Labor Parlamentaria

X. Otros Documentos de la Cuenta.

1. Comunicaciones:

- Del diputado señor Encina por la cual solicita autorización de la Sala para ausentarse del país, por un plazo superior a 30 días, a contar del 31 de octubre pasado, para dirigirse a República Dominicana.

III. ACTAS

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-

El acta de la sesión 10ª se declara aprobada.

El acta de la sesión 11ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.

IV. CUENTA

La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).-

El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.

-El señor ÁLVAREZ ( Prosecretario ) da lectura a la Cuenta.

La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado señor Edgardo Riveros.

El señor RIVEROS.-

Señora Presidenta , deseo consultar si la Mesa o si los comités han determinado cómo se procederá el día de mañana, pues está programada para mediodía la reunión con el secretario general de las Naciones Unidas, señor Koffi Annan , que se realizará en el hemiciclo del ex Congreso Nacional, en Santiago, y en la cual muchos diputados tienen interés en participar.

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-

Lo que le puedo informar, señor diputado , es que mañana se sesiona en forma normal. Por cierto, la Mesa, en acuerdo con los comités, determinaron tratar proyectos que no requieren quórum especial, para posibilitar que los diputados interesados en asistir a la reunión con el secretario general de Naciones Unidas puedan hacerlo.

VI. ACUERDOS DE COMITÉS

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-

Reunidos los Comités Parlamentarios, acordaron:

1. Suspender la sesión de mañana, debido a que los miembros de la Corporación sostendrán una reunión con el secretario general de las Naciones Unidas en el hemiciclo de la ex Cámara de Diputados.

2. Incluir en la tabla del próximo miércoles 12 de noviembre los proyectos que figurarían en la tabla de la sesión de mañana:

a) El que modifica el Código Penal en materia de uso y porte de armas.

b) El que restablece la facultad del Servicio Nacional de Menores para hacerse parte en procesos de pedofilia, y

c) Sólo para su votación, el que permite la venta, sin receta médica, de anteojos para la presbicia.

Recuerdo a los señores diputados que esta tarde tenemos sesión especial para tratar dos importantes proyectos.

Cito a reunión de comités.

Se suspende la sesión por cinco minutos.

-Transcurrido el tiempo de suspensión:

IX. DOCUMENTOS DE LA CUENTA

1. Mensaje de S.E. el Vicepresidente de la República con el que se inicia un proyecto de ley que regula el lobby. (boletín Nº 3407-07)

“Honorable Cámara de Diputados:

En uso de mis facultades constitucionales tengo el honor de someter a vuestra consideración un proyecto de ley que regula el Lobby.

I. LA GESTION DE INTERESES O LOBBY Y LA TRANSPARENCIA DE LAS DECISIONES PUBLICAS.

En una sociedad democrática, las decisiones de los órganos públicos deben ser tomadas con miras al bien común y con pleno respeto a los derechos de las personas, sin que aquellas estén ilegítimamente influidas o determinadas por intereses particulares ni menos aún llevadas a cabo en detrimento de los legítimos derechos e intereses de los ciudadanos.

Sin embargo, la experiencia nacional e internacional señala que en no pocas ocasiones la toma de decisiones, tanto a nivel administrativo como legislativo, se ve motivada o afectada por intereses grupales, sectoriales o individuales, los que al amparo del desconocimiento del público o de los afectados, consiguen decisiones que favorecen sus intereses, en una forma que, de saberse sus motivaciones o argumentos, no sería posible, o al menos, sería menos factible llevarlo a cabo.

Lo anterior ocurre con mayor fuerza en una economía en la cual existe, por un lado, una fuerte competencia entre los diversos agentes económicos, y por otra, el Estado tiene importantes facultades reguladoras. En estas condiciones, existe la natural tendencia de tratar de capturar a las autoridades públicas a fin de que estas expidan decisiones que favorezcan a un agente en detrimento del trato igualitario que la autoridad debe otorgar a todos los interesados.

El empleo de la influencia para obtener decisiones que favorezcan a unos en detrimento de otros, se ve facilitado en una sociedad en la cual que existen notorias y graves disparidades en cuanto a las capacidades y a los medios para acceder e influir en la toma de decisiones públicas. El peso simple de los hechos crea este negativo resultado: las diferencias en educación, acceso a la información, capacidad organizativa, recursos mediáticos, contactos personales, etc.

Lo que se denomina “la captura” de la autoridad pública por los intereses privados, o sea la receptividad al interés particular en detrimento del bien común, posee negativas consecuencias en diversos ordenes de materias.

En primer lugar, dada la desigualdad existente en nuestro país, la influencia no regulada y poco transparente, puede contribuir a que las decisiones no se tomen necesariamente en beneficio de los más desposeídos o con menores recursos; además, se afectan de esta forma la igualdad en el trato que el Estado debe otorgar a todos los ciudadanos.

En segundo lugar, junto con afectar la igualdad, este tipo de influencias distorsionan y oscurecen la forma en que se deciden los asuntos públicos, haciendo que, finalmente, las decisiones favorezcan en mayor medida el interés particular en detrimento del bien común.

En tercer lugar, el abuso de la influencia posee consecuencias negativas para una economía que se basa en la libre competencia, pues por el lobby las decisiones no se toman en una forma que favorezca una competencia leal, transparente y que premie al que entregue el mejor servicio o producto, sino que a aquel que fue capaz de ejercer más influencia en los corredores del poder.

En cuarto lugar, la poca transparencia y control de estas prácticas favorecen o dan pie para actos de corrupción de los funcionarios públicos, al permitir que se les hagan prepuestas o promesas a cambio de tomar decisiones que favorecen en forma ilegítima a una persona, grupo o sector de la vida nacional.

Por último, pero no por ello menos importante, en una sociedad integrada a la economía global y en la cual los valores de transparencia, probidad de las funciones públicas e igualdad de trato a los agentes económicos, tienen creciente importancia como explícitos standards internacionales, la ocurrencia no regulada de estas prácticas, constituye un problema que desmejora la imagen internacional de los países y hace necesaria una legislación que la aborde.

La existencia de los graves problemas antes enunciados y la ausencia de una normativa, tanto a nivel legal como reglamentario, que busque resolverlos, o al menos a reducir su impacto, es lo que justifica la necesidad de legislar en esta materia.

II. LA EXPERIENCIA COMPARADA.

Los problemas antes enunciados han llevado a otras naciones a buscar resolverlos por la vía legislativa.

En esta materia, el modelo original ha sido la legislación norteamericana. Así, desde 1946, en los Estados Unidos existe una legislación que regula las actividades de lobby. Dicha legislación fue reemplazada en 1995 por la Ley de Revelación de Cabildeos (Lobbying Disclosure Act of 1995)).

En el caso americano, la estructura básica de la ley es definir lo que se entiende como actividad de lobby, señalar quienes la ejercen, las actividades que no quedan cubiertas por la legislación, el registro en que deben anotarse los agentes de lobby y la exigencia de informar de las actividades, cada cierto tiempo, que realizan los lobbystas.

Por su parte, la importancia de la materia llevó, en 1992, a la Unión Europea a dictar una Comunicación por la que reguló las relaciones entre los grupos de presión y las instituciones de la Unión.

En el reino Unido, desde 1998, existe una instrucción para los ministros de la corona en sus relaciones con lobbystas.

En el presente, en Latinoamérica, no existen leyes que regulen esta materia, sin perjuicio que, actualmente, en el Congreso de la República Argentina, está en tramitación un proyecto de ley denominado Ley de Publicidad de la Gestión de Intereses, que sigue en forma cercana a la legislación norteamericana.

III. PRINCIPIOS FUNDANTES DE LA PROPUESTA.

Toda propuesta que busque regular la forma en que se ejerce influencia o la manera en que se participa en la toma de decisiones públicas, debe conjugar la existencia de una serie de valores y derechos que dicen relación con dicho proceso.

En efecto, por un lado, está el derecho de todos los ciudadanos, individual u organizadamente, de hacer ver sus puntos de vista frente a la Administración o al Congreso. Y, por otra, la necesidad que ese proceso de participación y de comunicación ofrezca igualdad de oportunidades a todos los potenciales afectados y la necesaria información que permita el control tanto de la actividad administrativa como legislativa.

A fin de conjugar estos valores, el proyecto se estructura en torno al principio de la transparencia de la información respecto de quienes, en qué forma y por qué motivos se efectúan los contactos entre los gestores de intereses y los agentes públicos. De esta forma, no se impiden dichos contactos; ello parece ciertamente imposible, pues son necesarios para que la toma de decisiones sea informada de las circunstancias respecto de quienes van a ser afectados por ellas. Lo que el proyecto hace, más bien, es permitir que todos los interesados, y la opinión pública, pueda juzgar en forma informada sobre la imparcialidad, propiedad y conveniencia de las decisiones evacuadas y de las actuaciones de los funcionarios públicos y los legisladores.

Para tal fin, en sus líneas esenciales, el proyecto define cuales son las actividades de gestión de intereses, creando un registro en el cual los agentes que se dediquen a esta actividad en forma profesional deban inscribirse. Junto con ello, se exige que los contactos entre los gestores de intereses y las autoridades públicas sean debidamente informados, tanto respecto a que autoridad fue contactada como al tipo de intereses que son representados. De esta forma, la opinión publica, y las mismas autoridades, pueden tener la necesaria información para vigilar la probidad y corrección del proceso de toma de decisiones públicas.

El proyecto que se somete a estudio es directa consecuencia y fruto de la moción presentada por los honorables diputados Jorge Burgos , Patricio Walker , Carlos Montes , Antonio Leal , Eduardo Saffirio , Patricio Hales y Carolina Tohá . Es también necesario señalar los aportes de la moción del honorable diputado Alejandro Navarro en esta materia.

IV. EXPLICACIÓN DEL PROYECTO.

1. Propósito y ámbito del proyecto.

En primer lugar, el proyecto especifica el ámbito y propósito de la ley. Así se determina que tiene por objeto regular la actividad que, ejercida por personas naturales o jurídicas, consista en promover, defender o representar los intereses y objetivos legítimos de personas, entidades u organizaciones privadas o públicas, tendiente a influir en las decisiones que deba el Congreso Nacional y los órganos de la Administración del Estado.

2. Definiciones principales.

En segundo lugar, se define que es lobby o gestión de intereses, entendiendo por tal aquella actividad, remunerada o no, que tenga por objeto promover, defender o representar cualquier interés legítimo de carácter individual, sectorial o institucional, en relación con cualquier decisión que, en el ejercicio de sus funciones, deban adoptar los órganos de la Administración del Estado y el Congreso Nacional.

Luego se señala que se entiende como lobbysta o gestor de intereses, definiendo como tales a la persona natural o jurídica, chilena o extranjera, que efectúe actividades de promoción, defensa o representación de legítimos intereses propios o de terceros, sean de carácter individual, sectorial o institucional.

A continuación se define lo que es lobbysta profesional, entendiendo por tal aquella persona que realiza habitualmente y en forma remunerada acciones de gestión de interés definidas ante alguna de las autoridades que tienen la obligación de registrar los contactos de lobby realizadas ante ellas. Se entenderá por habitual el realizar como promedio, dentro de los últimos seis meses, cinco o más de las acciones de gestión de intereses que define esta ley.

La definición de profesionalidad aparece aquí como fundamental, pues lo que se busca es que la legislación regule primordialmente a quien hace de la gestión de intereses una actividad económica y no a las personas o grupos que efectúan actividades de defensa de sus propios intereses, sin perjuicio de las obligaciones de transparencia que la ley impone en general.

3. Actividades objeto del lobby.

En tercer lugar, el proyecto señala que las actividades de lobby estarán destinadas a influir en las siguientes actividades:

a) La elaboración, modificación, derogación o rechazo de actos administrativos, resoluciones, decretos, proyectos de ley, leyes, políticas públicas, programas o políticas del Gobierno y de los órganos de la administración del Estado.

b) La elaboración, tramitación, aprobación, modificación, adopción, derogación o rechazo de proyectos de ley, acuerdos, comunicaciones o declaraciones del Congreso Nacional o sus miembros, incluidas las comisiones permanentes y /o especiales de cada una de sus cámaras, así como de sus comisiones mixtas.

4. Actividades excluidas.

Tan importante como el definir las actividades de gestión de intereses reguladas por la ley, es excluir aquellas acciones que constituyen el ejercicio de derechos constitucionales o el cumplimiento de tareas investigativas que la ley encomienda a diversos órganos y instituciones públicas. Así, el proyecto señala las actividades que no constituyen lobby.

5. Personas facultadas para efectuar gestión de intereses y incompatibilidades.

A continuación, el proyecto señala la regla general para el ejercicio del lobby: toda persona natural o jurídica, chilena o extranjera, debidamente inscrita en los registros que establece la ley, podrá ejercer profesionalmente como lobbysta, quedando sujeta a ciertos derechos y obligaciones.

6. De los registros públicos.

Enseguida, el proyecto señala que se crearán dos registros públicos de gestores de intereses. Uno, en la Administración, a cargo del Ministerio de Justicia, y otro, en cada cámara del Congreso Nacional, administrado por la Comisión de Ética de cada una de ellas

En cada registro deben inscribirse, obligatoriamente todas aquellas personas que deseen ejercer dicha actividad de manera profesional. El no cumplimiento de este requisito es considerado por el proyecto como causal suficiente para impedir el ejercicio del lobby. La información contenida en el Registro es pública y cualquier persona puede acceder a ella sin más requisito que el cumplimiento de los procedimientos fijados al efecto.

Además, se dispone que la inscripción en cualquiera de estos registros sólo habilita para ejercer actividades de lobby en el ámbito respectivo.

7. De las obligaciones y prohibiciones de los gestores de intereses.

Respecto a quienes ejercen profesionalmente funciones de lobby, el proyecto impone las siguientes obligaciones.

a. Responsabilidad.

En primer lugar, se impone la obligación de desempeñar el cargo con la diligencia y el cuidado que las personas emplean ordinariamente en sus negocios propios. El lobbysta, entonces, responde de culpa leve en el cumplimiento de la gestión encargada.

b. Información.

En segundo lugar, se impone a los gestores de intereses registrados, la obligación de informar trimestralmente, por escrito y bajo juramento, a la autoridad encargada de llevar el Registro las siguientes materias:

i. Cualquier cambio o modificación respecto de la información que exija el Registro , tales como, cambios de propiedad, incorporación de nuevos socios y empleados, aumentos de capital social.

ii. Las autoridades, miembros y funcionarios y organismos ante las cuales hayan desarrollado gestiones de intereses propios o en representación de terceros.

iii. Las materias en las cuales hayan intervenido, los intereses que hayan promovido y los objetivos de cada una de las gestiones realizadas.

Junto con lo anterior, el proyecto señala que adicionalmente a la información antes enumerada, se faculta a la autoridad competente a requerir, en cualquier momento, informaciones o antecedentes adicionales relativas a gestiones determinadas.

Sin embargo, se preceptúa que nadie estará obligado a suministrar información confidencial o estratégica, propia o de sus representados, pero sí a precisar el alcance y objetivo de las gestiones realizadas.

c. Prohibición de financiamiento a partidos políticos.

En tercer lugar, el proyecto dispone que los lobbystas profesionales no podrán contribuir al financiamiento de partidos políticos ni de campañas electorales.

d. Incompatibilidades.

En cuarto lugar, el proyecto establece las incompatibilidades para el ejercicio de la gestión de intereses. Dos tipos de incompatibilidades poseen mayor relevancia.

La primera, es la que afecta a los funcionarios públicos. Su justificación radica en impedir, o a lo menos limitar, la captura de los actuales funcionarios por las empresas de lobby por medio de ofertas futuras de empleos y en limitar el abuso en el uso de la información privilegiada que posee los ex funcionaros respecto a sus anteriores posiciones.

Por ello, se dispone una incompatibilidad con el ejercicio del lobby respecto las autoridades, miembros y funcionarios de los órganos de la Administración del Estado y del Congreso Nacional, durante el ejercicio de sus funciones, y hasta dos años después de su alejamiento del cargo, tratándose de materias en que hubieran tenido competencia. Se agrega que todo caso, esas personas no podrán ejercer actividades de lobby, en ningún ámbito, hasta un año después de abandonar su cargo. Se comprenden en esta prohibición sus cónyuges y ascendientes y descendientes directos.

Consistente con los razonamientos anteriores, se establece también la incompatibilidad para los ex miembros del Poder Judicial, hasta cinco años después de hacer abandono de sus funciones.

La segunda categoría de incompatibilidades dice relación con la relación entre dinero y política. A fin de limitar el uso de los puestos políticos para obtener ganancias monetarias y viceversa, se extiende la incompatibilidad a las autoridades unipersonales de partidos políticos, durante el ejercicio de su cargo y hasta dos años después de hacer dejación del cargo y a quienes contribuyan al financiamiento de partidos políticos, incluidas sus campañas electorales.

e. Prohibición de representación de intereses opuestos.

Por último, el proyecto señala que estará prohibido defender o representar, de manera simultánea, intereses opuestos o contradictorios, aunque se efectúe ante autoridades o instancias distintas.

8. Obligaciones de las autoridades públicas respecto a los gestores de intereses.

El proyecto, enseguida, impone una serie de obligaciones genéricas a las autoridades, miembros y funcionarios de los poderes ejecutivo y legislativo.

La primera, impone la obligación de trato no discriminatorio hacia los lobbystas.

Luego, se establece el principio general de que en sus relaciones con lobbystas, las autoridades y funcionarios deben observar de manera estricta el principio de la probidad administrativa.

9. Obligaciones comunes de los gestores de intereses.

Luego, el proyecto dispone una serie de obligaciones comunes para los gestores de intereses, las que se pasan a señalar.

a. Deber de transparencia.

En primer lugar, preceptúa que todo lobbysta está obligado a exhibir la verdadera naturaleza de sus actividades ante la autoridad y la opinión pública, y le estará prohibido el uso de denominaciones, símbolos, logotipos, títulos o expresiones que induzcan a su ocultamiento, o le otorguen una representación, pertenencia o membresía de la que carece.

b. Deber de información.

En segundo lugar, señala que todo lobbysta, en el primer encuentro que sostenga con una autoridad, miembro o funcionario de los poderes ejecutivo y legislativo, está obligado a informar de los demás encuentros que haya sostenido con otras autoridades o funcionarios, relativos al mismo asunto u otro relacionado.

c. Prohibición de entrega de información.

En tercer lugar, se prohibe a todo lobbysta y sus empleados la venta de los informes, documentos o cualquier otro antecedente que obtenga de la autoridad, o darle un fin distinto del estrictamente necesario para el ejercicio de su actividad.

d. Deber de entregar información fidedigna.

En cuarto lugar, se dispone que estará prohibido a lobbystas y sus empleados hacer entrega a las autoridades, miembros y funcionarios de cualquier poder del Estado, de datos, informaciones o antecedentes falsos o engañosos, debiendo, por el contrario, ser perfectamente identificables en cuanto a su origen o autoría.

e. Prohibición de financiar campañas electorales.

Se agrega que las personas naturales o jurídicas que contraten servicios de lobby o se hagan representar por lobbystas inscritos en los registros, no podrán contribuir al financiamiento de campañas electorales de aquellos candidatos que fueron objeto pasivo de acciones de lobby en los últimos tres años previos a la elección.

10. De los registros de gestores de intereses en los organismos públicos.

A fin de controlar la veracidad de la información entregada por los gestores de intereses respecto a sus actividades frente a los órganos públicos y a la vez vigilar la actuación de estos frente a aquellos, el proyecto dispone que todo órgano de la Administración del Estado y el Poder Legislativo debe contar con procedimientos de registro de las reuniones y comunicaciones efectuadas entre los lobbystas y las autoridades que ahí se especifican.

Dichos procedimientos tienen por finalidad permitir el acceso público a las gestiones de lobby efectuadas ante cualquier persona o institución, con indicación, a lo menos, de la fecha de la reunión o comunicación, de la materia, del interés gestionado, la individualización del lobbysta, de los terceros mandantes, y de las autoridades, miembros o funcionarios participantes en la reunión o comunicación.

