Labor Parlamentaria

El señor SALAS ( Vicepresidente ).-

Corresponde escuchar la explicación del Gobierno relativa al informe sobre delincuencia emitido por el subsecretario del Interior , don Jorge Correa Sutil.

Tiene la palabra el ministro del Interior, don José Miguel Insulza.

El señor INSULZA ( ministro del Interior ).-

Señor Presidente , esta sesión ha sido citada para escuchar la explicación del Gobierno relativa al informe sobre delincuencia emitido por el subsecretario del Interior , don Jorge Correa Sutil.

Por tanto, solicito a la Mesa que requiera el asentimiento para que el subsecretario del Interior ingrese a la Sala, ya que, por ser el aludido en la citación, sería útil su presencia.

He dicho.

El señor PAYA.-

Señor Presidente, como señala la convocatoria de esta sesión, escucharemos una explicación respecto del informe sobre la realidad de la delincuencia en Chile que hizo público el Gobierno, a través del subsecretario del Interior , don Jorge Correa Sutil, el lunes de la semana pasada.

El recorte del diario “La Segunda” de ese lunes que tengo en mi mano es un gran reflejo de lo que entendieron los periodistas que cubrieron dicho evento y todos los chilenos, quienes nos impusimos de la noticia a través de la prensa y de los noticiarios de radio y de televisión.

Lo que Chile entendió fue lo que la prensa de buena fe reprodujo: que el subsecretario del Interior señaló que, en materia de delincuencia, había noticias buenas y alentadoras porque ella se había estabilizado, ya que habían bajado los asaltos y subido los robos. Se calificaba esto, pero lo que Chile entendió fue lo que todos los noticiarios titularon en este tenor: ¡Hay buenas noticias, señores! ¡La delincuencia en Chile se ha estabilizado!

Supongo que se trata de un hecho sobre el cual no hay que argumentar, porque cualquier parlamentario o persona que desde su casa está viendo esta sesión, o en su oportunidad leyó los diarios, escuchó la radio o vio la noticia en televisión, entendió que eran buenas noticias.

Sin embargo, sucede que en la página 26 del informe a partir del cual el señor subsecretario daba estas buenas noticias -se trata de números presentados por él, no susceptibles de controversia; no estamos presentando ningún estudio o número que no haya sido presentado previamente por el subsecretario Correa, en nombre del Gobierno-, destaca un cuadro que quienes nos ven a través de la televisión pueden apreciar con claridad. ¿Qué muestra ese cuadro? Una serie de columnas que corresponden a la información de delitos clasificada por trimestres. Si uno busca en la columna que da cuenta de los robos con violencia -invito a los televidentes que hagan lo propio- el peor trimestre del que se tiene cuenta en Chile desde que se lleva esta estadística, se encontrará con que corresponde al último.

Alguien puede argumentar que otros delitos disminuyeron. Busquen el peor trimestre en materia de robo con fuerza. Nuevamente descubriremos que es el último, donde las cifras alcanzan a sobre 30 mil casos. Insisto, es el peor trimestre desde que se lleva esta estadística.

Ahora bien, pido a quienes nos ven a través de la televisión que busquen el peor trimestre en relación con el delito de robo. Ya no hay sorpresa: otra vez es el último. ¿Cómo esto puede ser informado con el titular de prensa a que he hecho referencia? ¿Cómo se puede pretender presentar así, según los números que aparecen en la página 26 del informe, la realidad que he expuesto?

No estamos acusando de ocultar información ni de falsear los números, sino de manipularlos. Se ha abusado de la buena fe con que todos en Chile hemos colaborado lealmente con cada iniciativa que se ha propuesto en materia de seguridad ciudadana, tema que por la urgencia y gravedad que reviste ha contado siempre con un apoyo unánime. En esto participan medios de comunicación y distintas instituciones de la sociedad. Se trata de uno de los pocos temas donde existen organizaciones que agrupan a personas que en casi todos los demás discrepan, por lo que no es posible que se esté manipulando políticamente la información para esconder un fracaso y se anuncien éxitos que no existen.

Reitero, no se trata de que el último trimestre haya sido regular en materia de delincuencia: fue el peor de todos. Nunca antes había habido un trimestre que presentara más robos con violencia y con fuerza. Es cierto que los casos de violación disminuyeron de 422 a 413, pero sucede que las alzas en las columnas a que me he referido alcanzan a miles de casos.

Ahora bien, uno podría suponer que esto fue un desliz que, por alguna rara conjunción de los astros o por obra del Guasón, todos los medios de comunicación entendieron mal. Sin embargo, éste no es el primer caso. Hace algunas semanas, el mismo subsecretario Correa señaló que Chile era un país muy seguro. Es verdad, pero nos comparaba con Burundi y otras naciones. Se puede sostener que en materia de seguridad hay países -lamentablemente, ello es así- que se encuentran en una situación peor que la nuestra, pero no merece ningún comentario señalar que Chile es un país muy seguro.

Sin ir más lejos, la semana pasada hubo un caso de secuestro. Aquí y en la quebrada del ají el delito se llama de ese modo. Sin embargo, el subsecretario señaló que no se trataba de un secuestro, sino de un robo con retención. Entendimos de buena fe que lo que perseguía el señor Correa era que se aplicara una pena mayor; con todo, bastaba leer el código para darse cuenta de que el delito no se ajustaba a la figura de robo con retención, sino a la de secuestro. Así las cosas, no sé de qué forma se habría tipificado el episodio que tuvo que padecer nuestro colega Vargas . ¿Abducción extraterrestre? Estos no son “Los Expedientes Secretos X”.

En Chile, estamos viviendo una realidad evidente, dramática, que no la solucionaremos eludiendo la realidad o negándonos a ver lo obvio. De esto también dan cuenta informes respecto de los cuales el propio Gobierno ha tenido en el pasado opiniones muy positivas. En julio pasado, el índice llevado por Paz Ciudadana, a través de la empresa Adimark, señaló que hubo un alza en cuanto al número de víctimas de delito. Ese estudio señala que en el lapso de nueve meses, el índice de peligrosidad subió de 30 por ciento a aproximadamente 35 por ciento. Además, ese estudio señala algo que puede ser relevante para entender algunos de los números de este informe, cual es que aumentó el número de delitos que no se denuncian.

Y aunque no existiera el estudio de Paz Ciudadana y Adimark, se trata de una realidad que todos vemos a diario y que se refleja -he aquí el punto- en los números del Ministerio del Interior contenidos en la página 26 de su informe. Lo que sucede es que el señor Correa decidió ignorarlos y hablar de otra realidad, la que muestra que las cosas se están estabilizando para bien. Se trata de una participación política que queremos denunciar y que es inaceptable si en verdad queremos enfrentar con seriedad esta crisis a futuro. ¿O acaso ante la otra crisis -la económica- deberemos revisar con lupa la situación y preguntarnos si detrás de las cifras de inflación, de crecimiento económico o de desempleo habrá manipulaciones semejantes a éstas? Esta es una crisis nacional, y si no la enfrentamos con la verdad, sin manipulaciones, no llegaremos a ninguna parte.

Se han dado la molestia de no tener que referirse al peor trimestre de la historia en materia de delincuencia. De ese modo, pasamos de los informes trimestrales a los semestrales. Esto es igual a alguien que pierde un partido de tenis, pero sólo da cuenta del set que ganó. Reitero, ¿qué hacen para no tener que enfrentar la realidad del peor trimestre de la historia? En esta oportunidad se entrega un informe semestral. Con ello, se rompe una costumbre de años, cual es -repito- entregar informes trimestrales. En otras palabras, para diluir esta realidad dramática, se innova.

El cuadro que ahora exhibo se reproduce en la página web del Ministerio del Interior. Si uno busca información en materia delincuencial a partir de 2000 -para años anteriores, los datos están consolidados-, ella está clasificada en forma trimestral. Sin embargo, ¡oh, sorpresa!, en esta oportunidad se entrega un informe semestral.

Seguramente, en un rato más se entregarán estadísticas y toda clase de dimensiones a través de las cuales podamos entender que la realidad a la que nos referimos efectivamente se encuentra estabilizada. Sin embargo, hay hechos indesmentibles. Si se considera por sí solo, el último trimestre es el peor de todos, y si se lo quiere comparar con alguna otra cosa que no sea la historia pasada, lo correcto es cotejarlo con igual semestre del año pasado. Y respecto de ese trimestre, los delitos también aumentaron en un 11 por ciento. Ésa es la realidad, eso es lo que se quiere ocultar, y si se va a hacer trampa, no tiene tope.

Seguramente, más rato, para no ver lo obvio -las cifras del último trimestre- y sostener que algo en alguna parte se estabilizó, se va a tratar de comparar la realidad con otros períodos de la historia.

Fíjense que el subsecretario también habría podido decir que en el año 2001 estábamos bien porque de un trimestre a otro la cantidad de robos con violencia disminuyó. Bueno, la realidad lo habría desmentido en los trimestres posteriores, porque después volvió a subir y se disparó ese índice. O nos podría haber dicho que el año 2000 estábamos bien porque también de trimestre a trimestre disminuyeron las cantidades de robos con fuerza, de 26 mil a 23 mil. Podría haber hecho el mismo anuncio, pero la historia habría demostrado que eso no era así porque la cifra se disparó. Estamos sobre 30 mil.

Después, nos podría haber dicho que en materia de hurto el país estaba bien, que se había estabilizado la cosa, porque también, en algún minuto, hace algunos semestres, se produjo de un trimestre a otro una disminución, de 13.900 a 13.200, pero no habría sido cierto. Y en esta oportunidad tampoco es efectivo.

Entonces, queremos reiterar que no se trata de poner palabras en boca ajena. No se está acusando de ocultar información ni de falsear números, pero se ha actuado impúdicamente en un tema de la mayor gravedad y en el que el Gobierno ha contado con la buena voluntad de todos los actores, incluso de los que se exige la máxima buena fe, quienes han manipulado la verdad y la información, lo que es inaceptable. Por eso, en esta sesión esperamos escuchar una explicación satisfactoria del Gobierno.

He dicho.

El señor SALAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Sergio Correa.

El señor CORREA .-

Señor Presidente , quiero dar algunas cifras y apreciaciones con respecto al aumento de la delincuencia en la Región del Maule, específicamente en la ciudad de Curicó, donde la inseguridad ciudadana ha sido grande en los últimos años. Los robos con violencia, de acuerdo con cifras de Paz Ciudadana, se encuentran entre las más altas del país.

