Labor Parlamentaria

VIII. Otros documentos de la Cuenta.

1. Comunicaciones:

-De la Diputada señora Allende y del Diputado señor Tohá quienes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 57 de la Constitución Política de la República y 35 del Reglamento de la Corporación, solicitan autorización para ausentarse del país por un plazo superior a 30 días a contar del 9 de septiembre en curso.

-Del Diputado señor Schaulsohn quien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Reglamento de la Corporación, informa que se ausentará del país por un plazo inferior a 30 días.

2. Oficios:

-De la Comisión Especial Investigadora de la normativa aplicable a los traspasos de acciones de grupos controladores de empresas, como lo ocurrido en Enersis, y el rol de las entidades administradoras de estos casos, por el cual solicita el acuerdo de la Corporación para sesionar simultáneamente con la Sala el 9 de septiembre en curso, de 9 a 13.30 horas.

Contraloría General de la República

- Diputada señora Matthei y Diputados señores Bombal, Elizalde, Balbontín y Luksic, procesos de licitación del servicio de extracción de basura.

-Del Diputado señor Caminondo, presuntas irregularidades cometidas por la alcaldesa de la Comuna de La Unión.

-Del Diputado señor Munizaga, irregularidades en las oficinas de Enami de la comuna de Illapel.

- Diputado señor Taladriz, tramitación de Decreto N° 425 de 1996, Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.

-Del Diputado señor Víctor Pérez, construcción de población Villa Italia en la comuna de Los Ángeles.

-Del Diputado señor Ribera, ítem 53, 69 y 77 del Fndr de los años 1995 y 1996.

-Del Diputado señor García-Huidobro, visita efectuada a la Municipalidad de Olivar.

Ministerio del Interior

-Del Diputado señor Huenchumilla, proyecto de casetas sanitarias sector de Ramberga Bajo, comuna Padre Las Casas.

-Del Diputado señor José García, electrificación rural en comunidades Conoco Chico y Conoco Grande, comuna Temuco.

-Del Diputado señor Rodríguez, relación de caminos provincia de San Felipe, incluidos en el contrato de Conservación Global de Caminos.

Ministerio de Relaciones Exteriores

-Del Diputado señor Huenchumilla, pasos fronterizos de las Novena y Décima Regiones.

Ministerio de Educación

-Del Diputado señor Raúl Urrutia, asignación de desempeño en condiciones difíciles.

-Del Diputado señor Navarro, situación de dos escuelas de la comuna de Florida, Séptima Región.

-De los Diputados señores Ortiz, Gutiérrez, Ojeda, Tohá, Solís, Silva, Makluf y Cornejo, jubilación para profesionales de la educación.

-Del Diputado señor Galilea, complemento de zona en localidad de Melipeuco.

Ministerio de Agricultura

-Del Diputado señor Reyes, exención de pago de tarifas que debe cobrar el SAG.

-Del Diputado señor Rodríguez, campaña de erradicación de la Mosca del Mediterráneo en la Quinta Región.

-Del Diputado señor Munizaga, entrega de recursos de Indap para la reparación de canales en la Cuarta Región.

-De los Diputados señores José García, Rosauro Martínez, Longton, Ramón Pérez, Moreira, Andrés Palma, Latorre y Galilea, entrega información sobre acciones de Indap.

III. ACTAS

La señora SAA (Vicepresidenta).-

El acta de la sesión 34ª se declara aprobada.

El acta de la sesión 35ª queda a disposición de los señores diputados.

IV. CUENTA

La señora SAA ( Vicepresidenta ).-

El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.

-El señor ZÚÑIGA ( Prosecretario ) da lectura a los documentos recibidos en la Secretaría.

V. HOMENAJE

VII. DOCUMENTOS DE LA CUENTA.

1. Mensaje de S.E. el Vicepresidente de la República . Otorga asignación y beneficios que indica a los funcionarios municipales. (boletín Nº 2086-06)

“Honorable Cámara de Diputados:

Someto a vuestra consideración un proyecto de ley que tiene por finalidad establecer una asignación especial y conceder otros beneficios adicionales para los funcionarios de las municipalidades.

Esta iniciativa constituye un nuevo impulso a la acción de modernización de la gestión municipal, en cuanto asume como aspecto fundamental de las instituciones públicas, en este caso de las Municipalidades, el reconocimiento y estímulo a la labor de su personal, lo que implica necesariamente considerar remuneraciones acordes y retributivas de las responsabilidades de los respectivos empleos.

En este contexto, el proyecto crea una nueva asignación, de carácter permanente, de cargo municipal, para los funcionarios que desempeñen cargos de Directivos, de Profesionales, de Jefaturas, de Técnicos, de Administrativos y de Auxiliares en la administración municipal, por los montos que para cada grado señalen, conforme a acuerdos habidos entre la Asociación Chilena de Municipalidades y la Confederación Nacional de Funcionarios Municipales de Chile, que el Ejecutivo ha estimado pertinente recoger en sus mismos términos en el presente proyecto de ley.

Por otra parte, se establece una bonificación única, también de cargo municipal, que se pagará por una sola vez, por igual monto y sin distinción, para los mismos funcionarios municipales señalados anteriormente.

Finalmente, la presente iniciativa consagra una indemnización especial, compatible con la jubilación, de un mes de remuneración por cada año de servicios en la administración municipal, o fracción superior a seis meses, con un tope máximo de seis años, sólo para aquellos funcionarios municipales que, reuniendo las condiciones y requisitos para jubilar, se acojan a jubilación durante los primeros seis meses de vigencia de esta ley. Esta misma iniciativa faculta a las municipalidades para acordar con los mismos funcionarios una indemnización suplementaria. Ésta en conjunto con la anterior, no podrá exceder de 11 meses de remuneración; debe ser impetrada durante los seis primeros meses de entrada en vigencia de esta ley, y su monto será acordado por las partes. Ambas indemnizaciones serán financiadas con cargo a los presupuestos de cada municipalidad.

Cabe destacar que este proyecto constituye uno de los contenidos principales del “Acuerdo para la Modernización Municipal”, que el Gobierno, la Asociación Chilena de Municipalidades y la Confederación Nacional de Funcionarios Municipales de Chile suscribieron el pasado 21 de marzo, en el cual las instancias respectivas acordaron un conjunto de materias relativas a la modernización del sistema de administración del personal municipal.

Resulta pertinente señalar además, que tanto el Acuerdo referido como los contenidos específicos de la presente iniciativa, se enmarcan en la discusión del proyecto de reforma constitucional “sobre administración comunal” que se someterá a ratificación del Congreso Pleno el próximo 11 de octubre. Dicho proyecto, entre otras materias, consagra en el nuevo artículo 110 la facultad municipal de crear y suprimir empleos y determinar sus remuneraciones. De esta forma, una vez ratificada dicha reforma constitucional, el Ejecutivo ingresará a trámite legislativo un proyecto de ley que regule las nuevas facultades consagradas en el señalado artículo 110, recogiendo en dicha iniciativa los criterios establecidos en el referido “Acuerdo para la Modernización Municipal.”

Asimismo, esta iniciativa en materia de beneficios económicos para el personal municipal, constituye un complemento necesario de la modernización del sistema municipal que se propone en el proyecto de reforma a Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, y que conoce actualmente el honorable Senado.

Por último, para efectos de contribuir al financiamiento de la asignación y beneficios propuestos para el personal municipal, el gobierno efectuará un aporte al sistema municipal, vía Fondo Común Municipal, de 7.500 millones de pesos durante el año en curso y de 6.250 millones de pesos durante el año 1998. Sin perjuicio de lo anterior, el mayor gasto que represente la aplicación de la presente ley, tanto para los años 1997 y 1998 como su total financiamiento a partir de 1999, serán de cargo exclusivamente municipal.

En consecuencia, tengo el honor de someter a la consideración de esa honorable Cámara de Diputados, para ser tratado en la actual Legislatura Ordinaria de Sesiones del Congreso Nacional, el siguiente:

PROYECTO DE LEY:

“Artículo 1º.- Otórgase, a contar del 1º de enero de 1997, a los trabajadores regidos por el Título II del Decreto Ley Nº 3.551, de 1980, con excepción del Alcalde , una asignación mensual, imponible y tributable, de cargo municipal, según los grados y montos que a continuación se indican:

Grados Monto

3º al 5º $ 10.000

6º al 11º $ 11.500

12º al 20º $ 19.000

Artículo 2º.- Concédese, por una sola vez, al personal de las municipalidades señalado en el artículo precedente, que se encuentre en servicio a la fecha de publicación de esta ley, un bono especial único, de cargo municipal, de un monto de $ 20.000.- (veinte mil pesos), que se pagará dentro del mes siguiente a la entrada en vigencia de la presente ley.

Artículo 3º.- Los funcionarios municipales que, reuniendo las condiciones y requisitos para jubilar, se acogieren a jubilación durante los seis meses siguientes a entrada en vigencia de la presente ley, tendrán derecho a una indemnización equivalente a la última remuneración por cada año de servicios en la administración municipal, o fracción superior a seis meses, con un tope máximo de seis años, de financiamiento municipal.

Sin perjuicio de lo anterior, el Alcalde , previo acuerdo del Concejo Municipal, podrá acordar con cualesquiera de los funcionarios a que se refiere el inciso anterior en las condiciones y dentro del período señalado, una indemnización suplementaria, también de cargo municipal, la que en conjunto con la establecida en el inciso precedente, no podrá sobrepasar los años de servicio prestados en la administración municipal, ni ser superior a once meses.

Artículo 4º.- Las municipalidades que se encuentren excedidas en la restricción del gasto máximo en personal, dispuesta en el artículo 1º de la Ley Nº 18.294 y en el artículo 67 de la Ley Nº 18.382, no estarán obligados a ajustarse a ella en razón de la aplicación de esta ley, pero no podrán aumentar los márgenes de exceso.

Artículo 5º.- El mayor gasto que irrogue el pago de los beneficios establecidos en la presente ley, durante los años 1997 y 1998, como asimismo su total financiamiento a partir del año 1999, serán de cargo exclusivamente municipal.

Artículo 6º.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, para los efectos de contribuir al financiamiento de los beneficios establecidos en esta ley, el Fisco aportará al sistema municipal M$ 7.500.000.- (siete mil quinientos millones de pesos) durante el año 1997 y M$ 6.250.000.- (seis mil doscientos cincuenta millones de pesos) en el año 1998, con cargo a la partida “Tesoro Público” de la Ley de Presupuesto de la Nación de cada año, los cuales se distribuirán entre las municipalidades de acuerdo a los coeficientes de distribución del Fondo Común Municipal.

Artículo 7º.- El mayor gasto fiscal que represente la aplicación de la presente ley para el año 1997, se financiará con cargo a asignaciones presupuestarias del Presupuesto de la Nación.”.

Dios guarde a V.E.

(Fdo.): CARLOS FIGUEROA SERRANO , Vicepresidente de la República ; BELISARIO VELASCO BARAONA , Ministro del Interior (S); EDUARDO ANINAT URETA , Ministro de Hacienda .”

2. Oficio de S.E. el Vicepresidente de la República.

“Honorable Cámara de Diputados:

En uso de las facultades que me confiere el artículo 71 de la Constitución Política de la República, hago presente la urgencia en el despacho, en todos sus trámites constitucionales -incluyendo el que corresponde cumplir en el honorable Senado- respecto del proyecto de ley que crea régimen de jornada escolar completa diurna y dicta normas para su aplicación. (Boletín Nº 1906-04).

Para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la Ley Nº 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, califico de “suma” la referida urgencia.

Dios guarde a V.E.,

(Fdo.): CARLOS FIGUEROA SERRANO , Vicepresidente de la República ; JUAN VILLARZÚ ROHDE , Ministro Secretario General de la Presidencia .”

3. Oficio de S.E. el Vicepresidente de la República.

“Honorable Cámara de Diputados:

Tengo a bien poner en conocimiento de V.E. que he resuelto retirar la urgencia que hiciera presente para el despacho del proyecto de ley, iniciado en Moción de los Diputados señora Mariana Aylwin y señores Andrés Chadwick ; Rubén Gajardo ; Harry Jürgensen ; Pablo Longueira ; Carlos Montes ; José Miguel Ortiz ; Andrés Palma ; Joaquín Palma y Ramón Pérez que suspende la inscripción de taxis en el Registro Nacional de Servicio de Transportes de Pasajeros . (Boletín Nº 2074-15).

Dios guarde a V.E.

(Fdo.): CARLOS FIGUEROA SERRANO , Vicepresidente de la República ; JUAN VILLARZÚ ROHDE , Ministro Secretario General de la Presidencia .”

4. Oficio del Senado.

“Valparaíso, 4 de septiembre de 1997

Tengo a honra comunicar a V.E., que el Senado ha dado su aprobación al proyecto de ley de esa honorable Cámara que crea el Régimen de Jornada Escolar Completa Diurna y dicta normas para su aplicación, con las siguientes modificaciones:

Artículo 1º

Lo ha consignado como artículo 19, sin modificaciones.

Artículo 2º

Ha pasado a ser artículo 1º.

Ha sustituido, en el inciso primero, la alusión al “decreto con fuerza de ley Nº 5, del Ministerio de Educación, de 1993” por “decreto con fuerza de ley Nº 2, del Ministerio de Educación, de 1996”.

Ha agregado los siguientes incisos tercero y cuarto, nuevos:

“Asimismo, podrán exceptuarse de la obligación señalada en el inciso primero los establecimientos de educación básica y media que así lo soliciten, y siempre que hubieren demostrado altos niveles de calidad, durante a lo menos dos mediciones consecutivas, de acuerdo a los resultados obtenidos en las pruebas nacionales de medición de la calidad de la educación efectuadas entre 1995 y 2001.

No obstante, los establecimientos que se acojan a lo dispuesto en el inciso anterior, a contar del año 2002 deberán mantener en forma permanente los niveles de calidad que permitieron, a su respecto, la aplicación de esta norma. En caso contrario, deberán incorporarse al régimen de jornada escolar completa diurna, en un plazo no superior a tres años, contado desde aquél en el cual el Ministerio de Educación verifique y comunique los resultados de una segunda medición consecutiva en la que nuevamente no hubieren obtenido altos niveles de calidad.”.

Artículo 3º

Ha pasado a ser artículo 2º.

Ha reemplazado, en su encabezamiento, la alusión al “decreto con fuerza de ley Nº 5, del Ministerio de Educación, de 1993” por “decreto con fuerza de ley Nº 2, del Ministerio de Educación, de 1996”.

Número 1

Letra A)

Ha sustituido el párrafo segundo de la letra d), por el siguiente:

“Durante la vigencia del respectivo año escolar, los sostenedores y/o directores de establecimientos no podrán cancelar la matrícula o suspender o expulsar alumnos por causales que se deriven, exclusivamente, de la situación socioeconómica o del rendimiento académico de éstos;”.

Letra B)

Ha sustituido en la letra a), del inciso segundo propuesto, el punto final (.), que sigue a la palabra “minutos”, por un punto y coma (;).

Ha sustituido la letra b), por la siguiente:

“b) Un tiempo semanal y el tiempo diario de permanencia de los alumnos en el establecimiento que permita la adecuada alternancia del trabajo escolar con los recreos y su alimentación, y el mayor tiempo que éstos representen, en conformidad a las normas que se señalen en el reglamento, y”.

Ha suprimido la letra c) y el inciso final.

Ha agregado la siguiente letra c), nueva:

“c) Asegurar que dentro de las actividades curriculares no lectivas, los profesionales de la educación que desarrollen labores docentes y tengan una designación o contrato de 20 o más horas cronológicas de trabajo semanal en el establecimiento, destinen un tiempo no inferior a dos horas cronológicas semanales, o su equivalente quincenal o mensual, para la realización de actividades de trabajo técnico-pedagógico en equipo, tales como perfeccionamiento, talleres, generación y evaluación de proyectos curriculares y de mejoramiento educativo.”.

Número 2

Lo ha reemplazado por el siguiente:

“2. Intercálanse, en el artículo 9º, los siguientes incisos nuevos, a continuación del primero, alterándose la numeración de los restantes incisos en la forma que corresponda:

“En el caso de los establecimientos educacionales que operen bajo el régimen de jornada escolar completa diurna, el valor unitario mensual por alumno, para los niveles y modalidades de enseñanza que se indican, expresado en unidades de subvención educacional (U.S.E.), será el siguiente:

ENSEÑANZA QUE IMPARTE VALOR DE LA

EL ESTABLECIMIENTO SUBVENCIÓN EN U.S.E.

^@#@^Educación General Básica 3º a 8º años 1,8624

Educación Media Humanístico-Científica 2,2341

Educación Media Técnico-Profesional Agrícola y Marítima 3,0448

^@#@^Educación Media Técnico-Profesional Industrial 2,3634

^@#@^Educación Media Técnico-Profesional Comercial y Técnica 2,2341

Los valores de la unidad de subvención educacional señalados en el inciso anterior y en el inciso sexto de este artículo, incluyen el incremento señalado en el inciso primero del artículo 5º de la ley Nº 19.504.

Para los establecimientos que estén funcionando o que ingresen al régimen de jornada escolar completa diurna desde el inicio del año escolar 1998, el valor unitario de la subvención por alumno que se señala en el inciso segundo, se incrementará conforme a lo establecido en el inciso tercero del artículo 5º de la ley Nº 19.504. Para este efecto, los valores de subvención expresados en unidades de subvención educacional (U.S.E.), que en dicho artículo se señalan, serán reemplazados por los siguientes, y se dividirán por el factor “1” más el porcentaje de reajuste general de remuneraciones del sector público de diciembre de 1997, dividido por 100, si lo hubiere:

ENSEÑANZA QUE IMPARTE VALOR DE LA

EL ESTABLECIMIENTO SUBVENCIÓN EN U.S.E.

^@#@^Educación General Básica 3º a 8º años 0,1009

Educación Media Humanístico-Científica 0,1210

Educación Media Técnico-Profesional Agrícola y Marítima 0,1649

^@#@^Educación Media Técnico-Profesional Industrial 0,1280

^@#@^Educación Media Técnico-Profesional Comercial y Técnica 0,1210

Los establecimientos educacionales rurales de educación general básica, a que se refieren los incisos segundo y octavo del artículo 12 de este decreto con fuerza de ley, con cursos multigrados, también podrán funcionar de acuerdo al régimen de jornada escolar completa diurna para los alumnos correspondientes a los niveles de enseñanza de 1º y 2º años básicos. En este caso, tendrán derecho a percibir por estos alumnos la subvención establecida en el inciso segundo para la educación general básica de 3º a 8º años, incrementada en la forma que se establece en el inciso anterior.

Los establecimientos educacionales que impartan educación general básica especial diferencial de 3º a 8º años, o su equivalente, correspondientes a las discapacidades que el reglamento autorice para operar bajo el régimen de jornada escolar completa diurna, tendrán derecho a percibir, en caso de funcionar bajo el referido régimen, una subvención mensual cuyo valor unitario por alumno, expresado en unidades de subvención educacional (U.S.E.), será de 5,6602.

El valor que se señala en el inciso anterior se incrementará desde su vigencia, para los efectos de la ley Nº 19.504, en 0,3066 unidades de subvención educacional (U.S.E.), dividido por el factor “1” más el porcentaje de reajuste general de remuneraciones del sector público de diciembre de 1997, dividido por 100, si lo hubiere.

Los establecimientos educacionales subvencionados diurnos de educación general básica que atiendan a alumnos de 1º y 2º años de mayor vulnerabilidad, lo que se determinará de acuerdo a un reglamento, mediante normas de carácter general, y que extiendan su jornada diaria de atención para adecuarse a lo establecido en el artículo 6º, tendrán derecho a percibir por ellos la subvención establecida en el inciso segundo de este artículo, para la educación general básica de 3º a 8º años, incrementada en la forma que se establece en el inciso cuarto.”.”.

Número 3

Lo ha sustituido por el siguiente:

“3. Intercálanse, en el artículo 12, los siguientes incisos quinto y sexto, pasando sus actuales incisos quinto a séptimo, a ser séptimo a noveno, respectivamente:

“Los establecimientos educacionales rurales a que se refiere el inciso anterior, que se incorporen al régimen de jornada escolar completa diurna, percibirán una subvención mínima de 52 unidades de subvención educacional (U.S.E.), más el incremento a que se refiere el artículo 11.

No obstante, no corresponderá la subvención mínima establecida en los dos incisos precedentes, a los establecimientos educacionales que superen la matrícula de 17 alumnos o pierdan su condición de estar ubicados en zonas de aislamiento geográfico, sin perjuicio del derecho que tengan para percibir la subvención que corresponde a los establecimientos rurales por conservar su condición de tales. El Ministro de Educación o el Secretario Regional Ministerial , en su caso, deberá dictar el decreto o resolución que prive a estos establecimientos del derecho a percibir la subvención mínima a que se refieren estos incisos.”.”.

Número 4

Ha intercalado en el encabezamiento del inciso primero del artículo 14 bis propuesto, a continuación de la palabra “diurna”, la frase “expresado en unidades de subvención educacional (U.S.E.)” precedida de una coma (,), y ha reemplazado la tabla que sigue a continuación, por la siguiente:

ENSEÑANZA QUE IMPARTE VALOR DE LA

EL ESTABLECIMIENTO SUBVENCIÓN EN U.S.E.

Educación Parvularia (segundo nivel de transición)

y Educación General Básica (1º a 8º años) 0,5177

^@#@^Educación Básica Especial Diferencial 1,5674

Educación Media Humanístico-Científica 0,5792

Educación Media Técnico-Profesional Agrícola y Marítima 0,8688

^@#@^Educación Media Técnico-Profesional Industrial 0,6730

^@#@^Educación Media Técnico-Profesional Comercial y Técnica 0,6014

Ha sustituido, en el inciso segundo del artículo 14 bis propuesto, la referencia al “artículo 34” por “artículo 36”, y el monto “$16.634” por “1,8019 unidades de subvención educacional (U.S.E.)”.

Ha suprimido el inciso tercero del artículo 14 bis propuesto.

Ha sustituido en el inciso cuarto del artículo 14 bis, que ha pasado a ser tercero, la expresión “antes del 15” por “durante el mes”.

Ha intercalado a continuación del inciso quinto del artículo 14 bis propuesto, que ha pasado a ser cuarto, el siguiente, nuevo:

“A la subvención a que se refiere este artículo, no le serán aplicables los artículos 11 y 12 y cualquier otro incremento establecido en esta ley.”.

Ha eliminado los inciso octavo y noveno del artículo 14 bis propuesto.

-o-

Ha consultado, a continuación del numeral 4, el siguiente 5, nuevo:

“5. Agrégase, antes del punto final con el cual termina la denominación del Título II, la siguiente frase: “y del sistema de becas”.”.

-o-

Número 5

Ha pasado a ser número 6.

Ha sustituido el primero de los incisos que este numeral agrega al artículo 24 por los siguientes:

“Los sostenedores de los establecimientos educacionales regidos por este Título, eximirán total o parcialmente del pago de los valores que mensualmente se deban efectuar, a los alumnos que se determine conforme a un sistema de exención de los cobros mensuales. Las bases generales para dicho sistema de exención, contenidas en un reglamento interno, se darán a conocer a los padres y apoderados del establecimiento, antes del 30 de agosto del año anterior a su incorporación al sistema de financiamiento compartido, o al momento de requerir su acuerdo, en el caso señalado en el artículo anterior, según corresponda.

Las bases generales del sistema de exención a que se refiere el inciso precedente, deberán establecer los criterios y procedimientos objetivos que se utilizarán para seleccionar a los alumnos beneficiarios.

Con todo, a lo menos las dos terceras partes de las exenciones se otorgarán atendiendo exclusivamente a las condiciones socioeconómicas de los alumnos y su grupo familiar.

La calificación de las condiciones socioeconómicas y la selección de los beneficiarios será efectuada por el sostenedor, el que implementará, para estos efectos, un sistema que garantice la transparencia.

Las exenciones que se concedan mediante este sistema, deberán mantenerse, a lo menos, hasta el término del año escolar respectivo.

Para el objeto de acreditar el cumplimiento de este artículo, el sostenedor deberá enviar copia del reglamento señalado al Departamento Provincial de Educación correspondiente.”.

-o-

Ha consultado, a continuación del numeral 5, que pasa a ser 6, el siguiente nuevo:

“7. Modifícase el artículo 25 de la siguiente forma:

a) Intercálase en el inciso primero del artículo 25, entre las palabras “ley” y “las”, la siguiente frase, precedida y seguida de una coma (,): “obtenida en los términos señalados en los artículos 13 y 14”.

b) Reemplázase en la letra a) del mismo inciso, el guarismo “0,5%” por “0,5”, y

c) Agrégase el siguiente inciso segundo:

“En los establecimientos educacionales que reciben su subvención incrementada por efectos de la aplicación del artículo 11, la resta a la subvención que se establece en este artículo se efectuará después de haberse calculado dicho incremento.”.”.

-o-

Número 6

Ha pasado a ser número 8, reemplazado por el siguiente:

“8. Agréganse los siguientes incisos al artículo 26:

“Simultáneamente, el sostenedor deberá informar al respecto, mediante comunicación escrita, a los padres y apoderados, dándoles a conocer también junto con la propuesta educativa, el sistema de exenciones de cobro a que se refiere el artículo 24 y una indicación precisa del monto inicial de cobro y el máximo de reajustabilidad por sobre el Índice de Precios al Consumidor (I.P.C.) o de la variación de la unidad de subvención educacional (U.S.E.), que se aplicará durante los tres años siguientes. Asimismo, a partir del año de vigencia del cobro inicial, el sostenedor podrá fijar el valor de cobro del nuevo trienio, pero deberá respetar el sistema de reajustabilidad ya determinado para los dos primeros años. En ningún caso, podrá modificar lo informado para ese período.

Se deberá comunicar a la Secretaría Regional Ministerial respectiva los montos de cobros anuales, antes del 30 de octubre de cada año.

El establecimiento deberá informar anualmente a la comunidad, con copia al Ministerio de Educación, sobre la forma en que se utilizaron los recursos, el avance del proyecto educativo y su contribución al mejoramiento de la calidad de la educación, pudiendo los padres y apoderados, en todo momento, formular ideas y proposiciones al respecto. La comunicación al Ministerio de Educación sólo tendrá por objeto acreditar el cumplimiento de esta obligación.

El establecimiento deberá señalar en todo su material informativo y actividades de difusión, el hecho de estar acogido al sistema de financiamiento compartido.

Asimismo, los establecimientos educacionales acogidos a este Título, podrán retirarse de este sistema, debiendo formalizar tal decisión en la misma forma y plazos que establecen los incisos precedentes.”.”.

-o-

Ha agregado, a continuación, los siguientes números 9 y 10, nuevos:

“9. Agrégase el siguiente artículo 26 bis:

“Artículo 26 bis.- El sistema de exención de pago a que se refiere el artículo 24, será financiado de la siguiente manera:

A) Con un aporte del sostenedor del establecimiento, consistente en un porcentaje aplicado a la recaudación recibida de los padres y apoderados, cuyo monto mínimo se calculará según el cobro mensual promedio, en conformidad a la siguiente tabla:

-5% de lo que no exceda de 1 U.S.E.;

-7% de lo que exceda de 1 U.S.E. y no sobrepase 2 U.S.E., y

-10% de lo que exceda de 2 U.S.E. y no sobrepase 4 U.S.E.

B) Con la entrega al sostenedor de la cantidad que le habría sido descontada de la subvención, de acuerdo a la siguiente tabla:

-100% del descuento practicado a la subvención a los establecimientos con un cobro mensual promedio entre 0,5 y 1 U.S.E.;

-50% del descuento practicado a la subvención a los establecimientos con un cobro mensual promedio superior a 1 U.S.E. e inferior o igual a 2 U.S.E., y

-20% del descuento practicado a la subvención a los establecimientos con un cobro mensual promedio superior a 2 U.S.E. e inferior o igual a 4 U.S.E.”.

