Labor Parlamentaria

III. ACTAS

El señor NAVARRO (Vicepresidente).- El acta de la sesión 35ª se declara aprobada.

El acta de la sesión 36ª. queda a disposición de las señoras diputados y de los señores diputados.

IV. CUENTA

El señor NAVARRO (Vicepresidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.

-El señor ÁLVAREZ ( Prosecretario ) da lectura a la Cuenta.

-o-

El señor NAVARRO ( Vicepresidente ) saluda y da la bienvenida a una delegación de representantes del Parlamento de Kuwait, integrada por los señores Abdullah Al-Roomi, Al Rached, Al Saravi, Al Shatti, Al Hzim y Al Bakshi.

-Aplausos.

-o-

El señor NAVARRO ( Vicepresidente ).- Recuerdo a la Sala que, por acuerdo de los Comités, el proyecto de ley que crea el fondo de estabilización de los precios de los combustibles derivados del petróleo se incorporará en la Tabla, una vez que sea des-

pachado por la Comisión de Hacienda, a fin de que sea tratado en la presente sesión.

El señor LONGUEIRA.- Señor Presidente, pido la palabra por un asunto reglamentario.

El señor NAVARRO ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra su señoría.

El señor LONGUEIRA.- Señor Presidente , ¿esa incorporación en la Tabla corresponde a un acuerdo de los Comités?

El señor NAVARRO ( Vicepresidente ).- Así es señor diputado , el acuerdo fue adoptado por los Comités en la mañana.

El señor LONGUEIRA.- ¿Se nos puede hacer llegar copia del proyecto?

El señor NAVARRO ( Vicepresidente ).- Vamos a solicitar a la Comisión de Hacienda que nos envíe el mensaje para ponerlo a disposición de los señores diputados.

V. FÁCIL DESPACHO

VII. ACUERDOS DE COMITÉS

El señor NAVARRO (Vicepresidente).- Informo a la honorable Cámara que, los Comités Parlamentarios adoptaron los siguientes acuerdos:

En primer lugar, en el proyecto de ley que crea fondos de estabilización de precios de combustibles derivados del petróleo, limitar los tiempos a 7 minutos por bancada.

En segundo lugar, en virtud del tiempo, suspender la discusión del proyecto indicado en el punto número 3 de la Tabla de la presente sesión, que establece que son accidentes del trabajo los ocurridos en el trayecto directo, de ida o de regreso, entre un lugar de empleo y otro.

En tercer lugar, votar los proyectos al término del Orden del Día.

CREACIÓN DE FONDOS DE ESTABILIZACIÓN DE PRECIOS DE COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETRÓLEO. Primer trámite constitucional.

El señor NAVARRO (Vicepresidente).-

Cerrado el debate.

-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto en los siguientes términos:

X. DOCUMENTOS DE LA CUENTA

1. Mensaje de S.E. el Presidente de la República con el que se inicia un proyecto de ley que mejora condiciones de retiro de los trabajadores del sector público con bajas tasas de reemplazo de sus pensiones. (boletín Nº 3975-13)

“Honorable Cámara de Diputados:

Tengo el honor de someter a vuestra consideración un proyecto de ley que mejora las condiciones de retiro de los trabajadores del sector público con bajas tasas de reemplazo de sus pensiones.

I. ANTECEDENTES.

En el marco del proceso de modernización del Estado, hemos desarrollado diversas iniciativas tendientes a mejorar las condiciones de trabajo y estimular la tarea funcionaria orientadas a lograr mejores prestaciones de servicios a la ciudadanía que acude cotidianamente a las instituciones públicas. Producto de esta persistente política de los Gobiernos de la Concertación, expresada en diversas iniciativas legales, hoy la función pública, tanto a nivel de los directivos y sus funcionarios, ha recuperado esa valoración social necesaria para que las instituciones continúen modernizándose en la búsqueda de un servicio público de excelencia a la ciudadanía.

Brindar servicios de calidad a la gente, especialmente la más modesta, que acude diariamente a los diversos servicios públicos y municipales, requiere valorar y estimular a sus funcionarios. Por ello, en este período hemos modernizado y profesionalizado la carrera funcionaria, hemos promovido una mayor eficiencia y productividad de los servicios públicos a través de aumentos en la inversión en capacitación funcionaria, de estímulos al desempeño y mediante una nueva política de desarrollo laboral.

En la implementación de esas políticas de desarrollo laboral, corresponde abordar el tema de mejorar las condiciones de retiro de los funcionarios.

En una primera etapa, se generaron diversas bonificaciones para el retiro, tanto transitorias como permanentes, beneficiando a los funcionarios en los diversos ámbitos del sector público central y descentralizado. Sin embargo, los gremios –coordinados por la Central Unitaria de Trabajadores- comenzaron a plantear que un número importante de funcionarios obtenían una pensión muy inferior a sus expectativas y que tenían bajas tasas de reemplazo.

El año 2001, en el marco del acuerdo sobre reajuste salarial de ese año, el Gobierno con la CUT y los gremios del sector público convinieron constituir una mesa de diálogo “sobre las condiciones de retiro de los funcionarios públicos”, llamada por los gremios “daño previsional”. Con ello se inició este largo proceso de diálogo y de construcción de acuerdos que abordaría este tema desde el ámbito de la política laboral.

II. UNA SOLUCIÓN LABORAL.

La construcción de un mecanismo de apoyo post laboral, acordada con la CUT y los gremios, se sitúa en el marco de las políticas laborales y de personal de cada sector de la administración, focalizando su beneficio en las personas más necesitadas, es decir, en aquellos funcionarios con bajas pensiones y bajas tasas de reemplazo.

Una fórmula de este tipo para los funcionarios públicos del sector central y descentralizado sólo era posible desde el ámbito laboral y desde su rol de empleador. Este criterio laboral fue compartido por la CUT y la mayoría de los gremios del sector público, lo que permitió consensuar este mecanismo de apoyo post laboral de por vida a los funcionarios públicos y municipales más vulnerables.

III. LAS BASES DEL ACUERDO CON LA CUT Y LOS GREMIOS.

Mejorar las condiciones de retiro de los funcionarios o en el discurso gremial llamado solución al “daño previsional”, requería de un acuerdo, que fue largamente trabajado entre las autoridades gubernamentales y la mesa de gremios del sector público coordinada por la CUT. Este culminó exitosamente el 25 de agosto pasado con la suscripción de un “Protocolo de acuerdo sobre el mejoramiento de las condiciones de retiro de los funcionarios públicos” entre el Gobierno y la CUT y la mayoría los gremios del sector público, que sustenta y origina este proyecto de ley que hoy conoce el Parlamento.

De este modo, se ratifica uno de los criterios que sustentan las políticas gubernamentales de avanzar en el mejoramiento de las condiciones laborales de los funcionarios, sobre la base del diálogo y el acuerdo con los gremios.

Los aspectos principales de este Protocolo de acuerdo entre el Gobierno y la CUT con los gremios del sector público y que describen el beneficio post laboral establecido en este proyecto de ley son:

“ ... la CUT y los gremios del sector público hemos convenido una fórmula laboral para mejorar las condiciones de retiro de los funcionarios públicos, también denominado “daño previsional” según los gremios, y cuyo objetivo es el de beneficiar a aquellos funcionarios -tanto de la administración central como descentralizada- que tienen bajas tasas de reemplazo al término de su vida laboral.

Las partes acuerdan enviar un proyecto de ley, en el mes de septiembre de 2005, que otorgue un beneficio post laboral para los funcionarios públicos”.

El beneficio acordado tiene las siguientes características:

1. Beneficio.

El beneficio consiste en un bono mensual de naturaleza laboral, de un monto de $ 50.000, que beneficiará a los trabajadores del sector público que más adelante se señalan, siempre que reúnan copulativamente las condiciones señaladas en los puntos 2 y 3 siguientes. Este bono se extingue por el fallecimiento del beneficiario. El bono no será imponible ni constituirá renta para ningún efecto legal.

2. Beneficiarios.

Los beneficiarios del bono serán los trabajadores que a la fecha de entrada en vigencia de la ley desempeñen un cargo de planta o a contrata o estén contratados conforme al Código del Trabajo, en las instituciones del Sector Público, tanto centralizadas como descentralizadas. Este personal tendrá derecho al bono siempre que cumpla con los requisitos del punto siguiente.

Los funcionarios públicos que en el transcurso de la duración del sistema obtuvieren una pensión de invalidez y cumplieren con todos los requisitos que señalan el número 3 siguiente, tendrán derecho igualmente al bono.

3. Requisitos para obtener el beneficio.

Para tener derecho al bono será necesario cumplir con los siguientes requisitos copulativos:

a) Estar afiliado al Sistema de Pensiones del decreto ley N° 3.500, de 1980, por el ejercicio de su función pública;

b) Tener las calidades mencionadas en el punto 2, tanto a la fecha de postulación para acceder al bono, como con anterioridad al 1° de mayo de 1981;

c) Tener a lo menos 20 años de servicios en las instituciones señaladas en el punto 2 ó las que sean sus antecesores legales, a la fecha de la publicación de la ley;

d) Tener una tasa de reemplazo líquida estimada inferior a 55% y acceder a una pensión de vejez líquida regida por el decreto ley N° 3.500, de 1980, inferior a $600.000;

e) Tener cumplidos 65 años de edad en el caso de los hombres y 60 años de edad en el caso de las mujeres; y

f) Renunciar voluntariamente al cargo o empleo u obtener pensión por vejez de conformidad al decreto ley N° 3.500, dentro de los 12 meses siguientes de cumplirse las edades antes señaladas.

4. Duración del Sistema.

Se considerará como duración del sistema para acceder al beneficio el período comprendido entre el 1 de enero del 2006 y el 31 de diciembre del año 2024.

5. Reajustabilidad.

La reajustabilidad del beneficio y de todas las cantidades en dinero que se señalan en este acuerdo, se realizará una vez al año aplicando la variación que experimente el Índice de Precios al Consumidor (INE) en los 12 meses anteriores al reajuste.

6. Compatibilidad con Bonificación por Retiro del Título II de la Ley N° 19.882.

Respecto del personal que es beneficiario de la bonificación por retiro voluntario establecida en el Título II de la ley 19.882, se acordó lo siguiente:

Para el funcionario cuyo promedio de remuneraciones de los 12 últimos meses anteriores al retiro sea igual o inferior a $ 437.500, el bono se devengará y pagará desde el mes subsiguiente al cese de funciones.

Para el funcionario cuyo promedio de remuneraciones imponibles de los 12 últimos meses anteriores al cese de funciones, sea superior a $ 437.500, el bono comenzará a devengarse y pagarse en el mes siguiente del que se obtenga de dividir por $ 50.000 el resultado de restar el monto de la bonificación por retiro voluntario establecida en el título II de la ley 19.882, menos $ 4.375.000 si es mujer y de $ 3.937.500 si es hombre. Con todo, si el resultado de la división anterior fuere superior a 84, el bono se devengará y pagará a partir del mes 85 contado desde el mes siguiente del cese de funciones del personal.”.

Sobre este último punto del acuerdo, que originó un largo impasse con los gremios, es importante aclarar que este tema de la compatibilidad parcial afecta sólo a los beneficiarios de la ley 19.882 asociados a Anef y Ajunji , que comprende sólo a un 16% de los funcionarios representados por los gremios en el diálogo con el Gobierno y, que con la fórmula acordada de una carencia a las personas con rentas imponibles superiores a $ 435.000, potencialmente afectará sólo a alrededor del 6% de los funcionarios representados en la mesa del sector público.

De este modo, la fórmula laboral propuesta por el Gobierno acordada con la CUT y los gremios, permite dar un sustantivo paso para mejorar la situación post laboral de los funcionarios con bajas pensiones y así generar un nuevo reconocimiento a quienes cumplen tareas de servicio público y a la vez generar mayor equidad en nuestra sociedad.

IV. CONTENIDO DEL PROYECTO.

Consecuente con el Acuerdo, el proyecto establece lo siguiente:

1. El bono.

El proyecto establece, en primer lugar, un bono de naturaleza laboral de $ 50.000 mensuales para los trabajadores que en este artículo se indica.

Define que sólo el personal que se encuentre prestando servicios a la fecha de entrada en vigencia de la ley, en las calidades y entidades que señala, podrá acceder a este Bono. Este personal tendrá derecho al beneficio siempre que se encuentre afiliado al Sistema de Pensiones del decreto ley N° 3.500, de 1980, y cotice en dicho sistema por el ejercicio de su función pública y cumpla con los requisitos del artículo 2°.

2. Requisitos.

En segundo lugar, el proyecto determina los requisitos copulativos que deberá cumplir el personal mencionado en el artículo anterior para ser beneficiario del bono. Además, fija el 31 de diciembre de 2024 como fecha de término para acceder al bono.

3. Procedimiento.

A continuación, el proyecto establece el procedimiento para acceder al bono, considerando las etapas siguientes:

a) El jefe superior de servicio o la jefatura máxima de la entidad a la que pertenece el trabajador, a partir del primer mes del semestre anterior a aquel en que el trabajador cumpla 65 años de edad si es hombre y 60 años de edad si es mujer, se entenderá facultado para requerir de los organismos previsionales y de la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones, la estimación acerca de la tasa de reemplazo líquida del trabajador.

b) El jefe superior de servicio o la jefatura máxima de la entidad a la que pertenece el trabajador, una vez que recepcione las respuestas de la letra anterior, enviará una comunicación escrita al trabajador informándole su tasa de reemplazo líquida.

c) El trabajador a partir de la notificación de la comunicación señalada en la letra anterior y hasta los 120 días siguientes al cumplimiento de las edades indicada en la letra “a)”, deberá presentar la solicitud para acceder al bono ante el jefe superior de servicio o la jefatura máxima a la cual pertenece.

En caso que el trabajador no haya sido notificado de la comunicación antes mencionada y haya cumplido las edades indicadas en la letra “a)”, deberá presentar ante el jefe superior de servicio o jefatura máxima de la entidad a la cual pertenece la solicitud para acceder al bono dentro de los 120 días siguientes al cumplimiento de las edades antes mencionadas.

Con todo, si el trabajador no presenta la solicitud para acceder al bono dentro de los plazos señalados en esta letra, se entenderá que renuncia al bono.

d) En el caso de las corporaciones municipales creadas en virtud de lo dispuesto por el decreto con fuerza de ley N°1-3.063, de 1980, del Ministerio del Interior, remitirán a la Municipalidad respectiva, todos los antecedentes del trabajador que acrediten el cumplimiento de los requisitos señalados en el artículo 2°. El Municipio, con el mérito de dichos antecedentes, dictará el acto administrativo correspondiente y, cuando proceda, los remitirá al Servicio de Tesorerías para el pago del bono.

4. Jornada parcial.

Enseguida, el proyecto establece normas de postulación al bono para aquellos trabajadores que presten servicios por jornada parcial. Ellos deberán adjuntar una declaración jurada simple que señale el número de horas que tienen contratadas, en cualquier calidad jurídica, en alguno de los servicios mencionados en el artículo 1°.

5. Características del bono.

El proyecto señala que el bono no será imponible ni constituirá indemnización ni renta para ningún efecto legal. El derecho a impetrar o percibirlo se extingue con el fallecimiento del beneficiario.

6. Fondo bono laboral.

Además, el proyecto crea un “Fondo Bono Laboral”, con cargo al cual se pagará el Bono. Este Fondo se constituirá con un aporte mensual de cada servicio u organismo afecto al sistema; con el producto de la rentabilidad que genere la inversión de sus recursos, y con el aporte fiscal que indica este proyecto de ley.

El Servicio de Tesorerías recaudará y administrará el “Fondo Bono Laboral”.

Por otra parte, establece que los organismos que se retrasen en el pago del aporte señalado, deberán pagar un interés penal con cargo a su presupuesto ordinario sin que proceda suplemento alguno por esta causal.

Además, indica los giros que pueden realizarse con cargo al Fondo.

También, el proyecto determina que el Ministerio de Hacienda fijará los valores e instrumentos financieros en los cuales se invertirán los recursos del Fondo antes mencionado.

El Servicio de Tesorerías debe pagar el bono a los beneficiarios. Para ello, el proyecto fija un procedimiento al cual deberán sujetarse los jefes superiores de servicio o jefatura máxima de la entidad a la que pertenezca el trabajador beneficiario. Dicho servicio podrá suscribir convenios con las entidades que indica el proyecto de ley para efectuar el pago del bono.

Por otra parte, se determina desde cuando se devenga y paga el Bono, estableciendo una normas especial respecto de aquellos que son beneficiarios de la bonificación por retiro del Título II de la ley N° 19.882.

7. Reincorporación y bono.

El proyecto, por otra parte, señala que el personal que cese en sus cargos y perciba el bono y que con posterioridad se reincorpore a alguna de las instituciones afectas a la presente ley, deberán devolver la totalidad del beneficio, según las normas que fija. En ningún caso podrá volver a percibir el bono.

8. Reajustabilidad.

Enseguida, fija el sistema de reajustabilidad de todas las cantidades en dinero señaladas en esta ley. Esta se hará en el mes de enero de cada año, según IPC.

9. Sanciones.

El proyecto establece sanciones para las personas que perciban maliciosamente el bono.

10. Bono y pensión de invalidez.

El proyecto, enseguida, establece que los trabajadores señalados en el artículo 1° que obtengan la pensión de invalidez que establece el decreto ley N° 3.500, de 1980, podrán acceder al bono una vez que cumplan 65 años de edad si es hombre o 60 años de edad si es mujer y acrediten el cumplimiento de los requisitos establecidos en al artículo 2°, con excepción del numeral 5° de ese artículo. Además, adecua los requisitos antes mencionados en consideración a la naturaleza de dicha pensión.

11, Normas transitorias.

El proyecto, en primer lugar concede el bono de que trata el presente proyecto al personal mencionado en el artículo 1°, que a la fecha de entrada en vigencia de la ley tenga 65 o más años de edad si son hombres o 60 o más años de edad sin son mujeres, siempre que cumplan los requisitos del artículo 2° y presenten su solicitud dentro del plazo definido.

En segundo lugar, determina que la presente ley entrará en vigencia el 1 de enero del año 2006 o el día 1° del mes siguiente a la fecha de su publicación en el Diario Oficial, si ésta fuera posterior a dicha data. Sin embargo, el artículo 10° entrará en vigencia el año 2007.

Finalmente, establece la forma de financiamiento del presente proyecto de ley durante el año 2006.

En consecuencia, tengo el honor de someter a vuestra consideración, el siguiente

PROYECTO DE LEY:

“Artículo 1°.- Establécese un bono de naturaleza laboral de $ 50.000 mensuales, en adelante el bono, para el personal que a la fecha de entrada en vigencia de esta ley desempeñe un cargo de planta o a contrata y al contratado conforme al Código del Trabajo, en los órganos y servicios públicos regidos por el Título II de la Ley N° 18.575; el decreto N° 2.421, de 1964, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido de la ley N° 10.336; el decreto N° 291, de 1993, del Ministerio del Interior, que fija el texto refundido de la ley N° 19.175; la ley N° 18.838; el párrafo 2° del título III de la ley N° 18.962; la ley N° 16.752; el título VII de la ley N° 19.284; la ley N° 19.140; los artículos 4° letra i) y 19 de la ley N° 18.348; las leyes Nos. 17.995 y 18.632, y las Municipalidades, y a los trabajadores de sectores de la Administración del Estado que hayan sido traspasados o se traspasen a dichas municipalidades en virtud de lo dispuesto por el decreto con fuerza de ley N°1-3.063, de 1980, del Ministerio del Interior.

El personal mencionado en el inciso anterior tendrá derecho al bono siempre que se encuentre afiliado al Sistema de Pensiones del decreto ley N° 3.500, de 1980, y cotice en dicho sistema por el ejercicio de su función pública y cumpla con los requisitos del artículo 2°.

Artículo 2°.- Para tener derecho al bono del artículo anterior será necesario cumplir con los siguientes requisitos copulativos:

1. Tener las calidades mencionadas en el inciso primero del artículo 1° en los referidos organismos o en sus antecesores legales, tanto a la fecha de la postulación para acceder al bono como con anterioridad al 1° de mayo de 1981;

2. Tener a lo menos 20 años de servicios en las instituciones señaladas en el artículo anterior o las que sean sus antecesores legales, a la fecha de la publicación de la presente ley.

3. Tener una tasa de reemplazo líquida estimada igual o inferior a 55% y acceder a una pensión de vejez líquida regida por el decreto ley N° 3.500, de 1980, igual o inferior a $ 600.000. Para este efecto se entenderá por:

a) Pensión de vejez líquida. Es aquella pensión de vejez otorgada según el decreto ley N° 3.500, de 1980, a que pueda tener derecho el personal afecto a la presente ley, descontadas las cotizaciones obligatorias de salud. Además, a dicha pensión se le sumará cualquiera otra pensión y jubilación líquida que estuviere percibiendo por alguna de las ex -cajas de previsión del antiguo régimen previsional fusionadas en el Instituto de Normalización Previsional, por la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile, y por la Caja de Previsión de la Defensa Nacional.

Para efectos del inciso anterior de este literal, en la estimación del monto de la pensión de vejez líquida sólo se considerará la modalidad de retiro programado establecida en el decreto ley N° 3.500, de 1980, calculada para la primera anualidad, a que tendría derecho el trabajador, sin perjuicio de la modalidad de pensión de vejez a que opte el beneficiario del bono al momento de pensionarse.

Para lo anterior, la administradora de fondos de pensiones considerará el saldo acumulado en la cuenta de capitalización individual incluido el Bono de Reconocimiento a que tenga derecho el trabajador, al último día del mes en que es informado el certificado del bono de reconocimiento o al último día del mes en que la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones le solicitó la información si a la data de dicha solicitud ya estuviere informado el bono de reconocimiento. No se incluirán en dicho monto las cotizaciones voluntarias, los depósitos de ahorro previsional voluntario, ni los depósitos convenidos a que se refiere el artículo 20 del decreto ley N° 3.500, de 1980.

b) Remuneración promedio líquida. Es el promedio de las remuneraciones mensuales percibidas durante los 36 meses anteriores a la fecha de la solicitud de información señalada en el inciso primero del artículo 3°, actualizadas según la variación del índice de precios al consumidor determinado por el Instituto Nacional de Estadísticas, respecto de las cuales se hubieren efectuado cotizaciones obligatorias, descontadas estas últimas.

c) Tasa de reemplazo líquida. La expresión porcentual del cuociente que resulte de dividir el monto mensual de la pensión de vejez líquida determinado de conformidad con la letra a) precedente, por la remuneración promedio líquida calculada según la letra b) anterior.

4. Tener cumplidos 65 años de edad en el caso de los hombres y 60 años de edad tratándose de las mujeres, y

5. Renunciar voluntariamente al cargo u obtener pensión por vejez de conformidad al decreto ley N° 3.500, de 1980, dentro de los 12 meses siguientes de cumplirse las edades señaladas en el número anterior, según corresponda.

El personal que preste servicios por jornadas parciales deberá renunciar al total de horas que sirvan en las entidades mencionadas en el artículo anterior.

Podrá acceder al bono el personal que cese en sus funciones por las causales señaladas en el número anterior hasta el 31 de diciembre del 2024.

Artículo 3°.- El jefe superior de servicio o la jefatura máxima que corresponda, a partir del primer mes del semestre anterior a aquel en que el trabajador cumpla las edades señaladas en el numeral 4 del artículo 2°, se entenderá facultado para requerir de los organismos previsionales y de la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones, la estimación acerca de la tasa de reemplazo líquida del trabajador de conformidad a lo dispuesto en el numeral 3 del artículo anterior. Para ello, el jefe superior de servicio o la jefatura máxima que corresponda, informará a dichos organismos y Superintendencia, la remuneración promedio líquida del trabajador según lo establecido en el numeral antes señalado.

Para los efectos de lo dispuesto en el inciso anterior, la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones, podrá solicitar los antecedentes necesarios a las administradoras de fondos de pensiones.

Los organismos previsionales y la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones deberán remitir la información señalada en el inciso primero dentro del plazo de 60 días contados desde la recepción de solicitud de información. Sin embargo, si al vencimiento de dicho plazo no estuviere informado, el bono de reconocimiento del trabajador, la Superintendencia prorrogará ese plazo por 30 días.