Uno de los motivos principales, sin duda, es la cifra de desempleados que existen. En el último trimestre, abril-junio, la cifra, según el INE, se elevó al 20,5 por ciento. En realidad, es mucho mayor, cerca del 30 por ciento, a mi juicio.

Otras razones son la migración de los delincuentes desde la Región Metropolitana, el aumento de la drogadicción y del alcoholismo y, a mi juicio, la aplicación de la reforma procesal penal que se está llevando a efecto en la Región del Maule, una de las cinco regiones piloto.

Quiero detenerme un instante y fundamentar brevemente por qué, a mi juicio, esta reforma, que se inició el 16 de octubre de 2001 en la Región del Maule, está afectando la seguridad ciudadana.

Cuando aprobamos en la Cámara la reforma procesal penal, lo hicimos pensando en varios objetivos que significaran mejorar sustancialmente la justicia en nuestro país. Entre otros, diversificar las soluciones ante un conflicto penal; aumentar el grado de eficacia de la acción penal creando el Ministerio Público, que es el que dirige y encabeza la investigación; aumentar el grado de respeto a las garantías de las personas, tanto de los inculpados como de las víctimas; establecer la oralidad como pilar del proceso, y mejorar la administración y organización de los tribunales.

Muchos de estos objetivos se están cumpliendo. El sistema oral está funcionando bien y ha disminuido la demora en algunas resoluciones.

Con respecto al aumento del grado de respeto a las garantías de las personas, se aprecia una diferencia sustancial en favor de los inculpados sobre las víctimas. Hay mayor preocupación por los primeros en desmedro de las víctimas. Incluso, los fallos de los jueces, en algunos casos, son aberrantes. Por ejemplo, un inculpado de robo en Curicó, sorprendido in fraganti en una casa comercial, fue absuelto y dejado en libertad, fallo que posteriormente fue revocado en la Corte de Apelaciones. A un homicida se le dieron 120 días de pena.

Se admite que si las víctimas no cuentan con un abogado querellante, la defensa del fiscal es débil y pobre, lo cual se contrapone con la defensoría de los inculpados, que es mucho más fuerte y fundamentada. Esto significa que las víctimas quedan con una sensación de indefensión y, lógicamente, produce un envalentonamiento de los delincuentes y, en algunos casos, burla de éstos ante la policía.

Es necesario mejorar la percepción del fiscal, que no es debidamente apreciada por la ciudadanía, y ello conspira contra la eficacia de la acción penal.

Si queremos efectivamente mejorar la seguridad ciudadana, debemos cambiar el giro de las garantías. No es posible que los delincuentes gocen de más preocupación que las víctimas, y hay que instruir a las fiscalías que deben ser más fuertes en la defensa de ellas. De otra manera, estaremos dando una sensación contraria del combate a la delincuencia.

He dicho.

El señor SALAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada señora Marcela Cubillos.

La señora CUBILLOS (doña Marcela).-

Señor Presidente , en los últimos días hemos escuchado sorprendentes declaraciones de la autoridad, con las que intenta convencernos de que los hechos de violencia ocurridos en el país son aislados y que no hay que generar alarma o temores infundados. Incluso, parlamentarios de la Concertación, en días pasados, en la prensa, en relación con la entrega de estadísticas, como lo señaló el diputado señor Burgos en una entrevista el domingo recién pasado -no es una crítica, sólo una cita-, han dicho que no se le puede pedir al Gobierno que elija los peores cuadros y se haga un haraquiri cada tres meses.

Lo que nosotros queremos pedir al Gobierno, precisamente, es que no elija nada, que entregue la información completa, y que la compare siempre de la misma manera.

Han sido ya demasiada las veces en que los gobiernos de la Concertación han jugado con la buena fe de los chilenos, prometiendo planes antidelincuencia que después no operan, o si los implementan, poco sabemos de sus evaluaciones o de los resultados.

Por ejemplo, en marzo de 1993, se lanza el plan de seguridad vecinal para combatir la delincuencia en la Región Metropolitana. Resultados, evaluaciones, no los sabemos. En 1995, se inicia el plan de seguridad ciudadana en el centro de Santiago, con reestructuración de la acción policial. Resultado: nunca lo supimos. El 12 de marzo de 1997, el gobierno anuncia un plan de seguridad de 1996 a 2000; su evaluación tampoco la sabemos. En marzo de 1997, la intendencia metropolitana anuncia otro plan contra la delincuencia con medidas preventivas y con un costo de 350 millones de pesos. ¿En qué quedó ese plan? En abril de 1998, la intendencia metropolitana anuncia otro plan preventivo. Ahora, éste contempla planes piloto de seguridad. ¿Por qué se cambió el plan? ¿Qué pasó con esto? No lo sabemos.

En mayo de 1998, el ministro Figueroa anuncia que el gobierno se fijó un año de plazo para reducir la delincuencia. En enero de 1999, el gobierno da a conocer nuevo plan de seguridad ciudadana. En febrero de 2000 se anuncia la extensión del plan cuadrante, que se evaluará en tres meses, y se dice que ahora sí se conocerá el resultado del plan de 1999. En mayo de 2001, dentro del plan comuna segura, el gobierno se compromete a reducir la delincuencia en 73 comunas, con 1.200 millones de pesos destinados a financiar este plan y, al final, en octubre de 2001, el Presidente Lagos anuncia veinte nuevas medidas de seguridad. ¿Resultados, efectos? Bueno, no los sabemos.

La delincuencia, la violencia, el temor, desgraciadamente, el Gobierno no los puede abordar como lo ha hecho con otros problemas sociales, con marketing y propaganda.

Aquí no basta un buen montaje comunicacional o ministros en terreno diciendo que no ha pasado nada. Tampoco bastan anuncios de espectaculares planes de seguridad.

Es evidente que la Concertación se motiva con temas políticos cuando hay que atacar a Lavín o a la Alianza, pero el temor y la inseguridad que hoy existen en Chile no lo inventó ni lo promueve la UDI. Existen, son reales. Mala suerte. Tampoco sirve echarle la culpa a los alcaldes, como se ha intentado en algunas declaraciones de prensa. Si los alcaldes fueran responsables de la seguridad ciudadana, el subsecretario Correa, cuando hizo este informe tan positivo, tan auspicioso, sobre la seguridad en el país, debió haber dicho que era más seguro gracias a la gestión de los alcaldes de la UDI. No lo hizo. Pero aquí vuelvo a citar, con todo respeto, a mi compañero de distrito, el diputado Burgos , cuando le preguntan en la entrevista de “El Mercurio” quién lleva la pelota de la seguridad en el país. Él contesta, textualmente: “El Ministerio del Interior y la Subsecretaría; lo otro es música”. Comparto su opinión.

Ojalá que esta sesión especial no termine con un nuevo anuncio o con un nuevo plan antidelincuencia o con nuevas cifras que pretendan demostrar lo indemostrable por parte del Gobierno. Nuestro objetivo, al pedir esta sesión, es que el Gobierno explique por qué intenta ocultar y disimular este problema y cuántos planes o anuncios más tendremos que escuchar a través de la televisión o leer en la prensa antes de ver que las autoridades se decidan a asumir como propia la responsabilidad del combate a la delincuencia y lo hagan con eficacia, mostrando resultados concretos y verdaderos. Queremos, en verdad, que la próxima vez que aparezcan el ministro del Interior o el subsecretario en la prensa, hagan evaluaciones públicas transparentes de las medidas que implementen. En caso contrario, es preferible que no aparezcan.

He dicho.

El señor SALAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Jorge Burgos.

El señor BURGOS .-

Señor Presidente , en primer lugar, estoy agradecido de que mi amiga y colega de distrito lea las entrevistas que aparecen en el “decano”. Me parece que es bueno que lo hagamos entre diputados.

Ahora, sobre el tema que motiva esta sesión especial, como está esencialmente centrado en las estadísticas, hay que referirse a ellas. Habrá otra oportunidad para discutir acerca de las políticas antidelincuenciales, de los planes de seguridad ciudadana, de aquellos proyectos que se anunciaron y no dieron resultados y de otros planes que se anunciaron, que están en marcha y requieren de evaluaciones permanentes.

En cuanto a las estadísticas, hoy, en la Sala, se han usado varios términos. Por ejemplo, manipulación, que es menor; trampa, por parte del diputado Paya , y falseamiento de datos, como se dijo en la prensa, días antes, y que también es de jerarquía menor. A mi juicio, todas son aseveraciones bastante gratuitas y complejas respecto de los efectos que hay detrás.

Quiero hacer un poco de historia en relación con las estadísticas. Sé que de repente eso es medio complicado porque se considera que estamos en la hora presente y no hay para qué volver al pasado; pero es bueno hacer historia, particularmente si no es muy vieja y si con ella podemos analizar mejor el presente y tomar algunas buenas acciones para el futuro.

Fíjense que las estadísticas que ha mencionado el diputado Paya comenzaron a hacerse en Chile en 1998; pero no por casualidad, sino porque antes no había nada, y entre 1993 y 1997 hubo que dedicarse exclusivamente a intentar homologar datos que no existían. No es que no hubiera delincuencia, sino que no se sabía cuántos delitos se cometían ni se conocía nada de seguridad. Lo digo como testigo abonado, porque cuando llegamos al ministerio, en 1990, bajo la conducción del ministro Krauss , no había nada de nada y lo que había se lo llevaron. No existía un solo dato sobre terrorismo ni delincuencia. El país -no el gobierno- estaba con las manos atadas. Ésa era la situación. Probablemente, se llevaron muchos datos, porque quienes detentaban el poder -no sé si el político-, algunos mandos policiales, afortunadamente de instituciones que terminaron, muchas veces quedaba poco claro si salían a combatir delitos o a cometerlos, porque eso es lo que muchos chilenos recuerdan de la CNI y de otras organizaciones que funcionaron hasta muy entrado el año 89.

Reitero, no había nada; se llevaron todo, como aquellas personas que quieren esconder lo que hicieron. En consecuencia, hubo que armar estadísticas, homologar datos y, a partir de 1997, éstos se pudieron entregar en forma trimestral. Por cierto, cualquier trabajo estadístico es mejorable, pero los datos se entregan trimestral o semestralmente y se pueden hacer comparaciones sobre la base de los mismos. El diputado Paya, con toda legitimidad ha hecho comparaciones en función de los datos que entrega el Ministerio del Interior. Si dicho ministerio decide proporcionar cada tres meses una estadística distinta, tiene derecho a hacerlo, aunque puede ser discutible; pero no hay falsedad ni nada que se parezca. A lo mejor, sería bueno que en el futuro los datos pudieran entregarse siempre de manera trimestral o semestral para que no haya ninguna mala interpretación; pero -insisto- de ahí a sostener que hay falsedad, intento de hacer trampa, manipulación, hay un trecho muy grande que, a mi entender, no tiene fundamento alguno.

