocca.

Afirmó que respecto del informe Glasgow, hasta la época en que tuvo que asumir en forma subrogante la Unidad de Identificación, a la salida de la doctora Hernández -a fines de 2002-, para él siempre constituyó una especie de nebulosa. Hasta esa época, nunca vio informes de ADN dentro del llamado informe Glasgow.

Indicó que recuerda haber visto el primer documento que provenía de Glasgow, en el que aparecían algunas identificaciones. La doctora Hernández les proporcionó ese escrito, que venía firmado por la doctora González, y les comentó que en las identificaciones venían algunas contradicciones.

Al respecto recordó que las identificaciones en Glasgow no se habían hecho por ADN, sino mediante técnicas de superposición craneofacial.

Recalcó que a Glasgow se enviaron modelos de yeso, puesto que no se había autorizado que se enviaran los cráneos, por razones de seguridad.

Afirmó que uno de los cráneos al cual Glasgow le asignaba una identidad, el caso Montero Montero, resultaba imposible que correspondiera, porque el cráneo asignado era casi desdentado o con mucha ausencia de piezas, y los antecedentes de Montero Montero indicaban que era un joven con su dentadura prácticamente perfecta.

Entonces, su comentario fue el siguiente: puede que no sea quien señaló la Unidad de Identificación, pero tampoco es quien dice Glasgow.

Asimismo, hizo presente que no se reunió con la doctora González cuando regresó de Glasgow. Agregó que no recuerda haber estado en una reunión en la que ella hiciera una especie de mea culpa.

Añadió que no tuvo conocimiento de alguna versión traducida del informe Glasgow hasta cuando fue jefe de la Unidad de Identificación, vale decir, hasta los primeros meses de 2003.

Interrogado sobre el informe Glasgow reiteró que sólo conoce un par de hojas de ese informe, que son las que envió la doctora González, en las que viene una lista con los números de las osamentas, de los protocolos que fueron a Glasgow. Posteriormente ella afina ciertas identidades en base a la superposición craneofacial. Algunas de ellas fueron comprobadas, al parecer en China, y luego se traen a Santiago.

Informó que habían visto las partes dentales y notaron incongruencias importantes. Por ejemplo, a una identidad de una persona sin dentadura se le asignó la de un joven de 18 ó 20 años con dentadura completa.

Insistió que sólo conoce lo que envió la doctora González. Para él el informe Glasgow es una especie de mito. No lo ha conocido entero, nadie le ha dicho “este es el informe Glasgow”. Más aún, cuando quedó a cargo de la unidad revisó todos los papeles y nunca vio completo el informe Glasgow, sino sólo una parte. Añadió que entiende que el doctor Vanezis, que no maneja el tema ADN, recurrió a un tercero.

Posición de la perita del Servicio Médico Legal, señora América González.

Ella manifestó que en relación a este informe recalcó que se trabajó con acuciosidad, con rigurosidad y de acuerdo con las metodologías internacionales. Éste se hizo de acuerdo con las últimas técnicas en identificación y con la rigurosidad de comprometer un informe, una pericia, y dar el nombre de una universidad como respaldo.

Consultada si a su regreso había sostenido una reunión con la perita Isabel Reveco respondió que hubo instancias de reunión, específicamente, con el doctor Rodríguez y con la doctora Patricia Hernández. Con la señora Isabel Reveco no tuvo una reunión a puertas cerradas. Siempre se desarrollaron en presencia del doctor Rodríguez y de la doctora Hernández. En una oportunidad se reunió la señora Reveco con los odontólogos y discutieron acerca de los tres casos de discrepancias que había en cuanto a las identidades.

Añadió que nunca se le planteó la idea de manifestar por escrito lo discutido en esas reuniones. En todo caso, recalcó que ella también podría haber pedido que le dijeran por escrito por qué no se envió la documentación anexa existente en Chile, considerando que se trataba de casos que aún estaban siendo periciados en la Universidad de Glasgow.

Cuando se presentan estas discrepancias a su regreso existía un ambiente de bastante tensión en las reuniones, porque la unidad de identificación estaba en su contra. Como perito, estaba sola a un lado de la mesa y el resto al otro lado. Ella era la cuestionada.

De los tres casos que estaban en discusión, la doctora Hernández en una de las reuniones con el doctor Rodríguez mostró que ellos disponían en Chile de información odontológica adicional que no fue enviada a Glasgow. En esas reuniones afirmó que en dos de los casos en que había controversia se presentaron antecedentes odontológicos de los cuales no tuvo conocimiento, que no se enviaron a Glasgow y que no eran compatibles con esas dos identidades del informe Glasgow. Son dos casos puntuales en relación con informes odontológicos que no fueron enviados. Respecto del resto del informe, indicó que mantiene las apreciaciones del mismo.

Agregó que se enteró de las discrepancias existentes cuando regresó a Chile, en abril de 1996. Previo a su retorno, supo por la prensa de que hay cuerpos que aún están siendo periciados y se comunicó con el doctor Jorge Rodríguez, para saber por qué estaba sucediendo aquello y él le comentó que en Chile se disponía de otra información, y que a su regreso se aclararían estas discrepancias. Por tanto, antes de su regreso, hizo sus reparos respectos de estas posibles discrepancias de identidad.

Indicó que en el informe preliminar existían discrepancias con tres casos y en dos de ellos, cuando regresó a Chile, aceptó la compatibilidad de las nuevas identificaciones por los antecedentes odontológicos que existían en Chile. Ahora, entre el informe preliminar y el informe final sí existían discrepancias, por el hecho de que estos cráneos fueron chequeados en China por el experto en ese momento, que es el pionero en materia de equipos de videosuperposición. Ese mismo equipo es traído a Chile y comprado para el Servicio Médico Legal, en diciembre de 1995.

Interrogada sobre el rechequeo que se hizo del video de superposición de Glasgow informó que éste se efectuó en China por el experto chino Yuwen Lan, quien es pionero en todos los avances en equipos de viodeosuperposición. En razón de ello, se informa a Chile sobre ese equipo. Dada la bibliografía y los papers del doctor Lan a nivel internacional, se decide comprar el mismo equipo con el cual se rechequean los casos en China. Por ello el doctor Lan viaja a Chile alrededor de 1995, y se compra el equipo de videosuperposición de última generación para el Servicio Médico Legal en diciembre de 1995. Hasta ese entonces, Chile no disponía de equipos computarizados para hacer la técnica de videosuperposición y sólo se utilizaba la superposición manual.

Respecto a lo afirmado por el doctor Rodríguez, en el sentido de que el doctor Vanezis habría “estafado” al Servicio Médico Legal estimó que de ninguna manera se incurrió en tal conducta, porque el informe de ADN mitocondrial fue realizado por un bioquímico de la Universidad de Glasgow y se envió el resultado. Desafortunadamente, éstos no contribuyeron a la identificación, porque el doctor Vanezis concluyó que las muestras óseas de las extremidades no corresponderían a los cráneos. Por lo tanto, la identificación que él envió se hizo en relación con los cráneos, no respecto del informe sobre ADN mitocondrial. La Universidad de Glasgow contrató a un funcionario para que realizara dicho peritaje, quien es doctor en bioquímica.

Interrogada respecto a la capacidad del profesor Vanezis, señaló que éste fue nombrado por la reina director del Departamento de Medicina Forense de la Universidad de Glasgow. Por lo tanto, tiene la calidad jurídica de un director de departamento que pertenece a una universidad.

Añadió que ellos son bastante serios cuando representan a una institución. Por lo tanto, estima que él tiene la facultad para celebrar contratos a nombre de la universidad.

Posición del ex perito del Servicio Médico Legal, señor Luis Ravanal.

Sostuvo que la comunicación del 25 de julio de 1996, del doctor Peter Vanezis, de la Universidad de Glasgow, al director del Servicio Médico Legal, Jorge Rodríguez Díaz, representa, sin lugar a dudas, la prueba o resultado pericial de mayor trascendencia, por lo categórico de sus resultados, ya que este documento da cuenta de los estudios de ADN mitocondrial practicados, cuyos resultados demuestran en forma precisa la ausencia total de coincidencias y por ende de correspondencia genética -exclusión- entre las muestras de hueso de fémures y las identidades establecidas en Chile.

Consultado sobre cuál es su opinión de los peritos de la Unidad de Identificación, indicó que conoce personalmente al odontólogo Ciocca, el odontólogo Mery, la doctora Patricia Hernández y la antropóloga Isabel Reveco. Incluso, ha participado en pericias en forma conjunta con el doctor Mery e Isabel Reveco. Con Patricia Hernández nunca trabajó. Trabajó indirectamente con el doctor Ciocca en el caso de los reos de la cárcel de San Miguel.

Aclaró que sólo se referirá desde el punto de vista técnico al documento relacionado con el informe Glasgow suscrito por ellos.

La respuesta que ellos dieron no son técnicas, sino exposiciones y consideraciones hasta cierto punto de tipo personal que le restan valor a la capacidad probatoria técnica. Porque si se analiza desde el punto de vista estrictamente pericial, la pericia forense exige, por el sólo hecho de ser tal, que sea comprobable y verificable ahora y siempre. Deben poder demostrarse las afirmaciones que se hacen y se debe procurar que quien vea el informe pueda llegar a la misma conclusión a la que él llegó.

Expresó que en el documento aprecia una carencia absoluta desde el punto de vista técnico. Al respecto preguntó ¿cómo puede una persona hacer un cuestionamiento técnico a un examen de ADN mitocondrial sin siquiera por lo menos presentar como aval a algún perito experto en esa área para cuestionar un informe técnico?

Desde el punto de vista técnico, cuando uno establece una identidad, igual como cuando establece, por ejemplo, una data de muerte, nunca se puede ser tan categórico. La ciencia, por el solo hecho del análisis científico, es inexacta. Por lo tanto, si se desea ser creíble, siempre se debe otorgar márgenes entre lo posible y lo probable.

Manifestó que ha conocido alguno de los informes y en ninguna parte se señaló ni se le dio a entender al tribunal que tenían márgenes de error, sino que simplemente se omitió esa información.

Agregó que, en todo el desarrollo de la labor pericial las conclusiones deben estar avaladas por experimentos y métodos conocidos, debidamente reconocidos por la práctica pericial. Los métodos empleados deben ser materialmente comprobables, lo que implica que las conclusiones o diagnósticos tienen que ser verificables a partir de los procedimientos efectuados y descritos en los informes periciales de identificación. En el caso especifico referente a los informes que establecían identidades por parte del Servicio Médico Legal en casos del Patio 29, contrastados con los resultados de los informes Glasgow y estudios posteriores tanto de la Universidad de Granada, como los recientes resultados analíticos de la unidad de ADN del Servicio Médico Legal, han demostrado exclusiones de identidad para casos del Patio 29, partiendo por los hallazgos y resultados señalados por el informe del doctor Peter Vanezis de la Universidad de Glasgow, quien utilizaba la metodología de ADN mitocondrial que excluyó las identidades establecidas equívocamente en Chile, y que esta información no fue oportunamente puesta en conocimiento de los tribunales de justicia, como era obligación por parte de todos y cada uno de los funcionarios públicos que tuvieron conocimiento de ello. Más cuando se trataba de un ministerio y servicio público auxiliar de la justicia.

Interrogado sobre si hay restos de personas mal identificados, respondió que habiendo hecho el análisis pericial de los documentos del patio 29, no le cabe duda de que sí las hay, porque, por una parte, el informe de ADN mitocondrial está avalado por el doctor Peter Vanezis y por el doctor Goodwin, quienes explicaron en forma pormenorizada la técnica que se utilizó, y por otra, porque la unidad de ADN del Servicio Médico Legal también estableció que la técnica aplicada por la Universidad de Glasgow fue la correcta.

Posición del Ministro de Justicia, señor Isidro Solís.

Señaló que se ha discutido si fue acertado enviar las muestras a la Universidad de Glasgow, no las originales, no los cráneos propiamente tales, sino los modelos vaciados en yeso. Más allá de la opinión sobre si esa decisión fue o no correcta, hay una especie de responsabilidad compartida entre quienes toman las muestras en Chile y la Universidad de Glasgow. En Chile, se toma la decisión de enviar el tipo de muestras y no los originales. Pero, en dicha universidad se toma la decisión de hacer la pericia respecto del molde, sin exigir el elemento original. Además, se entrega un informe.

Posición de la ex Ministra de Justicia, señora Soledad Alvear.

Ella expresó que respecto de las dudas sobre la validez del informe Glasgow, indicó que la propia fiscal señala que hay razones de fondo que justifican haber prescindido completamente de dicho informe: porque no contenía dato alguno que permitiera siquiera analizar el proceso y menos el resultado; los resultados de los análisis de ADN mitocondrial tienen un valor muy escaso y limitado para la identificación, y existen discrepancias en más de la mitad de los casos entre el primer y segundo informe Glasgow. Vale decir, se entrega un informe y al tiempo otro en donde la mitad de las identificaciones estaban erradas. Para los expertos estas cifras resultaron extraordinariamente altas y pusieron en duda todos los resultados. Esta opinión fue corroborada por otro informe de peritos realizado por la Universidad de Granada.

Posición del ex ministro de Justicia, señor José Antonio Gómez.

Señaló que en el ámbito del informe Glasgow, el informe preliminar enviado por los doctores Vanezis y González al doctor Rodríguez, tiene fecha 7 de julio de 1995 y contiene una serie de identificaciones.

El 13 de octubre de 1995, la doctora González envía el informe final al doctor Rodríguez, quien lo remite a la doctora Patricia Hernández.

Además, existe el informe del 23 de octubre de 1995, enviado por el doctor Vanezis directamente al Ministerio de Justicia.

En el intertanto se registran varias cartas que evidencian el intercambio de opiniones entre los doctores Rodríguez y Vanezis. El primero sostenía que se le había encargado un determinado informe y no ha respondido en la fecha solicitada, y que ha enviado informes periciales o informes técnicos que no son los solicitados por el servicio. Por tal razón se le requiere que cumpla con el contrato celebrado.

En definitiva, el doctor Vanezis le envía este informe a la ministra Soledad Alvear y ella lo remite al Servicio Médico Legal. Se debe tener presente lo siguiente: en el primer informe de la doctora González, ella identificó una serie de detenidos desaparecidos. Sostuvo que entendía que ese informe surge a consecuencia de que el doctor Rodríguez le da un plazo de 10 días a la citada doctora para cumplir el cometido que se le había entregado.

El informe se envió exactamente en 10 días, el cual fue rectificado posteriormente por un informe final en el que casi el 60 por ciento de las identificaciones son distintas. Añadió que se hizo una contramuestra en un laboratorio, pero no se explica cuál ni se envía un informe.

Luego se le pide un nuevo informe al doctor Rodríguez y a dos peritos, puesto que su respuesta fue considerada insuficiente. El mencionado doctor señala que existen discrepancias entre los resultados entregados por ellos y las identificaciones hechas por el Servicio Médico Legal en el caso de tres detenidos-desaparecidos. A raíz de ello, se envió un informe mucho más detallado a la Ministra.

Los informes enviados no contemplaban resultados de ADN mitocondrial. Al respecto hizo presente que en la Comisión se había afirmado que el ADN mitocondrial había identificado a algunos restos de detenidos-desaparecidos, lo que no es exacto.

Agregó que hace un par de días en el diario EL Mercurio, el propio doctor Vanezis dice que su informe fue boicoteado y que le enviaron antecedentes de situaciones equívocas.

Posición de la Universidad de Granada. Declaración del doctor Lorente a Diario La Segunda.

El informe de la Universidad de Granada es uno suscrito por el doctor Miguel Botella López, en su calidad de Director del Laboratorio de Antropología de la mencionada casa de estudios, el que señala lo siguiente:

“Los estudios de videosuperposición realizados, junto con los de análisis tridimensional, tienen una validez muy discutible y no pueden en modo alguno ser considerados como definitivos. Ello es así porque:

Los moldes de cráneos que se usaron eran de mala calidad;

Las fotografías eran también de mala calidad;

No hay dato alguno que permita ni siquiera analizar el proceso ni el resultado, lo cual lo hace científicamente irrelevante;

No se expresa cuál fue el centro de referencia utilizado para el control de calidad ni los resultados reales que obtuvo ese centro;

Existe una discrepancia en las identificaciones entre el primer informe y el segundo, ya final, del 70% de los sujetos, que es una cifra demasiada alta.

Por tanto, con los datos con que se cuenta, hay que poner seriamente en cuestión estos resultados. ”

Respecto de los estudios de ADN se afirma que “…podemos afirmar que los resultados de los análisis de ADN mitocondrial, realizados en Glasgow tienen un valor muy escaso y limitado para la identificación” (informe de Juan Carlos Alvarez y Carmen Entrala Bernal, Universidad de Granada).

Con todo, el doctor Lorente en el diario La Segunda del 10 de mayo del 2006 expresó que “el informe Glasgow tiene aspectos no concluyentes porque algunas de las muestras que les enviaron desde Chile no eran las adecuadas (moldes mal hechos) , tras su recepción debían haberse analizado seriamente sus conclusiones…Es una llamada de atención urgente que no se tuvo en cuenta: ese es el gran fallo.”

Posición del doctor Peter Vanezis, de la Universidad de Glasgow, expresada en entrevista al diario “El Mercurio”, de 2 de julio de 2006.

En dicha entrevista el profesor Peter Vanezis expresó lo siguiente:

“Con respecto al ADN, yo solicité que nuestro experto, el doctor William Goodwin, supervisará la recolección de las muestras de los parientes y de los restos. Esta solicitud fue rechazada y los chilenos se hicieron cargo de este proceso. ”.

Consultado acerca de ¿por qué siguieron los estudios pese a las irregularidades? Vanezis respondió: “Porque estábamos abocados a un proyecto humanitario y nos dejaron en claro que esto no sería materia de procesos criminales. ”.

Señaló: “Pudimos constatar que, ya fuera por premeditación o incompetencia, las muestras que recibimos, junto con la falta de cooperación, no coincidían con las supuestas identidades. ”.

Y agregó: “La doctora González sospechó que nuestros esfuerzos habían sido saboteados desde un comienzo, aunque sólo lo consideramos una posibilidad real al conocer los resultados de ADN. ”.

3. Informe del Grupo Chileno de Antropología Forense, GAF.

Este informe fue emitido en agosto de 1994. Se entregaron los resultados del mismo a la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y a la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, quien lo envía al Servicio Médico Legal.

Dicho informe concluye principalmente lo siguiente:

Se detectaron incompatibilidades entre la ficha antropomórfica (FA) y la ficha de laboratorio (FL) de algunos de los restos; contradicción entre FL y el informe de autopsia; contradicción respecto de obturaciones (contempladas FA) que no están en el esqueleto.

A juicio de los autores, en una serie de casos, las incompatibilidades y contradicciones señaladas determinan la no correspondencia de los restos con los datos informados de las víctimas.

Posición de ex peritos del Grupo de Antropología Forense, señores

Iván Cáceres y Keneth Jensen.

El señor Iván Cáceres, se refirió, en primer término, al papel de la antropología, la importancia de la excavación arqueológica y del análisis antropológico físico en laboratorio, así como también reseñó la participación del Grupo Chileno de Antropología Forense (GAF).

Manifestó que la antropología forense consiste en la contrastación de dos tipos de información: información pre mortem e información post mortem.

Esta información no es solamente de carácter antropométrico. También se incluyen en ambas, información de carácter social y judicial relacionada con la detención, aplicación de torturas, y posible destino de las personas y de sus cuerpos.

Los datos pre mortem que se refieren a aspectos antropométricos, tales como estatura, enfermedades o patologías previas y características dentales, por ejemplo, se obtienen de diversas fuentes de información, en que prevalecen los familiares directos e indirectos; registros documentales médicos o institucionales; los amigos; así como los compañeros de cautiverio -si es el caso-, y podrían también obtenerse de la confesión de agentes del Estado que participaron en apremios o que causaron la muerte a estas personas directamente.

Por su parte, los datos post mortem se obtienen tanto de la excavación arqueológica como del análisis de laboratorio de las osamentas humanas o de sus fragmentos, si correspondiera. También se tienen a la vista la documentación legal disponible, como autopsias, huellas dactiloscópicas, etcétera.

En cuanto a la excavación arqueológica expresó que ésta es un hecho único e irrepetible. No es posible volver a excavar nuevamente un mismo evento. De allí la importancia del registro, como mediciones en terreno, fotografías, video, etcétera. Los tres principios básicos de la excavación arqueológica -superposición, recurrencia y asociación- pueden proveer de información acerca del momento de la inhumación y las eventuales exhumaciones clandestinas o ilegales, que sean relevantes para la investigación judicial, que apunta no sólo a identificar a la víctima y a establecer la causa y su data de muerte, sino que, además, puede entregar una orientación acerca de los victimarios. La recuperación de astillas, esquirlas, fragmentos de diversa naturaleza y huellas dejados por los victimarios que, tradicionalmente, no son considerados por las excavaciones no arqueológicas, con la consiguiente pérdida de valiosa información judicial, pueden orientar la investigación hacia esos tópicos.

Por su parte, en laboratorio se pueden medir, fotografiar y examinar innumerables veces los elementos recuperados desde la excavación arqueológica. Si se trata de una pieza ósea -hueso humano- éste se puede someter a variados exámenes, teniendo siempre la precaución de mantener las condiciones de conservación de la pieza en cuestión. Así, a diferencia de la excavación arqueológica, el examen antropológico físico tiende a no ser invasivo sobre las piezas examinadas. Sólo ocasionalmente se requiere disponer de muestras pequeñas de material para análisis específicos. En esos contados casos, las muestras se destruyen. Pero, generalmente, las piezas óseas y los fragmentos no son destruidos en el análisis antropológico físico, pudiendo volver a analizarse.

Ambos tipos de información -pre y post mortem- pueden contener elementos objetivos y subjetivos. Por ejemplo, un mismo dato como la estatura o la información dental, pueden tener una fuerte carga subjetiva cuando son entregados por los familiares. Sin embargo, esos mismos datos pueden ser muy objetivos si están contenidos en una ficha médica, una ficha dental, un registro de inscripción militar, u otro tipo de registro.

Aunque parezca más difícil de aceptar, señaló que la información post mortem también puede tener un grado de subjetividad. Esto ocurre cuando un especialista se empeña en aplicar sólo una determinada técnica sobre las piezas óseas, en desmedro de otras. Así, puede aumentar artificialmente la ponderación del dato obtenido lo que conlleva a posteriores errores en el examen encomendado.