10. Agrégase el siguiente artículo décimo transitorio, nuevo:

“Artículo Décimo Transitorio.- Los establecimientos ya acogidos al sistema que establece el Título II, deberán aplicar lo establecido en los artículos 24 y siguientes de esta ley, debiendo poner a disposición de los padres y apoderados la información a que se refieren dichas normas, a contar de su vigencia o, en todo caso, antes de comenzar el nuevo proceso de matrículas.”.”.

-o-

Artículo 4º

Ha pasado a ser artículo 3º.

Ha sustituido, en el inciso segundo, la alusión al “decreto con fuerza de ley Nº 5, del Ministerio de Educación, de 1993” por “decreto con fuerza de ley Nº 2, del Ministerio de Educación, de 1996”.

Artículo 5º

Ha pasado a ser artículo 4º, reemplazado por el siguiente:

“Artículo 4º.- Los sostenedores de establecimientos educacionales a que se refiere el artículo 1º, cuya planta física resulte insuficiente para incorporarse con la totalidad de sus alumnos al régimen de jornada escolar completa diurna entre el inicio del año escolar de 1998 y el inicio del año escolar de 2002, podrán percibir, a partir del 1º del mes siguiente a la fecha de publicación de esta ley, un aporte suplementario por costo de capital adicional. Dicho aporte consistirá en un monto de recursos que se entregará en una o más cuotas, dependiendo del monto del mismo, durante un período de hasta quince años. El aporte deberá ser destinado a la construcción de nuevos establecimientos, a la adquisición o arriendo de inmuebles construidos, a la habilitación, adecuación o ampliación de locales existentes, o a la adquisición de equipamiento y mobiliario. El aporte no podrá ser utilizado para la adquisición o arriendo de terrenos.

Los sostenedores de establecimientos educacionales que sean beneficiarios de este aporte deberán garantizar su funcionamiento como tales hasta por un plazo de cincuenta años, en conformidad con el artículo 8º.

Tratándose de sostenedores que no sean propietarios del inmueble en que funciona el establecimiento educacional, para acceder a la entrega del aporte deberán acompañar el instrumento público correspondiente, debidamente inscrito en el Conservador de Bienes Raíces respectivo, que lo habilita para destinarlo a dicho uso por un período mínimo de cinco años.

El aporte se determinará según el costo del proyecto presentado por el sostenedor y el monto del financiamiento solicitado por éste, el cual no podrá exceder de los valores máximos que por concepto de aporte fije el reglamento.

Dichos valores máximos serán fijados en el reglamento de acuerdo con el número de alumnos que no puedan ser atendidos en los establecimientos en situación deficitaria, el tipo de obra requerida, la modalidad de adquisición o arriendo de inmuebles construidos, la ubicación geográfica del establecimiento y la modalidad de entrega del aporte, el cual será fijado en unidades tributarias mensuales, a la fecha que establezcan las bases de cada concurso.

El aporte establecido en el presente artículo no estará afecto a ningún tributo de la Ley sobre Impuesto a la Renta.

Para efectos de la determinación de este aporte, se entenderá que un establecimiento educacional se encuentra en situación deficitaria, cuando la totalidad de sus alumnos matriculados entre tercer año de educación general básica y cuarto año de educación media, al mes de junio del año escolar anterior al de la presentación de la solicitud respectiva, no pueda ser atendido bajo el régimen de jornada escolar completa diurna en razón de la disponibilidad de aulas, servicios básicos o mobiliario.

Se considerarán, asimismo, como establecimientos en situación deficitaria aquéllos a que se refieren los incisos quinto y octavo del artículo 9º del decreto con fuerza de ley Nº 2, del Ministerio de Educación, de 1996, cuando, por las mismas razones señaladas en el inciso anterior, no puedan atender a sus alumnos matriculados en 1º y 2º años básicos bajo el régimen de jornada escolar completa diurna.

La Ley de Presupuestos de cada año, en el Presupuesto del Ministerio de Educación, contemplará los recursos que se destinen al aporte por costo de capital adicional, a que se refiere este artículo.”.

Artículo 6º

Ha pasado a ser artículo 5º, sustituido por el siguiente:

“Artículo 5º.- Podrán acceder al aporte a que se refiere el artículo anterior, los sostenedores de los establecimientos educacionales de atención diurna que, al 30 de junio de 1997, se encontraren operando bajo el régimen de doble jornada.

El aporte suplementario por costo de capital adicional, en caso de concederse, será entregado de acuerdo con las modalidades, condiciones y plazos que se fijen en el convenio que, conforme al artículo 8º, se firme entre el Ministerio de Educación y el sostenedor. A solicitud del sostenedor, dicho Ministerio podrá entregar un anticipo de hasta un 25% del aporte aprobado. El convenio a que se refiere el artículo 8º establecerá los mecanismos de seguimiento de los recursos entregados y las garantías que correspondan. La entrega del aporte no anticipado se efectuará sobre la base del cumplimiento efectivo del programa contemplado en los contratos respectivos, pudiendo suspenderse en cualquier momento ante su incumplimiento o modificación injustificada. En ningún caso la totalidad del aporte podrá ser entregado antes de la recepción municipal satisfactoria de las obras.

El Ministerio de Educación podrá entregar, mediante certificados, la parte no anticipada de dichos aportes a los sostenedores, en conformidad a lo estipulado en el convenio a que se refiere el artículo 8º, quienes los podrán ceder o constituir en garantía a terceros por endoso, según lo que se establezca en el reglamento.

En el caso de arrendamiento de inmuebles construidos, el aporte se otorgará por un máximo de quince años y se calculará en relación con el número de alumnos que, en conformidad con lo dispuesto en los incisos séptimo y octavo del artículo anterior, no puedan ser atendidos bajo el régimen de jornada escolar completa diurna. La entrega del aporte se efectuará en cuotas trimestrales, debiendo el sostenedor acreditar durante los años quinto y décimo la prórroga del contrato de arriendo vigente por un nuevo plazo de cinco años, o bien, un nuevo contrato por cinco años que asegure la continuidad de funcionamiento del establecimiento educacional hasta completar el plazo de quince años por el cual se le entregará el aporte.

Podrán, de la misma forma, postular al aporte suplementario por costo de capital adicional los sostenedores que, entre el inicio del año escolar de 1998 y el inicio del año escolar del 2001, instalen nuevos establecimientos bajo el régimen de jornada escolar completa diurna, en comunas o localidades en que la capacidad de los establecimientos educacionales existentes sea insuficiente para atender a la población en edad escolar correspondiente. El proyecto respectivo deberá contar con la recomendación técnica del organismo regional o nacional, según corresponda, del Ministerio de Planificación y Cooperación, en la cual se certificará dicha insuficiencia. En tal caso, el aporte suplementario por costo de capital adicional será equivalente al 50% del costo del proyecto recomendado por ese Ministerio, de acuerdo a los valores máximos que se establezcan en el reglamento a que se refiere el inciso quinto del artículo 4º.

En el caso de los establecimientos regidos por el Título II del decreto con fuerza de ley Nº 2, del Ministerio de Educación, de 1996, que funcionen en el régimen de jornada escolar completa diurna, se aplicará un descuento sobre este aporte equivalente al porcentaje que hubiere representado el descuento señalado en el artículo 25, en relación a la subvención del inciso segundo del artículo 9º, al practicarse el ajuste dispuesto en el artículo 33, correspondiente al último año, todos del mismo cuerpo legal.”.

Artículo 7º

Ha pasado a ser artículo 6º, reemplazado por siguiente:

“Artículo 6º.- Los establecimientos subvencionados afectos al Título I del decreto con fuerza de ley Nº 2, del Ministerio de Educación, de 1996, que habiendo recibido el aporte a que se refiere el artículo 4º pasaren a regirse por las normas del Título II, estarán afectos a un descuento o reembolso equivalente a los porcentajes señalados en el inciso cuarto del artículo 5º. Para estos efectos, se determinará:

a) El equivalente anual del aporte convenido, expresado en unidades de subvención educacional (U.S.E.), considerando un plazo de quince años y una tasa de interés igual al promedio de las tasas del mercado hipotecario del sistema bancario, a ese mismo plazo, que se contará desde la fecha de la total tramitación de la resolución que apruebe el convenio;

b) El equivalente anual del aporte que le hubiere correspondido, expresado en unidades de subvención educacional (U.S.E.), si a la fecha de la total tramitación de la resolución que aprueba el convenio hubiese estado regido por el Título II ya citado, aplicando el mismo plazo y tasa de interés consignado en la letra anterior, y

c) El monto que será descontado o reembolsado, según corresponda, será la diferencia resultante entre los valores establecidos en las letras a) y b) precedentes.

A los establecimientos subvencionados afectos al Título II del decreto con fuerza de ley Nº 2, del Ministerio de Educación, de 1996, que varíen los valores que cobran a los padres y apoderados, se les aplicará el mismo porcentaje de descuento o de reembolso a que se refiere el inciso final del artículo 5º. Para estos efectos, se determinará:

a) El equivalente anual del aporte convenido, expresado en unidades de subvención educacional (U.S.E.), considerando un plazo de quince años, que comenzará a contarse desde la fecha de la total tramitación de la resolución aprobatoria del convenio, y una tasa de interés igual al promedio de las tasas del mercado hipotecario del sistema bancario a ese mismo plazo;

b) El equivalente anual del aporte que le hubiere correspondido, expresado en unidades de subvención educacional (U.S.E.), si a la fecha de la total tramitación de la resolución que aprueba el convenio, hubiesen estado vigentes los nuevos cobros a padres y apoderados. Si este cobro superare el monto de las cuatro unidades de subvención educacional (U.S.E.) mensuales por alumno, establecidas en el artículo 24 de ese decreto con fuerza de ley, el equivalente anual será igual a cero, y

c) El monto que será descontado o reembolsado, según corresponda, será la diferencia resultante entre los valores establecidos en las letras a) y b) precedentes.

Los descuentos o reembolsos indicados en los incisos anteriores se materializarán de acuerdo con los términos que se establezcan en el convenio que se indica en el artículo 8º, a partir de la fecha en que el establecimiento comenzó a regirse por las normas del Título II, o desde aquélla en que el sostenedor modificó el monto de los cobros a los padres y apoderados, no pudiendo, en ningún caso, exceder de quince años el plazo para el pago, contado desde que le fue concedido el aporte.”.

-o-

Ha consultado el siguiente artículo 7º, nuevo:

“Artículo 7º.- Habrá un sistema de concurso, que será administrado por el Ministerio de Educación, para diferentes tipos de proyectos de infraestructura, que cumplan con las exigencias técnicas establecidas en la normativa vigente, las que serán exigibles a la firma del convenio respectivo. El reglamento regulará el sistema y los mecanismos en virtud de los cuales los sostenedores podrán postular al aporte que se establece en el artículo 4º, y la forma como serán ponderados los factores que se indican para la selección de los proyectos.

Será responsabilidad del Ministerio de Educación elaborar las bases y efectuar los llamados para concurso, pudiendo considerar para ello los criterios y ponderaciones de los aspectos que se fijan en el inciso tercero de este artículo que sean propuestos por los Gobiernos Regionales; evaluar los antecedentes presentados; publicar los resultados preliminares de los proyectos preseleccionados; atender los reclamos, y requerir antecedentes definitivos.

En cada concurso que se convoque la selección de los proyectos presentados por los sostenedores se realizará conforme a un sistema de puntaje, resultante de la ponderación de uno o más de los aspectos que a continuación se señalan, de acuerdo a lo que se establezca en el reglamento de esta ley:

a) Vulnerabilidad socioeconómica o educativa de los alumnos del establecimiento;

b) Monto del aporte solicitado por alumno que se incorporará al régimen de jornada escolar completa diurna;

c) Calidad técnica, pedagógica, económica, social y ambiental de los proyectos, y

d) Porcentaje de financiamiento propio ofrecido por el sostenedor, en relación con el costo total del proyecto, tanto para su ejecución, como para mejoramientos adicionales.

Para la construcción de nuevos establecimientos educacionales y de ampliaciones mayores por parte de municipalidades o corporaciones municipales, será necesario contar con la recomendación técnica del organismo regional o nacional, según corresponda, del Ministerio de Planificación y Cooperación. En el caso de proyectos similares presentados por sostenedores de establecimientos particulares subvencionados, dicha recomendación técnica será opcional.

El Ministro de Educación resolverá la adjudicación de los proyectos, emitiendo, mediante resolución, el listado definitivo de los adjudicatarios y los montos fijados para cada uno de ellos.

El Presidente de la República mediante decreto fundado podrá establecer distintas modalidades de asignación o de aumento del aporte, en caso de necesidad pública o de situaciones de emergencia o fuerza mayor.”.

-o-

Artículo 8º

Lo ha sustituido por el siguiente:

“Artículo 8º.- Para acceder al aporte, el sostenedor que haya sido declarado adjudicatario en virtud del concurso que se indica en el artículo anterior, deberá suscribir un convenio con el Ministerio de Educación, que se aprobará por resolución de esta Secretaría de Estado, en el cual se establecerán los derechos y obligaciones de las partes, el que deberá ser reducido a escritura pública por el sostenedor y a su costa. La no suscripción del convenio o la no reducción de la resolución aprobatoria del mismo a escritura pública, dentro del plazo establecido en las bases, hará caducar de pleno derecho el aporte obtenido, salvo circunstancias que no le sean imputables.

Entre las obligaciones del sostenedor estará la de incorporarse al régimen de jornada escolar completa diurna. Esta obligación será exigible, en el caso de adquisición o arriendo de inmuebles, tan pronto el sostenedor haya recibido el aporte y, en el caso de ampliación, habilitación o construcción, lo será desde la recepción municipal final de las obras, trámite que deberá iniciarse dentro del plazo que disponga el convenio. En ambas situaciones la incorporación al régimen de jornada escolar completa diurna podrá postergarse, como máximo, al inicio del año escolar siguiente a aquél en que se haya hecho exigible.

Al momento de la suscripción del convenio el sostenedor deberá acreditar que cuenta con los permisos municipales que sean exigibles.

En el convenio se deberá estipular la obligación del sostenedor de constituir hipotecas, avales o codeudores a favor del Fisco como requisito previo para acceder a la entrega de aportes, a fin de asegurar que éstos sean destinados al cumplimiento efectivo de los objetivos para los cuales se otorguen. La caución que deba constituir el sostenedor beneficiario del aporte será calificada por el Ministerio de Educación.

La hipoteca deberá constituirse sobre el inmueble en el cual funciona el establecimiento educacional. Además, el convenio exigirá la prohibición de enajenar, gravar y ejecutar actos y celebrar contratos sobre el mismo inmueble. Tanto la hipoteca como la prohibición deberán inscribirse conjuntamente en el Conservador de Bienes Raíces, por un plazo de cincuenta años, en el caso de las adquisiciones y construcciones de locales escolares. En el caso de ampliaciones, habilitaciones y adecuaciones, el plazo será de hasta cincuenta años, dependiendo del monto del aporte.

En los casos calificados que establezca el reglamento, el Ministerio de Educación, por resolución fundada, podrá autorizar el alzamiento de la prohibición de que trata este artículo, siempre que se mantenga la utilización del inmueble para fines educacionales durante el tiempo señalado. Igualmente, el Ministerio podrá exigir que se restablezca la prohibición por el tiempo que corresponda.

Si el inmueble en que funciona el establecimiento educacional no es del dominio del sostenedor y el propietario no consiente en gravarlo con hipoteca ni establecer prohibiciones a su respecto, el sostenedor podrá ofrecer y el Ministerio de Educación podrá aceptar la constitución de hipoteca y prohibición de enajenar y gravar otros bienes raíces de su propiedad o de un tercero, cuyo valor garantice la recuperación por el Fisco del monto total del aporte recibido en virtud de las normas de esta ley.

En todo caso, el Ministerio de Educación requerirá que los bienes raíces sean gravados con primera hipoteca a favor del Fisco.

Sin perjuicio de lo señalado anteriormente, todo anticipo de aporte deberá ser garantizado por una boleta de garantía bancaria, por el monto respectivo.

Asimismo, se deberá estipular en este convenio que las obras de infraestructura y equipamiento que se financien con estos recursos se destinarán exclusivamente a la atención de alumnos bajo el régimen de subvenciones de que trata el decreto con fuerza de ley Nº 2, del Ministerio de Educación, de 1996, durante el plazo indicado, contado desde la incorporación del establecimiento al régimen de jornada escolar completa diurna.

En todo caso, el sostenedor podrá realizar el cambio de destino si reintegra los recursos aportados, expresados en unidades tributarias mensuales, más el interés del 1% mensual. Esta tasa de interés se calculará sobre los valores percibidos y hasta el momento de su reintegro.

Al valor a devolver, se le deducirá 1/50 de los fondos recibidos por cada año de uso del establecimiento para fines educacionales, contados desde la fecha de recepción del aporte, o la fracción que corresponda si el plazo del gravamen es menor a cincuenta años.

El sostenedor que proporcionare antecedentes falsos o adulterados con el propósito de obtener el aporte suplementario por costo de capital adicional a que se refiere esta ley, será sancionado con las penas asignadas al delito señalado en el artículo 470, Nº 8, del Código Penal.

El sostenedor municipal que administre los fondos obtenidos por medio del aporte suplementario por costo de capital adicional, y que desviare su uso dándoles una aplicación diferente a aquélla a la que están destinados, será sancionado con las penas asignadas al delito de malversación de caudales públicos contempladas en el artículo 236 del Código Penal, aumentadas en un grado. Si en las operaciones en que interviniere dicho sostenedor en razón de la administración de dichos fondos, defraudare al Estado o a la municipalidad originándoles pérdida, será sancionado con las penas asignadas al delito de fraude contempladas en el artículo 239 del Código Penal, aumentadas en un grado.

El Ministerio de Educación supervisará, mediante inspecciones selectivas, cualquiera etapa del proceso de ejecución de las obras, asistirá a su recepción final cuando corresponda, y recabará los antecedentes e informes para el seguimiento y control de la inversión que estime pertinente.”.

Artículo 9º

Lo ha reemplazado por el siguiente:

“Artículo 9º.- Con el objeto de facilitar las inversiones requeridas para adecuar la infraestructura de los establecimientos educacionales subvencionados que se integren al régimen de jornada escolar completa diurna, entre el inicio del año escolar 1998 y el inicio del año escolar 2002, el Ministerio de Educación podrá establecer programas especiales destinados a proveer asistencia técnica para aquellos establecimientos que atiendan a alumnos de mayor vulnerabilidad socioeconómica y que así lo soliciten. Para este efecto, el Ministerio celebrará los convenios de programación a que se refiere el artículo 80 de la ley Nº 19.175.”.

Artículo 10

Letra A)

Número 3

Ha intercalado, en la letra h) propuesta, entre la palabra “delegación” y el punto (.) final que la sigue, la frase “a que se refiere el artículo 24”, precedida de una coma (,).

Letra B)

La ha sustituido por la siguiente:

B) Sustitúyese el artículo 1º transitorio, por el siguiente:

“Artículo 1º.- Facúltase a los alcaldes y a las corporaciones del sector a que se refiere el inciso segundo del artículo 19 de la ley Nº 19.070, para que, oyendo previamente al Concejo Municipal, llamen a concurso los cargos de Directores de establecimientos educacionales de su dependencia, cuyos titulares no hayan sido calificados en lista de distinción en el proceso de calificaciones del personal docente-directivo y siempre que su designación o contrato sea anterior a la vigencia de la ley Nº 19.410.

Dichos concursos serán de antecedentes y oposición, tendrán el carácter de públicos, deberán ser convocados y resueltos en el segundo semestre de cada año, y en su desarrollo y resolución deberán considerarse siempre normas de transparencia, imparcialidad y objetividad. El alcalde o las corporaciones resolverán el concurso sobre la base de una terna propuesta por la respectiva comisión calificadora de concursos.

A los Directores que accedan a sus cargos en virtud del concurso señalado anteriormente, se les aplicará el inciso tercero del artículo 32 de la ley Nº 19.070, y su designación o contrato regirá desde el primero de enero del año siguiente a aquél en que se realice el concurso.

Los Directores que no participen en los concursos convocados y aquéllos que habiendo postulado no sean designados, cesarán en sus cargos docente-directivos al finalizar el año escolar 1998 y se pondrá término a su relación laboral desde esa fecha por decreto alcaldicio o por un acto jurídico de la corporación municipal, según sea el caso. Los afectados tendrán derecho a ser designados o contratados en establecimientos educacionales dependientes de la misma municipalidad o corporación para el cumplimiento de funciones docentes sin necesidad de nuevo concurso, con igual número de horas a las que servían como Director, o a percibir los beneficios indemnizatorios establecidos en el artículo 73 de la ley Nº 19.070.

Asimismo, lo dispuesto en los tres primeros incisos de este artículo se aplicará a los Jefes de Departamento de Administración de Educación Municipal, cualquiera que sea su denominación, siempre que hayan accedido al cargo con anterioridad a la vigencia de la ley Nº 19.410. En el caso que se ponga término a su relación laboral por no haber postulado o no haber sido designados nuevamente en los concursos a que se refiere el inciso primero, tendrán derecho a percibir los mismos beneficios indemnizatorios establecidos en el inciso precedente.”.

Artículo 11

Ha sustituido los guarismos ?36? por ?38?; ?5? por ?2?, y ?1993? por ?1996?.

Artículo 12

Ha sustituido la referencia al “artículo 33” por “artículo 34” y la expresión “800 horas” por “dos años de ejercicio”.

Artículo 13

Lo ha suprimido.

Artículo 14

Ha pasado a ser artículo 13.

Ha sustituido, en el inciso primero, la palabra “subvencionados” por la frase “de enseñanza básica y media”.

Ha reemplazado el inciso segundo, por el siguiente:

“Sólo podrán acogerse a esta ley las edificaciones o las ampliaciones, o ambas según el caso, construidas con anterioridad a la fecha de vigencia de la presente ley, siempre que durante los treinta días siguientes a esta misma fecha no se formularen reclamaciones de los vecinos por incumplimiento de normas, y en la medida en que se respeten las líneas oficiales de edificación establecidas por los planes reguladores respectivos.”.

Ha intercalado, en el inciso tercero, entre las palabras “ley” y “estarán”, la siguiente frase precedida y seguida de una coma (,): “tratándose de establecimientos educacionales subvencionados”.

Ha sustituido en el inciso cuarto, el guarismo “90” por la palabra “noventa”.

Ha reemplazado en el inciso quinto, el guarismo “15” por la palabra “quince” y la expresión “quien deberá” por “la que deberá”.

Artículo 15

Ha pasado a ser artículo 14, sustituido por el siguiente:

“Artículo 14.- Facúltase al Presidente de la República para que mediante decreto con fuerza de ley fije los textos refundidos, coordinados y sistematizados de los decretos con fuerza de ley Nºs. 1 y 2, ambos de 1996, del Ministerio de Educación, que fijaron los textos refundidos de la ley Nº 19.070 y de la Ley sobre Subvención del Estado a Establecimientos Educacionales, y de las normas que los hayan modificado y complementado. Para tal efecto, podrá incorporar las modificaciones y derogaciones de que hayan sido objeto, sean expresas o tácitas, incluyendo los preceptos legales que los hayan interpretado y aquéllos que estén relacionados con su texto, e introducir cambios formales, sea en cuanto a redacción, titulación, ubicación de preceptos y otros de similar naturaleza.”.

-o-

Ha consultado los siguientes artículos nuevos:

“Artículo 15- Los establecimientos educacionales que, en virtud de las normas contempladas en la ley Nº 19.494, se encuentren funcionando bajo el régimen de jornada escolar completa diurna y aquéllos que en virtud de la presente ley ingresen a dicho régimen, no podrán volver a funcionar en un régimen de jornada diferente al que aquí se establece.

Artículo 16.- Derógase la ley Nº 19.494 a partir del inicio del año escolar 1998.

Artículo 17.- Introdúcense las siguientes modificaciones al decreto ley Nº 3.166, de 1980:

1. Sustitúyese, a partir de 1998, el artículo 4º, por el siguiente:

“Artículo 4º.- El Ministerio de Educación podrá asignar, anualmente, recursos a los establecimientos educacionales a que se refiere este decreto ley, con el objeto de financiar su operación y funcionamiento.

El monto anual de los recursos que se asignen a dichos establecimientos por el Ministerio, no podrá ser superior a los aportes anuales entregados entre enero y agosto de 1997, en relación a la matrícula registrada al 30 de abril de 1996. Dichos recursos se reajustarán en el mismo porcentaje y oportunidad en que se reajuste la Unidad de Subvención Educacional (U.S.E.). Estos montos serán establecidos mediante resolución del Ministerio de Educación, visada por el Ministerio de Hacienda. Cuando la vigencia del reajuste se iniciare en un mes posterior a enero de un determinado año, su aplicación será proporcional al número de meses que restan del año.

Las entidades que hubieren asumido la administración de dos o más establecimientos educacionales, podrán ser autorizadas por el Ministro de Educación para administrar conjuntamente los aportes y redistribuir entre éstos dichos recursos.

La entidad administradora de un establecimiento educacional regido por este decreto ley, podrá cobrar subvención educacional estatal por nuevos alumnos del establecimiento cuando se cumplan los siguientes requisitos:

a) Estar atendiendo a todos los alumnos del establecimiento en régimen de jornada escolar completa diurna, y

b) Haber aumentado el número de alumnos en una cantidad que debe equivaler, como mínimo, al 5% de la matrícula registrada en abril de 1996 o en abril de 1991. Primará la que resulte mayor.

Para los efectos del inciso anterior, serán aplicables las normas establecidas en los Títulos I, III y IV del decreto con fuerza de ley Nº 2 de Educación, de 1996, respecto del monto, de la periodicidad, del procedimiento de pago regulado por el artículo 15 del mismo cuerpo legal y de los requisitos que se deben cumplir para impetrar la subvención.

La subvención mensual a pagar, se calculará aplicando al número de alumnos que mensualmente exceda el 5% de la matrícula del mes de abril de 1996, el porcentaje de la asistencia media promedio registrada por todos los alumnos de cada curso, con respecto a la matrícula vigente de los mismos, multiplicando dicho resultado por el valor unitario que corresponda, conforme al inciso segundo del artículo 9º del decreto con fuerza de ley Nº 2, de Educación, de 1996, y sumándole finalmente el incremento establecido en el artículo 11 del mismo cuerpo legal.

Para los efectos de la determinación de las asistencias medias promedios mensuales, a que se refiere el inciso anterior, se aplicarán las normas generales establecidas en los artículos 13 y 14 del decreto con fuerza de ley Nº 2, de Educación, de 1996.

En caso que el establecimiento educacional hubiese experimentado un incremento en la matrícula de 1996, superior al 10% de la registrada en el año 1991, para los efectos del cálculo de la subvención educacional, se tomarán en cuenta todos los alumnos que excedan la matrícula registrada en abril de 1996.

Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 5º de este decreto ley, la subvención estatal mensual que se pague en la forma establecida en los incisos anteriores, será considerada como ingresos propios del liceo y ellos deberán destinarse exclusivamente a los propósitos especificados en el convenio de administración.”.

2. Intercálase, a continuación del artículo 4º, el siguiente artículo 4º bis, nuevo:

“Artículo 4º bis.- Cuando un establecimiento educacional de aquéllos a que se refiere este decreto ley disminuya sus alumnos en una cantidad que exceda el 5% de la matrícula registrada al 30 de abril de 1996, el Ministerio de Educación podrá disminuir en forma proporcional el monto del aporte fiscal establecido en el convenio de administración. Para estos efectos, el 5% del aporte fiscal anual constituirá una cuota de garantía por matrícula, que se pagará en el mes de mayo de cada año.

