Labor Parlamentaria

Del Jefe de Bancada del Partido Unión Demócrata Independiente por la cual informa que el Diputado señor Melero fue designado suplente del primer Comité.

AMPLIACIÓN DE PLAZO A COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).-

La Comisión especial investigadora de la administración que hace la Empresa Metropolitana de Residuos Sólidos, Emeres , del vertedero ubicado en el fundo Lepanto, solicita el acuerdo de la Sala para que se le prorrogue el plazo para el cumplimiento de su cometido hasta el 14 de octubre.

¿Habría acuerdo?

Acordado.

TRATAMIENTO DE PROYECTO SOBRE FILIACIÓN. Acuerdo de los Comités.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).-

Informo a la Sala que los Comités parlamentarios acordaron que la sesión de mañana miércoles se destinará enteramente al tratamiento, hasta su total despacho, del proyecto de filiación.

RÉPLICA A EXPRESIONES DEL DIPUTADO HALES. Aplicación del artículo 34 del Reglamento.

Informe de la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano recaído en la investigación sobre la calidad de la construcción de las viviendas sociales afectadas por los temporales.

“Honorable Cámara:

La Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano pasa a informaros sobre la misión que la Sala de la honorable Cámara tuvo a bien encomendarle en orden a investigar los problemas de calidad de la construcción de los conjuntos habitacionales de viviendas sociales afectados por los temporales ocurridos en el país en los meses de invierno del año 1997.

1. COMPETENCIA DE LA COMISIÓN, AL TENOR DE LOS ACUERDOS DE LA HONORABLE CÁMARA QUE ORDENARON SU CREACIÓN.

1.1. ACUERDO DE LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS.

En la sesión decimoséptima de la legislatura ordinaria de sesiones, celebrada por la Cámara el día miércoles 9 de julio de 1997, se aprobó un proyecto de acuerdo sobre la materia, el cual fue suscrito por los señores Acuña, don Mario; Allamand, don Andrés; señora Allende, doña Isabel; Álvarez-Salamanca, don Pedro; Balbontín, don Ignacio; Bayo, don Francisco; Bombal, don Carlos; Coloma, don Juan Antonio; Correa, don Sergio; Encina, don Francisco; Errázuriz, don Maximiano; Estévez, don Jaime; García, don René Manuel; García-Huidobro, don Alejandro; Gutiérrez, don Homero; Jürgensen, don Harry; Kuschel, don Carlos Ignacio; Karelovic, don Vicente; Leay, don Cristián; León, don Roberto; Letelier, don Felipe; Luksic, don Zarko; Melero, don Patricio; Montes, don Carlos; Morales, don Sergio; Muñoz, don Pedro; Naranjo, don Jaime; Navarro, don Alejandro; Ojeda, don Sergio; Rodríguez, don Claudio; Salas, don Edmundo; Silva, don Exequiel; Soria, don Jorge; Sota, don Vicente; Taladriz, don Juan Enrique; Tohá, don Isidoro; Tuma, don Eugenio; Urrutia, don Raúl; Viera-Gallo, don José Antonio; Villouta, don Edmundo, y Wörner, doña Martita.

Su tenor es el que se transcribe a continuación.

Considerando:

Los graves problemas originados en viviendas sociales a raíz de los últimos temporales.

La Cámara de Diputados acuerda:

Que la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano, en carácter de Comisión Investigadora, en el plazo de 90 días se aboque a:

1.La determinación, si corresponde, de las responsabilidades del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, del Servicio de Vivienda y Urbanización y de cualquier otra repartición pública, y a través de la fiscalización de tales organismos, aquella que corresponda a las empresas constructoras contratistas ejecutantes de las obras que han sufrido grave daño en las comunas de Puente Alto, Maipú, Quilicura, Colina, Pudahuel, Cerrillos, Constitución, Tomé, Talcahuano, Copiapó, Puerto Montt, Valdivia, San Antonio, Rancagua y otras localidades del país, elaborando, en primer lugar, una nómina o catastro de las poblaciones que se encuentran en esta situación.

2.El análisis y estudio de las normativas y estándar que regulan la construcción de viviendas económicas; viviendas básicas, viviendas progresivas, viviendas PET y viviendas del subsidio unificado. En particular, analizar el decreto supremo Nº 29/84 (Bases Generales de Propuestas), las Bases Especiales de Propuesta, Técnicas, las Bases Generales para Vivienda Básica del decreto supremo Nº 235/86 y cualquier otra norma pertinente, a fin de establecer su grado de suficiencia en relación con los requisitos elementales que debe cumplir una vivienda.

3.Formular las propuestas de mejoramiento de las normas y estándar de todos los programas habitacionales con financiamiento público. Se deben considerar los financiamientos necesarios para hacer posible estos mejoramientos, tanto en ahorro de los postulantes, créditos hipotecarios y subsidio público.

4.Analizar y proponer medidas de perfeccionamiento de los sistemas de licitación de los proyectos y de control y fiscalización de la calidad de las viviendas y de las empresas constructoras.

En relación a la fiscalización que corresponde al Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu), deben definirse con mayor precisión los equipos profesionales y tecnológicos responsables, los instrumentos de control, así como las obras materiales que deberán ser objeto de supervisión. Asimismo, se deben precisar las formas y oportunidades en que ellas deben tener lugar y quiénes deben practicarlas, junto con analizar la necesidad de promover el mejoramiento integral de las actuales normas referidas a los requisitos de los materiales de construcción.

5.Evaluar y hacer propuestas en relación a las capacidades del sector público (Ministerios, Gobiernos Regionales y Municipios) para responder a situaciones de emergencia que afecten a las familias y a sus viviendas a causa de fenómenos naturales.”

1.2. AMPLIACIÓN DE PLAZO OTORGADO POR LA HONORABLE CÁMARA.

Con fecha 25 de marzo de 1998, por petición de la Comisión, la honorable Corporación acordó acceder a la ampliación del plazo en sesenta días para emitir el informe correspondiente.

2. RELACIÓN DEL TRABAJO DESARROLLADO POR LA COMISIÓN EN EL CUMPLIMIENTO DE SU COMETIDO.

En el cumplimiento de la misión que se le encomendó, vuestra Comisión acordó formar un calendario de invitados, y elaborar un plan de acción que consideró visitar poblaciones afectadas de diversas regiones del país y facultar a su Presidente para llevarlo a efecto.

El plan de trabajo contempló visitas a poblaciones de las ciudades de Rancagua y Chimbarongo de la Sexta Región y de las comunas de Colina, Lo Prado y Quilicura en la Región Metropolitana.

Se realizó una reunión en el palacio Ariztía en Santiago, con invitación a dirigentes de diversas poblaciones de la Región Metropolitana que habían sido afectadas por los temporales.

En sesiones celebradas en la Cámara de Diputados se recibió el testimonio de las autoridades de gobierno, de representantes de organismos ligados a la construcción, de entidades universitarias dedicadas a la investigación y al control de materiales y de obras de construcción, y de representantes de las empresas constructoras y de colegios profesionales.

2.1. REUNIÓN CELEBRADA EN SANTIAGO EL DÍA LUNES 8 DE SEPTIEMBRE DE 1997 EN EL PALACIO ARIZTÍA.

La Comisión recibió a los dirigentes de las siguientes poblaciones: José Fuentes Guerra, de Colina; Javiera Carrera, de Maipú; Los Andes 2, de San Bernardo; Eduardo Frei y Lago Ranco, de Lo Prado; El Volcán 1-2-3-4, de Puente Alto; Claudio Arrau 2, de Colina; Pascual Gambino, Villa Cordillera y Parinacota 1 y 2, de Quilicura; Las Praderas 1, de Peñaflor; Las Américas y Millaray 2, de La Pintana, y Santa Teresa 2, de La Florida, y con la participación de la Asesora Jurídica del Ministerio de Vivienda y Urbanismo señora Jeannette Tapia.

En esta reunión hicieron su exposición las siguientes personas: Berta Pavez, José Arredondo y Bruno Rodríguez, de Volcán 1; Julia Arros, Ana Chamorro y Elizabeth Hurtado, de Volcán 2; Waldo González, de Volcán 1-2; Rosa Aedo, Luis Alarcón Ferrada, Roberto Roa y Cecilia Quintanilla, de Volcán 3-4; Betsy Sepúlveda, de José Fuentes Guerra; Marisol Orrego y Carmen Carvajal, de Andes 2; Gabriel Araya, de Millaray 2; Eva Cantero, de Las Praderas 1-3; Marcela Sandoval, de Pascual Gambino; María Aros, de Parinacota 1; Óscar Venegas, de Parinacota 2; Otilia Quiroz y Olga Uribe, de Javiera Carrera; Ana Latorre, de Villa Cordillera, y Luis Villegas, de la Coordinadora Metropolitana.

En general, las personas que intervinieron señalaron que los daños que afectan a unas u otras viviendas se pueden resumir de la siguiente manera:

1.Humedad interior por filtración de los muros que enfrentan, particularmente, el lado norte de los edificios;

2.Fisuras diagonales en muros exteriores e interiores;

3.Filtraciones de aguas lluvia por los marcos de ventanas;

4.Filtraciones en las losas y cañerías, grietas en muros y hoyos en pisos de los baños, especialmente por las descargas de alcantarillado;

5.Grietas y filtraciones en los muros y cañerías de las cocinas;

6.Albañilería de muros medianeros con separaciones en las esquinas de los pisos, en las cadenas, y con desaplomos;

7.Pilares sin armado de fierro;

8.Losas prefabricadas de hormigón hundidas y separadas entre sí;

9.Losas tradicionales hundidas;

10. Marcos de puertas deformados por hundimientos de las losas;

11. Marcos de ventanas mal montados dejando grietas entre éstos y el muro;

12. Mortero usado para pegar ladrillos o adocretos se desprende con sólo rasparlo;

13. Escalas de los edificios sin techumbre;

14. Filtración en los radieres de los primeros pisos por falta de adecuada terminación y drenaje.

15. Patios interiores sin evacuación de aguas lluvia;

16. Problemas de cortocircuitos eléctricos en las viviendas a causa de las filtraciones o la humedad;

17. Falta de canales y bajadas de aguas lluvia, y

18. De la losa del piso superior cae arena al inferior cuando alguien camina en el piso superior.

En esta reunión, los diputados plantearon la necesidad de que los pobladores se impusieran del cometido específico que le asiste a la Comisión en calidad de investigadora, efecto para el cual se les entregó copia del proyecto de acuerdo Nº 540, de la honorable Cámara de Diputados, que le diera origen a la investigación. Asimismo, expresaron que era importante que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo aclare la situación relativa al plazo de vigencia de los mandatos para efectuar las reparaciones y de los alcances relativos a los antecedentes que se registran en Dicom en relación con los pobladores que tienen mora en el pago de dividendos y que se ven afectados para obtener créditos de diversa índole.

Además, se hizo presente en la Comisión la necesidad de que el Ministerio haga llegar un ejemplar del mandato con sus fundamentos jurídicos, aclarando el tema relativo a la renuncia de las acciones judiciales por parte de los pobladores exigida por las empresas y de las 12 unidades de fomento que otorgará el Estado para efectuar reparaciones de las viviendas dañadas; informe si existen estudios acerca de las alternativas de solución para las viviendas que han sufrido daños que no son producto de los últimos temporales; informe acerca del actual estado de daño y reparación de un bloque ubicado en la población Pascual Gambino, de Quilicura, calle Socoroma 595, esquina de Violeta, Región Metropolitana, el cual presentaría un grado de inclinación de entre 14 a 20 centímetros aproximadamente, y remita copia de los informes emitidos por Idiem de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Chile y Decon de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y por las empresas consultadas.

En cuanto a la primera inquietud, la señora Jeannette Tapia (asesora jurídica del Ministerio de Vivienda y Urbanismo) indicó que el decreto supremo Nº 79, de 1997, exige que las reparaciones se efectúen dentro de un año y el procedimiento consta de una etapa de postulación para las reparaciones y de una etapa de selección. Para la etapa de postulación, el Serviu fijó plazo hasta el día 30 de septiembre de 1997.

Posteriormente, aclaró que el decreto supremo Nº 79 se encuentra en proceso de modificación en lo que se refiere a la renuncia de hasta 12 unidades de fomento y a la escritura de mutuo. Acotó que hay que tener en cuenta que dicho cuerpo normativo sólo dice relación con los daños por falta de impermeabilización.

Los dirigentes de las poblaciones que participaron en la reunión hicieron entrega a la Comisión de los siguientes documentos:

a)Informe técnico de las poblaciones Andes 1; Andes 2, Cordillera y Los Héroes, efectuado por Asesoría Técnica Maipo 21, de fecha 28 de junio de 1997;

b)Informe de daños causados por temporales en conjuntos de vivienda social, efectuado por el Colegio de Arquitectos de Chile;

c)Antecedentes relativos a la Villa Volcán San José 1 y 2, consistentes en:

-Informativo de la municipalidad de Puente Alto de fecha 11 de junio de 1997, relativo a los problemas detectados con ocasión de los temporales acaecidos;

-Carta de fecha 7 de junio de 1997, dirigida a los vecinos por el gerente de operaciones de la Constructora Copeva Limitada, señor Saúl Barahona Delai, por la cual informa sobre las razones que generaron los problemas y las medidas que se han adoptado para dar una solución definitiva;

-Una copia de la solicitud de postulación al préstamo y subvención de reparación extraordinaria;

-Dos copias del mandato especial;

-El informativo del Serviu Metropolitano, dirigido a los vecinos del conjunto habitacional Volcán San José 1 y 2 de Puente Alto, por el cual se dan a conocer las obras de reparación que se han efectuado y las que se efectuarán y explica los alcances del beneficio que se otorga mediante el decreto supremo Nº 79, de 4 de agosto de 1997, como asimismo el contenido de los mandatos alternativos, la renuncia de acciones y derechos y el mecanismo del congelamiento de los dividendos;

-Un ejemplar del decreto supremo Nº 79; Informativo del Departamento de Comunicaciones, Unidad de Difusión y Fomento del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, relativos a los préstamos y subvenciones y al congelamiento del cobro de dividendos;

-Un ejemplar del informativo del Departamento de Comunicaciones del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, relativo al informe emitido por el Idiem respecto de las villas Volcán San José;

-Copia de un fax dirigido por el jefe de sección del Idiem, señor Federico Delfín, al señor Sergio Said, del Serviu Metropolitano, por el cual remite antecedentes en relación con la metodología y presupuesto para la ejecución de prueba de carga en losas de edificios para vivienda; un ejemplar de mandato especial del Serviu Metropolitano para programa Minvu de mejoramiento y reparación de viviendas;

-Una comunicación del jefe de la División Técnica de Estudio y Fomento Habitacional del Ministerio de Vivienda y Urbanismo por la que explica la forma en que opera el financiamiento de las 12 unidades de fomento para reparación de las viviendas afectadas por los temporales;

-Copia de carta enviada por la Secretaría de la Presidencia de la República a la señora presidenta de la junta de vecinos de Volcán 1 y 2, con la que se informa a los pobladores que la petición que habían formulado a su Excelencia el Presidente de la República, fue enviada al Ministro de Vivienda y Urbanismo para que considere los planteamientos de los pobladores.

-Copia de la carta al Director del Serviu Metropolitano, remitida por los dirigentes de la villa Volcán San José 1 y 2, y de la presidenta de la junta de vecinos B-13 de Puente Alto, relativa a la situación social y sanitaria que afecta a los habitantes de la población;

d)Un informe relativo a la situación que afecta a las poblaciones Volcán San José 3 y 4, emitido por el presidente de la Unidad Vecinal B-13;

e)Un informe final de los daños causados por temporales en conjuntos de vivienda social emitido por el Colegio de Arquitectos de Chile, de fecha 20 de agosto de 1997;

-Copia del informe con los resultados de mediciones realizadas por Idiem, de fecha 4 de septiembre de 1997, en la villa Volcán 2;

-Copia de una comunicación dirigida por la coordinadora de pobladores de Puente Alto a la Comisión de Vivienda y Urbanismo de la Cámara de Diputados, en la que da a conocer los problemas que afectan a diversos conjuntos habitacionales de esa comuna;

f)Informe suscrito por la presidenta de la junta de vecinos de la población José Fuentes Guerra, de la comuna de Colina;

g)Carta de los pobladores afectados de la villa San José 2 de Puente Alto, en la que dan a conocer los problemas que les afectan;

h)Copia del informe técnico acerca del diagnóstico de problemas presentados en las poblaciones Lago Puyehue y Millaray 2, emitido por el Departamento de Construcción de la Dirección de Obras de la Municipalidad de La Pintana.

i)Un informe de daños en la población Las Praderas, y

j)Un videocasete que contiene grabaciones relativas a los daños que se presentan en la población Villa Andes 2, de San Bernardo.

2.2. VISITA DE LA COMISIÓN DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO A LAS POBLACIONES AFECTADAS POR LOS TEMPORALES EN LAS REGIONES SEXTA Y METROPOLITANA, EFECTUADA LOS DÍAS LUNES 15 Y MARTES 16 DE SEPTIEMBRE DE 1997.

El día lunes 15 de septiembre, a las 10.30 horas, se efectuó una reunión en la Intendencia de la Sexta Región con el Intendente, señor Bernardo Zapata, con la asistencia de los Diputados señores Ignacio Balbontín, Alejandro García-Huidobro, Aníbal Pérez; el Secretario Regional Ministerial de Vivienda, señor Carlos Muñoz; el Director del Servicio de Vivienda y Urbanización de la VI Región, señor Carlos Araya, y la asesora jurídica del Ministerio de Vivienda, señora Jeannette Tapia.

En esta reunión, se explicó a las autoridades regionales en qué consiste el trabajo que se encuentra realizando la Comisión y, en particular, que esta visita estaba destinada a efectuar una fiscalización objetiva, conocer la posición de los pobladores afectados y enterarse por qué han ocurrido estos hechos y el grado de avance de las reparaciones de las viviendas.

Los daños por constatar tenían que ser a tres tipos de vivienda, que son: las tipo 1, del Serviu Social; tipo 2, del Serviu entregadas, y tipo 3, Planes PET.

El señor Bernardo Zapata (Intendente de la VI Región) agradeció a la Comisión la preocupación y el aporte que significa su acción a la solución de este grave problema e informó sobre los efectos causados por los temporales. Agregó que en la región, de ocho mil viviendas, alrededor de dos mil se vieron afectadas por problemas de construcción. Asimismo, señaló que los pobladores han solicitado que las reparaciones fueran efectuadas cuando hubiera mejoría de la situación climatológica.

Añadió que, para cumplir un mejor cometido, se formó una comisión para el estudio y reparación de daños, con la participación del Serviu y concordando el plan de trabajo con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

El señor Alejandro García-Huidobro entregó dos informes, uno de la Contraloría General de la República Regional del Libertador O’Higgins, y el segundo, de la empresa de consultores ICR Ltda, sobre los problemas de las viviendas de la población Vicuña Mackenna, etapas I y II, de la ciudad de Rancagua, en los cuales se señalan las deficiencias encontradas en la construcción.

El señor Bernardo Zapata (Intendente de la VI Región) manifestó que, de conformidad al informe emitido por la Contraloría Regional, el Serviu de la VI Región efectuó los sumarios correspondientes.

Se hizo presente que a la Comisión le interesa dejar en claro cuál es la responsabilidad de los profesionales en materia de construcción, como también de las empresas, y establecer cuáles son las empresas responsables y el grado de cumplimiento de cada una de ellas.

La señora Jeannette Tapia (asesora jurídica del Ministerio de Vivienda) informó que las empresas son calificadas de 35 a 100, pero que con rango 87 las empresas quedan fuera del registro que les permite participar en las licitaciones. Agregó que debido a lo anterior aparecen normalmente con rangos de 95 ó 96 puntos.

VISITA A LA POBLACIÓN VICUÑA MACKENNA 2 Y 3, DE RANCAGUA.

(Empresa Constructora García Popelaire Hermanos S.A.).

El señor Balbontín informó a los vecinos presentes cuál es la labor que se encuentra desarrollando la Comisión, primero para contribuir a la solución de los problemas y, segundo, para prevenir en lo futuro que ocurran hechos similares, señalando el interés por visitar selectivamente algunas viviendas dañadas.

Se procedió a visitar el II sector, block 01126, departamento 102, del señor José Mansilla; el block 3, departamento 111, de la señora Guilda Segura; block 8, departamento 201, de la señora Jacqueline Núñez; block 1150, departamento 105, de la señora Rosa González. III Sector, block 3, departamento 209, de la señora Doris Zamorano, y block 1063, departamento 103, de la señora Jacqueline Cortés.

VISITA A POBLACIÓN LOS PARQUES, DE RANCAGUA.

(Empresa Constructora Rancagua).

Población Los Parques: se visitó el block 2530, departamentos 302, de la señora Nancy Carré, y 104, de la señora Claudina Contreras. El Presidente de la Junta de Vecinos, señor Carlos Villa, mostró a la Comisión los maderos sueltos de este block con los que se ha hecho el recubrimiento de muros de los edificios.

VISITA A POBLACIÓN NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES, DE CHIMBARONGO.

(Empresa Constructora A.I.C.).

En la visita a la población Nuestra Señora de las Mercedes, se unió a la Comisión el honorable Diputado Sergio Morales. Esta población consta de ciento ocho viviendas. Se visitaron el block C, departamento 21, de la señora María Luisa Guzmán; el block D, departamento 31 de la señora Gabriela Calquín; el block B, departamento 22, de la señora María

Montecinos, y el block A, departamento 31, de la señora Lilian Catalán.

(Día martes 16 de septiembre).

VISITA A LA POBLACIÓN CLAUDIO ARRAU 2, DE COLINA.

(Empresa Constructora Proctora).

La Comisión, presidida por el titular, señor René Manuel García, y con la asistencia de los señores Ignacio Balbontín, Zarko Luksic y Patricio Melero, y con la participación del Secretario Regional Metropolitano de Vivienda, señor Sergio González; del Director del Servicio de Vivienda y Urbanismo de la Región Metropolitana señor Jorge del Fierro, y del Director de Obras de la Municipalidad de Colina, señor Gabriel Rojas Aguirre, visitó el block 1389, departamentos 207, de la señora Odet González, y 106, del señor Carlos Alfaro; el block 129, departamentos 203, de la señora Maribel Aránguiz; 104, del señor Patricio Barraza, y 107, de la señora Manuela Cordero, y el block 096, departamento 208, del señor Roberto Shee.

VISITA A LA POBLACIÓN JOSÉ FUENTES GUERRA, DE COLINA.

(Empresa Constructora Proctora).

Se visitó el block 1840, departamento 18, de la señora Betsy Sepúlveda; el block 1720, departamento 36, de la señora Avelina Inostroza, y el block 39, departamento 15, del señor Marcelo Gabetin.

VISITA A LA POBLACIÓN EDUARDO FREI, DE LO PRADO.

(Empresa Constructora A.I.C.).

Se realizó la visita con la participación del Alcalde, señor Humberto Sanhueza. Se visitaron el block B 5, departamento 101, de la señora Raquel Encina; el block 7, departamentos 302, del señor Carlos Morales, y 301, de la señora Elena Hormazábal; el block 5, departamento 104, de la señora Osiris Maltés; el block 15, departamento 204, de la señora Ingrid Valdebenito.

VISITA A LA POBLACIÓN PARINACOTA 1 Y 2, DE QUILICURA.

(Empresa Constructora Copeva).

A la Comisión se agregó en la visita el Director de Obras de la Municipalidad, señor Gonzalo Amaya.

Sector 1: Block 540, departamento B 13, de la señora Iris Roldán; block 505, departamento A 14, del señor Hugo San Martín; block 510, departamento A 14, de la señora María Muñoz; block 590, departamentos A 14, de la señora Ramona Muñoz, y B 12, de la señora Rosario Iribarra; block 039, departamento A 14, del señor Alejandro Silva; block 635, departamento A 12, de la señora Nancy Ojeda; block 030, departamento A 33, de la señora Irma Vergara.

Sector 2: block 580, departamento A 33, de la señora María Aros; block 600, departamentos A 11, de la señora Margarita Aguilera; A 12, de la señora Alicia Aranibal, y A 13, de la señora Auristela Guzmán; block 530, departamento A 11, de la señora Alicia Díaz;

VISITA A LA POBLACIÓN VALLE DE LA LUNA, DE QUILICURA.

(Empresa Constructora Copeva).

Se visitó el block 524, departamentos 22, de la señora María Vásquez Ruiz, y B 11, del señor Norman González Gutiérrez.

En general, los daños que afectan a unas u otras viviendas se pueden resumir de la siguiente manera:

1.Humedad interior por filtración de los muros que enfrentan particularmente el lado norte de los edificios;

2.Fisuras diagonales en muros exteriores e interiores;

3.Filtraciones de aguas lluvia por los marcos de ventanas;

4.Filtraciones en las losas y cañerías, grietas en muros y hoyos en pisos de los baños, especialmente por las descargas de alcantarillado;

5.Grietas y filtraciones en los muros y cañerías de las cocinas;

6.Albañilería de muros medianeros con separaciones en las esquinas, piso, en las cadenas, y con desaplomos;

7.Pilares sin armado de fierro;

8.Losas prefabricadas de hormigón hundidas y separadas entre sí;

9.Losas tradicionales hundidas;

10. Marcos de puertas deformados por hundimiento de las losas;

11. Marcos de ventanas mal montados dejando grietas entre éstos y el muro;

12. Mortero usado para pegar ladrillos o adocretos se desprende con sólo rasparlo;

13. Escalas de los edificios sin techumbre;

14. Filtración en los radieres de los primeros pisos por falta de adecuada terminación y drenaje;

15. Patios interiores sin evacuación de aguas lluvia;

16. Problemas de cortocircuitos eléctricos en las viviendas a causa de las filtraciones o de la humedad;

17. Falta de canales y bajadas de aguas lluvia, y

18. De la losa del piso superior cae arena al inferior cuando alguien camina en el piso de arriba. (población Claudio Arrau de Colina)

Cabe hacer presente que, en la población Parinacota, en el block 505, departamento A 14, del señor Hugo San Martín (minusválido), la losa superior cedió y está sostenida por una estructura de fierro de 8 por 3 pulgadas. En otro departamento de la misma población había un caso similar, y la losa se encuentra sostenida por una envigadura de madera.

En la visita a Rancagua, a la población Los Parques, los edificios se encuentran forrados en zinc sobre un enmaderado, con canales y bajadas de agua, subsistiendo algunos problemas de humedad en la planta baja de las edificaciones, por falta de drenaje y otros detalles de los anteriormente enumerados.

En algunos edificios de la población Vicuña Mackenna, de la misma ciudad, se estaban colocando canales y bajadas de agua, pero en general los problemas que afectan a los moradores son numerosos, tales como los que se señalaron anteriormente.

La población Nuestra Señora de Las Mercedes, de Chimbarongo, había sido sometida a reparaciones de filtraciones, instalación de canales y bajadas de agua, pero en todo caso se señalaron por sus habitantes problemas menores pendientes.

Las poblaciones Claudio Arrau y José Fuentes Guerra, de la comuna de Colina, presentan, en general, los problemas antes mencionados y que fueron constatados por vuestra Comisión.

Los edificios de la población Eduardo Frei de la comuna de Lo Prado, se encuentran recubiertos por la pintura destinada a evitar las filtraciones de aguas lluvia, con las canales y bajadas de agua instaladas. A pesar de lo anterior, quedan pendientes reparaciones a diversos departamentos, la instalación de techumbre en las cajas de escala, drenajes y otros.

Las poblaciones Parinacota y Valle de la Luna, de la comuna de Quilicura, presentan tantos problemas como los destacados en esta relación, sin haber sido sometidas a ningún tipo de reparaciones hasta el momento de ser visitadas por vuestra Comisión.

3. LO SUSTANCIAL DE LOS DOCUMENTOS RECIBIDOS Y DE LO EXPUESTO POR LAS PERSONAS ESCUCHADAS POR LA COMISIÓN.

3.1. ACUERDO DEL MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO Y LA CÁMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCIÓN PARA LA SOLUCIÓN GLOBAL DE LOS PROBLEMAS PRODUCIDOS POR LOS TEMPORALES EN CONJUNTOS HABITACIONALES DE VIVIENDAS BÁSICAS Y VIVIENDAS PET.

“Solución global a los problemas producidos por los últimos temporales en los conjuntos habitacionales de viviendas básicas y viviendas PET”.

1.El programa global definido por el Minvu, apoyado por la Cámara Chilena de la Construcción, considera desarrollar una pronta y efectiva labor de reparación de las viviendas afectadas con la participación de todas las Empresas Constructoras involucradas.

2.Este programa, en cuanto a las viviendas básicas Serviu, se refiere:

a)Será financiado en parte por el Minvu a través de un subsidio complementario, de créditos subvencionados o de presupuestos de obras extraordinarias, todos por hasta 12 UF, por unidad habitacional, debiendo considerarse las siguientes obras:

-Canales, bajadas de aguas lluvia.

-Sistemas de recepción y drenajes de aguas lluvia.

-Colocación de un impermeabilizante en las albañilerías de bloques de cemento, garantizado por el plazo que fije el productor, previa reparación de grietas y fisuras. Del costo de esta impermeabilización se descontará el valor considerado para esta partida en el presupuesto del contrato original, si procediere.

-Colocación de celosías en loggias.

Junto con estas obras, las empresas se comprometen a reparar de su cargo todas las singularidades de cada vivienda relacionadas con techumbres, alféizares, canterías de pega de albañilerías y fisuras de muros.

b)Contratación proyecto a proyecto de las obras antes mencionadas, con participación de las empresas constructoras para la definición de las soluciones de reparación y mejoramiento de estándares, con el fin de establecer desde el punto de vista técnico la forma más viable de ejecutarlas.

c)La autoridad y las empresas se comprometen a iniciar a la brevedad las acciones que permitan avanzar rápida y responsablemente en el proceso de reparación y mejoría de estándares, dada la difícil situación en que viven las familias afectadas por los temporales.

d)Agilización por parte de las empresas constructoras comprometidas, de las faenas de impermeabilización en los sectores habitacionales más afectados e identificados como críticos.

e)Se otorgarán las facilidades correspondientes para el aumento de plazos de término de obras en los contratos vigentes en ejecución.

3.Respecto a las viviendas PET, las empresas constructoras en su carácter de primer vendedor definirán y aplicarán la solución técnica correspondiente, asumiendo el costo de la reparación de las viviendas y la responsabilidad de su eficiente ejecución.

4.Se deja constancia de la urgencia para el inicio de las acciones consideradas, para mayor seguridad y tranquilidad de las familias afectadas.

Las siguientes empresas constructoras suscriben el presente acuerdo comprometiéndose a su cabal cumplimiento:

Constructora Rancagua S.A.; García Popelaire Hnos. S.A.; Diez Luongo Weil y Cía. Ltda.; Maya S.A.; Hepuer y Muñoz Ltda.; Constructora Copeva; Consanit Ltda.; E. Bolumburo Ltda.; Magal (no tiene viviendas PET), y Proctora S.A.

Presente también a este acto don Hernán Doren Lois, Presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, quien, en representación de la Institución, expone:

1.Que la Cámara Chilena de la Construcción ha participado activamente desde sus inicios en la búsqueda conjunta de una solución a los problemas producidos por los temporales en distintos conjuntos habitacionales de viviendas básicas y viviendas PET.

2.Que nuestra Institución y sus socios continuarán velando por la calidad en la construcción y propiciando el mejoramiento de los estándares de las viviendas sociales acorde a la nueva realidad del país, para lo cual compromete su participación en las Comisiones de Trabajo que ha convocado el Minvu para analizar el mejoramiento de los estándares y la calidad de la vivienda Serviu y los Programas Habitacionales.

3.Que reconocemos y destacamos la disposición del Supremo Gobierno para implementar a la brevedad programas de reparación y mejoramiento de estándares en los conjuntos de viviendas básicas afectadas, destinando para ello los recursos correspondientes.

4.Que se hace necesario entregar señales concretas a la opinión pública, por parte de la autoridad, de la voluntad conjunta con nuestra Institución, de avanzar rápidamente en el proceso de reparación y mejoría de los estándares a fin de evitar que esta situación se repita afectando preferentemente a familias de bajos ingresos.

Santiago, julio de 1997.

3.2. INFORME DE LA DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN EN CONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA DE CONSTRUCCIÓN CIVIL DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE, DECON.

1. OBRAS SUPERVISADAS.

PUENTE ALTO:

COPEVA-Conjunto Habitacional Bdo. Leighton

-Conjunto Habitacional Las Caletas IV

-Conjunto Habitacional Villa Cordillera

-Conjunto Habitacional Parque Oriente II

-Conjunto Habitacional Parque Oriente III

-Conjunto Habitacional Parque Oriente

-Conjunto Habitacional Volcán San José I

-Conjunto Habitacional Cerrito Arriba

-Conjunto Habitacional Las Caletas IV

-Conjunto Habitacional Volcán San José II

-Villa Estaciones Ferroviarias.

DIEZ-LUONGO-WEIL Conjunto Habitacional Pacífico Sur.

SAN BERNARDO:

CONSTRUCTORA BÍO-BÍO - Conjunto Habitacional El Trauco.

QUILICURA:

COPEVA - Villa San Enrique.

MAIPÚ:

COPEVA - Conjunto Habitacional Los Araucanos.

PUDAHUEL:

COPEVA - Villa Los Puertos.

2. DESCRIPCIÓN FUNCIONES DECON

La función que ha desarrollado la Dirección de Extensión en Construcción (Decon) en la reparación que han llevado a cabo las constructoras con posterioridad a los temporales que afectaron a la zona central del país en el presente año ha consistido en actuar como entidad certificadora de la aplicación de los diferentes productos que se han usado, de acuerdo a las especificaciones de aplicación que han entregado los proveedores (se adjuntan) de dichos productos.

Para desarrollar la función antes descrita, se ha llevado a cabo una supervisión diaria y constante en terreno por parte de inspectores pertenecientes a esta dirección.

La supervisión consiste en revisar y controlar que se estén cumpliendo todos los pasos indicados en la especificación de aplicación del fabricante, para lo cual se han desarrollado y complementado “cartillas de supervisión” (se adjuntan), las cuales se van llenando casa a casa.

Dicha supervisión se realiza apegándose a las etapas definidas en un diagrama de supervisión (se adjunta), el cual contempla los puntos relevantes a inspeccionar, como asimismo el momento en el cual se deben realizar los ensayos solicitados por los proveedores de los productos, los cuales también son desarrollados por personal de esta dirección.

3. PROBLEMAS OBSERVADOS EN LA SUPERVISIÓN DE LA APLICACIÓN DE LOS PRODUCTOS IMPERMEABILIZANTES.

-Porosidades relevantes que han debido ser tratadas exhaustivamente para evitar la permeabilidad a través de ellas.

-Dificultad para aplicar los productos en singularidades tales como: protecciones de ventanas; encuentro de marquesinas para automóviles con muros; contorno de medidores eléctricos; encuentro de aleros con muros, etc.

-Exceso de espesor de producto aplicado, con los siguientes problemas de fisuras por retracciones.

-Aplicación en días con temperatura no adecuada.

-Exhaustivo control sobre los tiempos de aplicación entre cada mano.

-Aplicación sobre superficies sucias (barro), la cual ha debido ser raspada con posterioridad.

NOTA: Es de suma importancia destacar el desconocimiento de la población respecto del fenómeno de condensación, el cual en muchos casos es la causa real de la humedad interior de las viviendas.

4. DETALLE DE VIVIENDAS SUPERVISADAS Y CERTIFICADAS AL 31 DE OCTUBRE DE 1997.

-Conjunto Habitacional Bernardo Leighton - PA 162

-Conjunto Habitacional Cerrito Arriba - PA 1005

-Conjunto Habitacional Las Caletas III - PA 120

-Conjunto Habitacional Las Caletas IV - PA 220

-Conjunto Habitacional Los Araucanos - M 40

-Conjunto Habitacional Villa Cordillera - PA 84

-Conjunto Habitacional Volcán San José I - PA 39

-Conjunto Habitacional Volcán San José - PA 89

-Parque Oriente Cod B - 36 Vicuña Mackenna 1331 - PA 144

-Parque Oriente II - PA 119

-Parque Oriente II - PA 32

-Villa Estaciones Ferroviarias - PA 697

-Villa Los Puertos I - Pudahuel 74

-Villa San Enrique - Quinta Normal 273

TOTAL 3.098

-o-

3.3. INFORME DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y ENSAYE DE MATERIALES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE, IDIEM.

El informe emitido por el Idiem recibido por vuestra Comisión, consta de dos volúmenes. Un resumen del mismo se inserta a continuación.

EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DE VIVIENDAS BÁSICAS VILLA VOLCÁN SAN JOSÉ-PUENTE ALTO.

A petición de la División Técnica de Estudio y Fomento Habitacional del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, se ha desarrollado una investigación tendiente a evaluar las causas por las que se produjeron filtraciones generalizadas en los muros perimetrales de las viviendas de las villas Volcán San José I y II, de Puente Alto, durante los temporales de lluvia con viento que azotaron a la Región Metropolitana.

Esta investigación comprendió una primera etapa de recopilación de antecedentes y la evaluación del grado de cumplimiento de las especificaciones del proyecto. Esta evaluación se basó en prospecciones de los elementos estructurales -muros, pilares y losas- en el departamento A-12, block 0307, Pasaje los Queltehues de la villa Volcán San José I, puesto a disposición del Idiem por parte del Serviu, y en resultados de ensayos de laboratorio de los materiales empleados en la obra. Posteriormente, en una segunda etapa, se investigó el comportamiento de los muros de albañilería frente a la penetración de lluvia mediante ensayos, a escala de laboratorio y a escala natural, en terreno. Finalmente, se realizaron pruebas de cargo en losas de tres departamentos para verificar la seguridad estructural de la obra. Uno de estos departamentos corresponde al arriba individualizado, en tanto los otros dos son el departamento A-11 del block 3161 y el departamento B-21 del block 3346, ambos pertenecientes a la villa Volcán San José II.

Este estudio excluyó aspectos de tipo arquitectónico-funcional, como son los relativos a la evacuación de las aguas lluvia de escurrimiento superficial en cubiertas y fachadas. También se han excluido en esta evaluación los aspectos relativos a la calidad de los tabiques interiores de las viviendas.

Del conjunto de evaluaciones y ensayos realizados se derivan las siguientes conclusiones principales:

1.La obra cumple las especificaciones del proyecto en todos los aspectos evaluados:

-Dimensionamiento de los elementos conforme a planos.

-Calidad de los materiales conforme a especificaciones y normas.

-Calidad de construcción, en lo relativo a obra gruesa, conforme a prácticas recomendadas.

2.La penetración de las aguas lluvia a través de los muros tratados con pintura hidrorrepelente se produce por la absorción ejercida por los bloques de hormigón.

3.El comportamiento de las losas en las pruebas de carga realizadas revela que no existen deficiencias estructurales en dichos elementos. Las deformaciones y fisuras detectadas en las losas inspeccionadas no afectan a la seguridad de la obra.

1. INTRODUCCIÓN.

Las villas Volcán San José I y II, de Puente Alto, que en total comprenden 2.306 viviendas básicas de 40 m2, sufrieron una falla generalizada por efecto de la penetración de aguas lluvia a través de sus muros de fachada, durante los temporales que afectaron a la región, que alcanzaron su mayor intensidad en el período del 28 de mayo al 24 de junio pasado.

Las viviendas de las villas Volcán San José I y II fueron proyectadas y construidas en el período junio 1994-noviembre 1995, por la empresa constructora Copeva, mediante contrato con el Serviu Metropolitano.

El proyecto se ciñe a las “Bases Técnicas Generales para Viviendas Básicas”, de enero de 1992, del Serviu. Las viviendas son del tipo C, en blocks de tres pisos.

Las viviendas no habían presentado mayores deficiencias hasta el presente invierno, cuando se produjo un período de intensa precipitación con viento, que dejó en evidencia la lata permeabilidad de los muros de albañilería expuestos a la lluvia con viento. El problema afectó en forma masiva a todas las viviendas de estas villas, lo que originó una movilización de los organismos y profesionales del sector de la construcción en busca de soluciones, por una parte, y también de las causas que originaron la falla, que apuntan hacia los distintos aspectos del problema.

La presente investigación responde a la petición de la División de Estudio y Fomento Habitacional del Ministerio de Vivienda y Urbanismo de fecha 18 de junio, que solicitó investigar las causas que originaron las filtraciones de agua, la evaluación de algunas soluciones para impermeabilizar las viviendas y el análisis estructural de los edificios con miras a incorporar cargas de estuco en los muros perimetrales. Posteriormente, a medida que se avanzaba en las soluciones de impermeabilización para los muros, la investigación se centró en el estudio de las causas de las filtraciones y en la evaluación del grado de cumplimiento de las especificaciones del proyecto. Finalmente, por expreso encargo del Serviu, a este estudio se incorporó la investigación, mediante pruebas de carga, de la resistencia de las losas de algunas viviendas.

Durante el transcurso de la investigación se entregaron antecedentes a la División Técnica del Serviu, en un primer informe de avance de fecha 19 de junio, que incluía una apreciación preliminar de las principales deficiencias detectadas en las visitas de inspección, durante el período de lluvias, a las poblaciones afectadas. En ese informe, se proponían también algunas soluciones para la impermeabilización de los muros de fachadas.

Posteriormente, con fecha 19 de agosto, se entregó una apreciación general respecto al grado de cumplimiento de las especificaciones del proyecto y resultados de los ensayos de penetración de agua en muros. Últimamente, se han entregado los resultados de las dos primeras pruebas de carga de losas, que permitían clarificar las dudas planteadas respecto a la seguridad estructural de la obra.

El presente informe reúne toda la información obtenida, con las conclusiones finales que se derivan del estudio.

2. METODOLOGÍA EMPLEADA.

2.1 Descripción general.

El estudio se desarrolló teniendo como objetivo establecer, en primer lugar, el grado de cumplimento de las especificaciones del proyecto, para lo cual fue necesario reunir los antecedentes generados durante la construcción de las obras Volcán I y II, especialmente los certificados del control de calidad de los materiales utilizados. Por otra parte, se estimó necesario evaluar, en forma directa, mediante visitas a obras en construcción, el desarrollo del proceso constructivo por parte de la empresa constructora Copeva y la calidad de ejecución, especialmente de la albañilería de bloques de hormigón.

Por otro lado, para evaluar la calidad de las viviendas construidas en las villas Volcán I y II, se recurrió a una prospección detallada de uno de los departamentos de la villa Volcán I, que fue proporcionado por el Serviu como muestra representativa de la obra en estudio.

El estudio del fenómeno de penetración de agua y de las causas de las filtraciones a través de los muros, se abordó mediante ensayos de permeabilidad en muros y probetas extraídas del departamento asignado y también ensayos de lluvia artificial en muros similares de la villa Volcán III, que no había sido aún entregada.

Finalmente, la evaluación de la seguridad estructural de la obra se basó en los resultados de pruebas de carga en losas de tres departamentos, uno de los cuales corresponde al utilizado para calificar la calidad de las viviendas.

2.2 Recopilación de antecedentes.

2.2.1 Bases Técnicas Generales para Viviendas Básicas.

En estas Bases Técnicas y sus Anexos se indican las disposiciones que deben cumplir obligatoriamente los proyectos ofertados en las Licitaciones Públicas de Viviendas Básicas.

Estas bases comprenden, además, las disposiciones que establecen las siguientes leyes y normas oficiales:

-Ley General de Urbanismo y Construcciones, de 1975.

-Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, de 1992.

-Normas Técnicas Oficiales del INN.

-Reglamentos y normas municipales, de servicios S.E.C., Emos y del Serviu.

2.2.2 Planos y especificaciones técnicas que constituyen el proyecto desarrollado por Copeva.

2.2.3 Certificados de ensayo:

-Control de calidad de los hormigones de la obra.

-Control de calidad de los bloques de hormigón:

-Ensayos solicitados por Copeva.

-Ensayos solicitados por fabricante de bloques de hormigón.

2.3 Visitas a las obras.

Las visitas a la obra durante el desarrollo de la investigación permitieron evaluar en forma directa las características del fenómeno de traspaso de humedad a través de los muros. También aportaron antecedentes sobre los efectos de los tratamientos de impermeabilización aplicados, en particular el efecto del arenado que se utilizó como tratamiento para eliminar la pintura existente en algunos edificios (ver figura 7). En estas observaciones, se pudieron apreciar algunas características de la albañilería de bloques y detectar las deficiencias que se producen en las juntas verticales.

Por otra parte, las visitas a obras de la empresa Copeva, en construcción, especialmente la villa Marta Brunet, del Serviu, permitieron reunir antecedentes sobre la tecnología de construcción con bloques de hormigón.

2.4 Prospección y ensayos para evaluar la calidad estructural de las viviendas.

Se extrajeron muestras de la losa y de los muros del departamento en estudio y se determinaron las propiedades de los elementos estructurales, dimensiones, ubicación de las armaduras e identificación de sus características. Se comprobó la calidad de ejecución de las juntas de la albañilería y la calidad del mortero.

También se evaluó la calidad geométrica de los elementos, especialmente de la losa.

2.5. Ensayos para investigar penetración de agua en los muros.

Para investigar las causas de las filtraciones a través de los muros se utilizaron dos métodos de ensayo: el de permeabilidad bajo presión hidrostática, aplicado en distintos puntos del muro (juntas, paramentos con y sin tratamiento hidrorrepelente y en juntas fisuradas).

Por otra parte, se utilizó una instalación para realizar ensayos de lluvia artificial en terreno que permitió evaluar en forma comparativa distintos tipos de muros. Interesaba especialmente comparar el comportamiento de un muro similar a los de la obra en estudio con otro cuya única diferencia fuera la aplicación de un tratamiento especial de impermeabilización de las juntas (canterías), de modo de independizar el efecto de la permeabilidad de las juntas del correspondiente a la permeabilidad de los bloques de hormigón.

3. VIVIENDAS ESTUDIADAS.

3.1 Características generales de los edificios.

Las viviendas de las villas Volcán I y II corresponden al tipo C de las Bases Técnicas Generales para Viviendas Básicas del Serviu (Anexo). Son edificios de albañilería reforzada, de tres pisos, con losa de hormigón armado en el primero y segundo niveles. Como segunda línea resistente, el proyecto incluye machones de hormigón armado en los extremos de las fachadas principales y en los muros medianeros de los departamentos ubicados en los extremos de cada block.

Las características de los elementos estructurales que conforman la vivienda, que corresponde a un departamento del 1er piso, se presentan en las figuras 1 y 2.

3.2 Identificación de las viviendas evaluadas.

Si bien las viviendas que han sido sometidas a prospecciones y ensayos fueron seleccionadas por el Serviu teniendo en cuenta razones de disponibilidad, es posible, sobre la base de visitas de inspección realizadas, calificarlas como representativas de las que presentan la mayor parte de los defectos constructivos observados: fisura transversal en losa (junta de construcción), deformación de la losa (A máx= 3,2 cm), grietas escalonadas bajo antepechos de ventanas.

El departamento asignado para el estudio está ubicado en la villa Volcán I, pasaje Los Queltehues, block 0307, departamento A-12.

Los otros dos departamentos que han sido evaluados, desde el punto de vista estructural, corresponden a viviendas de la villa Volcán II, ubicadas en el block 3161 (departamento A-11) y en el block 3346 (departamento B-21). En ambos casos, el estudio consistió en la evaluación del comportamiento de las losas de cielo correspondientes bajo las condiciones de la prueba de carga normal.

4. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROYECTO.

4.1 Objetivo y alcance del análisis.

La evaluación del cumplimiento de las especificaciones del proyecto se orientó especialmente a los aspectos relativos a la calidad de los materiales estructurales de las viviendas y en particular a la calidad de los muros de fachadas. Este enfoque responde a la naturaleza del problema investigado, que corresponde a filtraciones de aguas lluvia a través de los muros que conforman la envolvente de las viviendas. No se incluyó, por lo tanto, en este análisis, nada respecto al emplazamiento de los edificios ni a su cubierta de techo, que ha sido calificada anteriormente en el Informe de Avance (Anexo) como insatisfactoria, por carecer de los elementos básicos para la evacuación de las aguas lluvia.

Este análisis consideró la evaluación de los antecedentes que proporcionan los certificados del control de calidad de los materiales de la obra, incluyendo los hormigones de fundaciones, sobrecimientos y hormigón estructural. También se analizaron los resultados de ensayos de los bloques de hormigón y del mortero empleado en las albañilerías.

Por otra parte, se evaluaron los resultados obtenidos de los ensayos de testigos, extraídos de la vivienda en estudio, de distintos elementos estructurales, que incluyen muros (bloques de hormigón y mortero) y losa de hormigón armado.

En las figuras 1 y 2, se muestran las características de los elementos estructurales que conforman la vivienda y se indica la ubicación de los puntos desde donde se extrajeron los testigos.

4.2 Calidad del hormigón de la obra.

En la tabla 4.2.1, se resume la información contenida en el archivo del control de calidad de la obra. Los hormigones fueron controlados por el Laboratorio Decon de la Pontificia Universidad Católica, en el período septiembre 1994-marzo 1995. En el Anexo se entregan copias de los certificados de ensayo que se han tenido a la vista.

1

De acuerdo a estos resultados, los hormigones de la obra cumplen con las resistencias especificadas correspondientes. Por otra parte, la resistencia media que se obtiene de los testigos extraídos de la losa investigada fue:

Aplicando los factores normales de corrección, la resistencia media del hormigón de la losa, en probeta cúbica de 20 cm. de arista para la edad de ensayo de 28 días, se reduce a:

R28= 199,kgf/cm2

Este valor confirma lo obtenido anteriormente y permite concluir que la calidad del hormigón corresponde a la requerida por el proyecto.

4.3 Calidad de las albañilerías.

Todos los muros de los edificios de las villas Volcán San José son de albañilería de bloques huecos de hormigón de 14 cm. de espesor, reforzados con pilares y cadenas de hormigón armado. Los muros de fachadas están reforzados con tensores y escalerillas de acero que mejoran el comportamiento al corto y controlan el agrietamiento por retracción de la albañilería en zonas con vanos (figura 2).

4.3.1 Calidad de los bloques.

De acuerdo a las Bases Técnicas del Serviu, los bloques huecos de hormigón deben cumplir los requisitos que establecen las normas Nch 181 - Of 65 y Nch 1928 - Of. 95, en cuanto a requisitos dimensionales, de resistencia a compresión y de absorción de agua.

La calidad de los bloques utilizados en la obra, conforme a los resultados que entregan los certificados de control de calidad para el período septiembre 1994-marzo 1995, se resume en la tabla 4.3.1, siguiente:

2

Estos resultados indican que los bloques de hormigón, de las distintas fábricas proveedoras de la obra, cumplen con los requisitos de resistencia mecánica y absorción de agua especificados en la norma vigente.

Por otra parte, los resultados obtenidos de los ensayos realizados, con motivo de esta investigación, a una muestra tomada de un antepecho de la vivienda en estudio, entrega los siguientes resultados:

3

Estos resultados confirman la apreciación de cumplimiento de las especificaciones que se deriva de los certificados de ensayos para muestras de la obra.

4.3.1.1 Absorción y tasa de absorción de agua de los bloques.

Es necesario destacar en este punto que el requisito de absorción de agua que establecen las normas chilenas Nch 181. Of 65 y Nch 1928.Of. 93, limita, principalmente, la porosidad o contenido total de poros del bloque o de las unidades de albañilería en general. De esta forma, se asegura una cierta durabilidad de las unidades frente a ciclos hielo-deshielo. Pero este requisito no es suficiente desde el punto de vista del movimiento del agua a través del material o permeabilidad. En este sentido, se requiere que, junto con limitar el volumen total de poros del material, se controle la forma y dimensión (diámetro) de poros y capilares. Éstos son factores de una importancia crucial, ya que determinan la capacidad de succión o velocidad de absorción de agua de las unidades de albañilería, propiedad que está directamente relacionada con la facilidad de penetración y saturación de agua de las unidades. Es también por esta vía por la que se controla la facilidad de colocación de las unidades o “trabajabilidad”, la cual depende de la interacción entre las propiedades del mortero (plasticidad y retentividad de agua) y la tasa de absorción de agua de las unidades de albañilería.

La normativa internacional considera como requisito para calificar la aptitud de las unidades de albañilería que quedarán expuestas a la intemperie (muros de fachadas no estucados) un valor máximo para la tasa de absorción de agua por capilaridad.

Esta propiedad es determinada a través del ensayo de absorción capilar, que mide el aumento de peso del bloque al dejar una de sus caras en contacto con el agua (5 mm por debajo del nivel de agua) durante un período de tiempo dado (1 min., según la norma ASTM y 10 min., según la norma Afnor). Se define así un coeficiente de capilaridad, C, y una escala para calificar las características de tasa de absorción de las unidades para distintos usos.

100M

Coeficiente de capilaridad, C=

St ½

donde:

M=Diferencia de peso en gramos, después del período de inmersión en agua.

S=Área de la sección en contacto con el agua.

t=Tiempo en minutos transcurridos desde la inmersión.

4

La norma Afnor (NFP 14-102, 1994), que regula la calidad de los bloques huecos de hormigón que quedarán a la vista, exige que éstos tengan un coeficiente C no mayor de 5.0 para t=10 min.

Exige, además, que el espesor de la pared del bloque sea igual o mayor de 3.0 cm.

Utilizando este ensayo de absorción por capilaridad para calificar la calidad de los bloques de la obra analizada, se pudo apreciar que éstos caen en el rango de capilaridad alta. Por otra parte, evaluando mediante este ensayo bloques de otro fabricante nacional utilizados como patrones, se observa que éstos corresponden a los rangos de capilaridad media y baja y serían, por lo tanto, adecuados para utilizarlos en albañilerías que quedarán a la vista. En la tabla 4.3.1.2, se presentan los resultados de los ensayos de absorción capilar para bloques de fabricación nacional.

5

4.3.2 Calidad del mortero.

Los morteros utilizados en la obra Volcán San José corresponden a cemento/arena, que se dosifican y elaboran en plantas mecanizadas, calibradas, donde se les incorpora el aditivo plastificante. Los albañiles reciben el mortero listo para su aplicación en cantidades suficientes, compatibles con la velocidad de avance de la obra.

En visitas realizadas a las obras Marta Brunet (1250 viviendas) e Invica (930 viviendas), de la empresa Copeva, se pudieron apreciar las características del proceso de dosificación y elaboración del mortero y las faenas de construcción de albañilerías, constatando que éstas se ejecutan conforme a las prácticas recomendadas (12) y con sistemas de control y de supervisión adecuados.

Para evaluar la resistencia del mortero de la obra, fue preciso extraer testigos de los muros de la vivienda estudiada, que incluyeran juntas de mortero horizontales y verticales, (Ver figura 5). También se utilizaron muestras obtenidas del antepecho de una ventana de dicha vivienda.

Con esas muestras, se prepararon probetas como las que se muestran en la fig. 6 para determinar la resistencia a la penetración de una aguja de acero estándar. En la tabla 4.3.2, se entregan los resultados de resistencia a la penetración de las muestras de mortero y las resistencias a compresión correspondientes, según la curva de calibración obtenida en el estudio de la referencia (8).

6

(*) La recta de regresión que relaciona la resistencia a la penetración con la resistencia a compresión del mortero es la siguiente:

P=16.6 + 0.56 Rc, en que P es la resistencia a la penetración de la aguja, y Rc la resistencia a compresión obtenida según norma Nch 158 para morteros de albañilería.

Las propiedades físicas y mecánicas de las muestras de mortero extraídas de la obra, de juntas horizontales y verticales, se presentan en la tabla 4.3.3.

7

La resistencia a compresión del mortero, según las especificaciones del proyecto, es de 100 kgf/cm2, determinada según norma Nch 158.

La dosificación del mortero utilizado en la obra fue estudiada en mezclas de prueba, con valores de resistencia a compresión a 28 días, (certificado por DECON), que se presentan en la tabla 4.3.4.

8

Es preciso destacar que la resistencia de morteros moldeados en moldes no absorbentes es aproximadamente la mitad de la que resulta en moldes o entre superficies absorbentes. Tal caso de superficies no absorbentes es el que se produce en las juntas entre bloques de hormigón, donde el mortero pierde parte del agua que contiene en exceso y reduce su porosidad.

Al comparar las resistencias de las muestras de mortero extraídas de la obra con la especificada en el proyecto, se aprecia que los morteros cumplen con la calidad requerida.

4.3.3 Calidad de mano de obra.

Es sabido que la experiencia del albañil juega un papel tan importante como el uso de morteros de la calidad requerida, compatibles con las condiciones de la obra, en la calidad de las albañilerías.

En el caso de las albañilerías de bloques de hormigón, este aspecto se hace más relevante, especialmente por la mayor dificultad en la ejecución de las juntas verticales, que deben quedar formando cordones continuos y compactos.

Para investigar la calidad de la ejecución en la obra en estudio, se procedió a extraer testigos con sonde de 2” de diámetro, en juntas horizontales y verticales de los muros de fachada de la vivienda asignada para este estudio. Con estos testigos, se pudo determinar las características de las juntas, ancho y espesor de las fajas de mortero, condiciones de llenado y adherencia, como también de resistencia a compresión a través del ensayo de penetración con la aguja estándar, descrito en el punto anterior. En la tabla 4.3.5, se resumen las observaciones realizadas mediante los testigos.

9

(*) Falla de adherencia inducida por vibración durante el corte del testigo.

En cuanto a las características constructivas, se observa que las juntas se ejecutaron conforme a las prácticas recomendadas (13). El espesor medio de las juntas horizontales es 14.8 mm y el de las verticales es 9.0 mm, el ancho de las fajas de mortero de pega es en todos los casos superior al espesor de las paredes del bloque.

4.3.4. Dimensiones de elementos estructurales, calidad y cuantía de armaduras.

El cumplimiento de las especificaciones del proyecto, en lo relativo a las dimensiones de los elementos estructurales y a la calidad, cuantía y posición de las armaduras, fue verificado en una prospección detallada, realizada en la vivienda asignada para este efecto.

- Dimensiones de los elementos estructurales

Muros:Conforme a planos.

Pilares:Conforme a planos.

Cadenas:Conforme a planos.

Losa:Conforme a planos.

- Armaduras (Calidad y cuantía)

Muro H.A: Mallas electrosoldadas acero AT 56-50H f 5.5 a 10 cm

Losa H.A:Dos mallas electrosoldadas acero AT 56-50H f 5.5 a 15 cm en un sentido y

a 16 cm en el otro (armadura positiva).

- Muro de albañilería: Escalerillas: En juntas horizontales, acero AT 56-50 H, según

ubicación de planos.

Tensores: No fue posible detectarlos, por limitaciones del instrumento empleado.

De los resultados de esta prospección se concluyó que la obra cumple las especificaciones del proyecto en lo que se refiere a dimensiones y armaduras.

5. DIAGNÓSTICO DE LAS CAUSAS DE FILTRACIONES.

5.1 Objetivo y alcance del diagnóstico.

Durante los temporales que afectaron a la Región Metropolitana en el período del 28 de mayo al 24 de junio pasado, que, según informe de la Dirección de Meteorología (11), presentaron características de mayor intensidad de vientos en la zona sur-oriente, donde están emplazadas las viviendas de las Villas Volcán San José I y II, quedó en evidencia la notoria deficiencia de dichas viviendas para resistir la penetración de aguas lluvia a través de los muros y a través de vanos y puntos singulares de las fachadas.

Para investigar en qué medida influyeron en este comportamiento los distintos elementos que componen la fachada, se procedió a realizar dos tipos de ensayo:

•Ensayos de permeabilidad bajo presión hidrostática constante.

•Lluvia artificial en condiciones de obra.

Los ensayos del primer grupo se realizaron en la vivienda de la villa Volcán I, asignada para este estudio, y sobre probetas extraídas de esta misma vivienda. En cuanto a los ensayos de lluvia artificial, se decidió utilizar muros de viviendas construidas en la villa Volcán III, de iguales características a las de las viviendas de las villas Volcán I y II y que habían sufrido el mismo tipo de comportamiento que éstas durante los temporales. La ventaja era el hecho de encontrarse deshabitadas en el momento de realizarse los ensayos.

5.2 Ensayos de permeabilidad bajo presión hidrostática.

Se utilizó un ensayo de permeabilidad recomendado para evaluar la resistencia a la penetración de la lluvia con viento de muros de albañilería.

Este método ha sido desarrollado por Karsten (10) y ampliamente utilizado en Europa con este objeto.

El ensayo utiliza pipetas graduadas que se adosan a los paramentos de los muros a ensayar, mediante sellantes elastoméricos. Posteriormente, se llenan con agua hasta el nivel adoptado, 10 cm, y se mantiene dicho nivel, registrando la cantidad de agua que era necesario agregar para mantener el nivel durante 10 minutos.

Este ensayo se realizó en los bloques de hormigón con y sin el tratamiento con pintura hidrorrepelente, en juntas de mortero horizontales y verticales en canterías fisuradas, tanto en terreno como en laboratorio, figs. 10 y 11.

Los valores medios de permeabilidad con este método se entregan en la tabla 5.2, junto con algunos valores de referencia correspondientes a bloques de hormigón de otra fábrica y a una probeta estucada con mortero a base de aglomerantes hidráulicos (mortero de estuco propuesto en el Informe de Avance, que se adjunta en Anexo).

10

De estos ensayos se desprende que los bloques utilizados en la obra, con el tratamiento hidrorrepelente no presentan penetración al agua bajo las condiciones impuestas. Se observa, por otra parte, que la presencia de fisuras en las juntas permiten una penetración de agua significativa al interior del muro.

En el caso de muros no tratados con pintura hidrorrepelente, paramentos interiores, se aprecia una permeabilidad muy superior a la que presentan las probetas patrones. Esto indicaría que al no existir requisitos de permeabilidad o de absorción capilar para los bloques de hormigón en las normas vigentes, se pueden producir diferencias de calidad en este aspecto de 1 a 70. También se aprecia que si se utilizan bloques de buena calidad, (baja permeabilidad) serían las juntas de mortero las vías más posibles para la penetración de agua.

Finalmente, es preciso destacar que la conclusión más importante que se obtiene de estos ensayos es que, bajo carga hidrostática constante, la evaluación de la impermeabilidad de los muros tratados con la pintura hidrorrepelente los calificaría como aceptables.

5.3. Ensayos de lluvia artificial en la obra.

El objetivo de estas pruebas era verificar el comportamiento de las fachadas, en forma comparativa para tres condiciones:

•Muros en su condición original, con pintura hidrorrepelente.