El Grupo Chileno de Antropología Forense (GAF) se formó en 1989 y sus participantes provenían en su gran mayoría de la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Antropólogos. Algunos miembros de esa comisión recogieron el llamado de la directiva de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos. De esta manera, lentamente comenzó a consolidarse un grupo de personas de formación antropológica que se interesó en conocer y contribuir, desde la perspectiva antropológica, al problema de los detenidos desaparecidos y ejecutados políticos de nuestro país. El grupo implementó y participó en cursos de perfeccionamiento y para ello contó con el valioso aporte de académicos vinculados a las ciencias forenses.

En relación al Patio 29 declaró que después de participar en innumerables pericias judiciales a partir de 1990, el GAF es llamado por la Vicaría de la Solidaridad y propuesto al Juez del 22 Juzgado del Crimen de Santiago, señor Andrés Contreras, a participar en la exhumación del Patio 29 del Cementerio General de Santiago. Dos miembros del Grupo son nombrados peritos por el Juez -doña Isabel Reveco e Iván Cáceres-, pero es todo el GAF el que participa activamente en la exhumación.

En resumen, en el Patio 29 se excavaron 107 tumbas y se registraron y exhumaron 126 cuerpos humanos esqueletizados. La gran mayoría de esos cuerpos se encontraba con impactos de proyectil en diversas partes anatómicas, así como también presentaban signos de haber sido autopsiados, por la presencia de craneotomías.

Los cuerpos se encontraban en ataúdes individuales sin tapa y cubiertos por tierra. En diecinueve casos se encontraron dos cuerpos en un mismo ataúd y sólo en un caso se encontraron tres cuerpos en un ataúd. La exhumación se desarrolló entre el 2 y el 14 de septiembre de 1991.

De acuerdo con las instrucciones del tribunal, la exhumación se desarrolló de la siguiente manera: un arqueólogo o antropólogo se hacía cargo de una tumba con la colaboración de un ayudante de campo y trabajadores del Cementerio General. El tribunal, presente en todo momento en el Patio 29, registraba la tumba que se procedía a excavar y el nombre del perito encargado de llevar a cabo la exhumación.

El equipo de trabajo procedía a limpiar de tierra y escombros el ataúd y se exponía mediante técnicas arqueológicas el contenido del mismo, es decir uno o más cuerpos esqueletizados y elementos asociados, tales como ropas, astillas óseas, esquirlas. Una vez completamente expuesto cada esqueleto era registrado mediante mediciones, toma de fotografías y video. Toda esta información quedaba registrada en la Ficha de Exhumación que los peritos habían concordado con el tribunal. Luego de lo anterior, el tribunal ordenaba la exhumación del mismo. Para esta labor se procedía a “levantar” las piezas óseas por unidades anatómicas, las que se colocaban en una bolsa de papel debidamente rotulado con el número de tumba y el origen anatómico, la que a su vez se guardaba en una caja de cartón corrugado especialmente preparada para tal efecto. También se guardaban en bolsas especialmente dispuestas y en la misma caja asignada al esqueleto, la ropa y otros elementos asociados que se encontraban al interior del ataúd, tales como esquirlas de proyectil. Una vez realizada la completa exhumación del esqueleto y sus elementos asociados, la caja se sellaba y era retirada desde el mismo Patio por personal del Instituto Médico Legal. Paralelamente, la ficha de exhumación una vez firmada por el perito responsable de tal diligencia, era retirada por el tribunal. De esta manera, ningún perito guardó una copia de esa ficha de registro de la exhumación.

Con posterioridad, y por mandato del tribunal, se realizó el análisis de laboratorio de estos esqueletos en la sala de osamentas del Instituto Médico Legal entre el 7 de octubre de 1991 y el 3 de marzo de 1992. En esta sala de espacio reducido, se implementó provisoriamente un laboratorio de antropología física que sólo permitía trabajar con dos esqueletos en paralelo.

En este proceso, los esqueletos fueron limpiados, rotulados, medidos y analizados de acuerdo a una Ficha de Laboratorio expresamente diseñada. Algunas piezas óseas fueron restauradas en laboratorio con técnicas reversibles, como pegamentos solubles. Además, se procedió a registrar lesiones pre y peri mortem y elementos asociados, entre ellas ropas, proyectiles.

Finalizado lo anterior, todo el material se devolvía a sus bolsas, cerrándolas con corchetes metálicas, guardándose en la caja respectiva y entregándose nuevamente al Servicio Médico Legal. De esta manera, se mantuvo la cadena de custodia de estas piezas.

Antecedentes previos a las propuestas de identidad.

Afirmó que, de acuerdo con los antecedentes entregados al tribunal por la Administración del Cementerio General, el Patio 29 fue utilizado a partir del 11 de septiembre hasta el 15 de diciembre de 1973.

Por su parte, y de acuerdo a la recopilación y sistematización de antecedentes realizadas por la Vicaría de la Solidaridad, el total de desaparecidos en la actual Región Metropolitana entre el 11 de septiembre y 31 de diciembre de ese año, asciende a 183 hombres y 3 mujeres; es decir, 186 personas. A su vez, en la fecha exacta que habría estado en funcionamiento el Patio 29, el universo de detenidos desaparecidos denunciados corresponde a 181 personas, 179 hombres y 2 mujeres.

Al momento de realizar las correspondencias de posibles identidades, la Vicaría de la Solidaridad disponía de 170 fichas antropomórficas; esto es, 169 hombres y 1 mujer, confeccionadas mediante entrevistas a los familiares directos de las personas desaparecidas en ese período de tiempo en la Región Metropolitana.

Ésa es la información de que dispone el GAF para revisar la etapa de acercamiento e identidad y compararlas con las demás fuentes de información.

Así, una vez que se contó con la totalidad de las fichas del laboratorio, el trabajo del GAF se orientó a proponer identidades al tribunal. Esas identidades surgieron como resultado de una labor que consistió en revisar y contrastar las fuentes de información de que se disponía hasta ese momento. Es así como se trabajó con los siguientes documentos a disposición de los peritos:

i) Ficha de laboratorio, elaborada por los propios peritos en el trabajo anteriormente descrito.

ii) Fichas con datos antropométricos o “Fichas Antropomórficas” de la Vicaría de la Solidaridad, realizadas en 1978 y complementadas por la misma institución a partir de la excavación del Patio 29, así como algunas entrevistas realizadas por el GAF.

iii) Protocolos de autopsia, que corresponden a las autopsias realizadas a los muertos recogidos en la vía pública por funcionarios del Servicio Médico Legal y autopsiados en ese servicio.

Cada uno de ellos recibió un número específico, de acuerdo con la normativa del servicio, y con ese número posteriormente fue enviado como NN al Patio 29 del Cementerio General, donde la Administración del recinto le asignó una tumba.

Con todos los antecedentes ya señalados, la labor del GAF se orientó a establecer las posibles correspondencias entre las diferentes fuentes de información disponibles. Es así como desde octubre de 1992 hasta octubre de 1993 se entregaron al tribunal cuatro informes periciales, en los que el GAF propone al tribunal las relaciones de posibles correspondencias que se orientaban a establecer identidades de los esqueletos exhumados del Patio 29, las que debían ser ponderadas por el tribunal.

Consultado sobre las razones por las cuáles no participó el Servicio Médico Legal en la exhumación de los cuerpos respondió que ello se debió a las características propias del proceso de excavación. Los médicos legistas no son arqueólogos y los cuerpos estaban enterrados. Por lo tanto, había que aplicar técnicas arqueológicas.

Se trataba de un problema absolutamente técnico y metodológico. Los arqueólogos tienen tradición de muchos años en este país y en el mundo de excavar cementerios indígenas. Esta situación correspondía a cuerpos enterrados, esqueletizados, y había que aplicar ese tipo de técnicas y eso fue lo que se hizo.

Sin embargo, siempre estuvo presente el tribunal durante la exhumación. Los esqueletos exhumados eran enviados debidamente rotulados al Servicio Médico Legal, que los recepcionaba.

Afirmó que es efectivo que los criterios de la antropología y la medicina legal son diferentes. Sin embargo, ello no significa que los cuerpos hayan estado revueltos, se hayan perdido o confundido.

Interrogado sobre la denuncia efectuada por la abogada Pamela Pereira en tribunales en su contra, recordó que ellos hicieron un informe interno frente a una preocupación concreta de la Agrupación y que no se trataba de una pericia.

Recalcó que el documento no iba dirigido al juez sino a la AFDD, a la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación.

Añadió que le plantearon directamente a Pamela Pereira que veían contradicciones. Ella no los quiso escuchar y les dijo que lo presentaran directamente al juez. Esta situación les pareció rara porque ella era la abogada de la causa. Ella no quiso escucharlos y les pidió que presentaran los descargos en tribunales. Mientras preparaban ese documento, ella presentó otro al tribunal. Éste decía que estaban causando alarma pública, en circunstancias de que jamás lo habían hecho público.

Reiteró que la señora Pereira se refirió básicamente al aspecto formal, en ningún momento hubo una discusión en torno al fondo, sobre qué pasaba con las identidades.

Interrogado sobre las causas por las cuáles cesó en su cargo de perito indicó que cuando quisieron entregar un informe, el magistrado dijo que no lo hicieran. Entonces, con la decisión de que no entregaran el peritaje, el informe, cesó de hecho su participación como peritos. No tiene sentido que un perito que no puede entregar peritajes e informes al tribunal, siga participando en dicha labor.

El magistrado se negó a recibir su informe, antecedente que para ellos resultaba suficiente para no seguir participando en esa causa.

Si no tenían el apoyo y la propia abogada querellante denunció a los peritos, en circunstancias de que fue ella quien pidió que se nombraran, no tenía mucho sentido que siguieran insistiendo.

El juez es soberano para decidir con quién trabajar. Por lo tanto, si después no quiso seguir recibiendo sus peritajes estaba en su perfecto derecho.

Añadió que les hubiese gustado que frente a sus reparos y dudas, que eran absolutamente técnicas, se hubiese hecho una confrontación de los peritajes o se hubiese pedido un tercer peritaje, cosa que no ocurrió, pero que Pamela Pereira había pedido un año antes frente a uno de sus informes.

En junio de 1993, frente a un informe que entregaron como grupo de antropología forense, Pamela Pereira pide al juez que le envíe su informe al Servicio Médico Legal para que se pronuncie. Un año después, cuando ellos hacen más o menos lo mismo, ella los denuncia al tribunal.

Consultado sobre la forma en qué estaban enterrados los cuerpos recordó que desde septiembre a diciembre de 1973, todos los cuerpos de las personas encontradas en el patio 29 fueron recogidos en la vía pública, como NN -la gran mayoría fue autopsiada en el servicio-, y remitidos al Cementerio General.

Efectivamente, todos los cuerpos estaban en ataúdes rudimentarios, sin tapa y cubiertos con tierra.

Indicó que se trató de una inhumación bastante presurosa. De hecho, en 19 encontraron dos cuerpos en su interior y en distinta posición, uno sobre otro, muchos con la ropa tirada a un lado y otros con la ropa puesta. No hubo mayor consideración con estos muertos, pero la situación del momento lo puede explicar.

Sin embargo, desde el punto de vista de la conservación de los esqueletos, para el análisis antropológico-físico, en términos generales, los cuerpos se encuentran en perfectas condiciones para hacer toma de muestras y realizar mediciones, pero con la salvedad de que muchos de ellos se encuentran con impactos de proyectil en la cara. Por ello siempre pensaron que ese hecho debía ser debidamente considerado.

Agregó que los cuerpos se encontraban en ataúdes individuales, excepto en diecinueve casos, en donde se encontraron dos personas por ataúd, incluso en uno había tres.

Consultado sobre cuál era la relación que tenían con el Servicio Médico Legal afirmó que su trato fue directo con el juez. Fueron propuestos por la Vicaría de la Solidaridad y sus informes fueron entregados directamente al tribunal, que los ponderó. El Servicio Médico Legal fue el nexo, pero no hubo una relación directa.

El señor Kenneth Jensen se refirió a un documento confeccionado en 1994, a partir de la revisión de identidades entregadas por el Servicio Médico Legal en agosto de ese año.

El 2 de agosto de 1994, la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, (AFDD) , los convocó a una reunión en sus oficinas en el Fasic, (Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas) , para solicitar su opinión técnica sobre las identificaciones que el Servicio Médico Legal se disponía a entregar en esa fecha.

La directiva de la AFDD les planteó su inquietud por un caso particular. Se trataba de una víctima por quien la agrupación, ya con anterioridad, había manifestado su preocupación al Servicio Médico Legal, quienes habían descartado tal identificación. Sin embargo, en los días posteriores su nombre apareció en la nómina de personas identificadas por el propio Servicio Médico Legal.

En esa reunión, la Agrupación les entregó el listado de personas que estaban siendo identificadas por el Servicio Médico Legal. Para poder emitir una opinión técnica al respecto fue necesario conseguir el listado de esqueletos asociados a dichas personas. Esta información fue proporcionada por la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, (CNRR).

Al comparar la información pre mortem (de las personas) y post mortem (de los esqueletos) , encontraron diversas incongruencias e inconsistencias que exceden los márgenes de cualquier técnica científica.

Se entregó un informe con los resultados a la AFDD y a la CNRR. Esta última lo remite al Servicio Médico Legal con fecha 9 de agosto, mediante oficio DF-1917, el cual es contestado el 12 de agosto por el doctor Alfonso Claps, quien señala que sus observaciones se basan en información incompleta.

Por último, el 5 de agosto se comunicaron con la abogada querellante, señora Pamela Pereira, para plantearle esta situación, quien sugiere que eleven los antecedentes al tribunal. Sin embargo, el 11 de agosto, previo a la respuesta del Servicio Médico Legal a las observaciones planteadas y de entrevistarse con el juez, la abogada denuncia al tribunal, mediante un téngase presente, la circulación pública de su informe, adjuntando copia de su estudio.

El día 16 de agosto, don Iván Cáceres, perito de la causa, solicita por escrito acceso al expediente para conocer los antecedentes con que el Servicio Médico Legal había entregado las identidades. Esta solicitud no es acogida, sino que es interrogado por el tribunal el día 30 de agosto.

Con anterioridad a estos hechos, el año 2001, con motivo del hallazgo al interior del fuerte Arteaga, del sitio de exhumación correspondiente a las víctimas detenidas en La Moneda, se procedió a cotejar parte de los antecedentes de las personas que, de acuerdo con los antecedentes de ese proceso, deberían haberse encontrado en ese sitio de exhumación clandestina, pero que habían sido identificadas en el Patio 29. En la documentación del caso que se realizaba se encuentran nuevamente serias inconsistencias y contradicciones.

Por último, manifestó que es necesario insistir que el trabajo de exhumación de los cuerpos del Patio 29 permitió recuperar gran cantidad de evidencias y rescatar los cuerpos de manera sistemática y controlada. Gracias a ello fue posible detectar en el laboratorio características altamente individualizantes de los esqueletos. Sin embargo, la cantidad y la calidad de la información premortem del universo de las probables víctimas del período en la mayoría de los casos son insuficientes para establecer correspondencias categóricas.

Por esta razón, el 11 de agosto de 1994 propusieron al tribunal la incorporación de técnicas genéticas que complementaran los estudios antropométricos, odontológicos y médicos que ilustran el trabajo identificatorio, que la corresponde al juez de la causa.

En todo este período nadie se pronunció expresamente sobre las inconsistencias y contradicciones señaladas, produciéndose la paradójica situación de que, sotto voce, todos comentan los problemas de las identificaciones, pero nadie dice nada.

Se hace necesario no perder de vista el origen y el contexto donde se desarrollan estos peritajes. Las personas que se buscan fueron víctimas de una política de desaparición forzada, que generaron un profundo daño en la sociedad que la sufre. Como lo han establecido los tribunales de justicia, esta política no se limitó al ocultamiento de los cuerpos. Hay evidencias de múltiples y sistemáticas exhumaciones clandestinas para mantener el carácter de desaparecidos de las víctimas.

Por otra parte, las revisiones de los antecedentes con que identifica el Servicio Médico Legal en los años 1994 y 2001, arrojan evidentes diferencias y contradicciones ante los datos que debieran sustentar estos científicos de identificación.

Existen diferencias de diez o más centímetros de estatura, tratamientos dentales no consignados en la documentación premortem, identidad entre edades biológicas que difieren en ocho o más años, ciento por ciento de coincidencia de fotos, cuando se consigna que el cráneo tiene forma ovalada y el rostro forma triangular. Todos estos elementos exceden la tolerancia tanto de las técnicas forenses como del sentido común.

No está en discusión si las técnicas para establecer la estatura es la más adecuada a nuestra población. El Servicio Médico Legal establece identidad entre estaturas distintas, fuera de toda medición estándar. No hay cuestionamiento de las técnicas para determinar la edad biológica: se identifica con antecedentes que señala edades distintas.

Hay que considerar que la calidad de la información premortem existente dificulta el proceso de identificación, pero la existencia de diferencias significativas o contradicciones entre los términos a identificar, obligan a buscar elementos identificatorios incontestables. Con su ausencia, la más elemental prudencia sugiere abstenerse de aventurar juicios de tan graves consecuencias humanas y legales.

Por los antecedentes que han tenido a la vista, la situación investigada por esta Comisión de la Cámara de Diputados no pasa por falta de recursos financieros ni tecnológicos, ni exclusivamente por problemas metodológicos y técnicos del Servicio Médico Legal. La inconsistencia y contradicción manifiesta de los informes sugieren, al menos, una obcecación con los datos, impropia del quehacer científico.

Consultado sobre lo recién señalado, indicó que ellos planten que los datos que tienen a la vista no les permiten hablar propiamente de un peritaje científico, porque están fuera de margen y de rango. Como están comparando una identidad en que se dice que la persona, por ejemplo, tenía 29 años y el rango que se le da al esqueleto es de 18 a 23 años, está fuera de los rangos de la disciplina, de las técnicas de la disciplina y del sentido común.

Sostuvo que la persona no haya tenido ausencias y luego aparezcan es contradictorio. Es probable que las familias no tengan esa información, pero ese dato en sí mismo hay que confrontarlo con otro elemento altamente identificatorio que lo relativice.

Su apreciación es que existe una fuerte obcecación, porque los datos que aprecian están más allá de la duda razonable.

Indicó que en los documentos acompañados se analiza el caso de una persona que tiene una forma de cara y de cráneo tiene otra. Al respecto preguntó ¿Cómo puede haber ciento por ciento de coincidencias si las formas de las caras son distintas?

Si se trata de un caso en que la familia dice que la persona no tiene obturaciones y el esqueleto sí las tiene, no se puede asumir que se hizo obturaciones sin que la familia supiera. Es decir, si aparte de ese dato tuvieran otros más certeros sería más probable, pero no están.

Deja constancia de que manejan información parcial.

Consultado sobre el informe Glasgow, expresó que les llama la atención que dicho informe se pidiera en 1994 como complementario, en forma paralela o posterior a la entrega de esos cuerpos. Desde el punto de vista metodológico, es curioso que se mande a hacer un estudio complementario y, a la vez, se entreguen los cuerpos, lo que significa que ya hay una decisión tomada. Se asumió que las identidades de esas personas correspondían a las de esos esqueletos. Entonces, ¿para qué se mandó a hacer el informe Glasgow? ¿Para confirmar lo que ya tenían claro?.

Se sostiene que los antecedentes con que habían identificado eran categóricos, y probablemente puede haber sido así; pero, de acuerdo con lo que aprecian, no eran tan categóricos.

Posición de la abogada Pamela Pereira.

De acuerdo a lo publicado en el Diario La Tercera del domingo 14 de mayo del presente año, la abogada expresó que “ella hizo lo que correspondía jurídicamente: pedir que declarara ante el juez correspondiente para que aclarara cuáles eran los antecedentes que según él, constituían errores. ” “Si alguien conocía errores tenía que decírselo al juez. No puede ocurrir que personas que tenían responsabilidades como peritos anduvieran por los pasillos de los organismos de DDHH diciendo que había tal o cual error. Por conducta profesional, cuando alguien señala algo que tiene que ver con la causa lo hago declarar ante el juez y explicar por qué estaba desacreditando un trabajo pericial. ”

Posición de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desparecidos.

La señora Viviana Díaz señaló que las primeras personas que pudieron ser identificadas fueron entregadas a sus familiares en marzo de 1993, y a fines de ese año otro grupo.

En esa época se produce la siguiente situación: Pamela Pereira solicitó a la Corte de Apelaciones que ordenara la entrega de los cuerpos, en atención a la lentitud que había en las identificaciones. Se presentó un recurso de queja y la Corte de Apelaciones resuelve que sea el ministro Juan Andrés Contreras quien entregue los primeros cuerpos.

Manifestó que tal vez ése fue el momento en que debieron haber pedido esperar, con más firmeza, porque siempre le plantearon a los directores del Servicio Médico Legal que si había necesidad de esperar más tiempo, ello era preferible, siempre y cuando el informe se hiciera como correspondía. En este sentido, nunca le impusieron plazos a los ministros, porque ello no correspondía.

Por otra parte, recordó que en agosto de 1994, tuvieron una reunión con los peritos del grupo de antropología, donde ellos les señalaron que existían errores en las personas que estaban siendo entregadas. Por ejemplo, se señalaban diferencias de estaturas.

Agregó que nunca se profundizó en el estudio del documento elaborado por los peritos de Antropología. De hecho, hubo un momento en que la abogada Pamela Pereira acusó a los peritos, a quienes les llamaron la atención.

Informó que los integrantes del Grupo de Antropología Forense (GAF) se dieron el trabajo de citar a todos los familiares para elaborar su propia base de datos.

En ese período les señalaron los casos particulares que les merecían dudas. A raíz de ello, acudieron al Servicio Médico Legal para hablar con el director de entonces, doctor Alfonso Claps, al que le plantearon sus dudas respecto de las personas que ya en 1994 habían entregado.

El primer grupo fue entregado el 27 de marzo de 1993; posteriormente, entregaron otros el 29 de octubre del mismo año. De modo que cuando el Grupo de Antropología Forense planteó las primeras dudas, en 1994, ya se habían entregado cuerpos.

Por su parte, la señora Mireya García declaró que declaró que el informe del GAF contiene información detallada, lo que los llevó a pensar que es realmente serio.

Interrogada sobre las razones por las cuáles pidieron a los tribunales la entrega de los cuerpos, señaló que nunca lo hicieron. La actuación de la abogada Pamela Pereira no es la actuación de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos. Además, ella ya no era la abogada de la agrupación cuando hizo esa gestión, no conversó con ellos, ni se pusieron de acuerdo. Fue una actuación personal de Pamela Pereira.