Al pagar la cuota de garantía por matrícula, el Ministerio de Educación podrá deducir de ella una cantidad que se calculará multiplicando el número de alumnos en que haya disminuido la matrícula, por sobre el 5% de la registrada en 1996, por el aporte fiscal promedio por alumno que correspondería en el respectivo año, si se hubiese mantenido el mismo número de alumnos del año 1996. En caso que el monto a deducir de la cuota de garantía por matrícula exceda la cantidad disponible, la diferencia será expresada en Unidades de Fomento y ella se podrá descontar íntegramente de la primera cuota que pague el Ministerio de Educación a la entidad administradora en el año inmediatamente siguiente.”.

Artículo 18.- La presente ley regirá a partir de su fecha de publicación en el Diario Oficial, con las siguientes excepciones:

a) El artículo 2º, numeral 4, y el artículo 19, regirán desde el 1º de enero de 1998;

b) El artículo 2º, a excepción de su número 4, y el artículo 3º, regirán a partir del inicio del año escolar 1998, y

c) El artículo 4º regirá desde la fecha que en su texto se indica.”.

-o-

Como se expresó en su oportunidad, ha ubicado como artículo 19 el artículo 1º de esa honorable Cámara, sin enmiendas.

-o-

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

Artículo 1º

Ha sustituido las referencias a los artículos 2º y 4º por 1º y 3º, respectivamente; ha suprimido la expresión “de esta ley”; ha reemplazado las alusiones al “decreto con fuerza de ley Nº5, del Ministerio de Educación, de 1993” por “decreto con fuerza de ley Nº2, del Ministerio de Educación, de 1996”; ha eliminado la coma (,) que sigue a la palabra “diurna” y ha sustituido la frase “del inicio de cada uno de los años escolares comprendidos entre el de 1997 y hasta el de 2001, inclusive” por la siguiente: “del inicio del año escolar 1998”.

Artículo 2º

Ha sustituido el encabezamiento por el siguiente:

“Artículo 2.- Todo establecimiento educacional subvencionado, al momento de incorporarse al régimen de jornada escolar completa diurna, deberá contar con:”.

Nº 1

Ha reemplazado, en la letra a), el punto y coma (;) final por una coma (,), seguida de la conjunción “y”, y ha eliminado sus letras b) y c), pasando la letra d) a ser b).

Nº 2

Ha sustituido la letra “y” final y la coma (,) que la antecede por un punto y coma (;).

Nº 3

Lo ha reemplazado por el siguiente:

“3. El personal docente idóneo y el personal administrativo y auxiliar necesario, en conformidad con lo establecido en el artículo 21, letra c), de la ley Nº 18.962, Orgánica Constitucional de Enseñanza, para la realización de las actividades inherentes al nuevo régimen de jornada escolar completa diurna y el mayor tiempo que deberán permanecer en el establecimiento los profesionales de la educación que efectúen labores de docencia, conforme a las normas establecidas en las letras b) y c) del inciso segundo del artículo 6º del decreto con fuerza de ley Nº 2, del Ministerio de Educación, de 1996.

Lo anterior no significará alteración de la proporción de horas de docencia de aula, curriculares no lectivas y recreos que desempeñen los docentes que efectivamente realizan docencia de aula en la proporción máxima establecida en el artículo 6º de la ley Nº 19. 070, en relación con lo señalado en el artículo 69 de la misma ley y su reglamento.

Cuando en el establecimiento educacional no exista personal docente suficiente y disponible para la realización de estas actividades, se podrá contratar o designar nuevos docentes o aumentar el horario de contratación de quienes allí laboran por el número de horas requeridas, y”.

-o-

Ha consultado, a continuación, el siguiente número 4, nuevo:

“4. El número suficiente de horas cronológicas que permita a los profesionales de la educación la realización de trabajo en equipo para el desarrollo de las actividades de tipo técnico-pedagógico señaladas en el inciso segundo del artículo 6º, del decreto con fuerza de ley Nº 2, de Educación, de 1996.”.

-o-

Artículo 4º

Ha suprimido la expresión “o modalidades”, que sigue a la palabra “niveles”, y ha sustituido el artículo “las”, que antecede al vocablo “que”, por “los”.

Artículo 5º

Lo ha suprimido.

Artículo 6º

Ha pasado a ser artículo 5º transitorio.

Ha eliminado, en la frase final, la palabra “exclusiva”; y ha sustituido la frase “señalará la forma en” por “deberá proponer una solución satisfactoria para” y el vocablo “continuarán” por “continúen”.

Artículo 7º

Lo ha eliminado.

Artículo 8º

Ha pasado a ser artículo 6º transitorio, sin enmiendas.

Artículo 9º

Ha pasado a ser artículo 7º transitorio, sin modificaciones.

-o-

Ha agregado, a continuación del artículo 7º transitorio, los siguientes, nuevos:

“Artículo 8º.- Transfiérense, extraordinariamente y por única vez, a las siguientes entidades, las cantidades que se señalan, que se pagarán con cargo al ítem 09-01-01-25-31-186 “Cumplimiento convenios D.L. 3.166, de 1980”, el que se entenderá incrementado con este fin:

-Corporación de Capacitación y Empleo de la Sociedad de Fomento Fabril:

-Liceo Industrial A Nº 107 de Santiago $ 20.416.677.

-Corporación Educacional de la Construcción:

-Liceo Industrial A 37 de Recoleta $ 12.605.473.

-Liceo Industrial A 19 de Santiago $ 31.291.190.

-Liceo Industrial A 16 de La Calera $ 20.452.507.

Estas cantidades incrementarán los montos del aporte estatal a los establecimientos educacionales que estas entidades administran, calculados según lo establecido en el artículo 4º del decreto ley Nº 3.166, de 1980, y serán incorporadas a los aportes que se les entregó entre enero y agosto de 1997, para los efectos de la aplicación del inciso segundo del artículo referido.

Artículo 9º.- Los establecimientos educacionales subvencionados y los afectos a las normas del decreto ley Nº 3.166, de 1980, que se incorporaron al régimen de jornada escolar completa diurna durante el primer semestre de 1997, en virtud de lo dispuesto en la ley Nº 19.494, publicada en el diario oficial de 25 de enero de 1997, continuarán, sin solución de continuidad, afectos a las normas que establece la presente ley, a partir del inicio del año escolar 1998, con excepción de lo establecido en el artículo 2º, Nº 4, que se les aplicará a partir del mes de enero de 1998.”.

-o-

Hago presente a V.E. que los artículos 7º, nuevo, y 10 del proyecto han sido aprobados en el carácter de orgánico constitucional con el voto afirmativo, en general, de 39 señores Senadores, de un total de 45 en ejercicio, y en particular, el artículo 7º, nuevo, con el voto favorable de 34 señores Senadores, el artículo 10, letra B), con el voto afirmativo de 25 señores Senadores, y el artículo 10, letra A), con el voto afirmativo de 29 señores Senadores, de un total de 42 en ejercicio, dándose cumplimiento de esta forma a lo preceptuado en el inciso segundo del artículo 63 de la Constitución Política de la República.

Lo que comunico a V.E. en respuesta a su oficio Nº 1343, de 17 de diciembre de 1996.

Acompaño los antecedentes respectivos.

Dios guarde a V.E.

(Fdo.): SERGIO ROMERO PIZARRO , Presidente del Senado ; CARLOS HOFFMANN CONTRERAS , Secretario del Senado Subrogante .?

5. Oficio del Senado.

“Valparaíso, 4 de septiembre de 1997.

Tengo a honra comunicar a V.E., que el Senado ha dado su aprobación a la proposición formulada por la Comisión Mixta constituida para resolver las divergencias suscitadas con ocasión de la tramitación del proyecto de ley que modifica la Ley General de Bancos, el decreto ley Nº 1.097, de 1975, la Ley Nº 18.010 y el Código de Comercio.

Hago presente a V.E. que el informe ha sido aprobado en el carácter de quórum calificado con el voto afirmativo de 31 señores Senadores, de un total de 42 en ejercicio, dándose cumplimiento de esta forma a lo preceptuado en el inciso tercero del artículo 63 de la Constitución Política de la República.

Lo que comunico a V.E. en respuesta a su oficio Nº 1655, de 19 de agosto de 1997.

Devuelvo los antecedentes respectivos.

Dios guarde a V.E.

(Fdo.): SERGIO ROMERO PIZARRO , Presidente del Senado ; JOSÉ LUIS LAGOS LÓPEZ , Secretario del Senado .”

6. Oficio del Senado. Reforma constitucional relativa al poder judicial. (boletín Nº 2058-07)(S)

Con motivo del mensaje, informes y antecedentes que tengo a honra pasar a manos de V.E., el Senado ha dado su aprobación al siguiente

PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL:

“Artículo único.- Introdúcense en la Constitución Política de la República las siguientes modificaciones:

1. Sustitúyese el número 14º del artículo 32, por el siguiente:

“14º Nombrar a los magistrados de las Cortes de Apelaciones y a los jueces letrados, a proposición de la Corte Suprema y de las Cortes de Apelaciones, respectivamente; al miembro del Tribunal Constitucional que le corresponde designar; y a los magistrados de la Corte Suprema y al Fiscal Nacional, a proposición de dicha Corte y con acuerdo del Senado, todo ello conforme a lo prescrito en esta Constitución;”.

2. Sustitúyese el número 9) del artículo 49, por el siguiente:

“9) Aprobar, en sesión especialmente convocada al efecto y con voto conforme de los dos tercios de los senadores en ejercicio, la designación de los ministros y fiscales judiciales de la Corte Suprema y del Fiscal Nacional, y”.

3. Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 75:

a) Reemplázase el inciso segundo por los incisos siguientes, pasando los actuales incisos tercero, cuarto y quinto a ser texto, séptimo y octavo, respectivamente:

“La Corte Suprema se compondrá de veintiún ministros.

Los ministros y los fiscales judiciales de la Corte Suprema serán nombrados por el Presidente de la República , eligiéndolos de una nómina de cinco personas que, en cada caso, propondrá la misma Corte, y con acuerdo del Senado. Este adoptará los respectivos acuerdos por los dos tercios de sus miembros en ejercicio, en sesión especialmente convocada al efecto. Si el Senado no aprobare la proposición del Presidente de la República , la Corte Suprema deberá completar la quina proponiendo un nuevo nombre en sustitución del rechazado, repitiéndose el procedimiento hasta que se apruebe un nombramiento.

Cinco de los miembros de la Corte Suprema deberán ser abogados extraños a la administración de justicia, tener a lo menos quince años de título, haberse destacado en la actividad profesional o universitaria y cumplir los demás requisitos que señale la ley orgánica constitucional respectiva.

La Corte Suprema, cuando se trate de proveer un cargo que corresponda a un miembro proveniente del Poder Judicial , formará la nómina exclusivamente con integrantes de éste y deberá ocupar un lugar en ella el ministro más antiguo de Corte de Apelaciones que figure en lista de méritos. Los otros cuatro lugares se llenarán en atención a los merecimientos de los candidatos. Tratándose de proveer una vacante correspondiente a abogados extraños a la administración de justicia, la nómina se formará exclusivamente, previo concurso público de antecedentes, con abogados que cumplan los requisitos señalados en el inciso cuarto.”.

b) Agrégase a continuación del inciso quinto, que ha pasado a ser octavo, el siguiente inciso nuevo:

“La Corte Suprema y las Cortes de Apelaciones, en su caso, formarán las quinas o las ternas en pleno especialmente convocado al efecto, en una misma y única votación, donde cada uno de sus integrantes tendrá derecho a votar por tres o dos personas, respectivamente. Resultarán elegidos quienes obtengan las cinco o las tres primeras mayorías, según corresponda. El empate se resolverá mediante sorteo.”.

c) Reemplázanse, en el inciso final, las palabras “treinta días” por “sesenta días”.

4. Sustitúyese el inciso cuarto del artículo 77, por el siguiente:

“La Corte Suprema, en pleno especialmente convocado al efecto y por la mayoría absoluta de sus miembros en ejercicio, podrá autorizar u ordenar el traslado de los jueces y demás funcionarios y empleados del Poder Judicial a otro cargo de igual categoría.”.

5. Agrégase al artículo 79 el siguiente inciso segundo, nuevo, pasando el actual a ser inciso tercero:

“En caso que un tribunal superior de justicia, en uso de sus facultades disciplinarias, invalide una resolución jurisdiccional, deberá enviar los antecedentes al pleno de la Corte Suprema. Este, por la mayoría absoluta de sus miembros en ejercicio, impondrá las medidas disciplinarias acordes con la falta o abuso. Si no se reuniere este quórum, el recurso de queja o la queja se entenderán rechazados.”.

6. Suprímese la oración final del inciso segundo del artículo 81, que reza como sigue: “Además, en los casos de las letras b) y d), deberán ser personas que sean o hayan sido abogados integrantes de la Corte Suprema por tres años consecutivos, a lo menos.”.

7. Sustitúyese el inciso primero de la disposición Octava transitoria por los siguientes, pasando el actual inciso segundo a ser décimo segundo:

“Las normas relativas a la edad establecidas en el inciso segundo del artículo 77 regirán a contar del 1º de enero de 1998, respecto de los magistrados de los tribunales superiores de justicia que se hallaban en servicio al 11 de marzo de 1981.

Las vacantes de ministros de la Corte Suprema correspondientes a las cuatro nuevas plazas que se crean en virtud de la modificación al artículo 75 y las que se produzcan en dicho tribunal al aplicarse la norma relativa a la edad a que se refiere el inciso precedente, serán provistas en conformidad a las normas siguientes:

La Corte Suprema, para proveer las cuatro nuevas plazas de ministro , dentro del plazo de diez días contados desde la publicación de la presente ley de reforma constitucional, propondrá al Presidente de la República dos nóminas de diez personas cada una. Una se formará con integrantes del Poder Judicial , debiendo incluir en ella a los dos ministros de Corte de Apelaciones más antiguos que figuren en lista de méritos y que no deban cesar en sus cargos por aplicación del inciso primero de la presente disposición transitoria, y la otra se formará con abogados extraños a la administración de justicia que cumplan con los requisitos señalados en el inciso cuarto del artículo 75.

Para proveer las vacantes que se produzcan el 1º de enero de 1998 por aplicación del límite de edad a los ministros de la Corte Suprema que tengan cumplidos a dicha fecha 75 o más años de edad, la Corte Suprema propondrá al Presidente de la República , dentro de los diez primeros días del mes de enero de 1998, dos nuevas nóminas, cada una de las cuales estará integrada por el equivalente a la mitad del quíntuplo del número de vacantes producidas. Una se formará con integrantes del Poder Judicial , debiendo ocupar un lugar en ella los ministros de Corte de Apelaciones más antiguos que figuren en lista de méritos y que no deban cesar en sus cargos por aplicación del inciso primero de la presente disposición transitoria, en un número equivalente a la mitad de las señaladas vacantes. La otra se formará con abogados extraños a la administración de justicia que cumplan con los requisitos establecidos en el inciso cuarto del artículo 75.

Dentro de tercero día de recibidas las nóminas a que se refieren los incisos precedentes y en las oportunidades respectivas, el Presidente de la República propondrá al Senado, simultáneamente, tantos nombres como sea el número de vacantes a llenar en cada caso. En cada proposición, la mitad de las personas incluidas deberán ser integrantes del Poder Judicial y la otra mitad abogados extraños a la administración de justicia, hasta completar el número de cinco de estos abogados que deben integrar la Corte Suprema.

El Senado, dentro de los seis días siguientes a cada proposición presidencial, en sesión especialmente convocada al efecto y con el voto conforme de los dos tercios de sus miembros en ejercicio, deberá pronunciarse en votaciones separadas y sucesivas por cada una de las personas propuestas.

En caso que el Senado rechace alguno de los nombres presentados por el Presidente de la República , éste le propondrá, dentro de segundo día, un nuevo nombre de los incluidos en la respectiva nómina y el Senado se pronunciará dentro de tercero día de formulada la nueva propuesta, repitiéndose el procedimiento hasta que se apruebe una proposición presidencial. Si se rechazaren cinco nombres de una misma nómina, la Corte Suprema deberá completarla, hasta reunir el total correspondiente, dentro del plazo de cinco días, durante los cuales se interrumpirán los términos anteriores.

Para formar las nóminas correspondiente a abogados extraños a la administración de justicia señaladas en los incisos anteriores, la Corte Suprema llamará, dentro de tercero día de publicada la presente ley de reforma constitucional, a concurso público de antecedentes. El pleno de la Corte Suprema elegirá a quienes integrarán estas nóminas y a quienes reemplazarán a los candidatos rechazados, de entre las personas que se presenten a dicho concurso.

Las nóminas a que se refieren los incisos precedentes se formarán por el pleno de la Corte Suprema, en una misma y única votación. Para estos efectos, cada ministro podrá votar hasta por el equivalente a las dos terceras partes del total de personas que integrarán dichas nóminas, resultando elegidos quienes obtengan las más altas votaciones.

Sin perjuicio de los beneficios previsionales que les correspondan de acuerdo a las normas vigentes, los ministros y fiscales judiciales que deban cesar en sus cargos por aplicación de la presente disposición transitoria tendrán derecho a un beneficio compensatorio adecuado, que fijará la ley.

Los magistrados de los tribunales superiores de justicia en servicio a la fecha de entrada en vigencia de esta Constitución, que se desempeñen como presidente de la Corte Suprema , durarán en dicho cargo dos años.”.

8. Agrégase la siguiente disposición transitoria:

“Trigesimaoctava.- En el año siguiente a la fecha de publicación de la presente ley de reforma constitucional no podrán figurar en las nóminas para integrar la Corte Suprema quienes hayan desempeñado los cargos de Presidente de la República , diputado , senador, ministro de Estado , intendente, gobernador o alcalde.

Los ministros que se designen con anterioridad al 2 de enero de 1998, asumirán sus cargos a contar de ese día.”.”.

-o-

Hago presente a V.E. que el proyecto fue aprobado en votación general, con el voto afirmativo de 39 señores Senadores de un total de 43 en ejercicio, y, en votación particular, los Números 1, 2, 5 y 8 del Artículo único con el voto afirmativo de 25 señores Senadores, los Números 3 y 6 del Artículo único con el voto afirmativo de 29 señores Senadores y el Número 7 del Artículo único con el voto afirmativo de 30 señores Senadores, de un total de 42 en ejercicio, dándose cumplimiento de esta forma a lo preceptuado en el inciso segundo del artículo 116 de la Constitución Política de la República.

Cabe hacer presente que el número 4 del Artículo único agregado en el segundo informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, fue aprobado con el voto afirmativo de 29 señores Senadores de un total de 42 en ejercicio, dándose cumplimiento de esta forma a lo preceptuado en el inciso segundo del artículo 116 de la Constitución Política de la República.

Dios guarde a V.E.

(Fdo.): SERGIO ROMERO PIZARRO , Presidente del Senado ; CARLOS HOFFMANN CONTRERAS , Secretario del Senado Subrogante .

Santiago , julio 15 de 1997

Mensaje Nº 130-335/

Honorable Senado:

En mi calidad de Jefe de Estado he estimado necesario impulsar diversas iniciativas tendientes a introducir profundas y trascendentes reformas a nuestro sistema de administración de justicia. Empero, para alcanzar el desafío de materializar una justicia pronta y cumplida, conforme exige la Constitución Política a los órganos co-legisladores, en virtud de lo prescrito en su artículo 74, es menester abarcar en forma integral el problema de la justicia en nuestro país.

Éste ha sido el desafío del Gobierno y en ello hemos colocado nuestras mejores energías. En efecto, las exigencias derivadas de la necesidad de profundizar el Estado de Derecho y con ello fortalecer el sistema político democrático, la necesidad de adecuar nuestras instituciones a los procesos de internacionalización de nuestra economía y de la globalización de las relaciones entre los diversos países, constituyen los imperativos para adecuar nuestro sistema de administración de justicia con el desarrollo político, social, y económico.

I. LA MODERNIZACIÓN DE LA JUSTICIA: UNA REFORMA EN MARCHA.

La modernización del Poder Judicial ha sido el norte de las políticas judiciales del supremo gobierno, siendo una manifestación concreta y palpable de ello, la reforma al sistema de enjuiciamiento criminal que reemplaza el actual sistema procesal penal inquisitivo por uno de carácter acusatorio, separando las funciones de investigación y juzgamiento, entregando la primera al Ministerio Público y la segunda a un tribunal colegiado compuesto por tres jueces de derecho en el marco de un juicio público oral contradictorio y transparente.

Recientemente, tanto el Senado como la Cámara de Diputados, han dado su plena conformidad y aprobación a la reforma constitucional que crea el Ministerio Público. Éste es un paso que no guarda precedente en la historia constitucional e institucional chilena en materia de justicia.

En este mismo contexto, debe señalarse que la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados, ya revisó el proyecto de nuevo Código Procesal Penal, lo cual se complementará con la discusión del proyecto de ley orgánica constitucional de Ministerio Público, el proyecto de reformas al Código Orgánico de Tribunales, y un proyecto de normas adecuatorias de diversas leyes a la reforma procesal penal, todos los cuales ingresarán a trámite legislativo en el próximo tiempo.

Este conjunto de modificaciones al sistema de justicia criminal se ha visto complementado por un proyecto que establece un plan cuadrienal, que tiene por objeto mejorar sustantivamente los recursos destinados a ese Poder del Estado , lo cual incluye mejoras de remuneraciones de los miembros del Poder Judicial . En efecto, la cantidad de recursos involucrados en este plan cuadrienal asciende a la suma de diez mil seiscientos millones de pesos, que complementando los supuestos sobre los cuales descansaba el plan quinquenal, elevan a rangos históricos, que no tiene parangón alguno, dichos recursos y estándares de remuneraciones de los diversos escalafones y miembros del Poder Judicial . Este proyecto incorpora, asimismo, y en consonancia con criterios de modernización del Estado, indicadores de gestión que permitirán maximizar el uso de recursos y la eficiencia y eficacia en el Poder Judicial .

Este conjunto de proyectos de ley se verán complementados por el diseño de un nuevo sistema de defensa penal pública, que se sustentará en un rediseño de gestión de las actuales Corporaciones de Asistencia Judicial, que serán reemplazadas por las futuras Corporaciones Regionales de Asistencia Jurídica, las que a su vez representarán uno de los pilares del nuevo sistema de defensa penal.

Este nuevo esquema contempla la existencia de un Fondo Nacional de la Defensa Penal Pública, el que en base a criterios técnicos, entregará un porcentaje de los fondos públicos destinados al efecto, a las Corporaciones Regionales de Asistencia Jurídica y otro porcentaje será licitado entre el conjunto de instituciones privadas que deseen ofertar defensa penal. Estos mecanismos serán precedidos de un sofisticado sistema de control y fiscalización, que permitirá discriminar acerca de la atención brindada por cada uno de los subsistemas y permitirá nuevas distribuciones del fondo hacia quienes hayan ofrecido y brindado mejor defensa penal.

En otro orden de consideraciones, el Gobierno ha terminado el trabajo de afinamiento del proyecto sobre Tribunales de Familia, lo cual redundará en una mejora significativa de la jurisdicción familiar al incorporar sistemas alternativos de resolución de conflictos, estableciendo la oralidad de los procedimientos, unificando el conocimiento y juzgamiento del conjunto de materias, como los casos de violencia intrafamiliar, que hoy se encuentran diseminados en distintas instancias jurisdiccionales.

Las mejoras a los problemas de familia resultan ser, asimismo, la fuente inspiradora del proyecto de subvenciones del Servicio Nacional de Menores, que pretende perfeccionar sustantivamente los procedimientos y criterios para las asignaciones a la red colaboradora de tal servicio, privilegiando la mejor utilización de los recursos en base a el desarrollo de programas que tiendan a la reinserción de los niños a sus hogares, la focalización y atención personalizada de los menores, entre otros aspectos. Asimismo, se encuentra en trámite legislativo el proyecto de ley sobre adopción y el proyecto que regula el derecho de visita de los padres respecto de los hijos, los que se encuentran inspirados en el principio del interés superior del niño.

A lo anterior debe agregarse, el que los desafíos del Gobierno en relación a los problemas de los menores, tuvo un primer gran paso en la aprobación del proyecto de ley que permitió erradicar a los menores de las cárceles de adulto.

Destacan también las iniciativas emprendidas en torno a la nueva política penitenciaria, que han acentuado la función rehabilitadora y resocializadora de la pena, incentivando la participación de empresarios privados en las oportunidades laborales que se ofrecen a los reclusos, con el objetivo de su plena y efectiva reinserción social. Lo anterior, se ha visto complementado con un conjunto de modificaciones e inversiones en infraestructura que han permitido mejorar los sistemas de seguridad y los problemas de hacinamientos al interior de los recintos penitenciarios.

Sin perjuicio del conjunto de reformas apuntadas en los párrafos precedentes, el Gobierno, atento a las demandas del propio Poder Judicial , ha realizado un conjunto de perfeccionamientos al funcionamiento de los organismos auxiliares de la administración de justicia, entre lo cual merece destacarse los avances y mejoras en el Servicio de Registro Civil e Identificación y en el Servicio Médico Legal. Éstos han permitido disminuir sustantivamente los tiempos de respuesta a los requerimientos formulados por los tribunales de justicia. Asimismo, los mayores recursos que se han destinado al Poder Judicial , han permitido el buen funcionamiento de la Academia Judicial, creada en noviembre de 1994, lo que se ha traducido en la realización de los cursos de formación que permitirán la debida profesionalización de los miembros del Poder Judicial . Por último, se han realizado cuantiosas inversiones en infraestructura en lo que a creación de tribunales se refiere, permitiendo de este modo responder al aumento en el volumen de causas que conocen los tribunales a lo largo del país. En efecto, el señalado aumento de recursos ha permitido en los últimos siete años la creación de 44 nuevos tribunales a lo largo del país, considerándose la instalación de otros 9 en el presente año.

II. REFORMAS A LAS BASES CONSTITUCIONALES DE LA JURISDICCIÓN Y LA JUDICATURA.

Teniendo presente los objetivos antes descritos, he estimado indispensable perfeccionar las bases constitucionales de la jurisdicción y la judicatura, para lo cual es necesario abordar las siguientes materias que dicen relación con el Poder Judicial:

1. Establecer un sistema de generación de la Corte Suprema con la participación de los tres poderes del Estado.

2. Integrar a la Corte Suprema abogados ajenos al Poder Judicial .

3. Dar plena vigencia al límite de edad consignado en la Carta Fundamental para desempeñarse como juez, suprimiendo las diferencias que median entre algunos magistrados a quienes tal límite de edad les resulta aplicable y, para otros, generalmente los de mayor jerarquía, que están exceptuados de esa sabia norma de administración.

1. Generación de la Corte Suprema con la participación de los tres poderes del Estado.

La circunstancia que el llamado “ Poder Judicial ” sea uno de los poderes del Estado, el único, por lo demás, al que la Constitución le asigna explícitamente esa calidad, y en atención a que los integrantes de dicho Poder del Estado no sean elegidos directamente por sufragio universal, amerita que, específicamente en lo que se refiere a los ministros de su máximo tribunal y el Fiscal Nacional, participen en su nombramiento los restantes poderes del Estado.

Para estos efectos, se considera que deben participar en el nombramiento de ministros y fiscales de la Corte Suprema tanto este tribunal como el Presidente de la República y el Senado. En este sentido, la fórmula más acertada parece ser que la Corte Suprema elabore una nómina de cinco personas, que equilibre los criterios de la antigüedad y del mérito en el ejercicio de la judicatura y el aporte de connotados juristas ajenos a la administración de justicia.