El jefe superior de servicio o la jefatura máxima que corresponda, sumará las tasas de reemplazos líquidas informadas por las entidades señaladas en el inciso anterior y el resultado lo comunicará por escrito al trabajador.

El trabajador, a partir de la notificación de la comunicación dispuesta en el inciso anterior y hasta los 120 días siguientes al cumplimiento de las edades señaladas en el numeral 4 del artículo anterior, deberá presentar la solicitud para acceder al bono ante el jefe superior de servicio o la jefatura máxima de la entidad en la cual preste sus servicios.

En caso que el trabajador no haya sido notificado de la comunicación señalada en el inciso anterior y haya cumplido las edades indicadas en el numeral 4 del artículo 2°, deberá presentar ante el jefe superior de servicio o la jefatura máxima de la entidad a la cual pertenece la solicitud para acceder al bono dentro de los 120 días siguientes al cumplimiento de las edades antes mencionadas.

Con todo, si el trabajador no presenta la solicitud para acceder al bono dentro de los plazos señalados en los incisos quinto o sexto, se entenderá que renuncia a dicho beneficio.

El jefe superior de servicio o la jefatura máxima de la entidad a la que pertenece el trabajador, ordenará certificar a quien corresponda el cumplimiento de los requisitos señalados en el artículo anterior. Para ello, podrá requerir información de cualquier otro organismo público para efectos de lo previsto en dicho artículo.

El jefe superior de servicio o la jefatura máxima que corresponda, en ningún caso podrá conocer de la probable cuantía de la jubilación, pensión de vejez o el monto de los recursos registrados en la cuenta de capitalización individual del personal.

El acto administrativo que conceda el bono al funcionario deberá establecer que el pago se efectuará en la oportunidad que corresponda según el artículo 8°. Dicho acto administrativo no está sujeto al trámite de toma de razón y deberá enviarse en original para su registro y control posterior a la Contraloría General de la República.

En el caso de las corporaciones municipales creadas en virtud de lo dispuesto por el decreto con fuerza de ley N°1-3.063, de 1980, del Ministerio del Interior, remitirán a la Municipalidad respectiva, todos los antecedentes del trabajador que acrediten el cumplimiento de los requisitos señalados en el artículo 2°. El Municipio, con el mérito de dichos antecedentes, dictará el acto administrativo correspondiente, y cuando proceda los remitirá al Servicio de Tesorerías de conformidad al artículo 8°.

Artículo 4°.- El personal que preste servicios por jornada parcial en alguna de las instituciones señaladas en el artículo 1°, deberá presentar la solicitud a que se refiere el artículo anterior, al jefe superior de servicio o al jefatura máxima de aquella entidad en la que tiene el mayor número de horas contratadas, en cualquier calidad jurídica. A igual número de horas contratadas, presentará la solicitud en aquella entidad en que tenga más años de servicios. Si tiene la misma cantidad de años de servicios, podrá presentar la solicitud en cualquiera de ellas. Además, deberá adjuntar una declaración jurada simple del número de horas que tengan contratadas, en cualquier calidad jurídica, en alguno de los servicios mencionados en el artículo 1°.

El jefe superior de servicio o la jefatura máxima que corresponda remitirá copia del acto administrativo señalado en el inciso décimo del artículo anterior, a los demás empleadores que hubiere indicado el trabajador en su declaración jurada.

Artículo 5°.- El bono no será imponible ni constituirá indemnización ni renta para ningún efecto legal. El derecho a impetrar o percibir el bono se extingue con el fallecimiento del beneficiario.

Artículo 6°.- El bono se pagará con los recursos provenientes del “Fondo Bono Laboral”, que se formará del siguiente modo:

a) Con el aporte mensual de cada servicio u organismo señalado en el artículo 1°, el que ascenderá a un monto equivalente al 1% de las remuneraciones mensuales imponibles de sus trabajadores que, a la fecha del aporte, cumplan con los requisitos copulativos siguientes: tengan los años de servicios señalados en el numeral 2 del artículo 2°, que reúnan las calidades mencionadas en el artículo 1° con anterioridad al 1° de mayo de 1981, que estén afectos al sistema de pensiones establecido en el decreto ley N° 3.500, de 1980 y que cumplan las edades señaladas en el numeral 4° del artículo 2°, a más tardar al 31 de diciembre de 2024, inclusive.

Este aporte sólo se realizará hasta las remuneraciones que se devenguen en el mes de diciembre del año 2024.

b) Con el producto de la rentabilidad que genere la inversión de los recursos del Fondo.

c) Con aporte fiscal, cuando los recursos señalados en las letras a) y b) de este artículo sean insuficientes para el pago de los bonos. Este aporte será de un monto equivalente a la diferencia entre el monto total que se debe pagar por concepto de bonos y los aportes indicados en la letras antes mencionadas.

Artículo 7°.- El Servicio de Tesorerías recaudará y administrará los recursos del “Fondo Bono Laboral”. Para tal efecto, llevará una cuenta especial de dicho Fondo. En ella deberán ser enterados los aportes señalados en la letra a) del artículo anterior, dentro de los diez primeros días del mes siguiente a aquél en que se hayan devengado las remuneraciones o subsidios, término que se prorrogará hasta el primer día hábil siguiente si dicho plazo expirare en día sábado, domingo o festivo.

Por cada día de atraso en el pago del aporte señalado en la letra a) del artículo 6°, se devengará un interés penal equivalente a la tasa de interés corriente para operaciones reajustables en moneda nacional a que se refiere el artículo 6° de la ley N° 18.010. Esta sanción será de responsabilidad del servicio u organismo respectivo, el que deberá solventar los recargos con su presupuesto ordinario sin que proceda suplemento alguno por esta causal. El Servicio de Tesorerías cobrará y recaudará dichos intereses y los enterará en el Fondo Bono Laboral.

Con cargo a dicha cuenta especial, el Tesorero General del Servicio de Tesorerías sólo podrá girar en los siguientes casos:

a) Para dar cumplimiento a los actos administrativos de los jefes superiores de servicio respectivos que ordenen el pago del bono al personal que tenga derecho a él,y

b) Para hacer inversiones con los recursos del fondo.

Los recursos del “Fondo de Bono Laboral” serán invertidos en los valores e instrumentos financieros según las normas y límites de inversión que establezca el Ministerio de Hacienda, a través de decreto supremo suscrito bajo la fórmula “Por Orden del Presidente de la República ”.

Artículo 8°.- El Servicio de Tesorerías pagará el bono a los beneficiarios. Para ello, el jefe superior de servicio o jefatura máxima respectiva remitirá a dicho servicio copia del acto administrativo que concede el bono, adjuntando los antecedentes que acrediten el cumplimiento de los requisitos establecidos en los numerales 2° y 4° del artículo 2°, y la respuesta de los organismos previsionales y de la Superintendencia Administradora de Fondos de Pensiones sobre la tasa de reemplazo líquida. Además, deberá informar la fecha en que comenzará a pagarse el bono al beneficiario.

El Servicio de Tesorerías podrá celebrar convenios con las administradoras de fondos de pensiones, compañías de seguros u otras entidades, para efectuar el pago del bono a través de ellas.

El bono se pagará una vez que el personal mencionado en el artículo 1° haya cesado en funciones por retiro voluntario o por pensión de vejez de conformidad al decreto ley N° 3.500, de 1980, según las normas siguientes:

1) El bono se devengará y pagará a contar del mes subsiguiente del cese de funciones del personal.

2) Para el personal que es beneficiario de la bonificación por retiro voluntario establecida en el Título II de la ley N° 19.882, el bono de la presente ley se devengará y pagará en las fechas siguientes:

a) Para el personal cuyo promedio de remuneraciones imponibles de los 12 últimos meses anteriores al retiro sea igual o inferior a $ 437.500, el bono se devengará y pagará en la misma oportunidad señalada en el numeral anterior.

b) Para el personal cuyo promedio de remuneraciones imponibles de los 12 últimos meses anteriores al cese de funciones, sea superior a $ 437.500, el bono comenzará a devengarse y pagarse en el mes siguiente del que se obtenga de dividir por $ 50.000 el resultado de restar el monto de la bonificación por retiro voluntario establecida en el Título II de la ley 19.882, menos $ 4.375.000 si es mujer y $ 3.937.500 si es hombre. Con todo, si el resultado de la división anterior fuera superior a 84, el beneficio se devengará y pagará a partir del mes 85 contado desde el mes siguiente del cese de funciones del personal. Si el resultado de la resta antedicha implicare un número inferior a $ 50.000 se aplicará lo dispuesto en la letra a) de este numeral.

Artículo 9°.- El personal que cese en sus cargos y perciba el bono, y que con posterioridad se reincorpore a alguna de las instituciones u organismos señalados en el artículo 1°, sea en calidad de titular, a contrata u honorario, deberá devolver la totalidad del beneficio percibido, expresado en unidades de fomento, más el interés corriente para operaciones reajustables. En ningún caso se podrá volver a percibir el bono.

Artículo 10.- Todas las cantidades en dinero señaladas en esta ley se reajustarán en el mes de enero de cada año, según la variación que experimente el índice de precios al consumidor en los 12 meses anteriores, determinado por el Instituto Nacional de Estadísticas.

Artículo 11.- Las personas que perciban maliciosamente el bono que otorga esta ley, deberán devolver la totalidad del beneficio percibido, expresado en unidades de fomento, más el interés corriente para operaciones reajustables, sin perjuicio de las sanciones que pudieran corresponderles según la legislación vigente.

Artículo 12.- Los trabajadores señalados en el artículo 1° que obtengan pensión de invalidez que establece el decreto ley N° 3.500, de 1980, podrán acceder al bono una vez que cumplan las edades señaladas en el numeral 4° del artículo 2° y acrediten el cumplimiento de los demás requisitos establecidos en dicho artículo, con excepción del determinado en el numeral 5°. En este caso, el personal deberá cumplir con el requisito que se establece en el numeral 1° de dicho artículo, tanto a la fecha en que obtuvo la pensión de invalidez como con anterioridad al 1° de mayo de 1981.

Dicho personal presentará su solicitud ante el jefe superior de servicio o jefatura máxima de la institución u organismo mencionado en el artículo 1° en el cual hubiere cesado en funciones, a partir del cumplimiento de las edades señaladas en el inciso anterior y hasta los 120 días siguientes a él. Con todo, si dicho personal no presenta la solicitud para acceder al bono dentro del plazo indicado, se entenderá que renuncia a dicho beneficio.

A partir de la fecha de presentación de la solicitud del inciso anterior, la referida jefatura se entenderá facultada para requerir la información sobre el monto de la pensión de invalidez otorgada de conformidad al decreto ley N° 3.500, de 1980.

En este caso, el pensionado de invalidez señalado en el inciso primero deberá tener una tasa de reemplazo líquida estimada igual o inferior a 55% y acceder a una pensión de invalidez líquida regida por el decreto ley N° 3.500, de 1980, igual o inferior a $600.000.

Para lo dispuesto en el inciso anterior, la tasa de reemplazo líquida será la expresión porcentual del cuociente que resulte de dividir el monto mensual de la pensión de invalidez líquida, por la remuneración promedio líquida. Para estos efectos se entenderá por:

a) Pensión de invalidez líquida: aquella que perciba el trabajador señalado en el inciso primero de conformidad al decreto ley N° 3.500, de 1980, al momento de presentar la solicitud indicada en el inciso segundo. Además, a dicha pensión se le sumará cualquiera otra pensión y jubilación líquida que estuviere percibiendo por alguna de las ex -cajas de previsión del antigüo régimen previsional fusionadas en el Instituto de Normalización Previsional, por la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile, y por la Caja de Previsión de la Defensa Nacional.

b) Remuneración promedio líquida: corresponderá a la última remuneración mensual que percibió el trabajador antes de obtener la pensión de invalidez mencionada en el inciso primero, reajustada de acuerdo a los reajustes generales de remuneraciones otorgados a los trabajadores del sector público, por el período comprendido entre la obtención de la pensión de invalidez y el cumplimiento de las edades indicadas en el numeral 4° del artículo 2°.

Para los referidos trabajadores, el bono se devengará y pagará a contar del mes subsiguiente a la total tramitación del acto administrativo que concede el bono.

Este personal podrá acceder al bono siempre que presente su solicitud para acceder al bono hasta el 31 de diciembre del 2024.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo primero.- El personal mencionado en el artículo 1° que a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley tenga 65 o más años de edad si son hombres o 60 o más años de edad si son mujeres, accederá al bono en la mismas condiciones señaladas en los artículos permanentes siempre que presenten la solicitud respectiva dentro de los 120 días siguientes a dicha entrada en vigencia y cumplan con los requisitos señalados en el artículo 2°. En este caso deberán renunciar voluntariamente a su cargo o pensionarse por vejez según el decreto ley N° 3.500, de 1980, dentro de los 12 meses contados desde la presentación de su solicitud. El personal que no presente la solicitud de bono dentro del plazo señalado, se entenderá que renuncia a él.

El jefe superior de servicio o la jefatura máxima que corresponda, a partir de la publicación de la presente ley, se entenderá facultado para requerir la información indicada en el inciso primero del artículo 3° respecto del personal señalado en el inciso anterior como del personal que cumpla las edades establecidas en el numeral 4 del artículo 2° durante el año 2006.

Artículo segundo.- La presente ley entrará en vigencia el 1 de enero del año 2006 o el día 1° del mes siguiente a la fecha de su publicación en el Diario Oficial, si ésta fuera posterior a dicha data. Sin embargo, el artículo 10° entrará en vigencia el año 2007.

Artículo tercero.- El mayor gasto que represente la aplicación de esta ley, durante el año 2006, se financiará con los recursos provenientes del Fondo Bono Laboral del artículo 6°. El aporte fiscal que se establece en la letra c) del citado artículo se financiará mediante transferencias con cargo a las provisiones dispuestas en la partida presupuestaria Tesoro Público de la Ley de Presupuestos para dicha anualidad.”.

Dios guarde a V.E.,

(Fdo.): RICARDO LAGOS ESCOBAR, Presidente de la República ; NICOLÁS EYZAGUIRRE GUZMÁN , Ministro de Hacienda ”.

INFORME FINANCIERO

PROYECTO DE LEY QUE MEJORA CONDICIONES DE RETIRO DE LOS

TRABAJADORES DEL SECTOR PÚBLICO CON BAJAS TASAS DE

REEMPLAZO DE SUS PENSIONES

Mensaje Nº 239-353

El presente proyecto de ley establece un bono de $ 50.000 mensuales para los trabajadores señalados en el artículo 1º del proyecto que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 2º del texto propuesto.

Se estima que el universo de potenciales beneficiarios a recibir este bono será en torno a 100.000 trabajadores del sector público afectos a la presente iniciativa que cesen en sus funciones por las causales que señala el proyecto de ley hasta el 31 de diciembre de 2024.

El costo fiscal del beneficio propuesto en el presente proyecto de ley se extiende por un período estimado de 50 años (extinguiéndose con el fallecimiento del último beneficiario), alcanzando un máximo en el año 2025. El siguiente cuadro muestra el costo fiscal anual para algunos años seleccionados para este informe.

Impacto fiscal proyecto de Ley sobre condiciones de retiro

Año

MM$ de 2005

2006

3.058

2007

4.335

2008

5.745

2009

7.267

2010

8.955

2015

18.528

2020

26.285

2025

30.379

2030

27.316

2035

20.807

2040

13.901

2045

7.885

El valor presente del costo fiscal estimado para todo el período de pago asciende a alrededor de $ 313 mil millones.

(Fdo.): MARIO MARCEL CULLELL , Director de Presupuestos ?.

2. Mensaje de S.E. el Presidente de la República con el que inicia un proyecto de ley en materia de gasto electoral y de donaciones con beneficios tributarios. (boletín Nº 3979-06)

“Honorable Cámara de Diputados:

En uso de mis facultades constitucionales, vengo en presentar un proyecto de ley que introduce modificaciones en materia de gasto electoral, en dos órdenes de materias. Por una parte, repone el fraccionamiento de los aportes reservados; por la otra, realiza ajustes en materia de donaciones.

I. FRACCIONAMIENTO DE LOS APORTES RESERVADOS.

1. Antecedentes.

La Ley Nº 19.884, “Sobre Transparencia, Límite y Control del Gasto Electoral”, y la Ley Nº 19.885, que “Norma el buen uso de donaciones de personas jurídicas que dan origen a beneficios tributarios y los extiende a otros fines sociales y públicos”, establecen diversas disposiciones con el fin de regular y transparentar, tanto los ingresos como los gastos de campaña electoral de los candidatos y los partidos políticos.

Por otro lado, el 6 de septiembre de 2005, fue publicada en el Diario Oficial la Ley N° 20.053. En ella se introducen una serie de modificaciones a la ley Nº 19.884, que tienen por objeto modernizar el sistema de rendición y control del gasto electoral, simplificar procedimientos, resolver omisiones como el financiamiento público en las elecciones presidenciales y corregir errores advertidos durante las elecciones municipales de 2004.

Con ocasión de la discusión en el Congreso Nacional de esta última iniciativa, el Gobierno y la oposición adquirieron una serie de compromisos que el presente proyecto de ley materializa.

2. Modificaciones propuestas.

En primer lugar, se introduce una norma que repone el sistema llamado “fraccionamiento de los aportes reservados”. Con ello se busca impedir la certeza acerca de quién y cuánto le aportó un donante a un candidato. La vía reservada extiende la lógica del voto secreto al financiamiento de la política. Esta lógica busca evitar que un candidato pueda tener certeza sobre la decisión de un votante. Si no hay certeza, se desincentiva la posibilidad de acuerdos que, como el cohecho, pueden alcanzar votante y candidato.

Asimismo, en el plano del financiamiento, la vía reservada pretende evitar la certeza acerca del aporte. Mediante un mecanismo que dispone y administra el Servicio Electoral, el candidato sólo sabe que le aportaron, pero no puede saber a ciencia cierta quién le aportó, ni cuánto. Ello disminuye la posibilidad de corrupción y extorsión entre ellos.

La vía reservada opera a través de un mecanismo que tiene varios elementos. Uno de ellos es la forma fraccionada y aleatoria en que se reciben los aportes. Esta fórmula le permite al Servicio Electoral retener un monto no superior al 30 % del aporte, con el objeto de trasferirlo diferidamente al candidato a partir del primer día hábil de la semana siguiente a la fecha del aporte. Con ello resulta imposible indagar en torno al monto aportado, frustrando la posibilidad de un acuerdo privado previo.

II. MODIFICACIONES A LAS DONACIONES.

El segundo aspecto del proyecto, es la introducción de una serie de modificaciones a la ley que regula las donaciones (ley Nº 19.885).

1. Antecedentes.

El Ejecutivo considera indispensable mantener una atención continua al mejor funcionamiento del sistema tributario con el objeto de perfeccionarlo, especialmente en materias cuya lógica debería ser ampliamente consensuada por tratarse de situaciones que, en definitiva, perfeccionan su eficiencia a través de criterios de equidad, simplificación y racionalidad.

Este proyecto de ley busca responder a los principios mencionados, proponiendo un conjunto de normas modificatorias cuyo objetivo es flexibilizar el tratamiento de las donaciones con beneficios tributarios, considerando situaciones que ameritan este hecho.

2. Contenido de la modificación.

El proyecto introduce algunos ajustes a la ley Nº 19.885, que estableció normas a las donaciones con beneficios tributarios.

a. Aumento del límite global total.

En primer término, y luego de un análisis efectuado sobre la materia, se estimó conveniente aumentar el límite global total de las donaciones con beneficios tributarios de un 4,5% a un 5% de la renta líquida imponible de primera categoría de la ley de la renta, respecto de la empresa donante.

No obstante, y considerando la importancia que el Gobierno asigna al desarrollo de la cultura en el país, el límite señalado se aumenta a un 6%, cuando las donaciones que se efectúen sobre el límite de 5% sean de aquellas reguladas por las normas de la ley que establece el beneficio tributario para las donaciones con fines culturales.

Por otra parte, no obstante el establecimiento de este límite, el proyecto establece que los donantes podrán asumir mediante escritura pública, el compromiso de donar para la ejecución de uno o más proyectos, programas o actividades, por períodos no inferiores a 4 años comerciales. En este caso, si el donante se encuentra en situación de pérdida en algunos de dichos ejercicios –siempre que ello no ocurra en más de un 50% del período del compromiso- podrá rebajar la donación como gasto con un máximo equivalente al 1,6% o del capital propio de la empresa. Esta deducción no será válida respecto del primer período comprometido.

b. Contraprestaciones.

En otro aspecto, el proyecto precisa y flexibiliza las normas sobre contraprestaciones.

En primer lugar, mantiene la exigencia a los donatarios de no dar en forma directa una contraprestación al donante, pero sustituye aquella de carácter indirecto por la referencia al artículo 100 de la Ley N° 18.045, sobre mercado de valores, que fija normas de relacionamiento entre sociedades y personas. Se considera que de este modo se precisa mejor el alcance de este requisito.

En segundo lugar, se ejemplifican algunos casos de contraprestación, tales como: el traspaso de bienes o prestación de servicios financiados con la donación; la entrega de la comercialización o distribución de tales bienes o servicios, en ambos casos cuando éstos o la operación encomendada formen parte de la actividad económica del donante; el efectuar publicidad a favor del donante o de sus socios o directores, más allá de un razonable reconocimiento, o el entregar bienes o prestar servicios financiados con las donaciones que signifiquen para el donante, sus socios o directores un abaratamiento de sus costos de producción, un aumento de la rentabilidad de sus negocios o el desarrollo de una nueva actividad.

Sin perjuicio de lo anterior, se fija un monto máximo de la cantidad donada, liberada de las restricciones señaladas.

Finalmente, se morigeran y racionalizan las sanciones relacionadas con el incumplimiento de las normas sobre contraprestaciones.

En consecuencia, tengo el honor de someter a vuestra consideración, el siguiente:

PROYECTO DE LEY:

“Artículo 1°.- Reemplázase el artículo 19 de la Ley Nº 19.884 sobre Transparencia, Límite y Control del Gasto Electoral por el siguiente:

“Artículo 19. Los aportes a que se refiere el artículo anterior se realizarán directamente en una cuenta única que deberá mantener al efecto el Servicio Electoral.

El donante recibirá del Servicio Electoral, una vez que los fondos hayan quedado acreditados en la referida cuenta corriente, un certificado, que a solicitud del donante deberá ser electrónico, de la donación que sólo acreditará el monto total donado.

El Servicio establecerá un sistema electrónico mediante el cual el donante pueda destinar su aporte a uno o más candidatos o partidos, dentro de los límites establecidos en la presente ley y hasta el monto de su donación.

Para destinar un aporte, el donante que sea persona natural y que esté imposibilitado de concurrir al Servicio, podrá efectuarlo mediante mandato especial autorizado ante notario. La destinación de los aportes hechos por personas jurídicas sólo podrá hacerse por mandato especial.

El sistema electrónico que establezca el Servicio deberá, además, asegurar tanto la reserva de la identidad del donante, como garantizar que éste no obtendrá documento alguno que permita identificar su donación ante el donatario o terceros.

El Servicio Electoral deberá iniciar la transferencia electrónica, el primer día hábil de cada semana, a la cuenta designada por el respectivo administrador electoral, de la suma de los aportes que les hayan sido destinados en la semana anterior. Una fracción aleatoria de dicha suma, que no podrá ser superior al 30 % no será transferida de inmediato y sólo se tendrá por destinada en dicho día, con el objeto de ser transferida a partir del primer día hábil de la semana siguiente.

El Director del Servicio definirá modelos matemáticos para determinar la fracción aleatoria con el fin de que la transferencia a los administradores electorales de los montos destinados ocurra con la mayor celeridad que sea compatible con su obligación de asegurar la reserva de la identidad del donante.

Las normas sobre el secreto bancario contenidas en el Artículo 154 de la Ley General de Bancos, les serán aplicables a los funcionarios del Servicio Electoral.

Las cuentas bancarias a las cuales se transferirán los aportes reservados deberán corresponder al candidato que tenga el carácter de titular de las mismas.".