Más aún, en esos años manifestaron a todas las autoridades del Servicio Médico Legal y de Gobierno, que les preocupaba la lentitud de los procesos identificatorios, pero preferían que éstos se prolongaran en el tiempo, pero que las cosas se hicieran bien.

Posición de los ex Directores del Servicio Médico Legal, señores

Oscar Vargas y Jorge Rodríguez.

El señor Oscar Vargas señaló que el Ministro de Justicia le solicitó que le remitiera un informe de la Agrupación de Detenidos Desaparecidos, que existiría desde 1994 ó 1995, y que llegó a identificaciones diferentes a las que había hecho el Servicio Médico Legal. Ese informe, realizado por los señores Iván Cáceres y Kenneth Jensen, le fue entregado informalmente por la agrupación el 9 de octubre de 2002.

Añadió que el juez de la causa no lo consideró, y procedió a hacer las identificaciones guiándose por el emitido por los peritos del Servicio Médico Legal.

Expresó que las conclusiones de ese informe potencian la decisión del Ministro de Justicia de reestructurar el Servicio Médico Legal, o, al menos revisar lo que estaba ocurriendo. (Se hace presente que el informe estaba en poder del Servicio Médico Legal desde el año 1994).

Por su parte, el señor Jorge Rodríguez, ante la consulta de si conoció el informe elaborado por el Grupo de Antropología Forense respondió negativamente.

Posición de la ex perita del Servicio Médico Legal, señora Isabel Reveco.

Ella expresó que formó parte de la fundación y formación del Grupo de Antropología Forense, GAF en Chile, en 1989. Era un grupo de antropólogos forenses que trabajaban en forma independiente y que se adiestraron para realizar la búsqueda y la identificación de detenidos desaparecidos.

Fueron formados por el doctor Clyde Snow, antropólogo forense norteamericano, que también formó el Equipo Argentino de Antropología Forense, en 1984.

En 1991, dos de los miembros del GAF, Iván Cáceres, como arqueólogo, y ella como antropóloga, fueron nombrados peritos por el magistrado del 22 Juzgado del Crimen, señor Andrés Contreras, para hacer la exhumación del Patio 29.

Anteriormente, en marzo o abril de 1991, fue contratada por la Vicaría de la Solidaridad para analizar toda la documentación que existía al respecto. En ese momento pudo realizar el cotejo entre los protocolos de autopsias de los NN de 1973, que estaban sepultados en el Patio 29, y las fichas antropomórficas de los detenidos desaparecidos de septiembre a diciembre de 1973 en la Región Metropolitana.

En esa etapa trabajaron Iván Cáceres, como perito arqueólogo; María Antonieta Costa, Agustín Llagostera y Francisco Téllez, arqueólogos de la Universidad del Norte, y ella, que además actuó como coordinadora del equipo de peritos.

Eso significó asignarle a cada uno las sepulturas que exhumarían diariamente, verificar la existencia de materiales de trabajo y entregar al juez, señor Contreras, al término de cada jornada, cada una de las fichas de exhumación que llevaba el perito en forma manuscrita y firmada, en la que dejaba estampado todo lo encontrado en la sepultura; es decir, si había uno o dos cuerpos, si estaban vestidos, si tenían fracturas y si se recuperaban proyectiles, los que eran entregados a la Policía de Investigaciones para su análisis por peritos balísticos. La ficha de exhumación era fotocopiada y el original quedaba en el expediente que le era entregado a diario al magistrado.

En algún momento de octubre retomaron el trabajo y empezaron a trabajar en el Servicio Médico Legal, donde se los proveía de salas de autopsia para hacer los peritajes de laboratorio.

En cada caja depositaban la osamenta completa rescatada, más todos los artefactos culturales asociados, como la ropa, envases de jugo, botellas, etcétera, o cualquier otro elemento que pudiera haber portado en la ropa o que por alguna razón hubiere llegado a la urna.

El patio 29 era un patio distribuido en hileras de sepulturas en tierra. Normalmente eran sepulturas individuales; pero en algunos casos encontraron dos individuos por sepultura y en un caso tres. Por eso, de 108 sepulturas, encontraron 125 esqueletos.

Luego, en el Servicio Médico Legal las abrían en forma individual, porque siempre se trabaja de a un esqueleto por vez, con la finalidad de evitar cualquier tipo de mezcla de las osamentas y, además, con la finalidad de concentrarse absolutamente en cada caso.

Expresó que los peritos trabajaban en forma conjunta: algunos medían, otros dibujaban, otros estimaban edad, otros, estatura.

Una osamenta humana bien conservada, prácticamente completa -como las del Patio 29- y que esté completamente esqueletizada, permite determinar bastantes parámetros importantes para llegar a una identificación certera. Esto es, se comienza por determinar el rasgo racial, luego el sexo, la edad, la estatura, la lateralidad, las patologías, los usos y costumbres, y, posteriormente, si es que ha dejado alguna impronta ósea y la causa de muerte.

La lateralidad se refiere a si la persona era zurda o diestra; las patologías, a cualquier enfermedad que haya tenido en vida y que haya dejado una impronta ósea, desde una escoleosis hasta pie plano o una malformación o una fractura.

Hizo esta mención para dar a entender que en una osamenta humana es posible determinar una serie de parámetros que son distintivos de un individuo y que lo diferencian de otros. Asimismo, cuando se hace una autopsia de un N. N. se pueden distinguir una serie de parámetros por el color de ojos, de piel, más allá de si no tiene las huellas dactilares o de si no es posible hacer el reconocimiento facial.

Luego, la determinación de estos 125 esqueletos no fue realizada por todo el equipo, porque los peritos del norte del país volvieron tempranamente a esa zona. En ese momento siguieron haciendo los análisis sólo Iván Cáceres y ella con algunos de los miembros de su equipo.

Una vez que terminaron los análisis empezaron a cotejar las fichas antropomórficas. Como ya sabían que cualquier N. N. del Patio 29 podía corresponder a un desaparecido o ejecutado político de septiembre a diciembre de 1973 (todos eran hombres, porque no hay denuncias de mujeres desaparecidas en la Región Metropolitana en el primer año) , tomaron la ficha antropomórfica que proveía la Vicaría y empezaron a cotejar las fichas de los detenidos desaparecidos y los análisis de laboratorio con cada una de las osamentas.

También hacían un informe fotográfico, además de uno antropológico y el juez lo remitía al Servicio Médico Legal para que los peritos que ya tenían las osamentas a su disposición pudieran cotejar esas identificaciones con ellos.

Hizo presente que los antropólogos no pueden firmar certificados de defunción. Eso lo hace solamente el médico forense o el médico a cargo de la pericia, por lo tanto, tenían que esperar que fueran cotejados por el Servicio Médico Legal.

En 1993, como GAF, dejaron de trabajar en el Patio 29 e hicieron otro tipo de pericias.

A fines de marzo de 1994, renunció al Grupo de Antropología Forense, GAF, debido a diferencias que tenía con su colega Iván Cáceres.

En los últimos años ingresó a dicho grupo otro antropólogo, el señor Kenneth Jensen, quien nunca fue miembro del GAF. Éste era una sociedad civil sin fines de lucro, con personalidad jurídica. El señor Jensen tampoco fue perito del patio 29, no trabajó para el juez.

Interrogada sobre el informe emitido por el GAF manifestó que dicho grupo se disolvió en marzo de 1994, cuando ella se retiró. Éste estaba formado por alrededor de nueve o diez personas, quienes se fueron retirando paulatinamente, para quedar sólo Iván Cáceres y ella. Kenneth Jensen no es miembro del GAF, sólo fue contratado por esa entidad. Por lo tanto, si quedaban dos personas y luego se va una de ellas, ya no se puede hablar de grupo.

En agosto de 1994, Iván Cáceres y Kenneth Jensen hicieron un informe que cuestionaba las identificaciones que le habían entregado al juez Contreras. Dicho informe le fue entregado por el señor Alejandro González, de la Corporación de Reparación y Reconciliación. Él la llamó personalmente a su oficina y la interrogó acerca de qué se trataba el informe que cuestionaba las identificaciones efectuadas por su Unidad, a la cual se había integrado desde hacía poco más de un mes. Agregó que recabó antecedentes en el Servicio Médico Legal, a saber, la ficha antropomórfica, los protocolos de autopsia de 1973, de 1991. Posteriormente, sobre la base de lo que ella había revisado, le informó que ninguna identificación podía ser cuestionada, porque tenía suficiente información de peso para haber determinado esas identificaciones. A raíz de ello, el juez Contreras la citó y le pidió que relatara una tras otra las razones de por qué ella consideraba que ésa era la identidad de determinada persona y en base a qué parámetros lo hacían. Él se formó su convicción y posteriormente, decidió pedirle la renuncia al señor Cáceres como perito, porque ya no contaba con su confianza.

Consultada sobre las diferencias que han existido entre los profesionales que han trabajado a lo largo de todos estos años, expresó que se fue del GAF porque tenía una orientación distinta. Éste fue formado por un grupo de profesionales, sin fines de lucro, que querían identificar a los detenidos desaparecidos. Ése es el trabajo que ha realizado en estos 16 años, en forma ininterrumpida, en Chile y en el extranjero. Afirmó que no hace criminalística, ni trabaja en servicios policiales. No toma casos judiciales que no estén relacionados con violación de derechos humanos, tanto en Chile como en el extranjero.

Por su lado, el doctor Cáceres es arqueólogo, tiene otra formación. Informó que le planteó a éste que no le interesaba hacer ni arqueología tradicional ni antropología forense en casos criminales y que si él deseaba continuar con un trabajo de ese tipo lo correcto era que entregaran todo lo que poseían del GAF, que había sido financiado por organismos internacionales de derechos humanos, para que otros grupos o personas continuaran con esta labor.

Estimó incorrecto ocupar para casos criminales o forenses los insumos y la información del GAF, con todos los elementos para hacer las pericias financiadas por organismos de derechos humanos.

Por ello propuso que todo el patrimonio del GAF fuera entregado a la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos para que ella decidiera a quién entregársela a futuro, si quería algún perito hacerse cargo de ese trabajo. Por su parte, él planteaba que ellos deberían mantenerse, porque eran los continuadores del GAF.

Finalmente, para zanjar estas diferencias personales y de orientación profesional, levantaron un acta en la cual el señor Cáceres se comprometía a entregar todo lo que hicieron del GAF a la Agrupación de Familiares cuando él dejara de trabajar como perito forense en casos de derechos humanos.

Consultada sobre cómo es posible que existan diferencias tan notables en las identificaciones, como las denunciadas en el informe del GAF, reiteró que Kenneth Jensen no fue miembro del GAF ni fue perito del Patio 29, ni como miembro del GAF ni como perito ad hoc. Por lo tanto, nunca perició las osamentas del Patio 29.

Señaló que no puede responder por qué hay diferencias de estatura entre la ficha antropomórfica de un detenido desaparecido y la estatura estimada por ellos de una osamenta, porque ahora no cuenta con ningún tipo de información, ya que han transcurrido doce o catorce años desde que llevó a cabo las pericias de 126 esqueletos, de manera que no recuerda con precisión la estatura ni la información dental de ninguno. No obstante, manifestó estar disponible para revisarla y con posterioridad hacer llegar información por escrito al respecto.

Posición de la Jefa del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, señora Raquel Mejías.

Sobre la pregunta referida al informe emitido por el GAF y si éste les generó dudas respecto a la identificación que se estaba realizando, expresó que ese informe lo hizo llegar Alejandro González -que en ese tiempo era el presidente de la Corporación- al Servicio Médico Legal, haciéndole presente la preocupación que existía sobre la materia.

En la respuesta del Servicio Médico Legal se sostiene que en ese minuto los peritos del GAF no tienen todos los antecedentes de que dispone el Servicio. Vale decir, en ese momento, el Servicio Médico Legal tenía más antecedentes que los que podía tener el GAF, que estaba observando algunas identificaciones.

Posición del ex Ministro de Justicia, señor José Antonio Gómez.

Expresó que el 11 de febrero de 1993 se solicitó al tribunal la inscripción de fallecimiento y autorización de sepultación en los casos que se indica. Como la jueza se negó, se presentó ese recurso de queja.

En 1994, los peritos de la causa, que pertenecen al GAF y que fueron asignados a la causa por el juez, hicieron una serie de observaciones a distintas personas, y señalaron que las identificaciones de los cuerpos que se estaban entregando estaban equivocadas. También hablaron con la abogada Pereira y le hicieron entrega del informe. Ésta lo envió al tribunal, y afirmó que no es posible que esta situación ande en boca de todos.

Don Iván Cáceres pidió al juez ver los antecedentes. Finalmente, el juez lo citó a declarar.

Por tanto, en 1994, antes de que llegara el informe Glasgow, quien era parte en el proceso supo de esta situación. No obstante, no tiene ningún antecedente de que esta situación haya sido considerada, lo cual es gravísimo desde el punto de vista del ejercicio profesional. A raíz de toda esta situación, el juez entregó todos los casos posteriores, pues, de lo contrario, se presentarían queja tras queja.

El perito, que vino a esta Comisión dijo ante el tribunal: “Ante la posibilidad de que hubiera un error en la entrega de los cuerpos, el señor Parodi (era el encargado de la oficina de Derechos Humanos del Ministerio del Interior. ) me solicitó un informe escrito con mis planteamientos acerca de las dudas en cada uno de los casos. Ese mismo día 5 de agosto, me comuniqué con la abogada querellante, señorita Pamela Pereira, y le manifesté que de acuerdo a mis antecedentes había contradicciones en las identidades que se entregarían próximamente, y le planteé la conveniencia de conversar cada uno de los casos dudosos. Ante esto ella me señaló que entregara un informe al magistrado.

El día 8 de agosto entregué al señor Parodi el informe solicitado, en el cual se mantienen las contradicciones y dudas de acuerdo a los antecedentes que yo tenía en mi poder. Además señalaba que los datos de los familiares en algunos de los casos son completamente contradictorios con la información obtenida desde el esqueleto. El señor Parodi me dijo que los iba a estudiar, iba a analizar este informe y de acuerdo a su evaluación lo conversaría con el director del Instituto Médico Legal. Ignoro el destino que el señor Parodi le haya dado a la información que le hice entrega.

Por mi parte también, y después de algunos días, entregué un resumen a la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, considerando que ellos fueron quienes manifestaron en primer término la inquietud al respecto, y también ignoro el destino que ellos le hayan dado.

Entiendo que aún me encuentro designado perito en estos autos.

Este hecho no lo puse en conocimiento de la antropóloga doña Isabel Reveco, pues no trabajo con ella desde marzo de 1994.

Después que entregué el informe al señor Parodi, solicité audiencia al magistrado para manifestarle estas inquietudes y dudas respecto de las identidades ya señaladas, y esto fue aproximadamente el día 12 de agosto, fecha en que no tenía conocimiento que ya se había dictado resolución del tribunal respecto a las identidades señaladas, por lo que él me indicó que no correspondía entregar un informe posterior al dictamen. ”

A continuación citó un recorte de prensa, de 20 de julio de 1995, que dice lo siguiente:

“Instituto Médico Legal entregó resultado de pericias a los tribunales.

Identificadas siete nuevas osamentas del patio 29.

El Instituto Médico Legal entregó al juez del 22° Juzgado del Crimen de Santiago una lista con las identidades de siete personas inhumadas en el patio 29 y que hasta la fecha aparecían como detenidas desaparecidas desde la intervención militar de 1973.

La abogada de la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas (Fasic) , Pamela Pereira, confirmó la información y explicó que entre las víctimas figuran personas detenidas por las fuerzas militares el 11 de septiembre de 1973 en el palacio de La Moneda y otras aprehendidas en la localidad de Paine. ”

Afirmó que ha escuchado aquí que no era posible que existieran detenidos de Paine en el Patio 29. Sin embargo, en 1995, los menciona este recorte de prensa. A continuación señala “Estas son las siete nuevas identidades que confirma la inhumación en el patio 29 de los restos de personas detenidas en La Moneda y también en el grupo de aprehendidos en Paine y en el sector de San Bernardo y Maipo, acotó -la abogada Pamela Pereira-. ”.

Expresó que aquí hay antecedentes claros de peritos de la causa que hicieron presente que los restos estaban mal identificados en 1994. Si esto se hubiera considerado ese año, no estaríamos en esta situación.

Recalcó que se identificaron 23 cuerpos en 1993; 50 cuerpos en 1994; 19 en 1995; 1 en 1998; 2 en 1999, y 1 en 2002. Por tanto, casi el 90 por ciento de las identificaciones ocurre entre 1993 y 1994. Ni él ni la senadora señora Alvear estaban en el ministerio en 1993.

En 1994, cuando se producen los hechos, estaban recién llegados al ministerio. Señaló que mediante un oficio del año 2002 que aquí se acompañó, solicitó los antecedentes del GAF al director del Servicio Médico Legal, a consecuencia de que representantes de la agrupación le manifestaron que tenían un antecedente escrito donde constaban diferencias en la identificación.

Respuesta del Servicio Médico Legal al informe elaborado por el GAF.

El ex Presidente de la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, señor Alejandro González, remitió el informe del GAF al Servicio Médico Legal. En la respuesta dada por este servicio, suscrita por el Director de la época, señor Alfonso Claps, fechada el 12 de agosto de 1994, se señala que “El conjunto de las objeciones formuladas por los sres. Cáceres y Jensen se basa en información incompleta acerca de cada caso, con que ellos cuentan.

El peritaje médico legal realizado en este Servicio para cada uno de los casos es exhaustivo y multidisciplinario. En su ejecución se utiliza diversas técnicas diagnósticas de comparación de rasgos específicos y únicos, cuya combinación da lugar a la identificación positiva de cada uno de ellos. ”

i) Oficio del Servicio Médico Legal

Finalmente, cabe hacer presente que esta Comisión, en el curso de la investigación que le fuera encomendada, consultó al Servicio Médico Legal si alguna de las presuntas identificaciones hoy consideradas erróneas coinciden con las sugeridas en el informe elaborado por los señores Cáceres y Jensen y a que personas corresponderían. Dicho servicio respondió lo siguiente:

“Con respecto a su consulta, al comparar el informe de los señores Iván Cáceres y Keneth Jensen, de los 13 casos a los que ellos se refieren, en 5 de ellos el examen de ADN mitocondrial arrojó resultados de exclusión, es decir, las osamentas se identificaron erróneamente: Estos 5 casos corresponden a:

-Luis Carlos Jiménez Cortés.

-Carlos Enrique Miranda González

-José Miguel Muñoz Bizama

-Pedro León Vargas Barrientos

-Francisco Arnoldo Zúñiga Aguilera

De los casos restantes, para la osamenta identificada como Luis Campos Barra los resultados obtenidos hasta ahora son inconcluyentes, esto es, habiéndose obtenido una secuencia de ADN de la osamenta, no es posible afirmar ni descartar que exista una relación de linaje materno con el familiar del señor Luis Campos Barra.

En los otros 7 casos existe coincidencia de ADN entre las osamentas y los familiares de las víctimas, resultado que debe ser valorado a la luz de la comparación entre el perfil antropológico de la osamenta y los antecedentes de las víctimas. ”.

Firma la Encargada(S) Unidad Especial de Identificación de DD. DD. , señora Marisol Intriago Leiva.

j) Recortes de prensa acompañados por la AFDD.

En un recorte de prensa (Diario La Época 12 de febrero de 1993) , acompañado por la AFDD la abogada Pamela Pereira figura señalando lo siguiente: “He solicitado la inscripción de los fallecimientos en el Registro Civil, por orden del magistrado, y también la devolución de estos restos humanos a sus familiares, en razón de que ya se ha prolongado en demasía esta situación por parte del tribunal, no existiendo ninguna razón jurídica ni formal que impida la devolución. Han transcurrido ya más de dos meses en los que el tribunal no ha decretado ninguna diligencia que pueda llevar a la conclusión de que existe alguna duda o alguna observación que hacer a los peritajes.”

Más adelante agrega que “El esfuerzo de la investigación que ha hecho el Instituto, con dos equipos de profesionales, ha sido un trabajo muy serio y responsable y que ha permitido precisamente esas identificaciones. De modo que si el tribunal durante estos dos meses, que a mi juicio es un tiempo más que prudente, no ha estimado necesario realizar ningún peritaje complementario no se entiende cuál es el motivo por el que se ha retrasado la inscripción de los fallecimientos y la devolución de los cuerpos. ” “Resulta incomprensible la insensibilidad del tribunal que ha prolongado esta espera que para la familia resulta extraordinariamente angustiosa y que provoca un dolor adicional a dieciocho años de búsqueda de sus seres queridos. ”

Por su parte, en otro recorte de prensa (Diario La Nación, 12 de febrero de 1993) se señala que la representante de los familiares de las víctimas, Pamela Pereira anuncia que presentará una queja disciplinaria contra el tribunal si no se entregan los restos a los familiares.

En relación con este punto, Mireya García, en la Comisión manifestó lo siguiente: “Nunca fuimos a tribunales a pedir que nos entregaran los cuerpos. La actuación de la abogada Pamela Pereira no es la actuación de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, y eso tiene que quedar absolutamente definido. Además, ella ya no era nuestra abogada, no conversó con nosotros, no nos pusimos de acuerdo, no le solicitamos nada, fue una actuación personal de Pamela Pereira. ” Agregando más adelante que “Por lo tanto, no queríamos que se hicieran entregas apresuradas sin tener la certeza de que se estaba trabajando bien. Así que en esa parte no podemos responder, porque no es ni actuación ni decisión ni deseo nuestro. ”

La señora Raquel Mejías, Jefa del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, expresó sobre este particular lo siguiente: “Sin embargo, los abogados le solicitaron que entregara quince cuerpos, porque el Servicio Médico Legal estaba diciendo que había identificado esa cantidad, y el juez no quiso, se negó. Resolvió no ha lugar a la entrega de los quince cuerpos que estaban con certeza en el Servicio Médico Legal. En esa oportunidad, se interpuso un recurso de queja contra el magistrado y la Corte de Apelaciones le ordenó que entregara todos los cuerpos. ”

Consultada sobre quien interpuso el citado recurso, respondió “La abogada Pamela Pereira. Después el magistrado, según lo previsto por el Servicio Médico Legal, entregó los cuerpos. Ésa es la verdad. ”

4. Informes periciales en las área de antropología y genética forense elaborados por el grupo internacional de expertos en identificación de la Universidad de Granada.

Además de lo señalado a propósito de la validez del informe Glasgow, el documento elaborado por la Universidad de Granada formula críticas a la metodología antropológica usada por la Unidad de Identificación del Servicio Médico Legal, recomendando un nuevo estudio de todos o parte de los casos, con garantía científica suficiente, y a cargo de especialistas de calidad contrastada.