Una vez elaborada la nómina, ésta se remitirá al Presidente de la República para que proponga al honorable Senado uno de los nombres consignados en ella. Para que la designación prospere, esa Corporación deberá prestar su acuerdo al nombre propuesto por el Primer Mandatario, el cual deberá ser adoptado por dos tercios de los senadores en ejercicio.

Este quórum, el más alto que la Carta Fundamental contempla, responde a la necesidad de que los ministros y fiscales de la Corte Suprema sean de reconocida idoneidad para el cargo.

2. Integración de la Corte Suprema con personas extrañas a la administración de justicia y supresión de los abogados integrantes de ese alto Tribunal.

Tal como se ha señalado anteriormente, el Gobierno está comprometido con un profundo proceso de profesionalización en el ejercicio de la judicatura. Ejemplo de ello lo constituye la creación de la Academia Judicial, con la progresiva incorporación al Poder Judicial de personas egresadas de dicha Escuela; el mejoramiento de las remuneraciones de los magistrados, para incentivar la vocación judicial; el desarrollo de programas de capacitación para jueces tanto dentro como fuera del territorio de la República , etc.

Sin perjuicio de lo anterior, estimamos que en atención a la especial naturaleza de la Corte Suprema, esto es, como Tribunal de Casación, resulta de gran importancia la integración de ese Alto Tribunal por personas ajenas a la administración de justicia. A este respecto, nuestra voluntad es la de reforzar los mecanismos que la propia Constitución establece y que permite la incorporación de destacados y prestigiosos abogados al más alto tribunal de la Nación. Para eso se propone que en la nómina respectiva que elabore la Corte Suprema, figure una persona extraña a la administración de justicia, al menos.

Lo anterior, junto a la supresión en la Corte Suprema de los Abogados Integrantes y la ampliación consecuencial del número de sus Ministros, conforme se postula en la reforma legal complementaria a la presente reforma constitucional, permitirá que la Corte Suprema, en el desarrollo de su jurisprudencia, siga recibiendo el efectivo y valioso aporte de destacados juristas y profesores de derecho que hoy integran ese alto Tribunal en condición de Abogados Integrantes, y que como tal destacan en el desarrollo progresivo del derecho.

De esa forma se cautela que la Corte Suprema pueda dar cabida en su seno al desarrollo doctrinario del derecho proveniente del mundo académico y profesional y, asimismo, se refuerza el principio de la imparcialidad objetiva del tribunal, ya que -al desaparecer estos integrantes que cada tres años el Presidente de la República nombra a proposición de la Corte Suprema- se dota a todos los integrantes de la Corte Suprema de la necesaria inamovilidad en el ejercicio de sus funciones.

Para guardar la debida correspondencia y armonía con el objetivo antes señalado, ha debido eliminarse en la composición del Tribunal Constitucional, y por extensión en la composición del Tribunal Calificador de Elecciones, la exigencia que tanto respecto al abogado designado por el Presidente de la República como aquél designado por el Senado sean o hayan sido abogados integrantes de la Corte Suprema por tres años consecutivos, a lo menos.

Esta reforma constitucional es jurídicamente indispensable, en virtud del propósito de este Gobierno, compartido por amplios sectores políticos y de la opinión pública, de modificar el Código Orgánico de Tribunales para suprimir la institución de los abogados integrantes de la Corte Suprema; de manera que si no se elimina la referencia a éstos en el texto constitucional, la mentada modificación a la ley orgánica constitucional sobre organización y atribuciones de los tribunales de justicia, tornaría inoperante en el tiempo lo dispuesto en la oración final del inciso segundo del artículo 81 de la Carta Fundamental. En otras palabras, no se puede por la vía de la enmienda legislativa, que suprime los Abogados Integrantes, dejar sin efecto lo prescrito en esa norma constitucional.

De consiguiente, el Gobierno propone la supresión de esa disposición para guardar la necesaria conformidad del texto legal con la Constitución Política y para salvar las dificultades que se originarían en relación con la designación de los ministros del Tribunal Constitucional y del Tribunal Calificador de Elecciones.

3. Límite de edad.

La Constitución Política, en el inciso segundo de su artículo 77, prescribe que los jueces cesarán en sus funciones al cumplir 75 años de edad. Dicha norma se aplica tanto a los jueces de los tribunales inferiores como a los magistrados de los tribunales superiores de justicia, y constituye una limitación razonable al principio de la inamovilidad, esencial para el ejercicio de la jurisdicción, y que se encuentra garantizado en el inciso primero de esa disposición constitucional.

El referido límite de edad tiene como virtud adicional, la de facilitar una adecuada y expedita carrera funcionaria, a través de un sistema de movilidad ascendente, para lo cual es necesario que se produzcan vacantes en los grados superiores. Ello se logra mediante una norma general y abstracta, que se aplica sin distinción a todos los magistrados, que estatuye un límite de edad para el desempeño de la elevada función judicial.

Este acierto constitucional se origina en la Comisión de Estudio de la Nueva Constitución, a partir de una proposición elaborada por la Subcomisión encargada de la Organización y Atribuciones de los Tribunales de Justicia, presidida por el entonces Presidente de la Excma . Corte Suprema, don José María Eyzaguirre Echeverría . Éste, al dar a conocer la redacción respectiva, que más adelante experimentó algunas modificaciones, manifestó lo que sigue: “Es necesario este precepto, pues en un régimen de escalafón, naturalmente éste debe tener movimiento” (Acta de la Sesión 251ª, de 19 de octubre de 1976, pág. 141). Más adelante, el mismo Sr. Eyzaguirre manifestaba que “es indispensable el tiraje de la chimenea, pues no se puede tener a todo el escalafón estancado porque algunas personas desean mantenerse en sus cargos contra viento y marea” (Acta de la Sesión 284ª, de 12 de abril de 1977, pág. 919), recogiendo con ello una antigua tradición de nuestro Estado Democrático y Constitucional de Derecho, consistente en la impersonalidad del poder público.

Una consistente defensa de esta norma constitucional, que se agrega a la manifestada por otros comisionados, se encuentra en el pensamiento del Comisionado señor Jaime Guzmán Errázuriz , quien en diversas sesiones manifestó su parecer al respecto: 1) “... se trata aquí de procurar evitar que se produzca, como consecuencia de la permanencia de una persona en el cargo más allá de cierta edad, un decaimiento de la eficiencia funcionaria y un impedimento a que exista dentro de los tribunales colegiados una renovación lo suficientemente ágil” (Acta de la Sesión 284ª, ya citada, pág. 920); 2) “... en cuanto a los Ministros de la Corte Suprema está de acuerdo en que se fije el límite de edad a los 75 años y en que ese límite no tenga excepciones” (ídem, pág. 921); 3) refiriéndose a la expresión “tiraje de la chimenea” empleada por el Sr. Eyzaguirre, el Comisionado señor Guzmán estima que “es un buen método no solamente para que asciendan en su propia carrera personas que pertenecen al Poder Judicial , sino además para que el criterio prevaleciente en los Tribunales de Justicia vaya teniendo una renovación acorde con los cambios de los tiempos (ídem, pág. 922); 4) “... es necesario establecer un límite máximo de edad en el Poder Judicial , dado el carácter de la inamovilidad que tienen los jueces y dado que se trata de una carrera en la cual se va ascendiendo a lo largo del tiempo a través del escalafón, lo que no es aplicable a los cargos de elección popular, por cuanto, en este caso, el pueblo es el que juzga la condición en que se encuentra una persona para entrar a desempeñarlos, y lo hace, además, teniendo presente cuál es la duración del mandato el que siempre es fijo” (Acta de la Sesión 298ª, de 15 de junio de 1977, pág. 1215).

Ahora bien, la propia Carta Fundamental contiene dos excepciones a este límite de edad, una contenida en el mismo inciso segundo del artículo 77, relativa al Presidente de la Corte Suprema y mientras desempeña esa función, y, la otra, consagrada en el inciso primero de la Disposición Octava Transitoria que, a la sazón, dispone lo que sigue: “Las normas relativas a la edad establecidas en el inciso segundo del artículo 77 no regirán respecto de los magistrados de los tribunales superiores de justicia en servicio a la fecha de vigencia de esta Constitución”.

Con esta última norma, los magistrados de los tribunales superiores de justicia (Corte Suprema, Cortes de Apelaciones y demás órganos jurisdiccionales que tengan ese carácter) que se desempeñaban como tales a la fecha de entrada en vigencia de la Carta Fundamental, esto es, el 11 de marzo de 1981, no están afectos al límite de edad de 75 años contemplado en el artículo 77.

Es del caso tener presente que esta norma excepcional no se contenía en el Proyecto Ortúzar sino que fue incorporada en los trámites posteriores de redacción de la norma constitucional. Esta norma no recoge los planteamientos manifestados por los miembros de la señalada Comisión de Estudio de la Nueva Constitución , congelando, en forma indefinida y mientras esté vigente esa norma transitoria, los beneficios que la imposición de un límite de edad traen consigo para una adecuada carrera judicial y el desempeño de la judicatura por magistrados en su estado de máxima plenitud intelectual.

Asimismo, la disposición transitoria en comento no permite la adecuación de la jurisprudencia conforme sea el cambio de mentalidad de los magistrados con arreglo a la evolución social que se experimenta y, a la par, implica un detrimento a nuestra tradición de que las normas jurídicas se aplican por igual a quienes se encuentran en una situación análoga. En efecto, no es admisible que exista un grupo de magistrados que gocen de la expectativa de permanecer indefinidamente en sus funciones, en circunstancias que otro esté afecto al límite de edad que establece sanamente el Artículo 77 de nuestro Código Político. A nuestro juicio, esta situación implica una discriminación infundada, a la que debe ponerse término.

Para subsanar esta seria deficiencia normativa, el Gobierno, recogiendo un sentimiento generalizado en la comunidad nacional, ha decidido proponer una enmienda constitucional por medio de la cual se restablece la primacía del límite de edad establecido en el artículo 77 de la Carta Fundamental para el desempeño de la judicatura, sin otra excepción que esa misma norma contempla. Adicionalmente, establece una fecha razonable para que los magistrados de los tribunales superiores de justicia que actualmente se benefician de lo prescrito en el inciso primero de la Disposición Octava Transitoria, hagan cesación de sus cargos.

Por último, cabe agregar que se ha estimado oportuno establecer una fecha cierta y determinada para la producción de los efectos jurídicos de la reforma constitucional. Esta medida se ha estimado necesaria para dar estabilidad a los actos jurisdiccionales que se practiquen hasta antes de esa fecha.

Ahora bien, para dar plena eficacia a la norma constitucional sobre límite de edad, se prescribe, en las disposiciones transitorias a la Constitución, un sistema de renovación de las plazas vacantes y normas relativas al normal funcionamiento del Pleno de la Corte Suprema.

Por último, cabe señalar que los motivos antes enunciados, resultan concordantes con la inclusión de una disposición transitoria mediante la cual se dispone que el Presidente de la Corte Suprema deberá cesar en sus funciones como ministro al concluir su período al frente de la Corte Suprema, que se establece en dos años. En todo caso, debe cesar en sus funciones como Presidente y ministro si ha alcanzado la edad límite establecida en la disposición permanente de la Constitución, esto es, a los 75 años.

III. QUÓRUM NECESARIO PARA APROBAR LA PRESENTE REFORMA CONSTITUCIONAL.

La presente reforma constitucional incide en el Capítulo VI de la Constitución “Poder Judicial” y en las disposiciones transitorias de la propia Carta Fundamental. Como tal, se estima que al no estar integradas estas normas en los capítulos que requieren ser modificados por los dos tercios de los senadores y diputados en ejercicio, de acuerdo a lo establecido en el artículo 116 de la Carta Fundamental, se aplica la regla general, esto es, que requiere para su aprobación del voto conforme de las tres quintas partes de los diputados y senadores en ejercicio.

Sin perjuicio de lo anterior, se ha estimado por otros, con fundamentos dignos de analizar y debatir, que la parte de la reforma relativa a la modificación de la disposición transitoria que exceptúa a que los magistrados que al 11 de marzo de 1981 formaban parte de las Cortes de Apelaciones y de la Corte Suprema, del límite de edad de 75 años, permitiéndoles permanecer en sus cargos de por vida, requeriría el voto conforme de las dos terceras partes de los diputados y senadores en ejercicio, ya que afectaría el Capítulo I de la Constitución relativo a las Bases de la Institucionalidad, por afectar y alterar un mandato que emana de un acto de soberanía.

Sin perjuicio de no compartir este criterio, estimamos que de acuerdo a las leyes y reglamentos respectivos, ésta es una materia que tendrá que ser analizada en su mérito y debatida en nuestro foro constitucional. Debe señalarse que no obstante tal debate, el Gobierno es de la opinión que una reforma constitucional de esta dimensión e importancia, requiere generar un consenso amplio y significativo que permita aunar las voluntades de todos los sectores de la vida nacional.

IV. BENEFICIO COMPENSATORIO PARA LOS MAGISTRADOS QUE EN VIRTUD DE LA PRESENTE REFORMA CONSTITUCIONAL DEBERÁN CESAR EN SUS CARGOS.

De acuerdo a la disposición octava transitoria de la Constitución, los magistrados que al 11 de marzo de 1981 tenían la calidad de Ministro de Corte de Apelaciones o de Corte Suprema , no se rigen por el límite de edad de los 75 años y por lo tanto, pueden permanecer en el ejercicio de sus funciones de por vida, gozando de la remuneración correspondiente a la función que desempeñan.

La modificación de esta disposición, tal cual se postula en la presente reforma constitucional, significará que los señalados ministros deberán cesar en su funciones al cumplir los 75 años de edad y quienes los hayan cumplido, deberán hacerlo el 1º de enero de 1998.

En virtud de lo anterior y tomando en cuenta que estos ministros podían conservar de por vida las remuneraciones correspondiente a la función que desempeñan, se ha estimado necesario establecer para su retiro, un beneficio compensatorio adecuado, en conformidad a lo que establezca la ley respectiva, y que tomará en especial consideración lo señalado.

En consecuencia tengo el honor de someter a la consideración de ese honorable Senado, con urgencia en todos los trámites constitucionales -incluidos los que correspondiere cumplir en la honorable Cámara de Diputados-, la que, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la Ley Nº 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, que califico de “simple”, el siguiente

PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL:

“Artículo único.- Introdúcense en la Constitución Política de la República las siguientes modificaciones:

1. Sustitúyese el número 14º del artículo 32, por el siguiente:

“14º Nombrar a los magistrados de las Cortes de Apelaciones y a los jueces letrados, a proposición de la Corte Suprema y de las Cortes de Apelaciones, respectivamente; al miembro del Tribunal Constitucional que le corresponde designar; y a los magistrados de la Corte Suprema y al Fiscal Nacional, a proposición de la Corte Suprema y con acuerdo del Senado, todo ello conforme a lo prescrito en esta Constitución;”.

2. Agrégase el siguiente número 9 al artículo 49, sustituyéndose en el número 8), la coma (,) y la letra “y”, por un punto y coma (;):

“9) Aprobar, en sesión especialmente convocada al efecto y con el voto conforme de los dos tercios de los senadores en ejercicio, la designación de los Ministros y Fiscales Judiciales de la Corte Suprema y del Fiscal Nacional, y”.

3. Reemplázase el inciso segundo del artículo 75 por los incisos siguientes, pasando los actuales incisos tercero, cuarto, quinto y sexto a ser cuarto, quinto, sexto, y séptimo respectivamente:

“Los ministros y fiscales judiciales de la Corte Suprema serán nombrados por el Presidente de la República con acuerdo del Senado, eligiéndolos de una nómina de cinco personas que, en cada caso, propondrá la misma Corte. El ministro más antiguo de Corte de Apelaciones que figure en lista de méritos, ocupará un lugar en la nómina señalada. Los otros cuatro lugares se llenarán en atención a los merecimientos de los candidatos, debiendo entre ellos figurar a lo menos una persona extraña a la administración de justicia. Corresponderá al pleno de la Corte Suprema, mediante una votación única, donde cada uno de sus integrantes tendrá derecho a votar por tres personas, elegir a dichos postulantes. El Presidente de la República propondrá a uno de los candidatos de dicha nómina, el que deberá ser aprobado por el Senado con el quórum señalado en el artículo 49 Nº9 de esta Constitución. Si el Senado no aprobare la proposición del Presidente de la República , la Corte Suprema deberá completar la nómina con un nuevo nombre en sustitución del rechazado, debiendo reunir el sustituto los mismos requisitos y calidades de aquél, repitiéndose el procedimiento hasta que una proposición presidencial sea aprobada por el Senado, con el quórum precedentemente señalado.

No podrán figurar en las nóminas a que alude el inciso precedente, las personas que desempeñen o hayan desempeñado, durante los dos años anteriores, los cargos de diputado , senador, ministro de Estado , intendente, gobernador, o alcalde.”.

4. Suprímase la oración final del inciso segundo del Artículo 81, que comienza con la expresión “Además...”.

5. Sustitúyese el inciso primero de la disposición octava transitoria por los siguientes, pasando el actual inciso segundo a ser cuarto:

“Las normas relativas a la edad establecidas en el inciso segundo del artículo 77 regirán, respecto de los magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia en servicio a la fecha de entrada en vigencia de esta Constitución, a contar del día 1º de Enero de 1998. Las vacantes que se produzcan en esa fecha, deberán ser provistas en los treinta días siguientes, para lo cual la Corte Suprema propondrá al Presidente de la República las respectivas nóminas dentro de los diez primeros días del mes de enero de 1998. En tanto no se completen las plazas que resulten vacantes, el Pleno de la Corte Suprema podrá sesionar con la mayoría absoluta de sus ministros en ejercicio.

Los magistrados a que alude el inciso precedente y que fuesen elegidos Presidente de la Corte Suprema durarán en dicho cargo dos años y cesarán una vez que culmine este período. En cualquier caso, cesarán en sus funciones como Presidente de la Corte una vez cumplidos los 75 años de edad.

Sin perjuicio de los beneficios previsionales que les corresponda de acuerdo a las leyes, las personas que deban cesar en sus cargos por aplicación de las normas precedentes tendrán derecho a un beneficio compensatorio adecuado, en conformidad a la ley.”.

6. Agrégase la siguiente disposición transitoria:

“Trigésimaoctava.- Hasta el 1º de enero del año 2000, no podrán figurar en las nóminas para integrar la Corte Suprema personas extrañas a la Administración de Justicia que se hayan desempeñado, en cualquier tiempo, en los cargos públicos que se indican en el inciso tercero del artículo 75.”.

Dios guarde a V.E.,

(Fdo.): EDUARDO FREI RUIZ-TAGLE , Presidente de la República ; MARÍA SOLEDAD ALVEAR VALENZUELA , Ministra de Justicia ; JUAN VILLARZÚ ROHDE , Ministro Secretario General de la Presidencia .”

7. Segundo informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia recaído en el proyecto de ley sobre protección de la vida privada. (boletín 896-07)(S)-2

“Honorable Cámara:

Vuestra Comisión de Constitución, Legislación y Justicia pasa a informaros, en segundo trámite constitucional y segundo reglamentario, sobre el proyecto de ley individualizado en el epígrafe, iniciado en una moción del honorable Senador señor Eugenio Cantuarias Larrondo .

-o-

Durante el estudio de esta iniciativa legal, en este segundo trámite reglamentario, vuestra Comisión contó con la asistencia y colaboración del Secretario General de la Universidad de Chile , señor Francisco Cumplido ; el Presidente , el Gerente General y el abogado de Dicom, señores Guillermo Elton, Marco Antonio Álvarez y Jaime Guerrero , respectivamente; el Gerente General de la Base de Datos del Diario Oficial, señor Mario Saquel ; el Gerente General de la Cámara de Comercio de Santiago , señor Claudio Ortiz ; el Fiscal de la Cámara de Comercio de Santiago, señor Cristián García-Huidobro ;; el asesor legal de la Cámara Nacional de Comercio, señor Francisco Arthur ; el representante de la Asociación Chilena de Empresas de Tecnología de Información, señor Fernando Hudson ; el representante de la Asociación de Marketing Directo, señor Sergio Pineda ; los señores Mauricio Alliende Leiva y Emilio Pohl Ibáñez y la señora Gina Peri Mundaca , Presidente , Vicepresidente y Secretaria General del Comité Jurídico de la Asociación de Instituciones de Salud Previsional.

La mayoría de los organismos indicados proporcionó antecedentes escritos en los cuales fijan su posición respecto del proyecto en informe. En el caso de Dicom, acompañó, además, un informe en derecho del profesor José Luis Cea Egaña .

El profesor Humberto Nogueira Alcalá excusó su asistencia y acompañó un informe en derecho que elaborara acerca del proyecto sobre protección de la vida privada.

Todas las intervenciones y antecedentes aportados se tuvieron en consideración para la presentación de las correspondientes indicaciones por parte de los señores Diputados, para lo cual se puso a su disposición un texto comparado elaborado por la Secretaría de la Comisión, que los recoge, que se utilizó como documento de trabajo interno.

I. Constancias reglamentarias.

Para los efectos previstos en el artículo 290 del Reglamento, se hace constar lo siguiente:

1º De los artículos que no hayan sido objeto de indicaciones ni de modificaciones.

No fueron objeto de indicaciones en la discusión del primer informe, ni de modificaciones en el segundo, quedando en condiciones de ser aprobados ipso jure, sin votación, los siguientes artículos:

4, 9, 12, 16, 20, 21, 22, 25, 26 y 27.

El artículo 6º fue objeto de una indicación para suprimirlo, la que fue rechazada, resultando aprobado en los mismos términos.

2º De los artículos que el Senado ha calificado como normas de carácter orgánico constitucional o de quórum calificado y la de aquéllos a los cuales la Comisión otorgue igual carácter.

El Senado calificó como norma orgánica constitucional el artículo 13 de su proyecto, en cuanto establecía que sería juez competente para conocer las acciones basadas en infracción a las normas de esta ley el del domicilio del demandado.

Esa disposición fue rechazada por vuestra Comisión.

En opinión de vuestra Comisión, tiene el carácter de norma orgánica constitucional el inciso final del artículo 16 (13 en el texto aprobado en el primer informe), en cuanto dispone que la Contraloría General de la República deberá tener un listado actualizado de los bancos de datos personales, públicos o privados, atendido lo preceptuado en el artículo 87 de la Carta Fundamental.

Se trata de una función nueva que sólo puede serle conferida en virtud de una norma orgánica constitucional.

El mismo carácter de orgánico constitucional tiene el inciso final del artículo 17, que permite recurrir al juez de letras competente, para requerir la entrega de los antecedentes o efectuar las rectificaciones, enmiendas, complementaciones, bloqueos o cancelaciones a que la disposición se refiere.

3º De los artículos suprimidos.

Se han suprimido los artículos 2, 21 y 22, así como el epígrafe del título III, del texto que figuraba en el primer informe.

4º De los artículos modificados.

Se han modificado los artículos 1, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 15 (pasó a formar parte del 14 nuevo), 17, 18, 19 y 28.

5º De los artículos nuevos introducidos.

Los artículos 2, 13, 14, 15, 23 y 24, además del epígrafe del título III, que se ha cambiado para hacerlo acorde con el contenido de los dos últimos artículos citados.

6º De los artículos que deben ser conocidos por la Comisión de Hacienda.

No hay artículos que deban ser conocidos por la Comisión de Hacienda.

7º De las indicaciones rechazadas.

Se han rechazado las indicaciones para suprimir los artículos 5º, 6º y 7º, y para agregar un artículo 7º bis.

8º De las modificaciones introducidas al texto aprobado por el Senado.

En la discusión en particular, se introdujeron diversas adiciones y enmiendas al proyecto del Senado, las que, de ser aprobadas, recomendación que vuestra Comisión os hace expresamente, obligarían a la Corporación a prestarle aprobación en los siguientes términos:

-Reemplazar la expresión “Título I” por “Título Preliminar”.

-Rechazar sus artículos 1º, 2º y 3º.

-Incorporar, como artículos 1º, 2º y 3º, nuevos, los que se indican en el texto que figura al final del informe.

-Aprobar su artículo 4º, con modificaciones, con la redacción dada al artículo 4º en el texto final.

-Cambiar el epígrafe del título II, que pasa a ser título I, por el siguiente: “Procesamiento y utilización de datos personales”.

-Rechazar el artículo 5º.

-Aprobar, con modificaciones, el artículo 6º, que pasa a ser 5º, con la redacción propuesta en el texto final.

La idea de que los datos personales deben ser usados para el fin para el cual se proveyeron, contenida en este artículo, ha sido incorporada en el artículo 14.

-Aprobar, con modificaciones, los artículos 7º y 8º, pasando a ser artículo 17, con la redacción propuesta en el texto final.

-Rechazar el artículo 9º.

-Incorporar en este título, como artículos nuevos, los signados con los números 6 al 13, inclusives.

-Rechazar el título III y los artículos 10, 11 y 12 que lo conforman.

-Incorporar, como título II, nuevo, uno denominado “Derechos de las personas afectadas”, con los artículos 17 al 22.

-Intercalar, como título III, nuevo, uno denominado “Procesamiento y utilización de datos personales de carácter económico, financiero, bancario o comercial”, que comprende los artículos 23 y 24.

-Cambiar el epígrafe del título IV, por el siguiente: “Sanciones y acciones a que da lugar esta ley”

-Eliminar, en el artículo 13, su frase inicial, relativa a la competencia y trasladar el resto del artículo 13, en lo que al procedimiento y a la apreciación de la prueba se refiere, al artículo 28.

-Rechazar los artículos 14, con la salvedad de su inciso final; 15 y 16.

-Agregar cuatro artículos nuevos, signados con los números 25 al 26.

En el artículo 28 se recoge la frase final del artículo 13 y el inciso final del artículo 14 del proyecto del Senado.

Como consecuencia de los acuerdos adoptados por vuestra Comisión, la suma del proyecto, para que refleje su contenido real, debería ser la siguiente:

“Proyecto de ley sobre protección de los datos de carácter personal”.

9º Forma de adopción de los acuerdos.

Todos los acuerdos adoptados en este segundo trámite reglamentario lo fueron por unanimidad, salvo en el caso del inciso final agregado en el artículo 3º, que lo fue por simple mayoría de votos.

II. Introducción.

El proyecto pretende dar una adecuada protección a las personas en relación con:

-El derecho a la privacidad, precaviendo eventuales intromisiones ilegítimas que pudieran afectarlo, en el ámbito del derecho civil.

-El uso que terceros puedan hacer de sus datos de carácter personal.

De esta forma, la iniciativa del honorable Senado tiende a llenar un vacío en nuestro ordenamiento jurídico, con el propósito de dar protección al derecho a la privacidad de las personas ante eventuales intromisiones ilegítimas que realicen terceros, en el ámbito del derecho civil.

Eso se concreta en un proyecto de ley que consta de cinco títulos:

El título I contiene disposiciones generales sobre la vida privada; los ámbitos que comprende; prohíbe fundar resoluciones judiciales en intromisiones ilegítimas en la vida privada, y no permite difundir ni dar a conocer datos personales obtenidos con ocasión de estudios de mercado o sondeos de opinión pública.

El título II se refiere a la protección de datos, particularmente los de carácter personal, estableciendo diversos derechos y obligaciones en favor de las personas afectadas, así como obligaciones para los que manejen bancos de datos de carácter personal.

El título III, relativo a las intromisiones ilegítimas en la vida privada, considera tales todo acto u omisión arbitrario o ilegal, que perturbe, amenace o prive a una persona del ejercicio legítimo del derecho a su vida privada.

El título IV, sobre las acciones a que dan lugar las infracciones a esta ley, contiene normas de competencia y de procedimiento, permitiendo al afectado demandar indemnización de perjuicios por los daños materiales y morales que sufra.