Artículo 2º.- Introdúcense en la ley Nº 19.885, que norma el buen uso de donaciones de personas jurídicas que dan origen a beneficios tributarios y los extienden a otros fines sociales y públicos, las siguientes modificaciones:

1) En el artículo 10°:

a) Sustitúyese el guarismo “4,5” por “5”.

b) Intercálanse los siguientes incisos segundo y tercero, pasando el actual inciso segundo a ser inciso cuarto:

“Con todo, el límite señalado en el inciso anterior podrá ser de hasta un 6% de la renta líquida imponible, sólo cuando las donaciones que se efectúen por sobre el límite del 5% sean de aquellas reguladas por el artículo 8° de la Ley N° 18.985.

No obstante lo dispuesto en el inciso primero y en las leyes allí citadas, los donantes podrán asumir, mediante escritura pública, el compromiso de donar para la ejecución de uno o más proyectos, programas o actividades, por períodos no inferiores a 4 años comerciales. En este caso, si el donante se encuentra en una situación de pérdida tributaria en alguno de los ejercicios y sólo en la medida que ello no ocurra en más de un 50% del período por el cual se comprometió a efectuar donaciones, podrá rebajar como gasto la donación respectiva con un máximo equivalente al 1,6% o del capital propio tributario de la empresa. Con todo, el contribuyente no podrá efectuar la rebaja señalada si en el primer ejercicio del período comprometido obtiene una pérdida tributaria.”.

2) En el artículo 11°:

a) Sustitúyese el inciso primero por los siguientes incisos:

“Las instituciones que reciban donaciones acogidas a la presente ley o a otras que otorguen un beneficio tributario al donante, no podrán efectuar, directamente o a través de entidades relacionadas en los términos señalados en el artículo 100° de la Ley N° 18.045, en el año inmediatamente anterior a aquel en que se efectúe la donación o en tanto ésta no se hubiere utilizado íntegramente por la donataria, ninguna prestación, en forma exclusiva, en condiciones especiales o exigiendo menos requisitos que los que exijan en general, en favor del donante, sus empleados directores, o sus parientes consanguíneos hasta el segundo grado o el cónyuge, de todos éstos. Se encuentran en esta situación, las siguientes prestaciones: el traspaso de bienes o prestación de servicios financiados con la donación; la entrega de la comercialización o distribución de tales bienes o servicios, en ambos casos cuando dichos bienes o servicios o la operación encomendada formen parte de la actividad económica del donante; el efectuar publicidad en favor del donante o de sus socios o directores, más allá de un razonable reconocimiento, o el entregar bienes o prestar servicios financiados con las donaciones que signifiquen para el donante, sus socios o directores un abaratamiento de sus costos de producción, un aumento de la rentabilidad de sus negocios o el desarrollo de una nueva actividad.

Con todo, lo dispuesto en este artículo no se aplicará cuando las prestaciones efectuadas por el donatario o terceros relacionados o contratados por éste, en favor del donante, tengan un valor que no supere el 10% del monto donado, considerando para éste efecto los valores corrientes en plaza de los respectivos bienes o servicios.”.

b) Agrégase como inciso final el siguiente:

“Asimismo, el donante y el donatario que no cumplan con lo dispuesto en este artículo serán sancionados con una multa del cincuenta por ciento al trescientos por ciento del impuesto que hubiere dejado de pagar el donante con ocasión de la donación. La aplicación de esta sanción se sujetará al procedimiento establecido en el artículo 165 del Código Tributario.”.

Artículo 3º.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el N° 24 del artículo 97° del Código Tributario:

1) En el inciso primero:

a) Intercálase, a continuación de la coma (,) que sigue al guarismo “1974”, las siguientes expresiones: “que hubieren sido sancionados a lo menos en una ocasión en los últimos 3 años, por incurrir en la infracción establecida en el último inciso del artículo 11° de la Ley N° 19.885,”.

b) Sustitúyese la expresión “contraprestaciones directas o indirectas” por “prestaciones prohibidas por el artículo 11° de la Ley N° 19.885, a su favor”;

c) Intercálase entre la palabra “directores” y la expresión “o parientes consanguíneos”, una coma(,);

d) Sustitúyese la palabra “éstos”, estableciendo a continuación de la expresión “parientes consanguíneos de” por “cualquiera de ellos”, y

e) Sustitúyense las palabras “medio a máximo” por “mínimo a medio y con multa de hasta 40 Unidades Tributarias Anuales.”.

2) En el inciso segundo, reemplázanse las palabras “medio a máximo” y el punto final que las sigue (.), por “mínimo a medio y con multa de hasta 40 Unidades Tributarias Anuales.”.

3) En el inciso tercero, reemplázanse las palabras “medio a máximo” y el punto final que las sigue, por “mínimo a medio y con multa de hasta 40 Unidades Tributarias Anuales.”.

NORMAS TRANSITORIAS

Artículo 1°.- Las modificaciones introducidas en los numerales 1) y 2) letra a) del Artículo 2°, regirán desde el 1° de enero del año 2006.”.

Artículo 2°.- El mayor gasto que pudiera irrogar el artículo 1º de esta ley para el Servicio Electoral durante el año 2005, se solventará con cargo a los recursos que se contemplen en el presupuesto del Servicio.”.

Dios guarde a V.E.,

(Fdo.): RICARDO LAGOS ESCOBAR, Presidente de la República ; FRANCISCO VIDAL SALINAS , Ministro del Interior ; NICOLÁS EYZAGUIRRE GUZMÁN , Ministro de Hacienda ”.

INFORME FINANCIERO

PROYECTO DE LEY QUE INTRODUCE MODIFICACIONES EN MATERIA DE GASTO ELECTORAL

Mensaje Nº 237-353

La presente iniciativa legal introduce modificaciones en materia de gasto electoral, en dos órdenes de materia. Por una parte, repone el fraccionamiento de los aportes reservados; por la otra, realiza ajuste en materia de donaciones.

1. En el artículo 1º se introduce una modificación al artículo 19 de la ley Nº 19.884 sobre transparencia, límite y control del gasto electoral con el objeto de reponer el sistema llamado “fraccionamiento de los aportes reservados”. Con ello se busca impedir la certeza acerca de quién y cuánto le aportó un donante a un candidato.

2. En el artículo 2º se introduce algunos ajustes a la ley Nº 19.885, que estableció normas a las donaciones con beneficios tributarios. Específicamente, se aumenta el límite global total de las donaciones con beneficios tributarios de un 4,5% a un 5% de la renta líquida imponible de primera categoría de la ley de la renta, respecto de la empresa donante.

No obstante, y considerando la importancia que el Gobierno asigna al desarrollo de la cultura en el país, el límite señalado se aumenta a un 6%, cuando las donaciones que se efectúen sobre el límite de 5% sean de aquellas reguladas por las normas de la ley que establece el beneficio tributario para las donaciones con fines culturales.

La modificación establecida en el numeral 1º de este proyecto de ley no irrogará un mayor gasto fiscal. Respecto a lo establecido en el artículo 2º, si se supone que a partir de 2006 aumenta el monto de donaciones afectas a beneficios tributarios en la misma proporción en la que este proyecto incrementa el límite a las mismas y en el monto de crecimiento proyectado por el Banco Central para la economía en 2006, estas donaciones se incrementarán en $ 7.350 millones en pesos de 2005, los que generarán créditos tributarios por estas donaciones de $ 3.675 millones a ser impetrados en la operación renta de 2007. Igualmente, dado que el contribuyente tiene derecho a rebajar de la base imponible del Impuesto de 1ª categoría el 20% restante de la donación, este efecto generará una menor recaudación adicional de $ 625 millones de 2005. Así, el costo fiscal total del aumento de 4,5% a 6% del límite global será de $ 4.300 millones de pesos de 2005, y comenzará a operacionalizarse a través de una menor recaudación de impuesto a la renta en la Operación Renta de 2007.

(Fdo.): MARIO MARCEL CULLELL ; Director de Presupuestos ?.

3. Oficio de S.E. el Presidente de la República.

“Honorable Cámara de Diputados:

En uso de las facultades que me confiere el artículo 71 de la Constitución Política de la República, hago presente la urgencia en el despacho, en todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en el honorable Senado-, respecto del proyecto de ley en materia de gasto electoral y de donaciones con beneficios. (boletín Nº 3979-06).

Para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley Nº 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, califico de “discusión inmediata” la referida urgencia.

Dios guarde a V.E.,

(Fdo.): RICARDO LAGOS ESCOBAR, Presidente de la República ; EDUARDO DOCKENDORFF VALLEJOS , Ministro Secretario General de la Presidencia ”.

4. Oficio de S.E. el Presidente de la República.

“Honorable Cámara de Diputados:

En uso de las facultades que me confiere el artículo 71 de la Constitución Política de la República, hago presente la urgencia en el despacho, en todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en el honorable Senado-, respecto del proyecto de ley que mejora condiciones de retiro de los trabajadores del sector público con bajas tasas de reemplazo de sus pensiones presentado por mensaje Nº 239-353, de 5 de septiembre de 2005.

Para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley Nº 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, califico de “discusión inmediata” la referida urgencia.

Dios guarde a V.E.,

(Fdo.): RICARDO LAGOS ESCOBAR, Presidente de la República ; EDUARDO DOCKENDORFF VALLEJOS , Ministro Secretario General de la Presidencia ”.

5. Oficio del Senado.

“Valparaíso, 6 de septiembre de 2005.

Tengo a honra comunicar a vuestra Excelencia que el Senado ha aprobado, en los mismos términos en que lo hizo esa Honorable Cámara, el proyecto de ley que autoriza la modificación de los Estatutos de la Universidad de Chile, correspondiente al Boletín Nº 3.850-04.

Lo que comunico a vuestra Excelencia en respuesta a su oficio Nº 5785, de 16 de agosto de 2005.

Devuelvo los antecedentes respectivos.

Dios guarde a vuestra Excelencia.

(Fdo.): SERGIO ROMERO PIZARRO , Presidente del Senado ; CARLOS HOFFMANN CONTRERAS , Secretario General del Senado ?.

6. Oficio del Senado.

Valparaíso, 6 de septiembre de 2005.

Tengo a honra comunicar a vuestra Excelencia que el Senado ha aprobado, en los mismos términos en que lo hizo esa Honorable Cámara, el proyecto de acuerdo aprobatorio del Acuerdo por el cual se sustituyen los artículos 10 y 12 del Convenio Sobre Servicios Aéreos entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República de Corea, suscrito el 14 de Agosto de 1979, en la forma consignada en los Apéndices 2 y 3 del memorándum de entendimiento adoptado por ambos Gobiernos el 11 de mayo de 2001, en Los Angeles, Estados Unidos de América, correspondiente al Boletín Nº 3.218-10.

Lo que comunico a vuestra Excelencia en respuesta a su oficio Nº 5746, de 2 de agosto de 2005.

Devuelvo los antecedentes respectivos.

Dios guarde a vuestra Excelencia.

(Fdo.): SERGIO ROMERO PIZARRO , Presidente del Senado ; CARLOS HOFFMANN CONTRERAS , Secretario General del Senado ?.

7. Oficio del Senado.

“Valparaíso, 6 de septiembre de 2005.

Tengo a honra comunicar a vuestra Excelencia que el Senado ha aprobado, en los mismos términos en que lo hizo esa Honorable Cámara, el proyecto de acuerdo aprobatorio del “Convenio sobre los Servicios Aéreos entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República Italiana” y su anexo, suscrito en la ciudad de Roma, el 27 de febrero de 2002, correspondiente al Boletín Nº 3.570-10.

Lo que comunico a vuestra Excelencia en respuesta a su oficio Nº 5655, de 21 de junio de 2005.

Devuelvo los antecedentes respectivos.

Dios guarde a vuestra Excelencia.

(Fdo.): SERGIO ROMERO PIZARRO , Presidente del Senado ; CARLOS HOFFMANN CONTRERAS , Secretario General del Senado ?.

8. Oficio del Senado.

“Valparaíso, 6 de septiembre de 2005.

Tengo a honra comunicar a vuestra Excelencia que el Senado ha aprobado, en los mismos términos en que lo hizo esa Honorable Cámara, el proyecto de acuerdo aprobatorio del “Acuerdo entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de Australia sobre Servicios Aéreos” y su Anexo, suscritos el 7 de septiembre de 2001, correspondiente al Boletín Nº 3.858-10.

Lo que comunico a vuestra Excelencia en respuesta a su oficio Nº 5732, de 20 de julio de 2005.

Devuelvo los antecedentes respectivos.

Dios guarde a vuestra Excelencia.

(Fdo.): SERGIO ROMERO PIZARRO , Presidente del Senado ; CARLOS HOFFMANN CONTRERAS , Secretario General del Senado ?.

9. Oficio del Senado.

“Valparaíso, 6 de septiembre de 2005.

Tengo a honra comunicar a vuestra Excelencia que el Senado ha aprobado, en los mismos términos en que lo hizo esa Honorable Cámara, el proyecto de acuerdo aprobatorio del “Convenio de Transporte Aéreo entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República Oriental del Uruguay”, suscrito el 27 de Abril de 2004, correspondiente al Boletín Nº 3.870-10.

Lo que comunico a vuestra Excelencia en respuesta a su oficio Nº 5733, de 20 de julio de 2005.

Devuelvo los antecedentes respectivos.

Dios guarde a vuestra Excelencia.

(Fdo.): SERGIO ROMERO PIZARRO , Presidente del Senado ; CARLOS HOFFMANN CONTRERAS , Secretario General del Senado ?.

10. Oficio del Senado.

“Valparaíso, 6 de septiembre de 2005.

Tengo a honra comunicar a vuestra Excelencia que el Senado ha aprobado, en los mismos términos en que lo hizo esa Honorable Cámara, el proyecto de acuerdo aprobatorio del “Acuerdo entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de Canadá sobre Transporte Aéreo” y su anexo, suscrito el 4 de diciembre de 2003, correspondiente al Boletín Nº 3871-10.

Lo que comunico a vuestra Excelencia en respuesta a su oficio Nº 5734, de 20 de julio de 2005.

Devuelvo los antecedentes respectivos.

Dios guarde a vuestra Excelencia.

(Fdo.): SERGIO ROMERO PIZARRO , Presidente del Senado ; CARLOS HOFFMANN CONTRERAS , Secretario General del Senado ?.

11. Oficio del Senado.

“Valparaíso, 6 de septiembre de 2005.

Tengo a honra comunicar a vuestra Excelencia que el Senado ha aprobado, en los mismos términos en que lo hizo esa Honorable Cámara, el proyecto de acuerdo aprobatorio del “Acuerdo entre el Gobierno de la República de Chile y el Consejo Federal Suizo sobre Transporte Aéreo” y su anexo, suscritos en Berna, Suiza, el 22 de julio de 2004, correspondiente al Boletín Nº 3872-10.

Lo que comunico a vuestra Excelencia en respuesta a su oficio Nº 5735, de 20 de julio de 2005.

Devuelvo los antecedentes respectivos.

Dios guarde a vuestra Excelencia.

(Fdo.): SERGIO ROMERO PIZARRO , Presidente del Senado ; CARLOS HOFFMANN CONTRERAS , Secretario General del Senado ?.

12. Informe de la Comisión de Hacienda recaído en el proyecto de ley que crea fondos de estabilización de precios de combustibles derivados del petróleo. (boletín Nº 3978-05)

“Honorable Cámara:

La Comisión de Hacienda informa, en primer trámite constitucional y en primero reglamentario, con urgencia calificada de “discusión inmediata”, el proyecto mencionado en el epígrafe, iniciado en Mensaje de S.E. el Presidente de la República .

I. CONSTANCIAS REGLAMENTARIAS PREVIAS.

Para los efectos constitucionales, legales y reglamentarios pertinentes, se hace constar, en lo sustancial, previamente al análisis de fondo y forma de esta iniciativa, lo siguiente:

1° Que la idea matriz o fundamental del proyecto en informe es establecer un mecanismo de estabilización del precio de los combustibles de carácter transitorio, en respuesta a la situación coyuntural generada en el mercado del petróleo y sus derivados estos últimos días.

2° Que el articulado de esta iniciativa no contiene disposiciones calificadas de orgánico constitucionales o de quórum calificado.

3° Que el proyecto fue aprobado, en general, por 11 votos a favor y 1 voto en contra. Votaron a favor los Diputados señores Alvarado, don Claudio ; Alvarez, don Rodrigo ; Dittborn, don Julio ; Escalona, don Camilo ; Hidalgo, don Carlos ; Jaramillo, don Enrique ; Lorenzini, don Pablo ; Ortiz, don José Miguel ; Pérez, don José , Silva, don Exequiel y Tuma, don Eugenio . Votó en contra el Diputado Kuschel, don Carlos Ignacio .

4° Que Diputado Informante se designó al señor Eugenio Tuma .

-o-

Asistieron a la Comisión durante el estudio del proyecto los señores Nicolás Eyzaguirre , Ministro de Hacienda ; Claudio Juárez , Jefe de la División de Finanzas Públicas de la Dirección de Presupuestos y Gabriel Bauza, Ejecutivo de Enap.

II. ANTECEDENTES GENERALES.

Se sostiene en el Mensaje que el mercado internacional del petróleo se encuentra nuevamente convulsionado producto de los fenómenos climáticos que han afectado el hemisferio norte con singular fuerza (Huracán Katrina), impactando de manera significativa los precios de los principales derivados del petróleo. En efecto, producto de estos hechos la capacidad de refinación de los combustibles derivados del petróleo se ha reducido significativamente en la Costa del Golfo, nuestro principal mercado de referencia. Aquello ha implicado que los diferenciales de refinación, esto es, en términos simples, los costos que se debe agregar al precio del crudo para establecer el precio del derivado (gasolina, diésel, kerosene) aumentaran fuertemente, pasando, por ejemplo, en el caso de las gasolinas, de valores en torno a los US$ 15 dólares por barril a US$ 40 dólares el barril.

Se hace presente que la mayor parte del combustible que se vende en el país es producto de la refinación de petróleo crudo importado, en las refinerías de la Empresa Nacional del Petróleo (Enap). A diferencia de lo que ocurre en la Costa del Golfo, dicha capacidad de refinación se encuentra intacta, y potenciada por las inversiones materializadas en años anteriores por esta empresa nacional. En consecuencia, los chilenos no tendrían por que enfrentar precios de los combustibles artificialmente altos producto de fenómenos naturales excepcionales.

Por ello, el Gobierno ha dispuesto apartarse de la política de fijación de precios de los combustibles a partir del precio de paridad de importación de estos refinados en la Costa del Golfo, que constituye el mercado de referencia.

Por su parte, el precio del petróleo crudo ha seguido una tendencia al alza. Ello se debe principalmente a la alta demanda de dicho producto debido al importante crecimiento que muestran varias de las economías del mundo. Siendo el petróleo un bien crecientemente escaso y estando hoy fuertemente demandado, producto del alto crecimiento económico, resulta natural que su precio se incremente, tendencia que seguramente persistirá por algún tiempo más.

Junto a lo anterior se da un escenario económico y fiscal favorable, que le permite al Gobierno establecer una política de estabilización del precio de los combustibles, producto del alto nivel del valor del petróleo crudo y de los diferenciales de refinación antes mencionados, que opere de manera transitoria hasta mediados del año 2006. Para ello se dispondrán recursos en un Fondo de Estabilización de Precios de los Derivados del Petróleo que operará durante el período indicado bajo un mecanismo especial que de cuenta de la situación anormal y transitoria en el mercado de los combustibles.

Por otra parte, el alto precio del cobre ha permitido acumular recursos en el Fondo de Compensación de los Ingresos del Cobre. Una política fiscal responsable indica que dichos recursos deben ser reservados para períodos de menor crecimiento económico y menor precio del cobre. De esa forma, la economía del país se hace menos vulnerable a los ciclos de la economía. Sin embargo, esta acumulación de recursos implica la obtención de montos adicionales producto de la rentabilidad financiera obtenida de la colocación en los mercados de capitales de los recursos del fondo que están por sobre los que estaban previstos, en atención a los mayores precios registrados por el metal, respecto de las últimas estimaciones del Ministerio de Hacienda.

La medida que propone el proyecto de ley operará para la gasolina, el diesel y el kerosene doméstico. La situación de los demás combustibles (gas licuado de petróleo y petróleos combustibles) no ameritaría medidas fiscales adicionales de estabilización.

III. CONTENIDO DEL PROYECTO.

El mecanismo que el proyecto propone consiste en el establecimiento de una banda de precios para cada combustible. Si el precio de paridad de importación supera el máximo de la banda, el Gobierno entregará un crédito fiscal al productor o importador del combustible equivalente a la diferencia de precios, lo que permitirá que el precio de venta a público no supere el máximo de la banda, estabilizando el precio. Del mismo modo, si el precio de paridad de importación está por debajo del mínimo de la banda, se aplicará un impuesto de beneficio fiscal que permitirá reinyectar recursos al fondo.

El aporte inicial previsto para el Fondo será de diez millones de dólares y corresponde a la rentabilidad financiera obtenida por los recursos adicionales inyectados al Fondo de Compensación de los Ingresos del Cobre derivados de los mayores precios del metal anteriores al mes de septiembre (1,39 US$/lb informada a junio de 2005 vs. un promedio del orden de 1,55 US$/lb). Luego, periódicamente se irán sumando al Fondo los intereses ganados por estos recursos adicionales y los que se vayan generando en tanto el precio del cobre siga alto. Esto es consistente con una política de estabilización de precios de los combustibles originada en valores crecientes del crudo por condiciones de demanda, condiciones que también mantienen alto el precio del cobre. En el caso que los valores del crudo se incrementen por situaciones que no afectan de igual manera el precio del cobre, el mecanismo considera el ajuste gradual de las compensaciones de manera de evitar el agotamiento brusco del Fondo.

IV. ANTECEDENTES PRESUPUESTARIOS O FINANCIEROS.

El informe financiero elaborado por la Dirección de Presupuestos, con fecha 6 de septiembre de 2005, señala que la aplicación del proyecto contempla el siguiente financiamiento:

a) Aporte inicial.

El aporte inicial será de 10 millones de dólares, que corresponde a los ingresos financieros de los recursos del Fondo de Compensación de los Ingresos del Cobre que no estaban contemplados en la revisión a junio contenida en el documento “Evaluación de la Gestión Financiera del Sector Público en 2004, y actualización de Proyecciones para 2005”, presentada a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos del Congreso Nacional por el Director de Presupuestos, que consideraba un precio de cobre de 139,3 cUS$/lb.

Durante el período entre enero y agosto de 2005, dicho Fondo ha percibido un ingreso de 200,0 millones de dólares, adicionales a los ingresos obtenidos en el escenario de 139,3 cUS$/lb, que junto al saldo inicial del Fondo de 207,8 millones de dólares y a las alzas en las tasas internacionales de referencia han permitido acumular este excedente.

b) Aportes mensuales.

Los saldos acumulados a agosto, seguirán aportando en lo que queda del año unos 0,7 millones de dólares al mes, que corresponde a los ingresos financieros del mismo saldo. Durante diciembre se estima un aporte adicional de 0,8 millones de dólares.

Adicionalmente, se incorporarán a dicho saldo los ingresos financieros por los nuevos aportes extraordinarios al Fondo, producto de los eventuales aumentos en el precio del cobre, por sobre 139,3 cUS$/lb durante el 2004 y por el supuesto de precio promedio anual que se considere en la elaboración del proyecto de Ley de Presupuestos para el 2006.

La aplicación del presente proyecto contempla los siguientes costos fiscales:

Se estima un costo fiscal total de la aplicación del mecanismo hasta el 30 de junio del 2006 de US$ 24 millones, que supone un precio de referencia asociado a un crudo WTI estable 67,6 US$/bbl. De éstos US$ 13,6 millones estarán financiados por el mayor precio durante el 2005.

Dichos costos incluyen sólo el aporte necesario por las importaciones privadas, las que se estiman en un 10% del total del consumo nacional.

La compensación a Enap se efectuará a través de un procedimiento contable, consistente en la acumulación de los eventuales pagos por crédito fiscal en una cuenta del activo, y la deducción del saldo de dicha cuenta contable de los eventuales impuestos en beneficio del Fondo que Enap recaude. El efecto fiscal de este tratamiento implicará menores traspasos de excedentes o pagos de impuestos futuros por parte de Enap, al aplicar el saldo positivo de la cuenta antes señalada.