Es así como respecto de los protocolos del Servicio Médico Legal se formulan los siguientes cuestionamientos:

Empleo de una metodología que no se ajusta a los patrones establecidos y aceptados internacionalmente;

Desorden en los expedientes e informes;

Ausencia de fotografías de los sujetos con los que se comparó, en algunas ocasiones;

Contradicciones en determinados diagnósticos;

Falta de datos métricos que en no pocas ocasiones podrían resultar relevantes.

“Todo lo expresado anteriormente indica la necesidad imperiosa de cualificar debidamente al personal que se encarga de la Antropología Forense en el Servicio Médico Legal de Chile. ”

¿Qué validez puede otorgarse al informe elaborado por la Universidad de Granada?

Posición del ex Director del Servicio Médico Legal, señor Oscar Vargas.

Señaló que el Ministro de Justicia le instruyó pedir la autorización de los jueces para la realización de una auditoría internacional, en atención a que las pericias del Servicio Médico Legal, por ley, son secretas y, por ende, no pueden ser mostradas a terceros.

El 17 de octubre de 2002 envió un oficio reservado al juez de la causa del Patio 29, por el cual hace presente que el objetivo de la estadía del grupo de expertos españoles es verificar las metodologías utilizadas por el Servicio Médico Legal en los procesos identificatorios de osamentas, que en su parte pertinente señala que “Con el objeto de poder ejecutar dichas verificaciones y validaciones metodológicas, o bien generar nuevas metodologías que permitan la realización de los procesos identificatorios, solicito a US autorización para darles a conocer fichas antropomórficas, videos de superposición, análisis de ADN y, en general, aquellos antecedentes preliminares que han servido de base para incluir o excluir identidades, y en su caso, algún resultado pericial identificatorio en muestras aleatorias.

Lo anterior no constituirá en ningún caso la ejecución de pericias, sino sólo un aporte metodológico y de cuyos resultados les informaremos. Ello redundará en beneficio de las pericias que aún no han sido evacuadas o bien en la eventual obtención de nuevas identidades de los casos de derechos humanos, que junto a otros magistrados son materia de investigación en su tribunal. ”

El magistrado, al día siguiente, le informó que resolvió acceder a lo solicitado, siempre y cuando los expertos no emitan pronunciamiento alguno acerca del proceso de identificación de una persona determinada. Vale decir, el juez le pide que revisen la metodología y no las identificaciones.

Mediante el oficio reservado N° 81 dio cuenta al señor Ministro de Justicia que procedió a enviar el informe de los expertos españoles a todos los jueces que, en ese momento, llevaban causas relacionadas con violaciones a los derechos humanos.

Indicó que los expertos españoles realizaron cuatro informes.

En primer lugar, al auditar el llamado “informe Glasgow” concluyen que éste adolece de fallas metodológicas importantes y, por lo tanto, no lo validan.

En segundo lugar, al revisar la unidad de antropología forense, si bien no se pronuncian si las identificaciones han sido buenas o malas, señalan que, al menos, hay un desorden en los protocolos, en las fichas, en la documentación existente.

Respecto del laboratorio de ADN, en general, salvo algunas observaciones, es bien evaluado.

Finalmente, hacen algunas propuestas relacionadas con capacitación, reestructuración y revisión de algunas situaciones.

El 31 de octubre de 2002 se entregó una copia de ese informe al Ministro de Justicia de entonces y a la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos. Asimismo, se envió a todos los jueces para que ellos resolvieran en derecho lo que correspondía.

El 22 de noviembre de 2002, los peritos de la Unidad, cuestionados por los españoles en su metodología, le hicieron llegar un informe en el cual concluyen que el documento evacuado por los expertos de la Universidad de Granada no constituye un diagnóstico científico serio y responsable de la metodología chilena en la identificación de personas detenidas desparecidas.

Sin embargo, frente a la disyuntiva de aceptar las conclusiones del informe de los españoles o las sugerencias de los propios peritos que invalidan el de los españoles, optó por reestructurar la unidad de detenidos desaparecidos.

A fines de noviembre de 2002, se procedió a enviar el informe de los españoles a la fiscal de la Corte Suprema.

Interrogado sobre las razones por las cuáles se eligió a la Universidad de Granada, respondió que se debió a que existía un convenio vigente, suscrito el año 2001, entre el rector de dicha universidad, el Servicio Médico Legal y la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos.

Posición de los ex peritos, señoras Patricia Hernández y Lily Ramírez y señor Luis Ciocca, ante el informe.

Ellos señalaron en una carta dirigida al Director del Servicio Médico Legal, señor Oscar Vargas, de fecha 22 de noviembre de 2002, lo siguiente:

“En relación al informe de fecha 31 de octubre de 2002, elaborado por el Equipo de Expertos españoles, y firmado por el Dr. Miguel Botella, sobre la metodología empleada por la Unidad de Identificación del Servicio Médico Legal, y, en relación a la medida del Servicio de paralizar las actividades de la Unidad sobre la base de este Informe, los suscritos nos permitimos manifestar lo siguiente:

Este Informe se pronuncia sobre el trabajo en identificación de personas que el Servicio ha realizado durante 12 años, y de esta Unidad durante los últimos siete años. El Equipo Español emitió su Informe sobre la base de una revisión de 46 casos de los 109 casos de detenidos desaparecidos ya identificados por el Servicio.

Como nos apercibimos al momento de analizar dicho Informe, que la visión del Equipo español en el tema de la identificación es eminentemente de carácter antropológica, y por lo tanto distinta de la metodología empleada por el Servicio que es de naturaleza multidisciplinaria, creemos imprescindible recordar -antes de hacernos cargo de las críticas del Informe- la forma propia cómo se construyó la metodología chilena de identificación de personas detenidas desaparecidas.

En Chile, a raíz de la vuelta a la democracia y como consecuencia de las investigaciones sobre los atropellos a los Derechos Humanos ocurridos durante la dictadura militar, se descubrió una fosa masiva en el Norte (Pisagua) , en mayo de 1990; lo que significó para las autoridades un nuevo tipo de labor que no se había hecho antes en Chile y que era necesario resolver a través de la identificación de los cuerpos encontrados. En esa época se postuló un trabajo multidisciplinario integrado por profesionales médicos y odontólogos abocados a la identificación.

Es así como se fue desarrollando en el Servicio Médico Legal una metodología de identificación que se fundamentaba principalmente en aspectos médicos y odontológicos y, en forma general, aspectos antropológicos, como determinación de sexo, estatura y edad, en conjunto con el estudio odontológico-médico. Junto con esto se vio la necesidad de graficar a través de fotografías y videos, cada estudio pericial, lo que se realizó en la medida en que los medios disponibles lo permitían. Se trataba de una tarea imperativa desde los aspectos legal y humanitario, sin que existieran en el país precedente en los que pudieran haberse formado equipos experimentados adecuados.

A medida que avanzaba el tiempo, se fueron descubriendo más cuerpos, los que por razones judiciales y humanitarias, era necesario identificar, de manera que por la fuerza de las realidades se fue creando una metodología de acuerdo a nuestra realidad histórica nacional y a los recursos siempre escasos con los que la Unidad de Identificación contaba, ya que en cuanto a la identificación en casos masivos de derechos humanos, no hemos encontrado a la fecha normas internacionales a las que atenerse. ”.

En seguida, el documento en cuestión analiza los aspectos formales y de fondo analizados por el informe de la Universidad de Granada, rebatiendo cada uno de ellos.

A continuación, en el mismo documento se señala lo siguiente:

“Como conclusión a todo lo expuesto, creemos pertinente representar a esa Dirección lo siguiente:

Preocupa especialmente que el Informe no se pronuncie sobre el tema de la identificación que es el objetivo último de los Tribunales de Justicia y de la sociedad chilena. Ni tampoco proponga una metodología clara y establecida sobre el tema de identificación distinta a la ya utilizada por el Servicio.

A nuestro criterio este Informe, por el tiempo que se tomó en confeccionarlo -durante tres días se revisó parte del trabajo que el Servicio ha venido realizando durante los últimos doce años,- no constituye un diagnóstico científico serio y responsable de la metodología chilena de identificación de personas detenidas desaparecidas.

Si bien el Informe efectúa aportes desde el punto de vista antropológico a la metodología chilena, estos deben recibirse y analizarse a la luz de la metodología empleada por el Servicio y para los fines de la investigación en nuestra calidad de coadyuvante de la Justicia, desoyendo todo aquello de corte academicista.

Por lo mismo, parece preocupante, que solamente sobre la base de este Informe, el Servicio haya tomado la decisión de paralizar todas las funciones de la Unidad de Identificación, sobre todo porque este documento nada dice, y tampoco se pronuncia sobre el tema de las identificaciones ya efectuadas por el Servicio.

Nos preocupa que la decisión del Servicio de comunicar a los Sres. Magistrados que la paralización de las actividades propias de la Unidad se fundamentan en “errores de metodología detectadas en este Informe”, tal como se señala en el Oficio N° 18. 640, enviado con fecha 6/11/02 al Juzgado del Crimen El Loa Calama pueda adolecer de algunos serios ribetes de ilegalidad.

En efecto, a nuestro criterio, no se está informando debidamente a los Sres. Magistrados del contenido de este Informe, y además, se está insinuando que las identificaciones ya efectuadas y que las que están en curso no fueron confeccionadas en forma correcta. En la decisión del Servicio puede haber una denegación u obstrucción de Justicia, en la que por supuesto, nosotros habiendo sido designados ya como peritos en muchas de estas causas así paralizadas por dicha vía, reparamos y conforme al Estatuto Administrativo, declaramos que no tenemos responsabilidad en dicha decisión.

Por último, frente a la decisión del Servicio, consideramos también que no ha habido un pronunciamiento claro respecto de aquellas otras causas que no tienen relación con el tema de los detenidos desaparecidos. Procesos de alta alarma pública, como los crímenes de Alto Hospicio, el conscripto Soto Tapia, etc, se verán afectadas por la información incompleta y a nuestro juicio errónea entregada por el Servicio a los Sres. Magistrados, y a la sociedad en su conjunto.

Finalmente, se nos hace un deber tener que precisar aquí, aúna riesgo de caer en inmodestia obligada, lo siguiente:

-Nuestras calificaciones, desde que las mismas operan, han sido las siguientes: 97,5% año 2001 y 100% el año 2002.

-Las distinciones extraordinarias de las que hemos sido objeto, con motivo de nuestro desempeño profesional y funcionario han sido las siguientes:

Dra. Lily Ramírez: 6 anotaciones de mérito, todas en relación al trabajo en identificación.

Dr. Luis Ciocca: 3 anotaciones de mérito, todas en relación al trabajo en identificación.

Dra. Patricia Hernández: 12 anotaciones de mérito, 2 anteriores a la creación de la Unidad y 9 en relación al trabajo en identificación.”.

Por su parte, en su exposición ante la Comisión el señor Ciocca, ante la consulta sobre el informe emitido por la Universidad de Granada respondió que ellos hicieron un documento en respuesta a ese informe porque lo consideraron demasiado lapidario.

Además, en su calidad de profesor de medicina legal, le mandó una carta al doctor Vargas, la cual es una especie de defensa general de la medicina legal como multidisciplina en la cual deben integrarse una serie de subespecialidades o especialidades como la antropología, la odontología, la bioquímica. Envió copia de dicha carta a las Agrupaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos. En ella, consignó que compartía buena parte de lo que señalaban los españoles.

En gran medida, estimó que el informe de Granada enfatizaba muchos aspectos antropológicos puros. A lo mejor, pretendía abarcar más allá de lo que corresponde si se valoran las distintas profesiones. Por ejemplo, en Chile existe un orden determinado de funciones y quien debiera pronunciarse acerca de las causas de muerte es el médico y no otro.

Reconoció que había cierto desorden. Sin embargo, expresó que lo que realmente tiene validez es la carpeta que está en los tribunales.

Sostuvo que tal vez faltó un poco de método. No obstante, se debe tener presente que la Unidad de Identificación se fue haciendo en el camino.

Posiciones de la abogada Pamela Pereira y de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos respecto al Dr. Lorente. Informe de la Fiscal de la Corte Suprema.

La señora Pamela Pereira afirmó ante la Comisión lo siguiente: “Ahora bien, resulta cuestionado lo de Granada, porque el doctor Lorente es parte de las sociedades con Rodríguez. No es que quiera ser suspicaz, pero hay intereses en conjunto. No se si descalificó el informe Glasgow por esa situación o por otras razones estrictamente científicas. No me atrevo a pronunciarme, pero creo que por ahí se explica el hecho de que esa institución aparezca cuestionando el informe de Glasgow. ”

El señor Gonzalo Muñoz (dirigente AFDD) manifestó que la relación con Lorente terminó abruptamente y le quitaron la confianza desde el momento en que surgió públicamente- la relación contractual entre este perito internacional con el Servicio Médico Legal, particularmente con Jorge Rodríguez.

Posteriormente, en una reunión con el Ministro de Justicia, a la que también asistió el doctor Vargas, le pidieron a Lorente que renunciara a ese contrato, de lo contrario, no había ninguna posibilidad de que siguiera trabajando con la Agrupación. Esta situación enturbió la buena relación que tenían con Lorente.

Informe de la Fiscal de la Corte Suprema: En este informe se señala que “El SML contrató los servicios a honorarios del Dr. José Antonio Lorente Acosta, para que lo asesore en el desarrollo y aplicación de las técnicas de obtención y análisis de ADN mitocondrial para la identificación de osamentas humanas, así como en la transferencia de experiencias investigativas que ha desarrollado el Dr. Lorente, contrato suscrito el 1 de Abril de 2002, por el período que va del 1 de Abril de 2002 al 20 de Noviembre de 2002, con un honorario bruto total de $ 20. 000. 000. -, pactado en 8 cuotas mensuales de $2. 500. 000. - cada una.

Sin embargo, en el Memorandum Nº 411, de fecha 19 de Agosto de 2002, dirigido por el Sub-Director Técnico del SML al Director Nacional del Servicio, informando sobre las actividades de asesorías prestada a esa Dirección Nacional por el Dr. José Antonio Lorente, en una lista de 7 puntos, la única asesoría prestada por el Dr. Lorente relacionada con identificación de detenidos desaparecidos es “contra peritajes en casos de osamentas de Detenidos Desaparecidos”, y las demás se refieren a asesorías en procedimientos de autopsia en casos de probables contaminados con la enfermedad llamada “las vacas locas”, asesoría en tres casos relacionadas con Alto Hospicio, co-organización y asistencia al 2º Simposio Iberoamericano de Criminalística y Criminología, materias que sin perjuicio de la importancia que puedan tener, no dicen relación alguna al fin concreto para el cual fue contratado y que tuvo en consideración el Ministerio de Justicia para la aprobación de su contrato, esto es lograr la identificación de osamentas de detenidos desaparecidos.

El Dr. Lorente, mediante carta de 30 de Septiembre de 2002, presentó su renuncia al contrato a honorarios con el SML, renuncia que hizo efectiva al día 1º de Septiembre de 2002, y señaló como motivo de ella la incompatibilidad existente entre el contrato a honorarios y su nuevo rol como Director-Coordinador en el Comité Asesor de Expertos del Programa de Identificación de Detenidos Desaparecidos.

En lo que se refiere a sus honorarios, el Dr. Lorente había dado instrucciones al Director del SML por carta de 3 de Junio de 2002, para que sus honorarios por el período transcurrido del convenio, se le entregaran al Dr. Jorge Rodríguez Díaz.

De lo expresado cabe concluir que el SML no ha sido cuidadoso y diligente para obtener las debidas prestaciones en el contrato antes referido suscrito con el Dr. Lorente, como “Asesor Experto en Técnicas de Identificación Genética de Personas Desaparecidas”.

5. Informes de expertos en ADN del Servicio Médico Legal. Unidad de Biología Molecular. Algunos aspectos vinculados a su funcionamiento.

A) Informes relacionados con el llamado “Informe Glasgow”.

Informe emitido por Hugo Jorquera G. , Jefe de la Unidad de Biología Molecular, y por don Fabián Moreno Gálvez, Bioquímico Legista, de fecha 18 de julio del año 1996.

Este informe, dirigido a la Jefa de la Unidad de Docencia del Servicio Médico Legal, Doctora América González, da cuenta del análisis efectuado por los peritos expertos en ADN, sobre el informe de ADN mitocondrial de la Universidad de Glasgow, en el que se pronuncian exclusivamente sobre los procedimientos técnicos empleados en esa universidad, señalando en reiteradas ocasiones que se aplicaron métodos estándar, metodología de uso tradicional y que las normas de precaución de contaminación señaladas son similares a las utilizadas por otros laboratorios.

Informe emitido por Hugo Jorquera G. , Jefe de la Unidad de Biología Molecular, y por don Fabián Moreno Gálvez, Bioquímico Legista, de fecha 12 de agosto del año 1996, dirigido al Director del Servicio Médico Legal, Doctor Jorge Rodríguez.

En él los peritos antes individualizados señalan en el punto N° 3 lo siguiente: “Según la misma Tabla 5 no se encuentra match para 13 de 20 muestras secuenciadas, siendo éste un resultado concluyente ya que la ausencia coincidencia se logró con sólo analizar parte de la región HVI. ”

En el punto 4 añaden que “La explicación referente a la poca probabilidad de contaminación resulta satisfactoria. ”

Comunicación de don Fabián Moreno y de Víctor Saragoni, del Laboratorio de ADN mitocondrial del Servicio Médico Legal, de fecha 25 de octubre de 2002.

En el punto N° 6 de dicha comunicación, dirigida al Director del Servicio Médico Legal de la época, señor Oscar Vargas, los citados peritos imputan al Doctor Jorquera una mala política comunicacional reflejada en no mostrar las ventajas y desventajas reales del análisis de ADN mitocondrial, creando falsas expectativas entre los usuarios o requierentes de esta técnica (Unidad de Identificación, Dirección Nacional, Jueces, Ministerio de Justicia y AFDD). Además le imputan la redacción de un informe incompleto del “caso Glasgow” para el Ministerio de Justicia de agosto del año 2002.

Según el doctor Luis Ravanal en su presentación hecha ante la Comisión este informe no fue puesto en conocimiento de la Fiscal de la Corte Suprema, ni se ha investigado (informe que se realizó en agosto del año 2002).

Memorándum N° 89, emitido por Hugo Jorquera, Jefe Unidad de Biología Molecular, de fecha 12 de agosto de 2002, dirigido al Ministro de Justicia, señor

José Antonio Gómez.

En este documento se señala que se le solicitó emitir un juicio técnico sobre el Informe Médico Legal de Identificación llevado a cabo por la Universidad de Glasgow sobre osamentas del Patio 29. En virtud de ello, se afirma en el informe que: “A partir de los datos metodológicos entregados en el informe del Dr. William Goodwin de fecha 27 de junio de 1996 se pueden realizar los siguientes comentarios:

1. La metodología de extracción de ADN, amplificación, purificación y secuenciación relatados en el informe no ofrecen reparos técnicos, a excepción de lo indicado en el punto 2.

2. Sólo se secuenció una de las hebras del ADN mitocondrial, en tanto que las recomendaciones de aseguramiento de calidad en esta área sugieren la secuenciación de ambas hebras de ADN.

3. No fueron remitidos a este Servicio los registros físicos de los resultados obtenidos (autorradiografías o electroferogramas) a pesar de haberse solicitado. Con ello resulta imposible realizar una revisión directa de los datos proporcionados (secuencias de ADN mitocondrial.

4. La región secuenciada corresponde a una porción de 171 nucleótidos de la Región HVI tanto para las muestras óseas como para las muestras de sangre de los familiares de referencia. Las recomendaciones internacionales para secuenciación de ADN mitocondrial en el ámbito forense contemplan la secuenciación de las regiones HV1 Yhv2 completas, es decir, 342 nucleótidos de la Región HV1 y 268 nucleótidos de la Región HV2, lo que obtenida mediante el estudio de sólo 171 nucleótidos parece insuficiente para la resolución de un problema de identificación. ”

Más adelante, al referirse al informe emitido por el Doctor Vanezis, de fecha 25 de julio de 1996 en relación a comparación de perfiles de ADN mitocondrial de osamentas y muestras de familiares de referencia, el informa expresa lo siguiente:

“1. - El hecho de haber analizado las muestras óseas y de familiares en una región tan pequeña como la indicada anteriormente (171 de 610 nucleótidos) podría justificarse en razón de un “screening” rápido entre las osamentas y sus presuntos familiares. De no haber existido “match” (coincidencia) entre ellas, el informe se podría haber aceptado como concluido y no habrían sido necesarios otros estudios. A partir de los antecedentes proporcionados en el caso analizado se desprende de los resultados que algunas muestras óseas tuvieron match con muestras de familiares. Si bien, en algunos de estos casos el match fue con varios individuos de familias no relacionadas dicho estudio no fue profundizado; es decir, no se estudiaron otras regiones del ADN mitocondrial que pudiesen aportar información adicional que permitiera discriminar sobre la significación de dicho match.

2. - De cinco muestras informadas como “No DNA data from bone” (2832, 2850, 2854, 2915 y 3055) cuatro de ellas aparecen con los datos de los respectivos polimorfismos de ADN mitocondrial (haplotipos) en la Tabla 2. Por lo tanto, a partir de la lectura del informe no queda claro cuál fue el criterio utilizado para determinar que el resultado de ADN mitocondrial de la muestra ósea fuese “idóneo” para ser comparado con las muestras de familiares. ”

Memorándum N° 90, emitido por Hugo Jorquera, Jefe Unidad de Biología Molecular, de fecha 12 de agosto de 2002, dirigido al Ministro de Justicia, señor José Antonio Gómez.

En éste se señala lo siguiente:

“1. - Nuestro laboratorio ha llevado a cabo a la fecha el análisis de ADN mitoxondrial de seis de las 21 muestras óseas enviadas a Glasgow…” “Los informes correspondientes a dichos casos fueron oportunamente remitidos a la Unidad de Identificación del Servicio Médico Legal al ser concluídos.

2. - Los resultados de ADN mitocondrial obtenidos para los protocolos señalados en este laboratorio han sido comparados con los obtenidos por la Universidad de Glasgow, corroborándose idénticos resultados (para la región secuenciada). Cabe señalar que los resultados entregados por la Universidad de Glasgow corresponden sólo a 171 nucleótidos de la Región HV1 del genoma mitocondrial, a diferencia de lo realizado en el Servicio Médico Legal, donde se secuenciaron de cada muestra los 610 nucleótidos que conforman las Regiones HV1 y HV2.

