Labor Parlamentaria

El señor ROMERO ( Presidente ).-

Proyecto de la Honorable Cámara de Diputados que modifica la ley Nº 17.798, sobre Control de Armas y Explosivos, con informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y urgencia calificada de "discusión inmediata".

3885-07

--Los antecedentes sobre el proyecto (3885-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley:

En segundo trámite, sesión 11ª, en 5 de julio de 2005.

Informe de Comisión:

Constitución, en sesión 13ª, en 12 de julio de 2005.

El señor ROMERO (Presidente).-

Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor HOFFMANN (Secretario).-

El objetivo del proyecto es solucionar las dudas de interpretación suscitadas respecto de la ley Nº 20.014 en cuanto a establecer en forma definitiva que la competencia para conocer de los delitos que se cometen por tener o portar bombas o artefactos incendiarios es exclusiva de los tribunales ordinarios de justicia y no de los tribunales del fuero militar.

Asimismo, en cuanto a los delitos de compra y venta irregular de municiones, dados su naturaleza y los bienes jurídicos protegidos, se establece que también serán de competencia de los tribunales civiles.

La Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento aprobó en general el proyecto por 3 votos a favor (Honorables señores Viera-Gallo, Andrés Zaldívar y Zurita) y 2 en contra (Senadores señores Chadwick y Espina).

En cuanto a la discusión en particular, efectuó tres enmiendas formales a la iniciativa, las que fueron acordadas por unanimidad. Asimismo, cabe destacar que los numerales 2), 3) y 4) del artículo único fueron aprobados en los mismos términos en que lo hizo la Honorable Cámara de Diputados: los dos primeros, por tres votos a favor y dos en contra, y el 4), por cuatro votos a favor y uno en contra.

El texto que la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento propone aprobar se consigna en el informe.

Cabe hacer presente que el número 1) del artículo único es de quórum calificado, y el número 4), orgánico constitucional, por lo que se requieren para su aprobación los votos conformes de 21 y 23 señores Senadores, respectivamente.

El proyecto debe ser discutido en general y en particular a la vez, conforme a lo dispuesto en el artículo 127 del Reglamento, por tener urgencia calificada de "discusión inmediata".

Sus Señorías disponen en sus escritorios de un boletín comparado dividido en cuatro columnas que consignan el texto de la Ley sobre Control de Armas y Explosivos; el proyecto aprobado por la Honorable Cámara de Diputados; las modificaciones efectuadas por la Comisión de Constitución, y, finalmente, el texto que resultaría si éstas fueran aprobadas.

El señor ESPINA.-

Señor Presidente , esta iniciativa fue aprobada en general en votación dividida (tres votos a favor y dos en contra) por la Comisión de Constitución, tal como informó el señor Secretario . Y quiero señalar la razón por la cual con el Senador señor Chadwick nos pronunciamos en contra de la idea de legislar.

El proyecto, básicamente, se refiere a dos materias: una, dónde van a quedar, dentro de la Ley Sobre Control de Armas y Explosivos, las bombas incendiarias, también conocidas como "bombas molotov"; y otra, cuál será el tribunal competente para conocer de los delitos relacionados con su porte o posesión, y también, con la venta ilegal de municiones.

La razón por la que votamos en contra es la siguiente.

El Gobierno presenta este proyecto porque, en la actual Ley sobre Control de Armas, las bombas incendiarias están reguladas en dos preceptos que, de una forma u otra, resultan incompatibles entre sí.

El artículo 2º de dicho cuerpo legal se refiere a las armas sometidas a control. Y en la letra d) señala "los explosivos, bombas, incluidas las incendiarias, y otros artefactos de similar naturaleza, y sus partes y piezas". O sea, en la actualidad el legislador somete a control las bombas molotov, lo que resulta bastante curioso, porque no hay justificación alguna para que alguien las tenga en su poder, no corresponden a la categoría propiamente tal de las armas sometidas a control, que son el material de uso bélico; las armas de fuego, sea cual fuera su calibre, y sus partes y piezas; las municiones y cartuchos.

Luego, el artículo 3º de la citada ley regula lo relativo al armamento prohibido; o sea, ya no el que se encuentra sometido a control, sino aquel cuya tenencia está prohibida. Y estipula que "ninguna persona podrá poseer o tener artefactos fabricados sobre la base de gases asfixiantes, paralizantes o venenosos, de sustancias corrosivas o de metales", "así como tampoco bombas o artefactos incendiarios.".

Entonces, esta iniciativa legal parecía bien inspirada, porque existe una evidente contradicción. No es admisible que las bombas molotov, por una parte, se hallen entre las armas sujetas a control -o sea, se pueden tener, pero sometidas a control de la autoridad-, y por otra, figuren también, en el artículo siguiente, como armas prohibidas, es decir, aquellas que no se pueden tener bajo ninguna circunstancia.

Entonces, el Gobierno saca las bombas molotov de las armas sometidas a control y las deja exclusivamente dentro de las que se hallan prohibidas.

Hasta ahí estábamos absolutamente de acuerdo.

La diferencia se produce porque, junto con dejar las bombas molotov como armas prohibidas, el Ejecutivo establece para su posesión o tenencia una pena inferior en comparación con el resto de las armas prohibidas.

Me explico.

El artículo 13, que consagra la penalidad respecto de las armas prohibidas, señala que va de tres años y un día a diez años. Y el Gobierno, en el caso de las bombas incendiarias, rebaja la sanción a entre 541 días y diez años. Esto significa que reduce el piso de la penalidad a quien tenga una bomba molotov.

Lo anterior nos llevó a votar en contra de la idea de legislar, pues nos parece que no hay ninguna razón ni fundamento para rebajar la penalidad a la posesión de bombas molotov, cuyo propósito, obviamente, es dañar. Porque quien las tiene es para lanzarlas. Y al hacerlo busca causar un enorme daño, como quemar a una persona (habitualmente se utilizan en contra de la policía); o incendiar un vehículo policial; o -digamos las cosas como son- incendiar o quemar un local comercial, una casa particular, o afectar a personas inocentes que circulan por la vía pública. Todo ello, con un efecto destructivo gigantesco.

