Labor Parlamentaria

El señor LORENZINI (Presidente).-

Corresponde conocer y el proyecto de ley, en primer trámite constitucional y segundo reglamentario, originado en mensaje, que introduce modificaciones al sistema previsional aplicable al personal de las instituciones de las Fuerzas Armadas.

Diputado informante de la Comisión de Defensa Nacional es el señor Jorge Ulloa .

Antecedentes:

Segundo informe de la Comisión de Defensa Nacional, boletín 3397-02. Documentos de la Cuenta Nº 12, de esta sesión.

El señor LORENZINI (Presidente).-

Tiene la palabra el señor diputado informante.

El señor ULLOA.-

Señor Presidente, quiero aclarar que el diputado informante del proyecto es el señor Cardemil , quien, por el fallecimiento de un familiar, no se encuentra presente. Por eso, mis primeras expresiones sean de solidaridad para él y su familia.

En nombre de la Comisión de Defensa, paso a informar sobre el proyecto de ley, en segundo trámite reglamentario, que introduce modificaciones en el sistema previsional aplicable al personal de las instituciones de las Fuerzas Armadas.

En lo fundamental, la iniciativa propone racionalizar el uso de los recursos públicos mediante la eliminación de algunas distorsiones que se han producido en el sistema previsional que rige al personal de las Fuerzas Armadas, lo cual, de acuerdo con las cifras entregadas en el mensaje, generará ahorros equivalentes a alrededor de 34 mil millones de pesos durante el año en curso, que se incrementarán gradualmente en los años siguientes.

Para materializar la idea matriz, se propuso efectuar modificaciones a la ley Nº 18.948, orgánica constitucional de las Fuerzas Armadas, y a los cuerpos legales que contiene el estatuto del personal de las Fuerzas Armadas.

En el primer trámite reglamentario, aunque existieron aspectos del mensaje que no fueron compartidos por la mayoría de los señores diputados, hubo consenso acerca de la conveniencia de legislar sobre el particular, habida consideración de la necesidad de efectuar las correcciones que sean indispensables en el sistema previsional de las Fuerzas Armadas, con el objeto de disminuir el creciente déficit que le afecta.

Como consecuencia del criterio precedentemente expuesto, se aprobaron solamente las normas que dicen relación con las siguientes materias:

1. Se eliminan algunos abonos de años de servicios válidos para el retiro, con el propósito de que sólo los tiempos efectivamente laborados tengan eficacia en el cálculo de la pensión que corresponda pagar.

2. Se restringen los servicios efectivos que se consideran para el retiro solamente al primer año de estudios en las escuelas institucionales de las Fuerzas Armadas, aprobado con valer militar, respecto de quienes ingresen a aquéllas sin haber realizado el servicio militar, y al tiempo servido como conscripto de las Fuerzas Armadas.

3. Se contempla un plazo de prescripción para solicitar la modificación de la causal de retiro cuando existiere una enfermedad invalidante de carácter permanente.

4. Se establece un nuevo mecanismo de distribución de la asignación por alumno, en favor de las escuelas matrices de oficiales y del cuadro permanente y de gente de mar, con el objeto de atender los gastos que originen sus alumnos.

5. Se consagran normas de funcionamiento de las comisiones de sanidad institucionales de las Fuerzas Armadas, a fin de hacer más rigurosos los fundamentos a partir de los cuales se otorgan los beneficios inherentes a las enfermedades profesionales o invalidantes de carácter permanente.

6. Se dispone que las personas que sean reincorporadas, a partir de la entrada en vigencia de esta ley, con excepción del personal de la reserva que lo hiciere para fines de movilización y desempeño, quedarán afectas al régimen previsional contemplado en el decreto ley Nº 3.500, de 1980. En consecuencia, no tendrán derecho a reliquidar sus pensiones de retiro en el sistema previsional de las Fuerzas Armadas.

7. Por último, se aprueban disposiciones transitorias con el fin de que las modificaciones introducidas mediante este proyecto no afecten al personal que se encuentra en servicio activo.

Discusión y votación de la indicación sustitutiva.

El Ejecutivo presentó una indicación sustitutiva que reemplaza el texto del proyecto, compuesta de seis artículos permanentes y cuatro transitorios, que fue discutida y votada del modo que se indica a continuación:

En relación con el artículo 1º, que propone diversas modificaciones a la ley Nº 18.948, orgánica constitucional de las Fuerzas Armadas, hubo un extenso debate acerca de las consecuencias que pueden inferirse de lo obrado por la Sala en la votación general de este proyecto, con motivo del rechazo de este precepto, por no haberse reunido el quórum requerido para ser aprobado.

La opinión mayoritaria sostuvo que la indicación formulada por el Ejecutivo en relación con el artículo 1º es inadmisible, en virtud de lo dispuesto en el artículo 30 de la ley Nº 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, que dispone la votación separada, primero, en general, y después, en particular, de las disposiciones de un mismo proyecto que para su aprobación necesiten mayorías distintas de la de los miembros presentes.

En efecto, se argumentó que la votación de los diputados en la Sala tiene por objeto determinar si existe voluntad para legislar sobre una determinada materia, de modo que el sentido de que se vote separadamente la idea de legislar respecto de las normas que deben aprobarse con un quórum distinto tiene por finalidad que haya un pronunciamiento en relación con la materia a que se refieren dichas disposiciones. Se dijo, además, que si se pensara que tal pronunciamiento no es vinculante, debería haber una sola votación en general en que se aprobare la idea de legislar por la mayoría de los diputados presentes, con el objeto de permitir la discusión en particular de todas las normas del proyecto.

Como consecuencia del criterio expuesto, se sostuvo que si no se alcanza el quórum para aprobar las disposiciones de rango orgánico constitucional, éstas no pueden volver a reponerse.

Acorde con lo anterior, la mayoría de los señores diputados hizo presente que si no se reúne el quórum requerido para aprobar las normas de rango orgánico constitucional, debe entenderse que se rechaza la idea de legislar respecto de las materias a que se refieren dichas disposiciones.

En este mismo orden de ideas, se dejó expresa constancia de que el artículo 2º no fue calificado como norma de rango orgánico constitucional durante el primer trámite reglamentario, no obstante poseer ese carácter. Al respecto, señor Presidente, le pediremos un pronunciamiento sobre la materia.

Sobre el punto, se explicó que en diversos fallos del Tribunal Constitucional se ha sentado precedente en el sentido de que una ley común que contenga disposiciones de rango orgánico constitucional debe aprobarse con el quórum exigido para estas últimas.

Por otra parte, los señores diputados que sostuvieron la opinión minoritaria señalaron que el artículo 65 de la Carta Fundamental no se aplica a las indicaciones, debido a que regula la situación que se produce cuando un proyecto es desechado en general en la cámara de origen.

En favor de esta tesis se argumentó que la eventual aplicación del mencionado artículo 65 a las indicaciones haría improcedente su presentación en el segundo trámite reglamentario si abordaran la misma materia de las normas rechazadas en general, con la consecuencia de que sólo podrían presentarse después de un año de ocurrido el rechazo.

Los señores diputados que fundamentaron el voto de minoría expresaron que la indicación sustitutiva, patrocinada por el Ejecutivo, devuelve al proyecto su integralidad, en razón de que propone un articulado que recoge tanto el artículo 1º rechazado como todas las disposiciones contempladas en el mensaje que dio origen al proyecto.

En virtud de lo anterior, concluyeron que la facultad del presidente de la Comisión para declarar la inadmisibilidad de una determinada indicación no puede considerar como referente sólo una parte de ella para discutir la procedencia de normas que no han sido cuestionadas.

Como resultado del debate habido en relación con esta materia, se aprobó la declaración de inadmisibilidad por siete votos a favor y cuatro en contra.

Esa declaración de inadmisibilidad tuvo como consecuencia el rechazo de otras disposiciones del proyecto, que carecen de sentido al no haberse aprobado el mencionado artículo 1º, que modifica la ley orgánica constitucional señalada.

En esta situación se encuentran las normas que dicen relación con la eliminación de los abonos por años de servicio, válidos para el retiro del personal que se desempeña en sitios aislados o que trabaja en actividades perjudiciales para la salud, como, asimismo, aquellas que se relacionan con la restricción de los servicios efectivos que se considerarán para el retiro en lo referente al primer año de estudio en las escuelas institucionales de las Fuerzas Armadas y al tiempo servido como conscripto en ellas.

Por otra parte, se mantuvo el criterio expresado en el primer trámite reglamentario, en el sentido de rechazar el precepto que establece exigencias a el o a la cónyuge sobreviviente para tener derecho al montepío, en cuanto a que debe transcurrir un determinado plazo entre la celebración del matrimonio y el fallecimiento del causante pensionado o en servicio activo, por considerar que vulnera los derechos adquiridos de algunos beneficiarios y que da origen a una discriminación injusta, fundamento que también sirvió de base para rechazar la eliminación, como beneficiarias de una parte del montepío, de las hermanas huérfanas del causante y de las hijas solteras mayores de 21 ó 23 años de edad.

No obstante lo anterior, se mantuvo la norma que dispone que las personas que se reincorporen en otras plazas o empleos de las Fuerzas Armadas, Carabineros o Policía de Investigaciones con posterioridad a la fecha de publicación de esta ley, quedarán afectas al sistema previsional establecido en el decreto ley Nº 3.500, de 1980, respecto de esos nuevos servicios.

En consonancia con lo obrado en esta materia, se aprobó una disposición transitoria que salvaguarda la situación del personal que hubiese vuelto al servicio con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la ley en tramitación y la del personal de la reserva llamado al servicio activo para fines de movilización y desempeño, los cuales continuarán afectos al sistema de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional.

Asimismo, se mantuvieron las disposiciones tendientes a establecer un plazo dentro del cual deberá impetrarse el derecho a solicitar la modificación de la causal de retiro, fundado en una enfermedad invalidante de carácter permanente; a regular el destino que debe darse al porcentaje de la asignación por alumno, que perciben las escuelas matrices de las Fuerzas Armadas, y a perfeccionar el funcionamiento de las denominadas comisiones de sanidad institucionales.

Por el contrario, no hubo acuerdo para legislar en relación con la idea de incorporar a las personas que ingresen a la planta de empleados civiles de las Fuerzas Armadas y a las plantas de las Subsecretarías de Guerra, de Marina y de Aviación del Ministerio de Defensa Nacional, con posterioridad a la fecha de publicación de esta ley en proyecto, al régimen previsional del decreto ley Nº 3.500.