11. De las Sanciones.

En el título IV, el proyecto establece las sanciones por infracciones a la ley. Estas son de tres tipos: sanciones de carácter administrativo aplicables a los lobbystas profesionales registrados; sanciones a los funcionarios por incumplimiento de las normas de la ley y, por último, sanciones penales por ejercicio ilegal de la actividad de lobby profesional.

a. Sanciones administrativas.

i. Autoridades responsables.

El proyecto preceptúa que la autoridad encargada del control, fiscalización y aplicación de sanciones de quienes ejerzan actividades de lobby, será el Ministerio de Justicia y la Comisión de Ética de cada rama del Congreso, según corresponda.

ii. Tipos de sanciones.

La autoridad correspondiente puede aplicar algunas de las siguientes medidas disciplinarias, atendida la gravedad de la falta: amonestación escrita; suspensión del Registro Público , hasta por tres años; eliminación del Registro . Cabe señalar que la eliminación en alguno de los registros, acarrea la eliminación automática en los demás.

iii. Procedimiento.

Toda sanción deberá fundarse en un procedimiento. Este se inicia con la formulación precisa de los cargos y su notificación al imputado para que presente su defensa. El plazo conferido para presentar los descargos no puede ser inferior a quince días.

En el procedimiento se puede dar lugar a las medidas probatorias que solicite el imputado en sus descargos. La resolución que se dicte en definitiva, debe pronunciarse sobre las alegaciones y defensa del imputado y debe contener la declaración de la sanción impuesta o la absolución. El pronunciamiento anterior se debe hacer dentro de los 30 días de evacuada la última diligencia ordenada en el expediente.

iv. Recursos.

De las sanciones que aplique la autoridad correspondiente, puede reclamarse, dentro del plazo de 60 días ante la Corte de Apelaciones de la jurisdicción donde tenga su domicilio el lobbysta.

b. Sanciones aplicables a los funcionarios.

El proyecto, por otra parte, señala que si en la investigación de las denuncias o irregularidades detectadas resulta acreditada la participación de funcionarios de los poderes ejecutivo y legislativo, que no sean parlamentarios, las sanciones a aplicar son las señaladas en el artículo 116 de la ley Nº 18.834.

La sanción la aplica la autoridad que haya nombrado al funcionario afectado.

c. Sanciones penales.

Asimismo, el proyecto dispone que quién ejerza en forma profesional la actividad de lobby sin cumplir con la obligación de inscribirse en los registros establecidos en esta ley o, de haber sido eliminado de uno de aquellos, continua desarrollándola, será sancionado con la pena de presidio menor en sus grados mínimo a medio y multa de seis a veinte unidades tributarias mensuales.

12. Norma transitoria.

En el artículo transitorio, el proyecto dispone que el reglamento de la ley se debe dictar dentro de 90 días de publicada la ley. A su vez, los órganos de la administración y el Congreso Nacional deben establecer los registros señalados en esta ley dentro de 60 días de publicado dicho reglamento.

Las personas, entidades o asociaciones que deseen realizar la actividad de lobby en forma profesional, tendrán un plazo de 60 días para inscribirse en los registros dispuestos en esta ley, desde el momento en que estos estén establecidos.

En consecuencia, tengo el honor de someter a vuestra consideración, para ser tratado en la actual Legislatura, Extraordinaria, de Sesiones del Congreso Nacional, el siguiente

PROYECTO DE LEY:

“TÍTULO I

Disposiciones Generales

Artículo 1º.- La presente ley regula la actividad de promoción, defensa o representación de intereses legítimos de personas, entidades u organizaciones privadas o públicas, ejercida por personas naturales o jurídicas, con el objeto de influir en las decisiones que deban adoptar los órganos de la Administración del Estado o el Congreso Nacional.

Para los efectos de esta ley se entiende por órganos de la Administración de Estado a los señalados en el artículo 1°, inciso segundo, del DFL N° 1/19653 de Ministerio Secretaria General de la Presidencia, del 2001, incluidas las empresas en que el Estado o sus organismos tengan participación.

Artículo 2°.- Para los efectos de la presente ley se entenderá por:

a) Lobby o gestión de intereses: aquella actividad, remunerada o no, que tenga por objeto promover, defender o representar cualquier interés legítimo de carácter individual, sectorial o institucional, en relación con cualquier decisión que, en el ejercicio de sus funciones, deban adoptar los órganos de la Administración del Estado y el Congreso Nacional.

b) Lobbysta o gestor de intereses: la persona natural o jurídica, chilena o extranjera, que realice actividades de promoción, defensa o representación de legítimos intereses propios o de terceros, sean de carácter individual, sectorial o institucional.

c) Lobbysta profesional: aquella persona que realiza habitualmente y en forma remunerada acciones de gestión de interés ante alguna de las autoridades que tienen la obligación de registrar los contactos de lobby realizadas ante ellas. Se entenderá por habitual el realizar como promedio, dentro de los últimos seis meses, cinco o más de las acciones de gestión de intereses que define esta ley.

d) Registro de Lobbystas: registro de carácter público, en el cual deberán inscribirse todas las personas que deseen desarrollar actividades de lobby de manera profesional.

e) Sujeto pasivo del lobby: se entiende por tal a las autoridades, miembros y funcionarios de los órganos de la Administración del Estado y del Congreso Nacional, hasta el nivel que determine el Reglamento.

Artículo 3º.- La actividad de lobby regulada en la presente ley, podrá desarrollarse a través de medios orales, escritos o electrónicos, realizadas por sí o por terceros, destinadas a influir en las siguientes categorías de decisiones:

a) La elaboración, modificación, derogación o rechazo de actos administrativos, resoluciones, decretos, proyectos de ley, leyes, políticas públicas, programas o políticas del Gobierno y de los órganos de la administración del Estado.

b) La elaboración, tramitación, aprobación, modificación, adopción, derogación o rechazo de proyectos de ley, acuerdos, comunicaciones o declaraciones del Congreso Nacional o sus miembros, incluidas las comisiones permanentes y /o especiales de cada una de sus cámaras, así como de sus comisiones mixtas.

Artículo 4º.- No obstante lo señalado en los artículos precedentes, no constituyen actividades de lobby, las siguientes:

a) Toda expresión realizada a través de discursos, artículos, publicaciones o de cualquier otra forma destinada al público en general, o difundido a través de cualquier medio de comunicación;

b) Toda expresión realizada por cualquier medio, destinada a difundir una información a la ciudadanía;

c) Las manifestaciones realizadas con ocasión de una reunión o asamblea de carácter público;

d) Toda declaración o comunicación hecha por funcionarios públicos o por parlamentarios en el ejercicio de sus funciones y en el marco de actuaciones oficiales;

e) Las realizadas en el marco de un proceso o investigación judicial o administrativa;

f) Las declaraciones efectuadas o las informaciones entregadas a una comisión del Congreso;

g) Toda petición, verbal o escrita, realizada para conocer el estado de tramitación de un determinado procedimiento administrativo;

h) La información entregada por escrito solicitada por una autoridad pública para efectos de tomar una decisión dentro de un procedimiento administrativo;

i) Las presentaciones hechas por escrito o en audiencia pública dentro de un procedimiento administrativo que contemple instancias para las presentaciones de los interesados o del publico en general y en el cual quede un registro publico de la presentación;

j) Las presentaciones hechas por una persona a fin de obtener beneficios de carácter social, como los previsionales, de salud, o de empleo, en los siguientes casos:

i) Cuando el beneficiario sea el peticionario o su cónyuge, o hijos adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad.

ii) Cuando en la presentación no se solicite la adopción, modificación o derogación de normas legales o reglamentarias.

TÍTULO II

Normas especiales aplicables al lobby

Párrafo 1º

Disposiciones generales

Artículo 5º.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 13, toda persona natural o jurídica, chilena o extranjera, debidamente inscrita en los registros que establece esta ley, podrá ejercer profesionalmente como lobbysta, quedando sujeta a los derechos y obligaciones que emanan de la presente ley.

Párrafo 2º

De los Registros Públicos

Artículo 6º.- Créase el Registro Público de Lobbystas , en el cual deberán inscribirse, de manera obligatoria, todas aquellas personas que deseen ejercer dicha actividad de manera profesional.

El no cumplimiento del deber establecido en el inciso anterior será causal suficiente para impedir el ejercicio del lobby.

La información contenida en el Registro será pública y cualquier persona podrá acceder a ella sin más requisito o condición que el cumplimiento de los procedimientos fijados al efecto.

Artículo 7°.- Existirán dos Registros Públicos de lobbystas:

a) Un Registro Público , a cargo del Ministerio de Justicia, en el que deberán inscribirse todas aquellas personas que desarrollen sus actividades ante cualquier órgano de la administración a que se refiere el inciso segundo del artículo 1° de la presente ley.

b) Un Registro Público en cada rama del Poder Legislativo, a cargo de la Comisión de Ética respectiva, en el que deberán inscribirse quienes desarrollen sus actividades ante los miembros o funcionarios de ese poder del Estado.

Artículo 8°.- La inscripción en cualquiera de estos registros sólo habilita para ejercer actividades de lobby en el ámbito respectivo.

La inscripción en alguno de estos Registros no obsta a la inscripción en los otros.

Párrafo 3º

De las obligaciones y prohibiciones aplicables a los lobbystas profesionales

Artículo 9º.- Todo aquel que desarrolle profesionalmente actividades de lobby estará sujeto a las siguientes obligaciones:

a) Desempeñar el cargo con la diligencia y el cuidado que las personas emplean ordinariamente en sus negocios propios, respondiendo de culpa leve en el cumplimiento de la gestión encargada.

b) Informar trimestralmente, por escrito o por medios electrónicos, y bajo juramento a la autoridad encargada de llevar el Registro , sobre cualquier cambio o modificación respecto de la información que exija el Registro , tales como, cambios de propiedad, incorporación de nuevos socios y empleados, aumentos de capital social.

Dentro del mismo plazo y forma deberán también informar sobre las autoridades, miembros y funcionarios y organismos ante las cuales hayan desarrollado gestiones de intereses propios o en representación de terceros, las materias en las cuales hayan intervenido, los intereses que hayan promovido y los objetivos de cada una de las gestiones realizadas.

Artículo 10º.- No obstante las obligaciones establecidas en el artículo anterior, la autoridad competente podrá requerir, en cualquier momento, informaciones o antecedentes adicionales relativas a gestiones determinadas.

Ningún lobbysta estará obligado a suministrar información confidencial o estratégica, propia o de sus representados. Con todo, estará obligado a precisar el alcance y objetivo de las gestiones realizadas.

Artículo 11°.- Los lobbystas profesionales no podrán contribuir al financiamiento de partidos políticos ni de campañas electorales

Artículo 12º.- Las relaciones contractuales entre el lobbysta y sus clientes se regirán por las normas del derecho privado. Les serán especialmente aplicables a dichas relaciones las disposiciones del Título XXIX, del Libro IV, del Código Civil, y las del Título VI del Libro II del Código de Comercio, en todo lo que no sea modificado por esta ley.

Artículo 13°.- No podrán ejercer la actividad de lobbystas profesionales:

a) Las autoridades, miembros y funcionarios de los órganos de la Administración del Estado y del Congreso Nacional, durante el ejercicio de sus funciones, y hasta dos años después de su alejamiento del cargo, tratándose de materias en que hubieran tenido competencia.

En todo caso, las personas señaladas no podrán ejercer actividades de lobby, en ningún ámbito, hasta un año después de abandonar su cargo.

Se comprenden en la prohibición establecida en el inciso anterior, sus cónyuges y ascendientes y descendientes directos.

b) Quienes se encuentren inhabilitados para ejercer cargos u oficios públicos por sentencia ejecutoriada;

c) Los fallidos;

d) Los condenados por crimen o simple delito que merezca pena aflictiva;

e) Aquellos a quienes se les haya cancelado, en cualquier tiempo, su inscripción en el Registro Público de lobbystas;

f) Los ex miembros del Poder Judicial , hasta cinco años después de hacer abandono de las mismas;

g) Las autoridades unipersonales de partidos políticos, durante el ejercicio de su cargo y hasta dos años después de hacer dejación del cargo, y

h) Quienes contribuyan al financiamiento de partidos políticos, incluidas sus campañas electorales.

Artículo 14°.- Los lobbystas profesionales no podrán defender o representar, de manera simultánea, intereses opuestos o contradictorios, aunque se haga ante autoridades o instancias distintas.

TÍTULO III

Normas comunes a la actividad de Lobby

Párrafo 1°

Derechos y obligaciones

Artículo 15º.- Las autoridades, miembros y funcionarios de los poderes ejecutivo y legislativo estarán obligados a brindar un trato similar a los lobbystas, y no podrán incurrir en prácticas discriminatorias de ninguna naturaleza.

Artículo 16°.- En sus relaciones con lobbystas, las autoridades y funcionarios deberán observar de manera estricta el principio de probidad administrativa.

Artículo 17°.- Todo lobbysta estará obligado a exhibir la verdadera naturaleza de sus actividades ante la autoridad y le estará prohibido el uso de denominaciones, símbolos, logotipos, títulos o expresiones que induzcan a su ocultamiento, o le otorguen una representación, pertenencia o membresía de la que carece.

Artículo 18°.- Todo lobbysta, en el primer encuentro que sostenga con una autoridad, miembro o funcionario de los poderes ejecutivo y legislativo, estará obligado a informar de los demás encuentros que haya sostenido con otras autoridades o funcionarios, relativos al mismo asunto u otro relacionado.

Artículo 19º.- Estará prohibido a todo lobbysta y a sus empleados la venta de los informes, documentos o cualquier otro antecedente que obtenga de la autoridad, o darle un fin distinto del estrictamente necesario para el ejercicio de su actividad.

Artículo 20°.- Estará prohibido a lobbystas y sus empleados hacer entrega a las autoridades, miembros y funcionarios de cualquier poder del Estado, datos, informaciones o antecedentes falsos o engañosos. Asimismo, estos datos, informaciones o antecedentes deberán ser perfectamente identificables en cuanto a su origen o autoría.

Artículo 21°.- Las personas naturales o jurídicas que contraten servicios de lobby o se hagan representar por lobbystas inscritos en los registros no podrán contribuir al financiamiento de campañas electorales de aquellos candidatos que fueron objeto pasivo de acciones de lobby en los últimos tres años previos a la elección.

Párrafo 2º

Del registro de las gestiones en las instituciones públicas

Artículo 22°.- Sin perjuicio de la información contenida en los Registros Públicos de Lobbystas, todo órgano de la Administración del Estado y el Congreso Nacional deberá contar con procedimientos de registro de las reuniones y comunicaciones efectuadas entre los lobbystas y las siguientes autoridades y funcionarios:

a) En la Administración Central: el Presidente de la República ; los Ministros y Subsecretarios; los Jefes de Servicios; los Embajadores; los Jefes de División o Departamento de un ministerio o servicio público; los Consejeros del Consejo de Defensa del Estado.

b) En la administración regional, provincial y comunal: los Intendentes; los Gobernadores provinciales; los Secretarios regionales ministeriales; los Consejeros regionales; los Alcaldes; los Concejales municipales.

c) En la Contraloría General de la República: el Contralor General; el Sub contralor; los Jefes de División y el Fiscal.

d) En el Banco Central: el Presidente del Banco ; el Vicepresidente ; los Consejeros; el Gerente General; el Fiscal.

e) En las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública: los Oficiales Generales y Superiores y los niveles jerárquicos equivalentes en las Fuerzas de Orden y Seguridad.

f) En las empresas publicas creadas por ley o en las cuales el Estado o sus organismos tengan participación: el Presidente del Directorio; los Miembros del directorio, y el Gerente General.

g) En el Congreso Nacional: los diputados y Senadores; los Secretarios de Comisión.

Los procedimientos indicados en el inciso anterior serán fijados por el reglamento y tendrán por finalidad permitir el acceso público a las gestiones de lobby efectuadas ante cualquier persona o institución, con indicación, a lo menos, de la fecha de la reunión o comunicación, de la materia, del interés gestionado, la individualización del lobbysta, de los terceros mandantes, y de las autoridades, miembros o funcionarios participantes en la reunión o comunicación.

TÍTULO IV

De las sanciones

Párrafo 1º

De las sanciones administrativas y procedimiento para su aplicación

Artículo 23°.- La autoridad encargada del control y fiscalización de quienes ejerzan actividades de lobby, será el Ministerio de Justicia y la Comisión de Ética de cada rama del Congreso, según corresponda.

El incumplimiento de cualesquiera de las disposiciones de la presente ley, será sancionado por la autoridad señalada en el inciso anterior, según corresponda, sin perjuicio de las facultades jurisdiccionales de los Tribunales de Justicia y del Ministerio Público.

Artículo 24°.- Toda sanción deberá fundarse en un procedimiento, que se iniciará con la formulación precisa de los cargos y su notificación al imputado para que presente su defensa. El plazo conferido para presentar los descargos no podrá ser inferior a quince días.

Se podrá dar lugar a las medidas probatorias que solicite el imputado en sus descargos. El rechazo deberá ser fundado. La resolución que se dicte en definitiva deberá pronunciarse sobre las alegaciones y defensa del imputado y contendrá la declaración de la sanción impuesta o la absolución. El pronunciamiento anterior se hará dentro de los 30 días de evacuada la última diligencia ordenada en el expediente.

Artículo 25°.- La autoridad correspondiente podrá aplicar algunas de las siguientes medidas disciplinarias, atendida la gravedad de la falta:

a) Amonestación escrita;

b) Suspensión del Registro Público , hasta por tres años;

c) Eliminación del Registro . La eliminación en alguno de los registros, acarrea la eliminación automática en los demás.

Artículo 26°.- La respectiva autoridad, de oficio o a petición de cualquier persona, iniciará la investigación de las denuncias o irregularidades detectadas.

Artículo 27°.- De las sanciones que aplique la autoridad correspondiente, podrá reclamarse dentro del plazo de 60 días ante la Corte de Apelaciones de la jurisdicción donde tenga su domicilio el lobbysta. Del reclamo deberá darse traslado a la autoridad que aplicó la sanción, la que tendrá un plazo de 15 días para aportar los antecedentes del caso y fundamentar su decisión. Evacuado el traslado o declarada la rebeldía, se dictará sentencia dentro del plazo de 30 días.

Párrafo 2º

De las sanciones aplicables a los funcionarios

Artículo 28°.- Si en la investigación de las denuncias o irregularidades detectadas resultare acreditada la participación de funcionarios de los poderes ejecutivo y legislativo, que no sean parlamentarios, las sanciones a aplicar serán las señaladas en el artículo 116 de la ley Nº 18.834.

Corresponderá aplicar la sanción a la autoridad que haya nombrado al funcionario afectado.

Artículo 29°.- Si durante el curso de la investigación, el fiscal conoce de acciones u omisiones que puedan ser constitutivos de delitos, estará obligado a hacer la denuncia respectiva a los tribunales de justicia.

Párrafo 3°

De las sanciones por ejercicio ilegal de la actividad de lobby

Artículo 30º.- El que ejerciere en forma profesional la actividad de lobby sin cumplir con la obligación de inscribirse en los registros establecidos en esta ley o, de haber sido eliminado de uno de aquellos, continuare desarrollándola, será sancionado con la pena de presidio menor en sus grados mínimo a medio y multa de seis a veinte unidades tributarias mensuales.

Artículos transitorios

Artículo 1º transitorio.- El financiamiento del mayor gasto que irrogue esta ley durante el año 2003, se hará con cargo al Presupuesto de las reparticiones correspondientes, de la Ley de Presupuestos para dicha anualidad.

Artículo 2º transitorio.- Mediante decreto supremo, emanado del Ministerio de Justicia, se fijará el reglamento de la presente ley. En dicho reglamento se establecerán los requisitos, exigencias e informaciones que deberán acompañar los interesados al momento de su inscripción en los registros públicos.