El argumento del Gobierno para la rebaja es que la pena resulta muy alta.

Señor Presidente , no puedo creer que se señale que tres años y un día a diez años es una penalidad alta respecto de quien posee un artefacto cuyo propósito es, evidentemente, cometer un delito y un atentado contra la vida de las personas o su integridad física, o en contra de la propiedad privada.

Más aún, debo hacer presente a Sus Señorías qué va a ocurrir en la práctica, de acuerdo con las normas de la reforma procesal penal, si se reduce la mencionada pena. Como su piso se baja de 3 años y un día a 541 días, si el imputado no registra ninguna condena anterior -lo que sucedía habitualmente en el sistema procesal penal antiguo, donde había juicios que nunca terminaban, con lo cual jamás se configuraba la circunstancia de la reincidencia, pues se citaba a los tribunales y así pasaban los años-, no reviste la calidad de reincidente. De manera que la persona sorprendida con una bomba molotov, a quien seguramente no afectará la circunstancia de ser reincidente, si además confiesa que tenía ese artefacto, quedará con una pena de 61 días. Y, conforme a las nuevas normas del Código Procesal Penal, en el juicio simplificado, el que es condenado a 61 días paga una multa. En la práctica, esto significa que el individuo sorprendido con una bomba incendiaria, que no es reincidente en esta conducta y que además confiesa el hecho, lisa y llanamente, según las normas del juicio simplificado, será citado al tribunal, comparecerá y recibirá como sanción una multa.

Yo pregunto en qué país hoy día ello resulta razonable y aceptable respecto de una persona que posee un arma concebida esencialmente para provocar daño. Porque nadie tiene una bomba molotov para jugar al pillarse o a la ronda de San Miguel. El propósito es, sin duda, generar una acción contra terceros y provocarles daño.

Señor Presidente , no considero razonable ni justificado proceder a una rebaja de pena para una conducta de tal naturaleza. Tampoco parece que se trate de una revisión completa de toda la penalidad, que en alguna oportunidad habrá que hacer, porque no es acorde, ya que al respecto existe un desorden general.

Establecer en este momento una rebaja de pena para el porte de bombas molotov y que, producto de ella -es lo más probable-, en el 99,9 por ciento de los casos sólo se aplique una multa, constituye, a mi entender, un profundo error.

Por esa razón fuimos partidarios de rechazar la iniciativa en su conjunto, pues nos pareció que adolecía de dicho error.

Ahora bien, si las autoridades de Gobierno retiran dicha norma, a lo menos yo sería partidario de acoger otras que sí estimamos razonables. Por ejemplo, la que elimina las bombas molotov de las armas sometidas a control, porque esto último resulta ridículo. Nadie puede estar controlando artefactos de esa índole. Una cosa es tener una pistola y otra tener una bomba molotov. Y ya regulamos en forma muy rigurosa el control del uso y porte de armas. Además, hay un cambio de competencia, que puede ser una materia debatible, pero que también parece sensato.

Sin embargo, en momentos en que el país enfrenta permanentes situaciones de delincuencia -hoy vemos cómo el terrorismo preocupa a las naciones que lo sufren en carne propia-, cuando en los actos de protesta que se realizan en Chile constantemente se lanzan bombas molotov que causan daño a la propiedad, pública y privada, cuando con ellas se intenta quemar a policías, con peligro de herir a personas inocentes, rebajar la pena constituye un profundo error.

Por lo anterior, señor Presidente, vamos a votar en contra de la idea de legislar, a menos que, como he dicho, se retire la norma indicada, que es la que genera todo el conflicto.

El señor MARTÍNEZ .-

Señor Presidente , lo expuesto por el señor Presidente de la Comisión de Constitución es sumamente interesante y concreto.

A ello quiero agregar las siguientes consideraciones. En primer lugar, la historia de la bomba molotov, que es, esencialmente, un elemento bélico, de guerra. Hizo su aparición durante la Segunda Guerra Mundial, a raíz de los combates tras la retaguardia de las líneas del frente, y fue usada tanto por los guerrilleros soviéticos como por los guerrilleros locales ante el avance de las tropas del nazismo. En este sentido es, fundamentalmente, un artefacto de combate, militar, producto de la concepción de una guerra irregular.

Con el paso de los años, fue incorporada al arsenal de armas de personas que estaban convencidas de que la violencia iba a ser un elemento importante para cambiar las conductas políticas. Por lo tanto, se utilizó básicamente por la guerrilla urbana, seguidora, en lo ideológico y en lo táctico, de la doctrina de la Rusia soviética.

La bomba molotov es un arma de guerra, hecha para destruir. Su empleo resulta sumamente grave porque es mortal. Y si no ha provocado muertos en estos últimos años ha sido gracias a la suerte y porque generalmente no ha impactado en personas. El día que eso ocurra, no hay duda de que el afectado va a morir quemado.

Asimismo, cabe agregar que, en el nivel más bajo de la acción del terrorismo urbano, mucha juventud la considera incluso como un elemento de entretención, de juego o, si se quiere, de protesta. Sin embargo, representa el entrenamiento inicial, básico, para quienes en un momento dado pueden llegar a manipularla con criterio absolutamente militar.

Eso es lo primero.

Lo segundo es que, en esa línea, las cosas se deben plantear con claridad. No parece lógico sustraer el conocimiento de los delitos de posesión y uso de estos artefactos de la competencia de la justicia militar para entregarlo a la justicia ordinaria. Ello aparece como una permanente capitidisminución de la seriedad y capacidad de la justicia militar, lo cual constituye una ofensa gravísima para sus profesionales, abogados y jueces. Además, no hay que olvidar que las Cortes Marciales están integradas en su mayoría por civiles.

Al sustraer estas causas de la jurisdicción militar se producen dos efectos. Primero, se le resta conocimiento de asuntos que claramente corresponde a su especialización, porque las bombas molotov son armas de guerra. Y, segundo, se provoca un deterioro adicional a su imagen, pues ello se suma a los comentarios negativos que se le han formulado.