3. - Tres de los casos analizados en nuestro laboratorio fueron realizados sobre muestras de piezas dentales y hueso largo o bien muestras de cráneo y hueso largo simultáneamente y en todas ellas los resultados fueron reproducibles lo que indicaría que cráneo y extremidades provienen del mismo sujeto. ”

Los puntos 4 y 5 se refieren a una tabla que exhibe los resultados obtenidos para la comparación de cada muestra con el respectivo familiar de referencia en base al acercamiento de identificación proporcionado por la Unidad de Identificación del Servicio Médico Legal.

En el punto 6 se reproduce una nómina de desaparecidos respectos de los cuales el laboratorio posee muestras correspondientes a familiares de línea materna. En la parte final de este punto expresa que “Los nombres señalados con asterisco poseen familiares de referencia ya secuenciados en nuestra Base de Datos de Familiares de Detenidos desaparecidos. Sus secuencias de ADN mitocondrial coinciden con los resultados informados por Glasgow (para la región analizada). ”

Memorándum s/n de los doctores Fabián Moreno y Víctor Saragoni, de fecha 28 de agosto de 2002, dirigido al Director del Servicio Médico Legal de la época, doctor Oscar Vargas.

En éste señalan que en atención a la información requerida por el Ministro de Justicia “…. consideramos un deber aportar información (genética) adicional que consideramos relevante para la evaluación del Informe Glasgow.

Luego de un análisis detallado de las tablas de resultados de dicho informe, es conveniente destacar los siguientes puntos:

-La región analizada en Glasgow fue suficiente para excluir directamente un número importante de las osamentas examinadas.

-Varias (30%) de las muestras de familiares de referencia y muestras óseas de los protocolos enviados a Glasgow se han analizado en nuestro laboratorio, encontrándose concordancia o compatibilidad en los resultados obtenidos en ambos centro.

-Los resultados de los análisis de ADN mitocondrial son contradictorios con los resultados de los estudios antropológicos.

-El informe de Glasgow consta de varias comparaciones de ADN mitocondrial, a partir de estas se debe entender lo siguiente (asumiendo que las secuencias de ADN mitocondrial son correctas) :

l) Un porcentaje importante de las muestras óseas (alrededor del 50%) correspondientes a los 20 protocolos analizados fue inmediatamente excluido (No match) respecto a las 20 familias analizadas. Cabe destacar, que un resultado de exclusión en ADN mitocondrial es definitivo (es decir, dichas exclusiones son categóricas; para éstas, el análisis de ADN mitocondrial tiene una utilidad clara y aprobada). De este conjunto de muestras excluidas, 4 muestras óseas (protocolos 2831, 2832, 3002, 3029) y 6 muestras de familiares han sido después analizadas genéticamente en nuestro laboratorio encontrándose para todas ellas concordancia o compatibilidad con los resultados obtenidos en Escocia.

II) Según el informe de Glasgow, aunque hubo coincidencia entre algunas muestras óseas y familiares de referencia el número real de exclusiones aumenta:” A continuación se refieren a una serie de muestras óseas de diversos protocolos.

Por último, finalizan afirmando que “Considerando este conjunto de resultados, es claro que genéticamente, a lo más se podría haber obtenido 5 correspondencias entre las muestras de estos 20 protocolos y 20 familias. De esta forma, el número de exclusiones y discordancias (incompatibilidades) aumentaría respecto a lo informado desde Glasgow. Finalmente, desde el punto de vista genético, la identificación antropológica obtenida para 16 de estos protocolos resulta desconcertante.

En conclusión, de acuerdo a estos resultados, es claro que el informe de Glasgow no consideró los estudios genéticos, a pesar de su no correspondencia con los estudios antropológicos. Se debió haber reanalizado nuevas muestras, tanto óseas como de familiares. En particular, se debió analizar los cráneos de cada protocolo.

Así, se ha estimado oportuno dejar constancia documentada de lo señalado anteriormente con respecto al Informe Glasgow. Esta información se ha presentado en esta Unidad y a la Jefatura Nacional del Departamento de Laboratorios. Consideramos que estos aspectos deben hacerse llegar a las autoridades correspondientes, en este caso, a Ud. y al Sr. Ministro de Justicia D. José Antonio Gómez. ”

Oficio enviado a la Comisión por el actual Director del Servicio Médico Legal, que responde a una serie de consultas formuladas por ella en relación al funcionamiento del laboratorio de Biología Molecular.

Existencia de muestras de control en el laboratorio de Biología Molecular.

En el citado oficio se informa que de acuerdo a los protocolos normalizados de trabajo internos del laboratorio, se exige la incorporación en las diferentes etapas de los procesos analíticos de controles de los mismos, acorde también a las recomendaciones internacionales de trabajo para cualquier laboratorio de Genética Forense.

De esta forma, los procedimientos en los Laboratorios de ADN mitocondrial cuentan con los siguientes controles y estándares obligatorios[25] : Control de extracción negativo; Control de vial; Control de amplificación positivo; Control de amplificación negativo; Estándar de cuantificación; Control o chequeo de los resultados en duplicado, por dos peritos distintos cuando sea posible; uso de reactivos de calidad idónea.

En el laboratorio además se han tomado precauciones en cuanto a las instalaciones y condiciones ambientales y normas para la limpieza de las áreas dedicadas al trabajo en los Laboratorio de ADN mitocondrial.

Lo relacionado a la Cadena de Custodia de las muestras óseas de Detenidos Desaparecidos y de sangre de familiares en el Laboratorio se analizará en el capítulo correspondiente.

b) Envío a otros laboratorios de los peritajes de ADN.

En el oficio antes citado se sostiene que ninguna muestra ósea o de sangre de un familiar de casos de detenidos desaparecidos se envió a peritaje de ADN mitocondrial al extranjero durante el período que le ha correspondido al actual equipo de Laboratorio de ADN (2003 a la fecha).

Sin embargo, hace presente que se le encomendó al Encargado de Laboratorio de ADN proponer y buscar laboratorios extranjeros donde fuera posible realizar este tipo de peritajes. Con fecha 3 de mayo del año 2005 se entregó al Director un documento reservado sobre laboratorios públicos y privados en EEUU y un contacto con un centro de Europa.

Además, se expresa que “con respecto a muestras del caso Patio 29, se tiene que algunas fueron periciadas en un Laboratorio de ADN extranjero como es el de la Universidad de Glasgow, Escocia en el año 1996 y estos mismos protocolos fueron también periciados por este laboratorio de ADN mitocondrial en Chile entre los años 2001 a 2005.

Los resultados comparativos muestran (salvo las discrepancias observadas en 3 casos las que se explican debidamente en forma técnica) que los perfiles de ADN mitocondrial coinciden plenamente entre lo obtenido en Glasgow y los obtenidos en nuestro laboratorio chileno. Lo anterior indica que al parecer no se evidencian errores de procedimiento en las cadenas de custodia y de análisis, respectivas. ”

c) Acreditación del laboratorio.

Se informó que dicho Laboratorio no se encuentra en proceso de acreditación, aunque se ha realizado una licitación pública para hacer un diagnóstico del estado del arte. No obstante, desde los inicios de este Laboratorio se han realizado una serie de acciones tendientes a chequear los procedimientos utilizados y experticia de los profesionales con organismos y laboratorios de ADN de prestigio internacional.

Referencias al laboratorio de ADN y a su trabajo efectuadas por las personas que expusieron ante la Comisión.

El ex Director del Servicio Médico Legal, señor Oscar Vargas.

Señaló que en el informe emitido por los expertos de la Universidad de Granada, el laboratorio de ADN, en general, salvo algunas observaciones, es bien evaluado.

Mediante el reservado N° 64, de fecha 6 de junio de 2003, dio a conocer al señor Ministro de Justicia un resumen de la reestructuración del Servicio Médico Legal, documento donde concluye en sus puntos 4 y 5, lo siguiente:

“4. - Respecto del laboratorio de la Unidad de Genética Forense, está funcionando adecuadamente, desde el punto de vista técnico. Por de pronto, debe reconocerse que el tiempo de respuesta es lento, producto de que el cálculo de los montos aprobados para este proyecto no nos permite obtener resultados más diligentes

5. - Según mi opinión, a partir de la creación de este laboratorio de ADN, que está a nivel mundial, se forjaron ciertas expectativas que, lamentablemente, el tiempo ha demostrado que la ciencia no ha podido solucionar, generándose frustraciones en nuestra sociedad, en general, y en los familiares de detenidos desaparecidos, en particular. ”

Los dirigentes de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos,doña Mireya García y Gonzalo Muñoz.

La señora Mireya García sostuvo que se puso el máximo esfuerzo en el laboratorio de ADN, que es uno de los más modernos de Latinoamérica. Es un muy buen laboratorio en términos de infraestructura. Tal vez el problema tiene que ver con la existencia de la experticia suficiente para realizar las pruebas y obtener los resultados buscados o, lo que sería peor, de acuerdo con lo que señala el informe de los expertos de la Universidad de Granada, que la gran falla haya ocurrido en el laboratorio de antropología. En ese caso, por muy bien que se hubiera hecho el análisis de ADN el resultado sería necesariamente malo.

Indicó que el laboratorio de ADN del Servicio Médico Legal no está acreditado internacionalmente. Ello constituye una de las grandes demandas que han realizado.

El señor Gonzalo Muñoz expresó que las pericias de ADN costaron años instrumentarla, simplemente porque el Servicio Médico Legal no las estimaba convenientes en un principio.

La ex perita del Servicio Médico Legal, señora Isabel Reveco.

Ella señaló que el Servicio Médico Legal no es un servicio que tenga la acreditación internacional como unidad de biología molecular para hacer exámenes de restos óseos antiguos. Tampoco hizo una prueba que es de rigor en cualquier laboratorio, para tener una muestra-control, porque el ADN es una técnica altamente compleja, muy fácil de manipular, de contaminar, y si no está todo el procedimiento bien hecho puede dar, obviamente, una información errada fácilmente, a diferencia de los exámenes médicos, odontológicos o antropológicos, sobre todo, cuando se hacen entre varios peritos. Por lo tanto, si el Servicio Médico Legal no está certificado internacionalmente y no hizo esa muestra de control, este segundo peritaje, a su entender, no tiene la misma fuerza que si hubiera contado con todas las exigencias de norma internacional.

El ex perito del Servicio Médico Legal, señor Luis Ravanal.

Al referirse al Informe emitido por Hugo Jorquera G. , Jefe de la Unidad de Biología Molecular y por don Fabián Moreno Gálvez, Bioquímico Legista, de fecha 18 de julio del año 1996, dirigido a América González, señala que éste da cuenta del análisis efectuado por los peritos expertos en ADN, sobre el informe de ADN mitocondrial de la Universidad de Glasgow, en donde se pronuncian exclusivamente sobre los procedimientos técnicos empleados en Glasgow, señalando en reiteradas ocasiones que se aplicaron métodos estándar, metodología de uso tradicional y que las normas de precaución de contaminación señaladas son similares a las utilizadas por otros laboratorios.

Nada dice respecto a consideraciones técnicas que objeten su validez, todo lo contrario, reconoce la metodología y no señala la existencia de errores en los métodos aplicados en Glasgow.

Recalcó que se trata de un informe propio del Servicio Médico Legal. Al respecto preguntó ¿Por qué el resultado de este análisis del informe Glasgow en materia de ADN mitocondrial va dirigido a la jefa de la unidad de docencia que, en lo estrictamente administrativo, no tiene relación alguna con el establecimiento de identidades, y no a la unidad de identificación o al director nacional?

Respecto al Informe suscrito por Fabián Moreno C. y Víctor Saragoni F. , del 12 de agosto de 1996, dirigido al director nacional del Servicio Médico Legal, señor Jorge Rodríguez Díaz, afirmó que en él nuevamente los peritos de la unidad de biología molecular del Servicio Médico Legal, le envían sus comentarios respecto de los resultados sobre el estudio de ADN mitocondrial en las osamentas del Patio 29, realizado en la Universidad de Glasgow.

Textualmente señalan, destacando en algunos de sus párrafos:

“3. - Según la misma Tabla 5 no se encuentra match para 13 de 20 muestras secuenciadas, siendo éste un resultado concluyente…. ”

En relación al Informe del 25 de octubre de 2002 dirigido al director nacional del Servicio Médico Legal, Oscar Vargas Durante, expresó que los mismos peritos antes citados, denuncian:

v) ”. . . . redacción de un informe incompleto del caso Glasgow para el Ministerio de Justicia en agosto del presente año. ”

Interrogado sobre si hay restos de personas mal identificados, respondió que habiendo hecho el análisis pericial de los documentos del patio 29, no le cabe duda de que sí las hay, porque, por una parte, el informe de ADN mitocondrial está avalado por el doctor Peter Vanezis y por el doctor Goodwin, quienes explicaron en forma pormenorizada la técnica que se utilizó, y por otra, porque la unidad de ADN del Servicio Médico Legal también estableció que la técnica aplicada por la Universidad de Glasgow fue la correcta.

6. Supuesto extravío de la nómina que acompañaba las muestras enviadas a la Universidad de Granada.

Posición de la dirigente de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, doña Mireya García.

Ella declaró que se envió un primer número importante de muestras a la Universidad de Granada, a través de la Cancillería. Sin embargo, hasta hoy no ha aparecido la nómina con el nombre de los familiares, cuyas muestras están en Granada. Por lo tanto, que estén las muestras o no, a estas alturas, da exactamente lo mismo, porque si no se tiene la nómina con los nombres no se sabe de quiénes se tratan y, por lo tanto, no sirve.

Cuando supieron que el listado no estaba en el Servicio Médico Legal, pensaron que estaba en la Cancillería, sin embargo ello no era así. La tercera opción radica en que la nómina esté dentro de la caja con muestras. Pero esa caja tiene ciertos requerimientos para ser abierta, para que no se pierdan. Hay un protocolo firmado y no la puede abrir cualquier persona.

Posición del ex Director del Servicio Médico Legal, señor Jorge Rodríguez.

Consultado sobre la nómina de las muestras enviadas a la Universidad de Granada y su posible extravío indicó que recuerda que concurrió personalmente a la Cancillería y que llevaba el listado de las personas a quienes correspondían las muestras. Estimó insólito que no aparezca la citada nómina porque lo presentaron en el Ministerio de Relaciones Exteriores y lo llevaron a Granada. Allá recibieron la nómina y las maletas selladas, y están guardadas en una bóveda a 4 grados Celsius, para que no se pueda alterar. Expresó que para saber qué ocurrió con la citada nómina se puede consultar directamente a la Universidad de Granada o a personeros del Ministerio de Relaciones Exteriores de la época.

Manifestó que una copia de la nómina quedó en el Servicio Médico Legal y otra en la Universidad de Granada. A lo mejor, la nómina de las muestras que se enviaron a esa universidad está dentro de la maleta.

Documentos acompañados a la Comisión.

i) Se ha acompañado a esta Comisión un “Acta de entrega” suscrita por el ex Director del Servicio Médico Legal, señor Jorge Rodríguez y un representante del Ministerio de RREE.

En ella se señala que “se hace entrega de un maletín tipo piloto de aluminio, sellado con silicona, el que contiene setecientas tarjetas con manchas de sangre que corresponden a muestras donadas por familiares de personas detenidas desaparecidas y ejecutados políticos, con su respectiva nómina. ”

ii) También se ha acompañado una copia de un “Acta de Entrega” suscrito por un representante de la Embajada de Chile y por José Padial Puertas, en nombre de la Universidad de Granada.

En ella se señala que “se procede a la entrega de un maletín tipo piloto de aluminio, sellado con silicona, el que contiene setecientas tarjetas con manchas de sangre que corresponden a muestras donadas por familiares de personas detenidas desaparecidas y ejecutados políticos, con su respectiva nómina. ”

iii) Se dio cuenta de un oficio remitido por el señor Ministro de Justicia en el que señala en su punto 8 lo siguiente: “Respecto al listado que acompañaba a este primer maletín, una vez revisada la documentación que obra en poder de este Ministerio sobre la materia, no es posible constatar la posesión del listado que se acompañó al envío por parte del Servicio Médico Legal o del Ministerio de Relaciones Exteriores. ”

7. Eventual extravío de las muestras de sangre tomadas a familiares de detenidos desaparecidos.

Posición de la abogada Pamela Pereira.

Ella señaló que en el año 2001 concurrió donde el juez del crimen a plantearle su preocupación respecto de la forma errónea en que se estaban tomando las muestras de sangre para eventuales identificaciones, por las personas encargadas del llamado Banco de ADN del Instituto Médico Legal, y, además, para preguntarle qué se hacía con las muestras de sangre que ya se habían tomado y que ahora se habían perdido.

Además, hizo presente que una familiar había concurrido al Servicio Médico Legal a entregar muestras de sangre y éstas no estaban, se habían extraviado.

Posición del ex Director del Servicio Médico Legal, señor Jorge Rodríguez.

Manifestó que respecto a la seguridad en la obtención, custodia y manejo de elementos comparativos sostuvo que durante su gestión, entre 1998 y 1999, se da comienzo a un programa de un banco de muestras biológicas de línea materna de detenidos-desaparecidos, que tenía por objetivo guardar una muestra de tejido biológico en el Servicio Médico Legal y otra en alguna parte que diera garantías a los familiares. Para ello, se eligió a la Universidad de Granada, institución que posee vasta experiencia en la materia, pues mantiene, desde hace años, un proyecto denominado Fénix, para la identificación, en España, de personas extraviadas y desaparecidas.

Para un mejor éxito de esta gestión, en 2000 viajó personalmente a dicha Universidad junto a familiares de detenidos-desaparecidos y al Subsecretario de Justicia, señor Arellano, para entregar por valija diplomática estas muestras, las que aún se encuentran guardadas en una bóveda especial que destinó para ello la Universidad.

Paralelamente, a partir de 2001, con estas muestras, en Chile se da comienzo a la elaboración de un banco de ADN mitocondrial de línea materna, con bioquímicos que trabajaban las 24 horas del día y con tecnología de punta para esa época, cotejando resultados con el FBI y la misma Universidad de Granada.

Posición de la ex perita del Servicio Médico Legal, señora Isabel Reveco.

Señaló que respecto al banco de muestras genéticas en agosto de 1998 la Unidad de Identificación comenzó la formación de éste. Ella fue la encargada de tomar las muestras y de entrevistar a todos los familiares. En coordinación con la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos hicieron un calendario de citaciones: todas las mañanas los familiares se inscribían y asistían a la Unidad de Identificación para dar su testimonio. Así se completaron las fichas antropomórficas que tenían de la Vicaría, del GAF y de la Unidad de Identificación.

Pedían fotografías o informes clínicos que tuvieran de sus familiares desaparecidos. Cotejó y completó las fichas antropomórficas con las entrevistas, se tomaron muestras de sangre y pruebas de hisopado bucal a cada uno de los familiares.

En 1998, sólo existía el ADN mitocondrial, por lo tanto, decidieron tomar muestras a todas las personas que provinieran de la línea materna.

En ese mismo año comenzaron esta labor en la Región Metropolitana y después la extendieron al resto del país. Viajó desde Arica a Puerto Montt, entrevistando a más de 1. 300 familiares y tomando 1. 278 muestras de familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos. Incluso, en septiembre de 2000, en un viaje al extranjero, llevó los materiales y tomó muestras en Inglaterra y Francia a familiares de detenidos desaparecidos que no podían viajar a Chile.

A todos los familiares se les entregaba una cartilla informativa respecto al ADN mitocondrial y cómo se podían identificar las osamentas. Se les dijo que la toma de muestras quedaría depositada en un banco, que no iba a ser analizada y sólo sería utilizada cuando fuera necesario cotejar alguna osamenta que se supusiera que era de su familiar y que no pudiera ser identificada por los métodos tradicionales de la antropología, la odontología o la medicina forense.

Se llevaba un libro de registro de cada uno de sus familiares.

Cuando fue despedida del Servicio Médico Legal, el 30 de mayo de 2001, dejó 1. 278 muestras en la Unidad de Biología Molecular, a cargo del señor Hugo Jorquera. Las muestras se le entregaban personalmente a través de un documento que acreditaba la cadena de custodia. Él las depositaba en un freezer destinado sólo a las muestras del banco de familiares de detenidos desaparecidos, que es distinto al que guarda las muestras destinadas a acreditar paternidad o casos de investigación judicial.

A raíz de una petición de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desparecidos un duplicado de las muestras iba a ser enviado al extranjero para ser resguardado por cualquier circunstancia que pudiera ocurrir en el servicio, como contaminación de las muestras, incendio, cambio de autoridades que ya no quisieran conservar estas muestras, etcétera. Considerando que eran muestras muy valiosas debido a que muchos familiares van falleciendo y no se pueden volver a tomar, era importante resguardarlas por muchos años. Con este objeto el doctor Lorente ofreció la Universidad de Granada, en España.

Cuando organizaron esta entrega, habían hecho una selección de todas las muestras con un listado en quintuplicado, quedando un ejemplar en la Unidad de Identificación; otro, en la dirección del Instituto Médico Legal; otro, en el Ministerio de Relaciones Exteriores; otro, en el Ministerio de Justicia, y el último en la Universidad de Granada.

Posteriormente, en una reunión que tuvo con los abogados de la Corporación de Reparación, alrededor del año 2003, ellos le informaron que en el Instituto Médico Legal les comunicaron que se habían perdido la mayor parte de las muestras que ella había tomado y que no quedaban más de 500, que fueron enviadas con una de las copias a la Universidad de Granada.

Respecto a esta pérdida señaló que no tenía ninguna explicación porque ella ya no trabajaba en el Instituto. Añadió que lo único que puede afirmar es que efectivamente había tomado 1. 278 muestras. Éstas también quedaron registradas en un libro que quedó en la Unidad de Identificación y en el departamento de Tanatología del Instituto.

Reiteró que en cuanto a la pérdida de las muestras, se debe consultar las autoridades; primero, si es cierto y, segundo, qué explicación pueden dar al respecto.

Posición de la ex perita del Servicio Médico Legal, señora Patricia Hernández.

Ella expresó que le había respondido a la abogada Pamela Pereira que en 1994 no había un banco de ADN; ni siquiera se pensaba en crearlo, y la sangre de todos los familiares se fue a procesar a Glasgow. Esa sangre se procesó y se ocupó, y si por alguna razón sobró algo de sangre, no la devolvieron, porque los laboratorios nunca devuelven sangre.

Por lo tanto, como en 1997 se empezó a crear el Banco de ADN, necesariamente deben pedir a las mismas familias que entregaran muestras de sangre. La señora Pamela Pereira nunca entendió o no quiso entender este cuento.