•Muros similares a los anteriores, pero con un tratamiento de impermeabilización de re-fuerzo aplicado a las juntas (canterías).

•Muros con vanos de ventanas.

5.3.1. Procedimiento de ensayo.

Considerando que estas pruebas tienen un carácter comparativo, se trató solamente de imponer condiciones severas de lluvia y viento, que fueran reproducibles. Los pasos que se siguen son los siguientes:

Para reproducir el efecto de la lluvia con viento, se utiliza una cañería de PVC con perforaciones, la cual se instala horizontalmente en la parte superior del paño de muro a ensayar, justo debajo de la cadena.

•La condición de viento deseado se consigue mediante un ventilador de gran caudal (turbina), variando su posición con relación al muro en estudio y manteniendo flujo perpendicular.

•Previamente al inicio del ensayo, se mide la velocidad del viento que llega a la fachada en cinco puntos simétricamente distribuidos con respecto al eje central del flujo. Figs. 12a y 14a.

•Para poder observar en forma directa lo que ocurre durante el ensayo, se han abierto boquetes en las cáscaras de algunos bloques en el paramento interior, dentro de la zona sometida a ensayo. Fig. 12b.

•Para ayudar al registro de los datos durante la realización de las pruebas, se toman fotografías con cierto intervalo de tiempo entre ellas.

•Para dar comienzo al ensayo, se pone en marcha el ventilador y luego se da el paso al agua, con lo que se logra simular una intensa lluvia con viento azotando la pared.

5.3.2 Ensayo Nº 1: Muro en condición original.

El ensayo se realizó en un muro culata del primer piso, impermeabilizado con pintura hidrorrepelente, que tenía aproximadamente dos meses de aplicada. La calidad de la albañilería no mereció ninguna observación. Se abrieron ventanas de observación en bloque central ubicado a una altura máxima de 1.2 m para poder observar los tabiques del bloque y las junta de mortero por su lado interior. La superficie expuesta a la lluvia artificial fue 2,4 x 2.1 m2.

Condiciones de ensayo.

La velocidad de viento en los puntos centrales del paño, se midió con un anemómetro antes del inicio de la prueba, registrándose valores que varían entre 5 y 25 km/h, con una velocidad media de 14.6 km/h. El caudal de agua que entregaba la cañería acondicionada con perforaciones, en su posición horizontal en el muro, fue de 32.4 l/min.

11

5.3.3 Ensayo Nº 2: Muro con canterías impermeabilizadas.

Se realizó un tratamiento previo de impermeabilización de las canterías con el producto SIKATOP 107, aplicado en dos manos, de modo de asegurar una muy baja permeabilidad de las juntas. Igual que en el muro anterior, la superficie expuesta fue 2.4 x 2.2m.

Condiciones de ensayo.

La velocidad del viento se mantuvo en el mismo rango que en la prueba anterior, entre 6 y 18 km/h, con una media de 13 km/h. El caudal de agua fue 57 l/min, mayor que en el caso anterior, por una variación de la presión de la red.

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5.3.4 Ensayo Nº 3. Muro con vanos de ventanas.

En este ensayo interesaba examinar el comportamiento de la ventana frente a la lluvia con viento.

Se pudo apreciar que la penetración de agua a través de los elementos de la ventana no fue relevante. El humedecimiento del muro se manifestó en forma similar a lo observado en las pruebas anteriores.

5.3.5 Comentarios generales sobre las pruebas de lluvia.

La conclusión principal que se desprende de estas pruebas es que los muros de albañilería de las viviendas ensayadas presentan una muy alta permeabilidad a la lluvia con viento y que, en este caso, la calidad y el tipo de junta tienen poca importancia, ya que el agua penetra por presión y gravedad y escurre por las cavidades interiores de los bloques, saturándolos por capilaridad en tiempos relativamente cortos.

6. VERIFICACIÓN DE LA SEGURIDAD ESTRUCTURAL.

6.1 Objetivo y alcance.

La verificación de la seguridad estructural de las viviendas de las villas en estudio fue solicitada por el Serviu a raíz de dudas que a este respecto surgieron en los pobladores y en algunos organismos técnicos, como consecuencia de las deficiencias detectadas, especialmente deformación de las losas, que estarían relacionadas con la capacidad estructural de las viviendas.

Se decidió abordar esta evaluación por la vía de las pruebas de carga, procedimiento que está contemplado en la norma Nch (ACI 318-83), Cap.20 “Evaluación de la resistencia de estructuras existentes”.

Las pruebas de carga se realizaron en las losas de los tres departamentos individualizados anteriormente (punto 3), y sus resultados se exponen a continuación.

6.2 Prueba de carga I.

Esta prueba fue realizada en la losa de cielo del departamento A 12, block 3161, de la villa Volcán II.

Para realizar la prueba, se desalojaron los departamentos A-12 y A-22 y se retiraron los tabiques divisorios en ambos departamentos, dejando solamente los tabiques de baños.

En una inspección preliminar, se efectuó un levantamiento de todas las fisuras y grietas existentes, tanto en la losa como en los muros de albañilería perimetrales. Estas fisuras fueron recorridas marcándolas en los mismos elementos fisurados y en toda su trayectoria. En esa oportunidad, se instalaron también los instrumentos de medición (flexímetros) en el departamento A-12. Se instalaron 5 flexímetros para obtener deflexiones de la losa según los dos ejes centrales ortogonales, en el punto central y en los tercios de la luz.

6.2.1. Intensidad de la carga.

De acuerdo al código (5), la carga total de la prueba (incluyendo la carga permanente ya presente) no debe ser menor que:

0.85 (1.4 D + 1.7 L),

donde:

D es la carga permanente y L es la sobrecarga.

Considerando las exigencias de la Ordenanza General de Construcción para Viviendas, se adoptó como sobrecarga L = 150 kgf/m2.

La carga permanente se obtiene a partir de las dimensiones de la losa y de la densidad del hormigón. Para considerar la carga correspondiente a los tabiques, se incrementa la carga permanente en 30 kgf/m2,

D = Peso propio de la losa + peso de tabiques

= 312 + 30 = 342 kgf/m2

La carga por m2 para esta prueba resulta, entonces, igual a:

0.85 (1.4 x 342 +m1.7 x 150)= 623.7 kgf/m2

La carga a aplicar será igual a los 623.7 kgf/m2 calculados, menos la carga ya presente, igual a 312 kgf/m2, lo que da 311.7 kgf/m2. Se adopta 320 kgf/m2 como carga a aplicar para esta losa.

La superficie útil de la losa, de acuerdo a las dimensiones de planos, es A = 40 m2, y la carga total a aplicar resulta igual a

Carga de prueba=320 x 40 = 12800 kgf

=366 sacos de 35 kg.

6.2.2 Desarrollo de la prueba.

Se obtuvieron mediante flexímetros, con precisión de 0.10 mm, las deflexiones de la losa a lo largo de la prueba de carga. Las lecturas correspondientes se presentan en Tabla 6.2.2.

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Al término de cada etapa, se examinó la losa por su cara inferior, sin que se apreciara la aparición de agrietamiento significativo.

En tabla 6.2.3, se presentan las deflexiones en los puntos de medición después de cada etapa de la prueba.

6.2.3 Resultados.

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6.2.4 Evaluación de resultados.

Conforme a los criterios de aceptación de la norma, se considera como satisfactorio el comportamiento de la losa cuando las deformaciones máximas medidas cumplen una de las siguientes condiciones:

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donde l y h = luz menor y espesor de la losa

A máx= Deflexión para carga máxima mantenida durante 24 hrs.

A r máx = Deflexión remanente después de retirada la carga y después de un período de recuperación de 24 hrs.

En esta prueba, la primera condición se satisface si A máx < 15.26 mm, lo que se cumple holgadamente.

Por otra parte, la recuperación instantánea después de retirada la carga fue claramente satisfactoria, por lo que no se estimó necesario esperar las 24 horas de recuperación que recomienda la norma.

La inspección final de la losa no acusó nueva fisuración o daños.

6.3 Prueba de carga II.

La losa ensayada fue la del departamento A-12, block 0307, de villa Volcán I. Se procedió, igual que en la prueba anterior, a desalojar los departamentos A-12 y A-22 y a retirar los tabiques interiores. La inspección para registrar la fisuración y las grietas existentes se realizó también en igual forma que en la prueba anterior.

Esta losa fue elegida por presentar una grieta transversal correspondiente a una junta de hormigonado cuya abertura máxima alcanzaba a 0.4 mm. Además, esta losa había sido sometida a una prospección mediante extracción de tres testigos de 10 cm de diámetro; uno de ellos, ubicado en el centro de la losa, había cortado las mallas de la armadura inferior. En cuanto a deformaciones, esta losa presentaba una flecha en el centro, medida por la cara inferior, de 3.2 cm.

Estas características permitían suponer que la losa en cuestión era representativa de las que presentan los mayores problemas.

6.3.1 Intensidad de la carga.

La mayor diferencia, a este respecto, con la prueba anterior fue considerar para el cálculo de la carga a aplicar el total de la sobrecarga que considera el proyecto, esto es 200 kgf/m2, en lugar de los 150 kgf/m2 que exige la ordenanza para losas de viviendas.

La carga resultante, aplicando el mismo método de cálculo, fue de 384 kgf/m2, que para la superficie de la losa, 40.4 m2, representa una carga total de 15505 kgf.

Para materializar la carga, se utilizaron los mismos sacos de grava de 35 kgf, que esta vez fueron pesados con una balanza electrónica para verificar la exactitud de la carga. Como carga promedio por saco, se obtuvo 34.6 kgf para una muestra de 128 sacos, lo que representa un total de 448 sacos como carga a aplicar.

6.3.2 Desarrollo de la prueba.

Las lecturas registradas mediante los flexímetros a lo largo de la prueba se presentan en la tabla 6.3.2.

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Al término de cada etapa, se examinó la losa por su cara inferior, sin que se apreciara la aparición de nuevas fisuras.

En la tabla 4, se presentan las deflexiones en los puntos de medición después de cada etapa de la prueba.

6.3.3 Resultados.

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6.3.4 Evaluación de resultados.

El comportamiento de esta losa bajo la prueba de carga cumple plenamente con el criterio de deformación máxima y su recuperación instantánea es superior a la de la losa anteriormente ensayada.

6.4 Prueba de carga III.

La losa ensayada fue la losa de cielo del departamento B-21, block 3346, calle La Lechería, de la villa Volcán II. Para realizar la prueba, se desalojaron los departamentos B-21 y B-31 y se retiraron, igual que en los casos anteriores, todos los tabiques divisorios, a excepción de los correspondientes a baños.

En la inspección preliminar, se realizó el levantamiento de todas las fisuras y grietas existentes tanto en la losa como en los muros perimetrales. Estas fallas fueron recorridas en toda su extensión y marcadas en los mismos elementos fisurados.

En esa oportunidad, se instalaron también los flexímetros para la medición de la deformación de la losa ensayada (3 flexímetros en el departamento B-21) y uno en el centro de la losa de cielo del departamento B-11, este último para eliminar posibles efectos secundarios que pudieran afectar a las mediciones.

6.4.1 Intensidad de la carga.

En este caso, la carga total fue la misma que se calculó para la prueba de carga II, que contemplaba un total de 15505 Kgf (448 sacos de 34.6 kgf).

6.4.2 Desarrollo de la prueba.

Las deflexiones de la losa, a lo largo de la prueba, se obtuvieron en tres flexímetros, según el eje menor de la losa, en el centro y en los tercios de la luz. Se utilizó, como se explicó anteriormente, un cuarto flexímetro para registrar posibles deformaciones en la losa de cielo del 1er piso, departamento B-11.

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Al término de cada etapa de carga, se examinaba la cara inferior de la losa ensayada para registrar las posibles variaciones en el estado de fisuración. En estas revisiones se registraron crecimientos de algunas fisuras preexistentes y ramificación de éstas.

6.4.3 Resultados.

En la tabla 6.42, se entregan las deflexiones de la losa en los puntos de medición, después de cada una de las etapas de la prueba.

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6.4.4 Evaluación de resultados.

Conforme a los criterios de aceptación de la norma, se considera satisfactorio el comportamiento estructural de la losa cuando la deformación máxima medida cumple una de las siguientes condiciones

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donde:A máx = Deflexión para carga máxima mantenida durante 24 horas.

A r máx= Deflexión remanente después de retirada la carga y después de un período de recuperación de 24 hrs.

En este caso, tenemos que lt = 616 cm y h = 13 cm; por lo tanto, la deflexión máxima después de 24 horas de aplicada la carga debería ser, según la norma, menor o igual a A máx = 14.6 mm.

De los resultados de la prueba se deduce que la deformación máxima, medida al centro de la losa, es A c = 15.5 mm, valor que supera en 10.6% la deformación límite antes señalada. Por otra parte, comparando los porcentajes de recuperación que establece la norma, 75%, con el que efectivamente presenta esta losa, después de 48 horas de retirada la carga, que alcanzó al 60,6%, se llega a concluir que el comportamiento observado no cumple con los criterios de la norma.

No obstante lo anterior, si se considera que durante la prueba no se produjeron daños indicativos de haber alcanzado la capacidad estructural de la losa, cabe concluir que el nivel de seguridad de la losa sería suficiente para las sobrecargas de servicio normales.

6.5 Apreciación sobre el comportamiento estructural.

Las pruebas de carga realizadas han permitido verificar que el diseño de las losas responde adecuadamente a la solicitación establecida en la norma, equivalente al 85% de la carga última. En efecto, tanto las deformaciones registradas bajo carga como la fisuración observada en estos elementos están dentro de lo admisible. Solamente en la tercera de las losas ensayadas se registraron valores de recuperación de deformaciones inferiores al 75% de la deformación máxima que establece la norma. Este comportamiento debería ser objeto de una interpretación por parte del ingeniero calculista, responsable del proyecto. Sin embargo, sobre la base de la experiencia de otras pruebas de este tipo realizadas por el IDIEM, se estima que el comportamiento estructural de la losa es satisfactorio.

7. CONCLUSIONES.

7.1. El análisis de los antecedentes correspondientes al control de calidad de la obra, y los resultados de la prospección y ensayos de la estructura y de los materiales de la vivienda asignada para este estudio, permiten concluir:

i)La obra cumple las especificaciones del proyecto en todos los aspectos evaluados:

-dimensionamiento de los elementos conforme a planos.

-calidad de los materiales conforme a especificaciones y normas.

-calidad de construcción, en lo relativo a obra gruesa, conforme a prácticas recomendadas.

ii)Los defectos constructivos detectados no comprometen la seguridad de la estructura.

7.2. En lo relativo al mal comportamiento de las viviendas durante los temporales que afectaron a la Región Metropolitana, los ensayos realizados, especialmente las pruebas de lluvia artificial con viento, han dejado en evidencia lo siguiente:

i)La penetración de las aguas lluvia a través de los muros tratados con pintura hidrorrepe-lente se produce por la absorción ejercida por los bloques de hormigón.

ii)Este efecto, que quedó claramente identificado en los ensayos de lluvia artificial con viento, en terreno, no fue igualmente detectado por los procedimientos de evaluación habituales que consisten en aplicar una carga hidrostática predefinida sobre la pared tratada con pintura hidrorrepelente.

7.3. El comportamiento de las losas sometidas a pruebas de carga demostró que no existen deficiencias estructurales en dichos elementos.

3.4. INFORME EMITIDO POR EL JEFE DE LA UNIDAD DE VIVIENDA Y URBANISMO, OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA REGIONAL DE LA SEXTA REGIÓN, SEÑOR DANIEL DONOSO URRA, SOBRE LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DE LA POBLACIÓN VICUÑA MACKENNA, DE RANCAGUA.

De acuerdo con lo señalado en el epígrafe y lo dispuesto por la Asignación de Trabajo Nº 11/97, de la Unidad Vuopt de esta Oficina Regional, el profesional infrascrito procedió a realizar una revisión selectiva de la obra correspondiente a la II y III etapas de la población Vicuña Mackenna, de Rancagua, respecto de lo cual es posible informar lo siguiente.

A.Aspectos administrativos.

Por las resoluciones del Servicio Región Nº 72, de 5 de abril de 1995, y 13, de 20 de febrero de 1966, se contrató con la empresa García Popelaire Hnos. S.A. la ejecución de 602 y 192 viviendas básicas tipo C, respectivamente.

Los montos involucrados ascendieron a UF. 141.300 y 47.907, 61, para las 602 y 192 viviendas.

Las obras consistieron en la ejecución de edificaciones en bloques de tres pisos ubicados de acuerdo con los respectivos planos de loteo, conformando departamentos de diferentes superficies.

La construcción se basó fundamentalmente en estructuras de hormigón armado y albañilería de ladrillo hecho a máquina hacia el exterior, con medianeros de ladrillo hecho a mano entre departamentos, más todas las obras de urbanización.

La ejecución de las 602 viviendas, correspondientes a la licitación Nº 1/95, fueron recepcionadas los días 7 y 8 de marzo de 1996 en forma provisoria, cuya acta fue aprobada por la resolución Serviu VI Región Nº 41, de 30 de abril de 1997.

Del mismo modo y con fecha 30 de diciembre de 1996, se recepcionaron las obras correspondientes a la construcción de las 192 viviendas licitadas por el Serviu bajo el Nº 1/96; al respecto cabe señalar que la resolución aprobatoria se encuentra en tramitación.

Es del caso indicar que ambas recepciones se aprobaron sin observaciones por parte de las comisiones designadas para estos efectos.

B.Aspectos técnicos.

Es posible indicar al respecto, luego de revisadas las obras especialmente de la tercera etapa, que éstas presentan variadas deficiencias en sus terminaciones, como asimismo en su construcción.

En efecto, se pudo verificar en general que:

a)Los morteros de pega de las albañilerías de ladrillo son de fácil desprendimiento al contacto físico (rayado o raspado), indicando ello posibles defectos en la confección de éstos debido a inadecuadas dosificaciones. Esto ha permitido, además, que los muros ubicados al mayor contacto de agua (lluvias) hayan sido filtrados, no obstante encontrarse indicado en las especificaciones técnicas (E.T.) la incorporación de hidrófugos tipo Sika-1 o similar en dosis del 2% del peso del cemento.

Al respecto, no ha quedado constancia en el libro de obras ni en otro documento afín del cumplimiento de las exigencias técnicas que deben tener estos morteros, lo que implica que no se realizó un control adecuado de estas mezclas utilizadas en la obra.

b)Las albañilerías de los muros medianeros, confeccionadas con ladrillos hechos a mano (fiscal), presentan deficientes terminaciones en los remates con las cadenas, como también desaplomos, fisuras y hendiduras.

c)Marcos metálicos de puertas sueltos y con remates insuficientes.

d)Marcos de ventanas presentan problemas en sus cierres (trancas soldadas y no como lo indican las E.T.)

e)El tipo de cerradura colocada en la puerta del recinto denominado loggia no corresponde al especificado para ésta; las E.T. señalan, punto 2.2.9 letra d): cerradura tipo poliembutida, con cilindro exterior y seguro.

f)Existen filtraciones en los artefactos sanitarios y llaves de éstos.

g)Los pilares metálicos 25 x 75 x 3 mm., ubicados en la escalera de acceso de los departamentos que van bajo la loseta de hormigón, fueron suplidos en su extremo, en el 1er piso, con piezas adicionales soldadas de la misma escuadría, no ajustándose al diseño indicado en el corte 2.2 del plano F-3 y notas del plano E-2, efectos para los cuales debieron estar constituidos por una sola pieza.

h)Patios interiores de los blocks no cuentan con sistemas de desagües para las aguas lluvia.

i)Postes de alumbrado público con socavaciones en sus bases.

j)Se modificó, sin ninguna autorización formal por parte del Serviu, la enfierradura de los pilares del block Nº 3 y probablemente del resto, con respecto a lo indicado en plano E-2 y proyecto general de estructuras, lo que constituye una irregularidad administrativa, toda vez que la empresa actuó sin ningún control al respecto.

Sobre el particular, se verificó que se instalaron armaduras tipo Acma de 8 mm. de diámetro, en vez del fierro de 10 mm. especificado en los planos ya indicados, no contándose, además, con la aprobación de los ingenieros calculistas ni de la inspección fiscal de la obra.

k)Finalmente, en esta III etapa es posible advertir que el conjunto presenta sus blocks con evidentes desaplomos en sus planos exteriores, lo que se aprecia visualmente en las relaciones entre muros de albañilerías con respecto a cadenas y pilares y sus entrantes, con evidencias claras en las terminaciones y remates de los mismos.

En relación con la II etapa, fue posible verificar que:

a)Algunos blocks presentan sus enfierraduras en pilares prácticamente sin el recubrimiento que la norma establece (mínimo 2,5 cm.).

b)Existe desgaste prematuro del hormigón colocado en las losas y huellas (peldaños) de las escaleras que acceden a los diferentes pisos.

c)La malla de la armadura de la losa del departamento 309, del block 40, no tiene el recubrimiento que la norma exige.

d)Se traspasa la humedad en muros de cabecera que se orientan al norte.

e)La sede comunitaria no cumple con el empalme eléctrico.

f)Los locales comerciales están destruidos en su totalidad, quedando en pie sólo los muros perimetrales, radier y fundaciones.

Cabe consignar que las construcciones de las viviendas de las etapas II y III se encuentran bajo el régimen de garantía por un año desde la fecha de su recepción provisoria, conforme lo regula el D.S. Nº 29/84.

Como resultado de lo expresado en el desarrollo del presente informe, es posible arribar a las siguientes conclusiones:

1.Existen notorias deficiencias en la construcción de las viviendas, relacionadas con las terminaciones, remates y confección de los morteros de unión de los ladrillos en los muros de albañilería, entre otras.

2.Por lo anterior, se puede inferir que no se efectuó un control adecuado en las diferentes etapas de ejecución de las obras, tanto por parte de la empresa constructora como por la inspección de las mismas.

3.Se ha procedido a modificar las especificaciones técnicas de las enfierraduras sin contar con las aprobaciones pertinentes por parte del Serviu VI Región y con desconocimiento de ello por parte de este organismo.

4.Es necesario que el Serviu VI Región considere la exigencia de las certificaciones correspondientes respecto de ensayes de probetas de mortero y ladrillos en cuanto a sus dosificaciones, adherencia, resistencia, entre otros.

Del mismo modo, sería suficiente que los ingenieros calculistas y organismos pertinentes acreditaran mediante certificados la calidad, tipo, diámetro, etc., de las enfierraduras colocadas en las obras.

Estas medidas se sugieren por cuanto no existen documentos formales, libro de obras, certificados, que aseguren el cabal cumplimiento de las normas y especificaciones que rigen la colocación y ejecución de obras con estos materiales de construcción, cuando se efectúan las recepciones de las obras contratadas.

5.Salvo otro parecer de esa Jefatura Regional, el suscrito propone que el Serviu VI Región determine, mediante el proceso administrativo pertinente, las responsabilidades derivadas de las negligencias observadas en la inspección de las obras materia del presente informe.

Asimismo, el Serviu VI Región deberá pronunciarse técnicamente acerca del cambio de las enfierraduras tipo Acma utilizadas en las obras de la III etapa de la población Benjamín Vicuña Mackenna.

Es todo cuanto es posible informar sobre el particular.

3.5. INFORME DEL PRESIDENTE DEL COLEGIO DE ARQUITECTOS DE CHILE Y DEL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE TECNOLOGÍA, SEÑORES RENÉ MORALES Y FRANCIS PFENNIGER.

INFORME FINAL DAÑOS CAUSADOS POR TEMPORALES

EN CONJUNTOS DE VIVIENDA SOCIAL.

1.GENERALIDADES.

El Colegio de Arquitectos ha tomado conocimiento con preocupación de los hechos y daños sucedidos en varios conjuntos de vivienda social con ocasión de los temporales de junio recién pasado y ha solicitado a su Comisión de Tecnología visitar los lugares más afectados y elaborar un informe y un diagnóstico de lo sucedido.

Sin perjuicio del detalle que sigue, el Colegio de Arquitectos piensa que, más que responsabilizar a una institución o a una empresa, la magnitud de los daños da cuenta del verdadero “Estado del Arte” en la construcción de los programas de vivienda social en el país, comprometiendo a todos los actores de la construcción sin excepción. Lo anterior nos mueve a reiterar el urgente llamado a repensar y reformular las bases técnicas y el concepto mismo de la generación de los programas mencionados, a fin de proponer un mecanismo que garantice la habitabilidad de las viviendas que se construyen fijando estándares mínimos objetivos y universalmente aceptados, e incentive el mejoramiento de la calidad y la superación permanente de dichos estándares.

Son los grandes problemas los que han motivado en otras ocasiones en Chile el surgimiento de las grandes soluciones que han permitido ir produciendo las mejoras en nuestra reglamentación y en nuestras técnicas constructivas. No debemos permitir que en esta ocasión el olvido o el tiempo sepulten las enseñanzas recogidas de los temporales del mes de junio.

El detalle de la propuesta del Colegio de Arquitectos está contenido en la presentación hecha ante la “Comisión Técnica de la Región Metropolitana para los Programas de Viviendas Serviu” que se adjunta.

2.UNIVERSO Y ALCANCE.

Se recorrieron los conjuntos de villa Volcán San José, Ferroviarios y Bernardo Leighton en Puente Alto, además del conjunto Las Praderas de Malloco. En total, se visitaron más de 70 unidades de viviendas, comprobándose la recurrencia y repetición de los daños, lo que permite una extrapolación bastante certera del diagnóstico, pese a que el total de viviendas afectadas es muchísimo mayor.

Para los efectos de nuestra visita, se realizó una inspección ocular, se analizaron los daños en presencia de los afectados, se tomaron medidas y algunas fotografías. Se pudo comprobar la existencia de problemas mayores que se detallarán.

No está dentro de las posibilidades del Colegio de Arquitectos ni dentro del alcance del presente informe el confeccionar un catastro detallado casa por casa de los daños y reparaciones necesarios, ni, por cierto, hacer los peritajes ni los ensayes que los problemas de estructuras e instalaciones ameriten, acciones ambas que es urgente realizar.

Sin embargo es necesario recalcar que, en general, la población afectada se encuentra en un estado de incertidumbre y temor generalizado respecto a la calidad de la construcción, lo que ha motivado a muchos a abandonar sus viviendas, aunque una parte de los temores exteriorizados no corresponden a daños serios y/o estructurales de la construcción, sino a daños menores de fácil reparación (fisura en encorazados, desprendimiento de planchas de yeso-cartón, etc.,); además de deformaciones notorias en tabiquería, producto de descenso en losas. Es importante recalcar que las personas afectadas merecen una explicación técnica y una respuesta concreta que les permita vivir con tranquilidad y con proyección de futuro en las viviendas recibidas.

La magnitud del temporal -cantidad de agua caída, duración y vientos- que no se registraba desde 1926, deja al descubierto insuficiencias y deficiencias en las especificaciones técnicas entregadas por el Serviu, insuficiencias y errores de diseño y deficiencias manifiestas en la calidad de la construcción.

A los problemas anteriores, se suman los problemas de usos y costumbres, particularmente en la generación de humedades interiores y escasa ventilación, lo que genera condensaciones importantes en los muros de la envolvente de escasa aislación térmica.

3.DETALLE.

3.1. AGUAS EXTERIORES-PARAMENTOS DE LA ENVOLVENTE.

-La falla principal se encuentra en los morteros de pega entre los bloques (y ladrillos). Se observan fisuras en llagas y tendeles. Asimismo, se pudo comprobar la saturación de agua por el interior de las edificaciones en llagas y tendeles sin la presencia aparente de fisuras en los morteros. Saturados los morteros, se observó la consecuente saturación de los bloques, hasta el escurrimiento superficial del agua por la cara interior de los muros de la envolvente. El problema tiene varias posibilidades de diagnóstico, que van desde la insuficiencia en la dosificación de los morteros de pega, la falta de aditivos hidrófugos en el agua de amasado, el no uso de cal hidráulica en los morteros (que mejora su “trabajabilidad” y contribuye a su impermeabilidad), la incorrecta aplicación de la mezcla (en particular de las llagas que suelen rellenarse posteriormente a la colocación del bloque, en circunstancias de que se recomienda aplicar el mortero en la cabeza del bloque antes de su colocación) hasta la falta de recorrido de las canterías.

-En el caso de las losas de entrepiso, llama la atención un resalte de aproximadamente 10 mm que genera un verdadero colector de las aguas que escurren por el muro. Como generalmente la unión de la losa con la primera hilada de bloques o ladrillos presenta fisuras, el agua recolectada entra directamente al interior de la vivienda, acumulándose en el centro de las losas en virtud de la deformación a veces acentuada de las mismas. En los casos señalados, el agua acumulada termina por escurrir al piso inferior a través de fisuras que se presentan en las propias losas.

-Los remates de vanos de ventanas, y en especial los alféizares, se encuentran generalmente fisurados.

-La cantidad de agua que escurre exteriormente por los muros de la envolvente se ve dramáticamente acrecentada por el agua de las cubiertas que, al no tener canaletas colectoras de aguas lluvia, se proyecta sobre la cara de los muros expuestos al viento. Lo mismo sucede con el agua de rebote en los primeros pisos.

-Los impermeabilizantes superficiales de los bloques y ladrillos no son suficientes, sobre todo ante la presencia de fisuras en los morteros de pega.

3.2. AGUAS EXTERIORES-TECHUMBRES.

-Caballetes de desarrollo insuficiente. En ocasiones, el caballete podría estar bien, pero el traslape con la plancha de cubierta es insuficiente porque, por aprovechamiento de su largo, ésta no llega hasta la cumbre (Malloco).

-Falta de canales y bajadas de aguas lluvia.

-Traspasos y cruzas de planchas de cubiertas insuficientes y en ocasiones mal orientadas respecto a los vientos predominantes.

-Aleros insuficientes y en algunos inexistentes (1/ pareos).

-Falta de protección en los accesos, lo que, sumado a una huelga excesiva en el recorte inferior de las puertas y a la ausencia de una grada bien desarrollada, provoca penetración de agua de rebote por debajo de las puertas.

3.3. AGUAS INTERIORES-CONDENSACIONES.

-Ventilación inadecuada. En ocasiones, las loggias se encuentran cerradas.

-Generación de grandes cantidades de vapor por usos y costumbres (estufas a parafina o gas que liberan gran cantidad de vapor de agua en su combustión, ocasionalmente aumentada por el tacho de agua en ebullición, teteras hirviendo, lavado y secado de ropa, etc.).

-Generación de gran cantidad de vapor como producto de la propia vida humana (respiración, transpiración) acrecentada en algunos casos por el excesivo hacinamiento. (Se conocieron casos de hasta 9 personas habitando un departamento de 45 m2=5m2 por persona).

-Escasa aislación térmica en muros de la envolvente y cielos provoca la condensación, en la cara interna del paramento, de las humedades de generación interior sumadas a la humedad relativa del aire en días de lluvia. Las bajas temperaturas exteriores sólo acrecientan el problema y lo harán notorio aun en días sin lluvia.

-Mala solución de escurrimientos de aguas de condensación en ventanas aumenta el escurrimiento interior en los antepechos de las mismas.

3.4. PROBLEMAS ESTRUCTURALES Y DE INSTALACIONES.

Aunque no son consecuencia de los temporales, se observaron fallas y defectos que es importante detallar:

-Deformaciones de losas: se midieron en algunos casos hasta 65 mm. de deformaciones en las losas, lo que excede con mucho la tolerancia aceptada en 1/300 de la luz (que en estos casos debería alcanzar aproximadamente 15 a 20 mm máximo). Además, se pudieron constatar fisuras en losas que pasan de su cara superior a la inferior, lo que descarta la ocurrencia de fisuras por retracción de fragüe. Dichas fallas y deformaciones no se presentan en todas las viviendas visitadas, por lo que se supone un problema de construcción más que de diseño (retiro anticipado de alzaprimas, contraflechas mal ejecutadas, insuficiencia en la distribución de enfierraduras). En todo caso, el Colegio de Arquitectos piensa que es importante realizar un peritaje estructural detallado de estas situaciones, analizando los proyectos de cálculo, tomando testigos de hormigones y evaluando tanto el daño como el riesgo estructural a fin de proponer las soluciones que corresponda.

-Desaplomes de hasta 60 mm en edificios de tres pisos: se deberían certificar y analizar desde el punto de vista estructural.

-Asentamientos en terrenos exteriores que acusan rellenos mal compactados. Existen, además, dudas razonables respecto a la calidad del terreno en que se fundaron las construcciones de Ferroviarios, dada la proximidad a un vertedero clandestino. La ejecución de algunas calicatas y la visita de un mecánico de suelos permitiría a la brevedad y a un costo relativamente bajo despejar estas dudas.

-Se encontraron cabezas de muros de bloques con sus tensores de acero al aire, sin relleno de hormigón en la celda del bloque. (B. Leighton).

-Escalerillas horizontales de malla de acero electrosoldada con recubrimientos de mortero insuficientes, quedando ocasionalmente a la vista.

-También se observaron problemas de filtraciones en las instalaciones de agua potable y alcantarillado, así como roturas en los emboquillados en las pasadas de los pavimentos de las canalizaciones de dichas instalaciones.

-Otro problema detectado se refiere a deficiencias en la instalación eléctrica de una vivienda (Malloco) que se encuentra completamente electrificada al activarse un interruptor.

4.RECOMENDACIONES.

-Instalar canales y bajadas de aguas lluvia.

-Revisar traslapos, cruzas, caballetes y embudillos; reparar.

-Reparación de fisuras en morteros de pega.

-Impermeabilización superficial: evaluar comportamiento de la solución actualmente en ejecución. En su defecto, proponer solución en base a estuco con mortero de cemento y arena y pintura superficial.

-Reparar sellos de rasgos de ventanas.

-Mejorar aislación térmica en los cielos y muros de la envolvente. En este último caso, es recomendable la colocación de un panel de plancha de yeso-cartón con recubrimiento de una cara de poliestireno expandido de a lo menos 25 mm fijada con adhesivos sobre los bloques.

-Hacer urgente catastro y evaluación de los problemas estructurales detallados.

-Revisar las instalaciones sanitarias y eléctricas en los casos detallados. Catastro.

5.CONCLUSIONES.

El Colegio de Arquitectos de Chile estima que lo observado deja de manifiesto problemas de bajo estándar, contenidos en las Bases y Especificaciones Técnicas entregadas por el Serviu para la construcción de los programas de viviendas sociales (falta de canales y bajadas de aguas lluvia, deficiente impermeabilización superficial, insuficiente aislación térmica en cielos y muros de la envolvente), problemas de calidad de diseño (resaltes en losas, falta de protección en accesos, solución de ½ pareos), problemas de calidad de construcción (fisuras en morteros, sellos de rasgos de ventanas, evacuación escurrimiento de aguas de condensación en ventanas, deformaciones de losas, falta de recubrimiento de mortero en enfierraduras) y problemas de uso (falta de ventilación y control de generación de humedades interiores, modificaciones y alteraciones no controladas, etc.) que dejan de manifiesto la falta de manuales de uso y mantención de las viviendas.

La conjunción de todas estas variables contribuyó a la magnitud del problema analizado.

Dar una pronta respuesta a esta emergencia y tomar las medidas correctivas a futuro son una obligación ética de todos los profesionales e instituciones comprometidas en la construcción en Chile.

3.6. INFORME DE RENATO CALQUÍN MONARDES, REPRESENTANTE DE ASESORÍA TÉCNICA MAIPO 21, SOBRE POBLACIONES ANDES 1 Y 2, CORDILLERA Y LOS HÉROES.

INFORME TÉCNICO

POBLACIONES: Andes 1, Andes 2, Cordillera, Los Héroes

CONSTRUCTORES: Transex, Bío-Bío, Magal.

CARACTERÍSTICAS DE LOS EDIFICIOS REVISADOS.

TIPO DE VIVIENDA: Edificios de departamentos.

CANTIDAD DE PISOS: Tres unidades.

TIPO ESTRUCTURAL: Hormigones armados, fundaciones, losas pilares, vigas y cadenas.

RELLENOS ESTRUCTURALES: Albañilería prensada a la vista.

TIPO DE TECHUMBRE: estructura de madera de pino, cubierta de fibro cemento ondulada.

NOTA: Referidas las anteriores a las principales características de edificación.

Este informe técnico se refiere a lo que visualmente denota las características principales, que de alguna manera han permitido deficiencias constructivas, sin considerar, en algunas partidas, si son por ejecución o por especificaciones técnicas de las obras ejecutadas.

I. DE LO EXTERIOR:

1.PATIOS COMUNES.

En ningún momento se consideró ni se ejecutó la evacuación de aguas lluvia entre los edificios; esto permite que la desnivelación de los terrenos inunde la mayoría de los primeros pisos, produciendo filtraciones hacia el interior, notándose visualmente los daños producidos.

SOLUCIÓN:

Instalar obras de contención o de protección entre los edificios afectados, preferentemente en las líneas medianeras.

Instalar protección de hormigón en los perímetros de los edificios.

2.DE LAS INSTALACIONES.

Visualmente, se aprecia que las cañerías de agua potable de PVC están a la vista desde el medidor hasta la zona de repartición hacia los departamentos, ocurriendo con esta anormalidad una falta grave a las normas sanitarias.

SOLUCIÓN:

Profundizar la mayoría de estos conductores de agua.

3.DE LAS CUBIERTAS DE TECHUMBRES.

En algunos departamentos, se han producido inundaciones que provienen directamente de las planchas instaladas, lo que hace pensar en la mala calidad de éstas, o poco traslapo, o falta de sello en sus fijaciones.

Con respecto a las salidas de las ventilaciones de alcantarillados, escurre agua lluvia, ya que éstas fueron selladas con protecciones que técnicamente no son suficientes.

SOLUCIÓN:

Para las cubiertas, es necesario revisar sus condiciones de calidad, sellar sus fijaciones, aumentar los traslapos de ellas.

Para las ventilaciones, instalar protecciones de hojalaterías.

4.DE LAS EVACUACIONES DE AGUA TECHUMBRE.

La no provisión de canales y bajadas de aguas lluvia, en todos los edificios, permite el anegamiento de los edificios, y la ayuda al ingreso de humedad hacia los interiores, ya que en una continuidad de lluvia, las condiciones de vientos que azotan a los edificios en forma permanente arrojan hacia las infraestructuras las superficies totales de agua de techumbre acumuladas.

SOLUCIÓN:

La urgente instalación de canales y bajadas.

5.DE LOS ALEROS.

Por las condiciones de arquitectura de los aleros, principalmente por su ancho y la falta de forro de ellos, su condición de protección y terminación de cubierta no cumple en ninguna de sus características aludidas.

SOLUCIÓN:

Instalar forros en los horizontales y verticales, extender el alero que protege el acceso a los terceros pisos, cambiar la puerta principal por una de características para exterior.

6.DE LOS MUROS PERIMETRALES.

Esta partida es la de mayor relevancia en los problemas que existen en todos los edificios de los sectores indicados en este informe técnico, ya que están comprometidas las especificaciones y su construcción.

6.1. Para referirse a las especificaciones técnicas, este informe no ha contado con su conocimiento acerca de cuáles son las consideraciones establecidas; sin embargo, lo instalado como impermeabilizante no dio resultado, ya que las filtraciones, no tan sólo fueron por los morteros de pega, sino que además se produjeron por los ladrillos.

6.2. En cuanto a la construcción de estos muros de albañilería, mayoritariamente, se nota la falta de provisión y mayor dosificación del mortero de pega, la pérdida de plomo entre las vigas perimetrales de hormigón, y las albañilerías producen un plinto que acumula aguas en forma permanente y que el elemento viento introduce por este mal encuentro de construcción.

SOLUCIÓN:

En lo primero, en las especificaciones técnicas, existen dos opciones de costos distintos en el corto plazo, ya que la primera opción, de colocar nuevamente un impermeabilizante, haría remover el existente, ya que, al instalar uno de igual o mejor calidad, este nuevo tratamiento no se mantendría en el tiempo, porque el existente acusó mala calidad o fue mal instalado; por lo tanto, la forma adecuada de reinstalación exige un parámetro limpio, seco, y de mortero de pega de mejores dosificaciones.

Ante la primera opción, para no instalar una solución de parche, se aconseja una segunda opción, que es provisionar de un revoque de estuco exterior o interior con aditivos impermeabilizantes, y posterior partida de terminación.

Esta partida es la que más daño ha producido al interior de los recintos afectados, tanto en las existentes partidas especificadas como en el mejoramiento que le han otorgado los propios vecinos, sin considerar los daños físicos y morales de éstos.

7.DE LAS VENTANAS.

En esta partida, también están comprometidas las cuestionadas especificaciones técnicas y la construcción de ellas.

Las primeras, permitieron utilizar un tipo de perfil débil estructuralmente, y pequeño dimensionalmente, no considerando, además, un sello plástico para su buen funcionamiento; y la construcción es de mala calidad, ya que las huelgas de separación son irregulares, permitiendo el ingreso de aguas al interior.

SOLUCIÓN:

Instalar sellos plásticos en todos los encuentros de fierro-fierro, fierro-muro, fierro-vidrio, cambiar las piezas metálicas irregulares en sus encuentros.

II. DE LOS INTERIORES.

1.ARTEFACTOS SANITARIOS.

Es de suponer que los artefactos mencionados cumplen con la calidad mínima exigida; por lo tanto, las filtraciones aparentemente son responsabilidad de la instalación.

SOLUCIÓN:

Revisión y reparación general.

2.ELECTRICIDAD.

Esta partida se debe revisar estrictamente, ya que es una de las más propensas a accidentes caseros, en que los protectores automáticos no resistan el funcionamiento del alumbrado con algunos artefactos domésticos (lavadora, microondas, televisor), a los cuales no hay que someterles ningún tipo de reforzamiento, excepto los artefactos húmedos que necesitan protección a tierra, lo que no significa mayor consumo de energía.

Esta anormalidad peligrosa amerita una revisión de confrontamiento entre los planos de proyectos y la ejecución de ellos.

SOLUCIÓN:

Revisión general de conductores, protectores, y distribución de circuitos de enchufes y alumbrados.

3.ESTRUCTURAS PRINCIPALES.

3.1. HORMIGONES DE ESTRUCTURAS:

En la mayoría de los departamentos, se han detectado fisuras y grietas de gran importancia y tamaño, lo que da preocupación a sus propietarios, que ven día a día el aumento de éstas; se han realizado por parte de las constructoras, que también han detectado estos problemas, reparaciones que no están a la altura de lo serio del tema, ya que han tratado de “cubrir o tapar” estas grietas con materiales muy lejanos a soluciones epóxicas recomendadas. Sabemos los constructores que los únicos materiales de soluciones y reparaciones de hormigones estructurales son de alta tecnología y calidad, por lo tanto, caros.

Actualmente, este equipo técnico asesor ha recomendado un seguimiento en algunos departamentos, por posibles asentamientos estructurales, que comprometan losas y vigas, ya que en otros se visualizan desnivelaciones preocupantes.

SOLUCIÓN:

Una revisión y chequeo estructural a todas las losas, vigas y cadenas, y fundaciones comprometidas y/o sospechosas, a través de muestras de testigos e instrumentalización de gran calibre de detección.

CONCLUSIÓN FINAL.

Estas anormalidades deben ser investigadas, y realizadas en el corto tiempo, por razones de seguridad física y moral, ya que los vecinos en su mayoría han realizado mejoramientos decorativos y redistribución acorde a sus necesidades, con esforzados recursos propios.

Técnicamente, ha quedado demostrado que la construcción de viviendas básicas y las no tanto también ameritan mayor fiscalización tanto en la confección de los proyectos, en las adjudicaciones con valores reales, como en la ejecución de tales soluciones habitacionales.

Socialmente, ha quedado demostrado que aún mantenemos el espíritu clasista de antaño, en cuanto a que para la gente de menos recursos debe ser lo mínimo, lo que no significa que debe ser lo más malo.

Políticamente, ha quedado demostrado que mientras existan soluciones habitacionales para el sector pobreza de nuestra sociedad, con signos mercantiles, que arrojan utilidades de por medio, el propio mercado se encargará de obtener mejores ganancias a costa de menores calidades constructivas, tal cual es en la educación, tal cual es en la salud.

3.7. INFORME DEL SEÑOR DANIEL AEDO BARRIENTOS, DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA GARCÍA POPELAIRE HNOS. S.A.

INFORME DE SITUACIÓN DE CONJUNTOS SERVIU VI REGIÓN.

1.Descripción de la empresa.

a.- Antigüedad:17 años

b.- Nº de viviendas edif.:16.000 unids.

c.- Superficie edificada:762.880 m2.

d.- Ámbitos en que opera:público y privado

2.Descripción de los conjuntos afectados.

-Descripción del conjunto:

El conjunto Vicuña Mackenna se divide en tres etapas sucesivas de 999, 602 y 192 viviendas, cuya antigüedad es de tres, dos y un año, respectivamente. Dichas viviendas fueron contratadas mediante licitaciones públicas reguladas por el D.S. 29/84, de V.Y U.

-Descripción del tipo de viviendas:

En general, se trata de viviendas de albañilería de ladrillos reforzada con pilares y vigas de hormigón armado, losa prefabricada en base a viguetas de hormigón pretensado y casetones de mortero con sobrelosa de hormigón armado. Este tipo de viviendas es lo que se denomina “obra gruesa habitable”, lo que significa entregar al usuario una vivienda que vaya siendo terminada por él en la medida en que sus esfuerzos se lo permitan. Por su definición, es una vivienda sin terminaciones, es decir, no consulta estucos ni pinturas interiores, a sola excepción del lavamúltiple (lavaplatos) y del nicho de ducha. Los tabiques son en general de dos tipos. Para recintos húmedos, se utiliza una estructura de madera forrada, por un lado, con planchas de asbesto cemento (por ej.: permanit) y, por el otro lado, con planchas de yeso cartón (por ej.: Volcanita). Para recintos secos, se utiliza generalmente el tabique autosoportante, en base a una plancha de madera aglomerada (por ej.: Masisa), con un marco de madera cepillada. Los tipos de puertas y cerraduras están definidos por el mandante, siendo en ambos casos los más económicos de su línea. Lo mismo sucede con los artefactos sanitarios. Es preciso destacar que tanto las ventanas como los marcos de puertas y la quincallería, en ambos casos, son fabricados en los perfiles de fierro de menor dimensión y espesor existentes en el mercado. Todo lo anterior, obviamente, es lo que las Bases Técnicas fijan como requerimiento.

-Mejoramientos recomendados.

Últimamente, se ha afirmado erróneamente que las viviendas edificadas son las mismas que hace diez años, lo cual no es cierto. El Serviu ha introducido mejoras como, por ejemplo, Pisoflex o cubrepiso en toda la superficie de la vivienda, hasta hace dos años atrás sólo se instalaba pavimento en el baño y cocina de los pisos superiores. Se está exigiendo que las cajas de escala sean cubiertas y además ya no se permiten las escalas entrecruzadas. No obstante lo anterior, las mejoras han sido muy escasas, ya que tal como se mencionaba anteriormente hay muchos puntos que se pueden mejorar sin grandes esfuerzos, por ejemplo:

-Marcos metálicos (ventanas y puertas): Se exige que sean del mínimo espesor disponible en el mercado, debieran ser de mayor dimensión y espesor.

-Cerraduras: Se exige un tipo que se fabrica especialmente para viviendas sociales, con un estándar muy bajo y alto número de desperfectos durante su uso.

-Sanitarios: Se especifica un tipo de estanque que probadamente ha mostrado desperfectos. Posee un sistema de ahorro de agua que es difícil de utilizar y que induce a desperfectos.

-Tabique Autosoportante: Elaborado de madera aglomerada, material que por su naturaleza higroscópica y los altos contenidos de humedad interior de las viviendas hace que se deforme fácilmente dando mal aspecto y pérdida de funcionalidad. De hecho, ya fue eliminado hace un tiempo el revestimiento de madera aglomerada de 6 y 8 mm. de espesor debido al exceso de deformaciones que presentaba en el tiempo.

-Pintura impermeabilizante: No se especifica. Como constructores, sólo podremos dar fe de lo que construimos una vez que los proveedores hagan lo mismo con sus productos. En nuestro país, aún es muy difícil conseguir proveedores, sobre todo al nivel de consumo que requieren las viviendas sociales, que sean capaces de garantizar sus productos por un período como el que la actual ley de responsabilidad exige. Las empresas productoras, salvo contadas excepciones, carecen de procesos de control de calidad. Esto, a su vez, es generado porque los mandantes (por ej., Serviu) no fijan los estándares de manera seria y documentada. Dentro de un proceso de aseguramiento de calidad, siempre es necesario que tanto el que entrega como el que recibe defina muy bien qué requerimientos se establecen. Por ejemplo, es imposible ordenar la fabricación de un zapato si no se define qué características se desea que cumpla (color, tamaño, altura de taco, etc.). En la medida en que los mandantes no fijen bien sus requerimientos será imposible obtener un producto con un mejor estándar, sobre todo en un mercado en que todo lo regula el precio.

3.Confrontación de los daños.

Informe de Contraloría:

-Con fecha 9 de julio de 1997, la Contraloría Regional del Libertador Bernardo O’Higgins, Unidad V.U.O.P.T., emitió un informe como resultado de una revisión selectiva de viviendas. En dicho informe se indica que las viviendas fueron recibidas por Serviu VI Región sin observaciones. Además, se individualizan una serie de deficiencias que se hacen aparecer como generales, en circunstancias de que se trata de casos totalmente aislados. Se indica que existe una falla general en los morteros de muros medianeros, producto de una deficiente dosificación; sin embargo, los casos detectados por nuestra empresa indican que se trató de un problema de curado y no de una deficiente terminación en las uniones de albañilerías y cadenas de hormigón armado, sin considerar que, tal como se señaló, las viviendas corresponden a una obra gruesa habitable, es decir, no consideran terminaciones que en cualquier vivienda o edificación ocultan dichas uniones. Se menciona que existen problemas con la colocación de marcos de puertas y ventanas metálicas; efectivamente, se detectaron algunos problemas; sin embargo, los más dramáticos correspondieron a personas que habían alterado la instalación por modificaciones posteriores a la entrega. Además, se observó el hecho de que los patios interiores de los blocks no cuentan con un sistema de desagües para las aguas lluvia; sin embargo, las Bases Técnicas indican que éstas deberán escurrir superficialmente a calles y pasajes. Desafortunadamente, los propietarios modifican la topografía entregada por la empresa, instalando vehículos, kioscos o ampliaciones por donde debieran escurrir libremente dichas aguas. Finalmente, se plantea que se cambiaron arbitrariamente las enfierraduras por diámetros menores a los especificados en los proyectos de cálculo; sin embargo, lo que no se menciona es que dichas enfierraduras están aprobadas por el ingeniero calculista responsable del proyecto, además de que la disminución de diámetro responde a un mejoramiento en las características mecánicas de dichos elementos; en efecto, los fierros proyectados originalmente son del tipo A 44-28H, lo que significa que poseen como límite de rotura 4400 Kg/cm2 y como límite de fluencia 2800 Kg/cm2, en circunstancia de que los instalados responden al tipo AT 56-50H, es decir sus límites son 5600 Kg/cm2 y 5000 Kg/cm2, respectivamente. Éste posee un bajo contenido al carbono, lo que lo hace soldable y su uso es apto para el hormigón, ya que cumple con las restricciones especificadas en la Nch 1173 Of. 77. La empresa Acma lo produce y distribuye en forma de mallas soldadas o armaduras prefabricadas para cadenas y pilares, obtenidas al doblar convenientemente estas mallas. El hecho de presentar estos elementos prearmados es muy conveniente a la calidad de la edificación, ya que se está instalando una enfierradura de producción industrial con elevados sistemas de control de calidad, en lugar de una de producción artesanal armada en obra.

4.Análisis de los defectos.

-Tipo de fallas

Se pudo constatar que las fallas más reiterativas fueron las siguientes:

-Filtración de humedad por unión de cadenas y albañilerías.

-Filtración de humedad por unión de alféizar y vano de ventana.

-Filtración por cubiertas rotas.

Cabe destacar que los defectos en ningún caso representan algún tipo de riesgo estructural ni que pueda comprometer la estabilidad de los edificios.

-Análisis de B.T.G.

Del análisis de las Bases Técnicas Generales se puede desprender que no existen recomendaciones expresas que permitan evitar los problemas presentados por las viviendas.

-Análisis de E.T.

Las Especificaciones Técnicas se ajustan a lo solicitado por las B.T.G., por lo cual nuestra empresa se ha ajustado completamente al estándar que requiere nuestro mandante.

-Solución empleada

a.Impermeabilización: Nuestra empresa ha llevado a cabo la reparación de los conjuntos en cuestión utilizando productos de última generación de tecnología alemana. El sistema se basa en dos fases. La primera de ellas es en base a un termopolímero aniónico estireno acrílico butadieno (Algifol 886), el cual, mezclado con cemento y agua, forma una lechada cuyo objetivo es el de proveer una superficie apta para la segunda etapa, que es la hidrofugación, esto es, retapar porosidades o intersticios que hayan quedado en los morteros de pega. La hidrofugación se lleva a cabo con un polímetro de la familia de los silanos-siloxanos del grupo Octil (Algifol 29 O 172), el cual reacciona con el muro quedando químicamente enlazado. Además, este producto tiene la particularidad de que impide el paso de humedad al interior, pero es permeable a los vapores del interior de la vivienda. Finalmente, es preciso hacer mención de que estos productos son los únicos que se encuentran realmente probados en Chile con una antigüedad mayor a 4 años, ya que fueron utilizados en la reparación del conjunto “La Leonera” (1200 viviendas tipo C), ubicado en Chiguayante-Concepción, construido para el Serviu VIII Región, manteniéndose en perfecto estado hasta la fecha.

b.Canales y bajadas de aguas lluvia: Nuestra empresa es la única que se encuentra instalando canales y bajadas de aguas lluvia de P.V.C. Este producto, de origen francés y comercializado en Chile por Duratec, ofrece características superiores a la solución tradicional de fierro galvanizado, tanto decorativas como de “performance”. El producto se encuentra garantizado por Duratec por diez años.

5.Costo de mejoramientos.

El Gobierno ha destinado para la instalación de los mejoramientos de suma de 12 U.F. por vivienda. Sin embargo, las exigencias han superado dicho monto, toda vez que es muy diferente la instalación de elementos en una faena en construcción que en una habitada y en funcionamiento. Sin embargo, nuestra empresa ha destinado recursos de hasta 15 U.F. por vivienda con el objeto de mejorar nuestras viviendas y entregar las garantías requeridas en función de plazo y calidad.

6.Comentarios finales:

Finalmente, nos gustaría hacer presente, a modo de resumen, que nuestra empresa en una institución con más de quince años de trayectoria, que ha hecho que hayamos sido un motor de desarrollo en la Sexta Región y en la Metropolitana, además de una fuente de trabajo para cientos de familias. Nuestra filosofía siempre ha sido hacer bien las cosas y mejorar cada vez más, por lo cual mantenemos a nuestro personal en constante capacitación, no sólo técnica, sino que, además, personalmente. No obstante y como muy bien lo plantea el destacado arquitecto Ramón Delpiano P.C. en El Mercurio del 25/09/97, “La construcción ha realizado un esfuerzo denodado por convertir la ejecución artesanal en un proceso industrial repetitivo, con altos controles y donde los imprevistos de obra se minimicen. En los hechos, esto no ha pasado de ser, en la mayoría de los casos, un buen deseo en el vaivén de su historia. Al final de cuentas, la construcción es un resultado cultural que acoge en su seno a 400 mil operarios cada año, muchos emigrantes rurales, como a personas que no logran otra colocación por falta de preparación específica”.

Tal como se aprecia, la construcción en nuestro país se encuentra muy lejos de dejar de ser un arte. Como tal, es preciso que sean los mandantes quienes se esfuercen al máximo con el objeto de minimizar los posibles defectos de diseño que se puedan producir como consecuencia de competencia de las empresas constructoras en las licitaciones públicas, en donde no se premia un mejor nivel de terminación, sino el menor precio. Por otro lado, quienes han tenido la oportunidad de visitar las viviendas al poco tiempo de haber sido entregadas han podido apreciar cómo se invierten grandes cantidades de dinero por parte de los pobladores contratando obras como protecciones, rejas, estucos o ampliaciones, muchas de las cuales se encuentran totalmente mal ejecutadas y a precios muy superiores de lo que costaría que fuesen ejecutadas por la misma empresa contratista.

Por último, nos gustaría mencionar que los problemas de filtraciones producidos en los diferentes conjuntos en todo el país responden claramente a una falla en la especificación y ésta, a su vez, a una falta de normativa al respecto, por lo cual hasta ahora hemos actuado solamente por tradición y no en base a un procedimiento establecido por nuestros mandantes ni por algún organismo normativo o legislador. Además, los últimos temporales han escapado totalmente, tanto en duración como en magnitud, en relación con los que habitualmente debemos enfrentar en la zona central del país.

Queremos agradecer a tan alta Comisión el hecho de permitirnos aclarar lo que a nuestro juicio representa una clara manipulación de la información, cuyo objetivo no tenemos claro; pero los hechos han demostrado que se ha faltado a la verdad en reiteradas ocasiones, ya que, como los antecedentes indican, nuestra empresa ha mostrado seriedad y responsabilidad aun cuando no haya sido requerida o cuando haya debido invertir recursos no considerados con el objeto de entregar un producto de óptima calidad, entendiendo como tal el dar un correcto cumplimiento a lo requerido.

3.8. INFORME DE ICR CONSULTORES LTDA. SOBRE LA POBLACIÓN VICUÑA MACKENNA, DE RANCAGUA, CONSTRUIDA POR GARCÍA POPELAIRE HERMANOS S.A.

En visita efectuada por profesionales de ICR Consultores Ltda., con fecha 20 de julio del año en curso, a la población Vicuña Mackenna, de la ciudad de Rancagua, construcción que fue realizada por la empresa García Popelaire Hermanos S.A., persona jurídica de su giro, representada por don Alejandro García Popelaire y Enrique Pérez García, se pudo constatar, a nivel de inspección visual, lo siguiente.

I. En cuanto a los desperfectos observados en cada una de las viviendas de los suscriptores, se hicieron evidentes problemas constructivos que afectan a la calidad de vida de sus moradores. Así es como, bajo las persistentes lluvias, la impermeabilidad de los muros de albañilería cede ante condiciones climáticas adversas; el traspaso de la humedad y el afloro del agua en el interior de las habitaciones son elocuentes.

La calidad del mortero de pega no es óptima y difícilmente se ajusta al indicado en las especificaciones técnicas, ya que basta con frotar un elemento metálico para que se desprenda.

En las escalas de acceso a los departamentos es posible observar el excesivo desgaste del hormigón que conforma las gradas, llegando a tener incluso una disminución del 50% de su espesor, con el peligro que involucra el quedar expuesta la estructura metálica que forma la escala.

Es posible observar la gran cantidad de grietas y fracturas que presenta la albañilería en su unión con cadenas y dinteles, situación que se repite sostenidamente y por toda la longitud de los paños.

De igual forma, se aprecian grietas en 45 grados en las partes inferiores de ventanas y muros, con una longitud aproximada de 50 cm.

El traspaso de agua al interior de la vivienda se hace más elocuente en aquellos muros donde su cara está expuesta al norte y nororiente.

La incorporación de agua de lluvia al interior de las viviendas no sólo corresponde al traspaso por muro, ya que es evidente la incorporación de ésta por la parte inferior de ventanas y puertas, que casi en su totalidad presentan desajuste y falta de escuadra. Es así como se puede apreciar a simple vista la falta de nivelación y aplome de muros, cadenas y dinteles, en contraposición con lo indicado en las especificaciones técnicas, donde se indica la acuciosidad con la cual debieron haberse ejecutado los moldajes para prever situaciones como éstas.

La acumulación de agua en el interior del baño, junto a la falta de sello de la unión tubería descarga de la tina-losa, y las persistentes lluvias pasadas permitieron que el agua acumulada pudiese pasar a los pisos inferiores con facilidad; sin embargo, también fue posible ver el traspaso del agua a través de la losa por saturación de ésta. Paralelamente, se puede constatar la mala ejecución de la colocación de quincallería, al punto de que, a menos de un año de su entrega -en algunos casos-, las viviendas presenten el problema de filtraciones de agua servidas que circulan por la tuberías que se encuentran a la vista y que corresponden al uso de los pisos superiores.

De igual forma, gran parte de los departamentos presentan fisuras en sus pisos, tanto longitudinal como transversalmente. En algunos de estos departamentos, incluso la malla se encuentra expuesta, lo cual representa peligro para los moradores.

Es posible ver armaduras en pilares y cadenas las cuales se encuentran descubiertas y sin el debido recubrimiento.

En contraposición con las especificaciones técnicas Pto. 2.2.9., lo existente no corresponde a lo indicado.

Las grietas mencionadas para la unión albañilería-cadenas se repiten para la unión pilar albañilería, aunque en menor forma que las primeras.

Es posible apreciar grietas en las losas que conforman los accesos a los departamentos, en el sector de la caja escala, con y sin traspaso del elemento.

Como producto de las lluvias, se hace evidente el afloramiento de sales desde el interior de los ladrillos, con el consiguiente desprendimiento de la pintura y exposición de la albañilería, lo cual, bajo una persistente lluvia, aumentaría los problemas de agua en el interior.

La colocación de ductos en el interior de las cadenas y la posición en la cual fueron puestos permiten el libre escurrimiento del agua durante las lluvias al interior de las viviendas.

La falta de bajadas de agua, igual que la nivelación adecuada del terreno, permiten que durante el período de lluvias se acumule agua fuera de los departamentos, saturando la cadena y parte inferior de la albañilería y contribuyendo al traspaso de agua al interior.

II. Causas principales.

Paralelamente, considerando las descripciones anteriores es posible determinar en forma más o menos acertada las causas que provocaron los problemas señalados.

1.La falta de adherencia del mortero de pega se debe principalmente a la falta del agente cohesivo (el cemento). Causa probable: mala dosificación, insuficiente para los esfuerzos que absorbe. Falta de control durante el período de ejecución de las obras.

Lo anterior tiene el siguiente inconveniente: bajo las características actuales, difícilmente puede resistir los esfuerzos a que está sometido, con la consiguiente aparición de grietas en la albañilería, como se puede apreciar con las grietas longitudinales y aquéllas en 45 grados que presenta en algunos casos la albañilería, lo cual, aún no necesariamente representando problemas estructurales, produce una sensación de inseguridad en el usuario.