Este reglamento deberá dictarse dentro del plazo de 90 días de publicada la ley. A su vez, los órganos de la administración y el Congreso Nacional deberán establecer los registros señalados en esta ley dentro de 60 días de publicado dicho reglamento.

Las personas, entidades o asociaciones que deseen realizar la actividad de lobby en forma profesional, tendrán un plazo de 60 días para inscribirse en los registros dispuestos en esta ley, desde el momento en que estos estén establecidos.”.

Dios guarde a V.E.,

(Fdo.): JOSÉ MIGUEL INSULZA SALINAS , Vicepresidente de la República ; RODRIGO EGAÑA BARAONA , Ministro Secretario General de la Presidencia (S); LUIS BATES HIDALGO ; Ministro de Justicia ; NICOLÁS EYZAGUIRRE GUZMÁN , Ministro de Hacienda ”.

INFORME FINANCIERO

PROYECTO DE LEY QUE REGULA EL LOBBY

Mensaje Nº 7-350

1. El proyecto de ley en referencia tiene por objeto regular la actividad que ejerzan personas naturales o jurídicas consistente en promover, defender o representar los intereses y objetivos legítimos de personas u organizaciones privadas o públicas, tendiente a influir en las decisiones que deban adoptar el Congreso Nacional y los órganos de la Administración del Estado. Al efecto, en la iniciativa que se propone, se define la gestión de intereses o lobby; se acota o delimita su campo de acción y se hace pública la identificación de las personas que deseen ejercer la actividad de manera profesional, a través de su inscripción en registros, a cargo del Ministerio de Justicia y de las Comisiones de Ética de ambas Cámaras de ese honorable Congreso Nacional.

2. En cuanto al Registro que se radica en el Ministerio de Justicia, su organización y gestión no irrogará un mayor gasto fiscal toda vez que lo asumirá con los recursos de que dispone.

(Fdo.): MARIO MARCEL CULLELL , Director de Presupuestos ?.

2. Oficio de S.E. el Presidente de la República.

“Honorable Cámara de Diputados:

En uso de las facultades que me confiere el artículo 71 de la Constitución Política de la República, hago presente la urgencia en el despacho, en todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en el honorable Senado-, respecto del proyecto de ley que introduce modificaciones a la ley Nº 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional. (Boletín Nº 3203-06).

Para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley Nº 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, califico de “simple” la referida urgencia.

Dios guarde a V.E.

(Fdo.): RICARDO LAGOS ESCOBAR, Presidente de la República ; FRANCISCO HUENCHUMILLA JARAMILLO , Ministro Secretario General de la Presidencia ”.

3. Oficio del Senado a través del cual modifica el Código Civil, en lo relativo a la exigencia de presentación de antecedentes para dar curso a la demanda de reclamación de maternidad o paternidad, y a la valoración de los medios de prueba sobre el particular. (boletín Nº 3043-07) (S)

Con motivo de la Moción, informes y antecedentes que tengo a honra pasar a manos de vuestra Excelencia, el Senado ha dado su aprobación al siguiente

PROYECTO DE LEY

“Artículo 1º.- Introdúcense las siguientes modificaciones al Código Civil:

1. Intercálase el siguiente inciso cuarto, nuevo, en el articulo 188, pasando el actual inciso cuarto a ser inciso quinto:

“Si la persona citada manifestare dudas sobre su paternidad o maternidad, podrá solicitar al juez que se decreten pruebas periciales de carácter biológico. El juez fijará el plazo dentro del cual deberá efectuarse la toma de las muestras, con un máximo de tres meses. Para este efecto, suspenderá la audiencia, la cual reanudará, previa citación personal o por cédula, cuando se reciba el informe pericial biológico o haya de entenderse que ha habido negativa injustificada a la práctica de la pericia. Se aplicarán, en el caso que regula este inciso, las disposiciones del artículo 199.”.

2. Reemplázase el inciso primero del artículo 196, por el siguiente:

“Artículo 196.- La demanda debe contener la exposición clara y circunstanciada de los hechos en que se funda. Si no contiene esta indicación, el juez, de oficio, puede no darle curso, expresando el defecto de que adolece.”.

3. Agrégase al artículo 196 el siguiente inciso tercero:

“El proceso se someterá a las reglas del juicio ordinario, sin los trámites de réplica y duplica. Las apelaciones que se deduzcan en contra de las sentencias definitivas o interlocutorias que ponen término al juicio o hacen imposible su continuación gozarán de preferencia para figurar en tabla y en su vista y fallo.”.

4. Reemplázase el inciso segundo del artículo 199 por los siguientes incisos, nuevos:

“El juez podrá dar a estas pruebas periciales, por sí solas, valor suficiente para establecer la paternidad o la maternidad, o para excluirla.

En todo caso, el juez recabará por la vía más expedita posible, antes de citar a las partes a oír sentencia, los resultados de las pericias practicadas que no hubieren sido informados al tribunal.

La negativa injustificada de una de las partes a practicarse el examen hará presumir legalmente la paternidad o la maternidad, o la ausencia de ella, según corresponda.

Se entenderá que hay negativa injustificada si, citada la parte dos veces, no concurre a la realización del examen. Para este efecto, las citaciones deberán efectuarse bajo apercibimiento de aplicarse la presunción señalada en el inciso anterior.”.

Artículo 2º.- Agrégase el siguiente inciso final al artículo 147 del Código Orgánico de Tribunales:

“Asimismo, será juez competente para conocer de las acciones de reclamación de filiación contempladas en el Párrafo 2º del Título VIII del Libro I del Código Civil el del domicilio del demandado o demandante, a elección de este último.”.”.

-o-

Hago presente a vuestra Excelencia que el proyecto fue aprobado en general por la unanimidad de los señores Senadores presentes, en tanto que en particular, y en el carácter de ley orgánica constitucional el artículo 2º, incorporado en el segundo informe, fue aprobado con el voto conforme de 29 señores Senadores de un total de 48 en ejercicio, dándose cumplimiento, de esta forma, a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 63 de la Carta Fundamental.

Dios guarde a Vuestra Excelencia.

(Fdo.): ANDRÉS ZALDÍVAR LARRAÍN , Presidente del Senado ; CARLOS HOFFMANN CONTRERAS , Secretario General del Senado ”.

4. Informe de la comisión de Constitución, Legislación y Justicia recaído en el proyecto de ley que crea el sistema nacional de registros de ADN. (boletín N° 2851-07) (S)

“Honorable Cámara:

La Comisión de Constitución, Legislación y Justicia viene en informar, en segundo trámite constitucional y primero reglamentario, el proyecto de la referencia, originado en un mensaje de S.E. el Presidente de la República .

-o-

CONSTANCIAS REGLAMENTARIAS PREVIAS

1) La idea matriz o fundamental del proyecto es facilitar la investigación criminal, mediante la creación de un Sistema Nacional de Registros de ADN, que contempla cinco Registros: el de Condenados, el de Imputados, el de Evidencias y Antecedentes, el de Víctimas y el de Personas Extraviadas y sus Familiares. Los Registros se formarán sobre la base de huellas genéticas determinadas por el Servicio Médico Legal o por las instituciones públicas o privadas acreditadas ante él, y su administración y custodia estará a cargo del Servicio de Registro Civil e Identificación.

2) Normas de carácter orgánico constitucional.

Por acuerdo unánime de la Comisión se determinó que los artículos 2°, inciso primero, 14, inciso tercero y 16, inciso segundo, son de carácter orgánico constitucional en virtud del artículo 80 B de la Constitución Política, y que el artículo 2° transitorio, letra b), lo es en razón del artículo 74 del mismo cuerpo normativo.

Se hace presente que dichas disposiciones fueron objeto de modificaciones durante la discusión en la Comisión y, que la letra b) del artículo 2° transitorio fue introducida en este trámite reglamentario y constitucional.

3) Normas de quórum calificado.

No hay.

4) Normas que requieren trámite de Hacienda.

Se encuentran en tal situación los artículos 15 permanente y 3° transitorio.

5) El proyecto fue aprobado, en general, por la unanimidad de los diputados integrantes presentes.

-o-

Durante el análisis de esta iniciativa, la Comisión contó con la colaboración permanente del Subsecretario de Justicia , señor Jaime Arellano Quintana , del Jefe del Departamento Jurídico de dicho Ministerio , señor Francisco Maldonado Fuentes y del abogado asesor de esa Secretaría de Estado, señor Fernando Londoño Martínez .

Asimismo, se contó con la participación de las siguientes personas, quienes fueron invitadas por acuerdo de la Comisión: el Director General (S) de la Policía de Investigaciones de Chile, señor Luis Henríquez Seguel ; el Jefe del Laboratorio de Criminalística , señor Herman Ocarez Garrio , y el perito especialista en el área de la utilización de material genético, señor Juan Ríos Hernández ; la profesora asociada del Laboratorio de Genética Molecular Humana de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Pontificia Universidad Católica de Chile, señora Pilar Carvallo de Saint Quintín ; la Directora Nacional del Servicio de Registro Civil e Identificación, señora Alejandra Sepúlveda Toro, y el Subdirector de Estudios y Desarrollo, señor Luis Fuentes Cerda ; el Director Nacional del Servicio Médico Legal , señor Óscar Vargas Durante y el Jefe del Laboratorio de ADN , señor Gastón Bocaz .

I. RESUMEN DE LOS FUNDAMENTOS DEL PROYECTO.

El Mensaje hace presente que el proyecto de ley se enmarca en el constante esfuerzo del Ejecutivo por buscar los medios que permitan coadyuvar en el desarrollo de la investigación de los delitos. En esa línea, y detectando la existencia de antecedentes de prueba que aparecen en el curso de una investigación criminal, como es el caso de los exámenes de ADN practicados sobre muestras tomadas en un proceso penal, se ha considerado importante realizar una gestión integrada de ellos, que sirvan como aporte para el esclarecimiento de una multiplicidad de hechos de naturaleza delictiva. Si dicho examen -de alta perfección técnica y científica en los resultados- se suma a otros exámenes corporales previstos en la legislación procesal penal, se obtiene una eficiente y más rápida identificación de los responsables, sobre todo frente a casos de reincidencia delictual.

El gran defecto actual para el uso de ese medio de prueba -que se utiliza cada vez con mayor frecuencia en el país- radica en que el resultado dado a cada muestra se limita al proceso en que ella ha sido obtenida, lo cual ha inducido a utilizar esta prueba pericial exclusivamente para los ilícitos de carácter sexual.

Sin embargo, su amplitud y aporte como mecanismo de identificación excede dicho ámbito, lo cual ha llevado a proponer un proyecto de ley que tenga por finalidad la creación de un Registro Nacional de ADN , conformado sobre la base de la huella genética que se determine en el curso de investigaciones criminales, que permita potenciar el uso de este medio de acreditación procesal por parte del Ministerio Público y de los tribunales de justicia.

II. RESUMEN DEL CONTENIDO DEL PROYECTO APROBADO POR EL SENADO.

El proyecto de ley aprobado por el Senado está constituido por seis capítulos, que agrupan veinticuatro artículos permanentes, y un párrafo relativo a disposiciones transitorias, compuesto de tres artículos.

El Capítulo I (artículos 1° al 3°),de las Disposiciones Generales, señala que el objeto de la presente ley es regular un Sistema Nacional de Registros de ADN, constituido sobre la base de huellas genéticas determinadas con ocasión de una investigación criminal. A continuación, define la huella genética como el registro alfanumérico personal elaborado exclusivamente sobre la base de genotipos que segreguen independientemente, sean polimórficos en la población, carezcan de asociación directa en la expresión de genes y aporten sólo información identificatoria. Entrega la organización, administración y custodia del Sistema al Servicio de Registro Civil e Identificación.

El artículo 2° establece los principios que inspiran el Sistema, el que será de carácter reservado y de acceso restringido a los jueces, fiscales del Ministerio Público, al abogado defensor respectivo y a las policías, para los fines exclusivos señalados en el artículo 1°. Bajo ningún supuesto, podrá servir de base o fuente de discriminación, estigmatización, vulneración de la dignidad, de la intimidad, de la privacidad o de la honra de persona alguna.

El artículo 3° consigna la naturaleza y titularidad de los datos, señalando que la información contenida en el Sistema y, en particular las muestras biológicas y las huellas genéticas, se considerarán datos sensibles de sus titulares, según lo dispone la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada.

El Capítulo II (artículos 4° al 9°), De los Registros, consagra la existencia de cinco registros, a saber, de Condenados, de Imputados, de Evidencias y Antecedentes, de Víctimas, y de Personas Extraviadas y sus Familiares. Éstos contendrán las huellas genéticas de las personas que correspondan según sea el caso.

El Registro de Condenados contendrá las huellas genéticas de las personas que hubieren sido condenadas en proceso criminal por sentencia ejecutoriada, la cual será agregada a los antecedentes que consten en el prontuario penal.

En el Registro de Imputados , se incorporará la huella genética de personas imputadas de la comisión de un delito, de acuerdo a las normas del Código Procesal Penal y de esta ley.

El Registro de Evidencias y Antecedentes conservará las huellas genéticas obtenidas en el curso de una investigación criminal y que no se vinculen a persona determinada.

El Registro de Víctimas contendrá las huellas genéticas de las víctimas de un delito, determinadas en el curso de un procedimiento criminal, siempre que ésta (la víctima) no se oponga expresamente a ello luego de ser consultada sobre tal circunstancia por el Ministerio Público, quien dará la instrucción respectiva (de incorporar o no la huella genética al registro de víctimas) al Servicio de Registro Civil e Identificación.

El Registro de Personas Extraviadas y sus Familiares contendrá las huellas genéticas de los cadáveres o restos humanos no identificados, la proveniente de material biológico presumiblemente de personas extraviadas y la de personas que teniendo un familiar desaparecido, aceptaren voluntariamente donar una muestra biológica que pueda ser de utilidad para su identificación.

El Capítulo III (artículos 10 al 15), regula la extracción de muestras, obtención de evidencias, determinación de huellas genéticas y cotejo de las mismas. Sobre el particular, se contempla -para las personas que intervengan en estos procedimientos- la obligación de reserva de los antecedentes y la integridad de la cadena de custodia de los mismos.

Una vez determinada la huella genética por la institución que corresponda, ésta deberá evacuar el informe que dé cuenta de la pericia y remitirlo - junto con la totalidad del material biológico obtenido- al Servicio Médico Legal el cual, deberá poner a disposición del Servicio de Registro Civil e Identificación los resultados respectivos para que sean incluidos en el Sistema Nacional de Registros de ADN y, luego proceder a cotejar esa huella genética con los antecedentes que constaren en el Sistema Nacional de Registros de ADN. Con posterioridad, los resultados del procedimiento y del cotejo deberán ser informados a la autoridad requirente de la pericia.

El artículo 14 dispone la obligación para el Servicio Médico Legal de destruir el material biológico que sirvió de base para el examen de ADN, salvo que la obtención de dicho material fuere irrepetible, caso en el cual deberá conservarse una parte de aquél hasta por quince años. De tal circunstancia -de la destrucción o de la conservación del material biológico- se dejará constancia por escrito, con los datos que permitan identificar las muestras de que se trate y las razones que justifican la conservación, cuando ello ocurra. Un listado de las muestras ingresadas, destruidas y conservadas deberá remitirse mensualmente al superior jerárquico del funcionario que deba destruir las muestras, y cada seis meses, un informe consolidado que contenga dichas listas, al Director Nacional del Servicio Médico Legal por los directores médicos regionales.

El importe del examen deberá ser reembolsado a la institución que determinó la huella genética, por el Ministerio Público, por el querellante, por la Defensoría Penal Pública o por el defensor, sin perjuicio de lo que se resuelva en costas.

El Capítulo IV (artículos 16 al 18) regula la administración del Sistema, y establece normas sobre la incorporación y la eliminación de los antecedentes a los respectivos Registros.

Los artículos 16 y 17 regulan la incorporación de la huella genética al Registro que corresponda, y prescriben que debe ser incluida inmediatamente luego de recibidos los antecedentes -por el Servicio de Registro Civil e Identificación-.

A su vez, cuando por sentencia ejecutoriada se condenare a un imputado cuya huella genética hubiere sido determinada durante el procedimiento criminal, se debe proceder a eliminarla del Registro de Imputados y a incluirla en el Registro de Condenados.

Sin embargo, si no se hubiere determinado la huella genética del imputado durante el proceso criminal, la sentencia condenatoria ordenará determinarla para que se incluya en el Registro de Condenados, en los siguientes casos:

-Cuando se trate de los delitos señalados en el artículo 17, letras a), b) y c), esto es, aquellos delitos cometidos en contra de la libertad personal, contra la integridad física y contra la propiedad, como los delitos de: secuestro, sustracción de menores, tortura o participación en tortura, amenaza para cometer un delito, adulteración de medicamentos, infección de comestibles, abandono de familiar, maltrato y lesiones, robo con violencia, robo con fuerza, incendio, estragos, maltratos, aborto, violación, estupro, homicidio, infanticidio; y de elaboración o tráfico ilícitos de estupefacientes o delito terrorista.

-Cuando el tribunal competente, de oficio o a petición del fiscal, y en consideración a los antecedentes personales del condenado o la naturaleza del delito, ordene la obtención de muestra biológica y el correspondiente registro de la huella genética.

El artículo 18 regula el trámite de eliminación y de reingreso de antecedentes en los registros respectivos.

Los datos contenidos en los Registros de Imputados o de Víctimas serán eliminados luego de terminado el procedimiento criminal, y si el imputado resultó condenado, sus datos serán reingresados al Registro de Condenados , todo lo cual se debe realizar por el Servicio de Registro Civil e Identificación dentro de tercero día luego que el fiscal comunique por cualquier medio idóneo, el término del procedimiento, o cuando la víctima o el imputado comuniquen y acrediten el término del procedimiento, mediante certificación expedida por el fiscal.

El mismo artículo 18 dispone que, en cualquier caso, los antecedentes contenidos en los Registros de Imputados, de Víctimas y de Evidencias y Antecedentes serán eliminados una vez transcurridos quince años desde la fecha de incorporación a éstos.

Existirá la obligación para el funcionario encargado, de dejar por escrito constancia de la eliminación o del reingreso de los antecedentes; asimismo, deberá remitir mensualmente un listado de las huellas ingresadas, eliminadas o reingresadas en ese período a su superior jerárquico. Un informe consolidado que contenga dichas listas, se remitirá semestralmente por los directores regionales del Servicio de Registro Civil e Identificación al Director Nacional de dicho organismo.

Será sujeto de sanciones administrativas el funcionario que debiendo proceder a la eliminación o al reingreso de antecedentes de los registros no lo hiciere, o lo hiciere en forma extemporánea.

El Capítulo V (artículos 19 y 20), establece las responsabilidades y sanciones por el acceso, divulgación y uso indebido de la información genética, y por obstrucción a la justicia.

El artículo 19 sanciona con presidio menor en sus grados mínimo a medio (61 días a 3 años) y multa de seis a diez unidades tributarias mensuales a quien, interviniendo en alguno de los procedimientos regulados en la presente ley en razón de su cargo o profesión, permita el acceso a los registros o exámenes a personas no autorizadas, o los divulgue o use indebidamente. Si dicho acceso, divulgación o uso se efectuare respecto de las muestras biológicas o evidencias, la pena será de presidio menor en su grado medio (541 días a 3 años) y multa de seis a diez unidades tributarias mensuales. El castigo será de presidio menor en su grado mínimo a medio o multa de seis a diez unidades tributarias mensuales, cuando el acceso divulgación o uso indebido lo realizaren personas que no tengan las calidades señaladas anteriormente.