Se estima que por cada dólar por barril que subsidie este Fondo al mes, se imputará en la cuenta contable de Enap un equivalente a US$ 3 millones, mientras que el Fondo desembolsará US$ 0,3 millones, lo que se financiará parcialmente con mayores intereses de la inversión de recursos del Fondo de Compensación de los Ingresos del Cobre en la medida que se mantenga la correlación positiva que históricamente se ha observado en los precios internacionales de ambos productos ante una expansión de la demanda.

V. DISCUSIÓN GENERAL Y PARTICULAR DEL PROYECTO.

A. Discusión general

En el debate de la Comisión intervino el señor Nicolás Eyzaguirre , Ministro de Hacienda , entregando una información detallada de los fundamentos de la iniciativa y de los diferentes escenarios en que operaran los mecanismos de estabilización propuestos, aspectos que se encuentran consignados en el Acta de la sesión.

Puesto en votación en general el proyecto fue aprobado por 11 votos a favor y 1 voto en contra.

B. Discusión particular

El proyecto consta de 10 artículos permanentes y 6 artículos transitorios.

El Ejecutivo formuló una indicación para reemplazar en el artículo 3° transitorio la tabla propuesta, por la siguiente:

US$/barril

Gasolina automotriz

15

Kerosene doméstico

14

Petróleo diésel

9,5

Puesto en votación el articulado del proyecto y la indicación precedente fue aprobado por 10 votos a favor y 1 voto en contra, con excepción del artículo 9° que fue aprobado por unanimidad.

VI. ARTÍCULOS E INDICACIONES RECHAZADOS POR LA COMISIÓN.

Ninguna.

VII. ARTÍCULOS QUE FUERON APROBADOS POR UNANIMIDAD.

El artículo 9°.

Se han introducido al proyecto modificaciones formales que se recogen en el texto propuesto a continuación.

VIII. TEXTO APROBADO POR LA COMISIÓN.

En virtud de lo antes expuesto y de los antecedentes que dará a conocer oportunamente el señor Diputado Informante , la Comisión de Hacienda recomienda la aprobación del siguiente:

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- Créase un mecanismo de estabilización de precios que operará a través de un Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles Derivados Del Petróleo, en adelante “el fondo”, con el objeto de atenuar las variaciones de los precios de venta internos de la gasolina automotriz, el petróleo diesel y el kerosene doméstico, motivadas por fluctuaciones de sus cotizaciones internacionales. Dicho mecanismo regirá a partir del lunes de la semana siguiente a la de publicación de la presente ley y hasta el 30 de junio de 2006

El fondo operará con los recursos fiscales que se consultan en el artículo 5° de esta ley y se mantendrá en una cuenta especial del Servicio de Tesorerías.

Artículo 2º.- Los aportes y retiros del fondo se determinarán considerando las variaciones de los precios de paridad de importación, respecto a precios de referencia superior e inferior calculados a partir del precio de referencia intermedio. Estos precios de referencia serán determinados semanalmente por el Ministerio de Minería, mediante decreto supremo dictado bajo la fórmula “por orden del Presidente de la República ”, para los combustibles derivados del petróleo que se identifican en el artículo anterior. El decreto se dictará previo informe de la Comisión Nacional de Energía.

Los precios de referencia intermedios se determinarán considerando como base el precio del petróleo crudo West Texas Intermediate (WTI), un diferencial de refinación determinado y los demás costos e impuestos necesarios para representar el valor del respectivo derivado puesto en Chile. La determinación se hará mediante decreto emitido por el Ministerio de Minería, previo informe de la Comisión Nacional de Energía, el que deberá llevar la firma del Ministro de Hacienda , suscrito bajo la fórmula “por orden del Presidente de la República ”. El diferencial de refinación tendrá una vigencia mínima de cuatro semanas y podrá ser modificado en la forma antes referida.

El valor del petróleo crudo WTI a utilizar en la determinación del precio de referencia intermedio de los combustibles, corresponderá al promedio móvil de los precios promedio semanales del petróleo crudo WTI, en el período comprendido entre “n” semanas hacia atrás contadas desde la semana respectiva, y “m” meses hacia adelante considerando precios en los mercados de futuros. El informe de la Comisión Nacional de Energía a que se refiere el inciso primero deberá indicar la metodología de cálculo del citado promedio móvil.

El valor de los parámetros “n” y “m” tendrá una vigencia mínima de cuatro semanas, pudiendo ser modificados en el respectivo decreto que fija los precios de referencia, previo informe de la Comisión Nacional de Energía. No obstante lo anterior, los valores máximos de “n” y “m” corresponderán a 52 semanas y seis meses respectivamente.

La Comisión Nacional de Energía deberá explicitar en su informe los precios de referencia intermedio y la metodología usada para estimar estos precios.

Los precios de referencia superior o inferior, no podrán diferir de un cinco por ciento del precio de referencia intermedio correspondiente. El precio de referencia intermedio calculado y el resultado de la aplicación del porcentaje de 5,0 referido anteriormente, se restringirá al primer decimal, truncando el resto.

Para los efectos de la operación del Fondo se entenderá por precio de paridad de importación, la menor cotización promedio semanal observada de entre los mercados internacionales relevantes de los combustibles a que se refiere esta ley y para calidades similares a las vigentes en Chile, incluidos los costos de transporte, seguros y otros, cuando corresponda. Para estos efectos se considerarán al menos tres mercados relevantes de entre los mercados de América, Europa y Asia.

El precio de paridad de cada producto será fijado semanalmente por el Ministerio de Minería, previo informe de la Comisión Nacional de Energía. Este será calculado, por primera vez, dentro de la semana de publicación de esta ley, considerando los precios promedio observados la semana anterior y regirá a partir del primer día de la semana siguiente. En lo sucesivo, el precio de paridad se fijará una vez por semana, considerando los precios promedio observados en la semana anterior y entrará en vigencia el primer día de la semana siguiente a su fijación.

Tales precios o valores serán mera referencia y no constituirán precios mínimos ni máximos de venta.

Los decretos que se dicten en virtud de lo dispuesto en este artículo y en el artículo 6º, podrán ejecutarse desde la fecha señalada en los mismos, aún antes de su toma de razón, debiendo ser enviados a la Contraloría General de la República dentro de los 30 días de dispuesta la medida.

Artículo 3º.- El Fondo recibirá aportes del Fisco cuando el precio de referencia inferior sea mayor que el precio de paridad.

El monto de los aportes por cada producto, será igual al resultante de la aplicación de la fórmula de determinación de los impuestos señalada en la letra a) del inciso primero del artículo 6º de esta ley, multiplicado por la suma de los metros cúbicos efectivamente internados por los importadores, sin considerar para estos efectos las ventas e importaciones que realice la Empresa Nacional del Petróleo, con exclusión de las cantidades afectas a los mecanismos específicos que se establezcan conforme al artículo 7º de esta ley.

Artículo 4º.- El Fisco retirará recursos del Fondo cuando el precio de paridad de un producto sea mayor que su precio de referencia superior. El monto de los retiros por cada producto, será el resultante de la aplicación de la fórmula de determinación de los créditos fiscales establecidos en la letra b) del inciso primero del artículo 6º, multiplicado por la suma, en metros cúbicos, de la internación efectiva realizada por los importadores, con las mismas exclusiones señaladas en el inciso segundo del artículo precedente.

Artículo 5º.- El Fondo se constituirá con diez millones de dólares de los Estados Unidos de América, que el Ministro de Hacienda transferirá de los recursos correspondientes a los ingresos financieros obtenidos de la colocación de los saldos de los recursos contemplados en el Fondo de Compensación de los Ingresos del Cobre obtenidos a partir del 1 de enero de 2005 y hasta el 31 de agosto del mismo año, en virtud de registrarse precios del cobre superiores a los precios estimados actualizados por el Ministerio de Hacienda para el año 2005.

Los recursos adicionales por mayor precio del cobre indicados en el inciso anterior, pasarán a constituir una cuenta especial dentro del Fondo de Compensación de los Ingresos del Cobre. A dicha cuenta se adicionarán los montos que se ingresen al citado fondo del cobre a partir del 1 de septiembre de 2005 y hasta el 30 de junio de 2006 producto del mayor precio del cobre respecto de la estimación del Ministerio de Hacienda.

A partir del 1 de octubre de 2005 y hasta el 30 de junio de 2006, los ingresos financieros obtenidos por la colocación de los recursos de la cuenta especial a que se refiere el inciso segundo de este artículo durante el mes anterior, serán adicionados al fondo. Los aportes deberán constar en decretos que serán emitidos mensualmente por el Ministerio de Hacienda de conformidad al artículo 70 del decreto ley N°1.263, de 1975. El Fisco podrá colocar todo o parte de los recursos de la cuenta especial en instrumentos financieros, distintos de acciones, cuyo rendimiento dependa del precio del petróleo crudo o sus derivados.

Los impuestos y créditos fiscales establecidos en el artículo 6º de esta ley, se determinarán y calcularán para cada uno de los productos señalados en el artículo 1°.

Artículo 6º.- Establécese a beneficio o de cargo fiscal, según corresponda, los siguientes impuestos y créditos fiscales específicos de tasa variable, a los combustibles a que se refiere esta ley:

a) Si el precio de referencia inferior es mayor que el precio de paridad, el producto estará gravado por un impuesto cuyo monto por metro cúbico, vendido o importado, según corresponda, será igual a la diferencia entre ambos precios.

b) Si el precio de paridad excede al precio de referencia superior, operará un crédito fiscal, por metro cúbico, vendido o importado, según corresponda, de monto igual a la diferencia entre ambos precios.

Los referidos impuestos o créditos fiscales específicos, según sea el caso, se devengarán al tiempo de la primera venta o importación de los productos señalados y gravarán o beneficiarán al productor, refinador o importador de ellos.

El crédito fiscal por cada metro cúbico vendido o importado podrá ser reducido mediante decreto supremo emitido por el Ministerio de Minería, previo informe de la Comisión Nacional de Energía, el que deberá llevar la firma del Ministro de Hacienda , bajo la fórmula “por orden del Presidente de la República ”, en el evento que la proyección de importaciones de los derivados a que se refiere esta ley para las próximas 12 semanas multiplicada por los créditos fiscales a que se refiere la letra b) que se encuentren vigentes, sea superior al saldo del fondo más la proyección de los ingresos financieros en que debiera incrementarse durante el mismo período. Para estos efectos no se considerarán las importaciones de la Empresa Nacional del Petróleo en virtud de lo dispuesto en el artículo 8° de la presente ley. El ajuste será el necesario para que el fondo proyectado no se agote en el lapso indicado y podrá ser distinto para cada combustible considerando su incidencia proyectada en el uso del fondo. Las proyecciones antes referidas deberán constar en informes de la Comisión Nacional de Energía, tratándose de las importaciones, y de la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, tratándose de los ingresos financieros.

Con todo, en el evento que el fondo se agote, dejarán de regir desde la semana siguiente a dicho evento los créditos fiscales a que se refiere este artículo.

El monto del impuesto o crédito fiscal específico se expresará en dólares de los Estados Unidos de América y deberá ser pagado o aportado en su equivalente en moneda nacional según el tipo de cambio observado en la fecha y forma que se establezca en el reglamento.

Estos montos se calcularán por primera vez dentro de la semana en que se publique esta ley, considerando los precios de referencia calculados a partir de lo dispuesto en el artículo 1° transitorio de esta ley y los precios de paridad de importación vigentes. Estos montos regirán a partir del primer día de la semana siguiente y se modificarán cada vez que entren en vigencia nuevos precios de paridad o de referencia.

Los impuestos que se establecen por la presente ley no constituirán base imponible del impuesto al valor agregado en ninguna etapa de la importación, producción, refinación y distribución ni en la venta al consumidor. Los créditos fiscales serán deducibles de la base imponible en la primera venta o en la importación.

Artículo 7º.- A contar de la vigencia de esta ley, quienes exporten combustibles derivados del petróleo, que hubieren pagado el impuesto o percibido el crédito fiscal que establece el artículo anterior, por los productos que exporten tendrán derecho al reintegro del impuesto o deberán reembolsar el crédito fiscal, según corresponda, considerando los valores vigentes a la fecha de la exportación.

Igual tratamiento recibirán las compras que realice la Marina Mercante en el territorio nacional.

Aquellas personas que obtengan indebida y dolosamente créditos fiscales o reintegro de los impuestos establecidos en esta ley, serán sancionados en la forma prevista en el artículo 97 Nº 4 del Código Tributario, siendo aplicable para la tramitación, determinación y aplicación de dicha sanción el procedimiento establecido en los artículos 162 y 163 del mismo código.

En caso de la no restitución oportuna de créditos fiscales obtenidos en exceso, sin fraude, se devolverá con los intereses y multas que se aplican al pago no oportuno de impuesto de retención y recargo.

Artículo 8º.- Los créditos que obtenga la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) en virtud de la presente ley y durante su vigencia, se acumularán en una cuenta del activo de la referida empresa. Los impuestos que ENAP deba pagar por aplicación de lo dispuesto en el artículo 6° podrán ser imputados a los créditos fiscales acumulados a favor de la empresa rebajándose de la respectiva cuenta.

Mediante decreto supremo expedido por el Ministerio de Hacienda y que deberá llevar también la firma del Ministro de Minería , y que se expedirá bajo la fórmula “por orden del Presidente de la República ”, se establecerán las modalidades con las cuales la Empresa Nacional del Petróleo podrá hacer efectivos los créditos fiscales obtenidos en virtud de la presente ley.

Con todo, si al 30 de junio de 2006 la cuenta referida en el inciso primero registra un saldo a favor de Enap, la empresa tendrá derecho a imputar dicho saldo a partir del 1 de julio de 2007 en la forma dispuesta en el decreto supremo referido en el inciso anterior. El Fisco podrá saldar dicha cuenta total o parcialmente mediante la capitalización de utilidades acumuladas en la forma que se disponga mediante decreto supremo expedido por el Ministerio de Hacienda y que deberá llevar también la firma del Ministro de Minería .

Artículo 9°.- En tanto no se haya dictado un reglamento para la presente ley, será aplicable, en lo que resulte pertinente, el reglamento de la ley N°19.030.

Artículo 10.- Las normas de carácter impositivo contenidas en esta ley regirán a contar desde la fecha de su publicación en el Diario Oficial.

Artículo 1° transitorio.- Para efectos del promedio móvil a que se refiere el artículo 2° de la presente ley, los precios del petróleo crudo WTI para cada una de las semanas anteriores a aquella que se inicia el 12 de septiembre de 2005, considerarán un precio del petróleo crudo WTI de US$ 65,7 por barril.

Artículo 2° transitorio.- Los valores de “n” (precios históricos) y “m” (precios futuros) referidos en el artículo 2° de la presente ley, durante su primer mes de vigencia corresponderán a 26 semanas y 0 meses respectivamente.

Artículo 3° transitorio.- El valor del diferencial de refinación a que se refiere el artículo 2° de la presente ley, a considerar durante las cuatro primeras semanas de vigencia, para cada derivado del petróleo, será el siguiente:

US$/barril

Gasolina automotriz

15

Kerosene doméstico

14

Petróleo diésel

9,5

Artículo 4° transitorio.- En tanto la Comisión Nacional de Energía no disponga de los modelos de cálculo de precios de paridad para derivados puestos en Chile correspondientes a los diferentes mercados relevantes, se aplicarán los precios de paridad vigentes en la Costa Estadounidense del Golfo.

Con todo, los precios de paridad podrán ser corregidos para los efectos de la presente ley en el caso que los diferenciales de refinación de alguno de los derivados a que se refiere el artículo 1° exceda en más de un 10% a los indicados en el artículo anterior o a los que se encuentren vigentes. La corrección considerará llevar el respectivo precio de paridad al valor correspondiente al diferencial del artículo anterior o al que se encuentre vigente. Lo anterior deberá ser establecido en el respectivo informe de la Comisión Nacional de Energía.

Artículo 5° transitorio.- Durante la vigencia de esta ley, suspéndese el mecanismo de estabilización dispuesto en la ley N° 19.030 para los derivados del petróleo a que se refiere el artículo 1° de la presente ley.

Artículo 6° transitorio.- El saldo de la cuenta especial a que se refiere el artículo 3° de esta ley, al término de su vigencia, se mantendrá como parte de los recursos del Fondo de Compensación de los Ingresos del Cobre. El saldo a igual fecha del fondo a que se refiere el artículo 1° de la presente ley, en caso de ser positivo, recibirá el mismo tratamiento.”.

Acordado en sesión de fecha 6 de septiembre de 2005, con la asistencia de los Diputados señores Silva, don Exequiel ( Presidente ); Alvarado, don Claudio ; Alvarez, don Rodrigo ; Dittborn, don Julio ; Escalona, don Camilo ; Hidalgo, don Carlos ; Jaramillo, don Enrique ; Kuschel, don Carlos Ignacio ; Lorenzini, don Pablo (Villouta, don Edmundo) ; Ortiz, don José Miguel ; Pérez, don José , y Tuma, don Eugenio , según consta en el acta respectiva.

(Fdo.): JAVIER ROSSELOT JARAMILLO , Abogado Secretario de la Comisión ”.

13. Informe de las Comisiones Unidas de Salud y de Trabajo y Seguridad Social sobre la investigación realizada con respecto a incumplimientos de la normativa de salud ocupacional dentro del marco de la neumoconiosis y específicamente en torno a la silicosis.

“Honorable Cámara:

Vuestras Comisiones Unidas de Salud y de Trabajo y Seguridad Social vienen en informar de conformidad con lo dispuesto por el artículo 228 del Reglamento de la Corporación, sobre la investigación relativa al incumplimiento por parte del empresariado de la normativa de salud ocupacional vigente en el marco de la neumoconiosis, particularmente en lo relativo a lo establecido por la ley Nº 16.744 y por el decreto supremo Nº 594, del año 2000, del Ministerio de Salud; de la labor desarrollada por los servicios públicos con competencia en materias de prevención y de control de la salud ocupacional, específicamente en torno a enfermedades profesionales, así como también, sobre las facultades y recursos adicionales que requieren los organismos públicos para garantizar el cumplimiento de la normativa legal, todo ello conforme con las facultades que le otorgara la Sala, en sesión Nº 49, de fecha 10 de marzo de 2005, mediante el proyecto de acuerdo, que se transcribe a continuación.

I. PROYECTO DE ACUERDO N° 537.

“Considerando:

Que la silicosis, en la actividad minera, es una enfermedad profesional de antigua data.

Que los agentes causales de la silicosis están referidos al polvo de sílice, generador de una enfermedad de carácter pulmonar de la familia de las neumoconiosis, que se manifiesta en una alteración fibrótica de los pulmones producida por inhalación y retención de la sílice cristalizada y por reacción pulmonar a la misma.

Que este mal no sólo ataca el pulmón, sino que, también favorece el desarrollo de infecciones broncopulmonares, en especial de la tuberculosis, patología de difícil diagnóstico y tratamiento.

Que estudios recientes han permitido vincular la silicosis al cáncer. Hay suficiente evidencia médica para establecer que la silicosis afecta de manera definitiva el sistema inmunológico del organismo, haciéndolo incapaz de resistir, en condiciones normales, enfermedades tan comunes como el resfrío y otras, lo que causa cuadros complicados.

Que la silicosis es una enfermedad incurable, toda vez que el polvo de sílice depositado en el pulmón no es susceptible de ser extraído, razón por la cual acompaña al enfermo hasta el último instante de su vida.

Que los trabajadores de la División Andina de la Corporación Nacional del Cobre (Codelco), el 29 de agosto de 2003, se tomaron por cinco horas las instalaciones de la mina, como consecuencia del incumplimiento de la empresa de su obligación de reubicar a ciento cincuenta y tres ‘enfermos profesionales’ de silicosis.

Que este hecho es tanto más grave cuanto que del informe denominado ‘Mediciones y Monitoreo de Emisiones Codelco Andina’, de 22 de agosto, se desprende que los trabajadores de la mina Saladillo -de propiedad de esta empresa-, enfermos y no enfermos, se encuentran laborando en condiciones que amenazan su salud y su integridad física. La mina Saladillo presenta cifras de concentración ambiental de sílice que superan ampliamente el mínimo permitido por el Código Sanitario.

Que, conforme a lo establecido en el artículo 7° de la ley N° 16.744, es ‘enfermedad profesional’ la causada de manera directa por el ejercicio de la profesión o por el trabajo que realiza una persona y que le produzca la incapacidad o la muerte.

Que el decreto N° 109, de 10 de mayo de 1968, de la Subsecretaría de Previsión Social del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que aprueba el reglamento para la calificación y la evaluación de los accidentes del trabajo y de las enfermedades profesionales, en su artículo 19, número 4, incluye a la silicosis entre las neumoconiosis, declarándola ‘enfermedad profesional’. Por su parte, el artículo 24 del mismo cuerpo reglamentario la clasifica como ‘enfermedad invalidante’. El artículo 3° señala que se considera invalidez aquella incapacidad presumiblemente irreversible.

Que todos y cada uno de dichos trabajadores, para los efectos de ingresar a prestar servicios en la Corporación Nacional del Cobre (Codelco), han aprobado un examen de salud, en el cual se los ha declarado sanos y aptos para el trabajo, según las normas de reclutamiento de la empresa.

Que, como consecuencia de lo anterior, la enfermedad profesional ha sido adquirida por los trabajadores durante la actividad desarrollada en Codelco, la que, de esta manera, habría incumplido gravemente la obligación establecida en el artículo 184 del Código del Trabajo, el cual prescribe que el empleador estará obligado a tomar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y la salud de los trabajadores, manteniendo las condiciones adecuadas de higiene y seguridad en las faenas, como también los implementos para prevenir accidentes y enfermedades profesionales.

Que, sin embargo, respecto de los trabajadores enfermos, la empresa incumple persistentemente su obligación legal derivada del artículo 71 de la ley N° 16.744, sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, el cual estatuye la obligación de la empresa de trasladar a los ‘enfermos profesionales’ a otras faenas donde no estén expuestos al agente causante de la enfermedad y, además, de controlarlos con rayos X de buena calidad cada seis meses.

Que, tomando en consideración el total de trabajadores del mineral, este hecho representa un elevado porcentaje de trabajadores en riesgo, situación que es catastrófica e inaceptable para cualquier empresa y, con mayor razón, para Codelco.

Que esta circunstancia que afecta a los trabajadores de la División Andina de la Corporación Nacional del Cobre (Codelco) y a miles de empleados de esa empresa en cada una de las faenas minerales que posee en el país, también perjudica a innumerables personas que laboran en condiciones de exposición permanente al polvo de sílice en suspensión en otras actividades y en otras empresas.

Que el reconocimiento de la existencia de una realidad que daña a miles de trabajadores a lo largo del territorio nacional requiere observar el comportamiento de los servicios públicos o de las entidades fiscales con competencia en la materia para determinar si han actuado conforme al mandato legal de otorgar protección y asistencia a los trabajadores, ya sea por la vía de la acción directa o por la vía de la fiscalización apropiada y responsable de las actividades industriales o empresariales que impliquen una exposición permanente o prolongada al polvo de sílice en suspensión.

Que en 2004 han aparecido dieciséis nuevos casos de trabajadores diagnosticados con la tecnología de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), quienes presentan daños pulmonares serios con incapacidades laborales del 40%, del 50% y hasta del 70%, lo que demuestra lo tardío del diagnóstico y la alta incidencia de la silicosis en esa empresa. Por lo tanto, se puede inferir que, en el conjunto de todas las divisiones de Codelco, hay cerca de mil casos.

La Cámara de Diputados acuerda:

Disponer que las Comisiones de Salud y de Trabajo y Seguridad Social, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 228 del Reglamento de la Corporación, se aboquen al estudio y examen de los incumplimientos empresariales de la normativa de salud ocupacional vigente en el marco de la neumoconiosis, particularmente de lo dispuesto en la ley N° 16.744 y en el decreto supremo N° 594, de 29 de abril de 2000, del Ministerio de Salud; de la labor desempeñada por los servicios públicos mandatados legalmente a cumplir una labor de prevención y control en materia de salud ocupacional -particularmente en materia de enfermedades profesionales-, y de las facultades y recursos adicionales que requieren los organismos públicos para garantizar el cumplimiento de la ley.

Las Comisiones Unidas deberán desarrollar la investigación en un plazo máximo de setenta y cinco días desde su constitución.”