-o-

Como esta Comisión tuviera ocasión de señalar en el primer informe, el proyecto del honorable Senado, inspirado en el sano propósito de consagrar algunas normas de protección a la vida privada -del todo insuficientes- lo que hace con mayor propiedad y profundidad es dictar normas de protección de los datos de carácter personal.

Por tal razón, vuestra Comisión optó por elaborar un texto ordenado, sistemático e integral sólo sobre el tema de la protección de datos de carácter personal, tarea que encomendó a los Diputados Ferrada y Viera-Gallo, con el encargo de recoger, en lo que fuere pertinente, las ideas contenidas en el proyecto del honorable Senado.

Dicho texto, con las adiciones y enmiendas que le fueron introducidas durante la discusión en particular en el seno de vuestra Comisión, en este segundo trámite reglamentario, es el que se contiene al final de este informe.

III. Antecedentes.

El derecho de la protección de datos ha sido definido como el conjunto de normas jurídicas destinadas a asegurar al individuo el respeto de sus derechos y libertades fundamentales y, especialmente, el respeto a su intimidad ante el cada vez más frecuente tratamiento automatizado de los datos de carácter personal.

Ya no es nada nuevo ni original decir que la protección de las personas respecto de sus datos personales es una manifestación más del respeto a los derechos humanos y una nueva concreción, de particular importancia en el mundo de hoy, en el desarrollo progresivo de estos derechos.

De ahí que se imponga a los Estados un deber de regular la obtención y utilización de datos personales, tanto para su propio uso como en relación con la actividad de los entes privados.

Chile, como cualquier otro Estado y sobre todo, como Estado parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de 1966, está obligado, en relación con la protección de los derechos humanos en general, a legislar en el campo que nos ocupa. Y también lo está, constitucionalmente, principalmente por lo preceptuado en el artículo 19, Nº 4º, de nuestra Carta Fundamental, en relación con su artículo 5º, aunque debe reconocerse que el marco constitucional general sobre el tema está dado por el artículo 19, números 4, 5, 6, 12, 21 y 26 de la Constitución Política de la República. También deben considerarse los incisos primero, cuarto y quinto del artículo 1º de la Constitución Política de la República.

El derecho a la intimidad es, sin duda, el tipo de derecho fundamental donde mejor se aprecia la existencia de una esfera de vida y de acción que se sustrae al influjo de la deliberación o conocimientos colectivos.

Las legislaciones que regulan las materias objeto de la iniciativa legislativa se preocupan de la utilización de los sistemas informáticos, las técnicas y medios de tratamiento automatizados y los manuales para la recolección, procesamiento, custodia, transmisión y difusión de datos.

Se trata de armonizar tres ámbitos de intereses.

El primer ámbito corresponde al empresarial privado, que es el formado por los consumidores de informática y por los productores de informática, que son los que elaboran distribuyen y comercializan productos informáticos.

El segundo ámbito corresponde al público, en el que los datos pueden proporcionarse a los particulares interesados o al público en general, el procesamiento de datos y la información de seguridad.

El tercer ámbito corresponde al de los derechos del afectado por la utilización de datos personales.

-o-

De acuerdo con los antecedentes aportados a la Comisión, los principios generales de orden doctrinario que rigen la materia son los siguientes:

-La información individual dispersa es pública y la información organizada es reservada y quien autoriza es el legislador o quien sea facultado por los interesados.

-Los datos personales sólo pueden recolectarse por medios lícitos.

-Los datos personales sólo pueden recolectarse, procesarse, transmitirse y difundirse para la finalidad para la que, lícitamente, se hubieren recogido.

-Los antecedentes o hechos de la vida íntima o privada, que corresponden a la denominada “información sensible”, son reservados, por lo que su publicidad requiere del consentimiento del afectado o estar autorizada expresamente por una ley excepcional.

-La ley puede, excepcionalmente, autorizar la desviación del fin para el cual se recolectó el dato, sólo con el fin de evitar una amenaza inminente al orden público o una violación grave de derechos de terceros, declaradas por una resolución judicial.

IV. Discusión y votación en particular.

En este segundo trámite reglamentario, al igual que como lo fuera en el anterior, vuestra Comisión, estimó conveniente establecer, más que un texto legal completo sobre la privacidad -cometido que no cumple la moción en informe-, uno dedicado a la protección de los datos personales de las personas, particularmente por la vía informática, ya que es evidente que uno de los más graves atentados contra la privacidad de los sujetos deriva del uso indiscriminado de la informática y de las computadoras.

Con arreglo a lo prevenido en el artículo 131 del Reglamento de la Corporación, la discusión particular tiene por objeto examinar en sus detalles y artículo por artículo, los acuerdos contenidos en el segundo informe de la Comisión. Solamente se someterán a la discusión particular los artículos nuevos propuestos en el segundo informe, los artículos que hayan sido modificados en el segundo informe, las indicaciones rechazadas y renovadas y los artículos suprimidos por la Comisión en el segundo informe.

Por lo tanto, en esta parte sólo corresponde hacer el análisis de aquellos artículos que se encuentren en alguna de las situaciones reglamentarias anteriormente indicadas, específicamente, de los modificados, nuevos incorporados y de los suprimidos.

Aun cuando no es necesario desde un punto de vista estrictamente reglamentario, a continuación se hará una breve reseña del proyecto aprobado por el honorable Senado, con mención de las adiciones o enmiendas de que ha sido objeto durante la discusión en particular en la Comisión, siguiendo el orden del articulado para una más fácil comprensión de la materia en informe.

Título I

Disposiciones generales

(arts. 1 al 4)

Disponen estos artículos, correlativamente, que el respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y de su familia se sujetará a las disposiciones de esta ley, sin perjuicio de lo que establezcan otras leyes especiales (art. 1º); que la vida privada comprende, entre otros aspectos, el respeto a la propia imagen, a la intimidad personal y familiar y a la inviolabilidad del hogar y de toda forma de comunicaciones (art. 2º); que una decisión judicial no puede fundarse en hechos o antecedentes obtenidos por medio de intromisiones ilegítimas en la vida privada de una persona, sin perjuicio de las excepciones legales (art. 3º), y a la prohibición de difundir o dar a conocer, aun privadamente, los datos de índole personal proporcionados por una persona con ocasión de estudios de mercado o sondeos de opinión pública, de modo tal que permitan identificarlas (art. 4º).

Acorde con el criterio general adoptado por vuestra Comisión, este título fue aprobado, con las siguientes enmiendas o adiciones:

-Se reemplazó la denominación de “Título I” por “Título preliminar”, manteniéndose el epígrafe.

-Se rechazaron los artículos 1º, 2º y 3º.

-El artículo 4º se aprobó, con nueva redacción, como habrá ocasión de observar, conservando su número.

-El título preliminar ha quedado conformado por cuatro artículos, los tres primeros nuevos, que tratan de las siguientes materias:

El artículo 1º, dispone, como idea central, el derecho a la autodeterminación informativa de las personas respecto de los datos personales tratados en bancos de datos, cualquiera sea su naturaleza, con el fin de garantizar el pleno respeto y ejercicio de los derechos fundamentales.

Respetándose esa premisa, se consagra la más absoluta libertad para que toda persona tenga el derecho a recolectar, procesar, custodiar y transferir datos.

Con todo, los relativos a datos personales de las personas, quedan sujetos a las disposiciones de esta ley.

Lo anterior, con el propósito de proteger a las personas del uso que terceros puedan hacer de sus datos personales.

El artículo 2º del texto aprobado por la Comisión en su primer informe, que definía lo que debía entenderse por datos personales, fue suprimido.

El artículo 2º, nuevo, contiene diversas definiciones legales, atendido el carácter técnico y la complejidad de la materia en estudio, lo que fue expresamente sugerido por las personas invitadas.

Se define lo que se entiende por almacenamiento de datos, bloqueo de datos, cesión de datos, comunicación de datos, dato anónimo, datos de carácter personal, datos sensibles, difusión de datos, eliminación de datos, interesado, modificación de datos, procedimiento de disociación de datos, registro o banco de datos, responsable del registro o banco de datos, titular de los datos y tratamiento de datos.

Su simple lectura ahorra mayores comentarios al respecto.

El artículo 3º, en su texto anterior, precisaba que quedaban regidos por esta ley los bancos de datos constituidos por una colección de datos personales, ordenados conforme con ciertos criterios que permitan relacionarlos entre sí, sea mediante procedimientos lógicos, automatizados o manuales.

Disponía, al mismo tiempo, que los datos sobre comisión de delitos, faltas o infracciones administrativas sólo podían ser almacenados por los organismos públicos que señale la ley.

La primera parte del artículo fue rechazada en esta ocasión, ya que la materia indicada queda recogida en las diferentes definiciones que se contienen en las definiciones del artículo 2º.

Este artículo, en consecuencia, ha quedado reducido a su parte final, con un agregado.

No se puede suministrar la información indicada luego que haya transcurrido el plazo de prescripción de la acción penal o disciplinaria o la prescripción o cumplimiento de la pena.

El artículo 4º, basado en el artículo 4º del proyecto del Senado previene que en la recolección de datos personales que se realice a través de encuestas, estudios de mercado, sondeos de opinión pública u otros instrumentos similares, se debe informar a las personas del carácter obligatorio o facultativo de las respuestas, así como el propósito para el cual se piden.

En lo que respecta a la comunicación de sus resultados, deben omitirse las señas que puedan permitir la identificación de las personas consultadas.

Hubo acuerdo unánime en que ni en los programas ni en los procedimientos aplicados para la recolección de datos con fines estadísticos se puede incluir ningún elemento que permita la identificación de la persona.

En todo caso, el afectado puede oponerse a la utilización o transmisión de sus datos con fines de publicidad, investigación de mercado o encuestas de opinión. Si se opusiere, los datos deben ser bloqueados.

Este artículo fue aprobado en los mismos términos por lo que no es objeto de la discusión en particular.

Título II

“De la protección de datos”

(arts. 5º al 9º)

Acorde con el contenido de los preceptos que contiene, la informática debe estar al servicio de las personas y su desarrollo debe realizarse respetando el derecho a la vida privada y honra de las personas (art. 5º); el que procese, legítimamente, datos relativos a la vida privada de las personas, sólo puede revelarlos o utilizarlos para aquellas finalidades que hayan sido autorizadas por la ley o consentidas por los afectados (art. 6º); toda persona tiene el derecho a que se le suministre por el usuario de datos procesados a través de la informática, una copia de los antecedentes que tenga en su poder, con indicación de su fuente de origen, en un plazo de cinco días contado desde la solicitud (art. 7º). Similar derecho tiene respecto de sus datos personales. Si éstos últimos fueren inexactos, incompletos, equívocos o atrasados, la persona tiene derecho a exigir que se rectifiquen, completen, aclaren o actualicen, debiendo proporcionársele copia del registro modificado, o que se supriman, si estuvieren caducos o hubieren sido obtenidos fuera de los casos autorizados por la ley. Lo mismo puede hacer si habiendo proporcionado sus datos personales voluntariamente, no deseare continuar figurando en el registro respectivo (art. 8º). Por último, la persona afectada por el uso de datos personales incorrectos, tiene el derecho a ser indemnizada por quien los haya proporcionado (art. 9).

Vuestra Comisión, aprobó este título, que ha pasado a ser título I, con las siguientes adiciones o enmiendas:

-Se cambió el epígrafe por otro que refleja mejor el contenido del título: “Procesamiento y utilización de datos personales”.

-Se rechazó el artículo 5º del Senado.

-Se aprobó, con modificaciones, el artículo 6º del Senado, que pasó a ser artículo 14, con un cambio en su redacción, en los términos que se indican en el texto final.

-Se han aprobado los artículos 7º y 8º del Senado, con cambios en su redacción, pasando a ser artículo 17, como luego se verá.

-Se han incorporado a este título, como artículos nuevos, los signados con los números 5º al 13, inclusives.

El artículo 5º dispone que la recolección, almacenamiento, el procesamiento y la utilización de datos personales sólo puede efectuarse cuando esta ley u otras disposiciones legales lo autoricen, o la persona afectada consienta en ello, por escrito.

La persona debe ser informada del propósito del almacenamiento de los datos y su posible comunicación al público.

En este trámite, se han agregado diversas disposiciones, con el objeto de establecer:

-que la autorización puede ser revocada, pero sin efecto retroactivo.

-que no requiere de autorización la recolección o comunicación de datos personales de carácter económico, financiero, bancario o comercial, que provengan o se recojan de fuentes accesibles al público; o de datos personales contenidos en listados relativos a una categoría de personas. Las asociaciones gremiales tampoco requieren de autorización cuando se limiten a compilar bases de datos personales de sus asociados.

Cabe tener presente que este artículo fue objeto de una indicación para suprimirlo, la que fue rechazada.

El artículo 6º se refiere a la recolección, almacenamiento, procesamiento y utilización de datos personales por parte de organismos públicos.

Tales labores están sujetas a las siguientes exigencias de admisibilidad:

-Deben ser indispensables para el cumplimiento de tareas que les corresponden dentro del ámbito de su competencia, cuando sea evidente que ocurren en beneficio exclusivo del afectado, o para

-Revisar declaraciones respecto de cuya veracidad o exactitud existan dudas fundadas, o

-Sean necesarios para evitar perjuicios a la comunidad, resguardar la seguridad pública o realizar labores judiciales, incluida la investigación de delitos.

Este artículo, que fue aprobado en los mismos términos, fue objeto de una indicación para suprimirlo, la que fue rechazada.

El artículo 7º se refiere a la recolección, el almacenamiento, el procesamiento y la utilización de datos personales por personas privadas.

La regla general es que estos cometidos sólo pueden desarrollarse y ejecutarse en el marco de una relación convencional, esto es, se exige el acuerdo de voluntades de ambos intervinientes.

Se ha utilizado la expresión “relación convencional” y no “relación contractual”, por ser más amplia y para no dejar fuera el campo de las convenciones innominadas, que son actos jurídicos y no contratos, en el sentido estricto de la palabra.

Se ha modificado este artículo con el objeto de precisar que no se requerirá de esta relación convencional en los casos en que, de acuerdo con el artículo 5º, no se requiere de autorización.

El artículo 8º, que era 11, regula la transmisión de datos personales entre organismos públicos y privados, autorizados para establecer procedimientos automatizados.

Ello debe hacerse cautelando los derechos de las personas involucradas y siempre y cuando guarden relación con las tareas y finalidades de los organismos participantes.

Existe, además, el deber de dejar constancia de la individualización del requirente, el motivo o propósito del requerimiento y del tipo de datos transmitidos.

La instancia que almacena los datos debe evaluar la admisibilidad del requerimiento, pero la responsabilidad es de quien formula la petición.

A su vez, el receptor de los datos sólo puede procesarlos o utilizarlos para el logro de los fines que motivaron el requerimiento.

Todo lo anterior no rige cuando se trata de datos accesibles al público en general.

Tampoco rige cuando se transmiten datos personales a organizaciones internacionales en cumplimiento de tratados y convenios vigentes.

Este artículo fue aprobado con una modificación en su encabezamiento, con el fin de reemplazar la oración “Los organismos públicos y los privados legalmente autorizados, podrán establecer un procedimiento automatizado de transmisión de datos personales” por “El responsable del registro o banco de datos personales podrá establecer un procedimiento automatizado de transmisión”.

El concepto de “responsable del registro o banco de datos” está expresamente definido en la letra m) del artículo 2º.

El artículo 9º, que era 8º, se limita a señalar que los datos personales deben ser procesados de buena fe y de una manera que guarde concordancia con esta ley.

Se aprobó en los mismos términos, por lo que no cabe a su respecto discusión en particular.

El artículo 10 exige la cancelación de los datos personales cuando su almacenamiento sea improcedente o inadmisible.

Se le ha modificado, con el fin de hablar de eliminación o cancelación y ampliar los casos de improcedencia o inadmisibilidad, lo que sucederá cuando sean erróneos, inexactos, equívocos, caducos o incompletos.

El artículo 11 impone el deber de secreto a las personas que trabajen en el procesamiento de datos personales, tanto públicos como privados, obligación que no cesa por haber terminado sus actividades en ese campo.

Se le ha modificado para precisar que esta obligación rige sólo cuando ellos provengan o hayan sido recogidos de fuentes no accesibles a público.

El artículo 12 regula el procesamiento de datos por mandato, caso en el cual se aplicarán las reglas generales, debiendo dejarse constancia escrita de las condiciones del procesamiento y de los fines para los cuales se utilizan, estipulaciones que el mandatario debe respetar.

Se aprobó en los mismos términos, por lo que no cabe a su respecto discusión en particular.

Los artículos 13, 14 y 15 son nuevos y se han incorporado como principios básicos sobre la calidad de los datos personales.

El artículo 13, nuevo, dispone que los datos de carácter personal sólo pueden recogerse cuando sean adecuados, pertinentes y no excesivos, en relación al ámbito y finalidad para los cuales se obtuvieron.

El artículo 14, nuevo, señala que la información debe utilizarse sólo para los fines para los cuales fue recogida, salvo que provengan o se hayan recogido de fuentes accesibles al público o que a su respecto exista un interés legítimo y así se acredite.

En todo caso -se puntualiza- la información debe ser exacta, actualizada y responder con veracidad a la situación real del interesado.

Esta disposición recoge, en parte, las ideas contenidas en el artículo 15 del primer informe.

El artículo 15, nuevo, prohíbe que puedan ser objeto de tratamiento o cesión los datos sensibles, que son definidos en la letra g) del artículo 2º, a cuya lectura nos remitimos.

El artículo 16, que era 13, contempla el registro de los bancos de datos, tanto públicos como privados, con exclusión de los transitorios, entendiendo por tales los que son cancelados dentro de los tres meses desde su establecimiento.

Se entrega a la Contraloría General de la República la misión de llevar un listado actualizado de estos bancos, el cual podrá ser consultado por el público.

Este artículo se aprobó en los mismos términos, por lo que no cabe a su respecto discusión en particular.

Título III

“De las intromisiones ilegítimas en la vida privada”

(arts. 10 al 12)

Establecen, en el orden indicado, que constituye intromisión ilegítima todo acto u omisión arbitrario o ilegal que perturbe, amenace o prive a una persona del ejercicio legítimo del derecho a su vida privada (art. 10); que las intromisiones ilegítimas a través de un medio de difusión, se rigen por la Ley de Abusos de Publicidad (art. 11); que la difusión de hechos concernientes a la vida privada de una persona, con infracción a lo dispuesto en esta ley, no los priva de su carácter privado ni impide al afectado ejercer las acciones pertinentes, si se siguieren difundiendo (art. 12).

Vuestra Comisión, por unanimidad, rechazó este título, dado que no estimó pertinente legislar en esta ley sobre la protección de la vida privada de las personas.

En su reemplazo, aprobó un título II, denominado “Derechos de las personas afectadas”, que comprende los artículos 17 al 22.

En general, se recogen en ellos los principios del “habeas data”.

El artículo 17, que recoge las ideas contenidas en los artículos 7º y 8º del Senado, ampliándolas, norma el derecho de acceso de la persona a la información existente sobre sus datos personales, su procedencia y destino.

En general, consagra los siguientes derechos en favor de las personas cuyos datos personales consten en bancos automatizados:

-La entrega de los datos relativos a su persona, su procedencia, destinatario, propósito del almacenamiento e individualización de las personas o entes a los cuales son transmitidos regularmente.

-La rectificación, complementación, aclaración o actualización de los datos relativos a su persona, si fueren inexactos incompletos, equívocos o atrasados.

-La supresión de tales antecedentes, si estuvieren caducos, esto es, hubieren perdido vigencia o actualidad, o hubieren sido obtenidos fuera de los casos autorizados por la ley, o si no se deseare continuar figurando en el registro respectivo.

-La entrega gratuita del registro modificado.

-La notificación de la rectificación o cancelación de los registros al cesionario, si hubiere habido cesión.

-La posibilidad de recurrir a la justicia, si el administrador o responsable de un banco de datos personales no acepta entregar los antecedentes o la corrección solicitada por la persona afectada.

-El derecho a acceso sólo puede ser ejercido a intervalos no inferiores a doce meses, salvo que se acredite un interés legítimo al efecto, en cuyo caso puede hacerse antes.

Se ha modificado esta disposición para precisar que la solicitud de rectificación da datos será absolutamente gratuita, debiendo proporcionarse, a solicitud del interesado, copia del registro modificado en la parte pertinente.

Asimismo, se ha modificado el inciso final, con el propósito de radicar en el juez de letras competente -no en el juez del crimen- el conocimiento de todas estas materias, por estimarse que no es este último el órgano más idóneo, sino el juez civil, el que debe también resolver sobre la indemnización de los perjuicios causados.

El artículo 18, que era 16, establece que los datos personales deben ser cancelados cuando su almacenamiento carezca de fundamento legal.

Se le ha modificado con el solo propósito de hacer referencia también a la eliminación de ellos.

El artículo 19 se refiere al bloqueo de datos personales cuya exactitud no pueda ser establecida. Se trata de datos que no se borran pero que no pueden ser utilizados, por el motivo ya indicado.

Se le ha modificado, para establecer que no pueden ser transmitidos salvo con autorización de la persona involucrada o cuando sean indispensables para una investigación científica, administrativa o judicial.

El artículo 20 resguarda el derecho de las personas a la información, rectificación, cancelación o bloqueo de sus datos personales, señalando expresamente que no puede ser limitado por medio de ningún acto o convención.

Se aprobó en los mismos términos, por lo que no cabe a su respecto discusión particular.

El artículo 21 se pone en el caso de que los datos personales estén en un banco al que tengan acceso legal varios organismos.

En tal caso, el interesado puede interpelar, esto es, requerir, compeler o simplemente preguntar a cualquiera de ellos, respondiendo todos solidariamente.

Se aprobó en los términos propuestos, por lo que no cabe a su respecto discusión particular.

El artículo 22, que era 20, final de este título II, dispone que lo establecido en los diferentes artículos que lo integran no se aplicará a los datos personales que hayan sido almacenados por mandato de ley que impida su modificación o cancelación, o cuando se refieran a materias de seguridad pública o estén cubiertos por el secreto conforme con la ley.

Se aprobó en los mismos términos, por lo que no cabe a su respecto discusión particular.

-o-

A continuación, vuestra Comisión había aprobado, en el primer trámite reglamentario, un título III, nuevo, denominado “Procesamiento y utilización de datos personales por los medios de comunicación social”, que comprendía los artículos 21 y 22.

El artículo 21 disponía que quedaban excluidos de esta ley los bancos de datos de los medios de comunicación social, aun cuando contengan datos personales, siempre que éstos sean almacenados con fines exclusivamente periodísticos.

Sólo les es aplicable esta ley en cuanto a la obligación de secreto respecto de los datos personales y el impedimento de difundirlos por cualquier vía y a cualquier título, salvo bajo la forma de una noticia, reportaje, investigación o crónica periodística, publicados en el mismo medio.

La idea era que esta materia quedara regulada en la ley sobre libertades de opinión e información, radicado actualmente en el Senado en segundo trámite constitucional.

El artículo 22 se pone en el caso de que una persona haga uso del derecho de réplica o rectificación que contempla la ley sobre las libertades de opinión y de información.

En tal caso, el contenido de ellas debe ser almacenado junto con los datos personales que motivaron ese recurso.

En esta ocasión, vuestra Comisión ha rechazado ambos artículos y, consecuencialmente, el epígrafe del título. El primero, por considerarlo discriminatorio y el segundo, por no corresponder a la materia que regula esta ley, esto es, al habeas data, sino a la libertad de opinión e información de que trata el artículo 19, Nº 12, de la Carta Fundamental.

-o-

En reemplazo de ese título, ha incorporado uno nuevo, relativo al procesamiento y utilización de datos personales de carácter económico, financiero, bancario o comercial, que comprende los artículos 23 y 24.

El artículo 23 contiene dos ideas de alguna forma complementarias.

En primer lugar, dispone que los registros de datos personales no pueden suministrar ni contener información que verse sobre obligaciones impagas de carácter económico, financiero, bancario o comercial, transcurridos tres años desde que dichas obligaciones hayan sido canceladas.

En segundo lugar, establece que no pueden proveerse a terceros datos de carácter negativo de una persona identificada o identificable, luego de transcurridos cinco años desde que la respectiva obligación se extinguió por cualquier causa legal.

Con ello se busca terminar con los denominados registros o boletines históricos, que perduran indefinidamente en el tiempo, pese al hecho de haberse cancelado o aclarado las obligaciones a que ellos se refieren, que utilizan el sistema financiero, bancario y comercial, como elemento determinante para la toma de sus decisiones.

El artículo 24 prohíbe a los responsables de bancos de datos personales transmitir datos personales desde o hacia países cuya legislación no ofrezca garantías análogas a las previstas en esta ley.

Se exceptúan de la prohibición anterior, las transferencias internacionales de créditos, las transferencias de información para los efectos de prestar colaboración a las autoridades judiciales y policiales internaciones, así como cualquier transferencia que resulte de la aplicación de tratados o convenios internacionales en que Chile sea parte.

Título IV

“De las acciones a que den lugar las infracciones a la presente ley”

(arts. 13 al 16)

Establece que es juez competente para conocer de las infracciones a las normas de esta ley, el del domicilio del demandado; que las acciones pertinentes se sujetan a las reglas del juicio sumario y la prueba se aprecia en conciencia (art. 13); que toda infracción da derecho al perjudicado para demandar perjuicios por los daños materiales y morales que le haya causado; que la acción misma puede interponerse conjuntamente con la demanda destinada a establecer la infracción y que en el caso del daño moral, la indemnización la fijará prudencialmente el tribunal, considerando las circunstancias del caso y la gravedad de los hechos (art. 14); que en caso de fallecimiento del afectado, las acciones las pueden ejercer sus sucesores, dentro de un plazo no superior a diez años desde el deceso (art. 15), y que el juez pueda apremiar al usuario de datos procesados a través de la informática, si se niega a entregar copia a la persona afectada, en los casos indicados en los artículos 7 y 8º (art. 16).

Este título fue aprobado con las siguientes adiciones o enmiendas:

-Se cambió el epígrafe del título por el siguiente: “Sanciones y acciones a que da lugar esta ley”.

-Se eliminó la regla de competencia establecida en el artículo 13, por estimarla innecesaria, ya que repite la regla establecida en el Código Orgánico de Tribunales.

El resto del artículo, en lo que se refiere al procedimiento y a la apreciación de la prueba, se recogió en el artículo 28, como se verá.

-Se rechazó el artículo 14, por estimarse que no hace otra cosa que repetir normas de procedimiento que están en el Código de Procedimiento Civil, con la salvedad de su inciso final, que se recoge en el inciso final del nuevo artículo 28.

-Se rechazó el artículo 15, por considerar que la posibilidad de que los herederos puedan ejercer las acciones que esta ley confiere al causante no requieren de explicitación o de regulación especial, bastando con las reglas generales.

-Se rechazó el artículo 16, por cuanto las hipótesis que contempla se han recogido en el inciso final del nuevo artículo 17, estando el juez de letras competente de acuerdo con las reglas generales facultado para decretar los apremios que estime pertinentes.

-En el primer trámite reglamentario, la Comisión agregó cuatro artículos nuevos, signados con los números 25 al 28.

El artículo 25, que era 23, sanciona con presidio menor en su grado mínimo a medio (61 días a 3 años), al que recolecte, almacene, procese, utilice o transmita datos personales protegidos por esta ley, que no sean públicos, sin estar facultado para ello.

El artículo 26, que era 24, impone igual sanción al que, mediante falsa información o engaño, obtenga la transmisión de datos personales protegidos por esta ley, que no sean públicos.

El artículo 27, que era 25, impone, a los organismos públicos o privados, la obligación de indemnizar los perjuicios causados por el procesamiento, utilización y divulgación de los datos personales.

Ello ocurrirá cuando no hayan adoptado todos los resguardos técnicos para evitar un error en el almacenamiento de los mismos o hubiere habido negligencia en su manejo.