En relación con esta propuesta, se formularon reparos en cuanto a que no habría incentivos para la contratación de este personal y, por ello, podría disminuir la calidad y la cantidad de profesionales que se incorporen a estas instituciones, en particular, el personal regido por la ley Nº 15.076.

Tampoco hubo acuerdo para que el personal de planta de las Fuerzas Armadas que, a contar de la fecha de publicación de la ley, fuera nombrado como profesor o contratado de acuerdo con las disposiciones de la ley Nº 15.076, quedara afecto, en relación con esos servicios, al sistema previsional establecido en el decreto ley Nº 3500, de 1980, por cuanto se mantuvo el criterio en orden a considerar que ello podría traer como consecuencia la disminución en la calidad e idoneidad de los profesionales que se desempeñen en las Fuerzas Armadas.

Es todo cuanto puedo informar.

He dicho.

El señor LORENZINI (Presidente).-

Señor diputado, en relación con su consulta, es atribución de las comisiones decidir el carácter de las disposiciones para su aprobación. En este caso, la comisión, en su primer trámite no fue modificado en el segundo, no le dio el carácter señalado por su señoría. La Mesa respeta la decisión de la Comisión.

La Mesa declara admisible la indicación del Ejecutivo, en virtud de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara de Diputados.

El señor ULLOA.-

Señor Presidente, quiero plantear un asunto reglamentario.

El artículo 30 de la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional establece lo siguiente: “Las diversas disposiciones de un mismo proyecto que para su aprobación necesiten mayorías distintas a la de los miembros presentes, se aprobarán en votación separada, primero en general y después en particular, con la mayoría especial requerida en cada caso. Tanto la discusión como la votación se efectuarán siguiendo el orden que las disposiciones tengan en el proyecto”.

Sobre esa base, reglamentariamente corresponde la discusión. Por falta de quórum, es decir, porque no encontró eco la idea de legislar sobre el artículo 1º, se mantiene la inadmisibilidad.

El señor LORENZINI (Presidente).-

Señor diputado, la Mesa ya tomó una decisión. Sus comentarios puede hacerlos durante el debate del proyecto.

El señor ULLOA.-

Se trata de un tema reglamentario.

El señor LORENZINI (Presidente).-

El Reglamento permite tomar una decisión sobre el tema. Por lo tanto, no hay debate.

El señor ULLOA.-

Señor Presidente, le agradezco que me haya permitido hacer presente esta situación reglamentaria. Sin embargo, debo recordar que no es la admisibilidad lo que se somete a votación, sino la inadmisibilidad. Independientemente de lo que ha sucedido con esta iniciativa, se requiere resolver el problema, que se ha presentado respecto de varios proyectos. Por ello, propongo que se solicite a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia un pronunciamiento para dirimir la situación. Es probable que, a fines del próximo año, ustedes pasen a ser oposición. En consecuencia, van a requerir un pronunciamiento claro sobre esta materia.

He dicho.

El señor HALES (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Burgos .

El señor BURGOS.-

Señor Presidente, despejado el tema que motivó la decisión mayoritaria de la Comisión de declarar inadmisible la indicación sustitutiva del Ejecutivo, debemos hacer un esfuerzo riguroso por ir al fondo del asunto y tratar de salvar el proyecto, porque es muy importante.

Quiero comenzar mi intervención recordando una información que leí en la prensa, allá por 1998. Con ocasión de la detención del general Pinochet en Londres y de algunas investigaciones periodísticas por cierto, no de Chile, sino de la prensa norteamericana, apareció una información me parece que en el diario “La Tercera” que se refería a que en el risk bank aparecía una cuenta corriente bipersonal del general Pinochet y su señora, con un saldo promedio de un millón de dólares. También recuerdo la explicación, más bien “tierna”, de una familiar muy cercana, quien dijo que eran los ahorros de toda una vida de quien había servido sesenta años al país. Sin duda, el sistema previsional de las Fuerzas Armadas permite otorgar pensiones más altas; pero no tengo la ternura ni la ingenuidad para creer que ese sistema permite ahorrar un millón de dólares después de 45 años de trabajo.

Pero quiero entrar al fondo de la materia. A mi juicio, las razones técnicas que justifican el proyecto ya han sido dadas con rigor por la ministra de Defensa y por los ministros del Trabajo y de Hacienda. Este último decía, al pasar, una cosa muy importante: que este sistema tiene que ver con la lógica decimonónica del reparto versus el actual sistema de capitalización individual.

Es cierto que, como regla unánime, todos los sistemas de reparto son deficitarios; por eso han sido cambiados por el de capitalización individual. De hecho, a partir de 1980, los chilenos fuimos obligados a cambiarnos a un sistema distinto: el de las AFP, que hoy se promociona en el mundo, con todas sus virtudes y debilidades. Hubo una sola excepción en todo el país: los cotizantes del sistema de las Fuerzas Armadas y de Carabineros de Chile, que no fueron obligados a cambiarse y se mantuvieron en el sistema de reparto, que, como se dijo, produce un déficit anual de 50 millones de dólares. Si consideramos el período que va entre el año en que el Presidente Lagos asumió el poder y aquel en que se irá, es decir, el 2006, el país habrá gastado 450 millones de dólares más para financiar este sistema previsional.

Hace algunos días, cuando el proyecto se discutió en general, el diputado Montes dijo que si se sumara todo lo que se ha gastado en los últimos 14 años en la mantención del sistema, se llegaría a la friolera de 12 mil millones de dólares, cifra semejante a lo que costó la quiebra de los bancos en 1982.

Sin duda, atendidas las características de la carrera militar, el sistema de las Fuerzas Armadas es especial y no es susceptible de ser traspasado absolutamente, sin consideración alguna, al de las AFP. Desde luego, porque no se trata sólo de un sistema de jubilación, sino, muchas veces, de retiro obligatorio. Pero también está pendiente una reforma estructural, porque el sistema no resiste más; no podemos seguir pagando este déficit, entre otras cosas, porque en algunos años más tendremos que hacernos cargo del déficit del sistema de las AFP. Todos los cálculos indican que no será posible mantener las pensiones mínimas, y el fisco tendrá que ponerse con dinero, debido a lo cual tendrá que obtener más recursos.

Por eso, hagamos esfuerzos para que se lleve a cabo una reforma estructural que permita acotar los déficit. No hablo de neutralizarlos totalmente, porque eso es imposible mientras exista este sistema; pero sí podemos acotarlos. El proyecto en discusión es el primer paso obvio de racionalización del gasto. Hasta hace poco, esto no era discutido. El proyecto fue entregado al conocimiento público por el ministro de Hacienda, junto con el relativo a las licencias maternales, si no me equivoco. Forma parte de una política integral de racionalización del gasto.

Los colegas de las bancadas que están a mi diestra les reconozco ese mérito siempre están preocupados y sugieren más ideas, incluso, que nosotros, respecto de la racionalización del gasto. Nosotros solemos responder que nos preocupa más la equidad. Sin embargo, en esta materia ha habido un cambio en 180 grados, puesto que quienes se preocupan permanentemente de racionalización del gasto lo que me parece loable hoy están poniendo trabas a un proyecto que busca, precisamente, racionalizar recursos que son de todos los chilenos. Cuando hablamos de pensiones de orfandad tres veces superiores a las restantes, quienes pagamos ese exceso somos el resto de los chilenos. Digamos las cosas por su nombre: éstas no son anomalías, sino arbitrariedades.

Voy a citar como ejemplo una sola arbitrariedad que no elimina este proyecto y que sería bueno estudiar. El artículo 31 de la ley Nº 16.752, de la Dirección General de Aeronáutica Civil, señala: “La compatibilidad de las remuneraciones de los funcionarios de la Dirección General de Aeronáutica Civil con las pensiones de jubilación o retiro de que gocen estos mismos funcionarios se regirá por el artículo 172 del Estatuto Administrativo”. Acto seguido, agrega: “El personal con pensión de jubilación o retiro tendrá derecho a reliquidar su pensión al enterar tres años de servicio en la Dirección General de Aeronáutica Civil”.

¿Qué significa esto? Que una persona que jubila en el sistema de las Fuerzas Armadas aunque, en este caso, creo que es fundamentalmente para el personal de la Fuerza Aérea como coronel, después de haber trabajado tres años en esa dirección, puede rejubilar como general. ¡Una maravilla! Ojalá rigiera para todos los chilenos. Esta disposición es una de las causantes del tremendo déficit que se produce; es una de las anomalías, o arbitrariedades, como yo las denomino.

Las cuestiones más anómalas o arbitrarias ya han sido mencionadas; por ejemplo, las pensiones que reciben las hijas solteras. A diciembre de 2003, 12 mil 465 hijas solteras mayores de 24 años percibían montepío de orfandad, cifra que correspondía al 13,4 por ciento del total de las pensiones que a esa fecha pagaba Capredena , y representaba un gasto de 2 mil 450 millones de pesos mensuales. Ahora, la forma de mantener la soltería para percibir el beneficio de por vida está basada en falsedades esgrimidas en las nulidades de matrimonio. Es decir, se mantiene la relación de hecho, pero el matrimonio se anula legalmente para seguir percibiendo el beneficio.

Entonces, aquí no hay argumentos técnicos para rechazar un proyecto de esta naturaleza, sino sólo argumentos políticos. No puede ser que para entorpecer la agenda legislativa del Gobierno, particularmente la que proviene de la ministra de Defensa, a la hora de hacer determinados cálculos electorales, se entrabe un proyecto de esta índole. Sería lo mismo que si, cuando llegue a trámite legislativo el proyecto sobre seguridad ciudadana, de los senadores Chadwick y Espina, por el hecho de provenir de Lavín, nosotros dijéramos que es inadmisible y que no estamos dispuestos a tratarlo. Eso es incoherente y no le hace bien a la política. Actuemos con rigor, como el país quiere, y racionalicemos los gastos. Ése es el camino para hacer política en serio.

He dicho.

El señor LEAL (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Encina .

El señor ENCINA.-

Señor Presidente, considero que la discusión habida en la Comisión y en la Sala debería ubicar el problema en su justa dimensión. Obviamente, todos entendemos que el sistema previsional de las Fuerzas Armadas debe ser algo especial, y por eso ha seguido funcionando de esa forma.