La falta de adherencia del mortero de pega involucra la pérdida de impermeabilidad de éste; la falta de cohesión general causa fisuras internas en el mortero, con lo cual se presenta la situación vista durante la lluvia; a lo anterior hay que agregar las características de los ladrillos, los que, por presentar vacíos permiten que cualquier filtración del agua al interior del muro es retenida hasta cuando éste se sature, aflorando al exterior por sus caras; sin embargo, debido a las características del mortero, las filtraciones fueron tales, que el fenómeno puede apreciarse en toda la altura y extensión de los muros y principalmente en aquellos que llevan por orientación su cara expuesta al norte y al nororiente. Todo lo anterior, unido a la carencia de aditivos impermeabilizantes.

2.Debido al traspaso del agua al interior de las viviendas y a la acumulación de ésta al interior de los ladrillos, es posible observar el afloramiento de sales del interior de éstas, hinchando y quebrajando la pintura, tanto interior como exterior; tal situación se podría haber evitado con la quema de los muros con ácido muriático, lo cual no se indica en las especificaciones técnicas.

3.La falta de aplomo y nivelación de las puertas y ventanas, unida a la falta de un sello que permita corregir los desajustes, permite la incorporación del agua hacia el interior de las viviendas. De igual forma, es posible observar la falta de acuciosidad con la que fueron ejecutados los moldajes de cadenas y dinteles, los cuales presentan desniveles y desaplomos excesivos, lo que incurre directamente en el calce de ventanas y puertas, que, como se pudo constatar, en su totalidad se encuentran con problemas de ajuste, al grado incluso de no cerrar o abrir.

4.La falta de un aditivo impermeabilizante agudiza el problema de traspaso de agua al interior.

5.En el caso de la cerradura de loggia, la existente no corresponde a lo descrito en las especificaciones técnicas.

6.La falta de una adecuada colocación de los moldajes durante el hormigonado permitió que armaduras de pilares y cadenas queden expuestas en varios puntos; sin embargo, dadas las características de nivelación y aplomo de los muros, es posible que el recubrimiento de cadenas y dinteles no se ajuste a los requerimientos mínimos, aun cuando no sea posible ver las armaduras.

7.La carencia de un sistema de drenaje de aguas lluvia permite que el agua se acumule al exterior de los departamentos, afectando cimientos y partes interiores de muros.

8.La mala ejecución en la colocación de los ductos en la cadena permite que el agua escurra al interior.

III. Alternativa de repican.

En base a las causas descritas anteriormente, se hace necesaria la implementación de las siguientes medidas correctivas:

a)Para el caso de falta de cohesión y filtraciones de agua en los muros, se hace necesaria una medida tal que permita asegurar el monolitismo de la albañilería y sellar el muro a las lluvias, para lo anterior nos remitimos al fascículo Aportes Técnicos Nº 14, “Técnicas de Reparación y Refuerzo de Estructuras de Hormigón Armado y Albañilería”, editado por el Instituto Chileno de Cemento y Hormigón.

b)Debido a las fracturas del muro por la falta de adherencia del mortero y la escasa impermeabilidad que presenta, se propone un tratamiento de la superficie de los muros cuya cara tenga las orientaciones más desfavorables (norte y nororiente), mediante el picado de las uniones mortero ladrillo por un lado, en una profundidad aproximada de 5 cm., y la aplicación de mortero proyectado por toda la extensión de éstas, estuco de los paramentos exteriores en un espesor no inferior a 1,5 cm., incluidas cadenas y dinteles.

Se repite el procedimiento de mortero proyectado al parámetro interior, dejándolo con terminación de cantería rehundida, y aplicación de impermeabilizante en todos los parámetros exteriores. Sin perjuicio de lo anterior, se procederá a ejecutar el picado de unión mortero ladrillo que presenten los muros, sin importar su orientación, y colocación de mortero proyectado cuando se evidencie la presencia de grietas que atraviesan la albañilería.

Paralelamente, se propone mejorar la adherencia del conjunto mediante la ejecución de anclajes con barras de 16 mm. de diámetro, colocados inclinadamente, abarcando pilar o cadenas y albañilería adheridos al conjunto con sistema epóxico para anclajes, diagonalmente y según el distanciamiento iniciado por el proyectista.

c)Se deberán ejecutar las obras necesarias para el correcto escurrimiento del agua lluvia, así como la incorporación de canaletas y bajadas de agua lluvia.

d)Se debería corregir la inclinación de los ductos, incluidos en la cadena.

e)Se debe reponer la cerradura descrita en las especificaciones técnicas.

f)Ejecutar el sello adecuado para la junta tina-muro, a fin de asegurar su unión e impermeabilización. De igual forma, se procederá al sello de la unión de las ventanas con los vanos, asegurando su impermeabilidad.

3.9. INFORME DEL DIRECTOR NACIONAL DE LA OFICINA NACIONAL DE EMERGENCIA, ONEMI, SEÑOR ALBERTO MATURANA.

De acuerdo a lo solicitado, tengo el agrado de plantear a la honorable Comisión algunas reflexiones en torno al tema que preocupa a los señores parlamentarios en lo relativo a los problemas de la vivienda social.

-En relación con viviendas sociales, es conveniente precisar a la honorable Comisión que Onemi carece de competencia legal, estando radicada su responsabilidad de coordinación, planificación y respuesta, en momentos de emergencias o desastres, en efectuar acciones de emergencia, las cuales, clásicamente y en todo el mundo, de acuerdo con estándares internacionalmente aceptados, se limitan a proveer transitoriamente techo, abrigo, alimentación, atención médica y encuestamiento de las necesidades de la población afectada o damnificada.

Por ello, la autoridad en los países desarrollados -y de acuerdo con recomendaciones expresas de los organismos expertos de Naciones Unidas- radica fundamentalmente sus acciones prontas de emergencia en la habilitación de albergues transitorios, generalmente escuelas sólidas, en donde puede concentrar las acciones y prestaciones básicas de emergencia. En otras experiencias modernas, se han privilegiado albergues modulares, livianos, apilables, de fácil transportabilidad y dotados de tecnologías de climatización, iluminación y multifuncionalidad.

-Las normas legales básicas que asignan competencias específicas en materia de vivienda se encuentran establecidas en la ley General de Vivienda y Urbanismo y Construcciones, contenidas en el D.F.L. Nº 458, de 1975, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y sus modificaciones posteriores el Capítulo VI del Título II de dicha ley incluye un párrafo 3º, rotulado “Del saneamiento de poblaciones”, bajo el cual aparece el artículo 79, que dispone que corresponderá a las municipalidades desarrollar las acciones necesarias para la rehabilitación y saneamiento de las poblaciones deterioradas o insalubres dentro de la comuna, en coordinación con los planes de esta misma naturaleza y planes habitacionales del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo.

A su vez, el artículo 80 -también integrante de dicho párrafo- agrega, en lo que interesa, que, en concordancia con el objetivo expresado, la municipalidad podrá ejecutar directamente, con cargo a su presupuesto, acciones que tengan por finalidad adquirir terrenos para la erradicación de poblaciones mal emplazadas, con riesgos de inundación o imposibilidad de dotarlas de la infraestructura sanitaria, y aportar fondos, materiales, equipos y personal para las obras de agua potable, alcantarillado, pavimentación y energía eléctrica en calles que aún no disponen de esos servicios.

Tales normas deben concordar con los artículos 4º y 20º, letra F), de la ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, cuyos artículos 4º, letra L), que encomienda desarrollar funciones relacionadas con la prevención de riesgos y la prestación de auxilio en situaciones de emergencia, y 20º, letra F), que determina que a la unidad encargada de obras municipales le corresponderá proponer y ejecutar medidas relacionadas con la vialidad urbana y rural, la construcción de viviendas sociales e infraestructuras sanitarias, y la prevención de riesgos y prestaciones de auxilio en situaciones de emergencia.

De esta manera, en situaciones que afecten a viviendas de cualquier tipo, se estima que corresponde al órgano de administración local intervenir en la especie, en uso de las facultades otorgadas por la legislación general y específica aplicable en ese nivel y, en especial, por las ordenanzas generales y locales, complementarias de la ley de urbanismo y construcciones antes referida, sin perjuicio del ejercicio de las funciones que les asisten al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, sus secretarías regionales, e incluso al respectivo Serviu, en su caso, conforme a sus leyes orgánicas y a la normativa legal y reglamentaria que configura el régimen especial y propio de las competencias que se le han encomendado.

Entre estas últimas, podría resultar aplicable, en lo que fuera procedente, el D.S. Nº 62, de 1984, de la mencionada cartera de estado, que reglamenta el sistema de postulación, asignación y venta de viviendas destinadas a atender situaciones de marginalidad habitacional y para atender situaciones de emergencia habitacional, calificadas por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

Por otra parte, cabe recordar que la ley Nº 19.175, orgánica constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, confiere a los intendentes y gobernadores atribuciones respecto del resguardo y seguridad de las personas y bienes, y de la adopción de las medidas necesarias para prevenir y enfrentar situaciones de emergencia y catástrofe. Asimismo, le asigna al gobierno regional la función de adoptar las medidas necesarias para enfrentar situaciones de emergencia o catástrofe y desarrollar programas de prevención y protección ante situaciones de desastre.

-La Oficina Nacional de Emergencia, ante situaciones declaradas por la autoridad competente como “de emergencia” o en cualquiera de los caracteres que la ley define, realiza acciones puntuales que generalmente tienen que ver con:

-Voladuras de techos

-Destrucción o inhabitabilidad de viviendas ante amenazas diversas (incendios, sismos, inundaciones, etc.).

En todas estas emergencias, rigen los criterios básicos de “ayuda mutua” y de “empleo escalonado de recursos”, ante los cuales se articula el sistema, si el nivel local ha sido sobrepasado o la autoridad así lo solicita.

La ley ha definido para esas situaciones, aparte de las acciones transitorias de contención y durante la vigencia de la emergencia, la mantención de acopios centrales y locales de elementos diversos, tales como techos de zinc, pizarreños, internit, plásticos reforzados y otros, y ha definido como “vivienda de emergencia”, una vivienda de 18 mts. cuadrados, de madera, de acuerdo a especificaciones técnicas que se acompañan como anexo a este documento.

-Es en este aspecto, a la Oficina Nacional de Emergencia le gustaría puntualizar algunas ideas y reflexiones en torno a la lógica actualmente imperante.

1)Las viviendas de emergencia actualmente en uso no representan soluciones de emergencia funcionales, transitorias y de fácil transportabilidad.

2)Aunque el legislador o la autoridad hayan querido darle lógica, en la práctica su utilización como viviendas, y no como solución transitoria de emergencias puntuales, fácilmente las transforma en asentamientos permanentes y muchas veces ajena a todo planteamiento urbanístico.

3)El clima psicológico que acompaña a muchas de las emergencias favorece su rápido emplazamiento en terrenos riesgosos, sin estudios previos de riesgo o vulnerabilidad, y lo que es peor, de dudosa erradicabilidad futura.

Por lo tanto, no siendo esta área de análisis de competencia directa de la Oficina Nacional de Emergencia, tal como se ha documentado, son innumerables las acciones de rehabilitación que se conducen a través de ella. Se agregan, como materia de análisis, las contradicciones de un sistema que debe modernizarse en términos de no esconder o soslayar los problemas de pobreza y marginalidad subyacentes con atenciones y acciones de emergencia cuyos recursos, definidos por ley, debieran orientarse exclusivamente a acciones prontas, eficientes y transitorias, pero que, sin embargo, en la necesidad de atender problemas sociales, elige modalidades de atención lentas, poco eficientes y definitivas.

El trabajo, que se anexa, ha sido realizado por profesionales del departamento de protección civil de Onemi y profundiza algunos conceptos en materias básicas, relacionadas con el problema en comento.

3.10. INFORME DEL EX MINISTRO DE VIVIENDA Y URBANISMO SEÑOR EDMUNDO HERMOSILLA.

La presente exposición tiene por objeto dar a conocer a esta Comisión mi visión sobre la política habitacional desarrollada durante el período en que me desempeñé como Ministro de Vivienda y Urbanismo, esto es, desde marzo de 1994 a julio de 1997. No me referiré a situaciones concretas de daños producidos en viviendas sociales durante el año en curso y que tuvieron su origen en los violentos temporales acaecidos durante el mes de junio, puesto que el pronunciamiento sobre dicha materia corresponde al Ministerio del ramo.

Comenzaré esta exposición con una afirmación “La política habitacional en Chile es exitosa”.

Esta sencilla afirmación, que atendidos algunos de los problemas acaecidos pudiera parecer audaz, es por el contrario una grande y compleja verdad. El éxito radica no sólo en metas cuantitativas, sino que también se encuentra reflejado en innumerables logros cualitativos.

En efecto, no sólo se ha logrado congelar el déficit habitacional, sino que, además, se han diversificado los programas habitacionales, permitiendo el acceso a la vivienda de sectores antes excluidos y tendiendo crecientemente hacia una mayor focalización. Paralelamente, se ha concretado una política urbana que, unida a la de vivienda, permite que las familias puedan efectivamente mejorar su calidad de vida.

Ello ya ha quedado de manifiesto en las múltiples iniciativas implementadas durante este tiempo. Entre ellas, puedo mencionar el compromiso asumido en orden a entregar no sólo viviendas, sino conjuntos habitacionales con equipamientos y áreas verdes habilitadas, para permitir de esta manera que las familias puedan efectivamente desarrollarse en plenitud. Ello es una realidad, y no me cabe duda de que seguirá siéndolo, porque no es posible concebir la vivienda como una realidad aislada de su entorno. Simultáneamente, se ha implementado el programa de equipamiento concursante. En el mismo sentido, merece especial mención el programa de pavimentos participativos. Ambas iniciativas, destinadas a paliar el déficit de arrastre, han permitido hacer participar efectivamente a los pobladores y a las municipalidades en la solución de sus propias necesidades.

Lo anterior demuestra que ha existido y existe una preocupación no sólo por el techo, sino que también por el entorno, ya que en él se concretan las posibilidades reales de mejorar la calidad de vida. Por ello, además, se igualaron las exigencias que en materia de cesiones para áreas verdes, equipamiento y vialidad deben efectuar los urbanizadores, terminando, a través de la modificación de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones dispuesta por el D.S. Nº 171, (V. y U.), de 1996, una odiosa discriminación que existió entre los sectores más pobres y los más ricos.

Los desafíos asumidos en materia habitacional y urbana, la existencia de nuevos programas con mayores exigencias, han hecho necesario modificar los sistemas de financiamiento, aumentando la participación del sector privado, permitiendo de esta manera la incorporación al crédito hipotecario de sectores de menores ingresos. Se ha ido concretando la creación de un mercado secundario para la vivienda social, iniciativa que reconoce de manera positiva los incrementos actuales y proyectados de los ingresos de las familias.

En consecuencia, la política de vivienda ha ido desarrollándose simultáneamente con el proceso económico de nuestro país. Así es como se ha establecido un conjunto de programas que reflejan el crecimiento, se reconoce la libertad de elegir, los beneficiarios tienen opción entre diversas alternativas, no se impone una vivienda o localización predeterminada, se asume que las familias pueden cambiar sus necesidades y se establecieron disposiciones reglamentarias que permiten que el subsidio se dirija a la familia y no a la vivienda, permitiendo la movilidad habitacional.

No obstante lo anterior, es evidente que en los aspectos constructivos es necesario avanzar más aún. Ello es una realidad que quedó evidenciada con ocasión de los temporales acaecidos durante el mes de junio del presente año.

Desgraciadamente, el mayor esfuerzo normativo en esta materia, me refiero a la llamada ley de Calidad de la Construcción, sólo tiene vigencia a partir del 15 de diciembre del año pasado, de modo que sus favorables efectos no alcanzaron a evitar o prevenir los problemas derivados de los temporales de junio.

Lo importante es tener en cuenta que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo ha dado importantes pasos por mejorar la calidad de la construcción en nuestro país, desde que en el año 1992 convocó a la Comisión Nacional de Calidad de la Construcción, en que participaron diferentes sectores del quehacer nacional. Como resultado de la misma, se elaboró un conjunto de propuestas, algunas en pleno desarrollo. Entre estas medidas, puedo mencionar:

1ºModificación de la ley General de Urbanismo y Construcciones a fin de incorporar normas relativas a la calidad de la construcción, a la que ya me referí, y que se concretó con la dictación de la ley Nº 19.472, publicada en el Diario Oficial del 16.09.96.

Este cuerpo legal contiene disposiciones destinadas a asegurar la calidad de la construcción desde que se solicita el permiso de edificación y hasta los cinco años siguientes a la recepción de la obra por parte del municipio. Su reciente vigencia no ha permitido evaluar la eficacia de sus normas.

Sus disposiciones permiten asumir la responsabilidad de cada uno de los que participan en el proceso constructivo, incluido el primer vendedor, quien asume toda la responsabilidad frente al comprador, pudiendo posteriormente repetir contra los directamente responsables.

Además, la citada ley establece una fuerte sanción para quienes infrinjan las disposiciones de la ley General de Urbanismo y Construcciones, su Ordenanza General y los instrumentos de planificación territorial: una multa, a beneficio municipal, no inferior al 0,5% ni superior al 20% del presupuesto de la obra.

Asimismo, en virtud de la ley de Calidad de la Construcción corresponde al Ministerio de Vivienda y Urbanismo establecer, en cada uno de los programas habitacionales que cuenten con financiamiento estatal para su construcción o adquisición, los mecanismos que aseguren la calidad de la construcción.

2ºA partir de la publicación de esta ley, el Ministerio ha efectuado un conjunto de modificaciones en sus normativas mediante la dictación de los correspondientes decretos supremos:

D.S. Nº 173, V. y U., de 1996, (D.O. del 12.03.97), establece que quien solicita un permiso de edificación debe indicar al municipio las medidas de gestión y control de la calidad constructiva que empleará (art. 5.1.6, Nº 11, de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones). La aplicación de ellas se controla mediante el libro de obras, la certificación del constructor, la inspección técnica externa y el revisor independiente.

D.S. Nº 64, (V. y U.), de 1997, (D.O. del 05.07.97), que modificó el D.S. Nº 44 (V. y U.), de 1988, Sistema General Unificado de Subsidio Habitacional, estableciendo:

a)El contrato de compraventa, tratándose de viviendas adquiridas en primera transferencia, debe incluir una cláusula contractual que indique:

-número del permiso de edificación;

-que el legajo de antecedentes archivados en la D.O.M. forma parte del contrato de compraventa;

b)El contrato de construcción o de provisión de vivienda, cuando corresponda, debe incluir una cláusula contractual que indique que las especificaciones técnicas detalladas y los planos completos de arquitectura e instalaciones domiciliarias de la unidad habitacional, conocidos y aprobados por las partes, forman parte del contrato.

c)Tratándose de primeras transferencias de conjuntos integrados por 10 o más viviendas, el constructor deberá tener inscripción vigente en el Registro Nacional de Contratistas del Minvu.

D.S. Nº 63, (V. y U.), de 1997, (D.O. del 13.08.97), Aprueba el reglamento del Registro

Nacional de Constructores de Viviendas Sociales, Modalidad Privada.

D.S. Nº 177, (V. y U.), de 1996 (D.O. de 17.03.97), que crea el Registro de Revisores Independientes de Obras de Construcción. La función de estos revisores es verificar que los anteproyectos, proyectos y obras cumplen con todas las disposiciones legales y reglamentarias, debiendo emitir los informes que se requieran para tal efecto. Su intervención permite al Director de Obras Municipales agilizar la concesión de permisos y recepción de obras. De esta manera, se refuerza la capacidad de las Direcciones de Obras Municipales.

3ºEn las Bases Técnicas Generales para Viviendas Básicas, durante el mes de diciembre de 1993, asumiendo recomendaciones elaboradas por la Comisión Nacional de Calidad de la Construcción, se incorporó un conjunto de exigencias:

-sobrecimientos de 20 cms., de los cuales 15 cms. quedan sobre el nivel del terreno perfilado.

-evacuación de las aguas lluvia de patios, áreas públicas y copropiedad. El 29.07.97, mediante aclaración, se solicita la ejecución de drenajes.

-obligatoriedad de armar los antepechos.

-el contorno de marcos de ventanas y puertas exteriores debe llevar sellante que permanezca elástico y no pierda masa.

-las pendientes, traslapos y colocación de planchas deben cumplir con las disposiciones de la Norma Nch 194 of. 72 y, en su defecto, con las instrucciones del fabricante.

-las planchas de cubierta de cualquier tipo que sean, deberán traslaparse con el caballete por lo menos en 20 cms.

-los cielos horizontales deben tener 2.20 m. de altura mínima. Los cielos inclinados, altura media de 2.10 m., con altura mínima de 1.80 m.

4ºCon posterioridad a los temporales de este año, se han establecido nuevos requerimientos:

-exigencias sobre deformaciones de losas. Se deberá establecer un espesor mínimo de éstas.

-exigencias de indicar los tiempos mínimos de descimbre de moldajes.

-se exige piso en loggias.

-se exigen 3 cms. de diferencia de nivel entre el pavimento de la vivienda y los pasillos de circulación exterior, los que deberán tener pendiente del 2% hacia el exterior.

-se establece que el estudio de mecánica de suelos debe especificar la solución de radieres y rellenos bajo ellos.

-se formulan exigencias sobre los alféizares.

-a partir de la aclaración de 13.06.97, se exige la colocación de canales y bajadas de aguas lluvia.

-en todas las licitaciones del año 1997, se solicita cubrir la caja de escalera. A partir de la aclaración de 29.07.97, se solicita cubrir adicionalmente los pasillos de circulación.

-en la aclaración de 29.07.97, se incorporó la exigencia de quiebravista o celosía en todas las loggias.

5ºCreación de oficinas de información sobre calidad de la vivienda, iniciativa conjunta entre el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, la Cámara Chilena de la Construcción y las asociaciones gremiales de ingenieros, arquitectos y constructores civiles. En enero de 1997, se instruyó a los Directores de Serviu para que las constituyeran en todas las cabeceras regionales del país.

6ºEdición del manual del comprador de vivienda, documento preparado por el Sernac y el Minvu, que desde 1992 se entrega junto con la asignación de las viviendas financiadas con subsidios habitacionales. Su objeto es orientar al beneficiario del subsidio en el correcto uso y mantención de la vivienda.

7ºLey Nº 19.367, publicada en el Diario Oficial del 02.02.95, que permitió al Ministerio de Vivienda y Urbanismo crear el Instituto de la Construcción, cuya personalidad jurídica fue otorgada por el D.S. Nº 1.515, del Ministerio de Justicia, publicado en el Diario Oficial del 03.12.96. Participan en él representantes del sector público y privado, incluyendo a las universidades y colegios profesionales.

Su función es promover la investigación y desarrollo en el área de la construcción, desarrollar mecanismos de transferencia y difusión de innovaciones y coordinar e impulsar iniciativas destinadas a favorecer la modernización del sector.

8ºProyecto de ley de Copropiedad Inmobiliaria. El artículo transitorio de este proyecto permite formular campañas que enseñen a las personas a usar adecuadamente las viviendas que, tras largos esfuerzos, logran adquirir. El art. 41, además, permite a los Gobiernos Regionales, los Municipios y los Serviu destinar recursos a condominios de viviendas sociales para, entre otras cosas, mejorar la calidad de vida de los habitantes mediante inversiones en los bienes comunes.

9ºConfección del “Manual de Inspección Técnica de Obras”, que constituye un cuerpo de consulta para inspectores técnicos de obras en lo referente a administración, control y fiscalización de obras financiadas con recursos del Estado.

10º Comisiones sobre programas y estándares. En junio de 1997, dispuse formar dos comisiones, con los actores más importantes del sector de la vivienda, para que estudiaran los problemas más urgentes que plantearon los temporales, sobre la base del trabajo previo que existía en el Ministerio sobre estas materias. Ignoro el resultado que ha tenido dicho trabajo.

En conclusión, estimo que durante estos años se impulsaron en forma consistente una serie de medidas para mejorar la calidad de la construcción, aspectos en los cuales los Servicios de Vivienda y Urbanización de cada región del país tienen una responsabilidad primordial, tanto por sus facultades legales y reglamentarias, tanto por su capacidad para contratar obras, tanto por sus atribuciones en materia de inspección de ellas. Lo anterior quedó claramente reflejado a propósito de los mismos temporales, en que el impacto sobre algunas viviendas fue distinto en las distintas regiones del país. Sin embargo y al mismo tiempo, es necesario establecer que, dado el tamaño del Minvu es utópico pensar que sólo de él depende solucionar estos problemas. Correlativamente, es menester que el sector privado y los propios Serviu, frente al volumen de viviendas construidas, industrialicen y modernicen su actividad. Sin invertir en tecnologías y capacitación, de nada valdrán los esfuerzos normativos.

3.11. INFORME DEL EX MINISTRO DE VIVIENDA Y URBANISMO SEÑOR MIGUEL ÁNGEL PODUJE.

La opinión pública, a raíz de las lluvias de la temporada y de otras situaciones producidas ha tenido conocimiento de que el plan de vivienda ha tenido serios inconvenientes y se ha convertido en una muestra palpable de ineficiencia.

Esto podría resumirse como sigue:

1)Baja calidad de la vivienda, por cuanto sus especificaciones técnicas han sido mal evaluadas y concebidas bajo un criterio de bajo nivel profesional.

2)Responsabilidad empresarial, dado que una empresa constructora privada no puede alegar ignorancia de las implicancias de dichas especificaciones, porque directamente está asumiendo una responsabilidad al convertirse en un mero ejecutor de malas especificaciones técnicas. Hago el símil de un cirujano que, por imposición de Fonasa, saturara una herida con menos puntos. El enfermo se puede desangrar. Aquí hay un deber ético y profesional de representar a una autoridad que falla las deficiencias y sus consecuencias y, aun, abstenerse de ejecutarlas. Aquí cobra especial relevancia la participación de los organismos gremiales.

3)Falta de fiscalización, dado que las fallas de las viviendas no sólo se deben a la ejecución de las especificaciones técnicas defectuosas, sino que a una mala ejecución de dichas especificaciones mal concebidas. Así las cosas, malas especificaciones y mala ejecución de ellas han duplicado el problema, lo que, sumado a la mala fiscalización de lo mal ejecutado en base a malas especificaciones, ha llevado el problema a la magnitud que hoy tiene.

4)Falla en los procedimientos. Hoy se puede ver a lo largo del país que muchos conjuntos habitacionales se encuentran abandonados, sin terminar; otras poblaciones han sido recibidas en forma defectuosa; otras se encuentran construidas, terminadas e inhabitables, lo que es dramático. Ha faltado la rigurosidad de registrar a los contratistas en forma adecuada, se ha permitido en forma indiscriminada la contratación directa, sin procesos de licitación; se ha dejado a los pobladores sin asesoría técnica y sin medios de fiscalización y apoyo para desarrollar sus proyectos.

5)Es importante que la honorable Cámara de Diputados califique como inoperante, antieconómico, regresivo el programa de viviendas progresivas. Cualquier análisis y seguimiento de dicho proceso lleva a la conclusión de que ha sido nefasto. La magnitud de las obras abandonadas, las segundas etapas sin construir, los adosamientos indignos, la falta de apoyo al poblador, lo caro que resulta hacer poblaciones en etapas con poca racionalidad, “versus” con que con un costo ínfimo se puede construir un entorno digno, hace que la conclusión es que este programa debe eliminarse, en especial porque a la gente no le gusta y se lo han impuesto. Solamente es importante que, en vez de vivienda progresiva, se acentúen los programas de saneamiento de poblaciones ya asentadas, y no se apliquen a nuevos núcleos de poblaciones a los cuales se erradican o asignan.

En líneas gruesas, el sector de la vivienda hoy vive una situación, frente al país, de gran desprestigio, que amerita que se vuelva a tomar confianza en él. En líneas generales, propongo:

1)Rehacer los sistemas, evitando las contrataciones directas; creando los registros y sistemas de licitación abierta e informada. Definitivamente, crear el sistema de sanciones a los inscritos en el Registro que no cumplan sus funciones.

2)Revisión exhaustiva de las especificaciones técnicas. Propongo que las condiciones regionales, las ventajas comparativas y climáticas de distintos puntos del país sean potenciados.

3)Revisión del concepto de entidad organizadora de los programas de trabajadores, y llevarlo a ser procesos abiertos, transparentes e informados. En este tema, hay que tener especial preocupación, porque el Estado, cuando delega, debe hacerlo en forma orgánica, pública y objetiva.

4)Racionalizar y hacer eficientes los sistemas de inspección, los cuales, con un mínimo costo, pueden efectuarse por entidades privadas. Recuerdo el éxito habido con entidades universitarias en materia de inspección y control, con un costo marginal.

5)Creo importante hacer un catastro nacional de las situaciones que hoy vive el sector, a partir de los múltiples casos de incumplimiento, empresas quebradas, viviendas inhabitables y terminadas. Hay que hacer un mapa general de la situación, cuantificarlo y adoptar las medidas. Es bueno que todas las partidas de costo de este problema queden como partida diferenciada en los respectivos presupuestos, y no escondidos dentro de los ítemes normales, porque así no se podrá explicitar su real costo y se restará posibilidades a los postulantes a vivienda. Que la cuenta no la paguen quienes esperan la solución de sus propios problemas.

6)Estimo importante que los principios del subsidio habitacional, sistema que ha sido ampliamente exitoso y que recoge valores del ahorro, esfuerzo familiar, focalización, progresividad, direccionamiento a la demanda, objetividad, no discriminación, al contado, con gasto público a valor presente, Estado subsidiario, sean elevados a rango de ley. Propongo que la Comisión de Vivienda acoja este concepto y patrocine la ley sobre subsidio habitacional. Simple, didáctica, de principios que no puedan alterarse por decreto. Al respecto, sólo quiero recordar que todas y cada una de mis aprensiones sobre la ley de Leasing, habiendo alterado los conceptos esenciales, en la práctica ha sido un sistema fracasado. Para este esfuerzo, ofrezco desde ya toda mi colaboración.

Obviamente, este tema se enmarca dentro de los otros grandes temas sobre tamaño del Estado, probidad y ética pública y empresarial, que deben tomarse en cuenta. Pero su urgencia amerita tareas inmediatas.

Reconozco que el Ministro señor Henríquez ha adoptado una postura pragmática y no política frente al tema, y ha tratado, pese a su magnitud, de enfrentarlo de manera profesional, lo que es coadyuvante a una solución.

He pedido, además, una pequeña minuta al señor Jaime Arancibia, profesor de la Escuela de Ingeniería y Construcción de la U. Católica y ex Jefe de la División Política Habitacional, la cual me permito remitirles por si fuera de su interés.

MINUTA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS BÁSICAS Y PROGRAMAS ESPECIALES.

1.Las viviendas básicas están destinadas a la marginalidad habitacional, donde el Estado, en su papel subsidiario, compra al sector privado una vivienda que debe cumplir con:

-Las Normas Chilenas, en cuanto a calidad, cantidad y forma de ejecutar las distintas faenas del proceso constructivo.

-La Ordenanza General de Construcciones y el Plano Regulador pertinente.

-Las leyes del arte de construir.

-El cuadro de condicionantes mínimas donde se establecen el programa arquitectónico y los requerimientos.

A su vez, las empresas participan en las licitaciones ofreciendo:

-Su terreno

-Su proyecto, y

-Especificaciones técnicas, las que deben contar con permiso de edificación y recepción final por parte de la municipalidad; por lo tanto, la responsabilidad del bien que se ha transado es completa y total de la empresa.

2.En relación con los temporales de junio, que demostraron las deficiencias en viviendas contratadas por el Serviu y por entidades organizadoras para los programas de viviendas especiales, se puede puntualizar:

-se comprobó que los muros de albañilería, en base a bloques de morteros, no resistieron la condición de impermeabilidad mínima que debe poseer cualquier vivienda; esto se debió, a mi parecer, a

-que los bloques de hormigón utilizados no tienen control de calidad en su elaboración.

-que los morteros de pega entre bloque y bloque no fueron dosificados adecuadamente.

-que la ejecución de estos muros no fue ejecutada con las instrucciones del fabricante ni se respetaron las reglas del arte de la construcción, debido a una mano de obra no calificada.

-que no se impermeabilizaron los muros de bloques de hormigón.

-la falta de control de la ejecución por parte de los supervisores (jefes de obra, capataces) de la obra.

-que la recepción final ejecutada por la municipalidad es solamente un trámite.

-y, finalmente, la inspección fiscal por parte del Serviu, que califica la construcción como buena, no tiene elementos, medios ni personal para una inspección.

Parece ser que la inspección del Serviu no debiera inspeccionar ejecución, sino que solamente avance de obra, con el fin de elaborar estados de pago, traspasando toda la responsabilidad a la empresa, en la cual el ejecutante es responsable plenamente por el producto que está elaborando; de esta forma se evitan: presiones a los empleados fiscales por parte de los contratistas; trámites burocráticos y presiones al Estado por parte de políticos por tener una planta mayor de empleados públicos, agrandando el tamaño del Estado.

3.La eficacia de la construcción de viviendas básicas está avalada por más de 10 años, no habiendo tenido grandes problemas. Además, se ha comprobado, a través de estudio efectuado por la Universidad Católica, que las viviendas básicas son una real solución para los estratos de ingresos más bajos de la población. Es un producto que los beneficiados lo aprecian cuando la vivienda es digna; le hacen mejoras y la hacen crecer en superficie cuando es vivienda unifamiliar; en definitiva, valorizan la inversión efectuada.

4. PERSONAS ESCUCHADAS POR LA COMISIÓN.

Vuestra Comisión, en cumplimiento de los acuerdos adoptados, procedió a invitar a funcionarios de la Administración del Estado como también a personas que podrían aportar antecedentes acerca de los hechos que se le encomendó investigar, tal como se menciona en este informe.

Al respecto, vuestra Comisión deja constancia que se cursó invitación al señor Francisco Pérez Yoma, de la empresa Constructora Copeva, quien por intermedio de personas en su representación se excusó de concurrir.

Cumpliendo su cometido la Comisión escuchó a las siguientes personas:

NÓMINA DE PERSONAS ESCUCHADAS POR LA COMISIÓN

Señor Sergio Henríquez, Ministro de Vivienda y Urbanismo.

Señora Berta Belmar, Subsecretaria de Vivienda y Urbanismo.

Señor Edmundo Hermosilla, ex Ministro de Vivienda y Urbanismo.

Señor Miguel Ángel Poduje, ex Ministro de Vivienda y Urbanismo.

Señora Jeannette Tapia, Asesora Jurídica Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

Señor Héctor Tapia, Jefe División Técnica Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

Señor Hernán Doren, Presidente Cámara Chilena de la Construcción.

Señor Jaime Muñoz, Presidente Instituto de la Construcción Cámara Chilena de la Construcción.

Señor Augusto Bruna, Asesor Jurídico de la Cámara Chilena de la Construcción.

Señor Elías Arze, Ingeniero, Consejero del Colegio de Ingenieros de Chile.

Señor Luis Ayala, Director del Idiem.

Señor Gabriel Rodríguez, Ingeniero Idiem.

Señor Federico Delfín, Jefe Sección Investigación y Ensayo de Materiales Idiem.

Señor Edwin Haramoto, Director Instituto de la Vivienda de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Chile.

Señor Daniel Aedo, Representante Empresa Constructora García Popelaire Hermanos.

Señor Enrique Pérez, Representante Empresa Constructora García Popelaire Hermanos.

Señor José Aldana, Representante Empresa Constructora Maya.

Señor Héctor Zúñiga, Representante Empresa Constructora Proctora.

Señora María de la Luz Nieto, Jefa de Política Habitacional del Ministerio de Vivienda y Urbanismo

Señor Fernando Guerra, ex Director Serviu Metropolitano.

Señor Alberto Etchegaray, ex Ministro de Vivienda y Urbanismo.

Señor Rodrigo González, Alcalde Viña del Mar, Vicepresidente de la Asociación Nacional de Municipalidades.

Señor Alberto Maturana, Director Onemi.

Señor Pablo Maturana, Director de la Dirección de Extensión en Construcción de la Pontificia Universidad Católica de Chile Decon.

Señor Jorge del Fierro, Director del Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región Metropolitana.

4.1. INTERVENCIÓN DEL MINISTRO DE VIVIENDA Y URBANISMO, SEÑOR SERGIO HENRÍQUEZ DÍAZ.

El señor Sergio Henríquez Díaz (Ministro de Vivienda y Urbanismo) señaló que el día en que se efectuó la sesión constituía el noveno día hábil desde que fuera nombrado como Ministro. Expresó que se había dedicado a profundizar su conocimiento personal en lo que atañe a las políticas generales de vivienda, siendo su preocupación especial, en todo caso, resolver los problemas de la gente afectada y avanzar en las soluciones concretas en relación con los daños que han sufrido las viviendas de diversas comunas y localidades con ocasión de los temporales que han afectado al país, de forma tal de determinar las responsabilidades y proceder a los ajustes que sea necesario efectuar respecto de las políticas que se han llevado a cabo.

Manifestó que la política habitacional que ha ejecutado el Ministerio ha permitido reducir el déficit de viviendas existente en el país. En razón de ello, no resulta procedente afirmar, como algunas personas lo han hecho, que hay una crisis global de esa política. Sin embargo, reconoció que hay errores que es necesario enmendar.

Al respecto, manifestó que una situación que ilustra lo anterior es lo acontecido con la ley del “leasing” habitacional, cuya puesta en marcha ha sido lenta, pero no por ello puede afirmarse que el sistema ha fracasado.

A diferencia de lo anterior, reconoció que la necesidad habitacional del segmento de la población que sufre la pobreza dura no se encuentra suficientemente atendida y que el desafío se presenta en la creación de los instrumentos idóneos para dar solución a los problemas que se presenten.

En lo relativo al problema que preocupa, señaló que de todas las poblaciones afectadas, las que se encuentran en un mayor grado de problemas son El Volcán Uno y Dos. La causa de los daños producidos en las viviendas pueden ser de diversa índole. Es decir, la raíz del problema puede encontrarse en el diseño de las viviendas, en los materiales o en fallas en la construcción o puede deberse a las consecuencias derivadas del fenómeno natural en sí.

Hizo presente que estas viviendas fueron entregadas en el mes de marzo de 1996, año en que, a pesar de que llovió -aunque no con la intensidad registrada este año-, no se produjeron daños; pero que, en todo caso, una vez solucionado el problema que afecta a los pobladores, el Ministerio se abocará al estudio de las causas reales del problema.

Destacó que son muchas las personas que se encuentran profundamente afectadas, ya que una gran parte de ellas ya había sufrido un problema de índole similar cuando habitaban las poblaciones Valle de Lluta y Macul.

Acotó que, en todo caso, a raíz de la falta de información técnica y a ciertos excesos en los comentarios de la gente, se tiende a exagerar, en algunos casos, la real dimensión de la situación.

Insistió en que la primera preocupación del Gobierno es reparar los daños producidos, para lo cual, como requisito previo y según lo dispone el decreto supremo Nº 79, de 1997, los propietarios de las viviendas, privadas deben suscribir el contrato de transferencia de derechos litigiosos en favor del Estado.

Sin embargo, existen abogados que han aconsejado a los pobladores no hacerlo e iniciar un juicio para hacer efectivo el resarcimiento de los daños. En todo caso, el Estado cuenta con los recursos para proceder de inmediato a reparar las viviendas, pero requiere el correspondiente mandato y la cesión de los derechos litigiosos para dar comienzo a los trabajos de reparación.

Indicó que el Ministerio está preparando el informe que ha solicitado la Comisión acerca del balance de la situación de daños, el cual contempla la definición de un glosario objetivo de problemas que se calificarán de leves a graves.

Hizo presente que, en aras de encontrar soluciones, es necesario distinguir el tipo de vivienda de que se trata, es decir, si son viviendas que fueron construidas por el Serviu y que son de propiedad de ese servicio, caso en el cual procedería invertir recursos por la vía de la ampliación; de viviendas construidas por el Serviu, pero que son de propiedad de particulares, caso en el cual es necesario aplicar el decreto supremo Nº 79, de 1997, o de viviendas construidas por particulares y de propiedad de éstos, como el caso de los programas PET.

Hizo presente que, en todos los casos reseñados, las direcciones de obras municipales tienen injerencia en lo que atañe a la recepción definitiva de las obras. Por ende, nace la inquietud de poner en duda no sólo la capacidad de esas reparticiones, sino también la capacidad de supervisión del Ministerio y la idoneidad de los constructores chilenos.

En efecto, a raíz de los acontecimientos acaecidos, la opinión pública pone en duda no sólo la honestidad de las empresas constructoras, sino también la del Estado.

En la Comisión se le señaló especialmente que debe determinarse quiénes son los responsables y que al Gobierno le asiste la responsabilidad histórica de crear los instrumentos idóneos para mejorar la calidad de las viviendas.

El señor Sergio Henríquez Díaz (Ministro de Vivienda y Urbanismo) respondió que esa Secretaría de Estado creó el comité de vivienda y el de programas y se encuentra abocadas al estudio del tema. Acotó que especial preocupación representará el de la administración de los programas de viviendas progresivas.

Se le hizo presente que se valoriza la política habitacional del Gobierno, la continuidad histórica que el país ha mantenido en materia de vivienda y el hecho que el sistema de financiamiento habitacional permita el crecimiento a mayor escala.

Sin embargo, se recalcó que no puede desconocerse que el problema radica, en definitiva, en los programas habitacionales, especialmente en lo que atañe a los estándares de las viviendas y que todos los sectores, exceptuada la Cámara Chilena de la Construcción, afirman que debe eliminarse la lógica de batir récords en materia de cantidad de soluciones habitacionales. La misma idea se reflejó en el seno de la Cepal, a propósito de los encuentros preparatorios para el Hábitat II, que se llevó a efecto el año pasado, proponiéndose que debe tenderse al incremento de la calidad no sólo de la vivienda, sino también del barrio y del entorno.

El señor Sergio Henríquez Díaz (Ministro de Vivienda y Urbanismo) indicó que una de las claves es centrar la preocupación en el instrumento presupuestario para el año 1998, el cual debe contemplar la flexibilidad suficiente para ocupar recursos en las futuras soluciones que se adopten, y que podría ser conveniente crear programas adicionales, sin perjuicio de los diez existentes, en razón de que existe una diversidad de temas pendientes que será necesario analizar.

Añadió que un tema preocupante es el de la morosidad. Hay casos en que se justifica por causas atendibles, como problemas graves de salud, cesantía temporal, etcétera. Destacó que, al día 30 de abril de este año, es decir, antes de los temporales, en la población El Volcán se registraba un cuarenta y cinco por ciento de morosidad

Asimismo, será necesario revisar el sistema de los seguros y la distorsión existente de los dobles subsidios que en definitiva benefician a una misma familia.

En lo relacionado con la empresa Copeva, indicó que, en el mismo juicio, dicha empresa demandó reconvencionalmente, y que las partes formalizaron un acuerdo de postergar los trámites de dúplica y de réplica por un plazo de treinta días, a contar del día 5 de agosto.

Agregó que al Gobierno le interesa reparar las viviendas con la mayor brevedad y luego resolver el tema de las responsabilidades. En todo caso, los peritajes técnicos resultan cruciales para determinar qué va a acontecer respecto del conflicto judicial. Hizo alcance respecto a que no todas las poblaciones afectadas fueron construidas por Copeva.

En relación con el acápite final del punto 1 del proyecto de acuerdo de la honorable Cámara, relativo a la nómina o catastro de las poblaciones que se encuentran afectadas, expresó que, a su entender, el alcance del trabajo de la Comisión tiene que ver con los graves problemas originados en viviendas sociales a raíz de los últimos temporales, es decir, a aquellos acaecidos en el mes de junio, sin perjuicio de que pudiera ser conveniente agregar la experiencia del temporal ocurrido los días 16 y 17 de agosto.

Hizo entrega de un documento denominado “Programa de Emergencia”, elaborado por el Ministerio de Vivienda, enfatizando que el contenido de dicho documento sería objeto de actualizaciones periódicas a medida que se avance en el trabajo que está realizando el Ministerio.

Indicó que este catastro incluye las viviendas entregadas a partir del 1° de junio de 1992, optándose por este universo en razón de las responsabilidades extracontractuales contempladas en el Código Civil para el propietario primer vendedor y para los constructores y en razón de que los daños en viviendas que cuentan con una antigüedad superior a los cinco años se confunden con el uso inadecuado de las mismas y/o con la ausencia de mantención de aquéllas.

Añadió que dichas viviendas han sido divididas en tres categorías, quedando excluidas las viviendas progresivas porque no sufrieron daños de acuerdo a la información con que cuenta el Ministerio. A saber, las viviendas tipo 1, construidas a través del Serviu y que aún son propiedad de éste, que corresponden a las viviendas básicas; las viviendas tipo 2, construidas a través del Serviu y de propiedad de particulares, es decir, las viviendas básicas y PET, cuando corresponda y las viviendas tipo 3, construidas por particulares y de propiedad particular, que corresponden a las viviendas PET y otras.

El mecanismo que se aplicará para la reparación en cada caso dependerá del tipo de vivienda de que se trate.

Respecto de las viviendas tipo 1 se realiza una inversión directa por parte de cada Serviu, efectuando las reparaciones que sean del caso.

Señaló que las poblaciones de El Volcán y San José 1 y 2, por ejemplo, corresponden a viviendas tipo 2; es decir, son de propiedad de particulares, lo que implica que al Estado se le presentan mayores dificultades para intervenir en las reparaciones. En estos casos, es necesario establecer una mecánica jurídica adecuada para entregar una contribución a un privado, excluyendo a otros privados, situación que se ha podido solucionar a través del decreto supremo Nº 79, de 1997, ya aludido.

Respecto de las viviendas tipo 3, se entrega un subsidio a un particular o a un grupo colectivo de particulares quienes directamente contratan con otro privado. Éste es el caso de la mayoría de los programas PET. El Estado no interviene en el proyecto, tampoco en la fiscalización de la construcción ni en su recepción; se limita a entregar el financiamiento.

Expresó que se ha suscrito un compromiso con la Cámara Chilena de la Construcción, en el sentido de que los problemas se resolverán directamente respecto de las viviendas tipo 3, que se han visto afectadas.

Aclaró que existen viviendas tipo 2 y 3 de planes PET y que ello se debe a que hay programas de viviendas básicas en que el Serviu participó como constructor.

Respondiendo a una interrogante de si las viviendas tipo 1 son aún de propiedad del Estado, en razón de existir deuda pendiente, señaló que ésa no es la razón, porque todas las viviendas registran deudas; la causa de que aún sean de propiedad del Estado se debe a que, si bien las viviendas están asignadas, el proceso de escrituración e inscripción en el Conservador de Bienes Raíces se encuentra pendiente.

Acotó que, en el caso de las viviendas tipo 1 y 2, al Serviu le corresponde la facultad de fiscalizar la construcción, siendo de responsabilidad municipal la recepción definitiva de las obras; y que, en el caso de las viviendas tipo 3, el Serviu carece de toda facultad de fiscalización, recayendo en el municipio la responsabilidad en la recepción definitiva de las obras.

Es decir, los agentes que participan en este proceso son el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, los constructores, las municipalidades, los proveedores de materiales, etcétera

Manifestó que se entiende por viviendas afectadas aquellas que presentan filtraciones en techos, muros y singularidades o problemas de techumbre y, por viviendas afectadas leves, aquellas que presentan humedad interior puntual y filtraciones puntuales.

Hizo presente que hay que distinguir entre el total de viviendas afectadas y el total de viviendas por reparar. Las primeras corresponden a la sumatoria de las viviendas afectadas y las afectadas leves. La segunda considera a las viviendas efectivamente afectadas y aquellas que deberán ser incluidas en el programa de emergencia, pese a no tener daños, por formar parte de un mismo cuerpo o bloque.

Agregó que el total general se refiere al total de viviendas del tipo 1 y 2 entregadas desde 1992. Es decir, no se ha agregado ningún otro tipo de vivienda que haga bajar, en apariencia, su número.

Indicó que en el país se registra un ritmo de construcción del orden de las 130.000 viviendas anuales; el ritmo medio el año 1992 fue de 110.000 viviendas. Por ende, en 5 años se registra un total global de 550.000 viviendas.

Respondiendo a una consulta en cuanto a si la fuente de información la constituyen las inspecciones efectuadas por los Serviu, indicó que efectivamente se han realizado inspecciones directas. Sin embargo se han presentado problemas en el caso de las viviendas PET, porque respecto de éstas el Estado se limita a entregar el subsidio; por ende, carece de una información absolutamente confiable al respecto.

Señaló también que el informe del total general de viviendas incluye todas las regiones afectadas por los temporales, es decir, la III, IV, V, VI, VII, VIII, IX y X, incluidas las cuatro comunas de esta última, que están declaradas en el decreto de emergencia del Ministerio del Interior, y la Región Metropolitana.

En lo relativo a la V Región, indicó que el Serviu efectuó visitas a terreno a nivel general y, por ejemplo, cuando se ha verificado la existencia de algunos departamentos afectados, se incluyó el bloque completo. De ahí que el número total de viviendas afectadas del tipo 1 y 2 que aparece en el catastro de la zona, esto es, 17.695, sea una cifra que supera el número real de construcciones afectadas.

Respecto del informe en análisis, contiene el catastro de las viviendas tipo 1 y 2 que se encuentran afectadas, por regiones. Los lugares más afectados son la Región Metropolitana y la VI Región, sin perjuicio de que estos resultados deberían ser revisados a causa de los siguientes temporales acaecidos en el país.

Igualmente, el informe consigna el estado de avance de las reparaciones en las viviendas tipo 1 y 2, al día 8 de agosto de 1997, registrándose mayores avances en las viviendas tipo 1, por la condición jurídica de las mismas en que, sin mediar mandato alguno el Estado, se pudo intervenir sin mayores dilaciones.

De la misma manera, contiene el resumen del catastro de las viviendas del tipo 3 que se encuentran afectadas, resultados que deberían ser depurados, ya que se obtuvieron a través de la información que se manejó a propósito del otorgamiento de los subsidios para el financiamiento de este tipo de viviendas. En estos casos, las empresas constructoras llevarían a cabo los trabajos de reparaciones.

Hizo la salvedad de que el total de 18.035 viviendas tipo 3 afectadas puede ser en la práctica un número inferior, situación que habría de ser corroborada mediante la información que al efecto dieran a conocer las empresas constructoras, que fueron las que concurrieron.

En la Comisión, se le hizo presente que cuando la municipalidad efectúa la recepción de una obra, verifica que ésta sea lo que se proyectó de acuerdo a los planos y a las especificaciones, pero no puede determinar la calidad de la construcción, porque en muchos casos ello se expresa a través del vicio de construcción o de otras acciones, que aparecen con posterioridad a la recepción de la obra.

El señor Sergio Henríquez (Ministro de Vivienda y Urbanismo) respondió que los actores que participan en el proceso son el Ministerio, que establece las especificaciones básicas de construcción; el constructor, que tiene a su cargo el proyecto, que debe aplicar las especificaciones en detalle; el proveedor de materiales, que debe dar garantía de la calidad de los mismos; el Serviu, a través de la inspección técnica que realiza respecto de la obra y, por último, la dirección de obras municipales, que recibe la obra; es decir, la dirección de obras municipales no es el único responsable, sino un agente más que participa en el proceso.

Enfatizó que habría que determinar cuál es la responsabilidad que le cabe a cada cual en relación con los problemas ocurridos con ocasión de los últimos temporales, incluidas las direcciones de obras municipales. Es necesario que, incluso, estas reparticiones verifiquen las especificaciones técnicas, para evitar los problemas derivados de las exigencias estructurales de la vivienda, que están presentes desde el día de su entrega y, sin embargo, en los libros de observaciones de la recepción no se registró ninguna observación al respecto.

Señaló que ahora era urgente reparar los daños producidos, para luego establecer las responsabilidades que a cada cual le correspondan, efecto para el cual era necesario contar con informes especializados por parte de instituciones competentes, como el Instituto de Investigación y Ensayes de Materiales, Decon y los colegios profesionales.

Hizo presente que, con su opinión, todos los agentes que han participado en el proceso de construcción de las viviendas tienen una cuota de responsabilidad, incluido el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que tiene responsabilidades contractuales, ya que existen trece Serviu descentralizados. Por lo tanto, existen trece tipos de contratos levemente diferentes entre sí.

4.2. INTERVENCIÓN DE LA ASESORA JURÍDICA DEL MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO, SEÑORA JEANNETTE TAPIA.

La señora Jeannette Tapia (asesora jurídica del Ministerio de Vivienda y Urbanismo) manifestó que, de acuerdo a la ley General de Urbanismo y Construcciones, corresponde a las direcciones de obras municipales otorgar los permisos de construcción, es decir, revisar los proyectos de construcción que se ejecutarán, fiscalizar el proceso durante la construcción y posteriormente efectuar la recepción de las obras. Si una empresa constructora variara el proyecto durante este proceso, lo que es frecuente que en la práctica así ocurra, debe dar aviso de ello a la dirección de obras, presentando los planos corregidos, situación que debe ser verificada por aquélla.

En su opinión, la Comisión tiene clara conciencia de que muchas veces los municipios no cuentan con el personal técnico y con la capacidad suficiente para cumplir con los objetivos indicados. De ahí que la ley Nº 19.472, recientemente aprobada, sobre calidad de la construcción, en alguna medida permitió incorporar asesores para esas reparticiones, a fin de colaborar en el proceso de aprobación de proyectos, de fiscalización y de recepción final de las obras.

Sin embargo, las viviendas que se encuentran afectadas corresponden a una realidad anterior a esa ley, y por eso queda más claramente establecido que, en el momento en que se aprobaron esas construcciones, en gran medida, la responsabilidad recaía en las direcciones de obras municipales.

Señaló que para las viviendas sociales se sigue exigiendo permiso y aprobación municipal, proceso en el cual ahora, de conformidad con la ley Nº 19.472, puede participar un revisor independiente. Las viviendas progresivas, sin embargo, no requieren de aprobación municipal, situación que comenzó a regir a partir del mes de diciembre de 1996.

Indicó que en el caso de las viviendas básicas Serviu, éste contrata con una empresa la construcción de las viviendas. El contrato celebrado entre el Serviu y el contratista contempla una serie de cláusulas especiales, como son, por ejemplo, que el contratista debe dar ciertas garantías en caso de anticipos. Asimismo, se consideran los inspectores técnicos de obras, que son quienes fiscalizan el nivel de cumplimiento del contrato, función que no tiene que ver específicamente con el papel que le corresponde a la dirección de obras municipales, que es el de aprobar, fiscalizar y efectuar la recepción final de las obras.

Hizo presente que la inspección técnica está ligada con el proceso de anticipos que se giran en favor del contratista, porque éstos se efectúan contra verificación de avance efectivo de las obras; pero, sin embargo, no se revisa la calidad de la construcción.

Expresó que, una vez que el contratista termina la construcción, el Serviu exige la obtención de la recepción final de las obras por parte del municipio, para luego girar en favor de aquél el pago final y hacerle la devolución de las correspondientes garantías.

Explicó que para el caso de las viviendas progresivas no se aplica la recepción final municipal, en virtud de que la ley Nº 19.472 estableció un trámite distinto, en que eventualmente el proyectista de la obra puede dar conformidad y el director de obras municipales, no obstante poseer facultades para fiscalizar, también puede partir de la premisa de que lo que asevera el constructor y proyectista de la obra está conforme.

En el seno de la Comisión, se planteó una consulta acerca de por qué no se consideró alguna variable económica, en relación con el costo de los terrenos, el costo de la construcción con respecto al monto del subsidio, en razón de que se ha dicho que una de las causas del problema radica en que se ha privilegiado la cantidad de las viviendas por sobre la calidad de las mismas y porque las cifras demuestran el progresivo aumento de precio de los terrenos, de los materiales de construcción y de la mano de obra, sin que ocurra lo mismo respecto del valor de la vivienda, lo que ha ocasionado que el ajuste de la utilidad la empresa lo obtenga en base a la calidad de la vivienda que se construye.

El señor Sergio Henríquez (Ministro de Vivienda y Urbanismo) respondió que, si el Ministerio hubiera incluido ese tipo de variable, implicaría que se estarían aceptando distintas calidades de viviendas. La calidad es algo a lo que no se puede renunciar, es igual para todos y no tiene relación con el precio de la vivienda, ya que el precio varía según la cantidad de metros cuadrados construidos y los estándares aplicados. Por ende, cantidad y calidad nunca han sido polos opuestos.

El problema del estándar sí dice relación con la cantidad, pero no con la calidad, porque se puede definir una vivienda de 10 metros cuadrados que debe tener calidad perfecta. Diverso es el tema relativo a la cantidad de las terminaciones y los estándares.

A continuación, exhibió el plano de las poblaciones. El Volcán, San José 1 y 2, de la comuna de Puente Alto, que contenía la situación exacta, vigente al día domingo 17 de agosto de 1977.

Indicó las zonas en que se había efectuado la reparación total de los departamentos, de aquellas que están en proceso de reparación y de aquellas respecto de las cuales los propietarios han entregado los respectivos mandatos, por tratarse de viviendas privadas.

Añadió que el universo está representado por un total aproximado de 510 departamentos. Hay doce departamentos por cada bloque, donde viven alrededor de 10.000 personas.

Se estaba a esa fecha en espera de obtener el mandato de los propietarios de ciento noventa bloques. Sesenta y cinco lo habían hecho.

En su opinión, estimaba que, para conveniencia de los propios pobladores afectados, quien efectuara la reparación en cada caso fuera la empresa que construyó. En este caso, la empresa constructora Copeva, porque, si después había juicio y la reparación la había efectuado un tercero, sería más complicado. En esta materia, están de acuerdo el Ministerio del Interior y el de Vivienda y Urbanismo.

Consultado sobre si para elaborar el catastro de las poblaciones afectadas se había contado sólo con el personal del Ministerio o si se había contratado a empresas externas, manifestó que para ello se utilizó al personal del Ministerio, sin perjuicio de lo cual se había contratado a diversas empresas para el cumplimiento de objetivos específicos, por ejemplo al Idiem y RFA, para la elaboración de informes en materias estructurales, los cuales indicaron que no se habían presentado problemas estructurales sino de geometría, y para supervigilar el proyecto de reparación se había debido contratar a terceros, como la empresa Geotécnica y 100 inspectores durante dos meses. Se trata de inspectores propiamente tales, no de inspectores de catastros y que lo mismo se haría en el resto de las regiones afectadas.

Informó que el decreto supremo Nº 79, de 1997, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, dispone otorgamiento de préstamos y subvenciones en favor de los afectados que indica, y prescribe que para las viviendas de las cuales el Serviu ha sido el propietario primer vendedor y que actualmente son privadas, el otorgamiento de un préstamo de hasta 12 unidades de fomento, en razón de que el nivel de reparación varía según la localidad y la situación de que se trate. Incluso, dicho decreto será objeto de una modificación para permitir que, en casos calificados y con la autorización del Ministerio de Hacienda, sea posible otorgar un préstamo superior a dicha cantidad.

Agregó que, tal como lo expresan los formatos de los mandatos, ello no significa la renuncia de derecho alguno para demandar al Estado por cualquier razón. Diversa es la situación en el caso de que se dé lugar a la demanda que los afectados deduzcan en contra del Estado de Chile, ya que aquí procedería el reembolso por parte de ellos del importe que el Estado previamente entregó para reparar las viviendas.

Aclaró que la entrega de los dineros por parte del Estado para reparar los daños no constituye subsidio propiamente tal, sino que se trata de un crédito, que es condonado mediante el respectivo decreto de emergencia del Ministerio del Interior.

Agregó que el decreto supremo Nº 88, de 1997, establece que, en las zonas afectadas, los pobladores tendrán derecho a postergar sin recargo alguno los cuatro dividendos comprendidos entre julio y octubre de 1997, ambos inclusive.

Hizo presente que el porcentaje de mora en el pago de dividendos en este tipo de viviendas asciende al cincuenta por ciento; en cambio, en el año 1990 era del ochenta y cinco por ciento.

Además, acotó que entre el siete por ciento y el diez por ciento de este tipo de viviendas no son ocupadas por sus propietarios, sino que se encuentran arrendadas, lo que quiere decir que ha habido un engaño por parte de las personas que postularon al sistema, especialmente al nivel de municipalidades, que son los entes que elaboran la ficha CAS. Las viviendas cuentan con un seguro contra incendios y de desgravamen, y se encuentra en estudio la posibilidad de que, a partir del próximo año, se amplíe al riesgo de catástrofes naturales, que normalmente es un derivado del primero.

El día 2 de septiembre, intervino nuevamente el Ministro de la Vivienda y Urbanismo señor Sergio Henríquez Díaz para referirse a los puntos 2, 3 y 4 del proyecto de acuerdo número 540, de 1997, sobre las siguientes materias.

2.El análisis y estudio de las normativas y estándar que regulan la construcción de viviendas económicas: vivienda básica, vivienda progresiva, viviendas PET y viviendas del subsidio unificado. En particular, analizar el decreto supremo Nº 29/84 (Bases Generales de Propuestas), las Bases Especiales de Propuestas Técnicas, Bases Generales para Vivienda Básica, el decreto supremo Nº235/86 y cualquier otra norma pertinente, a fin de establecer su grado de suficiencia en relación con los requisitos elementales que debe cumplir una vivienda.

3.Formular las propuestas de mejoramiento de las normas y estándar de todos los programas habitacionales con financiamiento público. Se deben considerar los financiamientos necesarios para hacer posible estos mejoramientos, tanto en ahorro de los postulantes, créditos hipotecarios y subsidio público.

4.Analizar y proponer medidas de perfeccionamiento de los sistemas de licitación de los proyectos y de control y fiscalización de la calidad de las viviendas y de las empresas constructoras.

En relación con la fiscalización que corresponde al Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu), deben definirse con mayor precisión los equipos profesionales y tecnológicos responsables, los instrumentos de control, así como las obras materiales que deberán ser objeto de supervisión. Asimismo, se deben precisar las formas y oportunidades en que ellas deben tener lugar y quiénes deben practicarlas, junto con analizar la necesidad de promover el mejoramiento integral de las actuales normas referidas a los requisitos de los materiales de construcción.

El señor Henríquez (Ministro de la Vivienda) agradeció nuevamente la oportunidad de estar ante la Comisión y expresó que, en primer lugar, se referiría al contexto de lo sucedido respecto de la política habitacional del país, ya que era muy importante tener presente lo que ha ocurrido en los últimos años y en los años anteriores.