Aquí se está estableciendo una indemnización por un error técnico, lo que equivale a la negligencia. Si lo hay, no es necesario probar la negligencia.

Estos tres artículos fueron aprobados en los mismos términos, por lo que no cabe respecto a ellos discusión particular.

El artículo 28, que era 26, dispone que las acciones penales se rigen por las reglas generales.

Las civiles de indemnización de perjuicios por los daños materiales y morales se sujetan al procedimiento sumario y la prueba se aprecia en conciencia por el juez, tal como lo señala el artículo 13 del proyecto del Senado, en su parte final.

El monto de la indemnización será establecido prudencialmente por el juez, considerando las circunstancias del caso y la gravedad de los hechos.

Se recoge el inciso final del artículo 14 del proyecto del Senado.

Esta normativa ha sido objeto de una indicación, destinada a sustituir su inciso segundo, con el fin de precisar que las acciones civiles tendientes a ejercer los derechos que esta ley consagra, incluida la de indemnización de perjuicios por los daños materiales y morales causados se sujetarán al procedimiento sumario.

Otra idea que se incorpora en la indicación es que el juez debe tomar todas las providencias que estime convenientes para hacer efectiva la protección de tales derechos.

V. Texto del proyecto.

En virtud de los acuerdos adoptados por vuestra Comisión, el proyecto quedaría redactado en los siguientes términos:

“Proyecto de ley:

Protección de datos de carácter personal.

Título Preliminar

Disposiciones generales

Artículo 1º. Esta ley asegura el derecho de autodeterminación informativa de las personas respecto de los datos personales tratados en bancos de datos, automatizados o no, o registrados en soportes físicos que puedan ser objeto de tratamiento automatizado o no, como asimismo, mediante otras técnicas, con el fin de garantizar el pleno respeto y ejercicio de los derechos fundamentales.

Sin perjuicio de lo anterior, toda persona tiene derecho a recolectar, procesar, almacenar, custodiar y transferir datos, ajustándose a las disposiciones de esta ley, con el fin de transmitirlos o difundirlos en la forma prevista en esta ley.

Con el propósito de proteger a las personas por el uso que terceros pueden hacer de sus datos personales, la recolección, procesamiento y utilización de los mismos se sujetarán a las disposiciones de esta ley.

Artículo 2º. Para los efectos de esta ley se entenderá por:

a) Almacenamiento de datos, la obtención, toma o custodia de datos, en registro o banco de datos, para su utilización posterior.

b) Bloqueo de datos, la conservación de los datos personales con suspensión temporaria de cualquier operación de tratamiento, por orden del tribunal competente.

c) Cesión de datos, dar a conocer los datos tratados a terceros, siendo suministrados éstos por el responsable del registro o banco de datos.

d) Comunicación de datos, otorgar conocimiento acerca de los datos de carácter privado a una o más personas determinadas diversas del interesado, en cualquier forma, incluidas la cesión, puesta a disposición o consulta.

e) Dato anónimo, el dato que, en su origen, o como consecuencia de su tratamiento, no puede ser asociado a un interesado identificado o identificable.

f) Datos de carácter personal, los relativos a cualquier información concerniente a personas físicas, identificadas o identificables, que denoten alguna característica física o de su personalidad, o que se refieran a hechos o circunstancias de su vida privada, intimidad o a información de carácter sensible, tales como el origen racial o étnico, las opiniones políticas, las convicciones religiosas y filosóficas, la pertenencia a sindicatos, la salud o la sexualidad.

g) Datos sensibles, los datos personales que se refieren a las características físicas o morales de las personas, tales como los hábitos personales, el origen racial, las ideologías y opiniones políticas, las creencias o convicciones religiosas, los estados de salud físicos o psíquicos, las enfermedades, la vida sexual y las condenas criminales.

h) Difusión de datos, dar conocimiento de los datos de carácter personal a sujetos indeterminados, de cualquier forma, incluidas la puesta a disposición o la consulta.

i) Eliminación de datos, la destrucción de datos almacenados en registros o bancos de datos, automatizados, electrónicos o normales, cualquiera fuere el procedimiento empleado para ello.

j) Interesado, la persona natural a la que se refieren los datos de carácter personal.

k) Modificación de datos, todo cambio en el contenido de los datos almacenados en registros o bancos de datos.

l) Procedimiento de disociación de datos, todo tratamiento de datos personales de manera que la información obtenida no puede asociarse a persona determinada o determinable.

ll) Registro o banco de datos, los que están constituidos por un conjunto organizado de datos de carácter personal que sean de carácter automatizado o manual, cualquiera sea la forma o modalidad de su creación u organización, que permitan relacionar los datos entre sí.

m) Responsable del registro o banco de datos, la persona natural, moral o jurídica, o cualquier otro ente, público o privado, titular del registro o banco de datos.

n) Titular de los datos, la persona natural, moral o jurídica, o cualquier otro ente a quien compete la decisión en orden a determinar la finalidad o la modalidad o tratamiento de los datos de carácter personal.

ñ) Tratamiento de datos, cualquier operación o complejo de operaciones o procedimientos técnicos, de carácter automatizado o no que permitan recoger, almacenar, grabar, organizar, elaborar, conservar, seleccionar, extraer, confrontar, utilizar, interconectar, disociar, comunicar, difundir, ceder, transferir, cancelar o destruir datos de carácter personal.

Artículo 3º. Los datos personales sobre comisión de delitos, faltas o infracciones administrativas sólo podrán ser almacenados por los organismos públicos que autoriza la ley.

No se podrá suministrar la información indicada en el inciso anterior luego que haya transcurrido el plazo de prescripción de la acción penal o disciplinaria o la prescripción o cumplimiento de la pena.

Artículo 4º. En toda recolección de datos personales que se realice a través de encuestas, estudios de mercado o sondeos de opinión pública u otros instrumentos semejantes, se deberá informar a las personas del carácter obligatorio o facultativo de las respuestas y el propósito para el cual se está solicitando la información. La comunicación de sus resultados debe omitir las señas que puedan permitir la identificación de las personas.

El afectado puede oponerse a la utilización o transmisión de sus datos personales con fines de publicidad, investigación de mercado o encuestas de opinión. En tal caso, los datos serán bloqueados.

Título I

Procesamiento y utilización de datos personales

Artículo 5º. La recolección, el almacenamiento, el procesamiento y la utilización de los datos personales sólo pueden efectuarse cuando esta ley u otras disposiciones legales lo autoricen o la persona afectada consienta expresamente en ello.

La persona que autoriza debe ser debidamente informada respecto del propósito del almacenamiento de sus datos personales y su posible comunicación al público.

La autorización debe constar por escrito.

La autorización puede ser revocada, aunque sin efecto retroactivo.

No requiere autorización la recolección o comunicación de datos personales de carácter económico, financiero, bancario o comercial que provengan o que se recojan de fuentes accesibles al público, o de datos personales contenidos en listados relativos a una categoría de personas, en la medida que se limiten a indicar la pertenencia del individuo a ese grupo, a señalar su profesión o actividad, sus títulos educativos, dirección o fecha de nacimiento.

Tampoco requerirán de esta autorización las asociaciones gremiales que compilen bases de datos personales destinados al uso exclusivo de sus asociados, para fines estadísticos, de tarificación u otros de beneficio general de éstos.

Artículo 6º. La recolección, el almacenamiento, el procesamiento y la utilización de datos personales por parte de organismos públicos sólo será admisible cuando sea indispensable para el cumplimiento de las tareas que les corresponden y dentro del ámbito de su competencia, cuando sea evidente que ello ocurre en beneficio exclusivo del afectado; cuando deban ser revisadas declaraciones de particulares respecto de cuya veracidad o exactitud existan dudas fundadas, o cuando sea necesario para evitar perjuicios a la comunidad, resguardar la seguridad pública o realizar labores judiciales, incluida la investigación de delitos.

Artículo 7º. La recolección, el almacenamiento, el procesamiento y la utilización de datos personales, efectuados por personas privadas, sólo podrá efectuarse y ejecutarse en virtud de una relación convencional, salvo en los casos en que, de acuerdo con el artículo 5º, no se requiere de autorización.

Artículo 8º (11). El responsable del registro o banco de datos personales podrá establecer un procedimiento automatizado de transmisión, siempre que se cautelen adecuadamente los derechos de las personas involucradas y la transmisión guarde relación con las tareas y finalidades de los organismos participantes.

Frente a un requerimiento de datos personales mediante una red electrónica legalmente constituida, deberá dejarse constancia de:

a) La individualización del requirente;

b) El motivo y el propósito del requerimiento, y

c) El tipo de datos que se transmiten.

La admisibilidad del requerimiento será evaluada por la instancia almacenadora de los datos, pero la responsabilidad por el mismo será de quien haga la petición.

El receptor sólo puede procesar o utilizar los datos personales para el logro de los fines que motivaron la transmisión.

No se aplicará este artículo cuando se trate de datos personales accesibles al público en general.

Esta disposición tampoco es aplicable cuando se transmiten datos personales a organizaciones internacionales en cumplimiento de lo dispuesto en los tratados y convenios vigentes.

Artículo 9º (8). Los datos personales deben ser procesados de buena fe y de una manera que guarde concordancia con esta ley.

Artículo 10 (9º) . Los datos personales deben ser eliminados o cancelados cuando sean erróneos, inexactos en todo o en parte, equívocos, caducos o incompletos, o cuando su almacenamiento sea improcedente o inadmisible conforme con esta ley.

Artículo 11 (10). Las personas que trabajen en el procesamiento de datos personales tanto en organismos públicos como privados, están obligadas a guardar secreto sobre los mismos, cuando ellos provengan o hayan sido recogidos de fuentes no accesibles a público, obligación que no cesa por haber terminado sus actividades en ese campo.

Artículo 12. En el caso de que el procesamiento de datos personales se efectúe por mandato, se aplicarán las reglas generales.

El mandato deberá ser otorgado por escrito, dejando especial constancia de las condiciones del procesamiento y utilización de los datos.

El mandatario deberá respetar esas estipulaciones en el cumplimiento de su encargo.

Artículo 13. Los datos de carácter personal sólo pueden recogerse cuando sean adecuados, pertinentes y no excesivos en relación al ámbito y finalidad legítimos y legales para los que se hubieren obtenido.

Artículo 14 (15) La información debe utilizarse sólo para los fines para los cuales hubiere sido recogida, salvo que provengan o se hayan recogido de fuentes accesibles al público o que a su respecto exista un interés legítimo y así se acredite.

En todo caso, la información debe ser exacta, actualizada y responder con veracidad a la situación real del interesado.

Artículo 15. No pueden ser objeto de tratamiento o cesión los datos sensibles, salvo cuando la ley lo autorice o exista consentimiento del interesado.

Artículo 16 (13). Los organismos públicos deberán llevar un registro de los bancos de datos personales, dejando expresa constancia de su carácter propio, finalidad, tipo de datos almacenados y universo de personas afectadas.

También habrá un registro de los bancos de datos personales privados, organizados con la finalidad de darlos a conocer a terceros.

Se excluye de esta obligación a los bancos de datos personales transitorios, entendiéndose por tales los que son cancelados dentro de tres meses contados desde su establecimiento.

La Contraloría General de la República tendrá un listado actualizado de los bancos de datos a que se refiere este artículo, el cual podrá ser consultado por el público.

Título II

Derechos de las personas afectadas.

Artículo 17 (14). Toda persona tiene derecho a exigir a quien sea responsable de un banco que se dedique en forma pública, privada o comercial, al procesamiento automatizado de datos personales, la entrega de toda la información sobre los datos relativos a su persona, su procedencia y destinatario, el propósito del almacenamiento y personas o entes a los cuales sus datos son transmitidos regularmente.

En caso de que los datos personales sean erróneos, inexactos, incompletos, caducos, equívocos o atrasados, y así se acredite con antecedentes fidedignos, tendrá derecho a que se rectifiquen, completen, aclaren o actualicen.

Sin perjuicio de las excepciones legales, podrá, además, exigir que se supriman tales antecedentes, en caso de que estuvieren caducos o hubieren sido recogidos, conservados, utilizados, transmitidos o divulgados, fuera de los casos autorizados en la ley. Igual exigencia podrá hacer en los casos en que, tratándose de datos personales proporcionados voluntariamente, no desee continuar figurando en el registro respectivo.

En el caso de los dos incisos anteriores, la solicitud de rectificación de datos será absolutamente gratuita, debiendo proporcionarse, además, a solicitud del interesado, copia del registro modificado en la parte atingente.

El derecho de acceso a que se refiere este artículo sólo podrá ser ejercido a intervalos no inferiores a doce meses, salvo que el afectado acredite un interés legítimo al efecto, en cuyo caso podrá ejercitarlo antes.

Si los datos personales rectificados o cancelados hubieren sido cedidos previamente, el responsable del fichero deberá notificar la rectificación o cancelación efectuada al cesionario.

El administrador o responsable de un archivo de datos personales que no haya entregado los antecedentes personales solicitados o no haya aceptado la corrección o bloqueo solicitados por la persona afectada, podrá ser requerido a través del juez de letras competente, pudiendo ser obligado a entregar los antecedentes o a efectuar la rectificación, enmienda, complementación, bloqueo o cancelación, en su caso, por resolución judicial, y a indemnizar los perjuicios que hubiere causado.

Artículo 18 (16). Los datos personales deberán ser eliminados o cancelados cuando su almacenamiento carezca de fundamento legal.

Artículo 19 (17). Se bloquearán los datos personales cuya exactitud no pueda ser establecida y respecto de los cuales no proceda la cancelación. Los datos bloqueados no podrán ser transmitidos salvo con autorización de la persona involucrada o cuando sea indispensable para una investigación científica, administrativa o judicial.

Artículo 20 (18). El derecho de las personas a la información, rectificación, cancelación o bloqueo de sus datos personales no puede ser limitado por medio de ningún acto o convención.

Artículo 21 (19). Si los datos personales están en un banco de datos al cual tienen acceso legal diversos organismos, el interesado puede interpelar a cualquiera de ellos.

En tal caso, todos los organismos involucrados responden solidariamente.

Artículo 22 (20). Lo establecido en los diferentes artículos de este título no se aplicará a los datos personales que han sido almacenados por mandato legal que impida su modificación o cancelación, o cuando se refieran a materias de seguridad pública o estén cubiertos por el secreto conforme con la ley.

En este caso, la denegación de la solicitud de información no requiere ser fundada.

Título III

Procesamiento y utilización de datos personales de carácter económico,

financiero, bancario o comercial.

Artículo 23. Los registros de datos personales no podrán suministrar ni contener información que verse sobre obligaciones impagas de carácter económico, financiero, bancario o comercial, después de transcurridos tres años desde que dichas obligaciones hayan sido canceladas.

En todo caso, no pueden proveerse a terceros datos de carácter negativo de una persona identificada o identificable, luego de transcurridos cinco años desde que la respectiva obligación se extinguió por cualquier causa legal.

Artículo 24. Prohíbese a los responsables de bancos de datos personales transmitir datos personales desde países o con destino a países cuya legislación no ofrezca garantías análogas a las previstas en esta ley.

Se exceptúan las transferencias internacionales de créditos, las transferencias de información para los efectos de prestar colaboración a las autoridades judiciales y policiales internacionales, así como cualquier otra transferencia que resulte de la aplicación de tratados o convenios internacionales en que el Estado de Chile sea parte.

Título IV

Sanciones y acciones a que da lugar esta ley.

Artículo 25 (23). El que sin estar facultado recolecte, almacene, procese, utilice o transmita datos personales protegidos por esta ley, que no sean públicos, será sancionado con presidio menor en su grado mínimo a medio.

Artículo 26 (24). Recibirá la misma sanción el que, mediante falsa información o engaño, obtenga la transmisión de datos personales protegidos por esta ley, que no sean públicos.

Artículo 27 (25). El organismo público o privado está obligado a indemnizar el daño que causare por el procesamiento, utilización y divulgación de los datos personales, cuando no se hubieren adoptado todos los resguardos técnicos necesarios para evitar un error en el almacenamiento de los mismos o hubiere habido negligencia en su manejo.

Artículo 28 (26). Las acciones penales se regirán por las reglas generales.

Las acciones civiles tendientes a ejercer los derechos que esta ley establece, incluida la indemnización de los perjuicios por los daños materiales y morales causados se sujetarán al procedimiento sumario. El juez tomará todas las providencias que estime convenientes para hacer efectiva la protección de tales derechos. La prueba se apreciará en conciencia por el juez.

El monto de la indemnización será establecido prudencialmente por el juez considerando las circunstancias del caso y la gravedad de los hechos.”

-o-

Continúa de Diputado Informante el señor José Antonio Viera-Gallo Quesney .

Sala de la Comisión, a 3 de septiembre de 1997.

Acordado en sesiones de fechas 30 de abril, 7 y 14 de mayo y 3 de septiembre de 1997, con asistencia de los señores Cornejo ( Presidente ), Allamand , Coloma , Chadwick , Elgueta , Espina, Ferrada , Gajardo , Luksic , Pérez Lobos , Raúl Urrutia , Viera-Gallo y señora Wörner .

(Fdo.): ADRIÁN ÁLVAREZ ÁLVAREZ , Secretario de la Comisión .”

8. Segundo informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana sobre el proyecto de ley que modifica las letras a), b) y f) del artículo 42 del decreto ley Nº 825, de 1974, en lo relativo al impuesto adicional a las bebidas alcohólicas. (boletín Nº 1732-05) (2).

“Honorable Cámara:

Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana pasa a entregaros su segundo informe reglamentario sobre el proyecto de ley, originado en una iniciativa de S.E. el Presidente de la República , que tiene por objeto modificar las letras a), b) y f) del artículo 42 del decreto ley Nº 825, de 1974, que gravan con un impuesto adicional al impuesto al valor agregado las ventas o importaciones de los licores, incluidos aguardientes y vinos licorosos similares al vermouth; los piscos y el whisky, con tasas del 30%; 25%, y 70%, respectivamente, aprobado en general por la Sala en su sesión del 17 de julio de 1997.

Durante la discusión general en la Sala, los señores Diputados Palma, don Andrés ; Jocelyn-Holt , Jürgensen , Munizaga , Prokuriça y Vilches presentaron las indicaciones siguientes:

1º Los señores Diputados Palma, don Andrés , y Jocelyn-Holt, don Tomás , formularon indicación para reemplazar la tabla del nuevo impuesto adicional que se contempla en la letra a) del artículo único del proyecto, en la forma la siguiente:

“27%” por “67%”

“31%” por “71%”

“35%” por “75%”

“39%” por “79%”

“43%” por “83%”

“47%” por “87%”.

2º Los señores Diputados Palma, don Andrés , y Jocelyn-Holt, don Tomás , por una parte, y los señores Vilches , Prokuriça , Munizaga y Jürgensen , por otra, formularon sendas indicaciones que coinciden en proponer que se agregue en la letra b) del artículo único del proyecto, entre la letra “b)” y la conjunción “y”, la expresión “,d), e)”.

Las supresión de las referidas letras d) y e) del artículo 42 del decreto ley Nº 825, de 1974, significaría eliminar el impuesto adicional que ellas establecen, en el caso de la letra d), a las bebidas analcohólicas, naturales o artificiales, jarabes y en general cualquier otro producto que las sustituya o que sirva para preparar bebidas similares, y, en el caso de la letra e), a las aguas minerales o termales a las cuales se les haya adicionado colorante, sabor o edulcorantes.

Las tres indicaciones señaladas fueron declaradas inadmisibles por el Presidente de la Comisión en virtud de las disposiciones constitucionales, orgánico constitucionales y reglamentarias relativas al tratamiento de las materias de iniciativa exclusiva del Presidente de la República (Nº 1 del artículo 62 de la Constitución Política; inciso segundo del artículo 24 de la ley Nº 18.918, e inciso segundo del artículo 267 del Reglamento de la honorable Corporación).

3° Los Diputados Jürgensen y Ribera proponen ampliar de tres a cinco años el período de reducción de la tasa tributaria aplicable al whisky, para lo cual formularon indicación para sustituir en el inciso primero del artículo transitorio la expresión “tres años” por “cinco años”.

Puesta en votación esta indicación, ella fue rechazada, por unanimidad, por cuanto su alcance no corresponde, a juicio de la Comisión, al espíritu de la iniciativa propuesta por el Presidente de la República .

Para los efectos de los Nºs. 2º, 3º, 4º, 5º y 6º del artículo 288 del Reglamento de la honorable Corporación, se os consigna que esta iniciativa no contiene disposiciones que se encuentren en las situaciones que dichas normas reglamentarias contemplan.

En virtud de las decisiones adoptadas, vuestra Comisión os recomienda aprobar este proyecto de ley en los mismos términos propuestos en el primer trámite reglamentario; es decir, en los siguientes:

“Proyecto de ley:

Artículo único.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el artículo 42 del decreto ley Nº 825, de 1974:

a. Sustitúyese la letra a) por la siguiente:

“a) Licores, pisco, aguardientes y destilados, incluyendo los vinos licorosos o aromatizados similares al vermouth, según la siguiente tabla:

Graduación

Alcohólica (Gay Lussac a 20º C) Tasa

menor o igual a 35º 27%

mayor a 35º y menor o igual a 36º 31%

mayor a 36º y menor o igual a 37º 35%

mayor a 37º y menor o igual a 38º 39%

mayor a 38º y menor o igual a 39º 43%

mayor a 39º 47%

b. Suprímense las letras b) y f)

Artículo transitorio.- Lo dispuesto en el artículo único de esta ley regirá a partir del primero del mes siguiente de transcurridos tres años desde su publicación en el Diario Oficial.

Sin perjuicio de lo anterior, el dicho lapso la tasa de tributación que establece el artículo 42 del decreto ley Nº 825, de 1974, en su letra f), será la siguiente:

a) Desde el primero del mes siguiente a su publicación en el Diario Oficial, y durante los doce meses siguientes, la tasa será de 65%.

b) A contar de la última fecha señalada en la letra anterior y durante los doce meses siguientes, la tasa será de 59%.

c) A contar del vencimiento del periodo señalado en la letra precedente y duran te los doce meses siguientes, la tasa será de 53%.”.

Designación de Diputado informante .

Esta nominación recayó en el Diputado señor Fuentealba Vildósola, don Renán .

-o-

Acordado en sesión del 3 de septiembre de 1997, con asistencia de los señores Diputados Fuentealba (Presidente de la Comisión), Pizarro, Salas y Urrutia, don Salvador,

Sala de la Comisión, a 3 de septiembre de 1997.

(Fdo.): FEDERICO VALLEJOS DE LA BARRA, Secretario de la Comisión.”

9. Informe de la Comisión de Gobierno Interior, Regionalización, Planificación y Desarrollo Social recaído en el proyecto de ley que modifica la ley Nº 19.253, sobre Protección, Fomento y Desarrollo de los pueblos indígenas, respecto a la constitución del dominio en la Isla de Pascua para los miembros de la comunidad Rapa Nui. (boletín Nº 1686-06)(S)-1

“Honorable Cámara:

Vuestra Comisión de Gobierno Interior, Regionalización, Planificación y Desarrollo Social pasa a informaros el proyecto de ley, originado en una moción de los Senadores Hamilton y Zaldívar, don Andrés , en segundo trámite constitucional, primero reglamentario y con urgencia calificada de “simple”, que modifica la ley Nº19.253, sobre protección, fomento y desarrollo de los pueblos indígenas, en materia de constitución del dominio en la Isla de Pascua para los miembros de la comunidad Rapa Nui.

Durante el estudio y discusión del proyecto, vuestra Comisión contó con la asistencia y colaboración de los señores Belisario Velasco , Subsecretario del Ministerio del Interior; Jacobo Hey Paoa , Gobernador de Isla de Pascua , Cristián Arévalo , Jefe del Departamento Jurídico de la mencionada Cartera, y Rodrigo Cabello , Asesor de la misma repartición.

Cabe destacar que entre los días 10 y 14 de julio próximo pasado se constituyeron en Isla de Pascua los Diputados miembros de la Comisión, señores Zambrano ( Presidente ), Aguiló y Martínez, don Rosauro , junto al Secretario de la misma, con el propósito de conocer los planteamientos de las autoridades locales y representantes de diversas organizaciones sociales, accediendo al deseo de éstas de ser escuchadas en torno al proyecto de ley en informe.

Allí se sostuvieron sendas reuniones de trabajo con el Gobernador y los jefes zonales de la Armada, Fuerza Aérea, Carabineros e Investigaciones; con el Concejo Municipal, encabezado por su alcalde; con la Comisión Asesora de Tierras; con personeros de los distintos servicios públicos existentes en la isla; con representantes de las agencias de viajes, de hoteles y de turismo; con la agrupación de matrimonios mixtos y de matrimonios continentales; y con los dirigentes de los Consejos de Ancianos Nº1 y Nº2.

I. ANTECEDENTES GENERALES.

Isla de Pascua está situada en el Pacífico Sur, a 27º08’, latitud sur y 109º25’ longitud oeste, a 3.600 kms. de las costas de Chile Continental, frente al puerto de Caldera. Denominada por los aborígenes Rapa Nui o Makiterage, debe su nombre al almirante holandés Roggereen, quien la descubrió el 06 de abril de 1772, día de Pascua de Resurrección. Se han hecho numerosos estudios y formulado varias teorías acerca del origen de los habitantes que son, sin duda, polinésicos, que aparentemente llegaron a la Isla entre los siglos XII y XIV. También han despertado interés científico los extraños monumentos (moais) que se encuentran en su territorio. Después de la expedición holandesa que hizo el descubrimiento, en 1774, el Capitán Cook fondeó en la costa occidental, dando su nombre a la rada que hoy se llama Hanga Roa . En el siglo anterior, la Isla fue visitada por el navegante francés La Perouse, que dio su nombre al fondeadero de la parte norte. En 1850 llegó a la Isla el primer buque chileno, la goleta Colo-Colo, al mando del capitán Leoncio Señoret . En 1860 recalaron tres navíos peruanos que se llevaron alrededor de mil nativos para trabajar como esclavos en las guaneras peruanas. Estos isleños retornaron posteriormente, pero enfermos algunos con lepra, lo que contagió a muchos otros. En 1863 llegó a la Isla el primer misionero católico, el hermano Eugenio Eyraud de la Congregación de los Sagrados Corazones. En 1870 fondeó en Pascua la corbeta O’Higgins, de la Armada Nacional, al mando del comandante Goñi en viaje de instrucción de guardiamarinas. Uno de ellos, Policarpo Toro , tuvo la idea de que la Isla debía ser incorporada al territorio chileno. Dieciséis años más tarde, convertido en capitán de corbeta, viajó nuevamente como segundo de la Abtao, y a su regreso elevó una memoria a la Superioridad Naval acerca de la importancia estratégica de Pascua, lo que movió al Gobierno a interesarse por su incorporación al territorio. El Presidente Balmaceda comisionó al Comandante Toro para gestionar la compra, lo cual hizo trasladándose a Tahíti en 1887 en la goleta La Paloma, suscribiendo un compromiso de compraventa que contó con la aceptación de las autoridades francesas. Al año siguiente el Gobierno envió al Comandante Toro a finiquitar la operación en Tahiti. Éste pagó de su peculio personal los gastos de la tramitación preliminar. El precio por la adquisición de la Isla fue de seis mil libras esterlinas, más cinco mil francos que se pagaron a la misión católica que tenía bienes en ella. A su regreso al continente el Comandante Toro recaló en Pascua y la incorporó al territorio nacional en una ceremonia oficial celebrada el 09 de septiembre de 1888 en nombre del Gobierno de Chile. Desde entonces, la Armada tomó bajo su tutela la Isla. En 1945 se nombró un Gobernador dependiente de la provincia de Valparaíso , con funcionarios públicos correspondientes a un departamento de la República. En 1951 se efectuaron dos raids aéreos hacia Pascua. Desde Sydney, Australia, el capitán Taylor, y desde Quintero , el comandante chileno Roberto Parraguez En 1955, el explorador Thor Heyerdhal arribó a Pascua en una balsa tripulada por siete hombres, construida al modo de las que utilizaron los indios de la zona ecuatorial de América. La expedición estaba destinada a probar que los aborígenes americanos fueron quienes poblaron Oceanía . Dentro del proceso de Regionalización se la incluyó como una provincia de la Quinta Región, siendo Hanga Roa la capital provincial. De acuerdo con datos estadísticos de 1975, Hanga Roa tenía 950 habitantes, y Mataveri , lugar donde está el aeropuerto, 500 habitantes.