El proyecto del Ejecutivo apunta a corregir algunas anomalías que tiene dicho sistema. La principal es su gran déficit anual. Como se dijo aquí, en 2003 fueron 900 millones de dólares; en 2004 serán 1.074 millones de dólares. Entre 1989 y 2004, llegó a la astronómica suma de 12 mil 800 millones de dólares. Como dijo el ministro de Hacienda, esta cifra es muy superior al presupuesto destinado a Vivienda, superior a lo que se gasta en seguridad ciudadana y equivale a un porcentaje importante de los recursos que se entregan para educación. Como dicho déficit sigue creciendo anualmente, en algún momento hay que frenarlo. Ése es el objetivo del proyecto enviado por el Ejecutivo.

Además de respetar los derechos adquiridos del personal activo y en retiro de las Fuerzas Armadas y de Carabineros, no lo perjudica, pero corrige una serie de anomalías que no es posible mantener, como las pensiones de por vida para las hijas solteras de militares retirados las que implican un desembolso anual de 29 mil millones de pesos para el Estado y la obtención de una segunda jubilación luego de tres años de recontratación. Así, por ejemplo, en el caso de un coronel, su pensión, de 700 mil pesos, asciende a aproximadamente un millón cuatrocientos mil pesos, posibilidad que no contempla ningún sistema previsional del mundo.

Otra anomalía es la consideración de los años adicionales para efectuar el cálculo previsional. Sin duda, el personal civil debe estar dentro del sistema de previsión en el que están todos los chilenos.

Si en un principio la Oposición estuvo de acuerdo con el proyecto, como lo manifestaron algunos representantes de los institutos que la asesoran en materia legislativa, nos parece extraño que después haya votado en contra en las comisiones de Defensa y de Hacienda. Estaba dentro de la agenda acordada entre el Gobierno y la Oposición, y nadie se explica por qué ésta hoy tiene una postura tan distinta de la original.

La futura ley se aplicará en forma gradual, a fin de ajustar el sistema. Tendrá efectos en los próximos años y contribuirá sustancialmente a frenar un déficit que la sociedad chilena no puede seguir soportando.

A pesar de que la inadmisibilidad de la indicación sustitutiva del Ejecutivo ha sido resuelta por la Mesa, a mi juicio sólo constituyó un subterfugio, ya que constitucionalmente sólo el proyecto que fuere desechado en general en la cámara de origen no podrá renovarse sino después de un año.

La posición de los diputados de la Oposición es aún más contradictoria respecto del servicio militar. Creo que todos estamos de acuerdo en que debiera ser voluntario, pero tenemos que definir cómo financiarlo.

Por una parte, se hace un llamado a que haya mayor ahorro fiscal, pero, por otra, se quiere que el Estado siga gastando en el actual sistema previsional de las Fuerzas Armadas y de Carabineros. Esa gran contradicción debe ser explicada por la Oposición.

El Gobierno, a través del ministro de Hacienda, ha implementado una política fiscal de ahorro permanente, la que, en 2003, permitió ahorrar mil millones de dólares. Por eso, nos parece muy extraño que la Oposición, que siempre pide mayor ahorro fiscal y ajustar el presupuesto de los organismos del Estado, no apoye un proyecto de esta envergadura.

Estoy de acuerdo con la forma en que obró la Mesa al declarar admisible la indicación sustitutiva del Ejecutivo, porque la iniciativa implicará un gran ahorro fiscal y un freno al déficit que produce anualmente el actual sistema previsional de las Fuerzas Armadas y de Carabineros. Por eso, espero que la posición original de la Oposición se manifieste a la hora de votar.

He dicho.

El señor LEAL (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Rosauro Martínez .

El señor MARTÍNEZ.-

Señor Presidente, de las palabras del diputado informante y de quienes tuvimos la oportunidad de participar en algunas de las sesiones de la Comisión de Defensa, se puede concluir que ésta realizó importantes esfuerzos por introducir correcciones en el proyecto original, que, desde sus fundamentos presentaba una serie de deficiencias.

El punto central que le da sustentación teórica a todo el andamiaje de la iniciativa descansa en una argumentación económica plausible, pero no exclusiva, pues temáticas como ésta requieren una visión global, de país, de lo que efectivamente necesitamos y queremos. Esto, sobre todo en momentos complejos, en que han surgido en el continente, en especial en el vecindario, cuestionamientos y críticas muy directos, ya no velados, a nuestra nación, y que, creo, gracias a que tenemos unas Fuerzas Armadas profesionales, capacitadas y técnicamente modernas y muy sólidas, no han derivado en presiones mayores.

¿Qué hubiera pasado si hubiésemos estado en otras condiciones? ¿Tendrían nuestros vecinos la misma condescendencia y respeto que nosotros tenemos por ellos? Cada uno tendrá su respuesta. Yo, al menos, tomando como referencia la historia, tengo la propia, y tengo mis dudas.

Lamentablemente, este debate, que emana de una situación real, pues hay un problema objetivo que debemos atender, se da en circunstancias en que no son el juicio sereno y la fuerza de los argumentos los que están predominando. En efecto, se ha creado un clima excesivamente politizado, en el cual la razón y el análisis racional han dado paso a las descalificaciones y a los estereotipos frente a una materia que debiera estar total y completamente alejada de estas cuestiones.

Estamos ante un tema de Estado, que, como tal, requiere un tratamiento que responda a tales condicionantes. Lamentablemente verdaderamente lo siento, señor Presidente, hay un ambiente excesivamente politizado, tal vez por esta vorágine de candidaturas que estamos viviendo.

Decía que hay un problema que es real y que debemos abordar respecto de las Fuerzas Armadas de nuestro país. Factores adicionales a los propios del diseño del sistema han jugado en contra de su viabilidad. La relación entre activos y pasivos se ha alejado de modo significativo de los márgenes con los cuales posiblemente fue creada. Además, el aumento en la esperanza de vida de la población ha significado que una masa creciente de pensionados viva más tiempo. De esta forma, percibimos que los cambios en los beneficios del sistema no se han realizado, luego de evaluar su impacto de largo plazo en los requerimientos financieros. Todo esto ha obligado a un aporte fiscal creciente para el pago de pensiones.

Hoy, el aporte fiscal a la Caja de Previsión de la Defensa Nacional alcanza a casi un punto del producto interno bruto, y, más importante aún, su tendencia es al alza. Si la situación continúa, en pocos años el aporte fiscal para el pago de pensiones superará el aporte completo de las fuerzas en actividad, es decir, el 1,8 por ciento del PIB, y en un par de décadas, lo duplicará. Por lo tanto, es completamente evidente que se hace imperioso llevar a efecto una reforma. Sin embargo, que una reforma sea necesaria no significa que cualquier cambio sea válido.

La propuesta inicial que origina este informe, tal como lo expresamos en su oportunidad, se concreta meramente en eliminar algunas de las distorsiones del sistema actual, como el alcance del montepío, rejubilaciones, dobles pensiones, civiles acogidos a la Caja de Previsión de la Defensa Nacional y abono de años de servicios, entre otras. En definitiva, la medida implica poner término a derechos adquiridos, y, si bien según aquí se nos ha señalado gracias a las modificaciones introducidas en la Comisión de Defensa, no afectaría al actual personal activo y en retiro, sí lo hará respecto de quienes ingresen a la carrera militar.

Con tales propuestas, desafortunadamente, una vez más estamos perdiendo la oportunidad de hacer un cambio real al mecanismo actual de jubilación de las Fuerzas Armadas y de Carabineros. Aunque los cambios propuestos por el Ejecutivo permitirán reducir en parte los aportes del fisco en los próximos años, no modificarán en forma significativa la tendencia del sistema.

Una verdadera reforma del sistema previsional de las Fuerzas Armadas sólo puede pensarse analizando la carrera militar completa. El objetivo de tal reforma no debería ser exclusivamente ahorrar recursos financieros, sino obtener el diseño de fuerzas más eficientes para enfrentar los desafíos que plantea el país. Esto se inserta, por lo tanto, en la visión modernizadora y global que debiésemos tener del quehacer nacional en el ámbito de la defensa.

En el contexto señalado, un análisis objetivo de un sistema de pensiones para las Fuerzas Armadas no puede excluir a priori ninguna opción. Es evidente que pasar del régimen de reparto al de capitalización individual es una posibilidad que debe ser seriamente evaluada. Que no se aplique a ninguna otra fuerza armada en el mundo no significa nada; que muchos no lo entiendan, tampoco. Lo que importa es que como parte de un diseño comprensivo de la carrera militar, se genere un sistema que viabilice e incentive a los jóvenes a ingresar a diferentes ramas de las Fuerzas Armadas y permita que las instituciones de la Defensa Nacional cuenten con un conjunto de hombres y mujeres altamente capacitados para enfrentar los desafíos del siglo XXI, el que requiere, junto a la competencia técnica, el mejor nivel de preparación integral para responder a las necesidades emergentes de una sociedad cada vez más compleja y exigente.

No se cumplen esas condicionantes cuando hay muy graves distorsiones entre otras, por ejemplo, las que generan los sistemas de reajustabilidad del personal activo y en retiro, o cuando el sistema de salud no atiende las necesidades de estos servidores públicos, en circunstancias de que es el único sector que, una vez jubilado, continúa cotizando.

Con ocasión de la discusión de un proyecto similar, pero para Carabineros, ejemplifiqué las distorsiones en las remuneraciones. En esa ocasión, dije que un suboficial mayor gana actualmente alrededor de 500 mil pesos, en circunstancias de que uno que está en retiro hace veinte años percibe 230 mil pesos. Más grave aún es el tema de la reajustabilidad de las pensiones. Hay un sector al cual se le reajusta de acuerdo al IPC, y otro, de acuerdo al reajuste del personal activo. Estos temas, que son urgentes, no se tocan, y no se solucionan quitándoles beneficios a las viudas o a las hijas de los causantes de montepío.

En consecuencia, votaremos en contra del proyecto, y esperamos diseñar una política integral que procure lo mejor para el país y su futuro.

He dicho.

El señor LEAL (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Edgardo Riveros .

El señor RIVEROS.-

Señor Presidente, la discusión del proyecto no puede ser ajena al gran debate sobre sistemas de pensiones, entre los que figuran el de reparto y de capitalización individual.