En mi opinión, la idea de trasladar la competencia resulta absolutamente nefasta, porque, asimismo -y esto es lo tercero-, se da la sensación de que el porte y uso de bombas molotov es un delito que se puede manejar con cierta mayor ligereza, en circunstancias de que constituye un entrenamiento mínimo, básico, en la escala progresiva de la violencia.

La bomba molotov es esencialmente un arma de guerra y, por lo tanto, los ilícitos a que ella dé lugar no deben sacarse de la competencia de la justicia militar.

En consecuencia, señor Presidente, es evidente que tenemos que cambiar los enfoques en este proyecto.

Nada más.

El señor GAZMURI.-

Señor Presidente , quiero redundar en la argumentación a favor del proyecto tal como fue despachado por la mayoría de la Comisión de Constitución.

Se ha dicho que esta normativa regula dos temas. Primero, en qué categoría de la Ley sobre Control de Armas y Explosivos quedarán las bombas molotov o artefactos incendiarios. Porque es completamente absurdo que se encuentren en dos categorías, en circunstancias de que les corresponde la de armas prohibidas, no la de armas controladas. Estas últimas son, en forma básica, aquellas que se usan para la defensa personal, para la caza deportiva, etcétera.

En consecuencia, la bomba molotov no se debe incluir entre las armas controladas, sino entre las prohibidas, porque en general se usan con fines ilícitos. Su tenencia y porte no persigue objetivos lícitos.

El segundo tema se refiere a la penalidad -y en el debate esto debe quedar claro-, que se circunscribe sólo a la figura de posesión y tenencia de bombas molotov, no a los delitos que pueda conllevar el uso de ellas. En ese sentido, más que de rebajar o de subir penas -la discusión no es ésa-, debemos establecerlas homogéneas, con gradualidad y cierta lógica. Y no veo ninguna lógica en que al porte o posesión de artefactos incendiarios se le apliquen penas mayores que a la tenencia ilegal de armas de fuego -su tenencia ilegal permite suponer su uso ilegal-, que son más mortíferas y peligrosas que aquéllas.

Y la estadística es muy clara.

Me parece completamente absurdo que la tenencia de bombas molotov y la de armas nucleares, biológicas o químicas, que figuran entre las prohibidas, reciba la misma penalidad. O sea, no hay equilibrio en este ámbito.

Considero razonable también lo aprobado por la Comisión respecto de la jurisdicción. Porque a la justicia militar le compete específicamente el juzgamiento de delitos contra militares -lo cual es materia de cierta discusión en doctrina- o de delitos militares cometidos por militares. Nadie discutiría que la investigación y resolución de hechos como los acaecidos en Antuco no correspondan a la justicia militar. Evidentemente, se trataría de delitos -si se comprobara su ilicitud- cuyo conocimiento atañe a militares en cumplimiento de funciones militares. Eso requiere una instancia especializada. Y la justicia militar tiene su especificidad. Y es lógico que en estas materias existan tribunales especiales. Sin embargo, no es razonable que ellos se ocupen también de delitos comunes, aunque se trate de tenencia ilegal de armas.

En consecuencia, soy partidario de aprobar la idea de legislar para corregir un defecto de la ley vigente. Porque una misma arma no debe estar afecta a dos categorías distintas, a dos penalidades distintas y a dos jurisdicciones distintas.

Eso es lo primero que debemos resolver.

Entonces, correspondería aprobar en general el proyecto y después, en la discusión particular, pronunciarnos acerca de los otros dos temas que quedarían pendientes: el de la pena al porte y tenencia de bombas molotov, que debería ser equivalente a la aplicable a otras armas de similar peligrosidad, y el de la jurisdicción, referida -insisto-, no a los ilícitos a que pueda llevar su uso, sino al porte y tenencia de ellas.

He dicho.

El señor SILVA .-

Señor Presidente , las intervenciones del señor Ministro del Interior subrogante y del Vicepresidente de esta Corporación, Honorable señor Gazmuri , aclararon un poco mi duda surgida como consecuencia de la explicación -confieso, de un contenido impactante- del señor Presidente de la Comisión de Constitución , quien se limitó a hacernos presente la fundamentación de minoría; pero no nos informó del porqué de la propuesta de uno de los señores Senadores de mayoría para aprobar el proyecto.

Las exposiciones mencionadas nos permitirán acoger la idea de legislar, pronunciamiento que se justifica por varias razones, entre las cuales prevalece la planteada por el Ejecutivo, relativa a reparar un error de redacción de una enmienda, ya vigente, a la Ley sobre Control de Armas y Explosivos.

Por eso, anuncio mi voto favorable.

Después -en la hipótesis de que la iniciativa se aprobara en general-, estaremos en condiciones de valorar la extraordinaria calidad de las argumentaciones que el Presidente de la Comisión ha hecho valer en contra, que han de analizarse en plenitud para ver si en realidad superan a las que motivaron la aprobación mayoritaria.

En todo caso, es perfectamente posible y tiene valimiento aprobar la idea de legislar.

El señor ESPINA.-

Señor Presidente , sólo quiero señalar, que si el proyecto se rechazara en general, pasaría a Comisión Mixta, donde se resolvería el tema de fondo. Porque el artículo 67 de la Constitución expresa: "El proyecto que fuere desechado en su totalidad por la Cámara revisora" -y éste sería el caso- "será considerado por una comisión mixta de igual número de diputados y senadores,".

Por consiguiente, que la normativa vaya a Comisión Mixta por un precepto o por tres es exactamente lo mismo

Entre paréntesis, señor Presidente , yo voté a favor del cambio de competencia. No tengo ninguna objeción acerca de esa norma.

No obstante, el hecho de que en un artículo, que es el medular -¡el medular!-, por las razones expuestas se rebaja la penalidad de un delito tan grave como el porte de bombas molotov, me obliga a rechazar la iniciativa. De lo contrario, aprobaría la idea de legislar, porque coincido con los otros dos puntos que se plantean.

Pero -repito- me parece un aspecto medular: la iniciativa es una con rebaja de pena, pero otra completamente distinta sin ella.