Documentos recibidos por la Comisión.

La Comisión, el día 2 de agosto de 2006 recibió un oficio del encargado de la Unidad Genética Forense del Servicio Médico Legal, Dr. Gastón Bocaz Beneventi, en virtud del cual informa lo siguiente:

“En atención a las preguntas indicadas en Oficio referido, respondo a Ud. lo siguiente:

1. Nómina de personas a quienes se les tomó muestras de ADN:

a) En primer lugar cabe indicar que el procedimiento de toma de muestras de familiares de detenidos desaparecidos no lo realiza nuestro laboratorio de ADN sino que la Unidad Especial de Identificación de Detenidos Desaparecidos (Ueidd) , quienes envían tales muestras para análisis según los procedimientos señalados en Resolución Exenta N°54 del 22 de enero de 2002 que “Aprueba procedimientos para la recepción de documentos, recolección, almacenamiento y envío de evidencias biológicas para examenes de ADN de Familiares de Detenidos Desaparecidos”

2. Si se han extraviado algunas de ellas

Al respecto cabe indicar lo siguiente:

i) Se establece un convenio con la Universidad de Granada, con el objeto de resguardar contra muestras de todos los familiares que han donado muestra de sangre para análisis de ADN. En esta lista se incluyen todos los donantes, es decir, se incluyen aquellos que no son genéticamente útiles para ADN mitocondrial.

ii) De esta forma antes de 2003 en la anterior Jefatura de Unidad y Dirección Nacional se envió un maletín metálico sellado con entendemos 700 muestras de familiares de referencia, ya que esta Unidad no dispone oficialmente de copia de un Listado de confirmación de esa nómina o acta de envío de traslado.

iii) A contar de la reestructuración de la Unidad en enero de 2003, esta actual Jefatura tiene el respaldo del envío de un segundo maletín metálico sellado que se entregó al Director Nacional Dr. Vargas para su traslado a la Universidad de Granada, en el marco del convenio suscrito, por un total de 756 muestras de familiares en sus respectivos sobres sellados a aluminio.

iv) De lo anterior se puede deducir que no se han perdido muestras para análisis como se consulta en el Oficio, y estas se mantienen bajo estricto resguardo bajo llave en nuestro laboratorio.

v) Cuando se complete un mayor número de muestra de familiares, se procederá a enviar un tercer maletín como ha sido estipulado en el convenio suscrito bajo las condiciones señaladas. ”.

8. Cristián Orrego, del Departamento de Medicina Forense de la Universidad de Berkeley.

Posiciones de la abogada Pamela Pereira, de la dirigenta de la AFDD, doña Viviana Díaz y de la ex perita del Servicio Médico Legal, señora Isabel Reveco.

La señora Pamela Pereira expresó que a raíz de los reclamos, el Gobierno contrató a Cristián Orrego. Éste vino a Chile y señaló con absoluta claridad que todo lo que se estaba haciendo debía ser paralizado, porque se estaba haciendo mal.

La señora Viviana Díaz señaló que cuando Cristián Orrego llegó al Servicio para orientar la forma en que se podía realizar el trabajo, en la práctica, no fue bienvenido. Rápidamente se percató que no había disponibilidad de las otras personas que trabajaban en el servicio para compartir lo que había allí. Ante ello les dijo que no tenía sentido seguir trabajando acá si no tenía acceso a todo lo que requería.

La señora Isabel Reveco expresó que el doctor Orrego es biólogo molecular y trabaja desde hace muchos años en genética. Lo conoció en 1990, cuando vino a Chile por primera vez. Ha tenido una permanente relación epistolar con él y también ha ido a los laboratorios de genética en California. Incluso, por su intermedio, fue nombrada profesora adjunta del Departamento de Derechos Humanos de la Universidad de Berkeley.

Ha participado con él en investigaciones en el exterior. Hicieron un proyecto de recuperación de casi setecientos niños secuestrados por la dictadura militar en El Salvador y entregados en adopción en forma ilegal. Aseveró que tiene de él la más alta opinión.

9. Cadena de custodia.

Se la ha definido como “Un procedimiento que tiene por finalidad garantizar la integridad, conservación e inalterabilidad de los materiales de prueba, tales como documentos, armas blancas y de fuego, muestras orgánicas e inorgánicas, proyectiles balísticos, vainillas, huellas dactilares y marcas de herramientas, entre otras, desde el momento en que son levantadas hasta el momento en que son presentadas en el juicio. ”

Posición de la dirigente de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, doña Mireya García.

Expresó que en la Unidad de Identificación del Servicio Médico Legal no había algo fundamental, como la cadena de custodia. Sacaban los restos y nadie sabía si volvían o no al mismo lugar, porque no existía ningún registro. Fue la agrupación la que pidió que se implementara dicha medida.

Posición de las ex peritas del Servicio Médico Legal, señoras Isabel Reveco y Patricia Hernández.

La señora Isabel Reveco señaló, respecto a la cadena de custodia, que no contaban con ella en los primeros años. La Unidad de Identificación trabajaba como una instancia completamente cerrada que no atendía público y no tenía relación siquiera con otros departamentos o unidades del Servicio Médico Legal. Trabajaban a puerta cerrada, por lo cual nadie podía ingresar sin su autorización. Nunca retiraron osamentas del edificio. Éstas se llevaban desde la bodega al laboratorio, que estaba al lado. Luego, las cajas eran selladas y devueltas a la bodega.

Recalcó que ni ellos ni nadie utilizaban la cadena de custodia por esos años. Recién en 1998 la implementaron con las muestras del banco genético. Hasta cuando dejó el servicio, no se hacían cadenas de custodia. Agregó que armaban una osamenta en el día, la examinaban, luego, se embalaba nuevamente y se guardaba en la bodega. No quedaba establecido ni siquiera quién hacía el examen, porque el perito asignado a la respectiva pericia era quien la analizaba y se responsabilizaba de ésta. Incluso más, a veces no la guardaban, sino que la dejaban en la mesa de trabajo, tapada, y al día siguiente retomaban la tarea. Constituía una pérdida de tiempo armar todos los días una osamenta, dado que no siempre terminaban de analizarla en el día, pues a veces demoraban semanas.

En 1991-1992, participó en Irak y en Croacia. Posteriormente, también en Guatemala y en Perú, y jamás se hicieron cadenas de custodia con las osamentas entre los peritos.

La señora Patricia Hernández sostuvo que la cadena de custodia se empezó a implementar a raíz de la reforma procesal penal.

Posición del perito del Servicio Médico Legal, señor Luis Ciocca.

Declaró que la cadena de custodia, de acuerdo con los antecedentes que manejaba, empieza a implementarse junto con el nacimiento de la reforma procesal penal. Antes no hubo. Por ejemplo, cráneos y osamentas del Patio 29 se guardaban en una caja con su número de protocolo. Después, poco a poco, se fueron utilizando sistemas de control, pero ello fue bastante avanzado el proceso, en 1997 ó 1998, cuando ya casi no se hacían identificaciones del Patio 29. Se anotaba el nombre del perito que retiraba y después se firmaba la entrega.

Posición del ex perito del GAF, señor Iván Cáceres.

Señaló que en este proceso los esqueletos fueron limpiados, rotulados, medidos y analizados de acuerdo a una Ficha de Laboratorio expresamente diseñada. Algunas piezas óseas fueron restauradas en laboratorio con técnicas reversibles, como pegamentos solubles. Además, se procedió a registrar lesiones pre y peri mortem y elementos asociados, entre ellas ropas, proyectiles.

Finalizado lo anterior, todo el material se devolvía a sus bolsas, cerrándolas con corchetes metálicas, guardándose en la caja respectiva y entregándose nuevamente al Servicio Médico Legal. De esta manera, se mantuvo la cadena de custodia de estas piezas.

Documentos recibidos por la Comisión.

El día 2 de agosto del presente, la Comisión recibió un oficio del Director del Servicio Médico Legal, Dr. Alvaro Erazo, el cual, en uno de sus puntos, señala lo siguiente:

“Importante: Cadena de Custodia de las muestras óseas de DD. DD. y de sangre de familiares en el Laboratorio

a) La Ueidd selecciona una muestra representativa del protocolo de identificación en estudio y envía la muestra con la cadena de custodia respectiva a la Unidad de Recepción de Muestras del Depto. Laboratorios. La muestra es entonces recibida en la Unidad Genética Forense para su posterior análisis de ADN mitocondrial.

b) Una vez ingresada a nuestro Laboratorio ésta es anotada en un cuaderno de registro interno de la Unidad de ADN mitocondrial, tal como viene en la cadena de custodia, es decir: “rotulada como. . . . . ” o “perteneciente según antecedentes a” y luego es asignada a un perito Bioquímico responsable de su análisis.

c) Por último, el laboratorio emite el Informe Pericial de ADN mitocondrial a la Ueiddd respecto a los fragmentos o trozos óseos enviados y no respecto a esqueletos completos. ”.

10. Investigación realizada por el Consejo de Auditoría Interna del Gobierno respecto de la existencia de eventuales irregularidades en el Servicio Médico Legal.

Posición de la abogada Pamela Pereira.

Afirmó que la Asociación de Funcionarios del Servicio Médico Legal dio a conocer antecedentes que mostraban severas irregularidades de distinta naturaleza; algunas de las cuales estaban referidas a identificaciones, pero otras decían relación con manejos de dinero.

Por su parte, el Gobierno, decidió investigar a través del Consejo de Auditoría Interna. Informó que ella fue una de las personas entrevistadas por el auditor Gonzalo Sánchez. También lo fueron personas de la Asociación de Funcionarios del Instituto Médico Legal.

En ese contexto, José Antonio Gómez, el Ministro de Justicia de la época, sostuvo una entrevista o conversación, o como se le quiera llamar -para no llamarle citación-, con alguna persona de alta jerarquía del Ministerio Secretaría General de la Presidencia sobre lo que ocurría en el Instituto Médico Legal. La información que se le entregó daba cuenta de que esa actuación fue del auditor, pero si la información que se le proporcionó fuera errónea y en realidad se trató del subsecretario general de la Presidencia, Gonzalo Martner, ello en nada altera la veracidad de los hechos.

Afirmó desconocer el resultado a que llegó la auditoría interna. Éste es uno de los antecedentes que deben ser puestos a disposición de esta Comisión investigadora.

Consultada sobre si le consta que ésta existió, respondió que tanto ella como el doctor Ravanal y otras personas declararon ante el auditor Gonzalo Sánchez. Agregó que ignora si esa declaración se convirtió en una investigación o en un informe.

Asimismo, expresó que el Ministro del Interior, Andrés Zaldívar, reconoció que efectivamente esa investigación se había hecho, pero que no había prestado declaración el ex Ministro Gómez.

Al respecto afirmó que declaración judicial como tal no existió para nadie. Por lo tanto, lo que importa es si se conversó o no con el ministro Gómez y ella manifestó saber que tal declaración existió porque así se lo informó la gente de la presidencia.

Agregó que conversó con el auditor y le expresó que era necesario que hicieran pública la investigación que estaban realizando. Él le pidió que esperara algunos días para informar a la Presidenta porque hasta el momento no había podido hacerlo.

Entonces, por una deferencia, esperó cinco días para que se informara a la Presidenta de que tales antecedentes existían. Y como no tuvo respuesta nuevamente, concluido el plazo lo hizo público.

Expresó que entiende que si a la Presidenta le van a informar algo, es porque existe, de lo contrario, si no existiera alguna materialidad, no entiende sobre que la iban a informar.

Posición del ex Subsecretario General de la Presidencia, don Gonzalo Martner.

Informó que a comienzos del año 2002 fue requerido por la abogada señora Pamela Pereira que, a su vez, había tenido una conversación con el diputado Juan Bustos, a propósito de denuncias que provenían de la Asociación Gremial de los funcionarios del Servicio Médico Legal.

De inmediato se hizo cargo de la situación y le pidió al secretario ejecutivo de esa entidad que procediera a tomar una declaración al señor Ravanal, quien representaba a esta entidad. Así lo hizo don Gonzalo Sánchez y, luego, le informó del conjunto de temas que allí estaban involucrados. Básicamente, tenían que ver con denuncias de conflictos de intereses entre el director del Servicio Médico Legal de la época a propósito de su función y de sociedades de las cuales formaba parte y que tenían que ver con la citada institución.

En ningún momento se produjo una denuncia diferente. Ello lo pueden corroborar con el propio señor Ravanal, con la Contraloría General de la República y con todas las entidades que estuvieron dispuestas a escucharlo, entre ellas el Gobierno.

Se trataba de una denuncia de corrupción y no de identificación errónea de los restos hallados en el patio 29. La denuncia nunca estuvo relacionada con ese tema.

La investigación sobre eventuales irregularidades de tipo administrativo y eventuales conflictos de intereses fue bastante somera, y no dio lugar a ningún informe escrito, sino oral, que el secretario ejecutivo le iba entregando periódicamente. Ello porque la Contraloría General de la República tomó la decisión de proceder de motu propio, en vista de la gravedad de las denuncias presentadas, a hacer la investigación que correspondía.

Por tanto, la labor del Consejo de Auditoria Interna fue informarse sobre estas denuncias, generarse una opinión, transmitirla a quien correspondiera y dejar que la Contraloría General de la República siguiera con su trabajo.

La actitud del Gobierno del Presidente Lagos fue, desde el primer momento en que asumió sus funciones, hasta el último día, otorgar todas las facilidades a los familiares, a la justicia y a quien quisiera intervenir en esta materia. En ese contexto, consideró injusto y políticamente inmoral el hecho de que se intente argüir supuestas responsabilidades políticas al Presidente Lagos, pues él hizo todo lo que estuvo en sus manos para otorgar al Servicio Médico Legal las condiciones para realizar su trabajo.

Preguntó en qué momento alguna autoridad del gobierno del ex Presidente Lagos no entregó a los jueces o a algún Ministro de Justicia el apoyo que le fue requerido.

Por otra parte, recordó que un Ministro de Estado, citado a declarar por la justicia, tiene la facultad de hacerlo mediante oficio. Por tanto, con mayor razón, un órgano interno del gobierno, creado por decreto, no está en condiciones de citar a declarar a un Ministro de Estado, asunto que se ha mencionado también por la prensa.

Con el Ministro Gómez se reunió en las más diversas oportunidades, como coordinador interministerial y como Subsecretario General de la Presidencia. Nunca estuvo reunido con éste en el contexto de una auditoría interna, ni de una investigación. Tampoco fue citado, bajo ninguna circunstancia.

Interrogado sobre si en la conversación que sostuvo con la abogada Pamela Pereira ésta le hizo presente el tema de las identificaciones erróneas respondió que se han mantenido en contacto por estos temas con dicha abogada, desde hace décadas. En consecuencia, las preocupaciones de ella, específicamente en este punto, las conoce desde que este asunto se originó, al igual que el resto de las autoridades de Gobierno.

Respecto de la pregunta sobre qué organismo o quién instruyó el sumario realizado y quienes fueron citados, a propósito de las denuncias formuladas por la Asociación de Funcionarios del Servicio Médico Legal respondió que el organismo denominado en ese entonces Consejo de Auditoría Interna de Gobierno, cuyo presidente, en tanto Subsecretario de la Presidencia era él y cuyo secretario ejecutivo era el abogado Gonzalo Sánchez.

Agregó que la abogada Pereira le informa que la agrupación de profesionales del Servicio Médico Legal tiene unas denuncias importantes que investigar. Ante ello procedieron de inmediato a pedirle al denunciante, que ya había recurrido al Congreso, a la prensa y a la Contraloría General de la República, que les explicara la situación.

Gonzalo Sánchez conversó con Pamela Pereira, con el señor Ravanal, y como el tema decía relación con el Servicio Médico Legal, se contactó también con el auditor del ministerio de justicia y se recopiló un conjunto de información. Además, como tenía que ver con cuestiones societarias, es decir, conflicto de intereses, entre el director y sociedades de carácter privado, con fines de lucro, se recurrió a los organismos del Estado pertinentes para recabar información. Allí se llegó a la conclusión de que había signos de conflicto de intereses bastante claros y evidentes.

En cuanto a la persona cuestionada, el doctor Rodríguez, éste ya no ejercía el cargo en atención a sus problemas de salud- y, por lo tanto, había una persona subrogándolo.

Se decidió rápidamente efectuar un cambio. Por ello asumió el doctor Vargas, que no provenía del Servicio Médico Legal. El gobierno de la época consideró necesario traer una persona competente ajena al servicio, a fin de que se hiciera cargo de la reestructuración del mismo.

Posición del ex perito del Servicio Médico Legal, señor Luis Ravanal.

Señaló que hizo llegar, en distintas fechas, incluso hasta el 2004, diferentes presentaciones, tanto a autoridades de gobierno como a la Contraloría General de la República y a una comisión “investigadora”, aparentemente secreta, que lo convocó a La Moneda, respecto de un sin fin de situaciones que incluían falsificación de informes de autopsias -por los cuales también presentó una querella criminal-, que implicaban falsificación de instrumentos públicos y denuncias referidas a casos particulares puntuales relacionados con pericias.

Respecto a esta auditoría externa de La Moneda, expresó que quedó sorprendido cuando el señor Gonzalo Martner señaló en esta Comisión que él había concurrido sólo a entregar antecedentes sobre denuncias de irregularidades administrativas relacionadas con las sociedades que tenía el señor Rodríguez. Desmintió esa información, porque jamás se reunió con el señor Gonzalo Martner, sino con su asesor Gonzalo Sánchez, en dependencias de la Subsecretaría General de la Presidencia, ubicadas a un costado de La Moneda.

Expresó que esa reunión duró aproximadamente tres horas, en la que expuso pormenorizadamente, una serie de situaciones relacionadas con distintos casos. Y hubo un secretario que se sentó junto a ellos a tomar notas de todo lo que señaló. Por lo tanto, esas notas deben necesariamente estar en alguna parte.

En esa reunión se le garantizó que la información entregada iba a ser mantenida en secreto para evitar medidas de represalia en su contra. La información que entregó decía relación con la falsificación de informes de autopsia y causas de muerte, con identificaciones mal hechas -no sólo relacionadas con el patio 29-, y con deficiencias técnicas en las pericias de las osamentas que ejecutaban los tanatólogos, entre los que se incluye. Si las osamentas no venían de lugares que pudiesen corresponder a casos de detenidos desaparecidos eran simplemente consideradas osamentas de personas que habían fallecido por causas naturales o criminales. Debido a una situación administrativa eran automáticamente traspasadas a los médicos tanatólogos. Ese grupo de médicos periciaron entre 70 y 100 osamentas, que no correspondían a casos del patio 29 ni de presuntos detenidos desaparecidos.

Declaró que lo que motivó la reunión fueron las denuncias públicas realizadas en relación con las irregularidades ocurridas en el Servicio Médico Legal.

De los denunciantes, sólo le consta que fue citado él. Ignora que otras personas fueron citadas, porque todo se realizó en el más absoluto sigilo, con la mayor reserva. Es más, recordó que la citación se hizo por vía telefónica; nunca recibió un documento, un oficio o alguna invitación para concurrir. Entregó la información y se tomó nota de lo que declaró.

Documentos recibidos por la Comisión.

En la sesión de fecha 3 de julio del presente año se dio cuenta en la Comisión del oficio por el cual se remitió la respuesta dada por el Gobierno a una solicitud efectuada por ella para que se enviaran los antecedentes que obran en poder del Ministerio Secretaría General de la Presidencia respecto del sumario realizado por el Consejo de Auditoría Interna del Gobierno, a propósito de la existencia de eventuales irregularidades en el Servicio Médico Legal.

En dicha respuesta, suscrita por el Auditor General de Gobierno, señor Gonzalo Sánchez García-Huidobro, afirma que “. . en el año 2002, como consecuencia de una denuncia formulada por la Asociación de Funcionarios del Servicio Médico Legal y, de noticias y crónicas de prensa recaídas en la materia, el infrascrito, a la época Secretario Ejecutivo del invocado Consejo, fue requerido por don Gonzalo Martner Fanta, entonces Subsecretario General de la Presidencia y Presidente del Consejo de Auditoría General de Gobierno, a fin de informarle respecto del asunto en comento, realizándose averiguaciones, con base a la información que era y es de conocimiento público, lo que dio origen a un informe verbal a la citada autoridad de Gobierno.

Por consiguiente, este Consejo no dispone de antecedentes que permitan enriquecer el acervo de información que la Honorable Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados precisa para culminar exitosamente la alta e histórica responsabilidad que está llamada a enfrentar. A mayor abundamiento, es del caso puntualizar que en contrario de cierta creencia, en orden a que el Consejo de Auditoría habría realizado un sumario a propósito de los hechos que se investigan, nuestra entidad no procedió a verificarlo, toda vez que no tiene potestades públicas para acometer tareas de carácter sumarial. Aún más; de haber procedido a instruir un sumario administrativo, se habría arrogado prerrogativas radicadas legalmente en autoridades de fácil precisión, si se atiende a lo dispuesto, por ejemplo, en el artículo 11 de la ley N°18. 575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, contraviniendo, además, lo establecido en una de las “reglas de oro” de nuestro Estado de Derecho, consistente - al tenor de lo preceptuado en el artículo 7° de nuestra Constitución Política…. . ”.

11. Esfuerzos realizados en el Servicio Médico Legal desde el año 1990 en adelante en materia de identificación de los detenidos desaparecidos.

Sin perjuicio de los eventuales errores e irregularidades que se cometieron en dicho servicio, a los que se refieren los otros capítulos del presente informe, se informó a la Comisión que, más allá del resultado obtenido, se desplegaron un conjunto de iniciativas en procura de alcanzar una correcta identificación de los detenidos desaparecidos.

Administraciones de los últimos Directores del Servicio Médico Legal.