El artículo 20 sanciona con la pena de presidio menor en su grado máximo (3 años y un día a 5 años) a quienes cometan obstrucción a la justicia, esto es, alteren intencionalmente las muestras biológicas objeto del examen de ADN, falseen los resultados de los exámenes o de la determinación de la huella genética, falten a la verdad en el informe pericial o cotejo, o alteren su contenido. Con igual pena se castigará a los funcionarios del Servicio de Registro Civil e Identificación que, intencionalmente, omitan la incorporación en el Sistema Nacional de Registros de ADN, alguno de los antecedentes que se deben agregar, los eliminen indebidamente, o alteren alguno de los antecedentes de los registros mencionados.

Esta misma disposición castiga a los terceros que incurran en alguna de las conductas previstas en el artículo 15 del Código Penal.

El Capítulo VI (artículos 21 a 24) comprende cuatro disposiciones finales. Por el artículo 21, se entrega a un reglamento, que deberá dictar el Ministerio de Justicia, la determinación de las características del Sistema Nacional de Registros de ADN, de las modalidades de su administración y de las normas técnicas que regulen los procedimientos aplicables a la extracción de muestras y conservación de evidencias y cadena de custodia y conservación. Asimismo, dicho reglamento deberá establecer los requisitos y condiciones de acreditación que deberán cumplir las instituciones públicas o privadas, ante el Servicio Médico Legal, para la participación en el proceso de determinación de huellas genéticas.

El artículo 22, hace aplicable las normas de la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, para lo no previsto por esta ley.

Mediante el artículo 23, se agregan dos nuevas disposiciones al Código Procesal Penal. Una, agrega un inciso tercero nuevo al artículo 198 del Código Procesal Penal, mediante el cual se señala que, cuando la extracción de muestras biológicas y la obtención de evidencias se realice por instituciones no acreditadas ante el Servicio Médico Legal para determinar huellas genéticas, dichas muestras y evidencias deberán ser remitidas a la institución que corresponda al efecto, de acuerdo a la normativa que crea el Sistema de Registro Nacional de ADN, y su reglamento.

Otra, agrega un artículo 199 bis que dispone que, los exámenes y pruebas biológicas destinadas a determinar las huellas genéticas sólo podrán ser efectuadas por profesionales que se desempeñen en el Servicio Médico Legal, en las policías o en aquellas instituciones públicas o privadas que se encuentren acreditadas para tal efecto en dicho Servicio. Se señala, asimismo, que las instituciones acreditadas constarán en una nómina que se publicará en el diario oficial.

El artículo 24 del proyecto de ley establece como día de entrada en vigencia de la ley, aquél en que se publique el reglamento respectivo en el diario oficial.

Finalmente, el proyecto de ley propuesto por el Senado contiene tres disposiciones transitorias.

Por la primera, se hace aplicable el contenido de la ley a las personas que se encuentren cumpliendo condena por ciertos delitos -señalados en el artículo 17 del proyecto-, de manera que el Servicio Médico Legal, o las instituciones públicas o privadas acreditas ante él, determinen la huella genética, previa extracción de la muestra biológica en los establecimientos en que estuvieren internados. Tratándose de condenados no recluidos, Gendarmería de Chile deberá señalarles el lugar y oportunidad para proporcionar su muestra biológica, bajo apercibimiento de informar al tribunal respectivo si hay incumplimiento de esa obligación.

Por la segunda, se establecen reglas especiales aplicables a los procedimientos substanciados conforme al Código de Procedimiento Penal:

La letra a) dispone que las referencias hechas en esta ley a los ‘imputados’ se entenderán efectuadas a los ‘procesados’, para lo cual el Registro de Imputados contendrá tanto, las huellas de los imputados de acuerdo al Código Procesal Penal como las huellas de los procesados por el Código de Procedimiento Penal. La letra b) señala que los jueces con competencia en lo criminal ordenarán la incorporación al registro respectivo de las huellas determinadas a partir de muestras biológicas obtenidas durante el procedimiento, para constatar las circunstancias relevantes de la investigación en virtud de lo dispuesto en los artículo 110, 111, 145 bis y 221 del Código de Procedimiento Penal. La letra c) hace aplicables las normas del artículo 221 y 245 del Código de Procedimiento Penal a los informes periciales destinados a determinar la huella genética; tales disposiciones se refieren a la facultad del juez para nombrar peritos, y a la determinación de los honorarios. La letra d) señala que el juez deberá consultar a la víctima si acepta o no que su huella genética se incorpore al registro respectivo, función que en el sistema del Código Procesal Penal, cumple el Ministerio Público. La letra e) reitera lo dispuesto en el artículo 18 permanente de la ley sobre la obligación de eliminar los datos de los registros -de imputados y de víctimas- una vez terminado el proceso judicial por sentencia ejecutoriada. Y, la letra f) entrega, asimismo, la facultad al tribunal que hubiere conocido del proceso para efectuar la comunicación al Servicio de Registro Civil e Identificación para la eliminación o el reingreso de datos, que el artículo 18 permanente dispone como obligación para el fiscal.

Por la tercera, se dispone que el mayor gasto que irrogue esta ley durante el primer año de su aplicación, se financiará con cargo a los recursos asignados al Servicio de Registro Civil e Identificación y al Servicio Médico Legal en sus respectivos presupuestos, en lo que correspondiere a cada una de estas instituciones.

III. SÍNTESIS DE LA DISCUSIÓN EN LA COMISIÓN, Y ACUERDOS ADOPTADOS.

A. Discusión en general.

-Intervenciones en el seno de la Comisión.

a) El Subsecretario de Justicia , señor Jaime Arellano Quintana expuso que el objetivo que persigue la iniciativa legal en estudio es la creación de un Registro Nacional de ADN que contenga las huellas genéticas de las personas condenadas por crímenes y simples delitos, de manera de otorgar mayores niveles de eficacia a las investigaciones criminales, lo que disminuye sustancialmente las probabilidades de comisión de nuevos delitos, por el efecto preventivo que ello conlleva.

Señaló que en la actualidad, es frecuente la práctica de exámenes de ADN de los imputados; sin embargo, la información obtenida por ellos puede ser usada sólo para el procedimiento penal específico, pues no hay norma jurídica que autorice la conservación de las huellas genéticas.

Desde la perspectiva científica, hizo presente que el ADN es un complejo molecular, único para cada persona, que contiene toda la información genética de un individuo. La información que puede obtenerse a partir del ADN difiere, según se trate, por un lado, de ADN codificante y no codificante en general o, por otro, de una especie de ADN no codificante: mediante las primeras categorías, es posible obtener toda la información sobre una persona -predicciones de enfermedades, caracteres, capacidad, etc.-, sin embargo, por la segunda (especie de ADN no codificante), sólo se permite identificar personas, entregando la misma información que una huella dactilar. Por tanto, no existe riesgo alguno de que con la información contenida en la huella pueda afectarse la honra o la intimidad de las personas.

La huella genética se elabora a partir de cualquier rastro biológico, como un cabello, gotas de sangre, semen, tejidos cutáneos, u otros; se cristaliza en forma digital y se incorpora en una base de datos computacional aportando información identificatoria análoga a la huella dactilar.

Su importancia radica en el hecho que al ser contrastada con otra huella genética indubitada permite determinar la identidad con un 99% de certeza, y refutar la identidad con un 100% de certeza. En el ámbito procesal penal, ello se traduce en la acreditación de la participación criminal o la inocencia de una persona.

Desde la perspectiva de la implementación del sistema, se hizo presente que se requiere de dos tipos de tecnologías, según la fase de que se trate. Para la etapa de elaboración de una huella genética, tecnología en el área química y biológica, con la que cuenta desde hace más de cinco años el Servicio Médico Legal, pues realiza exámenes de ADN en el contexto de procesos judiciales. Para la etapa de identificación de huellas y exámenes rápidos de cotejo de las mismas, se requiere tecnología informática de punta -bases de datos y software-, respecto de los cuales el Servicio de Registro Civil e Identificación está capacitado para asumir la tarea y cuenta con el personal idóneo para su manejo.

Desde la perspectiva jurídica, el señor Subsecretario de Justicia hizo presente que la elaboración de huellas genéticas no encuentra trabas normativas, ni a nivel constitucional ni legal. La ley -Código Procesal Penal y de Procedimiento Penal-autoriza la práctica de exámenes corporales del imputado.

Finalmente, expuso a la Comisión la estructura de la iniciativa legal, y mencionó que el Sistema de Registro de ADN estará compuesto de cinco registros: el de condenados, de imputados, de evidencias y antecedentes, de víctimas y de personas extraviadas y sus familiares. El Sistema propuesto será de carácter reservado y de acceso restringido; las muestras biológicas que sirvan de base para la elaboración de huellas genéticas serán destruidas; la huella genética determinada entrega sólo información de carácter identificatorio, similar a la de una huella dactilar; se consagran sanciones penales para quienes ilegítimamente accedan, divulguen o hagan uso indebido de la información; la extracción de la huella genética sólo podrá hacerla el Servicio Médico Legal o laboratorios acreditados; la administración del Registro estará a cargo del Servicio de Registro Civil e Identificación. La regulación específica relativa a los procedimientos técnicos, a la cadena de custodia de las huellas y muestras y a la administración del Sistema será complementada por un reglamento que deberá dictar el Ministerio de Justicia.

Aclaró que el proyecto prevé la implementación de un Sistema de Registro Nacional, único para todo el país; ello, conlleva la aplicación de normas transitorias aplicables en las regiones en las que aún rige el antiguo sistema de procedimiento penal.

b) El Director General (S) de la Policía de Investigaciones de Chile, señor Luis Henríquez Seguel , manifestó que es de suma importancia para la eficiencia del trabajo relacionado con la investigación de ciertos delitos, que el país cuente con un banco de datos de huellas genéticas. Hizo presente que la existencia del registro de huella dactilar y su impresión en la cédula de identidad nunca ha sido considerada como constitutiva de un menoscabo, sino por el contrario, como un sistema adecuado para identificar en forma clara y precisa a las personas. En ese entendido, este proyecto da un paso más para el avance en la modernización del sistema procesal penal.

Hizo presente algunos alcances que le merece el proyecto de ley, que deben quedar claramente regulados para evitar problemas de interpretación posteriores en su aplicación. En primer término, entiende que las policías son instituciones públicas y, como tales, no deben ser acreditadas en forma especial para realizar los exámenes y pruebas biológicas de ADN; de no ser así, la acreditación debiera ser ante un ente superior distinto al Servicio Médico Legal, pues éste es un organismo pericial, asesor de los tribunales de justicia, al igual que lo es la Policía de Investigaciones. En segundo término, la remisión de los antecedentes -huella genética y material biológico obtenido- debieran ser remitidos directamente a la autoridad pertinente que haya solicitado la pericia y no como lo dispone el proyecto de ley al Servicio Médico Legal. Finalmente, manifestó la necesidad que el reglamento de la ley consagre expresamente los aranceles que las instituciones públicas o privadas deberán rembolsar por el costo que les signifique el examen respectivo.

c) La Directora Nacional del Servicio de Registro Civil e Identificación , señora Alejandra Sepúlveda Toro, explicó que el proyecto de ley en estudio constituye una nueva tarea y un gran desafío para el Servicio que dirige. Manifestó que sus funcionarios están especializados en llevar registros y cuentan con gran experiencia en la custodia de bases de datos, confiabilidad de la información, seguridad, y disponibilidad de la misma; no obstante, estimó imprescindible realizar un trabajo en conjunto con el Servicio Médico Legal, que es el organismo público especializado -de acuerdo a esta iniciativa-, para determinar la huella genética.

El Servicio que dirige ofrecerá soporte informático mediante el sistema CODIS; soporte administrativo, para el ingreso de las huellas genéticas enviadas por el Servicio Médico Legal a la base de datos respectiva; y, soporte operacional que permitirá disponer de la base de datos para la búsqueda, consultas y estadísticas.

Atendido el carácter reservado del Sistema Nacional de Registros de ADN, sugirió detallar quiénes tendrán acceso a esta información, para hacerlo coherente con las normas que establecen quiénes tienen acceso al registro general de condenas y, especialmente, a información que consta en los prontuarios penales y certificados de antecedentes, contemplado en el artículo 7° del decreto supremo N° 64, de 1970, del Ministerio de Justicia. Asimismo, consideró conveniente especificar que las policías -a que hace referencia el artículo 2° del proyecto- son Carabineros de Chile e Investigaciones de Chile.

Hizo presente que para evitar posteriores inconvenientes, es menester que el plazo de tres días establecido en el proyecto para que el Servicio de Registro Civil e Identificación proceda a eliminar los antecedentes respectivos, debe comenzar a correr desde que el Servicio reciba la instrucción, y no como lo propone el proyecto desde que el fiscal comunique el término del procedimiento penal.

Consultada sobre la cobertura que tendrá el Sistema de Registros de ADN en regiones, señaló que el Servicio que dirige posee la capacidad necesaria para enfrentar los nuevos requerimientos asignados, además de que muchas de las iniciativas mencionadas están respaldadas por los recursos necesarios y que el Servicio de Registro Civil e Identificación tiene presencia nacional, a través de 481 oficinas. De ellas, 357 se encuentran en línea y 124 fuera de línea, con personal especializado.

d) La profesora del Laboratorio de Genética Molecular Humana de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Pontificia Universidad Católica de Chile, doctora Pilar Carvallo de Saint Quintín , indicó la necesidad de hacer una breve explicación de carácter general, sobre cuál es la estructura del cromosoma, y su relación con el ADN. Así, señaló que el cromosoma es la organización de ADN que cada ser humano tiene en sus células. El ADN está empaquetado junto con proteínas, formando estructuras que se llaman cromosomas. Así protegido y empaquetado, es heredado de generación en generación.

El ADN no codificante, a que se refiere esta iniciativa, está distribuido a lo largo del cromosoma en diversas partes, a saber:

-Telómero y Centrómero: Se denomina telómero a cada una de las extremidades del cromosoma, y centrómero al centro del cromosoma. Tanto el telómero como el centrómero están compuestos de ADN no codificante, de secuencias repetidas, pero que al no ser variables en la población humana, no son utilizadas en identificación por “huella genética”.

-Regiones intergénicas: son aquellas regiones de ADN no codificante que se encuentra entre los genes.

-Región Promotora o de regulación de la expresión del gen: Delante de cada gen existen regiones que regulan su expresión, llamadas “promotores”. Éstas también son regiones de ADN no codificante para una función biológica, pero sí regulan la expresión del gen.

-Intrones: Los genes están constituidos por regiones codificantes, llamadas exones, y no codificantes, llamadas intrones. Los exones constituyen las secuencias de ADN que después dará origen a la proteína. Puntualiza que cuando se dice que el 30% del genoma está ocupado por genes, se hace referencia a toda la región que ocupa el gen: región promotora, exones e intrones. A su vez cuando se dice que el 3% del genoma es codificante, se hace remisión sólo a los exones, que constituyen las secuencias de ADN que dan origen a la proteína y la función biológica.

A partir de lo anterior, surge la necesidad de identificar cuáles son las regiones de ADN no codificante que son necesarias para fines de identificación. Las que prestan utilidad para estos fines son aquellas regiones que tienen características de variabilidad dentro de la población. Hay dos tipos: los llamados loci de minisatélite y los loci de microsatélite. Los loci de minisatélite están constituidos por secuencias de ADN de 16 a 32 nucleótidos; los loci de microsatélite, por su parte, también están constituidos por repeticiones de una secuencia de ADN, cuyo número de repeticiones es también variable entre los individuos, y cada secuencia contiene entre 2 y 4 nucleótidos. A estas regiones se las llama loci STR. Los loci STR (importantes para la discusión de esta iniciativa) son los que tienen repeticiones de 4 nucleótidos.

Las regiones microsatélite constituidas por repeticiones de 2 a 4 nucleótidos, se encuentran mayoritariamente en regiones intergénicas (entre los genes), no dentro de los genes, ni en los telómeros o centrómeros, ni en regiones codificantes que son las que expresan las funciones biológicas. El estudio de los loci STR en identificación genética se basa en la determinación del número de veces que está repetida una secuencia de ADN en una región determinada del genoma, y no en leer su secuencia.

Terminó su exposición señalando que, a su juicio, el Servicio Médico Legal debería ser la entidad encargada de hacer la recepción y la clasificación de las muestras biológicas; de recibir a los individuos; identificarlos con su carnet de identidad; tomar las muestras y preparar el ADN, para luego enviar los antecedentes a los laboratorios externos acreditados, quienes deberán realizar la determinación del patrón genético. Una vez realizada esa labor, se devolvería al Servicio Médico Legal, el cual incorporaría a la base de datos la identificación del individuo, y revisaría los resultados en forma aleatoria para comprobar la veracidad de éstos.

Cree importante que la institución que tome las muestras las remita a otros laboratorios o al mismo Servicio Médico Legal para su cotejo, ya que puede existir contaminación de muestras (no es habitual ni común, pero es un riesgo). Explicó que aún cuando no existan problemas en la toma de muestra original, el eventual problema puede originarse al momento de preparar el ADN en el laboratorio, el que puede contaminarse o confundirse con otras muestras del laboratorio, por lo que, sugirió que la muestra original se divida en dos y sea remitida a dos laboratorios para extraer el ADN.

Consultada sobre los riesgos de una mala utilización del material genético, la señora Carvallo explicó que al extraer la muestra se saca todo el ADN, pero el análisis de la muestra sólo se debe circunscribir al no codificante. En la actualidad, cuando se trabaja con muestras para determinar enfermedades genéticas, el laboratorio se compromete a no utilizarlas más allá de la enfermedad en estudio. Por ello, se debe tratar de un laboratorio muy responsable para evitar que se viole el compromiso descrito. Agregó que en el FBI se toman las muestras y se les da un código, remitiéndose al laboratorio sin nombre y sólo identificadas por el código asignado.

e) El Jefe del Laboratorio de ADN del Servicio Médico Legal , señor Gastón Bocaz Benavente , hizo hincapié respecto de la necesidad que se establezca claramente la responsabilidad del laboratorio que participe en el proceso por el manejo de la información genética que se puede extraer de una muestra.

Explicó que aún cuando en algunos casos, puede ser necesario un doble examen, ello implica un alto costo. Para evitar una eventual mala utilización de la muestra, se puede establecer que el ADN extraído y las plantillas utilizadas para el chequeo, sean remitidas al organismo correspondiente. En relación a la seguridad para ingresar los datos al sistema, existe una disociación de información pues la persona que está identificada tendrá un código y, luego, en una segunda etapa de seguridad, se le asignará una identificación alfanumérica.

Se explicitó que muchas de las dudas que puedan existir sobre los sistemas de seguridad y sobre el programa Codis, serán resueltas en octubre, cuando varios peritos del Servicio Médico Legal y funcionarios del Servicio de Registro Civil e Identificación concurran a Estados Unidos para capacitarse.

-Votación en general del proyecto.

La Comisión, compartiendo los objetivos y fundamentos tenidos en consideración por el Mensaje, y luego de recibir las opiniones, explicaciones y observaciones de las personas e instituciones individualizadas precedentemente, que permitieron a sus miembros conocer en mejor forma las deficiencias y problemas que se derivan de la falta de un Sistema de Registros como el que se propone en el proyecto de ley en estudio, procedió a dar su aprobación a la idea de legislar por la unanimidad de los diputados presentes, señores Bustos , Ceroni , Luksic , Pérez, don Aníbal y Pérez, don Víctor .

B) Discusión en particular.

Artículo 1°.-

El texto aprobado por el Senado establece como objeto de la ley la regulación de un Sistema Nacional de Registros de ADN, constituido sobre la base de huellas genéticas determinadas con ocasión de una investigación criminal. A continuación, define la huella genética como el registro alfanumérico personal elaborado sobre la base de genotipos que segreguen independientemente, sean polimórficos en la población, carezcan de asociación directa en la expresión de genes y aporten sólo información genética. La organización, administración y custodia de dicho Sistema estará a cargo del Servicio de Registro Civil e Identificación.