En el tema de las estadísticas no sólo hubo homologación, y poner de acuerdo a las policías respecto de sus denuncias, sino que también se invirtió mucha plata. Las estadísticas sólo pudieron utilizarse cuando empezó a funcionar un sistema de Carabineros de Chile que permitió determinar rápidamente las denuncias que se realizaban. Antes de eso, todo era manual. Hoy, este sistema, cuya implementación costó muchos millones de dólares, permite tener estadísticas sobre denuncias sólidas. ¿Habrá que tener ahora estadísticas sobre victimización? Por cierto, ya hay algunos estudios del Ministerio del Interior, no sólo de la fundación Paz Ciudadana, que indican que, por cierto, en todos los países del mundo hay problemas de cifras negras. Los últimos datos entregados por esa fundación señalan que la cifra negra en algún tipo de delitos ha bajado, como también el más alto temor ciudadano.

Si se trata de estadísticas, por cierto que no estamos en Jauja; tenemos problemas de seguridad ciudadana y debemos seguir reforzándola. Efectuemos cualquier comparación, pero no con Burundi, sino con Buenos Aires o Nueva York, el paradigma de tantos, el Nueva York de Rudolph Giuliani y del jefe de la policía de esa ciudad, de visita en Chile. En materia de homicidios, por cada uno que se comete en Chile, en Nueva York se realizan tres. Lo mismo sucede en Buenos Aires. Ése es el paradigma. Para que vean ustedes que en todas partes hay problemas y hay que tratarlos con visión de país, no acusando de manipulación, de trampa. Hay que evaluar más las políticas que se implementan, pero eso es totalmente distinto a determinar que se hace trampa.

Sería muy malo para este país pasar de los botones de pánico a los discursos de pánico.

He dicho.

El señor SALAS ( Vicepresidente ).-

En el tiempo de Renovación Nacional, tiene la palabra la diputada señora Pía Guzmán .

La señora GUZMÁN (doña Pía) .-

Señor Presidente , también quiero hacer historia, porque hay un cierto orgullo en relación con este tema. No fue el Gobierno el que empezó con el tema de la homologación o unificación de las estadísticas criminales, sino Paz Ciudadana, bajo mi dirección. Cuando en 1994 logramos sacar los libros, llenos de ratones, de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, de Carabineros de Chile y de Investigaciones, recién se pudo digitar y empezar a unificar lo que sucedía a nivel delincuencial en el país. Por lo tanto, me siento muy orgullosa y debo dar las gracias al ministro del Interior de esa época, Carlos Figueroa , quien apoyó muchísimo la labor que estábamos realizando.

Desde esa fecha en adelante, poco a poco, el Gobierno fue asumiendo esta tarea, como debía hacerse, puesto que no corresponde a una institución privada llevar las estadísticas criminales, sino al Gobierno.

Eso es muy positivo, porque las estadísticas criminales constituyen el elemento objetivo para poder realizar las políticas públicas, en las cuales todos debemos estar de acuerdo, porque sabemos que la materia prima sobre la cual se basan es la misma y es la única forma para seguir adelante, hacer país y vencer la delincuencia, como todos queremos.

El problema que tenemos ahora, por el cual se ha pedido esta sesión especial, es que se ha producido una especie de bache muy importante en el camino.

Se venía estableciendo una línea continua en cuanto a trimestres movibles. Por ejemplo, se comparaba el primer trimestre de 2000 con los trimestres iniciales de 2001 y de 2002, igual como se hace con el tema de la cesantía.

En ese sentido, se venía haciendo con muy bajo perfil. Se instalaba la información en internet sin hacer ningún tipo de comentario. Luego venía la prensa. Se sacaba lo que se necesitaba y, a propósito de eso, se invitaba a los actores políticos por si querían señalar algo al respecto.

De repente hubo un cambio que nos dejó muy sorprendidos, porque, además, significó que se acomodaran las cifras y aquello que parecía una tendencia comunicacional hacia una determinada forma empezó a aparecer justamente para el lado contrario.

Por lo tanto, en primer lugar, es absolutamente indispensable para el país que exista una sola forma, unívoca, para determinar las cifras estadísticas de la delincuencia, que se entreguen en un solo período, que la metodología sea única y que, además de ponerla en internet, se difunda por la prensa para que todos podamos tener confianza en que lo que nos dicen es verdad. Eso es básico.

En este caso -lo siento por el subsecretario del Interior- ha habido un acomodo comunicacional de las cifras. Una cosa se comunicó a la prensa, que lee todo el mundo, y otra distinta es lo que se tiene en la red, a la cual las personas, aunque posean computador e incluso internet, tienen un acceso absolutamente restringido.

¿Qué se señala? Por ejemplo, se lee por trimestres movibles. Resulta que los delitos contra la propiedad entre 2001 y 2002 habrían crecido en un 14,8 por ciento, pero, por semestres, el 17 por ciento. ¡Pero no importan tanto los delitos contra la propiedad, sino los perpetrados contra las personas y el susto que ellos sufrieron! ¿Y qué sucede con los delitos contra la propiedad? Si nos referimos a los segundos trimestres de 2002 y de 2001, resulta que los delitos contra las personas...

Señor Presidente , por su intermedio, le pido al ministro del Interior que, si de verdad le interesa el tema, ojalá me oiga.

El señor INSULZA (ministro del Interior).-

Estaba hablando con un diputado.

La señora GUZMÁN (doña Pía).-

Lo que estoy diciendo es más importante que lo dicho por el diputado de la Concertación que está hablando con usted.

El señor SALAS (Vicepresidente).-

Ruego evitar los diálogos.

La señora GUZMÁN (doña Pía) .-

Los delitos contra las personas, si los vemos en el trimestre movible, alcanzan a 3,7 por ciento. Pero ¡ojo!, en los semestres de 2001 y de 2002 bajan al 1,1 por ciento. Es decir, al Gobierno no le importa que se muestre que suben los delitos contra la propiedad, sino que no suban los delitos contra las personas. ¿Por qué? Porque aquí está el robo con violencia; el Tila, el sicópata de Alto Hospicio. Ellos son los que importan a las personas, los que infunden temor a todos, incluso a mí, a muchos de los que están acá y a sus familias. Eso es lo que el Gobierno no quiere dar a conocer. Más aún, en los delitos contra las personas, básicamente en el de robo con violencia, llegamos a la cifra más alta desde 1997: al 58,8 por ciento por cada 100 mil habitantes. Es una cifra realmente muy importante. ¿Y quieren saber cómo la da a conocer el Gobierno en relación con los trimestres y semestres? En cuanto al robo con violencia en el segundo trimestre de 2002, en comparación con el año 2001, se señala que hay una diferencia de 2,6 por ciento. Pero ¡ojo!, cuando informa con relación al semestre, resulta que es menos 2,7 por ciento. Es decir, en vez de ser la misma cantidad hacia arriba, la señala hacia abajo. ¡Díganme si esto no es un acomodo!

El señor INSULZA ( ministro del Interior ).-

¿Me permite?

La señora GUZMÁN (doña Pía) .-

No, ministro , estoy hablando yo. Además, conozco bastante sobre cifras.

Al menos, el ejemplo del robo con violencia es el más importante que hemos tenido durante este tiempo. Desde 1995 en adelante, el crecimiento promedio de este delito ha sido de 30 por ciento anual, lo cual es absolutamente coincidente con las encuestas de victimización sobre robo con violencia realizadas por la fundación Paz Ciudadana. No las voy a leer porque todos estamos bastante cansados de escuchar cifras.

A continuación viene lo que el Ministerio del Interior no ha realizado. Lo más preocupante de todo son las tasas de denunciabilidad, porque no sabemos si el ministerio ha hecho encuestas de victimización o no. De repente dice que sí, pero nadie las conoce. Otras veces dice que no existen dichas encuestas, y no podemos saber cuál es la cifra negra real, respecto de los delitos cometidos, si no disponemos de cifras estadísticas.

¿Qué nos dice Paz Ciudadana en su último informe sobre el tema de la denunciabilidad? Que, como promedio, se denuncia el 41,8 por ciento de los delitos. Y hay delitos mucho más bajos: por ejemplo, los simples “cartereos” en la calle representan el 39 por ciento. Es decir, el número de delitos que efectivamente se denuncia es bajísimo. Por lo tanto, las denuncias sobre delitos que aparecen en internet, o las que el ministro o el subsecretario nos han dado a conocer, son una mínima parte de las que realmente se cometen, porque -insisto- faltan esas encuestas de victimización que nos indicarían la cifra negra o el total de esos delitos, que no conocemos.

También las justificaciones que se han dado son poco reales. Se ha dicho que éste es un éxito de comuna segura o de plan cuadrante, lo cual, en mi opinión, no es real. Puede serlo en la Región Metropolitana, donde bajaron los delitos de robo con violencia. Eso es positivo. Pero ¿qué sucede con las regiones Undécima y Duodécima, que no tienen plan cuadrante ni comuna segura, donde bajaron en forma sustancial los delitos de robo con violencia? Entonces, no es necesario ni queremos justificaciones, sino que se busquen las soluciones y se hagan los análisis indispensables para poder enfrentar estos delitos.

Además, hay un estudio de la fundación Paz Ciudadana, de los años 94-95, que señala que por un punto que sube la cesantía en la Región Metropolitana, los delitos contra la propiedad suben 6 puntos.

No me alcanzó el tiempo para hacer cálculos, pero quizás eso es lo que está sucediendo; que no sólo aumentan los delitos contra las personas, que afectan su vida, sino que también el problema de la cesantía está incidiendo fuertemente en los delitos contra la propiedad, el robo con fuerza y el hurto, los cuales, efectivamente, ya sea por trimestres o semestres, han crecido en forma importante.

He dicho.

El señor SALAS ( Vicepresidente ).-

En el tiempo del Comité Socialista y Radical, tiene la palabra el diputado José Pérez.

El señor PÉREZ (don José) .-

Señor Presidente , me alegro de que los colegas de la Oposición solicitaran una sesión especial para abordar la seguridad ciudadana, que dice relación con la delincuencia.