II. MARCO NORMATIVO.

1. La Constitución Política de la República, en su artículo 19, numeral 9º, establece el derecho a la protección de la salud.

2. Código Sanitario, su Título III se refiere a la higiene y seguridad de los lugares de trabajo y deja entregadas estas materias a un reglamento, como se señala a continuación.

3. Decreto supremo N° 594, del Ministerio de Salud, de 2000, establece el reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo, sin perjuicio de otras normativas específicas que se dicten sobre la materia.

En lo principal, establece los límites permisibles de exposición ambiental a agentes tanto químicos como físicos, y también, los límites de tolerancia biológica para trabajadores expuestos a riesgo ocupacional.

La fiscalización y control del cumplimiento de sus normas y las pertinentes del Código Sanitario quedan entregados a los servicios de salud.

Su artículo 3º, obliga a las empresas a mantener en los lugares de trabajo las condiciones sanitarias y ambientales necesarias para proteger tanto la vida como la salud de sus trabajadores, sean dependientes directos o de terceros contratistas que realizan labores para ella.

En lo que concierne a la “ventilación”, aspecto que fue ampliamente debatido durante la investigación, el artículo 32, consigna expresamente que todo lugar de trabajo deberá mantener por medios naturales o artificiales, una ventilación que contribuya a proporcionar condiciones ambientales confortables y que no causen molestia o perju-diquen la salud de los trabajadores.

A su vez el artículo siguiente, consigna que cualquiera que sea el procedimiento utilizado para esos fines, se deberá evitar que la concentración ambiental de los contaminantes dentro del recinto laboral exceda los límites permisibles vigentes.

A continuación, se reglamentan en detalle las condiciones que deben cumplir los locales de trabajo para preservar las condiciones de salud.

Del mismo modo, el Título IV, regula lo relativo a la contaminación ambiental, para lo cual se establecen los límites permisibles de los agentes tanto químicos como físicos que puedan provocar efectos adversos en el trabajador, en los términos que se establece.

De esta manera, se señala que los límites permisibles para sustancias químicas y agentes físicos son índices de referencia del riesgo ocupacional.

Para el caso de que las concentraciones de sustancias contaminantes o de agentes físicos sobrepasen los límites permitidos, se establece que el empleador deberá iniciar de inmediato las acciones tendientes a controlar el riesgo, ya sea en su origen o bien proporcionando protección adecuada al trabajador.

4. Código del Trabajo, en su Libro III, reglamenta lo concerniente a la protección de los trabajadores, y establece que el empleador está obligado a tomar todas las medidas conducentes a proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores, para lo cual deberá mantener las condiciones adecuadas de higiene y seguridad en las faenas, como también respecto de los implementos necesarios para prevenir accidentes y enfermedades profesionales. También, regula la prestación de servicios o elementos para casos en que se produzcan accidentes (artículo 184).

La Dirección del Trabajo es el órgano encargado de fiscalizar el cumplimiento de las normas sobre higiene y seguridad en el trabajo, sin perjuicio, de las facultades de otros servicios con competencia en la materia.

Asimismo, mediante un reglamento se establecen las industrias o trabajos peligrosos o insalubres, fijándose al respecto la normativa.

Su artículo 190, señala que los servicios de salud fijarán las medidas mínimas sobre higiene y seguridad acorde con el trabajo que se desempeñe, para lo cual deberán realizar visitas de fiscalización para comprobar su cumplimiento. Todo lo anterior, es sin perjuicio, de las facultades que detenta la Dirección del Trabajo, en lo que se refiere al adecuado funcionamiento de instalaciones, máquinas, equipos e instrumentos de trabajo.

A su turno, el Título III se refiere al seguro social contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, regulado por la ley Nº 16.744, como se consigna a continuación.

5. Ley Nº 16.744, establece las normas de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Regula el seguro social obligatorio contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales y su aplicación.

Dentro de las personas protegidas se encuentran los trabajadores por cuenta ajena, cualquiera que sean las labores que ejecuten.

La ley contiene algunas definiciones, entre las cuales cabe tener presente las siguientes:

-Accidente del trabajo: toda lesión que una persona sufra a causa o con ocasión del trabajo, y que le produzca incapacidad o muerte.

-Enfermedad profesional: es aquella que es causada de manera directa por el ejercicio de la profesión o el trabajo que realice una persona y que le produzca incapacidad o muerte. También, señala que un reglamento enumerará dichas enfermedades, debiendo ser revisado a lo menos cada tres años.

-En cuanto a la administración del seguro, se señala que estará a cargo del Servicio de Seguro Social, del Servicio Nacional de Salud, de las Cajas de Previsión y de las Mutualidades de Empleadores.

-En lo relativo a prestaciones pecuniarias, se establecen las siguientes categorías:

Que producen incapacidad temporal, invalidez parcial, invalidez total, gran invalidez y que producen la muerte.

-Respecto de las prestaciones médicas, se señala que ellas se otorgarán gratuitamente hasta su curación completa o mientras subsisten los síntomas de las secuelas causadas por la enfermedad o accidente y enumera todas las prestaciones que se pueden otorgar.

Cabe tener presente, que el artículo 53 prescribe que el pensionado por accidente del trabajo o por enfermedad profesional que cumpla la edad para tener derecho a pensión dentro del correspondiente régimen previsional, comenzará a gozar de ésta, y dejará de percibir la primera.

A su vez, el artículo 58 establece que “la declaración, evaluación, reevaluación y revisión de las incapacidades permanentes de los trabajadores portadores de enfermedades profesionales serán de exclusiva competencia de los Servicios de Salud”.

Esta función la desempeñan las Comisiones de Salud de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin), bajo la dependencia de las Secretarias Regionales Ministeriales.

Por otra parte, el artículo 65 señala que corresponderá al Servicio Nacional de Salud supervigilar y fiscalizar la prevención, higiene y seguridad de todos los sitios de trabajo. También, le corresponde fiscalizar las instalaciones médicas de los demás organismos administradores en cuanto a la forma y condiciones en que otorguen las prestaciones respecto de la calidad de las actividades de prevención.

Su artículo 66, se refiere al funcionamiento de los Comités Paritarios de Higiene y Seguridad en lo que dice relación con la asesoría que deben prestar para la correcta utilización de los instrumentos de protección, la vigilancia en torno al cumplimiento de las medidas de prevención, higiene y seguridad.

En lo que concierne a la administración delegada, el Título VIII, regula las condiciones y requisitos que deben cumplir las empresas para obtener la calidad de administradoras delegadas del seguro, para lo cual se establecen ciertos requisitos, como: ocupar habitualmente dos mil o más trabajadores, poseer servicios médicos adecuados, efectuar actividades permanentes y efectivas de prevención de accidentes y enfermedades profesionales, contar con Comités Paritarios de Seguridad, etc.

Se establece, asimismo, que estos organismos de administración delegada pueden convenir con organismos intermedios funciones relativas a otorgamiento de prestaciones médicas, entrega de prestaciones pecuniarias y otras, de conformidad con las normas que establece el reglamento respectivo.

Su artículo 71, establece que los afiliados afectados por alguna enfermedad profesional deberán ser trasladados a otras faenas donde no estén expuestos al agente causante de la enfermedad.

Asimismo, señala que los trabajadores que estén expuestos al riesgo de neumoconiosis deberán realizarse un control radiográfico semestral.

El artículo 74, indica que los servicios de las entidades con administración delegada serán supervigilados por el Servicio Nacional de Salud y por la Superintendencia de Seguridad Social, previo informe del primero.

6. Decreto Nº 109, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, de 1968, establece el reglamento para calificación y evaluación de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales.

El artículo 19, enumera las enfermedades profesionales.

Su artículo 24, define los casos en que las enfermedades profesionales producen invalidez. Su numeral 4) se refiere específicamente a los agentes químicos que tienen relación con la neumoconiosis, dentro de los cuales enumera los siguientes: sílice libre (cuarzo, etc); silicatos (asbestos, talco, etc.); carbón mineral y berilio y metales duros, como el cobalto, etc. Todos ellos, referidos a trabajos de extracción, molienda, fundición, manufactura, uso y reparación con materias primas o sus productos elaborados, cuando expongan al trabajador a riesgo.

Los efectos de las sustancias anteriormente descritas deben obedecer a casos que hayan sido radiológicamente bien establecidos o clínicamente diagnosticados, con insuficiencia respiratoria o complicaciones infecciosas. Se distinguen las situaciones siguientes:

a) Si incapacita principalmente para el trabajo específico, se decreta del 40 al 65% de incapacidad.

b) Si incapacita para cualquier trabajo, se decreta del 70 al 90% de incapacidad.

En los casos en que sólo exista comprobación radiológica o clínica se aplicará lo dispuesto en los artículos 71 de la ley Nº 16.744 y 17 del reglamento, esto es 25% de incapacidad.

7. Circular Nº 3G/40, del Minsal, de 1983, sobre instructivo para calificación y evaluación de enfermedades profesionales, en virtud del cual las Compin deben ceñir su actuar. Para el caso de la silicosis, se establece la radiografía convencional, como el instrumento idóneo para realizar el diagnóstico, el historial ocupacional que certifica la exposición al sílice y medición de la capacidad respiratoria en torno a los grados de incapacidad que presenta en una graduación que abarca el 25%, 50% y 80% de incapacidad respiratoria.

8. Ordinario Minsal Nº 40/5800, de 1992, se refiere a aspectos relativos a periodicidad en el control radiológico en trabajadores expuestos a sílice, a concentración ambiental, años de exposición, jornada laboral y altura. En ningún caso la periodicidad podrá ser superior a tres años.

Otros antecedentes.

9. Set de información otorgada por la Compin Servicio de Salud Aconcagua entre los años 2000 y 2005, donde se dan antecedentes sobre la silicosis y los distintos tipos, síntomas, grados de alteración funcional que presenta, grados de incapacidad respiratoria, los trabajos que presentan riesgo, una estadística de trabajadores con declaración de incapacidad por silicosis pulmonar, evaluados por primera vez en el Compin del Servicio de Salud Aconcagua, como también, sobre reevaluaciones practicadas en el presente año.

III. ANTECEDENTES GENERALES.

La silicosis es una enfermedad pulmonar causada por sobreexposición a la sílice cristalina respirable. Es irreversible y puede causar invalidez física o la muerte. La sílice es el segundo mineral más abundante en la corteza terrestre y es un componente mayor de la arena, piedra y minerales metalíferos.

La sobreexposición al polvo que contiene partículas de sílice cristalina puede causar la formación de tejidos de cicatrización en los pulmones. Eso disminuye la capacidad de los pulmones de extraer oxígeno del aire que respiramos.

No constituye riesgo de adquirir silicosis el concurrir a una playa o estar en contacto físico con tierra o arena.

Están expuestos al riesgo de desarrollar silicosis las personas que trabajan en un ambiente polvoriento, donde existe sílice cristalina en suspensión.

Ejemplos de trabajos en los cuales las personas pueden estar expuestos al riesgo de silicosis:

-Faenas de la construcción en las cuales se utiliza el "chorro de arena".

-Faenas en que se emplea el "martillo neumático" y la construcción de socavones.

-El trabajo en una fundición.

-La cerámica en arcilla.

-La fabricación de jabón y detergentes.

-El cortar piedras, aserrar, limpiar abrasivo con un chorro de arena, astillar y moler.

-La minería (cortar o taladrar arenisca y granito).

-La fabricación de vidrio.

-La agricultura si se trabaja en condiciones polvorientas.

-La construcción naval.

-El ferrocarril (poner las vías).

-La fabricación y el uso de abrasivos.

Tipos, Síntomas y Complicaciones de la Silicosis.

Se describen tres tipos de silicosis, según la concentración en el aire de sílice cristalino al que los trabajadores están expuestos.

1) Silicosis crónica: ocurre generalmente después de diez años o más de sobre exposición.

2) Silicosis acelerada: resulta de la exposición a altas concentraciones de sílice cristalino y se desarrolla de cinco a diez años después de la exposición inicial.

3) Silicosis aguda: ocurre donde las exposiciones son las más altas y puede causar el desarrollo de síntomas entre algunas semanas y cinco años.

Es factible que no se detecte la silicosis crónica (la forma más común de la enfermedad) por varios años durante las fases tempranas y también es posible que una radiografía no indique ninguna anomalía hasta 15 ó 20 años después de la exposición inicial. El polvo de sílice en los pulmones puede dañar la capacidad del organismo para evitar las infecciones. Por esta razón, los trabajadores portadores de silicosis son más susceptibles a algunas enfermedades como la tuberculosis pulmonar.

La silicosis puede llegar a producir los siguientes síntomas:

-Falta de aliento después de esfuerzo físico.

-Tos de gravedad creciente.

-Fatigabilidad.

-Pérdida de apetito.

-Dolores en el pecho.

-Fiebre

Detección y evaluación de incapacidad por silicosis.

El artículo N° 58 de la ley Nº 16.744 establece que "La declaración, evaluación, reevaluación y revisión de las incapacidades permanentes de los trabajadores (portadores de enfermedades profesionales) serán de exclusiva competencia de los Servicios de Salud." Esta función se desempeña en las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin).

El reglamento (DS N° 109) clasifica y gradúa las incapacidades permanentes, asignando a cada caso un porcentaje de incapacidad oscilante entre un máximo y un mínimo.

Por otra parte, para la aplicación de la evaluación de la incapacidad, el Ministerio de Salud desarrolló una pauta que está contenida en la Circular N° 3G/40 de 1983. En lo que se refiere a las bronconeumopatías ocupacionales, entre las que está la silicosis. La circular establece como pruebas mínimas obligatorias para determinar el grado de incapacidad las siguientes:

Evaluación espirométrica.

a) Capacidad vital forzada.

b) Volumen espiratorio forzado en el primer segundo (V. E. F1).

c) Volumen espiratorio por ciento (V.E.F.%) Relación V.E.F. 1/C.V.F. por 100 (llamado también Tiffenau).

d) Flujos espiratorios forzados (F.E.F.) entre el 25% y 75%, también denominado flujo medio máximo (F.M.M.) y el flujo espiratorio forzado entre el 75% y 85% de la C.V.F. (F.E.F. 75%-85%).

-Medición de los gases en sangre arterial en reposo y ejercicio.

-Medición espirométrica frente al ejercicio físico progresivo.

-Electrocardiograma.

-Hematocrito y concentración de hemoglobina en sangre.

Evaluación radiológica.

Se utiliza la norma de la Clasificación Internacional de las Radiografías de las Neumoconiosis de la OIT de 1971 que establece tres categorías de opacidades irregulares y las alteraciones pleurales de engrosamiento.

Respecto a los criterios de incapacidad, se aplica la Tabla de Grados de Incapacidad Respiratoria de la OIT que contiene la circular aludida, la cual cruza la incapacidad reconocida por los criterios radiológicos con las incapacidades reconocidas por la alteración funcional espirométrica.

IV. PERSONAS RECIBIDAS DURANTE LA INVESTIGACIÓN.

Durante le curso de la investigación, se recibieron los antecedentes y opiniones de las siguientes personas:

Sector Salud.

1. Pedro García , Ministro de Salud , entregó información acerca de la silicosis en términos muy similares a los consignados en el capítulo III.

En síntesis, señaló que se trataba de una enfermedad pulmonar inhabilitante y progresiva, que puede provocar la invalidez física y la muerte.

En relación a los análisis de sílice, el Instituto de Salud Pública los efectúa mediante el sistema de microscopia y análisis químicos, pero esto no permite diferenciar los tipos de sílice y los diversos riesgos asociados. Es necesario discriminar entre los distintos tipos, lo cual se puede efectuar mediante un espectofotómetro.

Este sistema permite distinguir entre la cristobalita y la tridimita y también permite evaluar si existe mayor o menor riesgo, según el tipo de sílice de que se trate.

El diagnóstico se hace a través de una historia ocupacional y con una radiografía simple de tórax, instrumentos avalados por la Organización Mundial de la Salud.

Su fundamento legal es la ley Nº 16.744 y su reglamento, que establece las Comisiones de Medicina Preventiva y de Invalidez (Compin), a las que les corresponde evaluar las incapacidades permanentes originadas en enfermedades profesionales.

En el caso particular, de la División Andina de Codelco, los casos fueron evaluados en la Compin de la región de Aconcagua.

En razón de que no todas las Compin utilizan los mismos criterios, se realiza una estandarización a lo largo del país, para evitar la disparidad de diagnósticos.

Por ejemplo, en la Compin de Aconcagua el 44,1% está confirmado por las Comere; en Antofagasta es el 61,8%; en Atacama dicha cifra llega al 79%, en Coquimbo al 64%, y en Rancagua al 76%. Es decir, cada cien diagnósticos de invalidez dado por las Compin, presentan porcentajes dispares y disímiles.

También, se utiliza un protocolo para la evaluación, regulado por la circular 3G/40, de marzo de 1983, del Minsal, que en lo que se refiere a las neumoconiosis, se encuentra acorde con las recomendaciones internacionales, particularmente con las de la OIT, que recomienda la evaluación mediante radiografía estandarizada.

También, existe regulación para la imagenología, donde se describe la detección y evaluación de incapacidad por silicosis y sobre las condiciones que debe cumplir la fotografía radiográfica.

De acuerdo con la clasificación internacional de la OIT, las radiografías de neumoconiosis, destinadas a codificar de manera simple y reproductible las anomalías radiográficas asociadas a la neumoconiosis, constituyen un instrumento normalizado y eficaz para la vigilancia de la salud, para la investigación epidemiológica y para el diagnóstico clínico. Es por ello, que las radiografías de tórax en proyecciones P-A se deben realizar siguiendo la normativa de la OIT de 1980.

De esta manera, la radiografía debe ser comparada con las placas patrón de la OIT. Se comienza evaluando la calidad de la placa y se repiten aquellas que presenten una calidad deficiente o inaceptable, caso en el cual deberá indicarse la causa, ya sea por sobre exposición, por rotación, etc.

La tomografía axial computarizada de tórax ha permitido detectar opacidades típicas de silicosis pulmonar en forma mucho más precisa y precoz que la radiografía de tórax convencional. En la actualidad, se reserva para los casos en que hay complicaciones, como la fibrosis pulmonar progresiva, la silicotuberculosis o la silicosis aguda y debe cumplir con requisitos técnicos estandarizados para su validación en su uso diagnóstico.

Los valores establecidos en la normativa chilena guardan relación con los valores límites de otras normativas internacionales.

Las Codelcos y las Compin, son las entidades encargadas de fiscalizar que los trabajadores no estén expuestos a concentraciones ambientales de trabajo por sobre los límites permisibles establecidos en el decreto supremo Nº 594.

Para tales efectos, se lleva a cabo:

a. El proyecto OPS, que tiene como objeto construir el perfil nacional de exposición al sílice, que permitirá orientar las diversas iniciativas preventivas y regulatorias que sean necesarias.

b. El programa de mejoramiento de la calidad de las prestaciones a que tienen derecho los trabajadores expuestos a sílice.

c. El programa de inscripción obligatoria de Elementos de Protección Personal (EPP), como instrumento eficaz para hacer cumplir la obligatoriedad de la certificación de calidad de los EPP, decreto supremo Nº 18, de 1982, del Minsal, programa que se encuentra sujeto a un proceso de implementación.

d. El programa nacional de erradicación de la silicosis se encuentra inserto dentro del programa global de erradicación al año 2030.

A modo de mejorar la identificación del riesgo de exposición al sílice, el Minsal tiene contemplado efectuar una inversión para dotar al ISP de un equipo de análisis de sílice que permita discriminar el tipo de mineral al que están expuestos los trabajadores, lo que posibilitaría aumentar significativamente el número de muestras analizadas. Además, se impulsan campañas sobre fiscalización del cumplimiento de la normativa vigente.

Consultado sobre la calidad de la tecnología utilizada en los distintos servicios de salud, a la cual acceden las diferentes instancias de medicina preventiva e invalidez que son los llamados a determinar la pérdida de capacidad de ganancia que tienen los trabajadores afectados con esta terrible enfermedad, sostuvo que: “las radiografías de tórax, así como cualquier otra radiografía, deben tener ciertas características especiales para el diagnóstico que se busca. No es lo mismo una radiografía de tórax, que busca precisar la sospecha de un determinado diagnóstico, que otra que específicamente sale a determinar el diagnóstico de silicosis o neumoconiosis. Por lo tanto, la norma que se busca establecer, exigencia con la que en general cumplen los equipos de tórax, tiene que ver con otros aspectos, no directamente relacionados al equipo mismo, sino a la técnica radiológica que se utiliza. Por eso, entre las normas que se busca establecer -que han sido firmadas para ser distribuidas a todos los servicios de salud, en especial a las Compin, que son los que deben evaluar y asegurar la calidad de lo señalado-, se consigna que la placa debe incluir, al menos, los siguientes aspectos: la posición debe ser de pie; el paciente debe estar en sentido póstero-anterior; la distancia desde el foco a la película debe ser de 1,80 metros; el paciente debe estar pegado a la película y, además, mantener una inspiración profunda; el voltaje debe ser mayor que 120 kilowatts; el tiempo de exposición menor que 0,2 segundos; debe utilizarse una parrilla bucky mayor que 1 sobre 12; uso de pantalla de reforzamiento, y esta placa una vez resuelta debe ser comparada con el patrón internacional que establece la OIT”.

Frente a la interrogante ¿está en condiciones de aseverar que en los servicios de salud existe el equipamiento adecuado para tomar muestras con una tecnología adecuada y tomar radiografías como preconiza la OIT?, respondió “me atrevería que en todos los servicios de salud, al menos, hay un equipo radiológico para estos fines. Tengo la absoluta certeza”.

Recalcando lo anterior, se le consultó, además, si la técnica la están usando los tecnólogos y los radiólogos con esta metodología, respondió que: “con estas exigencias normativas, me costaría más aseverarlo. Por eso, hemos normado sobre las características radiológicas que, a su vez, deben ser puestas en comparación. Estas normas las estamos evaluando hoy.”.

Volviendo al tema principal en análisis, esto es como los trabajadores de Codelco Chile se han visto afectados, hizo una breve reseña histórica, donde señaló que su cartera ejercía distintos niveles de supervisión sobre los diversos elementos productivos, y no sólo de Codelco, sino de otras instancias.

En relación con los equipos de salud, precisó que éstos debían ser reconocidos e inscritos, en lo que históricamente eran las oficinas de profesiones médicas de los servicios para poder abrir una clínica o algún centro de salud destinado a la toma de exámenes radiológicos, es decir, deben ser reconocidos por las oficinas de profesiones médicas de los distintos servicios de salud.

De igual manera, actúan frente a denuncias que provengan de distintos niveles. Señaló no contar con antecedentes relativos al número de denuncias que podrían existir con respecto a Codelco y precisó que había una administración delegada en términos de protección de seguridad laboral, que presenta otro tipo de fiscalización.

El señor Ministro recalcó, que los distintos Compin no presentan coherencia en los diagnósticos y en general presentan bastante disparidad. Por ejemplo, en la Compin Aconcagua el 44,1 por ciento está confirmado por las Comere; en la Compin Antofagasta, el 61,8 por ciento está en esa situación; en la Compin de Atacama, el 79 por ciento; en la de Coquimbo, el 64 por ciento; en la de Rancagua, el 76 por ciento.

2. Doctora Soledad Ubilla, jefa de la División de Políticas Saludables del Minsal, explicó en que consistía el Programa de Salud Ocupacional, a través del cual se fiscalizan las actividades productivas en el ámbito que compete a la protección y cumplimiento de las leyes de accidentes profesionales y respecto de las normativas que derivan de ellas.

Precisó, que en general, la capacidad de fiscalización del sector salud es precaria, específicamente en los ámbitos de competencia del rol de la autoridad sanitaria Es por ello, que se requiere fortalecerla y constituye una de las metas de la reforma.

Señaló que dada esta situación, las decisiones de los servicios de salud en materia ocupacional han sido vinculadas a temas de prioridad en términos de riesgo, por ejemplo, en el ámbito de las intoxicaciones por plaguicidas en temporeras, accidentes fatales en la construcción y en otras áreas de impacto. Lo que se pretende evitar son nuevas muertes, aún cuando reconoció que el área de fiscalización no ha sido prioritaria.