Se presentaron las siguientes indicaciones:

a) De los diputados señores Ascencio , Burgos , Bustos , Ceroni y Luksic para sustituir, en el inciso primero, la expresión “Nacional” por “Único”, con la finalidad que quede claro que existirá sólo un Sistema de Registros de ADN que se aplicará a todo el país.

b) De los mismos señores diputados para reemplazar, en el inciso segundo, la frase “Se entenderá, para estos efectos, por huella genética” por “Por huella genética se entenderá, para estos efectos”. Es una indicación que apunta sólo a aspectos formales de redacción.

c) Del Ejecutivo para agregar un inciso tercero nuevo, pasando el actual inciso tercero a ser cuarto. Tiene por objeto señalar que la obtención de la huella genética se realizará por profesionales y técnicos que se desempeñen en el Servicio Médico Legal o en instituciones públicas o privadas que se encuentren acreditadas para tal efecto en dicho Servicio.

El Subsecretario de Justicia recalcó la importancia de dejar en claro que tanto las instituciones públicas como las privadas deben encontrarse acreditadas ante el Servicio Médico Legal, incluyendo entre aquellas a Carabineros de Chile y a la Policía de Investigaciones.

d) Del Ejecutivo para reemplazar el inciso tercero, que pasa a ser cuarto, en el sentido de establecer que corresponderá al Servicio Médico Legal el ingreso de la información al Sistema; además, y previa acreditación especial al efecto, podrán ingresar la información las entidades -públicas o privadas- especialmente acreditadas para ello y sólo respecto de las huellas que hubieren determinado.

El Subsecretario de Justicia señaló que el proyecto aprobado por el Senado, en el artículo 13, entregaba dicha función al Servicio de Registro Civil e Identificación; sin embargo, con un mayor análisis, se ha llegado a la conclusión que el Servicio pericial es el más idóneo para ingresar al Codis o software la información, sin perjuicio que desde el punto de vista informático será el Servicio de Registro Civil e Identificación el que deberá administrar los datos y custodiar el sistema.

En el seno de la Comisión se debatió sobre la conveniencia de entregar la función de ingreso de información exclusivamente al Servicio Médico Legal , o permitir, en cambio, que sea cumplida también por las entidades públicas y privadas que realicen los respectivos exámenes. Una alternativa que se tuvo en vista es permitir que en forma gradual en el tiempo, las otras entidades distintas al Servicio Médico Legal, puedan ingresar la información directamente previa acreditación especial al efecto y sólo respecto de las huellas que hubieren determinado. Finalmente, se concluyó la conveniencia de autorizar tanto a las entidades públicas o privadas acreditadas que hubieren determinado la huella genética para que puedan ingresar la información al respectivo Registro, siempre y cuando estén especialmente acreditadas para cumplir esta función.

-Puestas en votación las indicaciones, fueron aprobadas por unanimidad las referidas en los literales a) y b), y por mayoría de votos (tres votos a favor y una abstención) las referidas en los literales c) y d). Por igual votación se aprobó el artículo.

Artículo 2°.-

El texto aprobado por el Senado establece los principios que inspiran el Sistema, el que será de carácter reservado y de acceso restringido a los jueces, fiscales del Ministerio Público, al abogado defensor respectivo y a las policías, para los fines exclusivos señalados en el artículo 1°. Bajo ningún respecto, podrá servir de base o fuente de discriminación, estigmatización, vulneración de la dignidad, de la intimidad, de la privacidad o de la honra de persona alguna.

Se presentó una indicación.

-Del Ejecutivo , para reemplazar el inciso primero, con la finalidad de establecer que la información contenida en el Sistema sólo podrá ser directamente consultada por el Ministerio Público y por los tribunales; las policías tendrán acceso previa autorización del Ministerio Público, y los defensores públicos y privados, previa autorización del tribunal. La autorización que se dé a las policías no podrá extenderse al registro de imputados.

Puesto en votación, se aprobó por mayoría de votos el artículo y la indicación referida al inciso primero (tres votos a favor y una abstención).

Artículo 3°.-

El texto aprobado por el Senado consagra la naturaleza y titularidad de los datos, señalando que la información contenida en el Sistema y, en particular las muestras biológicas y las huellas genéticas, se considerarán datos sensibles de sus titulares, según lo dispone la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada.

Sin discusión, se aprobó por unanimidad, en los mismos términos que en el Senado.

Artículo 4°.-

El texto aprobado por el Senado consagra la existencia de cinco registros, a saber, de Condenados, de Imputados, de Evidencias y Antecedentes, de Víctimas, y de Personas Extraviadas y sus Familiares.

Consultado el Subsecretario de Justicia , señaló que existe una proyección estimativa de que se registrarán quince mil huellas genéticas anualmente.

Se acordó, por unanimidad, cambiar la denominación del Registro de Personas Extraviadas y sus Familiares por Registro de Personas Desaparecidas y sus Familiares, para concordar la norma con lo dispuesto en el artículo 9° -por las razones que se explican en la discusión de esa disposición-.

Artículo 5°.-

El texto aprobado por el Senado establece que el Registro de Condenados contendrá las huellas genéticas de las personas que resulten condenadas en un proceso criminal por sentencia ejecutoriada. Señala, en el inciso segundo, que las huellas incluidas en ese Registro deberán ser integradas, adicionalmente, a los antecedentes que consten en el prontuario penal de condenados.

Se presentaron dos indicaciones:

a) De los diputados Ascencio , Burgos , Bustos , Luksic , Pérez, don Aníbal y Soto, doña Laura para agregar al final del inciso primero, la frase “en los casos a que se refiere el artículo 17 de esta ley”.

De esta manera, se deja en claro que el Registro de Condenados contendrá las huellas genéticas de los condenados por sentencia ejecutoriada, sólo en los casos expresamente señalados en el artículo 17 de esta ley, esto es, por alguno de los delitos previstos en dicha disposición, o cuando el tribunal -en atención a los antecedentes del condenado o modalidades del delito-, así lo ordene.

b) De los mismos señores diputados, para eliminar el inciso segundo, atendido que los antecedentes que constan en el prontuario penal de los condenados deben ser eliminados a los dos o a los cinco años, dependiendo del delito, sin embargo el registro de condenados que contiene las huellas genéticas debe tener una duración mayor.

Se aprobó por unanimidad el artículo con ambas indicaciones.

Artículo 6°.-

El texto aprobado por el Senado señala que el Registro de Imputados contendrá las huellas genéticas de quienes hubieren sido imputados por la comisión de un delito, determinadas sobre la base de las muestras biológicas obtenidas en conformidad al Código Procesal Penal y al artículo 17 de esta ley -esto es, siempre en el marco de un procedimiento criminal-.

Para efectos de una mejor redacción, la Comisión aprobó por unanimidad eliminar los vocablos “de la comisión”.

Sin mayor debate, se aprobó por unanimidad, el artículo con la adecuación señalada.

Artículo 7°.-

El texto aprobado por el Senado establece que el Registro de Evidencias y Antecedentes conservará las huellas genéticas obtenidas en el curso de una investigación criminal y que no se vinculen a persona determinada.

Con la finalidad de aclarar la norma, se acordó por unanimidad reemplazar la frase final “no se vinculen a persona determinada” por “correspondieren a personas no identificadas”.

Sin mayor discusión, se aprobó por unanimidad, el artículo con la adecuación señalada.

Artículo 8°.-

El texto aprobado por el Senado consagra que el Registro de Víctimas contendrá las huellas genéticas de las víctimas de un delito, determinadas en el curso de un procedimiento criminal, siempre que ésta (la víctima) no se oponga expresamente a ello luego de ser consultada sobre tal circunstancia por el Ministerio Público, quien dará la instrucción respectiva (de incorporar o no la huella genética al Registro de Víctimas ) al Servicio de Registro Civil e Identificación.

Se presentó una indicación.

-De los diputados señores Ascencio , Burgos , Bustos , Luksic , Pérez, don Anibal y Soto, doña Laura , al inciso segundo, con la finalidad de hacer concordante la norma con lo ya aprobado por la Comisión en el artículo 1°, en el sentido que la instrucción de no incluir la huella en el respectivo Registro debe ser dada al Servicio Médico Legal o a la entidad pública o privada especialmente acreditada que determinó la huella, pues serán ésos los organismos encargados de realizar dicho trámite, según las modificaciones propuestas por la Comisión. Dichos organismos deberán abstenerse de registrar la huella hasta recibir tal instrucción del Ministerio Público, quien previamente consultará a la víctima y le informará sobre su derecho.

Se aprobó por unanimidad el artículo, con la indicación señalada.

Artículo 9°.-

El texto aprobado por el Senado establece que en el Registro de Personas Extraviadas y sus Familiares se registrarán las huellas genéticas de los cadáveres o restos humanos no identificados, de material biológico presumiblemente proveniente de personas extraviadas y la de personas que teniendo un familiar presumiblemente desaparecido, aceptaren voluntariamente donar una muestra biológica que pueda ser de utilidad para su identificación.

Se acordó por unanimidad cambiar la denominación a “ Registro de Personas Desaparecidas y sus Familiares”, atendido que, entre otras, contendrá huellas genéticas de cadáveres o restos humanos. Se precisó que cuando se denuncia la desaparición de una persona se procede a tomar una muestra de ADN y si, posteriormente, se descubren osamentas también se toma a éstas el ADN para compararlo con el primero. Por lo anterior, se concluyó que es más propia la denominación propuesta.

Se aprobó por unanimidad el artículo con la modificación señalada.

Artículo 10.-

El texto aprobado por el Senado establece que la extracción de muestras biológicas se regulará por las normas de la ley procesal que sean aplicables.

Se acordó por unanimidad, reemplazar el término “extracción” por “toma” de muestras, -en todas las disposiciones donde aparezca dicho vocablo- porque es la expresión comúnmente utilizada en los laboratorios.

Se aprobó por unanimidad el artículo propuesto, con la modificación señalada.

Artículo 11.-

El texto aprobado por el Senado establece la obligación de reserva de los antecedentes y la integridad de la cadena de custodia de acuerdo a las exigencias establecidas en el reglamento que se dicte al efecto, para toda persona que intervenga en el proceso de extracción de muestras, obtención de evidencias y determinación de huellas genéticas.

Sin debate, se aprobó por unanimidad, el artículo y la modificación referida a los términos ‘extracción’ por ‘toma’, para concordar la redacción con lo ya aprobado al artículo anterior.

Artículo 12.-

El texto aprobado por el Senado, de la remisión de antecedentes, señala que la institución que hubiere determinado la huella genética deberá evacuar el informe que dé cuenta de la pericia y remitirlo al Servicio Médico Legal, junto con la totalidad del material biológico obtenido.

Se presentó una indicación:

-Del Ejecutivo , para sustituir el artículo, mediante la cual se ordena al organismo que hubiere determinado la huella genética enviar el informe de la pericia al fiscal del Ministerio Público o al Tribunal, según corresponda. En caso que la determinación de la huella la hubiere realizado alguna institución pública o privada acreditada, deberá además, remitir al Servicio Médico Legal la totalidad del material biológico y el resto del ADN extraído, la copia del informe y los demás antecedentes.

Se aprobó por mayoría de votos la indicación sustitutiva (tres votos a favor y una abstención).

Artículo 13.-

El texto aprobado por el Senado señala que una vez obtenidos o recibidos los resultados de la pericia, el Servicio Médico Legal los pondrá a disposición del Servicio de Registro Civil e Identificación para ser incluidos en el Sistema de Registros de ADN. A continuación, señala que con posterioridad se procederá a realizar la pericia de cotejo de la huella determinada con los demás antecedentes que consten en el Sistema, de lo cual enviará informe con los resultados a la autoridad requirente de la pericia.

Se presentó una indicación:

-Del Ejecutivo , para sustituir el artículo, con la finalidad de hacerlo coherente con otras disposiciones ya aprobadas y para establecer una secuencia lógica en los pasos que se deben seguir. Así, se señala que el Servicio Médico Legal procederá a practicar el peritaje de cotejo de la huella genética en cuestión, contrastándola con las demás huellas existentes en el Sistema, según se le hubiere requerido en un procedimiento penal. Una vez practicado tal cotejo, el Servicio Médico Legal deberá enviar el informe que dé cuenta de la pericia de cotejo y de sus resultados, al fiscal del Ministerio Público o al tribunal, según corresponda.

Se aprobó por mayoría de votos la indicación sustitutiva (tres votos a favor y una abstención).

Artículo 14.-

Esta disposición trata sobre la conservación y la destrucción del material biológico. Señala que luego de evacuado el informe de la pericia de cotejo, el Servicio Médico Legal debe destruir el material biológico objeto del examen de ADN, salvo que su obtención sea irrepetible, caso en el cual se podrá conservar hasta por quince años. De tal circunstancia -de la destrucción o conservación- se dejará constancia por escrito, con los datos que permitan la identificación de las muestras y las razones que justificaron la conservación, cuando corresponda. Los funcionarios encargados de la destrucción de las muestras biológicas deberán remitir mensualmente, a su superior jerárquico, un listado de muestras ingresadas, destruidas o conservadas -y la razón en este último caso- en dicho período. Asimismo, un informe consolidado semestral se enviará al Director Nacional del Servicio Médico Legal por los directores regionales o, en la Región Metropolitana, por el jefe del departamento competente. Los funcionarios obligados a la destrucción del material biológico, que no lo hicieren, incurrirán en responsabilidad administrativa.

Se presentaron dos indicaciones:

a) De los diputados Ascencio , Burgos , Bustos , Luksic , Pérez, don Aníbal y Soto , doña Laura , para intercalar una frase al inciso primero, del siguiente tenor: “o de recibido los antecedentes a que se refiere el artículo 12”.

La finalidad es hacer concordante la disposición con lo ya aprobado en disposiciones anteriores, esto es, que evacuado el informe de la pericia de cotejo o de recibidos los antecedentes referidos al material biológico del cual se obtuvo la huella, el Servicio Médico Legal proceda a la destrucción de éste.

b) Del Ejecutivo , para reemplazar el inciso segundo y agregar un inciso tercero nuevo, pasando los actuales incisos tercero, cuarto y quinto a ser incisos cuarto, quinto y sexto. La indicación tiene por objeto establecer que el Ministerio Público, de oficio o a petición del imputado, podrá ordenar la conservación del material biológico hasta por quince años, cuando ella fuere calificada por el Servicio Médico Legal como técnicamente irrepetible. No obstante, el imputado en cualquier tiempo podrá pedir al Ministerio Público que ordene la destrucción del material conservado; dicha solicitud podrá ser rechazada fundadamente, y se someterá a la aprobación del tribunal.

Puestas en votación las indicaciones, se aprobó por unanimidad la referida en el literal a) y por mayoría de votos (tres votos a favor y una abstención) la referida en el literal b). Por igual votación se aprobó el artículo

Artículo 15.-

El texto aprobado por el Senado establece la obligación de reembolsar el importe del examen a la institución que hubiere determinado la huella, por parte del Ministerio Público, del querellante, de la Defensoría Penal Pública o del defensor, sin perjuicio de lo que se resuelva sobre costas.

Se presentó una indicación:

-Del Ejecutivo, para reemplazar el artículo aprobado por el Senado.

Las modificaciones al inciso primero tienen por objeto aclarar la redacción y hacerla compatible con lo ya aprobado en disposiciones anteriores: se cambia la frase importe del ‘examen’ por importe ‘del servicio’, y se agrega que el reembolso será también respecto de lo que corresponda por la realización de la pericia de cotejo; se señala que el importe respectivo constituirá ingreso propio de la institución que hubiere realizado el o los exámenes.

Asimismo, se propone los incisos segundo y tercero nuevos.

El inciso segundo, que se agrega por la indicación, tiene por objeto establecer que, respecto de las huellas genéticas determinadas en conformidad a los incisos segundo y tercero del artículo 17 (por los delitos allí señalados o en cumplimiento de una orden del tribunal cuando éste estime indispensable determinar una huella), el importe de la pericia deberá ser de cargo del Servicio Médico Legal, atendido que el examen deberá ser siempre solicitado a dicho organismo, de acuerdo al inciso tercero que se agrega.

El inciso tercero establece que los aranceles a cobrar por las instituciones públicas serán fijados anualmente por resolución del Director de la respectiva entidad. Se explicó por representantes del Ejecutivo que el examen para determinar la huella genética será un servicio no monopólico, por tanto, el mercado regulará el arancel que se podrá cobrar por los organismos distintos al Servicio Médico Legal, y respecto de éste se fijará por los conductos legales que rigen para estos organismos.

Se aprobó por mayoría de votos la indicación sustitutiva (tres votos a favor y una abstención).

Capítulo IV.

Se presentó indicación, de los diputados Ascencio , Burgos , Bustos , Pérez, don Aníbal y Soto, doña Laura para reemplazar el nombre del capítulo aprobado por el Senado “De la administración del Sistema Nacional de Registros de ADN” por “De la incorporación y eliminación de las huellas genéticas en el Sistema Único de Registros de ADN ”. Se propuso reemplazar la denominación del capítulo, atendido que representa con mayor precisión el contenido del mismo.

Se aprobó por unanimidad la indicación sustitutiva.

Artículo 16.-

El texto aprobado por el Senado señalaba que recibidos los antecedentes relativos a la determinación de la huella genética, se debe proceder de inmediato a incluir ésa en el Registro que corresponda.

Se presentó indicación:

-Del Ejecutivo para reemplazar el artículo, con la finalidad de distinguir qué institución debe incorporar la huella genética en los registros respectivos y quién debe dar la instrucción para que ello ocurra. Tratándose de los Registros de Condenados y de Imputados, se debe ejecutar por orden del tribunal; respecto de los Registros de Víctimas, de Evidencias o de Desaparecidos y sus Familiares, se ejecuta por orden del fiscal del Ministerio Público. En ambos casos, la incorporación en el Registro se debe realizar por el organismo público o privado que hubiere determinado la huella; si dicho organismo no está especialmente facultado para tal función, debe remitir la huella genética al Servicio Médico Legal para que éste la registre. En los casos de reingreso, -esto es, que se deba registrar una huella genética ya determinada durante el proceso criminal, de un condenado por alguno de los delitos contemplados en el artículo 17, inciso primero-, la incorporación en el Registro de Condenados se efectuará por el Servicio de Registro Civil e Identificación.

Se aprobó por mayoría de votos la indicación sustitutiva (tres votos a favor y una abstención).

Artículo 17.-

Regula la incorporación de los antecedentes de los imputados al Registro de Condenados.

El inciso primero señala que la huella genética del imputado que fuere condenado por sentencia ejecutoriada será incluida en el Registro de Condenados y eliminada del Registro de Imputados, cuando ella hubiere sido determinada durante el proceso criminal.

Si no se hubiere determinado la huella durante el procedimiento, la sentencia condenatoria así lo ordenará para ser incluida en el respectivo Registro, siempre que se trate de los delitos que el mismo artículo contempla en tres letras: secuestro (artículo 141 del Código Penal), sustracción de menores (142), tortura (150 A y 150 B), amenazas graves (296), contra la salud pública graves (313 d, 315 y 316), abandono de menores con resultado de muerte y lesiones (348 y 352), mutilaciones y lesiones graves (395, 396 y 397 N° 1), envío de carta bomba (403 bis), robo con violencia o intimidación en las personas con resultado de muerte, lesiones graves o secuestro (433), robo con intimidación o violencia simples (436, inciso primero), robo con fuerza en las cosas en lugar habitado (440), incendios graves (474, 475 y 476); aborto, violación, estupro y otros delitos sexuales (párrafos 1°, 5°, 6° y 7° del título VII, del Libro II del Código Penal), homicidio en todas sus formas, incluyendo parricidio, homicidio en riña y auxilio al suicidio e infanticidio (párrafos 1° y 2° del título VIII, del Libro II del Código Penal) y los delitos de elaboración o tráfico ilícito de estupefacientes y de terrorismo.

Finalmente, se faculta al tribunal para que, de oficio o a petición del fiscal, y en consideración de los antecedentes personales del condenado y a la naturaleza, modalidades y móviles del delito, ordene en la sentencia la determinación de la huella genética y su registro correspondiente, siempre que se trate de condenados por delito que merezca pena de crimen.