Volviendo al tema del catastro de las poblaciones, proporcionó información escrita adicional respecto a los avances de la reparación de las viviendas afectadas.

Expresó que, en segundo lugar, se referiría a la normativa y a los cambios necesarios para el avance de la reparación.

En tercer lugar, trataría sobre la normativa del sector que ampara todo lo que se hace y lo que permite hacer, definiendo los alcances prácticos de la política y algunas propuestas a iniciativas que fueron tomadas para efectuar las mejoras que fueran necesarias.

Respecto a la política habitacional, consideró importante hacer algunas diferencias sobre lo que ha pasado en los últimos años. Destacó lo exitoso de la política habitacional de los gobiernos últimos, cuyo primer aspecto ha sido reducir el déficit habitacional del país.

Dio a conocer algunas cifras para demostrar que, por primera vez en los últimos años, a partir de 1990 ha habido una política consistente, que ha permitido a los pobres del país -sobre todo a la gente más carente- reducirles su problema habitacional, pasando desde un volumen de inversión, tal vez modesto en 1990 y los anteriores, a niveles de inversión bastante mayores y de dos o tres programas habitacionales a diez distintos al día de hoy, incluyendo equipamiento.

Agregó que, revisando la información existente de los años 1970, llaman la atención algunas cosas. Por ejemplo, en alguna oportunidad, durante la década de los 70-80, se eliminó del programa de viviendas que había en aquella época la obligación de dotarlas de equipamiento y, de hecho, se eliminaron algunas reparticiones que eran parte del Ministerio de Vivienda que se dedicaban al equipamiento comunitario.

Ahora nos enfrentamos al problema de que, aparte de construir viviendas con barrio y equipamiento, hay que hacerlas con todo lo que está carente en las ciudades, como lo es la pavimentación.

Se diseñó un programa de mucho éxito, como son los pavimentos participativos, para solucionar problemas de la década del 70, para efectuar pavimento de calles y veredas y resolver problemas acumulados desde aquella época.

Hizo presente que se han modificado los sistemas de financiamiento, aumentando la participación del sector privado en los últimos años; se han creado nuevos programas de vivienda que mejoran la focalización e identifican las alternativas habitacionales, tales como la vivienda básica de libre elección, los subsidios rurales, el estímulo al incremento de viviendas en los centros de las ciudades, mejorando la calidad de la vivienda en metros cuadrados, equipamiento, etcétera. Agregó que, por primera vez, desde 1996, se ha resuelto el problema de la habitación asignando subsidios a las personas y no a las viviendas, como era antes, sistema que impedía la modernidad habitacional, que es un tema de futuro muy importante. Se trata de que la gente, con amplia libertad, tenga la posibilidad, con sus propios ahorros, de tomar decisiones, vender las propiedades más pequeñas y acceder a otras mejores. Así es como se han establecido disposiciones reglamentarias que permiten la venta de la vivienda social.

También, conjuntamente con el Parlamento se modificó el reglamento de postulaciones y los programas de la libertad de elección. Se han dado pasos en la creación de un mercado secundario y terciario de la vivienda.

Expresó que, en inversión urbana, entendiéndose equipamiento, pavimentación, bienes urbanos, parques, estructuras sanitarias, el año 1989, se invirtieron once mil doscientos millones de pesos en todo el país, y en el año 1996, la inversión fue de sesenta y cinco mil millones de pesos en lo mismo para resolver esas carencias.

Informó que el total de viviendas contratadas por el Serviu en 1990 fue de ocho mil ochocientas noventa y cinco, con una superficie promedio unitaria en metros cuadrados de 36,59. El año 1996, fue de veintitrés mil viviendas, con un promedio de 41,90 metros cuadrados. De esta manera, se está mejorando la calidad de las viviendas, lo que significa un mejor estándar con los recursos de que se dispone hoy.

El primer objetivo de la política de vivienda de este país es reducir el déficit habitacional y por primera vez en estos últimos años se ha conseguido. El segundo objetivo es mejorar los estándares. Las cifras señaladas así lo avalan, con un mejor estándar en más metros cuadrados de la vivienda, etcétera. En esta materia, hoy estamos realmente en una situación mucho mejor que antes.

Aclaró que no hay que confundir la vivienda por reparar con la dañada.

El catastro incluye las viviendas con daño leve, que es sólo humedad. La vivienda por reparar es un concepto multiplicador muy grande, que eleva casi de 1 a 2 el total, porque, cuando son construidas en edificios, hay que reparar el edificio completo y no sólo una. Eso hace que el total se multiplique, de manera tal que el informe proporcionado a esta Comisión sobre las viviendas afectadas y las viviendas por reparar se entienda que se realizó considerando el máximo de viviendas, aunque se incluya a aquellas que en el edificio no tuvieron ningún daño.

Lo más importante es que, cuando se estudie el catastro, se podrá advertir que en las viviendas del Serviu el progreso de reparación ha sido mayor que en las privadas por la dificultad para obtener los mandatos.

Señaló que el caso de la población El Volcán sea probablemente el más grave de todos, porque el año 1985, a raíz del terremoto en la Región Metropolitana, sufrió una destrucción más o menos importante, debiendo reconstruirse rápidamente y sin suficiente presupuesto, incluyéndose en esa oportunidad los bloques de cemento. De ahí viene el uso de estos bloques en la Región Metropolitana, solución constructiva adecuada de impermeabilización, que responde a los efectos causados por los temporales.

Agregó que otra enseñanza dejada por los temporales es, obviamente, que todavía el país tiene capacidad de acción desarrollada para enfrentar emergencias naturales de esta magnitud. No existe una definición en el plan nacional de emergencia. A partir del próximo año, el Gobierno pretende aplicar algunos programas que permitan educar a la gente antes de empezar el próximo invierno. Esa educación es muy importante, porque hoy se están agregando mejoras a las viviendas que, si no se manejan bien, pueden ser el elemento a través del cual se inunden, como el caso de las canaletas, pero también se debe enseñar a la gente a utilizar las viviendas en cuanto al problema interno que se produce en ellas cuando, por ejemplo, se usan con exceso las estufas a parafina o se cuelga ropa a secar internamente, etcétera, como pasó en la villa El Volcán. Es cosa de preguntar a la gente de la Universidad Católica, cuando sea citada, que pudo demostrar fehacientemente que las paredes húmedas por dentro de las viviendas era un problema de condensación interna y que el sistema de reparación constructiva empleado en ese lugar ha dado excelente resultado.

Añadió que el proceso de reparaciones no puede ser todo lo rápido que se quisiera, porque son reparaciones de terminaciones, y, obviamente, la programación de esas reparaciones no ha sido sencilla.

En lo relacionado con los estándares, en la última licitación de Santiago, que está en estudio y no ha sido adjudicada todavía, se contempla un conjunto de viviendas de 48 ó 50 metros cuadrados, en barrios, con equipamiento, de tres dormitorios; también hay viviendas para la tercera edad en ese lugar -es un elemento importante- y viviendas básicas típicas. El precio es del orden de 248 ó 250 UF por vivienda, en promedio, lo que es una buena noticia, para continuar progresando en la política de vivienda.

Terminó diciendo que cree que la política de vivienda de los últimos años ha sido equitativa y exitosa. Los temporales fueron una enseñanza para hacer mejoras, pero hoy se debe continuar preocupado de seguir resolviendo el problema habitacional, dotando de equipamiento a las poblaciones, lo que no se hizo durante años, pavimentando veredas y calles, etcétera, en poblaciones que se entregaron sin ello, sin disminuir la calidad constructiva de las viviendas.

4.3. INTERVENCIÓN DEL JEFE DE LA DIVISIÓN TÉCNICA DEL MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO, SEÑOR HÉCTOR LÓPEZ.

El señor Héctor López (Jefe de la División Técnica del Ministerio de Vivienda y Urbanismo) manifestó que la promulgación de la modificación de la ley General de Urbanismo y Construcciones, en diciembre del año pasado, conocida como la ley de calidad de la construcción, ha hecho posible tomar algunas iniciativas para generar instrumentos y modificar otros con el propósito de que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo tenga mayor intervención en la fiscalización de los programas privados de viviendas sociales.

En ese sentido, se modificó el decreto supremo Nº 44 que regula los subsidios unificados, para incorporar como exigencia que en conjuntos habitacionales integrados por diez o más viviendas, cuando se trate de primera transferencia, los constructores de estos conjuntos estén inscritos en el registro de contratistas del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

Añadió que la modificación del decreto supremo Nº 44, a través del decreto supremo Nº 65, de 1997, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, permitirá establecer como exigencia para el constructor, en cuanto a calidad, y más allá de cumplir con el trámite burocrático de tener el patrocinio de un profesional arquitecto en la presentación de los proyectos ante la Dirección de Obras Municipales, la obligación de que, en la primera transferencia, se incorporen las especificaciones técnicas, los proyectos de arquitectura y, además, el permiso de edificación de la obra, cuestión que anteriormente no estaba. Con esto se están salvaguardando también los intereses de las personas que pueden comprar o construir viviendas a través del subsidio unificado.

Este año está en tramite en la Contraloría General de la República un decreto que permitirá la creación del registro nacional de constructores de viviendas sociales de programa de modalidad privada.

Hasta el momento, cualquier persona, no necesariamente profesional de la construcción o constructor, puede llevar a la práctica la ejecución de los programas de viviendas sociales en su modalidad privada, es decir, viviendas progresivas privadas, viviendas básicas privadas, viviendas rurales privadas. Este registro permitirá, en cierto modo, tener algún grado de certeza y ofrecer un registro de constructoras con algún grado de respaldo técnico y certificación de aprobación del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en cuanto a su experiencia en el ámbito de la construcción.

Agregó que se estableció la obligación de asistencia técnica a los programas privados de viviendas sociales, no sólo en la postulación, sino más bien orientada al período que va desde la obtención del subsidio hasta la recepción final de la obra. Esto está calificado de suma importancia, dado que se está entregando un instrumento y una asistencia técnica para que aquellos grupos de personas que construyen en forma privada con su subsidio tengan una asesoría adecuada, tanto en la ejecución del proyecto de arquitectura como en aspectos legales y contractuales de los mismos contratos, la fiscalización de la ejecución de las obras y, finalmente, la obtención de las recepciones finales otorgadas por las direcciones de obras municipales correspondientes.

Asimismo, mencionó que está en trámite una modificación del decreto Nº 235, de Vivienda y Urbanismo, de 1985, que regula los llamados programas especiales de trabajadores PET, para exigir a las entidades organizadoras contar con servicios de inspección técnica. Hasta hoy, las entidades organizadoras, que eran los organismos en los cuales se aglutinaba la demanda para los programas especiales de trabajadores, no tenía obligatoriedad de contar con asistencia técnica para dichos programas, quedando más bien radicada en la voluntad de la entidad organizadora para contratar o efectuar por sí la fiscalización de ejecución de estas obras.

De igual manera, se incorpora a los programas regulados por los decretos supremos Nº 62, que regula las viviendas básicas; Nº 140, que regula las viviendas progresivas, y Nº 167, que regula las viviendas rurales, para establecer el carácter de obligatorio de la asistencia técnica.

Destacó que también se incorporó el manual de inspección técnica de obras, que está en pleno proceso de capacitación para inspectores técnicos del país. Este manual de inspección de obras establece una orientación distinta para inspecciones de obras que deban efectuar los fiscalizadores de los Serviu, en el caso de viviendas construidas a través de las licitaciones del servicio, creando las fichas de todas las especificaciones técnicas que deben ser incorporadas en las licitaciones de los programas habitaciones, lo que está en aplicación a partir de este año.

Por otra parte, manifestó que el Ministerio, hasta la dictación de la ley de calidad de la vivienda, no tenía ninguna facultad ni prerrogativa para participar en los contratos del sector privado. Estaba absolutamente vetada su participación, pero, además y simultáneamente, en 1995 y principios de 1996, se empezó a desarrollar, por una parte, el manual de inspección de obras -a todas luces, no podría haber sido estudiado y ejecutado desde junio hasta hoy-, que permite incorporar un nuevo sistema de fiscalización, en el que se incorpora, con participación activa, no tan sólo al Ministerio y a los Serviu en la fiscalización, sino también el autocontrol de las empresas constructoras respecto de sus propias obras. También se hizo el levantamiento de fichas de partida de obras de construcción, que están en ejecución, de antes de los temporales.

Finalizó señalando que, básicamente, ésas son algunas de las acciones que están en aplicación para otorgar mayor capacidad de fiscalización y seguridad en la calidad de las construcciones que se están ejecutando por cuenta del Ministerio o de terceros, con cargo a subsidios otorgados por el Estado.

4.4. INTERVENCIÓN DEL PRESIDENTE DE LA CÁMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCIÓN, SEÑOR HERNÁN DOREN.

El señor Hernán Doren (Presidente de la Cámara Chilena de la Construcción), presentó el siguiente documento, que refleja la posición oficial de la Cámara Chilena de la Construcción:

“PRESENTACIÓN DE LA CÁMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCIÓN

I.- Programas habitacionales vigentes.

Al iniciar el desarrollo de nuestro planteamiento, queremos puntualizar y comentar muy brevemente algunas características de los diversos programas habitacionales vigentes.

1.Viviendas básicas. Sistema regulado por el D.S. Nº 62-84 y sus modificaciones, en el que los interesados postulan directamente en el Minvu, debiendo cumplir requisitos de antigüedad y de ahorro programado. Se otorga anualmente una cantidad aproximada de 27.000 subsidios, cuyo monto unitario es de 140 UF, destinados a la compra de viviendas en las que el Minvu actúa como mandante primer vendedor frente a los beneficiarios del subsidio, a quienes se les asigna una vivienda. Éstas son construidas por empresas constructoras a través de un programa anual de licitaciones públicas. El costo promedio de estas viviendas en el año 1996 fue de 260 UF, aproximadamente.

2.Viviendas progresivas. Sistema regulado por el D.S. Nº 140-90, que otorga un subsidio de 120 UF para la urbanización, en una primera etapa, de un sitio al que se dota de vialidad básica, instalaciones domiciliarias de agua potable, alcantarillado, electricidad y de la construcción aproximada de 10 m2 de cocina y baño, a los que los beneficiarios le adosan una construcción precaria (callampa). Considera una segunda etapa de crecimiento, por cuenta del propietario, para lo que se otorga un nuevo subsidio de 18 UF. El Minvu es el mandante primer vendedor de estas soluciones habitacionales. Se destinan anualmente recursos para financiar 13.700 subsidios aproximadamente, los que generalmente no se aplican en su totalidad por falta de oferta.

Este sistema de operación, afortunadamente, no ha sido de aplicación exitosa, ya que ha demostrado ser la mejor forma de producir un crecimiento deteriorante de la ciudad, al incorporar a un mayor costo estándares muy bajos de vivienda e incentivar la construcción espontánea e inorgánica.

3.Viviendas PET. Sistema regulado por el D.S. Nº 235-85 y sus modificaciones. Contempla un subsidio de sólo 90 UF, no requiere de permanencia del ahorro; es un contrato entre privados que establece una relación mandante-comprador, que excluye la participación del Minvu, el cual sólo otorga el subsidio. Valor máximo de la vivienda, 400 UF. Se otorgan anualmente 15.000 subsidios, aproximadamente.

4.Viviendas del subsidio unificado. Sistema regulado por el D.S. Nº 44-88 y sus modificaciones, a través del cual se puede construir o adquirir una vivienda económica, de carácter definitivo, nueva o usada, cuyo valor no supere las 1.500 UF, Está considerado otorgar 27.600 subsidios en el presente año, de acuerdo a los siguientes tramos de valor de la vivienda:

Tramo 1: Precio máximo/vivienda de 500 UF. Subsidio de 120 UF (70% del total).

Tramo 2: Precio/vivienda entre 501 y 1.000 UF. Subsidio de 100 UF. Ahorro previo 100 UF (20% del total).

Tramo 3: Precio/vivienda entre 1.001 y 1.500 UF. Subsidio de 80 UF. Ahorro previo 150 UF (4% del total).

Renovación urbana: Precio máximo/vivienda 1.500 UF. Subsidio de 200 UF (1662, en 1996) (6% del total).

En todos los tramos el Estado sólo financia el subsidio. El resto del financiamiento proviene del ahorro previo de los postulantes y de un crédito hipotecario. Se establecen las responsabilidades de contrato privado entre las partes, actuando la constructora o empresa inmobiliaria como primer vendedor en el caso de las viviendas nuevas.

Éste ha sido un programa exitoso, de gran flexibilidad, donde se ha producido un mejoramiento en el diseño y calidad de las viviendas por acción del mercado, con el menor número de conflictos por problemas de calidad o estándar y donde, finalmente, se observa mayor satisfacción de las expectativas de las familias.

II. Propuestas de mejoramiento de estándares de los programas habitacionales.

Subsidio único y movilidad habitacional.

La evolución de las políticas nacionales de vivienda y los resultados obtenidos de su aplicación nos han llevado a analizar y plantear la necesidad de revisar los procedimientos y la focalización de los sistemas de otorgamiento de viviendas sociales. Este análisis nos ha permitido concluir que el estándar denominado vivienda básica constituye una respuesta inadecuada a la realidad de un país que crece rápidamente y que pretende mejorar las condiciones de vida de sus habitantes. Esta situación se ha traducido en un desequilibrio entre las aspiraciones de las personas que demandan una solución habitacional y los estándares ofrecidos a través de los programas de más bajo costo.

A esto debemos agregar que, por falta de demanda, debido a la decisión del Estado de seguir construyendo y asignando viviendas básicas, los propietarios de estas viviendas -alre-dedor de 270.000 en la Región Metropolitana, muchas de ellas totalmente pagadas- no pueden venderlas y así aspirar a una de mejor estándar o en una ubicación acorde con su lugar de trabajo. Esta situación constituye una de las mayores debilidades de la política habitacional, ya que, al no existir la posibilidad de venta por falta de comprador, estas viviendas no representan un valor comercial para sus propietarios, lo que significa una situación injusta, ya que ni el subsidio recibido, ni el ahorro, ni el pago de los dividendos de una vivienda mejoran la condición económica de los propietarios.

Creemos que una de las causas más importantes de esta situación de desequilibrio la encontramos en el fuerte carácter asistencial que ha marcado a los planes habitaciones nacionales, que obligó en un momento determinado a establecer estándares tan bajos.

Estimamos que una diferenciación entre los sistemas de acceso a las viviendas ofrecidas a los grupos que necesitan un fuerte apoyo del Estado y aquellos dirigidos a los grupos que cuentan con posibilidades de ahorro y son sujetos de crédito puede contribuir a superar esta diferencia entre aspiraciones y estándares.

Queremos insistir en este punto, pues creemos que, dada la realidad del país, el Estado debe dimensionar el déficit de viviendas de carácter asistencial y definir políticas especiales para enfrentarlo y resolverlo, sin que éstas entorpezcan el desarrollo de nuevos programas de vivienda que deben desenvolverse en el marco de una economía de mercado creativa, libre y competitiva (movilidad habitacional).

Estimamos que estos nuevos programas -siempre enmarcados dentro de la actual política de acceso a la vivienda- deben incluir una proposición de reestructuración que, a partir de la privatización de los programas de viviendas básicas nuevas, de hacer neutra la aplicación de los subsidios a viviendas básicas usadas, del desarrollo del mercado secundario de la vivienda básica y de la puesta en práctica de una nueva política de subsidio único y parejo, mejore el funcionamiento y gestión del mercado de la vivienda subsidiaria en todos sus tramos y facilite el desarrollo de planes asistenciales de viviendas, con el mismo subsidio único y parejo, que se deberá focalizar en los más pobres subsidios implícitos (tasas, plazos, gastos operacionales) y/o subsidios especiales de focalización al mayor grado de pobreza, al mayor número de hijos, a la invalidez, tercera edad, etc., etc.

Neutralidad de los subsidios.

A pesar de que ya se han hecho modificaciones reglamentarias que permiten la aplicación indistinta de los subsidios a la compra de viviendas nuevas o usadas, no se han implementado la totalidad de los instrumentos y ni se han creado las condiciones, que al facilitar y favorecer la aplicación de los subsidios a la compra de viviendas usadas, posibiliten su real aplicación.

Mercado secundario.

Estimamos que el desarrollo exitoso del mercado secundario de la vivienda básica podría llegar a proporcionar la cantidad de unidades usadas necesarias para satisfacer las demandas de los programas asistenciales de vivienda, sin necesidad de construir nuevas de ese estándar.

Sistema de subsidios.

El desequilibrio antes mencionado no sólo es característico de la relación aspiraciones-estándares, sino que también se manifiesta fuertemente entre oferta y demanda de viviendas de bajo costo, haciéndose urgente generar las condiciones para que la estructura de la oferta se adapte rápidamente a la de la demanda. En este sentido, proponemos:

1.Orientar definitivamente los subsidios para aplicarse, en forma eficiente y sin competencia de la vivienda nueva, a la compra de viviendas usadas. De no cumplirse lo anterior, cada vivienda adicional de bajo estándar que se siga construyendo implica una pérdida social, en comparación a la alternativa de aplicar el subsidio a una vivienda usada también de bajo estándar y construir una vivienda de valor medio para los actuales ocupantes de la vivienda de bajo estándar.

2.Permitir la máxima flexibilidad que conduzca al encuentro entre la oferta y la demanda habitacional “real”. Esto sólo puede lograrse en la medida en que “toda la demanda” pueda expresarse, situación que actualmente no se produce, debido al proceso de postulación en base a lista de prelación (postulación en cola), que causa el sistema de asignación de subsidio vigente.

La demanda real por viviendas es de cientos de miles de familias (existen alrededor de un millón de libretas de ahorro para la vivienda), pero el sistema de selección y asignación “deja entrar al mercado” sólo alrededor de 80 ó 90 mil por año, o sea, menos del 10%. Con un desequilibrio como éste, no cabe duda de que es imposible que un mecanismo centralizado como el vigente satisfaga la demanda, cualesquiera que sean los criterios de selección o las autoridades que los apliquen.

Para corregir esta situación, nuestra propuesta permitirá hacer más eficientes los recursos del Estado, toda vez que se complementarán con los mayores aportes de los propios usuarios, exteriorizando los ahorros ocultos y potenciando sus reales capacidades de endeudamiento con fin habitacional.

Adicionalmente, creemos que es necesario destacar dos aspectos relacionados con los altos cánones de arriendo que pagan muchas familias pobres que están a la espera de un subsidio. Uno de ellos se refiere a que estos desembolsos finalmente les pueden llegar a significar una cantidad igual o mayor a lo que recibirán como subsidio; el otro se refiere al ahorro que les significará el pago de un dividendo que generalmente es menor que el canon antes mencionado.

Estimamos que una forma eficaz y eficiente de lograr el equilibrio postulado sería permitir la interacción descentralizada de los miles y miles de agentes que habrán de participar en la reasignación masiva de lugar de residencia, uso del suelo, capacidades empresariales y profesionales y recursos financieros, en la búsqueda de un mejor “status” habitacional. Hoy estamos muy lejos de ese óptimo y el rendimiento social de los recursos invertidos se está deteriorando.

3.Reemplazar los sistemas tradicionales por un sistema único de postulación (donde el Estado focalice la ayuda para otorgar los subsidios a los sectores de menores recursos), en el cual haya competencia en tiempo real por ellos, entre todos los postulantes que cumplan los requisitos mínimos para su obtención, modernizando sus procedimientos de otorgamiento, por la vía de asignación a los postulantes a medida que celebran un contrato de financiamiento para la adquisición de su vivienda.

El sistema otorgaría “opciones de subsidio” a todos los potenciales beneficiarios que satisfagan determinados requisitos mínimos (de tipo social, ahorro previo, etc.). Quienes tengan la opción de subsidio pasarían a tener el beneficio definitivamente, cuando obtengan el financiamiento complementario y cuando el sector financiero les compre a valor presente la opción del subsidio que se otorgará por el Estado a plazo futuro.

Este conjunto de medidas maximizaría las posibilidades de encuentro entre la oferta y la demanda de viviendas sociales, disminuyendo así los riesgos para los agentes inmobiliarios y financieros, y los costos para las familias beneficiadas.

Finalmente, al reestudiar los subsidios, creemos importante incorporar el análisis de una línea dirigida a la construcción de equipamiento e infraestructura urbana, con recursos provenientes de una redistribución de los actuales fondos disponibles para los subsidios. De esta manera, la política de subsidio inducirá un efecto positivo en el desarrollo de las ciudades, superando su actual efecto de crecimiento con deterioro.

El tema de la renovación urbana.

En relación con el impacto en el desarrollo futuro de los centros poblados donde operen los programas, queremos destacar que, por una parte, permitir la fluidez del mercado conducirá a estimular la construcción de viviendas de mayor valor al hacer más viable el uso de suelos en áreas consolidadas y, por otra parte, favorecerá la remodelación o rehabilitación en algún futuro de las áreas en que estas viviendas se encuentran localizadas hoy.

Cabe hacer especial mención de la orientación actual del Minvu hacia una densificación por la vía de la vivienda básica en altura acogida a la ley de Copropiedad, edificación que constituye un grave problema de futuro para la operatoria de renovación urbana, la que además de ser dificultosa de concertar con los propietarios, tendrá costos de demolición y/o de transformación mayores que producir nuevas viviendas.

Financiamientos necesarios.

Todas las modificaciones de los sistemas de acceso a las viviendas aquí propuestas se basan en que los mayores recursos económicos necesarios para su implementación serán aportados por los futuros usuarios de las viviendas, ya que el reconocerles su real capacidad de crédito y ahorro podría aumentar el precio de la vivienda con cargo al financiamiento hipotecario, sin que el Estado deba aumentar los recursos que destina al desarrollo del programa habitacional. Por otra parte, la gran cantidad de recursos destinados a financiar la acción inmobiliaria estatal, que ya no se realizaría, podrían dedicarse a incrementar los fondos que se dispongan para el desarrollo de los planes asistenciales, por la vía de los subsidios de focalización ya descritos.

A continuación, expresó que deseaba hacer un análisis de la situación actual de los distintos programas habitacionales, con la visión de su sector sobre el tema y, fundamentalmente, de aquellos programas habitacionales que se están llevando adelante con inversión directa del Estado.

Agregó que se ha planteado desde hace bastante tiempo el tema de las viviendas progresivas, y piensa que no es válido que se siga adelante con ese programa.

Señaló que, respecto de la situación del programa de viviendas básicas, ha llegado el momento, por las condiciones actuales imperantes en el país, de que el Ministerio de Vivienda traspase dicho programa al sector privado, manteniendo el Serviu la fijación de estándares mínimos o una supervisión de los programas. Añadió que ha llegado el momento de hacer una revisión y una simplificación del tema de los subsidios. Hoy, se puede plantear un subsidio único. Los controles que implica llevar distintos tipos de subsidios conllevan a una situación un poco anárquica y muy costosa.

Finalizó expresando que, en términos generales, algunas políticas que se están llevando a cabo van en el sentido correcto. Por ejemplo, la movilidad habitacional es un aspecto positivo. El Ministerio de la Vivienda ha hecho un catastro. Si comparamos el sector de los habitantes del país que requieren un determinado tipo de viviendas con lo construido hasta la fecha, presenta cifras equivalentes, motivo por el cual el hecho de seguir construyendo viviendas con esas características hoy no se compadece con la situación actual.

4.5. INTERVENCIÓN DEL PRESIDENTE DEL INSTITUTO DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CÁMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCIÓN, SEÑOR JAIME MUÑOZ.

El señor Jaime Muñoz (Presidente del Instituto de la Construcción de la Cámara Chilena de la Construcción) señaló que los cuatro programas más importantes que desarrolla el Ministerio de la Vivienda a través de los Serviu, relativos a viviendas básicas, viviendas progresivas, viviendas (planes especiales para trabajadores PET), viviendas del subsidio unificado en tramos 1, 2 y 3 y subsidio de renovación urbana, explican en el informe proporcionado a la Comisión cómo se está manejando el tema de la ejecución de viviendas sociales en el país.

El segundo punto es una propuesta de mejoramiento de estándares de los programas habitacionales, dando respuesta al documento que la Comisión le envió a la Cámara de la Construcción para solicitar información respecto de los puntos 2, 3 y 4 del proyecto de acuerdo que nos convoca y que ésta ha resumido en un estudio que tiene bastante tiempo de maduración, que es el plan estratégico respecto del tema de la vivienda social.

Este plan estratégico está basado en dos puntos muy importantes: el subsidio único y parejo y la movilidad habitacional, según lo señaló el señor Doren.

A continuación, manifestó lo siguiente: “Si queremos hacer una verdadera colaboración para entender y subsanar los problemas contingentes, hay que hacer una reflexión dejando de lado lo técnico y yendo al fundamento.

Creemos que no hay un encuentro entre el producto que hoy se entrega como vivienda social, especialmente la básica y la progresiva, respecto de las aspiraciones de las personas, lo cual produce un choque de voluntades.

Hemos estado muy preocupados, analizando las situaciones respecto de lo que está sucediendo con las casas afectadas por defectos o bajos estándares, sin calificarlos, sino que simplemente reconociendo que hay una parte técnica muy importante. En el fondo, hay un desencuentro entre aspiración y producto entregado. Hemos tratado de ser lo más claros posible y no hemos partido de una base ajena a lo que hoy tiene el Ministerio de la Vivienda como política habitacional.

Las políticas habitacionales del Ministerio de la Vivienda durante los períodos de los ministros señores Etchegaray, Hermosilla y Henríquez están basadas en la movilidad habitacional. Sin embargo, ésta no ha funcionado. Hemos hecho un análisis retrospectivo. Nosotros conciliamos con el Ministerio de la Vivienda este programa habitacional y nos hemos dado cuenta de que se ha producido una especie de incompatibilidad, al existir dos tipos de vivienda básica: una pública y otra privada. Esas dos viviendas básicas, construidas con la separación solamente de una pandereta, van a dar productos de distintos precios.

Si el Estado construye un proyecto en un mismo terreno, éste tiene un valor determinado; en cambio, construido por el sector privado, tiene otro valor. Esos valores van en desventaja del sector privado, porque se producen subsidios implícitos u ocultos en la vivienda básica que construye el Estado. Cuando se trata del Estado, se dan anticipos, se paga por el sistema de estado de pago todos los meses, estados de avances mensuales, no hay riesgo de venta de éstos, no hay propaganda, comisiones ni intermediarios; sin embargo, cuando el sector privado construye viviendas, hay que considerar propaganda, gastos, intereses y todo el financiamiento, incluso, desde la iniciación hasta más allá del tiempo de construcción.

Una vivienda se termina de construir con la recepción municipal y las escrituras para cobrar las platas no tienen un plazo inferior a tres meses. Para cobrar los subsidios y hacer todos los trámites, se emplea un mes y medio más. Ése es un factor muy importante, que hace diferencias.

Por eso, coincidiendo con la política de movilidad habitacional, nuestro planteamiento es que no debe haber una competencia desleal entre dos productos que tienen distintos componentes de precio. Pensamos que la modificación de la ley General de Urbanismo y Construcción, que hace responsable visible al primer vendedor, es un factor de discordia. Si las viviendas afectadas hubieran tenido permiso de edificación con fecha posterior al 16 de diciembre de 1996, el responsable primer vendedor habría sido el Serviu, situación que se hubiera “orquestado” de otra forma. En el futuro, el Serviu, primer vendedor, será un peligro de Estado.

El sector privado organizado, corrigiendo las fallas técnicas que hemos tenido en el camino y produciendo un desarrollo tecnológico, puede satisfacer este tipo de viviendas, pero para eso necesitamos que el Estado se retire de la competencia; de lo contrario, seguirá ocurriendo esta situación y la movilidad habitacional no despegará, porque el sector privado construirá una casa al lado de otra que está construyendo el Estado, que se venderá 15 ó 20 por ciento más barata en ese mismo terreno.

Hay un tema de mucha sensibilidad que quiero que los señores diputados consideren. Tenemos algunas diferencias respecto del tema del urbanismo. La vivienda social ha sido muy exitosa y sostenible en este país. Tanto la Corvi como el Serviu han tenido una labor de gran proliferación de viviendas sociales. Pero, si analizamos lo que está sucediendo con el urbanismo y equipamiento, es evidente que este tipo de vivienda ha deteriorado la calidad de vida de las ciudades. Entonces, si hoy se plantean construcciones con mayor densificación, o sea, viviendas básicas de tres o cuatro pisos, denominadas edificaciones duras, porque, en el futuro, alguna vez tendrán que renovarse. La renovación urbana es un tema que no podemos dejar de analizar, porque todas las experiencias internacionales señalan que países muy importantes en la posguerra construyeron viviendas básicas, les dieron techo a sus ciudadanos, pero fueron de un estándar muy bajo. El costo de demolerlos y hacer la renovación urbana es mayor que una vivienda nueva. Incluso, hoy se propone edificar hasta seis pisos sin ascensor -acogida la ley de venta por piso-. Poner de acuerdo a todos los copropietarios para vender y construir una vivienda adecuada a los tiempos será casi imposible.

Así es como tenemos las experiencias de Francia, Italia y, en particular, la de Alemania, que ya para las Olimpíadas de Munich planteó la renovación urbana: la gran ciudadela olímpica se construyó en Munich para trasladar a las personas que debían recibir una vivienda básica por los daños de posguerra. Lo mismo pasó en Francia e Italia. Hoy, el gobierno francés, en su presupuesto, asigna el cincuenta por ciento para renovación urbana de todas las viviendas que construyó en posguerra, que terminó en 1949; estamos en 1997.

El informe entregado a la Comisión tiene dos características especiales.

Creemos que los tiempos han cambiado; los ingresos per cápita son mayores. Además, desde hace mucho tiempo, las autoridades tienen conciencia de eso. La focalización de la vivienda social tiene un defecto, cual es el ahorro oculto de las personas que acceden a un subsidio habitacional. Así, vemos que hoy se entrega una vivienda básica a una persona y mañana ésta hace rejas, trabajo de antejardín, parrones, ampliaciones y otras cosas más, lo que significa que tenía plata bajo el colchón.

El sistema permite que las personas tengan la plata y no puedan exteriorizarlo pero la tienen. Al día siguiente de entregada la vivienda, van a la ferretería de la esquina a comprar, a precios mucho más caros que cuando se organiza un conjunto habitacional.

Destaco este punto, porque es preferible liberalizar para que las personas paguen por el servicio habitacional que quieren y pueden obtener: no sólo el ahorro, sino también su capacidad de endeudamiento. Hoy es fácil ver que una persona accede a un subsidio básico y ocurre que su grupo familiar gana 500 mil pesos. Es evidente que, en vez de una vivienda básica de 250 ó 260 unidades de fomento, podría comprar una de 700.

Entonces, creemos que las personas deben tener la libertad de comprar un servicio habitacional de acuerdo con sus capacidades. Tanto el sector financiero como las personas están preparados para ello. A lo mejor, hemos menospreciado la capacidad de elección de la gente. Muchas personas que acceden a una vivienda básica tienen automóvil. Decidieron por sí solos de qué marca y de qué año comprarlo y también tienen la opción de vender ese automóvil y cambiarlo por otro o invertir en cualquier otra cosa. En ese sentido va planteado el tema propuesto.

En el documento que hemos preparado, se acompaña un modelo de un subsidio único y parejo. En Chile hay tantos programas habitacionales, que se han creado verdaderos expertos. Desafío a los abogados a que conozcan todos los subsidios con todos sus pormenores.

Cuando los subsidios están orientados a gente de menores ingresos, con bajos niveles de educación y de cultura, se les crea un embrollo espantoso. Por lo tanto, la gente, desesperada, empieza a contratar servicios de asesoría. El país tiene un número increíble de gestores habitacionales, asesores habitacionales, organizadores habitacionales.

Al entrar a la oficina de estos gestores, les cobran tres unidades de fomento de inscripción, cinco para obtención del subsidio, ocho para que elijan la casa. Al final, cuando una persona compra una vivienda de trescientas unidades de fomento y ha pagado cuarenta o cincuenta unidades de fomento en comisiones a estos gestores, la casa se ha encarecido en un quince o veinte por ciento.

Esto debe terminarse. Para ello, debe existir un subsidio único y parejo. Está definido y creemos que el Estado debe hacerse cargo de la parte asistencial, es decir, de toda la marginalidad habitacional, compuesta por todas las familias que no pueden pagar completamente una vivienda y necesitan el apoyo del Estado. Ahí, entonces, el Estado debe actuar, con ése y otros tipos de subsidios implícitos.

Hacemos hincapié en que se produce cierto grado de injusticia en la asignación de subsidio cuando un padre de familia tiene 8 hijos y otro tiene 2. Cada hijo debería dar un puntaje y un subsidio especial, porque una persona que tiene una familia compuesta por 8 ó 10 personas, evidentemente, tiene menos posibilidades de ahorrar, porque primero debe solventar la comida, luego la vestimenta, la educación y la salud.

Entonces, esto está planteado de forma que el Estado asuma el papel subsidiario, con un subsidio único y parejo, pero cuya focalización a los más pobres tenga segundos subsidios: a la vejez, invalidez, tercera edad, todos los subsidios que el Estado crea conveniente. Creemos que ése es un papel del Estado y que es eficiente para focalizar.

El resto de los subsidios debe dejarlos al sector privado. Éste debe actuar como oferta y demanda para que las personas puedan exteriorizar sus capacidades reales, sobre todo hoy, que hay un sistema financiero privado y también estatal -el Banco del Estado- que ofrece más plata de la que la gente consume. Es decir, creemos que la situación ha madurado y se podría dar la situación de oferta y demanda regulada un poco más por el mercado.

Ahora bien, nuestra respuesta está en el documento que hemos entregado a la Comisión.

Estimamos que el Estado tiene una determinada cantidad de recursos. Lo que hoy destina a subsidio es muy importante y respetable y hemos convivido muy bien con ese número.

Pero no es el sector público el que está coartado, sino el sector privado. Creemos que, habiendo un sistema financiero que se ha perfeccionado y que es competitivo, ya tenemos créditos hipotecarios de 250 unidades de fomento que se pelean entre bancos, administradoras de mutuos hipotecarios y que son buenos negocios para las instituciones financieras. La potencialidad de liberar más al sector privado y, muy especialmente al interesado, va a permitir que se produzca lo que estamos buscando, porque aquí hay una gran omisión, que es no seguir construyendo viviendas que no responden al requerimiento de las personas, lo que significa que se ha sacrificado el estándar”.

A continuación, expresó: ““Voy a dar un ejemplo clásico. Las viviendas básicas no tienen piso, sino radier o losa afinados. Cada silla tiene un estoperol metálico, el cual rompe el radier, porque el radier no es piso, es una estructura para recibir un piso. Si se pone flexit, el estoperol metálico no lo daña, no lo rompe.

La Cámara de la Construcción acaba de entregar 24 proposiciones al señor Ministro de la Vivienda para mejorar los estándares de cosas más básicas y más económicas, porque estamos plenamente conscientes de que los recursos son limitados y hay mucha gente que necesita casas.

En el seno de la Comisión se formularon las siguientes consultas:

Primero, sobre el aumento de soluciones básicas en los últimos cuatrienios, comparado con el crecimiento, el desarrollo económico del país y la recaudación tributaria, que señalan que en el cuatrienio 1985-1990 se construyeron aproximadamente 20.685 viviendas y en el cuatrienio 1991-1995 se construyeron 25.159 viviendas básicas, promedio anual que significa un aumento del 21,6 por ciento.

A juicio de la Cámara, ¿se compadece ese esfuerzo en la cantidad de viviendas construidas, en circunstancias de que la recaudación tributaria es de 98 por ciento más y el crecimiento del producto geográfico bruto es del 60 por ciento más en igual período de tiempo? Pareciera que no hay consecuencia entre la mayor riqueza del Estado y la cantidad de soluciones de viviendas que se entregan, comparando los promedios anuales.

Segundo, ante la hipótesis de que se ha optado por cantidad “versus” calidad, hay que considerarla desde el punto de vista de la variación del índice de precios al consumidor respecto de los costos de la construcción. De acuerdo con cifras oficiales del Boletín Estadístico de la Cámara Chilena de la Construcción, el costo de edificación, variación en 12 meses de 1990 a 1996, ha sido un 103,7 por ciento y el IPC, en igual período de tiempo, fue de 88,64 por ciento. Es decir, el alza de los costos de la construcción ha sido de 17 por ciento más respecto del IPC, en circunstancias de que el valor de la vivienda básica se ha mantenido en un promedio entre 232 y 330 unidades de fomento.

Por consiguiente, si lo anterior es efectivo y la Cámara Chilena de la Construcción considera que los valores totales de la vivienda están muy bajos, ¿dónde se produce la utilidad de las empresas constructoras? Se produce, entonces, en desmedro de la calidad.

El tercer efecto distorsionador está de acuerdo con el informe de precios del suelo urbano del Gran Santiago. Los valores señalan que ha habido un fuerte crecimiento en el valor del suelo, en especial en la zona norte de Santiago, donde ha habido una variación en unidades de fomento más o menos del 88,76 por ciento, y de 36,6 por ciento en la zona sur-poniente. Es decir, en resumen, hay mayor costo de construcción, precios en igual valor de unidades de fomento, menores al IPC respecto de los costos de construcción, y un valor del suelo más caro. Sin embargo, se construyen más viviendas, en circunstancias de que los precios se mantienen iguales.

El señor Hernán Doren (Presidente de la Cámara Chilena de la Construcción) respondió que, respecto del primer punto, las cifras son efectivas.

Agregó que es indudable que no podemos juzgar la decisión y la política del país en cuanto a la cantidad de viviendas que se requiera construir; pero las cifras corresponden a la realidad.

Ahora bien, hay un aspecto que también hemos planteado y se refiere a que es el momento de hacer un censo, porque las cifras que se han mantenido desde el último censo, en 1992, hablan de la falta de 700 mil viviendas, cifra que se ha revertido en el último tiempo y, supuestamente, si se han construido entre 130 y 140 mil viviendas anuales en los últimos años y se dice que la cantidad de viviendas que se requieren para superar el crecimiento vegetativo es de cien mil, se estaría reduciendo el déficit entre 30 ó 40 mil viviendas al año.

Consideramos que ha llegado el momento de hacer un análisis serio y cuantitativo para determinar el número de viviendas que faltan y, además, qué tipo de viviendas.

Las demás cifras dadas en esta Comisión son efectivas.

En términos generales, ha habido un encarecimiento en el costo de la construcción y en los suelos. Y hay un aspecto que, de alguna manera, soslaya ese hecho, que es el aumento de la competencia.

Pero no me cabe la menor duda de que la calidad es un factor irrenunciable y significa construir bien aquello que está especificado por el mandante, el primer propietario, el primer vendedor y, cuando son empresas privadas, las empresas inmobiliarias.

Como planteaba don Jaime Muñoz, construir bien significa hacer perfectamente tanto una casa de perro como una vivienda que cueste un millón de dólares.

La calidad es un concepto separado del estándar. El ejemplo típico de comparar una citroneta con un Mercedes Benz permite visualizar este hecho. Ambos son autos, pero los estándares son distintos. Se ha sacrificado el estándar -lo hemos hecho ver y lo planteaba don Jaime Muñoz desde principios del año 90- por una mayor cantidad de viviendas, lo que ha quedado reflejado, por ejemplo, cuando se ha llamado a algunas licitaciones, cuyas ofertas no han sido comparables a los precios requeridos por el Estado, motivo por el cual se ha llamado a empresas en forma directa a negociar. Eso ha significado el sacrificio del estándar.”

El señor Jaime Muñoz (Presidente del Instituto de la Construcción de la Cámara Chilena de la Construcción) acotó que él es constructor de viviendas sociales. Su empresa compra terrenos, no todos los días, para luego construir.

El mayor dilema de este negocio de construir viviendas y venderlas, es qué precio se le asigna al suelo: el de compra o el de reposición.

Como ejemplo, destacó que su empresa, en 1987, compraba terrenos entre 0,08 UF el metro cuadrado y 0,1. Hoy, en Maipú, los terrenos más alejados del centro se venden por lo menos en 1,3 UF. Es decir, prácticamente quince veces el valor en sólo 10 años.

Agregó que, en Puente Alto, el terreno ubicado al lado de las casas Copeva es de su empresa constructora. Lo compran en 0,19 UF y hoy cuesta 1,5 a 2 UF, de manera que la utilidad que producen las casas que ahí construirán no alcanza para la reparación de ese terreno.

Señaló que el precio de la vivienda social está congelado. El Serviu llama por un precio máximo y pone las condiciones mínimas que debe cumplir la vivienda en cuanto a su superficie, materiales, grado de terminación, localización y urbanización. Evidentemente, esto produce una distorsión del mercado.

A continuación, expresó lo siguiente:

“La opinión pública se pregunta cómo se quejan de que el precio es insuficiente y en las propuestas las viviendas son cada vez más baratas. Ayer, precisamente, el Comité de Vivienda Pública, del cual soy director, analizó el tema. Hay explicaciones para todo esto. Cada cual sabe el negocio que hace. Se puede ir a una propuesta sin utilidades, porque se necesita solventar parte de los gastos generales o, simplemente, cuando no se ha llamado a propuesta desde hace tiempo, evidentemente, los productores de materiales venden a precios más bajos, lo que me permite participar en una licitación en condiciones más ventajosas. Así funciona el sector privado y el mercado y las personas son dueñas de ver qué oportunidades tienen.

Se acaba de abrir una propuesta en el Serviu, aumentando el precio de la vivienda hasta 300 unidades de fomento, pero las especificaciones establecen que deben tener canales, bajadas de agua, flexit y una serie de otras terminaciones. En esta licitación, apareció un contratista con un precio idéntico al que se había presentado en una propuesta hace un año y que no tenía ese grado de terminaciones.

Entonces, cuando el mercado actúa realmente, se regula con la competencia y ésa es una demostración clara.”

En la Comisión, se puso especial énfasis en que, en su calidad investigadora, tiene que determinar las causas y las circunstancias de los deterioros producidos en diversos conjuntos de viviendas sociales en distintas regiones del país. Del mandato recibido por la honorable Cámara, también tiene que proponer soluciones, ya sea en modificaciones de los sistemas actuales y/o alternativas para evitar que estos hechos ocurran nuevamente.

Se destacó que la Cámara Chilena de la Construcción ha destacado fundamentalmente materias relacionadas con la reglamentación y con la economía en la construcción de las viviendas sociales que se producen a través del sistema público.

Se mencionó especialmente que la percepción de la gente que vive en esas poblaciones o la de un ciudadano común y corriente es que la responsabilidad es del que construye o del empresario contratista. Por ello, es necesario conocer las causas reales y qué responsabilidad corresponde al sector privado y a sus asociados o al Serviu, ya que las conclusiones deben estar encaminadas en un sentido objetivo.

El señor Hernán Doren (Presidente de la Cámara Chilena de la Construcción) respondió que, como sector, han hecho un análisis de la situación no sólo de ahora, sino también del pasado.

Añadió que, cuando se estableció este programa de viviendas a comienzos del año 1990, hubo varios empresarios del sector que no quisieron participar, porque, justamente, hicieron un análisis y dijeron: “creemos que es un sector de extremado riesgo, motivo por el cual no queremos seguir en este trato de negocio.” Hubo otros que siguieron en esto y con ellos hoy hemos planteado con mucha fuerza, independientemente de la figura del propietario responsable de las especificaciones, que hay un riesgo adicional y un pasivo muy grande que se está generando para el sector privado cuando participa en estas actividades. La Cámara Chilena de la Construcción va a plantear cuáles serán los requisitos mínimos que creemos que deben tener estas viviendas y, en el caso de que no se cumplan, lo vamos a decir con la misma fuerza con que hoy nos planteamos en otros aspectos. Es decir, vamos a decir que creemos que este tipo de vivienda tiene un riesgo adicional.

Estimó que, efectivamente, ha habido problemas de construcción. No podríamos cuantificar si es del uno, del diez o del veinte por ciento. En todo caso, la respuesta de nuestras empresas asociadas para solucionar los problemas producidos, tanto en viviendas básicas como en las del sector privado, ha sido en forma inmediata y sin mayores exigencias. O sea, esto se hizo a pocos días de sucedido el problema y, según cifras que maneja el Ministerio de la Vivienda, un gran porcentaje de los daños ocasionados por construcción están reparados.

En vuestra Comisión, se consideró importante contar con la disposición de las empresas en orden a efectuar reparaciones, en el caso de Puente Alto, Copeva. Sin embargo, no están dispuestas a reparar aquellas casas de familias que están en proceso de querellas. Dirigentes de la junta de vecinos de la población Bernardo Leighton y de otros lugares están dispuestos para dar testimonio de las presiones que ha efectuado la empresa Copeva, en orden a no efectuar reparaciones a las viviendas si los pobladores insisten en su derecho a presentar querellas.

Se hizo hincapié en que éste es un problema de ética, respecto del cual sería conveniente conocer el pronunciamiento de la Cámara Chilena de la Construcción, porque se trata de una situación producida entre privados: entre una empresa constructora privada y propietarios de viviendas PET. Por lo tanto, es una relación de privado a privado.

El señor Hernán Doren (Presidente de la Cámara Chilena de la Construcción) manifestó que, efectivamente, se trata de un problema que existe de privado a privado, en el cual a veces se producen elementos distorsionadores bastante graves. La disposición de las empresas fue entrar y reparar. Lo que pasa es que, en este tipo de situaciones, no solamente en este nivel, sino en cualquiera, de repente se presentan algunos procesos negativos para llegar a establecer la compensación o la reparación a que se es merecedor un dueño de la vivienda; se produce una negociación que no es fácil. Por un lado, hemos planteado a todos nuestros asociados que lo primero que hay que hacer es solucionarles en general los problemas a todos los compradores. Ésa es nuestra recomendación. Pero todos compartirán que, ante este tipo de negociaciones, de repente se plantean peticiones que escapan de la realidad. No estoy diciendo que éste sea el caso. Insisto en que, como recomendación, lo hemos planteado y lo vamos a seguir haciendo, pero es realmente difícil llegar a una posición que sea justa para todos.

4.6. INTERVENCIÓN DEL ASESOR JURÍDICO DE LA CÁMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCIÓN, SEÑOR AUGUSTO BRUNA.

El señor Augusto Bruna (asesor jurídico de la Cámara Chilena de la Construcción) expresó su deseo de complementar y aclarar la inquietud planteada en la Comisión, agregando lo siguiente: “Aquí se presentan caminos paralelos. Creo que tenemos otra visión, porque son situaciones alternativas. Es como si a uno le chocan el auto y el responsable le dice “yo le arreglo el auto en mi garaje”, y usted le dice “mire, aparte de que lo lleve a su garaje, además lo voy a demandar”. Esa persona no le va a arreglar el auto. Le va a decir “demándeme, vaya al juzgado de policía local y espere el tiempo que corresponde al juicio y yo veré los recursos que pueda interponer y vemos qué resulta a la vuelta de un tiempo”. No son situaciones paralelas. Si a la persona le ofrecen repararle la vivienda, tiene la legítima opción de aceptarlo. Si no la quiere aceptar, porque cree que puede obtener más por la vía de la demanda, puede hacerlo. Pero no se puede pretender que, aparte de repararle la vivienda, además quede con las manos libres para demandar. Eso no sería realista. Por lo menos, para la empresa que está ofreciendo la reparación es inviable.”

Continúa el señor Jaime Muñoz.

El señor Jaime Muñoz (Presidente del Instituto de la Vivienda de la Cámara Chilena de la Construcción), en respuesta a interrogantes formuladas en la Comisión, puntualizó que se referiría a las causas de la crisis sólo de las viviendas básicas, sin tocar siquiera las PET, porque se entraría a otro tema. Primero que todo, evidentemente, hay una crisis técnica, que es la falta de tecnología comprobada y regulada por norma. Chile tiene entre el quince o el veinte por ciento de las normas que deberían regir a la construcción. Con esas disposiciones se está trabajando.

Sin embargo, destacó que aquí, afortunadamente, hay gente especializada en materia de la construcción, que trabaja a pesar de que, en gran medida, las disposiciones por las que se rige son inorgánicas.

Agregó que “cuando se construye en los Estados Unidos y pasa esto, se producen los famosos juicios, en que cada persona es demandada por millones de dólares, porque en Estados Unidos si alguien hace un ladrillo de determinada dimensión, con determinado material, suscribe su propia norma y la registra, y dice: éste es mi ladrillo, que resiste tanto, que tiene absorción de agua tanto y que cuando se pruebe debe tener estas y estas condiciones”. Chile adolece de eso. Me podrán desmentir en su oportunidad, si no fuera así, los representantes de Idiem.

¿Cómo se comparten las responsabilidades? Aquí se han conocido, a lo mejor, las bases técnicas de una vivienda básica. Así se llaman; hay una redundancia enorme. Ahí claramente dice que se pueden usar ladrillos de arcilla cocida, hechos a máquina. Se está hablando del ladrillo “princesa”. Que se pueden usar bloques de mortero de cemento, y que en ambos casos, se deben impermeabilizar con un hidrorrepelente que garantice adecuadamente la impermeabilización del muro. Lo que pasa es que no hay norma siquiera para saber qué es “adecuadamente”. Lo de adecuadamente” es una cosa vaga.

Este tema es el análisis puntual de las situaciones caso a caso; aquí hay de todo. Aquí hay responsabilidades porque la especificación o la condición mínima que se estableció por el Servicio de Vivienda y Urbanización Serviu, y que los contratistas al licitar tenían que respetar, y que respetaron, no funcionó; ése es el problema.

A continuación señaló que se referiría a otro tema mucho más gráfico, para salir del de las impermeabilizaciones, porque nos hemos concentrado en ello, y no lo estimaba tan grave.

Añadió, cuando se vuela un techo a una vivienda, y ese techo incluso puede matar gente que está abajo porque cae con todo su peso, evidentemente lo encuentro más grave, y eso se ha producido en la Octava Región. ¿Qué ha pasado? Hemos insistido desde 1987, ante las autoridades pertinentes, en que los aleros deben ser forrados para que, cuando haya temporales, el viento no se meta por ellos y levante los techos. Y les ha sucedido a todas las empresas. Hemos tenido construcciones terminadas, que todavía no hemos entregado al Serviu, en que ha venido un temporal, se han volado los techos y calladitos nosotros hemos ido a comprar más planchas, más madera, más clavos y hemos repuesto la cosa a nuestro cargo. Hay otras situaciones, como ha sucedido ahora, en que están los moradores dentro de sus viviendas, vino el viento, se metió por debajo de los aleros y voló el techo. Ésa es una condición mínima que está aceptada por el Ministerio de la Vivienda y sus Serviu. Tenemos constancia de esto. Aquí se encuentran presentes las mismas personas con quienes estuvimos discutiendo estos temas en 1992, cuando hubo una denuncia de 800.000 viviendas mal construidas en este país. Estaban los señores Haramoto, Elías Arze, Gabriel Rodríguez y quien habla.

En el seno de la Comisión, se le pidió informar en qué fecha se dictó la legislación vigente para la construcción de viviendas sociales.

El señor Jaime Muñoz respondió lo siguiente: el señor Edwin Haramoto (Director del Instituto de la Vivienda de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Chile), conversando afuera hace poco rato, antes de iniciarse esta sesión, me informó que en 1980 ó 1979 se dictó un decreto o alguna normativa sobre las viviendas básicas, con lo cual se creó este tipo de vivienda. Pero en 1984, ante una crisis económica enorme en este país, con gran cesantía en el sector de la construcción, donde los profesionales arquitectos tenían más del 65 por ciento de cesantía, donde la industria de materiales de construcción estaba en el suelo y donde alguien vendió la idea -es una idea que siempre hemos defendido- de que la inversión en viviendas de bajo precio se triplica como actividad económica, se decidió un plan habitacional, porque había una tremenda masa de déficit habitacional. Entonces, se crea una condición mínima de vivienda básica. En 1984 integré esa comisión. Desde ahí empiezan las licitaciones, en las cuales se comienzan a fijar las condiciones. Éste es un sistema de propuestas; no es algo casual. El Ministerio de la Vivienda instruye a sus Serviu para que liciten, al menor precio, las viviendas en terrenos de los privados, con proyectos de los privados, con financiamiento de los privados y que cumplan con las condiciones mínimas que los Serviu imponen. Ésa fue una norma que se dictó desde Arica a Punta Arenas. Las primeras viviendas que se estaban construyendo no eran adecuadas en Punta Arenas, porque no servían para ese clima. Eso se ha ido regulando y mejorando; ahora estamos con el Ministerio en una comisión técnica, y en cada región hay una minicomisión técnica que está estudiando las condiciones propias de cada región.

Entonces, para precisar, desde 1984 viene este sistema, el cual evidentemente para ese año era bastante adecuado, pues había una crisis. Pero ya en 1992 las recomendaciones eran que había que corregirlo. Se han hecho correcciones mínimas.”

Continuó refiriéndose a las responsabilidades y señaló que los contratistas de vivienda pública somos personas que compramos las bases, donde el mandante nos dice: “quiero este producto y el precio máximo es tanto”, y se la lleva el que presenta el menor precio. Cuando me dicen: “puede usar tal material o tal otro”, estoy en frente de un organismo absolutamente técnico; yo también soy técnico.

Nos han preguntado: “si ustedes sabían que esto era malo o bajo, ¿por qué lo hacen?” Ocurre que las viviendas sociales que se construyen en este país, con subsidio, son cercanas a las 90.000. Cuando se habla de que se construye, más o menos, un promedio en los últimos años, de 120.000 viviendas, qué vamos a hacer si no construimos las viviendas; tenemos una actividad. Entonces, cada cual va a evaluar este riesgo, porque somos empresarios privados; cada cual tendrá su ética en hacer o no hacer estas viviendas, cuyo mandante no está pagando por ello.

Si me preguntan sobre responsabilidad, contesto lo siguiente: creo que aquí hay un mandante que tiene una responsabilidad. Las fallas, que son propias de la empresa constructora, que se están arreglando, creo que no son sumables al tema que estamos conversando, porque, primero que todo, todas las empresas están efectuando las reparaciones. En segundo lugar, nunca se ha desconocido que son fallas propias de la construcción. En tercer lugar, cuando en 33 años de profesión he entregado una población -cuando hago poblaciones de 1.000 viviendas-, la entrego a los inspectores del Serviu, me hacen una enorme lista de observaciones, las saco, llegan los habitantes a los dos meses y empiezan a reclamar: “no me cierra la ventana”, “la puerta está desajustada”, “me quedó filtrando el desagüe”. Las empresas hemos estado siempre arreglando estos problemas.

Éste es un sistema que se ha concebido así. Lo que ocurre es que aquí se produce una situación distinta. El mínimo establecido en estas condiciones de vivienda básica permitía el uso del bloque en condiciones adecuadas de impermeabilización; tan subjetivo como esto de “adecuadas”. Sin embargo, falló.

Recuerdo haber escuchado a un representante de la empresa Copeva que dijo: “lo que pasó es que nos falló el hidrorrepelente, y lo vamos a reparar”. Después discutieron el Ministro y el representante o el presidente de la empresa, lo cual es el mayor daño que se le ha producido al sector.

Hago esta aclaración, porque cuando aquí en la Comisión me hablan de responsabilidad, creo que los empresarios la hemos asumido. Estamos achunchados y prestos, sacando todas las reparaciones que no son de nuestra competencia.

El Ministerio, como lo aclaré antes, ha dispuesto un subsidio para mejorar la impermeabilización, que no es adecuada, porque se ha dado cuenta de que su mínimo quedó fuera. Hemos estado en reuniones con representantes del Idiem, y cuando yo les decía: “por qué no hacen tal ensayo, porque quiero saber si se pasa el bloque”, me respondieron: “don Jaime, para eso hay que tener normas”, “para eso, cuando hay 2.300 viviendas, que tienen tantos mil millones de ladrillos, debe existir una norma que diga: cada tantos ladrillos se probará uno”. El señor Delfín me contestó en esa oportunidad al respecto, en una reunión a que convocó el Ministro. Pregunté: “¿ustedes nos pueden hacer una prueba de este producto?” - del polchen o del sica, que se estaban probando en ese momento; nadie sabía qué hacer para que no se pasaran las casas. Yo estaba apurado para tratar de llevar una respuesta al Ministro y para empezar a reparar. Me aclararon: “señor Muñoz, ocurre que tenemos una escala de 1 a 10. Si el Ministro de la Vivienda quiere que probemos que el producto dura diez años, debemos estarlo probando en el túnel de prueba durante un año”. La escala es de uno a diez. Entonces, tendremos que esperar un año para reparar las casas.

Ése es el tema. Es un problema tecnológico. La tecnología de este país está en el suelo, se quedó pegada hace veinte o treinta años, no hay norma y el Idiem no puede probar cosas, porque no tiene normas.

Respecto del tema de la fiscalización, en las especificaciones mínimas se señala que la efectividad del hidrorrepelente se probará en las obras. Conozco a los inspectores, siempre he trabajado para el Ministerio de la Vivienda, en el Serviu de la Región Metropolitana, y puedo dar fe de que son profesionales que desempeñan una función inspectiva, pero no son laboratoristas. Ellos están sumariados.

Finalizó expresando: Nadie les ha comprado siquiera un aparato de prueba ni les ha enseñado a tomar una muestra y, por último, no hay normas. ¿Cómo se puede pretender que la fiscalización fiscal asuma esa responsabilidad?

4.7. INTERVENCIÓN DEL CONSEJERO DEL COLEGIO DE INGENIEROS DE CHILE, SEÑOR ELÍAS ARZE LOYER.

El señor Elías Arze expresó que representa las opiniones del Colegio de Ingenieros, del cual es consejero nacional y añadió lo siguiente: “Soy ingeniero con cincuenta y cuatro años de experiencia, veinte de ellos en el sector público y el resto en el privado. Hace treinta y seis años fundé una empresa de ingeniería que hoy es una de las más grandes de Chile, que tiene cuatrocientos profesionales. Hemos hecho proyectos de ingeniería en todos los campos y especialidades -industria, infraestructura, edificios, viviendas- y no sólo haciendo proyectos, sino inspecciones y administración de construcciones. De manera que esta experiencia es valiosa.

Los problemas de la calidad de la construcción no son únicamente del Ministerio de la Vivienda, sino propios de Chile. Se han puesto críticos y estamos en una posición tal que pueden ser aún mayores en el futuro si no se mejoran muchos aspectos.