La responsabilidad en el ámbito de fiscalización está delegada en la administración de Codelco, por mandato legal, y por este motivo, deben verificar las condiciones de los monitoreos, de tomar medidas oportunas respecto a riesgos potenciales en los trabajadores, retirarlos de las zonas de exposición cuando los límites superen ciertos rangos, etc.

3. Doctor Anibal Vivaceta de la Fuente, Secretario Regional Ministerial de Salud de la V Región , se refirió al caso de la División Andina, de Codelco, donde se detectó un aumento de casos de silicosis, cuya causa podría haberse originado en el cambio de la metodología empleada para su detección.

En mayo del año 2003, dentro del marco de la salud ocupacional, se practicaron escáner y tomografías computarizadas, producto de lo cual se detectaron casos de personas con signos compatibles con la silicosis, motivo por el cual se inició un proceso de indemnización, previa determinación del grado de incapacidad laboral.

En razón de lo anterior, tanto el Servicio Nacional de Geología y Minería como la Inspección del Trabajo, se abocaron al estudio de las necesidades relativas a elementos de protección personal y sobre condiciones de ventilación.

Sobre el particular, se analizaron aspectos como: la participación de los comités paritarios, el incumplimiento de la normativa relativa a la Inspección del Trabajo, específicamente en cuanto dice relación con la ventilación de las áreas de faena, las zonas de riesgo de las minas subterráneas, y sobre las responsabilidades del Servicio de Salud Aconcagua (materia que le compete a la Codelco). Asimismo, se revisaron los límites, el cumplimiento o incumplimiento de la norma respecto del material particulado y de sílice en los lugares de trabajo y los mecanismos de medición. Además, se dispuso un sumario sanitario y, a partir de ello, se dictaminó que era necesaria la reubicación de los trabajadores, cuestión que se cumplió.

También se realizó un informe de mediciones ambientales, del cual se concluyó que la metodología utilizada para el material particulado y fundamentalmente para el sílice, presentaba dos problemas: el primero, es que en ese momento no se estaba utilizando la metodología correcta y, dos, que el análisis tampoco era realizado por un laboratorio acreditado.

El plan de trabajo contempló un programa de monitoreo para los sectores donde fueron reubicados los trabajadores y un programa de medidas de control en los lugares de trabajo para reducir el riesgo de exposición de quienes laboran en ellos. Esto, porque la preocupación es doble: Por una parte, están las personas afectadas por la silicosis o que cuentan con tal diagnóstico (donde se deberá revisar el criterio que se utilizó) y, por otra, están las personas que lleguen a trabajar.

Fue así, como el Servicio de Salud implementó tales programas, los cuales fueron objeto de observaciones, como fue incluir a las zonas de riesgo de exposición a material particulado, efectuar mediciones en los sectores reubicados y respecto del programa de medidas de control.

El programa de mediciones que presentó Codelco se aprobó el 6 de abril de 2004. La empresa ha entregado los preinformes de las mediciones ambientales.

El 29 de diciembre de 2004, (fecha en que cesó la competencia de la autoridad sanitaria del Servicio de Salud), se hizo entrega del informe final de las mediciones ambientales que realizó una empresa externa y las zonas donde fueron reubicadas las personas, documento realizado por el Instituto de Salud Pública.

El 10 de marzo de este año se celebró una reunión con Codelco para aclarar la aplicación del artículo 62 del decreto Nº 594, respecto de la corrección del límite de la medición por jornada laboral. Además, se han incorporado mediciones ambientales.

La metodología validada utilizada para detectar neumoconiosis es por radiografía de tórax. La detección por escáner, por tomografía axial computarizada (TAC) entrega resultados no validados. No es que sea de peor calidad, pero la imagen que entrega es diferente debido al mecanismo por el cual se obtiene, puesto que no es una visión frontal donde se acumulan los nódulos, sino un corte transversal, por tanto, lo que se visualiza es diferente.

En consecuencia, la tomografía no es la manera de detectar realmente la neumoconiosis o de verificarla. Al revisar los casos de personas que fueron desvinculadas por el diagnóstico de neumoconiosis con los parámetros validados para ello, en las revisiones posteriores no se encontraron los niveles de daño que la legislación consagra como invalidez.

Asimismo, en el área de la minería, la concentración de contaminantes en el sector de faenas excede la norma con bastante frecuencia.

Un tema fundamental tiene que ver con el uso de elementos de protección personal. Al respecto, sería necesario establecer mayor exigencia y control de dichos elementos. Otra solución dice relación con la introducción de cambios en el proceso productivo.

4. Doctor César Olivares Formas, Coordinador Nacional de las Comisiones Preventivas de Invalidez (Compin), expresó que respecto de esta enfermedad profesional, las Compin tienen un rol evaluador bastante complejo tanto por las aspiraciones que los trabajadores tengan en cuanto a los objetivos y las perspectivas sobre la valoración de su enfermedad, como por la metodología y las normas que se utilizan para hacer la evaluación y los recursos y la información con que se cuenta para ello.

Es por eso que la evaluación de la silicosis no es homogénea en las Compin, por cuanto algunas de ellas tienen un mayor número de evaluaciones a causa de esta enfermedad y otras prácticamente nunca han evaluado a un paciente. Por lo tanto, tampoco se requiere que los recursos y las tecnologías sean los mismos en todas ellas.

Hizo presente que existía un déficit en la recopilación de información sobre la materia, aun cuando se tenía conocimiento que no todos los enfermos de silicosis se evalúan en dichas comisiones. Un número importante de ellos queda fuera y pertenecen a actividades de otras áreas.

En lo que dice relación con la tomografía axial computada de alta resolución versus radiografías de tórax, indicó que el Ministerio de Salud regulará la manera como debe utilizarse la imagenología en el diagnóstico específico de la silicosis y el uso de la tomografía axial computada de alta resolución.

Como producto de numerosas reuniones, se concluyó que la tomografía axial computada de alta resolución a nivel mundial se reserva sólo para algunos casos específicos, lo cual zanja un tema que fue ampliamente discutido, sin desconocer que en el futuro la tomografía axial computada puede ser un buen método de screening cuando se superen los inconvenientes que hoy presenta.

5. Doctor José Díaz de Valdés , Presidente del Compin , Aconcagua, señaló que contaban con una estadística de los casos de silicosis evaluados por primera vez. Es así, como han revisado la información de los años 2002 a 2005.

En la División Andina de Codelco se evaluaron 85 casos con diagnóstico de silicosis, la mayoría de los cuales fueron realizados con escáner de tórax.

Entre 1995 y 1998, se detectaron ocho casos de silicosis evaluados por primera vez, hasta que se produce un aumento considerable, lo que coincidió con la introducción de la técnica del TAC para hacer los diagnósticos, situación que fue revisada, al cabo de lo cual se concluyó que era necesario volver a utilizar la metodología de estudios normada en la circular Nº 3G/40, de 1983, del Ministerio de Salud, con lo cual la estadística de casos volvió al comportamiento habitual.

Desde el año 2002 hasta el 2005, se procedió a revaluar y se detectó que la mayoría de los casos correspondía a pacientes que fueron diagnosticados en un estado avanzado de silicosis.

En el año 2005, once de los quince casos analizados correspondieron a pensiones de invalidez y cuatro a casos con un porcentaje de incapacidad inferior al 40 por ciento, con un promedio de 25 por ciento, lo cual da derecho a los trabajadores a solicitar una indemnización.

A partir del año pasado se comenzó a reevaluar los casos de silicosis que habían sido diagnosticados con TAC, y algunos fueron reconfirmados. De esta manera, utilizando una radiografía de tórax de mejor calidad, para lo cual Codelco desarrolló un departamento de salud ocupacional y compró equipamiento radiológico nuevo, con lo que la técnica de las radiografías mejoró sustancialmente. Asimismo, se contrató a un profesional altamente calificado en esta materia, que es el doctor Contreras , quien actúa como evaluador y lector de radiografías.

Sin perjuicio de lo anterior, se han comenzado a detectar muchos casos de silicosis avanzada, incluso entre trabajadores que se evalúan por primera vez, que se desempeñan en la División Andina de Codelco. El sistema de vigilancia epidemiológica en aplicación ha confirmado que existe una cantidad importante de trabajadores de esa división que son portadores de la enfermedad.

6. Santiago Mansilla, Jefe del Departamento de Salud Ocupacional del Minsal, precisó que la silicosis presenta dos grandes áreas. La primera, relativa a los temas preventivos (normativa y vigilancia), y la segunda, es la evaluación de la enfermedad.

En términos preventivos, además del decreto supremo Nº 594, hay algunos artículos de la ley Nº 16.744, que expresamente se refieren al tema de la neumoconiosis. Por ejemplo, el artículo 71, señala que los trabajadores que se hayan enfermado por un agente del trabajo deben ser trasladados a un puesto que esté libre del agente causante de la enfermedad.

El mismo artículo indica que debe hacerse una vigilancia de los trabajadores expuestos a agentes de neumoconiosis con una radiografía semestral. Sin embargo, la epidemiología internacional señala que esto conlleva otro riesgo, que es la radiación. Por lo tanto se presenta una contradicción, que sería necesario resolver.

Una radiografía de tórax actualmente entrega una dosis de 0.1 milisievert, que es 20 veces menos que la de los equipos antiguos. Sin embargo, la gente asociada a protección radiológica señala que todavía puede ser un riesgo alto una radiografía semestral, sobre todo si ella no mejora la vigilancia. Es decir, si la silicosis no avanza en un grado importante en 6 meses, no tiene sentido someterlo a un riesgo por bajo que este sea. Asimismo, el ministerio ha señalado que no se debe reemplazar la radiografía de tórax ni el sistema de vigilancia con TAC, porque el riesgo que se provoca es de 700 veces de dosis de tomografía con respecto a la radiografía.

Asimismo, con respecto al decreto supremo Nº 594, que aprueba el Reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo, señaló que las modificaciones del año 1999 incorporaron dos formas de sílice conocidas como las más riesgosas: la cristobalita y la tridimita.

Por problemas técnicos, el sistema que se utiliza para efectuar las mediciones no permite distinguir entre el sílice libre y el contenido de cristobalita, por lo tanto lo que se mide pudiese tener un riesgo mayor, con grados importantes de un sílice más agresivo. En definitiva la normativa existe, pero es necesario que se cumpla en el sentido de monitorear lo que efectivamente hay en el ambiente de trabajo.

El reglamento establece que el límite no se debiera sobrepasar, pero si ello ocurriera, el trabajador debería usar elementos de protección personal.

7. Doctora Bélgica Bernales , Departamento de Salud Ocupacional del ISP, precisó que la silicosis es un problema que se da a lo largo del país. Por lo tanto constituye un problema de salud pública vigente, cuya prevalencia no se conoce realmente. Citó, a vía ejemplar, el caso de las Pymes, donde el 50% de los trabajadores podría estar expuesto, en razón de que los programas de vigilancia ambiental y de salud, no se encuentran claramente establecidos, por cuanto si bien es cierto la legislación señala que los organismos administradores deben realizar una actividad sistematizada, no se norma debidamente en torno a la manera en que deben aplicarse los sistemas de programa de vigilancia ambiental y de la salud.

En la práctica y a lo largo del país, los organismos administradores tienen un 7 por ciento de cobertura con relación a los riesgos. Si esta situación se enfoca hacia la exposición al sílice, lo que va más allá de la minería, en actividades donde se emplea un montón de máquinas, como chancadoras, arenadoras, etcétera, se puede fácilmente concluir que esta situación podría afectar a más de 300 mil trabajadores.

Sobre el particular, señaló que la literatura proveniente de países desarrollados indica, que por ejemplo, en Estados Unidos esta cifra podría llegar a 1 millón 700 mil potenciales expuestos, porque se trata de un agente químico altamente frecuente.

En consecuencia, se ha detectado que con el aumento de puestos de trabajo se amplían los riesgos de contraer silicosis. En países desarrollados se ha encontrado a gente muy joven que padece esta enfermedad. Sin embargo, como se trata de una patología que tarda veinte o treinta años en desarrollarse, alguien podría afirmar que en verdad hace veinte o treinta años las condiciones de esos trabajadores eran peores que en la actualidad.

En el plano nacional, cabría revisar la redacción del artículo 117 del decreto Nº 594, en cuanto faculta al ISP para evaluar los lugares de trabajo mediante métodos de análisis, procedimientos de muestreo y técnicas de medición. También le compete proponer protocolos, ideas clínicas para el diagnóstico, calificación y evaluación de las patologías laborales e informes de intervenciones sanitarias.

Dentro de las funciones que realiza el ISP, desarrolla cuatro líneas de trabajo:

Colabora con la OMS. Asimismo, con el apoyo de la OPS desarrolla un proyecto destinado a tener un diagnóstico de las concentraciones de sílices a nivel nacional, lo que permitirá definir programas y planes para el control de la exposición.

También tiene participación en las medidas ambientales, a través de mediciones que realiza a lo largo del país, pero no cuenta con padrones para saber si las mediciones están siendo correctamente tomadas.

Lleva a cabo un programa de mejoramiento de la calidad de las prestaciones a que tienen derecho los trabajadores expuestos a sílice, sean preventivas, médicas o de evaluación médico legal.

Otro aspecto, dice relación con la función de controlar y fiscalizar los centros que certifican los elementos de protección personal. Pero sucede que no hay centros interesados por el alto costo que representa certificar elementos de protección personal. Por ejemplo, en lo que respecta a máscaras respiratorias. Asunto clave, si se considera que debería ser la última medida en adoptar, puesto que antes de su utilización, sería necesario eliminar el riesgo, para lo cual se deberían adoptar ciertas medidas ingenieriles.

En razón de esta situación se requiere modificar la normativa vigente a fin de establecer un programa de inscripción obligatoria de los elementos de protección personal (EPP) de manera tal que toda empresa que comercialice, importe y distribuya estos elementos deba cumplir ciertos requisitos para ejercer su actividad, como por ejemplo, que las máscaras respiratorias que comercializan hayan sido certificadas en centros con reconocida trayectoria internacional.

Por último, se encuentra postulando a un programa regional global de la OPS, cuya finalidad es la erradicación de la silicosis al año 2030, de modo de intercambiar experiencia con otros países, que si tienen implementado el programa nacional de erradicación de la silicosis.

En suma las deficiencias radicarían en la inexistencia de un perfil nacional de exposición, ni de prevalencia nacional, por lo que sería necesario introducir modificaciones en ese sentido.

8. Rodrigo Solis , ingeniero químico del Departamento de Salud Ambiental del ISP, explicó que el ISP había participado en el proceso de reubicación de los trabajadores llevado a cabo en Codelco, para lo cual se efectuó una valoración del ambiente del trabajo respecto de cada trabajador.

Es importante tener claro que se trata de evaluaciones de tipo personal, muy diferentes a las que se utilizan para el aire. Consisten básicamente en poner un equipo a un trabajador, donde el elemento que capta el polvo se ubica cerca de la zona respiratoria; es decir, hace las veces de nariz del trabajador.

Producto de esto, muchos trabajadores de minas fueron reubicados en oficinas, en Saladillo, en el edificio destinado a alimentación y pernoctación, conocido como el hotel Hilton y en Planificación.

En general, todos los valores se ubicaron bajo los límites permisibles ponderados del cuarzo. Sólo una muestra ambiental de una oficina dio un valor más alto, ello como consecuencia de un problema de ventilación, el cual se solucionó reubicando las captaciones de aire.

A la fecha se ha realizado un perfil que contempló desde la Primera hasta la Octava Región. La principal cantidad de datos se obtuvo de la minería, sin perjuicio de que es necesario determinar que pasa con las Pymes, puesto que no se encuentran bajo el amparo de la ley Nº 16.744.

Se ha detectado que en muchos casos las evaluaciones realizadas no han sido correctamente efectuadas. El decreto supremo Nº 594 exige que para que una evaluación sea representativa debe contar, como mínimo, con el 70 por ciento de la jornada de trabajo evaluada. Sin embargo, en numerosos casos muchas de las evaluaciones practicadas lo fueron en el transcurso de una o dos horas, lo que no da cuenta de la totalidad de la jornada.

También, se comprobó que las Codelcos no cuentan con el equipamiento mínimo necesario para efectuar las evaluaciones ambientales, como bombas de muestreo, mangueras y filtros, es decir, un pequeño laboratorio. Aún más, por ejemplo, la Codelco de la Segunda Región, que se señala como una de las mejor implementadas, no cuenta con presupuesto para la mantención de sus equipos.

Otra meta importante es que la totalidad de los laboratorios que existen en el país, ya sean públicos o privados, sean incorporados a un programa de evaluación externa de calidad.

El ISP pretende elaborar protocolos que sirvan de ayuda para todas la autoridades regionales, tanto para la toma de muestras de análisis como de chequeo de protección respiratoria y también entregar información relativa a uso, limpieza y almacenamiento de estos elementos.

9. Doctora Nilsa Pizarro , Presidenta de la Comisión Médica de Reclamos , precisó que su actuación tenía que ver con la evaluación médico legal de la silicosis, enfermedad que afecta preferentemente a los trabajadores de la gran minería y a algunos trabajadores de empresas más pequeñas. Es menester tener presente, además, que también existe un porcentaje de trabajadores que no están afiliados a mutualidades, que no tienen empresas, son organismos administradores delegados y que sí están expuestos a sílice y, probablemente, sean los más expuestos porque al hablar de Codelco, sus trabajadores son privilegiados, en cuanto tienen un sistema de protección. La situación de Codelco y de otras empresas es conocida, pero existen otros casos que afectan a otros trabajadores, pero que no existen datos fidedignos. Habitualmente, estos enfermos se detectan en la consulta médica cuando la silicosis está sumamente avanzada, porque presentan disnea, tos, o porque han hecho un compromiso pulmonar importante. Muchos de esos trabajadores no tienen la protección que otorga la ley Nº 16.744, y no tienen la posibilidad de ser evaluados ni indemnizados, ni menos aún de percibir una pensión.

Con relación a la situación que se produce en Codelco, la evaluación médico legal consiste en una radiografía de tórax, sistema que presenta deficiencias en cuanto a la calidad que presentan y en que se aprecia mucha disparidad o presentan una difícil lectura.

Representantes de los Trabajadores.

10. Héctor Zelaya , Secretario Sindicato Unificado de Trabajadores de Codelco División Andina , hizo presente que desde el año 2002, comenzaron a tener conocimiento de las deficiencias que presentaban tanto los sistemas de ventilación como las mediciones ambientales que se han venido practicando, lo que explicaría el aumento de enfermedades profesionales detectadas.

Desde otro punto de vista, planteó que los implementos de protección no contaban con una certificación adecuada, especialmente en cuanto al número de micrones que pueden ingresar al organismo humano.

Una causa que fue gravitante fue la relativa al proceso de expansión que experimentó la mina donde no se contemplaron los sistemas de ventilación adecuados, y los existentes fueron objeto de modificaciones que no obedecieron a las necesidades reales, todo ello por razones presupuestarias.

Así, por ejemplo, señaló que durante las horas de colación y de cambios de turnos se disponía la detención del sistema de ventilación. También, con respecto a las mediciones ambientales, precisó que era menester contar con un laboratorio propio y efectuarlas durante las 24 horas, a objeto de que los resultados pudieran ser presentados al día siguiente a fin de adoptar medidas inmediatas.

Los problemas se empezaron a detectar a partir del año 2001-2002, cuando el número de enfermos aumentó de manera considerable. Lo normal era una cifra entre 15 y 20 casos anuales. Comenzaron a trabajar en la reubicación de los trabajadores enfermos, según lo establece la normativa vigente. El sistema de salud obedece a un sistema de administración delegada, pese a que en la actualidad cuentan con menos de 2000 trabajadores. El prestador preferencial es la Clínica Río Blanco, organismo de salud que otorga el cien por ciento de cobertura en salud normal y ochenta y cinco por ciento en salud dental. En razón de que los equipos con que se realizaban los exámenes médicos preventivos no eran los adecuados, se comenzó a enviar a los trabajadores a Santiago, donde se empezó a utilizar otra tecnología, denominada tomografía axial computarizada (TAC), con lo que el número de enfermos aumentó considerablemente, llegando a una cifra cercana a las 200 personas. Se produjeron situaciones confusas, en cuanto trabajadores que estaban enfermos fueron declarados sanos, pese a que contaban con un diagnóstico del Compin. Por ese motivo, existen enfermos profesionales positivos y negativos, asunto que produjo mucha inquietud dentro de los trabajadores.

En virtud de estas circunstancias, visitaron un Centro Especializado de Silicosis en Asturias, España, donde pudieron conocer la forma en que se diagnostica dicha enfermedad, que en mayor medida ataca a personas que trabajan en el carbón.

Como resultado de la visita, solicitaron un informe, el cual fue remitido a la administración de Codelco, quien hasta la fecha no lo ha puesto en conocimiento de los trabajadores, pese a sus reiteradas solicitudes en ese sentido.

En relación con los ex trabajadores de San Lorenzo, hizo presente que les otorgaban colaboración, por cuanto en el momento en que dejaron de laborar, los planes eran más precarios que en la actualidad.

Hoy en día, los enfermos profesionales obtienen prestaciones por ocho años en iguales condiciones de las que se otorgan a quienes se retiran. Adicionalmente, obtienen tres unidades de fomento mensuales, lo cual unido al siete por ciento del descuento legal, les permite optar a un mejor plan de salud, el que es entregado por la Clínica Río Blanco, con la cual obtienen una cobertura de casi un cien por ciento. También, dio cuenta que un grupo de ex trabajadores se han hecho parte de las acciones judiciales entabladas en contra Codelco.

11. Manuel Pinto , Presidente del Comité de Enfermos Profesionales de Codelco , señaló que entre los años 1999 a 2004 se declararon doscientos casos de silicosis en la División Andina, lo que representa un treinta por ciento de un total de 650 trabajadores, cuyo origen habría sido la falta de medidas de protección. Del mismo modo, culpó a la empresa de no haber dado cumplimiento a la normativa legal, de haber determinado los médicos y clínicas, los procedimientos y exámenes con que se calificó a los trabajadores como enfermos profesionales, todo ello conforme su calidad de administradora y como delegada del seguro de la ley N° 16.744. De esta manera, las actas de invalidez contienen la firma del representante del Codelco Chile, División Andina.

Según su criterio la situación pudo haberse evitado si los organismos fiscalizadores como son Sernageomin, Servicios de Salud e Inspección del Trabajo hubieran realizado su labor.

Con respecto a la reubicación de los trabajadores, en los términos en que lo establece la legislación, recalcó que estas deberían practicarse sin que ello produzca menoscabo en las remuneraciones.

Han iniciado todas las acciones legales e incluso internacionales, como presentar su caso a la Organización Internacional del Trabajo y a otras entidades internacionales.

También, hizo mención a que en la actualidad se han detectado casos de enfermos más jóvenes, que han laborado por diez años y que ya presentan la enfermedad a los treinta o treinta y un años de edad.

El Comité ha solicitado que los enfermos sean reparados económicamente y que su derecho a salud les sea reconocido de por vida y también que la empresa ponga en práctica un plan de contingencia.

12. Sergio Flores , Presidente del Sindicato de Integración Laboral de Codelco Chile , División Andina, se refirió a los vacíos que presenta la ley N° 16.744, en cuanto no establece plazos para la rehabilitación, argumento que la empresa hace extensivo para las reubicaciones, una vez que ello es dictaminado por las Compin. Asimismo, discrepó del sistema de administración del seguro tanto por parte de la empresa como del Estado. Criticó el sistema de administración delegada utilizado debido a la falta de claridad y de equipo humano con competencia en salud ocupacional, puesto que solamente existe una sola persona para estas labores.

Destacó la falta de equipos radiológicos en buen estado, la falta de exámenes preventivos a las personas de riesgo, la inexistencia de mapas de riesgo, la falta de fiscalización del Servicio de Salud Aconcagua, como también por parte de Sernageomin y de la Superintendencia de Seguridad Social, la falta de monitoreo de polvo y sílice y de mediciones oportunas por parte de Codelco.

Finalmente, compartió lo ya expresado en torno a que las causas se habrían originado en el proceso de expansión, a la vez que recalcó la situación que se produce con los trabajadores que reciben pensiones por invalidez o por incapacidad laboral, que al cumplir sesenta y cinco años dejan de percibirla, que es el momento donde más lo necesitan para hacer frente a las enfermedades que causaron tal pensión. En este sentido, se manifestó partidario que tal pensión fuera de por vida.