Una de las razones por las cuales se dictó el decreto ley Nº 3.500, de 1980, que entró en vigencia el 1 de mayo de 1981, fue el fuerte déficit fiscal que generaba el sistema de reparto. Sin embargo, luego de un análisis más profundo, es fácil deducir que gran parte del déficit fiscal no lo generaba el sistema en sí, sino algunas distorsiones derivadas del reparto.

En esa oportunidad, casi todos los trabajadores de Chile fueron ubicados en el sistema de capitalización individual. Sin embargo, el sector que más déficit generaba, precisamente por los tratamientos excepcionales, se mantuvo en el régimen de reparto. Con el correr de los años, ese sector permaneció en dicho sistema, y la necesidad del aporte de la caja fiscal para financiar sus pensiones ha generado un elemento adicional de déficit.

Este proyecto es limitado, modesto; no apunta a la esencia del sistema mismo y sólo resuelve distorsiones a trabajadores que se mantienen en el régimen de reparto. Se argumenta que por ser éste un ámbito especial, está sujeto al sistema de retiro. Pero el trabajador chileno que pierde su empleo a los cincuenta o cincuenta y cinco años de edad ¡y por Dios que le resulta difícil encontrar uno nuevo!, no podría decir: “Mire, yo quiero un trato similar”. Pero ése no es el tema en debate, sino cómo enfrentamos las distorsiones, porque ellas agravan el déficit. Si no se encuentra una solución, a lo menos en esta fase, y sólo se busca un subterfugio y desviar la atención hacia elementos políticos, presentes en personas que, con demagogia y populismo, quieren defender una situación prácticamente indefendible, al final la situación va a terminar rebotando negativamente en los propios beneficiarios del régimen.

Insisto en que debe hacerse un análisis profundo y serio al respecto, incluso en relación con aquellas personas potencialmente favorecidas, de manera de introducir las correcciones adecuadas para no hacer explotar en forma definitiva, en su conjunto, esta situación excepcional.

Si en 1980 o en años anteriores, cuando se creó el sistema de capitalización individual, se hubiera hecho un estudio sobre las distorsiones, las soluciones establecidas habían sido muy diferentes. Pero como eso no se hizo a tiempo, hoy tenemos un régimen de capitalización individual que presenta dificultades a la inmensa masa de trabajadores chilenos.

Si eso no lo quieren estos funcionarios del Estado, hay que mirar con decisión lo que establece este proyecto. Este es el único sector que tiene un sistema de jubilación que se caracteriza por combinar años de servicio con edad. En el sistema de pensiones, establecido en el decreto ley 3.500, a los trabajadores sólo les cabe cumplir con la edad establecida para poder pensionarse. ¿Es mucho pedir que la jubilación de esos otros trabajadores, los uniformados, que tienen un régimen excepcional, sea establecida en función de años efectivamente trabajados? ¿Es mucho pedir, además, que las pensiones no se asignen con la perspectiva de rejubilación, que, en definitiva, autogenera en el sistema situaciones excepcionales, con impacto neto sobre la caja fiscal, como lo planteó el diputado Burgos en un ejemplo de lo que ocurre con un segmento específico de trabajadores?

De eso estamos hablando. Si no vemos con seriedad y en el momento oportuno esta materia, después no sólo los legisladores, sino también las personas aparentemente beneficiados, lamentarán no haber salido a tiempo al paso de esta situación.

Por eso, lo que decía la señora ministra de Defensa es correcto. La iniciativa cuenta con el apoyo de personas que han examinado este problema de manera seria y se dan cuenta de que es explosivo. Además, cabe recordar que el de los uniformados es el único segmento de trabajadores en el cual los aportes los hace el empleador, en este caso, el Estado. Por eso se genera el déficit de que se ha hablado. En cambio, en el régimen de capitalización individual el aporte lo hace el trabajador. ¿No nos damos cuenta de esto? ¿Y que, además, haya excepcionalidad? Me parece que estamos obligados a acoger lo que nos plantea el proyecto: cómo enfrentamos de manera eficiente el tema de las distorsiones que genera el régimen de reparto.

Desde ese punto de vista, la bancada de la Democracia Cristiana apoyará todas las disposiciones e indicaciones sustitutivas que ha presentado el Ejecutivo en el segundo informe.

He dicho.

El señor LEAL (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Jorge Ulloa .

El señor ULLOA.-

Señor Presidente, al parecer, este segundo trámite reglamentario ha sido aprovechado para efectuar nuevamente una discusión general. Si estamos en ese procedimiento, entonces vamos al fondo.

Fundamentalmente, quiero destacar dos cosas:

En primer lugar, si existe o no pleno convencimiento de que la estructura de las Fuerzas Armadas obedece a una naturaleza completa y tremendamente distinta de la del resto de la sociedad. Digo esto por lo siguiente: las Fuerzas Armadas y las instituciones pertenecientes a Dipreca, es decir, Carabineros, Investigaciones y Gendarmería , son las únicas que no tienen el derecho a jubilación. Así de simple y claro. Parece muy violento; sin embargo, debemos reconocerlo. ¿Y por qué no tienen derecho a jubilación? (Alguien podría decir que lo que estoy expresando es inefectivo o falso. Pero es completamente certero y ajustado a la verdad). Se entiende por jubilación el libre ejercicio que les asiste a todos y a cada uno de los chilenos, después de haber cumplido con ciertos requisitos y una edad determinada, del derecho, pero no la obligación, de presentar su expediente respectivo.

El señor RIVEROS.-

De pensión.

El señor LEAL (Vicepresidente).-

Evitemos el diálogo, diputado Riveros .

El señor ULLOA.-

Precisamente por eso, para conocimiento del diputado Riveros , señor Presidente, al sector al cual pretendemos reformar no se le llama de jubilados, sino de pensionados.

Las Fuerzas Armadas y de Orden, precisamente por la naturaleza de la función que cumplen, no pueden ejercer ese derecho. Su estructura piramidal y el tipo de trabajo que desarrollan sus efectivos, hace que la naturaleza de su función sea tan distinta, que el cuerpo social completo así lo reconozca. Tan cierto es esto que, además, son estructuras productivas del país, porque, a diferencia de lo que algunos sostienen, las Fuerzas Armadas sí nos entregan producción; la principal, la seguridad y garantía de que el Estado va a existir como tal. Recuerdo, además, que en estricta teoría política, las funciones de defensa y de relaciones exteriores son inherentes a la de un Estado. Son exclusivas, excluyentes y, como producción, entregan un valor absoluto: la seguridad de que el Estado en este caso, el de Chile existe. En esa perspectiva se inserta este tipo de funcionarios, y esta diferencia hace que ellos no tengan porque, obviamente, no pueden derecho a huelga, a horas extraordinarias, etcétera; es decir, una serie de derechos que sí tiene, legítimamente, el resto de los chilenos.

Por lo tanto, partimos reconociendo que estamos hablando de estructuras completamente distintas. ¿A qué conclusiones debemos llegar, necesariamente? Primero, comprender que las Fuerzas Armadas y de Orden son, en consecuencia, un costo de la sociedad. No son un costo en sí mismas, sino el valor que la sociedad le asigna a ese grupo para que, efectiva y completamente, nos ofrezca el grado de productividad que se le pide: nada más y nada menos que el reconocimiento de que Chile siga siendo un Estado. Tan sencillo, simple y básico como eso.

Sin embargo, desde hace muchos años, el legislador del momento comprendió no me refiero al del gobierno militar, sino a mucho antes que las remuneraciones de este personal eran tan malas, que comenzó un proceso para que la carrera militar tuviera algún grado mínimo de atractivo, que se fue consolidando a través de ciertos beneficios al personal que completaba las posibilidades de que obtuviese pensión.

En ese contexto nos encontrábamos cuando el Ejecutivo ingresó a tramitación este proyecto de ley.

Al respecto, daré algunas respuestas. Primero, sin duda por desconocimiento, dado que no pertenece a la Comisión y, por lo tanto, no asistió a sus sesiones, el diputado Encina preguntó por qué razón cambiamos de criterio. La verdad es que no existe ningún cambio de criterio. Permanente e insistentemente dije a los señores subsecretarios asistentes que si querían que el proyecto viera la luz, debíamos introducirle ciertas modificaciones esenciales.

Segundo, no es verdad que aquí no se pase a llevar al personal que hoy tiene beneficios. Si el proyecto fuera aprobado como se ha presentado, inmediatamente dejarían de existir expectativas ciertas.

Hace unos minutos recibí un email del siguiente tenor: “Estoy muy preocupado por la reforma de la previsión de las Fuerzas Armadas en que se pone empeño para despojar de los montepíos a la hija soltera. Tengo una hija soltera de cincuenta años; actualmente no trabaja, nos cuida. ¿Qué pasará con ella cuando mi esposa y yo dejemos este mundo?”.

-Hablan varios señores diputados a la vez.

El señor LEAL (Vicepresidente).-

Estimados colegas, evitemos los comentarios.

El señor ULLOA.-

Señor Presidente, es fácil decir que trabaje. Es fácil hacer ese comentario que sólo refleja el completo desconocimiento de la situación que está viviendo el personal, particularmente en retiro, de las Fuerzas Armadas.

Al establecer las reglas del juego, debe hacerse desde el inicio, no cuando ya se tiene la legítima expectativa respecto de un derecho.

El conjunto de disposiciones que se ha pretendido modificar ha significado un proceso de análisis de largos meses, especialmente en la Comisión de Defensa Nacional de la esta Cámara, en la cual infructuosamente planteé, primero como diputado integrante, y, luego como Presidente de la Comisión, la necesidad de que si se requería hacer modificaciones de fondo, como lo planteó el propio diputado Martínez , éstas fueran conversadas y consensuadas.

Aquí, otra vez, se pretende quitar a pensionados algunos de los pocos beneficios que tienen. Nuevamente, los pensionados de Chile son afectados por modificaciones que hoy día, en la práctica, deben ser rechazadas, fundamentalmente porque entrarían a cambiarles las reglas del juego a la gente.

Además, señalamos que todo proyecto de ley con disposiciones de carácter orgánico constitucional, al no haber alcanzado el quórum correspondiente, necesariamente produce un efecto dominó en el resto de su articulado. Quiero dejar claro y hacer reserva constitucional con respecto al artículo 2º, que pretende modificar el DFL Nº 1, de 1968, en materia tocante a normas que mantuvieron su vigencia y que no se encontraban comprendidas en la delegación legislativa conferida al Presidente de la República por la ley 19.507 para dictar el nuevo estatuto del personal de las Fuerzas Armadas.