Como lo señaló el señor Muñoz, en 1992, él formó una comisión que funcionó aproximadamente seis meses, con el objeto de evaluar la calidad de las construcciones, hacer análisis críticos y recomendaciones. Se hicieron muchos informes. No tenía contacto con él desde entonces, excepto ahora. Mi impresión es que se siguieron muy pocas de esas recomendaciones y la situación no ha cambiado mayormente. Los problemas de impermeabilización se observaron en esos años con los mismos argumentos de ahora. Sin embargo, surgieron algunas cosas útiles, como la ley de calidad, la creación del Instituto Chileno de la Construcción, los manuales del usuario. Es muy importante tener una impresión de cómo son las construcciones en Chile y cuál es su calidad, porque hay mucha confusión al respecto.

Somos el país más sísmico del mundo, mucho más que Japón, México y Estados Unidos. En 1960, tuvimos el terremoto más fuerte de la humanidad, que alcanzó 9,5 grados en la escala de Richter. A pesar de eso, los daños fueron mucho menores que en cualquier país del mundo, incluidos los países ya mencionados. En 1960 se destruyeron cinco edificios modernos y en el movimiento telúrico ocurrido en 1985 solamente dos. En cambio, el mismo año, en México, con un terremoto de la misma magnitud, se perdieron trescientos edificios. En los grandes terremotos de California, Estados Unidos, se han perdido más de ciento cincuenta edificios en cada ciudad, y en Japón, más de setecientos. O sea, nuestra experiencia sísmica y nuestros métodos constructivos han sido muy buenos y son reconocidos en todo el mundo.

Éste es un problema extraordinariamente importante, porque, de acuerdo con los estudios realizados, el costo de los daños de nuestros terremotos es del dos coma nueve por ciento anual del producto nacional bruto, entre lo que se destruye y lo que se pierde por paralización económica. Es decir, cuánto nos ha costado que los puertos de Valparaíso y de San Antonio hayan permanecido por años con cuatro sitios menos y barcos pagando tres mil dólares al día.

Entonces, es esencial mejorar la calidad de nuestra construcción. El dos coma nueve por ciento que nos cuestan los terremotos es el cuarenta por ciento del crecimiento del país, el cincuenta por ciento de nuestra producción de cobre. De manera que el problema de la calidad de la construcción es una obligación de todos los profesionales y legisladores. En Chile, se invierte el 15 por ciento del producto nacional bruto en industria, minería y edificios en altura.

El cincuenta y seis por ciento de lo que se construye en Chile va en estos rubros, que son construcciones mucho más difíciles y complejas que las viviendas. En infraestructura es el diecisiete por ciento y en vivienda es el veintisiete por ciento. La calidad de la construcción en nuestra industria, minería y edificios altos -repito- está entre las mejores del mundo, y así se reconoce. Sin embargo, nuestra infraestructura no es tan buena, porque sabemos lo que sucede. Nuestros problemas de calidad de la construcción están, exclusivamente, en el veintisiete por ciento del rubro vivienda. Es un sector donde se usan métodos constructivos y prácticas totalmente distintos de los empleados en otras áreas. ¿Por qué construimos bien industrias, en mineras y en edificios altos y no sucede ninguno de estos problemas, a pesar de que no hay normas, inspectores, etcétera, y sí ocurre en vivienda?

Ahora, ¿cuáles son las razones de que nuestras construcciones sean buenas? Primero, tenemos una mala legislación y normas muy atrasadas. La principal razón es la buena ética y preparación de los profesionales chilenos que intervienen en todo el ramo de los proyectos y construcciones, que, a mi juicio, son muy superiores a las de otros países. Esto ha llevado a una práctica profesional de una tradición constructiva en Chile que es buena. La buena tradición y ética viene del hecho de que la gran mayoría de los profesionales que hoy actúa en la construcción son egresados de cinco universidades, algunas de ellas centenarias y de gran prestigio. Sin embargo, ¿qué sucederá cuando empiecen a tener importancia en todos estos ramos los egresados de más de sesenta universidades nuevas que están produciendo cuarenta títulos distintos de ingenieros y que no tienen esta tradición? Es un riesgo que tenemos por delante y hay que buscar la manera de precaverse de ello.

Tenemos una ley General de Construcciones totalmente anticuada y obsoleta. Por citar un ejemplo, esta normativa señala que todo lo que se construya y proyecte en Chile debe ser realizado por ingenieros civiles, constructores civiles o arquitectos. Esta ley se dictó cuando el término ingeniero civil comprendía a un profesional que trabajaba en obras civiles. Después se le agregó al término civil un significado distinto. El ingeniero civil es una persona que estudia seis años. Así, tenemos ingenieros civiles eléctricos, mecánicos, químicos, etcétera, lo que es absurdo. Chile es el único país que tiene una doble connotación de la ingeniería civil. Si un extranjero le pregunta qué tipo de ingeniero es, y usted le dice que es civil mecánico, entonces le replica: “Explíqueme, es ingeniero civil o mecánico”. Pero la ley todavía habla de ingenieros civiles y, de acuerdo con nuestra actual legislación, un ingeniero civil eléctrico puede proyectar un edificio de cincuenta pisos, tiene todas las facultades legales para hacerlo, pero sería un error que lo hiciera. O sea, desde este punto de vista, la ley no protege ni la vida de los ciudadanos ni la economía del país.

Nuestra Ordenanza General de Construcciones es también muy anticuada y peligrosa. Por ejemplo, en la última versión de ésta, se eliminó la obligación de presentar planes de cálculo estructural y memorias de cálculos a las municipalidades en todas las obras que no sean de acero u hormigón, las cuales comprenden menos del 5 por ciento de lo que se construye en el país. O sea, en este momento es legalmente posible sacar permisos de construcción sin presentar planos de cálculos y no se requiere ninguna constancia. De hecho, así se está haciendo y se están construyendo obras, principalmente en provincia, sin cálculos. Afortunadamente, esto no ocurre en Santiago.

Otro problema está relacionado con la ingeniería en materia estructural, eléctrica, mecánica y sanitaria. Que haya muchos incendios por cortocircuitos es un hecho que no se debería producir en un país donde hay buena ingeniería eléctrica o que haya gas en los edificios altos significa que la ingeniería se está haciendo mal o no se está haciendo, porque hay que proyectar para que no pasen esas cosas. O que se caigan los puentes cada vez que hay una crecida grande, porque son demasiado cortos, ésa es mala ingeniería. Esta mala ingeniería se puede generalizar y aumentar.

La tercera razón es que no existe en Chile un sistema legal para saber qué profesionales están autorizados para ejercer la profesión. No hay un registro nacional de ingenieros o arquitectos para que se sepa quién puede, legalmente, ejercer su profesión. Existía antiguamente, cuando había que pertenecer a los colegios, pero, cuando éstos se transformaron en asociaciones gremiales, se le transfirió el registro nacional a la Dirección de Identificación, donde no se han inscrito más de dos o tres ingenieros.

Entonces, tenemos una cantidad de práctica ilegal muy grande de la ingeniería en Chile, una cantidad enorme de extranjeros que no están autorizados para ejercer en Chile y que necesitamos. O sea, hay algunos defectos legales que es necesario reparar, entre ellos, la formación o una ley de ejercicio profesional que regule y defina a los profesionales que legalmente pueden ejercer su profesión.

También en todo el mundo hay obligación de que se revisen todos los cálculos de ingeniería y de arquitectura y que se realice inspección de las construcciones por entidades que dependan del mandante y distintas de los que hacen las obras. Esto figura en todas las normas del mundo, lo aplica el sector privado, se hacen los cálculos, hay revisores y una cantidad enorme de empresas de construcciones especializadas muy eficientes revisan todas estas obras.

La fiscalización debe limitarse a controlar que estas cosas las hagan profesionales responsables; es imposible que la inspección y la revisión de cálculos las haga el Estado.

Ahora bien, tenemos problemas en viviendas porque el Ministerio de la Vivienda debería ser una organización moderna, adaptada a las necesidades de hoy de la arquitectura e ingeniería. Estas dos profesiones no se pueden separar. En una vivienda hay tantos proyectos de ingeniería como de arquitectura y todos los problemas que vemos son básicamente de mala ingeniería, malas especificaciones, mala inspección y, a veces, errores de construcción. El 85 por ciento de las fallas que se evidencian en los terremotos se debe a errores gruesos de cálculo o de construcción y el Ministerio de la Vivienda debería ser una organización grande, para manejar recursos similares a los de otras partes. La gente que hace las industrias tiene sus organizaciones de arquitectura e ingeniería muy eficientes; el Ministerio de la Vivienda debería hacer lo mismo, pero me parece que sólo tiene un ingeniero, o dos.

Entonces, faltan normas y nos vamos a demorar mucho en tenerlas; necesitamos tres mil normas. El Instituto de Desarrollo y Normalización tiene ochocientas y no cuenta con dinero para hacer más. Pero, cuando no hay normas, hay que reemplazarlas por especificaciones.

Cuando se construyó la minera Andina, se usó gran cantidad de bloques de cemento muy buenos, se hicieron muy buenas especificaciones, que se trajeron de Estados Unidos. Se construyeron obras en Saladillo y en otras partes de Chile con bloques que no se pasaron nunca.

Creo que el Ministerio de la Vivienda no tiene los ingenieros capacitados o no los contrata para que hagan las buenas especificaciones de ingeniería esenciales en cualquier obra, ni los métodos de revisión independiente. Es decir, el Ministerio debería ser un organismo fiscalizador que entregue al sector privado la responsabilidad de proyectos, construcción, revisión independiente de los proyectos e inspección independiente de las obras. Así se hace en el otro setenta por ciento de las construcciones en Chile, con gran éxito.

Si el Parlamento se convence de estos problemas, que son nacionales, lograremos tener una ley de ejercicio profesional que defina en forma clara quiénes son los arquitectos, ingenieros y profesionales afines autorizados para intervenir en proyectos de construcción. Eso no es muy difícil y se recomendó en forma específica hace dos años, como una empresa moderna de arquitectura e ingeniería con tres funciones básicas, políticas de urbanización y de ambiente. El Ministerio es el mandante de mucho de lo que se construye y debe controlar la calidad de todo lo que se construye en Chile, no sólo de las viviendas.

Si echamos a andar un sistema racional de control de calidad tanto en proyectos como en construcción, el sector privado es perfectamente capaz de tenerlo andando en poco tiempo y seguramente estos problemas se solucionarán también en poco tiempo.

Finalmente, la última ley de calidad, emanada del informe de hace dos años, hace responsables a las empresas constructoras, a los proveedores de materiales o a los proyectistas de los errores en las viviendas que se deban a ellos; son responsables ante el mandante.

En el caso de los calculistas o proyectistas, su responsabilidad es teórica, pues estos profesionales no tienen dinero para responder por sus errores; es decir, un cálculo se paga en el cero coma cinco por ciento del valor de la obra y cualquier error va a costar tres o cuatro por ciento. Entonces, este problema, que existe en todo el mundo, se resuelve en países como Inglaterra o Francia con sistemas de seguros muy racionales y bajos. Eso se estudió hace dos años, de manera que nuestras empresas de ingeniería y construcción tengan seguros de primas relativamente bajas en lo que se llama errores y omisiones y que las empresas de seguros, así como hacen una campaña importante para mejorar, por ejemplo, la protección ante incendios, hagan también una campaña importante para mejorar la calidad de la vivienda.

Terminó agradeciendo la oportunidad de haber expresado las políticas del Colegio de Ingenieros, que ofrece su colaboración a quien la necesite.

4.8. INTERVENCIÓN DEL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y ENSAYE DE MATERIALES DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE, IDIEM, SEÑOR LUIS AYALA.

El señor Luis Ayala (Director del Instituto de Investigación y Ensaye de Materiales, Idiem) expresó que el Idiem es una de las quince unidades que conforman la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, conocida como Facultad de Ingeniería.

Manifestó que su interés era aportar algunos elementos de juicio en este tema tan delicado. Aclaró que ellos son académicos e investigadores que se abocan principalmente al tema técnico y científico y sus antecedentes apuntan simplemente a clarificar de alguna manera el tema, a raíz de que el Serviu, la empresa involucrada en el problema de las casas de Puente Alto y los pobladores afectados, se acercaron al Idiem a solicitar una investigación pericial en la materia.

Añadió que, con el correr del tiempo, se fue perfilando más claramente la petición y, finalmente, se acordó que el Serviu fuera su mandante, en el sentido de definir qué se les pedía como instituto.

Básicamente, los temas en que se han concentrado como unidad académica son tres.

Señaló que han hecho una investigación de los antecedentes que se pusieron a su disposición por parte del Serviu y también en la propia obra. Los temas dicen relación con el diagnóstico de las causas por las que se produjeron las filtraciones en los muros perimetrales de las viviendas de Puente Alto, el análisis estructural de los edificios en el sentido de su comportamiento al incorporar una carga de estuco exterior en sus muros perimetrales y, con posterioridad, un tercer requerimiento ha sido analizar el comportamiento y resistencia de las losas bajo pruebas de carga.

Hizo presente que están concluyendo la investigación y a punto de emitir un informe técnico. Si bien han hecho algunos anticipos y entregado información preliminar, las conclusiones finales de dicho estudio todavía no se han terminado y no se ha emitido un informe final.

En esta oportunidad, ha pedido colaboración a dos colegas que han estado más directamente involucrados en el tema y que manejan los aspectos técnicos específicos. Por un lado, el señor Federico Delfín, ingeniero jefe de la Sección Investigación y Ensayo de Estructuras, que ha llevado a cabo la investigación directamente, y el ingeniero señor Gabriel Rodríguez, especialista en física y “confort” habitacional, relacionados básicamente con la humedad y aislación térmica habitacional.

Señaló que, en términos generales, como instituto están conscientes de que el tema es muy complejo de abordar y, si bien ha habido presiones para que el instituto se pronuncie sobre la culpabilidad, si existiera, de los problemas que han surgido en estas construcciones, han querido quedar al margen de ello y aportar sólo elementos técnicos, para que el juicio lo hagan otros.

Respecto a ciertas definiciones básicas sobre seis posibles causas que intervendrían en este problema, partiendo por las causas naturales, en primer lugar el país está muy consciente de que los dos elementos naturales básicos en el diseño y construcción de nuestras estructuras son los sismos y los temporales. Los sismos nos han dado una lección y el profesor e ingeniero a veces nos ha dicho cómo ha sido esta evolución a lo largo de la ingeniería nacional. Hemos aprendido las lecciones y creo que hemos definido un estándar y normas técnicas para precaver en forma precisa y clara los efectos que pueden tener los sismos en una construcción, pero no ha pasado lo mismo con los temporales ni con los eventos hidrometeorológicos extremos.

No sólo las viviendas han tenido problemas a raíz de los temporales de este año, sino también la infraestructura del país, lo que se debe, fundamentalmente, a que nos hemos quedado atrás en la investigación científica y tecnológica respecto del tema y, por otro lado, en un retraso evidente en la incorporación de técnicas y estándares nuevos en la construcción de estructuras, en términos de parámetros que manejen los efectos de los temporales.

Cuando se habla de los efectos de los temporales, hay que tomar decisiones delicadas y no fácilmente cuantificables, porque los temporales abarcan un continuo de magnitudes, desde un efecto mínimo imperceptible hasta uno máximo desastroso, y en algún punto de ese rango hay que tomar decisiones respecto de contra qué se precave una construcción. Por ejemplo, el tema de la impermeabilización no se refiere a que se pasa o no se pasa el agua, porque la impermeabilidad tiene que ver con la dificultad al paso del agua de un material, la que puede ser mayor o menor. Se puede aceptar que una impermeabilización es razonable si se la dimensiona para cierto tipo de temporal, cierto tipo de lluvia o cierta duración del temporal, pero, pasado ese límite, a lo mejor la impermeabilización no sirve.

Por lo tanto, no es fácil fijar normas en ese sentido, no existen tan claramente y, al menos en nuestra construcción actual, no están determinadas.

También está de por medio el otro aspecto de los temporales, que es la severidad con que afecta un temporal. En ese sentido, una lluvia puede ser más o menos intensa, y dicha intensidad puede significar mayor o menor solicitación sobre una estructura, directamente como es el caso de las viviendas, o de manera indirecta, a través de los caudales que escurren en un río, que pueden provocar la falla o colapso de una obra o un puente. Ahí hay que tomar decisiones que exigen caracterizar el evento natural. Se habla con mucha soltura de evento natural, pero hay que caracterizarlo, y para hacerlo, se debe tener información meteorológica y todo un aparato -como en los países desarrollados- que registra esta información y, a partir de modelos matemáticos, se generan informaciones que permiten tomar decisiones.

Una vez caracterizado el evento, hay que decidir con qué magnitud se definen las normas de diseño, y para eso también se requieren investigaciones apropiadas, porque no se le puede echar la culpa a un elemento constructivo particular. Menciono aquí, en relación con las viviendas, el uso de los bloques de hormigón que, en sí, no puede ser catalogado como defecto de construcción o mala decisión. Se puede cuestionar la característica del bloque que, en general, se ha centrado en el análisis y diseño de estructuras, fundamentalmente en su resistencia mecánica, pero no del paso del agua, y hay que hacer la caracterización frente al paso del agua para decidir qué características tendrán estos bloques. De hecho, en construcciones de otras partes del mundo los bloques tienen otras características; probablemente, se construyen de mayor espesor, con más cemento, con arena más fina, de manera que su porosidad y permeabilidad sean más bajas, pero ello tiene directa relación con las condiciones climáticas para las cuales se diseñan y construyen las estructuras.

En ese sentido, quiero dejar claro que hay una relación muy directa entre la solicitación a que expone la estructura el evento natural y, por otro lado, el material y el sistema constructivo que se emplee.

Hemos descubierto, a través de las investigaciones realizadas en Idiem, que también es difícil catalogar el comportamiento de la estructura, porque no existen ensayos normalizados o aceptados en el país que permitan establecer si el paso del agua a través de un elemento como un bloque de hormigón es aceptado hasta cierto límite o no lo es.

Por ejemplo, investigando el tema los expertos, liderados por el ingeniero Federico Delfín, han encontrado que las normas francesas son bastante rigurosas en el ensayo de la impermeabilización. Básicamente, consisten en hacer pasar agua desde una columna líquida hacia el muro por medio de una boquilla adosada bajo una carga de agua de unos 10 centímetros, lo cual permite caracterizar cuán impermeable puede ser un muro. En consecuencia, la investigación ha permitido aclarar que los bloques de hormigón se comportan bien cuando, por un lado, tienen una capa de hidrorrepelente, pero se comportan muy mal cuando en la carga interior se prueba el mismo sistema y no tiene ese elemento. De acuerdo con esa norma y adecuada a las condiciones de este país, indicaría que estos muros debieron haber resistido el paso del agua, lo que no ocurrió. Entonces, eso obligó a hacer una investigación más detallada y se simuló más fielmente la condición del fenómeno de lluvia sobre el muro, llegando a la conclusión de que si se proyecta el agua sobre el muro, simulando una lluvia con una velocidad asimilable a la que tendría el viento natural, sí se pasa. Por lo tanto, en ese sentido, la norma no está tomando en consideración el detalle que se necesita para precaver la impermeabilización que se busca, lo que nos lleva a concluir que, en definitiva, frente a un problema específico, como el que se vive en el país, debiéramos tener una respuesta técnica ad hoc y propia para solucionar ese problema. Eso obliga a tener más claro que el país debe tener un sistema de investigación de desarrollo tecnológico más adecuado, transferencia y adecuación de sus normas constructivas a un sistema más moderno.

En términos generales, es lo que quería informar lo que ha sido la participación del Idiem en este tema.

4.9. INTERVENCIÓN DEL INGENIERO DE IDIEM, SEÑOR GABRIEL RODRÍGUEZ.

El señor Gabriel Rodríguez (ingeniero de Idiem) expresó lo siguiente: “Presidente, quiero recordar que Chile es un país de loca geografía, a diferencia de otros desarrollados, como, por ejemplo, Alemania, Francia, incluso Estados Unidos, porque, a pesar de que algunos son menos extensos, son muy redondos. Chile ocupa una ubicación de norte a sur que lo hace ser muy diferente, con un clima muy severo y extremo. Prácticamente, tiene todos los climas del mundo; sólo nos falta el amazónico.

Eso complica las cosas, porque obviamente el diseño no es sólo forma o geometría, sino mucho más que eso. O sea, primero, en el diseño debe preguntarse cuáles son los requerimientos por el clima, lo que es muy complejo: lluvia, sol, calor, temperatura, frío, humedad, humedad-vapor, humedad-líquida, salinidad en el suelo y en el ambiente, luz ultravioleta, etcétera. Es muy complicado. Entonces, la pregunta es: ¿cuáles de esas partes del clima son los requerimientos que debemos imponer al diseño para elegir el material adecuado? No podemos cambiar una ventana que ha sido diseñada de madera y hacerla de aluminio o de plástico, porque seguramente vamos a cometer un error muy grave.

Quien proyectó la torre Eiffel no la pensó en barro ni en hormigón, sino que en acero. De lo contrario, hubiera salido muy distinta si la hubiera hecho en esos materiales. Entonces, hay una relación muy íntima entre el diseño que tiene que responder a ciertos requerimientos y el material que se elija.

De por sí el bloque no es malo. A lo mejor, no lo sabemos usar en las condiciones adecuadas. No le podemos echar la culpa al bloque, al hormigón o al ladrillo, sino que, quizás, no lo sabemos usar en las condiciones adecuadas para ese requerimiento. Creo que por ahí están los errores que se cometen.

Por lo tanto, una norma hecha, por ejemplo, para Chile, a lo mejor, es válida en una parte, pero no sirve en otra.

En 1978, propusimos que se hiciera una norma de zonificación climática: la 1079. Por falta de medios, el Instituto Nacional de Normalización la ha mantenido igual, a pesar de que han transcurrido veinte años.

En esa norma se clasificaban nueve zonas climáticas básicas y en cada una de ellas debía estudiarse el calor, el frío, el viento, etcétera, y recomendar aquellos materiales que fuesen adecuados. Sin embargo, en aquella ocasión decíamos que, justamente, en el norte los bloques de hormigón se comportaban bien, pero sólo lo decíamos para el norte. En esa época, se construía en el norte con bloques de hormigón, pero por diferentes circunstancias se ha ido expandiendo su uso y hemos llegado a una zona en la cual pareciera ser que ese material no es el adecuado. A lo mejor, necesita una complementación, porque no es que no se pueda usar.

Por lo tanto, esto pasa por un estudio acabado de las condiciones climáticas, para hacer normas que correspondan a cada zona. En este momento, estamos haciendo estudios para dividir el país en ocho o nueve zonas, con el fin de introducir en éstas todas las comunas y saber cuáles son las exigencias que se deben aplicar en su territorio. O sea, se trata de que cada municipalidad sepa que le corresponde tal o cual clima, porque las normas cambian y hay que ir modificándolas periódicamente, adecuándolas a las condiciones en que hoy se encuentra la tecnología.

De las dos mil normas que hay, unas setecientas son de la construcción y más de la mitad, prácticamente, están obsoletas.”

4.10. INTERVENCIÓN DEL JEFE DE LA SECCIÓN INVESTIGACIÓN Y ENSAYE DE ESTRUCTURAS DE IDIEM SEÑOR FEDERICO DELFÍN.

El señor Federico Delfín (Jefe de la Sección Investigación y Ensaye de Estructuras de Idiem) expresó ante la Comisión: “Presidente, bastante se ha resumido el campo que hemos estado trabajando para establecer responsabilidades, en cierto modo, respecto de los efectos que tuvieron los temporales en la casas de Copeva en la comuna de Puente Alto. Se trata de una investigación especialmente orientada a encontrar, por un lado, si se cumplieron o no se cumplieron las especificaciones y, por otro, ver cuáles fueron las causas por las que el agua ingresó a las viviendas en esa forma.

Por otra parte, se trata de salvar una duda que se sembró en relación con la estabilidad estructural de las viviendas.

El primer tema, del cumplimiento de las especificaciones, se agotó haciendo ensayos de los diferentes materiales: hormigón, bloques, morteros, etcétera. En definitiva, en todo ese conjunto de materiales, no aparece ninguna falla evidente con respecto a nuestras normas. Los materiales que se usaron son los que estaban especificados en la dimensión que se especificaba en los planos.

En el tema de la permeabilidad de los muros se hicieron pruebas dinámicas con lluvias y se llegó a la conclusión de que las partes principales en que se usó, el bloque de hormigón era permeable y esa permeabilidad no la ha solucionado el impermeabilizante externo. Por lo tanto, había un desconocimiento por parte del constructor y del fabricante de los bloques, por cuanto éstos eran permeables. Nuestras normas no exigen una prueba de permeabilidad que dé seguridad respecto del punto. Tanto es así, que se abrieron dos bloques de distintos fabricantes y hemos visto que un mismo fabricante tiene bloques que se venden al mismo precio y algunos son extraordinariamente buenos, desde el punto de vista del agua, y otros, como los que se usaron en Puente Alto, son cincuenta veces más permeables de lo que establece la norma francesa. Entonces, es un problema de desconocimiento, al no darle importancia al fenómeno de la lluvia. Las viviendas se están construyendo para cumplir unos niveles de calidad estructural, pero de la parte física, en la habitabilidad, se exige muy poco.

Respecto del asunto de los bloques, el problema está en que la norma chilena no la establece el gobierno, sino que lo hace el Comité de Normas, y están muy poco actualizadas. La norma chilena de bloques de hormigón es del año 1969 y considera principalmente 3 propiedades, que son: la resistencia, la suspensión mecánica y la parte dimensional del bloque en lo que se refiere a la tolerancia dimensional y la absorción de agua. La absorción de agua se considera como una propiedad que estaría garantizando la impermeabilidad, pero está muy lejos de ser eso, porque más bien va a la porosidad en general para fines de durabilidad del material. En Europa y países avanzados, le agregan a esta norma un criterio de permeabilidad a través de un ensayo de succión. Eso no lo tenemos y, por lo tanto, nuestros bloques salen con cualquier succión. El fabricante sólo cumple con estas 3 propiedades, pero no lo está haciendo con una básica, cual es evitar que el material se sature de agua en pocos minutos. Las bases del Ministerio estaban previendo esa situación, incorporando un hidrorrepelente en la superficie, pero ahora, con los ensayos, se ha visto que esos hidrorrepelentes engañan un poco al que evalúa. El perlado, por ejemplo, se supone que sería una prueba de calidad del hidrorrepelente, pero estaría bastante lejos de ser una prueba válida para garantizar que el bloque no se va a saturar. En definitiva, en este caso el bloque de hormigón se está usando sin contar con una exigencia adecuada para las condiciones a que está expuesto. Como decía don Elías Arze al utilizar una especificación del bloque que viene de Estados Unidos, en el caso de la minera Andina construyeron todo un campamento; sería aceptable en dicho país, pero el bloque chileno que ha utilizado Copeva no cumpliría jamás con la norma de Estados Unidos.”

4.11. INTERVENCIÓN DEL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE, SEÑOR EDWIN HARAMOTO.

El señor Edwin Haramoto (Director del Instituto de la Vivienda de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Chile), expresó que había aceptado gustoso poder colaborar con la Comisión y aclarar algunos temas, especialmente en relación con los puntos 2, 3 y 4, del proyecto de acuerdo sobre propuestas de mejoramiento de normas, estándares y de programas habitacionales, como también de ahorro y créditos hipotecarios con subsidio público, materias todas que tienen que ver con políticas o programas habitacionales, ya que, como arquitecto, se ha especializado en diseño habitacional.

Manifestó no ser la persona más indicada para decir cuál es la responsabilidad, sino que, como investigador académico, trata de explicar que situación que esto forma parte de la larga historia de los sistemas de licitación y de cómo se han ido modificando desde el término del Gobierno de la Unidad Popular, en que hubo una administración directa tanto de proyectos como de construcciones, en que todo lo hacían las empresas constructoras del Estado. Eso llegó en un momento a un nivel. Con el tiempo, se efectuaron una serie de traspasos de responsabilidades al sector privado, dentro de la política que estaba definida claramente en el gobierno del Presidente Pinochet.

Señaló que en 1977, se dictaron ciertas normas que tienen que ver con el sistema llave en mano, con proyectos precalificados. En ese momento, los proyectos se calificaban. O sea, se presentaba una propuesta, los proyectos eran evaluados por un jurado de personas y se asignaban puntajes en distintos rubros. Este sistema cada vez resultó más completo, a veces más engorroso, hasta que, según lo disponía el decreto Nº 29, de 1984, se procedía a la contratación de obras a suma alzada. Hay modificaciones que llevaron más bien a establecer un sistema en que se privilegian ciertos requerimientos fijados y establecidos en todos los rubros: diseño, especificaciones, etcétera, que eran el piso que debía cumplirse. A su modo de ver. allí no había una evaluación cualitativa, sino un cotejo de lo que se cumple o no se cumple.

Con este sistema y corriendo el año 1984, se estableció el plan trienal de vivienda -lo formuló la Cámara Chilena de la Construcción. En ese momento, asumió don Modesto Collados, como Ministro de Vivienda y Urbanismo; se llevó adelante el plan trienal. Fue la primera vez que se puso un conjunto coherente de líneas de acción y de programas para atender a los distintos sectores de la población. Dentro de eso, estaba la vivienda básica, surgida en 1980.

Esto fue dando resultado y constituye el beneficio y los problemas. En la medida en que resulta un programa exitoso, generando cada vez más viviendas, porque fueron creciendo en 1985 hasta llegar a 70, 80 y más de cien mil viviendas anuales, creo que todo gobierno tiene que atender un poco a esa razón: mantener y también mejorar estas producciones anuales de viviendas.

Destacó que ha sostenido siempre que, junto con la cantidad, tiene que irse mejorando la calidad, no solamente en términos constructivos.

Hizo presente que en la pauta sobre la calidad, a lo menos, hay siete puntos que no sólo se refieren a la vivienda, sino que a aspectos del conjunto residencial, a su localización, que constituyen una serie de problemas que cree que están presentes. Ninguno de los puntos se refieren a aspectos físicos y también ambientales; o sea, es una pauta bastante larga.

Destacó que en 1992 hicieron algunas recomendaciones. Aquí se preguntó por qué no se habían tomado en cuenta. Cree que hay varias razones. Una de las que ha escuchado es que el planteamiento lleva a mejorar la calidad integral, no sólo desde el punto de vista de las especificaciones. En ésta o en otra oportunidad, podría plantear, dentro de ese tema, la calidad residencial de los conjuntos habitacionales del país, que va más allá del problema contingente y de los problemas constructivos técnicos.

Expresó que, al plantearse el tema de la calidad, hay un juicio de por medio y siempre la discusión ha estado en si ese juicio iba a ser subjetivo o no. Ése también fue el planteamiento al modificarse en 1984 la forma como se evaluaban las viviendas. O sea, a partir desde entonces, se supone que había un juicio más objetivo, y la objetividad del juicio es la que ha primado para no modificar e introducir nuevamente factores que pudieran quizás tender a una subjetividad que haría peligrar los resultados, en cuanto a la participación también de las empresas constructoras en esta producción exitosa, en números, bastante grande de viviendas. Cree que hay factores que deben tenerse presentes.

A su modo de ver, señaló que la recomendación en 1992 contenía una serie de medidas en cuanto a la licitación de viviendas y a cómo mejorar y considerar aspectos como plus para ganar una licitación, en cuanto a calidad, tanto de diseño como de programas.

Finalizó diciendo que trata de explicarse y preguntarse, si las recomendaciones eran buenas, por qué no se pudieron llevar a cabo; si un gobierno, desde el punto de vista internacional, muestra un país con mucho éxito en los resultados de las políticas habitacionales, por qué no se ha logrado cambiar, por qué no se han superado ciertos problemas que se han detectado.

4.12. INTERVENCIÓN DEL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA GARCÍA POPELAIRE HERMANOS, SEÑOR DANIEL AEDO.

El señor Daniel Aedo (representante de la empresa constructora García Popelaire Hnos.) expresó sus agradecimientos a la Comisión por la invitación para dar a conocer el punto de vista de su empresa respecto de los problemas que se presentaron, ocasionados por los temporales en los conjuntos habitacionales visitados por la Comisión.

Aclaró que la empresa tiene más de diecisiete años de trayectoria en el mercado de la construcción, con aproximadamente setecientos mil metros cuadrados construidos, equivalente a dieciséis mil viviendas construidas y ha tenido una presencia fundamental dentro de la Sexta Región, como motor de desarrollo.

Los conjuntos visitados responden claramente al esquema de vivienda social que se ha estado desarrollando en los últimos años, y presentaron defectos o fallas de especificaciones muy claramente, de la misma manera en que se presentaron en casi todos los conjuntos habitacionales.

Hizo presente que el problema se desarrolló como fruto de un fenómeno muy puntual, como fueron los temporales pasados y, en el fondo, sólo debido a una deficiencia en las especificaciones, producto de lo requerido por parte del mandante, en este caso, del Servicio de Vivienda y Urbanismo, Serviu.

Entregó a la Comisión un completo informe con documentos, en el cual se explayan respecto de las características técnicas de las viviendas y de los descargos por un sumario efectuado por la Contraloría Regional, debido a una visita hecha al conjunto construido.

4.13. INTERVENCIÓN DEL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA GARCÍA POPELAIRE HNOS., SEÑOR ENRIQUE PÉREZ GARCÍA.

El señor Enrique Pérez (empresa constructora García Popelaire Hnos.) reiteró que su empresa lleva mucho tiempo construyendo este tipo de viviendas. Añadió que la adjudicación de las obras se gana a través de una licitación pública, en que la empresa recibe las bases técnicas generales y, a partir de ellas, elabora su proyecto. Ese proyecto termina con una serie de antecedentes técnicos y especificaciones técnicas que elabora la empresa, según los antecedentes incluidos en las bases.

Generalmente, la licitación la gana la empresa por ofrecer el mínimo precio, lo cual significa que, de todas las alternativas que se proponen en las bases técnicas, hay que escoger las más económicas.

Si las bases señalan que hay que hacer una casa que tenga cuarenta o más metros cuadrados, se proyectará la que tenga cuarenta metros. Eso se debe a las determinaciones técnicas mínimas que permitan ganar la licitación.

Por ejemplo, el mínimo requerido es la superficie. Ahí hay un elemento base: la superficie mínima construida. Eso significa que se elabora un proyecto donde se contemplarán tres dormitorios, un baño, un comedor, en los cuarenta metros cuadrados, más una loggia, la cocina. Dentro de esos antecedentes, se indica, por ejemplo, “instale un wc”, el cual puede ser de losa, pero después dicen “ponga un estanque de asbesto cemento, o un estanque de losa o uno de plástico”. En consecuencia, hay que ver cuál es el más barato de los tres. En este caso es el plástico, que funciona bien durante un tiempo, pero, por ser plástico, su estándar es bajo y no va a tener un funcionamiento óptimo a través del tiempo.

Las bases señalan que el dormitorio principal debe tener un “tabique autosoportante”, el cual está hecho en base a una plancha de masisa y una estructura de madera de dimensiones mínimas: media pulgada por pulgada y media cepillada, impregnada a presión y vacío cuando va en contacto con el hormigón, o el hormigón del radier, lo cual conforma la separación entre los dormitorios y los pasillos. Ahí va una puerta.

Si se considera la forma como se cierran las puertas, esto es, dando un portazo, ese marco no va a funcionar óptimamente a través del tiempo, porque es un material muy liviano. El material con que está hecho es de lo mejor que hay en el mercado, pero la estructura misma no es buena. En el baño se utiliza un tabique que también es de estructura mínima, con estructura de madera de 45 milímetros de escuadría, revestida, por un lado, con asbesto cemento mínimo que existe en el mercado de 3,5 milímetros, y, por el otro lado, de volcanita de 8 milímetros, cuando da a recintos secos, siendo su espesor mínimo.

En el caso de los marcos metálicos, también se especifican espesores mínimos de un milímetro, los que, al soldarlos a la estructura de hormigón, no tienen una función óptima en el tiempo. Ahora, hemos visto que en los marcos metálicos de ventanas la gente cuelga la ropa de una ventana a otra, lo cual produce un deterioro lógico, porque se trata de materiales del estándar mínimo existente y no están considerados para el uso que se les da por el propietario.

En base a todas esas especificaciones técnicas se hacen este tipo de viviendas. Las empresas deben ceñirse estrictamente a dichas especificaciones, que las propias empresas elaboran, que son las mínimas para ganar este tipo de licitaciones.

En la Comisión se consultó: ¿Cuándo tomaron la decisión y bajo requerimiento de quién se iniciaron las reparaciones de viviendas y en qué plazo se terminarán, y cuál es el costo adicional para la empresa, y si tienen que considerar cálculos de resistencia para enfrentar sismos?

El señor Enrique Pérez (representante de la empresa constructora García Popelaire Hnos.) respondió: Cuando se presentó el problema, el Serviu nos solicitó efectuar las reparaciones de las viviendas, y eso es lo que hemos estado haciendo. Nuestra meta es terminar dentro de este mes. Se están haciendo reparaciones de impermeabilización en los patios exteriores de los edificios, se colocaron canales de aguas lluvia en PVC, que hasta el momento es el único material que se puede garantizar por diez años (no hay otro), y siempre hemos mantenido personal para que se preocupe de solucionar los problemas de la gente, lo que, por lo demás, es nuestra intención.

Respecto al costo, en este momento, se están dando alrededor de 12 UF para solucionar los problemas y más o menos unas 3 UF sería el costo de la empresa, lo que alcanzaría a unas 15 UF. En todo caso, es una cifra variable, porque no es igual el daño en todas las viviendas. Además, se están instalando celosías, porque a través de las loggias que van a los patios se mojaban igual los departamentos.

No tenemos problemas de tipo estructural. Se está probando en los edificios que se han ido terminando, Tenemos un tratamiento de impermeabilización, nuevas manos de pintura, y hasta ahora no hemos tenido otros problemas.

Respecto a soporte de sismos, no se podría afirmar que si hoy hubiera un sismo de grado ocho o diez no va a pasar nada. El cálculo de cada uno de estos proyectos está hecho en relación con las bases técnicas generales que el mandante entrega. Hay una especificación mínima que el mandante pide y en base a eso se hacen nuestros cálculos.

En la Comisión se puso especial énfasis en que en las visitas a las poblaciones siempre se ha constatado que los edificios se pasaron de agua a causa de la calidad del material empleado, y se destacó que lo más preocupante es lo observado en Quilicura y Colina, que son las fallas estructurales.

Se hizo presente el caso de losas total y absolutamente partidas, con grietas de más de un milímetro y medio del permitido; incluso se hizo la prueba de la polca. Los baños tenían menos de un milímetro de revestimiento de afinado, algunos estaban rotos y lo peor es que en algunas partes se tiraba la cadena en el tercer piso y el agua servida rebasaba el lavaplatos del primero. Por eso, a la Comisión le preocupa no basarse sólo en las filtraciones de agua, porque eso es una consecuencia lógica de un material excesivamente poroso.

Se dejó en claro que esta Comisión no es juez, sino que su misión es obtener mejorar la calidad de las viviendas y de los materiales que en ellas se emplean. En el fondo, pretende dar una solución, en conjunto con las empresas, por cuanto ellas son los ejecutores. Y es necesario centrar el debate en el tema de la calidad de los estándares para que la gente que accede a una vivienda quede conforme, no cuando le reparen la vivienda, sino cuando le entreguen una sin fallas, que no necesite reparación.

El señor Enrique Pérez (representante de la empresa constructora García Popelaire Hnos.) expresó que una fórmula para mejorar esta situación es cambiar el sistema de licitación. Cuando las licitaciones son en base a ofrecer el precio mínimo, las empresas buscan el estándar mínimo. Por ejemplo, en este momento, el conjunto que están construyendo es de 250 UF, pero si hubiera presupuesto de 40 UF más, podrían ofrecer mejoras a esa vivienda para elevar su estándar, ya instalando ventanas de aluminio o poniendo un piso de 1,6 milímetros, reemplazar el tabique del dormitorio, etcétera.

Otro problema surge cuando las empresas proveedoras de materiales para este tipo de viviendas ven que se les está restringiendo su negocio. En un momento determinado, se planteó la posibilidad de cambiar las cañerías de PVC por cobre y al día siguiente los proveedores de PVC preguntaban por qué.

En la Comisión llamó la atención conocer de parte de las empresas constructoras que este tipo de construcciones se hace con estándares mínimos, de poca duración y que habrán de enfrentar problemas en un lapso determinado, y porque con ello se omite lo dispuesto en la ley de calidad de la construcción, ya que, a sabiendas, hayan tenido la honestidad de decirlo, porque esto significa que en las futuras especificaciones no se debería trabajar con estándar mínimo, sino garantizar la calidad de las viviendas. Lo anterior, sumado a que los proveedores no entregan materiales sujetos a control de calidad.

Interviene el señor Daniel Aedo.

El señor Daniel Aedo (representante de la empresa constructora García Popelaire Hnos.) expresó que es importante dejar en claro que en una construcción hay grietas y grietas, y son un fenómeno manejable. De hecho, todas las estructuras funcionan agrietadas y cuando se diseñan se hace para que funcionen así, porque son materiales de elásticos deformables, es decir, se deforman y mantienen deformaciones en el tiempo. Entonces, de pronto la gente dice: mi casa está agrietada, se va a caer y resultan ser grietas absolutamente manejables, porque se sabe dónde van a estar y dónde se esperan.

En segundo lugar, en materia de alcantarillado, muchas personas piensan que el alcantarillado es la continuación del tarro de basura. Hemos encontrado las cosas más inimaginables que se pueden pensar. En una vivienda social el alcantarillado funciona exactamente igual y está hecho con los mismos materiales que en un edificio de 12.000 UF en San Damián en Las Condes. Son exactamente iguales; la única diferencia es que la gente de Las Condes no toma el alcantarillado como la continuación del tarro de basura. Pero en estos casos sí se hace. Entonces, queda obstruida la descarga del alcantarillado en el primer piso, el tubo se empieza a llenar rebasando por el primer punto de salida que tiene, que son los artefactos. En la mayoría de los casos, éste no es un problema de construcción, sino del mal uso que se le da a la vivienda, y esta Comisión debe tener muy claro que la gente de las viviendas sociales les da un pésimo uso a sus casas en general.

La mayoría de los representantes de empresas que estamos aquí construimos viviendas de tres pisos, que son edificios colectivos. Me ha tocado ver aberraciones cometidas por personas que han cortado un pilar del segundo piso por la mitad y lo han sacado, comprometiendo la estabilidad del edificio en el primer y tercer piso, por querer hacer un ventanal. Eso ocurrió en una población en La Pintana. Problemas a ese nivel se producen en estas poblaciones y si el día de mañana el edificio se cae la empresa constructora será culpable.

El material que habitualmente se usa en las descargas de alcantarillados es el pvc, y el pvc sanitario que se usa en las viviendas sociales o en cualquier tipo de vivienda. Existen dos tipos de soluciones de unión, una cementada y la otra que se llama unión goma. La única diferencia entre una y otra es que una se hace con un solvente y la otra es una solución que se puede sacar y poner. Pero, en general, el material de alcantarillado que se utiliza en todas las viviendas es exactamente el mismo. Antiguamente, para instalaciones en altura se usaba el fierro fundido, pero ahora sólo se usa el pvc en todas las viviendas.

La unión encementada en pvc se hace en base a un solvente. El pegamento es un solvente que disuelve el pvc y enlaza químicamente una pieza con la otra y las deja funcionando de una sola manera como pieza única. La otra unión funciona con una goma y se puede dilatar. Se usa cuando se trata de instalaciones de mucha longitud, porque los plásticos se dilatan y se contraen con la temperatura. Entonces, cada cierto número de metros, hay que poner una de esas uniones.

Para responder a la inquietud de la Comisión, señaló que, en Colina o Temuco, las instalaciones sanitarias de plástico o de cobre comparativamente son muy parecidas. Y diría que en el tiempo, confiablemente, una buena instalación de plástico es mucho mejor que una instalación de cobre. Las instalaciones de cobre funcionan con “fitting” y piezas especiales que son de bronce, las que no tienen un control de calidad riguroso. Habitualmente, uno ve en edificios de muy alto nivel que al año o dos años se tiene que romper el muro para reemplazar un codo de cobre que salió poroso o cualquier otra pieza que empezó a dar problemas. Sin embargo, en las piezas de pvc, los plásticos tienen muy pocas deficiencias y si queda una unión bien ejecutada no debiera tener problemas nunca, a menos que se le dé un mal uso desde el punto de vista de agresión mecánica.

Lo que pasa en las viviendas sociales es que las instalaciones quedan a la vista. Entonces, muchas veces la gente las pasa a llevar con los pies, los niños se suben o bien ocupan las instalaciones de colgadores. Pero no es porque la instalación sea de mala calidad, sino porque en la mayoría de las ocasiones se rompen por mal uso.

4.14. INTERVENCIÓN DEL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA MAYA, SEÑOR JOSÉ ALDANA.

El señor José Aldana (representante de la empresa constructora Maya) agradeció la invitación de la Comisión y señaló que su presencia se justificaba por el propósito de informar el papel que habían tenido en los conjuntos habitacionales visitados por los integrantes de esta Comisión.

Estimó oportuno destacar que el sistema constructivo que se está observando en el país se remonta al año 1983, sobre bases mínimas de construcción con cuadros normativos de ese año. Así es como se contratan las obras. Se ha demostrado un funcionamiento bastante eficiente en el tiempo, si se analiza el número de viviendas construidas.

La mayoría de los cuadros normativos y especificaciones mínimas de hoy han probado su eficiencia en el tiempo en un período en el cual no se manifestaron grandes temporales ni menos lluvia de 6 días continuos, que finalmente terminaron por afectar las construcciones.

La experiencia que tiene el servicio mandante es más bien de tipo empírico, porque no ha sido probada en laboratorio con respecto al uso o mal uso que pueda tener una vivienda.

Por otra parte, expresó: Si nos referimos al comportamiento mismo de la vivienda, nuevamente debemos decir que es eficiente. Con especificaciones técnicas en un rango mínimo, no tiene por qué ser mala ni defectuosa, aun cuando existe un grado de responsabilidad, respecto de lo que una empresa pueda ejecutar de buena o mala forma, lo que es supervisado a través de un control de calidad, el cual también en un momento dado puede fallar.

Como decía, si desde el año 1983 el nivel de observaciones a la construcción de los conjuntos fue mínimo, ahora se manifiesta de forma bastante fuerte por distintos medios de prensa la filtración de muros, que, si bien es un problema conflictivo para las familias que ahí viven, ello no quiere decir que el sistema de construcción no sea el adecuado. El caso de las instalaciones de gas hizo crisis hace dos meses, en construcciones que no son precisamente viviendas sociales.

Si analizamos la parte que corresponde a la empresa Maya, puedo informar que, en el período de 1992-1996, construimos 8.500 viviendas, de las cuales el Serviu, considerando que se trataba de fallas de orden menor, ordenó que debíamos mejorar el estándar. Ello se debió a que, si en una población llueve durante 6 días, no podemos negar que las viviendas puedan tener defectos puntuales. A nuestro entender, la falla debe ser del tres al cinco por ciento.

Destacó que la empresa se queda con una unidad de posventa, visitando el conjunto para hacer las reparaciones. Añadió que una casa o un departamento es un elemento que entra en funcionamiento. Para su puesta en marcha, se debe hacer una tarea de instrucción para la gente, para que haya un orden, se atiendan los defectos y se dé buen uso a la vivienda.

Con las reparaciones vemos que estamos haciendo un mejoramiento del estándar, tales como las canaletas y bajadas de aguas lluvia. Además de todas las partidas ya conocidas, hay un reconocimiento de que esas partidas deberían haber sido incorporadas mucho antes. Porque, si tocan períodos secos de 5 ó 6 años, las canaletas de aguas lluvia no se van a ocupar y porque un temporal similar al que nos afectó no se registraba en el país desde hace cincuenta años. Y van a estar ahí, porque son necesarias para precaver alguna situación eventual. No podemos permitir que se repita nuevamente lo ocurrido.

Estimamos que el subsidio de doce unidades de fomento forma parte del ahorro oculto que tienen los pobladores, porque cuando se entrega un conjunto habitacional se presentan casos de viviendas en cuyos arreglos se invierten más de cincuenta unidades de fomento por el propietario en los siguientes tres meses.

Las empresas tenemos que poner todo de nuestra parte para hacer lo mejor respecto de estos problemas y coordinarnos tanto con los laboratorios como Idiem y demás, para normalizar las partidas de materiales que son problemáticas. Cada empresa tiene su estadística para saber en qué falló. Eso lo hemos asumido directamente, más el mejoramiento propio que contrató el servicio.

Otro aspecto que hemos observado, y que lo señaló el señor Aedo, es la falta de información por parte del ocupante, del poblador, porque no se le da importancia al manual de uso de la vivienda. Se habla de un manual que han hecho distintas instituciones, entre ellas el Serviu.

Si analizamos la experiencia de otros países con un nivel de desarrollo equivalente al nuestro, dicho manual es un capítulo que obliga a la persona a leer con respecto al uso que le debe dar a la vivienda para no incurrir en defectos que a veces son estructurales o de instalación. Porque es muy habitual que, en una instalación mínima, se diga: “atienda artefactos lavamanos, wc y deje solamente un centro para un lavadero”. Hay personas que van a usar el lavadero directamente con una manguera y otros van a instalar una lavadora. Esa instalación eléctrica que a uno le pidieron no está concebida para que tenga una lavadora, porque necesita un tablero automático independiente; tampoco estaría prevista la carga eléctrica para poner otro artefacto como una campana extractora en la cocina.

Hoy tenemos problemas de humedad. Si focalizamos los defectos puntuales, se pueden atacar y es probable que el alza de precio en la vivienda no sea importante. Eso es lo que podría informar a la Comisión en términos generales, y lo apreciamos como algo totalmente controlable. Insisto en que la especificación mínima no tiene por qué ser deficiente y las fallas puntuales que han tenido las empresas, en general, las han atendido; los demás son mejoramientos propios aplicados a la vivienda. Nuestra empresa ha construido poblaciones en Punta Arenas, Coyhaique, Puerto Montt, Santiago y también en el norte, y las especificaciones que tienen tanto las viviendas de Puerto Montt como de Coyhaique son distintas de las de Santiago. Ésas tienen un alero de cincuenta centímetros, en lugar de 30. El traslapo y la pendiente son distintas. Por lo tanto, el comportamiento ante la lluvia es distinto.

En Santiago también hay que acumular esta experiencia y el Ministerio de Vivienda tiene que considerar estos defectos para que las propuestas futuras contemplen que lo ocurrido no vuelva a suceder por causa de una economía mal aplicada. Tanto es así, que hoy día las licitaciones vienen con esas partidas de mejoramiento incorporadas y ya se tradujeron en partidas obligatorias.

En la Comisión se le consultó sobre el precio real que debiera tener una vivienda social con buen estándar.

El señor José Aldana (representante de la empresa Constructora Maya) respondió: “En este momento, el marco de precio es del orden de las 300 unidades de fomento. Aquí hay una parte bastante subjetiva respecto del precio por unidad, porque tenemos el caso de algunos sectores de Maipú en que el terreno incide en una vivienda en el orden de las cien unidades de fomento y hay otros, como en Puente Alto, que puede ser de veinticinco ó treinta unidades de fomento.

Si determináramos que el valor del terreno fuera estándar y suponiendo que todos van a poner el mismo valor pro forma de cincuenta unidades de fomento, dejamos doscientas cincuenta unidades de fomento para construcción, en el entendimiento de que la vivienda mínima debería tener cincuenta metros cuadrados. Por ejemplo, en conjuntos habitacionales PET, que acabamos de entregar al Servicio Nacional de Salud, en la comuna de Recoleta, construidos a través del Serviu, comprobamos que la superficie de cincuenta a cincuenta y un metros cuadrados es bastante más eficiente para el mismo grupo de personas que una vivienda de cuarenta metros. Incluso, la persona puede ordenarse mejor en ese espacio y tiene un mejor grado hasta de ambientación con esa superficie y altura que se está dando. Pensamos que el hecho de aumentar en ocho metros cuadrados subiría el valor en alrededor de cincuenta unidades de fomento adicionales.

4.15. INTERVENCIÓN DEL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA PROCTORA, SEÑOR HÉCTOR ZÚÑIGA.

El señor Héctor Zúñiga (representante de la empresa constructora Proctora) agradeció la invitación y felicitó a la Comisión por abordar un tema tan importante como es la calidad de la vivienda, sobre todo para los sectores de menores ingresos, y expresó estar de acuerdo en cuanto a los aspectos técnicos planteados en esta sesión.

A continuación, añadió: es indudable que el estándar aplicado actualmente es insuficiente. Basta entrar a una vivienda social para darse cuenta, al ver un tabique de veinticinco milímetros de masisa o el marco en que se apoya y los materiales que se utilizan, de que no son aislantes.

Es imposible pedir más a esos materiales, porque la definición de estándar, la calidad de la vivienda y el servicio que presta constituyen un problema fundamental de costos. Hay que definir los costos, lo que no es un problema fácil de resolver. No podemos subir mucho el estándar de la vivienda, porque si bien cuenta con subsidio, la mayor parte la pagan los propietarios.

Si se analizan las estadísticas, en Chile un veinte por ciento de la población gana menos de cien mil pesos. Entonces, pretender que esas personas accedan, por sus propios medios, a una vivienda más cara, es muy difícil, salvo que se consiga por el sistema de subsidio.

Desde ese punto de vista, la cosa es simple: el estándar se mejora en la medida en que la vivienda sea de precio mayor.

Ahora bien, hay aspectos que no podemos desconocer. Como empresarios, estamos en condiciones de mejorar. Con la situación vivida, todas las empresas hemos aprendido a tener más cuidado en algunos aspectos.

Por un lado, está la calidad de los materiales; por el otro, los procedimientos constructivos y lo rigurosos que debemos ser en el método constructivo.

El control es muy importante, si bien implica un costo. Si nos fijamos en los proyectos que se llevan a cabo en los países desarrollados, se ocupa entre un tres al cinco por ciento en control, en inspección, en inversión. El control está concebido en términos de aumento de la productividad.

Nosotros no hemos incorporado ese concepto, no alcanzamos a gastar el uno por ciento en control. Lo que se invierte en un inspector del Serviu para que se preocupe de supervisar las viviendas es mínimo, del orden del cero coma algo por ciento.

Por otro lado, a las empresas constructoras, dentro de su esquema, producto del sistema, el sistema nos ha llevado al límite en la calidad de la vivienda. También nos vemos obligados a trabajar con los costos mínimos exigibles de acuerdo con las bases administrativas que rigen un contrato, más que de acuerdo con las normas, ya que si una empresa sube los estándares, es decir, sus costos, queda fuera de la propuesta.

Se trata, entonces, de cumplir con lo que especifica el mandante para participar en las propuestas. Es sabido de todos que las propuestas públicas no tienen las más altas utilidades; por el contrario, son contratos muy estrechos.

Si se han construido viviendas de doscientas cincuenta unidades de fomento, es porque el empresariado chileno ha sido muy eficiente en la administración de los recursos y ha logrado llegar a esos precios.

En todo caso, el sistema adolece de defectos y habría que revisarlo desde el punto de vista del control, lo que no significaría un aumento de costos muy importante. Si consideramos una vivienda de doscientas cincuenta unidades de fomento y se invierte un dos por ciento en control, significa cinco unidades de fomento más de costo adicional por vivienda.

En este aspecto se requiere de mayor exigencia, y ello implica mayor inversión. Todo parte por las exigencias que establezca el Serviu. Si exige, por ejemplo, como se hace en Obras Públicas, que la empresa que construye tenga una oficina de ingeniería que inspeccione lo que se está construyendo -Emos trabaja con ese mismo sistema-, es indudable que debemos incorporar en los costos la contratación de esa empresa de ingeniería para que realice las inspecciones.

En Chile, la manera más eficiente de inspeccionar se efectúa por otras empresas particulares que se dedican a estas tareas y asumen la misma responsabilidad o similares a las de las empresas constructoras. En ese sentido, el sistema se ha regulado muy bien.

En cuanto a la calidad, en términos de utilizar mejores materiales o aumentar el tamaño de la vivienda, son aspectos que es necesario evaluar, porque el problema es cómo se financia, quién lo va a pagar. Ésos son análisis estadísticos que hay que hacerlos en profundidad.

Ahora bien, es indudable que se deben cumplir los aspectos mínimos. Todos debemos tener clara la calidad estructural que debe tener una vivienda. En ningún caso puede aceptarse que una vivienda, por barata que sea, en su estructura no cumpla con las normas.

Las normas o exigencias a que son sometidas las viviendas sociales son exactamente las mismas que las de los edificios más caros de Chile. Se calculan con el mismo espectro sísmico, porque se utiliza un sismo modelo para Chile; se le pone la misma cantidad de fierro, se exige la misma calidad de hormigón, etcétera.

Desde ese punto de vista, se puede sostener que si hay alguna falla de ese tipo, el problema, a lo mejor, va por el lado del control más que por la calidad, porque ésta debe ser exactamente la misma, no tiene por qué ser mala. Lo primero que se precave es la seguridad de las personas.

Se mencionaron las fisuras en algunas poblaciones. Es efectivo que no todas las fisuras que aparecen en las estructuras ponen en riesgo la estabilidad de la estructura. En ese sentido, para determinar si una fisura se produjo por mala construcción, hay que hacer un análisis e investigación para determinar si realmente corresponde.

En general, una de las cosas que nos ha llevado a este límite es el hecho de que las bases hayan sido tan repetitivas a través del tiempo, que no se hayan modificado. Nosotros hemos ido optimizando el diseño de las viviendas y hemos llegado a lo óptimo para poder participar de estas propuestas, que son tremendamente competitivas. Eso mismo ha llevado a entregar lo mínimo permitido, por decirlo de alguna manera.

4.16. INTERVENCIÓN DE LA JEFA DE POLÍTICA HABITACIONAL DEL MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO, SEÑORA MARÍA DE LA LUZ NIETO.

La señora María de la Luz Nieto (Jefa de Política Habitacional del Ministerio de Vivienda y Urbanismo) expresó que, dentro del tema de esta Comisión Investigadora, hay medidas que se están tomando en el Ministerio y, particularmente, por parte de la División de Política Habitacional, en relación con las futuras propuestas de viviendas. En ese sentido, se han realizado algunos cambios que permitan asegurar la calidad de las viviendas, apoyando la ejecución de programas privados a través de la creación del Registro de Constructores de Viviendas Sociales y de la prestación de asistencia técnica, que debería ser obligatoria para todos los programas privados destinados a la población de menores recursos. También se han establecido medidas destinadas a asegurar la calidad en los sistemas establecidos para la población de estratos medios y medios bajos, como son los del subsidio unificado, a través de la declaración de la gestión de calidad que las empresas constructoras van a hacer y que está relacionada con la solicitud del permiso de edificación.

Por otra parte, al solicitar la recepción municipal, se deberá emitir un informe sobre las medidas de gestión de calidad que se tomaron durante la construcción. Además, se incluye en el reglamento del subsidio unificado una modificación por medio de la cual para todos los conjuntos superiores a diez viviendas se exigirá que el contratista tenga su inscripción vigente en los registros del Serviu y del Ministerio de Vivienda de la región respectiva, ya que estos registros se mantienen constantemente al día y con la calificación de la acción de los contratistas respecto de los contratos hechos directamente por Serviu, para que permitan tener una apreciación más certera de la calificación de la empresa constructora de que se trate.

Por último, en el caso de las viviendas que se producen a través del programa especial para trabajadores, se incluye una exigencia para que las entidades organizadoras de estos conjuntos contraten una inspección técnica durante todo el desarrollo de la ejecución de las obras. Esta inspección técnica siempre tiene que ser externa y ajena a la empresa constructora; puede ser parte de la propia entidad organizadora cuando ésta tenga los recursos técnicos para ejercer estas funciones o puede ser contratada con una empresa externa.

Ésas son las medidas fundamentales del superación de calidad que se han adoptado.

Se le hizo presente que el ingeniero señor Elías Arze expresó ante la Comisión que Chile tiene 600 normas para la construcción y que en cualquier país civilizado se aplican más de dos mil quinientas normas. Dentro de éstas, están las de impermeabilización y, a la vez, hay varios tipos de calidad y de durabilidad de las impermeabilizaciones. Por lo tanto, es de gran importancia lo señalado por el ingeniero señor Elías Arze, por tratarse de una autoridad en la materia. De conformidad a lo anterior, se le consultó si considera que existe carencia de normas y de especificaciones claras respecto de la construcción.

La señora María de la Luz Nieto (Jefa de Política Habitacional del Ministerio de Vivienda y Urbanismo) respondió que, en lo relativo al número insuficiente de normas que regulan la construcción en el país, en el caso de la construcción de viviendas contratadas por los Serviu, las especificaciones se hacen en forma detallada en los contratos, ya sea por especificaciones incluidas en las bases por las cuales Serviu llama a las propuestas o por especificaciones definidas por las empresas que realizan sus ofertas, las cuales también forman parte de los contratos. De manera que, en materia de especificaciones, si bien hay insuficiencia de normas de aplicación general y estándar para toda obra de construcción, sea del sector público o del privado, en el caso específico de las obras que contrata Serviu, las especificaciones se detallan en forma minuciosa.

En el seno de la Comisión se le hizo notar que la empresa Copeva, por ejemplo, tiene una calificación de la recepción de una obra de noventa y cinco sobre un total de ciento, lo que permite pensar que tiene buen comportamiento, de conformidad al mandato del Serviu.

La señora María de la Luz Nieto (Jefa de Política Habitacional del Ministerio de Vivienda y Urbanismo), respondió que, si la empresa no tiene calificación de ciento, sobre ciento, no cumplió a cabalidad con el contrato y con todas las especificaciones señaladas en él. En todo caso, la materia de calificaciones de los contratistas es de competencia de la División Técnica de Estudio y Fomento Habitacional.

4.17. INTERVENCIÓN DEL EX DIRECTOR DEL SERVIU DE LA REGIÓN METROPOLITANA, SEÑOR FERNANDO GUERRA.

El señor Fernando Guerra (ex Director del Serviu de la Región Metropolitana) señaló que, en materia de condiciones de habitabilidad de la vivienda, la normativa a nivel nacional es pobre, por no decir que, en algunos ámbitos, simplemente no existe.

Respecto a la impermeabilización, no hay normas a nivel nacional en las cuales las especificaciones técnicas puedan llegar a establecer detalles precisos y de la profundidad que, tal vez, todos quisiéramos ver aplicados. Incluso, como producto de esta situación, el sector privado actualmente se está preocupando de avanzar y especificar materiales adecuados.