Sin embargo, la intervención de algunos colegas nos obliga a pedir la palabra para hacer algunas aclaraciones sobre el particular, porque, al parecer, aquí estamos como el ladrón detrás del juez. Ahora ellos están preocupados del tema relativo a la delincuencia, a las personas, a los derechos humanos, en circunstancias de que ésa ha sido preocupación preferente de los gobiernos de Chile en los últimos doce años. La delincuencia afecta a todos los países del mundo y algunos hoy tienen que enfrentar algo más grave, que es el terrorismo. Estados Unidos es un ejemplo claro. Todos saben lo que aconteció el 11 de septiembre del año pasado en ese país, que cuenta con el mayor sistema de seguridad del mundo.

No cabe duda de que la delincuencia seguirá existiendo. Debemos ver de qué manera se organizan mejor los servicios dispuestos para controlar los excesos que cometen algunos desalmados.

Hay que hacer un poco de memoria. Cuando el primer gobierno de la Concertación se hizo cargo del país, Carabineros tenía vehículos viejos, verdaderas chatarras, y cuando perseguían a un delincuente, éste corría mucho más rápido que sus vehículos, los cuales, muchas veces, debían ser empujados por los propios carabineros, porque con ellos no se llegaba a ninguna parte.

No sólo se ha dotado a Carabineros de vehículos modernos a lo largo del país, sino también de sistemas de comunicación que permiten saber de inmediato lo que acontece en cualquier sector de la comuna, provincia o región. Asimismo, se ha invertido mucho en seguridad y es lamentable que los colegas de la Oposición no reconozcan eso, al menos. Me pondré de pie para aplaudirlos el día que reconozcan algo bueno que haya hecho alguno de los gobiernos de la Concertación. Todo es crítica y eso nos parece que no es actuar con altura de miras. ¿Acaso olvidan que antes de que asumieran los gobiernos de la Concertación aquí no sólo había asaltos y robos, sino que existía el terrorismo impuesto por algunos organismos del Estado, en que no sólo se perdían las cosas de las casas, sino también la gente? Todavía se está buscando a algunos que no han aparecido. ¿Por qué nos obligan a decir esto, estimados colegas? ¿Por qué tenemos que llegar a este tipo de situaciones, en circunstancias de que ustedes conocen lo que pasó en el pasado y nunca levantaron la voz para decir: “¡Esto no puede acontecer en Chile!”?

Por ello, llama la atención cuando, acerca de estas cuestiones, en vez de plantearlas directamente al Ministerio del Interior, o hacerlo en tono elevado en este hemiciclo, como corresponde, se comienza a enrostrar que el Gobierno es irresponsable. Debemos hacer mejor las cosas en todo orden, pero en este aspecto el Gobierno tiene una alta calificación, porque en el país no hay terrorismo, no se pierde la gente y se está tratando de hacer cumplir a las instituciones, que deben velar por el orden público, cada vez de mejor forma.

Quizás deberíamos recomendar a Carabineros que, en lugar de cursar infracciones de distinta naturaleza, que muchas veces están de más, con esos tremendos operativos se preocupen más de la seguridad ciudadana.

En política hay que ser honestos, reconocer el esfuerzo del Gobierno y aportar ideas constructivas para que pueda hacerlo mejor mañana, la próxima semana y en el futuro, pero no venir aquí a hablar de esa manera a través de este canal de televisión.

Me he visto obligado a hacer uso de la palabra y a decir esto, que me duele, porque quisiera que no volviéramos a incurrir nunca más en los excesos que se cometieron en el pasado.

Sin duda, el tema preocupa a todos los parlamentarios y a la ciudadanía. Los chilenos quieren trabajo, salud, educación y seguridad. Hacia allá apuntan los objetivos del Gobierno, pese a los problemas económicos que, por lo demás, son comunes en todos los países del mundo.

Por eso, cuando vino el ex Presidente argentino , Raúl Alfonsín , a despedir a ese gran político chileno, Anselmo Sule , dijo: “Ustedes, como pueblo, no saben lo que tienen en Chile. Cuiden esta democracia, porque ya quisiéramos tener nosotros la que ustedes tienen”. Pero hay que hacerlo con grandeza; hay que aportar iniciativas constructivas para que, entre todos, mejoremos lo que le importa a la gente.

Espero que podamos coincidir en temas tan sensibles como éste, pero en forma constructiva y con el debido respeto, sin olvidar la historia que llevamos sobre nuestras espaldas.

He dicho.

El señor SALAS (Vicepresidente).-

En el tiempo del Partido por la Democracia, tiene la palabra la diputada señora Ximena Vidal.

La señora VIDAL (doña Ximena).-

Señor Presidente , como punto previo sobre el fondo del asunto que nos reúne, quiero expresar mi extrañeza y desazón por la forma en que aparece convocada esta sesión: con el objeto de escuchar la explicación del Gobierno relativa al informe sobre la delincuencia, emitido por el subsecretario del Interior , señor Jorge Correa Sutil .

A mi juicio, por los términos en que aparece redactada la citación, pareciera que estuviéramos ante la comparecencia de un funcionario de Gobierno frente a una asamblea legislativa, en el marco de un régimen parlamentario, donde efectivamente se lo puede citar para dar explicaciones y justificar sus actuaciones, institución que, bajo el amparo de la Constitución de 1833, reformada, recibió el nombre de interpelación parlamentaria.

El lenguaje y su utilización encierra algo más que la expresión de términos. Es un medio privilegiado, a partir del cual podemos avanzar en desentrañar los contenidos más profundos del discurso. En este caso, claramente podemos determinar que hay un afán político, y jurídicamente impropio, de imponer al Gobierno prácticas políticas ajenas a nuestra institucionalidad, la misma que la UDI y su mentor intelectual, constituyente de la Carta de 1980, Jaime Guzmán , quiso para Chile. Este es un régimen presidencialista, donde en el Congreso se pueden controlar los actos del Gobierno, pero, en ningún caso, pedir explicaciones a actuaciones políticas y administrativas que se realizan con plena justificación legal.

¿De qué buena voluntad habla el diputado Paya? Se están refiriendo a análisis técnicos, como si fueran voladores de luces. Son poco serios los argumentos.

La semana pasada, el Gobierno, a través del subsecretario del Interior , Jorge Correa Sutil, informó que durante los últimos meses aumentaron las denuncias por hurto, robo con fuerza, violencia intrafamiliar y lesiones -comparación entre el semestre de 2002 y el de 2001-. Por el contrario, había disminuido la incidencia de las denuncias por robo con violencia, violación y homicidio. Así lo establece el informe de estadísticas nacionales, regionales y comunales sobre denuncias y detenciones de delitos de mayor connotación social y violencia intrafamiliar.

Es importante aclarar que los informes y sus respectivos anexos estadísticos no incluyen interpretaciones sobre la evolución de las cifras. Sólo se orientan a describir las principales variaciones en términos de aumentos, disminuciones o mantenciones de tasas. En ellos se dan a conocer los antecedentes estadísticos posibles, siendo el interesado quien determinará el criterio de la comparación.

En términos generales, se trata de una buena señal respecto de la eficacia del plan Cuadrante de Carabineros y del programa Comuna Segura: Compromiso Cien. En la Región Metropolitana, donde se aplica el plan Cuadrante, en un año se registra disminución del robo con violencia, en particular en viviendas, y se mantienen las cifras en torno de robos con fuerza, hurtos y lesiones.

Uno de los mayores logros del plan Cuadrante de Carabineros reside en el momento de la sensación de seguridad, a pesar de que se diga lo contrario. Las personas también se sienten inseguras, pero se dan cuenta de los esfuerzos que hacen a diario todas las organizaciones sociales interesadas en trabajar por la seguridad ciudadana en el país.

Como integrante de la Comisión especial de Seguridad Ciudadana y en nombre de la bancada del Partido por la Democracia, no puedo dejar de expresar mi desacuerdo con la forma de actuar de mis colegas de la Unión Demócrata Independiente. No es necesario pedir explicaciones al ministro del Interior sobre un informe dado en relación con la delincuencia, sobre todo si se considera que existe una Comisión especial de Seguridad en esta Cámara de Diputados, donde hemos revisado este tema tan peligroso para la sociedad, tomando los diferentes ángulos desde donde se debe atacar el problema. Por un lado, estamos estudiando proyectos que van dirigidos al aumento de penas en distintos delitos tipificados en nuestro Código Penal y, por otro, buscamos nuevas formas de comunicación y formación de la ciudadanía, para prevenir y defender la seguridad de las personas que a diario se encuentran en situaciones de hurto, asaltos, robos y otros delitos que amenazan constantemente su integridad física y psíquica.

Los actores sociales estamos llamados a colaborar con las autoridades competentes -léase Gobierno, fuerzas policiales y comités de seguridad ciudadana- y a participar activamente en los diversos programas de educación y prevención. Nuestro deber como parlamentarios es legislar con respecto a este tema, y nuestra responsabilidad mayor debería ser promover y poner todas las herramientas al alcance de la familia y de la ciudadanía para educarlas en el tema de la seguridad ciudadana, materia muy difícil de enfrentar por la violencia y la inseguridad social que nos acompaña en esta cultura del siglo XXI que nos toca vivir.

Más allá de las cifras, debemos realizar acciones unidas en defensa de la seguridad ciudadana.

He dicho.

El señor SALAS (Vicepresidente).-

En el tiempo del Comité de la Democracia Cristiana, tiene la palabra el diputado señor Patricio Walker.

El señor WALKER.-

Señor Presidente , estimo que no tiene mucho sentido discutir si el momento en que se dan a conocer las cifras es el más adecuado. Algunos son partidarios de que se den a conocer semestralmente; otros, trimestralmente, y tampoco tiene mucho sentido discutir las fuentes de información.

En lo personal, tengo la impresión de que no sólo la delincuencia ha aumentado, sino también, la sensación subjetiva de temor en la gente. Hay que decir las cosas como son. Algunas fuentes que aquí se han citado, como Paz Ciudadana, sostienen que ciertas cifras han bajado; por ejemplo, el índice de temor alto de la población ha bajado, desde 1999, de 16,9 a 12,4. Según sea un temor medio, alto o bajo, es distinta la cifra. Es decir, no tiene mucho sentido empezar a discutir esto y enrostrar al Gobierno, que, como dijo el diputado Burgos , desde 1998, da a conocer permanente y periódicamente las cifras de delincuencia. Eso se llama transparencia, claridad, y eso significa trabajar en el tema de cara a la verdad y desde una perspectiva de Estado. Si vamos a pelear como el perro y el gato y a tratar de sacar pequeñas ventajas políticas, la delincuencia simplemente seguirá creciendo, y no daremos una lucha eficaz.