El señor CHADWICK .-

Señor Presidente , comparto todo lo planteado por el Presidente de la Comisión . Sólo deseo subrayar por qué votamos en contra de la idea de legislar. Obviamente, lo hicimos pensando en que es perfectamente posible ir a Comisión Mixta. Y si el Ejecutivo tiene una voluntad distinta, llegar a algún acuerdo sobre la materia.

Coincido con el criterio del Gobierno en cuanto a que las bombas incendiarias son y deben ser armas prohibidas. No hay ninguna duda en ello. Nadie tiene bombas molotov como armas de defensa; son esencialmente de agresión. Tampoco las posee por coleccionarlas o por amor a las armas, sino que son eminentemente de acción. Además, el daño que pueden provocar no está determinado; es indefinido.

Cuando alguien lanza una bomba incendiaria no sabe el perjuicio que ocasionará. Puede provocar el más feroz de los incendios y, con ello, la muerte de mucha gente, o bien, si el aparato cae en el vacío, no dañar a nadie. De manera que son armas de alto riesgo, porque se desconocen sus efectos.

En ese sentido, no me parece coherente que si todos estamos de acuerdo -empezando por el Gobierno- en que se trata de un arma prohibida, debido a su peligrosidad, a su alto riesgo, a su agresividad, a renglón seguido se rebaje la pena a su posesión.

Nosotros estamos pidiendo que, una vez calificadas como prohibidas, se mantengan las penas que correspondan, obviamente, en cuanto poseedor o tenedor -es lo que estamos comparando- y no respecto de la utilización de dichas armas. Ello, porque su uso puede generar otro tipo de delitos, según los daños que provoquen. De modo que aquí estamos hablando de la tenencia y posesión de esos aparatos incendiarios.

Por lo tanto, estoy totalmente de acuerdo en prohibir la tenencia de tales bombas, y que se le mantengan las mismas penas que a las armas prohibidas. A mi juicio, eso tiene más consistencia.

Por otro lado, cuando el Senador señor Espina se refiere a las atenuantes, hay un punto importante que recalcar.

En definitiva, cuando calculamos las penas, debemos considerar el efecto de las atenuantes, porque así ocurre en la realidad; de lo contrario, se produce desprestigio o falta de consistencia de las normas legales. Es decir, se proponen leyes con sanciones que se estiman elevadas y suficientes, pero después, en la realidad, por efecto del juego de las atenuantes, se aplican otras sustancialmente menores. Ello hace perder consistencia a la legislación frente a lo que ocurre en la sociedad y a lo que sucede en términos prácticos.

Finalmente, subyace otro punto. El Ejecutivo y los señores Senadores que han defendido el proyecto tienen la impresión de que la bomba molotov, la bomba incendiaria, por ser de fabricación casera, de uso más masivo que otro tipo de armas, de fácil acceso, debe recibir una pena menor. A mi juicio, debe ser al revés, porque el arma más peligrosa es la que se consigue fácilmente en cualquier parte, reviste menos riesgo para la persona que está dispuesta a utilizarla, y, sobre todo, sus efectos o los daños que puede producir no los controla quien la usa. Por esa razón los incendios intencionales son sancionados con altas penas en nuestra legislación.

Por mi parte, sostengo un criterio distinto. Obviamente, no estoy planteando que el Gobierno demagógicamente quiera rebajar las penas a quienes poseen armas. ¡No! Si las aumentó a quienes emplean armas blancas, el mismo motivo vale para las bombas incendiarias: son de fácil acceso, pueden fabricarse en forma casera, su manipulación es simple, están al alcance de mucha gente y, por lo tanto, se usan mucho. En consecuencia, el daño que provocan puede ser incluso mayor que el de un arma más sofisticada.

Por eso se deben fijar penas mayores al uso de ese tipo de artefactos, tal como se hizo con las armas blancas. En eso estuvo bien el Gobierno y lo respaldamos. De la misma manera debe actuar respecto de las bombas incendiarias, o molotov, porque pueden usarse fácilmente. Insisto: debe mantenerse una sanción alta, pues rebajar la pena, a mi juicio, no es consistente.

Finalmente, en cuanto a la competencia de la justicia militar, voté en contra de la norma que quitaba dicha competencia a los delitos de tenencia y porte de bombas molotov.

Si hay un tema discutible es qué tribunal especializado, según su clasificación técnica, debe conocer de los delitos relativos a las armas. En la historia legislativa chilena, con gobierno militar o sin él, en democracia o no, permanentemente se ha debatido si la competencia de los tribunales militares debe extenderse al uso de las armas.

Me gustaría que sostuviéramos una discusión técnica, no ideologizada, sobre la jurisdicción militar.

Voté en contra porque hay un punto -obviamente, me puedo convencer de lo contrario- que requiere un análisis técnico, competencia especializada: jurisdicción de los tribunales militares versus delitos relacionados con armas.

En ese sentido, en la Comisión he planteado al Ejecutivo , en distintas oportunidades, que en vez de ir cambiando la competencia de la justicia militar circunstancialmente, según las causas, es necesario que presente un proyecto global -se me ha informado que se está estudiando-, más acabado, sobre la materia. Porque muchas veces se aplican soluciones de parche sin tener una visión general acerca de cuál debiera ser la extensión de dicha competencia.

Por tales razones rechacé la idea de legislar. Pienso que es una norma obviamente sustantiva respecto de la cual en la Comisión Mixta podemos llegar a un buen acuerdo. A veces, ésa es la mejor instancia para lograrlo.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés) .-

Señor Presidente , me pronuncié a favor de la iniciativa en la Comisión. Creo que es perfectamente posible aprobarla en general y provocar la formación de una Comisión Mixta, sin dejar la sensación de que estamos impidiendo el avance del proyecto en el Senado.

¿Por qué voté por la idea de legislar y pienso que es positivo?

Primero, hay algo que todos han reconocido: las famosas bombas molotov, o bombas incendiarias, que son peligrosas y es necesario controlarlas, quedaron mal establecidas en la legislación, pues desde el momento de hacer posible su control, se reconoce su existencia.