Por tratarse de materias previsionales, éstas se encuentran excluidas expresamente, según la Constitución Política, de toda delegación legislativa. Por lo tanto, el artículo 2º, que pasa a ser 1º, que se refiere a las modificaciones al DFL mencionado, también tiene el rango de ley orgánica constitucional.

En términos generales, la UDI aprobará el proyecto estrictamente tal como fue aprobado en la Comisión de Defensa.

Finalmente, queremos hacer hincapié en que no estamos dispuestos a que los pensionados nuevamente sigan pagando el pato.

He dicho.

El señor LEAL (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada señora Carolina Tohá .

La señora TOHÁ (doña Carolina).-

Señor Presidente, para los ciudadanos que están siguiendo este debate debe ser bien difícil entender lo que estamos analizando, pues los argumentos esgrimidos no dan cuenta del punto de partida de la realidad que tenemos hoy en Chile y en todas partes.

Las Fuerzas Armadas tienen un sistema previsional especial dadas las características particulares de la carrera que su personal desarrollan. Es así en Chile y en todas partes. ¿Está ello en discusión en este proyecto? No, pues seguirán teniendo un sistema que les va a permitir, antes que al resto de los ciudadanos, tener una pensión, percibir un ingreso mucho más cierto y, en general, en relación con sus ingresos, pensiones más altas que las que tienen la mayoría de los ciudadanos. Esto no está cuestionado.

Tampoco está en discusión que aquellas personas que ya han accedido a los beneficios que hoy día la ley concede los vayan a perder. Esos beneficios seguirán obteniéndolos, y por el resto de su vida podrán disfrutarlos. Tampoco está en discusión que las personas que han reunido méritos registrados en sus hojas de vida para acceder a ciertas asignaciones especiales, por ejemplo, por prestar servicios en ciertas zonas aisladas o peligrosas, pierdan los beneficios que ya conquistaron. Eso no está en discusión.

Lo que aquí está en duda es el cómo vamos a actuar hacia el futuro con esas personas que tienen no un derecho, sino la expectativa de seguir disfrutando de algunos beneficios especiales, para hacer que eso sea sustentable y compatible con la realidad y los problemas del país.

No estamos analizando si deben tener o no un régimen especial; eso no está en discusión. Lo que estamos debatiendo es si ese régimen especial es justo, sustentable y adecuado, dada la situación del país. Lo primero que constatamos es que no es compatible con otras necesidades que deben abordarse, porque es un sistema que ha acumulado un déficit de 900 millones de dólares y que cada año crece en 50 millones de dólares. Es decir, al final de este año, el déficit ya no será de 900 millones, sino de 950 millones de dólares y, al año siguiente, de mil millones de dólares. Sólo el déficit de este año, que es plata que el sistema no alcanza a cubrir y que el Estado debe aportar, equivale a lo que gastamos, por ejemplo, en las subvenciones educacionales de 1 millón 400 mil estudiantes. Es decir, si no existiera ese déficit, tendríamos recursos para duplicar las subvenciones de esa cantidad de estudiantes, gasto que equivale a catorce veces el valor del programa Chile Solidario año a año.

En una sociedad, todos los déficit se pueden discutir. A lo mejor, podemos sustentar cierta cantidad. Pero un déficit que crece a este ritmo, no es posible de cubrir, porque se funda en un sistema cuyo problema no es el hecho de que sea especial ni de que otorgue más seguridades y garantías a los miembros de las Fuerzas Armadas, sino por contener algunos beneficios francamente injustificados e inaceptables en una sociedad como la nuestra. Un ejemplo de ello es el beneficio de las hijas solteras, creado en una época en que si las mujeres no dependían de un hombre, no podían subsistir en la sociedad. Hoy en día esa situación no es válida. Para la mujer es prácticamente humillante que le digan que si no tiene un hombre que la sustente, no puede vivir. Eso ya no es así para las chilenas. Las mujeres solteras parientes de alguna persona pensionada de las Fuerzas Armadas no son las únicas que tienen ese estado civil. Chile está lleno de mujeres solteras que se las tienen que arreglar ante los problemas.

¿Por qué generar una condición distinta para las hijas de los funcionarios de las Fuerzas Armadas si no son ellas quienes hacen la carrera militar? Estamos en presencia de un beneficio injusto. Las ciudadanas solteras que están escuchando este debate seguramente pensarán: “¿Por qué no me benefician a mí también, si soy soltera?”

Además, este beneficio puede prestarse para cosas muy absurdas. Por ejemplo, el día de mañana la ministra Bachelet podría pedir ese beneficio, pues, de acuerdo con la normativa actual, como anuló su matrimonio, es considerada soltera. Por cierto, sabemos que no lo hará jamás; no obstante, tendría ese derecho. ¿Qué pensarían las chilenas si vieran eso? ¿Qué justificación tiene este beneficio? ¿Cuál es el criterio de equidad y de justicia que se aplica?

Otra situación injusta. Si una ciudadana común se casa con una persona a punto de fallecer, sólo puede acceder al montepío si el matrimonio duró por lo menos seis meses. En las Fuerzas Armadas no es así. Quiero citar aquí un caso insólito e increíble. Un suboficial mayor que tenía ochenta y un años de edad se casó con una mujer de 42 años, y falleció antes de que cumplieran un mes de matrimonio. Esa mujer tendrá de por vida esa pensión. En consecuencia, establezcamos para las Fuerzas Armadas una norma similar a la que rige para todas las chilenas, que deben estar a lo menos seis meses casadas antes de que su cónyuge fallezca, para acceder al beneficio de la pensión. En este caso, se contemplaron excepciones para asegurar que no haya problemas. Por ejemplo, se estableció que si la mujer queda embarazada, puede acceder al beneficio. De igual forma, si el oficial fallece en un acto de servicio, la mujer también puede solicitarlo, aunque el matrimonio se haya celebrado sólo dos días antes.

Éstas son las distorsiones de las que hablamos. ¿Alguien me puede decir que no es injusto que en la carrera militar se cometa este tipo de “chanchullos”, que ningún chileno puede hacer?

Este sistema no se sujeta por ninguna parte. No es sustentable, no es justo y no dignifica. Por el contrario, a la larga, creo que será un problema para las Fuerza Armadas.

Por eso, los comandantes en jefe han apoyado este proyecto. Ellos se dan cuenta de que si estas situaciones inadecuadas no se resuelven, el día de mañana, cuando este déficit no sea de 900 millones, sino de mil quinientos millones de dólares, alguien va a decir: “Váyanse todos a las AFP, porque esto no da para más”. Si queremos mantener y hacer sustentable un régimen especial, debemos aprobar estas normas, terminar con estas distorsiones y hacer algo que dé cuenta de lo particular que es la carrera militar; pero, también, de que lo justo es justo, lo correcto es correcto y de que hay límites que no se pueden transgredir.

He dicho.

El señor LEAL (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Camilo Escalona .

El señor ESCALONA.-

Señor Presidente, me parece que los propósitos que habitualmente inspiran la acción de la UDI son demasiados y, por ello, resultan incoherentes e insostenibles. Por ejemplo, como lo dijo el diputado Burgos , siempre que llega un proyecto de ley al Congreso Nacional o cuando discutimos el presupuesto nacional, lo primero que la UDI dice es: “Señores, queremos menos gastos”. Uno conoce perfectamente, después de catorce años de reinstalado el Congreso Nacional, la reacción de los diferentes actores que lo conforman, y, reitero, lo primero que dice la UDI es: “Mire, señor, no quiero que se gaste ni un peso más”. Ésa es su primera reacción ante cualquier iniciativa que implique financiamiento. Sin embargo, aquí se niega a que se gaste menos, y eso resulta incoherente.

En segundo lugar, la UDI siempre sostiene: “Queremos más eficiencia” es como uno de sus caballitos de batalla predilectos. Más allá de la eficiencia, busca una cierta imagen, de gente que hace las cosas bien, de gente moderna; pero resulta que, a la vez, quiere mantener odiosas ineficiencias. Ello tampoco es coherente.

En tercer lugar, la UDI siempre dice: “Estamos dispuestos a cualquier cosa; pero cuando se trate del presupuesto final, cuando se haga la suma y la resta de lo que se gasta en este país, queremos menos carga tributaria”. Ése es otro de sus “sentidos comunes”. Sin embargo, la semana pasada acabamos de discutir un primer informe sobre el presupuesto, del director de Presupuestos, Mario Marcel , que se completó esta semana, relacionado con la evaluación del gasto de este año, y ahí estaban los parlamentarios de la UDI muy preocupados, mirando si efectivamente la carga tributaria había o no aumentado en estos años.

En este caso, la única posibilidad de afrontar este aumento en el gasto de la previsión de las Fuerzas Armadas sería efectuar, a corto plazo, una discusión de la carga tributaria, a fin de hacerse cargo del aumento del déficit. En este caso, tampoco resulta coherente ni sostenible la posición de la UDI. Es decir, no se puede querer tantas cosas al mismo tiempo, salvo quedar, desde el punto de vista público, en una posición demagógica e inargumentable. Me imagino que esto no debe de haber pasado por ninguno de los sesudos personeros de los institutos de estudio de la UDI, porque aquí lo que estamos pidiendo, como Concertación, es reducir un gasto y hacerlo más eficiente, con el objeto de evitar que se suscite una discusión sobre el aumento de la carga tributaria para hacer frente a este déficit. En suma, resulta completamente irreconocible la posición de la UDI, pues hace poco tiempo estaba de acuerdo en que se tenía que legislar sobre esta materia y hacer estos ahorros.

Si nos trasladamos al campo de la discusión ética y moral, todavía es más irreconocible, porque escuchamos no hace mucho, en 1996 ó 1997, ardorosas intervenciones en esta Sala contra el divorcio, cuando se aprobó, en su primer trámite, el proyecto sobre esa materia. Las volvimos a escuchar hace pocos meses. Eran apasionados planteamientos en defensa de la familia. No obstante, ahora la UDI defiende un mecanismo que induce a las personas a recurrir a la nulidad matrimonial para, en su condición de solteras, recibir una pensión.

Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Dónde quedó el discurso moral, la defensa de la familia, del orden y de las buenas costumbres? ¡Por favor!