No voy a discutir nuevamente las cifras. Era mi primera intención hacerlo, pero como ya se ha debatido bastante al respecto, reseñaré algunas conclusiones.

En primer lugar, la gente siente temor de ser víctima de un delito y, frente al aumento de la delincuencia, quiere más carabineros. Se ha adoptado un conjunto de medidas importantes, las que significan, por ejemplo, un cambio en los turnos -antes había cuatro turnos de seis horas y, ahora, tres de ocho horas- lo cual implicó contratar más carabineros, crear nuevas plazas y externalizar algunas funciones no operativas.

También aprobamos un proyecto que elimina funciones administrativas, pero, digámoslo honestamente, ha tenido un impacto muy inferior al esperado. Se pensaba recuperar l.l70 carabineros para destinarlos a la calle, pero sólo se han recuperado 200, porque los jueces, utilizando una facultad excepcional, piden a Carabineros que notifiquen vía judicial, lo cual, lamentablemente, no permite liberar personal para funciones operativas.

La gran razón del problema de Carabineros radica en que siguen jubilando, en promedio, a los 48 años. La vida útil de un carabinero es muy corta; por eso, la primera medida es recontratar carabineros jubilados o ampliar su vida útil a 54 ó 55 años, tal vez no para las funciones más riesgosas, pero sí para labores en las cuales pueden seguir siendo útiles.

En segundo lugar, la gente pide ver cerca a Carabineros, en el barrio. Ahí están el plan Cuadrante y el Aupol, que permiten focalizar el lugar donde se cometen más delitos. Considero que es hora de evaluar el plan Cuadrante, porque mucha gente tiene la sensación de que Carabineros no está más cerca de ellos; pero, dado que dicho plan no siempre ha sido efectivo, es importante evaluarlo.

En tercer lugar, evaluación del cumplimiento de las funciones y deberes de los carabineros. Cuando el año pasado el Gobierno anunció un conjunto de medidas muy importantes, como los jueces de dedicación exclusiva, dijo que Carabineros sería evaluado. Cuando la gente llama y no responde, deberá haber una sanción; cuando la gente llama y Carabineros responde y detiene al delincuente, debe haber un premio. ¿Cómo se está aplicando esa medida? ¿Está comprometido Carabineros con la evaluación para ascender o remover al personal, según su grado de eficiencia?

También es importante evaluar en qué medida se está rompiendo la sensación de impunidad que, respecto del delincuente, tiene la gente, así como la reforma procesal penal y la inversión millonaria que se ha hecho para enfrentar el problema. Voy a poner un solo ejemplo que, tal vez, dice más relación con Carabineros. Hoy en día, la gente siente que Carabineros no tiene facultades suficientes para actuar. ¿Se eliminó la detención por sospecha? En buena hora. ¿Se legisló para el control de identidad? En mejor hora, porque se evitan los abusos que tenía la detención por sospecha y se recupera el instrumento que antes tenía Carabineros para detener. Cuando no hay delito in fraganti, se actúa ex post. El control de identidad permite registrar especies y si éstas son hurtadas o robadas, es posible detener.

Pero hay normas que perfeccionar, como el allanamiento. Hoy en día, los jueces de garantía otorgan las medidas cautelares pro delincuente y muy poco favorables a la víctima del delito.

Es urgente evaluar la reforma procesal penal. En mi región, las denuncias de los delitos aumentaron de cuatro mil a seis mil. Puede que la gente tenga más confianza en el nuevo sistema, pero prevalece la impresión de que han aumentado los delitos. Hay que evaluar para perfeccionar con sentido constructivo algunas normas de la reforma procesal penal que, a mi juicio, son, en algunos aspectos, demasiado garantistas en favor del delincuente y no tanto de la víctima.

¿Qué pasa cuando una persona es detenida? ¿Se hace justicia? Las cárceles están llenas, hay hacinamiento. Trabajamos en ese informe, y el Gobierno ha concesionado diez nuevas cárceles que evitarán el hacinamiento y, tal vez, permitirán la rehabilitación.

En cuarto lugar, es importante hacer un llamado al Gobierno para que en esas cárceles se cumpla con lo que se dijo, es decir, que habrá un lugar donde los reos puedan trabajar para que sean personas, se rehabiliten y tengan una cuenta de ahorro, con el objeto de que, cuando recuperen la libertad, dispongan de un colchón, puedan mantener la familia y no vuelvan a delinquir.

Pero eso es el tema represivo, el control del delito. ¿Saben cuánto hemos gastado en materia represiva en estos años? 520 mil millones de pesos, sólo en la reforma procesal penal: en la construcción de cárceles, 340 mil millones, y en la reforma procesal penal, 180 mil millones en cárceles. No obstante, hay quienes dicen que el Gobierno ha hecho muy poco en el control del delito.

Uno podría decir que es poco: 1 por ciento del producto. En Brasil es 10 por ciento, pero allí hay más delincuencia. Entonces, el tema no es sólo represivo, sino también preventivo, es decir, es allí donde falta evaluar con más fuerza. La represión aparece más efectista. “Sean duros contra la delincuencia”, pero ésa no es la solución. No digo que no seamos duros contra la delincuencia; sí, duros, pero también se deben atacar las causas que la provocan.

Un estudio hecho en Canadá sostiene, por ejemplo, que para reducir el delito en 10 por ciento se debe gravar a cada hogar con 228 dólares para destinarlos a la construcción de cárceles y, para terminar con la deserción escolar, 32 dólares, es decir, mucho menos que para construir cárceles.

¿Qué está pasando en Chile para justificar que debemos invertir en prevención? Dos tercios de los jóvenes entre 16 y 18 años que cumplían condena habían pasado por el Servicio Nacional de Menores, Sename, lo cual me mueve a preguntar si el Sename está rehabilitando.

Reforma integral. El 86 por ciento de la población condenada son desertores del sistema escolar. Por lo tanto, debemos invertir en eso.

Además, en diez de las doce comuna en que se ha aplicado el plan Comuna Segura: Compromiso Cien, ha bajado la delincuencia. ¿Cuánto cuesta subir de 24 a 48 las comunas en las que se aplique dicho plan? Cuatro mil millones de pesos. Sin embargo, la reforma procesal penal y la construcción de nuevas cárceles cuestan 520 mil millones de pesos. Por lo tanto, por allí está la solución. Es más barato y eficaz atacar las causas de fondo de la delincuencia que seguir con medidas efectistas, que poco y nada ayudan a abordar el tema como política de Estado.

He dicho.

El señor SALAS (Vicepresidente).-

En el tiempo del Comité del Partido por la Democracia, tiene la palabra el diputado señor Leal.

El señor LEAL .-

Señor Presidente , es muy importante que la Cámara de Diputados analice el tema de la seguridad ciudadana permanentemente. Sin embargo, lamento que se haga con el afán manifestado por la diputada señora Guzmán y otros diputados de la Derecha, como el diputado señor Paya, es decir, de politizar e instrumentalizar un tema que claramente es de todos, que es colectivo; porque la delincuencia y las nuevas formas que adquiere en el mundo es un fenómeno global, que debe ser abordado en una discusión que trascienda el criterio de los partidos políticos y el afán de sacar ventajas parciales de un tema que es grave en el mundo y que seguirá siéndolo si no somos capaces de encontrar respuestas de fondo al problema de la delincuencia, más allá de las medidas puramente policiales.

Es un error intentar homologar a toda costa a Chile con realidades mucho más dramáticas de América Latina. El país no gana con eso, no sólo desde el punto de vista de lo que les interesa a los empresarios, que es la presentación de Chile como país seguro para invertir, sino que tampoco gana desde el punto de vista de la tranquilidad psicológica de nuestros habitantes, ni desde la perspectiva de la capacidad de reacción de la gente. Por eso, quiero expresarle a la diputada señora Guzmán que si me dice que Santiago es lo mismo que Medellín, que Washington y que cuarenta capitales más, está mintiendo, porque no es así. No se puede instrumentalizar de esa manera el tema, porque ese tipo de juicios, que buscan homologar la realidad chilena a realidades que son muy complejas en el mundo, lo que hacen al final es desarmar a la gente desde el punto de vista de la capacidad de reacción de los ciudadanos frente a la delincuencia.

La delincuencia es un fenómeno grave en el mundo. De hecho, si miramos el cuadro comparativo país por país, de Estados Unidos y de América Latina, podremos observar que la realidad chilena tiene control, entre otras cosas, porque hay un conjunto de elementos que así lo permiten, como la realidad social, económica y de estabilidad política de la nación.

Por otra parte, también hay quienes tienen ideas distintas de la seguridad ciudadana: una idea de ésta como una ciudad cerrada, y otros tenemos el concepto de la ciudad abierta. Algunos sostienen que frente a la delincuencia importa puramente la actividad policial o represiva, y otros creemos que la policía debe actuar de manera conjunta con los ciudadanos, dotando a la gente de los espacios necesarios para hacerla participar con el objeto de llevar adelante esas políticas.

El plan Cuadrante justamente tiene el objetivo de coordinar la acción de Carabineros con la comunidad, con las organizaciones de base de la gente. La implementación del plan Comuna Segura -los alcaldes y concejales que se encuentran en estos momentos en las tribunas saben a lo que me refiero-, tal como lo dijo ayer en la televisión el general director de Carabineros , señor Alberto Cienfuegos , ha permitido que se produzca un encuentro efectivo entre Carabineros y la comunidad. No hay manera alguna de llevar a cabo la lucha contra la delincuencia ni contra las nuevas formas que adopta si no somos capaces de unir la acción de la policía, de Carabineros y de Investigaciones, con la comunidad. Sin embargo, para eso es necesario que Carabineros se profesionalice y llevar a cabo lo que ha hecho este Gobierno: dotar a la institución de mayores recursos, de mayor infraestructura, de tecnología, y que tengamos un cuerpo de Carabineros como el que hoy existe, que cuenta con 36 mil efectivos, los cuales, a nuestro juicio, permanentemente, debieran estar en la calle.

Al respecto, ¿cuántos carabineros había al final del régimen militar que tanto defienden algunos miembros de la Derecha? ¿No era Carabineros prácticamente un organismo que estaba destinado a ser destruido? ¿No hemos triplicado el presupuesto de Carabineros respecto de esa fecha? Ésa es una preocupación concreta por el tema de la seguridad ciudadana.