Por lo tanto, está bien que se las haya sacado del artículo 2º y queden en el 3º, declarándolas prohibidas. Se trata de un hecho positivo que me lleva a votar favorablemente el proyecto.

En segundo término, nadie puede negar que este tipo de artefactos o armas caseras son peligrosas y que debe prohibirse y sancionarse su fabricación y posesión.

¿Qué hace el Gobierno en el actual artículo 13? (Podemos discutir si está bien o no la penalidad que se establece). Agrega un inciso segundo mediante el cual penaliza la posesión o tenencia de artefactos incendiarios en forma diferente a la sanción de las armas tradicionales mayores, es decir, de gran alcance, como ametralladoras, armas automáticas, etcétera. Tal vez hay una apreciación distinta en uno y otro caso -y es legítimo-, en el sentido de aplicar una penalidad mayor o menor según la peligrosidad. Estimo que todas las armas son peligrosas. Por supuesto que es discutible si una bomba incendiaria se considera entre las armas de mayor o de menor peligro.

Al respecto, quiero plantear que perfectamente podríamos aprobar en general el proyecto, provocar una votación dividida, de modo de rechazar la penalidad propuesta por el Ejecutivo , advirtiendo que se ha establecido una que no existía. Antes, la bomba incendiaria figuraba entre los elementos controlados, pero no prohibidos; en cambio, ahora se le fija una penalidad; no se aumenta o disminuye una sanción.

¿Qué propongo? Rechazar el inciso segundo que se intercala en el artículo 13, para provocar la formación de una Comisión Mixta, a fin de que en ella discutamos lo relativo a la penalidad. Pero aprobemos en general el proyecto, de manera tal que se establezca claramente que las bombas molotov quedan como armas prohibidas, no controladas. Y en la Comisión Mixta discutiremos la penalidad.

Además, está lo tocante a la competencia. Me parece bien entregársela a los tribunales en lo penal, a pesar de que puede ser discutible que la especialidad se encuentre radicada en los tribunales militares.

Estoy de acuerdo con el Senador señor Chadwick . Yo mismo he presentado proyectos de ley con el objeto de precisar de una vez por todas los ámbitos de jurisdicción de aquéllos respecto de los tribunales penales ordinarios. Porque, en efecto, por razones que todos conocemos, la competencia de los tribunales militares se aumentó más de lo que correspondía al ámbito de acción que siempre habían tenido; pero esto es discutible.

En particular, ¿por qué creo que este asunto debiera estar en el ámbito de los tribunales en lo penal actuales? Porque, de acuerdo con la reforma procesal penal ¿ella no llega al ámbito de los tribunales militares, que seguirán con el mismo procedimiento anterior-, me da mayor garantía, desde el punto de vista del debido proceso en su plenitud, que vaya a un tribunal penal ordinario. Y no por los tribunales militares en sí, sino porque el procedimiento que se establece en este tipo de juicios muchas veces mantiene lo que nosotros hemos criticado respecto de los procesos penales en general: que no son transparentes, que el sumario es secreto, etcétera. No lo señalo como un cargo a los tribunales militares, sino como algo que viene de la historia de nuestros tribunales, tanto de los penales ordinarios como de los militares, materia que hemos corregido respecto de los primeros.

Por eso, me parece bien que se cambie la jurisdicción hacia los tribunales penales, conforme a la nueva reforma procesal penal; es un tema que también se puede discutir en la Comisión Mixta.

Entonces, la Sala puede pronunciarse en forma separada. Si esto no se aprueba, habrá Comisión Mixta, donde se podrá debatir este punto.

Por consiguiente, pido que despachemos el proyecto en general, entendiendo que podríamos rechazar -participo de ello- la norma relacionada con la penalidad (que agrega un inciso al artículo 13), con el solo objeto de provocar la formación de la Comisión Mixta.

El señor MARTÍNEZ .-

Señor Presidente , con respecto a la opinión manifestada por el Senador señor Andrés Zaldívar en cuanto a la poca transparencia y el secreto de los tribunales militares, que según Su Señoría habría existido, quiero manifestar que éstos operan exactamente igual como en la reforma procesal penal en aplicación en la justicia criminal chilena: existe un fiscal que acusa, un defensor que defiende a los imputados y un juez que falla.

En ese sentido, muchas veces por desconocimiento de la forma como actúan dichos tribunales, de acuerdo con el procedimiento respectivo, se manifiestan opiniones que no están fundadas en la realidad.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés) .-

Señor Presidente , deseo recuperar el uso de la palabra, pues quiero hacer una aclaración.

El señor ROMERO (Presidente).-

Sí, señor Senador.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés) .-

El Honorable señor Martínez tiene razón en cuanto a la formalidad de lo que plantea, pero no acerca del fondo. Porque en dichos tribunales se mantiene el sumario secreto, además de que el procedimiento es escrito.

Hay un cambio fundamental en materia de procedimiento penal general en la legislación chilena. Y no se trata de hacer un cargo ni de poner una sombra de duda a lo que puedan estar haciendo los tribunales militares, sino que, indiscutiblemente, ellos no han entrado en una fase de reforma, como sí ocurrió con los procesos criminales ordinarios.

El señor ESPINA.-

Señor Presidente , deseo hacerme cargo de lo dicho por el Senador señor Andrés Zaldívar .

El señor ROMERO ( Presidente ).-

Su Señoría ya intervino una vez.

El señor ESPINA.-

No pido la palabra con el fin de tomar parte en la discusión, sino para tratar de generar un acuerdo.

El señor ROMERO (Presidente).-

Puede hacer uso de ella, señor Senador.

El señor ESPINA.-

Señor Presidente , sé que al Honorable señor Andrés Zaldívar le interesa especialmente esta materia. Y es deber del Senado tratar de llegar a un acuerdo al respecto.

Su Señoría está proponiendo que se apruebe en forma unánime la idea de legislar y se rechace la norma que rebaja la pena. Con ello se provoca la formación de una Comisión Mixta para resolver ese asunto, cuestión que a nosotros nos parece bien, porque, en último término, se trata de una iniciativa que incluso en dicho órgano técnico se va a votar conforme al quórum requerido. De no haber acuerdo y no reunirse número suficiente, se mantendrá la disposición vigente.