En su opinión, en gran medida, el fenómeno que se produjo en la población El Volcán San José es producto de una ignorancia a nivel nacional, de la que debemos responder todos los profesionales, porque hay un desconocimiento generalizado sobre el procedimiento de impermeabilización a aplicar en nuestro país, por no existir normas al respecto.

Expresó que, en materias estructurales, el problema sísmico en nuestro país, a pesar de haber constantemente movimientos telúricos, históricamente nunca se ha manifestado en un conflicto como los que ocurren en otros lugares del mundo. En este país se caen las casas que tienen que caer por defectos constructivos o por viejas, y ello se debe esencialmente al el alto nivel que poseen los profesionales que tenemos, a las normativas sobre el hormigón armado y al diseño antisísmico. Chile tiene una escuela al respecto.

El único edificio que se ha demolido en este país por sismo fue en Concón. Incluso, el director de obras está con un problema de carácter jurídico, porque todavía se duda si se debió o no debió haber demolido. La normativa en torno a esta materia es muy amplia. Cuando se cometen errores, los profesionales los perciben rápidamente y pueden buscar una solución adecuada. Pero, en el ámbito de la impermeabilización, recordó a los parlamentarios que lo son por un segundo período que en el año 1990 tuvieron dificultades, incluso para entrar a este edificio, porque la losa del primer piso se inundaba en invierno y entraban las napas freáticas en el subterráneo de este edificio con enorme facilidad.

En Santiago fueron muy pocas las casas, de distinto valor, que no fueron afectadas por los temporales de mayo y de junio de este año, que no tuvieron hongos, humedad y problemas de filtración. Esto demuestra claramente que existe una falla desde arriba hasta abajo, desde un edificio público como éste, que a días de haber sido inaugurado presentó ese tipo de problemas, hasta casas habitacionales de distinto valor.

En Puente Alto, se filtraron las casas de mil cuatrocientas unidades de fomento, construidas por este sistema; se filtraron las casas de seiscientas, ochocientas y de novecientas unidades de fomento, todas, y también las de doscientas sesenta. Aquí se produjo un problema común, que es el desconocimiento tecnológico sobre el comportamiento de los bloques con estas características, más materiales hidrorrepelentes, que pueden ser de distinta gama, en los cuales entran a jugar situaciones de carácter químico que tienen que manejar especialistas, frente a elementos de absorción capilar, de presiones de viento, de succiones, de grietas, de fisuras que puede manifestar en cierto momento una determinada estructura.

Entonces, la falta de normas, es algo gravitante y no se conoce ninguna norma rigurosa sobre impermeabilización en nuestro país.

En la Comisión se expresó que se podía aceptar que haya desconocimiento respecto de las impermeabilizaciones. Pero no se puede aceptar que las construcciones presenten grietas y hundimiento de las losas en los edificios más allá de lo normal, lo que han constatado los diputados integrantes de la Comisión en las visitas a las poblaciones afectadas, más aún, si todos los técnicos que han concurrido a la Comisión han expresado que, en materia de estructuras, la construcción de nuestro país es una de las mejores del mundo

El señor Fernando Guerra (ex Director del Serviu Metropolitano) respondió que, paulatinamente, el tiempo y los análisis técnicos hechos por especialistas van a ir colocando las cosas en su justa medida.

Agregó que, cuando se inició este conflicto, específicamente el caso de la población El Volcán San José, que es quizás el tema más gravitante y significativo, se dijo que los edificios se iban a caer, y se creó un conflicto de alarma pública terriblemente grande entre las personas, ya que se dijo que estos edificios iban a ceder porque estaban sobre un basural, que las losas estaban fisuradas y no resistirían, en fin, se argumentó mucho respecto de este tema. Pero El Volcán San José es una obra en la cual se han hecho tres pruebas de carga con alto nivel de exigencia y los edificios están incólumes.

Se hizo un chequeo por parte del Idiem que demostrará la naturaleza de las falencias. Hay un problema de carácter geométrico en muchas piezas estructurales, fundamentalmente en losa. Cuando se construye una losa en una obra gruesa a la vista, todo el sistema de nivelación se hace por la parte superior; y en la inferior, queda el moldaje, y puede haber deformaciones y defectos que, en una obra donde esa parte se enyesa o se le coloca un cielo falso, evitan que se perciban los defectos.

Una fisura de construcción o una grieta de trabajo es algo habitual que se produce en todas las obras que realiza el mundo de la construcción. Lo que sucede es que, en obras de mayor nivel de terminación, simplemente se tapa con un flexit, porque esa grieta no trabaja en sí, porque está totalmente enfierrada. El informe del Idiem que acabo de conocer deja claramente establecido que en El Volcán San José no existe ningún problema estructural.

En el caso de Quilicura, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo contrató a la empresa Rodrigo Flores y Asociados, especialista en estructura, la cual está haciendo un estudio al respecto. Se hicieron pruebas de carga en la población Padre Hurtado, de Puente Alto. Incluso se realizaron simulaciones a través de computadoras con esa empresa antes de hacer dichas pruebas, y los resultados que nos dieron en terreno, aplicando los pesos correspondientes, fueron de mejor calidad que lo estimado. Por lo tanto, esperaría que los especialistas fueran, caso a caso, emitiendo sus informes.

Cuando una persona entra en un departamento y ve que la losa tiene deformaciones, se da cuenta de que, en un altísimo porcentaje, son defectos causados en el proceso de fabricación de la losa, porque ésta es una obra gruesa a la vista. Todos los defectos de la construcción quedan a la cara e incorporados en el desarrollo habitual. Incluso, yo sería tan extremo, que me atrevería a decir que estas construcciones están sujetas a una inspección visual más acuciosa y realista que la de un edificio que, posteriormente, recibe una alfombra, un techo flotante o yeso, cuyos muros son empastados y completamente estucados por fuera. Incluso, en los errores constructivos que se produjeron en el caso de El Volcán San José y otros era cosa de conversar con la gente y detallar uno a uno los problemas que se presentaban. No hay nada que ocultar. Aquí las cosas están tal como quedaron.

En el caso de la población El Volcán San José, el Serviu se querelló contra la empresa Copeva, porque en un momento abandonó las obras de reparación que estaba llevando a cabo. De esa forma se apartaron del marco jurídico contractual que tenían.

El decreto supremo Nº 29 regula y establece las relaciones entre el Serviu y las empresas constructoras. Ese decreto supremo establece que, si bien a la empresa constructora se le puede recibir la obra, se le pueden hacer inspecciones a esa obra y el Serviu puede hacer modificaciones e intervenir en el proceso constructivo. Finalmente, el único responsable de la calidad del producto final es la empresa constructora.

De acuerdo con las reglas corrientes de trato con la empresa constructora, cuando hay algún defecto, se le hace ver y la empresa constructora asume, dentro de este marco jurídico, su responsabilidad y efectúa las reparaciones correspondientes. En este caso, en un día determinado la empresa Copeva abandonó las obras y no siguió con este desarrollo contractual, por lo cual el Serviu se querelló contra dicha empresa.

Consultado en la Comisión por los problemas de construcción que afectan a la población Claudio Arrau Nº 2, y no así a la Nº 1 de Colina, y a la población San Alberto, sobre cuáles han sido los sistemas o procedimientos de fiscalización en uno y en otro caso y si la empresa constructora Proctora, que no cumplió con sus obligaciones en las construcciones efectuadas, quedará sujeta a sanciones por incumplimiento.

El señor Fernando Guerra (ex Director del Serviu Metropolitano) respondió que las especificaciones son presentadas por las empresas constructoras. Agregó que hay que tener claro ese concepto. El Serviu solo presenta las bases generales, en las cuales hace requerimientos globales de las condiciones que deben cumplir las construcciones. Posteriormente, la empresa constructora presenta las especificaciones con las cuales va a desarrollar el proyecto.

Añadió que se atrevería a decir que en las obras de Colina hay más bien problemas de carácter constructivo. Ahí existen dos tipos de situaciones, que hacen que un conflicto sea más o menos explosivo: uno, que cuando se presenta un defecto, el Serviu o la empresa constructora sea capaz de dar una respuesta a la gente, y que ésta acepte, incluso, que se haya cometido un error. Cuando esta situación se da y la empresa constructora es capaz de responder, porque corrientemente se pueden producir defectos constructivos, las personas no se manifiestan en términos de una protesta o de una molestia formal. Ése es uno de los efectos claves en Colina. Allí las personas, durante todo el tiempo que han manifestado malestar, no han recibido una respuesta coherente por parte de la empresa constructora. Si hubiese sido así, esto podría haber llegado a mejor término. Entiendo que en Colina se está haciendo un estudio estructural por parte del Ministerio de todas las obras en general. Eso dará una aproximación igual a lo ocurrido con el Idiem. Posteriormente, el Ministerio podrá tomar las medidas correspondientes y debería presionar u obligar a la empresa constructora a hacer las correcciones correspondientes a las obras.

En virtud del decreto supremo Nº 29 y de las relaciones contractuales, ante cualquier defecto que presente la obra, el Serviu tiene todo el derecho de hacer que las empresas constructoras cumplan, porque éstas tienen plazos que están establecidos en este decreto y deben responder en un lapso preestablecido si van a o no van a hacer las obras o si tienen una contraoferta frente a la proposición que les hace el servicio. Eso está debidamente reglamentado. En la eventualidad de que se nieguen a hacer las reparaciones correspondientes, se interpone una demanda y, a la vez, queda abierta la posibilidad de que el Servicio contrate a un tercero para hacer las reparaciones que estime convenientes y que correspondan a la obra frente a una situación de esa naturaleza. Además, se les puede aplicar la sanción correspondiente de sacarlas del registro.

4.18. INTERVENCIÓN DEL EX MINISTRO DE VIVIENDA Y URBANISMO, SEÑOR EDMUNDO HERMOSILLA.

El señor Edmundo Hermosilla (ex Ministro de Vivienda y Urbanismo) agradeció la invitación y expresó que el tenor de ella le permite analizar en profundidad ciertos aspectos que han concentrado, tanto a la opinión pública como a distintas autoridades del Gobierno, del Parlamento y, por supuesto, a las familias que han vivido en carne propia, lamentablemente, los efectos de los últimos temporales en sus viviendas, por cuanto han afectado en forma importante su vida cotidiana.

Señaló que con frecuencia se ha confundido en nuestro país, a propósito de los temas de vivienda, lo que es el estándar con la calidad y, sin embargo, ambos temas son totalmente distintos. Los estándares pueden ser de distinto nivel. Uno puede construir una casa, por ejemplo, con pisos de mármol, con radier o incluso sin piso, como muchas veces ocurre en los campos y la calidad es cómo queda aquel estándar. Es decir, una casa puede estar con mármol en el piso, pero a lo mejor quedó mal puesto el mármol, lo que sería un alto estándar con muy mala calidad. Al revés, por ejemplo, en una casa con radier, éste puede quedar muy bien afinado.

Por lo tanto, es básico distinguir que estándar y calidad son conceptos distintos en lo que se refiere al tema de la vivienda. Un ejemplo típico con el que se puede comparar es el auto. Hay autos muy caros y otros baratos, pero dentro de los caros a veces no funciona bien el alzavidrios y en otros que, aun cuando son muy baratos, funciona muy bien. Lo mismo ocurre con la vivienda.

De esta manera, la primera precisión es no confundir estándar de la vivienda con calidad de la vivienda, porque, cualquiera que sea el estándar, la obligación de un constructor es hacer bien la construcción. El estándar está más definido normativamente en términos de política, de recursos y a lo mejor de la propia política de objetivo habitacional.

Por otra parte, la calidad de la vivienda es un proceso de continuo. En alguna información que hemos tenido la posibilidad de revisar y probablemente es de conocimiento de la Comisión, desde hace años en nuestro país el tema del estándar se ha ido elevando y el de la calidad ha ido cayendo en su propia situación. Lamentablemente, los problemas de la vivienda, sin referirse a la vivienda social, en Chile tienen larga data y de vez en cuando se nos recuerdan, positiva o negativamente. Con motivo del terremoto de 1985, se pudo comprobar que las especificaciones respecto de los movimientos telúricos eran insuficientes, debiendo ajustarse los estándares y especificaciones para poder soportarlos, a tal punto que en el terremoto de 1995 en Antofagasta muchas viviendas sufrieron problemas, con excepción de las viviendas sociales construidas. Esto, citado a modo de ejemplo.

El tema del estándar es un proceso de continuo que tiene que ver con la política habitacional, con objetivos de cobertura y de entorno. Afortunadamente, a través del tiempo, en Chile se ha ido mejorando ese estándar. Hay que tener un cuidado importante al respecto, por lo que no se debe descuidar.

Expresó que, aun cuando sólo está involucrado como ciudadano, ojalá todo lo dicho por distintos sectores y distintos actores en este proceso presupuestario quede como una muestra vigente, porque, de lo contrario, todos aquellos que reciben críticas y las asumen en función de sus cargos van a decir después que sólo fueron palabras al viento. Están el proceso presupuestario, la inspección de obras, el mejoramiento del estándar y otros elementos que han demostrado ser importantes para el país.

Destacó que, durante los últimos años, que es el tiempo en que participó directamente, se modificó un amplio conjunto de normas. Dejó un documento sobre las modificaciones de la ley General de Urbanismo y Construcción, ley Nº 19.472, cuyo objetivo fue incorporar las normas relativas a la calidad de la construcción, que nació de un estudio realizado por una comisión creada en 1992. En ese año se recogieron inquietudes de amplios sectores y la propia ley Nº 19.472 es fruto de la iniciativa que se generó en dicha comisión.

A partir de las modificaciones establecidas por esta ley, se publican distintos decretos supremos. El decreto supremo Nº 173 estableció que quien solicitara un permiso de edificación debía indicar al municipio las medidas de gestión y control de la calidad constructiva que emplearía. Lamentablemente, esta ley es posterior al problema de Puente Alto. Pero en esta oportunidad tuvimos la precaución de establecer que de aquí en adelante no bastaba sólo con el permiso de la construcción. El contratista, en este caso la empresa, tiene que dejar registrado cuál será su proceso de control de calidad y las especificaciones, de acuerdo con lo que exige el decreto supremo Nº 173.

También se publicó el decreto supremo Nº 64, de 1997, que modificó el decreto supremo Nº 44, relativo al Sistema General Unificado Habitacional, que establece lo siguiente:

“a) El contrato de compraventa, tratándose de viviendas adquiridas en primera transferencia, debe incluir una cláusula contractual que indique:

-número del permiso de edificación;

-que el legajo de antecedentes archivado en la Dirección de Obras Municipales forma parte del contrato de compraventa.

b)El contrato de construcción debe incluir una cláusula contractual que indique que las especificaciones técnicas detalladas y los planos completos de arquitectura e instalaciones domiciliarias de la unidad habitacional, conocidos y aprobados por las partes, forman parte del contrato.

También, el decreto supremo Nº 63, de 1997, aprueba el reglamento del Registro Nacional de Constructores de Viviendas Sociales, Modalidad Privada.

El decreto supremo Nº 167, de 1996, crea el Registro de Revisores Independientes.”

Éstos son algunos de los decretos que dan cuenta de esta mejora.

Agregó que hay otras disposiciones que se refieren al entorno. Recordó que le correspondió determinar las cesiones de áreas verdes y espacios públicos, porque antes había discriminación al existir más espacio en sectores de ingresos altos y menos donde se construían viviendas sociales. Se modificó esa norma y un grupo de diputados y senadores recurrió al Tribunal Constitucional por considerarlo ilegal. Por ello, estimó que hay que poner las cosas en su real perspectiva.

Destacó que, sin embargo, en diciembre de 1993, al final del Gobierno del ex Presidente Patricio Aylwin y a dos meses de que asumiera como Ministro, se acoge gran parte de las recomendaciones elaboradas por la Comisión Nacional de Calidad de la Construcción y se incorporan exigencias, dentro de las cuales destacó en forma rápida el nivel de los sobrecimientos y el problema de la evacuación de las aguas lluvia de patios, áreas públicas y copropiedad. Incluso, el 29 de julio de ese año ya se solicita la ejecución de drenaje. Y en diciembre de 1993 se establece la obligatoriedad en el tratamiento de las aguas lluvia en las distintas poblaciones.

Añadió que también hay otros detalles que no por eso dejan de ser importantes, como la obligatoriedad de armar los antepechos; los contornos de marcos de ventanas y puertas exteriores, que deben llevar sellante que permanezca elástico y no pierda masa; las pendientes, traslapos y colocación de planchas deben cumplir con las disposiciones de la norma chilena 194; las planchas de cubierta de cualquier tipo que sean deberán traslaparse con el caballete, por lo menos de 20 centímetros; los cielos horizontales deben tener 2,20 metros de altura mínima; los cielos inclinados, altura media de 2,10 con altura mínima de 1.80, entre otros.

En diciembre de 1993 se incorporó un conjunto de elementos, tanto de los que nacen de la Comisión Nacional de la Calidad de la Vivienda como también de algunos, hasta ese momento, anexos. En el llamado a licitación se incorporaron ciertos anexos para precisar, pero esta vez como parte de las bases de licitación. De este modo, se produjo un conjunto muy importante de mejoras en la calidad de la vivienda.

De igual modo, está el tema de la descentralización, porque, a propósito de los temporales que afectaron las distintas regiones, el problema de la calidad de la vivienda se fue presentando en distinta magnitud y profundidad.

Si bien a todos nos gusta hablar de la descentralización, cada Servicio de la Vivienda y Urbanización regional tiene distintas facultades para establecer calidades y estándares en sus respectivas regiones. Por ejemplo, hay algunos Serviu -y sin pronunciarse si es bueno o malo, simplemente hay que señalar que lo pueden exigir- que pueden establecer que los bloques de hormigón no pueden ser utilizados, sino solamente ladrillos. Eso es posible. Por lo tanto, si hablamos de descentralización, es importante tener claro que, cuando existen méritos, aquello es responsabilidad de todos, pero que cuando existen problemas, también son responsabilidad de todos y no sólo de algunos. De hecho, hay regiones con más pluviometría que la Metropolitana, como la Sexta y otras, que tienen sus propias bases técnicas, de acuerdo con las características climáticas de la zona, las que últimamente han cambiado bastante y por eso también se han producido algunos de estos problemas. A eso responde por qué algunas regiones no tenían incluida la canaleta de aguas lluvia y otras sí; o sea, ello depende de la exigencia que se establezca en cada región.

Otro elemento importante de mencionar son los tipos de bases de licitación que hacen los Serviu en términos conceptuales. Durante mucho tiempo, se construyó de acuerdo con lo que el Serviu decía. Prácticamente de ahí nació el ladrillo fiscal, porque la especificación decía que tenía que construirse con ese tipo de ladrillo. A fines de los años 80, se estableció un cambio en las bases de licitación, en términos de que el Serviu hace las exigencias y el tipo de respuesta viene de parte del contratista. Naturalmente, esto tenía algunas complicaciones, porque lo que hoy importa, por ejemplo, es el sellante o el hidrorrepelente y no la marca de los productos. Ésa es responsabilidad del contratista. Antes, al decirse “esto es lo que se tiene que usar”, había gran arbitrariedad, porque tenía que ser ése y no otro. Hoy se dice tiene que tener un techo de tanta altura, equis resistencia, etcétera.

Entonces, ese concepto tiene dos respuestas inmediatas. Una, hace muy responsable al contratista, al sector privado de cómo responder frente a la obra y, en segundo lugar, principalmente por lo que hemos observado en este invierno, es una exigencia que debe mantenerse. Estimó que hay que evitar la tentación de que el sector público sea el que determine cómo se hacen las cosas.

4.19. INTERVENCIÓN DEL EX MINISTRO DE VIVIENDA Y URBANISMO, SEÑOR ALBERTO ETCHEGARAY.

El señor Alberto Etchegaray (ex Ministro de Vivienda y Urbanismo) agradeció a la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados por pedirle su opinión sobre la situación global y por aquellas modificaciones de las normas de la construcción hechas durante el Gobierno de don Patricio Aylwin, a través de los respectivos decretos del Ministerio.

A continuación, expresó que en el Gobierno de don Patricio Aylwin se establecieron normas para mejorar los estándares. Sin embargo, recientemente se ha señalado, a través de la prensa, que para satisfacer el aumento de la demanda numérica, que era muy importante al asumir el Gobierno del Presidente Aylwin, se habían disminuido los estándares o exigencias. Todo lo contrario. Dicha afirmación no se puede aceptar. Durante los 17 años del Gobierno militar el promedio de casas construidas fue de 42 mil y tantas, tomando el promedio anual de 17 años, y el espíritu del gobierno de don Patricio Aylwin fue duplicar dicha cifra, meta que se cumplió plenamente, y se superó; incluso, el Gobierno de don Eduardo Frei la ha mantenido e incrementado.

Los propósitos tendientes a mejorar la calidad de la vivienda han nacido de diferentes ámbitos, y se pueden agrupar en los cuatro siguientes.

En primer lugar, nos propusimos mejorar los estándares urbanos. Al respecto, debo recordar que el gobierno militar levantó la obligación de que las viviendas sociales contaran con la pavimentación de sus conjuntos habitacionales, lo que provocó una situación muy delicada, porque, perdónenme la palabra, eso es antidemocrático y la ciudad tiene que construirse democráticamente. Las viviendas pueden ser de distinta superficie o terminación, pero no puede haber una ciudad pavimentada y otra de tierra. Además, el costo para el Estado de reponer aquello ha sido muy alto, porque ha tenido que resolver situaciones de retraso que son endémicas. Por tal razón, se modificó la Ordenanza General de Construcciones y la norma respectiva del decreto Nº 112, publicada en el Diario Oficial de 5 de enero de 1993, haciendo extensiva la urbanización completa a todas las viviendas del país. Esto significa alcantarillado, agua potable, electricidad -que ya la tenía- y también pavimentación.

En segundo lugar, se repuso la obligatoriedad de que quien urbanice debe costear la plantación y ornato de todo el conjunto habitacional, para lo cual se modificó la ley Nº 19.057, de 3 de mayo de 1991. En concreto, esto significa plantar un árbol frente a cada casa, hacer y construir la plaza correspondiente en el lugar de área verde que haya quedado claramente conformado y, simultáneamente, una serie de equipamientos dentro del ornato, tales como juegos infantiles, etcétera.

En tercer lugar, se modificó la normativa referente al equipamiento. En las viviendas sociales se acostumbraba que la instalación de faenas utilizada para la construcción sirviera como futuro equipamiento en superficies que no excedieran los 40 ó 48 metros cuadrados, para conjuntos de 200 viviendas. Durante la Administración anterior, se obligó a que esa construcción fuera de, al menos, 100 metros cuadrados, para más de 200 viviendas, con una serie de requisitos. Ésta, aparte de quedar instalada junto con las viviendas, se entregaba a la unidad vecinal que se debía formar para estos efectos, porque muchas veces estas instalaciones de faenas pasaban a ser patrimonio de un ciudadano que la dejaba con candado, siendo usada solamente por él.

Después, se inició la construcción en base a una superficie mayor. Entre 1984 y 1989, la construcción de viviendas básicas fluctuaba entre los 33 y los 36 metros cuadrados. En 1990, la superficie mínima que se impuso para la vivienda básica fue de 38 metros cuadrados, y su promedio dependía del valor del sitio y del sistema que se implementaba: 38 y 42 metros cuadrados. Esto se ha ido incrementando en forma creciente, lo que ha significado un aumento de superficie del 25 por ciento.

Otro asunto muy importante para nosotros fue el ancho del sitio. Las viviendas construidas en los últimos cuatro años del gobierno militar tenían un frente de sitio de 3 metros. Éstos eran los famosos barracones o chorizos, muy comunes en Santiago por el valor del suelo, pero tenían varias dificultades. Debido a los pocos metros de frente, resultaban muy profundas y poco iluminadas, y sus ampliaciones muy difíciles de realizar. Por ello se obligó a que el mínimo fuera de 4,5 metros, aumentándolo en el 50 por ciento en las ciudades de alta densidad, Santiago, Valparaíso y Concepción, porque en el resto del país éste supera los 5 metros, lo que permite ampliar la vivienda fácilmente y le da mayor cantidad de luz.

Se modificaron también las normas relacionadas con los cierres perimetrales, los cuales eran de malla, y se obligó a colocar cierros sólidos, tales como pandereta de “buldog” o de madera, pero sin transparencia.

También se modificó la normativa referida al fuego. En nuestro país teníamos un problema bastante serio, por la forma en que se ponían los paramentos y las normas que los regían. Al respecto, debo informar que el aplicar esta normativa del fuego, en 1990, significó retrasar en cuatro meses el programa de viviendas sociales, con el riesgo de ser acusados de que el Gobierno del ex Presidente Aylwin era paupérrimo en producción de viviendas. Sin embargo, dicha normativa, que rige en la actualidad, es la más avanzada en América Latina en cuanto a resistencia al fuego, en los parámetros de los muros medianeros entre viviendas. El problema se presentaba cuando los techos eran continuos, en viviendas pareadas.

Finalmente, un tema bien importante y que tiene que ver un poco con lo sucedido en la Cuarta Región, se refiere a los estándares, pero después lo voy a retomar.

En cuanto a la incorporación del factor de riesgo natural en la Ordenanza General de Construcción, tengo entendido que en la Comisión de Vivienda ha tenido importante participación don Elías Arze, quien es la persona más autorizada en la materia, ya que en nuestro país las normas antisísmicas son más exigentes que las norteamericanas. Ello se debe a que, después del terremoto de Chillán, quedó una cultura de ingeniería; por lo tanto, frente a un sismo, nuestras casas no fallan. Basta recordar un terremoto casi simultáneo, con un mes de diferencia, en México y Chile, ocurrido en 1985. En México se cayeron 800 edificios y murieron más de 5 mil personas; en Chile el único edificio colapsado, no por cálculo, sino por mecánica de suelo, que es el mismo problema de la Cuarta Región, fue el de Reñaca, y debido a su peligrosa inclinación debió ser demolido.

Al respecto, hubo gran polémica acerca de quién era la culpa. Al final, no era sólo la constructora, y las personas que lamentablemente fallecieron. Fue porque la mayoría de las casas eran construcciones muy antiguas o por problemas de salud, tales como ataques al corazón o bien mientras eran operadas en los hospitales. Sin embargo, no se tenía muy claro dónde estaban las zonas de riesgo en nuestro país.

Posteriormente, se comprobó que lo más común era que las viviendas, especialmente de los más pobres, eran construidas en las zonas donde los terrenos son más baratos, y por algo lo son, porque se inundan cada cierto tiempo, porque están en quebradas aluvionales, etcétera. Al respecto se incorporó una normativa estricta, la cual, aun cuando no todos los municipios la cumplen ni la tienen incorporada dentro de su plan regulador, les obliga a tener un catastro de riesgo natural en todas las comunas del país donde existan problemas de bordes de cerros, quebradas, canales, ríos, etcétera.

Una segunda línea de mejoría del estándar de las viviendas en la época de don Patricio Aylwin tuvo que ver con los programas. En Chile hicimos 3 programas, entre varios otros, que fueron muy determinantes para mejorar la calidad de las viviendas sociales. El primero fue el relacionado con los parques urbanos. Se hizo un esfuerzo muy grande por que en todos los sitios, vertederos y pozos areneros abandonados, se iniciara un programa de parque urbano que hasta hoy continúa, el cual ha tenido mucha aceptación.

En Santiago esto fue muy emblemático, sobre todo con el parque La Bandera, porque después de que fue un pedregal por más de 30 años, se erigió ahí un busto del ex Presidente Allende y fue el lugar donde se recibió al Papa. Está frente a Américo Vespucio, donde antes hubo siempre piedra y tierra. También hay pozos areneros que se han destinado a parques, como el antiguo pozo que está cerca de la población La Victoria, que va a ser el futuro parque Andrè Jarlán; Santa Mónica en Lo Espejo, otro en Renca, Temuco; las riberas y quebradas de Copiapó, Talca, etcétera. Esta labor ha sido continuada por el Gobierno del Presidente Frei en forma muy exitosa. Éste es un mejoramiento del estándar urbano para este tipo de viviendas, por cuanto necesitaban de esparcimiento.

Después está el Programa de Urgencias Urbanas, que se refiere a los equipamientos. Gran parte de las poblaciones no contaban con él, y como nadie discute que las casas son chicas, la gente necesita un lugar donde reunirse y los jóvenes donde realizar sus actividades. Para ello se crearon los programas de urgencias urbanas y también de equipamiento y pavimentos comunales. Estos pavimentos se realizan con participación de los vecinos, obra que el Gobierno del Presidente Frei ha continuado con mucho éxito, siendo conocidos como “pavimentos participativos”.

En tercer lugar, se abordó el problema de la calidad de la vivienda, para lo cual se constituyó la Comisión de Tecnología y Calidad de la Vivienda, presidida por don Elías Arze, quien elaboró 70 proposiciones. En esta comisión, como en otras, participaron las Comisiones de Vivienda de la Cámara de Diputados y del Senado, en pleno. Además, se contó con la participación de todos los colegios profesionales, cooperativas, usuarios, institutos, universidades, porque era una demanda muy sentida.

El tema del estándar y del análisis en cuanto a determinar las responsabilidades era algo que estaba pendiente. Fueron asumidos ciertos problemas que afectaban a conjuntos habitacionales construidos en los años 1985, 1986 y 1987, pero no se puede negar que también se presentaron en las viviendas construidas por la Administración anterior. Sin embargo, se puede advertir que también se han presentado dichos problemas en las que se han construido con posterioridad, incluso en las de hoy. En virtud de ello, se determinó que era urgente la creación de una instancia donde el usuario pudiera recurrir o demandar, ante dichas anomalías; por lo tanto, se modificó la normativa para determinar las competencias.

De las 70 proposiciones presentadas, las materias centrales que tuvo que estudiar esta Comisión fueron las siguientes:

1ºDefinir las responsabilidades y competencia de los sectores que intervienen en la construcción, especialmente de viviendas sociales;

2ºDesarrollar un sistema de garantías y seguros;

3ºProponer iniciativas relacionadas con la información y orientación de los usuarios;

4ºIncorporar estímulos a la calidad de los sistemas de contratación de viviendas del sector público, y

5ºCrear el Instituto Chileno de la Construcción. Esto se concretó con la publicación del Manual del Comprador de la Vivienda, el cual hasta hoy se le entrega al usuario para que éste sepa cómo usar su vivienda, qué debe requerir; la publicación de la Cartilla de Oferta a la Vivienda, donde se fija el puntaje que la persona debe cumplir para postular a una vivienda; el envío al Parlamento de un proyecto de ley que incorpora la responsabilidad del mandante ante las fallas de la construcción, el cual derivó en la ley de Calidad de la Construcción; un sistema de evaluación técnica de denuncias por problemas de calidad en las viviendas, que se elaboró con la participación de los Colegios de Ingenieros, de Arquitectos y de Constructores Civiles, el cual, desde 1994, opera con algunas dificultades. Finalmente, la implementación de sistemas de control de calidad y evaluación a nivel de los sectores. Ahí es donde opera la competencia municipal, del Ministerio y de los grupos privados, que son los que requieren perfección para que operen mejor.

Por último, se ha dicho que las viviendas cuestan lo mismo que hace 10 años y que no se ha tomado en consideración el alza en el precio del suelo, de la mano de obra y de los materiales. Al respecto, debo señalar que todos los programas de vivienda social implementados por el Ministerio de la Vivienda durante el período de don Patricio Aylwin tuvieron incrementos en los valores máximos en los cuales se contratan.

Las viviendas básicas, cuyo promedio en la década de 1980 fue de entre 180 y 200 UF, terminó en el período de don Patricio Aylwin entre 215 y 330 UF, con un incremento que va desde el 25 hasta casi el 50 por ciento. El mayor valor final corresponde a las viviendas contratadas en zonas de muy difícil acceso y con serios problemas de terrenos. Por ejemplo, en Punta Arenas o Coyhaique la vivienda básica supera las 400 UF.

El Programa Especial de Trabajadores, PET, creado durante los dos últimos años del Gobierno del General Pinochet, fue elaborado por los municipios, y correspondía a una vivienda básica con un poco de mejoras. En el gobierno de Aylwin, sube al 50 por ciento; o sea, sube de 200 UF a 300 UF, y cuando termina el gobierno, llega a 400 UF. O sea, aumenta en el ciento por ciento de lo cual partió hace 4 años, incrementándose también el subsidio de 70 a 90 UF, con el objeto de que hubiera más participación empresarial de sindicatos y de todas las organizaciones que atienden la demanda. El programa ha sido muy exitoso, a pesar de que ha tenido algunas fallas, porque en dos o tres casos no han contratado la inspección técnica, no ha habido respaldo. Pero, en el Gobierno de don Patricio Aylwin se construyeron cerca de 70 mil casas con este sistema, que se ha mantenido en el Gobierno del Presidente Frei.

Respecto del subsidio unificado, en el primer tramo se recibió de hasta 400 UF, después venía toda una escala descendente. Lo incrementamos a 500. O sea, se aplicó el 25 por ciento adicional para reconocer estas diferencias de suelo y de gestión. Mi impresión es que ha llegado el momento de subir el primer tramo a 600 UF. Probablemente, sea muy dinámico, pero el subsidio unificado debería estar en 600 UF.

La vivienda rural se aumentó a 260 UF desde 150 y en otros sectores llegó a 400 UF.

Respecto de la vivienda progresiva, se dio una señal de 70 a 140 UF para el sitio urbanizado, como primera etapa para acceder a la vivienda. Éste fue el programa más conflictivo del Gobierno de Aylwin y mucha gente lo cuestionó, porque se trataba de una vivienda no terminada. Ello obedeció a que, cuando se recorrieron las poblaciones, se le preguntó a la gente qué quería, y se concluyó en que lo más solicitado era un sitio, porque vivían juntas cinco o seis familias. Pero en ese tiempo no se podía entregar un sitio en la forma en que se hacía en los gobiernos de Frei Montalva o de Allende, porque existía el problema del cólera. Es decir, había que ofrecer sanidad. Por lo tanto, resultaba importante que el baño y la cocina fueran incorporados a la vivienda, porque después, con los programas de mejoramiento de barrios implementados por los municipios y el Ministerio del Interior, deben esperar 5 años para contar con estos servicios. Además, antes la gente se tomaba los terrenos; no accedía a ellos legalmente. Generalmente, los tomaban en la noche, con las guaguas al frente. Consideraban que una forma de tener casa era contar primero con el terreno. Así lo hacían los sectores medios: profesionales y comerciantes, quienes primero compraban un terreno y más adelante construían; los pobres pensaban lo mismo. No todos tenían que ir hasta el Ministerio de la Vivienda, pero allí se recogió esta inquietud.

En segundo lugar, mucha gente del campo, en especial los que trabajan como temporeros, están 6 meses sin trabajo, pueden ampliar su vivienda con madera y así se construye lo difícil; después la gente puede agregar una o dos piezas en forma fácil.

Éstos fueron los objetivos del Gobierno del ex Presidente Aylwin, tendientes a combinar el efecto de construir más, pero agregando estándar y mayor valor agregado a la vivienda, a su precio, al hábitat, etcétera.

Finalmente, en respuesta a una consulta, expresó que hay que reconocer honestamente que en Chile todo lo vinculado al estándar de la calidad de la construcción de nuestras viviendas ha sido muy exigente en lo sísmico, pero se adolece de falta de experiencia y, al mismo tiempo, de precisión y de exigencia frente a dos temas que son importantes para el habitante de una vivienda, especialmente la social. Ellos son la ubicación y la impermeabilización.

4.20. INTERVENCIÓN DEL ALCALDE DE VIÑA DEL MAR Y VICEPRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE MUNICIPALIDADES, SEÑOR RODRIGO GONZÁLEZ.

El señor Rodrigo González (Vicepresidente de la Asociación Nacional de Municipalidades) expresó que, en primer lugar, se referirá a la situación de las viviendas después del terremoto que afectó a la Cuarta Región, donde la Asociación de Municipios ha desarrollado una actividad muy intensa de solidaridad con las comunas afectadas y, en segundo término, en general, a la opinión de la Asociación sobre las viviendas y las normas que las rigen y a las acciones efectuadas por las municipalidades para mejorar el hábitat, la vivienda y el desarrollo urbano en las comunas.

A continuación, señaló: Tenemos una evaluación entregada directamente por los respectivos municipios, copia de la cual dejaré en poder de la Comisión con los antecedentes pertinentes.

Nos preocupa el grado de destrucción y de daños producidos en la Cuarta Región, así como la insuficiente respuesta habida tanto de entidades de todo tipo, incluidos nosotros, y de la comunidad, aun sabiendo que una respuesta no puede ser inmediata y se necesita tiempo para paliar los efectos de una catástrofe de esta naturaleza.

En Vicuña hay 3.745 damnificados en vivienda y grandes necesidades, en términos de alimentos, de subsidios especiales para la reposición de viviendas, de viviendas de emergencia y de profesionales para desarrollar proyectos que permitan enfrentar la emergencia.

En Monte Patria los daños, junto con desprendimiento de rocas, dan cuenta de 334 casas destruidas y de 1.239 con daños mayores, no habitables. No hay comunicación y la municipalidad está casi totalmente destruida. Se necesitan viviendas de emergencia, camiones aljibes, vigilancia policial, ingenieros, constructores y asistentes sociales.

En Punitaqui hay 443 casas destruidas; 2.000 con daños mayores, no habitables, y 25 de las 33 escuelas que existen están imposibilitadas de funcionar. Hay necesidad de mano de obra, sobre todo para el retiro de escombros, y se requieren constructores civiles, ingenieros civiles, arquitectos, médicos, asistentes sociales, técnicos en construcción.

En La Higuera hay 8 viviendas destruidas. Se necesitan materiales de construcción, maquinaria de vialidad y apoyo de profesionales.

En Ovalle hay 750 viviendas destruidas en el sector rural y 1.784 en el urbano, y 22 escuelas destruidas. Tienen necesidad de camiones aljibes, alimentos no perecibles y profesionales.

En Combarbalá hay 1.091 viviendas destruidas, 8.800 familias afectadas y 5.000 damnificados. La municipalidad está destruida en el 70 por ciento.

En cada una de estas comunas, algún municipio de la región central o de distintos puntos del país se está preocupando de atender sus necesidades, sin duda de manera insuficiente, puesto que su apoyo lo ha basado en campañas de solidaridad con la comunidad, así como en ayuda municipal directa.

Desde luego, como los recursos con que cuentan los municipios son pocos, es poco también lo que podemos hacer para superar los graves daños constatados.

En Combarbalá se necesitan viviendas de emergencia, frazadas, colchonetas y profesionales, como ingenieros civiles, constructores civiles.

Éste es uno de los problemas más importantes, pues para desarrollar una planificación o, dentro de la desgracia, aprovechar la situación de destrucción producida para replanificar las ciudades, se debe contar con profesionales que permitan a las municipalidades y a las comunas, sobre todo a las más pequeñas, cuantificar, efectuar catastros y diseñar las obras que se deben hacer.

Los Vilos no sufrió daños serios y no tiene necesidades urgentes.

En Canela hay 103 casas destruidas, 298 con daños mayores, 1.613 damnificados y 232 albergados. Tienen necesidad de viviendas de emergencia, colchonetas, frazadas, apoyo de construcción, camiones, cuadrillas de personas y de profesionales: médicos, constructores civiles, ingenieros civiles.

En La Serena hay 421 damnificados, 46 albergados, 32 casas con daños mayores, no habitables, y 72 casas destruidas. No hay necesidades urgentes.

En Paihuano hay 100 casas con daños mayores, no habitables, y 28 casas destruidas. Necesitan viviendas de emergencia y materiales de construcción.

En Salamanca hay 212 casas destruidas. Necesitan viviendas de emergencia, alimentos no perecibles, maquinarias, cuadrillas, profesionales.

En Andacollo se requieren viviendas de emergencia, cuadrillas para retirar escombros. No hay cuantificación de viviendas destruidas.

En Río Hurtado hay 109 casas destruidas, 149 con daños mayores, no habitables, y necesidad de carpas, maquinarias, materiales de construcción, alimentos no perecibles. La necesidad de maquinarias es muy grande y hay una enorme carencia, por la distancia de estos lugares.

En Illapel hay 490 casas destruidas y 1.100 con daños mayores. Necesitan viviendas de emergencia.

Hay cierta cuantificación en algunas tablas de evaluación de los daños y una evaluación aún preliminar de la cantidad de viviendas, frazadas, alimentos no perecibles, medicamentos, colchonetas, materiales de construcción que se han recibido para la ayuda, pero, sin duda, es aún absolutamente insuficiente, dada la magnitud de la situación.

Junto con dar este informe, quiero abordar un tema más general.

Sin duda, se necesita introducir importantes modificaciones en la política de vivienda y en las normas que regulan su construcción en las ciudades.

Respecto de la política de vivienda, junto con el déficit, se percibe, tal vez como la más urgente, la necesidad de mejorar su calidad, en especial el de la vivienda social y de las viviendas intermedias que se construyen en el país.

La vivienda social carece de todos los elementos urbanos fundamentales que deben rodear la construcción de una vivienda con un espacio urbano humanamente habitable. No existe equipamiento comunitario. No hay una política decidida, clara, precisa, en relación con la canalización de aguas lluvia y con la construcción de muros de contención, sobre todo cuando se construye en terrenos con topografías difíciles, como es el caso de muchas ciudades chilenas.

Las ciudades que están en cerros tienen necesidades muy grandes en la materia. También se necesitan jardines y escuelas. Es decir, falta planificación urbana. Además, las normas sobre fiscalización no otorgan a las direcciones de obras instrumentos que permitan a las municipalidades exigir el cumplimiento de la normativa relativa a ese conjunto de condiciones externas a las viviendas. Ello prácticamente nos obliga a recibirlas aisladas del contexto urbano. Debería, entonces, desarrollarse un conjunto de normas que permita a las direcciones de obras no efectuar la recepción de dichas viviendas si el conjunto de elementos urbanos que la rodean es insuficiente.

En general, una vez entregadas las viviendas, la municipalidad debe asumir la responsabilidad de cubrir todos estos déficit, muchos de los cuales incluso se dan a nivel elemental. La implementación, por ejemplo, de los sistemas sanitarios de las viviendas es tremendamente deficiente. En gran cantidad de las viviendas sociales recepcionadas, hemos percibido que los asignatarios reciben sus casas ya con una cuenta de agua pendiente, como producto del tiempo transcurrido entre la entrega de la obra y la recepción del Serviu a Esval hasta la entrega de la vivienda a los pobladores. Una gran cantidad de viviendas se entregan con cuentas de agua de 10, 15, 20 ó 30 mil pesos, cuando aún el poblador que la recibe no ha cruzado el umbral de su casa.

Junto con esto, las viviendas sociales carecen de canaletas de los techos y de bajadas de aguas lluvia, lo que contribuye a producir humedad interna en los departamentos. Estos trabajos de reparación deben realizarse por la empresa que construye. Pero, tratándose de pobladores de escasos recursos, dichas obras siempre quedan pendientes y las viviendas empiezan a deteriorarse rápidamente.

Los programas de viviendas sociales no son tan diferentes de los de otros niveles intermedios, como las viviendas PET, las cuales, a pesar de tener un mayor nivel de inversión y mejor calidad, también adolecen de deficiencias de esta naturaleza.

Por ejemplo, en general, no hay un valor diferenciado para la entrega de los subsidios a las personas que acceden a estas viviendas, de acuerdo con los lugares del país en que se construyen. Es muy distinto construir una vivienda en un terreno despejado del centro de Santiago o en lugares urbanizados de las ciudades en plano, a construir en un cerro o en una zona del norte o del sur del país extremadamente aislada, donde, sin duda, los costos de construcción son mucho más altos. Por lo tanto, los subsidios deberían ser diferenciados, según regiones, según la topografía de los distintos lugares donde se construye, de manera de contar con estándares que permitan desarrollar una vivienda social de mejor calidad.

Todo esto, sin duda, requiere mayor inversión, pero desde el punto de vista de la Asociación es importante, tal vez, reducir la cantidad de viviendas construidas y mejorar la calidad en su proceso de construcción, teniendo presente que necesitamos ciudades vivibles, más que, simplemente, lugares de habitación de personas que carecen de ella, entendiendo que es necesaria una mayor inversión social y establecer formas y normativas de atracción de inversión privada para el desarrollo de una política de viviendas más activa.

Finalmente, quiero agregar algo que no dice relación directa con las viviendas, pero que es muy importante. Me refiero al vacío legal que existe respecto de los colectores de aguas lluvia, problema que afecta especialmente a las ciudades que han crecido y se han desarrollado de forma muy dinámica. Pocas ciudades en Chile cuentan con niveles de urbanización adecuados como el centro de Santiago. Los sistemas de canalización de aguas lluvia hoy son absolutamente precarios. Para dar un ejemplo, en una ciudad como Viña del Mar, tenemos más del 50 por ciento de la ciudad sin cauce, incluso en barrios centrales. La población José Francisco Vergara no cuenta con cauce. Que no haya normas ni recursos para construir colectores de aguas lluvia, nos parece un problema de la mayor envergadura, que, sin duda, el Parlamento puede contribuir a intentar resolver.

Consultado acerca de la forma como las municipalidades efectúan la fiscalización de los proyectos para otorgar los permisos de construcción y para realizar la recepción final de las viviendas y sobre el desarrollo urbano de las comunas, el señor Rodrigo González (Vicepresidente de la Asociación Chilena de Municipalidades) señaló que los municipios grandes tienen capacidad suficiente, pero que no son, sin embargo absolutas, sino relativas. En el caso de Viña del Mar, diría que tenemos capacidad de fiscalizar en ciertos ámbitos, y, en otras ciudades quedan desbordados, porque las ciudades dinámicas, las que están creciendo, también son tan heterogéneas y diversas, que fiscalizar hoy un proyecto inmobiliario de gran magnitud, como los que se están construyendo en los grandes balnearios, y fiscalizar una vivienda social, son realidades muy diversas, tienen requisitos muy distintos y existen, además, normativas tremendamente heterogéneas y una confusión en la aplicación.

Recientemente, en relación con el edificio “El Faro”, muy conocido, que fue afectado por un terremoto hace varios años en Viña del Mar, la Corte Suprema resolvió que la municipalidad era responsable de las grietas y de los daños que había sufrido el inmueble, porque no había fiscalizado hasta el último detalle del proceso de construcción. Si a los municipios se nos pidiera fiscalizar el proceso de construcción de cada edificio que se levanta en una ciudad, necesitaríamos un ejército de funcionarios, lo que es absolutamente imposible, ya que no podemos controlar el proceso constructivo, sino que debemos reconocer si una obra se atiene o no se atiene a las normas del plan regulador, dar el permiso y, posteriormente, fiscalizar las características generales del proceso de construcción y recibir la obra, hechas ciertas pruebas de que efectivamente se ha construido de acuerdo a las normas técnicas y que se ha cumplido con el plano de arquitectura y el programa de ingeniería que tenía la obra. Pero, no podemos controlar, por ejemplo, cuáles son los ingredientes de la mezcla de la construcción de la obra, pues no tenemos ni la capacidad técnica ni el personal para ello. Si nos piden eso, no tendremos ningún funcionario en la dirección de obras que sea capaz de aprobar un proyecto, porque nadie se hará responsable de ello. Sin embargo, la Corte Suprema nos está pidiendo eso, y nos hace responsables y nos exige indemnizaciones.

Son tantos los temas y sólo me estoy refiriendo a uno de ellos. Es cierto que hay un déficit en las viviendas, pero sobre todo existe uno de infraestructura de las ciudades, en todo lo que es desarrollo y planificación urbana y de normativa.

Hay que reconocer que, respecto de las preguntas efectuadas en esta Comisión, considero absolutamente cierta la afirmación de que se ha avanzado más en un cierto tipo de normas que en otras, en las cuales nos sorprendieron, prácticamente en todo el país, de manera muy fuerte los temporales, y mostraron un déficit enorme en esta materia, aunque debemos reconocer un avance en la política de vivienda social. Hoy tenemos una política de vivienda social que está cubriendo, por lo menos el crecimiento demográfico de la población, en cuanto la construcción crece más que el crecimiento demográfico.

Hay que procurar que la política de vivienda social se implemente con mayor calidad de la construcción y de recursos para llevarla a cabo, e incorporar mucho más al sector privado y a la inversión privada en todos los tipos de construcción de vivienda, de manera tal que este sector tenga también interés en construir viviendas sociales. Hoy es cada vez más difícil encontrar empresas que construyan este tipo de viviendas y que utilicen los subsidios, porque son muy pequeños los márgenes de utilidad; por tanto, la calidad de la construcción es totalmente precaria y se necesita autorregulación por parte de los profesionales de la construcción. Para que las municipalidades puedan fiscalizar, necesitamos normas claras, proyectos bien hechos e ingenieros, arquitectos, constructores civiles y empresas que cumplan bien su función.

Finalmente, en lo relativo al desarrollo urbano en el país, éste es absolutamente espontáneo, no planificado. No hay ni planes regionales ni planes comunales ni planes estratégicos de ciudades ni estrategias de desarrollo en las regiones. Cuando en estas últimas se elaboran, parece que fueran libros que se meten en un cajón y que no sirven para orientar la acción, porque falta un sistema presupuestario en los municipios y que el Estado favorezca la planificación de largo plazo, con sistemas presupuestarios anuales, ya que, con los mínimos recursos de que disponen los municipios para un plan de obras, no pueden planificar absolutamente nada.

4.21. INTERVENCIÓN DEL DIRECTOR NACIONAL DE LA OFICINA NACIONAL DE EMERGENCIA, SEÑOR ALBERTO MATURANA.

El señor Alberto Maturana (Director Nacional de Onemi) expresó que, de acuerdo a lo solicitado por la Comisión, haría algunas reflexiones en torno al tema que preocupa a los señores parlamentarios.

En relación con el tema de viviendas sociales, es conveniente precisar que Onemi carece de competencias legales. Históricamente, las tuvo; incluso, construyó este tipo de viviendas. Pero, a partir de 1976, diversas modificaciones legales dejaron a este órgano sin ninguna responsabilidad en esta materia.

Ya la situación actual es bastante conflictiva, porque confunde terminología, uso y aplicaciones en una materia que pareciera ser estrictamente de emergencia. Sin embargo, el destino final en estas soluciones de emergencia es constituirse en soluciones sociales.

Hoy, sus responsabilidades están radicadas en coordinación, planificación y respuesta en momentos de emergencias o desastres, en proveer acciones de emergencia, las cuales, clásicamente y en todo el mundo, de acuerdo con estándares internacionalmente aceptados, se limitan a proveer transitoriamente techo, abrigo, alimentación, atención médica y encuestas de las necesidades de la población afectada o damnificada.

En el informe entregado a la Comisión hay un resumen ejecutivo, consideraciones técnicas, desde una visión de protección civil, respecto de esta materia, especificaciones técnicas sobre qué es una vivienda de emergencia hoy día, es decir, qué estándares podríamos exigirle a esta sencilla construcción de 18 metros cuadrados que no puede rebasar las 30 U.F., pero que, obviamente, debe cumplir algunos cánones mínimos y elementales.

También hice entrega de un informe consolidado de los temporales. Un documento de este tipo es posible de ser entregado en la actualidad con datos confiables, debido a que hemos conducido un proceso de normalización los últimos tres años que, a lo largo de todo el territorio nacional, utiliza iguales formularios para precisar cómo se configuran los daños frente a eventos destructivos.

También incluimos el informe consolidado del sismo de la Cuarta Región, el cual también cuenta con datos y cifras muy acotadas, debido a que pocas semanas antes de este sismo habíamos realizado una capacitación dirigida fundamentalmente al mundo municipal, a la cual asistieron el 87 por ciento de las municipalidades de la región, el ciento por ciento de las gobernaciones y 4 funcionarios de la Intendencia Regional.

En teoría, obviamente esto podría haber significado un cambio. No estoy seguro de que los señores alcaldes hayan solicitado un juicio más experto de las personas que fueron formadas en administración de desastres, y, en la práctica, de las buenas pesquisas que ya hemos hecho. Gran parte de la conducción de la emergencia tiene la sinrazón de que calificamos o capacitamos a algunos, pero a los que les preguntan es a otros. Creo que esto es parte de un esfuerzo cultural que, obviamente, no se completará en uno, dos ni tres años.

Valorizo enormemente nuestra relación actual con la Asociación Chilena de Municipalidades, con la cual firmamos, en 1994, un completo acuerdo para tratar de explorar y profundizar estas materias, como un esfuerzo también de descentralización por parte de la Oficina Nacional de Emergencia, la que, no obstante ser un organismo concentrado y centralizado por ley, ha querido, a través de la capacitación, lograr la descentralización que no le permite la misma.

También se incluye en el documento un informe de la situación actual. Es evidente que el manejo de una emergencia, y particularmente cuando ésta es compleja, es un proceso de captura de información. Sin tener la información, no podemos conducir ni decisiones acertadas ni enviar las cosas que se necesitan a los sitios que las requieren.

Además, el documento cuenta con un informe final respecto de los volúmenes de ayuda que Onemi ha enviado de sus propias bodegas.

Respecto de la vivienda de emergencia, como la ha definido la ley, nos gustaría puntualizar algunas materias y reflexionar en torno a la lógica que actualmente impera.

1.Las viviendas de emergencia actualmente en uso no representan soluciones de emergencia funcional, ni transitorias ni son fáciles de transportar. Sabemos que el cupo de un camión de treinta o cuarenta toneladas es para dieciocho viviendas de emergencia, ya que son pesadas y están condicionadas a la capacidad de producción de diversos proveedores.

2.Aunque el legislador o la autoridad hayan querido darle lógica, en la práctica, su utilización como viviendas, y no como solución transitoria de emergencias puntuales, fácilmente las transforma en asentamientos permanentes y, muchas veces, ajenas a todo planteamiento urbanístico.

3.El clima psicológico que acompaña a muchas de las emergencias favorece su rápido emplazamiento en terrenos de riesgo o de alto riesgo, sin estudios previos o de vulnerabilidad y, lo que es peor, de dudosa erradicación futura.

Por lo tanto, no siendo esta área de análisis de competencia directa de la Oficina Nacional de Emergencia en el tema de la vivienda social, son innumerables las acciones de rehabilitación que se conducen a través de ella. Se agregan como materia de análisis las contradicciones de un sistema que debe modernizarse en términos de no esconder o soslayar los problemas de pobreza y marginalidad subyacentes, con atenciones y acciones de emergencia, cuyos recursos, definidos por ley, debieran orientarse exclusivamente a acciones prontas, eficientes y transitorias y que, sin embargo, en la necesidad de atender problemas sociales, elige modalidades de atención lentas, poco eficientes y definitivas.

Nos parece que éste es un tema de ley, probablemente de modificaciones importantes, pues se parte de una mala definición: “viviendas de emergencia”. El solo hecho de calificarlas como “viviendas” las transforma en lo que hoy son: un problema.

4.22. INTERVENCIÓN DEL DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN EN CONSTRUCCIÓN DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE, DECON, SEÑOR PABLO MATURANA.

El señor Pablo Maturana, (Director de la Dirección de Extensión en Construcción de la Pontificia Universidad Católica de Chile) señaló que el interés de la Comisión es que informe acerca del origen de los daños que han afectado a viviendas en diversas zonas del país con ocasión de los temporales. En este sentido, y en su calidad de Director del Decon de la Pontificia Universidad Católica de Chile, le ha correspondido participar en el estudio de los problemas originados en la Región Metropolitana y también en la Octava Región. Sobre esa base, expresó lo siguiente: “No puedo ni pretendo generalizar la situación que ha afectado a las viviendas a lo largo de todo el país, porque sería muy presuntuoso de mi parte. Más aún, por mi formación profesional, tal vez demasiado técnica, considero necesario abordar cada caso en forma específica. Sin embargo, en los antecedentes que en este momento voy a dejar en poder de la Comisión se resumen las observaciones que nos ha correspondido identificar en cada uno de los casos. En primer lugar, y por encargo del Serviu regional, en la Octava Región analizamos problemas ocurridos en 4 conjuntos habitacionales, que en total suman aproximadamente 2.600 viviendas. Estos 4 conjuntos habitacionales fueron construidos por una misma empresa, con soluciones constructivas muy similares, y corresponden a viviendas básicas, cuyas mayores deficiencias se observan en las cubiertas, planchas fundamentalmente, con desprendimiento causado por los fuertes vientos. También apreciamos filtraciones en la gran mayoría de las viviendas, fundamentalmente en el perímetro de los muros, y filtraciones por cubierta y ventilaciones. Además, comprobamos que se habían producido algunas fisuras que alarmaban un poco a la población, a las cuales me voy a referir en forma muy breve.

Respecto del tema de las cubiertas, igual que de las filtraciones por el perímetro, comprobamos que la mayoría de los casos obedecen a un proyecto inadecuado para las condiciones de la región, con una solución también inadecuada, por cuanto requería de una supervisión o control de ejecución bastante rigurosa, la que aparentemente no se ejecutó por parte de quien realizaba la obra.

En cuanto a las fisuras, tuve la oportunidad de seguir su evolución y puedo señalar que corresponden a un fenómeno típico en obras de hormigón armado. Se trata de fisuras de retracción, las cuales se pudieron haber evitado, aunque siempre se presentan en obras de esta naturaleza. En todo caso, pueden ser reparadas.

En lo que se refiere a los problemas relacionados con las cubiertas y filtraciones perimetrales, elaboramos un informe donde se plantean las soluciones, pero no nos corresponde vigilar su cumplimiento. Al respecto, se establecieron las recomendaciones que debían abordarse en cada uno de esos casos. Tal vez lo más riguroso sea el afianzamiento de la estructura de cubierta que, por ser bastante complicada, significa una obra también importante.

Respecto de lo que nos ha correspondido observar en la Región Metropolitana, puedo señalar que, debido a nuestro emplazamiento geográfico, es donde mayor cantidad de viviendas nos ha tocado revisar. Estoy hablando del orden de 10 mil viviendas.

Hemos concentrado nuestra atención, y aquí quiero ser bien preciso, en buscar una solución al problema de la permeabilidad de los paramentos exteriores de las viviendas, especialmente de las ubicadas en Puente Alto, San Bernardo y otras más que se detallan en el informe. En este momento, estamos hablando de 12 conjuntos habitacionales en la comuna de Puente Alto, otros en San Bernardo, Quilicura, Maipú y Pudahuel.

En general, todos estos paramentos exteriores eran de albañilería de bloques y de ladrillos. Se trata de albañilerías en que el paramento no lleva ningún tipo de recubrimiento -ni exterior ni interior-, salvo la aplicación de una pintura hidrorrepelente, tal como lo indican las especificaciones del Serviu.

En todos los casos hubo claras fallas del paramento exterior, situación que, desde el punto de vista académico, no nos llamó mucho la atención, porque en nuestra Universidad, a raíz del desarrollo de un proyecto financiado por la OEA en 1979, el profesor Gastón Barrios ya había establecido, a través de ensayos realizados con un túnel que simula condiciones de viento y lluvia, que desde la Cuarta Región al sur la solución con bloques y ladrillos sin algún tipo de tratamiento especial podía presentar problemas como los que se observaron con ocasión de los temporales.

Aun cuando en las especificaciones se menciona como una solución aceptable, quedó claramente demostrado que no fue el adecuado para las condiciones climáticas que tuvimos este año. En este sentido, no propusimos sugerencia, porque teníamos presente que se podía producir esa situación.

Consideramos que el sistema de albañilería que se está usando es tremendamente sensible, tanto a la mano de obra, a los materiales, a la supervisión, a los procedimientos, etcétera, lo que lo hace bastante vulnerable. Y sobre esa base ofrecimos nuestra colaboración para proponer soluciones, a fin de que ésta fuera rápida, eficiente, segura, durable y aplicable a las condiciones del momento que requería la albañilería. Ésta debía ser recubierta y en condiciones que soportara la alta humedad; por lo tanto, la solución debía ser lo más elástica posible.

También, de alguna forma, supervisamos la ejecución de la reparación mediante instrumentalización confiable, que nos permitió evaluar cuantitativamente los parámetros más relevantes.

En ese sentido trabajamos en conjunto con una empresa constructora afectada y también con otra que provee insumos para la construcción, sobre la base del desarrollo de morteros acrílicos, que fueron previamente ensayados en nuestro laboratorio y sometidos a diferentes pruebas de envejecimiento acelerado, ciclo de dispersión y secado para, posteriormente, ser llevados a la práctica.

En la actualidad, como Decon, estamos supervisando la aplicación del producto conforme a las especificaciones que proporcionaron los fabricantes del mismo y la aplicación la está haciendo directamente la empresa constructora. Nosotros solamente nos preocupamos de verificar que el proceso se ejecute conforme a lo especificado y de someter a las pruebas finales el resultado, dejando claro que no nos hemos involucrado para nada en lo que se refiere a otro tipo de humedades provenientes de cubiertas o vías de paso abierto que pudieran existir, sino solamente de aquellos paramentos que en una supervisión realizada por nosotros se consideran aceptables.

Hasta el 31 de octubre, todas esas supervisiones han sido certificadas por nosotros, llegándose a aprobar 3.098 viviendas en diferentes comunas para diferentes empresas constructoras, y se sigue trabajando en ello. No sé cuántas de ellas irán a quedar con el certificado de conformidad gracias a esta aplicación. Nuestra labor es absolutamente independiente y, por lo tanto, estamos certificando la aplicación conforme a las especificaciones del fabricante.”

5. CONTINUACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN.

5.1. SOLICITUD DE NUEVO PLAZO PARA EMITIR INFORME.

Con la constitución de la nueva Comisión en marzo de 1998, se solicita y se obtiene la aprobación de la honorable Cámara, de la ampliación del plazo en sesenta días para emitir el informe y de este modo proceder a dar cumplimiento al Proyecto de Acuerdo número 540 de 1997.

5.2. PETICIÓN DE NUEVOS ANTECEDENTES.

5.2.1. Al señor Contralor General de la República.

Para cumplir con su cometido vuestra Comisión acordó dirigir oficio al señor Contralor General de la República para consultar si se solicitó efectuar sumarios a raíz de los problemas ocasionados en la construcción de viviendas básicas afectadas por los temporales de 1997.