Además, en este momento estamos avanzando en un tema cardinal. En la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara estamos discutiendo el proyecto de ley que crea la agencia nacional de inteligencia, la cual es un órgano democrático, no el Comando Conjunto, ni la Dina, ni la CNI. Se trata de una agencia destinada a combatir el narcotráfico y a enfrentar, desde el punto de vista de la inteligencia y de la contrainteligencia, la delincuencia común, el terrorismo y el crimen organizado. Estamos trabajando en un tema de inteligencia, porque si algo hay que hacer respecto de los “secuestros express” -política de secuestro que se puede avecindar en Chile- es justamente un gran trabajo de inteligencia con organizaciones democráticas.

Quiero puntualizarle al diputado señor Paya que éste es un tema de todos. En ese sentido, la idea de la UDI -de carácter más bien comunicacional- de crear formas de combatir la delincuencia a través de algunas municipalidades, se ha venido abajo. La experiencia de los “escarabajos” no resultó; la de los soplones a quienes se pagaba para que denunciaran los delitos, fracasó; los botones de pánico tampoco han tenido éxito. Sin embargo, sobre todo no ha resultado -y quiero decirle al diputado señor Paya que es muy bueno que así haya acontecido- el esfuerzo por reemplazar a Carabineros y a las policías por guardias de seguridad privados. Lo más importante es que en el país la delincuencia se combata con las fuerzas policiales del Estado, porque éstas garantizan seguridad no sólo a las municipalidades que tienen recursos para contratar guardias de seguridad privados o al chileno que tiene la posibilidad de hacerlo, sino también al conjunto de la comunidad, más allá de los recursos de que disponga.

En ese sentido, los esfuerzos de la UDI han fracasado. De hecho, no hay un solo resultado positivo de Lavín en la comuna de Santiago respecto del tema de la seguridad ciudadana. Asimismo, ninguna de las experiencias impulsadas en la comuna de Las Condes resultó, lo que ha traído como consecuencia que la tasa de delincuencia en dicha comuna sea extremadamente alta, porque han fracasado -reitero- las medidas que los propios miembros de la UDI han impulsado.

Por lo tanto, contribuyamos en conjunto a hacer un esfuerzo para entender que hay nuevas formas de operatividad de la delincuencia, que ésta tiene nuevos vínculos, que la globalización importa y exporta modelos de delincuencia. Ante eso, debemos contar con más policías, con mejor dotación, con más tecnología, con trabajo de inteligencia en contra del fenómeno delincuencial y con un conjunto de medidas preventivas y de políticas sociales que reduzcan el ámbito de la delincuencia.

Ojalá el gobierno militar hubiera tenido la transparencia de hoy para tratar el tema de la seguridad ciudadana. Probablemente no tendríamos la tragedia del Comando Conjunto, que hoy golpea nuevamente la conciencia de los chilenos, si hubiera estado en funcionamiento el Congreso Nacional y si se hubiese informado a alguien respecto de qué pasaba con los servicios de inteligencia. Aquí no habrá otra Dina, sino una agencia nacional de inteligencia -ANI-, que será controlada por el Congreso, aunque eso moleste y duela a algunos. El Comando Conjunto es una manera de entender un tipo de seguridad ciudadana que no tiene nada que ver con lo que se desarrolla en la democracia.

Por eso, debemos colaborar y operar en conjunto. En ese sentido, valoro el trabajo de la fundación Paz Ciudadana. Considero muy importantes las cifras que da a conocer, así como las ideas y las opiniones que ha entregado a la opinión pública durante todos estos años. Pero, por favor, no homologuemos de manera arbitraria la realidad chilena con otras, ni hagamos del tema de la delincuencia una cuestión instrumental. Valoremos lo que estamos construyendo, apoyemos a nuestras policías, y no hagamos esfuerzos ni operaciones comunicacionales de seguridad ciudadana para sacar ventajas políticas, porque la realidad nos dice que ésas han fracasado. De hecho, si las estudiamos una a una, nos daremos cuenta de que lo más importante es tener una política global de seguridad ciudadana a partir del Estado, de la cooperación de los ciudadanos y de la participación de la comunidad.

Eso es lo principal para garantizar ciudades abiertas, en las que sea posible vivir mejor.

He dicho.

El señor SALAS (Vicepresidente).-

En el tiempo de la Democracia Cristiana, tiene la palabra el diputado señor Waldo Mora.

El señor MORA.-

Señor Presidente, estamos frente a un tema demasiado sensible como para politizarlo y sacar ventajas partidistas.

Siempre he creído que en política, aun discrepando, se puede sentir respeto por nuestras diferencias; incluso, se puede tener amigos de otro sector.

Cuando se toca el tema de la delincuencia, se hace hincapié en la transparencia con que el Gobierno entrega la información, la cual, nos guste o no, puede ser preocupante por el aumento de la delincuencia. Pero, en todo caso, hay un reconocimiento del hecho como tal.

Quiero referirme a algunas situaciones que son responsabilidad de todos, incluso del Congreso Nacional.

Le pregunto a la Oposición si está dispuesta a legislar para combatir la delincuencia, que es el problema que a todos los chilenos nos preocupa.

¿Están dispuestos a legislar para que Carabineros e Investigaciones dependan del Ministerio del Interior? Si no lo están, me gustaría escuchar los argumentos que aduce la Oposición.

¿Están dispuestos a legislar sobre la separación de funciones de Carabineros respecto de Investigaciones para devolverles el rol que han tenido históricamente?

Carabineros es una policía esencialmente preventiva. El gobierno militar le otorgó funciones represivas y de investigación criminal. Pero ya hemos visto cómo, en la realidad, ambas policías se han cruzado en sus funciones, entorpeciendo el esclarecimiento de casos muy recientes, como el del famoso “Tila”, de La Dehesa; el de Alto Hospicio, de Iquique; el de Matute Johns, de Concepción, etcétera.

Quiero preguntarle a la Oposición si está dispuesta a legislar sobre la creación del servicio policial alternativo al servicio militar, en el cual cinco mil jóvenes, en vez de realizar éste en las Fuerzas Armadas, puedan efectuarlo en Carabineros, y así permitir que cinco mil funcionarios de Carabineros que ejercen funciones administrativas, salgan a cumplir funciones policiales. Así, esos jóvenes cumplirían funciones de prevención, de ayudantía en control de tránsito, de notificación judicial, de policías forestales, de frontera, de protección de menores.

¿Estamos dispuestos a legislar al respecto o queremos sacar ventajas políticas sobre un hecho que nos preocupa a todos los chilenos?

Es cierto que el modelo económico lleva implícito el germen de la corrupción y de la delincuencia.

Cuando estamos atiborrados de propaganda y de publicidad que incitan a comprar y a consumir, y cuando tenemos una recesión como la actual desde hace cinco años, la delincuencia, obviamente, tiende a aumentar.

¿Y qué hacemos nosotros? Leyes que protegen más a los delincuentes que a las víctimas, leyes que quitan facultades en vez de otorgárselas aún más a Carabineros e Investigaciones.

Desafío tanto a la Concertación como a la Oposición a contestar: ¿estamos por sacar ventajas o por combatir la delincuencia? Ése es el problema de fondo.

Los parlamentarios de Oposición, ¿saben cuántos funcionarios tenía Carabineros en 1973? 28 mil. ¿Saben cuántos funcionarios tenía en 1990? 32 mil.

¿Saben cuánto aumentó la población desde 1973? El doble.

Pero no se notaba tanto la delincuencia -y lo digo con altura de miras- porque en la época del régimen militar las Fuerzas Armadas cumplían funciones policiales, conjuntamente con Carabineros, Investigaciones, la Dina y la CNI.

Cuando adviene la democracia, las Fuerzas Armadas regresan a los cuarteles. ¿Y con qué nos encontramos? Con la misma cantidad de carabineros de 1973, pero con el doble de población.

¿Saben cuántos funcionarios de Investigaciones tenía el país en 1973? Tres mil quinientos. ¿Saben cuántos tenía en 1990? No llegaban a los cuatro mil. ¿Saben cuántos tiene hoy? Seis mil, incluyendo el personal administrativo, de intendencia.

El país crece. Hoy somos 15 millones 500 mil habitantes, y nos encontramos con que la policía es exactamente la misma y está maniatada.

¿Estamos dispuestos a legislar para combatir la delincuencia o estamos dispuestos a sacar ventajas políticas particulares?

Ése es el gran desafío por delante: actuar con generosidad, con responsabilidad y pensando en el bien común.

He dicho.

El señor SALAS ( Vicepresidente ).-

Tiene la palabra la diputada señora Pía Guzmán por tres minutos.

La señora GUZMÁN (doña Pía) .-

Señor Presidente , quiero aclararle al diputado Leal , por su intermedio, que jamás hice comparaciones con otras capitales, menos con la de Estados Unidos, porque tengo claro que la nuestra está muy por debajo de las demás.

Si hubiera hecho comparaciones con las capitales europeas, habría sido al revés. Pero no las hice.

Tampoco estoy politizando el tema; por el contrario, en representación de Renovación Nacional, y dada mi experiencia en el tema, presentaré un análisis técnico que realicé en cada trimestre, desde que aparecieron estas cifras en internet, o desde antes que fueran dadas por el Ministerio del Interior.

El diputado Leal está muy equivocado; quizás no me escuchó claramente o no me entendió.

Respecto de los planes Cuadrante y Comuna Segura, se trata de iniciativas muy importantes y, especialmente el primero, ha comenzado a dar resultados positivos en Santiago.

Pero veamos qué es.

Si la zona es de baja intensidad delictual, el carro policial pasa dos veces por aquélla, que es, más o menos, grande; si es de mediano riesgo, tres veces, y cuando es de mayor riesgo, cuatro veces si la población lo deja entrar. En una de mis comunas no lo dejan entrar.

En cuanto al plan Comuna Segura, que ha trabajado Paz Ciudadana en conjunto con el Gobierno, después de su aplicación en las doce primeras -y de ahí su evaluación, que está pendiente-, resulta que a las doce siguientes se les cambiaron las variables, y el tema de la delincuencia bajó a un 20 por ciento. Por lo tanto, ahí hay un cambio de fondo, cuantitativo y cualitativo, con relación a cómo se considera la variación de las estadísticas delictuales.

Pero, más allá de todo, pregunto: ¿cómo sienten este tema las personas comunes y corrientes? ¿Están seguras o intranquilas? Les puedo asegurar que se sienten muy intranquilas, inseguras, con incertidumbres y temores.