Se presentó indicación:

-De los diputados Ascencio , Burgos , Bustos , Luksic , Pérez, don Aníbal y Soto, doña Laura , al inciso primero. Mediante ésta se aclara que la huella genética de un imputado se incluirá en el Registro de Condenados cuando se trate de algunos de los delitos que especialmente establece el inciso segundo del mismo artículo.

Se aprobó el artículo y la indicación referida, por unanimidad. Asimismo, se acordó por el mismo quórum adecuar los términos “extracción” por “toma” de muestras, para hacerlo concordante con lo ya aprobado en artículos anteriores, y en la letra b) del inciso segundo, se hace expresa referencia al Libro II del Código Penal, a modo de llenar un vacío existente en la norma aprobada por el Senado.

Artículo 18.-

Establece la obligación de eliminar los antecedentes de los Registros de Imputados y de Víctimas una vez terminado el procedimiento criminal, desde que se falló por sentencia ejecutoriada; si el imputado resultó condenado, se deberán reingresar los datos en el Registro de Condenados . Será el Servicio de Registro Civil e Identificación quien procederá a la eliminación o reingreso cuando corresponda, en un plazo de tres días desde que el fiscal comunique el término del procedimiento por cualquier medio idóneo que deje constancia del despacho de la orden. El funcionario que deba eliminar o reingresar los antecedentes -según corresponda- debe dejar constancia por escrito con los datos que permitan identificar la huella de que se trate, y remitir mensualmente una lista de todos ellos, al superior jerárquico, y semestralmente éste emitirá un informe consolidado que enviará al director regional respectivo. Se establece una responsabilidad administrativa para los funcionarios que debiendo mantener al día los registros no lo hagan. Los antecedentes de los Registros de Imputados, de Víctimas y de Evidencias, en cualquier caso, serán eliminados una vez transcurridos quince años desde la fecha de incorporación a ésos.

Se presentó una indicación:

-De los diputados Ascencio , Burgos , Bustos , Luksic , Pérez, don Aníbal y Soto , doña Laura , para sustituir el artículo 18, cuyo tenor se inserta en el texto aprobado por la Comisión.

Dicha indicación tiene por objeto reemplazar el vocablo ‘antecedentes’ por ‘huella genética y sus datos asociados’, con la finalidad de dejar en claro que se deben eliminar de los Registros correspondientes todos los datos asociados a una huella genética, de manera que sea imposible, con posterioridad, vulnerar de alguna manera la finalidad que se persigue con la norma, cual es, proteger los derechos de las personas.

Con la modificación al inciso segundo, se busca aclarar que el Servicio de Registro Civil e Identificación tiene un plazo máximo de tres días para proceder a la eliminación de la huella genética, contado desde que le fue comunicado el término del procedimiento, por un medio idóneo en que conste el despacho y la recepción.

En el inciso tercero se propone distinguir que, respecto de los Registros de Imputados y de Víctimas, las huellas y sus datos asociados deben ser eliminados una vez transcurridos quince años desde la fecha de su incorporación; y, para el Registro de Evidencias y Antecedentes, se amplía dicho plazo hasta un término de treinta años desde su incorporación.

Esta propuesta agrega la obligación de eliminar ‘los datos asociados’ a la huella genética para evitar que éstos puedan seguir figurando en los registros. Asimismo, amplía el plazo para mantener vigente los datos en un registro, atendido que se trata de evidencias tomadas en el lugar donde presumiblemente se cometió el delito, pero no hay huella genética asociada a la identidad de alguna persona, sino sólo un dato computacional; además, es un período que no se vincula con plazo de prescripción alguno pues éstos son de cinco o quince años, dependiendo del delito que se trate.

En el inciso cuarto se propone suprimir el trámite aprobado por el Senado, que exigía un informe consolidado semestral que debía enviarse por los directores regionales al Director Nacional del Servicio de Registro Civil . Ello, atendido que la base de datos es de carácter computacional, y el mismo Servicio hizo presente que tal información será llevada a nivel central, como un Sistema Único de Registros .

Asimismo, la indicación sustitutiva introduce concordancias formales de este artículo a los acuerdos ya adoptados para otras disposiciones. Así, se elimina la voz “ingresadas” del inciso quinto, pues la Comisión ha propuesto que el Servicio de Registro Civil sólo elimine y reingrese datos; el ingreso lo realizan el Servicio Médico Legal o las entidades públicas o privadas especialmente acreditadas para ello, que hubieren realizado la pericia.

Se aprobó por unanimidad la indicación sustitutiva.

Artículo 19.-

Se sanciona con presidio menor en sus grados mínimo a medio (61 días a 3 años) y multa de seis a diez unidades tributarias mensuales a quien, interviniendo en alguno de los procedimientos regulados en la presente ley en razón de su cargo o profesión, permita el acceso a los registros o exámenes a personas no autorizadas, o los divulgue o use indebidamente. Si dicho acceso, divulgación o uso se efectuare respecto de las muestras biológicas o evidencias, la pena será de presidio menor en su grado medio (541 días a 3 años) y multa de seis a diez unidades tributarias mensuales. El castigo será de presidio menor en su grado mínimo a medio o multa de seis a diez unidades tributarias mensuales, cuando el acceso, divulgación o uso indebido lo realizaren personas que no tengan las calidades señaladas anteriormente.

Se presentó una indicación:

-De los diputados Ascencio , Burgos , Bustos , Luksic , Pérez, don Aníbal y Soto , doña Laura , para reemplazar el artículo 19, cuyo tenor se inserta en el texto aprobado por la Comisión. En ésta, se contemplan tres situaciones: primero, que se acceda, divulgue o use indebidamente exámenes o registros, o se cree o conserve bases de datos o registros de huellas genéticas; segundo, que se acceda, divulgue o use indebidamente muestras biológicas o evidencias y, tercero, que se realice alguna de las conductas anteriores por una persona que ha debido participar en alguno de los procedimientos regulados en la presente ley en razón de su cargo o profesión.

Asimismo, se propone una distinta graduación de las penas, asignándose la más alta para la conducta ilícita cometida por una persona que interviene en alguno de los procedimientos establecidos por la ley en razón de su cargo o profesión. Para los tres casos referidos anteriormente, se contempla la pena accesoria de multa en forma copulativa a la de privación de libertad.

Se aprobó por unanimidad la indicación sustitutiva.

Artículo 20.-

Se sanciona con la pena de presidio menor en su grado máximo (3 años y un día a 5 años) a quienes cometan obstrucción a la justicia, esto es, alteren intencionalmente las muestras biológicas objeto del examen de ADN, falseen los resultados de los exámenes o de la determinación de la huella genética, falten a la verdad en el informe pericial o cotejo, o alteren su contenido. Con igual pena se castigará a los funcionarios del Registro Civil e Identificación que, intencionalmente, omitan la incorporación en el Sistema Nacional de Registros de ADN, alguno de los antecedentes que se deben agregar, los eliminen indebidamente, o alteren alguno de los antecedentes de los registros mencionados.

Se presentó una indicación:

-De los diputados Ascencio , Burgos , Bustos , Luksic , Pérez, don Aníbal y Soto , doña Laura , para reemplazar el artículo, con la finalidad de reordenar las conductas descritas como delitos, con una redacción distinta. Asimismo, se agrega la pena de multa, en forma copulativa a la privativa de libertad dispuesta por la norma.

Se aprobó por unanimidad la indicación sustitutiva.

Artículo 21.-

Se entrega a un reglamento, que deberá dictar el Ministerio de Justicia, la determinación de las características del Sistema Nacional de Registros de ADN, de las modalidades de su administración y de las normas técnicas que regulen los procedimientos aplicables a la extracción de muestras y conservación de evidencias y cadena de custodia y conservación. Asimismo, dicho reglamento deberá establecer los requisitos y condiciones de acreditación que deberán cumplir las instituciones públicas o privadas, ante el Servicio Médico Legal, para la participación en el proceso de determinación de huellas genéticas.

Se presentan indicaciones para adecuar el texto a los acuerdos ya adoptados por la Comisión para otros artículos, tales como, cambio del vocablo “extracción” por “toma”, y en el inciso segundo, se agrega una frase que incorpora la posibilidad que las instituciones públicas o privadas acreditadas para determinar la huella, puedan estar especialmente acreditadas, también, para ingresarla a los registros que corresponda.

Se aprobó la disposición, con las modificaciones referidas, por unanimidad.

Artículo 22.-

El artículo 22, hace aplicable las normas de la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, para lo no previsto por esta ley.

La Comisión consideró poco clara la redacción aprobada por el Senado, motivo por el cual los diputados señores Ascencio , Burgos , Bustos , Luksic , Pérez, don Aníbal y Soto , doña Laura presentaron indicación para reemplazar la disposición por el siguiente texto: “Serán aplicables, en cuanto no se opusieren a lo previsto en esta ley, las normas contempladas en la ley N° 19.628, sobre protección a la vida privada”.

Se aprobó por unanimidad la nueva redacción propuesta. Por la misma votación, se rechazó el artículo propuesto por el Senado.

Artículo 23.-

Mediante el artículo 23, que consta de dos numerales, se agregan dos nuevas disposiciones al Código Procesal Penal.

Por el numeral 1), se agrega un inciso tercero nuevo al artículo 198 del Código Procesal Penal, mediante el cual se señala que, cuando la extracción de muestras biológicas y la obtención de evidencias se realice por instituciones no acreditadas ante el Servicio Médico Legal para determinar huellas genéticas, dichas muestras y evidencias deberán ser remitidas a la institución que corresponda al efecto, de acuerdo a la normativa que crea el Sistema de Registro Nacional de ADN, y su reglamento.

Por el numeral 2), se agrega un artículo 199 bis que dispone que, los exámenes y pruebas biológicas destinadas a determinar las huellas genéticas sólo podrán ser efectuadas por profesionales que se desempeñen en el Servicio Médico Legal, en las policías o en aquellas instituciones públicas o privadas que se encuentren acreditadas para tal efecto en dicho Servicio. Se señala, asimismo, que las instituciones acreditadas constarán en una nómina que se publicará en el diario oficial.

Se presentó indicación:

-De los diputados señores Ascencio , Burgos , Bustos , Luksic , Pérez, don Aníbal y Soto, doña Laura Para intercalar una frase al inciso segundo del artículo 199 bis nuevo, con la finalidad de dejar entregado al Reglamento la forma en que se publicará por el Servicio Médico Legal la nómina de instituciones acreditadas para realizar los exámenes y pruebas de ADN.

Con ello, se evita establecer una reglamentación detallada en la ley, de tal forma que será aquél quien determine la periodicidad, medio y forma de publicación.

Sometido a votación, se aprobó por unanimidad, el artículo con la indicación referida.

Artículo 24.-

Tiene por objeto establecer como día de entrada en vigencia de la ley, aquél en que se publique el reglamento respectivo en el diario oficial.

Se aprobó por unanimidad, en los mismos términos propuestos por el Senado.

Disposiciones Transitorias.

Artículo 1°.-

Esta disposición transitoria se hace cargo de aquellas personas que actualmente se encuentran cumpliendo condena por alguno de los delitos contemplados en el artículo 17 de esta ley y que, por tanto, su huella genética no está determinada e incorporada en el Registro de Condenados . Para estos casos, el Servicio Médico Legal o las instituciones públicas o privadas acreditadas ante él, deberán determinar la huella genética, previa extracción de la muestra biológica respectiva en los establecimientos en que estuvieren internados. Los condenados que no estuvieren recluidos, serán informados por Gendarmería de Chile el lugar y la oportunidad en que deberán proporcionar su muestra biológica, bajo apercibimiento de informar al tribunal respectivo sobre el incumplimiento de esta obligación.

Frente a la duda de algunos diputados respecto a cuál es la sanción aplicable para aquellos condenados que no concurran al examen de toma de muestra biológica, se señaló que se deben aplicar las normas generales, esto es, que frente a la no comparecencia de una persona a la citación de un tribunal, procede orden de arresto.

Se aprobó por unanimidad el artículo, sin modificaciones.

Artículo 2°.-

Esta disposición transitoria contempla normas especiales aplicables a los procedimientos substanciados conforme al Código de Procedimiento Penal. Para ello, se contemplan seis reglas (letras a) a la f)).

La letra a) dispone que las referencias hechas en esta ley a los ‘imputados’ se entenderán efectuadas a los ‘procesados’, para lo cual el Registro de Imputados contendrá tanto, las huellas de los imputados de acuerdo al Código Procesal Penal como las huellas de los procesados por el Código de Procedimiento Penal. La letra b) señala que los jueces con competencia en lo criminal ordenarán la incorporación al registro respectivo de las huellas determinadas a partir de muestras biológicas obtenidas durante el procedimiento, para constatar las circunstancias relevantes de la investigación en virtud de lo dispuesto en los artículo 110, 111, 145 bis y 221 del Código de Procedimiento Penal. La letra c) hace aplicables las normas del artículo 221 y 245 del Código de Procedimiento Penal a los informes periciales destinados a determinar la huella genética; tales disposiciones se refieren a la facultad del juez para nombrar peritos, y a la determinación de los honorarios. La letra d) señala que el juez deberá consultar a la víctima si acepta o no que su huella genética se incorpore al registro respectivo, función que en el sistema del Código Procesal Penal, cumple el Ministerio Público. La letra e) reitera lo dispuesto en el artículo 18 permanente de la ley sobre la obligación de eliminar los datos de los registros -de imputados y de víctimas- una vez terminado el proceso judicial por sentencia ejecutoriada. Y, la letra f) entrega, asimismo, la facultad al tribunal que hubiere conocido del proceso para efectuar la comunicación al Servicio de Registro Civil e Identificación para la eliminación o el reingreso de datos, que el artículo 18 permanente dispone como obligación para el fiscal.

Esta disposición fue objeto de dos indicaciones:

a) Para intercalar una letra b), pasando la actual letra b) a ser c), del siguiente tenor: “b) Las funciones o competencias que en esta ley se atribuyen al Ministerio Público, serán desempeñadas o asumidas por los jueces con competencia en lo criminal.”.

Se consideró apropiada la indicación atendido que se establece una norma de aplicación general para todos aquellos procesos que en la actualidad se tramitan de acuerdo al Código de Procedimiento Penal, en relación a las funciones que la presente ley atribuye al Ministerio Público.

b) De los diputados señores Ascencio , Burgos , Bustos , Luksic , Pérez, don Aníbal y Soto , doña Laura , para intercalar una frase al artículo 2° transitorio, la letra b), que pasa a ser letra c), para aclarar que los jueces con competencia en lo criminal ordenarán la incorporación de las huellas genéticas en los registros respectivos, de acuerdo a las normas previstas en los artículos 17 y 18 permanentes de la presente ley.

A su vez, la Comisión, estimó para efectos de uniformidad en la terminología empleada en el proyecto, que el vocablo “procedimiento” utilizado en el artículo debe ser reemplazado por “proceso”. Estimó, asimismo, que la explicación consignada en la letra a) del artículo, referida a que el Registro de Imputados que se crea debe contener las huellas genéticas de los procesados de acuerdo al Código de Procedimiento Penal, es innecesaria y redundante, atendido el encabezado de este literal.

Sometido a votación el artículo 2° transitorio, se aprobó por unanimidad la letra a) con la modificación señalada; la letra b) nueva introducida por la indicación referida; la letra b) -que pasa a ser c), con la indicación-; la letra c) -que pasa a ser d)- y la letra f) -que pasa a ser e). Por igual votación, se rechazó las letras d) y e) del proyecto aprobado por el Senado, por considerárseles innecesarias atendida la aprobación de la nueva letra b) que se intercala, ya referida.

Se hace presente que la letra b) nueva aprobada por la Comisión fue puesta en conocimiento de la Corte Suprema, en virtud del artículo 74 de la Constitución Política y del artículo 16 de la ley N° 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional.

Artículo 3°.-

Esta disposición transitoria señala que el mayor gasto que irrogue esta ley durante el primer año de su aplicación, se financiará con cargo a los recursos asignados al Servicio de Registro Civil e Identificación y al Servicio Médico Legal en sus respectivos presupuestos, en lo que correspondiere a cada una de estas instituciones.

Se aprobó sin debate, por unanimidad, en los mismos términos propuestos por el Senado.

IV. INDICACIÓN DE ARTÍCULOS QUE EL SENADO CALIFICÓ COMO NORMAS DE CARÁCTER ORGÁNICO CONSTITUCIONAL, Y LA DE AQUELLOS QUE LA COMISIÓN OTORGUE ESE CARÁCTER.

Por acuerdo unánime de la Comisión se determinó que los artículos 2°, inciso primero, 14, inciso tercero y 16, inciso segundo son de carácter orgánico constitucional en virtud del artículo 80 B de la Constitución Política, y que el artículo 2° transitorio, letra b), lo es en razón del artículo 74 del mismo cuerpo normativo.

Se hace presente que dichas disposiciones fueron objeto de modificaciones durante la discusión en la Comisión y, que la letra b) del artículo 2° transitorio fue introducida en este trámite reglamentario y constitucional.

V. ARTÍCULOS QUE DEBEN SER CONOCIDOS POR LA COMISIÓN DE HACIENDA.

Se encuentran en tal situación los artículos 15 permanente y 3° transitorio.

VI. ARTÍCULOS E INDICACIONES RECHAZADAS POR LA COMISIÓN.

No hay.

VII. MENCIÓN DE ADICIONES Y ENMIENDAS QUE LA COMISIÓN APROBÓ EN LA DISCUSIÓN PARTICULAR.

De acuerdo a lo dispuesto en el N° 7 del artículo 289 del Reglamento de la Corporación, cabe señalar que la Comisión introdujo las siguientes enmiendas al texto propuesto por el Senado.

Al artículo 1°.

-En el inciso primero, se reemplazan los vocablos “Nacional” por “Único”.

-En el inciso segundo, se reemplaza la frase “Se entenderá, para estos efectos, por huella genética” por “Por huella genética se entenderá, para estos efectos,”

-Se agrega un inciso tercero nuevo, del siguiente tenor: “La obtención de la huella genética se realizará por profesionales y técnicos que se desempeñen en el Servicio Médico Legal, o en instituciones públicas o privadas que se encontraren acreditadas para tal efecto ante dicho Servicio.”

-Se sustituye el inciso tercero, que pasa a ser cuarto, por el siguiente: “La administración y custodia del Sistema estará a cargo del Servicio de Registro Civil e Identificación, correspondiendo en general al Servicio Médico Legal el ingreso de la información, así como, previa acreditación especial al efecto y sólo respecto de las huellas que hubieren determinado, a las instituciones públicas o privadas aludidas en el inciso precedente.”.

Al artículo 2°.

-Se sustituye el inciso primero, por el siguiente: “Principios. El Sistema tendrá carácter reservado. La información en él contenida sólo podrá ser directamente consultada por el Ministerio Público y los tribunales. Las policías podrán tener acceso previa autorización del Ministerio Público, y los defensores públicos y privados, previa autorización del tribunal respectivo. La autorización a las policías no podrá extenderse al registro de imputados.”

Al artículo 4°.

-Se reemplaza los términos “Personas Extraviadas” por “Desaparecidos”.

Al artículo 5°.

-En el inciso primero, se agrega la siguiente frase final luego del punto aparte (.) que pasa a ser coma (,): “en los casos a que se refiere el artículo 17 de esta ley”.”.

- Se elimina el inciso segundo.

Al artículo 6°.

-Se eliminan los vocablos “de un delito”.

Al artículo 7°.

-Se reemplaza la frase final “no estuvieren vinculadas a una persona determinada.” Por “correspondieren a personas no identificadas.”.

Al artículo 8°.