Actualmente, la Isla tiene aproximadamente 3.000 habitantes. El 53% de los matrimonios han sido celebrados entre isleños y continentales. Cuenta con servicios públicos básicos: Juzgado , Hospital clase cuatro; Liceo de Educación Básica y Media; infraestructura caminera y portuaria (sistema de balseo en la dársena de Hanga Roa), aeropuerto, televisión diferida, servicios públicos de administración y servicios del municipio y una buena red hotelera.

Durante 1996, de acuerdo a datos proporcionados por la Oficina Local de Isla de Pascua del Servicio Nacional de Turismo (Sernatur), la Isla recibió aproximadamente 45.000 turistas entre chilenos y extranjeros.

Los principales problemas que afligían a la comunidad pascuense y que movieron a la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización del honorable Senado, en el mes de julio de 1994, y a vuestra Comisión de Gobierno Interior, Regionalización, Planificación y Desarrollo Social, en el mes de septiembre del mismo año, a realizar sendas visitas a dicha lejana posesión chilena, son los derechos ancestrales sobre la tierra; la situación de extremo aislamiento que afecta a la Isla; la ausencia de planes educacionales adecuados al desarrollo de la Isla; el alto costo de la vida y el rol que juega Sasipa, sociedad de responsabilidad limitada filial Corfo , como administradora de la mayoría de los servicios y bienes del Estado existentes allí, los que fueron planteados y analizados con los distintos estamentos y grupos sociales de ella.

El cometido de ambos organismos de trabajo pertenecientes a nuestro Congreso Nacional, culminó en sendos proyectos de acuerdo, los que se adjuntan al presente informe, aprobados, en su caso, por el asentimiento unánime de los integrantes de cada una de las Corporaciones, el primero con fecha 11 de agosto y el segundo con fecha 20 de octubre del año en referencia. (Anexos II y III, respectivamente).

-o-

Con fecha 07 de noviembre de 1979 fue publicado el Decreto Ley Nº 2885, por el cual se establecieron normas sobre el otorgamiento de títulos de dominio y administración de terrenos fiscales en la Isla de Pascua; señalándose, en sus considerandos, que las características particulares que presentan en dicho territorio insular los problemas relativos a la constitución del dominio, así como el interés turístico de su territorio y la necesidad de preservar su valor arqueológico, cultural e histórico, hacen aconsejable dictar para él normas especiales, distintas de las que rigen la administración y disposición de los bienes del Estado en el resto del país. (Decreto Ley Nº1939, de 1977).

A tal efecto, se faculta al Presidente de la República para otorgar títulos gratuitos de dominio en terrenos fiscales de la isla en favor de los chilenos originarios de ella, entendiendo por tales a los nacidos allí y cuyo padre o madre cumpla esta condición, como, asimismo, a los chilenos no originarios pero siempre que tengan la calidad de hijos de padre o madre nacidos en ella, que acrediten domicilio y residencia de 05 años y que ejerzan en ésta una profesión, oficio o actividad permanente.

Exceptúa de tal facultad a los terrenos que tengan un especial valor cultural, arqueológico o histórico o afectos a planes específicos de algún ministerio o servicio público que sean incompatibles con la coexistencia del derecho de propiedad particular sobre los mismos.

A su vez, como contraexcepción a estas situaciones, se consulta una norma que posibilita al Presidente de la República para reservar zonas determinadas exclusivas para fines de investigación arqueológica o científica o de interés cultural o nacional, como, igualmente, con propósitos turísticos, de esparcimiento, deportivos u otros de interés de la comunidad, las que podrán otorgarse en arrendamiento o concesión por plazos no superiores a 20 años, renovables, todo ello, conforme a los procedimientos rigurosos que señala y cumpliendo los interesados con los requisitos que, también, especifica.

Especial mención merece aquella disposición -artículo 17- que permite a los extranjeros adquirir, vía sucesión por causa de muerte, el dominio de inmuebles ubicados en Isla de Pascua, pero para el solo efecto de enajenarlos dentro del plazo de un año al Fisco chileno o a aquellas personas que esta ley autoriza para ser titulares del derecho de propiedad sobre los mismos.

La ley Nº 19.253, publicada en el Diario Oficial del 05 de octubre de 1993, que establece normas sobre protección, fomento y desarrollo de los indígenas, y crea la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), vino a llenar un importante vacío sobre la materia en nuestro ordenamiento jurídico, completando, en lo pertinente, el antes analizado Decreto Ley Nº2885, de 1979.

En efecto, a través de sus 80 artículos divididos en 8 Títulos, regula de manera sistemática una gran diversidad de materias relacionadas con la problemática indígena, a saber: las culturas de las distintas comunidades; el reconocimiento, protección y desarrollo de las tierras indígenas; la participación indígena en la vida nacional; los procedimientos judiciales especiales relativos a conflictos de tierras, etc. Asimismo, la ley contiene normas específicas para cada comunidad indígena y crea la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, encargada de promover el reconocimiento y respeto de las distintas etnias.

En un plano más específico, la ley en análisis reconoce que la tierra es el fundamento principal de la existencia y cultura de la comunidad pascuense o rapa nui, garantizando su efectiva protección. Siguiendo este principio, el Estado ha entregado tierras fiscales a la etnia pascuense bajo diversas modalidades jurídicas, propendiendo siempre a que esas tierras (que son escasas) permanezcan en manos de personas que tengan la calidad de miembros de la comunidad originaria de Isla de Pascua o provengan de ella.

En este contexto, uno de los principales defectos que se advierte en la legislación vigente, según lo señalado por los Senadores Hamilton y Zaldívar, don Andrés , dice relación con la conceptualización como indígenas de personas que, sin tener dicha ascendencia, mantienen rasgos culturales de alguna etnia, como la práctica de formas de vida, costumbres o religión de estas etnias de un modo habitual, o cuyo cónyuge sea indígena. Esta disposición (artículo 2º letra c) de la ley) ha abierto la posibilidad para que personas que no forman parte de la comunidad rapa nui, de acuerdo a una sentida y profunda convicción de ésta, tengan acceso a tierras en la Isla; posibilidad que, conforme lo indican los autores de la moción, no se aviene con la especial vinculación del pueblo pascuense con su tierra, que se explica por la tenencia ancestral de la misma.

Resulta pertinente acerca de este punto mencionar un interesante estudio elaborado en julio de 1996 por el Ministerio de Bienes Nacionales, que detalla la situación de la tenencia de la tierra en Isla de Pascua, tanto a nivel rural como urbano, el que se adjunta al presente informe (Anexo I).

II. IDEAS MATRICES O FUNDAMENTALES DEL PROYECTO.

La idea matriz o fundamental del proyecto en análisis es modificar la ley en mención, en términos de que, en concordancia con el espíritu que anima a dicho cuerpo normativo, se explicite el acceso exclusivo de los miembros de la comunidad étnica rapa nui a la tierra en Isla de Pascua, en sus diversas modalidades jurídicas.

III. ANÁLISIS Y CONTENIDO DEL PROYECTO.

Éste consta de dos artículos, que pasan a analizarse, conjuntamente con la norma propuesta para cada caso en la moción originaria.

Artículo 1º

Su numeral 1 reemplaza el inciso primero del artículo 66 de la ley en mención, que determina quiénes deben ser considerados rapa nui o pascuenses, agregando que, tratándose de las personas provenientes de la comunidad de Isla de Pascua, han de cumplir con los requisitos previstos en el artículo 2º de la misma ley; disposición que, a su vez, estipula que se reputan indígenas para los efectos de ese texto legal las personas de nacionalidad chilena que se encuentren en alguno de los 3 supuestos que ahí se indican.

De acuerdo a la modificación propuesta al inciso primero del artículo 66, se mantiene el concepto actual relativo a los miembros de la comunidad originaria de Isla de Pascua, pero, tratándose de los individuos provenientes de ella, se establece que deben cumplir con alguno de los requisitos contemplados en las letras a) o b) del artículo 2º. De esta manera, no se considerarán indígenas, y por ende integrantes de la etnia rapa nui, el grupo de personas a que se refiere la letra c) de esa norma, es decir, los que mantengan rasgos culturales de esta etnia, entendiéndose por tales la práctica de formas de vida, costumbres o religión de esta etnia de un modo habitual o cuyo cónyuge sea indígena pascuense.

Cabe hacer presente que el precepto en análisis fue planteado en idénticos términos por la moción original.

El numeral 2 suprime en la letra a) del Nº 2 del artículo 67 las expresiones “urbanas y rurales”, intercaladas entre las palabras “tierras” y “de”. De esta forma, la atribución específica que ese precepto otorga a la Comisión de Desarrollo de Isla de Pascua queda determinada a analizar las necesidades de tierra de la población rapa nui.

La norma en cuestión no estaba contemplada en el texto propuesto por los senadores Hamilton y Zaldívar, don Andrés.

El numeral 3 introduce las siguientes modificaciones al artículo 69 de la ley en mención:

a) Se sustituye su inciso segundo, que confiere a la aludida Comisión, en relación con los miembros de la comunidad rapa nui no poseedores de tierras, la atribución de estudiar y proponer al Ministerio de Bienes Nacionales la entrega gratuita de tierras fiscales en dominio, concesión u otras formas de goce, acorde con la tradición de esta etnia y con los proyectos de desarrollo que se determinen para Isla de Pascua, privilegiando el dominio en las zonas urbanas y las demás formas de tenencia en las áreas rurales. En su reemplazo se aprobó una norma que, manteniendo la facultad en comento, suprime la exigencia de que sólo puedan acogerse al beneficio de entrega de tierras los miembros de la comunidad que no las posean; como asimismo la oración “y con los programas de desarrollo que se determinen para Isla de Pascua”, referida a los criterios orientadores de la Comisión para la distribución de tierras, proponiendo en cambio el concepto del ordenamiento territorial que se determine para ese territorio insular. Finalmente, y acerca del mismo inciso, se elimina la oración según la cual la Comisión debía adoptar como pauta general de su labor en la materia privilegiar el dominio en las zonas urbanas y las demás formas de tenencia en las áreas rurales.

La disposición aprobada por el honorable Senado coincide con la propuesta contemplada en la moción, aunque amplía esta última, que se limitaba a suprimir en este inciso las aludidas oraciones “no poseedores de tierras” y “con los programas de desarrollo que se determinen para Isla de Pascua”, debiendo consignarse respecto de esta última que la moción consideraba únicamente su supresión y no su reemplazo por otra oración, como se aprobó en definitiva.

b) Se sustituye en el inciso tercero del artículo en referencia la locución “de la facultad de permutarlas (las tierras) contenida en el inciso tercero del artículo 13”, por la frase “de lo dispuesto en el artículo 13”. Éste prohíbe realizar una serie de actos jurídicos de disposición (en sentido amplio) de las tierras indígenas, salvo entre comunidades o personas indígenas de una misma etnia. El inciso tercero del mismo señala que las tierras de personas naturales indígenas no pueden ser arrendadas por más de cinco años, agregando que podrán permutarse por tierras de no indígenas, previa autorización de la Comisión y bajo la condición que se expresa. De conformidad con la modificación introducida a la disposición citada, se hace inaplicable, respecto de las tierras asignadas a la comunidad rapa nui, el artículo 13 en su totalidad. No obstante, a través de la incorporación de nuevos incisos al artículo 69, según se verá más adelante, se reponen en términos muy similares, pero en un contexto referido específicamente a la etnia pascuense, las prohibiciones para celebrar los actos jurídicos que enuncia el referido artículo 13, que es una norma de carácter general.

c) Se agregan los siguientes incisos quinto, sexto, séptimo, octavo y noveno al artículo 69.

El nuevo inciso quinto preceptúa que, por exigirlo el interés nacional, las tierras de Isla de Pascua no podrán enajenarse, embargarse, permutarse o gravarse en favor de personas naturales extranjeras o jurídicas de cualquier nacionalidad distintas del Fisco de Chile. Adicionalmente, cabe decir sobre este inciso que la moción contemplaba una norma similar, pero con algunas variantes significativas. Así, se incluía expresamente dentro de los actos prohibidos el arrendamiento, como también la dación de las tierras en comodato, uso, goce o administración. Sin embargo, esta prohibición no regía para las personas naturales chilenas con una residencia superior a 10 años en Isla de Pascua. En todo caso, bajo ninguna circunstancia se podía adquirir las tierras por prescripción ordinaria o extraordinaria.

El inciso sexto, nuevo, estipula que las personas mencionadas en el inciso precedente (personas naturales extranjeras o jurídicas de cualquier nacionalidad distintas del Fisco chileno) tampoco podrán adquirir tierras en Isla de Pascua por prescripción ordinaria o extraordinaria.

El inciso séptimo, nuevo, dispone que cualquier otro acto jurídico entre vivos respecto de las tierras situadas en Isla de Pascua, requerirá el acuerdo de la Comisión a que se refiere el artículo 67, norma lo suficientemente amplia para abarcar el arrendamiento.

A su vez, el nuevo inciso octavo del artículo 69, que reproduce literalmente el texto de la moción en la materia, establece que a las personas mencionadas en el inciso primero del artículo 66, es decir los rapa nui o pascuenses, no les será aplicable el artículo 90 del decreto ley Nº 1939, de 1977, norma conforme a la cual no podrán ser radicados ni optar a un título gratuito de dominio, las personas que sean dueñas, ellas o sus cónyuges, de otro bien raíz. Resulta pertinente destacar la concordancia de este nuevo inciso propuesto con la norma que sustituye el inciso segundo del artículo 69, particularmente en lo que concierne a la supresión del requisito de no ser poseedor de tierras para poder tener acceso en forma gratuita a un inmueble fiscal.

Por último, el nuevo inciso noveno del artículo 69 señala que el o la cónyuge no rapa nui de cualquiera de las personas mencionadas en el inciso primero del artículo 66 -esto es, los miembros de la comunidad originaria de Isla de Pascua y los provenientes de ella que cumplan con los requisitos del artículo 2º- tendrán derecho a suceder a ésta por sucesión por causa de muerte en las tierras de que trata este artículo, conforme a las reglas generales.

Artículo 2º

Éste sustituye el artículo 4º del decreto ley Nº 2885, de 1979, por una disposición que faculta al Presidente de la República para reservar terrenos en los sectores urbanos o rurales de Isla de Pascua con fines turísticos, áreas de esparcimiento y deportes u otros de interés de la comunidad.

Cabe hacer presente que el actual artículo 4º del referido cuerpo legal es idéntico en su primera parte al texto propuesto, pero agrega que en casos calificados y con informe favorable de la Comisión de Desarrollo de Isla de Pascua, el Presidente podrá otorgar dichos terrenos en arrendamiento, o en concesión, onerosa o gratuita, a personas naturales o jurídicas, siempre que los destinen a los objetivos señalados, y por plazos no superiores a veinte años, renovables.

IV. DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL PROYECTO.

A. En General

Vuestra Comisión aprobó por asentimiento unánime la idea de legislar sobre la materia.

B. En Particular

Durante la discusión pormenorizada del articulado de la iniciativa legal en estudio, vuestra Comisión adoptó los siguientes acuerdos:

Artículo 1º

Su numeral 1, aprobado por asentimiento unánime en los mismos términos, reemplaza el inciso primero del artículo 66 de la ley en referencia, por una disposición en cuya virtud sólo se consideran pertenecientes a la etnia rapa nui las personas que cumplan con los requisitos establecidos en las letras a) o b) del artículo 2º; excluyendo, por consiguiente, a aquéllas de que trata la letra c), esto es, los que mantienen rasgos culturales de la etnia.

El numeral 2, que suprime en la letra a) del Nº2 del artículo 67 las expresiones “urbanas y rurales”, insertas a propósito de la atribución de la Comisión de Desarrollo de Isla de Pascua de analizar las necesidades de tierras de la población pascuense, fue aprobado por el mismo quórum de votación, tal como lo propuso el Senado.

El numeral 3, que introduce diversas modificaciones al artículo 69 de la ley en mención, recibió el siguiente tratamiento:

Su letra a), que reemplaza el inciso segundo por una norma que confiere a la ya aludida Comisión la facultad de estudiar y proponer al Ministerio de Bienes Nacionales la entrega gratuita de tierras fiscales en alguna de las modalidades jurídicas que se señalan, teniendo en consideración los factores que indica y estableciendo un mecanismo de reclamación en contra de las resoluciones de la Comisión, fue aprobada por asentimiento unánime, sin variaciones.

Su letra b) cuyo alcance es hacer inaplicable a las tierras que singulariza el párrafo 3º del artículo 69 la totalidad del artículo 13, que prohíbe realizar una serie de actos jurídicos de disposición (en sentido amplio) de las tierras indígenas, con las salvedades que ahí se consagran, fue aprobada por asentimiento unánime, en lo mismos términos propuestos.

Su letra c), que incorpora los siguientes incisos quinto, sexto, séptimo, octavo y noveno al artículo 69, recibió el siguiente tratamiento:

El inciso quinto, que preceptúa que, por exigirlo el interés nacional, las tierras de Isla de Pascua no podrán ser objeto de los actos jurídicos que se especifican, respecto de las personas que se indican, fue aprobado por asentimiento unánime, conjuntamente, y por idéntico quórum de votación, con una indicación del Ejecutivo, encaminada a incluir dentro de la referida prohibición a las personas naturales chilenas que no pertenezcan a la etnia rapa nui, quedando exceptuada de la misma, en forma expresa, únicamente el Fisco de Chile.

El inciso sexto, aprobado también por unanimidad, estipula que las personas mencionadas en el inciso precedente, y manteniendo la excepción respecto del Fisco, tampoco podrán adquirir tierras en Isla de Pascua por prescripción ordinaria o extraordinaria.

El inciso séptimo, que dispone que cualquier otro acto jurídico entre vivos respecto de las tierras situadas en Isla de Pascua requerirá el acuerdo de la Comisión de Desarrollo, fue aprobado por simple mayoría de votos (3 a favor y 2 en contra); conjuntamente, y por el mismo quórum, con una indicación del Ejecutivo -perfeccionada formalmente por otra suscrita por los señores Balbontín y Zambrano - destinada a fijar un plazo máximo de duración de los contratos de arrendamiento.

El inciso octavo del artículo en referencia, aprobado por asentimiento unánime, en idénticos términos, establece que a los rapa nui o pascuenses no les será aplicable la norma que indica del decreto ley Nº1939.

Finalmente, el inciso noveno, aprobado por asentimiento unánime tal como lo propusiera el Senado, hace aplicable al cónyuge no rapa nui las normas generales sobre sucesión por causa de muerte.

Artículo 2º

Éste, que sustituye el artículo 4º del decreto ley Nº2885, en términos de mantener la primera parte de su texto, que faculta al Presidente de la República para reservar terrenos de la isla para los fines que indica, fue aprobado por unanimidad; conjuntamente, y por el mismo quórum, con una indicación suscrita por los señores Balbontín , Cantero , Silva y Zambrano , que precisa que la atribución conferida al Presidente de la República ha de ejercerla oyendo previamente a la Comisión de Desarrollo de Isla de Pascua.

V. NORMAS DE QUÓRUM CALIFICADO.

Vuestra Comisión concordó plenamente con la propuesta formulada por el Senado, en orden a que la letra c) del numeral 3º del artículo 1º del proyecto en informe se encuentra en esta situación.

VI. ARTÍCULOS QUE DEBEN SER CONOCIDOS POR LA COMISIÓN DE HACIENDA.

Se estimó que no hay disposiciones que deban cumplir este trámite.

VII. ARTÍCULOS E INDICACIONES RECHAZADOS POR LA COMISIÓN.

No hay.

VIII. INDICACIONES APROBADAS POR LA COMISIÓN.

1) Del Ejecutivo , aprobada por asentimiento unánime, tendiente a agregar al nuevo inciso quinto del artículo 69, propuesto por la letra c) del numeral 3º del artículo 1º del proyecto, una norma que prohíbe a las personas naturales chilenas que no sean miembros de la etnia rapa nui -además de las personas que ahí se especifican- la celebración de determinados actos jurídicos.

2) También del Ejecutivo , complementada en el seno de la Comisión, y que fuera aprobada por simple mayoría de votos (3 a favor y 2 en contra), tendiente a fijar en el nuevo inciso séptimo del artículo 69 propuesto por la letra c) del numeral 3º del artículo 1º del proyecto el plazo máximo de duración de los contratos de arrendamiento sobre tierras situadas en Isla de Pascua.

3) De varios señores Diputados al artículo 2º propuesto, aprobada por asentimiento unánime, en virtud de la cual se asigna un rol a la Comisión de Desarrollo en el ejercicio de la facultad presidencial de reservar terrenos para fines determinados.

-o-

Por las consideraciones expuestas, y por las que os dará a conocer el Diputado Informante , Vuestra Comisión de Gobierno Interior, Regionalización, Planificación y Desarrollo Social viene en proponeros el siguiente

PROYECTO DE LEY:

“Artículo 1º.- Introdúcense las siguientes modificaciones a la Ley Nº19.253:

1º Reemplázase el inciso primero del artículo 66 por el siguiente:

“Artículo 66.- Son rapa nui o pascuenses los miembros de la comunidad originaria de Isla de Pascua y los provenientes de ella, que cumplan con los requisitos exigidos por las letras a) o b) del artículo 2º.”.

2º Suprímense en la letra a) del número 2 del artículo 67 las expresiones “urbanas y rurales” que aparecen entre las palabras “tierras” y “de”.

3º Modifícase el artículo 69, de la siguiente forma:

a) Reemplázase el inciso segundo por el siguiente:

“La Comisión podrá, en relación con los miembros de la comunidad rapa nui o pascuense, estudiar y proponer al Ministerio de Bienes Nacionales la entrega gratuita de tierras fiscales en dominio, concesión u otras formas de uso, acorde con la tradición de esta etnia y con el ordenamiento territorial que se determine para la Isla de Pascua. Estos podrán reclamar dentro de los 120 días siguientes de haber tomado conocimiento de la resolución, ante la Comisión de Desarrollo de la Isla de Pascua solicitando la reconsideración de la medida la que será conocida y resuelta dentro del mismo plazo contado desde la fecha de su presentación. De esta resolución podrá reclamarse ante el juzgado respectivo de conformidad al procedimiento establecido en el artículo 56 de esta ley.”.

b) Sustitúyense en su inciso tercero las expresiones “de la facultad de permutarlas contenida en el inciso tercero del artículo 13”, por “de lo dispuesto en el artículo 13”.

c) Agréganse los siguientes incisos quinto, sexto, séptimo, octavo y noveno:

“Por exigirlo el interés nacional, las tierras de Isla de Pascua no podrán enajenarse, embargarse, permutarse o gravarse en favor de personas naturales extranjeras, personas naturales chilenas que no pertenezcan a la etnia rapa nui o personas jurídicas de cualquier nacionalidad distintas del Fisco de Chile.

Las personas mencionadas en el inciso precedente tampoco podrán adquirir dichas tierras por prescripción ordinaria o extraordinaria.

Cualquier otro acto jurídico entre vivos respecto de estas tierras, requerirá el acuerdo de la Comisión a que se refiere el artículo 67. Tratándose del contrato de arrendamiento, tal autorización no podrá extenderse por un plazo superior a veinticinco años, la que podrá ser renovada, por una sola vez, hasta por un nuevo período de igual duración.

A las personas mencionadas en el inciso primero del artículo 66 no les será aplicable el artículo 90 del decreto ley Nº1939, de 1977.

El o la cónyuge no rapa nui de cualquiera de las personas mencionadas en el inciso primero del artículo 66 tendrá derecho a suceder a ésta por sucesión por causa de muerte en las tierras de que trata este artículo conforme a las reglas generales.”.

Artículo 2º.- Sustitúyese el artículo 4º del decreto ley Nº2885, de 1979, por el siguiente:

“Artículo 4º.- El Presidente de la República podrá reservar también terrenos en los sectores urbanos o rurales de la Isla de Pascua para fines turísticos, áreas de esparcimiento y deportes u otros de interés de la comunidad, oyendo previamente a la Comisión de Desarrollo a que se refiere el artículo 67 de la ley Nº19.253.”.

Se designó Diputado Informante al señor Bartolucci, don Francisco .

Sala de la Comisión, a 04 de septiembre de 1997.

Acordado en sesiones de fechas 07 de mayo, 06 de agosto y 03 de septiembre de 1997, con la asistencia de los señores Zambrano, don Héctor ( Presidente ); Aguiló, don Sergio ; Balbontín, don Ignacio ; Bartolucci, don Francisco ; Cantero, don Carlos ; Leay, don Cristián ; Martínez, don Rosauro ; Palma, don Joaquín ; Rodríguez, don Claudio ; Silva, don Exequiel , y Tuma, don Eugenio .

(Fdo.): SERGIO MALAGAMBA STIGLICH , Abogado Secretario de la Comisión .”

COMISIÓN DE GOBIERNO INTERIOR, REGIONALIZACIÓN, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL

INFORME QUE MODIFICA LEY Nº 19.253 SOBRE PROTECCIÓN, FOMENTO Y DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

ANEXO I

INFORME OFICINA PROVINCIAL BIENES NACIONALES ISLA DE PASCUA

1. Distribución General de las Tierras.

La distribución del uso de la tierra en Isla de Pascua actualmente vigente se encuentra vertida en el Plano Nº V-2-490, según se indica:

Parque Nacional Rapa Nui: 7.273,41 Hás. (43,8%)

Fundo Vaitea (Sasipa): 5.482,45 Hás. (33,0%)

Sector Urbano: 500,00 Hás. (3,0%)

Sector rural 3.344,14 Hás. (20,1%)

Total: 16.600,00 Hás. (100 %)

2. Distribución de la tierra urbana y rural.

2.1. Superficie urbana.

Aeropuerto (parte urbana): 62,85 Hás

Servicios Públicos: 34,87 Hás

Institutos y Serv. c/TD: 8,87 Hás

Empresas arrendantes: 0,62 Hás

BBNN uso público: 90,60 Hás

Costa (80 mts.): 30,00 Hás

En uso particular (Pobl.): 272,19 Hás

Total 500,00 Hás

2.2. Superficie rural

Aeropuerto (parte rural) 183,16 Hás

Servicios Públicos: 102,34 Hás

BBNN uso público (caminos): 102,45 Hás

En uso particular (Pobl.): 2.956,19 Hás

Total: 3.344,14 Hás

2.3. Incremento de tierra rural disponible.

Mediante el D.S. Nº 72 de fecha 20 de marzo de 1995, se modificaron los límites del Parque Nacional Rapa Nui, pasando de 2.883,14 Hás, disponibles en el sector rural a 3.344,14 Hás con la creación de 91 nuevas parcelas, con una superficie total de 507,27 Hás para entregar a la población y 25,45 Hás de caminos vecinales.

3. Estado de avance de la constitución del dominio.

Nota: La información que se presenta corresponde a los antecedentes que obran en poder de esta provincial 30 de junio de 1996.