En mi casa, si me encuentro sola, aunque sean las 16.00 horas, pongo la alarma -tengo la suerte de contar con una-; pero ¿qué sucede en las casas que no la tienen? Se encuentran llenas de candados y de protecciones.

Aquí no sólo hablamos de la calidad de vida, sino también de una cosa muy importante que dijo el diputado señor Burgos : “Aquí lo que se juega es la libertad de las personas”. Me encantó esa oración, porque es cierta. Hemos hablado mucho de la calidad de vida, de que se salga a los espacios públicos. Pero al salir a ellos, está en juego la libertad para hacer lo que se quiera en las plazas, en las calles.

Entonces, escuchemos a las personas. No se trata sólo de cifras, las cuales son muy importantes. Pero hay una sensación “térmica”, y para responder a ésta y a las cifras es absolutamente indispensable una política pública; y para tenerla de carácter preventivo más que represivo, es absolutamente necesario disponer de cifras que nos digan dónde focalizar los recursos, porque así serán más efectivos.

He dicho.

El señor SALAS (Vicepresidente).-

En el tiempo del Partido por la Democracia, tiene la palabra el diputado señor Felipe Letelier.

El señor LETELIER (don Felipe).-

Señor Presidente, el tema de la seguridad ciudadana es preocupación de todos.

Concuerdo con mis colegas que han planteado un tema tan delicado e importante, en que es lamentable sacar ventajas pequeñas.

También es deplorable que los chilenos, sin fundamentos, estemos maximizando una serie de argumentos y elementos estadísticos, lo que es malo para nuestra imagen ante la comunidad internacional.

No creo que sean antojadizos la cifra ni los cuadros estadísticos que reflejan nuestra realidad, los cuales no son hechos por chilenos, sino por organismos internacionales.

En nuestros distritos señalamos que la responsabilidad es de todos: de la junta de vecinos, del club deportivo, no sólo de Carabineros e Investigaciones, aun cuando es cierto que hay instancias que tienen una responsabilidad direccional sobre la materia. Es ahí que, de repente, se favorece la seguridad ciudadana de las grandes ciudades en desmedro de la seguridad de las zonas rurales.

Hace dos años tuvimos que hacer un gran esfuerzo para que no se cerraran algunos retenes de Carabineros en muchas zonas rurales, porque se pretendía darles mayor seguridad a las grandes ciudades.

Por su intermedio, señor Presidente, deseo preguntar al ministro y subsecretario del Interior, presentes en la Sala, qué pasa con los dos mil y tantos miembros de la ex CNI.

Hago esta pregunta porque, de acuerdo con informaciones de la Policía de Investigaciones y de Carabineros de Chile, sabemos de muchos asaltos a cajeros automáticos y a bombas bencineras, como asimismo de la falsificación de instrumentos públicos. Me gustaría saber quién controla a esos individuos, que en el pasado fueron capaces de torturar, de matar. ¿Por qué no podrían ahora asaltar y robar?

¿Dónde está el departamento que controla a esos señores -si es que podemos llamarlos señores-, que fueron instrumentalizados, que se acogieron a la ley de exonerados y que por lo menos tienen una media docena de antecedentes de asaltos con violencia? El último caso conocido de un ex agente de la CNI es el de un ciudadano que falsificaba, y entiendo que está detenido.

Espero que el Ministerio del Interior y el Gobierno respondan a las inquietudes respecto de esos tipos que hicieron mil y una barbaridades y que dañaron a los ciudadanos de nuestro país.

Creo que todos estamos de acuerdo, incluso la Derecha, en que es necesario que controlemos a esas bestias que tanto daño les hicieron a los chilenos.

He dicho.

El señor SALAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Carlos Montes.

El señor MONTES.-

Señor Presidente , prácticamente al término de la sesión uno se pregunta qué quería la Unión Demócrata Independiente cuando la solicitó; para qué la pidió; qué temas iba a discutir; qué conclusiones quería sacar de ella.

En verdad, la presentación inicial no fue muy sólida, y parece que lo único que querían decir es que las cosas están peor que antes y que el Gobierno manipula la información. Ésa era su afirmación.

Durante un largo rato hemos discutido acerca de la seguridad ciudadana, para que la UDI nos lleve a dos conclusiones que no ayudan mucho en el debate de un problema tremendamente profundo, serio y en torno del cual deberíamos unirnos.

Sabemos que este problema no sólo afecta a Chile, sino que es mundial. A nuestra generación le ha correspondido vivir una realidad que antes no se conocía. Así como a otros les tocó vivir pestes y guerras, a nuestra generación le toca un problema serio de seguridad ciudadana, de convivencia entre las personas, que se da en muchos países.

Para referirnos al caso chileno, debemos tener mucho cuidado y ser muy responsables. Incluso, ese señor que la UDI trajo ahora, el señor Bratton , el hombre de la tolerancia cero -a quien ayer fui a escuchar-, dijo que Chile es una excepción dentro de América Latina. Dijo que las ciudades chilenas son absolutamente distintas de todas las otras capitales, y que además la conducta de nuestros carabineros es ejemplar. Eso dijo Bratton, quien vino a Chile traído por la UDI.

En honor a la verdad, nuestra realidad es distinta, pero ello no significa que nos vayamos a poner una venda en los ojos ante un problema que en el mundo avanza, que se genera ante distintas dificultades, las cuales también se dan en Chile.

Aquí ha habido un gobierno serio que ha señalado la necesidad de dar a conocer este problema al país, de construir información. El Ministerio del Interior hizo el primer acuerdo con Paz Ciudadana para saber cuál era el problema, con estadísticas precarias, porque las denuncias no son antecedente suficiente como para sacar la conclusión que dedujo el diputado señor Darío Paya , quien dijo que estamos peor que nunca.

Lo que ocurre es que ahora hay más denuncias; eso puede reflejar que hay mayor credibilidad, y por eso la ciudadanía se atreve a hacer más denuncias. También hay más detenciones -cosa que él no dijo- y las policías están trabajando de otra manera.

Lo fundamental en el caso que nos convoca es ir más al fondo del problema, como bien han señalado distintos señores diputados que me han antecedido en el uso de la palabra. Debemos ir a las raíces del problema, porque estamos en presencia de una sociedad a la que le cuesta conjugar la modernización con la construcción de una mejor convivencia.

Tenemos problemas en el seno de las familias. Asumámoslo. En el marco actual en el que nos ha correspondido vivir, a la familia le cuesta construir un entorno con valores.

También hay problemas en los colegios, a los cuales les cuesta hacerse cargo de las distintas realidades. Tenemos problemas en los barrios; con Carabineros, que se ven exigidos a dar un salto en modernización; la justicia debe avanzar hacia otra etapa, y por eso está en marcha una reforma.

Hay municipios que no saben cómo enfrentar el tema de la seguridad ciudadana, y deben mejorar.

Éste no sólo es un problema chileno. ¿Qué escribe Alain Touraine ?; ¿qué dicen los sociólogos?

La pregunta que cabe hacerse es la siguiente: ¿podemos vivir juntos los seres humanos?

Por otra parte, ¿qué hacen los ministros de Educación en el último encuentro en la Unesco? ¿Cuál es el tema? Cómo enseñar a vivir juntos, porque hay un problema profundo de la humanidad.

Eso les digo a los señores diputados de la UDI, porque ya en la época de Lavín se quiso decir que la UDI tenía la varita mágica para resolver los problemas de seguridad.

La experiencia no ha sido buena, y eso no es motivo de alegría para nosotros. Ojalá hubieran aportado ideas buenas; pero todo el operativo que se montó en ciertas comunas en nada hizo mejorar la seguridad ciudadana, y han debido reconocer que no les fue bien.

Me parece muy bien que Sabat haya entregado los vehículos a la policía; también me parece bien que Lavín esté haciendo lo mismo, porque el modelo de sentirse como los sheriff o los que iban a resolver de manera mágica los problemas no funciona.

Estamos enfrentados a un problema de Estado, de todos nosotros. Es un problema grueso y cuya solución es de largo plazo. En la medida en que seamos capaces de crear respuestas apropiadas, iremos avanzando, iremos construyendo mejores condiciones. Ésa es la respuesta.

En ocasiones uno escucha decir comentarios en los cuales, al parecer, como que hubiera alegría de que se registraran más hechos delictuales. La verdad es que deberíamos condenar a los medios de comunicación. Los matinales son una vergüenza, porque pareciera que gozan cada vez que muestran barbaridades peores unas que otras. Gozan, inventan, se regocijan de que haya hechos parecidos a los de Argentina, los llamados “secuestros express”. Gozan cuando eso ocurre y lo transforman en noticia, y hacen que un hecho que no existe en Chile se proyecte como si existiera.

¿En qué ayuda eso a la convivencia nacional? ¿Ayuda a construir mejor convivencia, mejores condiciones?

Mucho cuidado con politizar este tema. Es malo para todos y, de una vez por todas, la UDI debe entender que hace un daño al país pretendiendo politizarlo y presentarse como la salvadora en la materia. Eso en nada ayuda al país, a Chile, más allá de los intereses políticos inmediatos. Eso es mezquino.

Invitaron a Bratton, al de la política de tolerancia cero en Nueva York, en circunstancias de que le fue mal en Estados Unidos, no le resultó su plan cuando la policía de Chicago intentó hacer cosas distintas. Ahora, él viene cambiando su discurso.

¿Para qué lo trajeron? ¿Para qué viene? ¿Quién lo paga? ¿Qué viene a hacer aquí? ¿Qué quiere?

Lo único que quiero decir es que discutamos cosas más constructivas.

Con la diputada señora Pía Guzmán habíamos avanzado en la construcción de bases comunes de estadísticas, de infor-mación, de buscar un entendimiento, no de pedir una sesión para decir que se está tergiversando, que se está mintiendo, etcétera.

En lo que se refiere a la seguridad ciudadana, se trata de construir respuestas. Propongo que, además de discutir con los medios de comunicación de otra manera, deberíamos evaluar los comités de seguridad ciudadana para saber qué está pasando en los barrios, porque ésa es una experiencia que está empezando a pedalear en banda.

Necesitamos vincular la seguridad a la convivencia; necesitamos que en los comités estén las iglesias, los colegios, los deportistas, para que tengan capacidad de generar una marea integradora y una cohesión social distinta.

También necesitamos evaluar el plan Cuadrante en la Región Metropolitana; no mistifiquemos el plan Cuadrante, puesto que éste permite construir una mejor relación entre la policía y la comunidad, lo que es muy valioso; pero una vez que eso se hace -La Florida lleva cinco años con ese plan-, ¿qué sigue?