Gestión Doctor Marco Antonio Medina

i) Se contactó a la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, con el fin de complementar las fichas antropomórficas usadas como base de comparación;

ii) Solicitaron al Registro Civil fotografías de las víctimas existentes en el archivo de ese servicio, para emplearlas en los procedimientos de superposición facial y reconstrucción cráneo-facial;

iii) Generaron una base de datos computacionales con antecedentes contenidos en los protocolos de los 111 casos periciados con identificación pendiente y en las 199 fichas antropomórficas, para facilitar el cotejo de la información;

iv) Se implementó el montaje computacional de las técnicas de superposición facial, que permitía hacer el mismo procedimiento manual, pero a través de un scanner y un software de procesamiento de imágenes;

v) Se generó un proyecto de reconstrucción facial robotizada (proyecto no concluido).

vi) Realizaron un Seminario Técnico para los profesionales del Servicio en noviembre de 1993 e invitaron al jefe de la División de Laboratorio de ADN del FBI. En dicha ocasión se gestionó una capacitación formativa para el jefe de laboratorio de ADN del Servicio Médico Legal en la academia del FBI, en Estados Unidos, durante el primer trimestre de 1994, con el objetivo de implementar las técnicas de ADN mitocondrial;

vii) Se contrató para la misma actividad a la Dra. Frederique Berlot, jefa del laboratorio de ADN de la policía científica de Lille, Francia, con quien se gestionó la capacitación de profesionales del Laboratorio del Servicio en su Centro, para el año 1994;

viii) Con el fin de mejorar las técnicas de investigación tanatológicas, se contrató al doctor Joseph Davis, director del Centro de Medicina Forense de Dade, Miami, y profesor de la escuela de medicina de la Universidad de Miami. Con este profesional se gestionó y concretó un programa de perfeccionamiento de los médicos tanatólogos de Santiago y provincias, con una rotación de tres meses, en un programa financiado por dos años, para perfeccionarse, básicamente, en técnicas de identificación médico legal.

Gestión Doctor Alfonso Claps:

Durante su administración se invitó al país al doctor Vanezis, quien trabajó con el equipo de identificación y dictó algunas conferencias. Aprobó la realización de exámenes mediante aplicación de técnica de ADN mitocondrial en la Universidad de Glasgow, Escocia.

Gestión Doctor Jorge Rodríguez:

i) Creó una unidad especial para la identificación de detenidos desaparecidos, con dependencia del departamento de Tanatología;

ii) Se dotó al servicio de la más actualizada tecnología en materia de identificación y se capacitó al personal en la utilización de esto nuevos equipos;

iii) Crea el laboratorio de exámenes de ADN;

iv) Se capacitó al personal en laboratorios del FBI y de la Armada norteamericana;

v) Dio comienzo a un programa de un banco de muestras biológicas de línea materna de detenidos desaparecidos, que tenía por objeto guardar una muestra de tejido biológico en el Servicio Médico Legal y otra, en alguna parte que diera garantías a los familiares, para lo cual se eligió a la Universidad de Granada;

vi) Paralelamente, a partir del año 2001 se comienza con estas muestras a elaborar en Chile un banco de ADN mitocondrial;

Gestión Doctor Oscar Vargas:

i) Reestructura la unidad de identificación;

ii) Contrata a la Universidad de Granada para verificar las metodologías utilizadas por el Servicio Médico Legal en los procesos identificatorios de osamentas.

Proyectos fallidos.

Sin perjuicio de lo ocurrido con los informes emitidos por entidades extranjeras y de otras iniciativas destinadas a identificar correctamente a los detenidos desaparecidos, a continuación se analiza en particular lo sucedido con dos proyectos impulsados, que por uno u otro motivo se frustraron:

i) Proyecto de reconstrucción facial robotizada.

El Doctor Marco Antonio Medina expresó que en los meses de junio, julio y agosto de 1993 solicitaron al Ministerio de Justicia recursos extraordinarios para generar dos proyectos. El primero era el montaje computacional de las técnicas de superposición facial, que permitía hacer el mismo procedimiento manual, pero a través de un scanner y un software de procesamiento de imágenes.

El segundo proyecto consistía en la reconstrucción facial robotizada. Se trataba de un robot computarizado capaz de scanear un molde de yeso del cráneo a periciar, registrando la ubicación espacial de centenas de puntos, a los que posteriormente se les aplica computacionalmente los grosores correspondientes al rostro, determinados en base a modelos matemáticos. Esta nueva información es utilizada por la misma máquina para tallar el rostro de la persona en un bloque de poliuretano especial, que luego se puede manejar como imágenes tridimensionales a nivel computacional.

Ese proyecto avanzó hasta la etapa de contar con el prototipo que fue probado a comienzos de 1994. Con posterioridad, las nuevas autoridades del Servicio no aportaron oportunamente el financiamiento ni los elementos técnicos necesarios para el desarrollo de la etapa final, por lo que el proyecto no llegó a buen término.

El Doctor Alfonso Claps sostuvo que en el año 1994 en el Servicio se estaba realizando un estudio para confeccionar una máquina robotizada que permitiera obtener la identificación a través de la reconstitución faciocraneana. Se consideró que no era viable, con los medios y con la capacidad técnica de que se disponía, continuar con esa línea de investigación, en la que se había invertido un presupuesto especial de Hacienda. En suma, esa investigación personalmente decidió suspenderla por considerarla improductiva.

ii) Equipos de superposición cráneo facial.

El Doctor Jorge Rodríguez declaró que a partir de diciembre de 1995, el Servicio Médico Legal adquiere un equipo de video superposición computarizado, tecnología de última generación. Para ello hubo de invitar a su creador, un ingeniero chino, quien estuvo dos meses en nuestro país capacitando al equipo de peritos para el uso de esa tecnología.

La Doctora América González manifestó que el rechequeo que se hizo del video de superposición de Glasgow se efectuó en China por el experto Yuwen Lan, quien es pionero en todos los avances en equipos de viodeosuperposición. Dada la bibliografía y los papers del doctor Lan a nivel internacional, se decide en Chile comprar el mismo equipo con el cual se rechequean los casos en China. Por ello el doctor Lan viaja a Chile alrededor de 1995, y se compra el equipo de videosuperposición de última generación para el Servicio Médico Legal en diciembre de 1995. Hasta ese entonces, Chile no disponía de equipos computarizados para hacer la técnica de videosuperposición y sólo se utilizaba la superposición manual.

Añadió que ignora si ese equipo aún se encuentre en el Servicio Médico Legal.

iii) Oficio remitido por el Servicio Médico Legal.

El Servicio Médico Legal, el día 2 de agosto del presente, en respuesta a un oficio enviado por la Comisión, en el que se solicitaba se proporcione información detallada sobre el equipo adquirido en China, con el fin de permitir o facilitar la identificación de personas, el monto de la inversión realizada y el lugar físico en que éste se encuentra, respondió lo siguiente:

2

Estos equipos fueron adquiridos para la antigua unidad de Identificación del Servicio Médico Legal en el año 1995.

Durante el mes de noviembre de 1995 concurrió a este servicio el Dr. Yuwen Lan, diseñador del Equipo de Video- Superposición, a dictar curso de manejo del equipo, quien asiste acompañado de la intérprete Miss Wang. Dicho equipo estaba a cargo de la Dra. Patricia Hernández, quien fue la única profesional que recibió capacitación formal para su uso en Chile. En el año 2002 se disolvió esta Unidad, creándose posteriormente la Unidad Especial de Identificación DD. DD. con profesionales peritos dedicados a Identificación.

Actualmente estos equipos están en la Unidad Especial de Identificación, desde su adquisición; pero en desuso, fundamentado por los peritos actuales de la Unidad de Identificación, quienes señalan que la técnica de superposición cráneo facial es limitada en alcanzar resultados, especialmente cuando en la mayoría de los casos que se estaban estudiando no se disponía de fotografías con la mínima calidad, que es fundamental para aplicar la técnica en la pericia. En su defecto se ha preferido la técnica de superposición dental fotográfica en los casos que lo permiten, para lo cual actualmente sólo se requiere el uso de los equipos computacionales y programas de fotografías que existen en la Unidad. ”

IV. OFICIOS DESPACHADOS Y DOCUMENTOS RECIBIDOS POR LA COMISIÓN EN EL MARCO DE SU INVESTIGACIÓN.

Durante el ejercicio de su cometido, vuestra Comisión despachó los siguientes oficios, formulando las consultas o requiriendo la información que a continuación se detalla:

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V. CONCLUSIONES Y PROPOSICIONES.

Conclusiones

A) CONTEXTO HISTÓRICO

1. No resultaría aceptable que esta Comisión, con motivo de concluir el mandato unánime que le otorgara la Corporación, se inhibiera de contextualizar históricamente, el origen de los hechos, por cierto delictuales, que aún causan agudo dolor al país en general y a los familiares de las víctimas en particular.

Lo anterior es aún más indispensable, pues no han faltado algunos que, durante el debate público que acompañó y acompaña a la dolorosa incerteza sobre la identificación de las víctimas del Patio 29, atrevidamente han intentado igualar esa dolorosa incerteza, con su causa esencial: nos referimos a los actos delictuales que ejecutó y planificó la Dictadura Militar a través de sus aparatos represivos y que le costara la vida a miles de chilenos, entre ellos los ilegalmente inhumados en el Patio 29 del Cementerio General.

Nadie puede ni debe olvidar que todas las víctimas enterradas en ese lugar fueron asesinadas y que dichos crímenes estuvieron durante largos años cubiertos por campañas de ocultamiento y encubrimiento. Para ello las autoridades militares y civiles de la dictadura no trepidaron incluso, en intentar engañar a la propia ONU.

Por ello, los principales responsables de esta dramática situación son quienes cometieron tan deleznables crímenes y han ocultado por años el destino de cientos de compatriotas.

Párrafo aparte merecen quienes ordenaron retirar sus restos de los lugares donde originalmente fueron enterrados, con el fin de hacer desaparecer todo rastro de ellos, y evitar de esta forma que se conozca su destino final, procurando garantizar la impunidad de quienes cometieron los crímenes, hecho que, por fortuna, nuestros tribunales de justicia se han encargado de impedir.

Sólo a vía de ejemplo, cabe recordar lo ocurrido en Lonquén. Después de haber sido exhumados los cadáveres de los hornos, una vez identificados, fueron inhumados subrepticiamente por la Dirección del Servicio Médico Legal de la época.

Lo recién descrito, como lo señalara María Luisa Sepúlveda, constituye un hecho inédito en las dictaduras militares que asolaron nuestro continente. O bien se lanzaban los cuerpos directamente al mar o se les enterraba sin movimientos ulteriores. Sólo en Chile se registraron actos tan repudiables como el desentierro de los restos, a fin de ocultar su paradero.

Por último, afirmamos con convicción, que tienen una cuota de responsabilidad aquéllos que formaron parte del régimen que implementó la política sistemática de violaciones a los derechos humanos. Ya sea porque conocieron tales hechos y nada hicieron por denunciarlos ante la opinión pública nacional o internacional, o bien, porque creyeron ingenuamente en la explicación dada por los aparatos de seguridad de la dictadura, pese a la evidencia patente de lo que estaba ocurriendo en el país, sin efectuar cuestionamiento alguno.

2. Antes de abordar el tema de la responsabilidad de quienes detentaron cargos de importancia en el Servicio Médico Legal en los hechos que motivaron la presente investigación, debe establecerse con meridiana claridad que el objetivo de esta Comisión no ha sido en caso alguno el determinar si existieron errores en la identificación de los restos hallados en el Patio 29. Esa tarea es propia de los tribunales de justicia, ya que a ellos corresponde el determinar la identidad de tales restos. Serán éstos quienes comunicarán cuáles estuvieron correcta o incorrectamente identificados.

La Comisión sólo procuró determinar la posible existencia de irregularidades en el proceso de identificación, tal como lo señalara el mandato que le otorgó la Sala de esta Corporación.

La conclusión N° 1, a excepción de los párrafos tercero, séptimo y octavo, se aprobó por la unanimidad de los Diputados presentes.

Los párrafos tercero y séptimo se aprobaron por ocho votos a favor y cinco en contra.

El párrafo octavo se aprobó por siete votos a favor, cinco en contra y una abstención.

La conclusión N° 2 se aprobó por 12 votos a favor y una abstención.

B) ACTUACIONES DEL SERVICIO MÉDICO LEGAL EN EL PROCESO DE IDENTIFICACIÓN DE LOS RESTOS HALLADOS EN EL PATIO 29 DEL CEMENTERIO GENERAL.

3. En primer lugar, resulta necesario recordar el contexto en que el Servicio Médico Legal recibió los cuerpos de las primeras víctimas.

Se afirmó ante la Comisión que de acuerdo a los registros del propio Servicio, en muchos casos no se tomaron huellas dactilares ni se permitió a los familiares que buscaban personas desaparecidas examinar los cadáveres para su reconocimiento, ni se hicieron en todos los casos autopsias en las que se registraran datos que pudieran contribuir a su identificación posterior.

Quienes por esos años desempeñaron cargos de alta responsabilidad en el Servicio Médico Legal deben responder por tales omisiones, las que, sin duda, afectaron el proceso de identificación. Con todo, se debe tener presente lo expuesto ante la Comisión por uno de los invitados: “fue muy dramático, después de dos días de toque de queda general en la ciudad, reincorporarme al Servicio el 14 de septiembre y encontrar sus pasillos cubiertos de cadáveres. ”

Resulta evidente que el Servicio Médico Legal no estaba preparado humana ni materialmente para enfrentar una situación de esta naturaleza.

4. Asimismo, no debe incurrirse en el error de juzgar con lo adelantos científicos y tecnológicos de hoy, situaciones y decisiones adoptadas en el pasado, cuando esos medios distaban bastante de aquéllos con que se cuenta en la actualidad.

Sin duda, varios de los partícipes en este proceso habrían obrado de manera diversa si hubieren tenido el convencimiento que los avances de la ciencia permitirían abordar el proceso de identificación con herramientas que otorgaran mayores grados de certeza.

Si bien este tema será abordado más adelante, una de las primeras conclusiones a la que se puede arribar dice relación con uno de los principales errores cometidos en este proceso -el haber dado el carácter de certeza absoluta a cosas que no la tenían- sin tener presente que se trabajó con elementos científicos que tenían márgenes de error o de duda muy altos.

5. Sin perjuicio de ello, es necesario efectuar un expreso reconocimiento a la prudencia con que la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos ha obrado en relación a este tema. Pese a estar directamente afectados por lo ocurrido, jamás promovieron la entrega precipitada de los cuerpos ni efectuaron imputaciones que no pudieren responsablemente acreditar.

Asimismo, esta Comisión ha estimado pertinente manifestar su reconocimiento a la infatigable tarea desarrollada por la Agrupación. El esmero y dedicación que han demostrado a lo largo de estos años, merece el homenaje de la sociedad toda. Gracias a su labor y a la valiosa colaboración prestada por abogados del ámbito de los derechos humanos, hoy el país conoce la gravedad de lo ocurrido y se ha sancionado penalmente a alguno de los responsables.

6. La tarea de identificación de los restos ha sido particularmente compleja. La cantidad de informes evacuados sobre la materia, que han arribado a conclusiones diversas, demuestran lo difícil que ha resultado y la magnitud del esfuerzo que será necesario realizar para lograr una identificación certera e indubitada.

Sin embargo, los hechos aquí relatados no justifican ni explican la serie de omisiones y negligencias en que el citado Servicio incurrió desde la década del noventa en adelante.

a) El “Informe Glasgow”

7. Las dificultades en relación con los llamados “Informes Glasgow” surgen desde las etapas preliminares.

Ante la Comisión, varios invitados hicieron presente que la Universidad de Glasgow y el doctor Peter Vanezis no estaban cumpliendo con lo acordado, en atención a que no se remitieron oportunamente los exámenes realizados mediante la aplicación de la técnica de ADN mitocondrial, o bien, se enviaban informes que no habían sido solicitados.

Ante tales afirmaciones, la Comisión estimó pertinente recabar del Servicio Médico Legal todos los contratos celebrados con expertos extranjeros sobre el particular, los que fueron remitidos prontamente, a excepción del celebrado con la Universidad de Glasgow.

En este último caso sólo se hizo llegar copia de una resolución exenta que autorizaba el gasto. Luego que la Comisión exigiera que se remitiera el instrumento jurídico preciso por el que Glasgow contraía la obligación de realizar el informe, el Servicio Médico Legal responde que: “el compromiso de colaboración de la Universidad de Glasgow con el Servicio Médico Legal fue aparentemente de manera informal y su desarrollo se plasmó en comunicaciones permanentes por el medio escrito, documentos que se encuentran acompañados a la investigación”.

Vale decir, no existe por escrito contrato alguno que obligue a la Universidad de Glasgow a realizar los mentados informes. Sólo se acompañó una serie de notas de los ex directores del Servicio Médico Legal, señores Claps y Rodríguez con el doctor Peter Vanezis y la citada resolución que autorizó el gasto.

Sin duda, esa vía no constituye la forma correcta de relacionarse con instituciones extranjeras que prestan servicios remunerados al país. Sin ir más lejos, cuando le correspondió al Servicio Médico Legal contratar los servicios de la Universidad de Granada, se celebró un convenio con ella donde se detallaban las obligaciones de las partes.

El permitir la erogación de 23. 813 libras esterlinas, sin que exista un antecedente jurídico que respalde ese gasto constituye una grave negligencia de parte de quien encabezaba la dirección del servicio en ese entonces.

8. La prudencia aconsejaba remitir el llamado informe Glasgow a los tribunales de justicia. Si bien se puede afirmar categóricamente que éste no es una pericia, en atención a que no fue ordenado por un tribunal, ni se cumplieron una serie de formalidades propias del informe de peritos (a vía de ejemplo, los peritos no prestaron el juramento exigido) , el sentido común indica que debió ser conocido por los tribunales.

El ejercicio de centrar el debate en torno a si constituye o no una pericia es sólo una dimensión del problema. Se trataba de documentos que claramente cuestionaban el trabajo realizado en Chile por la Unidad de Identificación del Servicio Médico Legal. Si son los tribunales los llamados a identificar a la persona, ellos necesariamente debían conocer un documento que sostenía que las identificaciones hechas por el 22° Juzgado del Crimen eran erróneas.

No entregar tales informes al tribunal puede ser considerado una negligencia, cualquiera sea la opinión técnica que se tenga sobre la calidad de los mismos.

Al respecto, cabe recordar que el propio ex Director del Servicio Médico Legal, señor Oscar Vargas remitió a todos los tribunales del país que conocían de causas vinculadas a violaciones a los Derechos Humanos, el informe emitido por la Universidad de Granada, el que destinaba una parte importante de su contenido a desvirtuar lo afirmado en el Informe Glasgow.

Vale decir, si se estimó necesario remitir un informe que desvirtuaba uno anterior, resulta lógico concluir que el primero también debió ser conocido por el juez, por lo menos a juicio de quien envió el segundo informe.

Del mismo modo, llama la atención que el tribunal, pese a haber autorizado el envío de las muestras a Glasgow, nunca requirió información acerca del resultado de la diligencia. Igual gestión podría haber realizado la parte querellante en el juicio.

9. Por otra parte, cabe hacer presente que la razón de ser del Servicio Médico Legal radica en la realización de peritajes para contribuir a la labor de los tribunales de justicia (hoy también contribuye a la investigación que desarrolla el Ministerio Público). Específicamente en los casos de “detenidos desaparecidos”, la realización de tales peritajes tienen por objeto que los tribunales logren determinar si en cada caso existe un hecho punible, y como parte de esa investigación, la “identidad” de las victimas es esencial.

En este sentido, cabe hacer presente que en cuanto “los informes Glasgow” estuvieron a disposición del 22º Juzgado del Crimen de Santiago, de inmediato se ordenaron diligencias. Es así como se decretó: “Habiendo tomado conocimiento de la existencia de posibles contradicciones entre lo informado por el Instituto Médico Legal y el informe emitido por la Universidad de Glasgow, el tribunal de oficio resuelve: Fórmese un cuaderno separado de diligencias…”.

“Cítese vía telefónica a las doctoras del Servicio Médico Legal, doña Patricia Hernández Mellado y América González”. “Ofíciese al Ministerio del Interior a fin de que remita copia autorizada de la traducción del informe de la Universidad de Glasgow”. ”

Ello demuestra en forma patente que el contenido de los llamados “Informes Glasgow” no eran en absoluto irrelevantes para el tribunal.

10. Los peritos afirmaron ante la Comisión que a ellos se les remitió el informe Glasgow y que manifestaron su opinión ante el Director del Servicio. Éste, por su parte, endosaba a los peritos la responsabilidad de relacionarse con los tribunales de justicia, haciendo presente que estaba imposibilitado legalmente de interferir en las pericias.

Unos y otros son responsables de esta grave omisión. Los peritos debieron informar al tribunal y manifestar sus descargos ante éste, a fin de que el tribunal resolviera a que pericias otorgaba mayor credibilidad. Por su parte, el Director del Servicio Médico Legal debió cerciorarse que el informe por el cual pagó 23 mil libras esterlinas fuera puesto en conocimiento del juez competente. No se trataba de que interfiriera en la pericia, sino sólo de comunicar, ante quien corresponde, un informe que cuestionaba la labor de sus peritos.

La mala opinión que los peritos de la Unidad de Identificación pudieran haber tenido sobre el citado informe no es causal suficiente para omitir su entrega a los tribunales, en atención a que son éstos los llamados a identificar legalmente a las personas.

11. Además, cabe tener presente que en el intercambio epistolar entre el doctor Alfonso Claps y el profesor Peter Vanezis, el primero le señala que: “Después de esto requeriremos la cooperación de su departamento para los casos pendientes no resueltos, que por requerimiento de nuestro sistema legal deben ser trabajados en Glasgow por la Dra. América González, es la única especialista forense asignada por la Corte reconocida por nuestro sistema judicial en nuestro departamento. ”

Si nunca se consideró al informe Glasgow como un informe pericial para ser presentado ante los tribunales, ¿Qué sentido tiene ese alcance?; ¿Si nunca se pensó enviar el informe Glasgow a los tribunales, para qué exigir la presencia de una perito reconocida por éstos?

Tales dudas no fueron despejadas en el curso de la investigación, lo que refuerza nuestra convicción respecto de la conveniencia de comunicar a los tribunales la existencia de los mencionados informes.

12. Ante esta Comisión se afirmó tajantemente que la calidad de los llamados “Informes Glasgow” era deficiente y que no serían útiles para el proceso de identificación.

Sin el propósito de emitir juicios de valor sobre tal informe, no deja de llamar la atención que se cuestione en forma tan categórica el contenido del mismo, particularmente el de fecha 25 de julio de 1996, dirigido al Director del Servicio Médico Legal, en el cual se señala que da por concluido el trabajo que se le ha encomendado y remite análisis de ADN de las muestras óseas del Patio 29, firmado por el experto contratado por la Universidad de Glasgow, Dr. William Goodwin.