3.1. Modalidad utilizada:

Mat. Rural (M2) Urbano (M2) Total (Hás) %

PR 4.295.342,18 774.737,57 507,01 77,43

TG 1.229.530,60 71.924,70 130,15 19,88

Tr 0,00 82.791,61 8,28 1,26

TO 0,00 73.905,42 7,39 1,13

SD 14.800,00 4.979,00 1,98 0,30

5.539.672,78 1.008.338,30 654,80 100,00

Nota: Considerando que las subdivisiones se realizan sobre terrenos ya inscritos, no se consideran para los posteriores cálculos de superficie real inscrita:

6.548.011,08 m2. - 19.799,00 m2. = 6.528.232,08 m2.

3.2. Tipo de personas:

Personas N° Sup. m2 %

Naturales 276 6.439.488,05 98,66

Jurídicas 11 88.744,03 1,34

1

2

3

4

COMISIÓN DE GOBIERNO INTERIOR, REGIONALIZACIÓN, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL

INFORME QUE MODIFICA LEY Nº 19.253 SOBRE PROTECCIÓN, FOMENTO Y DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

ANEXO II

Proyecto de Acuerdo

El Senado, conociendo los diversos aspectos dados a conocer en sesión especial que analizó la situación de Isla de Pascua acuerda:

1. Manifestar al Ejecutivo la necesidad de estudiar más detenidamente la aplicación de la Ley Nº 19.253 en lo referido a Isla de Pascua, teniendo presente eventuales modificaciones o estudios de nuevas normas que permitan una mayor integración de sus habitantes.

2. Fortalecer el nivel ejecutivo local. Estudiar, para una mayor integración institucional, la existencia de una región en la forma y fondo que considera tal entidad, la actual Ley de Gobiernos Regionales.

3. Traspasar la propiedad y administración de los bienes corporales, muebles e inmuebles, de SASIPA, al municipio de Isla de Pascua , logrando, a su vez, que tal propiedad, pueda bajo la administración local, incorporarse el desarrollo de las diversas normativas legales dictadas al efecto.

4. Estudiar, a la brevedad, una norma legal que permita la creación de un Fondo de Desarrollo Arqueológico, financiado por el turismo y administrado localmente por el municipio u otro organismo de este territorio.

5. Fortalecer un mejor desarrollo educacional, creando en la Isla de Pascua una capacidad pedagógica adecuada y mayores y mejores lazos educacionales con el continente a fin de permitir, en su juventud, superiores alternativas para el cumplimiento de sus objetivos futuros.

6. Reactivar el proyecto Puerto de Isla de Pascua considerado por el Ministerio de Obras Públicas en 1985 y luego en 1992, entendiendo que tal obra, permitirá un nuevo y eficaz elemento de desarrollo.

7. Solicitar a S.E. el Presidente de la República tenga a bien someter a la consideración del Congreso Nacional la reposición de los artículos 45, 46, 47 y 48 de la Ley Nº 16.521, que autorizaban la importación liberada de determinados bienes.”.

COMISIÓN DE GOBIERNO INTERIOR, REGIONALIZACIÓN, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL

INFORME QUE MODIFICA LEY Nº 19.253 SOBRE PROTECCIÓN, FOMENTO Y DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

ANEXO III

PROYECTO DE ACUERDO

SOBRE ISLA DE PASCUA

Consideraciones:

1. La comunidad de Isla de Pascua enfrenta un proceso de inquietud social en el que, básicamente, existen tres fuentes de origen:

a) La mantención, a través del tiempo, de obstáculos que dificultan gravemente su desarrollo.

b) Conflictos internos como reacción a la aplicación de la Ley Indígena (19.253), derivados fundamentalmente de diversas interpretaciones de sus normas.

c) La presencia de intereses económicos, nacionales y extranjeros, que insinúan inversiones futuras con el fin de aprovechar las ventajas comparativas de la Isla.

2. La comunidad se ve fragmentada y dividida; fundándose en los mismos orígenes ancestrales y familiares, han entrado en colisión dos grupos, con liderazgos surgidos del mismo Consejo de Ancianos. Éstos son reconocidos como Consejo de Ancianos Nº 1 y Consejo de Ancianos Nº 2. Además, se expresan fuera de este contexto, otros intereses como son: los de los matrimonios mixtos, de las agrupaciones de jóvenes, de los funcionarios de los servicios públicos continentales; los de las agrupaciones políticas y los inmigrantes extranjeros.

3. Hay quienes tratan de otorgar un carácter político partidista a este conflicto, aprovechando las inquietudes de los isleños. Sin embargo, su origen causal es distinto, refiriéndose básicamente a lo establecido en los considerandos precedentemente expuestos.

4. Los habitantes de la Isla de Pascua piden fundamentalmente dos cosas:

a) Medidas de gobierno que permitan superar los obstáculos claves al desarrollo;

b) Una legislación especial o estatuto que recoja lo positivo de la actual Ley Indígena, en la que algunos conceptos generan discriminación. Al mismo tiempo, desean mantener el espíritu y el sentido de la llamada Ley Pascua (16.441), que en el pasado constituyó una poderosa palanca para el desarrollo de esa comunidad.

5. La principal preocupación se refiere al acceso y dominio de las tierras de la Isla y la forma cómo se ejerce y se pueda ejercer tal derecho en el futuro. Hoy día el Estado, a través de varias modalidades, tiene la propiedad de prácticamente la totalidad de esas tierras, salvo el espacio urbano: Corfo, a través de la sociedad Sasipa, posee en el fundo Vaitea alrededor del 40% de la superficie, Conaf otro 40% donde, además, están los más importantes vestigios culturales de los isleños. Finalmente la Armada de Chile, por medio de su Gobernación Marítima, controla la franja costera hasta los 80 metros de la línea de más altas mareas, donde está otra parte importante de los símbolos. Todos coinciden en que los isleños deben tener acceso al uso y goce de la tierra y que la disposición de la misma debe permanecer en manos del Estado de Chile, para condicionar el acceso de los extranjeros a ella, caucionar en preservación y desarrollo, proteger la etnia Rapa Nui y la mantención de su patrimonio histórico cultural. Las confusiones, controversias y discrepancias entre integrantes de los grupos del Consejo de Ancianos, residen en diversas aproximaciones a la administración del patrimonio isleño. Unos apuntan hacia forma de propiedad individual, otros hacia formas comunitarias de administración, con el fin de cautelar el patrimonio ancestral.

6. Los elementos catalizadores del conflicto son hoy el dominio de la tierra, el manejo deficiente de las relaciones entre los actuales líderes ancestrales, sumados a la inadecuada interpretación de la realidad isleña en la Ley Indígena. Además, por una reacción contraria a conceptos establecidos en esa ley, que no se reconoce la pertenencia de la comunidad Rapa Nui al ámbito de la cultura Polinésica.

7. La administración del Estado carece de los adecuados elementos para realizar una acción coordinada y eficiente, que permita atender y resolver los requerimientos de desarrollo de esa zona insular. Entre las principales necesidades se pueden destacar:

a) Los isleños carecen de adecuados medios de comunicación, ya que sólo reciben precarias señales de algunas radios continentales en horarios muy restringidos. La televisión es envasada y transmitida de una semana para otra. Las dos estaciones de radio de transmisión local de la Isla pertenecen a instituciones de las Fuerzas Armadas.

b) El abastecimiento comercial es comparativamente más caro desde Chile que desde el resto de las islas de la Polinesia. Adicionalmente, el problema se agrava por la falta de seguridad y regularidad de éste, así como por la carencia de puerto, lo cual deja a la Isla dependiente de las fluctuaciones climáticas.

c) El problema derivado de la precariedad de la infraestructura carcelaria reclama una urgente inversión, como, asimismo, la revisión de las normas del sistema judicial, que permite una gradualidad menor en caso de reincidencia de los delincuentes, en relación al sistema de aplicación nacional. Existen, además, otros problemas a ser abordados, tales como son el alcoholismo y la drogadicción.

d) Las graves deficiencias en su sistema educacional y de capacitación laboral, obstaculizan la inserción de los jóvenes, al igual que la carencia de contenidos programáticos suficientes para preservar y desarrollar la cultura Rapa Nui, junto a la falta de disponibilidades de especialización que estén coordinadas con las escasas y peculiares fuentes ocupaciones de la Isla. Hay, por otra parte, una disminución abrupta del número de alumnos entre el nivel primario y el secundario, además que los rangos de educación superior son casi inexistentes.

e) Existe una percepción de discriminación étnica negativa hacia la etnia Rapa Nui, en virtud de los vacíos que puede provocar la aplicación del artículo 2º letra C de la Ley Indígena.

f) Hay deficiencias del sistema de asignación de zona, que afecta a los funcionarios públicos, además de las dificultades para su participación en programas de perfeccionamiento.

g) Se advirtieron serias dificultades de coordinación entre los organismos públicos existentes en la Isla: Gobernación, Municipio, Conaf, Corfo y otras dependencias del Estado.

h) Es evidente el anhelo de los isleños por el reconocimiento del uso oficial de la lengua Rapa Nui, dentro de los límites de la Isla en referencia.

i) Finalmente, la carencia de un plan de desarrollo para Isla de Pascua y de una organización que lo coordine, teniendo en su seno una adecuada representación de las diversas sensibilidades.

Por los antecedentes expuestos y asumiendo las justas demandas de los habitantes de la Isla de Pascua o Rapa Nui, la Cámara de Diputados Acuerda:

PROYECTO DE ACUERDO

Solicitar al Sr. Presidente de la República:

1º Suspender la aplicación de la Ley Nº 19.253, Ley Indígena, en lo referido a la etnia Rapa Nui, en el ámbito de la Isla de Pascua.

2º Considerar la reformulación de la Ley Nº 16.441, estableciendo un estatuto legal para la Isla de Pascua, que recoja los criterios más relevantes considerados en la Ley Indígena y aquellos que consideró la antigua Ley Pascua, reconocida como una importante herramienta de desarrollo en la Isla.

3º Aplicación de un Programa Especial de Desarrollo para la Isla de Pascua, considerando la constitución de un organismo específico o Corporación de Desarrollo Rapa Nui. Dicho organismo deberá considerar la adecuada representatividad de las distintas sensibilidades, enfrentando coordinadamente las necesidades de la Isla y colaborando en la asignación de las tierras disponibles, una vez tomadas las precauciones correspondientes al interés nacional.

4º Fortalecer el nivel Ejecutivo Local y estudiar una estructura institucional adecuada para la Isla, que permita acoger sus particulares características.

5º Traspasar la administración de los bienes corporales, muebles e inmuebles, de Sasipa a la Corporación de Desarrollo de Isla de Pascua. Asimismo, considerar que Conaf traspase sus funciones a dicha Corporación logrando, en ambos casos, que tal propiedad pueda, bajo la administración local, incorporarse al desarrollo de las diversas normativas legales dictadas al efecto.

6º Estudiar, a la brevedad, una norma legal que permita la creación de un Fondo de Preservación y Desarrollo Arqueológico, financiado por la actividad turística y administrado localmente por el Municipio u otro organismo de ese territorio.

7º Fortalecer un mejor desarrollo educacional, creando en la Isla de Pascua una capacidad pedagógica adecuada, mayores y mejores lazos educacionales con el continente, a fin de permitir a la juventud una mayor especialización en áreas tales como agricultura, turismo, pesca y superiores alternativas para el cumplimiento de su objetivo de desarrollo.

8º Impulsar el proyecto de construcción del puerto de Isla de Pascua, considerado por el Ministerio de Obras Públicas en 1985 y, luego, en 1992, entendiendo que tal obra constituirá un nuevo y eficaz elemento de desarrollo. Asimismo, impulsar la urgente mantención del aeropuerto que presenta un preocupante deterioro estructural.

9º Aprobar oficialmente el uso de la lengua Rapa Nui en esa posesión isleña.”

10. Informe de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones acerca del proyecto de ley que modifica el artículo 1º transitorio de la ley Nº 19.495, para eliminar el requisito de enseñanza básica respecto de las personas que renuevan la licencia de conducir. (boletín Nº 2022-15)(S)

“Honorable Cámara:

Vuestra Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones pasa a informaros sobre el proyecto de ley, iniciado en moción del honorable Senador señor Hernán Larraín Fernández , que modifica el artículo 1º transitorio de la ley Nº 19.495, para eliminar el requisito de enseñanza básica respecto de las personas que renuevan la licencia de conducir.

Cabe hacer constar que el Diputado señor Francisco Encina Moriamez había patrocinado una moción que versa sobre la misma materia, por lo cual vuestra Comisión acordó agregarla a los antecedentes del proyecto de ley en informe. Se adoptó tal resolución con el exclusivo objeto de no dilatar la solución de un problema que resulta urgente atender.

I. MINUTA DE LOS FUNDAMENTOS DEL PROYECTO.

El proyecto de ley propuesto por el honorable Senador señor Larraín y aprobado por el honorable Senado tiene por finalidad establecer que los requisitos de escolaridad para obtener licencias de conducir Clases B y C, introducidos por la ley Nº 19.495, no se apliquen a quienes ya cuentan con licencias de esas clases. Por lo tanto, exime a los conductores que actualmente poseen licencias de Clases B y C del cumplimiento del requisito de ser egresado de enseñanza básica, de manera que tal exigencia se aplique solamente a quienes optan por primera vez a una licencia de conducir.

1. El 8 de marzo de 1997, fue publicada en el Diario Oficial la ley Nº 19.495, que modificó la ley Nº 18.290, de Tránsito, en lo relativo a la obtención de licencias de conducir, con el objeto de mejorar la capacitación de los conductores del país, particularmente de aquellos que tienen a su cargo el transporte de carga y de pasajeros.

El citado cuerpo legal consta de dos artículos permanentes, en los cuales se introdujeron 59 modificaciones en la ley de Tránsito y una en la ley Nº 15.231, respectivamente, y cinco artículos transitorios.

Dentro de las modificaciones, es necesario tener presente las contenidas en los números 8 y 9 del artículo 1º, que sustituyeron los artículos 12 y 13 de la ley de Tránsito, creando las licencias de conductor profesional de Clases A-1 y A-2; las no profesionales, de Clases B y C, y las especiales, de Clases D, E y F, y establecieron los requisitos generales y especiales para optar a cada una de ellas.

Entre los requisitos especiales de cada clase de licencia, el artículo 13 exige ser egresado de la enseñanza básica para optar a la licencia profesional, a la licencia no profesional de Clase B y a la licencia no profesional de Clase C, y saber leer y escribir para optar a la licencia de Clase D y a la licencia especial de Clase E.

Por su parte, el artículo 1º transitorio de la ley Nº 19.495 exime del cumplimiento del requisito mínimo de escolaridad, contemplado en el artículo 13 de la ley de Tránsito, a las personas que, a la fecha de su publicación, fueran titulares de las licencias de Clases A-1 y A-2, y el inciso final del artículo 2º transitorio señala que las actuales licencias de conducir de Clases B, C, D y E mantendrán su vigencia hasta la fecha que, en cada caso, expire su plazo, y que se renovarán conforme a las normas de esa ley.

2. Ley Nº 18.290, de Tránsito.

De esta ley se tuvieron presentes especialmente las normas contenidas en sus artículos 12 y 13 antes descritos, cuyo texto vigente se estableció mediante la ley Nº 19.495.

También se tuvo presente el artículo 18, que dispone que la licencia de conductor es de duración indefinida y que mantiene su vigencia mientras su titular reúna los requisitos o exigencias que señala la ley, sin perjuicio de lo cual -agrega su inciso segundo- el titular debe someterse cada seis años a un examen, a fin de determinar la idoneidad física y psíquica en la forma que indica.

II. RESUMEN DEL CONTENIDO DEL PROYECTO DE LEY APROBADO POR EL HONORABLE SENADO.

El proyecto de ley que modifica la ley Nº 19.495, relativa a las licencias de conducir, que aprobó el honorable Senado, consta de un artículo único y un artículo transitorio.

En el artículo único, se sustituyen, en el artículo 1º transitorio de la ley Nº 19.495, las expresiones “Licencias Clase A-1 y A-2” por las de “Licencias Clase A-1, A-2, B y C”.

En el artículo transitorio, se dispone que las normas de esta ley regirán con efecto retroactivo a contar de la fecha de publicación de la ley Nº 19.495.

III. DISCUSIÓN GENERAL.

El autor de la moción indica que, con motivo de la publicación de la ley Nº 19.495, se modificaron diversas disposiciones de la ley de Tránsito. Dentro de los preceptos enmendados, se establecieron diversos requisitos para obtener licencias de conducir, situación que ha generado una serie de problemas a quienes procuran renovar sus licencias, en razón de que las nuevas exigencias de escolaridad les impiden hacerlo, pese a tener varios años de experiencia en la conducción de vehículos motorizados.

Agrega que la ley estableció, en su artículo 13, como requisito nuevo, que los postulantes a licencia de conducir de categoría profesional o de Clase A, y a licencia de conducir no profesional de Clase B y Clase C, deberán ser egresados de enseñanza básica, buscando con ello asegurar que los conductores tuvieren un mínimo de educación, pues cada día se requiere más madurez y preparación para asumir las responsabilidades inherentes a la conducción de vehículos motorizados, como lo demuestra la actual tasa de accidentes de tránsito, suponiéndose que, siendo obligatoria la enseñanza básica, todos cumplen con facilidad el requisito.

Sin embargo, la realidad demostraría que el cumplimiento de este requisito para personas de 40 o más años de edad no es igual, debido a que las dificultades de hace algunas décadas para acceder a la enseñanza básica eran muy significativas en diversas partes de nuestro territorio y a que la población chilena hasta hace pocos años tenía un promedio de escolaridad inferior a seis años, déficit educacional que en los sectores rurales se observa hasta el día de hoy, existiendo incluso muchas escuelas en dichos sectores que sólo tienen educación hasta el sexto año de educación básica.

Por ello, son numerosas las personas que, en la actualidad, no cumplen con este requisito y que, sin embargo, poseen licencia de conducir, siendo grave que ellas no puedan renovarla, ya que, a pesar de exhibir una conducta intachable como conductores, la actual norma les impide renovar su licencia sin acreditar el cumplimiento de ese requisito. Resulta impensable e injusto que dichas personas logren, a estas alturas de su vida, terminar la enseñanza básica.

A mayor abundamiento, el autor de la moción indica que cabe recordar que, hace treinta años, la enseñanza básica extendió la duración de su período, pasando de seis a ocho años de escolaridad obligatoria. Así, algunos municipios han interpretado que el requisito de escolaridad no se cumple si las personas no acreditan una enseñanza básica de ocho años, lo cual hace que las personas de más de 45 años de edad, que terminaron la enseñanza básica de entonces, que consistía en seis años de preparatoria, no cumplen con el requisito del artículo 13 de la ley de Tránsito, lo que agrava aun más la situación descrita.

Señala que el legislador, en el artículo 1º transitorio, eximió de este requisito de escolaridad a los conductores de Clases A-1 y A-2 que renueven su licencia, es decir, a los conductores profesionales, sin que se mencione al resto de los conductores. Por lo tanto, habría que preguntarse por qué se excluyó de esta exigencia a los conductores profesionales y no al resto de los conductores, cuando parece razonable exigirles más a los conductores profesionales que a los conductores comunes y corrientes.

Por tales consideraciones -concluye la moción- y atendidas las dificultades que la aplicación concreta de esta norma está causando, propone suprimir la exigencia de acreditar el requisito de escolaridad también a quienes renueven su licencia de conducir de Clases B y C.

-Puesto en votación en general el proyecto de ley, fue aprobado por la unanimidad de los Diputados presentes.

IV. ARTÍCULOS QUE EL HONORABLE SENADO CALIFICÓ COMO NORMAS DE CARÁCTER ORGÁNICO-CONSTITUCIONAL O DE QUÓRUM CALIFICADO Y AQUÉLLOS A LOS CUALES LA COMISIÓN OTORGÓ IGUAL CARÁCTER.

El honorable Senado estimó que no existen normas de carácter orgánico-constitucional o de quórum calificado.

Vuestra Comisión coincidió con lo dispuesto por el honorable Senado.

V. ARTÍCULOS QUE DEBEN SER CONOCIDOS POR LA COMISIÓN DE HACIENDA.

La Comisión estimó que no existen normas que deban ser conocidas por la Comisión de Hacienda.

VI. ARTÍCULOS O INDICACIONES RECHAZADOS POR LA COMISIÓN.

No los hay.

VII. MENCIÓN DE LAS ADICIONES Y ENMIENDAS QUE LA COMISIÓN APROBÓ EN LA DISCUSIÓN EN PARTICULAR.

No las hay.

VIII. TEXTO DEL PROYECTO DE LEY.

En virtud de los acuerdos adoptados por vuestra Comisión, el proyecto de ley queda de la siguiente manera:

PROYECTO DE LEY

“Artículo único.- Sustitúyense en el artículo 1º transitorio de la ley Nº 19.495 las expresiones “Licencias Clase A-1 y A-2” por las de “Licencias Clase A-1, A-2, B y C”.

Artículo transitorio.- Las normas de esta ley regirán con efecto retroactivo a contar de la fecha de publicación de la ley Nº 19.495.”.

Se designó Diputado Informante al señor René Manuel García García .

Sala de la Comisión, a 3 de septiembre de 1997.

Acordado en sesión de fecha 2 de septiembre de 1997, con asistencia de los honorables Diputados señores Taladriz, don Juan Enrique ( Presidente ); García, don René Manuel ; Hurtado, don José María ; Jara, don Octavio ; Letelier, don Felipe , y Sabag, don Hosain .

(Fdo.): PATRICIO ÁLVAREZ VALENZUELA , Secretario de la Comisión .”

11. Informe de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, sobre el proyecto de ley que concede, por gracia, la nacionalidad chilena al sacerdote Manuel Bahl Sack (boletín Nº 1995-17)

“Honorable Cámara:

La Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía informa, en primer trámite constitucional y reglamentario, el proyecto de ley individualizado en el epígrafe, iniciado en moción de los señores Alejandro García-Huidobro , Luis Valentín Ferrada, Juan Pablo Letelier , Sergio Ojeda , Alberto Cardemil , Sergio Morales y Juan Carlos Latorre .

En el transcurso del debate de esta iniciativa legal, uno de sus autores, el señor García-Huidobro , reafirmó los conceptos vertidos en la moción, que justifican el beneficio que en ella se propone.

Idea matriz del proyecto

La idea de legislar y sus fundamentos, están suficientemente expuestos en la moción, en la cual se indican los antecedentes de la obra social y del ejemplo de vida del Padre Manuel Bahl Sack, a quien, por sus notables servicios a la comunidad en que le ha tocado desempeñarse, se propone concederle por ley el beneficio de la nacionalidad chilena.

Antecedentes generales

Nuestra Constitución Política permite adquirir por ley la nacionalidad chilena, por especial gracia. Esta especial gracia de la nacionalidad se reserva a aquellas personas que hayan brindado importantes servicios a Chile o a la Humanidad. Como se trata de un honor, no se exige al beneficiario renunciar a su nacionalidad anterior.

A partir de un acuerdo adoptado en su sesión de 06 de agosto de 1997, esta Comisión, acordó los criterios básicos que se deben tener en consideración para aprobar proyectos de ley que propongan el otorgamiento de la nacionalidad chilena por especial gracia. Un estudio histórico de todas la leyes que han concedido este beneficio a extranjeros, desde los inicios de nuestra vida independiente hasta nuestros días, elaborado por el Secretario de la Comisión , en que se mencionaban cada uno de los casos, con sus antecedentes biográficos, tiempo de permanencia en el país, servicios prestados a la nación durante su residencia en Chile, y edad en que se había obtenido la nacionalización por ley, permitió fijar los criterios que el legislador debiera tener en consideración al conceder tan alto honor a un extranjero.

A juicio de esta Comisión, es necesario tener presente que los servicios prestados a la nación sean notables; que se hayan brindado por un tiempo prolongado; que se considere la edad del beneficiario, ya que éste es un reconocimiento a una persona que ha hecho toda una vida en Chile y que se siente chileno; que sea un líder en su comunidad y que ésta lo reconozca como tal, y que se trate de una persona que no utilice este beneficio con un fin ajeno al que se le concedió, que no se preste, por ejemplo para una situación comercial transitoria, que no comercialice esta concesión.

Además de estos referentes, la Comisión exige y exigirá a los autores de estos proyectos, que acompañen antecedentes escritos y documentos fundantes de su iniciativa legal y especialmente los datos de identificación del beneficiario, para evitar errores y falta de seriedad en estas iniciativas.

Antecedentes que fundamentan este proyecto

El Padre Manuel Bahl Sack nació en Argentina el 27 de junio de 1931. Tiene a la sazón 66 años. El 21 de septiembre de 1957, ingresa al Seminario de Buenos Aires de la Congregación del Verbo Divino. Por decisión de su Congregación es enviado a Chile el 28 de diciembre de 1958 para trabajar en el Liceo Alemán de Santiago. Pero su vocación de servicio y apostolado religioso lo inclina al trabajo comunitario. Por eso su orden religiosa decide enviarlo al sur de Chile, donde trabaja con las juventudes obreras católicas de la ciudad de Osorno, como párroco de la Iglesia El Carmen de esa ciudad, durante cinco años. Después de una breve ausencia de Chile, es trasladado a la ciudad de Rancagua, por el año 1968, fecha en que asume funciones en la Parroquia San José Obrero de la Granja. Allí se encuentra con una comunidad que vivía en muy precarias condiciones. Debía empezar de cero en el tema de la urbanización y evangelización. Los comienzos no fueron fáciles; apenas asistían veinte personas a sus misas, en un principio. Pero su tarea de acercamiento a la gente no desmayó, y paulatinamente fue ganándose a los pobladores para su causa religiosa y social. Comenzó por conseguir la colocación de soleras en las calles; más tarde vinieron las veredas, el relleno de hoyos, etc. en todo lo que aportó su propio trabajo manual. La primera vez que salió del templo con pala en mano fue para preparar el terreno en la instalación de soleras. Este gesto le granjeó rápidamente el cariño de sus feligreses.

Con el objeto de asegurarle vivienda a la gente más necesitada de su comunidad, se abocó a la compra de sitios y con los títulos de propiedad en mano, comenzó la construcción de algunas villas, proceso que, aunque no está terminado, recibió el germen de su iniciativa creadora.

Pero su labor no se detuvo allí; con gran preocupación se dedicó a la rehabilitación de los jóvenes que eran presa de los flagelos de la drogadicción y el alcoholismo, creando centros especializados para este efecto.

Después de 39 años de permanecer en Chile, el balance de su obra es elogioso. Ha sido formador de diversas comunidades religiosas, en Dinstrans, Rancagua , Centenario, Santa Julia , Siete Puentes y Lo Conty.

La Comisión ha recibido el testimonio escrito de representantes de la comunidad de Manzanar de la Parroquia San José Obrero, de Rancagua, y de pobladores, colegios y juntas de vecinos de ese sector, firmado por numerosas personas, en el que se deja constancia de los hechos que acreditan la labor y los méritos que constituyen el fundamento del honor que se concede al Padre Bahl Sack, al darle la nacionalidad chilena por especial gracia.

En consideración a todo lo expuesto, la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, acordó por unanimidad recomendar a la honorable Cámara la aprobación del siguiente

PROYECTO DE LEY:

“Artículo único: Concédese la nacionalidad chilena, por especial gracia, al Padre Manuel Bahl Sack”

-o-

Se designó Diputado Informante al honorable señor Alejandro García Huidobro Sanfuentes .

-o-

Acordado en sesión de fecha 20 de agosto de 1997, con asistencia de los señores Diputados miembros de la Comisión don Erick Villegas González ( Presidente ), Gabriel Ascencio Mansilla , Sergio Ojeda Uribe y Martita Wörner Tapia .

Sala de la Comisión, a 20 de agosto de 1997.

(Fdo.): JOSÉ VICENCIO FRÍAS, Secretario de la Comisión .”