5.2.2. Al señor Ministro de Vivienda y Urbanismo.

Al señor Ministro de Vivienda y Urbanismo se le solicitó informar sobre las siguientes materias:

a)Si se efectuaron sumarios internos en dicha Secretaría de Estado y en los Servicios de Vivienda y Urbanización, a raíz de los problemas que afectaron las viviendas básicas por los temporales ya mencionados;

b)Si a consecuencia de dichos sumarios se efectuaron despidos de personal;

c)Si el Ministerio y los Serviu entablaron demandas judiciales en contra de las empresas constructoras de viviendas básicas dañadas, y conocer cuál es el estado procesal de los juicios que en ellas inciden y el contenido de las resoluciones judiciales;

d)Informar si las empresas responsables de los daños a las viviendas básicas afectadas fueron eliminadas de los registros de contratistas de los Serviu;

e)Si dichas empresas han continuado postulando a licitaciones de los Serviu;

f)Informar sobre qué tipo de especificaciones técnicas han sido eliminadas y por cuáles han sido reemplazadas;

g)Si existe acuerdo entre la empresa Copeva y los pobladores para la reparación de las viviendas;

h)Qué medidas se han adoptado con el objeto de evitar que en el próximo invierno puedan ocurrir casos similares;

i)Cuántas viviendas fueron beneficiadas con el subsidio adicional de doce unidades de fomento para efectuar las reparaciones;

j)Informar si la población Villa Poetas, ex Portezuelo de Melipilla, fue considerada dentro de aquellas afectadas por los temporales, y

k)Informar sobre las normas de fiscalización de la construcción de viviendas básicas que se está aplicando, su evaluación y los recursos humanos con que se cuenta para su control.

5.2.3. Al señor Director del Instituto de Investigaciones y Ensayes de Materiales de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, Idiem.

Se dirigió oficio al señor Director del Idiem para solicitarle informar si durante el período comprendido entre la fecha en que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo solicitó a dicho Instituto evacuar el informe sobre la causa de los daños que afectaron a las viviendas de la comuna de Puente Alto con ocasión de los temporales del invierno pasado y, la fecha en que dicho informe se evacuó, esto es, el mes de octubre de 1997, el señor Francisco Pérez Yoma era miembro del Directorio del Idiem.

Ante vuestra Comisión, se señaló que el directorio del Instituto de Investigaciones y Ensayes de Materiales de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, Idiem, habría estado compuesto, entre otras personas, por el señor Francisco Pérez Yoma, que es a su vez, dueño mayoritario de la empresa constructora Copeva.

Se añadió que las primeras publicaciones sobre este tema daban cuenta que el Director de dicho Instituto señor Luis Ayala, manifestaba la inexistencia de este directorio y, posteriormente, el día 7 de julio de 1998, en una publicación de prensa, reconocía que el señor Pérez Yoma, sí fue director, pero que renunció en el mes de junio de 1997.

Por parte de esta Comisión, tal como se señaló anteriormente, solicitó al Director del Idiem, informar si a la fecha en que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, contrató el estudio e informe sobre los daños causados a las viviendas por los temporales y el mes de octubre de 1997, en que dicho informe fue emitido por el Idiem, si el señor Francisco Pérez Yoma era miembro del directorio de ese Instituto, y su respuesta fue la siguiente:

“Santiago, julio 8 de 1998.

MEMORÁNDUM DAC Nº 105/98

DE: LUIS AYALA RIQUELME, DIRECTOR ACADÉMICO Y ESTUDIANTIL

FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS

UNIVERSIDAD DE CHILE

A: SEÑORA ELIANA CARABALL MARTÍNEZ

PRESIDENTA COMISIÓN DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

CÁMARA DE DIPUTADOS-CHILE

MAT: INTEGRANTES DE UN DIRECTORIO CONSULTOR DE IDIEM

En relación a la información solicitada en el Oficio Nº 31-98 del 1º de julio del presente año, cúmpleme informar que el señor Francisco Pérez Yoma no era miembro del directorio de Idiem a la fecha en que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo solicitó el informe técnico sobre las causas que provocaron las filtraciones a las viviendas de la Villa Volcán San José de Puente Alto, construidas por la empresa Copeva, como tampoco antes o posterior a esa fecha. Al respecto puedo agregar a usted lo siguiente:

1)El Instituto de Investigaciones y Ensayes de Materiales, Idiem, no tiene ni ha tenido nunca un directorio. El Idiem es y ha sido dirigido por un académico de jornada completa que ejerce la función de Director, el cual es asesorado por un Comité Académico, integrado sólo por académicos también de jornada completa de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas (Ingeniería) de la Universidad de Chile, dependencia universitaria a la cual pertenece este Instituto, al igual que otros 14 departamentos académicos y 4 centros.

2)Dentro del marco de un plan estratégico de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas para el año 97 (Acciones 97), que contemplaba un proyecto de modernización del Idiem, el Decano Víctor Pérez V. propuso al Consejo de dicha Facultad en su sesión del 2 de abril de 1997, la constitución de un directorio consultor para apoyar la Dirección del Idiem. Los miembros de ese directorio debían ser académicos y profesionales prestigiosos vinculados con el quehacer del Instituto, y además egresados de la Facultad. La proposición fue aprobada en esta sesión y el acta correspondiente, en la sesión siguiente efectuada el 7 de mayo de 1997. Con fecha 12 de junio de 1997, el señor Francisco Pérez, uno de los invitados por el Consejo de Facultad a integrar el directorio consultor de Idiem, presentó su renuncia indeclinable dada la situación que afectaba a su empresa. La renuncia fue aceptada por el Decano Víctor Pérez V. mediante carta de fecha del 16 de junio de ese mismo año.

3)El suscrito fue designado en la sesión del 2 de abril de 1997 Director del Idiem para poner en marcha el plan de modernización acordado por el Consejo de la Facultad. Este plan se inició a partir de esa fecha y ha sido continuado por el actual director Profesor Pedro Ortigosa, designado a partir del 7 de mayo del presente año, sin la necesidad de constituir el directorio consultor propuesto por el Decano.

4)Con fecha 18 de junio de 1997, el señor Héctor López Alvarado, Arquitecto Jefe de la División Técnica de Estudio y Fomento Habitacional del Ministerio de Vivienda y Urbanismo solicitó evaluar los siguientes informes referidos a los edificios construidos por mandato del Serviu Metropolitano, ubicados en la Comuna de Puente Alto identificados como Volcán 1 y 2.

1.Diagnóstico de causas por las que se produjeron filtraciones en los muros perimetrales.

2.Alternativas de revestimientos para evitar futuras filtraciones.

3.Análisis estructural de los edificios en el sentido de su comportamiento al incorporar una carga de estuco exterior en sus muros perimetrales.

5)Con fecha 19 de agosto de 1997, mediante carta IEE Nº102/97 la Sección Investigación y Ensayes de Estructura (IEE) del Idiem hizo llegar al Minvu un preinforme (resumen) de los principales resultados y apreciaciones generales sobre una parte del estudio encargado. Posteriormente, el 10 de octubre de 1997, mediante carta IEE Nº136-97, se hizo entrega al Minvu del informe del estudio técnico completo sobre las posibles causas que provocaron las filtraciones de aguas lluvia a las viviendas de la Villa Volcán San José de Puente Alto.

Saluda atentamente,

Luis Ayala Riquelme

Director Académico y Estudiantil

Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas

Universidad de Chile

Ex director del Idiem”

6. PERSONAS INVITADAS POR LA COMISIÓN.

Vuestra Comisión estimó procedente invitar nuevamente al señor Ministro de Vivienda y Urbanismo, a la señora Subsecretaria de Vivienda, a determinadas autoridades ministeriales y del Servicio de Vivienda y Urbanismo Metropolitano y a representantes de las siguientes poblaciones:

Presidenta de la Junta de Vecinos de la población El Volcán uno, de Puente Alto, señora Berta Pavez Jiménez; Presidenta de la Junta de Vecinos de la población El Volcán dos, de Puente Alto, señora Doris Inyelco; Presidente de la Junta de Vecinos de la población Bruselas dos, de San Antonio, señor Juan Luis Villegas; Presidenta de la Junta de Vecinos de la población Valle del Sol, de El Bosque, señora Eugenia Navarrete; Presidenta de la Junta de Vecinos de la población Pascual Gambino, de Quilicura; Presidenta de la Junta de Vecinos de la población Cancha Rayada, de Ovalle, señora María Luz Moncada.

6.1. INTERVENCIÓN DEL MINISTRO DE VIVIENDA Y URBANISMO, SEÑOR SERGIO HENRÍQUEZ.

El señor Sergio Henríquez (Ministro de Vivienda y Urbanismo) señaló que respecto de este tema llevamos un año de trabajo.

Añadió que cumplirá un año como Ministro a fines de julio y la señora Subsecretaria, como tal, lleva un mes de labor.

A continuación resumió el estado en que se encuentran las cosas y señaló que comenzó el año pasado, a raíz de los fuertes temporales en la zona central. Eso produjo problemas en las viviendas y afectó a algunos grupos. Uno de ellos fueron las viviendas en la comuna de Puente Alto, el Volcán 1 y 2, seleccionadas por la prensa y por algunas personas para ejemplificar lo que sucedía.

Manifestó que, reflexionando, por qué sucedió este problema, estimó que ello tiene que ver con el arte constructivo en Chile, porque él parte con ciertos problemas, desde el diseño de la vivienda, producto de la masiva construcción.

Acotó que, antes de 1990, en Chile se construían menos de 5 millones de metros cuadrados. El déficit habitacional aumentaba y, a partir de 1990, específicamente de 1991 y 1992, es cuando empieza un volumen de construcción.

Expresó que de acuerdo con la información del año pasado, se construyeron 136 mil viviendas, cuando la demanda normal de este país se estima del orden de 70 mil viviendas nuevas que se requieren cada año. Se está reduciendo el déficit. Así lo dicen todas las estadísticas. Agregó que eso llevó a que el sector privado se metiera en un tema bastante complejo y que significaba que donde había mano de obra habitual, entrenada, se llegara a una mano de obra que no era tan entrenada y dedicada a la construcción, y que pasáramos de un número de menos de 5 millones de metros cuadrados a más de 10 millones de metros cuadrados construidos; de 60 a 70 mil viviendas, a más de 130 mil al año.

Señaló que al hacer un repaso el año pasado, a estas alturas, con un volumen de construcción tan grande y a todo nivel, teníamos una falta de compromiso de sus diseñadores, y faltaba tiempo a los arquitectos para lo que estaban haciendo, por ello era casi replicar uno tras otro ciertos modelos, sin renovar el diseño ni el tema urbanístico. Hubo una serie de cosas que se dejaron de lado en el ánimo de avanzar rápido y resolver un tema social tan urgente.

Destacó que los proveedores, que antes tenían ciertas dificultades para vender sus productos, por el contrario, lo que producían lo vendían, lo que demuestra que todos los controles de calidad estaban más relajados respecto del tipo de materiales que se estaba usando.

Hizo presente que en Santiago se empezó a usar el sistema de los bloques, que es un tema crítico en este caso. Hubo dos ocasiones en que se usó en Santiago: primero, en 1985, a raíz del terremoto, en que fueron dañados y destruidos alrededor de cien conjuntos habitacionales del Ministerio, tema que nunca se conoció por la prensa.

Enfatizó que desde entonces se empezó a usar el bloque, porque era imposible reconstruir todo rápidamente con ladrillo. Posteriormente, al iniciarse la construcción masiva y por no contar con suficiente ladrillo en Santiago, acuerdo en el que, además, los productores de bloques estaban muy interesados, se siguió utilizando el bloque en Santiago sin que éste estuviera normalizado, es decir, el bloque cumplía con una condición básica para que se usara en la construcción, pero no estaba normada su utilización en cuanto al grado de permeabilidad que debía tener y a una serie de otras normas.

Señaló en tercer lugar, los constructores también se habían relajado, porque en el ánimo de construir mucho y rápido, los sistemas de trato se hicieron masivos y la subcontratación en las empresas era constante, por lo cual nos encontramos con muchas empresas que existían con el nombre, algunos ingenieros, un par de contadores y el resto eran todos subcontratistas, provocando que el control de responsabilidad y calidad disminuyera.

Añadió que lo anterior se agrega el sistema de tratos que hizo que ocurrieran los hechos acaecidos en ciertas poblaciones, en que la flecha en las losas es mayor que la razonablemente permitida, producto de que los trabajadores, como tenían trato de cumplimiento a la semana, no cuidaban todas las normas en cuanto al alza primaje de las losas, mientras estaban en construcción. A eso, después, hay que agregarle que el Ministerio tenía un formato de inspección técnica residente. Del total de viviendas dañadas, las encargadas por el Ministerio es sólo una parte; en las demás viviendas dañadas, el Ministerio lo único que otorga es el subsidio, y no tiene ninguna responsabilidad. Se trata de un contrato directo entre privados, entre la gente y los constructores y organizaciones, como las cooperativas. En este tema, en toda la línea, tanto de las viviendas construidas por el Ministerio, como de las viviendas llamadas privadas, que se construían con los subsidios otorgados, hubo problemas de inspección.

La inspección residente, como concepto, requiere de un inspector de planta por lugar, con los medios técnicos, con tiempo, con vehículos etcétera.

Manifestó que el Ministerio, a raíz de la planta fijada en 1990, aumentó fuertemente su inversión, por la cantidad de viviendas que hacía. Sin embargo, su planta funcionaria no sólo se había mantenido, sino que había disminuido. De hecho, hay una ley vigente para el caso del Ministerio de Vivienda, conocida con “dos por uno”: por cada dos personas que jubilan o se van sólo una puede ingresar. Es decir, tenemos que esperar que dos personas jubilen para que entre una, que, además, queda en el grado más bajo que las dos personas que se han ido.

Ésta es una situación de detrimento muy compleja, que está en la ley, que es imposible de evitar, y que afecta la inspección residente principalmente.

Hizo presente que las especificaciones del Ministerio se habían ido convirtiendo en generales, producto de reiterados reclamos de muchos proveedores, a fin de evitar que en ellas se indicaran a un determinado proveedor o producto. De hecho, ya durante el gobierno militar hubo algunas acusaciones al Ministerio de corrupción, por indicar un producto o un proveedor en un determinado material. Por ello, las especificaciones se habían convertido en bastante generales. Pero esa generalidad, en vez de ser utilizada en términos de no indicar a un determinado proveedor, estaba siendo utilizada para disminuir la calidad y los estándares constructivos.

Manifestó que ése es el resumen de la situación habida el año pasado. A eso, se agregan los temporales de viento y lluvia, que desde 1926 no afectaban con esa magnitud a nuestro país.

Destacó que no sólo en viviendas hubo problemas, sino también en obras públicas. De hecho, como consecuencia de estos temporales en Santiago, se destruyeron viviendas no sociales; se destruyeron viviendas de clase media y alta. En Providencia y Vitacura, fue por donde penetró el viento en esa zona de la ciudad y también hubo destrucción. Eso demuestra que nuestras viviendas están diseñadas para cierto régimen pluvial y para cierto régimen de viento, que no era el caso de lo que ocurrió el año pasado.

Expresó que a partir de ese momento, la primera meta fue resolver los problemas de la gente. No se podía dejar a cuarenta mil familias viviendo con las casas como estaban. Ése era el primer problema. Lo demás era accesorio. Se firmó un acuerdo con la Cámara Chilena de la Construcción, en virtud del cual las empresas que tuvieren problemas, incluida la empresa que más se nombre habitualmente, se comprometieron a hacer todas las reparaciones en sus poblaciones.

Enfatizó que en ese sentido, han sido muy estrictos y se ha cumplido. A la fecha esta reparado prácticamente el ciento por ciento de las viviendas, excepto un pequeño grupo de viviendas en Santiago, dentro del grupo habitacional de Puente Alto.

Según su parecer, estima que la gente, está mal informada y utilizada, por distintos grupos, razón por la cual han postergado la firma de los mandatos, para efectuar las reparaciones. Como son viviendas privadas, el Ministerio no puede intervenir si no tiene esos mandatos. No los han firmado, y hace pocos días nos dijeron que esta vez si querían firmarlos. Los están buscando su empresa y el Ministerio va a apoyarlos técnicamente en lo posible. Les hemos informado que sólo si tenemos los mandatos firmados se prorrogará del decreto Nº 79, que ya venció, para que, en el caso de ellos, se reparen y mejoren esas viviendas.

Expresó ante la Comisión que las empresas, en general, han cumplido. La nómina de ellas está en poder de la Comisión con el cuadro de las poblaciones, además, de la información adicional referida al tipo de daño por población, es decir, a viviendas con daño mayor. Esa información fue prorrogada a la Comisión el año pasado, y se ha utilizado para hacer a esa catastro las reparaciones de las viviendas.

Manifestó que nadie puede desconocer que para la gente lo primordial es tener solución habitacional y el presupuesto siempre es menguado y mucha gente continua esperando.

Por otra parte los precios de los terrenos suben, el país estaba creciendo muy fuerte, la competencia en el sector construcción era muy fuerte y el valor de la mano de obra muy cara.

Por ello se aceptaron algunas disminuciones de estándares, en ciertas cosas que se llamaron laterales, pero, en lo principal, los estándares siempre fueron aumentando en metraje. Por ejemplo, en 1990, la vivienda básica del Ministerio de Vivienda y Urbanismo tenía 32 metros cuadrados; la vivienda básica de 1997, tiene un promedio de 45 metros cuadrados. O sea, el estándar, en cuanto a tamaño de vivienda, claramente está aumentando. Hasta antes de 1992 no había obligación de pavimentar calles, pasajes, y veredas, y sin iluminación. Hoy se invierte en la gente más pobre del país, no sólo en las viviendas sino, además, en la urbanización y el equipamiento. Desde ese punto de vista mal enfocado, se pensó que, para lograr un mayor equipamiento y metraje, había que estar dispuesto a sacrificar algunos estándares como las bajadas de aguas y los desagües de las aguas lluvia en las poblaciones.

Expresó que a raíz de ello, el Ministerio decidió invertir alrededor de doce millones en hacer mejoras en más de cuarenta mil viviendas. Y diecisiete mil setecientos setenta y un millones, en mejorar los estándares, que es distinto que hacer reparaciones, las que han sido hechas por las empresas.

Hizo presente que se lograron compromisos con los proveedores, los Colegios de Arquitectos, de Ingenieros, de Constructores y con la Cámara de la Construcción sobre mayor calidad de la Construcción, urbanización y nuevos modelos de vivienda y no sólo un tipo, sino que conjuntos de diferentes tipos, de 50 metros, de 45, para matrimonios solos, para ancianos, etcétera.

De esta manera entregará una oferta de vivienda muy distinta.

Por otra parte con la Cámara de la Construcción hemos realizado seminarios internos y contratado las mejores empresas de ingeniería del país. Ellas han hecho análisis independientes lo han discutido, ellos y sus asociados respecto de los temas de mejoramiento de la calidad. Se ha insistido en las inspecciones permanentes de las obras, más allá de lo normal.

Dijo que se han preocupado de las normas, que es otro tema que faltaba abordar respecto de la construcción. En los programas privados donde el Ministerio no intervenía, ahora existe inspección para la cual el Ministerio otorga un subsidio para esa contratación desde el inicio de la ejecución y de la recepción de la obra, pero en esa área aun ha habido muchos problemas con los proyectos privados.

En materia de responsabilidades explicó que en primer lugar, se debía comprobar si hay dolo y la mejor solución, que es tener un ministro en visita de la Corte de Apelaciones, que lleva un año investigando el tema, y a quien se le han aportado todos los antecedentes que se han requerido para su investigación.

En lo que corresponde a la parte administrativa que el Ministerio puede resolver, se solicitó a los Serviu respectivos que se instruyeran los sumarios administrativos cuando exista este tipo de anomalías.

En este momento en el Serviu de Santiago hay sumarios administrativos como el de la empresa constructora Transex, relacionado con las obras en la población Las Praderas Uno y Tres, en la comuna de Peñaflor, otro en la población Valle La Luna, en Quilicura, de la constructora Copeva, y un cuarto sumario por la población de El Volcán, San José, en Puente Alto. Este último sumario fue sobreseído por el fiscal sobreseimiento sobre el cual se ha solicitado recientemente al Director del Serviu que sea reabierto porque algunos puntos no están claros.

Finalmente, entre otras materias destacó que ésos son los problemas fundamentales de lo ocurrido y lo más importante es que, en primer lugar, el tema de la gente está resuelto, y el tipo de construcción que se está llevando a cabo en la actualidad es de un mejor estándar que el que se estaba realizando hasta el año pasado, con lo cual el gobierno, a través del Ministerio de la Vivienda, ha aceptado un aumento de precio, que esperamos sea siempre el más razonable posible.

6.2. INTERVENCIÓN DE LA SUBSECRETARIA DE VIVIENDA Y URBANISMO, SEÑORA BERTA BELMAR.

La señora Berta Belmar (Subsecretaria de Vivienda) expresó que en general el Ministerio de Vivienda, y los Serviu para la gente y para el país en general, son exactamente lo mismo.

Enfatizó que la actual legislación que rige a los servicios de vivienda y urbanización, Serviu, data desde 1975, y es continuador de las antiguas corporaciones Corhabit, Corvi, Cormu y Covu, entre otras, para formar en definitiva los servicios de Vivienda y Urbanismo con el tiempo.

Explicó que sobre esa base, los Serviu tienen una generación, como servicio absolutamente descentralizados, con patrimonio propio, cuyos jefes de servicio son los directores de los Serviu y no como la mayoría de las personas creen que los Serviu son divisiones regionales del Ministerio.

Agregó que los ministerios tienen en cada región un Secretario Regional Ministerial, que es el Secretario Regional de la respectiva cartera. Pero el Director del Servicio de Vivienda y Urbanización, es un jefe de servicio que nombra el Presidente de la República y que se relaciona con él a través del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

Añadió que por lo tanto, no existe dependencia de los directores del Serviu con el Ministerio y que es bueno tener claro cuál es la estructura jurídica que tienen actualmente estos servicios de vivienda y urbanización, su relación con el Ministerio y por qué algunas materias, no pueden ser instruidas del Ministerio a los directores de los Serviu y por qué la supervigilancia estatuida sólo establece ciertas facultades que, según la Ley de Bases de la Administración del Estado, no entrega facultades al Ministerio del ramo que tendría si estos fueran servicios jerarquizados y dependientes.

Acotó que independientemente de que los servicios de vivienda y urbanización son descentralizados en cada una de las regiones, tampoco tienen relación de dependencia jerárquica con el Intendente, ni con el Seremi. Por lo tanto, se trata de servicios de vivienda y urbanización dirigidos por un jefe de servicio que se relaciona con el Presidente a través del Ministerio y de Vivienda y Urbanismo, que tiene un patrimonio propio y que ejecuta las facultades que establecen la Ley de Bases, el Estatuto Administrativo y los decretos correspondientes.

Terminó expresando que la relación más directa es a través de la planta, que es nacional, y la distribución del presupuesto que se hace una vez al año, pero el resto de las facultades competen al director y operan directamente. Entonces, es muy importante que no se use sinónimamente la palabra Ministerio con el Serviu, como si fueran lo mismo o como si los Serviu fueran las direcciones regionales del Ministerio.

6.3. INTERVENCIÓN DEL DIRECTOR DEL SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN DE LA REGIÓN METROPOLITANA, SEÑOR JORGE DEL FIERRO.

El señor Jorge del Fierro (Director del Serviu Región Metropolitana) expresó que debido a los acontecimientos del año pasado, el Ministerio de la Vivienda, y en particular el Serviu, que siempre ha sido su brazo ejecutor, se han dedicado a efectuar mejoramientos de viviendas sociales, tendentes, en una primera etapa, a mitigar los problemas de filtraciones que hubo en numerosos conjuntos habitacionales del área metropolitana.

Manifestó que ejerce el cargo desde octubre de 1997. Antes era Director Regional de la Primera Región, en marzo de 1997, se hizo cargo de la Subdirección de Vivienda de la Región Metropolitana. O sea, tenía tres meses de llegado a Santiago cuando ocurrieron los temporales.

Se le señaló que el Ministro de Vivienda, con fecha 14 de mayo del presente año, hizo llegar un informe sobre la situación del proceso civil que el propio Ministerio de Vivienda, a través del Serviu Metropolitano, inició en el 24º Juzgado Civil por incumplimiento de contrato contra la empresa Copeva.

Del expediente han llamado la atención algunas situaciones, respecto de las cuales se le pidió explicar. Una de ellas sobre la lentitud con que el Serviu de la Región Metropolitana ha enfrentado este procedimiento. La demanda fue iniciada el 1 de julio de 1997, ampliada el 3 de julio, donde se solicitaron inspecciones del tribunal para constatar el daño de las viviendas. Dichas gestiones fueron suspendidas por el Serviu y posteriormente reiteradas. Nuevamente fueron suspendidas de común acuerdo entre el Serviu y Copeva. Junto con ello, por tres veces se pidió la suspensión del procedimiento por 30 días por parte del Serviu y Copeva.

Otra cuestión importante es que una resolución del tribunal, que debía ser notificada el 5 de noviembre de 1997 -cuyo trámite debían realizar los abogados del Serviu ya que se trataba de una notificación especial por cédula- se efectuó recién el 25 de mayo de 1998. Es decir, cinco meses después.

La segunda inquietud dice relación con los sumarios internos que ordenó el Ministerio para perseguir la responsabilidad administrativa con respecto al caso Copeva, los que debían llevarse a cabo a través del Serviu. La información que entregó el Ministro de Vivienda a través de un oficio fechado el 14 de mayo último, fue que los sumarios no estaban terminados, y hasta la fecha aún no lo están.

Se le pidió informar por qué el Ministerio de Vivienda a través del Serviu Metropolitano, después de 13 ó 14 meses de sucedidos los hechos, no ha concluido los sumarios internos y no tiene claro si existieron o no responsabilidades administrativas.

Se le consultó acerca del informe del Idiem que fue solicitado por el Ministerio de la Vivienda y evacuado por dicho Instituto. Respecto de dicho informe habrían objeciones. La Comisión quiso conocer cuándo y quién hizo esas objeciones y si ha habido una respuesta del Idiem.

Se le preguntó también, sobre el congelamiento de los dividendos y cómo operó.

Asimismo la Comisión estimó necesario conocer sobre las viviendas dañadas, la inversión de 12 UF. Para reparaciones. Cuántas son las viviendas que tienen resueltos los problemas por el daño producido y qué pasó con aquellos propietarios que no quisieron que la empresa que construyó sus viviendas efectuara las reparaciones.

El señor Jorge del Fierro respondió que se optó por privilegiar la reparación de las viviendas. Evidentemente que el acuerdo de suspensión a que se llegó con la empresa Copeva tenía por objeto permitir que dicha empresa asumiera sus propias responsabilidades. Había dos diferentes acciones. Una era que la reparación de los daños o desperfectos que había en las viviendas fuera abordado por las empresas que las construyeron, de acuerdo con el protocolo firmado con la Cámara Chilena de la Construcción. La otra respecto al decreto supremo Nº 79, de 1997, que permitió el mejoramiento de partidas que se adicionaron para mitigar los problemas que había en ese momento, por ejemplo, para la instalación de canales, bajadas y drenajes de aguas lluvia que no estaban incluidas en los contratos originales y se incorporaban para mitigar el efecto de las lluvias que habían mojado totalmente los muros y producido una saturación. Por razones del clima no se podía actuar inmediatamente.

Es así como se estimó que al incorporar mejoras, como las señaladas, se protegían los muros que estaban saturados. También se determinó colocar techumbres a las escaleras y protección de las loggias de los departamentos, porque por ahí también había entrado la lluvia y había mojado las lozas, lo que provocó filtraciones. Por lo tanto, se acordó que todas estas partidas serían financiadas con fondos provistos por el decreto supremo Nº 79, de 1997.

En el caso del impermeabilizante se descontaba lo que en el contrato original se había considerado como pintura o impermeabilizante. Por lo tanto, si la empresa había ofrecido un impermeabilizante, éste no se le reponía a la que lo había hecho mal, sino que era un costo adicional. Se fijó el monto máximo en 2 UF y, en algunos casos, por diferentes razones, por ejemplo, hay mayor recorrido de canales en un techo a cuatro aguas que en uno a dos aguas y los presupuestos excedieron dicho monto. De acuerdo con el protocolo celebrado con la Cámara de la Construcción, solicitamos que las empresas abordaran esta situación en el espíritu de buena voluntad que se había establecido.

Mencionó que no habrían podido contar con la empresa Copeva si hubiéramos acelerado el juicio. No se puso fin ni caducó, sino que se suspendió para dar lugar a las reparaciones. Ese fue el espíritu que tuvo esta acción, tomando todas las precauciones para que no se excedieran los plazos legalmente establecidos. Finalmente, en mayo de este año solicitamos los autos probatorios, y la demanda continuó en plena vigencia.

Agregó que hay una demanda motivada por el retiro de la empresa Copeva de las poblaciones El Volcán 1 y 2, de Puente Alto, y desde que sucedieron los hechos, se recurrió a la empresa para que verificara las filtraciones y los desperfectos que reclamaban las personas afectadas y ésta inmediatamente puso gente en terreno. Llevaron planchas, maestros, etcétera. Posteriormente, dada la polémica suscitada y por las informaciones de prensa, hubo algunos entredichos que motivaron a que la empresa Copeva retirara a sus trabajadores del lugar de las reparaciones. Ese retiro motivó la demanda en contra de esa empresa.

Destacó que once distintas empresas tuvieron similares desperfectos y las demás se pusieron a trabajar inmediatamente en las reparaciones y dar cumplimiento al protocolo suscrito con la Cámara Chilena de la Construcción, que establecía que les correspondía reparar los desperfectos.

Añadió que la demora fue porque parte de la población El Volcán accedió, el mismo de agosto, a que la empresa Copeva hiciera las reparaciones, y la otra parte no. Por falta de mandatos a esta empresa.

Posteriormente, los vecinos empezaron a entregar mandatos a la empresa Copeva. El mayor problema que había para la contratación de reparaciones con empresas diferentes a la que construyó la población El Volcán como en todas las demás, era que si intervenía una empresa distinta, sólo le podíamos exigir que abordara las mejoras y no así las reparaciones establecidas en el protocolo suscrito con la Cámara Chilena de la Construcción. Por lo tanto, el proceso de reparaciones en algunos conjuntos, como El Volcán, Padre Hurtado, de Puente Alto, Quilicura, Pascual Gambino, Valle de la Luna, etcétera, fue gradual. A medida que se le iban despejando algunas dudas de la gente, como también, se realizaban estudios estructurales que se contrataron para dar tranquilidad a las personas que ponían en duda ciertas resistencias, etcétera, eso motivó la demora de las reparaciones hasta el verano de este año.

En lo relativo a los sumarios, señaló que el Serviu inició dos. Fundamentalmente, son los sumarios por responsabilidad que cupieron al Serviu en las poblaciones Volcán I y II, en Puente Alto, y responsabilidades que pudieron tener en Quilicura y Peñaflor, empresas como Transec, Copeva y otras. Ésos son los dos sumarios. Uno, se inició en agosto, y el otro, en noviembre del año pasado. El primero respecto a la población el Volcán San José, el fiscal entregó su análisis, proponiendo sobreseimiento a fines del año pasado.

Expresó que lo estudió y que no acogió la solicitud del fiscal, porque le pareció que había algunos aspectos que no se habían tocado suficientemente en la investigación y en marzo ordenó reabrir el sumario. Posteriormente, a fines del mes pasado, a insinuación del Ministro, se decidió entregar el sumario a un fiscal independiente ajeno del Serviu, que es el abogado señor Martín Santa María, del Comité del Ministro. En este momento, se están haciendo más investigaciones sobre este sumario.

Añadió que mientras no se emita un pronunciamiento no hay otros comentarios que hacer ya que es un asunto complejo. Se han restablecido un sinnúmero de responsabilidades y situaciones ambiguas, históricas, etcétera.

Respecto de otro sumario, que abarcaba alrededor de cuatro mil viviendas y se necesitan antecedentes, no tan sólo de la parte administrativa, sino también de la obra, visitas a la obra, terminar la etapa de análisis y de recopilación de antecedentes. Desde la semana pasada está en investigación.

En lo relativo al informe del Idiem, manifestó que fue solicitado por la División Técnica del Ministerio de Vivienda. Posteriormente, por problemas administrativos de pago se hizo un contrato con el Serviu. La idea era que, de nuevo, fuera un organismo externo al Serviu el que hiciera la investigación y tomara contacto con las asesorías técnicas.

En efecto, el primer informe del Idiem establecía en resumen que los materiales cumplían con las normas de procedimiento. En resumen, decía: “El dimensionamiento de los elementos conforme con los planos, la calidad de los materiales conforme con las especificaciones y normas; y, la calidad de la construcción en lo relativo a obra gruesa conforme con las prácticas recomendadas”.

Hubo este informe preliminar muy general y, posteriormente, después de una entrevista con el Idiem, otro en que se hacen afirmaciones sobre una serie de defectos constructivos, como grietas, deformaciones de losas y otra serie de elementos no constructivos. En su opinión, la afirmación de la página resumen no daba cuenta de esos defectos. En consecuencia, de la conversación con el Idiem, resultó ser como pensábamos, que esta página, el resumen en la primera página era equívoca, y se nos contestó que el Idiem no hizo un análisis de la construcción, sino un análisis de laboratorio, de elementos de la construcción. En reunión con el jefe de la división técnica, le hicimos notar que los elementos que aquí se describían como defectuosos no aparecían en esa primera página.

Señaló que en el fondo, se trató de un problema de presentación, porque los elementos defectuosos de la construcción siguen estando en el largo informe. Cuando uno lee esta primera página, la impresión que da es: “aquí no pasó nada”, con lo cual estamos en desacuerdo. Ahora, si desde ese punto de vista ustedes proponen que no se tome en cuenta, para mí está perfecto, porque no participo de este informe en el sentido del resumen ejecutivo que hace. Insistió que su opinión, es que hay defectos. El primero era un informe preliminar.

Consultado si fue suprimida la utilización de bloques respondió afirmativamente, para aquellas zonas que no es recomendable.

En lo relacionado con el congelamiento de dividendos, manifestó que de algunas juntas de vecinos de los conjuntos afectados que solicitaron el congelamiento de dividendos. Esto se materializó en tres meses: junio, julio y agosto de 1997. Posteriormente se amplió a un cuarto mes, por un motivo de información, en razón que mucha gente no lo supo el primer mes y entendió que la congelación venía hasta por cuatro meses.

Agregó que se identificaron los conjuntos que estaban afectados en un principio y después se fueron agregando otros. También hubo un problema de comunicación con la empresa que hace la cobranza de los dividendos, pues ellos, anteriormente, ya habían efectuado la cobranza de junio, por eso hubo que ampliarlo a cuatro meses. En todo caso, el decreto mismo, en su tramitación y aprobación, salió promulgado el 4 de agosto de 1997, por eso se decidió incorporar un mes más.

En el caso de las viviendas PET, estas tienen cartera que maneja el Banco del Estado y se consiguió también una prórroga de cuatro meses, pero en este caso no era automático, sino que los afectados tenían que solicitarlo al Banco.

Finalmente señaló que las viviendas reparadas que se acogieron al decreto supremo Nº 79, de 1997, sumaron 25.045, de las cuales, alrededor del cincuenta por ciento tuvieron algún tipo de filtración y, el resto, fueron la extensión que se hizo en los conjuntos habitacionales, porque los vecinos así lo demandaron. Por ejemplo, en Puente Alto, el conjunto Coloane tuvo 20 viviendas con algún tipo de filtraciones de un total de 800 y se reparó la totalidad del complejo, porque tenían miedo de que en las próximas lluvias se pudieran filtrar. También estaba el problema de la copropiedad inmobiliaria, porque muchas de estas viviendas son bloques de departamento de tres o cuatro pisos.

Aclaró que cuando se habla de viviendas afectadas, fundamentalmente es sobre las viviendas que tuvieron algún tipo de filtración, ya sea por defectos en techumbres, etcétera.

Los daños que se produjeron en estas viviendas fueron fundamentalmente de filtraciones, producto de planchas quebradas, de malos sellos de salidas de las ventilaciones del alcantarillado, de ajustes de ventanas en que el agua se filtró por el alféizar, o sea, la parte inferior de la ventana. En general, estamos hablando de un daño a la vivienda que si lo valoramos es de alrededor del 3,5 por ciento del valor de esa vivienda, esa es la realidad. Ahora, las 12 UF corresponden, aproximadamente, a este mismo valor.

Consultado sobre cuál fue el mecanismo que se utilizó para dictar las resoluciones exentas, respondió que fue un decreto que se cursó a la Contraloría y no una resolución; aquí había un derecho a este préstamo por un decreto de emergencia que condonaba el aporte.

Se le hizo ver si fue por eso que no se llamó a licitación, a lo que respondió que el decreto de emergencia siempre autoriza que, en períodos de emergencia, no se llame a licitación.

6.4. INTERVENCIÓN DEL ASESOR JURÍDICO DEL MINISTRO DE VIVIENDA Y URBANISMO, SEÑOR ENRIQUE RAJEVIC.

El señor Enrique Rajevic (Asesor Jurídico del Ministro de la Vivienda) complementando lo señalado por el Director del Serviu Metropolitano, manifestó que el decreto supremo Nº 79, de 1997, de Vivienda, se dictó en ejercicio de la facultad del decreto que declaró la zona de emergencia, en virtud, a su vez, de la ley de sismos y catástrofes, que permitió otorgar préstamos subvencionados, designación tal vez extraña, pero era la única forma que había para que la Contraloría General de la República permitiera otorgar un nuevo aporte a personas que ya habían recibido subsidios estatales, dado que la normativa de los subsidios establece que éstos sólo se otorgan una vez en la vida.

Añadió finalmente que esto permite, por el plazo de un año, hacer contrataciones directas para reparación de daños. Fue, precisamente, este mecanismo el que permitió dar a conocer a todas las empresas constructoras involucradas que si ellas daban un mandato al Serviu, éste, en virtud del protocolo suscrito, contrataba a la empresa que construyó el conjunto, gracias a lo cual dicha empresa podía mejorar las características que tenía el conjunto construido por ellas y, por otra parte, se haría parte de las reparaciones de los desperfectos que tuviera la construcción efectuada. En consecuencia, fue un sistema que se empleó de manera general, donde no hubo, como en todo lo que se hizo en este caso, ningún trato distinto para alguna empresa.

6.5. INTERVENCIÓN DEL SEÑOR LEONARDO LEDESMA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE VECINOS DE LA POBLACIÓN CANCHA RAYADA, DE OVALLE.

El señor Leonardo Ledesma (Presidente Junta de Vecinos Población Cancha Rayada de Ovalle) señaló que sufrieron el embate de los temporales del año pasado debido al material con que fueron construidas las viviendas básicas, fabricadas con bloque, sin terminación exterior, teniendo como recubrimiento dos manos de látex, material que en ningún caso tiene propiedad hidrorrepelente. Por lo tanto, es lógico y natural que tratándose de un material poroso y rugoso, absorbiera la humedad y ésta se traslada al interior.

Informó que conversaron en forma personal con el delegado provincial del Serviu, sin llegar a ninguna solución.

Agregó que con la intervención de dos diputados del distrito obtuvieron la visita del Ministro de la Vivienda, el que se comprometió a darles una solución, después de aproximadamente cuarenta y cinco días de ocurridos los temporales.

Manifestó que, había mucho descontento en la población, porque mientras sus demandas no eran satisfechas, veían que en Santiago en menos de 15 días, para algunas poblaciones, específicamente El Volcán, ya se habían importado elementos para impermeabilizar las casas.

Añadió que, en el intertanto, tuvieron que esperar la evaluación de los daños a las casas, y llegó el 14 de octubre, en que ocurrió el terremoto en la zona, lo cual llevó a que se conjugaran las dos cosas: las reparaciones estructural, para finalmente impermeabilizar las casas con pintura hidrorrepelente, que está garantizada por un período de cinco años. Lo otro correspondió a la reparación a causa del terremoto.

Consultado acerca de qué empresa construyó, respondió que Copeva. Son cuatrocientas sesenta y ocho viviendas básicas.

Expresó que se trata de casas de treinta y ocho coma cinco metros cuadrados construidas con losa de hormigón, y tanto el primer como el segundo piso tienen bloques, lo que se traduce en demasiado peso para la estructura de la vivienda. Por eso, las casas no resistieron el movimiento sísmico.

Hizo presente que, posteriormente, una empresa con experiencia en la materia reforzó las estructuras y reparó las grietas. En tal sentido, notan más seguridad en las viviendas; sin embargo, no han podido comprobar si resistirán las lluvias, pero confían en que los elementos utilizados en las reparaciones lograrán su objetivo.

Ante una consulta sobre si están conforme con las reparaciones, señaló que existe un grado de conformidad de alrededor de un noventa y cinco por ciento. Se trata de una población conformada por más de cuatrocientas viviendas y es muy difícil que todos, sin excepción, se den por satisfechos.

Consultado sobre qué causó más estragos en las viviendas, si el sismo o el temporal.

Respondió que, si bien es cierto que el nivel pluviométrico fue bastante elevado, hay que decir que el bloque no es un elemento impermeabilizante en sí mismo y debe ser reforzado con algún constituyente que cumpla esa función. El bloque es un elemento rugoso que debe ser tratado con estuco o pintura repelente para resistir la humedad.

En lo que se refiere al terremoto y sus efectos, dijo que un sismo puede producir una pequeña grieta en la estructura de una vivienda -se considera grieta leve la que mide hasta 5 centímetros-, pero por muy chica que ésta sea, siempre tendrá un impacto sicológico en el grupo familiar. Acotó que él es técnico en construcción, con estudios de Construcción Civil durante dos años y medio y que trabaja tres años en el área de la construcción. Cuando se produjeron los desastres, se dio cuenta de que la casa había soportado los embates, pero la inmensa mayoría de la gente que desconoce la materia y se ve enfrentada a una situación como la descrita no razona.

Consultado acerca de la congelación de los dividendos y a cuánto alcanza su valor, respondió que ello depende del ahorro inicial y de la cantidad de años en que se pactó el pago de la vivienda. Con todo, oscila entre los catorce mil y los dieciocho mil pesos y el Ministro de la Vivienda prometió congelar los dividendos por el plazo de seis meses, esto es, mientras se realizaban las reparaciones.

En la Comisión se preguntó sobre cuál fue el método que utilizaron para reparar las viviendas, y se firmaron un convenio con Copeva o contrataron a una empresa particular con el aporte de las doce unidades de fomento por parte del Serviu, a lo que respondió que no tuvieron acceso a las doce Unidades de Fomento. Sus casas se encontraban en período de garantía y habían sido entregadas el 28 de mayo, es decir, cuatro meses antes de producido el desastre. En tal sentido, le correspondió a la empresa constructora responder por los daños, la que tuvo que desembolsar alrededor de ochocientos mil dólares, y las reparaciones terminaron a fines de febrero de este año, con la fiscalización del Ministerio sobre el estado de las reparaciones, antes de que faltara una semana para entregar los últimos detalles y hacer el acta de entrega.

Terminó diciendo que aprovecharon esa oportunidad a fin de obtener una sede social y un jardín infantil. La sede social se comienza a construir la próxima semana. Es un proyecto de alrededor de veinticinco millones de pesos. En la sede social, existe, además, la promesa de una cesión de los terrenos para una escuela.

6.6. INTERVENCIÓN DE LA SEÑORA EUGENIA NAVARRETE, PRESIDENTA DE LA JUNTA DE VECINOS DE LA POBLACIÓN VALLE DEL SOL, DE LA COMUNA DEL BOSQUE.

La señora Eugenia Navarrete (Presidenta de la Población Valle del Sol de El Bosque) expresó que su villa fue entregada en 1994, y desde entonces presenta múltiples problemas estructurales.

Confirmó que se les otorgó subsidio para impermeabilizar las viviendas, y se les integró al plan de reparaciones, algunos de los deterioros que afectaron las viviendas. La impermeabilización se efectuó en marzo, con productos bastante buenos. Los trabajos fueron terminados aproximadamente el 25 de abril, a cuatrocientas treinta y ocho casas.

Consultada sobre que empresa construyó, respondió que la empresa Constructora Maya. Agregó que esta empresa aún tiene trabajos que hacer en la villa, falta al interior de las viviendas. Esperan que eso suceda, por tratarse de problemas de arrastre desde hace cuatro años.

Finalmente, manifestó que la calidad de sus viviendas no es buena, porque esos terrenos anteriormente eran tranques, y, al parecer, no fueron compactados, puesto que las especificaciones técnicas no indican que se hubiese hecho ese tipo de obras en el terreno. Debido a ello, existen calles que se están hundiendo; los patios también están hundidos. Mucha gente, como ha podido, ha hecho pequeñas ampliaciones, y tienen más seguridad en la ampliación que en la casa que les entregó el Serviu.

Señaló que están pagando una vivienda de mala calidad, con deuda hipotecaria, y tienen que pagar por una casa que no está en buenas condiciones.

6.7. INTERVENCIÓN DEL SEÑOR SERGIO ROLANDO DÍAZ, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE VECINOS DE LA POBLACIÓN BRUSELAS UNO DE SAN ANTONIO.

El señor Sergio Rolando Díaz (Presidente de la Junta de Vecinos de la Población Bruselas Uno de San Antonio) señaló que cuando se suscitaron los problemas, a raíz de los temporales del año pasado, nadie sabía lo que había pasado en San Antonio, en circunstancias de que los problemas producidos eran tan graves como los de Santiago.

Agregó que la población, está ubicada en la parte norte alta de San Antonio, y a pesar de que esta zona está muy expuesta al viento, los departamentos fueron construidos con frente al norte, en lugar de haberlo hecho en forma lateral. Acotó lo anterior para que sirva de experiencia para otros casos.

Destacó que se trata de una ciudad puerto, que soplan fuertes vientos, al igual como ocurre en la ciudad de Valparaíso en el sector de Playa Ancha. Y según la Gobernación Marítima, el año pasado hubo rachas de viento de 107 kilómetros por hora, lo cual significó la voladura de muchos techos. Añadió que, como debe ser de conocimiento de los miembros de la Comisión, se produjo la penetración de las aguas lluvia por las paredes de las viviendas, debido a que éstas carecían de estuco.

Lo anterior produjo una situación dramática, porque durante once días hubo que soportar el embate de la naturaleza.

Destacó que lo anterior, trajo secuelas muy graves en la salud de la población, por lo que se llevó a cabo un operativo médico, el que determinó que el ochenta y cuatro por ciento de los niños quedaron con bronquitis. Se les recetó medicamentos y cama. Pero todos los departamentos estaban totalmente inundados. Los primeros pisos tenían setenta centímetros de agua, incluso se mojaron los enchufes. Se electrificaron todos los departamentos, por lo tanto no se podía tocar un solo fierro de las viviendas. Eso fue comprobado porque la televisión así lo mostró.

Manifestó que para solucionar esta situación, se dirigió a Su Excelencia el Presidente de la República. En el Palacio de La Moneda, se entregó un petitorio en el que dieron a conocer la situación que estaban viviendo.

Hizo presente que en Santiago no sabían lo ocurrido en San Antonio, de las poblaciones que se habían anegado, no tenían idea, por negligencia de las autoridades locales, por no haber notificado al Gobierno que ellos tenían problemas tan gravísimos como en Santiago.

Expresó que se dictó el decreto supremo Nº 79, de 1997, por medio del cual se entregó doce unidades de fomento para efectuar reparaciones. Rechazaron el ofrecimiento del Serviu para impermeabilizar sólo hasta donde dicho dinero alcanzara, porque el mismo decreto supremo dice que se podía optar por hacerlo en forma particular.

Basado en ello conversaron con el delegado del Serviu de San Antonio, autoridad que no quería que los trabajos fueran hechos por cuenta de los pobladores, quizás porque consideraba que no tenían capacidad o bien porque querían hacerlo ellos. Pero las autoridades locales vieron el esfuerzo asumido por los pobladores.

Enfatizó que lograron amarrar todas las techumbres con tornillos diamantados con una firma contratista particular, instalar canaletas y bajadas de aguas lluvia. Todo ello con asesores técnicos e ingenieros químicos a cargo de la obra. Si algo estaba mal, se hacía de nuevo.

Las faenas duraron tres meses y día a día estuvieron, desde que se iniciaba la jornada, supervigilando para que no hubiera pérdidas de material y asegurarse de que fueran aplicadas las dos manos de impermeabilizante.

Destacó que con las doce unidades de fomento por vivienda se repararon los techos, se arreglaron todos los shaft de ventilación, canaletas, bajadas de aguas lluvia, se rasparon todas las paredes con maquinarias detectándose en el momento las canterías -porque era cuestión de meter un lápiz y éste entraba-, se sometió el muro a un procedimiento químico rehaciéndose casi todos los departamentos, se aplicó ácido, repelente, lavado hidrofugante, dos manos de sellantes y dos manos de super látex acrílico. Todos estos materiales no están a la venta, porque aquí se jugó el prestigio la empresa Tricolor de Viña del Mar.

Consultado sobre qué empresa construyó la población, respondió que fue SAG S.A.

Mencionó que en su calidad de voluntario del Cuerpo de Bomberos de Viña del Mar, una vez finalizadas las obras obtuvo la colaboración de Bomberos de San Antonio que llevaron dos carros bombas y se sometió a dos viviendas a alta presión. Se le lanzaron 7.500 litros de agua para ver si habría penetración de aguas lluvia nuevamente. El resultado fue cero falta. De esa manera quedaron convencidos de que habían hecho un trabajo correcto, como debía haberse hecho en los departamentos.

Finalizó expresando que se sienten orgullosos porque de diversas partes del país han sido consultados por directivas de unidades vecinales, sobre cómo consiguieron tanto y que además dos poblaciones más de la provincia de San Antonio se sometieron al mismo procedimiento que ellos habían hecho.

6.8. INTERVENCIÓN DEL SEÑOR EDUARDO TOLEDO, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE VECINOS DE LA VILLA LOS ARAUCANOS, DE MAIPÚ.

El señor Eduardo Toledo (Presidente Junta de Vecinos Villa Los Araucanos de Maipú) expresó que sus casas son viviendas PET, y fueron construidas por la constructora Copeva.

Manifestó que saben que la constructora Copeva es la punta del iceberg, y consideran que dicha constructora de una u otra manera ha asumido su responsabilidad, aunque no ciento por ciento, como hubieran querido. Sin embargo, ambas partes han llegado a una transacción de carácter ejecutivo, debido a la cual, en la actualidad, se están llevando a cabo las reparaciones de la villa, a fin de mejorar las viviendas dentro de las normas técnicas que establece la ley.

Recalcó que no han obtenido plena satisfacción a sus requerimientos, porque saben que es difícil, pero están tratando de obtener lo mejor.

Expresó especial preocupación por las últimas declaraciones formuladas por el Ministro de Vivienda, en lo referente a que sus viviendas no pasaban a ser de responsabilidad del Estado, por tratarse de contratos celebrados entre particulares.

Hizo presente que buscan solución a tres puntos importantes: la ética, la dignidad y la responsabilidad. Ética, porque no quieren seguir viviendo en casas mal construidas; dignidad, porque todos quieren vivir en casas dignas, y responsabilidad, para que, de una vez por todas, el Estado asuma su responsabilidad.

Terminó diciendo que el deseo es que esta Comisión escuchara y entendiera el problema de las personas afectadas de los Programas PET.

6.9. INTERVENCIÓN DEL SEÑOR ARTURO RAMÍREZ, REPRESENTANTE DE LA VILLA SAN ENRIQUE, DE QUILICURA.

El señor Arturo Ramírez (Representante de la Villa San Enrique de Quilicura) señaló que a través de una entidad organizadora postularon a un programa especial de viviendas para trabajadores.

Manifestó que un estudio que hizo una inspección técnica a la villa San Enrique, ordenado por la Municipalidad de Quilicura, determinó lo siguiente: total de viviendas, 1.688; filtración de muros, 1.442; filtración de techos, 1.032; filtración de sistemas eléctricos, 555; fisuras en lozas, 85; fisuras en muros, 201; fisuras en vigas y cadenas, 42; descenso de terreno, 37; descenso piso interior, 103; filtraciones sanitarias, 191.

Agregó que, los trabajos efectuados, producto de los temporales ocurridos desde el 22 de junio del año pasado, son un desastre, lo cual originó la presentación de demandas, contra la empresa Copeva y contra el Estado, por la responsabilidad que les corresponde.

Añadió que han sostenido dos reuniones con el Ministro de la Vivienda quien les señaló, en forma categórica, que dicho Ministerio no tiene responsabilidad en lo que respecta a los planes PET. Insistió que se trata de contratos entre particulares.

Terminó solicitando que la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados sepa de la situación que les afecta.

6.10. INTERVENCIÓN DEL SEÑOR MIGUEL REYES, PRESIDENTE DE LA VILLA LOS PUERTOS I Y II, DE PUDAHUEL.

El señor Miguel Reyes (Presidente de la Junta de Vecinos de la Villa Los Puertos I y II de Pudahuel) hizo presente que son personas que durante años han ahorrado para obtener las viviendas.

Agregó que se trata de seis mil pobladores, quienes han sufrido daños en sus enseres. Insistió que hay que vivir el problema para entenderlo, porque en la actualidad sus viviendas están llenas de hongos. Están viviendo una situación que es increíble.

Terminó destacando que los representantes de los pobladores están luchando por los problemas de la comunidad y por eso le solicitan a la Comisión que se preocupe de la estafa hecha a la comunidad.

7. LAS CONSIDERACIONES QUE SIRVAN DE BASE A LAS CONCLUSIONES O A LAS PROPOSICIONES RECHAZADAS POR LA COMISIÓN.

Vuestra Comisión, por mayoría, sin debate, rechazó la proposición de conclusiones suscrita por las señoras Pérez, doña Lily, y González, doña Rosa; por los señores Caminondo, don Carlos; García, don René Manuel, y Pérez, don Víctor.

8. LAS CONSIDERACIONES QUE SIRVAN DE BASE A LAS CONCLUSIONES O A LAS PROPOSICIONES APROBADAS POR LA COMISIÓN.

Vuestra Comisión procedió a aprobar sin debate, las conclusiones y proposiciones presentadas por la señora Caraball, doña Eliana (Presidenta de la Comisión), y por los señores Bustos, don Manuel; Hales, don Patricio; Letelier, don Felipe; Muñoz, don Pedro; Venegas, don Samuel, y Walker, don Patricio.

9. CONCLUSIONES Y PROPOSICIONES DE LA COMISIÓN DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO RESPECTO DEL PROYECTO DE ACUERDO Nº 540, REFERIDO AL PROBLEMA SUSCITADO EN VIVIENDAS SOCIALES CON MOTIVO DE LOS TEMPORALES DE 1997.

Antes de entrar al detalle de las conclusiones, la Comisión quiere dejar establecido que, con justa razón las personas han exigido al Gobierno una solución, una respuesta y una responsabilidad por los daños sufridos en sus viviendas. Éstas fueron construidas por contratos en que el mandante de las diferentes empresas constructoras involucradas, mayoritariamente fue el Servicio de Vivienda y Urbanización y la gente recibió sus viviendas por medio de un programa habitacional del Gobierno. El Gobierno ha sido su interlocutor directo y es legítimo que de él exijan respuesta y solución. La Comisión constató que el Gobierno asumió esa tarea y ha conducido las reparaciones que han estado ejecutando casi todas las empresas constructoras.

Establecido lo anterior, la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano, en su carácter de investigadora, procedió al análisis de los antecedentes recogidos durante la investigación, como también al estudio de las declaraciones vertidas por las personas que concurrieron a las sesiones de trabajo.

Para esta Comisión la satisfacción de las necesidades de una vivienda digna para aquellos chilenos que requieren del apoyo del Estado para lograrlo, es el fundamento de la acción que debe desarrollar el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, en esta materia.

En este sentido, los estándares deben definir una vivienda que cuente con las dimensiones, diseño, resistencia a los sismos y otros desastres naturales (como el que dio origen a esta investigación) calidad de materiales y de construcción, como también las instalaciones e infraestructuras que permitan el desarrollo de una vida familiar acorde con las exigencias de una sana convivencia entre sus integrantes y que a la vez reflejen las condiciones de desarrollo socioeconómico que ha ido alcanzando el país.

A este respecto no debe confundirse estándares con calidad. Los estándares dicen relación con los tamaños de los espacios habitables, el tipo de materiales y elementos constructivos, durabilidad y grados de terminación que tendrán las viviendas, pero cualquiera que sea su estándar, éste debe materializarse conforme a reglamento para garantizar el cumplimiento de las normas técnicas. La Comisión entiende que las fallas de construcción pueden darse en viviendas de bajo o alto estándar, sin perjuicio de lo cual, el Estado en su misión de otorgar soluciones habitacionales que dignifiquen verdaderamente a sus propietarios, debe persistir en una política de mejora de estándares, pues mientras más bajo es el estándar más alto es el riesgo de incurrir en fallas o vicios de la construcción.

La calidad se refiere a la idoneidad con que deben ejecutarse las obras de construcción para el cumplimiento de los estándares determinados.

La Comisión entiende las restricciones que significan para el cumplimiento de lo señalado, las limitaciones económicas y financieras que objetivamente tienen, tanto los usuarios, como el Estado para hacer frente a la gran demanda existente.

Sin embargo, también entiende que esas restricciones no pueden afectar las condiciones mínimas de habitabilidad, tanto en estándares como en calidad, que deben tener los distintos tipos de viviendas que ofrecen tanto los Servicio de Vivienda y Urbanización como el sector privado para ser adquiridas con subsidio estatal.

Dicho mandato de construcción del Gobierno, involucró a las empresas constructoras, a los fabricantes de los materiales utilizados en las construcciones, a los diseñadores de los proyectos, a los organismos gubernamentales que elaboraron las bases técnicas generales y las especificaciones, a los funcionarios que controlaron el proceso y recepción de las obras, tanto de las empresas constructoras, del mandante, como de los municipios, involucró los procedimientos de ejecución, los de administración de los contratos, y las normas vigentes en Chile para los materiales y para construir.

Es decir que, en el producto final de las viviendas intervinieron muchos responsables. Esta Comisión escuchó y estudió, por eso mismo a las siguientes personas, instituciones y/o documentos:

Las respuestas de los diferentes organismos y personas especializadas, consultados por la Comisión, dejaron establecido, tal como consta en las actas y antecedentes acumulados en la investigación, que la humedad y el agua que dañó las viviendas fue producto de varios factores y no de uno solo. Sin embargo, a juicio de esta Comisión, aún cuando las responsabilidades de origen pudieran, de acuerdo a los especialistas, estar repartidas entre diversos actores, ha sido correcto que las empresas constructoras asumieran la reparación de los daños bajo el mandato y administración del Ministerio de la Vivienda.

En opinión de esta Comisión el mayor agravante hubiese sido que en una responsabilidad repartida justificada por varios especialistas, se hubiere traducido en que nadie se hubiese hecho cargo de la responsabilidad de reparar las viviendas y que la gente que las habitaba no hubiese encontrado interlocutor para constatar sus daños y obtener la reparación.

La Comisión conoce de la existencia de sumarios internos en el Servicio de Vivienda y Urbanización Metropolitano, a propósito de los controles y de querellas entre el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y algunas empresas constructoras, especialmente el referido a la empresa Copeva, respecto a las responsabilidades de los daños y esta Comisión estará atenta la labor de la justicia.

Bajo estas premisas y teniendo presente los antecedentes recopilados por la Comisión, hemos llegado a las siguientes apreciaciones y conclusiones:

I. Magnitud del problema.

La inusual magnitud de los temporales del mes de junio de 1997, temporales cuya intensidad no se registraba desde 1926, caracterizados por fuertes precipitaciones concentradas en un breve lapso de tiempo y unidas a vientos de gran fuerza, puso en evidencia una serie de defectos en la construcción de viviendas en nuestro país. Cabe advertir, tal como lo señala el informe del Colegio de Arquitectos de Chile y su Comisión de Tecnología, que en los años anteriores, con regímenes pluviométricos normales y bajo las mismas normas y especificaciones técnicas no se produjeron mayores problemas, tanto con las viviendas investigadas como con otras viviendas construidas por mandato del Estado.

Tal como lo señala el Informe de la Contraloría General de la República a nuestra Comisión, los severos temporales de lluvia y viento, ya descritos, dejaron al descubierto insuficiencias que ocasionaron graves daños a no menos de 40.000 viviendas sociales de más de 65 Villas o Poblaciones distintas construidas por no menos de 17 Empresas Constructoras debidamente inscritas en los Registros respectivos a cargo Ministerio de Vivienda y Urbanismo, cuya lista detallada se inserta a continuación:

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II. Causas.

Con independencia de las “singularidades” como las denomina el Servicio de Vivienda y Urbanización al referirse a los daños específicos en cada caso analizado, la mayoría de las viviendas sociales afectadas, lo fueron por la penetración de las aguas lluvia a través de los muros perimetrales tratados con pintura hidrorrepelente, por la absorción ejercida por los bloques de hormigón, dada su permeabilidad.

A este respecto es preciso señalar que, según declaraciones del Servicio de Vivienda y Urbanización, en el año 1989 y a raíz de la escasez de ladrillos que presentaba el mercado, la autoridad permitió el uso de bloques de cemento, para evitar que se detuviera el flujo de construcciones de viviendas sociales y que hasta los temporales de 1997 tuvieron, en general, un buen comportamiento.

Revisados los Informes Técnicos entregados a la Comisión por diversos organismos e instituciones especializadas, cabe señalar que respecto al bloque de hormigón no existe norma oficial alguna sobre índices de permeabilidad permitidos.

En efecto las normas chilenas (Nch 181 of. 65 y Nch 1928 of.93) limita sólo la porosidad o contenido total de poros del bloque o de las unidades de albañilería en general, pero este requisito no es suficiente desde el punto de vista del movimiento del agua a través del material o permeabilidad. En este sentido se requiere que junto con limitar el volumen total de poros del material se controle la forma y dimensión (diámetro) de poros y capilares. Estos son factores de importancia crucial ya que determinan la capacidad de succión o velocidad de absorción de agua de los bloques en este caso, propiedad que está directamente relacionada con la facilidad de penetración y saturación de agua de los mismos.

La norma internacional considera como requisito para calificar la aptitud de los bloques o unidades de albañilería que quedarán expuestas a la intemperie (muros de fachadas no estucados) un valor máximo para la tasa de absorción de agua por capilaridad.

Las filtraciones se agravan cuando dicho bloque se pega con un mortero inadecuado, o se coloca mal. Pero cuando el mortero fue el adecuado y la colocación correcta también ocurrieron filtraciones en dichas albañilerías.

Por el contrario, las albañilerías de ladrillos, construidas por algunas constructoras, no presentan los daños de las viviendas que las mismas construyeron con bloques.