-En el inciso segundo, se reemplaza el párrafo final “,y el Servicio de Registro Civil e Identificación dará cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 13 sin incorporar la huella genética al Registro hasta recibir tal instrucción del Ministerio Público, el que previamente consultará a la víctima que estuviere en condiciones de comprender las consecuencias de su decisión, informándola acerca de su derecho.” por el siguiente: “. El Servicio Médico Legal o, en su caso, la Institución especialmente acreditada que hubiere determinado la huella genética, se abstendrán de incorporarla en el Registro hasta recibir tal instrucción del Ministerio Público, el que previamente consultará a la víctima, informándola acerca de su derecho.”

Al artículo 9°.

-Se sustituye la frase “Personas Extraviadas” por “Desaparecidos” en las dos oportunidades donde aparece.

Capítulo III, y artículos 10 y 11.

-Se sustituyen los términos “extracción” por “toma” cada vez que aparecen.

Al artículo 12.

-Se sustituye el artículo por el siguiente:

“Artículo 12.- Remisión de informe y material biológico. El organismo que hubiere determinado la huella genética evacuará el informe que dé cuenta de la pericia y lo remitirá al fiscal del Ministerio Público o al tribunal respectivo, según correspondiere. Tratándose de las instituciones públicas o privadas acreditadas, deberán, además, remitir al Servicio Médico Legal la totalidad del material biológico y el resto del ADN extraído, a partir de los cuales se obtuvo la huella, la copia del aludido informe y los demás antecedentes que disponga el Reglamento.”

Al artículo 13.

-Se sustituye el artículo por el siguiente:

“Artículo 13.- Pericia de Cotejo y Remisión de Informe. El Servicio Médico Legal procederá a practicar el peritaje de cotejo de la huella genética en cuestión, contrastándola con las demás huellas contenidas en uno o más Registros del Sistema, según le hubiere sido específicamente requerido en un procedimiento penal.

Practicado el cotejo, el Servicio Médico Legal enviará al fiscal del Ministerio Público o al tribunal, según correspondiere, el informe que dé cuenta de la pericia y de sus resultados.”

Al artículo 14.

-En el inciso primero se intercala, a continuación de la palabra “precedente,” la frase “o de recibidos los antecedentes a que se refiere el artículo 12”.

-Se reemplaza el inciso segundo y se agrega un inciso tercero nuevo, pasando los actuales incisos tercero, cuarto y quinto a ser incisos cuarto, quinto y sexto, del siguiente tenor:

“Con todo, cuando la obtención del material biológico fuere calificada por el Servicio Médico Legal como técnicamente irrepetible, el Ministerio Público, de oficio o a solicitud del imputado, podrá ordenar la conservación de una parte de aquél, hasta por quince años.

En todo caso, el imputado podrá en cualquier tiempo solicitar al Ministerio Público que ordene la destrucción del material conservado. El rechazo de esta solicitud será siempre fundado y se someterá a la aprobación del tribunal.”

Al artículo 15.

Se sustituye el artículo por el siguiente:

“Artículo 15.- Reembolso. El Ministerio Público, el querellante, la Defensoría Penal Pública o el defensor, según correspondiere, deberán reembolsar el importe del servicio a la institución que hubiere determinado la huella genética o realizado la pericia de cotejo, importe que constituirá ingreso propio de la institución. Lo anterior es sin perjuicio de lo que se resuelva sobre costas.

Con todo, tratándose de las huellas genéticas determinadas en cumplimiento de lo dispuesto en los incisos segundo y tercero del artículo 17, el importe de la pericia será de cargo del Servicio Médico Legal. En dichos casos la determinación de las huellas genéticas deberá siempre solicitarse al referido servicio.

Los aranceles a cobrar por las instituciones públicas serán fijados anualmente por resolución del Director de la respectiva entidad.”.

Capítulo IV.

Cambia su denominación por la siguiente: “De la incorporación y eliminación de las huellas genéticas en el Sistema Único de Registros de ADN ”.

Al artículo 16.

Se reemplaza el artículo por el siguiente:

“Artículo 16. Incorporación de las huellas genéticas en los Registros del Sistema. Tratándose de huellas genéticas correspondientes a condenados o imputados, su incorporación en los respectivos Registros del Sistema se ejecutará por orden del tribunal.

Tratándose de huellas genéticas correspondientes a víctimas, evidencias o desaparecidos o sus familiares, su incorporación en los respectivos Registros del Sistema se ejecutará por orden del fiscal del Ministerio Público, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 8°.

En los casos a que se refieren los incisos precedentes, la incorporación en los Registros será ejecutada por el organismo que hubiere determinado la huella genética. En todo caso, las instituciones públicas o privadas no especialmente acreditadas para el ingreso de información al Sistema, remitirán la huella genética al Servicio Médico Legal para que éste la incorpore en el Registro correspondiente .

Con todo, en los casos a que se refiere el inciso primero del artículo 17 de esta ley, la incorporación de la huella en el Registro de Condenados se llevará a cabo por el Servicio de Registro Civil.”

Al artículo 17.

-Se reemplaza, en el título del artículo 17, la expresión “antecedentes” por “huellas genéticas”.

-En el inciso primero, a continuación de la expresión “condenare”, se agrega la frase “por alguno de los delitos previstos en el inciso siguiente”.

-En la letra b) del inciso segundo, se intercala la frase “del Libro Segundo”, a continuación de la expresión “Título VIII”.

-En el inciso tercero, a continuación de las palabras “muestras biológicas y”, se agregan los vocablos “determinación y”.

Al artículo 18.

-Se sustituye el artículo por el siguiente:

“Artículo 18.- Eliminación de huellas genéticas y sus datos asociados contenidos en el Sistema. Las huellas genéticas y sus datos asociados, contenidos en los Registros de Imputados y de Víctimas, serán eliminados una vez que se hubiere puesto término al procedimiento criminal respectivo. Si hubo juicio, desde que se falló por resolución ejecutoriada, sin perjuicio de lo previsto en el inciso primero del artículo precedente.

El Servicio de Registro Civil e Identificación deberá proceder a la eliminación o reingreso a que se refiere el inciso precedente en un plazo no superior a tres días, contado desde que le fuere comunicado el término del procedimiento por el fiscal. Dicha comunicación se efectuará por cualquier medio idóneo que permita dejar constancia fehaciente de su despacho y recepción. Igualmente procederá el Servicio de Registro Civil e Identificación a solicitud de la víctima o del imputado, cuando éstos acreditaren el término del procedimiento, mediante certificación expedida por el fiscal o el tribunal respectivo.

En cualquier caso, las huellas genéticas y sus datos asociados, contenidos en los Registros de Imputados y de Víctimas, serán eliminados una vez transcurridos quince años desde la fecha de su incorporación a éstos. Por su parte, las huellas genéticas y sus datos asociados, contenidos en el Registro de Evidencias y Antecedentes, serán eliminados una vez transcurridos treinta años desde la fecha de su incorporación a aquél.

De la eliminación y reingreso de los antecedentes de que trata este artículo se dejará constancia escrita por el funcionario encargado. Dicha constancia deberá contener los datos que permitan identificar las huellas genéticas de que se trate, así como la comunicación de término del procedimiento, si fuere el caso.

Los funcionarios a cargo de la eliminación de las huellas genéticas deberán remitir mensualmente a sus superiores jerárquicos las listas de huellas eliminadas y reingresadas en dicho período, incluyendo los datos a que se refiere el inciso precedente.

Los funcionarios que, debiendo proceder a la eliminación o reingreso de los antecedentes de los registros, no lo hicieren o lo hicieren extemporáneamente, incurrirán en responsabilidad administrativa.”.

Al artículo 19.

Para sustituir el artículo por el siguiente:

“Artículo 19.- Acceso, divulgación y uso indebido de la información genética. El que accediere a los exámenes o registros de que trata esta ley, los divulgare o usare indebidamente, o creare o conservare bases de datos o registros de huellas genéticas análogos o similares a los creados en virtud de esta ley, será sancionado con la pena de presidio menor en su grado mínimo y multa de seis a diez unidades tributarias mensuales.

En caso de que el acceso, la divulgación o el uso indebido se efectuaren respecto de las muestras biológicas o evidencias, se impondrá la pena de presidio menor en sus grados mínimo a medio y multa de seis a diez unidades tributarias mensuales.

El que, teniendo el deber de intervenir en alguno de los procedimientos regulados en la presente ley en razón de su cargo o profesión, incurriere en cualquiera de las conductas previstas en los incisos precedentes, será sancionado con la pena de presidio menor en su grado medio y multa de seis a diez unidades tributarias mensuales.”.

Al artículo 20.

Para sustituir el artículo por el siguiente:

“Artículo 20.- Obstrucción a la justicia. El que alterare las muestras biológicas que debieren ser objeto del examen de ADN; falseare el resultado de dichos exámenes o la determinación de la huella genética; faltare a la verdad en el informe pericial de examen o cotejo, o adulterare su contenido, será sancionado con la pena de presidio menor en su grado medio y multa de seis a diez unidades tributarias mensuales.

Con igual pena será sancionado el que indebidamente eliminare o alterare huellas genéticas o sus datos asociados, contenidos en el Sistema Único de Registros de ADN.

El que, teniendo el deber de intervenir en alguno de los procedimientos regulados en la presente ley en razón de su cargo o profesión, incurriere en cualquiera de las conductas previstas en los incisos precedentes, será sancionado con la pena de presidio menor en su grado máximo y multa de seis a diez unidades tributarias mensuales.

Con la misma pena será sancionado el que, teniendo el deber de incorporar una huella genética al Sistema Único de Registros de ADN , no lo hiciere.”

Al artículo 21.

-En el inciso primero, se reemplaza la frase inicial “El reglamento, expedido” por “Un reglamento, dictado”; se reemplaza el vocablo “Nacional” por “Único” y, se elimina la frase final “y conservación”.

En el inciso segundo, a continuación del vocablo “genéticas” se intercala la frase “e incorporarlas en el Sistema,”.

Al artículo 22.

Se sustituye el artículo por el siguiente:

“Artículo 22.- Concordancia. Serán aplicables, en cuanto no se opusieren a lo previsto en esta ley, las normas contempladas en la ley Nº 19.628 sobre protección de la vida privada.”.

Al artículo 23.

-En el numeral 1), que agrega un inciso tercero nuevo al artículo 198 del Código Procesal Penal, se reemplaza el vocablo “extraerán” por “tomarán”.

-En el numeral 2), que introduce un artículo 199 bis nuevo al Código Procesal Penal, se intercala -en el inciso primero- a continuación de la expresión “por profesionales” la frase “y técnicos”; y a continuación de “Servicio Médico Legal” la frase “o en aquellas”. En el inciso segundo, se intercala luego de la frase “una nómina que” la oración “,en conformidad a lo dispuesto de el Reglamento,”.

Disposiciones transitorias.

Artículo 2°.

-Se reemplaza, el sustantivo “procedimientos” por “procesos”, todas las veces que aparece (dos veces en el encabezado, y una vez en la letra b) que pasa a ser c)).

-En la letra a), se elimina el siguiente párrafo: “En consecuencia, el Registro de Imputados contendrá, además de las huellas genéticas de imputados en conformidad con las normas del Código Procesal Penal, las de aquellas personas que fueren procesadas de acuerdo con las disposiciones del Código de Procedimiento Penal.”.

-Se agrega una letra b) nueva, del siguiente tenor: “b) Las funciones o competencias que en esta ley se atribuyen al Ministerio Público, serán desempeñadas o asumidas por los jueces con competencia en lo criminal.”.

-Se eliminan las letras d) y e).

-La letra b) y c) pasan a ser c) y d) respectivamente, y la letra f) pasa a ser e).

-o-

VIII. TEXTO DEL PROYECTO DE LEY TAL COMO QUEDARÍA EN VIRTUD DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA COMISIÓN.

“Crea el Sistema Único de Registros de ADN

Capítulo I

Disposiciones Generales

Artículo 1º.- Sistema Único de Registros de ADN. La presente ley regula un Sistema Único de Registros de ADN, constituido sobre la base de huellas genéticas determinadas con ocasión de una investigación criminal.

Por huella genética se entenderá, para estos efectos, el registro alfanumérico personal elaborado exclusivamente sobre la base de genotipos que segreguen independientemente, sean polimórficos en la población, carezcan de asociación directa en la expresión de genes y aporten sólo información identificatoria.

La obtención de la huella genética se realizará por profesionales y técnicos que se desempeñen en el Servicio Médico Legal, o en instituciones públicas o privadas que se encontraren acreditadas para tal efecto ante dicho Servicio.

La administración y custodia del Sistema estará a cargo del Servicio de Registro Civil e Identificación, correspondiendo en general al Servicio Médico Legal el ingreso de la información, así como, previa acreditación especial al efecto y sólo respecto de las huellas que hubieren determinado, a las instituciones públicas o privadas aludidas en el inciso precedente.

Artículo 2°.- Principios. El Sistema tendrá carácter reservado. La información en él contenida sólo podrá ser directamente consultada por el Ministerio Público y los tribunales. Las policías podrán tener acceso previa autorización del Ministerio Público, y los defensores públicos y privados, previa autorización del tribunal respectivo. La autorización a las policías no podrá extenderse al registro de imputados.

Bajo ningún supuesto el Sistema podrá constituir base o fuente de discriminación, estigmatización, vulneración de la dignidad, intimidad, privacidad u honra de persona alguna.

Artículo 3º.- Naturaleza de los datos y su titularidad. La información contenida en el Sistema y, en particular, las muestras biológicas y las huellas genéticas, se considerarán datos sensibles de sus titulares, según lo dispuesto en la ley Nº 19.628, sobre protección de la vida privada.

Capítulo II

De los Registros

Artículo 4º.- Registros. El Sistema estará integrado por el Registro de Condenados, el Registro de Imputados , el Registro de Evidencias y Antecedentes, el Registro de Víctimas y el Registro de Desaparecidos y sus Familiares.

Artículo 5º.- Registro de Condenados. El Registro de Condenados contendrá las huellas genéticas de las personas que hubieren sido condenadas en un proceso criminal por sentencia ejecutoriada, en los casos a que se refiere el artículo 17 de esta ley.

Artículo 6º.- Registro de Imputados . El Registro de Imputados contendrá las huellas genéticas de quienes hubieren sido imputados de un delito, determinadas sobre la base de muestras biológicas obtenidas en conformidad con lo dispuesto en el Código Procesal Penal y en el artículo 17 de esta ley.

Artículo 7º.- Registro de Evidencias y Antecedentes. En el Registro de Evidencias y Antecedentes se conservarán las huellas genéticas que hubieren sido obtenidas en el curso de una investigación criminal y que correspondieren a personas no identificadas.

Artículo 8º.- Registro de Víctimas. El Registro de Víctimas contendrá las huellas genéticas de las víctimas de un delito, determinadas en el curso de un procedimiento criminal.

En todo caso, no se incorporará al Registro la huella genética de la víctima que expresamente se opusiere a ello. Para tal efecto, quien tome la muestra biológica consignará el hecho de corresponder a una víctima. El Servicio Médico Legal o, en su caso, la Institución especialmente acreditada que hubiere determinado la huella genética, se abstendrán de incorporarla en el Registro hasta recibir tal instrucción del Ministerio Público, el que previamente consultará a la víctima, informándola acerca de su derecho.

Las huellas agregadas a este Registro serán eliminadas en la forma prevista en el artículo 18.

Artículo 9º.- Registro de Desaparecidos y sus Familiares. El Registro de Desaparecidos y sus Familiares contendrá las huellas genéticas de:

a) cadáveres o restos humanos no identificados;

b) material biológico presumiblemente proveniente de personas extraviadas, y

c) personas que, teniendo un familiar desaparecido o extraviado, acepten voluntariamente donar una muestra biológica que pueda resultar de utilidad para su identificación.

Capítulo III

De la toma de muestras, obtención de evidencias, determinación de huellas genéticas

y cotejo de las mismas

Artículo 10.- Toma de muestras biológicas. Los casos y formas en que se procederá a la toma de las muestras biológicas se regularán por las disposiciones de la ley procesal penal que sean aplicables.

Artículo 11.- Reserva y custodia. Toda persona que intervenga en la toma de muestras, obtención de evidencias y determinación de huellas genéticas, deberá mantener la reserva de los antecedentes y la integridad de la cadena de custodia, de acuerdo con las exigencias que imponga el reglamento a que se refiere el artículo 21 de esta ley.

Artículo 12.- Remisión de informe y material biológico. El organismo que hubiere determinado la huella genética evacuará el informe que dé cuenta de la pericia y lo remitirá al fiscal del Ministerio Público o al tribunal respectivo, según correspondiere. Tratándose de las instituciones públicas o privadas acreditadas, deberán, además, remitir al Servicio Médico Legal la totalidad del material biológico y el resto del ADN extraído, a partir de los cuales se obtuvo la huella, la copia del aludido informe y los demás antecedentes que disponga el Reglamento.

Artículo 13.- Pericia de Cotejo y Remisión de Informe. El Servicio Médico Legal procederá a practicar el peritaje de cotejo de la huella genética en cuestión, contrastándola con las demás huellas contenidas en uno o más Registros del Sistema, según le hubiere sido específicamente requerido en un procedimiento penal.

Practicado el cotejo, el Servicio Médico Legal enviará al fiscal del Ministerio Público o al tribunal, según correspondiere, el informe que dé cuenta de la pericia y de sus resultados.

Artículo 14.- Conservación y destrucción del material biológico. Inmediatamente después de evacuado el informe de que trata el artículo precedente o de recibidos los antecedentes a que se refiere el artículo 12, el Servicio Médico Legal deberá proceder a la destrucción del material biológico que hubiere sido objeto de un examen de ADN.

Con todo, cuando la obtención del material biológico fuere calificada por el Servicio Médico Legal como técnicamente irrepetible, el Ministerio Público, de oficio o a solicitud del imputado, podrá ordenar la conservación de aquél, hasta por quince años.

En todo caso, el imputado podrá en cualquier tiempo solicitar al Ministerio Público que ordene la destrucción del material conservado. El rechazo de esta solicitud será siempre fundado y se someterá a la aprobación del tribunal.

De la destrucción o conservación de las muestras biológicas se dejará constancia escrita por el funcionario encargado. Dicha constancia deberá contener los datos que permitan identificar las muestras de que se trate, así como las razones que, en el caso concreto, hubieren justificado la medida de conservación.

Los funcionarios a cargo de la destrucción de las muestras biológicas deberán remitir mensualmente a su superior jerárquico las listas de muestras ingresadas, destruidas y conservadas en dicho período, incluyendo, en su caso, las razones a que se refiere el inciso precedente. Asimismo, un informe consolidado que contendrá la lista de las muestras biológicas ingresadas, destruidas y conservadas en el período respectivo, se remitirá semestralmente al Director Nacional del Servicio Médico Legal por los directores médicos regionales o, en el caso de la Región Metropolitana de Santiago, por el jefe del departamento competente.

Los funcionarios que, debiendo proceder a la destrucción del material biológico, no lo hicieren, incurrirán en responsabilidad administrativa.

Artículo 15.- Reembolso. El Ministerio Público, el querellante, la Defensoría Penal Pública o el defensor, según correspondiere, deberán reembolsar el importe del servicio a la institución que hubiere determinado la huella genética o realizado la pericia de cotejo, importe que constituirá ingreso propio de la institución. Lo anterior es sin perjuicio de lo que se resuelva sobre costas.

Con todo, tratándose de las huellas genéticas determinadas en cumplimiento de lo dispuesto en los incisos segundo y tercero del artículo 17, el importe de la pericia será de cargo del Servicio Médico Legal. En dichos casos la determinación de las huellas genéticas deberá siempre solicitarse al referido servicio.

Los aranceles a cobrar por las instituciones públicas serán fijados anualmente por resolución del Director de la respectiva entidad.

Capítulo IV

De la incorporación y eliminación de las huellas genéticas

en el Sistema Único de Registros de ADN

Artículo 16.- Incorporación de las huellas genéticas en los Registros del Sistema. Tratándose de huellas genéticas correspondientes a condenados o imputados, su incorporación en los respectivos Registros del Sistema se ejecutará por orden del tribunal.