De acuerdo a las expresiones del doctor Ravanal, este informe: “representa, sin lugar a dudas, la prueba o resultado pericial de mayor trascendencia, por lo categórico de sus resultados, ya que este documento da cuenta de los estudios de ADN mitocondrial practicados, cuyos resultados demuestran en forma precisa la ausencia total de coincidencias y por ende de correspondencia genética -exclusión- entre las muestras de hueso de fémures y las identidades establecidas en Chile. ”

13. Los peritos y autoridades del Servicio Médico Legal descalificaron con fuerza sus conclusiones. Sin embargo, los propios expertos en ADN del Servicio Médico Legal, en un informe emitido en julio de 1996, señalaban que en los exámenes practicados en Glasgow se aplicaron métodos estándar, metodología de uso tradicional y que las normas de precaución de contaminación son similares a las utilizadas por otros laboratorios. Nada dice este informe respecto a consideraciones técnicas que objeten su validez. Por el contrario, reconoce la metodología y no señala la existencia de errores en los métodos aplicados en Glasgow.

Otro informe de fecha 12 de agosto de 1996, suscrito por Hugo Jorquera G. , Jefe de la Unidad de Biología Molecular y por Fabián Moreno Gálvez, Bioquímico Legista, dirigido al Director del Servicio Médico Legal, doctor Jorge Rodríguez, señala que: ““Según la misma Tabla 5 no se encuentra match para 13 de 20 muestras secuenciadas, siendo éste un resultado concluyente. ”“

Asimismo, en el Memorándum N°90, emitido por Hugo Jorquera, de fecha 12 de agosto de 2002, se señala lo siguiente:

“1. - Nuestro laboratorio ha llevado a cabo a la fecha el análisis de ADN mitocondrial de seis de las 21 muestras óseas enviadas a Glasgow…” “Los informes correspondientes a dichos casos fueron oportunamente remitidos a la Unidad de Identificación del Servicio Médico Legal al ser concluidos.

2. - Los resultados de ADN mitocondrial obtenidos para los protocolos señalados en este laboratorio han sido comparados con los obtenidos por la Universidad de Glasgow, corroborándose idénticos resultados (para la región secuenciada). ”

En el punto 6 del citado documento se reproduce una nómina de desaparecidos respectos de los cuales el laboratorio posee muestras correspondientes a familiares de línea materna. En la parte final de este punto expresa que: “Los nombres señalados con asterisco poseen familiares de referencia ya secuenciados en nuestra Base de Datos de Familiares de Detenidos desaparecidos. Sus secuencias de ADN mitocondrial coinciden con los resultados informados por Glasgow (para la región analizada). ”

Por último, en un Memorándum s/n de los doctores Fabián Moreno y Víctor Saragoni de fecha 28 de agosto de 2002, dirigido al Director del Servicio Médico Legal de la época, doctor Oscar Vargas, señalan que en atención a la información requerida por el Ministro de Justicia “…. consideramos un deber aportar información (genética) adicional que consideramos relevante para la evaluación del Informe Glasgow.

-La región analizada en Glasgow fue suficiente para excluir directamente un número importante de las osamentas examinadas.

-Varias (30%) de las muestras de familiares de referencia y muestras óseas de los protocolos enviados a Glasgow se han analizado en nuestro laboratorio, encontrándose concordancia o compatibilidad en los resultados obtenidos en ambos centros.

-Los resultados de los análisis de ADN mitocondrial son contradictorios con los resultados de los estudios antropológicos. ”

14. Como se desprende de los documentos citados, los análisis de ADN mitocondrial realizados en Glasgow son coincidentes con los realizados en el propio Servicio Médico Legal. Sin embargo, igualmente se descalificó lo hecho en Glasgow, pese a que desde el año 1996 existían antecedentes para pensar que la institución europea estaba en lo cierto. Más aún, en forma contumaz y obcecada se insistió en no informar a los tribunales.

Ello sólo se hizo cuando la fiscal de la Corte Suprema manifestó su molestia por la demora en que incurrió el Director del Servicio Médico Legal de la época en enviar los antecedentes reclamados. Es así como el 7 de octubre de 2002, la citada fiscal, ante la falta de respuesta a sus oficios dispuso reiterarlos, señalando textualmente:

“Que la negativa del director del Servicio a dar respuesta a los oficios que oportunamente le fueron despachados, sin siquiera informar de las razones de dicha negativa, constituye, además de una falta de deferencia hacia un integrante del máximo tribunal de la República, una situación de extrema gravedad que debe ser puesta en conocimiento de su superior directo, a fin de que adopte las medidas pertinentes. ”

Esta conducta del Director del Servicio Médico Legal viene a confirmar que no existió la voluntad de transparentar la información que se tenía respecto de la eventual errónea identificación de los restos hallados en el Patio 29.

15. Esta Comisión comparte los planteamientos efectuados por el experto Kenneth Jensen sobre el accionar del Servicio Médico Legal respecto del informe Glasgow. Éste manifestó que: “Desde el punto de vista metodológico es curioso que se mande a hacer un estudio complementario y, a la vez, se entreguen los cuerpos, lo que significa que ya hay una decisión tomada. Se asumió que las identidades de esas personas correspondían a las de esos esqueletos. Entonces, ¿para qué se mandó a hacer el informe Glasgow? ¿Para confirmar lo que ya tenían claro?. ”.

b) Informe del Grupo Chileno de Antropología Forense (GAF)

16. Ya en el año 1994 existía el informe del Grupo Chileno de Antropología Forense (GAF) , que cuestionaba las identificaciones efectuadas.

Este informe fue puesto en conocimiento del Director del Servicio Médico Legal, señor Alfonso Claps, quien al respecto afirmó lo siguiente: “El conjunto de las objeciones formuladas por los Sres. Cáceres y Jensen se basa en información incompleta acerca de cada caso, con que ellos cuentan.

El peritaje médico legal realizado en este Servicio para cada uno de los casos es exhaustivo y multidisciplinario. En su ejecución se utiliza diversas técnicas diagnósticas de comparación de rasgos específicos y únicos, cuya combinación da lugar a la identificación positiva de cada uno de ellos. ”

Sobre el particular, cabe hacer presente que hoy el propio Servicio Médico Legal da la razón a los expertos del GAF en al menos 5 de los 13 casos que ellos cuestionaron.

Lo recién expuesto contribuye a hacer aún más inexplicable la no entrega del informe Glasgow a los tribunales, en atención a que éste no era el primero, sino el segundo documento que cuestionaba las identificaciones.

17. Cabe recordar que el juez que conocía de esta causa por esos años tuvo al parecer serias dudas respecto de las identificaciones efectuadas por el Servicio Médico Legal, motivo por el cual no procedió a entregar los restos a sus familiares, luego de finalizado el proceso de identificación en la citada institución.

18. La abogada Pamela Pereira ha luchado infatigablemente, desde un comienzo, por esclarecer lo ocurrido en el país en materia de violaciones a los Derechos Humanos, por alcanzar la verdad, porque se haga justicia y por dar con el paradero de su padre, detenido desaparecido.

En el marco de esta ardua labor presentó, el 15 de febrero de 1993, un recurso de queja contra de la magistrado subrogante del 22° Juzgado del Crimen, ante lo que consideró “demora inexcusable” en la entrega e identificación de los restos ya periciados por el Servicio Médico Legal.

Sin duda, el propósito que la animaba era el otorgar prontamente a los familiares de las víctimas la tranquilidad de conocer el destino de sus seres queridos, en atención a que existía un número importante de cuerpos que habían sido identificados por el Servicio Médico Legal y los tribunales no se pronunciaban al respecto.

La historia al parecer estaría otorgando la razón a aquel juez que se negó a identificar porque no se había formado la convicción necesaria para entregar los restos a sus familiares.

No cabe duda que el recurso de queja presentado por la abogada aceleró la entrega de los cuerpos, cuya identificación hoy se cuestiona.

Si se hubiera escuchado y atendido la opinión de los peritos del GAF y las inquietudes del juez Contreras se habrían evitado las consecuencias que hoy el país conoce y lamenta.

c) Desorden administrativo

19. La importancia de las funciones del Servicio Médico Legal exigen un criterio riguroso en los métodos que emplea, más aún si su fin es asesorar técnica y científicamente a los órganos jurisdiccionales.

Ello supone que la Dirección de este importante Servicio debiera encomendarse a profesionales especialistas en la materia y no utilizar criterios políticos en su designación. A ello se debe la falta de una conducción profesional acorde con la importancia del Servicio Médico Legal en Chile, y la cadena de desaciertos de quienes se desempeñaron como Directores.

20. Se hizo presente ante la Comisión la falta de prolijidad y desorden del Servicio Médico Legal en sus procedimientos, comentarios que son respaldados por las conclusiones del informe emitido por la Universidad de Granada, donde se afirma que en los protocolos de dicho Servicio se emplea una metodología que no se ajusta a los patrones establecidos y aceptados internacionalmente; que se aprecia desorden en los expedientes e informes, contradicciones en determinados diagnósticos, etc.

Tal desorden también se constata en la ausencia de una copia de la nómina que acompañaba las muestras enviadas a la Universidad de Granada. Si bien no es efectivo que se haya extraviado la mencionada nómina, ya que consta en el Acta de Entrega de las muestras, no existe en Chile copia de la misma. Es así como en un oficio remitido a la Comisión por el Ministro de Justicia se expresa que: “no es posible constatar la posesión del listado que se acompañó al envío por parte del Servicio Médico Legal o del Ministerio de Relaciones Exteriores. ”

21. La Comisión reconoce los esfuerzos desplegados en pro de alcanzar una correcta identificación de los detenidos desaparecidos, como lo demuestran las diversas iniciativas emprendidas que se enumeran en la parte final de este informe.

Sin embargo, éstas resultaron improductivas, en atención a los hechos aquí descritos.

Medidas adoptadas por un director eran dejadas sin efecto por su sucesor, con la consiguiente pérdida de recursos y esfuerzos humanos dedicados a ello.

A vía de ejemplo cabe recordar lo sucedido con el proyecto de reconstrucción facial robotizada, iniciado durante la gestión del Doctor Medina, fue estimado inviable durante la dirección del Doctor Claps. Por otra parte, en diciembre de 1995, se adquirió un equipo de video de superposición computarizado, con tecnología de última generación. Tales equipos hoy están en desuso.

En resumen, la cadena de errores y negligencias cometidas por el Servicio Médico Legal, en el proceso de identificación de los restos hallados en el Patio 29, no sólo han dañado a los familiares de las víctimas, que hoy tienen una legítima desconfianza en relación al accionar de dicha institución, sino que ha contribuido a sembrar un manto de dudas respecto de todo informe que emane de ella, afectando gravemente el funcionamiento de la justicia en el país.

22. Por último, esta Comisión ha estimado necesario hacer presente que en reiteradas oportunidades solicitó al señor Ministro de Justicia copia del sumario administrativo realizado en su Ministerio sobre las eventuales irregularidades cometidas por el Servicio Médico Legal en la presunta errónea identificación de los restos hallados en el Patio 29 del Cementerio General de Santiago.

En la sesión efectuada el 11 de julio del presente año el citado Ministro manifestó lo siguiente: “La fiscal tenía veinte días para hacer la investigación y pidió una prórroga de sesenta días, que es el máximo que le permite le ley, es decir, estaríamos hablando del día 24 de este mes (julio). Recién en ese momento voy a recibir el informe de la investigación. Por consiguiente, no estoy en condiciones de informar a la Comisión.

Sin embargo, me comprometo en hacer llegar a la Comisión el resultado completo de la investigación, una vez que sea público. ”

Han transcurrido más de dos meses desde que venció el plazo que el propio Ministro señaló para la entrega del mencionado sumario, sin que éste se haya remitido a la Comisión.

Además, cabe hacer presente que el artículo 9° de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, faculta expresamente a éste a solicitar antecedentes, aún cuando éstos tengan el carácter de secreto o reservado, razón por la cual el supuesto impedimento legal invocado por el señor Ministro para la entrega del sumario no es aplicable cuando quien lo solicita es una Comisión de la Cámara de Diputados.

Las conclusiones 3 a 22 se aprobaron por 12 votos a favor y una abstención.

C) RESPONSABILIDAD DE LOS MINISTROS DE JUSTICIA DE LA ÉPOCA

23. Esta Comisión ha llegado a la convicción que quienes desempeñaron el cargo de Ministro de Justicia no tienen responsabilidad alguna en los hechos descritos. Por el contrario, ellos desplegaron sus mayores esfuerzos para dotar al Servicio Médico Legal de las herramientas necesarias para cumplir con su cometido en forma adecuada.

Consta en el presente informe las innumerables iniciativas desarrolladas para procurar alcanzar una correcta identificación de los detenidos desaparecidos.

Es así como se accedió a los requerimientos del Servicio en orden a dotar a éste de la más moderna tecnología disponible; se capacitó a sus profesionales tanto en Chile como en el extranjero, se invitó al país a los más destacados expertos en materia de identificación; se creó el Laboratorio de ADN; se dió comienzo a un programa de un banco de muestras biológicas de línea materna de detenidos desaparecidos; a partir del año 2001 se comienza con estas muestras a elaborar en Chile un banco de ADN mitocondrial; etc.

Como se puede apreciar, los Ministros de Justicia hicieron lo que estaba a su alcance para dar una satisfactoria respuesta a las demandas vinculadas a la gestión del Servicio Médico Legal en materia de identificación.

Esta conclusión se aprobó por 8 votos a favor y cinco en contra.

Proposiciones

1. Como norma de buena administración resulta indispensable que el Servicio Médico Legal regularice los convenios de colaboración técnica que posee tanto con Universidades chilenas como extranjeras, de manera de contar con los instrumentos jurídicos que formalicen las obligaciones de estos centros de estudios con el Servicio. De esta manera se evita que en el futuro nos encontremos con convenios como el de Universidad de Glasgow, sin protocolizar.

2. Asimismo se sugiere la implementación de las siguientes medidas por parte del Servicio Médico Legal:

a) Llevar catastros en sus laboratorios tanto de las pruebas realizadas como de la evidencia analizada. Éstos deben ser claros y accesibles, de modo que su actuar esté acompañado siempre del principio de transparencia que debe informar todo acto público.

b) Establecer políticas de respaldo de la información que posee, especialmente en materia de derechos humanos, dado que hoy no resulta claro como se organiza la custodia de los datos de familiares de detenidos desaparecidos.

c) Considerar la posibilidad de reiniciar las relaciones con la Universidad de Granada y las Agrupaciones de Detenidos Desaparecidos a fin de buscar una solución al problema de la primera nómina enviada. En todo caso, esta recomendación debe quedar sujeta, según opinión de esta Comisión, al trabajo que despliega la Delegada Presidencial sobre Derechos Humanos, a fin de no entorpecer los objetivos de su mandato.

d) Fijar en el más breve plazo, una normativa interna que permita establecer claramente el proceso de adjudicación de convenios, los criterios de selección, análisis de oferentes, garantías, etc.

e) Desarrollar políticas adecuadas de resguardo del buen uso del patrimonio fiscal con controles automáticos y deliberados en las áreas financieras contables, de abastecimiento y recursos humanos.

f) Desarrollar un sistema integral de información de personal, que permita acceder a información relativa a los peritos que trabajan en el Servicio.

3. Se recomienda, asimismo, que el Ministerio de Justicia disponga que la política de recursos humanos del Servicio Médico Legal se someta a la consideración, opinión y asistencia del Servicio Civil, buscando asegurar y preservar la excelencia técnica de su personal.

Se hace presente que esta Comisión tiene conocimiento de la incorporación del Servicio Médico Legal al Sistema de la Alta Dirección Pública, lo cual implica que todos sus cargos directivos dejan de ser cargos de confianza política y pasan a ser designados por concurso[26].

4. Se recomienda al Ministerio de Salud la implementación a la brevedad de políticas públicas que signifiquen la creación de programas de becas y doctorados en especialidades médicas vinculadas al quehacer del Servicio Médico Legal, destinadas a las Facultades de Medicina del país, con el fin de estimular el ingreso de profesionales a esta área de la salud.

5. Finalmente, se recomienda realizar todos los trámites y gestiones que fueren necesarias y conducentes para la obtención de acreditación o certificación según las normas internacionales de los procesos del Servicio Médico Legal. Es una labor que a la fecha no se ha realizado. Por lo tanto, no existe una pauta de acreditación de profesionales, de instalaciones ni de funciones.

De esta forma se entregará al país una institucionalidad en el campo médico-legal realmente moderna, que esté en condiciones de responder a los requerimientos actuales de la sociedad.

Las proposiciones se aprobaron por 12 votos a favor y una abstención.

VI. CONSIDERACIONES QUE SIRVAN DE BASE A LAS CONCLUSIONES O A LAS PROPOSICIONES RECHAZADAS POR LA COMISIÓN.

Por 5 votos a favor y 8 en contra se rechazaron las conclusiones propuestas por el señor Von Mühlenbrock que sostenían que quienes detentaron el cargo de Ministro de Justicia, en la época en que ocurrieron los hechos que hoy se investigan, deben asumir la responsabilidad política que les cabe, en atención a que no ejercieron un adecuado control respecto de la forma en que el Servicio Médico Legal desempeñó su función.

Quienes se desempeñen en tan altos cargos tienen perfecto conocimiento que la responsabilidad jamás se puede delegar. Por el contrario, ésta debe ser asumida cabalmente.

Las consideraciones de estas conclusiones fueron las siguientes:

El artículo 5° de la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado dispone que “Las autoridades y funcionarios deberán velar por la eficiente e idónea administración de los medios públicos y por el debido cumplimiento de la función pública.

Los órganos de la Administración del Estado deberán cumplir sus cometidos coordinadamente y propender a la unidad de acción, evitando la duplicación o interferencia de funciones. ”

El artículo 11 del citado cuerpo legal establece que las autoridades y jefaturas, dentro del ámbito de su competencia y en los niveles que corresponda, ejercerán un control jerárquico permanente del funcionamiento de los organismos y de la actuación del personal de su dependencia.

Este control se extenderá tanto a la eficiencia y eficacia en el cumplimiento de los fines y objetivos establecidos, como a la legalidad y oportunidad de las actuaciones.

Por su parte, el artículo 12 preceptúa que las autoridades y funcionarios facultados para elaborar planes o dictar normas, deberán velar permanentemente por el cumplimiento de aquéllos y la aplicación de éstas, dentro del ámbito de sus atribuciones, sin perjuicio de las obligaciones propias del personal de su dependencia.

Por último, es necesario tener presente lo dispuesto en el artículo 22. Éste estipula que los Ministerios son los órganos superiores de colaboración del Presidente de la República en las funciones de gobierno y administración de sus respectivos sectores, los cuales corresponden a los campos específicos de actividades en que deben ejercer dichas funciones; acotando en su inciso 2º que, para tales efectos, deberán proponer y evaluar las políticas y planes correspondientes, estudiar y proponer las normas aplicables a los sectores a su cargo, velar por el cumplimiento de las normas dictadas, asignar recursos y fiscalizar las actividades del respectivo sector.

Las normas recién citadas demuestran en forma patente que corresponde al Ministro de Justicia fiscalizar las actividades desarrolladas en los servicios públicos bajo su dependencia.

VII. CONSTANCIAS REGLAMENTARIAS.

De acuerdo con lo prevenido en el artículo 301 del Reglamento de la Corporación, se deja constancia de lo siguiente:

1. Por acuerdo de la Comisión, forman parte de las conclusiones y recomendaciones aprobadas, las consideraciones que les sirven de fundamento.

2. Se acordó la remisión del presente informe a S. E. la Presidenta de la República y a la Excma. Corte Suprema.

VIII. SE DESIGNÓ DIPUTADO INFORMANTE AL SEÑOR TUCAPEL JIMÉNEZ.

Acordado y tratado según consta en las actas correspondientes a las sesiones de los días 3, 8, 10, 15, 17 y 22 de mayo; 7, 13, 14 y 21 de junio; 3, 5, 11, 12, 17 y 19 de junio; 2, 9 y 23 de agosto; 13 de septiembre; 11 y 17 de octubre de 2006, con la asistencia de las Diputadas señoras Herrera, doña Amelia; Rubilar, doña Karla y Valcarce, doña Ximena y los Diputados señores Accorsi, don Enrique; Aguiló, don Sergio; Ascencio, don Gabriel; Burgos, don Jorge; Chahuán, don Francisco; Duarte, don Gonzalo; Estay, don Enrestayique; Farías, don Ramón; Jiménez, don Tucapel (Presidente) ; Núñez, don Marco Antonio; Ojeda, don Sergio; Olivares, don Carlos; Paredes, don Iván; Saffirio, don Eduardo; Salaberry, don Felipe; Silber, don Gabriel y Von Mühlenbrock, don Gastón.

Asistieron, además, la Diputada señora Allende, doña Isabel y los Diputados señores Alinco, don René; Bustos, don Juan; Delmastro, don Roberto; Errázuriz, don Maximiano; Espinosa, don Marcos; Robles, don Alberto; Sule, don Alejandro y Tarud, don Jorge.

-o-

Sala de la Comisión, a 17 de octubre de 2006.

(Fdo. ) : JUAN PABLO GALLEGUILLOS JARA, Abogado Secretario de la Comisión”.

Moción de los diputados señores Estay, Barros, Bauer, Bobadilla, Correa, Egaña, Moreira y Norambuena.

Introduce certeza jurídica a los enumerandos del artículo 10 de la ley N° 19. 300, sobre bases generales del medio ambiente. (boletín N° 4626-12)

“Considerando que:

1. La Ley N° 19. 300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente, enumera taxativamente en su artículo 10° la obligación en que se ven los titulares de ciertos proyectos o actividades de someterlos al sistema de evaluación de impacto ambiental;

2. El sometimiento a la tramitación señalada puede requerir una Declaración de Impacto Ambiental o un Estudio de Impacto Ambiental, según corresponda;

3. Los requisitos, casos de aplicación y la forma en que se rige el Sistema de Evaluación de impacto Ambiental están detalladamente regulados en el “Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental” del Ministerio Secretaría General de la Presidencia de la República”;

4. El sometimiento al sistema de evaluación de impacto ambiental puede implicar para el interesado severos costos económicos, financieros y de tiempo;

5. Es conveniente otorgar la seguridad jurídica a quienes deseen emprender, de que sus proyectos o actividades no serán administrativamente obligados a acogerse al sistema de evaluación de impacto ambiental, si la ley no lo exige;

6. Es necesario afirmar el principio anterior, otorgando la certeza jurídica de que cualquier acto en contravención de lo señalado será nulo de nulidad absoluta.

PROYECTO DE LEY:

Artículo único: Agréguese el siguiente artículo 10 bis a la Ley N° 19. 300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente: “Sólo los proyectos o. actividades taxativamente enumerados en el articulo precedente, y exclusivamente en la medida que lo demande el Reglamento, deberán someterse al presente sistema, en la forma de declaración o estudio de impacto ambiental. Todo acto realizado en contravención a esta norma es absolutamente nulo”.