En lo tocante a la competencia, pido que también demos por aprobada la norma, a pesar de que pueda haber discrepancia entre los señores Senadores. Considero correcto el cambio que se propone, por las razones indicadas por el señor Ministro . Porque cualquier delito perpetrado en contra de miembros de las Fuerzas Armadas o de Carabineros pasará inmediatamente a la justicia militar; pero no si el afectado es un particular, situación en la cual obviamente no será de la competencia de los tribunales castrenses. Reitero: me parece correcto el cambio propuesto por el Ejecutivo .

Por lo tanto, si lográramos llegar a acuerdo en esas materias, podríamos despachar el proyecto y resolver en la Comisión Mixta la única diferencia que tenemos, relativa a la penalidad del delito.

El señor ROMERO ( Presidente ).-

Terminada la votación.

--Se rechaza el proyecto (21 votos contra 17).

Votaron por la negativa los señores Arancibia, Bombal, Canessa, Cantero, Cariola, Chadwick, Cordero, Espina, Fernández, Frei (doña Carmen), García, Horvath, Larraín, Martínez, Matthei, Novoa, Orpis, Ríos, Romero, Stange y Vega.

Votaron por la afirmativa los señores Ávila, Flores, Frei (don Eduardo), Gazmuri, Moreno, Muñoz Barra, Naranjo, Núñez, Ominami, Parra, Ruiz (don José), Ruiz-Esquide, Sabag, Silva, Valdés, Zaldívar (don Andrés) y Zurita.

El señor ROMERO ( Presidente ).-

Corresponde continuar la discusión particular del proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que establece facultades financieras para universidades estatales, con segundos informes de las Comisiones de Hacienda y de Educación, Ciencia y Tecnología, y urgencia calificada de "suma".

3502-04

Facultades financieras para universidades estatales

--Los antecedentes sobre el proyecto (3502-04) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley:

En segundo trámite, sesión 18ª, en 1 de diciembre de 2004.

Informes de Comisión:

Educación, sesión 49ª, en 4 de mayo de 2005.

Hacienda, sesión 49ª, en 4 de mayo de 2005.

Educación (segundo) , sesión 11ª, en 5 de julio de 2005.

Hacienda, sesión 11ª , en 5 de julio de 2005.

Discusión:

Sesiones 51ª , en 11 de mayo de 2005 (se aprueba en general); 12ª, en 6 de julio de 2005 (queda pendiente 2ª discusión inciso final art. 5º).

El señor ROMERO ( Presidente ).-

Solicito autorización del Senado para que ingrese a la Sala la Directora de la División de Educación Superior , señora Pilar Armanet.

--Se accede.

El señor MORENO .-

Señor Presidente , como la Sala seguramente recordará y si no me falla la memoria, hubo dos votaciones, en las cuales las abstenciones influyeron en el resultado. Por eso, en ese momento solicitamos segunda discusión.

El argumento es muy simple: en la Comisión de Educación señalamos que, de aplicarse el criterio de la de Hacienda respecto de los profesores de universidades públicas -como la de Chile u otras- y básicamente de aquellos declarados eméritos y pertenecientes a institutos especializados -o sea, que cuentan con un reconocimiento expreso de tal calidad-, tales personas tendrían que optar entre perder la indemnización que se les ofrece o irse de la universidad sin la posibilidad de volver a ser contratadas, salvo que devolvieran esa cantidad de dinero.

Por tratarse de personas que superan los 65 ó 70 años que se hallan en plena capacidad para seguir investigando y dada la escasez de científicos y de docentes con un alto grado de especialización, en mi concepto no se cometería arbitrariedad alguna al permitir que los profesores que optan por recibir su indemnización, según lo que dispone el resto del artículo, y que poseen la calidad de eméritos, puedan desarrollar una labor temporal en la universidad si desean hacerlo.

De otra manera, nuestro país estaría dando vuelta la espalda a gente de esfuerzo y que ha costado mucho formarla.

Además, sólo serán tres o cuatro los docentes favorecidos si se llegase a aplicar esta cláusula.

De eso estoy hablando, señor Presidente.

Por lo tanto, pido al Senado dar su aprobación al inciso de la Comisión de Educación.

El señor MUÑOZ BARRA.-

Señor Presidente , esta norma dice relación a profesores de avanzada edad que quieren retirarse del sistema.

Yo planteé en la Comisión de Educación que me parecía riesgoso que docentes de alta calidad académica, al retirarse de las universidades públicas, pudieran ser contratados en las entidades privadas, lo que significaría restar en aquéllas su capacidad académica.

Sin embargo, el rector de la Casa de Bello y las máximas autoridades de otros planteles de estudios superiores han planteado que para ellos es fundamental que la norma se apruebe.

Por eso, entregaré mi voto favorable.

En cuanto a los profesores eméritos, surge una interrogante -no sé si el señor Ministro de Educación puede darnos mayores luces al respecto- sobre cuáles son los procedimientos para determinar dicha calidad. Es decir, en una mirada inicial, en una primera edición, evidentemente alguien me contestará que se trata de personalidades con alta capacidad académica. Esa respuesta tiene algún sentido; pero, a mi juicio, la situación no está reglamentada.

Puede ocurrir que, como se opera con cierta orientación económica -ésa es mi única inquietud-, se liberalice en demasía el sistema para determinar la calidad de profesores eméritos -que hoy día es una excepción muy controlada y acotada-, que al final tal concepto carezca del peso, del contenido, de la relevancia y de la prestancia que se le concede en la actualidad.

Por ello, si se presentara alguna norma para cautelar el sistema, también estaría dispuesto a aprobarla.

Pero -repito- tengo mucho temor de que, al no quedar regulado lo relativo a los profesores eméritos, el remedio resulte peor que la enfermedad.

El señor OMINAMI-

Señor Presidente, deseo explicar el sentido de la norma planteada en la Comisión de Hacienda.

La idea es evitar situaciones que contravengan el espíritu y la letra de la norma.