Tratándose de huellas genéticas correspondientes a víctimas, evidencias o desaparecidos o sus familiares, su incorporación en los respectivos Registros del Sistema se ejecutará por orden del fiscal del Ministerio Público, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 8°.

En los casos a que se refieren los incisos precedentes, la incorporación en los Registros será ejecutada por el organismo que hubiere determinado la huella genética. En todo caso, las instituciones públicas o privadas no especialmente acreditadas para el ingreso de información al Sistema, remitirán la huella genética al Servicio Médico Legal para que éste la incorpore en el Registro correspondiente .

Con todo, en los casos a que se refiere el inciso primero del artículo 17 de esta ley, la incorporación de la huella en el Registro de Condenados se llevará a cabo por el Servicio de Registro Civil e Identificación.

Artículo 17.- Incorporación de huellas genéticas de imputados al Registro de Condenados . Cuando, por sentencia ejecutoriada, se condenare por alguno de los delitos previstos en el inciso siguiente a un imputado cuya huella genética hubiere sido determinada durante el procedimiento criminal, se procederá a incluir la huella genética en el Registro de Condenados , eliminándola del Registro de Imputados .

Si no se hubiere determinado la huella genética del imputado durante el procedimiento criminal, en la sentencia condenatoria el tribunal ordenará que se determine, previa toma de muestras biológicas si fuere necesario, y se incluya en el Registro de Condenados . Lo anterior sólo tendrá lugar cuando se condenare al imputado por alguno de los siguientes delitos:

a) los previstos en los artículos 141, 142, 150 A, 150 B, 296 Nºs 1 y 2, 313d, 315, 316, 348, 352, 395, 396, 397 Nº 1, 401, 403 bis, 433, 436 inciso primero, 440, 474, 475, 476, y 480 del Código Penal;

b) los previstos en los Párrafos 1º, 5º, 6º y 7º del Título VII y 1º y 2º del Título VIII, del Libro Segundo del Código Penal, y

c) elaboración o tráfico ilícitos de estupefacientes o delito terrorista.

En todo caso, el tribunal competente, de oficio o a petición del fiscal, y en consideración a los antecedentes personales del condenado, así como a la naturaleza, modalidades y móviles determinantes del delito, podrá ordenar en la sentencia la práctica de las mismas diligencias de toma de muestras biológicas y determinación y registro de huellas genéticas respecto de un condenado a pena de crimen que no se encontrare en las situaciones previstas en el inciso precedente.

Artículo 18.- Eliminación de huellas genéticas y sus datos asociados, contenidos en el Sistema. Las huellas genéticas y sus datos asociados, contenidos en los Registros de Imputados y de Víctimas, serán eliminados una vez que se hubiere puesto término al procedimiento criminal respectivo. Si hubo juicio, desde que se falló por resolución ejecutoriada, sin perjuicio de lo previsto en el inciso primero del artículo precedente.

El Servicio de Registro Civil e Identificación deberá proceder a la eliminación o reingreso a que se refiere el inciso precedente en un plazo no superior a tres días, contado desde que le fuere comunicado el término del procedimiento por el fiscal. Dicha comunicación se efectuará por cualquier medio idóneo que permita dejar constancia fehaciente de su despacho y recepción. Igualmente procederá el Servicio de Registro Civil e Identificación a solicitud de la víctima o del imputado, cuando éstos acreditaren el término del procedimiento, mediante certificación expedida por el fiscal o el tribunal respectivo.

En cualquier caso, las huellas genéticas y sus datos asociados, contenidos en los Registros de Imputados y de Víctimas, serán eliminados una vez transcurridos quince años desde la fecha de su incorporación a éstos. Por su parte, las huellas genéticas y sus datos asociados, contenidos en el Registro de Evidencias y Antecedentes, serán eliminados una vez transcurridos treinta años desde la fecha de su incorporación a aquél.

De la eliminación y reingreso de los antecedentes de que trata este artículo se dejará constancia escrita por el funcionario encargado. Dicha constancia deberá contener los datos que permitan identificar las huellas genéticas de que se trate, así como la comunicación de término del procedimiento, si fuere el caso.

Los funcionarios a cargo de la eliminación de las huellas genéticas deberán remitir mensualmente a sus superiores jerárquicos las listas de huellas eliminadas y reingresadas en dicho período, incluyendo los datos a que se refiere el inciso precedente.

Los funcionarios que, debiendo proceder a la eliminación o reingreso de los antecedentes de los registros, no lo hicieren o lo hicieren extemporáneamente, incurrirán en responsabilidad administrativa.

Capítulo V

De las responsabilidades y sanciones

Artículo 19.- Acceso, divulgación y uso indebido de la información genética. El que accediere a los exámenes o registros de que trata esta ley, los divulgare o usare indebidamente, o creare o conservare bases de datos o registros de huellas genéticas análogos o similares a los creados en virtud de esta ley, será sancionado con la pena de presidio menor en su grado mínimo y multa de seis a diez unidades tributarias mensuales.

En caso de que el acceso, la divulgación o el uso indebido se efectuaren respecto de las muestras biológicas o evidencias, se impondrá la pena de presidio menor en sus grados mínimo a medio y multa de seis a diez unidades tributarias mensuales.

El que, teniendo el deber de intervenir en alguno de los procedimientos regulados en la presente ley en razón de su cargo o profesión, incurriere en cualquiera de las conductas previstas en los incisos precedentes, será sancionado con la pena de presidio menor en su grado medio y multa de seis a diez unidades tributarias mensuales.

Artículo 20.- Obstrucción a la justicia. El que alterare las muestras biológicas que debieren ser objeto del examen de ADN; falseare el resultado de dichos exámenes o la determinación de la huella genética; faltare a la verdad en el informe pericial de examen o cotejo, o adulterare su contenido, será sancionado con la pena de presidio menor en su grado medio y multa de seis a diez unidades tributarias mensuales.

Con igual pena será sancionado el que indebidamente eliminare o alterare huellas genéticas o sus datos asociados, contenidos en el Sistema Único de Registros de ADN.

El que, teniendo el deber de intervenir en alguno de los procedimientos regulados en la presente ley en razón de su cargo o profesión, incurriere en cualquiera de las conductas previstas en los incisos precedentes, será sancionado con la pena de presidio menor en su grado máximo y multa de seis a diez unidades tributarias mensuales.

Con la misma pena será sancionado el que, teniendo el deber de incorporar una huella genética al Sistema Único de Registros de ADN , no lo hiciere.

Capítulo VI

Disposiciones Finales

Artículo 21.- Reglamento. Un reglamento, dictado por el Ministerio de Justicia, determinará las características del Sistema Único de Registros de ADN , las modalidades de su administración, y las normas técnicas que regulen los procedimientos aplicables a la toma de muestras, la conservación de evidencias, y su cadena de custodia.

Asimismo, regulará los requisitos y condiciones que deberán cumplir las instituciones públicas o privadas que deseen acreditar ante el Servicio Médico Legal su idoneidad para determinar huellas genéticas e incorporarlas en el Sistema, de acuerdo a lo previsto en el artículo 199 bis del Código Procesal Penal.

Artículo 22.- Concordancia. Serán aplicables, en cuanto no se opusieren a lo previsto en esta ley, las normas contempladas en la ley Nº 19.628 sobre protección de la vida privada.

Artículo 23.- Modificaciones al Código Procesal Penal. Introdúcense las siguientes modificaciones al Código Procesal Penal:

1. Agrégase el siguiente inciso tercero, nuevo, al artículo 198:

“Si los mencionados establecimientos no se encontraren acreditados ante el Servicio Médico Legal para determinar huellas genéticas, tomarán las muestras biológicas y obtendrán las evidencias necesarias, y procederán a remitirlas a la institución que corresponda para ese efecto, de acuerdo a la ley que crea el Sistema Nacional de Registros de ADN y su reglamento.”.

2. Introdúcese el siguiente artículo 199 bis, nuevo:

“Artículo 199 bis. Exámenes y pruebas de ADN. Los exámenes y pruebas biológicas destinados a la determinación de huellas genéticas sólo podrán ser efectuados por profesionales y técnicos que se desempeñen en el Servicio Médico Legal o en aquellas instituciones públicas o privadas que se encontraren acreditadas para tal efecto ante dicho Servicio.

Las instituciones acreditadas constarán en una nómina que, en conformidad a lo dispuesto en el Reglamento, publicará el Servicio Médico Legal.”.

Artículo 24.- Vigencia. La presente ley entrará a regir el día en que se publique en el Diario Oficial el reglamento a que se refiere el artículo 21.

Disposiciones Transitorias

Artículo 1º.- Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 5º, el Servicio Médico Legal, o las instituciones públicas o privadas acreditadas ante él, determinarán la huella genética de las personas que se encontraren cumpliendo condena por alguno de los delitos señalados en el artículo 17, previa extracción de la muestra biológica respectiva en los establecimientos en que estuvieren internados.

Gendarmería de Chile informará a los condenados que no estuvieren recluidos el lugar y la oportunidad en que deberán proporcionar su muestra biológica, bajo apercibimiento de informar al tribunal respectivo sobre el incumplimiento de esta obligación.

Artículo 2°.- Normas especiales aplicables a los procesos substanciados conforme al Código de Procedimiento Penal. En los procesos substanciados conforme al Código de Procedimiento Penal se estará especialmente a lo dispuesto en las reglas siguientes:

a) Las referencias hechas en esta ley a los imputados se entenderán efectuadas a los procesados.

b) Las funciones o competencias que en esta ley se atribuyen al Ministerio Público, serán desempeñadas o asumidas por los jueces con competencia en lo criminal.

c) Los jueces con competencia en lo criminal ordenarán, en conformidad a lo previsto en los artículos 17 y 18 de esta ley, la incorporación al registro respectivo de las huellas genéticas determinadas a partir de muestras biológicas obtenidas durante el proceso para constatar circunstancias relevantes de la investigación, en virtud de lo dispuesto en los artículos 110, 111, 145 bis y 221 del Código de Procedimiento Penal.

d) En relación con los informes periciales destinados a determinar la huella genética, recibirá aplicación lo dispuesto en los artículos 221 y 245 del Código de Procedimiento Penal.

e) La comunicación a que se refiere el inciso segundo del artículo 18 se efectuará por el tribunal que hubiere conocido del proceso en primera instancia, en la misma forma prevista en dicha disposición.

Artículo 3º.- El mayor gasto que irrogue esta ley durante el primer año de su aplicación, se financiará con cargo a los recursos asignados al Servicio de Registro Civil e Identificación y al Servicio Médico Legal en sus respectivos presupuestos, en lo que correspondiere a cada una de estas instituciones.”.

-o-

Se designó diputada informante a la señora Laura Soto González .

Sala de la Comisión, a 10 de septiembre de 2003.

Tratado y acordado, según consta en las actas correspondientes a las sesiones de los días 15 y 29 de julio, 13 y 27 de agosto y 3 y 10 de septiembre de 2003, con asistencia de los diputados señores Guillermo Ceroni Fuentes ( Presidente ), Gabriel Ascencio Mansilla , Jorge Burgos Varela , Juan Bustos Ramírez , Marcela Cubillos Sigall , Marcelo Forni Lobos , María Pía Guzmán Mena , Zarko Luksic Sandoval , Nicolás Monckeberg Díaz , Darío Paya Mira , Aníbal Pérez Lobos , Víctor Pérez Varela y Laura Soto González .

(Fdo.): ANA MARÍA SKOKNIC DEFILIPPIS , Abogado Secretaria de Comisiones ”.

5. Informe de la Comisión de Hacienda recaído en el proyecto de ley que crea el sistema nacional de registros de ADN. (boletín Nº 2851-07) (S)

“Honorable Cámara:

La Comisión de Hacienda pasa a informar el proyecto de ley mencionado en el epígrafe, en cumplimiento del inciso segundo del artículo 17 de la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional y conforme a lo dispuesto en los artículos 220 y siguientes del Reglamento de la Corporación.

CONSTANCIAS PREVIAS

1. Origen y urgencia.

La iniciativa tuvo su origen en el Senado por Mensaje de S.E. el Presidente de la República.

2. Disposiciones o indicaciones rechazadas.

No hay.

3. Disposiciones que no fueron aprobadas por unanimidad.

El artículo 3° transitorio.

-o-

Asistieron a la Comisión durante el estudio del proyecto los señores Jaime Arellano , Subsecretario de Justicia ; Luis Fuentes , Director Nacional (S) del Servicio de Registro Civil e Identificación, y Fernando Dazarola y Fernando Londoño , Abogados del Ministerio de Justicia.

El propósito de la iniciativa consiste en la creación de un Sistema Nacional de Registros de ADN compuesto de cinco Registros: el de Condenados, el de Imputados, el de Evidencias y Antecedentes, el de Víctimas y el de Personas Extraviadas y sus Familiares. Los Registros se formarán sobre la base de huellas genéticas determinadas por el Servicio Médico Legal o por las instituciones públicas o privadas acreditadas ante él, y su administración y custodia estará a cargo del Servicio de Registro Civil e Identificación.

El informe financiero elaborado por la Dirección de Presupuestos, con fecha 9 de diciembre de 2002, estima que el proyecto implica un mayor gasto fiscal de $ 753.281 miles, de acuerdo al siguiente detalle:

Gastos de Operación en régimen

Miles $ 2003

-Gastos en Personal

122.246

-Bienes y Servicios de Consumo

289.931

Inversiones

-Equipamiento

269.515

-Informática

71.589

Se señala que la aplicación del proyecto de ley no irrogará gasto fiscal para el año 2002.

El señor Jaime Arellano , Subsecretario de Justicia , hizo presente que el proyecto regula un Sistema Nacional de Registros de ADN, constituido sobre la base de huellas genéticas determinadas con ocasión de una investigación criminal, lo cual sirve para aportar información identificatoria de las personas solamente, sin que se haga una codificación de caracteres. Con el proyecto se potencia el uso de la prueba pericial por parte del Ministerio Público y de los Tribunales de Justicia al permitir su utilización más allá del curso de una investigación criminal en particular.

Destacó asimismo dicho personero, que la inclusión de huellas genéticas de imputados al Registro de Condenados sólo procederá respecto de los delitos graves indicados en el artículo 17 del proyecto.

La Comisión de Constitución, Legislación y Justicia dispuso en su informe que esta Comisión tomara conocimiento de los artículos 15 permanente y 3° transitorio. Por su parte, la Comisión de Hacienda acordó incorporar a su conocimiento el artículo 1° del proyecto aprobado por la Comisión Técnica, en conformidad al numeral segundo del artículo 220 del Reglamento.

En relación con la discusión particular del articulado, cabe señalar lo siguiente:

En el artículo 1° del proyecto, se establece el Sistema Único de Registros de ADN. Se precisa que estará constituido sobre la base de huellas genéticas determinadas con ocasión de una investigación criminal.

En el inciso segundo, se señala qué se entenderá por huella genética.

En el inciso tercero, se determina quién será el encargado de obtener dicha huella.

En el inciso cuarto, se estipula que la administración y custodia del Sistema estará a cargo del Servicio de Registro Civil e Identificación, correspondiendo en general al Servicio Médico Legal el ingreso de la información.

Puesto en votación el artículo 1° fue aprobado por unanimidad.

En el artículo 15, se preceptúa que el Ministerio Público, el querellante, la Defensoría Penal Pública o el defensor, según el caso, deberán reembolsar el importe del servicio a la institución que hubiere determinado la huella genética o realizado la pericia de cotejo, importe que constituirá ingreso propio de la institución.

En el inciso segundo, se señala que, tratándose de las huellas genéticas determinadas en cumplimiento de lo dispuesto en los incisos segundo y tercero del artículo 17, el importe de la pericia será de cargo del Servicio Médico Legal.

En el inciso tercero, se establece que los aranceles a cobrar por las instituciones públicas serán fijados anualmente por resolución del Director de la respectiva entidad.

El señor Subsecretario de Justicia manifestó que en el último inciso de este artículo se incurre en una omisión al entregar al Director de la entidad la facultad de fijar aranceles, por cuanto existen instituciones públicas cuya autoridad máxima no es un Director, sino que otra jefatura.

En vista de lo anterior, los diputados señores Alvarado , Cardemil , Escalona , Jaramillo , Ortiz , Tuma y Von Mühlenbrock formularon una indicación para agregar en el inciso tercero, entre las palabras “Director” y “de” las expresiones “o Jefe Superior ”.

Puesto en votación este artículo con la indicación precedente fue aprobado por unanimidad.

En el artículo 3° transitorio, se dispone que el mayor gasto que irrogue el proyecto durante el primer año se financiará con cargo a los recursos asignados al Servicio de Registro Civil e Identificación y al Servicio Médico Legal en sus respectivos presupuestos.

En la Comisión se observó que esta norma no prevé un aporte adicional a los Servicios para sufragar los gastos durante el primer año de aplicación del proyecto, lo cual se estimó que podría originar dificultades para dar cumplimiento a las funciones propias de éstos, situación que se puso en conocimiento del Ministro de Hacienda para su debida consideración.

Puesto en votación el artículo 3° transitorio fue aprobado por 6 votos a favor y 1 voto en contra.

Sala de la Comisión, a 30 de octubre de 2003.

Acordado en sesión de fecha 28 de octubre de 2003, con la asistencia de los diputados señores Jaramillo, don Enrique ( Presidente ); Alvarado, don Claudio ; Cardemil, don Alberto ; Dittborn, don Julio ; Escalona, don Camilo ; Lorenzini, don Pablo ; Ortiz, don José Miguel ; Pérez, don José ; Saffirio, don Eduardo ; Tuma, don Eugenio , y Von Mühlenbrock, don Gastón .

Se designó diputado informante al señor Alvarado, don Claudio .

(Fdo.): JAVIER ROSSELOT JARAMILLO , Abogado Secretario de la Comisión ”.

6. Oficio de la Corte Suprema

“Oficio Nº 2289.

Ant.: AD-19.886

Santiago , 27 de octubre de 2003.

Por oficio Nº 4582 recibido con fecha 20 de octubre último, la Presidenta de la Cámara de Diputados señora Isabel Allende Bussi , de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 74 de la Constitución Política de la República y artículo 16 de la ley Nº 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, ha remitido a esta Corte Suprema, para su informe correspondiente, copia del proyecto de ley, iniciado por moción, que regula los efectos patrimoniales del concubinato.

Impuesto el Tribunal Pleno de este proyecto, en sesión de veinticuatro de octubre de dos mil tres, presidido por el titular que suscribe y con asistencia de los ministros señores Álvarez García , Libedinsky , Ortiz , Benquis , Gálvez , Rodríguez , Cury, Pérez , Marín , Yurac , Espejo, Medina , Juica y Segura, señorita Morales y señor Oyarzún , acordó informar lo que sigue:

En términos generales, esta Corte Suprema manifiesta su parecer favorable a la reforma legal que se propone.

Sin perjuicio de lo anterior, como única observación al proyecto examinado, cabe expresar que se sugiere sustituir la presunción de derecho que se pretende incorporar al Código Civil (artículo 2313 bis) por una de carácter simplemente legal. Lo anterior, en razón de estimarse que una presunción de derecho como la propuesta, limita en grado sumo las atribuciones jurisdiccionales del tribunal respectivo, en lo que atañe a la apreciación de los hechos.

Se deja constancia de que los ministros señores Ortiz, Benquis, Tapia y Segura, no comparten la observación que antecede y, en consecuencia, estuvieron por informar favorablemente y sin reparos el proyecto.

Se deja igualmente constancia del hecho que el ministro señor Rodríguez, estuvo por rechazar la enmienda legal de que se trata.

Es todo cuanto puede este Tribunal informar en torno al proyecto en examen.

Saluda atentamente a V.S.

(Fdo.): MARIO GARRIDO MONTT , Presidente ; MARCELA PAZ URRUTIA CORNEJO , Secretaria Subrogante.

A LA SEÑORA PRESIDENTA

CÁMARA DE DIPUTADOS

DOÑA ISABEL ALLENDE BUSSI

VALPARAÍSO”.