Uno se pregunta si está compatibilizado el territorio del plan Cuadrante de la policía, de Carabineros, con los territorios municipales. No están compatibilizados. Se trata de territorios distintos.

¿Hay diagnóstico de lo que ocurre en ese cuadrante, hay propuesta para ese cuadrante? La respuesta es negativa. No lo hay.

Entonces, uno se pregunta si hay forma de hacer participar a la comunidad en ese cuadrante. No la hay; se va a visitarlo, se pregunta qué pasa, se recogen opiniones, pero no hay una concertación de actores para responder en conjunto cómo construir una mejor realidad.

Quiero llamar a ser más constructivo en este tema. Nadie gana transformando esto en un tema de coyuntura inmediatista, diciendo que estamos peor que nunca y que somos incapaces de hacer nada. Es verdad que tenemos dificultades, y debemos enfrentarlas con más creatividad, con mayor capacidad, porque eso es lo único que permitirá que el país resuelva el problema de manera creativa, a partir de su historia y de su propio capital cultural.

He dicho.

El señor SALAS ( Vicepresidente ).-

En el tiempo de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el diputado señor Darío Paya.

El señor PAYA.-

Señor Presidente , ¡olímpicos! Llevamos una hora y media de debate y no hemos escuchado ni una palabra dirigida a responder una acusación precisa, clara, basada en hechos. Cuando digo hechos, me refiero a los números publicados por el Ministerio del Interior, a lo reportado por la prensa y por toda la televisión en forma unánime. Ni una palabra de la autoridad respectiva, del ministro del Interior , del subsecretario.

No hay nada más fácil -discúlpenme la expresión- y barato que hacerse preguntas y contestarse solo. Lo dijimos al principio y lo reiteramos dos veces. No queremos que se coloquen palabras en boca ajena. No hemos dicho que se han inventado datos. Ni siquiera que se ha ocultado información, sino decimos y reiteramos la afirmación que hizo el señor subsecretario, que de buena fe recogió toda la prensa y de buena fe creímos absolutamente todos -así lo reprodujo la televisión-, en cuanto a que había buenas noticias en materia de delincuencia, porque ésta se había estabilizado.

Ello no resiste ningún análisis si se ven las cifras que no mencionó el señor subsecretario y que están en su informe. De ellas se desprende que el último trimestre es el peor de la historia en materia de robos con violencia, robos con fuerza, hurtos, y en general, de delincuencia. Ni una palabra.

Las denuncias que tanto preocupan al diputado señor Montes también han aumentado. La misma encuesta de Paz Ciudadana, que en tantas oportunidades el propio subsecretario señor Correa ha alabado, diciendo que es un instrumento útil, expone que lo que ha aumentado es la cantidad de delitos cometidos, pero no denunciados. El número real es mucho mayor, diputado señor Montes. Ha aumentado el número de delitos que la gente ya ni denuncia. La realidad es peor todavía.

Llevamos una hora y media, y ninguna palabra. ¡Será que no hay explicación!

Creo en la sinceridad de las palabras de los parlamentarios de la Concertación, cuando dicen que están preocupados por el problema de la delincuencia. Es evidente. Nadie duda de eso. Pero cómo no va a ser grave que, de la noche a la mañana, se cambie la forma de entregar información y que tenga el efecto de decir que las cosas están bien, cuando en realidad están peor que nunca. ¡Acaso da lo mismo! ¿Se puede hacer la vista gorda todo el tiempo? ¿Da lo mismo que se abuse de la buena fe?

Lo dijimos hace un par de semanas, a propósito de un tema completamente distinto, pero en el cual la actitud que veíamos enfrente era la misma. Cuando se pierde la capacidad de pedir perdón, de sentir vergüenza, de dar explicaciones, significa que quienes gobiernan están a muy poco tiempo de transformarse en Oposición.

Aquí se cometió un error. Está bien, los tiempos políticos son difíciles. Además, hay una crisis económica. Cualquiera se puede tentar y decir: “Bueno, no vamos a hablar del trimestre, porque éste es muy malo. Vamos a hablar del semestre”. Está mal. No se puede volver a repetir, y lo peor todavía es que ante esta evidencia no haya absolutamente nadie de la Concertación capaz de admitir que éste es un error.

Celebramos el proyecto que está presentando el diputado señor Burgos . Lo vamos a aprobar, porque nos parece que es una manera de impedir que en el futuro se vuelva a manipular la información, se vuelva a abusar de la buena fe, de manera que el subsecretario, el ministro del Interior y todos nosotros, en vez de estar en sesiones como ésta, discutiendo la forma en que se hacen las cosas, estemos concertados en combatir la inseguridad y la delincuencia.

He dicho.

El señor SALAS (Vicepresidente).-

En el tiempo de la UDI, tiene la palabra el diputado señor Darío Paya.

El señor PAYA.-

Señor Presidente , en primer lugar, a propósito del agradecimiento del señor subsecretario, que reconocemos, es pertinente hacer ver que al permitir su ingreso a la Sala y que haga uso de la palabra, no hemos hecho ninguna excepción. Lo que hemos sostenido siempre y de acuerdo con una facultad de la Cámara, es que, en la medida en que los ministros concurran, sus asesores y el señor subsecretario pueden ingresar a la Sala. Nos alegramos de que haya podido estar acá, pero no es una excepción la que se ha hecho.

Ahora bien, el ministro nos ha dicho, básicamente, que ellos entregan las cifras, que cualquiera dice lo que quiere, que todas las interpretaciones son válidas y que en eso consiste la democracia. Es, desde luego, muy conveniente que todos manifiesten sus opiniones; pero en ese ánimo, y contestando directamente a las preguntas que nos han hecho el subsecretario y el ministro , queremos decir que hay cosas que, en nuestra opinión, constituyen manipulación.

Cuando, después de un trimestre malo, se dice que la culpa es de los alcaldes de la UDI, y después de un trimestre bueno, que los planes del Gobierno han sido un éxito, hay manipulación política evidente, casi infantil.

Cuando los trimestres son buenos, los informes se entregan trimestralmente, y cuando son malos, se prefiere diluirlos en informes semestrales. En ello hay manipulación política evidente.

Cuando se nos dice que el temor es un invento y que lo que el país necesita son sicólogos y no carabineros, hay manipulación, y no estamos de acuerdo.

No basta con decir: “Aquí están las cifras y cada uno opine”. Porque la esencia de lo que estamos diciendo es que en este tema no nos podemos dar el lujo de no hablar un lenguaje común; que no nos podemos dar el lujo de pasar a llevar, aun involuntariamente, la buena fe con que todos lo enfrentamos, porque no es un problema de calificar las cosas como uno quiera.

Sucede que, respecto del segundo problema más grave para la gente de este país -después del desempleo-, la delincuencia, se nos está diciendo que, en gran medida, es imaginario; y además, cuando la gente manifiesta que hay crisis, los representantes del Gobierno responden que tenemos un país seguro; cuando la gente dice que hubo secuestro, el Gobierno habla de robo con retención; cuando las cifras del propio Ministerio del Interior señalan que éste es el peor trimestre en materia delictual, el Gobierno expresa que acabamos de presenciar el éxito de los planes Cuadrante y Comuna Segura.

Un señor DIPUTADO.-

Se acabó el tiempo, señor Presidente.

El señor PAYA.-

Pido a los colegas que se tranquilicen. Nos quedan quince minutos, pero vamos a usar tres; no es necesario ocupar más tiempo para decir lo obvio.

A mi juicio, tampoco es un problema de opinión, aunque cualquiera puede dar la suya. Pero cuando el robo con violencia aumenta de 7.900 casos a 9.100 en un trimestre; cuando el robo con fuerza se incrementa de 27.800 casos a más de 30 mil en un trimestre; cuando los hurtos suben de 14 mil casos a más de 16 mil en un trimestre, y cuando a eso se le llama estabilización de la delincuencia, consideramos que no es un problema de interpretación. Nosotros sostenemos que aquí hay una manipulación, lo que es un error, porque así nunca se solucionará el problema de la seguridad ciudadana.

He dicho.

El señor SALAS ( Vicepresidente ).-

Tiene la palabra la diputada señora Pía Guzmán por un minuto.

La señora GUZMÁN (doña Pía) .-

Señor Presidente , por su intermedio deseo aclarar lo siguiente a mi amigo el subsecretario del Interior .

Los delitos de homicidio no son relevantes en estos informes, porque casi el ciento por ciento de ellos no figuran en las cifras de Carabineros, debido a que prácticamente no se denuncian, ya que, cuando se encuentra un cadáver en un lugar determinado, se llama al juez, quien ordena levantarlo. En definitiva, en ese momento los delitos de homicidio quedan reflejados en los expedientes, desde donde se pueden sacar las cifras reales respecto de esos ilícitos, los que, según un último estudio, serían cinco por cada cien mil habitantes.

Por lo tanto, le ruego al subsecretario, por su intermedio, señor Presidente , que corrija esto, con el objeto de tener las cifras verdaderas sobre la materia.

He dicho.

El señor SALAS ( Vicepresidente ).-

Señores diputados, el tiempo ocupado por la señora Pía Guzmán era parte del que le resta a la UDI.

Por otro lado, al Partido Socialista le queda un minuto, que será ocupado por el diputado señor Antonio Leal.

Tiene la palabra su Señoría.

El señor LEAL .-

Señor Presidente , después de las intervenciones del ministro , del subsecretario y de algunos colegas, creo que vale la pena que traslademos esta materia a la Comisión que siempre debió haberla discutido, en lugar de realizar este tipo de sesiones que, en definitiva, instrumentalizan temas que son muy delicados para la opinión pública.

Por lo tanto, propongo que continuemos discutiendo el tema en la Comisión de Seguridad Ciudadana para que sigamos poniéndonos de acuerdo en las cifras. La colega Pía Guzmán ha dado una interpretación de una cifra que me parece interesante analizar; pero hagámoslo en el lugar que corresponde, sin una polémica que transforme el tema en un problema de inseguridad para la población. Creo que debemos dar una fuerte imagen de combate a la delincuencia, de tolerancia cero, de medidas policiales y ciudadanas, de un Chile solidario; de terminar con la pobreza más extrema en este país, del fin de los campamentos; de los doce años de escolaridad, porque todo esto tiene que ver con la derrota de la delincuencia. Y hagámoslo basados en la convicción, como sucede en el mundo, de que en Chile existe un Gobierno serio, capaz, responsable y transparente.

He dicho.