13. Claudio Rivera , asesor jurídico, recordó que la empresa había reconocido que los exámenes que debían practicarse semestralmente se estarían realizando con una periodicidad no mayor a tres años, de acuerdo con una circular emitida por el Ministerio de Salud de 1982 y que el problema radica en el sistema empleado para la medición, como se habría expresado en un informe emitido por la Universidad de Chile, asunto que ejemplificó con los siguientes párrafos del mismo documento:

“No existe programa documentado de monitoreo de agentes químicos y los agentes monitoreados son polvo respirable y sílice”.

“No se han determinado los agentes que pueden contaminar a los trabajadores”.

“Todas las mediciones efectuadas en sílice superan la norma”.

“Que solamente se han hecho algunas mediciones de sílice en minas subterráneas”.

“Que no hay información de monitoreo personal ni biológico de los trabajadores expuestos”.

“Que todas las concentraciones promedio de polvo respirable superan las normas establecidas para este agente”.

“Que se desconoce la representatividad estadística de las mediciones y no se informa del control y aseguramiento de calidad del laboratorio analítico”.

Todo lo anterior, implicaría una falta de transparencia por parte de Codelco.

De acuerdo con la empresa, se habría adoptado un plan de acción, el cual consistió en hacer mapas de riesgos y vigilancia epidemiológica.

En torno a las acciones judiciales entabladas, precisó que los organismos encargados de fiscalizar nunca han respondido nada, por cuanto nunca ejercieron tales facultades. A vía ejemplar, citó los sumarios sanitarios llevados a cabo, donde se dictaminó que las mediciones realizadas estaban mal hechas, por cuanto los sistemas utilizados no corresponden, situación sobre la cual desconocían si había sido enmendada.

Asimismo, reiteró el vacío que presenta la legislación en torno a no establecer un plazo a partir de cuando un trabajador debe ser reubicado y en torno a los casos en que si se practicó la reubicación, estas fueron hechas a lugares que también presentan la misma exposición a sílice.

Por último, se refirió a las acciones internacionales, como ha sido recurrir a la OIT, OMS y la implicancia que traería el incumplimiento de la normativa frente a los compromisos internacionales recientemente adoptados. Específicamente, en torno a lo que se denomina “dumping social” y a la política indemnizatoria que lleva a cabo la empresa en cuanto a pagar diez mil dólares por trabajador enfermo y optar por contratar nuevo personal, en vez de invertir en evitar este tipo de riesgos, para de esta manera evitar la repetición de estos hechos.

14. Sergio Verdugo, asesor jurídico, compartió lo ya expresado por su colega, como también en la necesidad de contar con un centro especializado, por cuanto el sistema chileno presentaría deficiencias, como por ejemplo, el hecho de que el doctor encargado de leer las radiografías, de reconocida experiencia, fue contratado por la empresa, con lo cual perdería independencia.

Representantes de Codelco Chile.

15. Ministro subrogante de Minería , señor Mario Cabezas , ratificó que mantenían un contacto directo con Codelco y estaban al tanto de los problemas de salud detectados, mediante el sistema de visitas inspectivas que realiza Sernageomin.

16. Juan Villarzú , Presidente de Codelco Chile, efectuó un recuento sobre la materia y recordó los avances alcanzados en materia de modernización en la empresa.

Fue así, como se remontó al año 1990, donde se detectó la existencia de problemas ambientales y de seguridad como consecuencia de las reestructuraciones practicadas. En esas circunstancias, la empresa presentaba pasivos elevados en esas materias por lo que se diseñó una alianza estratégica, destinada a resolver los problemas pendientes, recuperar la competitividad con miras a potenciar los recursos.

En base a esta alianza, se centraron en tres aspectos:

-Gestión de los activos.

-Preocupación por los recursos humanos, calidad de vida de los trabajadores.

-Criterios de sustentabilidad.

El compromiso fue duplicar el valor en el período 2000-2006, para lo cual se han invertido esfuerzos en materia ambiental, salud ocupacional y seguridad, de modo de obtener una excelencia operacional.

De esta manera desarrollaron la norma de certificación ISO 14.001 y a fines de este año, se espera contar con la Ohsas 18.001. sobre gestión integral de salud ocupacional y en materia de medio ambiente.

En cuanto a los accidentes fatales, muchos de ellos, tienen su origen en el sector de los contratistas, y es por ello, que acuñaron un lema que es “por la vida, siempre por la vida”.

En el proceso de la salud ocupacional la implementación ha sido lenta. En cambio en el tema ambiental, han priorizado diez aspectos.

En la actualidad no existen enfermos de silicosis de primer grado.

Los trabajadores que padecían de este mal, han sido reubicados. El ISP monitorea constantemente que esta situación se cumpla.

Actualmente, todas las Divisiones cuentan con mapas de riesgos, que contienen las mediciones de los agentes presentes en los lugares de trabajo, conforme estándares corporativos que consideran intolerable los valores de exposición superiores a los máximos establecidos en la legislación vigente, lo que implica la implementación inmediata de medidas de control. Dichos mapas serán publicados en la intranet corporativa, a partir del segundo semestre de este año. Del mismo modo, se han adoptado medidas de protección, mediante el mejoramiento de equipos para evitar los riesgos de exposición prolongada para erradicar la silicosis.

También han puesto en práctica medidas relacionadas con el derecho a saber, como las siguientes:

-Información sobre riesgos a que están expuestos los trabajadores en sus puestos de trabajo.

-Reglamento Interno de Higiene y Seguridad.

-Señalética con advertencia de peligros y medidas de seguridad.

-Capacitación en el uso de Elementos de Protección Personal (EPP).

Difusión y concientización sobre auto cuidado de la salud, (tabaquismo, vida sedentaria, obesidad, etc.)

También han dictado una norma corporativa, la NCC 24 “Análisis de riesgos a las personas, al medio ambiente, a la comunidad del entorno y a los bienes físicos en proyectos de la corporación.

Mediante esta norma se obliga a identificar en forma preventiva los peligros de accidentes y enfermedades profesionales, evaluar los riesgos y adoptar las medidas de control y la verificación de su cumplimiento oportuno, respecto de los trabajadores propios y contratistas y de asegurar y verificar el cumplimiento del marco regulatorio aplicable, obligatorio y voluntario, interno y externo a la Corporación, desde el inicio de los proyectos, su construcción, montaje, puesta en marcha y operación, definiendo las responsabilidades correspondientes en cada una de las etapas.

En este sentido, durante el año 2004 los centros de trabajo iniciaron un proceso de certificación conforme a la norma internacional de calidad ISO 9.001 a los procesos asociados a salud ocupacional en todos los centros médicos divisionales.

También, se tiene planificado instaurar un estándar corporativo para la realización de exámenes médicos preventivos para la pesquisa de enfermedades profesionales, el que está siendo desarrollado a nivel corporativo, con la asesoría de profesionales expertos y de médicos divisionales y con la participación de profesionales del Minsal.

Con respecto a la reubicación de trabajadores con diagnóstico de enfermedad profesional, se procede a su reubicación dentro de un plazo máximo de treinta días.

Con relación a los equipos médicos, se señaló que existía un programa de mejoramiento en todos los centros de trabajo, que ha permitido que los equipos de radiología emitan radiografías de alta resolución (tipo 1), con una antigüedad inferior a tres años y su mantención es efectuada por los propios fabricantes, de acuerdo con las especificaciones técnicas imperantes en Europa o Estados Unidos.

También, se ha practicado un programa de perfeccionamiento del personal médico, específicamente en cuanto a lectura de radiografías de silicosis.

Además, de estas medidas, tres expertos del centro de silicosis de Oviedo visitaron las Divisiones y emitieron un informe, donde se concluye que se constata la presencia de sílice en las minas y plantas, pero que existen las medidas y resguardos correspondientes y que las instalaciones médicas permiten efectuar un reconocimiento adecuado de los trabajadores. También se manifestaron en forma favorable respecto de los equipos y de las radiografías, como de la capacidad de los profesionales que participan. Sin perjuicio, de considerar que era posible mejorar las condiciones de mantención de los equipos de ventilación de las minas y respecto de la labor de seguimiento de los ex trabajadores que pudieran presentar la enfermedad con posterioridad a su retiro. A modo de recomendación, sugirieron la conformación de un equipo médico altamente especializado en lectura de rayos X de silicosis a nivel corporativo, a fin de dar mayor confianza a los trabajadores.

A partir de diciembre, todas las Divisiones y la casa matriz, estarán certificadas según la especificación internacional Ohsas 18.001 , cuyo objetivo es contar con un sistema de gestión de la seguridad y salud ocupacional (Sgsso), que permita a la organización controlar sus riesgos en materia de seguridad social y salud ocupacional, proponiéndose objetivos de corto, mediano y largo plazo, que le permitan mejorar paulatinamente su desempeño.

Los últimos estudios realizados acusan que a junio del año pasado, la fuerza laboral activa en Andina, reportó 104 casos de portadores de silicosis con diagnóstico del Compin, lo que equivale a un 9% de prevalencia, de lo cual concluyen que por cada 1.000 trabajadores, se podrían desarrollar 90 casos de silicosis.

Finalmente, se destacó la creación el año 2000 del Consejo Corporativo y Divisionales Satep, con participación de la Administración, la Federación de Trabajadores del Cobre (FTC), y Federación de Supervisores del Cobre (Fesuc), cuyo objetivo principal es impulsar políticas y estrategias corporativas que aseguren una gestión eficiente del Satep a objeto de mejorar la salud de los trabajadores y de obtener mayor valor para la empresa.

También, se creó una Comisión de Enfermedades Profesionales del Proyecto Común de Empresa P.C.E., a cargo de la discusión de temas relacionados con enfermedades profesionales y materias afines.

17. Carolina Vargas , Gerente de Salud Ocupacional, efectuó una presentación que se adjunta como anexo Nº 2 donde se contienen cifras y datos estadísticos recopilados en materia de enfermedades profesionales. Asimismo, hizo una reseña de la legislación aplicable.

En esta materia, destacó que el decreto supremo Nº 109, de 1968, del Ministerio del Trabajo, señala que la silicosis es la única enfermedad en que se puede diagnosticar incapacidad solamente por el hecho de que se verifique radiológicamente, aunque no tenga manifestaciones clínicas.

Es decir, se otorga una invalidez mínima, de un 25 por ciento, que puede ser aumentada a 27,5 por ciento con la ponderación por edad y género, a un trabajador que, en realidad, no tiene ninguna manifestación clínica.

Por lo tanto, en estricto rigor técnico, no tiene incapacidad; sólo tiene una visibilidad de nodulaciones en una radiografía, pero con antecedentes de exposición, situación que no ocurre en ninguna otra enfermedad.

También, se refirió a un oficio reservado del Minsal, donde se consigna la inconveniencia de realizar radiografías semestrales, pese a la exigencia legal, donde se recomienda efectuarlas, a lo menos cada tres años.

Así, por ejemplo en Alemania, cada persona tiene un carné radiológico donde se toma nota del número de radiografías practicadas, no pudiendo superar una cierta cantidad anual.

Con respecto al sistema de administración delegada de Codelco, que consiste en una delegación para el otorgamiento de las prestaciones, ésta opera sobre el seguro que otorgan la Superintendencia de Seguridad Social y el Instituto de Normalización Previsional y no tiene nada que ver con la fiscalización, facultad que por regla general detentan el Servicio de Salud y la Dirección del Trabajo. En el caso de las empresas mineras, Sernageomin tiene facultades en materia de seguridad, no de salud ocupacional, sólo para casos de accidentabilidad. En otros casos, también, tienen competencia el SAG, o la Dirección General de Aeronáutica Civil u otras entidades de fiscalización especial.

Codelco, como entidad empleadora, tiene obligaciones en materia de prevención de riesgos al igual que cualquier otra empresa, y como administrador delegado, tiene la facultad de quedarse con el 50 por ciento de la cotización que le habría correspondido efectuar si hubiese estado en una mutualidad y con ese 50 por ciento debe otorgar las prestaciones que la ley le señala, esto es las preventivas, las curativas y algunas de las económicas solamente acaecida por incapacidad laboral e indemnizaciones. El INP conserva el otro 50 por ciento para pagar las pensiones.

Con respecto a los síntomas que debería tener un trabajador con silicosis citó los siguientes: la falta de aliento, después de un esfuerzo físico; fatiga, pérdida del apetito, dolor en el pecho y fiebre. Estos síntomas se pueden confundir con otras patologías. Por lo tanto, no son específicos de la silicosis y el diagnóstico clínico tiene como objetivo advertir las nodulaciones, a través de la radiografía, pero también determinar que no existe otro tipo de patologías asociadas, como por ejemplo, la de los fumadores en exceso.

De acuerdo a la normativa de la OIT, la herramienta adecuada para diagnosticar la silicosis es la radiografía convencional, practicada por radiólogos que cuenten con una certificación del Instituto de Salud Pública. Los equipos a su vez también deben contar con una certificación, situación que se cumpliría en Codelco.

Sobre el particular, se precisó que a partir del 7 de noviembre de 2004, la evaluación radiológica se complementa, además, con otro tipo de exámenes adicionales, como la espirometría que mide la función respiratoria. Pero pese a que un trabajador no tenga la función respiratoria alterada igual puede ser invalidado por silicosis en su grado mínimo.

La OIT compara las radiografías que se le sacan al trabajador con un patrón radiográfico y se van comparando hasta encontrar la más similar, y con ello se le da la categoría.

De esta manera, a la silicosis leve se le ha asignado una incapacidad de un 25 por ciento, a la moderada, un 50 por ciento; y a la avanzada, un 80 por ciento, lo que tiene directa relación con los beneficios económicos, no obstante que debe ser reubicado en un puesto de trabajo en que no esté expuesto.

En el caso de la silicosis leve, el trabajador tiene derecho a una indemnización que se paga una sola vez mientras que en los otros casos tiene derecho a una pensión, que en el caso de Codelco, es pagada por el INP.

Fuera de cambiarlos a un lugar no expuesto a sílice, es preciso tener presente que no existe una normativa que defina exactamente lo que debe entenderse por puesto no expuesto, ya que en el ambiente siempre existe una cantidad de agentes y lo importante es la concentración de ellos.

Consultada sobre si los trabajadores de Codelco habían sido reubicados inmediatamente respondió: “no los trasladaron inmediatamente, pero en este minuto sólo tenemos auditados las reubicaciones de Andina con el ciento por ciento de los trabajadores reubicados en puestos de trabajo. Los demás se van a auditar en lo que resta del año”.

Dentro de las enfermedades profesionales detectadas, enumeró la silicosis e hipoacusia y en menor grado las osteomusculares. Las otras enfermedades profesionales son absolutamente marginales. Cada División presenta un cuadro distinto puesto que influye el tipo de mineral y la mina de que se trate.

Así, por ejemplo, en Codelco Norte la silicosis no es un problema importante porque es una mina a rajo abierto. El Teniente, pese a ser subterránea, tiene mayores niveles de humedad. En El Salvador el problema es precisamente lo contrario: como se trata de una mina muy seca, las posibilidades de que haya polvo en suspensión son mucho mayores. Es más difícil manejar el polvo en suspensión en un ambiente que tiene cero por ciento de humedad. En Andina esas cifras están muy cruzadas en los años 2001 y 2002, por el diagnóstico efectuado con tomografía axial computarizada que sería la causa del problema.

Frente a una aclaración relativa a que los médicos de Codelco no habrían impugnado los diagnósticos de las Clínicas Las Condes y Santa María, reconoció esta situación y señaló que en esta virtud se habían presentado los casos a la justicia.

Precisó que los diagnósticos seguirán a firme mientras no sean revisados, situación que de acuerdo con la ley, debería practicarse cada dos años al revisar las incapacidades.

Al momento de la revisión, la Compin, deberá evaluar la incapacidad, y se pronunciará con respecto a si el diagnóstico estaba bien o mal hecho.

Durante este año han sido dejadas sin efecto muchas resoluciones de silicosis bastante antiguas, que habrían correspondido a diagnósticos mal hechos en su oportunidad, debido a que se utilizaron radiografías de mala calidad y que corresponden a trabajadores que llevan ocho o diez años pensionados.

Sobre el particular, señaló: ”Afortunadamente, esos trabajadores nunca tuvieron silicosis. Desafortunadamente para ellos, al creer que la tenían, se acogieron a planes de retiro y actualmente se encuentran pensionados. Muchos de ellos ya no están en edad de ser reubicados en un puesto de trabajo. Pero, desde el punto de vista médico, afortunadamente no tienen la enfermedad, que es lo que importa, y no se ha afectado su calidad de vida”.

Con respecto al alza de casos experimentada entre el 2001 y el 2002, esto tendría su origen en que para dichos exámenes se utilizó la tomografía axial computarizada.

En esas circunstancias, la Comere dejó todas las apelaciones sin efecto. El Ministerio de Salud hace dos años dirigió un oficio a la Corte de Apelaciones, donde decía que la forma correcta era a través de la radiografía. Entonces, se dejaron de utilizar y la Superintendencia de Seguridad Social también ha seguido evaluando con radiografías.

En esta materia, y profundizando la información anterior, se precisó que en un momento dado al médico de salud ocupacional de la División Andina, Codelco-Chile , le surgieron dudas respecto de la calidad de las radiografías, porque detectó pacientes que con sintomatología respiratoria repetitiva, especialmente bronquitis, presentaban radiología negativa. Fue así, como los enviaron a practicarse un escáner, que volvió con el informe radiológico de silicosis. Entonces, ahí se produjo un problema al interior de la División, porque el médico de salud ocupacional se dedicó a sacarles escáner en forma seriada a los trabajadores. Lo curioso es que de cada diez que mandaba, ocho volvían con el diagnóstico de escáner positivo de silicosis (de ahí salió un número cercano a los cien). El médico de salud ocupacional los mandó a la Compin, donde adoptaron el criterio de acoger el diagnóstico de escáner para poder hacer la invalidación. Pero, son muchos los pacientes que tienen radiología convencional de mala calidad negativa y un escáner helicoidal de última generación positivo de silicosis.

Posteriormente, la empresa tomó la decisión corporativa de no seguir haciendo escáner.

18. Superintendente de Seguridad Social , señor Javier Fuenzalida , se refirió en primer lugar a las facultades de su institución en cuanto a la aplicación de la ley Nº 16.744, sobre enfermedades profesionales y accidentes del trabajo.

Destacó que el artículo 30 del mencionado cuerpo legal encomienda a la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso) la fiscalización de las instituciones administradoras del seguro sobre accidentes del trabajo, lo que realiza específicamente en términos económicos, es decir, de administración de los fondos que manejan dichas instituciones, ya que la parte de fiscalización propiamente médica se realizaba, hasta el año pasado, a través de los servicios de salud, y desde el 1º de enero de este año, a través de la autoridad sanitaria, esto es, las secretarías regionales ministeriales de salud.

Manifestó que la Suseso realiza permanentes actividades destinadas a promover la prevención de riesgos, siempre en el marco de la fiscalización de las medidas que deben implementar los organismos administradores del seguro o las empresas con administración delegada, quienes deben mantener un registro de estas actividades y de sus resultados.

Explicó que la Suseso, por las funciones que le entrega la ley, se relaciona directamente con los organismos administradores del seguro, y muy rara vez con los trabajadores o las empresas, salvo en el caso que éstas tengan administración delegada, como se señaló anteriormente. Agregó que las empresas, junto con la fiscalización de la Suseso a través de los organismos administradores, son fiscalizadas también por la Dirección del Trabajo y las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud, en el marco de sus respectivas competencias.

Indicó que la fiscalización de la Suseso, en el marco de las actividades de prevención mencionadas, se lleva a cabo a través de la revisión e instrucción respecto de los planes de prevención de los organismos administradores; de solicitar a los Codelco de Salud que verifiquen la organización, calidad y eficiencia de tales actividades; de requerir a los organismos administradores para que apliquen sanciones a las empresas que no cumplan sus obligaciones en relación a la prevención de riesgos profesionales; de aplicar sanciones a organismos administradores y empresas con administración delegada que no cumplan instrucciones, e incluso de requerir la disolución del organismo administrador o el término de la administración delegada en aquellos casos en que no se cumplan las actividades permanentes de prevención de riesgos profesionales o su organización, en casos en que la calidad o eficiencia sean deficientes.

Respecto al caso específico de la fiscalización a los administradores delegados con respecto a la silicosis, manifestó que en el año 2003 la Suseso requirió antecedentes a las Divisiones de Codelco sobre este tema, y de la información recibida se pudo establecer que se estaban desarrollando programas para mejorar el diagnóstico de concentraciones en los lugares de trabajo y de evaluación de medidas implementadas entre los años 2001 y 2003, para controlar el riesgo de silicosis, uniformando con ello los criterios en las distintas divisiones.

Manifestó que, del examen de las informaciones entregadas, se pudo establecer que en las cuatro Divisiones de Codelco Chile, esto es, Codelco Norte, Salvador , Andina y El Teniente, existían 508 trabajadores con diagnóstico de silicosis, de una dotación total de 16.020 trabajadores con contrato vigente, lo que representaba el 3,17% del total de trabajadores de la empresa.

Agregó que, producto del trabajo desarrollado durante el año 2003, se constató la falta de capacitación existente entre los médicos contralores encargados de realizar las evaluaciones médico legales referidas a la neumoconiosis. Así, durante el año 2004, con el patrocinio del Ministerio del Trabajo y la OIT, y la asistencia técnica de este último organismo, se realizaron tres jornadas de capacitación en el uso de la clasificación internacional de radiografías de neumoconiosis, de acuerdo con lo dispuesto en la recomendación OSH 22, de la OIT, del año 2000. En total, se capacitó a 42 profesionales médicos de Compines (17), Comere (2), Suseso (6) y Codelco (17).

En el año 2005, se logró aumentar la planta de la Suseso, creando la Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo, cuya labor es asesorar al Superintendente en este tipo de materias, coordinando las acciones de los demás departamentos sobre el particular.

Expresó que los requerimientos de información de este año, servirán de insumos para revisar y mejorar el plan de prevención de silicosis, sin perjuicio de que sus resultados sólo podrían verse reflejados varios años después.

En este punto, indicó que las cuatro Divisiones de Codelco Chile contaban con programas de vigilancia médica en torno a la silicosis, aunque con diferentes denominaciones, pudiendo observarse un gran número de trabajadores expuestos al sílice en cada División: Salvador (1.429); Andina (759); Codelco Norte (3.905), y El Teniente (2.150), sin perjuicio de que la definición de trabajadores expuestos en cada una de ellas no era uniforme. De estos trabajadores, prosiguió, existe un alto número que está afecto a programas de vigilancia de silicosis, llegando en Salvador a un 100% de cobertura; en Andina a un 98%; en Codelco Norte a un 87,5%, y en El Teniente a un 93,4%.

Finalmente, destacó que la última palabra en cuanto al diagnóstico definitivo de silicosis la tiene la Suseso, que frente a las cifras entregadas por Codelco de trabajadores con este diagnóstico preliminar, y luego de efectuados todos los pasos correspondientes para definir si se estaba frente a trabajadores que efectivamente podían ser diagnosticados con silicosis, podía afirmar que estas cifras, entre los años 2000 y 2004, llegaban al siguiente cuadro:

División Codelco

Año

2000

2001

2002

2003

2004

Salvador

Andina

^@#@^El Teniente

Norte

9

8

5

1

7

29

4

1

8

91

9

0

5

8

2

0

13

5

3

0

Total

23

41

108

15

21

Hizo presente que el alto número de casos detectados en la División Andina durante el año 2002 correspondía al período en que se había cambiado la tecnología de detección, pasando de la radiografía a la tomografía axial computarizada (TAC), lo que provocó un gran aumento en los casos con diagnóstico preliminar de silicosis.

19. El Director del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), señor Luis Sougarret Seitz , realizó una exposición sobre las competencias de su institución en relación a la silicosis.

En primer lugar, se refirió a las características del sílice y de la silicosis, e inmediatamente analizó el marco regulatorio aplicable, donde destacó el decreto con fuerza de ley Nº 3.525, de 1980, que crea el Sernageomin y, finalmente, el decreto supremo Nº 72, del Ministerio de Minería, de 1985, reglamento de seguridad minera.