Aquí se está haciendo un esfuerzo tendiente a renovar los elencos docentes de las universidades. Y para ese efecto se entrega un bono, el que además reconoce los servicios prestados por un conjunto de profesores que se han desempeñado en dichas casas de estudios.

Pero de lo que se trata, señor Presidente , es de impedir que aquellas personas cobren el beneficio y después sean recontratadas. Porque cuando la disposición se refiere a los profesores eméritos u otra calidad similar, deja abierta una puerta grande para que las universidades creen "figuras" -entre comillas- equivalentes a la condición de aquéllos. Por esa vía pueden torcerle la nariz a la ley y permitir que los académicos cobren bonos y sean nuevamente contratados.

De ahí que, a mi juicio, es importante que la Sala apruebe la propuesta de la Comisión de Hacienda, la cual fue acogida por la unanimidad de sus miembros.

El señor FERNÁNDEZ.-

Señor Presidente , al analizar la norma en la Comisión de Educación se tuvo muy en cuenta lo que solicitan los propios rectores de las universidades: facilitar la renovación de sus cuadros docentes y, en definitiva, que la carrera tenga mayor dinamismo.

Ello obedece a que hay personas de 65 o más años de edad que no se acogen a retiro debido a que no tienen estímulo especial para hacerlo. De esta manera se van anquilosando los académicos en las universidades, en desmedro de lo que ocurre en otras casas de estudios no sometidas a las mismas disposiciones.

Por tal razón, la Comisión de Educación aprobó la norma en debate, que contiene un beneficio especial y permite que las personas puedan retirarse con una bonificación extra, sin perjuicio de los derechos previsionales que les corresponden.

Ahora bien, con respecto a eximir de esto a los profesores eméritos -al parecer, es una salida que se habría planteado-, participo plenamente de lo manifestado por el Senador señor Muñoz Barra en el sentido de que no existe un reglamento o una normativa que califique la forma de determinar esa calidad.

En tal virtud, por la vía de crear cargos y de señalar categorías especiales, como lo establece la disposición en estudio, podría burlarse la norma y que las personas sigan siendo contratadas, con lo cual no se cumplirá de manera cabal el objetivo perseguido: que los cuadros docentes sean renovados.

Por lo anterior, en mi opinión, creo que el texto acogido unánimemente en las dos Comisiones debería ser aprobado sin lo relativo a los profesores eméritos.

El señor RUIZ-ESQUIDE .-

Señor Presidente , me asiste una duda respecto de lo explicado por algunos señores Senadores y también por el señor Ministro .

Según lo que se expresó -quiero entenderlo bien-, hay dos situaciones: reemplazar el inciso final en la forma propuesta por la Comisión de Hacienda; o bien, aprobar la sumatoria de ambas proposiciones. Porque el asunto está bastante claro: la disposición sugerida por la de Hacienda tiene por objeto permitir la salida de cierto personal de las universidades y lograr de alguna manera la renovación del mismo.

Ésa es la idea.

Pero también es verdad que en la Comisión de Educación, desde hace mucho tiempo, cuando se ha discutido el tema, se ha planteado que las universidades tienen el derecho y la obligación de retener, más allá de la norma general, a aquellas personas que representan un valor especialísimo para ciertas disciplinas.

Por eso, me gustaría que hubiese claridad en lo que vamos a hacer.

Señor Presidente , me está pidiendo una interrupción el señor Ministro . Y, con la venia de la Mesa, se la concedo para dejar bien en claro el punto.

El señor MORENO.-

Señor Presidente, está bien el relato del señor Secretario . Pero si se observa el inciso final aprobado por la Comisión de Educación, es perfectamente posible agregarlo a la norma planteada por la de Hacienda, porque se refiere a una excepción que podría incorporarse si hay acuerdo en el Senado.

Ésa es la proposición que formulo.

El señor RUIZ (don José ).-

La norma de la Comisión de Educación puede ser votada después.

El señor MORENO.-

Por eso estoy haciendo el planteamiento ahora.

El señor LARRAÍN.-

Pido la palabra, señor Presidente.

El señor ROMERO (Presidente).-

Como la Sala es soberana de resolver como lo estime conveniente, puede tomar esa decisión.

Puede continuar el Honorable señor Ruiz-Esquide .

El señor RUIZ-ESQUIDE .-

Señor Presidente , primero, aquí hay un mal encuadre que induce a confusión.

Segundo, la Comisión de Hacienda reemplazó el texto aprobado por la de Educación. Parece que en la Sala existe mayoría para acoger lo planteado por la de Hacienda, sin que por ello pierda validez lo aprobado por la otra, porque perfectamente se puede agregar una excepción mediante un simple cambio del siguiente tenor: "Sin perjuicio de lo anterior, los académicos que hayan alcanzado", etcétera.

Mi postura, señor Presidente, es aprobar el texto de Hacienda, pero también el de Educación, por lo que planteé en su momento. No quiero alegar más.

El señor LARRAÍN.-

Señor Presidente, dada la forma como se ha ido decantando el debate es posible entenderlo.

El texto aprobado por la Comisión de Hacienda plantea una situación que, en general, parece razonable. ¿Qué pasa con los funcionarios que terminan su carrera? Una vez que reciben la indemnización pertinente, no pueden ser recontratados.

Por su parte, la Comisión de Educación, a mi juicio de manera justificada, está diciendo: "No obstante lo anterior, ¿por qué no abrimos la posibilidad excepcional de que los profesores eméritos o equivalentes puedan ser, si la universidad así lo determina, y en la modalidad que ella disponga, recontratados?"

Me parece que esto último no puede dejar de aprobarse. De lo contrario, sería amarrar las manos a las universidades, sobre todo a las estatales y públicas, pues sus mejores académicos, una vez que cesen en su empleo, no podrían ser recontratados. En definitiva, se les impediría seguir ejerciendo docencia en los planteles en que prestaban servicios. Por cierto, esto constituiría una gran ventaja para las universidades particulares. Sin embargo, de todos modos, considero un error prohibir esa alternativa.