Lo que pasa aquí es sorprendente. Hay que mirar el comportamiento de las fuerzas políticas a largo plazo para medir su coherencia y consecuencia en relación con sus paradigmas. El paradigma de la UDI cae hecho trizas, se quiebra como un espejo.

Por eso, no puedo evitar hacer mención a otro de los paradigmas de la UDI: su insistente crítica y queja diaria, ardorosa por la seguridad ciudadana. Y ocurre que la UDI defiende, en este caso, las anomalías de un sistema cuyo gasto es 20 por ciento superior a todo lo que el Estado desembolsa en seguridad y orden público. O sea, hace tanto cuento y caudal por la seguridad ciudadana, el orden público y la obsesión por los delincuentes, pero aquí defiende un gasto que, como dije, es 20 por ciento superior a todo lo que el país destina en seguridad ciudadana y administración de justicia.

Por lo tanto, ni desde el punto de vista de sus criterios económicos ni de sus supuestos paradigmas sobre la familia y la sociedad, vemos consecuencia en la UDI. Por el contrario, observamos absoluta incoherencia.

Todo esto se debe a que fuerzas políticas cometen el error de querer muchas cosas al mismo tiempo. En este caso, quieren quedar bien con los antiguos uniformados, quieren enviar un mensaje para que no se les escapen esos esquivos votos duros, están preocupados porque el alcalde señor Lavín no ha defendido a Pinochet en el tema de los derechos humanos. Por eso intentan beneficiar a los uniformados en estos aspectos. Pero no se han actualizado, no se han informado, están haciendo oídos sordos de la realidad. Las propias instituciones uniformadas se dan cuenta de que estas cosas son insostenibles y se deben corregir, y que no tienen nada que ver con la defensa de la patria. Por el contrario, desprestigian a los uniformados. Lógico. ¿Cómo un joven oficial recién salido de una escuela matriz y que ingresó a ella para defender a la patria, va a querer que lo sindiquen como confabulado con estos abusos? ¿Creen que alguno de ellos se siente bien con estos abusos? ¿Creen que alguno está de acuerdo con una norma que induce a las personas a separarse para obtener, como solteras, una pensión permanente? ¿Creen que a alguno de ellos les agrada este tipo de irregularidades? ¡No, pues! ¡Actualícense!

Los directores de personal y los altos mandos de las Fuerzas Armadas están de acuerdo en que estas cosas se deben corregir porque son insostenibles y dan vergüenza. Corregir esto ahora sería un aporte para la salud moral del país y para las Fuerzas Armadas en particular.

He dicho.

-Aplausos.

El señor RIVEROS.-

Señor Presidente, sólo quiero hacer una precisión. El diputado Ulloa se refirió a las pensiones y trató de corregir lo que planteamos en torno de ellas.

El único ámbito en el cual hay pensiones propiamente estructuradas es en el establecido por el decreto ley Nº 3.500. Hablar de pensiones en otro ámbito, sólo agrega una distorsión a la distorsión.

El decreto ley Nº 3.500, que creó las administradoras de fondos de pensiones, señala que en el régimen previsional chileno, de capitalización individual, hay tres tipo de pensiones: la de invalidez, la de sobrevivencia y la de vejez esta última, a los 60 años en el caso de la mujer y a los 65 en el del hombre.

Una de sus grandes modificaciones fue terminar con el concepto de jubilación; es decir, que las personas pudieran, además de pensionarse por cumplir la edad, jubilarse por años acumulados de servicio.

Me parece importante decir lo anterior en un debate de esta naturaleza y sólo para precisar los términos.

Pienso que el diputado Ulloa habló de pensión, única y exclusivamente, para justificar la demagógica alusión hecha al final de su intervención, que contestó muy bien el ministro Solari .

He dicho.

El señor LEAL (Vicepresidente).-

Recupera el uso de la palabra el diputado señor Rodolfo Seguel .

El señor SEGUEL.-

Señor Presidente, después de la intervención de nuestro colega y amigo diputado Ulloa , la señora María Isabel Molina , de Talcahuano, me envió un fax, en el que dice: “ Don Rodolfo , estoy viendo al diputado Ulloa por televisión. Mi caso es el siguiente: mi marido trabajaba en una empresa y se jubiló con 155 mil pesos. Falleció hace tres meses, y estoy tramitando mi pensión, pero me dijeron que me darán el 60 por ciento de lo que le correspondía a mi marido. ¿Podría preguntarle al diputado Ulloa cómo puede hacer para que me paguen el ciento por ciento?”. Después le daré al diputado Ulloa la dirección de la señora María Isabel Molina para que hable con ella.

Recibí un segundo fax, enviado por la señora Lucía Pérez , de Santiago, que dice lo siguiente: “ Don Rodolfo , mi marido trabajó en una empresa donde ganaba 500 mil pesos. Falleció hace dos años, y hasta el día de hoy no recibo ni un solo centavo. Cuando hice las averiguaciones sobre las imposiciones de mi marido, descubrí que no estaban pagadas. ¿Me podría decir qué puedo hacer para solucionar mi problema?”.

Los dos ejemplos que acabo de dar demuestran la clara y profunda diferencia existente en el Chile del cual discutimos. ¿No es posible que exista un Chile igual para todos? ¿No es posible que doña María Isabel Molina y doña Lucía Pérez tengan las mismas posibilidades que defiende el diputado Ulloa ? ¿No es posible que los hijos o las hijas de ellas tengan esas posibilidades?

La reforma previsional de las Fuerzas Armadas apunta a disminuir el déficit fiscal que provoca este régimen, que crece en más de 50 millones de dólares cada año y que alcanzó a 900 millones de dólares en 2003. Esta cifra equivale al costo fiscal de las subvenciones educacionales de 1 millón 400 mil niños; a 1,5 veces el presupuesto anual del Ministerio de Vivienda; a más de cuatro veces el costo de la reforma de la salud; a 14 veces el gasto del sistema de protección social Chile Solidario, que beneficia a las 176 mil familias más pobres de nuestro país; a 3,2 veces el Fondo Nacional de Pensiones Asistenciales, que entrega mensualmente más de 370 mil pensiones a los ancianos más pobres de Chile, y a 20 por ciento más de todo lo que gasta el Estado en seguridad ciudadana y administración de justicia.

Con esta brevísima, pero contundente intervención, quiero decir a mi colega Ulloa que es necesario que entienda que, por muy Fuerzas Armadas que sean y por mucho poder que hayan tenido, no significa que puedan seguir haciendo uso y abuso de algo que se les dio. Todos los chilenos y chilenas tienen los legítimos derechos que la ley les entrega a cada uno de ellos.

Por esa razón, anuncio mi entusiasta respaldo a este proyecto. Y lo hago empleando un vocabulario decente, porque pude haber utilizado un lenguaje parecido al del diputado Ulloa ; pero, por respeto a la gente a la cual me dirijo, no quise hacerlo.

He dicho.

El señor LEAL (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo .

El señor JARAMILLO.-

Señor Presidente, a pesar de las diecisiete veces que los gobiernos de la Concertación han presentado iniciativas en beneficio de los pensionados de Chile desde 1990 hasta hoy, todavía queda mucho por hacer. Aún hay graves problemas, porque durante diecisiete años no se tomó en cuenta a los pensionados ni a los ancianos. En ese período no se pagaron las cotizaciones de los actuales pensionados o de quienes tratan de pensionarse hoy. Durante la semana distrital, cada uno de nosotros recibe reclamos de la gente que trabajó en el PEM y en el Pojh.

Esos daños previsionales son irreparables. Incluso, a los pensionados de esa época se les quitó el 10,6 por ciento de reajuste que debían recibir.

Hoy se trata de cautelar el patrimonio público e impedir que se sigan otorgando beneficios impropios, que sólo dañan al personal de planta de la institución que está en servicio activo, pues le restan recursos. A quienes entienden algo sobre el presupuesto de la nación, debemos decirles que esto provoca un déficit de mil millones de dólares anuales. En consecuencia, de no aprobarse el proyecto en discusión, el déficit será inmanejable en el futuro cercano. Esto no resiste más. Estas disposiciones son fundamentales para terminar con situaciones que hacen que el sistema previsional contraste con lo señalado por la propia Constitución, que prohíbe generar estatutos manifiestamente discriminatorios para la población. Me refiero a la forma de calcular los años de servicio prestados en los institutos armados y a las polémicas pensiones recibidas en algunos casos.

El déficit del sector de la Defensa Nacional crece día a día, pues cada vez se ocupan más recursos fiscales para suplementar un sistema previsional obsoleto y especial, que otorga beneficios muy superiores a los que se conceden a los funcionarios de la administración civil del Estado y a los trabajadores del sector privado.

Mantener este sistema cuesta muchísimo dinero. Si no somos capaces de contener su crecimiento irracional y desmedido, terminará por socavar las bases mismas de éste y mañana no será posible inyectarle los recursos que necesita para seguir operando.

Por otra parte, los derechos adquiridos por los integrantes de las Fuerzas Armadas no son pasados a llevar. Los proyectos que modifican los sistemas previsionales administrados por la Capredena no afectarán a los actuales pensionados de dichas instituciones. Reitero: No los afectarán.

De igual forma no se afectarán los derechos y beneficios adquiridos por el personal activo de las Fuerzas Armadas y de Carabineros otorgados con anterioridad a la aprobación de la ley.

Por eso, llamo a actuar con mesura, seriedad y a colocar el debate a la altura de los desafíos, pensando en todos los chilenos y no sólo en algunos.

Ojalá este proyecto marque el inicio de un estudio racional sobre el costo que pagan todos los chilenos en las administradoras de fondos de pensiones.

He dicho.

El señor LEAL (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Pablo Lorenzini .

El señor LORENZINI.-

Señor Presidente, el tema de fondo que no está en discusión hoy y hacia el cual debiéramos apuntar es la existencia de sistemas previsionales distintos: el de administradoras de fondos de pensiones, el del Instituto de Normalización Previsional y el de las Fuerzas Armadas.

En esta discusión también podríamos incluir lo señaló el Presidente Lagos en su Mensaje del 21 de mayo pasado la deuda con los actuales pensionados y jubilados, en la que también hay distorsiones.