Explicó cuáles eran las principales normas de la ley Nº 16.744, en relación a este tema, caracterizando qué eran los accidentes del trabajo y qué se podía considerar como una enfermedad profesional; las prestaciones médicas que se podían otorgar en virtud de esta ley, y las facultades del Sernageomin en este tema, cuando se trataba de faenas extractivas mineras y en cuanto a elementos de seguridad minera.

A continuación, explicó los alcances del decreto supremo Nº 72, del Ministerio de Minería, de 1985, reglamento de seguridad minera, que constituye el marco regulatorio aplicable a la industria extractiva minera nacional, y busca resguardar tanto la vida como la integridad física de las personas que trabajan en esta industria, como también a las ligadas a ella. Destacó que, en cuanto a la aplicación y fiscalización de esta normativa, existe una competencia exclusiva del Sernageomin.

Su artículo 31 de este decreto contiene normas de seguridad minera vinculadas a la prevención de la silicosis, al igual que el artículo 32, estableciendo obligaciones para las empresas mineras. Añadió que el artículo 37 se refiere a los planes y programas de prevención de accidentes y enfermedades profesionales, los que deben ser conocidos por Sernageomin, sin perjuicio de las evaluaciones anuales que cada empresa debe realizar.

Se explayó luego en cuanto a las normas sobre ventilación que establece el reglamento de seguridad minera, y que prescriben que todo proyecto de ventilación debe ser aprobado por Sernageomin, además de las condiciones en que este tipo de proyectos puede desarrollarse.

Como conclusión, señaló que el ordenamiento jurídico chileno contiene, desde antigua data, una regulación especial para la industria extractiva minera, por sus peculiares características, correspondiendo a Sernageomin la competencia sobre ella. Como consecuencia de lo anterior, surgen diversas normas específicas de seguridad minera que pueden tener relación con la silicosis, como son las normas sobre utilización de elementos de seguridad o las normas sobre ventilación. Sin perjuicio de lo anterior, recalcó que son las normas del derecho del trabajo las que regulan las enfermedades profesionales de manera general, incluyendo a aquellas derivadas de la industria extractiva minera, como la silicosis.

20. Claus-Michael Kröger , Gerente de Certificación de Det Norske Veritas Chile, empresa noruega que existe desde el año 1864, cuyos propósitos son salvaguardar la vida, la propiedad y el medio ambiente. Otorgan prestación de servicios como un ente de tercera parte, independiente, mediante certificación de las normas ISO 9.000, relativa al Sistema de Gestión de la Calidad , ISO 14.000, sobre Sistema de Gestión Ambiental, y Ohsas 18.000, sobre Seguridad y Salud Ocupacional. Se trata de una fundación sin fines de lucro, lo que les otorga independencia en cuanto a que certifican sin presiones y sólo lo hacen cuando se cumplen los niveles de gestión pertinentes.

El sistema de normas opera a través de la organización ISO, con sede en Ginebra, donde se reúne un comité, compuesto por distintos expertos, el cual crea una norma, en este caso, la ISO 9.000 o la ISO 14.000. Posteriormente, dicha norma es enviada a todos los entes de normalización de los distintos países.

En el caso chileno se envía al Instituto Nacional de Normalización (INN) para homologar y adaptar a la normativa legal. Es importante señalar que, el INN no es un ente certificador.

En Chile existen veinticinco empresas certificadoras, de las cuales sólo seis o siete son internacionalmente reconocidas. El INN cumple un rol acreditador, en cuanto regula lo relativo a las certificaciones que otorgan las distintas entidades certificadoras.

Las empresas certificadoras trabajan globalmente y son reguladas a través de la ISO 66, que es una norma como la ISO 9.000, pero para certificadores, donde se regulan los procedimientos externos y la competencia de los auditores.

El acreditador también cumple una función de auditoria.

Cabe tener presente que a nivel mundial existen 750 certificadores en 94 países. Se diseñó con cooperación de muchas certificadoras y profesionales, pero no es acreditable. Se estudia incorporarla como norma ISO.

La Ohsas 18.001, no se encuentra regulada y se certifica a través de un acreditador, que efectúa una visita inicial y se audita el manual de seguridad, para lo cual se consideran los procedimientos y registros. Básicamente, se trata de una auditoria que permite conocer cómo está implementada la empresa en materia de documentos, que en el caso de la seguridad, permite conocer los riesgos y la manera en que pueden evitarse.

La auditorias periódicas o de mantención pueden realizarse cada seis meses o una vez al año y su finalidad es revisar el sistema de gestión.

El tamaño de la empresa es definido por la cantidad de empleados y de ello, dependerá el número de días en que debe auditarse.

21. Gabriel Cárdenas , experto en materias de salud y seguridad ocupacional, auditor normas ISO 9.001, 14.001, Ohsas y 18.001, precisó que las empresas debían cumplir con la reglamentación Ohsas , lo que significa tener claridad en cuanto a la legislación y normativa aplicables. Cabe tener presente que la norma ISO 9.000 tiene que ver con la gestión de calidad de una compañía, mientras que la 14.000 y la OHSAS incorporan a la comunidad y por lo tanto las mesas de diálogo cobran importancia.

Una breve reseña sobre la génesis de esta normativa, señala que la ISO 9.001, del año 1994, consideró la gestión de calidad, mientras que la del año 1996, incorporó el sistema de gestión ambiental. A su vez la norma Ohsas consideró la gestión de seguridad y salud exitosa, pero aún no ha sido incorporada dentro de las normas ISO.

También, existe la norma BS 8.800, del año 1996, que contiene una guía para los sistemas de gestión de seguridad y salud ocupacional.

A partir del año 1997, se comienzan a utilizar estándares que permiten auditar de acuerdo con la norma BS 8.800, en base a parámetros como ciclo de mejoramiento continúo, que incluye aspectos de política, planificación, implementación, verificación, acción correctiva y revisión de gerencia. Finalmente, los objetivos dicen relación con políticas de seguridad y salud ocupacional, planificación de riesgos y de los peligros asociados, implementación y operación, verificación, acción correctiva etc..En suma esta normativa persigue analizar que está pasando con la evolución de aquellos peligros y riesgos que la empresa ha identificado.

Básicamente la normativa Ohsas fija marcos de referencia para fijar objetivos y metas de gestión basados en la clasificación del riesgo, en este caso, de cada una de las áreas que conforman la actividad minera, desde la extracción, pasando por cada una de las fuentes, chancados primarios y secundarios, que es donde se genera la mayor cantidad de polvo, flotaciones, y concentrados.

Entre sus finalidades esta establecer un sistema estructurado con elementos básicos y facilitar las evaluaciones internas y externas para el desarrollo del sistema de mejoramiento.

Este tipo de certificaciones recién comienza a ser utilizado y se tiene conocimiento que existen 25 compañías en Chile que han certificado su sistema integrado, es decir, seguridad, medio ambiente y calidad. Entre las empresas mineras se pueden mencionar Candelaria , Doña Inés de Collahuasi y algunas divisiones de Codelco y la mayoría de las Pymes de la Segunda Región.

En lo que dice relación con las ventajas que se obtienen, se pueden señalar las siguientes:

-Mayor motivación del personal, presenta una visión sistemática, mejora tanto la comunicación interna como la externa, el desempeño y la seguridad social.

También, se obtiene disminución de accidentes, de costos, de personal, ausentismo y/o reclamos. Del mismo modo, se constata una disminución de la publicidad adversa y un mejoramiento en la producción.

Las gerencias también adoptan un rol más activo y comprometido, partiendo por una revisión inicial que lleva normalmente a una declaración de intenciones, a través de la cual adquieren el compromiso de llevar a cabo cierto tipo de gestión de seguridad y salud ocupacional, en todas las áreas, sin distinción.

A continuación, se realiza una planificación de los riesgos y se elaboran programas para llevarlos a cabo, se implementa y se efectúan controles periódicos de monitoreo para verificar y practicar correcciones en lo distintos procesos y áreas de la compañía.

La planificación de los riesgos de seguridad y de salud ocupacional son elementos fundamentales, lo que se lleva a cabo mediante una identificación por áreas y se analiza donde y cuales son los riesgos inherentes a cada actividad

Otro elemento importante es el marco regulatorio, por ejemplo, en materia de material pesado, es necesario, distinguir si se trata de plomo, arsénico, ácido sulfúrico, cal, etc. y esto debe encuadrarse dentro del marco permitido.

Una vez que se tiene claridad sobre estos aspectos, se debe trazar un objetivo cual es cumplir con la normativa para el caso de que no sea así y para ello, se deberá elaborar un programa de gestión para ser cumplido dentro de un plazo determinado.

Un asunto no menor, lo constituye la creación de la estructura al interior de la empresa, lo cual se lleva a cabo a través de cursos de entrenamiento y se da difusión a los riesgos en relación con la salud y seguridad ocupacional y comienzan a actuar los comités paritarios. Se hacen campañas de difusión mediante publicaciones y se prepara un sistema para hacer frente a emergencias.

A modo de observaciones del sistema imperante, cabe consignar las siguientes:

1) Que el INN mantenga un catastro de todas las empresas que han sido certificadas, por norma. Entre sus funciones debería estar la relativa a la certificación, a regular las actividades de las distintas empresas certificadoras, para lo cual debiera establecerse un estándar mínimo.

2) Se tiene conocimiento de la existencia de compañías que cumplen una doble función, esto es certificadoras e implementadoras, con lo que pierden objetividad al momento de certificar a una determinada empresa, como ha pasado en algunas divisiones de Codelco.

3) Si bien es cierto, Codelco cumpliría con las normas ISO 9.000 y 14.000 en sus cuatro divisiones, estas certificaciones han sido efectuadas por distintas empresas que emplean distintos criterios y que a la vez también prestan servicios de implementación.

4) Las empresas mineras privadas utilizan estándares de seguridad muy distintos a los estándares de salud ocupacional que emplea Codelco.

Sobre el particular, se sostuvo que:

“Todas las divisiones de Andina, incluso la casa matriz, están certificadas, por la ISO 14.001, que es la norma medioambiental. Sin embargo, en las mediciones de polvo y sílice realizadas entre 1992 y 2002 presentaron elevaciones sobre la norma de hasta cuatro veces- la concentración de polvo y sílice es de 0,008 miligramos por metro cúbico- especialmente entre 1993 y 2000, es decir, durante siete años, estuvieron sobre la norma con un peak el 2002.

En la División Andina, en Río Blanco y Saladillo , hay sectores que superan la norma chilena que establece el Código Sanitario.

Por otra parte están los diagnósticos de 418 trabajadores activos con silicosis, reconocidos por la empresa. Esto representa el 2,63% del total de trabajadores de la empresa y el 5% de los que se encuentran en puestos riesgosos.

Finalmente, frente a una consulta, respondieron que habían participado en una licitación para certificar en la División Andina, pero que no habían resultado elegidos.

V. CONCLUSIONES.

Las Comisiones Unidas, tras analizar in extenso las opiniones vertidas durante el curso de la investigación, más todos los antecedentes aportados, prestó su aprobación a la siguiente propuesta de conclusiones.

1. Que las neumoconiosis constituyen enfermedades del aparato respiratorio caracterizadas por su capacidad de desarrollar un proceso inflamatorio local, progresivo e irreversible, que puede determinar un daño pulmonar que limita la función de hematosis, es decir, de intercambio del oxígeno atmosférico a la sangre, que puede llegar a ser incompatible con funciones humanas elementales como son la actividad cotidiana de la vida diaria y del trabajo, especialmente si este último exige de esfuerzos físicos. Esta enfermedad por esta misma vía puede terminar con la vida.

2. Que existen varias formas de neumoconiosis, entre las cuales se pueden citar: la silicosis, que es el depósito de silicio o SiO2; la asbestosis, depósito de cristales de asbesto; la antracosis, depósito de carbón; la beriliosis, o depósito de berilio; la bisinosis, que es aspiración de polvo de algodón, etc., siendo las dos primeras las de mayor impacto en la salud pública.

A esto se agrega la mayor susceptibilidad de los portadores de silicosis para desarrollar infecciones respiratorias, tales como bronquitis, neumonitis, bronconeumonías y neumonías. Especial referencia sobre este tema lo constituye la mayor presencia de tuberculosis en pacientes portadores de silicosis, cuadro denominado silicotuberculosis. También se ha demostrado que las personas portadoras de silicosis tienen treinta veces más posibilidades de desarrollar cáncer pulmonar.

3. Que hay antecedentes que demuestran altas concentraciones de polvo y sílice respirables, como material particulado respirable, en las diferentes áreas del yacimiento minero de cobre denominado “División Andina de Codelco Chile”, ubicado en la provincia de Los Andes, V Región, especialmente en el sector del área industrial, mina subterránea y el sector denominado “Sur-Sur”, con excedentes que oscilan entre un 10% a un 43%, destacándose un cuadro de mediciones de monitoreo de minas y plantas entre noviembre de 1992 y agosto de 2002, que demuestra la presencia de concentraciones de hasta tres veces por sobre la norma establecida en el decreto supremo N° 594, del Ministerio de Salud, del año 2000, que contiene el reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo, contemplado en el Código Sanitario.

4. Que ha sido entregado a la Comisión un informe sobre evaluaciones de enfermedades profesionales efectuado por la Compin de Aconcagua, que demuestra la existencia de 180 casos de silicosis pulmonar evaluados por primera vez, y 87 casos de silicosis pulmonar reevaluados en el mismo período, todos ellos con sus respectivas resoluciones de esa Comisión, dependiente de la autoridad sanitaria regional, en las cuales se consignan incapacidades laborales desde 27,5% hasta 80% de pérdida de capacidad laboral, de acuerdo a lo establecido en la ley N° 16.744.

5. Que la propia Corporación del Cobre reconoce que actualmente se desempeñan en sus distintas divisiones 418 trabajadores portadores de esta enfermedad, los cuales han sido declarados inválidos por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin) correspondiente. Esta cifra podría ser mucho mayor si se sometiera a pesquisa radiológica, a través de la metodología recomendada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), a la totalidad de los trabajadores expuestos, en forma sistemática.

6. Que la empresa ha declarado y puesto en marcha, desde el año 2004, medidas tendientes a mejorar las condiciones ambientales al interior de las minas, mejorando la calidad de la ventilación a través de programas de inversión para estos efectos, como también directivas de prevención, como la sustitución y mejoramiento de los equipos de protección personal. Igualmente, ha desarrollado metodología diagnóstica para perfeccionar el examen de los trabajadores expuestos, al menos contratando expertos en la materia, desarrollando radiología con metodología OIT y modernizando sus equipos de salud ocupacional. Específicamente, se cambió el equipo radiológico de la División Andina y se capacitó a su personal en tecnología OIT, señalándose también que esto se está haciendo extensivo a todas las Divisiones de Codelco Chile.

Todo lo anterior demuestra claramente que hasta antes de la adopción de estas medidas la técnica utilizada era insuficiente, existiendo un diagnóstico incierto del número de trabajadores afectados en toda la Corporación.

7. Que los propios trabajadores de la División Andina de Codelco Chile, representados por el Sindicato Unificado de Trabajadores (SUT) y el Sindicato de Integración Laboral (SIL), han venido reclamando de esta enfermedad que afecta a sus asociados, alcanzando cifras alarmantes, constituyéndose incluso en esa División un Comité de Enfermos Profesionales (Coenpro), que agrupa a todos los portadores de silicosis, lo que constituye un hecho excepcional en la historia laboral chilena, llegando a ejercer acciones de hecho como fue la toma del mineral el día 29 de agosto del año 2003, por parte de los trabajadores, para exigir la reubicación de los mineros afectados en faenas libres de polvo y sílice.

8. Que no existen cifras de incidencia y prevalencia de las neumoconiosis en Chile conocidas por parte de las autoridades sanitarias del país.

9. Que tampoco existe información respecto de los casos de silicosis en el resto de la minería chilena, ni en otras actividades productivas del país, conociéndose el hecho de que los trabajadores son despedidos después de detectarse que padecen una neumoconiosis, de acuerdo con la normativa del Código del Trabajo, violándose de esta manera el sentido y alcance del artículo 71 de la ley Nº 16.744, que señala que los trabajadores deben ser reubicados en faenas libres de contaminantes.

10. Que la ley N° 16.744, en su artículo 71, establece que los trabajadores afectados por alguna enfermedad profesional deberán ser trasladados a otras faenas donde no estén expuestos al agente causante de la enfermedad. Asimismo, señala que los trabajadores que estén expuestos al riesgo de neumoconiosis deberán realizarse un control radiológico semestral.

11. Que la Corporación del Cobre es administradora delegada del seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, de acuerdo con lo que dispone el artículo 72 de la ley N° 16.744, lo que la obliga a mantener un departamento propio de prevención de riesgos, de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales y servicios médicos también de su competencia, con la finalidad de que enfermedades profesionales como la silicosis, propia del tipo de trabajo que realizan, cuenten con un alto grado de desarrollo en materia de prevención, pesquisa diagnóstica y tratamiento.

12. Que sin perjuicio de lo anterior, ello no ocurre, a pesar de los importantes recursos de que dispone la Corporación del Cobre. Esta constatación resulta mucho más grave al trasladarla a la pequeña y mediana minería, como a otras faenas generadoras de neumoconiosis, en donde sus trabajadores están aún más desprotegidos.

13. Que no ha habido una fiscalización adecuada, suficiente y eficiente por parte de los organismos llamados a controlar este problema, como es el caso de los servicios de salud, antigua autoridad sanitaria, y la Seremi de Salud, actual autoridad sanitaria, como también por parte del Sernaogeomin y de la Superintendencia de Seguridad Social. Estos organismos no entregaron información que permitiera haber actuado en forma oportuna y de esa manera haber evitado los altos niveles de neumoconiosis que se han presentado en nuestro país.

VI. PROPUESTAS.

Al tenor de las conclusiones recientemente expuestas, las Comisiones Unidas acuerdan proponer la adopción de las siguientes medidas:

1. Solicitar a S.E. el Presidente de la República que adopte las medidas tendientes a la creación de un Instituto Nacional de Salud Ocupacional, encargado de proponer políticas públicas en esta materia, realizando estudios epidemiológicos y terapéuticos, y reforzando los sistemas de prevención y control en materia de salud ocupacional.

2. Instar a los Ministros de Salud y del Trabajo y Previsión Social que dispongan todas las acciones tendientes a determinar la incidencia y prevalencia de las neumoconiosis en Chile, tanto en trabajadores activos como pasivos.

3. Requerir a las autoridades públicas con competencia en la materia que intensifiquen la labor destinada a lograr la erradicación de estas enfermedades, lo cual ha sido declarado como posible, tanto por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) como por la Organización Mundial de la Salud (OMS), donde existe un Comité especializado trabajando en esta línea.

4. Se constata, asimismo, la necesidad de introducir modificaciones para profundizar las funciones de fiscalización de los organismos ya mencionados.

5. En lo que se refiere específicamente al Ministerio de Salud, se concluye que es indispensable que en cada servicio del país al menos exista metodología radiológica OIT para la pesquisa de neumoconiosis.

Del mismo modo, se hace indispensable contar con a lo menos un radiólogo por servicio, acreditado por la OIT, para la lectura de este tipo de radiografías, como también que se desarrollen programas de pesquisa en los trabajadores expuestos, de forma de prevenir la repetición de este tipo de situaciones.

En este mismo ámbito, se hace necesario desarrollar medidas de control de las concentraciones de polvo y sílice en toda faena minera e industrial, productora de este contaminante por parte de la autoridad sanitaria correspondiente.

Con relación al resto de los servicios con competencia en esta materia, se hace imprescindible ajustar las medidas de control sobre la ventilación de las minas, especialmente las de carácter subterráneo, como también de los elementos de protección personal, en cuanto deberían ser debidamente acreditados conforme la normativa vigente.

6. Respecto de la Superintendencia de Seguridad Social, es preciso intensificar el rol fiscalizador que deberían ejercer sobre los administradores del seguro establecido en la ley Nº 16.744, en orden a controlar las medidas de prevención y pesquisa de las neumoconiosis.

7. Exhortar a los máximos directivos de la Codelco para que incorporen, dentro de sus prácticas de salud ocupacional, el mayor cuidado y diligencia en la prevención, tratamiento y recuperación de los trabajadores afectados por las neumoconiosis, dada su calidad de empresa líder a nivel mundial en producción minera y, a la vez, ejemplo para todo el resto del empresariado nacional en este mismo rubro.

En el mismo sentido, que Codelco exija a sus empresas contratistas la misma rigurosidad en cuanto a la protección de sus trabajadores.

8. Introducir las modificaciones pertinentes en el Código del Trabajo, con el objeto de que “todo trabajador al que se le diagnostique una enfermedad profesional, que le ocasione una pérdida de capacidad laboral igual o superior a un 15% e inferior a un 70%, de acuerdo a lo preceptuado por la ley Nº 16.744, no pueda ser despedido de su trabajo antes de cumplir 12 meses desde la fecha de la resolución de invalidez emitida por el Compin”.

9. Introducir modificaciones a la ley N° 16.744, en los siguientes términos:

a) Establecer que la reubicación de los trabajadores se lleve a cabo en forma inmediata después de haberse hecho el diagnóstico, refrendado por la autoridad sanitaria.

b) Modificar el inciso tercero del artículo 71, que establece que las empresas que exploten faenas en que trabajadores suyos puedan estar expuestos al riesgo de neumoconiosis, deberán realizar un control radiográfico semestral de tales trabajadores, en el sentido de que la radiología que ahí se señala sea practicada tanto al momento del ingreso a un trabajo que exponga al trabajador a una neumoconiosis, como en forma periódica, cada dos años, con metodología OIT.

10. Arbitrar medidas tendientes a controlar y fiscalizar el estricto cumplimiento de las normas establecidas en el decreto N° 594, del año 2000, del Ministerio de Salud, referentes a contaminación ambiental, en orden a que en las faenas, especialmente las mineras, no se sobrepase la concentración máxima permitida de polvo y sílice en los lugares de trabajo.

Lo anterior vale asimismo en cuanto a la prohibición, producción, importación, distribución y uso de los tipos de asbesto contemplados en el decreto N° 656, de 2000, del Ministerio de Salud.

11. Disponer medidas de reparación para los trabajadores que se han visto afectados por esta enfermedad profesional por tratarse de un daño a su salud, que limita su sobrevida con los riesgos asociados de infecciones respiratorias y cáncer pulmonar que ello representa.

Dicha reparación debería contemplar al menos un beneficio pecuniario acorde con el daño causado, y atención médica gratuita de por vida, en cualquier condición de salud, para ellos y sus familias.

VII. CONSTANCIAS REGLAMENTARIAS.

1. De conformidad con el artículo 301 del Reglamento de la Corporación, cabe señalar que las Comisiones Unidas acordaron enviar copia de este informe al Presidente de la República y a los señores Ministros de Salud, de Minería , y del Trabajo y Previsión Social.

2. Se acordó designar Diputado Informante al señor Patricio Cornejo Vidaurrázaga .

3. El informe fue aprobado por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión.

-o-

Tratado y acordado en sesiones de fechas 20 de abril; 4 y 11 de mayo; 8 y 15 de junio; 6, 13 y 20 de julio, 17 y 31 de agosto de 2005, con la asistencia de los diputados señores Olivares Zepeda, don Carlos ( Presidente ); Accorsi Opazo, don Enrique ; Aguiló Melo, don Sergio ; Bayo Veloso, don Francisco ; Cornejo Vidaurrázaga, don Patricio ; Dittborn Cordúa, don Julio ; Forni Lobos, don Marcelo ; Girardi Lavín, don Guido ; Masferrer Pellizzari, don Juan ; Melero Abaroa, don Patricio ; Mella Gajardo, doña María Eugenia ; Muñoz Aburto, don Pedro ; Ojeda Uribe, don Sergio ; Palma Flores, don Osvaldo ; Robles Pantoja, don Alberto ; Rossi Ciocca, don Fulvio ; Seguel Molina, don Rodolfo ; Tapia Martínez, Boris ; Urrutia Bonilla, don Ignacio , y Vidal Lázaro , doña Ximena .

Sala de la Comisión, a 31 de agosto de 2005.

(Fdo.): JACQUELINE PEILLARD GARCÍA , Secretaria de la Comisión”.