La norma chilena, del Instituto de Normalización, organismo oficial que formaliza la autorización del uso de materiales para construir, es una norma que autoriza a que el mandante en este caso el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y Servicio de Vivienda y Urbanización coloque en sus especificaciones técnicas el uso del bloque en las albañilerías y permite que las constructoras ofrezcan dicho bloque en sus proyectos, en sus concursos ofertas, en sus propuestas públicas y permite que las empresas privadas construyan muros exteriores con ese material en albañilería en sus propios proyectos.

La norma chilena para el bloque de cemento fue establecida en Chile sin someterla a ensayes que reprodujeran lluvias del tipo de las que sufrieron.

Es posible afirmar que se usó un material no experimentado en Chile para planes habitacionales de tan gran magnitud y sobre todo en regiones en que su uso no era extensivo como en el norte del país.

La Comisión considera urgente incorporar este factor a la norma chilena, para hacer obligatorio su cumplimiento en las Bases Generales para la Construcción de Viviendas subsidiadas por el Estado. (A la fecha los distintos Servicio de Vivienda y Urbanización del país simplemente han prohibido la utilización de bloques de hormigón en las licitaciones que están llamando)

La sensibilidad social que inspiró al Gobierno, para asumir un plan habitacional nunca visto en la historia de Chile, pasando de promedios de veinte mil viviendas anuales a ciento veinte mil viviendas anuales, superando lejos los récord de construcción de treinta o cuarenta mil viviendas construidas en los mejores momentos de la historia de la construcción, requería un país mejor preparado en este rubro. No basta con el prestigio de nuestras empresas constructoras, o de la tradición del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, heredada de la Corporación de la Vivienda, Corvi, y puesta en práctica por empresarios que llevan décadas en la actividad constructora.

Dar un salto tan grande, en la cantidad a construir requería, a lo menos:

1.Tener los materiales experimentados.

2.Especializar rápidamente las cantidades de obreros que exige tanta construcción. Los oficios artesanales se forman en el tiempo.

3.Disponer de municipios efectivamente capacitados para hacer recepciones finales masivas.

4.Una planta de inspectores funcionarios de mayor magnitud y de una dedicación mayor.

5.Un país más preparado para un plan tan ambicioso.

III. Acciones de la Autoridad.

El país ha conocido particularmente lo sucedido con las viviendas construidas por Copeva. Respecto a ellas el Ministerio de Vivienda y Urbanismo entabló en el 24º Juzgado Civil de Santiago, una demanda civil en juicio ordinario contra la “Empresa Copeva S.A.” para obtener que se declarara judicialmente el incumplimiento de los contratos por los cuales se le encargó la urbanización y construcción de dos mil trescientas seis viviendas básicas, en la población “Volcán San José” de la Comuna de Puente Alto, solicitando además que se le condenara a pagar por los perjuicios causados. La causa rol Nº 2236-97 y esta caratulado “Serviu Metropolitano con la Constructora Copeva S.A.”.

El Ministerio debería informar al país para dar a conocer claramente los resultados de esa acción en los tribunales.

Las viviendas afectadas por los temporales de junio de 1997 adolecen de diversos defectos constructivos que, tanto la Inspección Técnica de los Servicio de Vivienda y Urbanización, como la recepción de las Direcciones de Obras Municipales (D.O.M.) fueron insuficientes para detectarlos. La Comisión considera que tanto la Inspección Técnica de los Servicio de Vivienda y Urbanización, como la recepción de las Direcciones de Obras Municipales tienen responsabilidades mayores que las que han asumido hasta la fecha respecto de las viviendas básicas por lo que es indispensable reforzar ambas instancias por parte de los Servicio de Vivienda y Urbanización y las Municipalidades.

Lo anterior, en caso alguno, puede servir de excusa a las empresas constructoras las cuales, independientemente de las instancias de fiscalización, deben cumplir a cabalidad con las bases, especificaciones y normas aplicables. Más aún, además del imperativo legal que obliga a los órganos del Estado a efectuar las investigaciones correspondientes, lo que puede llevar a establecer responsabilidades legales y, en consecuencia, sanciones jurídicas, la calidad de la construcción conlleva también un asunto de ética y seriedad profesional que obliga a que las empresas constructoras ejecuten las obras conforme a las mejores prácticas, cumpliendo con las normativas y haciendo presente a su mandante las deficiencias que pudieran advertir.

En Oficio respuesta del Ministerio de Vivienda y Urbanismo a la Comisión de Vivienda, entre otras cosas señala que tras una serie de conversaciones con la Cámara Chilena de la Construcción se firmó en julio de 1997 un protocolo con las empresas constructoras involucradas, por el cual los Servicio de Vivienda y Urbanización financiarían, mediante préstamos subvencionados o aumentos de obras, una serie de obras de mejoramiento, de acuerdo a las características de cada conjunto, entre las que se contaban canales y bajadas de aguas lluvia, sistemas de recepción y drenaje de aguas lluvia, colocación de impermeabilizantes en las albañilerías de bloques de cemento, previa reparación de grietas y fisuras (de cuyo costo se descontaba el valor de esta partida en el presupuesto original, de modo que la empresa constructora respondiera por la calidad de lo construido) y colocación de celosías en loggias. Además, las empresas se comprometieron a “reparar a su cargo todas las singularidades de cada vivienda relacionadas con techumbres, alféizares, canterías de pega de albañilerías y fisuras de muros”.

Para posibilitar ese acuerdo, se dictó el decreto supremo Nº 79, de Vivienda y Urbanismo publicado en el Diario Oficial 4 de agosto de 1997, mediante el cual se concedió un crédito no reembolsable, del equivalente de doce unidades de fomento, suma que los destinatarios debían utilizar en la reparación y mejoría de estándares de sus propias viviendas.

Este sistema permitió que la generalidad de las viviendas básicas que resultaron afectadas por los temporales de junio de 1997 estén reparadas y las que aún faltan se encuentran en proceso de reparación, sin perjuicio de lo cual aún queda un reducido número de propietarios que están en proceso de contratación de esos arreglos y mejoría de estándares con alguna empresa constructora de su confianza.

IV. Responsabilidades.

La Comisión hace suyos los planteamientos que respecto a las responsabilidades que recaen en cada uno de los entes que participan en el desarrollo y materialización de los proyectos de construcción de viviendas básicas, modalidad Servicio de Vivienda y Urbanización, ha hecho la Contraloría General de la República en su informe del 25 de agosto de 1997 y que hiciera llegar a la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano de la Cámara de Diputados, mediante oficio N º 29024 de septiembre 5 de 1997, en cuanto a lo siguiente:

A.Respecto de los municipios, la Comisión considera que existe algún grado de responsabilidad en estos casos específicos, por cuanto aunque los contratistas ejecutaron las obras conforme a los proyectos presentados para obtener los permisos de edificación respectivos, en su recepción final se debe levantar un acta de detalle del cumplimiento de las especificaciones técnicas entregadas con el proyecto para obtener el permiso de construcción respectivo.

Sobre esta materia cabe hacer presente que las Direcciones de Obras de los municipios, si bien es cierto que de acuerdo a la normativa vigente, sólo rechazan la recepción final cuando la obra no se ajusta al proyecto aprobado o faltan los certificados de recepción de las instalaciones que hubiere y de ensaye de los hormigones empleados en la obra, en conformidad con las normas oficiales situación que no se dio en la especie, según los antecedentes recaudados por Contraloría, no es menos cierto que deben revisar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, como se señaló anteriormente.

B.Referente a las responsabilidades de los contratistas y arquitectos de los conjuntos habitacionales revisados, es evidente que si hubieran estado en condiciones de mejorar en los proyectos las insuficiencias comprobadas de las Bases Generales del Servicio de Vivienda y Urbanización, se habrían evitado las situaciones ocurridas. Respecto de los Arquitectos en este tipo de proyectos su participación es muy limitada, ya que son contratados a las Empresas Constructoras o Inmobiliarias sólo para el diseño del proyecto y poco y nada tienen que ver en la ejecución de la obra. Ello derivado de lo exiguo de los montos que las empresas están dispuestas a pagar por los honorarios de dichos profesionales, siendo uno de los ítemes usados para rebajar los costos de los proyectos y hacerlos más competitivos en las licitaciones.

En cuanto a los problemas de ejecución de las obras, que podrían representar vicios ocultos de construcción o incumplimiento respecto a la calidad de los materiales -pese a que el Servicio de Vivienda y Urbanización al devolver las garantías, un año después de recibidas las obras verificó su buen comportamiento- deberían constatarse a través de ensayes de materiales específicos dirigidos a determinar fehacientemente, que los elementos cuestionados no se ajustaron a lo dispuesto en las Bases Generales del Servicio de Vivienda y Urbanización.

A este respecto cabe considerar que en los análisis hechos por el Instituto de Investigaciones y Ensayes de Materiales de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, en las viviendas que examinó, determinó que se había dado cumplimiento a las Bases Generales del Servicio de Vivienda y Urbanización en todos los aspectos evaluados.

C.En relación con la responsabilidad de los Servicio de Vivienda y Urbanización, cabe señalar lo siguiente:

La reglamentación que rigió estos contratos, específicamente las Bases Generales Servicio de Vivienda y Urbanización respecto de la permeabilidad de la envolvente, no precisó ni la calidad ni la duración exigible a los sellos y al material repelente al agua, normalmente este último aplicado en conjunto con la pintura exterior. Por otra parte, las especificaciones técnicas definían la obligación del contratista de destacar en la obra a lo menos un profesional responsable con asistencia permanente, sin embargo es evidente que dicha exigencia debió ser proporcional a la cantidad de viviendas a ejecutar, a fin de asegurar una buena supervisión de las faenas.

Asimismo, la Comisión Técnica debió ser más acuciosa en la revisión del proyecto, especialmente en lo que se refería a la solución de la envolvente, con lo que se habrían evitado filtraciones relacionadas por ejemplo con el diseño de ventanas y loggias.

Por su parte, la Inspección Técnica de Obras (I.T.O.) y la Comisión Receptora debieron haber sido más rigurosas al fiscalizar la correcta aplicación de materiales repelentes al agua, aún cuando no se contemplara efectuar controles de calidad según normas sancionadas por el Instituto Nacional de Normalización. Ello, sin perjuicio de reconocer que las numerosas funciones que desempeñan las Inspecciones Técnicas de Obras, incidieron en su permanencia relativa en terreno, lo que no garantiza un control adecuado, más aún, si para ello no contaban con procedimientos previamente establecidos para ejercer sus funciones (Manual de Inspección Técnica), ni con elementos o instrumentos técnicos que les permitan efectuar controles de calidad “in situ”, optimizando así el proceso de inspección.

Finalmente y reconociendo que los propietarios de estas viviendas de interés social cuyo valor mínimo se aproxima a tres millones de pesos, son personas que disponen de recursos muy limitados, es oportuno como resultado del estudio efectuado referirse también a la mantención de las viviendas.

Las viviendas tipo A y B construidas por diferentes empresas, pese a contar con más de dos años de su recepción, presentan problemas menores en su comportamiento frente a la acción de las aguas lluvia que las tipo C, incluso se han ejecutado simultáneamente. Este mejor comportamiento se debe a que la mayoría de las viviendas A y B han tenido una mantención adecuada, especialmente en lo que a pintura exterior con repelente al agua y cubierta se refiere, como consecuencia del régimen de propiedad individual al que se acogen. Por el contrario, las viviendas tipo C, reguladas por el régimen de copropiedad, generalmente no han tenido mantención de ninguna especie.

Manifestamos nuestra preocupación por el hecho que los dos sumarios que se han instruido en el Servicio de Vivienda y Urbanización Metropolitano, no han arribado a establecer responsabilidades concretas en los funcionarios que no detectaron oportunamente las deficiencias de las viviendas sociales construidas especialmente por la Empresa Copeva, de la comuna de Puente Alto.

Sin perjuicio que el señor Ministro de Vivienda ha pedido la reapertura de los sumarios incluso nombrando un nuevo Fiscal a cargo de la investigación, estima necesario que se hagan todas las diligencias necesarias para que el resultado de esa investigación establezca los responsables del caso.

10. PROPOSICIONES.

a)Acoger, en lo que corresponda, los planteamientos que formula el informe de 25 de agosto de 1997 de la Contraloría General de la República, especialmente en aquello a que se refiere la exigencia que debe hacer el Servicio de Vivienda y Urbanización a los contratistas en cuanto a que el número de profesionales a cargo de cada obra debe ir en proporción al volumen de la obra y no al número de obras; y a que se instruya a los destinatarios de las viviendas básicas en cuanto a la mantención que deben hacerle para su adecuada conservación.

b)Crear canales que permitan consensuar las sugerencias que ha ofrecido el Instituto de Investigaciones y Ensayes de Materiales de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, la Cámara Chilena de la Construcción Asociación Gremial, y la Comisión Tecnológica del Colegio de Arquitectos de Chile Asociación Gremial, para introducir mejoría de estándares en la construcción de viviendas sociales.

c)Instruir al Departamento Inspección del Servicio de Vivienda y Urbanización Metropolitano y de los Servicio de Vivienda y Urbanización Regionales en orden a que sean más rigurosos en las inspecciones que deban realizar a las obras ejecutadas por los contratistas, dotándolos de los elementos y equipos necesarios para que este personal pueda desarrollar su labor con independencia de los contratistas y más eficientemente.

d) Concertarse asimismo con entes especializados para que se dicten normas oficiales acerca de la calidad de los elementos a emplearse en la construcción de viviendas sociales. Así por ejemplo, de modo que no sólo se establezcan requisitos respecto a su resistencia, sino también a su permeabilidad, etcétera.

e)Instruir, como lo sugiere la Dirección de Extensión Construcción Civil de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Decon, a los propietarios de viviendas respecto del fenómeno de “condensación”, el cual en muchos casos es la causa real de la humedad interior de las viviendas.

f)Las Bases Técnicas Generales para Viviendas Básicas debieran prohibir expresamente el uso de materiales de construcción que carezcan de Normas Técnicas Oficiales y que no estén debidamente reglamentadas, con excepción de las viviendas básicas rurales aisladas, que deben tener bases especiales de acuerdo a disponibilidad y uso de materiales.

-o-

Acordado en sesiones 10ª; 11ª; 12ª; 13ª, celebrada los días 14, 15, 21 y 22 de julio de 1998, con la asistencia de la señora Caraball, doña Eliana (Presidenta); Bustos, don Manuel; Caminondo, don Carlos; Galilea, don Pablo; García, don René Manuel; González, doña Rosa; Hales, don Patricio; Letelier, don Felipe; Jiménez, don Jaime; Muñoz, don Pedro; Pérez, doña Lily; Pérez, don Víctor; Venegas, don Samuel, y Walker, don Patricio.

Concurrieron, además, la señora Allende, doña Isabel; Longton, don Arturo; Luksic, don Zarko, y Melero, don Patricio.

-o-

Se designó Diputada informante, a la señora Caraball doña Eliana (Presidenta).

-o-

Sala de la Comisión, a 22 de julio de 1998.

(Fdo.): HÉCTOR PIÑA DE LA FUENTE, Secretario de la Comisión”.

DOCUMENTOS RECIBIDOS POR LA COMISIÓN DE VIVIENDA Y

DESARROLLO URBANO, EN CALIDAD DE INVESTIGADORA, EN RELACIÓN CON LA INVESTIGACIÓN SOBRE LA CALIDAD DE LA VIVIENDA

ENCOMENDADA EN VIRTUD DEL PROYECTO DE ACUERDO NÚMERO 540

I. DEL MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO:

1.Catastro de las viviendas afectadas a consecuencia de los temporales acaecidos en el mes de junio de 1997.

2.Oficio Nº 5606, de fecha 3 de septiembre de 1997, por el que remite las calificaciones efectuadas por los Serviu a lo largo del país, respecto de las empresas constructoras de viviendas básicas y PET de las poblaciones afectadas por los últimos temporales.

3.Informe final de Idiem, sobre “Evaluación del Comportamiento de Viviendas Villa Volcán San José Puente Alto”, de fecha octubre de 1997 y anexo de certificados.

4.Medidas adoptadas, frente a las consecuencias del invierno de 1997, para salvaguardar la calidad de la vivienda social. Octubre de 1997.

5.Oficio Nº 6294, de fecha 29 de octubre de 1997, por el que informa acerca de la inclusión en Dicom de los deudores de dividendos morosos, afectados por los temporales.

6.Oficio Nº 1518, de fecha 14 de mayo de 1998, por el que informa en relación al estado de los sumarios administrativos internos por presuntas responsabilidades administrativas; a la aplicación de medidas de despidos; al estado procesal de las demandas que el Ministerio hubiere deducido en contra de empresas constructoras de viviendas básicas; a la eliminación de las empresas responsables de daños del registro de contratistas del Serviu y si aquéllas han continuado postulando a las licitaciones de los Serviu; a las especificaciones técnicas que han sido eliminadas y por cuáles han sido reemplazadas; a la existencia de acuerdo entre los pobladores y la empresa Copeva para la reparación de las viviendas; a las medidas adoptadas para evitar que en el invierno próximo ocurran casos similares; al número de viviendas beneficiadas con el subsidio adicional de las doce unidades de fomento y, por último, en relación a las normas sobre fiscalización de la construcción de viviendas básicas y su evaluación.

7.Oficio Nº 1960, de fecha 15 de junio de 1998, por el que informa cuáles fueron los productos hidrorrepelentes usados en las viviendas afectadas.

8.Oficio número 2438, de fecha 14 de julio de 1998, por el que informa diversos aspectos en relación a la aplicación de las especificaciones técnicas entregadas por los Serviu para la construcción de viviendas sociales.

9.Dos álbumes fotográficos del Conjunto Habitacional “Marta Brunet” de Puente Alto, de la Región Metropolitana y “Costa del Sol III”, de Rancagua.

10. Guía de cuidado y mantención del departamento. Programa de vivienda básica modalidad Serviu. 1998.

II. DEL DIRECTOR DEL SERVIU DE LA REGIÓN METROPOLITANA:

1.Cuadros con número de viviendas afectadas y porcentaje de avance de reparaciones. Viviendas básicas con título de dominio, acogidas al decreto supremo Nº 79.

2.Un fax por el que remite la Resolución Nº 69, de 14 de enero de 1998, que deja sin efecto las resoluciones números 17, 18, 21, 22 y 23 de fecha 8 de enero de 1998.

III. DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA:

-Oficio Nº 017182, de fecha 15 de mayo de 1998, por el que remite antecedentes en relación a una investigación efectuada por dicho órgano contralor, para establecer quiénes son los responsables de que en las distintas etapas de los procesos de construcción de viviendas de carácter social o colectivo -especialmente el Programa de Viviendas Básicas- se cumpla con los requerimientos técnicos legales y reglamentarios a fin de asegurar que los usuarios reciban su vivienda de acuerdo a lo convenido.

IV. DE LA SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE VIVIENDA DE LA SEXTA REGIÓN:

-Publicación del diario “El Rancagüino”, relativa a la visita a terreno que efectuó la Comisión a poblaciones de la zona el día lunes 15 del mes de septiembre de 1997;

V. DEL EX MINISTRO DE VIVIENDA, SEÑOR MIGUEL ÁNGEL PODUJE:

-Informe relativo a las viviendas sociales.

VI. DEL EX MINISTRO DE VIVIENDA, SEÑOR EDMUNDO HERMOSILLA:

-Informe relativo a la visión sobre la política habitacional desarrollada durante el período marzo 1994 a julio 1997.

VII. DE LA DIPUTADA LILY PÉREZ:

-Copia del juicio ordinario por incumplimiento de contrato, Serviu Metropolitano con Constructora Copeva Limitada, Rol Nº 2236-97 del 24 Juzgado Civil de Santiago.

VIII. DE LA EX DIPUTADA SEÑORA EVELYN MATTHEI:

-Una comunicación por la cual hace presente la situación que afecta a las viviendas construidas por la empresa Copeva en la IV Región, a raíz del reciente movimiento telúrico. Solicita se disponga la investigación de los hechos denunciados a fin de determinar responsabilidades y se oficie al Ministro de Vivienda y Urbanismo a objeto de hacer efectiva la garantía entregada por Copeva; proceder a la devolución de los dineros gastados por concepto de ahorro previo, pago de dividendos y mejoras realizadas por los propietarios y, por último, estudiar la posibilidad de otorgar, en una nueva postulación, una condición privilegiada a los pobladores afectados.

IX. DEL DIPUTADO ALEJANDRO GARCÍA-HUIDOBRO:

1.Informe de ICR Consultores Limitada, sobre los daños ocasionados en la Población Vicuña Mackenna de la ciudad de Rancagua.

2.Informe sobre la construcción de viviendas de la Población Vicuña Mackenna de Rancagua, de la Contraloría Regional del Libertador O’Higgins.

X. DEL INGENIERO SEÑOR ELÍAS ARZE LOYER:

1.Informe del grupo de trabajo Nº 1 sobre Calidad en la Construcción, Comisión de Calidad y Tecnología en la Vivienda, Ministerio de Vivienda y Urbanismo, diciembre de 1992.

2.Minuta relativa a la exposición dada a conocer en la sesión 100ª de la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano, de fecha 3 de septiembre de 1997.

XI. DE LA CÁMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCIÓN:

1.Minuta relativa a la exposición dada a conocer en la sesión 100ª de la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano, de fecha 3 de septiembre de 1997.

2.Documento titulado “Solución global a los problemas producidos por los últimos temporales en los conjuntos habitacionales de viviendas básicas y viviendas PET.”, más conocido como “Protocolo de Acuerdo”.

XII. DE LA DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN EN CONSTRUCCIÓN DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE, DECON:

-Informe relativo a las obras supervisadas en Puente Alto, San Bernardo, Quilicura, Maipú y Pudahuel.

XIII. DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES Y ENSAYES DE MATERIALES DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE. IDIEM:

-Una comunicación del Director Académico y Estudiantil de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile y ex Director del Idiem, por la que informa diversos antecedentes en relación a la supuesta integración del señor Francisco Pérez Yoma como director del Idiem.

XIV. DE LA DIPUTADA SEÑORA ELIANA CARABALL:

1.Copia de una comunicación de fecha 12 de junio de 1997, del señor Francisco Pérez Yoma al Decano de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile.

2.Copia de una comunicación, de fecha 16 de junio de 1997, del Decano de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, dirigida al señor Francisco Pérez Yoma.

3.Copia de un acápite del acta de fecha 7 de mayo de 1997 del Idiem.

XV. DE LOS DIPUTADOS SEÑORES VÍCTOR PÉREZ Y LILY PÉREZ:

Informe de la Comisión Investigadora. Caso viviendas sociales dañadas por temporales.

XVI. DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA GARCÍA POPELAIRE HERMANOS S.A.:

Un informe de la situación de conjuntos Serviu de la Sexta Región.

XVII. DE LA OFICINA NACIONAL DE EMERGENCIA, ONEMI:

1.Minuta de la exposición del Director Nacional en la sesión del día 4 de noviembre de 1997.

2.Informe consolidado relativo a los daños acaecidos con ocasión de los temporales del mes de junio de 1997, de fecha 30 de julio de 1997.

3.Consideraciones sobre la vivienda social básica y solución habitacional de emergencia.

4.Especificaciones técnicas mínimas para viviendas de emergencia prefabricadas de madera.

5.Informe al 3 de noviembre de 1997, relativo a las acciones emprendidas por la Oficina Regional de Emergencia de la Intendencia de la IV Región a raíz de los daños producidos por el sismo acaecido en la zona.

6.Informe consolidado relativo a los daños provocados por el reciente sismo, en la IV Región.

XVIII. DEL ARQUITECTO SEÑOR SERGIO GONZÁLEZ ESPINOZA:

1.Informe técnico sobre daños en viviendas situadas en diversas comunas de la Región Metropolitana, en especial en las poblaciones Parinacota, Pascual Gambino y Valle de la Luna, de la Comuna de Quilicura. Asimismo expresa su interés de concurrir ante la Comisión y solicita tener acceso a los antecedentes relativos a la investigación que ha llevado a cabo.

2.Antecedentes relativos al plan habitacional del período 1992-1997 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, los que a su juicio constituyen una contribución a la investigación que lleva a cabo la Comisión.

XIX. DE LA COORDINADORA DE PUENTE ALTO:

-Listado de los dirigentes vecinales de las distintas villas que acoge dicho organismo.

XX. DE LOS DIRIGENTES VECINALES:

1.Informe del Municipio de Puente Alto, por el cual da a conocer las acciones que se tomarán en relación a la situación que afecta a los pobladores.

2.Una comunicación del gerente de operaciones de la empresa constructora Copeva Limitada, por la cual da a conocer las medidas implementadas para mitigar la emergencia.

3.Formularios de solicitud de postulación al préstamo y subvención de reparación extraordinaria del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y de mandato especial para postular al sistema de financiamiento regulado por el decreto supremo número 79, de Vivienda y Urbanismo, de 1997.

4.Informativo del Serviu Metropolitano para los vecinos del conjunto habitacional Volcán San José I y II de Puente Alto.

5.Decreto Nº 79, de 11 de julio de 1997, que dispone el otorgamiento de préstamos y subvenciones a favor de afectados que indica.

6.Comunicados del Departamento de Comunicaciones, Unidad de Difusión y Fomento del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, por los cuales se explican los beneficios que otorgan los decretos números 79 y 88, de 1997.

7.Comunicado del Departamento de Comunicaciones, Unidad de Difusión y Fomento del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el cual consigna un extracto del Informe de Idiem, respecto de las Villas Volcán San José.

8.Comunicación del jefe de sección de investigaciones y ensayes del Idiem, de fecha 18 de agosto de 1997, al Director del Serviu de la Región Metropolitana.

9.Informe técnico relativo al diagnóstico de problemas presentados en las poblaciones Lago Puyehue y Millaray II. Dirección de Obras, Municipalidad de La Pintana.

10. Carta de los pobladores de la Villa San José II, de Puente Alto.

11. Carta de los dirigentes de la Población José Fuentes Guerra, de Colina y de Las Praderas 1, de Peñaflor.

12. Resultados de mediciones efectuadas por Idiem el día 4 de septiembre de 1997.

13. Informe final de daños causados por temporales en conjuntos de vivienda social. Presidencia Nacional del Colegio de Arquitectos de Chile.

14. Carta de los dirigentes de la junta de vecinos de la Población Villa El Volcán San José 3 y 4, de Puente Alto.

15. Informe técnico de daños de Asesoría Técnica Maipo 21, de fecha 28 de junio de 1997, respecto de las poblaciones Andes 1, Andes 2, Cordillera y Los Héroes.

16. Carta de la Presidenta de la Junta de Vecinos de la Villa Volcán San José, Unidad Vecinal B-13, de Puente Alto e informe de daños de las viviendas de la Villa Volcán San José 1 y 2.

17. Carta de fecha 11 de junio de 1998, por la que la Presidenta de la Junta de Vecinos de la Villa Volcán 1-2 solicita a la Comisión constituirse en terreno para constatar el estado de las reparaciones de las viviendas y remite una nómina de los pobladores afectados.

18. Antecedentes relativos a la Población Las Acacias, Llolleo, San Antonio, Quinta Región.

19. Antecedentes de la Población Villa Los Puertos Uno, de Pudahuel Sur, de Santiago.

Moción de los Diputados señores Juan Pablo Letelier, Juan Bustos y Montes.

Modifica la ley Nº 17.798, sobre Control de Armas, estableciendo mayores exigencias para inscribir un arma, prohibiendo el porte de las mismas, y realiza otras modificaciones. (boletín Nº 2219-02)

“Ideas matrices.

La presente moción tiene por objeto aumentar las exigencias que la actual ley contempla para inscribir un arma; prohibir el porte de ellas fuera de los lugares en los que expresamente se autorizó su tenencia; prohibir que una persona inscriba más de un arma; aumentar las multas, en los casos en que la ley contempla esta sanción, para quienes posean o tengan armas sin contar con la autorización e inscripción correspondiente, para quienes porten armas y para quienes tienen armas inscritas y abandonen o no comuniquen a las autoridades competentes la pérdida o extravío de la especie. Por último, contempla la obligación de las personas que cuentan con armas inscritas, de reinscribirlas cada cierto lapso y de informar a las Comisarías de Carabineros y de la Policía de Investigaciones correspondientes a su domicilio, que cuenta con un arma inscrita, sin perjuicio de las facultades de la Dirección de Movilización Nacional y de las autoridades fiscalizadoras que señala el Reglamento.

Consideraciones generales

De acuerdo a encuestas recientes, la seguridad ciudadana y el combate a la delincuencia se han constituido en una de las principales preocupaciones de la gente. Por ello, este tema ha ocupado un lugar de relevancia en las políticas públicas desde principios de esta década.

Si bien no existe consenso entre las distintas fuerzas políticas respecto al supuesto aumento de la delincuencia en los últimos años, es por todos reconocido que se ha registrado un preocupante ascenso de los delitos de robos con violencia y de los robos con fuerza.

Es así como en 1986, ingresaron a los tribunales de justicia, 12.012 causas por robos con violencia, aumentando en el año 1995 a 20.463 (Anuario de estadísticas criminales, 1997, Fundación Paz Ciudadana).

Derecho comparado

España

La actual legislación española se caracteriza por ser un sistema controlado y restringido, donde se requiere autorización de las autoridades competentes para cualquier actuación relacionada con armas.

Entre las principales características de la normativa española (Real Decreto Nº 137/93, por el que se aprueba el Reglamento de Armas) se cuentan:

a)Se necesita autorización previa para adquirir armas de fuego.

b)Toda transferencia de la propiedad de un arma debe ser informada a la Intervención de Armas de la Guardia Civil.

c)Cada arma se debe documentar con las correspondientes guías de pertenencia expedidas por las Intervenciones de Armas y deben pasar revista periódica.

d)Nadie puede poseer armas de fuego sin disponer de la correspondiente autorización expedida por los órganos administrativos correspondientes. Pueden ser licencia, autorizaciones especiales o tarjetas de armas.

e)El uso está reglamentado, restringido y sancionado en determinadas circunstancias.

f)Se prohíbe el porte de armas.

Gran Bretaña

Este país también se caracteriza por tener una legislación que restringe el uso de las armas de fuego. Su actual ley data de 1968, a la cual se realizaron importantes modificaciones con posterioridad a la aprobación de la Directiva del Consejo de la Unión Europea de 1991.

Entre otros, contempla los siguientes requisitos para la obtención de un certificado de tenencia de armas:

a)Salud mental compatible.

b)Para escopetas y rifles, el peticionario debe ser avalado por una persona que demuestre conocerlo, por al menos dos años y que dé fe de su buena conducta.

Argentina

Su legislación, en términos generales, presenta las siguientes características:

a)Prohíbe la adquisición, uso o tenencia a los menores de edad.

Requiere para la adquisición de armas la condición de “legítimo usuario”, según requisitos y condiciones establecidas por el Ministerio de Defensa a través del Registro Nacional de Armas. La condición de “legítimo usuario” se acredita por medio de una credencial oficial que emite el Registro Nacional.

b)Fiscaliza la adquisición o transmisión, el uso, la tenencia y el porte de armas de uso civil.

c)Requiere para la tenencia de armas la “autorización de tenencia” que otorga la autoridad correspondiente.

d)Prohíbe el porte de armas salvo las excepciones contempladas en el Reglamento de Armas.

e)Reglamenta y restringe el uso de armas.

Normativa actual

Quién puede autorizar la posesión o tenencia de armas.

El artículo 4º de la Ley de Control de Armas, establece en su inciso 2º que ninguna persona natural o jurídica, podrá poseer o tener las armas indicadas en el artículo 2º, letras a, b, c, d y e, sin la autorización de la Dirección General de Movilización Nacional o de las Comandancias de Guarnición de las FF.AA., o por la autoridad de Carabineros de Chile de mayor jerarquía, designados en uno y otro caso por el Ministro de Defensa Nacional, a proposición del Director General de Movilización Nacional, el que podrá también señalar para este efecto, a nivel local, a otras autoridades militares o de Carabineros de Chile. A todas las autoridades recién mencionadas el Reglamento de la Ley, las llama “autoridades fiscalizadoras”.

En el caso de las armas indicadas en la letra a), del art. 2º, la autorización sólo podrá ser otorgada por la Dirección General de Movilización Nacional.

El artículo 2º de la ley estable lo siguiente: “Quedan sometidos a este control (se refiere al que le corresponde a la Dirección General de Movilización Nacional en cuanto a la supervigilancia y control de las armas, explosivos y otros elementos similares de que trata esta ley)”:

a)El material de uso bélico, entendiéndose por tal, las armas cualquiera sea su naturaleza, construidas para ser utilizadas en la guerra por las FF.AA. y los medios de combate terrestres, navales y aéreos, fabricados o acondicionados especialmente para esta finalidad;

b)Las armas de fuego, sea cual fuere su calibre, y sus partes y piezas;

c)Las municiones y cartuchos;

d)Los explosivos, bombas y otros artefactos de similar naturaleza, y sus partes y piezas;

e)Las sustancias químicas que esencialmente son susceptibles de ser usadas o empleadas para la fabricación de explosivos, o que sirven de base para la elaboración de municiones, proyectiles, misiles o cohetes, bombas, cartuchos y los elementos lacrimógenos o de efecto fisiológico, y

f)Las instalaciones destinadas a la fabricación, armaduría, almacenamiento o depósito de estos elementos.

Inscripción de las armas

Toda arma de fuego que no sea de las señaladas en el art. 3º de la ley (aquéllas cuya tenencia o posesión está prohibida) deberá ser inscrita ante las autoridades recién mencionadas.

Para este efecto la Dirección General de Reclutamiento y Movilización llevará un Registro Nacional de las inscripciones de armas.

Esta inscripción sólo autoriza a su poseedor o tenedor para mantener el arma en el bien raíz declarado, correspondiente a su residencia, a su sitio de trabajo o al lugar que se pretende proteger.

El artículo 3º señala lo siguiente: “Ninguna persona podrá poseer o tener armas largas cuyos cañones hayan sido recortados, armas cortas de cualquier calibre que funcionen en forma totalmente automática, armas de fantasía, entendiéndose por tales aquellas que se esconden bajo una apariencia inofensiva; ametralladoras, subametralladoras, metralletas o cualquiera otra arma automática y semiautomática de mayor poder destructor o efectividad, sea por su potencia, por el calibre de sus proyectiles o por sus dispositivos de puntería.

Asimismo, ninguna persona podrá poseer o tener artefactos fabricados sobre la base de gases asfixiantes, paralizantes o venenosos, de sustancias corrosivas o de metales que por la expansión de los gases producen esquirlas, ni por los implementos destinados a su lanzamiento o activación.

Se exceptúa de estas prohibiciones a las FF.AA. y a Carabineros de Chile. La Policía de Investigaciones de Chile, Gendarmería de Chile y la Dirección de Aeronáutica Civil, estarán exceptuadas sólo respecto de la tenencia y posesión de armas automáticas livianas y semiautomáticas, y de disuasivos químicos, lacrimógenos, paralizantes o explosivos y de granadas, hasta la cantidad que autorice el Ministro de Defensa Nacional, a proposición del Director del respectivo Servicio. Estas armas y elementos podrán ser utilizados en la forma que señale el respectivo Reglamento Orgánico y de Funcionamiento Institucional.

En todo caso, ninguna persona podrá poseer o tener armas denominadas especiales, que son las que corresponden a las químicas, biológicas y nucleares”.

Permiso para portar armas

El artículo 6º de la ley establece que ninguna persona podrá portar armas fuera del bien raíz declarado, sin permiso de las autoridades señaladas en el art. 4º antes reseñado. El permiso durará un año como máximo y sólo autorizará al beneficiario a portar un arma. Estas autorizaciones se inscribirán en el Registro Nacional de Armas.

Por su parte, el Reglamento de la Ley (Decreto Nº 77, del año 1982, del Ministerio de Defensa Nacional) establece en su artículo 19, lo siguiente: “A las autoridades fiscalizadoras les corresponde:

a)Inscribir las armas de fuego a nombre de las personas naturales que sean poseedoras o tenedoras que residan en la zona de su jurisdicción, y las de personas jurídicas que se guarden en dicha zona.

b)Otorgar permisos para portar armas que estén inscritas en su jurisdicción.

Principales modificaciones que se proponen en la presente moción

1.Aumento de las exigencias que la actual ley y su reglamento contemplan para adquirir un arma.

El artículo 5º de la ley, en su inciso final establece que “las referidas autoridades sólo permitirán la inscripción del arma cuando, a su juicio, su poseedor o tenedor sea una persona que, por sus antecedentes, haga presumir que cumplirá lo prescrito en el inciso anterior (mantener el arma en el bien raíz declarado)”.

Normas del Reglamento referidas a las exigencias establecidas para inscribir un arma.

El artículo 36 señala “Para efectuar compras de armas, los particulares, tendrán presente las limitaciones relacionadas con la tenencia de ellas, que se indican en el artículo 44 del presente Reglamento”.

El artículo 37 establece: “La Dirección General y las autoridades fiscalizadoras podrán exigir los antecedentes que estimen necesarios relativos a la idoneidad personal de los solicitantes, y a las características y finalidad de la operación de que se trata”.

El artículo 44 al que hace referencia el artículo 36 se limita a clasificar las armas en aquellas de posesión prohibida y aquellas de posesión permitida.

El artículo 45 establece que toda arma de fuego de uso permitido debe ser inscrita ante las autoridades fiscalizadoras a nombre de su poseedor o tenedor (en general, según lo dispuesto por el artículo 17 del Reglamento, son las Comandancias de Guarnición de las FF.AA. y en ciertos casos, Comisarías de Carabineros).

El artículo 46 sostiene que “todas las armas de fuego deberán someterse al examen del Banco de Pruebas de Chile o al de los delegados de éste, a fin de que se certifique sobre su naturaleza, calidad, condiciones de seguridad y exacta identificación”.

Por último, el artículo 47 establece que para su inscripción deberá presentarse el certificado del Banco de Pruebas al que alude el artículo anterior. Asimismo, se consagra la obligación de la autoridad fiscalizadora de verificar los antecedentes de seguridad de las personas involucradas.

Exigencias que se incorporan a la ley, a través de la presente moción

La persona que pretende inscribir un arma a su nombre, deberá cumplir, además de los requisitos señalados en el Reglamento, los siguientes:

1.Ser mayor de edad.

2.Haber cursado enseñanza básica y media.

3.Acreditar que tiene un trabajo lícito.

4.Acreditación de salud física o psíquica compatible con el uso de armas.

5.Haber aprobado un curso que le proporcione los conocimientos necesarios sobre conservación, mantenimiento y manejo del arma que pretende inscribir. El Reglamento de esta ley establecerá la autoridad que impartirá el curso y las demás especificaciones relacionadas con el mismo.

6.No padecer de alcoholismo ni ser adicto a alguna sustancia prohibida por la ley.

7.Declaración de cinco personas mayores de edad, que aseguren conocer a la persona que solicita la inscripción del arma, y que den fe de su honorabilidad y prudencia.

8.Que no se trate de una persona que haya sido eliminada de alguna de las instituciones pertenecientes a alguna de las ramas de las FF.AA. o de Orden, o Gendarmería, por alguna causa deshonrosa.

9.Contar con un lugar seguro donde guardar el arma, que evite o procure evitar la sustracción, pérdida o robo de la misma, pudiendo acreditarse este requisito a través de una inspección que efectuará la autoridad fiscalizadora.

10. Que el lugar que se pretende proteger con el arma, se encuentre en un sector desprovisto de vigilancia policial.

11. No debe estar procesado ni haber sido condenado por delito en que se haya utilizado violencia psíquica o física.

12. No debe estar procesado ni haber sido condenado por delito que contemple una pena privativa de libertad, superior a la de presidio o reclusión menor en su grado medio.

13. No debe existir sentencia condenatoria en su contra por causas de violencia intrafamiliar.

2.Obligación de informar a la Comisaría de Carabineros y de la Policía de Investigaciones correspondientes a su domicilio, que cuenta con un arma de fuego debidamente inscrita.

Actualmente la ley contempla que la persona inscriba su arma, por lo general, ante las Comandancias de Guarnición de las Fuerzas Armadas.

Asimismo, el artículo 16 inciso 3º establece: “Sin perjuicio de lo anterior, el Ministro de Defensa Nacional dispondrá, en la forma que estime conveniente y para los efectos de la prevención e investigación de delitos, que la Dirección General de Movilización Nacional proporcione a Carabineros de Chile y a la Policía de Investigaciones de Chile, información expedita y permanente sobre las armas y elementos similares inscritos en el registro nacional a que se refiere el artículo 5º de esta ley”.

Al respecto creemos que es posible proporcionar tanto a Carabineros como a la Policía de Investigaciones una información más directa, proveniente de las propias personas que inscriben un arma.

Por ello, proponemos que, además de la obligación de inscribir el arma y de lo dispuesto en el artículo 16, se informe de esta inscripción a la Comisaría de Carabineros y de la Policía de Investigaciones correspondiente al domicilio de la persona, dando una completa especificación de las características del arma.

De esta forma, ambas policías podrán conocer, efectivamente, la cantidad de armas inscritas que existe en una determinada población y las características de las mismas, lo que les permitirá contar con una información más específica y localizada respecto del número de armas de fuego inscritas por Comisaría, antecedentes que con el sistema actualmente vigente resulta difícil de obtener, ya que por más expedita y permanente que sea la información que se les remite por parte de la Dirección General de Movilización Nacional, no se equipara a la que se podrá obtener de aprobarse la presente iniciativa.

Ello, porque de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 17 del Reglamento, las autoridades fiscalizadoras ante las cuales deben practicarse las inscripciones que establece la presente ley, se dividen en regionales o locales.

Por ejemplo, en Valparaíso, la autoridad fiscalizadora local es la Comandancia de Guarnición de Valparaíso, y las áreas y comunas que controla son Valparaíso, Viña del Mar, Quintero, Quilpué, Villa Alemana, Casablanca, Puchuncaví y Juan Fernández.

En cambio, de acuerdo a la modificación que se propone, las Policías podrán contar con una información bastante más detallada, conociendo las armas inscritas por sectores dentro de cada comuna.

3.Prohibir el porte de armas fuera de los lugares indicados.

Actualmente la ley en su artículo 6º establece que para poder portar armas se requiere autorización de las autoridades señaladas en el artículo 4º.

Al respecto estimamos absolutamente innecesario el permitir que personas que carecen de mayores conocimientos en el manejo de armas circulen armados por las calles.

Por ello proponemos que sólo las personas señaladas en el artículo 3º de la ley (FF.AA., Carabineros, Investigaciones, Gendarmería y Dirección General de Aeronáutica Civil) y los funcionarios de servicios de vigilantes privados que estén legalmente constituidos de acuerdo a las disposiciones del Decreto Ley Nº 3.607 de 1981, e inscritos en la Dirección General, podrán portar armas.

4.Aumento de las multas establecidas para quienes posean o tengan armas sin contar con la autorización e inscripción correspondientes o abandonen las armas o no comuniquen a alguna de las autoridades la pérdida o extravío de las mismas, así como también el aumento de las multas para el porte de armas, en los casos en que la ley contempla esta sanción, sin perjuicio de mantener las penas privativas de libertad que la propia ley contempla.

El artículo 9 de la Ley de Control de Armas establece: “Los que poseyeren o tuvieren algunos de los elementos señalados en las letras a), b), c), d), y e) del artículo 2º, sin las autorizaciones a que se refiere el artículo 4º, o sin la inscripción establecida en el artículo 5º, serán sancionados con presidio menor en su grado mínimo a presidio mayor en su grado mínimo. (Es decir, la pena puede ir desde 61 días hasta 10 años).

No obstante, si las circunstancias o antecedentes del proceso permiten presumir fundadamente que la posesión o tenencia de las armas o elementos a que se refieren las letras b), c), d) y e) del artículo 2º no estaban destinadas a alterar el orden público, a atacar a las Fuerzas Armadas o a las de Orden y Seguridad Pública o a perpetrar otro delito, se aplicará únicamente la pena de multa de diez a quince ingresos mínimos. Si, además de las circunstancias o antecedentes referidos, consta en el proceso la conducta anterior irreprochable del inculpado, podrá el tribunal aplicar una multa de hasta nueve ingresos mínimos, sobreseer definitivamente o dictar sentencia absolutoria”.

Al respecto, proponemos aumentar las multas contempladas en este artículo, sin perjuicio de mantener la pena privativa de libertad establecida por esta norma.

En cuanto a las personas que abandonen las armas o no comuniquen a alguna de las autoridades la pérdida o extravío de las mismas, el artículo 14 de la ley establece lo siguiente:

“Los que abandonaren armas o elementos sujetos al control de esta ley, incurrirán en la pena de multa de cinco a diez ingresos mínimos.

Se presumirá que existe abandono cuando no se haya comunicado a alguna de las autoridades indicadas en el artículo 4º, la pérdida o extravío de la especie dentro de los cinco días desde que se tuvo o pudo tenerse conocimiento de dicha pérdida o extravío”.

Dado el sensible aumento de los delitos cometidos con armas robadas a particulares, creemos necesario aumentar la multa impuesta a quienes abandonen las armas u otros elementos sujetos al control de esta ley, para incentivar de alguna manera, a que las personas guarden sus armas en un lugar seguro, y adopten las medidas necesarias para evitar su pérdida, robo o sustracción.

En cuanto a la pena establecida para el porte de armas de fuego, el artículo 11 de la ley establece lo siguiente: “Los que portaren armas de fuego sin el permiso establecido en el artículo 6º, serán sancionados con la pena de presidio menor en su grado mínimo a presidio mayor en su grado mínimo. (61 días a 10 años).

Sin embargo, si las circunstancias o antecedentes del proceso permiten presumir fundadamente que la posesión o porte del arma no estaba destinado a alterar el orden público, a atacar a las Fuerzas Armadas o a las de Orden y Seguridad Pública, o a perpetrar otro delito, se aplicará únicamente la pena de multa de diez a quince ingresos mínimos. Si, además de las circunstancias o antecedentes referidos, consta en el proceso la conducta anterior irreprochable del inculpado, podrá el tribunal aplicar una multa de hasta nueve ingresos mínimos, sobreseer definitivamente o dictar sentencia absolutoria”.

Al igual que en los casos anteriores, proponemos aumentar la multa contemplada en este artículo, sin perjuicio de mantener la pena privativa de libertad establecida por esta norma.

5.Reinscripción de las armas cada año.

Con el fin de permitir que las autoridades respectivas cuenten con la información actualizada respecto del número de armas inscritas en poder de particulares, se establece la obligación de reinscribirlas cada año.

Asimismo, se contempla que quien no cumpla con esta obligación, sufrirá la cancelación de la inscripción de su arma.

Respecto de las personas que con anterioridad a la publicación de la presente ley ya tengan inscrita un arma, se establece un artículo transitorio que ordena su inscripción en el plazo de un año a contar de la publicación de la ley.

6.Se prohíbe que una persona inscriba más de un arma.

El inciso 2º del artículo 7º de la ley señala: “Sin embargo, por resolución de la Dirección General de Reclutamiento y Movilización de las Fuerzas Armadas, se podrán otorgar las referidas autorizaciones y los permisos e inscripciones de más de dos armas a personas jurídicas o a personas naturales debidamente calificadas”.

A través del presente Proyecto, junto con la modificación del inciso 1º del citado artículo, proponemos la derogación de su inciso 2º antes transcrito.

7.Actualización del Reglamento conforme se apruebe el presente Proyecto de Ley.

Dado que la aprobación del presente Proyecto repercutirá en el Reglamento que complementa la actual Ley de Control de Armas, es que estimamos necesario efectuar las modificaciones pertinentes al Reglamento a fin de que concuerde con las normas aprobadas.

Además, creemos conveniente que se modifique el artículo 48 del Reglamento, a fin de que éste contemple que el padrón que se otorgue a la persona que inscribe un arma señale: a) La cédula nacional de identidad del titular del arma; b) Datos personales del propietario del arma, y c) Especificación lo más completa posible de las características del arma.

Por último, hacemos presente que, todas las modificaciones propuestas dejan a salvo las disposiciones que regulan las armas en lo que dice relación con la caza y las armas de colección.

En virtud de las consideraciones antes expuestas, los diputados abajo firmantes vienen en proponer el siguiente:

PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA LA LEY DE CONTROL DE ARMAS

Artículo 1º: Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley Nº 17.798, sobre control de armas:

1)Modifícase el artículo 5º en la siguiente forma:

A)Reemplázase el inciso 4º del artículo 5º, por el siguiente: “Las referidas autoridades sólo permitirán la inscripción del arma cuando su poseedor o tenedor cumpla los siguientes requisitos:

a)Ser mayor de edad;

b)Haber aprobado la educación básica y media;

c)Tener domicilio conocido y un trabajo lícito;

d)Aptitud física o psíquica compatible con el uso de armas, según lo determine la respectiva autoridad fiscalizadora;

e)Haber aprobado un curso que le proporcione los conocimientos necesarios sobre conservación, mantenimiento y manejo del arma que se pretende inscribir, curso que estará regulado por el Reglamento de la presente ley;

f)No padecer de alcoholismo ni ser adicto a alguna sustancia o droga prohibida por la ley;

g)Tener una conducta anterior irreprochable, lo que se acreditará mediante declaración jurada de al menos cinco personas, que den fe sobre su honorabilidad y prudencia;

h)No haber sido eliminado de alguna de las instituciones de las Fuerzas Armadas o de Orden, ni de Gendarmería, por alguna causal deshonrosa;

i)Contar con un lugar seguro donde guardar el arma, que evite o procure evitar la sustracción, pérdida o robo de la misma, lo que se acreditará mediante una inspección efectuada por la autoridad fiscalizadora;

j)Que el lugar que se pretende proteger con el arma, se encuentre en un sector desprovisto de vigilancia policial, según informe emitido por Carabineros;

k)No hallarse condenado o procesado por crimen o simple delito que contemple una pena privativa de libertad superior a la de presidio o reclusión menor en su grado medio;

l)No hallarse condenado o procesado por crimen o simple delito en que se haya utilizado algún grado de violencia psíquica o física, y

m)No hallarse condenado en causas de violencia intrafamiliar.

B)Incorpóranse los siguientes incisos 5º y 6º:

“Las armas indicadas en el inciso primero de este artículo, deberán reinscribirse cada año, teniendo como plazo fatal hasta el último día hábil del mes de diciembre. En caso de infringir esta disposición se cancelará la correspondiente inscripción.

Sin perjuicio de las facultades que la ley otorga a la Dirección de Movilización Nacional y a las autoridades fiscalizadoras, quienes tengan o posean un arma de fuego inscrita a su nombre, deberán informar de esta inscripción a las Comisarías de Carabineros y de la Policía de Investigaciones correspondientes a su domicilio, dando una completa especificación de las características del arma”.

2)Reemplázase el artículo 6º por el siguiente:

“Artículo 6º: Ninguna persona podrá portar armas fuera de los lugares indicados en el artículo anterior.

Están exceptuados de esta prohibición, el personal señalado en el inciso tercero del artículo 3º, sin perjuicio de lo que disponga la reglamentación institucional respectiva, y los aspirantes a oficiales de Carabineros y de Investigaciones Policiales, que cursen tercer año en las Escuelas de Carabineros y de Investigaciones Policiales, durante la realización de las respectivas prácticas policiales.

También se exceptúan los vigilantes privados que cumplan los requisitos exigidos en el artículo 55 del Reglamento.

Corresponderá a la Dirección General de Movilización Nacional velar por la regularidad de las inscripciones a que se refiere el artículo anterior, representando a las autoridades señaladas en el inciso tercero del artículo 4º cualquier situación ilegal o antirreglamentaria en las inscripciones autorizadas, para su inmediata corrección.

La Dirección General y las autoridades antes aludidas podrán denegar, suspender, condicionar o limitar las autorizaciones que exige esta ley, sin expresión de causa, salvo la inscripción de que trata el artículo 5º.

3)Modifícase el artículo 7º en la siguiente forma:

A)Reemplázase el inciso 1º por el siguiente:

“Las autoridades indicadas en el inciso tercero del artículo 4º no podrán conceder las autorizaciones ni aceptar las inscripciones que se establecen en los artículos 4º y 5º de más de un arma de fuego a nombre de una misma persona”.

B)Suprímese el inciso 2º del mismo artículo, pasando el actual inciso tercero a ser inciso segundo, y así sucesivamente.

4)Modifícase el artículo 9º en la siguiente forma:

A)Reemplázase en el inciso 2º la frase “de diez a quince ingresos mínimos.” por la siguiente: “de treinta a cuarenta y cinco ingresos mínimos”.

B)Reemplázase en el inciso 2º la frase “nueve ingresos mínimos”, por la siguiente: “quince ingresos mínimos,”.

5)Modifícase el artículo 11 en la siguiente forma:

A)Reemplázase en el inciso segundo la frase “de diez a quince ingresos mínimos.” por la siguiente: “de treinta a cuarenta y cinco ingresos mínimos.”.

B)Reemplázase en el inciso segundo la expresión “nueve ingresos mínimos,” por la siguiente: “quince ingresos mínimos,”.

6)Reemplázase en el inciso 1º del artículo 14 A la frase “de cinco a diez ingresos mínimos.” por la siguiente: “de veinte a treinta ingresos mínimos.”.

7)Artículos transitorios:

Artículo 1º: Las personas que a la fecha de la publicación de la presente ley tengan o posean un arma de fuego inscrita a su nombre, deberán reinscribirla, teniendo como plazo para ello, hasta el último día hábil del año calendario siguiente a la fecha recién indicada. Para ello deberán acreditar que cumplen con cada uno de los requisitos exigidos por la ley”.

Moción de los Diputados señores Elgueta, Luksic, Juan Bustos, Gutenberg Martínez, Huenchumilla, Andrés Palma y Aníbal Pérez.

Modifica la ley de votaciones y escrutinios, regulando los gastos que efectúen candidatos, y adopta otras medidas para la transparencia del proceso electoral. (boletín Nº 2220-06).

“Honorable Cámara:

Las recientes elecciones parlamentarias abocaron a la sociedad chilena a procedimientos de marketing comercial y gastos electorales, por algunos candidatos, de tal envergadura y cuantía, que pueden implicar, en los hechos, la destrucción de todo el sistema democrático en cuanto a expresión de la libre voluntad de los electores.

Ponderaciones prudentes han estimado los gastos de algunos candidatos a diputados en cantidades superiores a los US$ 2.000.000, en algunos distritos donde viven personas pudientes, y en cantidades superiores a los US$ 500.000, en distritos donde viven, principalmente, personas de escasos recursos o de clase media.

Para que se pueda ponderar adecuadamente lo que significan estos gastos (que en las cantidades citadas fluctúan entre aproximadamente $ 220.000.000 y los $ 1.000.000.000), podemos señalar que ellas corresponden a las dietas de un parlamentario por períodos que fluctúan entre 15 y 60 años.

Por otra parte, estas cantidades son evidentemente mayores tratándose de las candidaturas senatoriales por corresponder éstas a circunscripciones electorales más extensas.

La primera gran interrogante es saber de dónde surgen estas sumas de dinero tan cuantiosas y en qué medida, al provenir ellas, principalmente, de poderosos sectores financieros o de otros poderes fácticos, comprometen seriamente la independencia de los parlamentarios elegidos. Por otra parte, si bien es efectivo que no en todos los distritos se han implementado campañas por sumas equivalentes a las señaladas, no es menos efectivo que se puede afirmar, en términos generales, que los gastos electorales resultan inalcanzables para los sectores populares y medios de la población.

Pensamos que esta realidad de que algunos candidatos convierten las elecciones en verdaderas ferias, implica un gravísimo atentado en contra de la igualdad ante la ley (artículos 5 y 19, Nº 2 de la Constitución Política), pues dificulta o hace absolutamente imposible el acceso al Parlamento de personas pertenecientes a los sectores económicamente modestos de la población. Tememos, fundadamente, que si no tomamos medidas legales urgentes podríamos estar caminando hacia un tipo de sociedad gobernada por los más poderosos económicamente o por aquellos que favorezcan a los que controlan los grandes poderes financieros. Ello constituiría el comienzo de una corrupción generalizada y la destrucción de nuestra democracia.

También los gastos excesivos por algunas candidaturas y la forma como se emplean los recursos, constituyen un gravísimo atentado en contra de la libertad de elegir que tienen los ciudadanos, pues enormes diferencias en los gastos de propaganda, sistemas subliminales de influir sobre las conciencias, ciudades que pierden su identidad bajo capas de pintura y millonarios afiches, centenares de activistas rentados que manipulan la verdad, pagos importantes que efectúan los candidatos de cuentas atrasadas de luz, agua, vivienda o contribuciones, regalos pequeños distribuidos masivamente o erogaciones más cuantiosas efectuadas a organizaciones sociales o a “caciques electorales”, engañosos campeonatos o competencias deportivas con el nombre de los candidatos, etc., etc., son todos elementos cercanos al cohecho y que manipulan, engañan o fuerzan la voluntad de los electores para elegir en conciencia.

Pensamos que esta aberrante corrupción en el proceso electoral desprestigia gravemente a la política y a los políticos; atenta contra la dignidad de los ciudadanos e implica desvirtuar una legítima confrontación de ideas, realizaciones y programas entre los candidatos, transformando las contiendas electorales en un verdadero mercado, absolutamente desvinculado de factores morales o de connotación ética.

En el ánimo de subsanar los vicios hoy existentes y velando por la transparencia de los procesos electorales, que es la idea matriz del proyecto de ley, se sugieren, entre otras, las siguientes medidas:

-Limitar los gastos que puedan efectuar los candidatos, sea en la elección de concejales, parlamentarios o Presidente de la República;

-Disponer que los candidatos lleven contabilidad obligatoria de las entradas y gastos de sus campañas;

-Limitar los montos de las donaciones electorales y someter dichas donaciones a determinadas exigencias;

-Considerar como donación todo servicio gratuito efectuado por empresas y, en general, todo pago hecho por éstas para efectuar trabajos electorales;

-Establecer sanciones y tipos delictuales en relación con la infracción de las normas relacionadas con la transparencia del proceso electoral.

Cabe señalar que este proyecto fue presentado en su oportunidad por los Diputados Andrés Aylwin y Sergio Elgueta y que fue aprobado por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados con fecha 25 de octubre de 1995, y que al ser votado en la Sala no alcanzó el quórum constitucional, por lo atendido que las razones que motivaron su presentación mediante el boletín Nº 1146-07 se mantienen vigentes, es que venimos en presentar el siguiente proyecto de ley:

“Artículo único.- Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley Nº 18.700, Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios:

a)Agrégase, en el Título I, un nuevo Párrafo 7º, pasando los actuales Párrafos 7º, 8º, 9º, 10º y 11º a ser 8º, 9º, 10º, 11º y 12º, respectivamente:

“Párrafo 7º.

De los límites a las donaciones y gastos electorales de los candidatos.

“Artículo 35 bis.- Los candidatos a Presidente de la República, senadores, diputados y concejales estarán obligados a llevar un libro de entradas y gastos que incluirá todos los ingresos y egresos de su campaña electoral. Las partidas de entradas y gastos serán anotadas en el libro en el plazo de diez días hábiles, contado desde que fueron efectuados los respectivos ingresos o egresos.

Al inscribirse, los candidatos deberán designar un encargado financiero de la campaña, quien será responsable del mantenimiento del libro y de la documentación contable a que se refiere este artículo, así como del cumplimiento de las limitaciones y demás disposiciones establecidas por esta ley.

Artículo 35 bis a.- Los candidatos a concejal no podrán recibir donaciones por cantidades superiores a veinticinco unidades tributarias mensuales, cuando el donante fuere una persona natural, o a ochenta de esas unidades, si el donante fuere una persona jurídica.

Las donaciones que una misma persona natural o jurídica efectúe en favor de diversas candidaturas en un mismo año calendario no podrán exceder, en conjunto, de setenta y cinco o de doscientas cuarenta unidades tributarias mensuales, respectivamente.

Los límites establecidos en los dos incisos anteriores se elevarán al doble, o al triple, según se trate de candidatos a senadores o a diputados, o a Presidente de la República.

Todas estas donaciones estarán exentas del trámite de insinuación.

Artículo 35 bis b.- Ningún candidato a senador o diputado podrá gastar durante su campaña electoral una cantidad superior a cero coma cero dos unidades tributarias mensuales por cada elector de la circunscripción o del distrito que pretenda representar.

Si se tratare de candidatos a Presidente de la República, tal cantidad se elevará al doble. Si fueren candidatos a concejales, se restringirá a la mitad. Dichas limitaciones se relacionan con los electores inscritos en todo el territorio nacional, en el primer caso, o en la respectiva comuna, en el segundo.

Artículo 35 bis c.- A los treinta días de finalizado el proceso electoral, los candidatos deberán rendir informe detallado de las entradas y gastos de su campaña, mediante declaración jurada autorizada ante notario, extendida en triplicado, quedando una copia en poder del candidato y otra en poder del notario. La tercera copia será enviada al Servicio Electoral, dentro de tercero día desde que haya sido extendida.

Artículo 35 bis d.- Desde el momento de la inscripción oficial de las candidaturas en el Servicio Electoral, queda prohibido a los candidatos efectuar cualquier erogación o donación a organizaciones o a personas naturales o jurídicas, incluido el patrocinio de eventos culturales, deportivos o de cualquier otro tipo.

Artículo 35 bis e.- Se presumirá legalmente que todo gasto superior a los límites que fija esta ley constituye renta del candidato, afecta a la tributación del decreto ley Nº 824, de 1974, y que el exceso se ha originado en donaciones objeto, asimismo, del tributo correspondiente.”.

b)Agrégase, a continuación del artículo 141, un nuevo artículo 141 bis, del siguiente tenor:

“Artículo 141 bis.- La declaración de una o más partidas del libro de entradas y gastos a que se refiere el artículo 35 bis, a través de la cual se ocultare o simulare indebidamente un gasto que, considerado en su conjunto, incidiere en un resultado que significare un gasto excesivo, será sancionado por la autoridad correspondiente con una multa equivalente a un 300% del tributo que genera el exceso considerado renta.

A la misma sanción estará afecta la persona natural o jurídica que done más de lo que conforme a esta ley está permitido donar y el candidato que reciba de una misma persona natural o jurídica más de lo que puede recibir, en cuyos casos el monto de la multa será calculado sobre el exceso de lo donado o de lo recibido, según corresponda.

El no cumplimiento oportuno de las obligaciones de llevar libros y de rendir informe de las entradas y gastos podrá ser sancionado con multas de diez a cincuenta unidades tributarias mensuales.”.