Alguien ha dicho: "Es que los profesores eméritos pueden ser cualquier cosa". Bueno, a mí me parece que eso es una falta de respeto para las universidades, que hace muchos años regularon la carrera académica, y existen estatutos relativos a los docentes donde las categorías están claramente definidas. El profesor emérito tiene una determinada significación. Desde luego, eso es así en la Universidad de Chile, en las universidades estatales, y en la principales casas de estudios superiores del país. Por lo tanto, no es cuestión de improvisar quién es profesor emérito. No. Se trata de catedráticos antiguos, que terminan o que están a punto de concluir su carrera, y que han sido muy destacados. El término "emérito" tiene una connotación de distinción jerárquica.

Por eso, me parece adecuado dejar esa excepción, para que las universidades puedan continuar con los servicios de esos académicos en la modalidad que dispongan.

Por lo tanto, lo razonable es aprobar la proposición de la Comisión de Hacienda, porque ésa es la que establece la regla general. Pero ello no es incompatible con la posibilidad de votar también, si el Senado lo estima conveniente, el texto planteado por la de Educación, porque da a las universidades una alternativa positiva, que sería absurdo, necio, torpe rechazar.

El señor MARTÍNEZ .-

Sólo deseo hacer una consulta.

La norma aprobada por la Comisión de Hacienda tiene un aspecto que me llama a la duda, pues dice que la persona, si desea volver a trabajar, debe devolver "la totalidad de la bonificación percibida, expresada en unidades de fomento".

Mi pregunta es: ¿se le pagó en su momento la bonificación en unidades de fomento? Si no, se introduce una diferencia que no está justificada. Se sanciona al funcionario, por volver a trabajar, cambiándole la moneda de pago. Él recibió su bonificación en pesos y, cuando quiere regresar, debe devolverla en UF.

Entonces, ahí hay algo que sencillamente no funciona. Si todo es en la moneda original, no hay problema; pero la situación es distinta si se cambian los términos.

Ésa es la consulta, señor Presidente.

El señor ROMERO ( Presidente ).-

En votación electrónica el texto sugerido por la Comisión de Educación, el cual se agregaría a la norma recién aprobada.

El señor HOFFMANN ( Secretario ).-

¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor ROMERO ( Presidente ).-

Terminada la votación.

--Se aprueba (21 votos contra 10 y 3 abstenciones), y queda despachado el proyecto en este trámite.

Votaron por la afirmativa los señores Arancibia, Ávila, Canessa, Frei (doña Carmen), Frei (don Eduardo), García, Gazmuri, Larraín, Martínez, Moreno, Naranjo, Núñez, Parra, Romero, Ruiz (don José), Ruiz-Esquide, Sabag, Valdés, Vega, Zaldívar (don Andrés) y Zurita.

Votaron por la negativa los señores Bombal, Cantero, Cariola, Fernández, Horvath, Matthei, Muñoz Barra, Ominami, Orpis y Stange.

Se abstuvieron los señores Espina, Flores y Silva.

El señor ROMERO ( Presidente ).-

Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica el decreto ley Nº 321, de 1925, sobre libertad condicional, con informes de las Comisiones de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía y de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, y urgencia calificada de "suma".

--Los antecedentes sobre el proyecto (3854-17) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley:

En segundo trámite, sesión 5ª, en 14 de junio de 2005.

Informe de Comisión:

Derechos Humanos, sesión 13ª, en 12 de julio de 2005

El señor ROMERO (Presidente).-

Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor HOFFMANN ( Secretario ).-

El objetivo principal de esta iniciativa es conceder el beneficio de la libertad condicional a las personas condenadas a presidio perpetuo por delitos contemplados en la ley Nº 18.314, que fija la penalidad por conductas terroristas, y que, además, hayan sido condenadas por delitos sancionados en otros cuerpos legales, una vez cumplidos diez años de la pena impuesta, siempre que los hechos punibles hayan ocurrido entre el 1º de enero de 1989 y el 1º de enero de 1998 y que los condenados suscriban en forma previa una declaración que contenga una renuncia inequívoca al uso de la violencia.

La Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía aprobó en general el proyecto por la unanimidad de sus miembros presentes, Honorables señores Moreno, Naranjo, Silva y Zurita.

Y, en cuanto a la discusión particular, el artículo único de la iniciativa fue acogido por cuatro votos a favor, de los Senadores señores Naranjo, Silva, Valdés y Zurita, y uno en contra, del Honorable señor Chadwick, quien opinó, además, que dicha disposición reviste el carácter de norma de quórum calificado por quedar comprendida dentro de la especialidad de la ley Nº 18.314, al habilitar específica y exclusivamente a las personas condenadas por delitos constitutivos de conductas terroristas para obtener el beneficio de la libertad condicional. En sentido contrario se manifestaron los Senadores señores Naranjo, Silva y Valdés.

Cabe destacar que la aprobación del proyecto en general y en particular por ese órgano técnico fue en los mismos términos en que lo hizo la Cámara de Diputados.

Por su parte, en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, el Honorable señor Espina planteó dudas respecto de la constitucionalidad del texto, porque rompería el principio de igualdad ante la ley y eludiría los resguardos que la Carta establece para indultar a delincuentes terroristas. Su Señoría, en todo caso, por no hallarse definitivamente convencido sobre el punto, sometió la decisión a la Comisión, la que acordó, por tres votos a favor (Senadores señores Viera-Gallo, Andrés Zaldívar y Zurita) y dos en contra (Honorables señores Chadwick y Espina), que la iniciativa no contraviene la Ley Fundamental.

En consecuencia, este último órgano técnico aprobó en general y en particular el proyecto por tres votos a favor (Senadores señores Viera-Gallo, Andrés Zaldívar y Zurita) y dos en contra (Honorables señores Chadwick y Espina), en los mismos términos en que lo hizo la Comisión de Derechos Humanos -es decir, igual que la Cámara de Diputados-, transcribiéndose el texto en su informe.

Se debe señalar finalmente que las Comisiones informantes proponen al señor Presidente discutir en general y en particular, a la vez, la iniciativa, por ser de artículo único, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 127 del Reglamento.