Además, debiéramos discutir el tema de las administradoras de fondos de pensiones, como dijo el diputado señor Jaramillo . Este es un tema mucho más amplio, en el cual, antes de tomar una decisión, la mesura debe ser la característica de nuestras cavilaciones. El sistema de las AFP éxitoso o no; hay detractores y partidarios al respecto también está haciendo agua. Se trata de un problema país y, por lo tanto, no caben defensas corporativas, de Gobierno, de Oposición o de algún sector en particular.

Como se trata de un problema país, es bueno dejar planteadas algunas inquietudes. En la prensa se publicó que la esperanza de vida aumentó a 76 años. En los próximos meses se escucharán opiniones en cuanto a que se debe aumentar de 60 a 65 años la edad para jubilar a las mujeres. No cabe duda de que hacia allá vamos.

Por eso es importante explicarle la situación a la ciudadanía que hoy recibe pensiones y jubilaciones que, en la mayoría de los casos, no les alcanza para cubrir sus necesidades básicas.

Una cosa es el sistema individual, en el que cada uno, como dicen en el campo, mata su toro y, otra, el sistema de reparto, en el cual hay solidaridad, pues lo que hace uno afecta a los otros. Por eso, expliquémosle a la mujer chilena por qué hay discriminación, por qué unas reciben algo que otras no reciben. ¿Éste es un país discriminatorio? ¿No son todas nuestras mujeres iguales y tienen los mismos derechos frente al mismo esfuerzo? ¿No merecen la misma respuesta una vez que han cumplido su ciclo?

Claramente, no podemos tener un sistema con distorsiones que afectan a los demás.

Entiendo que el desahucio de las Fuerzas Armadas se está pagando con trece o catorce meses de atraso. ¿A qué se debe eso? A que no hay fondos, porque no creo que haya instituciones que no quieran cumplir con su obligación legal.

Se ha confundido el pago de las remuneraciones con una adecuada sustentación de nuestras Fuerzas Armadas, pero ése es un tema laboral, un asunto distinto. Lo que necesitamos lo planteamos en la Comisión de Presupuestos y entiendo que se está haciendo algo al respecto, pero que el proyecto aún está en verde es contar con Fuerzas Armadas precisas, específicas, con atribuciones, cuyo régimen previsional considere el desgaste mayor y las condiciones de vida de su personal en relación con otros trabajos.

Incluso más, en algún momento se planteó, y así lo hicimos, extender la vida laboral de Carabineros. El diputado señor Rosauro Martínez tiene toda la razón cuando se refiere a la situación de Carabineros, pero aquí estamos hablando de las Fuerzas Armadas, para las cuales tal vez deberíamos plantear lo contrario: disminuir los años de trabajo, especialmente del personal de servicios, como médicos, ayudantes, asistentes. ¿Qué tienen que ver ellos con Capredena? ¿Están sometidos a los mismos riesgos profesionales que los militares en la función de resguardo del país? ¿Acaso el subsecretario Isidro Solís , quien se ve bien, está disponible para ir a la guerra y luchar cuerpo a cuerpo? Seguramente, me diría que sí, le encantan esos combates, pero ¿por qué está en la Capredena? ¿Qué tiene que ver? Él debería estar en una AFP.

Ésas son las distorsiones que debemos corregir. Una cosa y respetamos a las Fuerzas Armadas es que tengan una carrera profesional, técnica, adecuada, con remuneraciones acordes a sus cargos y a los riesgos que corren, y otra incluir allí a sectores que nada tienen que ver, que van y vienen según el gobierno de turno.

Debemos conducirnos hacia un esquema previsional es el desafío que tenemos propio de las Fuerzas Armadas, al igual como ocurre en todos los países del mundo. Para ello el Gobierno debe avanzar en el estudio que está preparando. Si logra terminarlo, lo debatiremos con seriedad, con altura de miras, porque es un tema país, ya que las Fuerzas Armadas pertenecen a todos los chilenos. Mientras ello no ocurra, para darle piso a ese proyecto, a esa discusión, lo que estamos haciendo es, simplemente, corregir distorsiones que no corresponden. No vamos a mirar para atrás y decir por qué se producen esas distorsiones. Miraremos hacia delante.

En esos términos, me parece que el proyecto del Ejecutivo es razonable. ¿Quién podría cuestionar la necesidad de eliminar las distorsiones para que los beneficios no sean extensivos a los subsecretarios u otros funcionarios que nada tienen que ver con la Capredena? Debemos dejar una previsión exclusiva para las Fuerzas Armadas, bien estudiada, con los años que se requiera. Quizás, a los veinte años de servicio ya tengan un desgaste suficiente y deban acogerse a retiro y recibir una jubilación. Esto se justifica respecto de ese sector, pero para llegar a ello debemos eliminar las distorsiones.

La mesura del diputado señor Jaramillo , “me la compro”. No se trata de que corporativamente vamos a defender a unos o a otros. Nadie está atacando a las Fuerzas Armadas o pretendiendo quitarle beneficios cuando no corresponda. Lo que estamos haciendo es llevar el sistema a un piso a partir del cual podamos construir juntos lo que se necesita: los particulares con su sistema de pensiones veremos si sigue siendo el de AFP y le agregamos ahorro voluntario y ahorro colectivo y el personal que cumple labores propias de las Fuerzas Armadas con su propio sistema previsional, de acuerdo con los estudios que se hagan a partir de la legislación comparada.

Para ello, partamos de cero. Es lo que estamos haciendo hoy: poner un piso y excluir de los beneficios a quienes, según pensamos algunos en la Concertación, no corresponde que los tengan. De esta forma, la ministra podrá elaborar lo que esperamos sea la gran conclusión de la deuda pendiente: por un lado, un sistema previsional adecuado, correcto, razonable para las Fuerzas Armadas y, por otro, dar respuesta a los miles de pensionados que cada día nos llaman debido a la situación de injusticia que no hemos subsanado. Hoy, nos atrevemos a corregir errores y distorsiones, pero todavía estamos en deuda con los jubilados y pensionados, pues no nos hemos atrevido a corregir las distorsiones y los errores que los aquejan.

He dicho.

El señor ORTIZ.-

Señor Presidente, en primer lugar, para orientar a quienes siguen esta sesión a través del canal de televisión de la Cámara de Diputados, debo señalar que el proyecto se encuentra en su discusión en particular, debido a que en su discusión en general no se alcanzó el quórum necesario para aprobar todas sus normas.

Hace algún tiempo, se conformaron comisiones entre representantes del Ministerio de Defensa y de las Fuerzas Armadas y Carabineros, las que llegaron a la conclusión, compartida por quienes desde hace muchos años formamos parte de las comisiones de Hacienda y de Presupuestos, de que era inmanejable el déficit fiscal previsional de las Fuerzas Armadas y de Carabineros.

Todos quienes intervinieron entregaron cifras oficiales: cada año se produce un déficit de 50 millones de dólares, que a 2003 alcanzaba a 900 millones de dólares. Nadie en el Gobierno está por quitar los legítimos derechos previsionales de los miembros activos y en retiro de las Fuerzas Armadas y Carabineros. En este sentido, los mandos institucionales han tenido una visión de futuro. Luego del trabajo efectuado en las comisiones, estuvieron de acuerdo en corregir cuatro situaciones anómalas: las pensiones de por vida para las hijas solteras del personal en retiro, la posibilidad de obtener una segunda jubilación, el cómputo de años adicionales a los efectivamente servidos para el cálculo de beneficios previsionales y la regulación del ingreso de civiles a un régimen concebido para la especificidad propia de las Fuerzas Armadas. Como se ve, no puede haber más seriedad en la forma de abordar los temas que trata el proyecto en debate.

No distorsionemos la discusión. Nadie que se encuentre en servicio activo o en retiro perderá alguno de los beneficios de que goza y que son propios de las Fuerzas Armadas y de Orden. ¡Decir lo contrario es absolutamente falso! Con la iniciativa se pretende detener el déficit. De lo contrario, llegará el momento en que el Estado no podrá financiar este sistema previsional.

En Chile, coexisten distintos sistemas de pensiones: el sistema previsional de las Fuerzas Armadas y de Orden, el nuevo esquema de pensiones de capitalización individual, administrado por las AFP, y el antiguo sistema de reparto de las ex cajas previsionales, agrupadas en el INP. Para demostrar las diferencias entre los montos de las pensiones, daré un solo ejemplo. En la Capredena, los pensionados por vejez reciben 452.084 pesos mensuales, y los afiliados al sistema de las AFP o del INP reciben 149 mil 48 pesos y 133 mil 42 pesos, respectivamente. Es decir, la otorgada por las AFP casi se triplica en la Caja de Previsión de la Defensa Nacional.

La situación es peor todavía en las pensiones de orfandad, ya que los beneficios de la Capredena son entre cuatro y seis veces superiores a los otorgados por las AFP y el INP; además que son percibidos por alrededor de 52 años, en circunstancias de que en el caso del INP sólo lo hacen por 25. Ojalá que esas personas vivan 120 años, pero hay que actuar con seriedad y equidad para detener este déficit, porque el día de mañana no se podrá continuar financiando.

No puedo entender que, por un lado, se proponga el servicio militar voluntario y, por otro, se rechace este proyecto que podría generar mayores ingresos precisamente para financiar esa iniciativa.

He dicho.

En votación la indicación de su excelencia el Presidente de la República, declarada admisible, que incorpora un nuevo artículo 1º.

Recuerdo a las señoras diputadas y a los señores diputados que, para su aprobación, se requieren 65 votos.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 48 votos; por la negativa, 40 votos. No hubo abstenciones.

El señor LORENZINI (Presidente).-

Rechazada.

Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Accorsi , Aguiló , Allende ( doña Isabel) , Araya , Ascencio , Burgos , Bustos , Ceroni , Cornejo , Encina , Escalona , Espinoza , Girardi , González (don Rodrigo) , Hales , Jaramillo , Jarpa , Leal , Letelier (don Juan Pablo) , Lorenzini , Luksic , Mella ( doña María Eugenia) , Meza , Muñoz (don Pedro) , Muñoz (doña Adriana) , Navarro , Ojeda , Olivares , Ortiz , Paredes, Pérez (don Aníbal) , Quintana , Riveros , Robles , Rossi , Saffirio , Sánchez , Seguel , Sepúlveda ( doña Alejandra) , Silva , Soto (doña Laura) , Tohá (doña Carolina) , Tuma , Valenzuela , Venegas , Vidal ( doña Ximena) , Villouta y Walker .

Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Alvarado , Álvarez-Salamanca , Álvarez , Barros , Bauer , Correa , Cristi ( doña María Angélica) , Cubillos ( doña Marcela) , Delmastro , Díaz , Egaña , Errázuriz , Forni , Galilea (don José Antonio) , García (don René Manuel) , García-Huidobro , González ( doña Rosa) , Guzmán (doña Pía), Ibáñez (don Gonzalo) , Kast , Kuschel , Leay , Longueira , Masferrer , Molina , Monckeberg , Norambuena , Palma , Paya , Pérez (don Ramón) , Pérez ( doña Lily) , Pérez (don Víctor) , Prieto , Recondo , Salaberry , Ulloa , Uriarte , Urrutia , Vargas y Vilches .

El señor LORENZINI (Presidente).-

En votación el artículo 1º, que sólo requiere quórum simple.

El señor ULLOA.-

¿Me permite, señor Presidente?

El señor LORENZINI (Presidente).-

Estamos en votación.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 51 votos; por la negativa, 43 votos. Hubo 2 abstenciones.

El señor LORENZINI (Presidente).-

Aprobado.

Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Accorsi , Aguiló, Allende doña Isabel) , Araya , Ascencio , Burgos , Bustos , Ceroni , Cornejo , Encina , Escalona , Espinoza , Girardi , González (don Rodrigo) , Hales , Jaramillo , Jarpa , Jeame Barrueto , Leal , Letelier (don Juan Pablo) , Lorenzini , Luksic , Mella ( doña María Eugenia) , Meza , Montes, Mora , Muñoz (don Pedro) , Muñoz (doña Adriana) , Navarro , Ojeda , Olivares , Ortiz , Paredes, Pérez (don Aníbal) , Quintana , Riveros , Robles , Rossi , Saffirio , Sánchez , Seguel , Sepúlveda ( doña Alejandra) , Silva , Soto (doña Laura) , Tohá (doña Carolina) , Tuma , Valenzuela , Venegas , Vidal ( doña Ximena) , Villouta y Walker .

Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Alvarado , Álvarez-Salamanca , Álvarez , Barros , Bauer , Becker , Bertolino , Correa , Cristi ( doña María Angélica) , Cubillos ( doña Marcela) , Delmastro , Díaz , Dittborn , Egaña , Errázuriz , Forni , Galilea (don Pablo) , Galilea (don José Antonio) , García (don René Manuel) , García-Huidobro , González ( doña Rosa) , Ibáñez (don Gonzalo) , Kast , Kuschel , Leay , Longueira , Masferrer , Molina , Monckeberg , Norambuena , Palma , Paya , Pérez (don Ramón) , Pérez (don Víctor) , Prieto , Recondo , Salaberry , Ulloa , Uriarte , Urrutia , Varela , Vargas y Vilches .

Se abstuvieron los diputados señores:

Guzmán (doña Pía) y Pérez ( doña Lily ).

El señor LORENZINI (Presidente).-

En votación el artículo 2º.

Efectuada la votación en forma económica por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 53 votos; por la negativa, 20 votos. Hubo 1 abstención.

El señor LORENZINI (Presidente).-

Aprobado.

Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Accorsi , Allende ( doña Isabel) , Araya , Ascencio , Becker , Burgos , Bustos , Ceroni , Cornejo , Delmastro , Encina , Escalona , Espinoza , Girardi , González (don Rodrigo) , Jaramillo , Jarpa , Jeame Barrueto , Letelier (don Juan Pablo) , Lorenzini , Luksic , Mella ( doña María Eugenia) , Meza , Montes, Mora , Muñoz (don Pedro) , Muñoz (doña Adriana) , Navarro , Ojeda , Olivares , Ortiz , Palma , Paredes, Pérez ( don Aníbal) , Pérez ( doña Lily) , Quintana , Riveros , Robles , Rossi , Saffirio , Sánchez , Seguel , Sepúlveda ( doña Alejandra) , Silva , Soto (doña Laura) , Tohá (doña Carolina) , Tuma , Valenzuela , Vargas , Venegas , Vidal ( doña Ximena) , Villouta y Walker .

Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Bauer , Correa , Cristi ( doña María Angélica) , Cubillos ( doña Marcela) , Díaz , Galilea (don José Antonio) , Ibáñez (don Gonzalo) , Kast , Leay , Norambuena , Paya , Pérez (don Ramón) , Pérez (don Víctor) , Prieto , Recondo , Salaberry , Uriarte , Urrutia , Varela y Vilches .

Se abstuvo la diputada señora Guzmán (doña Pía) .

El señor LORENZINI (Presidente).-

En votación el artículo 3º.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 95 votos; por la negativa, 1 voto. Hubo 1 abstención.

El señor LORENZINI (Presidente).-

Aprobado.

Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Accorsi , Aguiló , Alvarado , Álvarez-Salamanca , Álvarez , Allende ( doña Isabel) , Araya , Ascencio , Barros , Bauer , Becker , Bertolino , Burgos , Bustos , Ceroni , Cornejo , Correa , Cristi ( doña María Angélica) , Cubillos ( doña Marcela) , Delmastro , Díaz , Egaña , Encina , Escalona , Espinoza , Forni , Galilea (don Pablo) , García (don René Manuel) , García-Huidobro , Girardi , González (doña Rosa) , González (don Rodrigo) , Guzmán (doña Pía), Hales , Ibáñez (don Gonzalo) , Ibáñez (doña Carmen) , Jaramillo , Jarpa , Jeame Barrueto , Kast , Kuschel , Leal , Leay , Letelier (don Juan Pablo) , Longton , Longueira , Lorenzini , Luksic , Masferrer , Mella ( doña María Eugenia) , Meza , Molina , Monckeberg , Montes, Mora , Muñoz (don Pedro) , Muñoz (doña Adriana) , Navarro , Norambuena , Ojeda , Olivares , Ortiz , Palma , Paredes, Paya , Pérez ( don Aníbal) , Pérez (don Ramón) , Pérez ( doña Lily) , Pérez (don Víctor) , Prieto , Quintana , Recondo , Riveros , Robles , Rossi , Saffirio , Salaberry , Sánchez , Seguel , Sepúlveda ( doña Alejandra) , Silva , Soto (doña Laura) , Tohá (doña Carolina) , Tuma , Ulloa , Uriarte , Urrutia , Valenzuela , Varela , Vargas , Venegas , Vidal ( doña Ximena) , Vilches , Villouta y Walker .

Votó por la negativa el diputado señor Dittborn .

Se abstuvo el diputado señor Galilea (don José Antonio) .

En votación.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 95 votos; por la negativa, 1 voto. Hubo 1 abstención.

El señor LORENZINI (Presidente).-

Aprobado.

Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Accorsi , Aguiló , Alvarado , Álvarez-Salamanca , Álvarez , Allende ( doña Isabel) , Araya , Barros , Bauer , Becker , Bertolino , Burgos , Bustos , Ceroni , Correa , Cristi ( doña María Angélica) , Cubillos ( doña Marcela) , Delmastro , Díaz , Egaña , Encina , Errázuriz , Escalona , Espinoza , Forni , Galilea (don Pablo) , Galilea (don José Antonio) , García (don René Manuel) , García-Huidobro , Girardi , González (doña Rosa) , González (don Rodrigo) , Guzmán (doña Pía), Hales , Ibáñez (don Gonzalo) , Ibáñez (doña Carmen) , Jaramillo , Jarpa , Jeame Barrueto , Kast , Kuschel , Leal , Leay , Letelier (don Juan Pablo) , Longton , Longueira , Lorenzini , Luksic , Masferrer , Mella ( doña María Eugenia) , Meza , Molina , Monckeberg , Montes, Mora , Muñoz (don Pedro) , Muñoz (doña Adriana) , Navarro , Norambuena , Ojeda , Olivares , Ortiz , Palma , Paredes, Paya , Pérez ( don Aníbal) , Pérez (don Ramón) , Pérez ( doña Lily) , Pérez (don Víctor) , Prieto , Quintana , Recondo , Riveros , Robles , Rojas , Rossi , Saffirio , Salaberry , Sánchez , Sepúlveda ( doña Alejandra) , Silva , Soto (doña Laura) , Tohá (doña Carolina) , Tuma , Ulloa , Uriarte , Urrutia , Valenzuela , Varela , Vargas , Venegas , Vidal ( doña Ximena) , Vilches , Villouta y Walker .

Votó por la negativa el diputado señor Cornejo .

Se abstuvo el diputado señor Ascencio .

En votación.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 96 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.

El señor LORENZINI (Presidente).-

Aprobado.

Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Accorsi , Aguiló , Alvarado , Álvarez-Salamanca , Álvarez , Allende ( doña Isabel) , Araya , Ascencio , Barros , Bauer , Becker , Bertolino , Burgos , Bustos , Ceroni , Cornejo , Correa , Cristi ( doña María Angélica ), Cubillos (doña Marcela) , Delmastro , Díaz , Egaña , Encina , Errázuriz , Escalona , Espinoza , Forni , Galilea (don Pablo) , Galilea (don José Antonio) , García (don René Manuel) , García-Huidobro , Girardi , González (doña Rosa) , González (don Rodrigo) , Guzmán (doña Pía), Hales , Ibáñez (don Gonzalo) , Ibáñez (doña Carmen) , Jaramillo , Jeame Barrueto, Kast , Kuschel , Leal , Leay , Letelier (don Juan Pablo) , Longton , Longueira , Lorenzini , Luksic , Masferrer , Mella ( doña María Eugenia) , Meza , Molina , Monckeberg , Montes, Muñoz (don Pedro) , Muñoz (doña Adriana) , Navarro , Norambuena , Ojeda , Olivares , Ortiz , Palma , Paredes, Paya , Pérez ( don Aníbal) , Pérez (don Ramón) , Pérez ( doña Lily) , Pérez (don Víctor) , Prieto , Quintana , Recondo , Riveros , Robles , Rojas , Rossi , Saffirio , Salaberry , Sánchez , Seguel , Sepúlveda (doña Alejandra) , Silva , Soto (doña Laura) , Tohá (doña Carolina) , Tuma , Ulloa , Uriarte , Urrutia , Valenzuela , Varela , Vargas , Venegas , Vidal ( doña Ximena) , Vilches , Villouta y Walker .

El señor LORENZINI (Presidente).-

Despachado el proyecto.